Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4716-VII, jueves 9 de febrero de 2017

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Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y la SHCP a elevar los montos del estímulo fiscal en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles enajenados en la frontera norte, con objeto de que los precios en México vuelvan a estar homologados con los promedios simples de precios en las ciudades fronterizas de Estados Unidos de América, suscrita por los diputados Yahleel Abdala Carmona, Edgardo Melhem Salinas, María Esther Camargo Félix y Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedatu a realizar con la mayor brevedad acciones para finalizar el conflicto entre las comunidades wixárika y los ganaderos en Huajimic, de La Yesca, Nayarit, conforme a los términos de la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 56 de Tepic, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaria de Gobernación a que haga públicos los resultados de los programas encargados de prevenir y erradicar los delitos de alto impacto, así como a que fortalezca las estrategias encaminadas a disminuir dichos delitos, a cargo del diputado Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SHCP a modificar con fundamento en la fracción I del artículo primero del “acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación”, publicado en el DOF el 27 de diciembre de 2016, la regionalización establecida en su anexo I, en lo relativo a los municipios de Guerrero, Mier y Valle Hermoso, suscrita por los diputados Yahleel Abdala Carmona, Edgardo Melhem Salinas, María Esther Camargo Félix y Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a promover por la Segob y la SHCP acciones para agilizar los procesos de llegada de pasajeros, particularmente provenientes de Centro y Sudamérica, en los aeropuertos internacionales del país, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, relativo al funcionamiento de la Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos, a la firma del convenio por el que se crea la Comisión Metropolitana de Desarrollo Económico y Competitividad y a la inclusión de Morelos, Puebla y Tlaxcala en la Comisión Ejecutiva de la Coordinación Metropolitana del Valle de México, suscrita por el diputado Rafael Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del PRD, e integrantes de la Comisión Especial de seguimiento a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México
Con punto de acuerdo, relativo a la prevención de la violencia en escuelas y detección de conductas de riesgo, a cargo del diputado Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Zacatecas a implantar medidas para hacer frente al fenómeno de prostitución infantil detectado en escuelas secundarias y preparatorias de la entidad, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de resiliencia y reducción de riesgos de desastres, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SEP a implantar con las autoridades educativas locales estrategias y acciones destinadas a promover y fomentar en los centros educativos del país los valores y la cultura que nos han dado identidad como mexicanos, a cargo del diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la UNAM a dar facilidades para continuar el proyecto de investigación científica de la termografía computarizada, desarrollada en el CFATA, y sentar las bases para que se convierta en un programa de asistencia con presupuesto propio a fin de cubrir los gastos de personal y de infraestructura e investigación tecnológica, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del PES
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía expresa su reconocimiento al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia por su sexagésimo aniversario, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a aplicar en el contexto de las nuevas políticas públicas migratorias de Estados Unidos de América acciones de asesoría y apoyo integral en favor de los connacionales en peligro de deportación; reconocer la valentía de los alcaldes y sus equipos de trabajo de las “ciudades santuario” de allá; e invitar respetuosamente al Congreso de ese país a realizar acciones conjuntas de análisis para impulsar una reforma migratoria integral, suscrita por la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN, e integrantes del Grupo de Amistad México-Estados Unidos de América
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a conducirse con legalidad; y al INE y el IEEM, a investigar y, en su caso, sancionar las presuntas acciones anticipadas de campaña, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a auditar los procesos de contratación pública de los hospitales generales de Ticul, Mérida y Culiacán; y a la SFP, a comunicar a la opinión pública las consecuencias de la auditoría practicada al contrato para la prestación de servicios del hospital general Doctor Gonzalo Castañeda Escobar, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a difundir el informe del avance en la ejecución de los trabajos de la obra CG-234 para modernizar y ampliar la carretera Palenque-San Cristóbal de las Casas, primera etapa, y actualizar la información del portal Sigue la Obra Pública, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, relativo a fortalecer y garantizar las condiciones de logística de almacenamiento, transporte y comercialización del mercado de combustible en México, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas de los estados a acelerar la armonización de sus normas alrededor de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la normativa federal por la que se establece el Sistema Nacional Anticorrupción, a cargo del diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a modificar el plazo de devolución por acreditamiento del IEPS aplicable a los combustibles como estímulo fiscal, a fin de apoyar la economía de los pequeños empresarios gasolineros de la frontera norte, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a hacer pública la información sobre los obsequios recibidos durante su mandato; y a la SFP, a investigar la legalidad de éstos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a fin de que las dependencias y las entidades a su cargo cuenten en portales de internet con versiones traducidas a lenguas indígenas, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, relativo a la construcción de una política pública integral de protección de los mexicanos que se encuentren en Estados Unidos de América y fuera de él, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Con punto de acuerdo, relativo al décimo aniversario de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Érika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a difundir por su Contraloría el estado que guardan los expedientes presentados por la ASF con las irregularidades detectadas en las revisiones del rubro de seguridad pública, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a fin de que los organismos descentralizados a su cargo tengan portales de internet con versiones traducidas a esas lenguas, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Inmujeres a realizar un estudio nacional de la violencia política que enfrentan las mujeres, y se condena todo acto de violencia política ejercido contra ellas, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal y la SEP a garantizar que alumnos de escuelas de pueblos y comunidades indígenas cuenten con docentes capacitados para impartir clases en lenguas indígenas, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, relativo a las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó para los 595 miembros de la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla, de Lerma, México, en el caso del diagnóstico sobre el impacto ambiental que implicaría la construcción del proyecto de la autopista Toluca-Naucalpan, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a promover la realización oportuna de pruebas y diagnósticos en embarazadas y con ello detectar a tiempo el síndrome de Down, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, relativo a la evaluación de resultados del Fondo Regional para Oaxaca, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, la PGR y el gobierno de Veracruz a dar seguimiento y solución por los daños causados por la aplicación de quimioterapias falsas a niños con cáncer durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y el DIF que resuelvan la situación de los niños y los adolescentes que sufren de violencia y humillación en el hogar, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a capacitar de manera continua a los elementos de seguridad en todos los niveles sobre los protocolos de investigación y cadena de custodia, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y la SRE a entregar el seguimiento del estado en que se encuentran las recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la sentencia de Campo Algodonero y que el Estado mexicano está obligado a cumplir, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México y el STC-Metro a establecer un plan urgente de mantenimiento mayor en todas las líneas, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a difundir el informe del Subcomité de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU, que visitó el país en diciembre de 2016, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a emitir un censo oficial de la industria vitivinícola en el país, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo por el que se solicita la realización de las investigaciones correspondientes en los procesos de licitación y adjudicación directa, en la compra de insulina blonglixan inservible de origen chino, y su suministro a pacientes con diabetes del estado de Guanajuato, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del PRI.

Efemérides

Con motivo del 10 de febrero, Día de la Fuerza Aérea Mexicana, a cargo del Grupo Parlamentario del PVEM

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y la SHCP a elevar los montos del estímulo fiscal en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles enajenados en la frontera norte, con objeto de que los precios en México vuelvan a estar homologados con los promedios simples de precios en las ciudades fronterizas de Estados Unidos de América, suscrita por los diputados Yahleel Abdala Carmona, Edgardo Melhem Salinas, María Esther Camargo Félix y Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados por el estado de Tamaulipas, Yahleel Abdala Carmona, Edgardo Melhem Salinas, María Esther Camargo Félix y Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Con fecha 27 de diciembre de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se establecen estímulos fiscales en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a diversos tipos de combustibles, en el cual dentro de sus considerandos, el titular del Poder Ejecutivo federal expresa de manera textual lo siguiente:

“Para 2017 es necesario mantener el estímulo fiscal actualizado a efecto de reflejar los movimientos de tipo de cambio monetario y de los precios del petróleo, así como establecer una relación más adecuada entre los precios relativos de los tipos de gasolinas.

Que para limitar la posibilidad de una afectación económica, en el consumo de los combustibles en la región colindante con los Estados Unidos de América, dada la diferencia de precios entre los dos mercados, resulta conveniente establecer un estímulo fiscal durante el ejercicio fiscal de 2017;

Que la aplicación de la política de precios homologados y escalonados en la frontera norte se realizaba atendiendo a los diferenciales de precios de dichos combustibles aplicables en el territorio nacional frente a los promedios simples de precios en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos de América;”

II. En el mismo sentido, el artículo segundo del instrumento en mención establece en que consiste dicho estímulo y la forma en la que será aplicado, de acuerdo a lo siguiente:

“El monto del estímulo fiscal correspondiente a la totalidad de litros de gasolina enajenados en un mes de calendario se podrá acreditar contra el impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente que deba enterarse en las declaraciones de pagos provisionales propios correspondientes al mes en que se llevó a cabo la enajenación de las gasolinas o en la declaración del ejercicio. Cuando se opte por aplicar el acreditamiento contra los pagos provisionales propios, el acreditamiento aplicado se considerará como impuesto efectivamente pagado.”

III. Si bien el otorgamiento del estímulo en mención es una buena medida para ayudar a la economía familiar de quienes habitamos en la frontera norte, el problema se encuentra en el mecanismo vigente para su aplicación, ya que además de ser optativa la misma, únicamente las grandes empresas o corporativos que muchas veces no tienen su domicilio fiscal en la frontera son los únicos que cuentan con la capacidad económica para absorber la aplicación del mismo, lo anterior a diferencia de los permisionarios locales, los cuales representan la gran mayoría de los existentes en la frontera y los cuales se están viendo afectados ante el riesgo de una inminente quiebra, ya que aun cuando el monto del estímulo les es acreditado en contra de otros impuestos a su cargo, estos no cuentan con los recursos económicos para absorber durante un mes o incluso más tiempo la diferencia entre el precio por litro pagado a Petróleos Mexicanos (Pemex) y el precio máximo que se tiene que dar al público en los términos de acuerdos tales como el 06/2017, ya que dicha diferencia representa un monto cercano a los 3.00 pesos por litro de combustible.

IV. Es necesario recalcar que resulta urgente la modificación del mecanismo antes mencionado a efecto de que el estímulo pueda ser aplicado de manera general por todas las estaciones de servicio, ya que para contextualizar la situación actual, sirva el caso de Nuevo Laredo, en donde existen 60 gasolineras de las cuales únicamente 10 se encuentran aplicando el estímulo, situación que se agrava en Miguel Alemán, en donde ninguna lo aplica.

Es importante mencionar que de acuerdo a la Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas y de la Cámara de Comercio de Matamoros, las ventas de gasolina en la frontera sur de Estados Unidos subieron entre 45 y 50 por ciento1 tras el aumento de los combustibles automotores en México, lo anterior como consecuencia de que cuando no es aplicado el estímulo, los precios en México resultan mayores en un rango que oscila entre 30 por ciento y 31 por ciento y cuando sí es aplicado, la diferencia es cercana a 15-16 por ciento, situación que pudiera llegar a atentar contra lo establecido en el octavo párrafo de los considerandos del multicitado decreto, el cual a la letra señala que “en el periodo en que la región fronteriza esté sujeta a precios máximos de las gasolinas, el estímulo fiscal aplicable tiene el objetivo de limitar las diferencias entre los precios de dichos combustibles con la región colindante con los Estados Unidos de América a un máximo del 15 por ciento” , con el objeto de ilustrar lo anterior se pone como ejemplo la siguiente tabla:

V. Como es reconocido por el Ejecutivo federal por lo mencionado en el considerando I, la afectación económica en el consumo de combustibles en la frontera norte no sólo es una posibilidad, es una realidad, hecho indubitable de eso es que desde hace ya varios años, dicha zona contaba con precios homologados, los cuales se designaban atendiendo a los diferenciales de precios de dichos combustibles aplicables en el territorio nacional frente a los promedios simples de precios en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos de América, por lo que en virtud de lo antes expuesto y con la intención de que la frontera norte del país pueda tener condiciones de mayor competitividad y preservar las fuentes de empleo existentes, es necesario que el mecanismo antes mencionado cambie y el estímulo sea aplicado de forma directa sobre las cuotas que correspondan, a efecto de disminuir éstas últimas , esquema que era aplicado anteriormente, permitiendo así que todos los distribuidores se encuentren en posibilidad de aplicarlo en beneficio de las familias de la frontera.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que a efecto de proteger y buscar beneficiar la economía de las familias que habitan en la frontera norte del país, reforme el artículo segundo del decreto publicado con fecha del 27 de diciembre de 2016 mediante el cual “se establecen estímulos fiscales en materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicables a los combustibles que se indican.”

Lo anterior a efecto de que el estímulo fiscal contenido en dicho decreto sea aplicado de forma directa al precio en el que se le vende la gasolina a los expendedores al público de combustibles, generando así las condiciones para que todos los ciudadanos de frontera puedan acceder a tener la gasolina más barata, ya que bajo el esquema actual resulta imposible que los expendedores locales absorban el monto correspondiente al estímulo de forma mensual en tanto se les realiza la acreditación o, en su caso, la devolución correspondiente por parte del Sistema de Administración Tributaria.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, eleven los montos del estímulo fiscal en materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicables a los combustibles que se enajenen en la frontera norte, lo anterior con el objeto de que los precios en México vuelvan a estar homologados con los promedios simples de precios en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos de América.

Notas

1 http://www.hoytamaulipas.net/notas/277619/Residentes-de-Matamoros-cruza n-a-Texas-para-cargar-gasolina.html

2 Tipo de cambio de $21.20 al 26/01/17

3 Costo del galón de $1.99 USD al 26/01/17

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2017.

Diputados:

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedatu a realizar con la mayor brevedad acciones para finalizar el conflicto entre las comunidades wixárika y los ganaderos en Huajimic, de La Yesca, Nayarit, conforme a los términos de la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 56 de Tepic, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, diputado integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que a la brevedad realice las acciones necesarias para poner fin al conflicto entre las comunidades wixárika y los ganaderos nayaritas en el poblado de Huajimic, municipio de La Yesca, Nayarit, respetando los términos de la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 56 de Tepic, Nayarit, que favorece a las primeras; al tiempo que se exhorta a los Gobernadores de los estados de Jalisco y Nayarit para que garanticen la seguridad e integridad de las mencionadas comunidades, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. El pueblo wixárika, conformado por comunidades indígenas asentadas principalmente en Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas, ha experimentado múltiples invasiones en sus territorios. Estas comunidades son poseedores de gran cantidad de territorios enclavados en la Sierra Madre Occidental, reconocidos por Títulos Virreinales otorgados por la Corona Española.

En la actualidad, las comunidades wixáritari de Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños, ubicadas en el municipio de Mezquitic, Jalisco, enfrentan alrededor de 47 juicios agrarios de restitución de tierras, de los cuales, por sentencia ejecutoriada el 22 de septiembre del año pasado, lograron recuperar 184 hectáreas de las 10 mil que están en proceso.

Los predios recuperados (Bola Negra y Piedra Bola), se ubican en Huajimic, municipio de La Yesca, Nayarit, y se consideran una de las zonas ganaderas más importantes de la entidad. Desde hace varios años, estas tierras han sido ocupadas por ganaderos nayaritas, que hoy, a pesar de las resoluciones judiciales se niegan a desalojarlas. Esta resistencia ha generado un ambiente de tensión entre indígenas y ganaderos, al punto en que llegaron a bloquear caminos y retener por algunas horas a varias personas; ante esto, ambas partes desbloquear los caminos y permitir el abastecimiento de productos alimenticios, esto con la finalidad de promover la apertura del expediente de atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER), un programa de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cuya función es intervenir en estos conflictos, mediando entre las partes y en su caso aportando una compensación económica a los afectados.

A la fecha, cuatro meses después de iniciado el conflicto, los afectados no han recibido atención por parte de autoridad alguna, situación que ha generado que los comuneros de San Sebastián Teponahuaxtlán, decidieran crear un grupo de auto defensa, con la finalidad de resguardar las tierras que ganaron en juicio y garantizar su integridad física.1

II. La ausencia de atención gubernamental, aunada a la presencia de autodefensas puede derivar en actos violentos. Quedan 15 juicios por ejecutarse, que favorecen a las comunidades wixárika, de persistir la omisión de las autoridades, la violación a derechos humanos será inminente.

Las autoridades deben intervenir conjuntamente y buscar una solución a tan grave conflicto, las autoridades no pueden dejar a la deriva la resolución de un conflicto que está poniendo en riesgo a las mencionadas comunidades. Por ello es necesario solicitar a los gobernadores de los estados de Jalisco y Nayarit, así como a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que se encuentre una solución al conflicto.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que a la brevedad ponga en operación el Programa de Atención de Conflictos en el Medio Rural, a efecto de buscar la suscripción de un Convenio de Finiquito, que ponga fin al conflicto entre las comunidades wixárika y los ganaderos nayaritas en el poblado de Huajimic, municipio de La Yesca, Nayarit, respetando los términos de la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 56 de Tepic, Nayarit, que favorece a las primeras.

Segundo. Se exhorta a los gobernadores de los estados de Jalisco y Nayarit, para que dentro del ámbito de sus atribuciones, lleven a cabo las acciones necesarias para garantizar la seguridad de los integrantes de las comunidades wixárika y los ganaderos nayaritas, que se encuentran en disputa por los predios Bola Negra y Piedra Bola, ubicados en Huajimic, municipio de La Yesca, Nayarit.

Nota

1 “Huicholes crean autodefensas para restituciones en Huajimic”, Milenio Jalisco, 30 de enero de 2017.
http://www.milenio.com/region/huicholes-huajimicu-autodefensa_wixarika-restituciones
-san_sebastian-milenio-noticias_0_893910638.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2017.

Diputado Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica)

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaria de Gobernación a que haga públicos los resultados de los programas encargados de prevenir y erradicar los delitos de alto impacto, así como a que fortalezca las estrategias encaminadas a disminuir dichos delitos, a cargo del diputado Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, Alfredo Valles Mendoza, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Actualmente los mexicanos vivimos un entorno de inseguridad, violencia y alta incidencia delictiva, misma que proviene del desacierto en las estrategias encauzadas a combatir eficaz y eficientemente los delitos de alto impacto, como son: el homicidio doloso, el homicidio culposo, el secuestro, la extorsión, el robo con violencia, el robo de vehículo, el robo a casa habitación, el robo a negocio, el robo a transeúnte y la violación.

Cabe destacar que estos delitos se han acrecentado de forma desmedida durante el último decenio. Al respecto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), han señalado que las cifras de muertos y de personas desaparecidas para el periodo 2005-2015 se encuentra en 186,297 y 28,937 personas, respectivamente; con dichos datos encontramos que la comisión de los delitos ha crecido de forma indiscriminada.

Con esos datos nace gran preocupación por parte de la sociedad en torno a la creciente ola de violencia, la cual es recogida por el Observatorio Nacional Ciudadano, organismo que ha indicado en su Reporte sobre Delitos de Alto Impacto que durante el último cuatrimestre de 2016 hubo un aumento en seis de los diez delitos antes mencionados.

Este aumento recayó específicamente en el número de carpetas de investigación instruidas por instituciones de procuración de justicia sobre los delitos de homicidio doloso, secuestro, robo con violencia, robo de vehículo, robo a negocio y robo a transeúnte.

Ahora bien, es pertinente tomar en cuenta las cifras que emanan de cada delito, con el único propósito de clarificar el estatus de peligrosidad e incidencia de cada uno de ellos.

Los homicidios dolosos reportaron 1,974 casos durante el mes de septiembre de 2016; en octubre disminuyeron -5.87%, alrededor de 116 casos. Empero, durante el periodo de octubre 2015 a septiembre 2016 se registraron alrededor de 1,631.42 incidentes mensualmente, mientras que tan solo en octubre de 2016 la cifra se situó en 1,860; es decir, se incrementó un 14.01%.

Respecto al delito de secuestro se iniciaron 145 carpetas de investigación, de las cuales, 108 pertenecen al fuero común y 37 al fuero federal. Cabe aclarar que el 58.62% de las carpetas de investigación se iniciaron tan solo en los Estados de México, Tamaulipas y Veracruz. Un dato que no podemos pasar desapercibido es que a nivel nacional hubo un aumento de 22.38%, al pasar de un promedio de 151.17 en los 12 meses anteriores a 185 en octubre de 2016.

Los robos con violencia aumentaron 3.19% entre septiembre y octubre de 2016, al pasar de 15,258 carpetas de investigación a 15,744. Es de destacar que el Estado de México volvió a ocupar el primer lugar en carpetas de investigación durante el mes, superando a la media nacional en 607.32%, lo que abonó el 22.10% del total nacional.

Durante el periodo de septiembre a octubre de 2016 el robo de vehículo registró un aumento de 0.16% en las carpetas de investigación, pasando de 14,094 a 14,117 casos. El mismo periodo, pero de 2015, registró un aumento de 1.96%, al pasar de 13,500 en septiembre a 13,764 en octubre. Las entidades que aportan más de la mitad del robo total a nivel nacional son: Estado de México, Baja California, Ciudad de México, Veracruz y Jalisco, con 50.85%.

El robo a negocio aumentó el número de carpetas de investigación a 463 casos, lo que representa un 7.11% más entre septiembre y octubre de 2016. Cabe resaltar que 2 de cada 10 robos a negocio se cometieron en la Ciudad de México, al contarse 1,518 casos en octubre de 2016.

En torno al robo a transeúnte, las autoridades reportaron 6,006 carpetas de investigación durante el mes de octubre de 2016, en las que el 26.37% (1,584) fueron sin violencia y el 73.63% (4,422) con violencia. Es de mencionar que la Ciudad de México fue la entidad con más carpetas de investigación por este delito, al acumular el 32.78% del total nacional y, junto con el Estado de México, Tabasco y Baja California, acumularon el 68.50% de la media nacional.

Con los datos antes mencionados se pone al descubierto la falta de efectividad de las estrategias y programas por parte de las autoridades, encaminadas a disminuir los niveles en la incidencia delictiva.

Es de mencionar que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal faculta a la Secretaría de Gobernación para encargarse de la formulación de programas tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes. Así como coadyuvar a la prevención del delito, protegiendo a la población de todo tipo de riesgo, salvaguardando siempre la integridad y los derechos humanos de las personas. Es de subrayar que esas facultades las consigna a la Comisión Nacional de Seguridad.

Bajo esa tesitura, la Comisión ha implementado diversos programas encaminados a prevenir y erradicar la inseguridad en todo el territorio nacional. No obstante, resulta razonable cuestionarse si los resultados han sido los esperados, porque las cifras arriba citadas demuestran un incremento gradual en los delitos de alto impacto, lo que denota que algo no está bien.

Es lamentable que en México la autoridad invierta más tiempo justificando la falta de resultados que trabajando en generar instituciones eficaces y confiables para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

A pesar de que el Gobierno Federal ha implementado medidas como indicadores de su progreso en materia de seguridad para lidiar con la delincuencia, el resultado ha advertido un retroceso en la materia, lo cual pone en entredicho las políticas implementadas.

En ese sentido, consideramos urgente hacer un exhorto a la Secretaria de Gobernación y a la Comisión Nacional de Seguridad para que informen cuales han sido los resultados de los programas encargados de prevenir y erradicar la comisión de estos delitos.

Por otra parte, resulta conveniente que el Comisionado Nacional de Seguridad someta a consideración del Secretario de Gobernación propuestas de políticas, acciones y, en su caso, instrumentos de planeación, así como estrategias en materia de seguridad pública enfocadas a abatir los altos índices delincuenciales propagados a lo largo y ancho del territorio nacional, en aras de volver a vivir en paz.

Estas estrategias deben estar orientadas a prevenir el delito y reconstituir el tejido social de las comunidades afectadas por los fenómenos de la delincuencia. Estas estrategias deben aplicarse bajo una visión integral, con la participación de los tres órdenes de gobierno y de la ciudadanía.

Las acciones y estrategias implementadas deben ir acorde con el discurso pronunciado por la autoridad, basadas en el reforzamiento de las acciones de prevención social, el fortalecimiento institucional y el combate a la violencia.

Por ello, también exhortamos a la Comisión Nacional de Seguridad para que implante nuevas estrategias con esta visión integral, encaminadas a abatir efectivamente el incremento en los delitos de alto impacto.

En Nueva Alianza estamos comprometidos con la rendición de cuentas y la mejora de estrategias que combatan los altos índices delictivos, ya que consideramos que vislumbramos un país en paz, donde la gente se sienta segura de salir a sus trabajos, a la escuela o, simplemente, a algún centro de esparcimiento, con total tranquilidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta Honorable Asamblea, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN la siguiente Proposición con

Punto de acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que haga públicos los resultados de los programas encargados de prevenir y erradicar los delitos de alto impacto.

Segundo.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que fortalezca las estrategias encaminadas a disminuir los delitos de alto impacto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2017.

Diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Yahleel Abdala Carmona, Edgardo Melhem Salinas, María Esther Guadalupe Camargo Félix, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia (rúbricas).

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SHCP a modificar con fundamento en la fracción I del artículo primero del “acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación”, publicado en el DOF el 27 de diciembre de 2016, la regionalización establecida en su anexo I, en lo relativo a los municipios de Guerrero, Mier y Valle Hermoso, suscrita por los diputados Yahleel Abdala Carmona, Edgardo Melhem Salinas, María Esther Camargo Félix y Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, del Grupo Parlamentario del PRI

Consideraciones

I. El decreto “por el cual se establecen estímulos fiscales en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se indican”, publicado con fecha del 27/12/2016 en el Diario Oficial de la Federación, tiene por objetivo el de limitar a un máximo del 15 por ciento la diferencias entre los precios que existen en la franja fronteriza del norte del país en relación con los de la región colindante con los Estados Unidos de América , motivo por el cual en su artículo segundo establece en qué consiste el mencionado estímulo y la forma mediante la cual este podrá aplicarse.

II. El artículo cuarto del citado instrumento divide la frontera en distintas zonas, siendo del interés de la presente propuesta la denominada zona VII , dentro de la cual se encuentran clasificados los municipios de Guerrero , Mier , Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros del Estado de Tamaulipas. (Anexo I).

III. El acuerdo “por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación”, en adelante “acuerdo 98/2016” , publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha del 27 de diciembre del 2016, clasifica a la mayor parte de los municipios fronterizos antes mencionados dentro de la región 54 denominada Reynosa, lo anterior con la excepción de los municipios de Guerrero, Mier y Valle Hermoso , los cuales son agrupados dentro de la región 78 denominada Zona de distribución noreste, dejándolos así fuera de la franja fronteriza, situación que carece de lógica ya que dentro de dicha clasificación se encuentran enlistados municipios ubicados en el centro del estado, tal es el caso de Cruillas, Aldama, Gómez Farías y San Fernando. (Anexo II).

IV. El decreto establece en su artículo segundo transitorio que:

“Cuando la enajenación de las gasolinas se realice en las regiones y territorios de la franja fronteriza a que se refieren los artículos cuarto y quinto del presente decreto, y se deban aplicar precios máximos al público de las gasolinas hasta que la Comisión Reguladora de Energía declare que dichos precios se determinen bajo condiciones de mercado conforme a lo dispuesto por el transitorio décimo segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, para la procedencia del estímulo fiscal, el monto máximo en que se podrán enajenar las gasolinas por litro será aquel que se obtenga de restar a dicho monto máximo, la cantidad del estímulo fiscal por litro.”

V. La Comisión Reguladora de Energía da a conocer mediante su página de internet los Precios máximos al público aplicables a las gasolinas y el diésel en las regiones que se indican, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 3 de febrero de 2017”, documento en el cual establece los siguientes precios para dicho periodo:

VI. Con fecha 31 de enero de 2017 fue publicado el acuerdo 06/2017, por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, así como los precios máximos al público de dichos combustibles cuando se opte por aplicar dicho estímulo, correspondientes al periodo comprendido del 1 al 7 de febrero de 2017, en el cual para la zona VII, establece que el monto del estímulo para la gasolina menor de 92 octanos será de $2.912, obligando al gasolinero a realizar la enajenación con un precio máximo al público de $12.89, lo anterior siempre y cuando decidan aplicar el estímulo.

Haciendo un breve ejercicio de acuerdo a los valores referidos en los puntos V y VI del presente, nos encontraríamos con los siguientes datos:

Ejercicio 1. Región Reynosa (Acuerdo 98/2016 Anexo I)

Ejercicio 2. Región Noreste (Acuerdo 98/2016 Anexo I)

VII. Como se desprende del ejercicio anterior, nos encontramos que debido a la clasificación errónea en la que se encuentran los municipios de Guerrero, Mier y Valle Hermoso, un empresario gasolinero de esos municipios que decida aplicar el estímulo tendría que enajenar el combustible en un precio máximo de $12.89, por lo que la diferencia de 0.65 centavos por litro que existe entre esa cantidad y los $13.54 obtenidos después de restar los $2.912 del estímulo fiscal al precio máximo determinado por la CRE, tendrían que ser “absorbidos” por el empresario, lo que representa más del 60 por ciento de su ganancia bruta.

VIII. En el mismo orden de ideas, es importante resaltar que bajo la clasificación actual existe un impacto en la economía de la región fronteriza, tanto en quienes realizan la venta al público como de las familias que consumen los combustibles, lo anterior al permitir las condiciones para una competencia desigual entre municipios colindantes, ya que en el caso de Mier y Miguel Alemán, la distancia que existe entre ellos es de 5 kilómetros (km) y en el caso de Guerrero el puente internacional es de libre paso, por lo que se pueden generar fugas en las economías locales y pérdidas de empleos, ya que sumado a lo anterior, de acuerdo a la Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas y de la Cámara de Comercio de Matamoros, las ventas de gasolina en la frontera sur de Estados Unidos subieron entre 45 y 50 por ciento tras el aumento de los combustibles automotores en México.1

Por lo anteriormente expuesto y con el objeto de proteger la economía de las familias y las fuentes de empleo en los distritos a los que representamos sometemos a consideración de esta honorable asamblea la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que con fundamento en la fracción I del artículo primero del acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de diciembre de 2016, modifique la regionalización establecida en su anexo I en lo relativo a los municipios de Guerrero, Mier y Valle Hermoso, para quedar como sigue:

Nota

1 http://www.hoytamaulipas.net/notas/277619/Residentes-de-Matamoros-cruza n-a-Texas-para-cargar-gasolina.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2017.

Diputados:

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a promover por la Segob y la SHCP acciones para agilizar los procesos de llegada de pasajeros, particularmente provenientes de Centro y Sudamérica, en los aeropuertos internacionales del país, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación a través de su Unidad de Política Migratoria, entre enero y noviembre de 2016, ingresaron a México 14 millones 455 mil extranjeros por medio de alguno de los aeropuertos internacionales del país, de ellos un millón 794 mil provenían de Centro y Sudamérica, lo que representa 14 por ciento del total.1 Si bien, la mayor parte de los extranjeros que se internan en el país proviene de América del Norte, no por ello debe desatenderse y mucho menos segregarse al importante tráfico de pasajeros que llega al país desde otros lugares del mundo, sobre todo si se trata de una región tan importante como lo es América Latina de la cual México también es parte.

Sin embargo, esta separación sí se presenta. Es posible observar una marcada diferenciación en el trato que reciben los pasajeros provenientes de vuelos de Centro y Sudamérica en comparación con aquellos que arriban de otras regiones del mundo.

El equipaje y los propios pasajeros enfrentan exhaustivas revisiones de seguridad que pueden prolongarse durante horas, lo cual es un acto de molestia que provoca que su llegada a México sea una experiencia desagradable. Por si fuera poco, se han documentado casos de personas que han sido sometidas a entrevistas en filtros de seguridad adicionales las cuales se realizan en lugares apartados e incomunicados y en las que son retenidos durante lapsos prolongados sin razón aparente.2

Si bien el tema de seguridad es esencial y la aplicación de los protocolos ha permitido, entre otras cosas, importantes decomisos de estupefacientes, armas y dinero en efectivo, no se puede utilizar esto como pretexto para vulnerar los derechos de los pasajeros tratándolos de manera humillante y menoscabando su dignidad.

Las vejaciones a los pasajeros provenientes de Centro y Sudamérica, han producido incluso recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,3 en las que se documentan actos de arbitrariedad consistentes en insultos, retenciones e incluso deportaciones ilegales, cometidos por personal del Instituto Nacional de Migración.

Esta situación se presenta particularmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde se concentra la mayor parte de las llegadas internacionales al país, pero también gran cantidad de este tipo de quejas, que no pueden justificarse de ninguna forma, sobre todo teniendo en cuenta el funcionamiento de otros aeropuertos en el mundo que registran un tráfico similar o incluso superior al de esta terminal. En aeropuertos internacionales de otros países los pasajeros no son segregados y las revisiones de seguridad son mucho más ágiles y transparentes, por lo que no hay motivos para que en el aeropuerto de la Ciudad de México sea distinto.

El estereotipar a los pasajeros provenientes de Centro y Sudamérica, al tratarlos como presuntos delincuentes sólo por su procedencia, es un acto de evidente discriminación, lo cual viola sus derechos humanos y va en contra de lo señalado por nuestra Carta Magna, que en su artículo primero prohíbe cualquier clase de discriminación motivada por el origen étnico o nacional.

El propio presidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes, Sergio Allard, ha expuesto estos problemas de segregación a pasajeros provenientes de la región mencionada, que tienen como resultado, entre otras cosas, largos tiempos de espera de estas personas para salir de las instalaciones del aeropuerto, lo cual daña la imagen del país frente a sus turistas.4

No se trata de que no se realicen revisiones de seguridad, lo que se busca es que los procedimientos sean claros, prontos y transparentes para todos los pasajeros, sin importar su procedencia. Que las personas que llegan al país desde Centro y Sudamérica sean sometidas a revisiones similares a las que se realizan a los pasajeros provenientes de otras regiones del mundo, de manera ágil, expedita y con mecanismos que no sean intrusivos con los pasajeros ni con sus equipajes.

En estos procedimientos intervienen la Policía Federal en lo referente a las revisiones de seguridad, el Instituto Nacional de Migración en cuanto a verificar la calidad migratoria de los pasajeros y la Administración General de Aduanas para el registro aduanal del equipaje. Es indispensable que dichas dependencias mejoren sus protocolos de actuación y de coordinación, para la atención de los pasajeros que llegan desde la zona mencionada y que su personal se sensibilice para prestar un servicio más atento y respetuoso hacia estas personas, por lo cual también se sugiere que la Subdirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación vigile y supervise su desempeño.

No se debe permitir que el trato que otorgan las autoridades en las llegadas internacionales de los aeropuertos del país, afecte la imagen de México como un destino turístico atractivo para personas de Centro y Sudamérica, por el contrario, se deben promover acciones para que los pasajeros que arriben al país desde estos lugares tengan trato respetuoso y una experiencia grata que los incentive a visitarlo nuevamente y a recomendarlo entre sus connacionales, lo cual fortalecerá la presencia de México en la región.

