Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4705-VII, miércoles 25 de enero de 2017
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita al titular del Ejecutivo federal que instruya al de la PGR para atraer la averiguación del asesinato de tres menores de edad ocurrido el pasado 14 de enero en San Miguel de Allende, suscrita por la diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, y el artículo 79, numerales I, fracción II, y 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente:
El pasado 14 de enero del año en curso, en un operativo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, en la comunidad Ampliación de Cieneguita del municipio de San Miguel Allende., resultaron muertos tres menores de edad, de 4, 8 y 11 años.
Según lo hizo saber a la prensa el Procurador de Justicia licenciado Carlos Zamarripa Aguirre, la muerte de los menores fue ejecutada por el señor Antonio Luna, padre de los mismos, basando su acusación en las declaraciones de la señora Juana Luna, esposa del ahora inculpado. En diversos medios de comunicación, la mamá de los niños desmintió dicha declaración, y dijo que los agentes ministeriales le hicieron firmar hojas en blanco y después de ello la dejaron libre. Las acusaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato contra el padre de los menores, ha despertado airadas reclamaciones y exigencias de los habitantes del municipio de San Miguel de Allende que no están conformes con el actuar del ministerio público y cuestionan las pruebas presentadas, aduciendo fabricación de delitos y siembra de evidencias.
Por la gravedad de los acontecimientos y por estar implicados en los hechos los mismos que se encargan de la procuración de justicia en Guanajuato, que pueden derivar en conflicto de intereses para la impartición de justicia, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución y los aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la PGR y del Reglamento Interior de la PGR, solicito que dicha investigación sea atraída por la Procuraduría General de la República para que se garantice la imparcialidad, el respeto y cumplimiento al debido proceso, se deslinden las responsabilidades y se llegue al fondo del asunto.
Transcripciones de notas periodísticas
El pasado sábado 14 de enero, agentes ministeriales irrumpieron en una finca ubicada en la comunidad Ampliación Cieneguita, se registraron cuantiosas detonaciones, aparentemente del grupo táctico de la PGJE que se apersonó en el lugar, que implicaron el cierre de la carretera a Dolores Hidalgo.
Posteriormente se supo del fallecimiento de tres niños, de 4, 8 y 11 años, Juan Adrián, Mateo y Gabriel, hijos de Antonio y Juana.
Un día y medio después de que los hechos ocurrieran la PGJE informó en un comunicado que la muerte de tres menores de edad, como saldo de un enfrentamiento cuyo origen sigue siendo confuso, ocurrió a manos del propio padre de las víctimas, quien se desempeñaba como velador en la finca donde sucedieron los hechos.
En la versión oficial de la Procuraduría, se aseveró que fue la madre de los menores quien señaló a su cónyuge, de haber asesinado a sus hijos.
No obstante, en declaraciones concedidas al Periódico AM, Juana Luna aseveró que nunca declaró que su esposo trató de asesinarla y que tampoco ultimó a los tres menores.
La PGJE también aseveró que la balacera se originó cuando un grupo de hombres armados atacó a los elementos que atendían un reporte, los agresores escaparon y en el lugar solo quedaron el ahora detenido, su esposa y sus tres hijos.
Juana Luna aseguró que esas declaraciones nunca las dio a las autoridades. Presente en su domicilio donde ya velaban los cuerpos de sus hijos, señaló que su detención ocurrió con una gran serie de fallas en el debido proceso.
Indicó al diario que desde que fue trasladada al Ministerio Público, los agentes ministeriales nunca le proporcionaron un abogado de oficio, tampoco le permitieron realizar una llamada telefónica, la hicieron firmar hojas en blanco. Incluso aseveró que lo declarado por ella no concuerda con lo que se señaló en el expediente.
De acuerdo con Juan Luna, como cada fin de semana pasarían la noche en la finca donde su esposo trabajaba como velador. Cuando dormían comenzaron a escuchar las detonaciones y momentos después hombres armados ingresaron al domicilio sin identificarse como elementos policiacos.