Por lo expuesto en las líneas anteriores, pongo a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, particularmente del Instituto Nacional de Migración, de la Policía Federal y de la Subsecretaría de Derechos Humanos, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante la Administración General de Aduanas, para que revisen y realicen las adecuaciones que sean necesarias en sus procedimientos, con el fin de agilizar las revisiones migratorias, de seguridad y aduanales que ejecutan en los aeropuertos internacionales del país a las personas y equipajes provenientes de Centro y Sudamérica. Además, se les solicita a dichas dependencias capacitar y sensibilizar a su personal para que la atención que brindan a dichos pasajeros sea eficiente, de calidad y con total respeto a sus derechos humanos.

Notas

1 Unidad de Política Migratoria, Estadísticas migratorias. Síntesis 2016. Disponible en
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/
Sintesis_Graficas/Sintesis_2016.pdf consultado el 10 de enero de 2017.

2 Ureste, Manu, “Insultos, revisiones de hasta 4 horas: CNDH documenta que el INM rechaza extranjeros ilegalmente” en Animal Político. Disponible en

http://www.animalpolitico.com/2015/12/denuncian-que-agen tes-de-migracion-en-el-aicm-regresaron-a-extranjera-porque-venia-a-vend er-pulseritas/ consultado el 11 de enero de 2017.

3 Véase Recomendación no. 42 /2015 sobre el caso de violaciones a diversos derechos humanos cometidas por personal del Instituto Nacional de Migración adscrito al aeropuerto internacional de la Ciudad de México en agravio de los usuarios, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

4 Redacción, “Aerolíneas solicitan usar Rayos X para agilizar aeropuertos” en El Financiero . Disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/aerolineas-solicitan-usar-rayos -x-para-agilizar-aeropuertos.html consultado el 10 de enero de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2017.

Diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al funcionamiento de la Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos, a la firma del convenio por el que se crea la Comisión Metropolitana de Desarrollo Económico y Competitividad y a la inclusión de Morelos, Puebla y Tlaxcala en la Comisión Ejecutiva de la Coordinación Metropolitana del Valle de México, suscrita por el diputado Rafael Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del PRD, e integrantes de la Comisión Especial de seguimiento a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México

Los suscritos, Rafael Hernández Soriano, María Guadalupe Alcántara Rojas, Claudia Sánchez Juárez y Salvador Zamora Zamora, integrantes de la Comisión Especial de seguimiento a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. El fenómeno de conurbación o áreas metropolitanas tiene su origen en el crecimiento exponencial de las ciudades. Tal continuidad alcanza su mayor diversidad y complejidad en el caso de las megalópolis, en las que la exigencia de planeación y regulación conjunta de las zonas urbanas en conexión geográfica es innegable, en virtud de que las necesidades colectivas no pueden atenderse, de manera eficaz y eficiente, en forma aislada.

En tales condiciones, cuestiones relativas a la regulación de los servicios públicos (sobre todo en materia de agua potable y desechos sólidos), el equilibrio ecológico, el transporte, la sustentabilidad, la seguridad pública, el empleo, las comunicaciones y la construcción de obra pública, requieren un esfuerzo coordinado permanente entre los distintos órdenes de gobierno y administraciones locales.

Segunda. Este fenómeno se encuentra previsto en diversos artículos de nuestra Constitución. En su artículo 115, párrafo primero dispone que: “Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre...”, estableciendo en su fracción III, párrafo tercero, que: “Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio.”

Esto es, dispone las bases para que los distintos órganos federados actúen en conjunción armónica de esfuerzos para atender, en el marco de una planificación y regulación comunes, los fenómenos o problemas que comparten de manera frecuente cuando dos o más municipios, pertenecientes a uno o a diferentes entidades federativas, concurren en el desarrollo de ciudades conurbadas o de áreas metropolitanas.

Asimismo, desde 1976, dicho artículo en su fracción VI, dispuso que: “VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad geográfica, la federación, las entidades federativas y los municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la Ley Federal en la materia”. De acuerdo con la referida fracción, sus respectivos gobiernos podrán suscribir convenios en los que concurran y participen con apego a sus leyes.

De esta forma, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en su artículo 31 establece que: “Cuando uno o más centros urbanos situados en territorios municipales o demarcaciones territoriales de dos o más entidades federativas formen una continuidad física y demográfica, la Federación, las entidades federativas, los municipios o las Demarcaciones Territoriales respectivas, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros urbanos con apego a lo dispuesto por esta Ley...”.

Asimismo, dispone en su artículo 39 que: “Las Megalópolis o zonas metropolitanas con relaciones funcionales económicas y sociales, y con problemas territoriales y ambientales comunes, se coordinarán en las materias de interés metropolitano con la Secretaría, demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y con el gobierno de las entidades federativas de las zonas metropolitanas correspondientes.”

Por otra parte, el artículo 33 de la Ley de Planeación señala que el Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas, la coordinación que se requiera, a afecto de que dichos gobiernos participen en la planeación nacional de desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación nacional, y para que las acciones a realizarse por la Federación y los Estados se planeen de manera conjunta.

Tercera. De esta forma, a pesar de que nuestro pacto político se deriva de una forma de gobierno federal, en la que de acuerdo al artículo 40 de la Constitución, perteneciente al Capítulo I de su Título Segundo “De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno”: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”, en estos contextos, el federalismo obliga al ejercicio conjunto de las autonomías, mediante el ejercicio armonizado de atribuciones de cada orden de gobierno y de cada poder o autoridad.

Cuarta. En el caso de los municipios conurbados del Valle de México, en marzo de 1998, el Estado de México y la Ciudad de México –en ese entonces, Distrito Federal– convinieron en crear la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, como primera instancia de coordinación bilateral, para fortalecer la colaboración en áreas de interés común; para coordinar, evaluar y dar seguimiento a los planes, programas, proyectos y acciones conjuntamente acordados; para fortalecer el trabajo de las comisiones metropolitanas, por conducto de representantes de ellas, así como de las comisiones que en el futuro se llegaran a crear, con la participación que corresponda de la Federación cuando se trate de facultades concurrentes y en cumplimento estricto de las disposiciones legales y construccionales.

Y, el 17 de junio de 2008, se aprueba la incorporación del Estado de Hidalgo a la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, así como la modificación de los Convenios de las Comisiones Metropolitanas vigentes, entre ellas, la de Asentamientos Humanos.

El 28 de junio de 2016, se llevó a cabo la firma del Acta por la que se ratifican y refrendan los trabajos de la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana.

No obstante, cabe destacar que, en aras de atender el fenómeno de la urbanización asociada a las megalópolis, en lo que respecta a la interacción que en todos los ámbitos de la administración y la gestión de los recursos naturales, humanos y públicos poseen; así como de dar cumplimiento a la Ley en la materia, se estima conveniente incluir a otros estados, cuyas Zonas Metropolitanas conforman la megalópolis del Valle de México,1 específicamente, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Como antecedente, sirva el Convenio de Coordinación por el que se creó la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que celebraron la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Gobierno del Distrito Federal y los estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.2

Quinta. El 12 de marzo de 2008, en la Quinta Sesión Plenaria de la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, se acordó la creación de la Comisión Metropolitana de Desarrollo Económico, Competitividad y Empleo, cuyo Convenio está aún pendiente de firma por parte de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal.

Sexta. La Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, luego de visitar las obras que se realizan para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, coordinadas por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, considera urgente dar cumplimiento a dicha obligación jurídica, a través del funcionamiento de la Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos (Cometah) y de la Comisión Metropolitana de Desarrollo Económico y Competitividad (Comedeco), a efecto de iniciar, de manera inmediata, los trabajos de ambas Comisiones para que conozcan y den seguimiento a esta obra cuya magnitud e impacto es no sólo regional, sino de escala nacional.

Lo anterior, en lo que respecta a la Cometah, en virtud de que apenas el pasado 11 de julio pasado, se verificó su reinstalación, en la cual funcionarios de la Sedatu aseguraron que el objetivo de dicha Comisión será actualizar con una visión incluyente y sustentable el Programa de Ordenación del Valle de México; y que los temas coyunturales a tratarse en la Cometah serán la construcción del tren México-Toluca, la edificación y operación del nuevo aeropuerto internacional, así como la utilización de los terrenos del actual aeropuerto de la Ciudad de México. En este marco, subrayaron que el nuevo aeropuerto triplicará la cantidad de pasajeros y trabajadores de la terminal actual e incrementará la cantidad de viajes y el desarrollo de un nuevo sub centro urbano en el Nororiente del Valle de México, por lo que habrá asegurarse que se convierta en una oportunidad para reducir los rezagos e inequidades que históricamente la han caracterizado. Este proyecto, junto con el tren, requerirá de grandes equipamientos de movilidad regional por parte de la Ciudad.3 Y también, del Estado de México.

Y, en lo que hace a la Comedeco, constituirá un órgano de coordinación en la planeación y ejecución de acciones en materia de desarrollo económico, competitividad, fomento al empleo, desarrollo tecnológico, desregulación administrativa, logística, promoción empresarial, fortalecimiento de cadenas de integración productiva, comercio y abasto, entre otros.

Derivado de ello, el conocimiento y seguimiento que realicen ambas Comisiones, no sólo de los avances en la construcción, sino de la evaluación del conjunto de necesidades económicas, sociales, de conectividad y de movilidad que deberán considerarse en su planeación y construcción, será de enorme importancia, pues de ello dependerán los beneficios o perjuicios para millones de habitantes de la Zona Metropolitana, cuyos intereses y bienestar están representados por los Diputados que integramos esta Comisión.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, al Gobernador del Estado de México y al Gobernador del Estado de Hidalgo a poner en funcionamiento la Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos, y al Gobierno Federal, a concluir la firma del Convenio por el que se crea la Comisión Metropolitana de Desarrollo Económico y Competitividad, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución y en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para efectos de planeación y regulación conjunta del desarrollo metropolitano, en particular, en lo que respecta al desarrollo y construcción del proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y el destino de los terrenos del actual.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los integrantes de la Comisión Ejecutiva de la Coordinación Metropolitana del Valle de México, a considerar la incorporación de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, a fin de integrar un organismo eficiente que atienda la problemática de la Megalópolis, en particular, con relación al proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

Notas

1 El Valle de México representa: “la mayor aglomeración existente en el país que abarca extensos territorios discontinuos –pero íntimamente relacionados... cuya huella se extiende a casi todo el territorio nacional.” En “Pensar en el Futuro”, La Zona Metropolitana del Valle de México: los Retos de la Megalópolis, Roberto Eibenschutz Hartman, UAM, 2010, p. 14.

2 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5316255&fecha=03/10/2013

3 http://www.grupoenconcreto.com/2016/07/reinstalan-comision-metropolitan a-de-asentamientos-humanos/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2017.

Diputados:

Con punto de acuerdo, relativo a la prevención de la violencia en escuelas y detección de conductas de riesgo, a cargo del diputado Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Enrique Zamora Morlet, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La escuela es, sin duda, un espacio donde la mayoría de los seres humanos pasan largas horas de su vida, pues en ella no sólo se aprenden lecciones, sino también experiencias de vida, logros y contrariedades. Por ello, desde el instante en que se elige un centro educativo se toma en cuenta la calidad y el nivel del mismo, pero además, la seguridad se vuelve un factor esencial para considerarla una buena elección.

Actualmente el tema de la inseguridad se ha vuelto una de las principales preocupaciones en nuestro país. Por ello, cada vez son más las personas que buscan un plantel con las condiciones adecuadas para su pleno desarrollo educativo. Y es aquí donde la seguridad se vuelve el mayor reto tanto para las instituciones públicas como para las privadas.

Derivado de los sucesos donde perdiera la vida un alumno de 15 años en el Colegio Americano del Norte, de Monterrey, Nuevo León, quien antes de suicidarse disparó a la profesora y a varios compañeros, el presidente Enrique Peña Nieto llamó a trabajar unidos con base en los valores familiares para que no vuelva a ocurrir una tragedia como la observada en dicha escuela.1

De igual forma, el presidente Peña Nieto señaló que dio indicaciones para profundizar en las medidas y protocolos de seguridad que se siguen en las escuelas.

Asimismo, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), envió un mensaje de solidaridad a las víctimas del tiroteo e informó que se aplicarán acciones para fortalecer la seguridad en las escuelas.2

Con fundamento en lo dispuesto por nuestra Carta Magna en el artículo 3° párrafo segundo:

“La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los Derechos Humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”

Y fracción II, inciso c:

“Contribuirá la educación a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos [...]

Todos los niños y adolescentes tienen derecho a un ambiente de comunidad social en el que se puedan desenvolver libremente, así mismo, todas las instituciones escolares -públicas o privadas- tienen la obligación de cumplir con lo anteriormente estipulado, ya que esas características son de carácter Constitucional.

La seguridad en las escuelas de educación básica y superior es una condición imprescindible para que niños y adolescentes estudien y aprendan. Esta seguridad refiere al resguardo de su integridad física, afectiva y social en la escuela, así como en el entorno comunitario que rodea a las escuelas.

En aras de lo anterior, se creó en 2007 el programa “Escuela Segura” el cual, apunta a que la escuela contribuya a la cohesión y la integración social de las comunidades escolares, mediante el desarrollo de una cultura de paz.3 Esta cultura de paz, constituye un criterio que orienta el desarrollo de las competencias ciudadanas y es congruente con los criterios establecidos en el Artículo Tercero Constitucional y la Ley General de Educación en el sentido de que la educación debe contribuir a la convivencia pacífica.

Asimismo, el programa “Mochila Segura” que se sumó en el mismo año al programa Escuela segura, busca reducir la incidencia de violencia y drogadicción en los niños y adolescentes del territorio nacional. Sin embargo, en 2012, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) dijo que hasta ese año no existían estudios para comprender cómo las acciones del Programa afectan o mejoran la seguridad en las escuelas y cuál es el efecto.4

Por otro lado, diversas organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos, encabezadas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, publicaron un desplegado alertando que esa clase de operativos atentan contra el derecho de la niñez a decidir sobre los asuntos que los afectan, a su intimidad, respeto y dignidad, según la Convención Internacional de los Derechos del Niño.5

Atendiendo a las observaciones anteriores, se eliminó en 2016 el Programa Escuela Segura y se sustituyó por el Programa Nacional de Convivencia Escolar, el cual forma parte de la Política Nacional para una Escuela Libre de Acoso Escolar y tiene el objetivo de “fomentar un ambiente de sana convivencia e inculcar la prevención de situación de acoso escolar o bullying”.

A pesar de la existencia del programa anteriormente mencionado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Nuevo León recalcó -después de los acontecimientos del martes 17 de enero- que era inminente y necesario volver a implementar el protocolo (Mochila segura), para revisar las mochilas de los estudiantes, pese a las protestas de los padres de familia, quienes están en contra de que se “invada” la privacidad de los menores.

Los investigadores de la Universidad de Virginia estudiaron a adolescentes de diversos orígenes, incluyendo grupos étnicos, raciales y socioeconómicos. En este estudio, los jóvenes que en general se sentían bien con ellos mismos atraían a otros fácilmente. Los investigadores encontraron que estos adolescentes eran más amables, mostrando un menor grado de hostilidad que los que habían sido calificados como impopulares, señala el Science Daily.

También, se descubrió que los adolescentes impopulares tienen un débil sentido de su aceptación social, volviéndose cada vez más retraídos y hostiles a medida que crecen.6

Los niños y adolescentes que han aprendido a aceptarse a sí mismos y han sido aceptados por sus pares muestran una mayor capacidad para desenvolverse en situaciones sociales. Ellos son más capaces de entender las diferentes emociones, señales del lenguaje corporal y tono vocal.

Es importante saber que sólo un escaso número de suicidios se producen sin aviso. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de los suicidas dan avisos evidentes de sus intenciones. Se calcula que cada año se cometen 900,000 suicidios. Esto significa una muerte cada 40 segundos. El suicidio se encuentra entre las tres primeras causas mundiales de muerte en personas de 15 a 44 años.7

En nuestro país, la depresión y la violencia son dos de las primeras cinco causas de suicidio a nivel nacional. En 2014 cometieron suicidio seis mil 337 personas, de acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de las cuales 80.2 por ciento fueron hombres y aumentaron los suicidios entre jóvenes de 15 a 29 años, al ubicarse la tasa en 40.2 por ciento, casi la mitad de todos los que se privaron de la vida.

Al respecto, Gerardo Macías (Coordinador de Salud Mental y Adicciones en Aguascalientes) expresa que “en seguridad, lo primordial es prevenir, no tener que llegar al factor reacción”. Pero además advierte que la seguridad es una educación que comienza desde el hogar. 8

El problema tiene varios aspectos, como la violencia familiar y de pareja, el auge de las sustancias adictivas y el crecimiento de las enfermedades mentales, como la depresión.

En países como Chile o Puerto Rico existen Comisiones especializadas en la prevención de la violencia y el suicidio en niños y adolescentes. Estas se encargan de capacitar a padres y profesionales para aprender a descifrar los signos de violencia y depresión en sus hijos y alumnos, y que de esta forma, se llegue a un diagnóstico veraz que culmine con la obtención de ayuda profesional y oportuna.9

Los padecimientos mentales como la depresión y la violencia, están tomando un papel cada vez más fuerte en la juventud de nuestro país, y al mismo tiempo, es poca la información que se tiene al respecto. La prevención nace de la observación por parte de la familia y el entorno social de la persona que la padece, por lo cual, es urgente y obvia la necesidad de campañas que instruyan a los profesionales, padres de familia y a los mismos niños y jóvenes a detectar de manera oportuna los signos principales de estas enfermedades psicológicas.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable congreso de la unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud a poner en marcha campañas de concientización, prevención y protocolos para reducir la violencia y detectar conductas de riesgo asociadas a la misma en las instituciones educativas del país.

Notas

1 http://www.forbes.com.mx/pena-nieto-ordena-reforzar-protocolos-escuelas -tras-tragedia-monterrey/#gs.1_=VACA

2 http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/sep-fortalecera-seguridad-en-esc uela-tras-tiroteo-741

3 http://www.sepyc.gob.mx/organismosDescentralizados/PES.aspx

4 http://www.animalpolitico.com/2017/01/mochila-segura-no-da-resultados/

5 https://www.unicef.org/paraguay/spanish/py_convencion_espanol.pdf

6 http://muyfitness.com/aceptacion-adolescentes-info_5467/

7 http://www.who.int/features/qa/24/es/

8 http://www.seguridadenamerica.com.mx/reportaje/noticia-4177-el-reto-de- la-seguridad-en-las-escuelas

9 http://web.minsal.cl/sites/default/files/Programa_Nacional_Prevencion.p df

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2017.

Diputado Enrique Zamora Morlet (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Zacatecas a implantar medidas para hacer frente al fenómeno de prostitución infantil detectado en escuelas secundarias y preparatorias de la entidad, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe la diputada Mariana Trejo Flores de la LXIII Legislatura Federal e integrante de la Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6 fracción I y artículo 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados que somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Considerandos

“Lo que los niños reciben, conocen y aprenden, es lo que los hombres enseñan, quitan o ejercen. Un niño sin guerra es un hombre de paz”.

Diputada Mariana Trejo Flores1

El artículo 1o. de la Convención de la ONU Sobre los Derechos de los Niños, establece la definición de niño en el siguiente concepto:

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.2

Con base en lo anterior y partiendo de la aclaración de que existen legislaciones normativas que establecen edades restrictivas para considerar a la infancia, en México, se considera a un niño con fundamento en lo esgrimido por la legislación de la UNICEF y la ONU, es decir, México acata que un niño es todo ser humano, sin distingo de raza, religión o sexo, menor de 18 años y, en esa materia se establece una Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (LGDNNA), ley que nace con fundamento en lo plasmado en el párrafo noveno del artículo 4o. Constitucional que establece lo siguiente: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.3

El párrafo anterior establece que el interés superior del estado es velar por la niñez, por la infancia, por su educación, la alimentación, la seguridad y las políticas públicas deben estar orientadas a favorecer el interés superior del estado: su infancia.

El párrafo 10 del mismo artículo establece lo siguiente: “Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios”.

Por último, el párrafo 11 del artículo 4o. constitucional establece que: “El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez”.4

En los términos anteriores se delimita el actuar del Estado en materia de interés superior, sin embargo en la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en su artículo 6 establece los lineamientos de la siguiente manera:

Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta ley, son principios rectores, los siguientes:

I. El interés superior de la niñez;

II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como en los tratados internacionales;

III. La igualdad sustantiva;

IV. La no discriminación;

V. La inclusión;

VI. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;

VII. La participación;

VIII. La interculturalidad;

IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades;

X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales;

XI. La autonomía progresiva;

XII. El principio pro persona;

XIII. El acceso a una vida libre de violencia, y

XIV. La accesibilidad.5

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tomado casos de jurisprudencia para analizar el fenómeno que ahora vive Zacatecas, la prostitución infantil y sus tesis, análisis han establecido un claro distanciamiento entre el Código Penal Federal y los Códigos Estatales, es decir, que la prostitución infantil debe ser considerada como uno de los actos deplorables por la sociedad, argumentó el ministro Cosío al analizar el caso del expediente 54/2007 solapado por el entonces gobernador del estado de Quintana Roo, quien convirtió a Cancún en un paraíso de turismo sexual infantil, colocando a México a nivel internacional en segundo lugar de explotación sexual infantil, sólo por detrás de Tailandia.

Mario Marín, exgobernador de Puebla, también se vio involucrado en caso de pederastia, así como de protección a tratantes de menores con fines de explotación sexual, como se evidencia en el texto publicado por la periodista Lidya Cacho y motivo por el cual se detuvo a Kamel Nacif, empresario dedicado a la industria textil y principal operador de una red de turismo sexual infantil del estado de Quintana Roo, junto con Jean Succar Kuri, detenido por los mismo delitos.6

Las redes internacionales de pederastia operan en México desde hace 20 años, aproximadamente y, se han incrementado, según datos de la UNICEF, por el incremento de la pobreza en las clases sociales.

“La pobreza es la causa principal de la prostitución. A menudo, los padres sienten la obligación de vender a sus hijos a proxenetas porque sus bajos ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades de su familia. La pobreza también conduce al abandono. Por este rechazo, los niños se ven obligados a dejar el ambiente familiar y a vivir en las calles. Siendo vulnerables y teniendo carencias y necesidades, se convierten en el blanco perfecto de manipuladores, que les prometen trabajo y una remuneración”.7

La pobreza se ha convertido, según estudios de la UNICEF, ONU, BIE, OEA, y varias universidades como Cambridge, Harvard, UNAM, en la principal causa de prostitución infantil en el mundo, ello conlleva a analizar la cifras de pobreza en Zacatecas en los últimos sexenios, es decir, una contracción del ingreso familiar genera un incremento exponencial de los casos de prostitución infantil y prostitución en general.

¿Qué sucede si un Servidor Público ignora el interés superior de la Nación, plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Los artículos 108, 109 y 110 establecen los procedimientos en contra de servidores públicos que no acaten los mandatos constitucionales, es decir que nadie, ningún mexicano se encuentra por encima de la Constitución, incluyendo a gobernadores de las entidades o presidentes de la República.

Es menester del Gobernador del Estado de Zacatecas, establecer los mecanismos y lineamientos para hacer imperar el principio superior de protección a la infancia debido a la poca responsabilidad emitida por parte de las autoridades al detectarse en las secundarias públicas de la entidad.

Desde el año 2014, el entonces Procurador del Estado de Zacatecas, exhibió públicamente que niñas de primaria se prostituían por 10 o 15 pesos en las escuelas, orilladas por la falta de recursos en sus familias, reconociendo indirectamente la agudización de la pobreza y dando con ello razón a las investigaciones de la UNICEF que indican que si no hubiera pobreza extrema en Zacatecas no habría prostitución infantil.8

Con los casos de prostitución detectados y ya avalados y expuestos por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas en el sexenio pasado, la situación sigue en una tendencia agravante pues, como se ha demostrado con antelación en diversos estudios y análisis específico de casos, la complicidad de gobiernos y autoridades en materia de prostitución infantil hacen que ésta crezca, permanezca y se agudice.

¿Qué podemos esperar de un gobierno que violenta el artículo 4o. constitucional y permite que su infancia esté a merced de la delincuencia, la prostitución y las drogas? Hacer caso omiso a una realidad latente y espeluznante, es complicidad como se establece en el artículo 201 del Código Penal Federal y es por todo lo anterior expuesto, así como por lo invocado en el proemio de éste texto que someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, en el marco de sus atribuciones para hacer prevalecer el interés superior del estado, dictado en el párrafo noveno del artículo 4o. constitucional, impulsando políticas públicas orientadas a brindar protección y garantías a la infancia zacatecana en materia de combate a la violencia, adicciones, delincuencia y prostitución infantil detectada en las escuelas públicas del estado de Zacatecas.

Notas

1 Legisladora de origen zacatecano, mujer de pensamiento liberal de izquierda, fundadora del Movimiento de Regeneración Nacional y pionera de la primera fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados. Una mujer profesional de la salud con trayectoria al servicio de la Salud Pública en su entidad de nacimiento, así como pionera en la construcción de leyes reformistas modernas de tinte nacionalista en materia de salud, justicia, equidad e igualdad entre los géneros como equilibrio ante el avance de las políticas públicas del gobierno en turno. Se le considera como una mujer joven con compromiso moral y social en aras de la salud pública y gratuita, siempre al lado de la dirigencia nacional de su partido y congruente con la ciudadanía. (Extracto biográfico)

2 http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

3 Extracto fiel del párrafo 9 del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4 (Ibídem)

5http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_0412 14.pdf

6 http://www.jornada.unam.mx/2007/06/06/index.php?section=politica&ar ticle=017n1pol

7 http://www.humanium.org/es/prostitucion-infantil/

8 http://zacatecasonline.com.mx/noticias/local/41733-prostituyen-secundar ia-nahle

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2017

Diputada Mariana Trejo Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de resiliencia y reducción de riesgos de desastres, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la sucesiva

Exposición de Motivos

I. El artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que:

El pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico. El acuerdo que las establezca señalará su objeto, el número de los integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomendado. Cumplido su objeto se extinguirán. Cuando se haya agotado el objeto de una comisión especial o al final de la legislatura, el secretario general de la Cámara informará lo conducente a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, la cual hará la declaración de su extinción.

La creación de una comisión especial debe perseguir una finalidad estratégica y objetivos claros, que sirvan para tomar decisiones correctas en beneficio de los ciudadanos.

El fin de una comisión especial es conocer una problemática presente, y darle a la brevedad posible una solución positiva, siempre tomando en cuenta el sentir y opinión de los directamente afectados. No debemos olvidar que este órgano es un medio para la resolución de los diversos problemas de la sociedad.

II. “La resiliencia alude a la capacidad de los asentamientos humanos para resistir y recuperarse rápidamente de cualquier peligro plausible. La resiliencia frente a las crisis no sólo contempla la reducción de riesgos y daños de catástrofes (como pérdidas humanas y bienes materiales), sino la capacidad de volver rápidamente a la situación estable anterior. Mientras que las típicas medidas de reducción de riesgos tienden a concentrarse en una amenaza específica y dejan de lado la vulnerabilidad frente a otro tipo de peligros, la resiliencia adopta un enfoque frente a amenazas múltiples, considerando la capacidad de recuperación frente a todo tipo de peligros plausibles.”1

III. Los desastres naturales y los provocados por el ser humano, como los conflictos y las catástrofes tecnológicas, socavan los beneficios del desarrollo de los países y ciudades. La cantidad de personas en riesgo aumenta significativamente, pues la rápida urbanización genera asentamientos informales descontrolados y densamente poblados en áreas propensas a amenazas. La falta de capacidad de las ciudades y gobiernos locales para regular normas de construcción y el uso del suelo exacerba los riesgos de los que viven en condiciones vulnerables. Los gobiernos locales son el nivel más cercano a los ciudadanos y juegan un papel fundamental en proveer infraestructura y servicios cruciales para proteger vidas y bienes durante la respuesta a la crisis. En resumen, las ciudades y gobiernos locales deben incrementar su capacidad para reducir daños y el periodo de recuperación de cualquier desastre potencial, es decir, transitar hacia ciudades resilientes.

IV. De acuerdo a las Naciones Unidas, el 80% de las ciudades más grandes del mundo son vulnerables a los fuertes efectos de los terremotos, 60% corren riesgo de marejadas o tsunamis, y todas enfrentan los nuevos impactos causados por el cambio climático. El costo de los desastres urbanos, en 2011, se estima en más de 380 mil millones de dólares.2

V. La ocurrencia de desastres naturales le cuestan a México 2,942 millones de dólares anuales en promedio, siendo los terremotos los que generan el mayor costo asociado con un desastre, con un promedio anual de 1,354.65 millones de dólares; siguen en costos las inundaciones (870.08 millones de dólares); los vientos originados por ciclones (613.02 millones de dólares); las tormentas (103.05 millones de dólares); y los tsunamis (1.49 millones de dólares).

Con cifras de la ONU, del 2005 al 2014, los desastres naturales han causado en México la muerte de cuatro mil 968 personas, así como la destrucción de 2.54 millones de viviendas, y daños adicionales a 191 mil viviendas. En total, estos desastres han afectado a 87.62 millones de mexicanos.3

VI. En consecuencia, ciudades de todo el mundo están iniciando su camino para convertirse en resilientes y proteger a sus habitantes, sus bienes y el mantenimiento de la funcionalidad ante las crisis. Para ello, el primer paso sigue una vieja receta de la psicología: conócete a ti mismo. La urbe requiere del conocimiento de sus sistemas para poder prepararse. En este sentido, vuelve a ser válida la metáfora del cuerpo humano: cuando una persona sufre una alteración, va al médico. El caso de las ciudades es igual, necesitan un diagnóstico a partir del cual se tomen las decisiones adecuadas para recuperar el buen funcionamiento lo antes posible.4

VII. Por otra parte, los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, han optado por incluir dentro de sus prioridades políticas, la Reducción de Riesgo de Desastres (RRD). Entendemos por esto, al conjunto de políticas públicas que tienen como objetivo primordial reducir el impacto y los daños causados por desastres naturales. La reducción de riesgo incluye distintos aspectos como la gestión, mitigación y la preparación para catástrofes. En 2015 se introduce en los Objetivos de Desarrollo Sustentable (SDGs) la RRD y oficialmente pasa a formar parte de la agenda de desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP), por lo que en la actualidad reducir el riesgo de desastres es parte fundamental el desarrollo sustentable de una nación.

VIII. Derivado de la necesidad de crear asentamientos humanos resilientes y reducir el riesgo derivado de los desastres naturales y los ocasionados por el hombre, en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, celebrada del 14 al 18 de marzo de 2015 en Sendai, Miyagi (Japón), los países miembros de la ONU, establecieron una serie de acciones pautadas para cumplimentar los retos del desarrollo sostenible, destacando la necesidad de aprobar un marco para la reducción del riesgo de desastres después de 2015 conciso, específico, preparado con visión de futuro y orientado a la acción.

En este sentido, y para cumplimentar los compromisos asumidos por nuestro país ante la comunidad de las naciones unidas, el 28 de noviembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, aprobada por este Congreso de la Unión, en esta LXIII Legislatura, instrumento jurídico que sirve como marco general -como su propia nombre lo dice- para fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general, para ordenar el uso del territorio y los Asentamientos Humanos en el país, con pleno respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente;

Al respecto, el artículo 2 dispone que:

Todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación física, orientación sexual, tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades y Asentamientos Humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivos, equitativos, justos, incluyentes, democráticos y seguros.

Por lo que el propio instrumento jurídico, en su artículo Tercero Transitorio impuso la obligación a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para que en un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del ordenamiento legal -29 de noviembre del 2016- crearan o adecuaran todas las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con los contenidos de este instrumento. Por lo que resulta necesario que este Congreso de la Unión expida las normas pertinentes para asegurar a las mexicanas y a los mexicanos el derecho de vivir en Asentamientos Humanos Resilientes.

IX. Además es importante mencionar que nuestro país será sede de la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres de la Organización de las Naciones Unida que se llevará acabo del 22 al 26 de mayo de 2017, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, con el objetivo de dar continuidad a la aplicación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, el cual representa el mayor acuerdo internacional no vinculante (adoptado por todos los países miembros en 2015) que establece metas específicas para la reducción de pérdidas de vidas humanas, económicas y ambientales ocasionadas por fenómenos naturales que derivan en desastres.

En este sentido, y para cumplimentar las obligaciones a nivel internacional suscritas en Sendai así como lo dispuesto por la propia Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la presente soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, a que someta a consideración del Pleno de esta Soberanía un acuerdo para la creación de la Comisión Especial de Resiliencia y Reducción de Riesgos de Desastres.

Notas

1 ONU-Hábitat, Resiliencia, disponible en: http://es.unhabitat.org/temas-urbanos/resiliencia/

2 Ídem.

3 Evaluación global de reducción de riesgos por desastres 2015, elaborado por la Oficina para la Reducción de los Riesgos por Desastres de la ONU, disponible en:
http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/gar-pdf/GAR2015_SP.pdf

4 http://elpais.com/elpais/2015/05/21/planeta_futuro/1432231832_145438.ht ml

Palacio Legislativo de San Lázaro a 9 de febrero de 2017.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SEP a implantar con las autoridades educativas locales estrategias y acciones destinadas a promover y fomentar en los centros educativos del país los valores y la cultura que nos han dado identidad como mexicanos, a cargo del diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Jesús Rafael Méndez Salas, diputado federal del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo; al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Las posiciones que está asumiendo recientemente la actual Administración de los Estados Unidos de Norteamérica, como la aprobación de un paquete de decretos en materia de comercio, inmigración y cooperación, lesionan directamente los intereses de México pero, sobre todo, lastiman nuestra dignidad.

En estos vertiginosos días, los mexicanos hemos revalorado que la grandeza de nuestro país radica en su gente, somos la base de su fortaleza y orgullo, características que nos han dado una particular identidad de cara al mundo; nuestro sentido de orgullo tiene su raíz en la historia de nuestra nación, así como en la forma individual de cómo nos percibimos como ente y como Nación.

De esta manera, el orgullo de ser mexicano habla de nuestra identidad colectiva, así como de los nuevos retos que tendremos que enfrentar ante la coyuntura que se nos presenta, dadas las disposiciones que se están implementando en el vecino país del norte.

En estos momentos es donde tenemos que hacer un esfuerzo de introspección nacional y, con base en esta reflexión, podamos integrar como sociedad todo aquello que sucede en lo cotidiano, así como interpretarlo y procesarlo a fin de entender el contexto actual; sin embargo, es en nuestra poblacional infantil y juvenil donde puede estar el mayor riesgo de desaliento o pérdida de identidad.

Sabemos y reconocemos que en el plan de estudios vigente y en los distintos programas de estudio se fomenta la reafirmación de valores, tales como la identidad, el trabajo en equipo, la honestidad, entre otros; no obstante, la situación actual del país nos obliga a acelerar el paso con nuevos conceptos, nuevas estrategias y nuevos bríos. Para ello contamos con la riqueza del patrimonio, el esfuerzo, la creatividad, la imaginación y la sociabilidad de los mexicanos.