“La familia completa se escondió en un baño en la planta alta, al percatarse de que los hombres armados subían por las escaleras, Antonio Luna que portaba un arma, comenzó a realizar detonaciones hacia las escaleras, bombas de gas fueron lanzadas al baño, por lo que se lanzaron al suelo”.
Cuando los hombres armados ingresaron al sanitario, colocaron a todos boca abajo. Juana escuchó cuando los agentes arrebataron el arma a Antonio Luna para después realizar unas detonaciones, después pudo escuchar que se la regresaron y lo obligaron a sostenerla.
“Le dijeron ‘entréganos esa arma’, y entonces a mí me jalaron y me voltearon, después escuché disparos, pero yo no sabía de quien y mi esposo estaba volteado conmigo, en eso le dijeron, ‘¡Ten cabrón agárrala!’, entonces mi esposo se quedó con ella”, dijo al periódico AM.
En el lugar dijo ser interrogada por elementos que le aseguraban que fue su marido quien había matado a los niños cuando se encontraban en el baño, que incluso era grabada con un aparato telefónico.
La versión oficial de la Procuraduría motivó que este lunes, alrededor de mil personas, entre familiares, vecinos y amigos de los tres menores de edad marcharan para exigir justicia y que se libere al padre de las víctimas.
En tanto, hoy mismo la Jueza de Control calificó de legal la detención de Antonio Luna. La audiencia del caso se desahogó con carácter de privada en la Sala 2 de Oralidad del Poder Judicial con sede en San Miguel de Allende. La audiencia de vinculación se realizará mañana martes.
Versión oficial de la PGJE: muerte de menores en enfrentamiento de San Miguel ocurrió a manos de su propio padre
Elementos de Seguridad Estatal y ministeriales acudieron ante reporte de detonaciones y grupo armado, pero este “se dispersó por un patio trasero”; pruebas de balística confirmarían responsabilidad del detenido.
San Miguel de Allende, Guanajuato. Un día y medio después de que ocurrieran y hasta que se hicieron públicas versiones extraoficiales en los medios, la PGJE informó en un comunicado que la muerte de 3 menores de edad, como saldo de un enfrentamiento cuyo origen sigue siendo confuso, ocurrió a manos del propio padre de las víctimas, quien se desempeñaba como velador en la finca donde sucedieron los hechos.
El boletín fue emitido a las 22:30 de este domingo, cuando los hechos ocurrieron el sábado entre la una y las cinco de la mañana
En la versión oficial de la Procuraduría, que contrasta con las rendidas por los vecinos de la zona, fue la madre de los menores, de nombre Juana, quien habría señalado a su cónyuge, Antonio, de haber asesinado a sus hijos. El boletín añade que las pruebas periciales confirmaron la versión al ser compatibles las balas disparadas sobre los tres niños, de 4, 8 y 11 años, con el arma que portaba Antonio.
La otra versión
Juan Adrián, Mateo y Gabriel eran los menores de 4, 8 y 11 años que fueron asesinados durante las primeras horas de este sábado 14 de enero tras un enfrentamiento entre Policía Ministerial y presuntos delincuentes. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tardó más de 40 horas en dar información oficial sobre este hecho.
La Procuraduría General de Justicia del estado mantuvo total hermetismo sobre lo que pasó tras un enfrentamiento a balazos que tuvo lugar muy cerca de la carretera San Miguel de Allende–Dolores Hidalgo. Tuvieron que ser vecinos de los fraccionamientos La Paz y La Vista quienes denunciaron públicamente el asesinato de 3 menores de edad.
Las primeras versiones informaron que Antonio, su esposa Juana y sus hijos, Juan Adrián, Mateo y Gabriel se encontraban en una finca en la que el padre de familia trabajaba como velador, cuando un grupo de Policías Ministeriales inició la agresión en la que los menores fueron asesinados.