En este sentido, los valores son guías que orientan la conducta y vida de cada individuo y grupo social; son los fundamentos que permiten la cohesión de nuestra Nación, en donde nuestra cultura debe seguir siendo nuestra carta de presentación, porque un país sin identidad es un país débil.

Por ello, en Nueva Alianza creemos firmemente que se debe promover el México que todos queremos, el México triunfante, el México puesto de pie, el México que es de todos los mexicanos, ya sean los nacidos en esta tierra, adoptados o residiendo en otro país; el México que es defendido por sus hijos, no solo en un torneo deportivo, sino en la vida cotidiana... ¡El México que se le respeta!

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública federal para que, en coordinación con las autoridades educativas locales implemente, con la prontitud que la coyuntura actual amerita, las estrategias y acciones destinadas a promover y fomentar en todos los centros educativos del país los valores y la cultura que nos han dado nuestra identidad como mexicanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 9 días del mes de febrero de 2017.

Diputado Jesús Rafael Méndez Salas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la UNAM a dar facilidades para continuar el proyecto de investigación científica de la termografía computarizada, desarrollada en el CFATA, y sentar las bases para que se convierta en un programa de asistencia con presupuesto propio a fin de cubrir los gastos de personal y de infraestructura e investigación tecnológica, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del PES

La suscrita, diputada federal Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en lo que disponen los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

En México, y a nivel internacional, la Universidad Nacional Autónoma de México es punta de lanza en investigación científica y humanística; así como en materia de desarrollo tecnológico, con el objetivo de apoyar y fomentar el desarrollo de la investigación científica.

La innovación tecnológica es un tema fundamental para contar con un mejor desarrollo tanto en el ámbito científico como económico, por lo que resulta primordial apoyar a los estudiantes, académicos y científicos en sus proyectos de investigación.

Durante los últimos años en todo el mundo se presenta una gran problemática en cuestión de salud, ya que el cáncer de seno representa el 25% de los casos de cáncer a nivel mundial, es la primera causa de muerte y discapacidad de las mujeres con neoplasia maligna.

En México, la tasa de mortalidad ha aumentado en las últimas décadas, no obstante que las técnicas modernas de detección han incrementado la certeza diagnóstica; los estudios de patología en la que se presentan los pacientes generalmente es en torno a la etapa IIB o superior, esto es, en un grado avanzado de la enfermedad, representando más de 5,000 muertes anuales en mujeres de 25 años o más. En reportes del Instituto Mexicano del Seguro Social se aprecia que el costo anual por paciente en etapa I es del 37.35% con respecto al costo de la etapa IV. De acuerdo con el estudio “Impacto económico del cáncer en México” de la Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud, el costo promedio por año de tratamiento es de $334,421 pesos por paciente.

Es claro que, desde el punto de vista económico, la detección no oportuna del cáncer de mama representa costos directos muy elevados para el sector de salud pública así como también costos indirectos elevados por la disminución en la productividad de la gente que se incapacita por desarrollar esta patología.

Al margen de los claros beneficios económicos inherentes a la detección oportuna del cáncer de mamá, el simple pero importantísimo hecho de salvar vidas justifica cualquier esfuerzo para “ganarle terreno” a dicha enfermedad que no solo afecta a las mujeres sino también a los hombres, aunque con menor frecuencia.

La técnica de detección más utilizada por sector salud es la mastografía que en promedio reporta una certeza clínica de 85%. Sin embargo, existen diversas problemáticas asociadas a su utilización, la restricción de edad, tabús, poca cantidad de mastógrafos disponibles en el país, entre otros.

Ante este escenario en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada (CFATA), de la UNAM Campus Juriquilla, se desarrolló un sistema de detección de patología en las glándulas mamarias por medio de termografía superficial y análisis de imágenes utilizando un software inteligente desarrollado en el CFATA que emplea un algoritmo de autómatas celulares que tiene la capacidad de aprender y reconocer patrones de imágenes termográficas asociados a los tumores (de manera abreviada a este sistema es a lo se le denomina “termografía computarizada”). Así, cuantas más imágenes de pacientes se procesen el software tiene mayor capacidad de identificar patrones que caracterizan a los tumores, el cual puede ser de gran ayuda al implementarse como técnica complementaria para la detección oportuna del cáncer de mama que en contraste con la mastografía es no invasiva, sin contacto y por lo tanto no dolorosa, de costo mucho menor y ha reportado una certeza del 63 al 86%.

En el CFATA se tiene la experiencia de más de 12,000 estudios realizados con voluntarias y pacientes de la Unidad de Especialidades Médicas en Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama (UNEME-DEDICAM Querétaro). En el CFATA también se desarrolló un gel que permite obtener hasta un 400% más de contraste y una definición mayor de vasos sanguíneos en las imágenes termográficas.

La idea de utilizar la termografía, comenzó a gestar en el CFATA de la UNAM Campus Juriquilla, con un trabajo de investigación que tenía como título en ese entonces (2011) “Sistema mecatrónico termovisual para detección de cáncer de seno”. Esta experiencia sentó las bases para que al siguiente año concursara por recursos para dar continuidad al trabajo. Así, en 2012 el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ) financió el proyecto bajo el título “Modelo Estadístico Referencial de Distribución Térmica en las Glándulas Mamarias por Medio de Termografía”. En 2013 se consiguieron de nuevo recursos por parte de CONCYTEQ con el proyecto titulado “Tipificación de Patologías en Glándulas Mamarias por Termografía”.

Reconozco que ha habido apoyo por parte de algunas instituciones involucradas incluyendo a la UNAM, lo cual aplaudo, pero también me doy cuenta, que para un proyecto de gran beneficio para la sociedad civil y el Sector Salud, se requiere de un mayor apoyo. La UNAM ha sido una institución caracterizada entre otras muchas otras virtudes por su compromiso y apoyo al país a través de diversos programas, por lo que confío que tomará las medidas necesarias para impulsar aún más este programa nuevo que potencialmente puede beneficiar a la sociedad mexicana.

Actualmente existe el problema de que los recursos no son suficientes para cubrir la creciente demanda del servicio así como para reemplazar la única cámara termográfica con la que se cuenta y que está por terminar su vida útil. En caso de no contar con los medios para seguir operando, sería inminente la desaparición de este programa que ya ha salvado vidas y que potencialmente podría salvar muchas más.

Un precedente de éxito de estos programas es la construcción del Laboratorio de Resonancia Magnética del Instituto de Neurobiología de la UNAM Campus Juriquilla, el cual brinda un servicio de imagenología de alta calidad a la comunidad que se ha vuelto autosustentable.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta respetuosamente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para que a la brevedad tome las acciones pertinentes a fin de dar las facilidades que se requieran para continuar con el proyecto de investigación científica de la termografía computarizada desarrollada en el CFATA de la UNAM, y sentar las bases para que se convierta en un programa de asistencia, con presupuesto propio para cubrir los gastos tanto de personal como de infraestructura e investigación tecnológica.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2017.

Diputada Ana Guadalupe Perea Santos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía expresa su reconocimiento al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia por su sexagésimo aniversario, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada Claudia Edith Anaya Mota, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara Diputados proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional) es un organismo público descentralizado, con patrimonio y personalidad jurídica propia, normado por la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social; teniendo como objetivos principales, promocionar la asistencia social, prestar servicios en ese campo.

El DIF tiene como antecedente1 más remoto a la Gota de Leche, institución del sector social creada en 1929 con el fin de obtener leche y desayunos escolares a los niños desamparados de la capital del país y más tarde, daría lugar a la Asociación Nacional de Protección a la Infancia, organización sin fines de lucro encargada de ampliar los programas de alimentación y atención a niños huérfanos y abandonados.

En ese tiempo se crearon varias organismos como el Instituto Nacional de Protección a la Infancia (INPI) fundado en 1961, cuya función era el proporcionar desayunos escolares y otros servicios, después surgió en el año de 1968 el Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez (IMAN) con el fin primordial de contribuir a resolver los problemas originados por el abandono y la explotación de menores.

El Instituto Mexicano de Prevención Infantil (IMPI) tuvo un gran desempeño durante 14 años hasta el año de 1975.

Fusionándose de esta manera el IMPI con el IMAN permitió la constitución del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), decretándose así el 13 de enero de 1977, con el propósito de reunir en un solo organismo la responsabilidad de coordinar los programas gubernamentales de asistencia social.

El sistema nacional se encuentra integrado por 32 sistemas estatales DIF y los sistemas municipales DIF.

Actúa en coordinación con las dependencias federales, estatales y municipales en el diseño de políticas públicas, operación de programas, prestación de servicios y realización de diversas actividades en la materia.

El DIF está comprometido a fortalecer y satisfacer las necesidades de asistencia social y prestación de servicios asistenciales, proporcionando soluciones eficientes de gran impacto que beneficien a la población más vulnerable y contribuyan al mejor desarrollo de las familias.

Siguiendo con la evolución, de acuerdo a su página oficial, nos dice que su misión1 es “coordinar el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, así como promover la prestación y profesionalización de los servicios en la materia, establecer prioridades y la concurrencia de acciones entre los diferentes órdenes de gobierno, teniendo así los sectores social y privado, para la promoción, prevención y protección de los servicios asistenciales estudiando las causas y efectos de los problemas prioritarios de la asistencia social, para crear soluciones orientadas a modificar y mejorar la calidad de vida que enfrenta la población, que por alguna circunstancia social, jurídica o física se ven impedidos para su desarrollo”.

La visión2 del SNDIF es “ser una renovada organización que permita mediante procesos y sistemas administrativos ágiles, fortalecer la concertación de acciones, el diseño de programas y la aplicación de las políticas públicas, para dar respuesta oportuna a las necesidades y demandas que en materia de asistencia social, presentan las personas y grupos sociales que más lo necesitan, con la perspectiva de multiplicar, sumar programas y recursos orientados al desarrollo integral de la familia, al respeto de los derechos de la infancia y la adolescencia, de los adultos mayores, así como de la población que sufre algún tipo de discapacidad”.

Dentro de este organismo existe la contraloría social que es el mecanismo de participación de la sociedad en la vigilancia del ejercicio de los recursos públicos, que se constituye como una práctica de transparencia y rendición de cuentas a la sociedad, coordinada por los ejecutores de los programas sociales que reciben recursos de la federación.

Este organismo también cuenta con una normatividad2 de transparencia la cual está bien establecida en su página oficial y que a continuación se menciona:

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

• Ley Federal de Archivos.

• Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

• Reglamento de la Ley Federal de Archivos.

• Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones generales en las materias de archivos y transparencia para la Administración Pública Federal y su Anexo Único.

• Lineamientos del IFAI en materia de transparencia.

• Bases de interpretación y aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Con todas estas disposiciones los gobernados podemos saber qué es lo que la institución realiza y quiénes son los beneficiados con los programas con los que cuenta este organismo.

El pasado 13 de enero de acuerdo con la publicación de la página oficial del DIF3 , este organismo cumplió 40 años de brindar servicio, la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo, reconoció la labor del personal que labora en esta noble institución la cual dice que “La población más vulnerable de México cuenta con el apoyo, la atención, la calidez y la entrega de todo el personal que labora en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF (SNDIF)”.

Al igual que la presidenta del consejo, los legisladores, representantes populares, no podemos abstenernos de sumarnos al reconocimiento que hizo y comprometernos por profesionalizar esta institución del Estado mexicano.

De acuerdo al artículo 2 de la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social nos dice que el estado en forma prioritaria proporcionará servicios asistenciales encaminados al desarrollo integral de la familia, entendida ésta como la célula de la sociedad que provee a sus miembros de los elementos que requieren en las diversas circunstancias de su desarrollo, y también a apoyar, en su formación y subsistencia, a individuos con carencias familiares esenciales no superables en forma autónoma por ellos.

Este organismo se encarga de coadyuvar con distintas dependencias y organismos para que los alcances y beneficios lleguen con mayor rapidez a las personas que más lo necesiten.

El pueblo mexicano exige una nación justa y segura y con mayores oportunidades para tener una vida mejor, por lo tanto edificarla es el reto que enfrentamos y con organismos como SNDIF, se puede lograr, por eso es imprescindible que reconozcamos su labor que con tanto esfuerzo ha llevado a cabo.

Para que esto suceda existen varios programas con los cuales este organismo ayuda de diferentes maneras a algún sector de la población, como los que se mencionan a continuación:

Programas4

• Programa de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad, para el ejercicio fiscal 2017.

• Programa de Atención a Personas con Discapacidad, para el ejercicio fiscal de 2017.

• Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad DIFerente, para el ejercicio fiscal de 2017.

• Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal de 2016.

Por otra parte, como parte de las acciones de fortalecimiento interinstitucional han impulsado programas especiales derivados del Plan Nacional de Desarrollo, para la asistencia de un número mayor de sectores de población con diversas necesidades, para que se les brinde el apoyo que necesiten, para orientar, dar rumbo y establecer las bases sobre las que se han ido construyendo los mecanismos orientados a propiciar sinergias, evitar la duplicidad de acciones y la dispersión de recursos, ampliación de la cobertura y la consolidación de los servicios asistenciales existentes, el desarrollo de modelos de asistencia social innovadores e investigaciones sobre las diversas condiciones que propician la situación de desventaja social; así como el control y mejora de los servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil en los centros de atención.

Programas Especiales

• Programa Nacional de Asistencia Social 2014-2018.

• Programa Especial de Migración 2014-2018.

• Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018.

• Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018.

• Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018.

• Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018.

• Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018.

• Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2014-2018.

• Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 2014-2018.

Siguiendo con la lista de los programas impulsados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia también existen los:

Programas Transversales

• Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018.

• Decreto por el que se aprueba la actualización al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018.

• Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres 2013 -2018.

• Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018.

Estos programas son esenciales para las personas que necesitan ayuda con algún problema que este fuera de sus manos, que no puedan resolver y que no cuenten con los recursos necesarios para hacerlo, por eso es importante fomentar y ayudar a que dichos programas lleguen con mayor rapidez y beneficien a un número mayor de personas.

Esta institución merece ser reconocida por su gran labor, ya que no sólo ayuda a las personas en situaciones de carencia si no que se preocupa por su bienestar y porque tengas una mejor calidad de vida.

Continuando con la descripción de este organismo de acuerdo al Informe de Actividades5 nos da un seguimiento de todo lo realizado y de su colaboración y coordinación con las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia y Organismos Públicos y Privados al cierre del ejercicio fiscal de 2015 de conformidad con este informe:

• Se atendieron 79 solicitudes de apoyo social y jurídico formuladas por los sistemas estatales y municipales DIF; instituciones públicas y privadas, tribunales federales y locales, así como organismos internaciones, mediante la realización de trámites jurídicos y administrativos, intercambio de información, envió de documentos y elaboración de estudio de trabajo social a efecto de fortalecer los vínculos interinstitucionales en beneficio de la población de asistencia social.

• Llevaron a cabo la tercera Reunión Nacional de Titulares de los SEDIF, a la que asistieron presidente, directores y procuradores de los 31 estados de la República Mexicana y el Distrito Federal.

• Durante 2015 el DIF atendió, asesoró y canalizó a las aéreas respectivas un total de 429 solicitudes de las instancias estatales, municipales y de los organismos de la sociedad civil, que pidieron apoyo al SNDIF, tales como: sillas de ruedas, cobijas, material de higiene personal, juguetes, entre otros.

Asimismo durante ese periodo se dio seguimiento a la atención ciudadana, brindada por parte del DIF, dependencias y entidades relacionadas con la asistencia social, como a continuación describen:

• Recibieron 12 mil 371 solicitudes de atención, de las cuales 8 mil 175 estuvieron asociadas a algún bien o servicio; 4 mil 47 requirieron de alguna asesoría u orientación y 149 fueron rechazadas ya que no estaban asociadas al ámbito de competencia del sistema nacional.

• De las 12 mil 371 solicitudes de atención recibidas, 3 mil 711 se captaron por iniciativa propia de la ciudadanía; mil 426 fueron enviadas por parte de la Dirección General de Atención Ciudadana de la Oficina de la Presidencia de la República; 264 fueron recibidas de la oficina de la esposa del presidente de la República; 2 mil 543 se recibieron a través de la página web institucional; 378 solicitudes se recibieron por diferentes instancias de los gobiernos federal, estatales y/o municipales, mientras que 4 mil 47 correspondieron a solicitudes de asesoría u orientación.

• Por ámbito de atención de las 12 mil 371 solicitudes recibidas 181 se canalizaron al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF DF), toda vez que estaban relacionadas con los programas asistenciales que requiere específicamente la ciudadanía en el Distrito Federal y 814 se enviaron para su atención a los diferentes SEDIF del país.

Siguiendo el informe de actividades5 , presentado por este organismo se llevó a cabo la gestión para la atención de 822 solicitudes ciudadanas en materia de asistencia social en las 32 entidades federativas que conforman el país y se expidieron cartas de acreditación de actividades asistenciales a organizaciones sociales que pretenden ser donatarias autorizadas.

La atención a los ciudadanos es muy importante para este organismo ya que para ellos lo más importante son las personas, y la manera en la que puedan ayudarlos.

Al cierre de diciembre de 2015, el SNDIF realizó 48 mil 193 visitas de supervisión y seguimiento a las estancias infantiles afiliadas al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, distribuidas en las 32 entidades federativas.

Dentro este periodo realizaron la Encuesta de satisfacción a beneficiarios a 28 mil 536 madres, padres o tutores inscritos en el programa, concluyendo satisfactoriamente las encuestas con 89.7 por ciento de personas que están “contentos con este programa”.

Asimismo en el periodo de enero a diciembre de 2015, los SEDIF implementaron acciones de la temática de Prevención y Atención del Trabajo Infantil del SNDIF, beneficiando a 38 mil 727 niñas, niños y adolescentes trabajadores y 115 mil 124 en riesgo de incorporarse a actividades laborales.

Como parte de la vertiente de prevención de la Estrategia de Migración Infantil del Sistema Nacional de Desarrollo Integral Familiar:

• Entre enero y diciembre de 2015, operaron 67 centros comunitarios de protección a la infancia desarrollando procesos de fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios de un promedio de 8 mil 650 niñas, niños y adolescentes.

• Durante el mismo período, 42 grupos de líderes comunitarios implementaron proyectos de prevención de los riesgos asociados a la migración infantil no acompañada; en dichos proyectos participaron en promedio 882 niñas, niños y adolescentes.

• Asimismo, los sistemas estatales DIF desarrollaron un total de 499 actividades de prevención de la migración infantil no acompañada que fueron dirigidas a un total de 21 mil 831 niñas, niños y adolescentes.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia pretende alcanzar los objetivos y metas contenidos en los programas, por medio de la identificación específica de la población beneficiaria, asegurando la coordinación con otras instancias para evitar duplicidades e incorporando procesos de seguimiento y evaluación sobre los impactos económicos y sociales reales.

Los programas asistenciales que desarrolla el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia están ligados a las líneas que con énfasis en la superación de la pobreza extrema y por su cobertura y estrategias, se convirtieron en elemento básico que permite a la asistencia social proyectar sus acciones con mayor fortaleza.

En este contexto, el Sistema Nacional DIF concibe la asistencia social como el conjunto de acciones dirigidas a propiciar el apoyo, la integración social y el sano desarrollo de los individuos, familias y grupos de población vulnerable o en situación de riesgo, por su condición de desventaja, abandono, desprotección física, mental, jurídica o social, fortalecer su capacidad para resolver sus necesidades, ejercer sus derechos y, coadyuvar a su reintegración al seno familiar, laboral y social.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión expresa su reconocimiento al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia por su LX aniversario; y hace votos porque su labor continúe apoyando a construir una sociedad mexicana más justa y solidaria.

Notas

1 http://sn.dif.gob.mx/dif-nacional/mision-y-vision/

2 http://sn.dif.gob.mx/transparencia/normatividad/

3 http://sn.dif.gob.mx/blog/

4 http://sn.dif.gob.mx/planes-programas-e-informes/

5 http://sn.dif.gob.mx/wp-content/uploads/2016/12/InformeActividadesEne-D ic2015

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2017.

Diputada Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a aplicar en el contexto de las nuevas políticas públicas migratorias de Estados Unidos de América acciones de asesoría y apoyo integral en favor de los connacionales en peligro de deportación; reconocer la valentía de los alcaldes y sus equipos de trabajo de las “ciudades santuario” de allá; e invitar respetuosamente al Congreso de ese país a realizar acciones conjuntas de análisis para impulsar una reforma migratoria integral, suscrita por la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN, e integrantes del Grupo de Amistad México-Estados Unidos de América

La suscrita, diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y diversos legisladores del Grupo de Amistad México-Estados Unidos de América, todos ellos de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que en el contexto de las nuevas políticas públicas migratorias de los Estados Unidos de América, se apliquen enérgicas y determinantes acciones de asesoría y apoyo integral en favor de los connacionales en peligro de deportación, así como reconocer la valentía de los alcaldes y sus equipos de trabajo de las llamadas ciudades santuario de los Estados Unidos de América, por salvaguardar los derechos humanos de nuestros connacionales en nuestro país, e invita respetuosamente al Congreso Norteamericano a realizar acciones de análisis conjunto para impulsar una reforma migratoria integral, conforme a las siguientes

Consideraciones

Primera . Hoy se registra una nueva oleada de terror entre los inmigrantes mexicanos. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, considerado el país más poderoso del mundo, hizo campaña afirmando que expulsaría a todos los indocumentados, alrededor de 11 millones, de los cuales aproximadamente 6 millones son mexicanos. Aunque después de la elección expresó que se concentraría en tres millones de inmigrantes con antecedentes criminales, aunque tampoco hay un número tan grande de paisanos que hayan cometido delitos.1

Este hecho ha representado una gran preocupación para la comunidad hispana de los Estados Unidos de América. Prueba de ello es el regreso voluntario de un número considerable de connacionales que están ya de retorno en territorio mexicano por decisión personal. Aunado esto es de considerarse el temor justificado de que cada vez ven más cerca que en cualquier momento regresen las redadas en los centros de trabajo; que han significado en el pasado un importante deterioro en la seguridad laboral y en la calidad de vida de los indocumentados.

Cabe mencionar que este es un tema altamente preocupante debido al discurso de la “Ley y Orden” que Trump pronunció a lo largo de su campaña, ya que junto a su retórica de discriminación, la comunidad migrante se encuentra en un peligro constante de criminalización por parte de las autoridades norteamericanas violentando con ello la procuración de su dignidad inherente.

Segunda . Es de llamar la atención, con respecto a la Presidencia de los Estados Unidos –que dicho sea de paso cuenta con características de carácter unipersonal– es la figura política más importante del país y de la opinión pública internacional, que ha dado muestras claras de que cumplirá con sus promesas de campaña, por vagas, temerarias y difusas que estas sean. Entre ellas se encuentran la construcción del muro, la deportación de indocumentados y la cancelación de algunos de los tratados comerciales.

Vale destacar que dichas promesas fueron diseñadas sin considerar con la objetividad necesaria que los migrantes mexicanos no representan en lo absoluto una amenaza importante para la seguridad de Estados Unidos; muy por el contrario, se trata en su mayoría de gente sumamente trabajadora que tuvo que moverse de su lugar de origen, albergando la esperanza de cumplir con sus expectativas de mejorar sus condiciones de vida y de trabajo y que paralelamente al hecho de cumplir con la oferta laboral –que en muchos de los casos es físicamente muy pesada– están contribuyendo con su trabajo al engrandecimiento de ese país.

Tercera . En este contexto, sobresale el hecho, de que el miércoles 25 de enero del presente, se firmó ya la orden ejecutiva para destinar fondos federales a la construcción del muro que dividirá los Estados Unidos con México, generándose una gran polémica internacional por el impacto que representa que se lleve a cabo dicha orden.

Este hecho sin precedentes, se llevó a cabo durante una ceremonia celebrada y plenamente divulgada por el Departamento de Seguridad Nacional de ese país, además de que fue definitivamente reiterada la advertencia de que será el propio país afectado, el que pagará finalmente por el indeseable muro.

Cuarta. Por otro lado el multicitado Trump, también firmó en esa misma fecha una orden alterna, donde se niega el acceso de los fondos federales a las llamadas ciudades santuario , que son conocidas como aquellas localidades donde gracias a su legislación las autoridades no acceden a colaborar en la detención de los inmigrantes indocumentados para que posteriormente sean deportados, ya que reconocen a los migrantes como un activo más a favor de un bienestar económico, entre las que se incluyen San Francisco, Chicago, Seattle, Nueva York y Los Ángeles, entre otras; de tal suerte que esta nueva acción dé cuenta de la dirección negativa que están tomando las políticas públicas en la materia.

Quinta. Merece la pena señalar que una de las condiciones a nuestro favor que pueden mitigar la incertidumbre respecto de este asunto, consiste en que en México tiene 50 consulados ubicados en 25 de los estados de la Unión Mexicana, es decir, una de las redes consulares más grandes del mundo; lo que representa un activo importante en aras de garantizar plenamente la defensa, promoción y salvaguarda de los derechos humanos de nuestros connacionales, al tiempo de promover intensamente el papel de México dentro de la relación bilateral a favor de nuestros intereses como nación.

De esta forma es de destacar que las acciones de prevención, asistencia, y comunicación que brinda esta red organizacional, deben ir más allá de la mera información; debiéndose establecer decididos y programados compromisos para cerrar filas en torno a la protección de nuestros connacionales, que deben ser cada vez más importantes respecto del apoyo legal que se debe a los ciudadanos mexicanos que se encuentran en peligro de deportación.2

Sexta . Que existe la creencia –detonada por Donald Trump– de que los inmigrantes ilegales están despojando de sus empleos a los norteamericanos; nada más alejado de la realidad. Por lo contrario, se tienen diversas referencias de que muchos de los empleadores han estado por largo tiempo explotando de manera inmisericorde a este tipo de trabajadores, haciéndolos laborar en condiciones lamentables y en diversas ocasiones sin seguridad social y con la gran y conocida desventaja de que por sus condiciones de inseguridad migratoria sería muy difícil que se pudieran quejar, puesto que siempre pesa sobre su cabeza la lacerante amenaza de que los pueden deportar, mandándolos de regreso a su país.

A esto hay que agregar que la presencia de mexicanos es notoria en una cantidad importante de las actividades económicas en Estados Unidos que dicho sea de paso aumenta gradualmente; sin embargo su presencia se acentúa en ocupaciones de carácter manual o artesanal que son de más baja remuneración. Entre éstas encontramos lo que es la agricultura, la pesca y adicionalmente lo que se llama silvicultura. La limpieza y construcción de casas, oficinas, edificios y su mantenimiento, están muchas veces a cargo de colaboradores hispanos; variadas ocupaciones del nivel de producción, también cuentan con mano de obra mexicana o latina, así como una importante cantidad de gente que se mantiene gracias a sus actividades de preparación y servicio de alimentos, meseros y otras ocupaciones relacionadas con la industria de la alimentación.

Séptima . Otro tema relevante en las consideraciones de este punto de acuerdo, es sin duda que una de las causas de que a los mexicanos les resulte atractivo arriesgarse para llegar a los Estados Unidos de América, la cual tiene que ver con que no están encontrando en su propio país las condiciones necesarias para lograr su adecuado desarrollo.

Por tanto es necesario definir en nuestro país políticas estructurales con miras de implementación a mediano y largo plazo, que permitan a través de diversas formas de organización, instrumentar las acciones que promuevan el aumento a la productividad, estimulando los mercados competitivos, impulsando paralelamente las inversiones, para lograrse como consecuencia la creación de mayor número de empleos, necesarios indiscutiblemente para la mayor parte de la población económicamente activa.

Octava . Sin embargo se considera, que independientemente de que el país apoye a los connacionales en los Estados Unidos para que no sean fácil e injustamente deportados, también se deben generar oportunidades laborales mediante acuerdos y convenios con otros países.

Esto por supuesto puede significar un esfuerzo adicional, respecto de lo que ya se está haciendo en la materia. Por lo que debe resultar altamente rentable que todo aquel mexicano que decida dejar atrás el territorio nacional para explorar nuevas oportunidades, cuente con la información necesaria y suficiente para lograrlo con la menor cantidad de dificultades posible.

Es decir, que más allá de que permanentemente se piense en los Estados Unidos de América como único destino y como la única y mejor opción de trabajo, se puedan considerar otras probabilidades de empleo en diversos países y regiones del mundo.

Para tal efecto, será muy útil el incremento de las relaciones internacionales, sobre todo con las embajadas de diversos países, donde podrán detonarse los diversos instrumentos en materia de oportunidades laborales para los mexicanos.

Novena . En esta tónica, habrá que acotar que los parlamentos no pueden quedar ajenos a este tipo de fenómenos que tienen que ver con las relaciones entre naciones, por lo que en el caso del Poder Legislativo ya se ha incursionado en la introducción a la legislación del concepto de diplomacia parlamentaria en distintos niveles y formas de llevarlo.

Este hecho ha traído aparejado una serie de circunstancias que se traducen en diversos beneficios si se enfocan de manera adecuada, toda vez que los legisladores pueden participar en acciones importantes de colaboración o en eventos permanentes de carácter internacional que pueden brindar un novedoso apoyo, si lo que se pretende es realizar un trabajo de representación cada vez más profesional.

Es por lo anterior, que la agenda de diplomacia de los altos órganos de gobierno de la honorable Cámara de Diputados y otros entes como lo son los grupos de amistad, como en este caso el de México-Estados Unidos de América y las “reuniones interparlamentarias” deberán jugar un papel importante en la problemática que nos ocupa y entenderse como solución. Esto considerando, que en situaciones de alto impacto en la estabilidad del país, se deben necesariamente prever las condiciones relacionadas que contribuyan al mejoramiento de nuestro marco jurídico binacional, así como a la implementación de mejores políticas públicas en materia de migración, que abonen en favor de los inmigrantes.

Es necesario puntualizar que buena parte de la problemática de la migración ilegal encuentra su responsabilidad en las acciones de nuestro propio vecino del norte, quien se ha valido de este fenómeno por los beneficios económicos que conlleva para ellos. Al tiempo que no se han articulado acciones efectivas que permitan el desarrollo e implementación de una reforma migratoria integral, es decir, permanece como un asunto pendiente que ha enrarecido la relación bilateral, principalmente por las visiones que ambos países tienen del tema.

Es por lo anteriormente expuesto y con la intención de mitigar los embates de esta nueva realidad, y procurar así la defensa irrestricta de nuestros connacionales que están padeciendo la incertidumbre de no saber qué va a pasar con su estancia en los Estados Unidos de América, que se somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, insta al Poder Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el apoyo de nuestra basta y extensa red consular y en atención al contexto de las nuevas políticas migratorias de los Estados Unidos de América, se articulen y lleven a cabo estrategias y acciones efectivas de asesoría, asistencia, comunicación y todos aquellos mecanismos que representan una protección integral en favor de los connacionales en peligro de deportación, velando en todo momento por el pleno respeto de sus derechos, de acuerdo con el marco jurídico internacional, considerando para esto las siguientes acciones:

a) Se trabaje intensamente con las autoridades de todos los niveles de ambos países y con nuestros socios estratégicos sobre todo del sector privado y de las entidades públicas que tienen que ver con su impulso, para construir agendas objetivas de atención y seguimiento a las oportunidades laborales que se puedan generar en el país vecino, tendientes a que nuestros compatriotas puedan ingresar a ese país a presentar y ofrecer legalmente su fuerza de trabajo.

b) Se definan políticas estructurales efectivas que aumenten la productividad, estimulen mercados competitivos e impulsen las inversiones para crear los empleos necesarios con el fin de atender plenamente las necesidades nacionales y hacer frente de manera exitosa la amenaza de deportación masiva de nuestros connacionales por parte de los Estados Unidos de América.

c) Se diseñe y se ponga en marcha una auténtica política de emigración, donde todo mexicano que desee realizar un movimiento de su lugar de residencia para establecerse en otro país o región, cuente con la información amplia y suficiente de los convenios, acuerdos que se estén realizando con los distintos países respecto de las oportunidades laborales, así como de las directrices, lineamientos y apoyos que el gobierno mexicano les estará ofreciendo para que puedan realizar dichos movimientos de la mejor forma posible.

Segundo. Esta honorable Cámara de Diputados saluda y reconoce la valentía de los alcaldes y de sus equipos de trabajo de las llamadas ciudades santuario de los Estados Unidos de América por salvaguardar los derechos humanos de la comunidad migrante que ha sido víctima constante de persecuciones producto de retóricas muy mal dirigidas, que demeritan la esencia misma de la relación bilateral con los Estados Unidos; por lo que se reconoce el valor del apoyo brindado a un gran número de connacionales que se encuentran en latente peligro de deportación.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados, de acuerdo con las facultades que le confiere el ejercicio de la diplomacia parlamentaria, invita respetuosamente al Congreso Norteamericano, a realizar acciones de análisis conjunto para impulsar una reforma migratoria integral, que permita la oportuna legalización de los inmigrantes indocumentados que cumplan con ciertos perfiles, de los cuales una porción considerable es de origen mexicano.

Notas

1 Sarmiento, Sergio, Deportados, Alto Nivel, Expulsión de Migrantes, ¿De qué tamaño es la tragedia ? México, Año 28, número 341, enero del 2017, p.23

2 Cfr. Conapo, Mexicanos que residen en los Estados Unidos, Secretaría de Gobernación, México, consultado el 24 de Enero del 2017 en
http://web.archive.org/web/20090501203120/http://www.conapo.gob.mx/mig_int/0302.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2017.

Diputada Martha Cristina Jiménez Márquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a conducirse con legalidad; y al INE y el IEEM, a investigar y, en su caso, sancionar las presuntas acciones anticipadas de campaña, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Omar Ortega Álvarez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El pasado 8 de octubre, con motivo de la “Feria Integral de Servicios en el Estado de México”, que coordina la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Gobierno Federal en coordinación con el Gobierno mexiquense, entregó despensas y tarjetas electrónicas durante un evento masivo en el municipio de Huixquilucan.

El acto fue encabezado por el jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán, y el Gobernador Eruviel Ávila. De acuerdo con el funcionario federal, las acciones que se emprendían estaban sujetas por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto para atender como máxima prioridad las necesidades del estado de México.

Al respecto, Grupo Reforma detalló que en el evento, los asistentes recibieron despensas de Diconsa y tarjetas electrónicas –“La Efectiva”– con un saldo de 2 mil 750 pesos en cada una, a cambio de una copia de su credencial de elector. Los plásticos –emitidos por Banorte– se entregaron a 6 mil personas.

Durante el evento, se le preguntó a Francisco Guzmán si las acciones realizadas tenían propósitos electorales pero el Jefe de Oficina de Presidencia negó tal interrogante y aseguró que nada tenía que ver el trabajo conjunto de gobierno federal y estatal con algún acto electoral.

El 15 de octubre del año en curso se volvieron a repetir los hechos. Como realizado en Huixquilucan, los gobiernos federal y del estado de México, entregaron despensas y tarjetas electrónicas ahora en el Valle de Toluca, en el Municipio de Zinacantepec. Nuevamente, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán, encabezó el acto público en el estadio de béisbol de la localidad, acompañado de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

En dicho evento efectuado en Zinacantepec, se repartieron 4 mil 700 tarjetas con el mismo saldo de 2 mil 750 pesos cada una, y cerca de 6 mil despensas de Diconsa. En ese contexto, el secretario general de Gobierno, José Sergio Manzur, afirmó que las ferias continuarían cada semana y negó motivos electorales. Sin embargo, a menos de ocho meses de entrar a uno de los procesos electorales más importantes rumbo al 2018, para elegir al nuevo gobernador de la entidad, comienzan a demostrarse las peores y más viejas prácticas del PRI, que recuerdan que ya empezó el proceso electoral.

El reparto de despensas y tarjetas es inaceptable no sólo porque los gobiernos federal y estatal hagan caso omiso y se aprovechen de las necesidades que han creado en los ciudadanos con la poca o nula atención efectiva a las necesidades básicas de éstos, sino también porque pareciera un intento de compra de conciencias.

Aunque este repentino reparto de despensas no pueda considerarse aún como un delito electoral sí puede ser considerado como un acto anticipado de campaña por parte del partido promovente como una compra de conciencias. Y es que además, resulta lamentable que el pueblo mexiquense que ha estado olvidado por su gobierno estatal y federal, sea atendido ahora aparentemente con fines electorales.

Aunado a esto, otras acciones de la índole deben ser prevenidas puesto que si a estas alturas el gobierno estatal cobijado por el gobierno federal, realiza este tipo de “entregas”, resultan preocupantes las tácticas que desarrollen para el proceso electoral.

La ciudadanía tiene derecho a un proceso electoral transparente y democrático, y a que sus necesidades básicas de salud, vivienda, alimentación y educación sean cubiertas por un Estado garante y efectivo, que no se beneficie cada sexenio de las condiciones vulnerables de su población.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de México para que se conduzca bajo los principios de legalidad, transparencia y respeto irrestricto en torno al proceso electoral próximo en dicha entidad.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a investigar y al Instituto Nacional Electoral para que en el ámbito de sus atribuciones, investigue y sancione el posible desvío de recursos públicos y el uso electoral de programas sociales federales y locales en el proceso electoral en el Estado de México, en particular, el reparto de despensas y dinero, a través de tarjetas electrónicas que el gobierno federal en conjunto con el gobierno del Estado de México, han llevado a cabo durante las Ferias Integrales de Servicios en el Estado de México.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y al Instituto Electoral del Estado de México a investigar y, en su caso, sancionar las presuntas acciones anticipadas de campaña derivadas del reparto de despensas y dinero a través de tarjetas electrónicas que el gobierno federal en conjunto con el gobierno del Estado de México han llevado a cabo durante las Ferias Integrales de Servicios en el Estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2016

Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a auditar los procesos de contratación pública de los hospitales generales de Ticul, Mérida y Culiacán; y a la SFP, a comunicar a la opinión pública las consecuencias de la auditoría practicada al contrato para la prestación de servicios del hospital general Doctor Gonzalo Castañeda Escobar, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González, en mi calidad de diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primero. El 16 de mayo del 2012, a iniciativa del ejecutivo, el Congreso de la Unión promulgó La Ley de Asociaciones Público-Privadas; iniciativa mediante la cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de la Ley de Expropiación; y de la Ley General de Bienes Nacionales y del Código Federal de Procedimientos Civiles. Esta norma codifica un nuevo régimen de contratación pública en México, basado en la colaboración entre el sector privado y el sector público para el impulso de proyectos de inversión. Aunque la figura jurídica de la Asociación Público-Privada se desarrolla como resultado de la mencionada Ley del 2012, este esquema tiene sus antecedentes directos en las concesiones, en los contratos para el aprovechamiento de activos y en los proyectos de prestación de servicios (PPS), los cuales incluían diversas fórmulas de colaboración público-privada.

No obstante, los proyectos de asociación público-privados (APPS) son iniciativas que comprometen grandes desembolsos de recursos públicos a lo largo de prolongados periodos de tiempo. Es habitual que estos esquemas impliquen la construcción y la operación de inversiones estratégicas en infraestructuras o la prestación de servicios públicos esenciales. Este modelo de contratación ha sido difundido masivamente en varios países a nivel global, en correspondencia con el avance hegemónico de las políticas de desregulación, repliegue del estado y extensión del mercado.1 Su introducción en México como figura jurídica central de la contratación pública tiene que enmarcarse en un entorno de restricciones financieras en el cual el Estado decide trasladar una parte de sus responsabilidades básicas hacia el sector privado de la economía. Según la OCDE, este modelo de inversión es eficiente y asegura beneficios compartidos entre el sector público y el privado.2 Sin embargo, en México han sido revelados varios casos en los cuales las asociaciones público-privadas han generado problemas, opacidades, ineficiencias y derroches del presupuesto público.3

Teniendo en cuenta la entidad de los proyectos que se desarrollan mediante los esquemas de Asociación Público Privada y afines, resulta esencial que la Auditoría Superior de la Federación, en el ejercicio de sus funciones, examine el desempeño, la transparencia y la viabilidad de este tipo de obras. En específico, los contratos de asociación público-privados para la construcción y la gestión de hospitales públicos se desarrollan en un terreno de elevada sensibilidad e impacto social, por cuanto afecta de lleno a un derecho humano garantizado por la Constitución mexicana y diferentes tratados internacionales.

Segunda. Desde el 2012, el gobierno del Estado de Yucatán viene ejecutando la construcción del Hospital General de Ticul, mediante la modalidad de contrato de Prestación de Servicios (PPS) con la empresa “Infraestructura Hospitalaria de Península, SAPI de CV, y su obligado solidario, “Marhnos Construcciones, SA de CV”. Como ha trascendido en la prensa y como ha reconocido el propio gobierno del Estado de Yucatán, el 6 de Mayo del 2015 el contrato fue rescindido por el ejecutivo estatal, alegando incumplimientos en los plazos establecidos para la entrega de la obra y para el inicio de la prestación del servicio.

A pesar de que el Estado de Yucatán afirmó que el proyecto continuaría su curso tras la rescisión del contrato, la realidad es que aún el hospital no ha sido inaugurado, cuando en el pliego de condiciones contractuales estaba previsto el comienzo de su funcionamiento para el día 15 de Septiembre de 2015. Además, a través de un litigio que ha llegado a la Corte Internacional de Arbitraje, la empresa contratista ha demandado al gobierno de Yucatán “el pago de 253 millones de pesos en compensación por la terminación anticipada del contrato”. Ello debería ser objeto análisis y evaluación por parte de la ASF, con la finalidad de esclarecer responsabilidades administrativas o penales, asegurar la apertura del Hospital General de Ticul y promover la no repetición de esquemas fallidos de contratación pública.

Tercera. El pasado 22 de Agosto del 2016 el ISSSTE notifica el fallo de la licitación pública internacional mixta para la para la construcción y operación del Hospital Regional de Mérida, el cual benefició a la constructora y edificadora GIA+A.4 Esta compañía está presidida por Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari. En el mencionado fallo de adjudicación del contrato que emite el ISSSTE, se establecen una serie de requisitos y garantías por las cuales el adjudicatario deberá responder. No obstante, en cuanto al hecho de adjudicar la obra a la empresa GIA+A, el fallo se encuentra motivado de forma insuficiente, señalándose prácticamente en exclusiva que dicha compañía “cumple con los requisitos señalados en la convocatoria y en las bases de licitación del concurso”.5

En ese sentido, en el artículo 55 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas se establece que “la institución convocante elaborará un dictamen que servirá de base para el fallo, en el que se hará constar el análisis de las propuestas, las razones para admitirlas o desecharlas, la comparación de las mismas, y los elementos por los cuales la propuesta ganadora es la que ofrece las mejores condiciones para el Estado”.6 Una adecuada motivación del fallo constituye un requisito esencial en términos de transparencia, publicidad y legitimidad de las decisiones de adjudicación de contratos públicos. La exigencia de argumentación suficiente en el fallo supone un requisito mínimo de protección institucional contra el nepotismo y la corrupción; máxime en un caso en el cual la obra ha sido otorgada a una compañía que pertenece a un familiar cercano al expresidente Carlos Salinas de Gortari. En adición, el grupo GIA ha sido beneficiario de otros proyectos de construcción hospitalaria mediante esquemas de contratación público-privadas, como es el caso del hospital Dr. Martiano Carvajal, en Mazatlán, Sinaloa.

Además, la asociación pública-privada para la construcción del Hospital de Mérida se ha desarrollado bajo el esquema de Propuesta No Solicitada (PNS), el cual implica que la iniciativa para originar el proyecto corresponde a la contraparte privada y no a la administración pública, como ocurre en la mayoría de los casos. Ello supone que no ha sido ninguna institución pública la que, en el ejercicio de sus funciones, ha identificado un interés público que puede ser satisfecho mediante esta modalidad de contratación. Esto último genera unas necesidades aún superiores de transparencia y justificación del proyecto. Todos los elementos anteriores deben ser considerados por la Auditoría Superior de la Federación para implementar una auditoría financiera y de desempeño al mencionado contrato público.

Cuarta. El 9 de mayo del 2014, el ISSSTE notificó el fallo de adjudicación del contrato de asociación público-privada para la sustitución del Hospital General de Culiacán, Dr. Bernardo J. Gastelum, que benefició a las compañías “Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, SA de CV”, y “Desarrolladora en Infraestructura de Salud Proan, SA de CV”. Según ha trascendido, el monto que tendrá que pagar el Estado de Sinaloa por el terreno donde se construirá el Hospital supera en 3.5 veces la cuantía original aprobada por el Congreso del Estado. Un desfase presupuestario de esta gravedad, aun cuando fuera aprobado por el legislativo estatal, debe ser auditado. Además, una investigación periodística ha revelado que la empresa inmobiliaria que vendió los terrenos a la contraparte privada para la ejecución de la obra sólo adquirió dichos predios una vez que el proyecto de asociación-público privada se estaba elaborando.7 Ello puede señalar el ejercicio de prácticas de especulación inmobiliaria alrededor de los recursos públicos que moviliza el proceso de contratación del Hospital General de Culiacán. Es necesario que la ASF examine y evalúe todo el proceso de licitación, adjudicación y ejecución del proyecto.

Quinta. En octubre del 2014, también mediante licitación internacional y bajo el formato de asociación público-privada, el ISSSTE adjudicó a la compañía Consorcio Tradeco IGSA el Proyecto de Prestación de Servicios del Hospital General “Dr. Gonzalo Castañeda Escobar”, en Ciudad de México. El diseño incluye la demolición, construcción, equipamiento, mantenimiento, operación y prestación de servicios médicos, por un monto de 8,068 millones de pesos sin IVA durante 23 años.8 La ASF implementó una auditoría financiera y de cumplimiento, análisis que señaló que “la fase de demolición que se estimaba finalizar el 4 de marzo de 2015 aún se encontraba inconclusa el 23 de Junio de 2015, cuando se realizó una visita. Además, el ISSSTE no informó de las causas de los retrasos, ni demostró contar con mecanismos de supervisión y control”9

La ASF señala que el ISSSTE “no celebró operación alguna constitutiva de deuda pública en términos de los artículos 1 y 2 de la Ley General de Deuda Pública, mientras que la realidad es que el proyecto de prestación de servicios bajo el esquema de Asociación Público-Privada presenta características análogas a una deuda; su formalización contractual representa obligaciones ineludibles de gasto a largo plazo con cargo en el organismo descentralizado y por ende en el Gobierno Federal”. Además, el modelo financiero elaborado por el ISSSTE determinó un monto de 7,544 millones de pesos que difiere en 523 millones de pesos con el pactado en el contrato por 8,068 millones de pesos.10 Resulta necesario que la Secretaría de la Función Pública informe de qué consecuencias y medidas de seguimiento se han establecido para solventar las irregularidades descubiertas por la Auditoría Superior de la Federación respecto del citado contrato.

Sexta. La erogación de inversiones y gastos de capital en concepto de gasto corriente mediante la figura de la asociación público-privada es un problema que no sólo afecta al caso señalado. Ello supone el ejercicio de una práctica financiera fraudulenta desde el punto de vista contable, por cuanto permite evadir la legalidad vigente sobre deuda y comprometer recursos públicos a largo plazo sin límites. Como en el caso del Hospital General “Dr. Gonzalo Castañeda Escobar, las inversiones a largo plazo a través de esquemas de asociación público-privada encubren el endeudamiento de las instituciones federales, comprometiendo la sostenibilidad financiera del Estado y presionando su balance fiscal en el futuro. Por ello, la motivación de los proyectos de colaboración público-privadas tienen que poner énfasis en las necesidades y beneficios objetivos de este tipo de fórmulas, que como se ha demostrado generan una catálogo de serios peligros y desafíos en el manejo de los recursos públicos.

Todos los casos expuestos en la presente proposición con punto de acuerdo tienen en común ser proyectos de colaboración hospitalaria entre el sector público y el privado y haber sido señalados por irregularidades en alguna de sus fases de implementación. Ello nuevamente enfatiza la necesidad de que la Auditoría Superior de la Federación y el resto de instituciones públicas implicadas redoblen la vigilancia y el escrutinio sobre cada proyecto de asociación público-privada, máxime cuando éstos afectan a servicios públicos esenciales y comprometen los recursos financieros del Estado a largo plazo. Tal y como los casos relatados muestran, el compromiso con la transparencia, la austeridad y el manejo eficiente de los recursos públicos encuentra un serio desafío en la proliferación de los esquemas de contratación público privada. Es tarea de todas las instituciones públicas implicadas velar por el correcto funcionamiento de este tipo de formatos de inversión, evitar la colusión de intereses y asegurar que no se produzca malversación y desvío de fondos públicos.

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a auditar los procesos de contratación pública del Hospital General de Ticul, en Yucatán; del Hospital General de Mérida, también en Yucatán; y del Hospital General de Culiacán, en Sinaloa.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública a que comunique a la opinión pública las acciones que se han generado como resultado de la “Auditoría Financiera y de Cumplimiento N. 14-1-00GYN-02-0160 DS-092” realizada a la asociación pública-privada para la Prestación de Servicios del Hospital General “Dr. Gonzalo Castañeda Escobar”, de Ciudad de México.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Secretario de Salud Pública, José Ramón Narro Robles, a comunicar a la opinión pública, en el ámbito de sus competencias, las condiciones de desarrollo general de estos proyectos de colaboración público-privados, en términos de su justificación y beneficios.

Notas

1 Mayntz, R. (2001). El Estado y la sociedad civil en la gobernanza moderna. Reforma y democracia, (21), 7-22.

2 OCDE (2012) Public Governance of Public-Private Partnerships, 16 de mayo de 2012, disponible el 6 de septiembre de 2016 en https://www.oecd.org/governance/budgeting/PPP-Recommendation.pdf

3 Zúñiga N, “Dejan en el tintero hospitales vía APP”, 25 de agosto del 2016, disponible el 6 de septiembre de 2016 en http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=92338 6&md5=96a693dc6d3fd06fae77459add5b1aa3&ta=0dfdbac11765226904c16 cb9ad1b2efe&po=4

4 ISSSTE (2016) Acta del fallo de licitación pública internacional mixta APP-019GYN006-E3-2016, de conformidad con la Ley de Asociaciones Público-Privadas, 22 de Agosto del 2016, disponible el 5 de Septiembre del 2016 en http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/127003/ACTA_FALLO_APP_MER IDA.PDF

5 Ídem

6 Ley de Asociaciones Público-Privadas, artículo 55, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lapp.htm

7 Cuamea F. y otros “El nuevo hospital de Culiacán endeudaría a los próximos cinco gobernadores”, 21 de Julio del 2015, Arístegui Noticias, disponible el 6 de Septiembre del 2016 en http://m.aristeguinoticias.com/2107/mexico/hospital-de-culiacan-el-expe diente-oculto-investigacion-de-noroeste/

8 Auditoría Superior de la Federación (2014), “Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-00GYN-02-0160 DS-092”

9 Ídem, pág. 14

10 Auditoría Superior de la Federación (2014), “Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-00GYN-02-0160 DS-092, pág. 19

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2017.

Diputada Araceli Damián González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a difundir el informe del avance en la ejecución de los trabajos de la obra CG-234 para modernizar y ampliar la carretera Palenque-San Cristóbal de las Casas, primera etapa, y actualizar la información del portal Sigue la Obra Pública, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Exposición de Motivos

La accesibilidad y conexión entre los pueblos y personas es y seguirá siendo la base misma del avance social. El desarrollo de redes estables hace tangible tanto el comercio como la inversión dentro de los países, dichas redes solo pueden ser desarrolladas por medio de infraestructura eficiente y de calidad.

En esa tesitura, el actual gobierno mexicano ha incluido dentro de sus metas la construcción de más y mejor infraestructura carretera, su intencionalidad reflejada en el Programa Nacional de Desarrollo destaca que para lograr un “México Prospero” es necesario el “desarrollo de una infraestructura adecuada (ya que) fomentará la competencia, así como permitirá mayores flujos de capital”,1 debido a que como reconocen las autoridades mexicanas, la calidad de infraestructura del país es baja y la conectividad debe incrementarse.

Debe aumentar en todo el territorio en general, pero particularmente se debe prestar atención a todas aquellas zonas que por razones específicas como lo es la actividad turística, hacen más que necesario infraestructura adecuada que permita y asegure el flujo constante de personas siempre con la más alta calidad cumpliendo características de eficiencia y eficacia.

En este aspecto uno de los Estados con mayor importancia dentro del mercado turístico es Chiapas, atendiendo a ésta responsabilidad, dentro del Programa Nacional de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes 2013-2018, se planeó el desarrollo de 8 proyectos de alto impacto con una inversión estimada de 8,600,290 mdp, dentro de éstos proyectos 7 son compromisos de gobierno. 2

Entre estos, se encuentra el proyecto CG-234 con el cual se busca modernizar y ampliar la carretera Palenque- San Cristóbal de las Casas. La importancia de la ejecución del proyecto en tiempo y forma, se debe a que la autopista mantiene la accesibilidad a la zona turística del “Mundo Maya” que de acuerdo al Instituto Nacional de Antropología e Historia; la Zona Arqueológica de Palenque, Patrimonio Cultural de la Humanidad, ocupa el 4° lugar dentro del ranking de zonas arqueológicas con más visitas. Asimismo se encuentran zonas reconocidas mundialmente por su belleza, como lo son las cascadas de Agua Azul, Misol Há, la de Webil ja, la Zona Arqueológica de Bonampak, la Zona Arqueológica de Toniná y la de Yax´chilan, entre otras.

Según el proyecto correspondiente, las ventajas de la modernización y de la ampliación de la carretera son que:

• Permitirá detonar la economía y el turismo colonial, arqueológico y ecológico en el estado de Chiapas al ofrecer ahorros en el tiempo de recorrido así como una mayor seguridad y reducción de incidencias para los usuarios, al potenciar el uso del nuevo Aeropuerto de Palenque.

• Reducción de 1 hora 41 minutos en el tiempo de recorrido; al pasar de 3 horas 53 minutos a 2 horas 12 minutos.

• La autopista contribuirá a integrar un circuito carretero que conectará los principales destinos turísticos y poblaciones de la regiones Metropolitanas del Sur-suroeste, entre los que destacan Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Cascadas de Agua Azul, Misol-Ha, Palenque y Villahermosa, entre otros.3

Con el fin de cumplir con la máxima del diseño institucional de los gobiernos abiertos, es decir, la transparencia, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha desarrollado una plataforma electrónica4 que tiene por objetivo informar a ciudadanos y ciudadanas desde la planeación, contratación, ejecución, hasta la conclusión de la obra. En el mencionado portal, el proyecto CG-234 Palenque-San Cristóbal de las Casas, se expone que el proyecto se encuentra en proceso con un costo de inversión de 3,000 mdp. 5

Asimismo se establece que la fecha de inicio estimada fue el 1/04/2016 y su conclusión se prevé para el día 31/12/2018, sin embargo, pese a que la fecha de inicio ya pasó, en la consulta del avance físico se puede observar que es de, según la misma página de consulta, 0%. Por ello considero necesario que el portal de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, específicamente la Subsecretaria de Infraestructura, informe la situación real de la obra, el avance, si es que existe o en su caso actualicen la información del portal, con el objetivo de seguir cumpliendo con la rendición de cuentas de sector tan importante del que depende el desarrollo adecuado de las actividades económicas de ese sector.

También considero necesario que se publique en la mencionada página, ya que aparece como no disponible, los aspectos referidos al: Procedimiento de contratación, el número de la licitación, el número de contratos, al contratista y la fuente de financiamiento; todo con el objetivo de hacer cumplir los propios de la SCT, es decir, cumplir con la generación de mejores procesos de vigilancia y rendición de cuentas al permitir que la ciudadanía haga consultas de fácil acceso.6

Así como los de la Subsecretaria de Infraestructura que son: organizar y poner a disposición del personal técnico-administrativo de la SCT, así como de la ciudadanía, la homologación de documentos de obra pública y servicios relacionados con las mismas, como instrumento de consulta que facilite el desarrollo de las operaciones de planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución, control, cierre y vigilancia de obras y servicios relacionados con las misma, asociados con programas de la SCT a fin de propiciar la transparencia, estandarización y calidad de operaciones, la mejora continua de los procesos y el cumplimiento de la normatividad asociada.7

Considerandos

Primero. El artículo 134 constitucional objetiva que todos aquello recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, la Ciudad de México y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

De acuerdo a ello, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene la obligación de transparentar las fuentes de financiamiento para la obra citada, así como su ejercicio reflejado en el avance de la obra.

Segundo. El artículo 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas establece que la forma y términos en que las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría y a la Secretaría de Economía la información relativa a los actos y contratos materia de esta Ley, serán establecidos por dichas Secretarías, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. La administración del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad administrativa que determine su Reglamento, en el cual las dependencias, entidades y los demás sujetos de esta Ley, deberán incorporar la información que ésta les requiera. El sistema a que se refiere el párrafo anterior, tendrá los siguientes fines: I. Contribuir a la generación de una política general en la Administración Pública Federal en materia de contrataciones de obras públicas y servicios relacionados con las mismas; II. Propiciar la transparencia y seguimiento en las contrataciones de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y III. Generar la información necesaria que permita la adecuada planeación, programación y presupuestación de las contrataciones públicas, así como su evaluación integral.

Tercero. El Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información se establece que, en la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:

XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos;

XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;

XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:

8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;

12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados;

b) De las adjudicaciones directas:

9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito al pleno de esta soberanía, la sensibilidad en el tema y por lo tanto, el voto a favor de la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al secretario de Comunicaciones y Transportes, maestro Gerardo Ruiz Esparza, a que haga público el informe del avance en la ejecución de los trabajos de la obra CG-234 modernizar y ampliar la carretera Palenque-San Cristóbal de las Casas (primera etapa) y actualice la información del portal “Sigue la obra pública”, así como la información correspondiente a los siguientes rubros: procedimiento de contratación, número de la licitación, número de contratos, al contratista y la fuente de financiamiento; para cumplir con la generación de mejores procesos de vigilancia y rendición de cuentas al permitir que la ciudadanía haga consultas de fácil acceso.

Notas

1 Plan Nacional de Desarrollo, Enlace URL: http://pnd.gob.mx/

2 http://www.sct.gob.mx/fileadmin/banners/Programa_Sectorial_de_Comunicac iones_y_Transportes.pdf

3 Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Infraestructura Carretera de México, Enlace URL:
http://www.amaac.org.mx/archivos/eventos/2016/seminario_internacional_del_asfalto_
2016/1_sfa_infraestructura_carretera_en_mexico.pdf, Octubre 2016.

El sistema digital busca informar sobre el avance de obras públicas para su difusión, evaluación y seguimiento. El sistema debe incluir toda la información pertinente, desde la planeación hasta la operación de la obra.

4 Sistema de Control y Seguimiento de Obras, Enlace URL: http://aga.sct.gob.mx/sigueObraPublica.do#

5 Ídem.

6 Ídem.

7 Secretaria de Comunicaciones y Transporte, portal de homologación, Enlace URL: http://www.sct.gob.mx/obrapublica/.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 9 de febrero de 2017.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a fortalecer y garantizar las condiciones de logística de almacenamiento, transporte y comercialización del mercado de combustible en México, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La suscrita, Mirna Isabel Saldívar Paz, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2 y 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Energía, de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Reguladora de Energía a que lleven a cabo, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, las acciones necesarias para fortalecer y garantizar las condiciones de logística de almacenamiento, transporte y comercialización del mercado de combustibles en México, a fin de que se oferten precios competitivos en beneficio de los consumidores y sus familias, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La liberalización de los precios de las gasolinas y el diésel recientemente implementada en nuestro país, sin duda alguna ha generado incertidumbre respecto al tiempo que tardará que los importes de los combustibles sean competitivos y acordes a la realidad socioeconómica de la mayoría de la población.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza somos conscientes de que la liberalización más que una decisión arbitraria se trató de una medida necesaria, cuyos impactos reales se percibirán en el mediano y largo plazo; sin embargo, no podemos ser omisos en reconocer que las condiciones que actualmente enfrenta el incipiente mercado de los combustibles son un factor que incide negativamente en el precio final que los consumidores pagan por esos productos.

Contar con un mercado de combustibles en el que se transitó de un monopolio total a un modelo abierto a la competencia, sin contar con una sólida logística de almacenamiento, transporte y comercialización, así como con una consistente inversión en el sector por parte de los nuevos actores fue, sin duda, uno de los diversos factores que generaron la situación que actualmente estamos enfrentando.

Resulta incuestionable que nuestro país debe fortalecer el mercado de combustibles en todos sus procesos, a saber: producción, almacenamiento, distribución y comercialización; y en este orden de ideas es imprescindible contar con las condiciones necesarias que atraigan a nuevos actores, a fin de que la apertura redunde no sólo en mejores precios, sino también en la oferta de mejores productos y en un beneficio directo para la población, que es precisamente a quien se busca beneficiar.

Los factores externos como el precio internacional del petróleo y el mercado de divisas inciden inevitablemente en el costo de los combustibles y, lamentablemente, no podemos influir como quisiéramos en dichos elementos, pero está en nuestras manos incidir en los factores internos, y en ellos se debe trabajar para crear las condiciones necesarias que permitan al mercado fortalecerse y generar los entornos óptimos para que el consumidor sea beneficiado con precios competitivos y una mayor calidad en los productos que se pongan a su disposición.

Por ello, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos de suma importancia que las instancias responsables se aboquen en generar las condiciones necesarias para que aquellos interesados en participar en el mercado nacional de combustibles estén en aptitud de involucrarse con la mayor celeridad en el desarrollo de la infraestructura física necesaria para, en primera instancia, se amplíe la capacidad de almacenamiento, la cadena de transporte y/o distribución y la comercialización al consumidor final.

Debe ser prioritario para las instituciones a cargo de la atención del sector energético favorecer el desarrollo de las condiciones necesarias que garanticen el advenimiento de inversiones; el momento es ahora, la población y, en especial, los sectores de más bajos recursos y mayor vulnerabilidad económica, necesitan del gobierno federal acciones puntuales y efectivas que generen, reiteramos, los escenarios óptimos para el desarrollo de un mercado de combustibles competitivo, cuyos participantes estén en posibilidad de enfrentar y participar de una sana competencia, en un mercado que necesita fortalecerse en todos los eslabones de su cadena productiva y comercial.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Energía, de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Reguladora de Energía a que lleven a cabo, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, las acciones necesarias para fortalecer y garantizar las condiciones de logística de almacenamiento, transporte y comercialización del mercado de combustibles en México, a fin de que se oferten precios competitivos en beneficio de los consumidores y sus familias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2017.

Diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas de los estados a acelerar la armonización de sus normas alrededor de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la normativa federal por la que se establece el Sistema Nacional Anticorrupción, a cargo del diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI

Hugo Cabrera Ruiz, diputado a la LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las Legislaturas de los estados, aceleren en beneficio de la sociedad, la armonización de las normas locales alrededor de la reforma a la Constitución federal y a sus normas secundarias por la que se establece el Sistema Nacional Anticorrupción, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El 27 de mayo de 2015 con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano se estableció el Sistema Nacional Anticorrupción, que fue motivo para la posterior creación de leyes secundarias y otros dispositivos jurídicos en la materia, los que recientemente iniciaron su vigencia el 18 de julio de 2016.

La reforma sin duda, representa una propuesta profunda y sin precedente en el combate a la corrupción que tanto preocupa a los mexicanos; de acuerdo con una reciente encuesta, el 51.4 por ciento de la población cree que la corrupción en el estado en el que vive es incluso mayor a la que había hace 5 años. 1

Para mal, la corrupción se ha convertido desde hace décadas en un fenómeno social arraigado en la propia población, ante la indiferencia e incentivo del propio poder público.

Nocivas formas que han permitido la reproducción de la corrupción a cualquier nivel y que ahora se ha convertido en una actividad recurrente que genera pérdidas en el país del orden de entre 2 y 10% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con un Informe presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).2

Sobre este tema han existido debates y posturas desde casi cualquier óptica; antes de la reforma constitucional sobresalieron, en el año 2014, las reflexiones del prestigiado doctor en sociología por La Sorbona y etnólogo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Roger Bartra que se formulaba la pregunta “¿La corrupción es en México un problema cultural o institucional?”

El doctor mostraba una contundente crítica al gobierno federal sobre su proceder en la materia, a saber: “El presidente (...) parece preferir el pausado proceso educativo antes que la aplicación de una reforma institucional inmediata para perseguir la corrupción...”3

El investigador registraba voces que por un lado reconocían la existencia de una solución estructural, pero por otro lado, urgían en la necesidad complementaria de una acción coyuntural.

Él, por su parte, expresaba que “... son necesarias obras de ingeniería institucional, pero que estas solo pueden arrancar con vigor una vez que se haya sedimentado una cultura cívica sólida...”4

Señalaba que si bien es “es cierto que se suele requerir de un largo tiempo para cambiar la moral y las costumbres que un nacionalismo viciado pareciera haber implantado en el carácter del mexicano. Pero este largo tiempo ya ha transcurrido y (...) que hoy una gran parte de la sociedad civil rechaza las prácticas corruptas. El cambio cultural ya ha ocurrido, aunque sea de manera incipiente. Sin duda tardó muchos años en llegar, pero ya está aquí...”5

Las nociones anteriores nos resumen un proceso que ya iniciamos los mexicanos, y que debemos llevar a buen término a la brevedad.

La reforma emprendida comprende un sistema que prevé una mejor coordinación del gobierno a través de varias instancias dedicadas a prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción.

El mismo será presidido por un Comité de Participación Ciudadana y contará con la participación de siete instancias; la Auditoría Superior de la Federación; el Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (nueva figura por cierto, una especie de ministerio público especializado en la persecución de estos delitos); el Titular de la Secretaría de la Función Pública; un representante del Consejo de la Judicatura; el Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y el Presidente del tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa (también se considera que existirán salas especializadas, es decir, jueces).

El Sistema Nacional Anticorrupción, desde la reforma a la Ley Fundamental y sus leyes secundarias, es el esfuerzo original que deberá propiciar un cambio en la percepción práctica que de éste tema se tiene en lo más profundo de nuestra sociedad.

Se trata de un arranque novedoso que además establece entre otras cosas, delitos nuevos, inclusive aquellos enfocados al sector privado; niveles de gravedad de los mismos y, por supuesto, la participación ciudadana.

Ahora bien, ¿qué pasos siguen? Que las Legislaturas de los Estados armonicen sus normas locales en la materia, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Federal y en las leyes secundarias.

Si bien se posee hasta un año, de acuerdo con los transitorios de las reformas para que este proceso se agote, la presente proposición quiere realizar un llamado para que el mecanismo no sólo se limite al trámite legislativo, debemos abonar a favor de la cultura cívica y urgir en la adecuación plena antes del término de esta tan necesitada reforma legal.

Al mismo tiempo, debemos difundir con toda la fuerza y la contundencia que el asunto merece, que no exista mexicano ajeno al tema, debemos renovar la confianza social en el proceder público, y como sociedad, debemos encontrarnos atentos al desarrollo y perfectibilidad del sistema.

Un México sin corrupción nos ocupa y nos preocupa; como legisladores debemos insistir en un cambio de fondo en la materia, nuestras prioridades como país, como el combate a la pobreza, el desarrollo económico, la justicia y la equidad, entre muchos otros asuntos, se desatienden por enfocar recursos y tiempo para solventar vicios crecientes alrededor de la aplicación de las políticas públicas, tales como la corrupción y la impunidad. Es el momento.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de la asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Legislaturas de los Estados, aceleren la armonización de sus normas locales alrededor de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de sus normas secundarias, por la que se establece el Sistema Nacional Anticorrupción, aplicando el principio de máxima publicidad en el proceso referido, con la intención de que la población del país se encuentre debidamente enterada de este asunto que tendrá implicaciones benéficas en su propia localidad.

Notas

1 Decimoquinta Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad Ciudadana en México por la encuestadora Consulta Mitofsky y la asociación México Unido contra la Delincuencia, realizada del 3 al 6 de marzo de 2016 en diferentes entidades de la República.

2 Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). “La corrupción en México: Transamos y no avanzamos”

3 Roger Batra, “La corrupción”. Letras Libres, 24 de septiembre de 2014. (Publicado en el periódico Reforma el 23 de septiembre, 2014).

4 Ídem.

5 Ídem.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 9 de febrero de 2017.

Diputado Hugo Cabrera Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a modificar el plazo de devolución por acreditamiento del IEPS aplicable a los combustibles como estímulo fiscal, a fin de apoyar la economía de los pequeños empresarios gasolineros de la frontera norte, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal María Eloísa Talavera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuestro país actualmente atraviesa una etapa de incertidumbre económica, derivado de factores como el aumento del tipo de cambio del dólar frente al peso, provocado la desconfianza de los mercados internacionales por el endeudamiento excesivo del gobierno de México y por la depreciación internacional del petróleo.

Por otra parte con el objetivo de consolidar la reforma energética aprobada en el año 2013 en materia de combustibles fósiles, en este 2017 el Ejecutivo Federal propuso la liberalización gradual de los precios al público de las gasolinas y el diésel, dos de los principales combustibles fósiles usados para el transporte, así mismo en la Ley de Hidrocarburos se previó que dicha liberalización ocurriera a más tardar en 2018.

Las medidas de liberalización se anunciaron en el momento menos indicado, debido a la situación interna del país, pero también a la situación externa, cuando los mercados no garantizaban que hubiera condiciones básicas y adecuadas, que aseguraran completa certeza en el tratamiento fiscal de esos combustibles así como mecanismos de protección a los consumidores.

Lo anterior ocasionó que los precios máximos al público de los combustibles debieran determinarse de manera tal que reflejen los precios internacionales de las referencias del combustible de que se trate y los costos de suministro en la región en cuestión.