“El papá les gritaba a los policías que no dispararan, que tuvieran piedad porque había niños en el lugar. Con su cuerpo intentó protegerlos mientras estaban encerrados en el baño, hoy está detenido. Él no va a poder ver sepultar a sus hijos y ahora lo acusan de drogas y armas”, relató un familiar de los niños al medio local News San Miguel.
Aunque diversos medios de comunicación solicitaron información sobre lo ocurrido, no fue sino hasta que la noticia comenzó a circular a través de varios sitios y periódicos locales, cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado emitió su versión este domingo 15 de enero a las 10:30 de la noche, en la que apunta la detención de un “multihomicida”.
Durante el domingo, familiares de los menores señalaron que Antonio y Juana eran buenos padres con los menores de edad y descartaron que alguno de ellos haya podido herirlos.
Sin embargo en la información proporcionada por la PGJE, se menciona que fue Juana quien aseguró que Antonio había asesinado a los tres menores, justo cuando los elementos de la Policía Ministerial llegaron a la finca alertados por denuncias que advertían sobre un grupo delincuencial armado.
El comunicado íntegro de la PGJE y SSG
San Miguel Allende, Guanajuato, 15 de enero de 2017. La Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaria de Seguridad Pública del Estado informan sobre la intervención en un inmueble ubicado a la entrada de la comunidad Ampliación Cieneguita y la captura de un multihomicida.
El día de ayer alrededor de las 2 de la mañana, mediante un reporte a la Procuraduría General de Justicia del Estado se informaba que en la comunidad Ampliación Cieneguita se encontraba un grupo de hombres armados, y el reporte señalaba también que había detonaciones de armas de fuego.
Cuando los elementos policiacos arribaron al lugar del reporte fueron recibidos con disparos de armas de fuego, ante ello se solicitó apoyo por parte de los grupos tácticos; ahora se sabe que parte de los que conformaban el grupo delictivo se dispersó por el patio trasero del inmueble; al arribo de los elementos de los grupos tácticos lograron asegurar primeramente el perímetro del lugar y a la postre incursionaron en el inmueble toda vez que había aún detonaciones del interior de este hacia los elementos, y ya asegurado el inmueble lograron detener a la persona que accionaba una de las armas de fuego que fueron aseguradas y junto con él se encontraba una persona del sexo femenino quien dijo ser su esposa y señalaba a los elementos que
También iba a ser privada de la vida por parte de quien refirió como su esposo y que era él quien había privado de la vida a sus tres menores hijos, siendo tres menores de 11, 8 y 4 años de edad.
La carpeta de investigación se encuentra en su etapa de integración por diversos delitos entre ellos homicidio en grado de parentesco y posesión de armas de fuego y sustancias prohibidas (drogas), y se ha podido establecer que una de las armas recuperadas, precisamente la que le fue asegurada al ahora detenido es el arma que dio hoy positivo con los elementos balísticos que fueron sustraídos de la corporeidad de los tres menores al momento de la necropsia.
El ahora detenido será puesto a disposición del Juez de Control para la definición de su situación jurídica donde se le imputarán los lamentables hechos de los tres menores privados de la vida, entre otros delitos.
Se aseguraron armas largas de grueso calibre, armas cortas y droga.
El seguimiento del caso, se realiza conforme a las reglas del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, lo que exige ceñimiento a las disposiciones sobre publicidad y reserva de datos de asuntos en trámite contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Interviene Derechos Humanos
Este domingo por la noche, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, abrió de oficio un expediente de investigación, con el número 04/17, a través de la Subprocuradora Margarita López Maciel, quien se puso en contacto con la familia de los niños.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único . Se solicita al titular del Ejecutivo federal a que instruya al titular de la Procuraduría General de la República para que atraiga la averiguación de los hechos ocurridos el pasado 14 de enero, en el municipio de San Miguel de Allende, donde fueron asesinados tres menores de edad.
Diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a apoyar al gobierno de Quintana Roo para resguardar sus instituciones y garantizar la seguridad de ciudadanos y de visitantes nacionales y extranjeros en los establecimientos mercantiles y las playas turísticas de Cancún, suscrita por los diputados María Cristina García Bravo y Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, diputada federal María Cristina Teresa García Bravo y diputado Omar Ortega Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Cancún Quintana Roo es considerado un centro de esparcimiento y perla del Caribe mexicano por sus hermosas playas. Cancún, cuyo nombre en maya significa “Cuna o nido de serpientes”, fue sacudido por sendos hechos de violencia, ocurridos en recientes días.
Uno se dio la madrugada del lunes 16 a las 2:30 horas, en el emblemático club de playa Blue Parrot, donde al parecer un “sicario solitario” arremetió disparando contra una multitud que disfrutaba la clausura del “BPM festival” (con la actuación de varios representantes de la música electrónica), dejando a cinco personas muertas (tres de ellas extranjeras) y a otras 15 heridas.
Se trató del mayor ataque en contra de un establecimiento para turistas, no solo de la Riviera Maya sino del estado de Quintana Roo, cuyo móvil fue “por conflicto de intereses entre dos individuos”, según dicho del propio gobernador. Ahí perdieron la vida cuatro personas del staff del “BPM festival” quienes, en palabras del fiscal Pech Cen, “estaban armados”. Se trató de un canadiense, un italiano, dos veracruzanos y una estadounidense (esta última cayó y fue arrollada por el tumulto). Más los otros 15 lesionados, procedentes tanto del Estado de México, Estados Unidos, como de Canadá y Colombia.
El fiscal dijo no tener en claro que se tratara de una disputa por el mercado de drogas del Blue Parrot, tampoco de un “ataque terrorista” como se manejó en algunos medios de comunicación. Y será por las indagatorias que se determinará el móvil de la balacera. El hecho es que a diferencia de otros actos violentos, estos no ocurrieron en la periferia de Cancún (como en 2010 y en 2013), sino en el corazón del propio centro turístico.
La otra oleada de violencia se presentó un día después, el martes 17 contra las instituciones de seguridad pública del estado, cuando en esta ocasión, el centro vacacional sufrió el ataque a mano armada de varias personas, en las oficinas de la Fiscalía General y el “Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones” (C4), ubicadas en la concurrida avenida Xcaret, donde el saldo fue el deceso de un policía y cuatro presuntos agresores.
Los hechos sucedieron al filo de las 15:30 horas y en ellos participaron unas “diez personas que circulaban a bordo de motocicletas, que dispararon armas de grueso calibre y lanzaron granadas contra los inmuebles”, según informó el gobernador del estado Carlos Joaquín González.
Los ataques contra las instituciones del estado, la Fiscalía y el C4, detectaron que se utilizaron armas de grueso calibre y granadas —y por ello se activó el “código rojo”.
Bajo este contexto, el gobierno mexicano debe revisar y/o modificar el programa de seguridad pública, porque así como Cancún, Acapulco y otros centros de destino turístico importantes para el país, la estrategia debe de cambiar en contra de la inseguridad pública, tal y como se desarrolla hasta la fecha desde el año 2006.
Por ejemplo, la “guerra contra el narcotráfico” sólo consiguió entre 2013 y 2015 detener a 1 mil 185 integrantes de carteles y células, de las reconocidas por la PGR. Pero esa captura resulta, a la postre, insuficiente si no se acompaña de otras acciones como la persecución de quienes lavan dinero, de la corrupción y la impunidad de aquellos cuerpos policiales que han sido alcanzados o infiltrados por las bandas del crimen organizado.
Por la experiencia de lo que sucede en las entidades federativas, incluyendo en aquellos 50 municipios focalizados y priorizados porque ahí se concentra el 42% de los homicidios del país, no basta la presencia de las Fuerzas Armadas para que la violencia cese y la seguridad pública llegue hasta la población en su conjunto.