Bajo estos indicadores, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) emitió los precios máximos al público aplicables a las gasolinas y el diésel durante el periodo comprendido del 1° de enero al 3 de febrero de 2017, en las 83 regiones en que dividió al país para tales efectos. Se determinó que los precios al público de la gasolina tendrían un incremento de 14.2% adicional para gasolina magna, 20.1% para gasolina Premium y 16.5% para el diésel.

El incremento del precio de las gasolinas ha resultado preocupante para la sociedad por el impacto que esto tendrá en cada uno de los precios de la canasta básica así como de los bienes y los servicios que requieren los mexicanos. Por ello los ciudadanos han demostrado su inconformidad manifestándose en prácticamente todos los estados de la República, con mayor énfasis en estados de la frontera norte.

Respecto a la frontera norte el Ejecutivo Federal público el acuerdo por el que se establecen estímulos fiscales en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles con la finalidad de limitar la posibilidad de una afectación económica a los habitantes de dicha zona fronteriza, atendiendo a los diferenciales de precios de dichos combustibles aplicables en el territorio nacional, frente a los promedios simples de precios en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos de América.

No obstante dicho decreto establece que el estímulo fiscal tiene que ser puesto en un principio por los empresarios, determinando la devolución del estímulo en un término de trece días hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la solicitud de devolución, además de cumplir con ciertos requisitos que hacen aún más complicada su devolución.

Lo anterior de acuerdo a la primera resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, emitida por la SAT, que establece:

Devolución del excedente del estímulo acreditable

11.9.1. Para los efectos de lo previsto en los Artículos Segundo, Tercero y Quinto del Decreto a que se refiere este Capítulo, en relación con el artículo 22 del CFF, el estímulo o su excedente que no se haya acreditado, podrá solicitarse en devolución utilizando el FED disponible en el Portal del SAT bajo la modalidad “Estímulo IEPS Frontera-Gasolinas”, la cantidad que resulte procedente se devolverá en un plazo máximo de trece días hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la solicitud de devolución...

Es decir, los empresarios tienen que comprar de Petróleos Mexicanos el producto al precio actual, sin ninguna reducción en el costo y vender la gasolina más barata a la ciudadanía, para después tratar de recuperar el diferencial a través de un proceso complicado con Hacienda que podría tardar meses.

Las medidas establecidas afectan principalmente a los pequeños empresarios del ramo, que no cuentan con la capacidad económica para financiar dichos recursos.

Como supuesto de lo anterior es que si un empresario compra 500 mil litros de gasolina, y el diferencial con el estado norteamericano vecino es de 3 pesos, esa estación de combustible estará financiando 1 millón y medio de pesos, cuando la utilidad bruta de esos 500 mil litros no representa ni quinientos mil pesos, con lo cual podrían condenar al cierre de operaciones a decenas de pequeños empresarios del ramo por no contar con la solvencia económica.

Datos de la Organización Nacional de Distribuidores de Petróleo (Onexpo), han señalado que alrededor de 180 gasolineras ubicadas en la frontera norte, han detenido sus operaciones por la falta de capacidad financiera de mantener dichas medidas.

Estas medidas van en contra de acciones que apoyen el crecimiento de las pequeñas empresas al sacarlos de competitividad contra otras empresas que si cuentan con la solvencia económica, además de condenarlas a cerrar y a mandar al desempleo a miles de trabajadores en la frontera norte.

Cabe señalar que en algunos estados de la frontera norte, algunos empresarios están proponiendo no aceptar el subsidio otorgado por el gobierno federal ya que consideran que lejos de apoyarlos, la medida los condena a una circunstancia inviable.

Es indispensable que ante este contexto, se reduzca el plazo de devolución del estímulo fiscal que se les otorga a los pequeños empresarios gasolineros de la frontera norte ya que de otra forma están condenados a cerrar operaciones.

Resulta necesario contar con instrumentos que fortalezcan y fomenten el mercado interno creando entornos que favorezcan a los pequeños empresarios y que generen el desarrollo económico nacional.

Derivado de lo anterior el presente punto de acuerdo tiene por exhortar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que modifique el plazo de devolución por acreditamiento del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicables a los combustibles como estímulo fiscal, a fin de apoyar la economía de los pequeños empresarios gasolineros de la Frontera Norte.

Con base en lo anteriormente expuesto y a efecto de apoyar e impulsar a las pequeñas empresas de la frontera norte, en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a la elevada consideración de esta honorable asamblea proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que modifique el plazo de devolución por acreditamiento del impuesto especial sobre producción y servicios aplicable a los combustibles como estímulo fiscal, de 13 a 5 días y que se encuentra establecido en la primera resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 que adiciona el capítulo 11.9 al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2017.

Diputada María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a hacer pública la información sobre los obsequios recibidos durante su mandato; y a la SFP, a investigar la legalidad de éstos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Omar Ortega Álvarez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno, el presente punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

De acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su artículo 88, queda señalado que “durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y un año después, los servidores públicos no podrán solicitar, aceptar o recibir por sí, o por interpósita persona, dinero o cualquier otra donación, servicio, empleo, cargo o comisión para sí [...] que determinen conflicto de intereses”.

Ello corresponde también a cualquier persona cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales estén directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate.

Siguiendo lo anterior, “se castigará como cohecho las conductas de los servidores públicos que violen lo dispuesto en este artículo y serán sancionados en términos de la legislación penal”. Como complemento del artículo anterior, se advierte en el 89 que cuando un servidor público reciba obsequios, donativos o beneficios cuyo monto sea superior al que en él se establece o sean de los estrictamente prohibidos, deberán informar de ello a la autoridad que la Secretaría de la Función Pública (SFP) determine.

Pese a la normativa vigente y a todos los esfuerzos legislativos en materia de transparencia y anticorrupción, a Los Pinos han ingresado más de mil obsequios dirigidos al actual titular del Ejecutivo sin que se conozcan las razones de por qué fueron enviados, cuál ha sido su costo ni por qué fueron recibidos. Con información hemerográfica, el pasado 7 de noviembre del año en curso, fue dado a conocer a la opinión pública, mediante una petición al Comité de Información de la Presidencia de la República, los regalos que ha recibido el presidente Enrique Peña Nieto, en sus casi cuatro años de gobierno.

De acuerdo con el comunicado, entre las personalidades que destacan por haber regalado algún presente, se encuentran Javier Duarte, gobernador de Veracruz con licencia y César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, ambos acusados de presuntos actos de corrupción. En la lista también aparecen Rosario Robles Berlanga, cuando era secretaría de Desarrollo Social y Rafael Moreno Valle Rosas, gobernador de Puebla, entre otras personalidades.

El presidente de México no tiene prohibido recibir regalos, pero conforme a la misma Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, “no se considerarán los que reciba el servidor público en una o más ocasiones, de una misma persona física o moral de las mencionadas [...], durante un año, cuando el valor acumulado durante ese año no sea superior a diez veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de su recepción.”

Anudado esto, sorprende que la respuesta solicitada sobre el costo de los presentes dados a Peña Nieto, haya sido omitida sin dejar claro nada. Según el acta CI/PR/2SO/2015, el Comité de Información de la Presidencia de la República declaró inexistente el valor de los regalos u obsequios. Lo que deja a incertidumbre si dichos regalos cumplen los preceptos que señalan la ley o no.

Javier Duarte de Ochoa, gobernador con licencia de Veracruz, aparece entre los que más le han regalado cosas a Peña Nieto junto con César Duarte, exgobernador de Chihuahua.

El cumpleaños de Peña Nieto también ha sido motivo de la recepción de varios regalos que han sido enviados a la residencia oficial de Los Pinos; es el caso del festejo número 50, sorpresa organizada por Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación civil “Alto al Secuestro”, allegada consuetudinaria de Los Pinos.

El diario Milenio constató en 2014, mediante una solicitud a la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República, los regalos que el mandatario hasta ese entonces había recibido desde su entrada a Los Pinos, con un total de 546 obsequios entre diciembre de 2012 y enero de 2014. Todos sin la misma especificación: su costo.

De acuerdo con información de la solicitud 0210000002014 entregada por la Oficina de Trasparencia de la Presidencia de la Republica, sólo dos regalos, en ese entonces, se devolvieron: una botella de Whisky y una de Coñac.

Los medios de comunicación se han encargado también de dar a conocer que el valor de los regalos recibidos en Los Pinos, en los sexenios de los Presidentes Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), tampoco fue registrado.

Tan sólo con Felipe Calderón, los presentes ascendieron a más de tres mil, entre los cuales se encuentra un arcón navideño de tres pisos con 30 botellas de tequila, vino blanco, whisky y ron, enviado a la dependencia por el entonces diputado Benjamín González Roaro, el 20 de diciembre de 2007.

Los regalos recibidos por Felipe Calderón abarcan 191 hojas tamaño carta, según respondió la Presidencia a la solicitud 0210000015113; pero en cuanto a su valor por unidad y en conjunto, no respondió. “El costo de ninguno de los regalos recibidos fue calculado, por lo que no se cuenta con dicho dato...”, expuso Presidencia respecto a todos los obsequios que recibió Felipe Calderón cuando fue Primer Mandatario.

En su respuesta, la Presidencia dejó claro que de tres mil 506 regalos regresó 55 a la Secretaría de la Función Pública por considerar que su precio superaba el costo permitido por el marco normativo vigente; es decir 10 salarios mínimos (en ese momento, 2011, la cantidad era de 598 pesos).

En el caso del ex presidente Vicente Fox, se negó a brindar el valor de sus regalos y bajo su cargo clasificó como “confidenciales” los nombres de quienes se los dieron amparados en un criterio de protección de datos personales, frente a la solicitud 0210000035805, realizada a mediados de 2005.

La responsabilidad del servidor público es ser una persona orientada por el deseo de entender, servir y atender las necesidades de las ciudadanas y ciudadanos, poniendo a disposición de la nación sus capacidades. Debe tener claro su rol como servidor y anteponer los máximos fines del Estado a cualquier propósito o interés particular. En este mismo sentido, el principio de la transparencia y rendición de cuentas debe regir en todo momento el ejercicio de la función pública en todos sus niveles.

Por lo señalado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo Federal a hacer pública la información sobre cada uno de los regalos, donaciones y cualquier obsequio que haya recibido desde el principio de su mandato hasta este momento, así como nombre de quien lo haya enviado y costo total, o una valuación aproximada del mismo.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaria de la Función Pública para vigilar el desempeño de los servidores públicos federales, e investigar la legalidad de los regalos, donaciones y cualquier obsequio que haya recibido el Titular del Poder Ejecutivo Federal desde el principio de su mandato hasta este momento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2017.

Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a fin de que las dependencias y las entidades a su cargo cuenten en portales de internet con versiones traducidas a lenguas indígenas, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Jorge Álvarez Máynez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a fin de que el gobierno federal, las dependencias y entidades a su cargo, cuenten en portales de Internet con versiones traducidas a lenguas indígenas, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El 14 de enero de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales: Variantes Lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas”,1 mismo que, partiendo de un estudio elaborado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, reconoce como lenguas nacionales, las 364 variantes lingüísticas que se registran en nuestro país.2

Asimismo, recientemente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió una tesis aislada que reconoce a las lenguas indígenas como lenguas nacionales:

Época: Décima Época
Registro: 2011772
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 31, Junio de 2016, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. CLV/2016 (10a.)
Página: 699

Personas y pueblos indígenas. Las lenguas indígenas también son lenguas nacionales.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se establece que el español sea el idioma nacional, sino que se da cabida y pleno reconocimiento a las lenguas indígenas. Así, de dicho reconocimiento puede derivar la caracterización de las lenguas indígenas como lenguas nacionales, más aún, en el artículo 4o. de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, se prevé que tanto el español como las lenguas indígenas son lenguas nacionales.

Amparo en revisión 622/2015. Mardonio Carballo Manuel. 20 de enero de 2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.

Esta tesis se publicó el viernes 3 de junio de 2016 a las 10:03 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

En ese sentido, dichas variantes, que se “sustentan en 68 agrupaciones de lenguas, integradas en 11 familias lingüísticas”,3 deberán, en el marco de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, recibir “el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas, bajo un contexto de respeto a sus derechos”,4 esto es, su reconocimiento como lenguas nacionales “en los espacios educativos, de salud, de servicios, de impartición de justicia, así como en la realización de trámites y requerimientos de información pública”,5 a fin de promover su normalización.

Lo anterior implica que, las autoridades conozcan el número de lenguas habladas en el país, “con la finalidad de contribuir a hacer más eficiente la atención gubernamental dirigida a la población indígena”,6 toda vez que en México -uno de los 10 países con mayor diversidad lingüística–,7 “hay casi 17 millones de personas que se auto identifican como indígenas, es decir el 15% de la población total”,8 porcentaje que va en aumento, pues “la tasa de crecimiento de población indígena en México es la más alta de América Latina, con un 10.7% de incremento entre los años 2000 y 2010”.9 De ese total, “más de dos millones de personas hablan el náhuatl, mientras que más de un millón se comunican en maya”.10

No obstante el mandato legal, “la información del portal de internet de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se puede traducir al inglés pero no tiene traducción a ninguna lengua indígena”.11 Claro ejemplo de ello, es “el portal de internet de la Comisión Nacional de Derechos Humanos [que] se puede traducir a más de 50 idiomas, entre ellas Malayo y Vietnamita, [...] [no tiene versión en] alguna lengua indígena”.12 Asimismo, “la página de internet del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas [...] [no está traducida] a alguna lengua indígena”;13 lo mismo sucede con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación,14 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (que tiene versión en inglés y francés), la Cámara de Diputados y de Senadores, que no cuentan con información en lenguas indígenas.15

En ese sentido, y ante la falta de portales de gobierno traducidos a lenguas indígenas, se “desincentiva su práctica, invisibiliza a sus hablantes y afecta sus derechos de información y participación. En pocas palabras, discrimina”,16 por lo que resulta necesario que las 364 variantes lingüísticas, consideradas lenguas nacionales, tengan “un proceso de normalización lingüística”.17

Llama la atención la referida omisión, ante la oleada de críticas desatadas en contra del Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald J. Trump, por la “eliminación de una sección en español y un blog con contenidos para hispanos que mantenía la Casa Blanca”,18 pues dicho Presidente “se pronunció en campaña por la promoción del inglés como lengua nacional de su país”,19 lo que a su vez discrimina, implícitamente, al sector hispanoparlante de la población de aquél país.

En ese sentido, el actual Gobierno de la República -al igual que el Gobierno estadounidense-, discrimina a un sector de la población mexicana, al no tener, en los sitios de Internet de la Presidencia de la República, así como las dependencias y entidades del gobierno federal, habilitada sección alguna en lenguas indígenas.20

Por tanto, se hace indispensable exhortar al Titular del Ejecutivo Federal, a fin de que el Gobierno Federal, las dependencias y entidades a su cargo, cuenten en portales de Internet con versiones traducidas a lenguas indígenas, para promover su uso cotidiano, así como su desarrollo, bajo un contexto de respeto a los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas.

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Pleno de esta Cámara de Diputados acuerda exhortar al titular del Ejecutivo federal, a fin de que el gobierno federal, las dependencias y entidades a su cargo, cuenten en portales de Internet con versiones traducidas a lenguas indígenas, para promover su uso cotidiano, así como su desarrollo, bajo un contexto de respeto a los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas.

Notas

1 Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales: Variantes Lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas, Diario Oficial de la Federación, disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5028330&fecha=14/01/2 008

2 Desde ayer, el gobierno federal reconoce 364 lenguas nacionales, La Jornada, disponible en:

http://www.jornada.unam.mx/2008/01/15/index.php?section= cultura&article=a04n1cul

3 Ibídem.

4 Artículo 1., de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 2015, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/257_171215.pdf

5 Op. cit., La Jornada.

6 Ibídem.

7 Ibídem.

8 Zavala Saeb, Paola, Portales de gobierno, ¿por qué en inglés y no en náhuatl?, Animal Político, disponible en: http://www.animalpolitico.com/blogueros-la-maquina-de-hacer-pajaros/201 5/02/20/portales-de-gobierno-por-que-en-ingles-y-en-nahuatl/

9 Ibídem.

10 Gobierno de México: sin lenguas indígenas en sus sitios web, RT, disponible en: https://actualidad.rt.com/actualidad/229572-gobierno-mexicano-discrimin a-propias-lenguas-internet

11 Op. cit., Zavala Saeb, Paola.

12 Ibídem.

13 Ibídem.

14 Ibídem.

15 Op. cit., RT.

16 Op. cit., Zavala Saeb, Paola.

17 Op. cit., La Jornada.

18 Como Trump, gobierno de Peña discrimina lenguas mexicanas en internet, Proceso, disponible en:

http://www.proceso.com.mx/471473/trump-gobierno-pena-dis crimina-lenguas-mexicanas-en-internet

19 Ibídem.

20 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2017.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la construcción de una política pública integral de protección de los mexicanos que se encuentren en Estados Unidos de América y fuera de él, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Mirna Isabel Saldívar Paz, diputada integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Como ya es de todos sabido, los Estados Unidos de América recientemente eligieron a su nuevo presidente y durante el tiempo de campaña el hoy presidente en funciones ha venido de manera reiterada expresándose en contra de los mexicanos y, de México, haciendo énfasis principalmente en dos puntos: uno consistente en expulsar a los migrantes mexicanos, aunado a esta opinión el presidente de los Estados Unidos quiere limitar o cerrar de manera absoluta la frontera que colinda con México, por medio de lo que él llama el muro antinmigrantes; el segundo aspecto que ha expresado tiene que ver con el comercio entre ambas naciones, hablando de renegociar y replantear el Tratado de Libre Comercio vigente entre ambos países y Canadá.

Hasta este momento únicamente se ha tratado de expresiones verbales y aun así en México nuestra economía ya se está viendo muy afectada por estas declaraciones, que le dan incertidumbre a la economía de México; prueba de ello es la importante devaluación que ha sufrido la moneda mexicana en los últimos meses, ya que recordemos que México exporta hasta el 80 por ciento de lo que produce a nivel internacional para los Estados Unidos.

Además, al interior de los Estados Unidos el hoy presidente en funciones ha amenazado a las empresas de origen estadounidense que tienen centros de operación en México a aumentar de manera exagerada los impuestos en los costos de producción.

Habiendo señalado lo anterior, hago un exhorto respetuoso al titular del poder Ejecutivo de la Federación a fin de que con su gabinete de trabajo planteen soluciones ante la citada incertidumbre; pugnamos porque hoy más que nunca a la par de con los Estados Unidos también negocien con otras naciones, aumentando y fomentando nuestras relaciones económicas. Ese mismo exhorto lo hago para que se respeten los derechos humanos de nuestros connacionales, que por diversas circunstancias se encuentran en esa nación.

México, en el contexto internacional, siempre ha propugnado por una política amigable con otras naciones, y ésta es ciertamente la directriz que fomentamos; no obstante, pedimos respeto.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) convino en disminuir las expectativas de crecimiento de la economía mexicana para el 2017, pasando de 2.3 por ciento a 1.9 por ciento ante la incertidumbre por las futuras políticas del Presidente electo de Estados Unidos y hoy en funciones Donald Trump.1

Asimismo, en su informe, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) especificó que en medio de un contexto de elevada incertidumbre frente a los bajos precios del petróleo, la débil producción industrial en Estados Unidos y la estricta política monetaria y fiscal, la economía mexicana se expandió apenas 2 por ciento.2

De acuerdo con el informe “Situación y Perspectivas de la Economía Mundial” (WESP, por sus siglas en inglés), el crecimiento del PIB se mantendrá cerca del 2 por ciento en 2017 y 2018, enfatizando que cerca del 80 por ciento de las exportaciones mexicanas son para Estados Unidos y que ante cualquier medida proteccionista por parte del Presidente electo se tendrá un fuerte impacto en el tema del crecimiento económico.3

Bajo este panorama, el analista John Saxe-Fernández asegura que si realmente se quiere reconstruir al país de cara al próximo gobierno de Estados Unidos tendrá que haber un programa de sustitución de importaciones, comenzando por las agrícolas, porque la política de las últimas décadas ha sido quitar todo: semillas, fertilizantes, apoyo a la infraestructura, para poner a los campesinos a competir con los campesinos estadunidenses, lo que ha significado sacarlos por millones del campo.4

Considera además que el país requiere seguridad alimentaria, menos dependencia de la gasolina y que los gobiernos han promovido una destrucción interna de Petróleos Mexicanos, además de grave que se estén importando gasolina, maíz y alimentos en general. Ante el poderío de Estados Unidos y las agresiones de Trump, el gobierno debe optar por modernizar al campo, invertir en él y lograr que el país sea autosuficiente.5

Es así que, ante las amenazas de Trump, se deben de reforzar las estrategias y maneras de abordar el fenómeno; se debe de presentar, revisar y analizar un plan de acción y protección a los mexicanos que se encuentran dentro y fuera de Estados Unidos, así como implementar una estrategia que proteja la línea de comercio de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal y a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público y de Economía para que, de manera coordinada, implementen acciones para construir una política pública integral de protección a los mexicanos que se encuentran dentro y fuera de los Estados Unidos de América, dadas las amenazas del presidente de aquel país, Donald Trump, así como a implementar una estrategia que proteja la línea de comercio de nuestro país.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal y a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público y de Economía para que, de manera coordinada, en el ámbito de sus respectivas competencias, fortalezcan la protección y respeto de los derechos humanos de los mexicanos que hoy por diversas circunstancias se encuentran en esa nación.

Notas

1 Cruz Vargas, Juan Carlos, 17 enero, 2017, ajusta la ONU en 1.9 por ciento el crecimiento de la economía mexicana para 2017, Proceso, http://www.proceso.com.mx/470488/ajustalaonuen19crecimientolaeconomiame xicana2017

2 México: panorama general, Banco Mundial, México, última consulta 19 de enero de 2017, en

http://www.bancomundial.org/es/country/mexico/overview

3 Ídem.

4 Amador Tello, Judith y Ponce, Armando, Ante Trump “hay que dar la pelea”: John Saxe-Fernández, Proceso, Ciudad de México, 17 enero, 2017, http://www.proceso.com.mx/470407/antetrumpdarlapeleajohnsaxefernandez

5 Ídem.

Cámara de Diputados, a 9 de febrero de 2017.

Diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al décimo aniversario de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Érika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1 fracción II, y numeral 2, fracción III, artículo 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estudio de la historia de las mujeres en el mundo, ha sido, en general, de abandono, violación y discriminación;1 ha quedado demostrado que las niñas y mujeres se encuentran mayormente en condiciones de vulnerabilidad a la violencia, la cual, se puede manifestar tanto en el ámbito público, como privado y produce secuelas graves en las víctimas como miedo, inseguridad, enfermedades físicas y psicológicas, depresión, angustia y aislamiento social. Es por ello, que ante los enormes costos históricos de violencia, hace 10 años, nació la urgente necesidad de crear un marco jurídico nacional que atendiera, respetará y protegiera los derechos humanos de las mujeres.

Un aspecto fundamental en la garantía del acceso a la justicia en condiciones de igualdad; es el cumplimiento del deber de los Estados de actuar con la debida diligencia requerida frente a actos de violencia, especialmente cometidos contra las mujeres.

Es en este marco, que en México la rectoría de la generación de políticas de igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres, se encuentran expresadas en La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, (2006); y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007).

El acceso a la justicia, constituye el objetivo primordial del ejercicio y defensa de los derechos humanos de las personas, particularmente de las mujeres; es por esto que México ha impulsado un proceso de armonización de los instrumentos internacionales que tutelan los derechos fundamentales; reconociendo a los tratados internacionales como fuente de reconocimiento a los derechos humanos en el orden jurídico nacional.2

Bajo esta tesitura; el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la obligación de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como; de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.3

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia (principio pro persona).

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad . En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

(...)

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”

En este tenor, el máximo instrumento jurídico que tenemos, mandata expresamente que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales atendiendo siempre y en todo momento al principio pro persona; puntualizando la prohibición de discriminación, entre ellas la de género.

El acceso a la justicia y a una vida libre de violencia, se encuentra consagrado en diversos instrumentos internacionales y nacionales, pero sin duda alguna, el más importante por su historia e ímpetu es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia.

La génesis de la Ley de Acceso, formuló desde sus inicios un gran trabajo en la redacción de alienación con los instrumentos internacionales, como la Convención Belem Do Pará y la Conferencia de Viena, que reconocen a las mujeres como humanas, y cuya desigualdad histórica requiere de atención por parte del Estado.

De 2007 a la fecha, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia ha sido modificada, ampliada, fortalecida, difundida y se ha convertido en eje rector de la Política Nacional en materia de Igualdad entre mujeres y hombres.

La inserción de las mujeres en el ámbito público y privado al acceso de justicia –en todos sus aspectos-, requiere de condiciones favorables para el pleno ejercicio de los derechos que le han sido negados históricamente. De ahí, la importancia de reconocer una Ley como ésta, que a 10 años de su creación permea su historia y trascendencia.

EL 1 de febrero de 2007 -tras un largo proceso legislativo-, se creó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la cual, hasta ahora ha sido reformada constantemente de acuerdo con la realidad social y las necesidades. La importancia de esta Ley radica en que el bien jurídico tutelado es el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia.

Desde entonces, la Ley de Acceso contempló la obligación que tiene el Estado, y a su vez las órdenes de gobierno para llevar a cabo este principio de igualdad sustantiva, donde se respete la dignidad y los derechos, en acciones impacten en la vida diaria de las personas.

Lo anterior, ha dado como resultado la creación de estrategias, mecanismos, instrumentos de seguimiento, protocolos de atención, políticas públicas, unidades de género, ciudades seguras, refugios de atención a mujeres víctimas de violencia y órdenes de protección.

La Ley de Acceso establece la coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ésta contiene los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia que son: La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; el respeto a la dignidad humana de las mujeres; la no discriminación, y la libertad de las mujeres.

En 10 años los avances son innegables; sin embargo, los retos exigen compromisos, las diversas expresiones de violencia requieren atención y justicia. No debe darse paso atrás en la defensa de la vida y los derechos humanos de las mujeres.

Debemos entender, que la democracia de género, como sistema inclusivo y de vigencia de derechos humanos, es la democracia completa que buscamos y merecemos. Y que mientras entre mujeres y hombres permeé una distribución desigual en el acceso a la justicia, seguirá existiendo un déficit democrático.

Por ello, resulta de vital importancia reconocer los 10 años de la publicación de una de las primeras leyes que consolidó parte de la lucha por la igualdad; garantizando la integridad física, psíquica o emocional de las mujeres.

Como legisladoras y legisladores estamos obligados al perfeccionamiento de la norma para lograr que ésta, considere siempre la máxima protección del Estado para las miles de niñas y mujeres violentadas.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al reconocimiento a la efeméride con motivo del 1 de febrero, décimo aniversario de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Notas

1 Base Completa; visible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/

2 Víctor Martínez Bullé-Goyri. Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos. Instituto de Investigaciones Jurídicas

3 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2017.

Diputada Érika Araceli Rodríguez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a difundir por su Contraloría el estado que guardan los expedientes presentados por la ASF con las irregularidades detectadas en las revisiones del rubro de seguridad pública, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Omar Ortega Álvarez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

El estado de México ha sido una entidad privilegiada presupuestalmente. Tan solo durante el año 2016, tuvo recursos aprobados equivalentes a 206,887.88 millones de pesos (mdp); es decir, tuvo un incremento de 7.07% respecto al presupuesto aprobado en 2015 (193,232.31 mdp).

Al respecto del total de ingresos aprobados por su Congreso Estatal, el Presupuesto de Egresos total del estado de México ascendió a la cantidad de 221,285.72 mdp. 1 Esto quiere decir que 71% del presupuesto del estado de México proviene del Gobierno Federal, y el resto de ingresos propios. 2

Dentro de todos estos recursos destinados a la entidad mexiquense, para el rubro de seguridad pública le fueron aprobados 8,246.87 mdp para el año 2016. El rubro y la cantidad resultan importantes puesto que en la actualidad el estado de México, es uno de los más inseguros del país.

De acuerdo a información proporcionada por la agencia española de comunicación, El País, tan sólo de enero a agosto de 2016, en el Estado 1,514 homicidios dolosos fueron ejecutados siendo el lugar en toda la República con los índices más altos.

La inseguridad alcanzó niveles durante 2014 y 2015 que desataron incluso, alertas del Departamento de Estado de Estados Unidos para que sus ciudadanos no visitaran ciertos municipios entre los que destacaban Ecatepec, Coacalco, La Paz, Solidaridad, Chalco, Ixtapaluca y Tlatlaya.

Aunado a esto, cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2015 indicaron que esos municipios figuraban “entre la lista de las 20 alcaldías más inseguras de la entidad, respecto a delitos de alto impacto como secuestro, extorsión y homicidio”.3

Durante 2014, la Federación aportó 172.71 mdp al estado de México bajo el programa “Subsidio para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial” (SPA). Pese a la necesidad de la ejecución de ese presupuesto, para el momento en que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) hizo una revisión a dicho rubro en la entidad mexiquense, sólo habían sido ejercidos 94.84 mdp, monto que representó el 54.9% de los recursos transferidos. Al cierre del ejercicio fiscal (31 diciembre), solo ejerció 161.20 mdp; quedando por ejercer la cantidad de 11.51 mdp, que, si bien fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), es importante que se den a conocer las razones por las cuales nos e ejerció dicha cantidad.

Respecto a los rendimientos financieros correspondientes al monto total recibido, la entidad tenía un saldo en su cuenta bancaria al 31 de marzo del 2015, por un monto de 2.76 mdp, los cuales no fueron ejercidos, ni devengados, ni reintegrados a la TESOFE, situación que desde luego debe aclarar.

Debido lo anterior, durante el transcurso de la auditoria el Gobierno de la entidad presentó documentación comprobatoria ante la ASF para justificar, el monto anterior (2.76 mdp), sin embargo, con lo que presentó solo logró comprobar que reintegró recursos a la TESOFE por un monto de 1.94 mdp, por lo que aún quedan pendientes de aclarar 820 mil pesos.

Debido a esta situación, el 12 de junio de 2015, la ASF presentó ante la Contraloría Interna del Estado el expediente de dicha irregularidad, para que en el ámbito de sus atribuciones realice las investigaciones que considere pertinentes y finque las responsabilidades respectivas, que desde luego deberá hacer públicas.

El Gobierno del estado de México no remitió a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público la información correspondiente al avance financiero del segundo y cuarto trimestre, ni fue publicada en la gaceta oficial de la entidad. Además, la ASF detectó diferencias entre los reportes del cuarto trimestre del 2014 y no presentó información pormenorizada por lo que la calidad fue mala, así como incongruente. Debido a ello, el 12 de junio de 2015, la ASF presentó ante la Contraloría interna del Estado el expediente de dicha irregularidad, para llevar a cabo lo correspondiente. Además de fincar una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.

En otra revisión de la ASF comprendió la verificación de los recursos del “Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal” (FASP) aportados por la Federación durante 2014 al estado de México, por 616.14 mdp. De los cuales, la Auditoría revisó lo correspondiente a 497.35 mdp, que representó el 80.7% de los recursos transferidos (total de la muestra).

De los 616.14 mdp del FASP para el ejercicio fiscal 2014, en marzo de 2015 fueron transferidas 346.61 mdp a la Comisión Estatal de Seguridad y 134.13 mdp a la Procuraduría General de Justicia del Estado. En ambos casos las cuentas en las que se realizó la transferencia no fueron específicas ya que se depositaron recursos estatales en contravención de la normatividad aplicable, por lo que la ASF fincó una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria. Asimismo, la irregularidad fue denunciada ante la Contraloría Interna del Gobierno del Estado por la ASF.

La ASF determinó que los recursos del “Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en 2013”, del Estado de México, tuvieron una contribución parcial en los objetivos establecidos en la política pública y específicamente en los programas con prioridad nacional, ya que algunos de los indicadores y metas vinculados con éstos registran insuficiencias principalmente en Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento, Genética Forense, Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE ?S), Sistema Nacional de Información (Bases de Datos), y Red Nacional de Telecomunicaciones.

Lo anterior, se desprendió de las observaciones financieras establecidas durante la revisión de la ASF, como son: la inoportunidad en el ejercicio de los recursos del fondo, que al 31 de diciembre de 2013 y a la fecha de la auditoría, se ejercieron el 40.0% y el 56.1%, respectivamente, del total de los recursos transferidos; así como la aplicación a fines distintos a lo establecido en la normativa.

En este punto cabe destacar que la ASF revisó la partida específica de “Materiales de seguridad para Secretaría de Seguridad Pública Estatal”, en esta revisión se reportaron 3.3 mdp ejercidos al 31 de marzo de 2015 en la adquisición de armamento a la Sedena; sin embargo, sólo se entregaron bienes por 755,200 pesos, por lo que quedó pendiente de entrega 2.57 mdp. En relación con la partida “Arma Larga”, no se entregaron los bienes por 2.16 mdp. Por lo anterior la ASF emitió un pliego de observaciones, para que la entidad fiscalizada entregue evidencia documental para acreditar dichos recursos.

Resulta importante que el gobierno del estado de México, aclare a la ciudadanía el ejercicio de recursos que le han sido destinados para la seguridad pública; especialmente, cuando pese a los grandes montos que ha recibido, la ciudadanía se encuentra viviendo, desafortunadamente en uno de los estados más inseguros del país. Tan solo “en el 2011 se reportaron 9.54 asesinatos por cada 100 mil, en el 2015 esa tasa ascendió a 12.27”.

Por todo lo anteriormente descrito, someto a consideración de la Soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno del estado de México para que a través de la Contraloría del estado de México haga del conocimiento público el estado que guardan los expedientes presentados por la Auditoría Superior de la Federación con las irregularidades detectadas durante las revisiones efectuadas al rubro de seguridad pública.

Notas

1http://www.secretariadeasuntosparlamentarios.gob.mx/ley es_y_codigos.html

Nota: La presente cantidad no considera lo correspondiente a previsiones presupuestarias correspondientes a compromisos multianuales de bienes y servicios por un importe de $2,003.91, así como de los Proyectos de Prestación de Servicios contratados por el Gobierno del estado de México, en términos del Libro Décimo Sexto del Código Administrativo del estado de México y su Reglamento, por un monto de $716.09 para ser ejercidos a través del Sector Central, y $1,566.53 a través de las Entidades Públicas.

2 Es conveniente aclarar que la cifra es un aproximado dado que las entidades federativas perciben transferencias extraordinarias realizadas por la federación y no recurrentes, como proyectos de infraestructura por ejemplo.

3 Consultado el 20 de septiembre de 2016 en lhttp://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ocho-municipios-de-edomex-dond e-mas-extorsionan-matan-plagian.html

Palacio Legislativo, a 9 de febrero de 2017.

Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a fin de que los organismos descentralizados a su cargo tengan portales de internet con versiones traducidas a esas lenguas, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Jorge Álvarez Máynez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta a los Directores Generales del Instituto Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin de que el organismo descentralizado a su cargo, cuente con portales de Internet con versiones traducidas a lenguas indígenas, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Al tomar posesión de la presidencia de Estados Unidos, Donald J. Trump dio la espalda de diversas maneras a la primera minoría de dicho país, los hispanos. Por ejemplo, es la primera vez desde 1988 que ninguno de los miembros del gabinete norteamericano es de origen latino,1 contrastando con su antecesor, Barack Obama, quien en 8 años de mandato nombró a 6 hispanos para puestos ministeriales, además de que contó con diversos asesores latinos y nombró por primera vez a una juez latina para el Tribunal Supremo de aquel país.2 Tampoco existe actualmente, al contrario de la administración de Obama, un portavoz de prensa dedicado específicamente a los medios en español y a temas de interés hispano.

Otro ejemplo muy significativo de la manera en que Trump ha discriminado a la comunidad latina, fue que, a su llegada a la Casa Blanca, su equipo cerró las cuentas en español que el Gobierno tenía en redes sociales. En 2015, había declarado “[t]enemos un país donde, si te quieres integrar, tienes que hablar inglés. Necesitamos que haya integración para tener un país. No soy el primero en decir esto. Este es un país donde hablamos inglés, no español.”3

Causa indignación la manera en que Donald J. Trump margina a las minorías y, sin embargo, en nuestro país estamos viviendo una situación similar: basta señalar que la página web de la Presidencia, así como la mayoría de las dependencias y entidades federales, carecen de información y contenidos en lenguas originarias.4 Lo mismo ocurre con los otros poderes: los sitios de las Cámaras de Diputados y de Senadores, así como de la Suprema Corte, no cuentan con funciones para mostrar temas de interés para los indígenas. Tampoco las páginas web de Organismos Constitucionales Autónomos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional Electoral, comparten contenidos en lenguas indígenas. En cuanto a la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, sólo comparten contenidos limitados para los pueblos originarios, sin embargo, tampoco se pueden traducir a lenguas indígenas.

Dicha situación cobra importancia debido a que en nuestro país hay 7 millones 382 mil 785 personas que hablan alguna lengua indígena, cifra que representa 6.5 por ciento del total de la población.5 De hecho, México es uno de los 10 países del mundo con mayor diversidad idiomática: posee 68 agrupaciones lingüísticas que, con sus variantes, alcanzan más de 300.6 Aún más, según datos de la Encuesta Intercensal 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía indicó que en México existen 24.4 millones de personas que se autorreconocen como indígenas, lo que equivale al 21.5 por ciento de la población nacional.7

Las lenguas indígenas que más se hablan en México son8 Náhuatl (23.4 por ciento), Maya (11.6 por ciento), Tseltal (7.5 por ciento), Mixteco (7.0 por ciento), Tsotsil (6.6 por ciento), Zapoteco (6.5 por ciento), Otomí (4.2 por ciento), Totonaco (3.6 por ciento), Chol (3.4 por ciento), Mazateco (3.2 por ciento), Huasteco (2.4 por ciento) y Mazahua (2.0 por ciento).

Por otra parte, 64 lenguas se encuentran al borde de la extinción, “debido a que la mayoría de ellas no cuenta con una forma de escritura que permita su inserción en medios impresos y digitales.”9 En esa tesitura, se puede afirmar que “[t]ener portales de gobierno traducidos a otros idiomas pero no a lenguas indígenas, desincentiva su práctica, invisibiliza a sus hablantes y afecta sus derechos de información y participación. En pocas palabras, discrimina.”10

Es necesario tener presente que el artículo 2o. de nuestra Constitución garantiza a los pueblos y comunidades originarias su derecho a “[P]reservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.” Por su parte, la Ley General de Derechos Lingüísticos para los Pueblos Indígenas, decretada en 2003, señala en su artículo 7o. que “[l]as lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública. Al Estado corresponde garantizar el ejercicio de los derechos previstos en este artículo...”.

Asimismo, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, indica al respecto del derecho al acceso a la información que “[l]os sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas.” Así que, “el uso de lenguas indígenas no solamente es un derecho que se reconoce en virtud de la diversidad cultural del pueblo mexicano, sino que implica una serie de obligaciones por parte del Estado, de forma que la información y los servicios que brinda el gobierno, sean accesibles a estos sectores de la población, sin discriminación alguna.”11

Por otra parte, es importante mencionar que dentro de la administración pública federal, existen un par de organismos descentralizados cuya labor se relaciona estrechamente con los derechos de los pueblos indígenas: la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. El objeto de la Comisión es “orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas”12 y el del Instituto es “promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, el conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la nación.”13

A corto plazo resultaría muy complicado implementar la traducción a la totalidad de los 68 grupos lingüísticos. Sin embargo, el gobierno mexicano podría comenzar dicha tarea incluyendo traducciones a las lenguas con mayor número de hablantes, primordialmente en las páginas de los organismos descentralizados que coadyuvan a la garantía de los derechos de los pueblos originarios. Las lenguas originarias son un patrimonio cultural de la humanidad, por lo que los estados deben llevar a cabo las acciones pertinentes para prevenir y evitar su extinción, para, de esa manera, respetar la composición pluricultural de la nación mexicana.

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. El pleno de esta Cámara de Diputados acuerda exhortar a la directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin de que el organismo descentralizado a su cargo, cuente en portales de Internet con versiones traducidas a lenguas indígenas, para promover su uso cotidiano, así como su desarrollo, bajo un contexto de respeto a los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas.

Segundo. El pleno de esta Cámara de Diputados acuerda exhortar al director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, a fin de que el organismo descentralizado a su cargo, cuente en portales de Internet con versiones traducidas a lenguas indígenas, para promover su uso cotidiano, así como su desarrollo, bajo un contexto de respeto a los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas.

Notas

1 Donald Trump no contará con ningún hispano en su gabinete, El País, Disponible en: http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/19/estados_unidos /1484852393_050601.html

2 Obama lleva su revolución al Supremo, El País, Disponible en: http://internacional.elpais.com/internacional/2009/05/26/actualidad/124 3288813_850215.html

3 La Casa Blanca de Donald Trump elimina el español de su página ‘web’, El País, Disponible en:

http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/22 /estados_unidos/1485105920_597756.html

4 Como Trump, gobierno de Peña discrimina lenguas mexicanas en internet, Proceso, Disponible en:

http://www.proceso.com.mx/471473/trump-gobierno-pena-dis crimina-lenguas-mexicanas-en-internet

5 Estadísticas a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, INEGI, Disponible en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/indigenas2016_0.pd f

6 Gobierno de México: sin lenguas indígenas en sus sitios web, RT, Disponible en:

https://actualidad.rt.com/actualidad/229572-gobierno-mex icano-discrimina-propias-lenguas-internet

7 Íbid.

8 Íbid.

9 Están al borde de la extinción 64 lenguas indígenas, Excélsior, Disponible en:

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/14/1075051

10 Portales de gobierno, ¿por qué en inglés y no en náhuatl?, Animal Político, Disponible en: http://www.animalpolitico.com/blogueros-la-maquina-de-hacer-pajaros/201 5/02/20/portales-de-gobierno-por-que-en-ingles-y-en-nahuatl/

11 Pérez Salazar, Gabriel et al, Diversidad lingüística en portales gubernamentales mexicanos: poderes ejecutivo, legislativo y judicial, Redalyc, Disponible en:

http://www.redalyc.org/html/687/68745402001/

12 Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

13 Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2017.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Inmujeres a realizar un estudio nacional de la violencia política que enfrentan las mujeres, y se condena todo acto de violencia política ejercido contra ellas, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Omar Ortega Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

En el artículo 5o., fracción IV, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia hacia las mujeres como

Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.

La violencia contra las mujeres refleja un indicador de la democracia de toda sociedad, ya que determina la capacidad de las autoridades para entender y establecer mecanismos a fin de dar solución a esta problemática, así como para castigar a los responsables. Si los mecanismos fallan o no existen, el tejido social de cualquier comunidad, país o nación, se encuentra en un evidente deterioro.

Desgraciadamente, en todo el territorio nacional han sido improductivos e insuficientes estos mecanismos, y peor aún, en algunas regiones su impacto es prácticamente nulo. Particularmente en el estado de México. El acoso, hostigamiento, agresión y violencia en contra de las mujeres es mayor en esta entidad, pues los actos que atentan en contra de su persona, dignidad y seguridad escalan desmedidamente frente a un nulo e indiferente esfuerzo gubernamental.

Estudios cuantitativos comprueban lo anterior. Conforme a lo señalado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, entre 2005 y 2013, aproximadamente mil 767 mujeres fueron asesinadas y otras mil 500 desaparecieron, en su mayoría adolescentes de entre 15 y 17 años. Tan sólo entre 2011 a 2013 se registraron 840 asesinatos de mujeres en el estado de México. De ellos, sólo 145 fueron investigados como feminicidios y aunque en julio de 2015 se emitió la alerta de violencia de género para 11 municipios, activistas y defensores de los derechos humanos afirman que los asesinatos de mujeres, lejos de disminuir, se han incrementado: superan los 100 casos en 2016.

Sumado a esto, cierto sesgo de información institucional impide conocer de manera precisa el problema de manera total, clara y precisa. Hay dos rostros ocultos que no dicen las estadísticas: los datos oficiales y la nula investigación de los hechos. Por un lado se encuentran las organizaciones civiles que registran un número diferente de feminicidios contrario al de las fuentes gubernamentales. Por otro, los escasos y en ocasiones nulos esfuerzos para investigar los casos de feminicidios que se presentan.

Durante 2011, año en que se renovó la gubernatura en el estado de México, los feminicidios alcanzaron su nivel más alto, 4.5 muertes ocurridas por cada 100 mil mujeres residentes en la entidad.

En el escenario general, la entidad mexiquense ha mostrado su incapacidad como autoridad para enfrentar la violencia que se suscita día a día contra las mujeres. Peor aún, la violencia ha aumentado y se ha expandido en escenarios más específicos y particulares, que ni aun las leyes ni los estudios han considerado: la violencia política hacia las mujeres.

El Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres señala:

La violencia política contra las mujeres comprende todas las acciones y omisiones –incluida la tolerancia– que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.

Uno de los grandes problemas de este tipo de violencia es que aun cuando existen varias iniciativas propuestas en las Cámaras del Congreso, México no cuenta con un marco legal específico en materia de violencia política. Sin embargo, la violencia política contra las mujeres se ha hecho más visible en los últimos años, lo cual se demuestra mediante casos documentados o expuestos por los medios de comunicación y asociaciones civiles, casos que surgen mediante candidaturas simuladas hasta agresiones, amenazas y homicidios por razones de género.

La violencia política debe entenderse como un tipo de violencia que puede tener origen en cualquier esfera: política, económica, social, cultural, civil, dentro del seno familiar o unidad doméstica, en general en toda relación interpersonal, comunidad, partido o institución política. Es decir, incluye el ámbito público y el privado. Puede ser simbólica, verbal, patrimonial, económica, psicológica, física y sexual y puede efectuarse mediante cualquier medio de información (periódicos, radio o televisión), tecnologías de información o en el ciberespacio. Puede ser perpetrada por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, subordinados, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; por medios de comunicación y sus integrantes.

Entre las expresiones de violencia hacia las mujeres destacan los chismes como dispositivos de control sobre la vida privada, sexual, afectiva o sentimental de las mujeres, igual que muestras explícitas de discriminación y violencia, que refieren la violación sistemática de sus derechos políticos en todos los ámbitos de participación política abarcando espacios comunitarios, municipales, estatales, regionales, incluso escenarios nacionales.

Muestra de lo descrito anteriormente, nos refiere a la contienda electoral 2014-2015 cuando la candidata a la alcaldía de Ecatepec por el Partido del Trabajo, Jessica Salazar, denunció que haber sido víctima de agresiones y amenazas, así como de un intento de secuestro el 11 de mayo en la colonia Alboradas de Aragón, donde un comando armado de 13 sujetos la agredió de manera física y verbal, resultando heridos dos de sus colaboradores.

En abril de 2016 se registraron dos casos de violencia política de género en Ixtapaluca, uno contra una funcionaria del Instituto Nacional Electoral (INE) y el otro contra una mujer en una casilla. En el primer caso, la funcionaria del INE fue presionada por parte de simpatizantes de un partido político, mientras que en el segundo, la mujer fue golpeada a las afueras de una casilla, impidiéndole que ejerciera su derecho al sufragio.

Ésos son sólo algunos ejemplos de la manera sistemática en que las mujeres se enfrentan a situaciones de violencia política, como: acoso político y violencia de género que obstaculizan su designación y participación en puestos de representación popular y cargos de liderazgo.

En 2015, Roselia Bustillo Marín, investigadora del Centro de Capacitación del Tribunal Judicial Electoral, afirmó que la paridad de género para 2015 en el estado de México, se hizo visible la violencia política con la imposición de familiares femeninas en los cargos públicos, quienes al final no actuaron por voluntad, pues se impuso la voluntad de quien las obligo a asumir un encargo.

Estas acciones representan una seria amenaza para la democracia ya que se impide a las mujeres realizar sus campañas políticas o cumplir con las obligaciones de sus cargos. Los procesos electorales son anulados mediante la intimidación y la coerción.

La presencia y participación política de las mujeres en México, es aún limitada. Esta realidad se refleja a través de la historia y la formación de las esferas de poder que permiten hacer visible la desigual situación de género.

Específicamente, en el estado de México, encabezado por Eruviel Ávila Villegas, hay una formación desigual del gabinete. De las 18 secretarías que lo componen, sólo 3 mujeres son titulares: Ana Lilia Herrera, en la Secretaría de Educación; Carolina Alanís Moreno, en el DIF; y Rosalinda Elizabeth Benítez González, en la Secretaría de Turismo.

Actualmente, en la Legislatura del estado de México hay un amplio margen que se debe superar en materia de igualdad: de los 78 escaños legislativos, sólo 28 son ocupados por mujeres. A escala municipal, la participación de las mujeres como presidentas es heterogénea en el país, es decir, en la Ciudad de México se ve que 31.3 por ciento de las mujeres participan encabezando las delegaciones políticas; en contraste, en estados como Baja California y México, es escaso o nulo. Coahuila (12 por ciento) y el estado de México (17) son las entidades donde hay menor inclusión de mujeres en la toma de decisiones del gobierno local.

Las múltiples expresiones de violencia estructural contra las mujeres restringe el ejercicio de su derecho a ocupar cargos de toma de decisiones y poder político. Este tipo de violencia lastima a candidatas, dirigentes y militantes de todos los partidos en distintos estados de la república. No es justo, ni legal permitirlo más.

Para el anecdotario quedarán los registros mediáticos de las candidatas y los medios de comunicación. No dar seguimiento a las denuncias públicas y, sobre todo, no haber brindado protección a las personas afectadas, lo que resulta a todas luces en impunidad. La impunidad sólo genera la repetición sistemática de estos delitos. La tardanza en la atención de éstos fomenta la inequidad en la participación electoral y en la vida democrática, y en muchos de los casos, obliga al abandono de una aspiración legítima a media contienda.

Se deben conjuntar esfuerzos a favor de proteger el ejercicio de la participación política de las mujeres y salvaguardar a las candidatas de todo acto que atente contra su vida, su persona, su dignidad y su seguridad, con la finalidad de preservar su integridad y preservar el ejercicio democrático en igualdad de condiciones de mujeres y hombres y de los diferentes grupos de población que forman su territorio.

Para contar con candidatas a los distintos puestos de carácter público, el cambio tiene que surgir al interior de los partidos políticos, a partir de las campañas internas y en la creación de mecanismos, pero sobre todo de una ley que regule no sólo la prevención y el castigo de dichos actos, también los sancione.

Por lo señalado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. El Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres a realizar un estudio a nivel nacional de la violencia política que enfrentan las mujeres.

Segundo. El Congreso de la Unión condena todo acto de violencia política ejercido hacia las mujeres.

Tercero. El Congreso de Unión exhorta a todos los gobiernos estatales y municipales de México a implantar políticas públicas de igualdad y equidad para combatir la violencia política hacia las mujeres.

Fuentes

Álvarez, Érick. Fepade registra dos casos de violencia política en Ixtapaluca [en línea]. Dirección de URL: http://www.edomexaldia.com.mx/2016/04/fepade-registra-dos-casos-de-viol encia-politica-en-ixtapaluca/ Consultado el 14 de diciembre de 2016.

Bajo el microscopio. Basta de violencia política hacia las mujeres. Fuente no disponible. Dirección de URL: http://www.bajoelmicroscopio.org/basta-de-violencia-politica-hacia-las- mujeres Consultado el 13 de diciembre de 2016.

Casos de violencia política contra las mujeres. Bajo el microscopio: basta de violencia política hacia las mujeres. Registro de acontecimientos sobre violencia política [en línea]. Dirección de URL: http://www.piensoluegovoto.mx/wpcontent/uploads/2015/05/Timeline_Colmex _ILSB_140515-1.pdf Consultado el 14 de diciembre de 2016.

Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género: Participación política de las mujeres 2014 [en línea]. Dirección de URL:

file:///C:/Users/user/Downloads/PPD_LM14%20(1).pdf Consultado el 12 de diciembre de 2016.

Consulta de la reforma constitucional en materia político-electoral 2014 [en línea]. Dirección de URL: http://portales.te.gob.mx/consultareforma2014/node/2898 Consultado el 13 de diciembre de 2016.

Cuotas de género en materia electoral [en línea]. Dirección de URL:

http://genero.ife.org.mx/primera-reunion-consejeras_2011 /m1.html Consultado el 13 de diciembre de 2016.

Dalton, Margarita. Democracia e igualdad en conflicto: las presidentas municipales en Oaxaca [en línea]. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2012. Dirección de URL: http://www.trife.gob.mx/sites/default/files/democracia_igualdad.pdf Consultado el 14 de diciembre de 2016.

Lamas, Marta; Azuela, Maite. “Con la cultura en contra. Algunas consideraciones sobre los obstáculos que las mexicanas enfrentan para ejercer sus derechos político-electorales”, en Ansolabehere K. y Cerva D., Género y derechos políticos. La protección jurisdiccional de los derechos político-electorales de las mujeres en México [en línea]. Dirección de URL: http://portal.te.gob.mx/sites/default/files/publicaciones/file/genero_y _dp.pdf Consultado el 14 de diciembre de 2016.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia [en línea]. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Última reforma publicada DOF 17 de diciembre de 2015. Dirección de URL:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_1712 15.pdf Consultado el 11 de diciembre de 2016.

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (en línea). Dirección de URL: http://observatoriofeminicidiomexico.org.mx/publicaciones/ Consultado el 12 de diciembre de 2016.

Procuraduría General de la República. Registra Fepade 141 casos de violencia política de género durante 2015 y 2016. Comunicado 1252/16 [en línea]. Dirección de URL:

https://www.gob.mx/pgr/prensa/registra-fepade-141-casos- de-violencia-politica-de-genero-durante-el-2015-y-2016-comunicado-1252- 16 Consultado el 13 de diciembre de 2016.

Sin autor. “Impera violencia política en Edomex” [en línea], en Diario Atizapán. Dirección de URL: http://www.hola-atizapan.com/impera-violencia-politica-en-edomex/ Consultado el 13 de diciembre de 2016.

Talamás Salazar, Marcela; Lascuráin Sánchez de Tagle, Sofía. Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres [en línea]. Coordinación de Comunicación Social del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dirección de URL: http://www.fepade.gob.mx/actividades_ins/2016/marzo/ProtocoloViolencia_ 140316.pdf Consultado el 14 de diciembre de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2017.

Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal y la SEP a garantizar que alumnos de escuelas de pueblos y comunidades indígenas cuenten con docentes capacitados para impartir clases en lenguas indígenas, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Jorge Álvarez Máynez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta al titular del Ejecutivo federal y al titular de la Secretaría de Educación Pública, a fin de que garanticen que alumnos de escuelas ubicadas en Pueblos y Comunidades Indígenas cuenten con docentes capacitados para impartir clases en lenguas indígenas, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La inequidad en la educación en México, es uno de los principales obstáculos a combatir. Datos demuestran que sólo el 20% de los niños de 12 a 14 años, y poco más del 50% de adolescentes entre 15 y 17 años, en situación de pobreza extrema, asistieron a la escuela. Como consecuencia de esto, el grado promedio de escolaridad en los jóvenes de 15 años o más equivale a la secundaria completa. Así, la posibilidad de permanencia en la escuela disminuye conforme se avanza entre niveles educativos, sobre todo para aquellas poblaciones más vulnerables, lo que provoca que, apenas el 51% de la población entre 20 y 24 años tenga al menos cursada la Educación Media Superior.1

En esa tesitura, los grupos más vulnerables, víctimas de esta inequidad son el de los hijos de jornaleros agrícolas que migran en busca de trabajo temporal y los niños indígenas.

En 2015, la población indígena de 3 a 17 años sumó cerca de 3.9 millones (11.7% del total nacional de este grupo de edad), de esta población 1.8 millones de jóvenes hablan alguna lengua indígena, es decir, casi la mitad de la población antes mencionada.2

Las condiciones de desigualdad en este sector se siguen reproduciendo; 80% de los alumnos de escuelas indígenas se encuentra en un nivel Insuficiente en materia de Lenguaje y Comunicación, y 83% en Matemáticas.3 En cuanto a infraestructura educativa, más de la mitad de las escuelas indígenas y comunitarias no tiene agua todos los días de la semana, y entre una tercera parte y casi la mitad carecen de energía eléctrica, más de la mitad no tiene agua todos los días de la semana.4

En medio de este contexto desfavorable para los Pueblos y Comunidades Indígenas, un dato alarmante es el dado a conocer por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en su informe 2016, señala que el 50% de los maestros en escuelas indígenas no habla ni entiende el idioma de sus estudiantes.5

La prueba de diagnóstico de competencias docentes para la educación básica intercultural, realizada por la Universidad Iberoamericana muestra que sólo 37.4% de los maestros enseña la lengua indígena como primera lengua; mientras que el resto sólo da clases en español.6

Las consecuencias por no poder acceder a una clase impartida en su lengua natal se refleja en el comportamiento de la asistencia escolar de la población indígena. Durante el 2014 en el grupo de edad de 6 y 11 años la asistencia de la población no indígena: fue casi universal, mientras que en la población indígena fue de 97.6%. En el grupo de 12 y 14 años la asistencia disminuye en general; en la población no indígena a 94.3%, pero la disminución entre la población indígena es notable a 87.4%. La diferencia entre la asistencia en la población no indígena e indígena en el grupo entre 15 y 17 años la diferencia fue de 9 puntos porcentuales.7

Es visible que las diferencias en los indicadores de asistencia y escolaridad entre población indígena y no indígena se acentúan durante la transición de primaria a secundaria, a pesar que existen múltiples factores que lo producen , el desplazamiento de la lengua originaria y la economía familiar son los que más influyen.

Cuando se hablan lenguas distintas en el hogar y en la escuela se observa un efecto negativo en los resultados de los exámenes, debido a que esto dificulta la comprensión de lo que se enseña en la escuela. Por otra parte cuando sus padres a veces no están alfabetizados o no conocen bien las lenguas oficiales que se usan en la escuela, se agravan las disparidades de aprendizaje entre los grupos lingüísticos minoritarios y mayoritarios.8

De acuerdo con el Informe Estratégico de la Campaña Mundial por la Educación,9 para mejorar los resultados de aprendizaje y la calidad de la educación hace falta un enfoque flexible que incorpore la lengua materna en el aula. El no usar la lengua materna de la población indígena, provoca que se desperdicie el potencial de los niños, provocando el fracaso escolar y a su vez mantener el grado de analfabetismo.

Los datos anteriormente mencionados confirma la incapacidad de la Secretaría de Educación Pública para garantizar el sistema bilingüe como lo estipula el artículo 7, fracción 4 de la Ley General de Educación:

Artículo 7o. ...

IV.- Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.

Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y español.

Lo anterior, implica un desacato al mandato Constitucional, en materia educativa, así como al Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes en el que se establece el derecho a la educación en su propia lengua indígena.

Por su parte la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ha mostrado su preocupación al respecto y dentro del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo “Si no entiendes, ¿cómo puedes aprender?” ha realizado cinco recomendaciones entre las que destaca:

“Impartir enseñanza a los niños en una lengua que entienden: En las comunidades multiétnicas se deberían impartir por lo menos seis años de enseñanza en la lengua materna, para que los niños que hablan un idioma que no es el vector de instrucción no se queden rezagados. Deberían establecerse programas de educación bilingüe o multilingüe para facilitar la transición a la enseñanza en el idioma oficial”.10

La importancia de recibir enseñanza en su lengua natal durante los primeros seis años, señala el mismo informe de la UNESCO, permitirá la adquisición temprana de habilidades fundamentales de lectura y escritura y contribuirá a la reducción de las disparidades en el aprendizaje que afectan a los hablantes de lenguas minoritarias.11

Es por todo lo anterior, que se propone exhortar al titular del Titular del Ejecutivo Federal y al de la Secretaría de Educación Pública para que los alumnos de Pueblos y Comunidades Indígenas puedan contar con docentes suficientes que hablen lenguas locales y maestros bilingües y multilingües.

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta asamblea el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. El pleno de esta Cámara de Diputados, acuerda exhortar al titular del Ejecutivo federal, a fin de que garantice que alumnos de escuelas ubicadas en pueblos y comunidades indígenas cuenten con docentes capacitados para impartir clases en lenguas indígenas.

Segundo. El pleno de esta Cámara de Diputados, acuerda exhortar al titular de la Secretaría de Educación Pública, a fin de que garantice que alumnos de escuelas ubicadas en pueblos y comunidades indígenas cuenten con docentes capacitados para impartir clases en lenguas indígenas.

Notas

1 La educación obligatoria en México. Informe 2016., Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, disponible en: http://www.inee.edu.mx/images/stories/2016/informe_2016/Informe20161305 16.pdf

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 Ibídem.

6 Profesores ven difícil enseñar a niños indígenas, Excélsior, Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/2011/05/01/nacional/733350

7 Directrices para mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes indígenas, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Disponible en: http://www.inee.edu.mx/images/stories/2017/directrices/Directrices4.pdf

8 Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo “Si no entiendes, ¿cómo puedes aprender?, UNESCO, Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002437/243713S.pdf

9 Informe Estratégico de la Campaña Mundial por la Educación, Educación en la lengua materna: lecciones de políticas para la calidad y la inclusión. Disponible en: http://www.campaignforeducation.org/docs/reports/Mother%20Tongue_SP.pdf

10 Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo “Si no entiendes, ¿cómo puedes aprender?, UNESCO, Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002437/243713S.pdf

11 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2017.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó para los 595 miembros de la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla, de Lerma, México, en el caso del diagnóstico sobre el impacto ambiental que implicaría la construcción del proyecto de la autopista Toluca-Naucalpan, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Omar Ortega Álvarez, diputado federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Gran Bosque Otomí-Mexica es una extensa región natural que abarca desde Tequixquiac hasta Villa del Carbón, México. La región es un corredor natural milenario que representa el pulmón central de la región más densamente poblada del país que contiene una riqueza natural invaluable; sin embargo, desde la llegada del desarrollo industrial hace sólo unas décadas, ha sido vulnerado y destruido casi en su totalidad.1

El pequeño porcentaje restante de zona natural de este bosque es vital para el reabastecimiento de agua para la región debido a que los valles de México y Toluca dependen en gran medida del agua que se filtra aún por la zona; sin el bosque central de estos valles, se daría paso a la desertificación.2

Frente a esta situación, el pueblo otomí asentado milenariamente en diferentes comunidades en la entidad mexiquense se ha dedicado a la defensa del territorio, enfrentando el acoso, los ataques y el hostigamiento del gobierno de la entidad, que ha pretendido construir un megaproyecto carretero en la región. Y es que desde 2006, cuando el ahora presidente de la República, Enrique Peña Nieto, era gobernador mexiquense, los pobladores indígenas otomíes se enfrentaron a la tala de miles de árboles del bosque en la comunidad indígena ñhäto de San Francisco Xochicuautla en Lerma, México, para que se pudieran comenzar los trabajos de construcción del megaproyecto extractivista de la carretera privada Toluca-Naucalpan, de la constructora de Autovan, SA de CV, de Teya, SA de CV, filial de Grupo Higa, una de las empresas favoritas del gobierno federal, la cual también fue una de las principales beneficiarias de las licitaciones de obras públicas durante el mandato de Arturo Montiel Rojas, entre ellas el Centro Médico del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.3

La zona en que se pretende construir el proyecto carretero es una reserva natural estatal con categoría de santuario del agua conocido como “Bosque Otomí Mexica” que atraviesa también el parque estatal Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributaria Río San Lorenzo, influye en la región hidrológica prioritaria (RHP-65) Cabecera del Río Lerma, y tiene incidencias negativas en un área de importancia para la conservación de aves (AICA); por lo anterior, la construcción de la carretera generará graves y directas afectaciones en el abastecimiento de agua de Toluca, [Ciudad de México] y principalmente al Sistema Cutzamala, que proporcionan el vital líquido. Además, en la zona existen el triple de pozos de los que la [Comisión Nacional del Agua] Conagua ha autorizado, y prácticamente la totalidad de éstos opera desmesuradamente y sin control, lo cual únicamente ha traído beneficios para la industria, pero a un altísimo costo para la cuenca de la región, y esto es algo que la Conagua sigue sin explicar y que también forma parte de las irregularidades con que se ejerce el proyecto. De la misma forma, no se ha explicado por qué se siguen poniendo en riesgo el vital líquido y su distribución y abastecimiento para millones de personas.4

La comunidad otomí ha declarado que el megaproyecto destruiría 600 mil metros cuadrados de territorio, “aunque en realidad serían más de 960 mil metros cuadrados de bosque devastado directamente, lo que causaría daños irreversibles a los ecosistemas, al entorno natural y cultural, simbólico y epistemológico del territorio indígena, ancestral, sagrado y comunitario que por tenencia tradicional anterior a la Conquista y por decreto presidencial desde 1951 se le otorga la propiedad comunal de la tierra de San Francisco Xochicuautla a sus pobladores”.5

Debido a los ataques que han hecho frente como comunidad, un grupo de especialistas realizó un informe general de carácter antropológico y arqueológico para analizar no sólo las supuestas violaciones de derechos humanos cometidas con el pueblo otomí, sino para analizar la pertinencia o no del megaproyecto y su efecto sociológico y arqueológico.

El primer técnico elaborado para tales objetivos se divide en cuatro partes. La primera es sobre violaciones de derechos de pueblos y comunidades indígenas; la segunda sobre violaciones de derechos de pueblos y comunidades indígenas el 11 y 12 de abril de 2013 como consecuencia del allanamiento, el desalojo y la demolición en el territorio descrito; la tercera hace referencia al daño de patrimonio cultural y simbólico de la comunidad ñhäto de San Francisco Xochicuautla; y finalmente, la última parte se centra en el daño del patrimonio arqueológico como consecuencia de la construcción de la carretera privada Toluca-Naucalpan. Además, el informe sigue los tiempos de la denuncia 757/2016 presentada ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por lo que también aborda el tema, situación que será descrita posteriormente en este documento.

La resistencia de la comunidad indígena ha desencadenado de manera muy desatinada el abuso de la fuerza pública federal y estatal, como uno de los casos recientes presentado en abril del presente año, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de México ingresaron violentamente en la comunidad de Xochicuautla, derribando un campamento de paz y una casa –sin notificación previa–, al tiempo que golpearon a pobladores y habitantes, violando amparos y medidas cautelares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el objetivo de desalojar a la gente.

Frente a este acto condenable y excesivo del gobierno mexiquense, organizaciones de la sociedad civil y simpatizantes del pueblo de Xochicuautla se manifestaron.

Como resultado, las autoridades del gobierno del estado de México y de la Secretaría de Gobernación (Segob) firmaron un acuerdo para suspender los trabajos en tanto se buscarían “alternativas” al proyecto; unas mesas de trabajo con los pobladores fueron instaladas.

Después de casi tres años de análisis, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el pueblo otomí se encuentra en situación de riesgo, incrementada en los últimos meses de 2016, y dio a conocer que solicitó al estado de México la adopción de medidas cautelares en favor de los 595 miembros de la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla.

Pese a la resolución de la CIDH, las medidas no han sido otorgadas a los pobladores, y por demás alarmante resulta que las mesas de trabajo han dejado de celebrarse y la comunidad no sabe la razón por la que el gobierno las ha abandonado.

Frente a la resolución de la comisión, el que suscribe este texto presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo que fue aprobado, donde con modificaciones se solicitó al gobierno del estado de México un informe sobre las medidas implantadas para garantizar los derechos del pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla Lerma, debido a la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.

La respuesta del gobierno mexiquense fue escueta. En una misiva dirigida al Congreso de la Unión señalaron haber instruido a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana para “abstenerse” de realizar actos que puedan afectar la integridad o pongan en peligro la vida de los 595 miembros de la comunidad, o bien, la de los defensores que los representan, indicando que la presencia de la policía estatal del lugar es únicamente para el resguardo de la maquinaria que se encuentra a un kilómetro de la comunidad.

En la respuesta, el gobierno estatal agregó la instalación de la mesa de diálogo entre ellos y la comunidad indígena, trabajos que –como fue señalado– la comunidad denunció han sido detenidos, así como la supuesta realización de na consulta previa, libre e informada en junio de 2015 con la comunidad, la que también denunciaron los pobladores no se llevó a cabo con legalidad.

Aunado a lo señalado, en agosto de 2013 rastros arqueológicos del patrimonio de los pueblos de la montaña del Alto Lerma que datan de hace más de mil 700 años fueron encontrados. De acuerdo con el informe presentado por los especialistas, éstos se encuentran a menos de 2 kilómetros del trazo que han delimitado para el proyecto carretero y posiblemente en los polígonos que pretenden apropiarse, lo que representaría otra prueba fehaciente de la presencia de la cultura ñhäto en la zona desde tiempos anteriores a la Conquista.6

En Xochicuautla hay dos tipos de tierras: las comunales y la propiedad privada. En propiedad comunal se encuentra en vigor un amparo gracias al que los trabajos de la autopista no pueden avanzar, pero sobre la propiedad privada, los pobladores denunciaron que el gobernador Eruviel Ávila emitió un decreto de expropiación violando los derechos de los dueños de dichas tierras y que ha desconocido todos los procedimientos jurídicos que han interpuesto los comuneros y pobladores opositores al proyecto carretero desde su inicio. Por ello, al irrumpir en la comunidad, el gobierno ha violado la sentencia de suspensión definitiva de los amparos con fallos a favor de la comunidad de San Francisco Xochicuautla.

De acuerdo con el informe antropológico y arqueológico sobre afectaciones del patrimonio biocultural, patrimonio simbólico, patrimonio arqueológico por el trazo de la carretera privada Toluca-Naucalpan en el territorio ñhäto de San Francisco Xochicuautla, el equipo de investigadores de la Red de Antropologías Popular del Sur, que forma parte de la comisión de apoyo técnico de la comunidad indígena, llevó a cabo de manera rápida una prospección de superficie percatándose de la existencia de un “sistema de terrazas” bordeadas por muros que han sido afectados por el ingreso de la maquinaria pesada para el desarrollo del proyecto de la autopista. Además de las terrazas, una navajilla de obsidiana prehispánica con huellas de uso fue encontrada en superficie, en uno de los tramos destruidos.

El sistema constructivo y las terrazas que se identificaron en la montaña, cerro de la doble campana forman parte del sitio arqueológico Donikja –Iglesia Vieja–, localizado en el territorio de la comunidad indígena ñhäto y considerado espacio fundamental para la renovación del año nuevo otomí.

En los trabajos de arqueólogos en la región de la sierra de las Cruces y Monte Alto, así como en los dictámenes del INAH para la liberación de tramos y subtramos del proyecto de la autopista privada, fechan las descritas construcciones prehispánicas en el Preclásico tardío, y marcan la presencia de otros 22 sitios arqueológicos antes de los 10 parajes que se documentaron en la comunidad, los cuales se han destruido de forma parcial y total sin los estudios técnicos previos establecidos en la ley, aclarando que para los kilómetros correspondientes a la comunidad de San Francisco Xochicuautla no hay permiso de liberación por el INAH. Por consiguiente, los trabajos realizados sobre éste son ilegales, generado también daños severos en dos sitios de la comunidad, la Goshtï y la Ponti Denshï; en este último se han documentado restos óseos y contextos fúnebres prehispánicos, también destruidos de forma parcial por el proyecto de autopista.

Los permisos que ha entregado el INAH a SAASCAEM fueron realizados en 2015 y 2016 cuando debieron ser realizados en 2007. La carencia de estudios científicos y técnicos previos al desarrollo del proyecto han ocasionado severos daños al patrimonio nacional, incluido el decreto expropiatorio que no considera la presencia de importantes sitios arqueológicos, expropiando de forma ilegal bienes nacionales y patrimonio de la comunidad en el sentido que no pueden expropiarse bienes nacionales. Los sitios arqueológicos como patrimonio nacional son bienes nacionales. Estas series de irregularidades no sólo deben ser un recordatorio, sino una exigencia de justicia social, histórica y cognitiva.

La denuncia realizada por la comunidad ante el INAH debido a lo señalado no ha sido emitida, ni ninguno de sus dictámenes. A la fecha han realizado tres visitas de inspección en dos de los sitios, realizando levantamiento de muestras, mediciones y geolocalizaciones de los sitios, dejando otros 10 parajes fuera de su área de inspección.

En estos 10 parajes, la presencia de los sitios y la sospecha de otros más quedan dentro del margen de derecho de vía del proyecto, una muestra más de que existe un vació de entendimiento en términos arqueológicos, antropológicos, etnohistóricos y lingüísticos por parte de las autoridades competentes, elementos que vulneran lo contenido en el artículo 2o. constitucional por lo que respecta a la composición pluricultural de la nación mexicana, sustentada en los pueblos originarios que habitan el territorio nacional antes de la formación del estado, por lo que se debe exigir que ante las graves violaciones a derechos específicos y los daños al patrimonio arqueológico, simbólico y cultural, se priorice la conservación, investigación y protección inmediata de los sitios arqueológicos y los cerros santuarios, lugares sagrados, piedras, capillas y descansos que forman parte del mapa simbólico, cultural, ancestral y sagrado en la relación indivisible entre territorio, comunidad e identidad cultural, elementos que son de vital importancia para la reproducción de la cultura ñhäto del Alto Lerma.

La comunidad ha solicitado mayor interés en comprender lo que sucede en la comunidad como consecuencia de la autopista privada Toluca-Naucalpan en términos de pueblos y comunidades indígenas y no del todo en lo que respecta a lo ambiental o agrario, ya que de esta forma se prioriza en garantizar el criterio de convencionalidad y en ese sentido lo contenido en el 2o. constitucional.

Como una respuesta ante los daños hacia la comunidad, el pueblo indígena se ha dado a la tarea de reforestar una primera brecha intervenida con la intención de que el proyecto no entrara ni en la imaginación del pueblo otomí, por lo que fueron plantados más de 10 mil 200 árboles.

Para finalizar el informe, la Red de Antropologías concluyó que el trazo de la Toluca-Naucalpan ha causado daños irreversibles al patrimonio arqueológico de la comunidad y que aunque el informe que han presentado es un primer avance en ese sentido, el INAH debe realizar estudios científicos muy específicos que sólo competen a sus funciones para brindar un aporte técnico relevante en términos del registro y mapeo de sitios arqueológicos, así como investigar las violaciones de derechos de pueblos y comunidades indígenas durante el proceso de la construcción del megaproyecto carretero.

De acuerdo con los marcos internacionales de derechos humanos sobre los pueblos y las comunidades indígenas, que sirven como instrumentos para hacer valer la libre existencia de éstos, pero que sobre todo posibilitan reconocer sus múltiples identidades culturales, formas de vida, historias particulares y saberes destacan el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo el 7 de junio de 1989, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como otros tratados básicos en materia de derechos humanos que sientan las bases para las consultas, la libre autodeterminación y otros derechos de pueblos y comunidades indígenas.

Dichos derechos también se encuentran en el marco nacional, principalmente en el artículo 2o. constitucional, los cuales han sido violados sistemáticamente por el gobierno federal y el mexiquense en el caso de San Francisco Xochicuautla.

El respeto irrestricto de los derechos humanos de los pueblos indígenas, y la defensa del agua y el territorio deben ser garantizados por todos los poderes. El gobierno del estado de México debe garantizar la vida, seguridad e integridad de todas las personas de la comunidad, así como la legalidad de los recursos legales que impiden la construcción de la autopista. La mentalidad de las autoridades debe dar un giro total, y en lugar de pensar en proyectos para automóviles, la movilidad debe ser analizada desde un punto más sustentable y sostenible, con una visión de derechos humanos. De igual forma, las medidas cautelares solicitadas por la CIDH al gobierno del estado de México deben ser otorgadas sin más dilaciones ni pretextos someros.

Por todo lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno del estado de México a otorgar las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó para los 595 miembros de la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla, Lerma, México.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México a realizar un diagnóstico sobre el impacto ambiental que implicaría la construcción del proyecto de la autopista Toluca-Naucalpan.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a realizar los estudios necesarios que brinden un aporte técnico relevante en términos del registro y mapeo de sitios arqueológicos en la comunidad de San Francisco Xochicuautla, México, con el objetivo de velar por el patrimonio cultural, arqueológico e histórico del país; así como a priorizar la conservación, investigación y protección inmediata de los sitios arqueológicos y los lugares sagrados que forman parte del mapa simbólico, cultural y ancestral de la cultura ñhäto del Alto Lerma.

Notas

1 Comisión de Apoyo Técnico de la Comunidad de San Francisco Xochicuautla. “Avance del primer informe técnico sobre violaciones a derechos de pueblos y comunidades indígenas y daño a patrimonio arqueológico, simbólico y cultural de la comunidad ñhäto de San Francisco Xochicuautla como consecuencia de la construcción de la carretera privada Toluca-Naucalpan”.

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 Ibídem.

6 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2017.

Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a promover la realización oportuna de pruebas y diagnósticos en embarazadas y con ello detectar a tiempo el síndrome de Down, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, María Victoria Mercado Sánchez, diputada de esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Exposición de Motivos

“A finales del siglo XIX, un médico inglés, llamado John Langdon Down considerado como “Padre del síndrome“, a través de la ciencia y los grandes avances de la medicina, público una descripción exacta de una persona con Síndrome de Down, considerándola como una enfermedad cromosómica”.1 Señalando que deben de existir por lo menos 46 cromosomas en cada célula, el cual observo que las personas que padecen el Síndrome de Down tienen un cromosoma de más, es decir; cuentan con 47 cromosomas, aquí determinó que un cromosoma extra causa las características asociadas con el Síndrome de Down.

El síndrome de Down también conocido como Trisomía 21 se define como:

“Una anomalía donde un material genético sobrante provoca retrasos en la forma en que se desarrolla un niño, tanto mental como físicamente”.2

Cada cuerpo humano contiene variedades de células y en ellas existen núcleos donde se almacena material genético, siendo los responsables de todos los rasgos heredados, agrupándose en estructuras llamadas cromosomas.

Normalmente en el momento de la concepción un bebe hereda información genética de sus padres, para que en un total se completen 46 cromosomas, es decir, que herede 23 cromosomas de la madre y 23 del padre. Sin embargo, existe la posibilidad de que se herede un cromosoma de más, teniendo en total de 47 cromosomas, provocando una alteración en el curso de desarrollo de la persona provocando el síndrome.

“De acuerdo al Registro y Vigilancia Epidemiológica de Malformaciones Congénitas, informó un prevalencia del 11.37% por cada 10,000 nacimientos en México. De acuerdo a la Secretaría de Salud, a través del Centro de Equidad y Género y Salud Reproductiva, en su lineamiento técnico para la atención integral de la persona con Síndrome de Down, refiere que en México se encuentra un caso de síndrome por cada 650 recién nacidos. Es decir aproximadamente en México 400,000 personas tienen Síndrome de Down y 6,000 bebes nacen con este síndrome al año”.3

Esta enfermedad es producto de una malformación congénita, en el momento de que él bebe es concebido y comienza a desarrollarse, a pesar de los grandes avances de la ciencia y la medicina, aún no existe una investigación científica definitiva que indique el porqué de la existencia del Síndrome de Down, pero se ha demostrado que un factor importante es la edad de la mujer al momento de concebir, ya que a medida que aumenta la edad de la mujer, aumentan las posibilidades de que el bebé presente este síndrome, ya que la edad máxima considerable para procrear son los 35 años. “Sin embargo de acuerdo a estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de los bebes de mujeres menores de 35 años, se estima que el 80% padecen del síndrome de Down”.4

En la mayoría de los niños y personas que presentan el síndrome comparten ciertas características que los hacen diferenciarse de las demás personas, comparten ciertos rasgos físicos como perfil facial plano, ojos achinados, orejas pequeñas y protrusión lingual, también una característica de los niños con síndrome de Down es su estatura baja y su ritmo de crecimiento es muy lento, así mismo en la mayoría de los casos tienen retrasos y problemas con su habla, se les dificulta valerse por sí mismos, como comer, vestirse, ir al baño, etcétera.

El síndrome también afecta su habilidad de aprendizaje en diferentes formas y tienen una deficiencia mental, siendo esto no un impedimento para que aprendan, incluso son capaces de desarrollar habilidades y destrezas a lo largo de toda su vida, teniendo en cuenta que es a un ritmo más lento que a cualquier otro niño que no padezca este síndrome.

Sin embargo a pesar de las grandes complicaciones que se derivan de esté síndrome, con los grandes avances de la medicina y la ciencia, muchos niños pueden llevar una vida muy normal, siempre y cuando tengan los cuidados y estudios necesarios, pero también hay casos en los que niños deben de tener un cuidado muy especial, tienen una vida más complicada y requieren de cuidados más precisos, ya que debido a esta enfermedad se derivan diversas complicaciones como: hipertensión pulmonar, pueden tener problemas tanto visuales, auditivos, tiroideos, anomalías intestinales, problemas respiratorios, obesidad y en ocasiones se les puede desarrollar leucemia infantil.

“Existen pruebas prenatales que se utilizan para poder detectar el síndrome de Down, desde que él bebe es un feto:

Prueba de Cribado : Consiste en estimar el riesgo de que un feto tenga el síndrome de Down, permiten afirmar o negar si el feto padece alguna anomalía, estas pruebas son económicas.

Prueba diagnóstica : Tienen una precisión aproximadamente del 99% para detectar el síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas, pero esta prueba tiene una desventaja, puesto que se realizan dentro del útero de la mujer existe la posibilidad de que se produzca un aborto y alguna otra complicación, por ello solo se recomienda practicarla a mujeres mayores de 35 años, o en su caso cuando en la prueba de cribado haya resultado alguna anomalía”.5

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a fin de promover a través de sus dependencias la realización oportuna de pruebas y diagnósticos en mujeres embarazadas, y con ello detectar a tiempo el síndrome de Down.

Notas

1 http://www.ndss.org/Resources/NDSS-en-Espanol/Sobre-de-Sindrome-de-Down /Que-es-el-Sindrome-de-Down/

2 Síndrome de Down. http://kidshealth.org/es/parents/down-syndrome-esp.html

3 Boletín Médico del Hospital Infantil de México.

http://www.scielo.org.mx/pdf/bmim/v71n5/v71n5a6.pdf

4 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/es/

5 http://kidshealth.org/es/parents/down-syndrome-esp.html#

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los nueve días del mes de febrero de 2017.

Diputada María Victoria Mercado Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la evaluación de resultados del Fondo Regional para Oaxaca, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Natalia Karina Barón Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Fondo Regional tiene por objeto apoyar a los estados del país con menor índice de desarrollo humano respecto del índice nacional, a través de programas y proyectos de inversión destinados a mantener e incrementar el capital físico o la capacidad productiva, o ambos, así como a impulsar el desarrollo regional equilibrado mediante infraestructura pública y su equipamiento.

El Fondo Regional, como fue nombrado, tuvo un monto inicial de $2,000,000,000.00 (dos mil millones de pesos) y, según las reglas de operación, deben ser utilizados preferentemente mediante programas y/o proyectos de inversión en infraestructura carretera, inversión en salud y/o en educación.

De acuerdo con los lineamientos para la operación del Fondo Regional, publicados el veintinueve de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, los recursos del fondo en el ejercicio fiscal 2016 fueron de $7,192,666,338.00 (siete mil, ciento noventa y dos millones, seiscientos sesenta y seis mil, trescientos treinta y ocho pesos) y tendrían aplicación preferente para:

a) Programas y/o proyectos de inversión en salud;

b) Programas y/o proyectos de inversión en educación; y

c) Programas y/o proyectos de inversión en infraestructura carretera, hidráulica y eléctrica.

Los mismos lineamientos determinan que los recursos del Fonregión deberán destinarse a estudios, programas y/o proyectos de inversión para los siguientes rubros:

a) Salud: en infraestructura y/o equipamiento que tenga como objetivo incrementar la esperanza de vida de la población.

b) Educación: en infraestructura y/o equipamiento que fomenten el incremento en la matrícula escolar, así como aquellos que aumenten los años promedio de escolaridad.

c) Ingresos: en infraestructura carretera, hidráulica y eléctrica que genere ahorros a la población.

Los recursos del Fonregión, han sido utilizados en su mayoría, para obras de infraestructura vial, estas obras no han sido parte de un programa integral que acabe con los bajos índices de desarrollo humano de los municipios con mayor rezago del país, por lo cual los gobiernos de los Estados deben contar con organismos específicos que le permitan plantear objetivos y criterios claros, orientados a tener un impacto directo sobre el desarrollo regional.

Uno de los principales problemas es la distribución inequitativa de los recursos en los estados donde en su mayoría se concentran en zonas urbanas y zonas que no tienen los menores niveles de índice de desarrollo humano, lo que mantiene a los municipios rurales sin mejoras tangibles.

De igual forma, el fondo no tiene un objetivo específico y delimitado, lo que lo hace poco transparente dejándolo a posibles intereses de los gobiernos estatales, por lo que su principal objetivo debería estar orientado al desarrollo humano territorial.

Aunado a lo anterior, las carteras de proyectos están integradas por propuestas pequeñas que lejos de causar un impacto regional que incremente los índices de desarrollo, representan complementos de otros programas, inversiones sin planeación, ocurrencias de los gobiernos estatales y sobre todo inversiones en municipios con menores necesidades, respecto del Índice de Desarrollo Humano.

Probablemente una de las deficiencias más importantes de dicho fondo es que carece de una definición clara sobre los objetivos que persigue, pero si partimos del supuesto de que fue creado para apoyar a los Estados con menor índice de desarrollo humano, resulta claro que los recursos del Fonregión deben ser empleados en programas y/o proyectos que coadyuven a incrementar los índices de desarrollo humano de las entidades beneficiadas.

De acuerdo con el artículo 9, fracción I, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, el 50 por ciento de estos recursos será aplicado en beneficio de los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero a través de fideicomiso que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la participación de otras de las Secretarías de Salud, de Desarrollo Social y de Educación Pública como se señala a continuación:

Artículo 9. La Secretaría, a más tardar el 31 de enero, emitirá las disposiciones para la aplicación de los recursos de los siguientes fondos:

I. Fondo Regional. Este fondo tiene por objeto apoyar a las 10 entidades federativas con menor índice de desarrollo humano respecto del índice nacional, a través de programas y proyectos de inversión destinados a permitir el acceso de la población a los servicios básicos de educación y salud, mantener e incrementar el capital físico o la capacidad productiva, así como de infraestructura básica; mediante la construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura pública y su equipamiento.

Los recursos de este fondo se aplicarán a través del fideicomiso público sin estructura orgánica que determine la Secretaría. La aprobación de los proyectos de infraestructura propuestos por las entidades federativas estará a cargo de un comité, presidido por la Secretaría, que contará con la participación de las secretarías de Salud, de Desarrollo Social y de Educación Pública.

El 50 por ciento de los recursos del Fondo se destinará a los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y el restante 50 por ciento a las siete entidades federativas con menor índice de desarrollo humano, en términos de las disposiciones que emita la Secretaría;

De esta manera, es oportuno el exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de su competencia, haga del conocimiento público cuáles fueron los indicadores estratégicos y de gestión así como los resultados relativos a los montos ejercidos del Fondo Regional durante el ejercicio fiscal 2016 para el Estado de Oaxaca.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de su competencia, haga del conocimiento público los indicadores estratégicos y de gestión para evaluar los resultados de aplicación del Fonregión para el estado de Oaxaca durante el ejercicio fiscal de 2016.

Segundo. Se exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de su competencia, haga del conocimiento público los montos ejercidos del Fonregión para el estado de Oaxaca durante el ejercicio fiscal 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2017.

Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, la PGR y el gobierno de Veracruz a dar seguimiento y solución por los daños causados por la aplicación de quimioterapias falsas a niños con cáncer durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, María Victoria Mercado Sánchez, diputada de esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Exposición de Motivos

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se considera al cáncer como “Un problema de salud pública desde 1990, ya que a nivel mundial se estima que cada año se diagnostican 15 casos de cáncer infantil por cada 1,000 niños menores de 15 años”.1

El Cáncer Infantil es la principal causa de muerte en niños entre 5 y 14 años de edad en nuestro país, en la actualidad de acuerdo a la Secretaría de Salud se estima que cada año hay aproximadamente de 5,000 a 6,000 niños que padecen algún cáncer.

Existen tres tipos de cáncer que se destacan en los niños, la primera es la Leucemia el cual representa el 52% de la totalidad de los casos, el segundo es la enfermedad de los linfomas el cual equivale al 10% de los casos, y por último, como tercer tipo de cáncer son los tumores que aparecen en el sistema nervioso central el cual obtienen el 10% de los casos.

El cáncer se define como:

“Una enfermedad que se presenta por la alteración que sufren las células, en algún lugar del organismo. Las células enfermas al crecer sin control, adquieren tamaños y formas anormales, destruyendo las células sanas e invadiendo otros órganos y tejidos”.2

Existen células normales y anormales, las primeras crecen, se dividen y luego mueren, sin en cambio las células anormales también denominadas células cancerígenas, crecen, se dividen y suelen agruparse para formar tumores. Incluso cabe la posibilidad de que las células cancerosas se separen de su tumor original y se distribuyan en cualquier parte del cuerpo.

En la actualidad en nuestro país existen 54 unidades médicas acreditas y capacitadas para atender a pacientes que padezcan alguna patología de cáncer. Existen 135 oncólogos pediatras para los 7,500 casos de cáncer que se registran en nuestro país anualmente.

Por lo que nos damos cuenta que son muy pocos los especialistas que cuentan con la acreditación y capacitación en la materia para atender el gran número de casos que se dan día con día.

“Hasta el momento no existe una causa específica que indique los motivos por los cuales se origina y desarrolla el cáncer, pero si hay sospechas de situaciones que pueden aumentar el riesgo de padecer esta enfermedad, una de ellas es que un niño este expuesto a un ambiente muy contaminado de humo, que la patología haya sido heredada por cualquiera de los padres a través del embarazo y por último que el menor sea portador del virus de la hepatitis B, siendo su probabilidad del 5%, el cual nos damos cuenta que es muy baja, mas no podemos dejarlo sin tomar en cuenta ya que estos son algunos factores que pueden generar cualquier tipo de cáncer”.3

El cáncer infantil causa un gran impacto en la vida de los niños, de sus padres y de las personas en general, y bien es cierto que gracias a los grandes avances de la ciencia y la tecnología se han logrado muchos casos de éxito el cual les permite a los niños tener una calidad de vida muy buena.

Es por ello que el tratamiento que se le dé a cada uno de los niños que padezcan está enfermedad debe de ser de calidad, y debe de llevarse a cabo con mucha cautela y cuidado para que los resultados sean benéficos. Es importante mencionar que cada uno de los tipos de cáncer, el tratamiento y las probabilidades de que exista una cura es muy diferente, ya que algunas células crecen, se desarrollan muy lento y reaccionan muy bien al tratamiento, mientras que otros en ocasiones son muy difíciles de tratar y se desarrollan muy rápido dentro del sistema inmunológico de cada persona.

Lamentablemente para todas las personas no es prioridad el bienestar de los niños, y es más indignante que esas personas estén a cargo de la política de nuestro país, y en ocasiones solo ven por sus intereses propios, sin importar el daño que puedan ocasionar a los demás, un ejemplo de ello es “la reciente noticia que dio el Gobernador del Estado de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares, el cual, afirmó que durante el gobierno de su antecesor Javier Duarte, la Secretaría de Salud aplicaba quimioterapias falsas a niños enfermos de Cáncer, no aplicándoles medicamento y suministrando un compuesto inerte que prácticamente era agua destilada, dejando en estado de indefensión a cada uno de los niños y atentando contra su bien jurídico tutelado la vida”.4

El ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa justifica que esa medida se adoptó debido por insuficiencia presupuestal, el cual aun así no le daba el derecho de poner en riesgo de vida a los menores, ya que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo cuarto párrafo cuarto establece que: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.5

El cual la misma constitución establece que toda persona tiene derecho a un servicio de salud seguro, confiable, honesto, el cual el ex gobernador del estado de Veracruz no cumplió.

Es necesario atender esta problemática de manera inmediata para que esta situación en las distintas Secretarias de Salud de cada estado no se vuelva a repetir, y se tomen las medidas necesarias para que se den los tratamientos adecuados a cada niño que padezca cualquier tipo de cáncer.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a la Procuraduría General de la República y al gobierno del estado de Veracruz, a dar seguimiento y solución por los daños causados, derivados de la aplicación de quimioterapias falsas a niños con cáncer, durante el mandato del ex gobernador del estado Veracruz Javier Duarte de Ochoa.

Notas

1 Secretaría de Salud. “Cáncer en la Infancia y la Adolescencia”

http://web.ssaver.gob.mx/saludpublica/files/2014/02/mens ajero-CaInf.pdf

2 Organización Mundial de la Salud.

http://www.who.int/cancer/es/

3 Guía infantil. “Causas y prevención del cáncer infantil”

https://www.guiainfantil.com/salud/enfermedades/cancer/c ausas_prevenir.htm

4 Proceso.com.mx. “Con Duarte se aplicaron “quimioterapias falsas” a niños con cáncer”

http://www.proceso.com.mx/470347/duarte-se-aplicaron-qui mioterapias-falsas-a-ninos-cancer-yunes

5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los nueve días del mes de febrero de 2017.

Diputada María Victoria Mercado Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y el DIF que resuelvan la situación de los niños y los adolescentes que sufren de violencia y humillación en el hogar, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, María Victoria Mercado Sánchez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79 fracción II, numeral 2, fracciones I, II y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Exposición de Motivos

Cerca de 25 mil niños y adolescentes de hasta 18 años de edad se encuentran internados en centros de Alojamiento de Asistencia Social (CAAS) en todo el país, y el 80 por ciento de esos lugares están al amparo de organizaciones de la sociedad civil.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) realizó un estudio en México, donde señala que seis de cada diez niños y adolescentes entre uno y catorce años de edad sufren violencia, abuso y humillación como una forma de disciplina física o psicológica, por parte de sus padres y un 70 por ciento la violencia es ejercida por personas cercanas a su hogar, la violencia tiene una afectación mayor en las niñas y adolescentes mujeres, sector en donde se presenta 70 por ciento de las agresiones.

“Esto ocurre ante el desconocimiento de otras estrategias, son los padres de familia quienes en el intento de educar utilizan correctivos violentos: desde golpes o nalgadas, hasta gritos e insultos ya que no conocen otras medidas para educar a los menores. Señalan que el 28 por ciento de la población mexicana considera que los golpes son parte de la educación, a manera de correctivo”.1

“En promedio, el DIF Nacional recibe 152 denuncias diarias de violencia y maltrato infantil en los hogares mexicanos, por lo que los niños tienen que ser alojados en esos sitios. También existe el ingreso de los niños que presentan algún tipo de discapacidad”.2

Por ello las nuevas procuradurías de protección a la niñez, necesitan de una buena capacitación para poder garantizar una protección eficiente, contando con el presupuesto suficiente de recursos humanos y materiales necesarios para su fortalecimiento y obtener resultados favorables en beneficio de los infantes.

Punto de Acuerdo

Único. Punto de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente, a la Procuraduría Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a resolver la situación de las niñas, niños y adolescentes que sufren de violencia y humillación en el hogar, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Nota

1 Teresa Moreno “Niños enfrentan violencia silenciosa”17/11/16, El Universal.

2 Ídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2017.

Diputada María Victoria Mercado Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a capacitar de manera continua a los elementos de seguridad en todos los niveles sobre los protocolos de investigación y cadena de custodia, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Seguridad, a capacitar de manera continua a todos los elementos en todos los niveles de seguridad, sobre los protocolos de investigación y cadena de custodia, atendiendo de manera oportuna malas prácticas por parte de los servidores públicos, para garantizar el resguardo del lugar de los hechos y hallazgos, así como la recopilación técnica y científica de evidencias, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

En el 2014 fue creado el Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad de dar un protocolo de actuación en el proceso penal, garantías para la víctima e imputado, así como el protocolo de actuación para los policías al momento de una detención y resguardo, tanto de la escena de un crimen, como la recolección de pruebas que se llegasen a encontrar con ayuda de un perito experto en la ciencia, arte o técnica idónea, sin embargo, no especifica las facultades o alcances de cada uno.

El artículo 263 de la licitud de la prueba, indica que los datos y pruebas deberán ser obtenidos y producidos lícitamente para su admisión y desahogo en el proceso, por lo tanto se debe seguir el protocolo de actuación, para evitar que las pruebas se contaminen o sean violatorias de derechos humanos y así caer en el supuesto del artículo 264 de la nulidad de la prueba, al considerarse como ilícitos los datos o pruebas obtenidas.1

La nulidad de la prueba ha beneficiado a un gran número de delincuentes, acusados por diversos delitos, e incluso con pruebas contundentes en su contra, uno de los casos más sonados ha sido el de Florence Cassez, que con la existencia de pruebas plenas en su contra, logró su libertad debido al montaje y contaminación del lugar de los hechos por parte de las autoridades y televisoras.2

Otro caso tuvo lugar en Reynosa, en el 2015 la detención de un sujeto acusado de daños morales e incitación a la prostitución, así como por la violación de un menor de 12 años, al momento de ser detenido portaba un celular con imagines de abuso sexual contra menores, el juez del caso decidió dejarlo en libertad alegando que no contaba con las pruebas suficientes para imputarle el delito, todo porque las pruebas fueron contaminadas.3

Desde secuestradores, líderes del narcotráfico, hasta pederastas, se han beneficiado con la falta de preparación de los elementos de seguridad al momento de recabar las pruebas de la escena del delito. Por lo que resulta de suma importancia tomar en cuenta las diferencias entre la labor del policía de cualquier rango y la actuación del policía de investigación o encargado de la recolección de los hallazgos, ya que al momento de hacer el resguardo y recolección de pruebas por parte del elemento policial que llega primero al lugar de los hechos, no siguen el protocolo de medidas para recabar las pruebas, y al no tener la preparación necesaria algunos han tomado el arma que portaba el presunto culpable, y dan oportunidad a que el objeto se convierta en ilícito y lo deje en estado de nulidad para ser tomado en cuenta al momento de imputar responsabilidad sobre el ilícito al presunto culpable.

En los últimos cinco años la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha otorgado la libertad por indebido proceso a un promedio de setenta personas, situaciones como pruebas ilícitas, falsedad de testimonios, tiempo tardío en poner a disposición del Ministerio Público al presunto culpable o por no dar el derecho a tener un traductor o interprete,4 permitiendo que la posible víctima no tenga acceso a la justicia.

Tenemos que aceptar que en este tema falta mucho por hacer ya que el nuevo sistema de justicia penal tiene poco tiempo y por ende no se ha logrado dar la formalidad e impacto, así como la información a cada una de las partes que se ven involucradas en el proceso penal, desde los policías y peritos hasta los jueces al momento de tomar a consideración las pruebas por decisiones erróneas e irracionales que dañan a las víctimas, familias e incluso a la misma sociedad que teme por ver de nuevo en las calles a estos criminales.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se encarga de emitir opiniones sobre las violaciones presentadas por policías y demás autoridades que actúen de manera indebida, desde que inicia el proceso hasta su conclusión, con la finalidad de evitar que se vulneren los derechos de las víctimas, sin embargo esto no garantiza que se haga justicia, ya que el probable responsable sale en libertad y la sanción de la que el servidor público es acreedor no resarce la pena por el delito en cuestión.

Los probables responsables de la comisión de un delito pueden interponer amparos de manera directa o indirecta, por violaciones a los principios, como lo establece el artículo 20 constitucional apartado B es su fracción VI,5 referente al acceso de los registros de investigación, por parte del imputado y su defensor, el cual puede alegar que la prueba ha sido contaminada y en caso de demostrar que así es, esta pierde su valor, eliminándola del proceso, sin importar que sea probatoria y en ocasiones evidente o se haya detenido al imputado en flagrancia.

Ya sea por error o por abuso de autoridad, los criminales y sus defensores siguen percatándose del desconocimiento y poca preparación de las autoridades, por ello se debe de redefinir el concepto de resguardo y recolección distinguiendo las facultades entre policías y policías especializados o de investigación; así como proporcionarles de manera continua una preparación que les recuerde el protocolo de actuación y los límites de sus funciones, ante un ilícito y resguardo del lugar de los hechos.

Considerandos

Los delitos de alto impacto son aquellos que atentan contra la vida o integridad de la víctima u ofendido catalogándolos como algún tipo de homicidio (doloso o culposo), secuestro, extorsión, robo con violencia, robo de vehículo, a casa habitación o negocio, transeúnte y violación. Delitos en los que en la mayoría existe algún indicio o rastro que pueda llevar a la identificación o a fincar responsabilidad a él o los presuntos responsables.6

Se debe de capacitar de manera constante al personal policial y asignar facultades tanto a los peritos como a los policías, para que cada uno cumpla su función y no se conviertan en una herramienta más de los presuntos culpables, y evitar cumplir con su responsabilidad en el delito que se les imputa.

El mínimo detalle puede contaminar y permitir que las pruebas se conviertan en ilícitas o viciadas, siendo las periciales el principal instrumento probatorio, cuando se obtienen de manera licita y se resguardan de forma adecuada.

La finalidad de la preservación y procesamiento de los indicios, es guiar en el razonamiento del juzgador para que este de su fallo con base en las pruebas ofrecidas, preservando la cadena de custodia y dando un manejo adecuado en el procedimiento científico.7

Es por ello que los policías y peritos, deberán hacer la recolección, embalaje y traslado de los indicios o evidencias,8 motivo por el cual se les debe de dar y limitar su facultad a cada uno, siguiendo el protocolo que maneja el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 227 y el acuerdo 4/2016 que emitió la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para la CDMX9 y demás autoridades, así como los formatos de la cadena de custodia, el informe policial, y el equipo adecuado de cada situación para los peritos, con la finalidad de no contaminar los indicios que se encuentren en el lugar de los hechos.

Al mismo tiempo se debe contar con el equipamiento necesario por parte de los policías de investigación o policías expertos en recolección de pruebas e indicios, para que puedan seguir con los protocolos antes mencionados sin alterar su naturaleza. El Ministerio Público a su vez debe contar con un espacio e instrumentos adecuados al momento de que reciba la cadena de custodia.

A nivel federal existen dos acuerdos referentes a la cadena de custodia y sus lineamientos emitidos por la Procuraduría General de la Republica, el primero es el acuerdo A/002/10 que establece los lineamientos que deberán observar todos los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito;10 el segundo es el acuerdo A/009/15, establece las directrices que deberán observar los servidores públicos que intervengan en materia de cadena de custodia, así como la guía de cadena de custodia, preservación del lugar y demás lineamientos que deben de seguir los policías y peritos o cualquier otro servidor público al momento de entrar al lugar de intervención.11

La guía antes mencionada es un requerimiento al entregar la cadena de custodia para dar validez y continuidad a todos los elementos y sean constituidos como pruebas; los policías, peritos y ministerios públicos, deben por obligación saber todos los lineamientos y requisitos necesarios para llevar a cabo los documentos o formatos desde el lugar de intervención, la cadena de custodia y la entrega-recepción de los índicos o elementos materiales probatorios.

En Colombia existe un manual de procedimientos del sistema de cadena custodia, clasificando las responsabilidades de la policía y el grupo designado para la diligencia (peritos), estos últimos tienen la obligación de nombrar al encargado de las fotografías, topografía y la narración descriptiva de los procedimientos y actividades desarrolladas en los diferentes puntos de hallazgo.12

La forma de embalaje y las recomendaciones para el manejo de los elementos materia de prueba, clasificando su recolección, embalaje y precauciones, en cualquier tipo de arma, estupefacientes, ropa o cualquier otro tipo de elemento que se encuentre y los contenedores donde serán colocados como son bolsas, cajas, frascos y tubos con el fin de garantizar los principios de la cadena de custodia.

Protocolos existen, sin embargo es indispensable capacitar constantemente, las funciones tanto de los peritos como de los policías, así como en la responsabilidad que tendrán si faltan a algún supuesto del Código Penal Federal, como se establece en el artículo 225 fracción XXXI, “de los delitos cometidos por servidores públicos”, referente a la modificación, alteración o algún otro supuesto relacionado con los indicios, evidencias u objetos en el procedimiento de la cadena de custodia, al que, se le impondrá pena de prisión de cuatro a diez años y de cien a ciento cincuenta días de unidades de medida y actualización (UMA).13

Punto de acuerdo

Único: Se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Seguridad, a capacitar de manera continua a todos los elementos en todos los niveles de seguridad, sobre los protocolos de investigación y cadena de custodia, atendiendo de manera oportuna malas prácticas por parte de los servidores públicos, para garantizar el resguardo del lugar de los hechos y hallazgos, así como la recopilación técnica y científica de evidencias.