Mientras tanto, y en lo que se reforman las policías de los tres niveles de gobierno, se adecua el nuevo modelo de justicia penal y el mando mixto, así como el gobierno federal se decide a emprender cambios de fondo a la estrategia de seguridad (que no militarizar al país), solo cabe esperar que a los gobiernos locales como el estatal de Cancún y el Municipal de Benito Juárez, reciban el apoyo que la propia federación le pueda proporcionar en bien de la seguridad tanto de los cancunenses como de los turistas extranjeros que gustan de asistir a tan bellas playas.
Sabemos, que el gobierno federal envió refuerzos con integrantes del cuerpo de la Gendarmería. Por su parte, la autoridad local ha dicho que realizará todas las investigaciones para castigar a los responsables. En esto es en lo que se debe profundizar para aclarar los hechos y castigar a los responsables con todo el peso de la ley.
Así, por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y facultades, otorgue el apoyo necesario al gobierno del estado de Quintana Roo, para el resguardo de sus instituciones y garantice la seguridad de la ciudadanía y de los visitantes nacionales y extranjeros en los establecimientos mercantiles y playas turísticas de Cancún.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, 24 de enero de 2017.
Diputados:Con punto de acuerdo, por el que se felicita al ciudadano César Aguirre Sánchez, oriundo de Oaxaca, por ser el primer vicealcalde mexicano en Passaic, Nueva Jersey, Estados Unidos de América, suscrita por el senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe senador Jorge Toledo Luis, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 8, numeral 1, fracción II, 58 y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo por el cual la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se congratula y felicita al ciudadano César Aguirre Sánchez, oriundo del estado de Oaxaca, por ser el primer vicealcalde mexicano en la ciudad de Passaic, en Nueva Jersey, Estados Unidos de América, con base en las siguientes consideraciones
Consideraciones
César Aguirre Sánchez, oaxaqueño emigrado desde hace 22 años a Estados Unidos en búsqueda de oportunidades al igual que muchos hermanos mexicanos, ha logrado con gran perseverancia, empeño y ganas de trabajar ser el primer Vice Alcalde mexicano en la Ciudad de Paissac, demostrando lo que nuestros paisanos, si se pretenden lograr algo, lo pueden llegar a culminar con éxito. Es un gran ejemplo de éxito para la comunidad de latinos y para nuestros connacionales y latinos que viven en Estados Unidos de América, así como para los mexicanos que viven en nuestro país.
Es motivo de júbilo y orgullo tener este tipo de noticias, que ante el panorama y retos que se presentan ante nuestros connacionales que radican en el país del norte, existan personas y en específico, oaxaqueños que ponen en alto el nombre de México en el extranjero.
Nuestro compatriota, nacido en San Sebastián Zoquiapan, Oaxaca, llegó en el año de 1976 a la ciudad de Passaic a la edad de 18 años, donde logró establecer una comercializadora de productos mexicanos, la más importante del área tri-estatal, compuesta por los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, llamada Oaxaca Mexican Quality.1
Posteriormente, logró materializar un sueño, dando como resultado “Mi Ranchito”, dedicado al procesamiento de alimentos de origen mexicano. Además con “Oaxaca Trucking Logistics” se dedicó a la importación y exportación de productos agrícolas del campo mexicano.
También fungió como presidente de la Federación Oaxaqueña del Noreste de Estados Unidos y de la Cámara de Comercio Mexicana en Passaic.
Ante los retos que viven los mexicanos en el extranjero, aunado a las nuevas políticas por implementar nuestro país vecino, el vicealcalde ha señalado que “Sea cual sea el escenario que se avecina con el gobierno del presidente Donald Trump mi compromiso es trabajar por los derechos de los inmigrantes y en especial de la gran comunidad mexicana”,2 con lo que resalta su gran compromiso con el país que lo vio nacer; y sobre todo, con el reconocimiento de la situación que se vive y se tiene en un difícil escenario que se presenta con en el gobierno entrante.