Notas

1 Código Nacional de Procedimientos Penales. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_170616.pdf

2 “Pederastas y narcos, beneficiarios del debido proceso”. Excélsior . Jorge Fernández Menéndez. 26 de mayo de 2016.

http://www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-mene ndez/2016/05/26/1094958

3 Ídem.

4 “Liberan a 70 en 5 años por indebido proceso”. Excélsior . Juan Pablo Reyes. 20 de septiembre del 2015.

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/09/20/1046695

5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150816.pdf

6 “Reporte Sobre Delitos de Alto Impacto”. Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad. Septiembre 2016.

http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2016/11/161115mensu al-septiembre-digital_VF.pdf

7 “Protocolos de Cadena de Custodia Dos grandes etapas: preservación y procesamiento”. Inacipe . 2013. https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/u37/Proto colosdeCadenadeCustodia.pdf

8 Ídem.

9 “Acuerdo 4/2016 por el que se expide el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para la Preservación del Lugar de los Hechos o del Hallazgo y Cadena de Custodia”. Gaceta Oficial de la Cuidad de México. 5 de Abril de 2016. http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/sitio_sspdf/art_14/fraccion_i /otros_documentos/AcuerdosistemasdatospersonalesI.pdf

10 Acuerdo número A/002/10 mediante el cual se establecen los lineamientos que deberán observar todos los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5130194&fecha=03/02/2010

11 Acuerdo A/009/15 por el que se establecen las directrices que deberán observar los servidores públicos que intervengan en materia de cadena de custodia.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5381699&fecha=12/02/2015

12 “Manual de Procedimientos del Sistema de Cadena de Custodia”. Colombia. Fiscalía General de la Nación. http://www.fiscalia.gov.co/en/wp-content/uploads/2012/01/manualcadena2. pdf

13 Código Penal Federal. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_180716.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2017.

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y la SRE a entregar el seguimiento del estado en que se encuentran las recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la sentencia de Campo Algodonero y que el Estado mexicano está obligado a cumplir, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Candelaria Ochoa Ávalos, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 16 de noviembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la sentencia del Campo Algodonero, en la que se señalan las violaciones cometidas a los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad personal –reconocidos en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana– en cuanto a la obligación general de garantía –contemplada en el artículo 1.1– y la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno –contemplada en el artículo 2 de la misma, así como a las obligaciones contempladas en el artículo 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará1 por parte del Estado mexicano para con Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal y sus familias.

Esta sentencia es de extrema importancia, dado que el Estado incumplió con su deber de investigar –y con ello de garantizar– los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal. El Estado violó los derechos de acceso a la justicia y protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, y los derechos a la vida y a la libertad señalados en la Convención Belém do Pará. Asimismo, violó el derecho a la no discriminación, los derechos de los niños de las hijas de las afectadas y el derecho a la integridad personal –referente al hostigamiento que sufrieron los familiares de las víctimas.

En la sentencia de la CIDH se despliegan 13 obligaciones para el Estado mexicano, que tienen la finalidad de reparar el daño hecho a las familias, así como la no repetición por parte de las instituciones mexicanas en estos casos. Se reconoce que, en materia de las obligaciones emitidas por la CIDH, a partir del año de publicación de la sentencia se han hecho avances en temas como la perspectiva de género en las investigaciones judiciales, la atención a la violencia sexual y el trabajo interinstitucional para la transversalización de la perspectiva de género –como señala la primera obligación–, puesto que no existían estos instrumentos en las instancias de procuración de justicia. Sin embargo, la importancia de la elaboración de estas herramientas tiene la finalidad de “conducir eficazmente el proceso penal en curso y, de ser el caso, los que se llegasen a abrir, para identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, maltratos y privación de la vida de las jóvenes González, Herrera y Ramos”2 , y hasta la fecha no se ha sancionado a los responsables de las muertes violentas de las víctimas.

El Estado debe tomar acciones terminantes respecto a las sanciones que se mencionan en el apartado de puntos resolutivos de la sentencia, dado que otorgar responsabilidad a quien incurrió en violencia institucional es parte fundamental de tomar acción en estas obligaciones para reparar el daño. Ello, sobre todo, porque la violencia institucional es la perpetrada por el mismo Estado. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define como violencia institucional “los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”.

La sentencia de la CIDH ayuda a reconocer que la violencia institucional re-victimiza a quien recurre a estas instancias, no sólo por no reconocer su dolor, sino por evidenciar el sesgo patriarcal en la estructura del Estado que juega en detrimento de todas las mujeres violentadas física y sexualmente.

Esta sentencia es resultado de la lucha llevada a cabo por las familias de las víctimas con ayuda de organizaciones no gubernamentales (ONG) desde 1993 para revertir la violencia institucional que sufrieron. Es, también, producto del señalamiento internacional de las obligaciones que tiene el Estado mexicano respecto de la violación de los derechos humanos de las mujeres y su poca sensibilidad sobre este problema, mismo que se ha agudizado en recientes años; y es un referente para la visibilización del androcentrismo en los protocolos de justicia.

La importancia que cobra esta sentencia no recae sólo en la reparación del daño a las víctimas suscritas en el documento, sino en el cambio del Estado mexicano respecto a la procuración de la justicia con perspectiva de género y, de manera formal, evidenciar que la violencia perpetrada desde el Estado duele igual que la infringida por cualquier persona desde la sociedad. Aboguemos para que el ir a la policía o Ministerio Público implique efectiva justicia y apoyo a las familias de las víctimas de violencia.

Por ser un caso vigente e icónico a nivel internacional y un parteaguas para el avance de los derechos de las mujeres mexicanas, es imperante conocer el estado de resolución en el que se encuentran las obligaciones emitidas por la CIDH. El seguimiento de estas obligaciones debe ser una tarea diaria para el Estado mexicano, no sólo en la reparación del daño hacia las víctimas y sus familiares, sino en ir más allá y considerar las 13 obligaciones que marca la sentencia como una oportunidad para evaluar las condiciones de no violencia hacia las mujeres en México.

Por lo anteriormente expuesto, propongo lo siguiente.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores que entreguen el seguimiento del estado en que se encuentran las recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la sentencia del Campo Algodonero y que el Estado mexicano está obligado a cumplir.

Notas

1 Caso González y otras (“Campo algodonero”) vs. México. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009, nota 4, p. 151.

2 Caso González y otras (“Campo algodonero”) vs. México. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009, nota 12, p. 153.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2017.

Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México y el STC-Metro a establecer un plan urgente de mantenimiento mayor en todas las líneas, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada federal Rosa Alba Ramírez Nachis, integrante de la LXIII Legislatura, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Sistema de Transporte Colectivo Metro es el eje de la movilidad en la Ciudad de México, el cual marcó por años la pauta a nivel nacional e internacional sobre las características de ser un transporte eficaz, ágil y económico, de tal manera que varios países en desarrollo se dieron a la tarea de conocer de primera mano su funcionamiento para echar andar sistemas de transporte similares en sus respectivos países.

Sin embargo, el Metro ha dejado de ser el modelo de transporte ágil y eficaz que le caracterizo en el siglo pasado; es cierto que aún es muy económico, pero no opera en óptimas condiciones, por lo que sus deficiencias deben atenderse a la brevedad, dejando la retórica que por años ha acompañado a las administraciones sobre la prestación de un servicio de calidad, lo cual contrasta con el casi nulo mantenimiento que se le da a las diversas líneas que integran este sistema de transporte metropolitano, y que incide en la seguridad e integridad de los pasajeros

El Sistema de Transporte Colectivo Metro fue inaugurado el 4 de septiembre de 1969 durante el sexenio del Presidente Gustavo Díaz Ordaz,i el tramo original partía de las estaciones Chapultepec hasta Zaragoza. A la fecha el Metro cuenta con 12 líneas, en las que se incluyen la A y B. la longitud del sistema es de 226.488 kilómetros, contando a la fecha con 195 estaciones; de acuerdo a las estadísticas del propio Sistema de Transporte Colectivo Metro, la afluencia en el periodo enero – marzo de 2016 fue de 391, 060,405 pasajeros.ii

Es de hacer notar que la mayoría de las líneas de este sistema de transporte fueron construidas durante las durante las octava y novena décadas del siglo pasado.

“A la fecha se cuenta con un parque vehicular de 390 trenes, de los cuales, de rodadura neumática 292 trenes son de 9 carros y 29 de 6, así como de rodadura férrea 12 son de 9 carros, 27 de 6 y 30 de 7 carros; el cual está integrado por 4 modelos férreos y el resto neumáticos. Se distinguen 2 tipos de tecnología en su fabricación: el 26% cuenta con sistema de tracción-frenado del tipo electromecánico JH (árbol de levas) con trabajos de fiabilización y rehabilitación que se han realizado. El resto cuenta con un sistema de tracción-frenado con semiconductores y control electrónico, lo que permite aumentar la fiabilidad y reducir los costos de operación y mantenimiento, debido a que tienen mayor eficiencia en la recuperación de energía durante la etapa de frenado eléctrico”.iii

En fechas recientes se han rehabilitado algunos trenes, y tiempo atrás se adquirieron algunos más para operarse en la línea 2; las condiciones físicas y de operaciones de los vagones y trenes de todo el Sistema de Transporte Colectivo, presentan serias deficiencias, como lo son el que las puertas no abran y tengan los usuarios que operarlas manualmente, que muchos de los vagones se encuentren deteriorados en sus interiores por el uso.

En cuanto a la situación de las estaciones del metro prevalece el envejecimiento y deterioro, fugas de agua que contribuyen a deteriorar paredes por el exceso de humedad, pisos cuyos fracturas y desniveles señalan el abandono existente, escaleras con las losetas de mármol fracturadas; en el periodo de lluvias filtraciones en los techos, que son más palpables en la Línea B, en sus estaciones San Lázaro, Romero Rubio, en cuyo interior no es raro ver gente con paraguas pues la lluvia se filtra, con lo que los pisos se vuelven resbalosos y peligrosos para los usuarios que transitan por las mismas.

Si bien es cierto que se están remodelando las veinte estaciones de la línea uno del metro, pero solo es en apariencia, porque estructuralmente no se ha tocado nada de los dieciocho kilómetros que le componen.

En el aspecto de la higiene es otro de los rubros en donde marcadamente se observa el descuido de los responsables del sistema de transporte, pues es común que al interior de los vagones se encuentre basura y mugre, acentuándose los fines de semana, de igual manera se nota basura en andenes y en las vías de los trenes. Al exterior de muchas estaciones se perciben olores fétidos en razón de que transeúntes e indigentes hacen sus necesidades fisiológicas; al interior de algunas estaciones como Guerrero, Hidalgo, Pantitlán, San Lázaro, Merced, Candelaria, entre otras se presenta la misma situación.

Sin llevar a cabo un examen exhaustivo de todas y cada una de las deficiencias estructurales y operativas con que opera este transporte público, salta a la vista la necesidad de iniciar urgentemente el mantenimiento de las estaciones del Metro, en razón de proporcionar las condiciones de seguridad, higiene, comodidad y accesibilidad a todos los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Estamos conscientes de encontrarnos en un periodo de contracción del gasto público, por lo que es necesario que el Gobierno de la Ciudad de México busque de manera inteligente dar mejor uso a los recursos financieros de los que dispone, evitando el dispendio y la realización de actividades o proyectos que poco benefician a la comunidad, canalizando los dineros de estos a la financiación del mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo Metro, lo que aunado a los recursos del Fideicomiso creado para administrar los recursos obtenidos por el aumento al boleto de transporte, sin duda alguna harán entonces evidente el interés de la actual administración para brindar un servicio de transporte en condiciones aceptables de calidad y eficiencia.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al jefe del gobierno de la Ciudad de México y al director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que se establezca un plan emergente de mantenimiento mayor en todas las líneas de este sistema de transporte público.

Notas

i El metro de la Ciudad de México, en https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_la_Ciudad_de_M%C3%A9xico. Consultado el 1 de febrero de 2017

ii Afluencia por tipo de acceso, en

http://www.metro.cdmx.gob.mx/operacion/afluacceso.html consultado el 1 de febrero de 2017.

iii Parque vehicular en http://www.metro.cdmx.gob.mx/operacion/index.html. Consultado el 1 de febrero de 2017.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 9 de febrero del 2017.

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a difundir el informe del Subcomité de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU, que visitó el país en diciembre de 2016, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita Claudia Sofía Corichi García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la honorable Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo a que haga público el Informe que el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT), de la Organización de las Naciones Unidas, entregó después de su visita a México el pasado mes de diciembre de 2016, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. El Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT) es un órgano dentro de los tratados del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas. Su mandato es puramente preventivo y se basa en un enfoque innovador, continuo y dinámico para la prevención de la tortura y los malos tratos. El SPT inició sus trabajos en febrero de 2007.

II. El SPT fue establecido de conformidad con las disposiciones de un tratado, a saber, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. El Protocolo Facultativo fue aprobado en diciembre de 2002 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y entró en vigor en junio de 2006.

El SPT está integrado por 25 expertos independientes e imparciales que provienen de contextos diferentes y de diversas regiones del mundo. Los miembros son elegidos por los Estados partes en el Protocolo Facultativo para un mandato de cuatro años y pueden ser reelegidos una vez.1

III. El SPT tiene una función operativa, que consiste en visitar todos los lugares de detención en los Estados partes, y una función consultiva, que consiste en prestar asistencia y asesoramiento a los Estados partes y los mecanismos nacionales de prevención. Además, el SPT colabora con los órganos y mecanismos competentes de las Naciones Unidas, así como con instituciones u organizaciones internacionales, regionales y nacionales, para prevenir la tortura en general. El Subcomité presenta un informe anual público sobre sus actividades al Comité contra la Tortura, y se reúne tres veces al año en períodos de sesiones de una semana de duración que se celebran en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.

IV. En virtud del Protocolo Facultativo, el Subcomité tiene acceso irrestricto a todos los lugares de detención, sus instalaciones y dependencias y a toda la información pertinente. El SPT visita comisarías de policía, prisiones (militares y civiles), centros de detención (por ejemplo, centros de prisión preventiva, de detención de inmigrantes, de reclusión de menores, etc.), instituciones de salud mental y atención social y cualesquiera otros lugares donde las personas estén o puedan estar privadas de libertad.

El SPT está también facultado para celebrar entrevistas privadas y sin testigos con las personas privadas de su libertad o cualquier otra persona que a su juicio pueda aportar información relevante, incluidos los funcionarios del Estado, los representantes de mecanismos nacionales de prevención y de instituciones nacionales de derechos humanos, los miembros de organizaciones no gubernamentales, el personal penitenciario, abogados, médicos, etc. Las personas que faciliten información no podrán ser objeto de sanciones o represalias por haber suministrado información al STP.

En las visitas participan al menos dos miembros del SPT, que pueden ir acompañados, en caso necesario, por expertos de reconocida experiencia y competencia profesional en el ámbito correspondiente.

V. El SPT realiza misiones a los países, mediante el envío de una delegación que visita los lugares de privación de libertad. Durante esas visitas, el SPT observa las condiciones cotidianas de vida de las personas en los centros de reclusión, los marcos legislativo e institucional y otros ámbitos que pueden guardar relación con la prevención de la tortura y los malos tratos. Al final de la visita al país, transmite sus recomendaciones y observaciones al Estado por medio de un informe confidencial y, si es necesario, a los mecanismos nacionales de prevención. Sin embargo, se alienta a los Estados partes a que soliciten al SPT la publicación de los informes de las visitas.

El SPT se guía por los principios de confidencialidad, imparcialidad, no selectividad, universalidad y objetividad. Lleva a cabo su labor en un espíritu de cooperación, y su objetivo es tratar con los Estados partes mediante un diálogo constructivo orientado a la colaboración en lugar de la condena. Sin embargo, si el Estado parte se niega a cooperar o se abstiene de tomar medidas para mejorar la situación a la luz de las recomendaciones del SPT, este podrá solicitar una declaración pública al Comité contra la Tortura o publicar su propio informe.

VI. El pasado mes de diciembre, del 12 al 21 de diciembre el SPT visitó México, la delegación del SPT estuvo compuesta por el Sr. Felipe Villavicencio (jefe de delegación), el Sr. Enrique Font, el Sr. Emilio Ginés Santidrián y la Sra. Nora Sveaass.

Durante su estancia realizaron visitas a 32 lugares de privación de libertad en Baja California, Ciudad de México, Coahuila de Zaragoza, Guerrero, Morelos, Nuevo León y Veracruz, y mantuvieron un importante número de entrevistas individuales y colectivas confidenciales con personas privadas de su libertad. Asimismo, se reunieron con autoridades, representantes de la sociedad civil y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto les permitió identificar sólidos hallazgos sobre el fenómeno de la tortura y los malos tratos al momento de la detención, traslado y permanencia en los lugares donde las personas están privadas de su libertad, los que fueron compartidos de manera confidencial con las autoridades mexicanas.2

VII. Entre los hallazgos el órgano de prevención de la tortura de la ONU exhorta a México a focalizarse más en la lucha contra la impunidad, incluyendo la pronta adopción de la Ley General en materia de Tortura, la que debe estar en plena conformidad con los estándares internacionales pertinentes, y resalta la importancia de que el órgano nacional independiente de supervisión, conocido como el Mecanismo Nacional de Prevención, cuente con estas mismas facilidades cuando realice sus visitas.

VIII. De conformidad con estadísticas oficiales, a nivel federal actualmente existen más de 4700 investigaciones abiertas por hechos relativos a tortura. Sin embargo, el número de sentencias a perpetradores es desproporcionadamente bajo.

IX. Al finalizar su visita, el SPT debe presentar a México un informe confidencial conteniendo sus observaciones y recomendaciones para la prevención de la tortura y los malos tratos de las personas privadas de su libertad. Como a todos los otros Estados partes en el Protocolo Facultativo, el SPT alienta a México a hacer público el informe, como ya lo hizo luego de su primera visita en 2008.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo a que haga público el Informe que el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT), de la Organización de las Naciones Unidas, entregó después de su visita a México el pasado mes de diciembre de 2016.

Notas

1 “El SPT en síntesis” Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2015.

2 Comunicado de Prensa, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 22 de diciembre de 2016.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 09 días del mes de febrero del 2017.

Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a emitir un censo oficial de la industria vitivinícola en el país, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Claudia Sofía Corichi García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a emitir un censo oficial de la industria vitivinícola en nuestro país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. El origen del vino es algo muy viejo que se confunde con los orígenes de la civilización y que está estrechamente ligado al modo de vivir y de pensar del pueblo que lo cosecha y de la región donde se produce (Peynaud y Blouin, 2000). Sin embargo, la historia de la vid y el vino tienen una larga trayectoria vinculada con los primeros descubrimientos hechos por el hombre sobre las reacciones químicas de fermentación y oxidación1 .

En México, la vitivinicultura es considerada la más antigua de América y a su vez la más reciente, ya que fue este territorio por donde por primera ocasión ingresaron las vides al Nuevo Mundo, expandiéndose al norte y al sur de sus fronteras, lo que ha generado una fuerte competencia con los productores de los países vecinos, Estados Unidos al norte, y Argentina y Chile al sur. Aunado a ello, la escasez sobre la protección arancelaria que reciben los productores mexicanos del gobierno, las dificultades climáticas que se presentan año con año, y la demanda de otros productos como el aguardiente, la cerveza o las bebidas carbonatadas, han propiciado fases de crecimiento y decrecimiento a lo largo de la historia (Larousse de los vinos, 2008).2

II. Desde la época prehispánica en México ya existían viñedos de uvas salvajes, conocidas como cimarronas y de las cuales los aztecas utilizaban su jugo, mezclado con miel y fruta silvestre, que llamaron acachul.

Con la colonización, los asentamientos urbanos se extendieron y la demanda del acachul también, haciendo necesaria la plantación de vides en amplios territorios adecuados, por suelo y clima; para tal efecto en zonas específicas de lo que hoy es México, convirtiendo nuestro país en el productor más antiguo de América. Para los colonizadores españoles el vino era un elemento muy importante de su dieta diaria, ya que además de usarlo como complemento de alimentos, también lo usaban como medicina y para reponer energía.

Luego de conquistar por completo México, Hernán Cortés mandó traer de España las primeras vides europeas, las cuales se adaptaron de manera rápida al clima de la región. El mismo Cortés, emitió un decreto para plantar mil pies de vid por cada cien indígenas, acción que junto con la adaptación de las vides, derivó en el desarrollo de la vitivinicultura en la nueva colonia.3

III. La Independencia de México ocasionó la liberación del uso exclusivo del vino para esos fines, propiciando una apertura en la producción, la comercialización y el consumo del vino mexicano.

En 1948 se creó la Asociación Nacional de Vitivinicultores con quince empresas; cuya finalidad era fomentar el desarrollo del cultivo de la vid, la industrialización de la uva y comercializar los productos obtenidos; así como proteger y mejorar la calidad de los productos vitivinícolas. Es a partir de esa década que la producción de vino mexicano comienza a crecer, debido a que muchos granjeros decidieron cambiar los campos de algodón por vides. Por ello entre 1970 y 1980, la producción de vinos se triplicó y la calidad de los mismos mejoró.

IV. En México se producen distintos tipos de uvas, sus principales usos son para uva pasa, uva para mesa y uva para el sector vitivinícola. Con ésta se elaboran distinguidos productos como el brandi y el vino, los cuales son distribuidos a nivel nacional e internacional. Su clasificación va de tradicionales, aquéllas que tienen más de veinte años cultivándose, y no tradicionales, aquéllas que duran menos de veinte años en la zona de cultivo. La introducción de distintas variedades de vides provenientes de Europa han logrado aclimatarse a las regiones del norte de México, por mencionar algunas se encuentran cabernet sauvignon, merlot, chardonnay, chenin blanc , entre otras. Sin embargo, los productores mexicanos han dirigido sus cultivos hacia las cepas de mayor preferencia y adaptabilidad, y que a su vez, garanticen la venta de sus productos (Larousse de los vinos, 2008).4

V. El mercado mexicano del vino está en una fase de crecimiento en la que está experimentando profundos cambios, tanto a nivel nacional, como internacional. La oferta disponible de cara al consumidor final se ha incrementado a través de los diferentes canales de distribución y comercialización, con una fuerte presencia en el mercado de productos importados, frente a una producción todavía moderada de vinos mexicanos. Actualmente, la producción de vino en México sigue siendo muy inferior al volumen de vino importado, aunque va ganando presencia en el mercado gracias, sobre todo, a su aceptación y consumo por parte del público joven. Aproximadamente 70 por ciento del vino que se consume en México procede del exterior. En 2013, a falta de conocer los datos de importación del mes de diciembre, se importaron 51.2 millones de litros, la cifra más alta de la historia (hasta ahora, el techo se había registrado en 2008, con 48 millones de litros). Del mismo modo, si analizamos las cifras en valor, 2013 ha sido un año record y, por primera vez, las importaciones superaron los 200 millones de dólares. Con estos datos, el precio medio del vino importado es de 4,04 dólares por litro, 6.5 por ciento inferior al de 2012, cuando se alcanzó el máximo histórico de 4.32 dólares por litro, tras dos años de incrementos sucesivos. Desde el año 2000, la demanda de vino ha ido creciendo a un ritmo muy importante, lo que se ve reflejado en el crecimiento de las importaciones. Así, si comparamos las importaciones correspondientes al periodo enero-noviembre de 2013 con el periodo enero-noviembre de 2012, las importaciones totales de vino en México crecieron 21.26 por ciento en valor y un 28.20 por ciento en volumen. Sin embargo, a pesar de estos crecimientos, el consumo per cápita en México sigue distando mucho (0.75 litros per cápita, según los expertos) del de países eminentemente productores, como España (20 litros per cápita), Italia o Francia.5

VI. No hay duda de que la industria mexicana del vino está en auge. Según el Consejo Mexicano Vitivinícola, México ya cuenta con 90 bodegas y productores de uva para vino, de los cuales 90 por ciento están ubicados en Baja California y el resto se reparten entre Coahuila, Querétaro, Zacatecas, Guanajuato y Aguascalientes.

En los últimos cinco años, las hectáreas de plantación de uva han tenido un incremento de 5 por ciento anual; pero el mercado en México está creciendo prácticamente al doble de ese ritmo.

En el país existen aproximadamente 3 mil 600 hectáreas de vid, 110 productores y alrededor de 400 etiquetas diferentes. Baja California, Coahuila y Querétaro son los tres estados más importantes en la siembra y producción de vino.

VII. El vino mexicano ocupa 30 por ciento del mercado nacional, es decir, todo el que se produce en el país se consume en él. En una entrevista para Forbes, el director del Consejo Mexicano Vitivinícola, Ramón Vélez, aseguraba que “no se consume más porque no tenemos más; por eso, nuestro reto es plantar más hectáreas de uva para vino”.

VIII. En la última década, el consumo de esta bebida en la República Mexicana se duplicó de 27 millones de litros a 55 millones de litros. De hecho, se estima que en 2020 va a triplicarse a 180 millones de litros anuales. De esta cifra, se espera que la mitad sea de vinos mexicanos.6

De acuerdo con cifras del sector oficial, la compra de esta bebida en los últimos años pasó de 3.1 millones de dólares a 5.3 millones de dólares (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SIAP).

El ingreso en el mercado mexicano es de forma tradicional, es decir, a través de un importador y distribuidor local que comercializa el vino entre los puntos de consumo. También existe la posibilidad de ingresar a través de grandes cadenas de autoservicio y tiendas especializadas, aunque esto depende del volumen y la rotación del producto en las líneas de distribución.

IX. Hoy por hoy, los productores de vino mexicano están más centrados en la mejora de la calidad del producto, que en el aumento de la cantidad, lo cual ha ido posicionando a México entre los países productores sumamente reconocidos.

X. Desde el Poder Legislativo hemos impulsado la creación de una Comisión Especial para impulsar a la industria, coincidimos en las tareas pendientes y qué tenemos que hacer para hacerla crecer, así que uno de los pasos muy importantes y necesarios para estar en sintonía es tener una base sólida, conociendo quién y quiénes participan en este importante sector. Desde los productores, hasta las casas vinícolas, comercializadoras, proveedores, etcétera.

XI. Nuestra industria vitivinícola es ya reconocida por su calidad a nivel mundial, por lo que impulsar la producción del vino, así como su consumo responsable, es lo que permitirá aumentar la presencia de este sector tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a emitir un censo oficial de la industria vitivinícola en nuestro país.

Notas

1 Emile Peynaud; Jacques Blouin, “Descubrir el mundo del Vino”, ES. A. Mundi-Prensa, Libros, 2000.

2 Larousse de los vinos, 2008 Mexicoxport, 2011.

3 Font Playán, Isabel; Gudiño Pérez, Patricia; Sánchez Martínez, Arturo. “La Industria Vinícola Mexicana y las Políticas Agroindustriales: Panorama General”, UAM Azcapotzalco, REDIPOL No. 2, 2010

4 Larousse de los vinos, 2008 Mexicoxport, 2011.

5 Girón Martínez, Pablo. “El mercado del vino en México Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México, Febrero 2014,

6 Entrevista al Director del Consejo Mexicano Vitivinícola, Ramón Vélez, Forbes, 18 de agosto 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2017.

Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la realización de las investigaciones correspondientes en los procesos de licitación y adjudicación directa, en la compra de insulina blonglixan inservible de origen chino, y su suministro a pacientes con diabetes del estado de Guanajuato, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Diputada Federal María Bárbara Botello Santibáñez, integrante del Grupo Parlamentario del PRI a la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

El pasado 14 de noviembre de 2016, el gobierno federal declaró una emergencia epidemiológica por la diabetes en todo el país, dado que el 9.2% de la población padece de esa enfermedad y 71.2% tiene sobrepeso.

Ante esta situación, es fundamental que no sólo el gobierno federal emprenda las acciones necesarias a fin de reformar el combate a esta terrible enfermedad que provoca la muerte de 96 mil personas al año.

Pero el combate a este padecimiento, tampoco debe servir de simulación para que algunos gobiernos estatales, como es el caso del Gobierno del estado de Guanajuato, que adjudica de manera directa la compra de insulina a sobreprecio a las empresas “Intercontinental de Medicamentos” y “Distribuidora Internacional de Medicamentos”, termine afectado a miles de pacientes con diabetes.

Se ha dado conocer el día de ayer que enfermos de diabetes atendidos en centros de salud del Seguro Popular se ha suministrado insulina de mala calidad y de origen chino, misma la Secretaría de Salud del estado ya había comprobado que no controlaba a los pacientes. Este hecho tiene varias aristas que demandas que diversas instancias realicen las investigaciones correspondientes.

Primero, porque desde 2013 las compras de medicamentos y materiales de curación se han adjudicado directamente a dos empresas como “Intercontinental de Medicamentos” y “Distribuidora Internacional de Medicamentos”, las cuales han surtido de insulina inservible a los centros de salud del estado de Guanajuato, hechos que atentan contra la salud de miles de pacientes que requieren de esta indispensable hormona polipeptídica.

Segundo, porque este medicamento fue suministrado durante al menos medio año por las empresas antes mencionadas, que ya habían sido descalificadas en los procesos de licitación por el Comité de licitaciones de Guanajuato porque no cumplían con los requisitos solicitados, pero la Secretaría de Finanzas del estado terminó por adjudicarles los contratos respectivos para ello por más de 4 mil millones de pesos.

Y tercero, porque las adjudicaciones directas y las compras a sobreprecio han sido una constante en el actual gobierno estatal y que ahora provoca afectados directos por el suministro de insulina que no sirve y que puede llegar a ser nociva en la salud.

Es por ello, que el presente punto de acuerdo tiene por objeto solicitar que se realicen las investigaciones en los procesos de licitación y adjudicación directa en la compra y suministro de insulina blonglixan inservible de origen chino a pacientes con diabetes del estado de Guanajuato.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente Proposición con:

Punto de acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato para que en el marco de sus atribuciones realicen las investigaciones correspondientes en relación a la probable comisión de diversas irregularidades, en el suministro de insulina blonglixan inservible de origen chino no autorizada, a pacientes con diabetes en el estado de Guanajuato.

Segundo.- Se solicita respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para que en el ámbito de sus atribuciones, realice las auditorías correspondientes a los procesos de licitación y adjudicación directa que ha realizado el Gobierno del Estado de Guanajuato en la compra de insulina blonglixan de origen chino.

Tercero.- Se solicita respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para que en el ámbito de sus atribuciones, realice las auditorías correspondientes a los procesos de licitación y adjudicación directa que ha realizado el Gobierno del Estado de Guanajuato en la compra de diversos medicamentos e insulina blonglixan a las empresas “Intercontinental de Medicamentos” y “Distribuidora Internacional de Medicamentos”.

Cuarto.- Se solicita a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Finanzas del Estado de Guanajuato, separase de sus respectivos cargos con el propósito de que las autoridades correspondientes realicen las investigaciones respectivas a los procesos de licitación y adjudicación directa en la compra y suministro diversos medicamentos e insulina blonglixan.

Dado en el Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de febrero de 2017.

Atentamente

Diputada María Bárbara Botello Santibáñez

Yahleel Abdala Carmona, Edgardo Melhem Salinas, María Esther Guadalupe Camargo Félix, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia (rúbricas). Rafael Hernández Soriano, Salvador Zamora Zamora, María Guadalupe Alcántara Rojas, Claudia Sánchez Juárez (rúbrica).

Efemérides

Con motivo del 10 de febrero, Día de la Fuerza Aérea Mexicana, a cargo del Grupo Parlamentario del PVEM

La Fuerza Aérea Mexicana es una de las dos fuerzas armadas que integran la Secretaría de la Defensa Nacional. Entre sus objetivos fundamentales se encuentra el defender la integridad y la independencia de nuestro país, así como coadyuvar en el mantenimiento de la seguridad interior, por lo cual queremos reconocer en su aniversario a esta institución garante de la soberanía del espacio aéreo nacional.

El término Fuerza Aérea Mexicana hace referencia a la totalidad del equipo aéreo, así como al personal que lo asiste, mismo que es utilizado por el Colegio del Aire, el Ejército, el Estado Mayor Presidencial, las unidades aéreas y las demás dependencias que lo requieran; la historia de la Fuerza Aérea Mexicana se encuentra fuertemente ligada a la historia de la aviación en México, remontándose a 1906; cuenta con la distinción de haberse empleado en observaciones y combates aéreos, desde 1914; asimismo, la Fuerza Aérea Mexicana ha desempeñado un papel fundamental en las batallas sorteadas en el territorio nacional, contribuyendo a sofocar las rebeliones de origen militar, territorial y religioso; igualmente, sirvió con alta distinción durante el desarrollo de la II Guerra Mundial, en Filipinas y Formosa.

El 10 de febrero celebramos un año más de la Fuerza Aérea Mexicana, institución que ha actuado de forma permanente con valor y lealtad al servicio de la patria en el acontecer histórico de la nación, a lo largo de los años ha fungido como un pilar fundamental en el mantenimiento de la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano.

La problemática actual del país ha demandado contar con mayor presencia de las Fuerzas Armadas a lo largo del territorio nacional, con el fin de contribuir con diversas operaciones, prestar ayuda a la población civil en caso de desastres naturales y colaborar con las autoridades civiles en la función de seguridad pública; el despliegue operativo que mantiene la Fuerza Aérea Mexicana responde a la necesidad estratégica de mantener presencia permanente en el territorio nacional, con la finalidad de cumplir las misiones de protección y vigilancia del espacio aéreo mexicano, así como apoyar a los tres niveles de gobierno en diversas actividades.

No obstante lo anterior, es menester reconocer que la Fuerza Aérea Mexicana no sólo realiza actividades de protección, vigilancia y salvaguarda, además, en coordinación con las diferentes dependencias y los distintos órdenes de gobierno, lleva a cabo actividades de labor social en beneficio de la población civil, aspecto que se ha fortalecido en la presente administración, con el objetivo fundamental de apoyar a la población que habita en las áreas más vulnerables de la nación.

Desde su creación, la Fuerza Aérea Mexicana ha asumido el compromiso de mantenerse actualizada para estar en condiciones de cumplir las misiones que se le encomiendan, a lo largo de su historia ha formado personal altamente capacitado y comprometido con la defensa, protección y vigilancia del espacio aéreo, para ello cuenta con el Colegio del Aire, conjunto de instituciones académicas encargadas de la formación y capacitación de pilotos, meteorólogos y mecánicos especialistas en aviación, constituyendo el plantel educativo rector en educación militar aérea.

Quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México nos sumamos al reconocimiento y agradecemos la responsabilidad y compromiso que respaldan el actuar de la Fuerza Aérea Mexicana; los mexicanos nos sentimos orgullosos de la historia de valentía, honor, heroísmo y lealtad que la Fuerza Aérea siempre ha profesado a la Constitución, a la república y a las instituciones. En este día dejamos claro que su amor a la patria y su invaluable labor de defensa de la integridad del territorio son y serán siempre fundamentales para el progreso de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2017.

(Rúbrica)