Con más de 70 mil habitantes, de los que unos 22 mil son de origen mexicano de primera, segunda y tercera generación,3 Passaic eligió a Aguirre, migrante originario de San Sebastián Zoquiapan, perteneciente al municipio de Silacayoapan, para ocupar el cargo de vicealcalde para asuntos comunitarios durante un año, con la posibilidad de competir en mayo por la alcaldía.
La toma de posesión se llevó a cabo el día jueves 5 de enero en la Alcaldía de Passaic, contó con la presencia del Alcalde de esa ciudad, Héctor Lora (de origen dominicano); el Presidente del Consejo de la Ciudad y Asambleísta Estatal, Gary Schaer; el Presidente de la Junta de Educación de la Ciudad, el México-americano Horacio Ray Carrera, integrante de la mesa directiva del Distrito Escolar de Passaic y líderes comunitarios del área tri-estatal; por parte del Consulado de México en Nueva York, en representación del Cónsul General Diego Gómez Pickering, asistió la cónsul adscrita, consejera Vívián Juárez.4
Hoy el honorable Congreso de la Unión a través de la Comisión Permanente se congratula por la llegada de nuestro hermano mixteco, como el primer vicealcalde de origen mexicano en la ciudad de Paissac.
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se congratula y felicita al ciudadano César Aguirre Sánchez, oriundo del estado de Oaxaca, por ser el primer vicealcalde mexicano en la ciudad de Passaic, en Nueva Jersey, Estados Unidos de América.
Notas
1 http://www.excelsior.com.mx/global/2017/01/05/1138114 Consultado el 16-01-2017
2 Ídem.
3 Conforme a cifras del censo estadounidense 2010, se calcula que en Passaic viven al menos 22, 000 mil mexicanos actualmente. Para mayor información consúltese en:
https://www.census.gov/newsroom/releases/archives/2010_c ensus/cb11-cn146sp.html y http://diarioelmananero.com.mx/nacional/mexicanos-se-multiplican-en-est ados-unidos-nacimientos-alla-superan-a-migrantes Consultado el 16-01-2017.
4 https://consulmex2.sre.gob.mx/nuevayork/index.php/espanol/
avisos/620-cesar-aguirre-vicealcalde-nj Consultado el 16-01-2017.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los 25 días del mes de enero de 2017.
Senador Jorge Toledo Luis (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a reforzar y agilizar las investigaciones de los medicamentos falsos para niños con cáncer en Veracruz, suscrita por los senadores Adriana Dávila Fernández y Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN
Adriana Dávila Fernández y Fernando Yunes Márquez, ambos senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
En los últimos días se ha dado a conocer ante la opinión pública otro lamentable caso de corrupción cometido durante la administración de Javier Duarte en Veracruz y en el que también se encuentra involucrado el exgobernador y excónsul de México en Barcelona, Fidel Herrera Beltrán.
De acuerdo a distintos comunicados y conferencias de prensa brindadas por las autoridades de Veracruz, así como denuncias interpuestas ante las autoridades competentes, durante los gobiernos de estos mandatarios, se suministraron medicamentos donados a niños con cáncer, de acuerdo a los resultados de un informe de laboratorio, que arrojó que las quimioterapias que se suministraban a esos niños eran en realidad agua destilada.
Las investigaciones han establecido una complicidad entre empresas Especialidades Médicas del Sureste, Oncofarma y Bedus Grupo Farmacéutico, con esas administraciones estatales, cuando las primeras proveerán la falsa substancia a la Secretaría de Salud de la entidad.
De acuerdo a otros datos, esta situación podría no ser exclusiva de Veracruz, toda vez que algunos servidores públicos relacionados con tan deplorables hechos, han estado laborando en distintas áreas de salud en otras entidades federativas, lo que sin duda y dado su comportamiento cuestionado, incrementa la probabilidad de que estos casos se repitan en otros estados.
Advertimos sobre la participación de los doctores José Moisés Javier Guevara Arenas y Efrén Samuel Orrico Torres.
Al respecto, es de señalarse que el doctor Moisés Javier Guevara fungió como jefe de prestaciones médicas en el IMSS del 2005 al 2009 en el estado de Yucatán; como subdirector de Atención hospitalaria y director de Servicios de Salud de 2009 a 2013 en la Secretaría de Salud de Veracruz; y como director de Servicios de Salud en la Secretaría de Salud de Tlaxcala de 2014 a 2016, en donde se le involucra con la desaparición de medicamentos caducos, con un costo aproximado de 9 millones de pesos, lo cual fue informado a su superior inmediato sin consecuencia alguna.
Por su parte, el doctor Efrén Samuel Orrico Torres fue delegado estatal del IMSS en Chiapas de 2004 a 2010, también fue delegado regional de la misma institución de 2010 al 2013; se desempeñó como asesor en la Secretaría de Salud de Veracruz de 2013 a 2015. Lo preocupante es que actualmente, este servidor público sea el director de Servicios de Salud en el estado de Tlaxcala a pesar de ser investigado por su probable responsabilidad en los hechos acontecidos en Veracruz.
Es preocupante que tanto los exgobernadores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa de Veracruz, Mariano González Zarur de Tlaxcala, así como su sucesor Marco Antonio Mena Rodríguez, hayan establecido vínculos con tan cuestionados servidores públicos, que son investigados por tan deplorables actos de corrupción.
Estas acciones sólo pueden atribuirse a personas sin escrúpulos para conspirar en contra de la vida de niñas niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, por lo que es urgente extender las investigaciones y la participación de estos personajes en otras entidades federativas. Reiteramos, no faltan las razones para pensar que estos hechos no son aislados o propios sólo de Veracruz, dados los vínculos políticos y de negocios de estos personajes.
Por estos hechos, es necesario que las autoridades responsables hagan las investigaciones de forma eficaz y en su caso finquen responsabilidades a quienes son señalados como partícipes de estos lamentables hechos.
Los Grupos Parlamentarios del PAN en el Congreso de la Unión han manifestado la necesidad de que la Procuraduría General de la República acelere los procesos de captura del exgobernador Javier Duarte para que enfrente a la justicia por todos los desvíos multimillonarios, violaciones a los derechos humanos y por haber atentado en contra de la vida de las niñas y niños de Veracruz, así como investigue y evite la evasión de la justicia de Fidel Herrera Beltrán, así como de otros posibles mandatarios estatales involucrados..
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
De urgente resolución
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que refuerce las acciones encaminadas a lograr la captura del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, por haber atentado en contra de la vida de niñas, niños y adolescentes en esa entidad, así como el resto de los delitos que se le imputan en contra de los veracruzanos.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, para que emita y solicite a los órganos jurisdiccionales las medidas adecuadas para evitar que el ex Gobernador Fidel Herrera Beltrán se sustraiga de la acción de la justicia, como lo hizo su predecesor.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, para que instruya a las áreas de procuración de justicia de la entidad, a efecto de investigar a los servidores públicos de su administración que están relacionados con el uso y suministro de medicamentos falsos a niños y adolescentes con cáncer en el sector salud del estado de Veracruz y los posibles actos que en el mismo sentido pudieron cometerse durante el gobierno de Mariano González Zarur.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.
Senadores:Con punto de acuerdo, relativo a la implantación de medidas que contribuyan a prevenir y erradicar la contaminación en los ríos de Chiapas, suscrita por el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La contaminación, es toda alteración nociva del estado natural de un medio como consecuencia de la introducción de un agente totalmente ajeno a ese medio, causando inestabilidad, desorden o destrucción a los ecosistemas.
La contaminación de los ríos es una problemática más antigua que la contaminación ambiental, pero con el aumento de la población de las ciudades que han nacido a las orillas de los mismos, el volumen de desperdicios orgánicos e inorgánicos, producto de desagües cloacales, como químicos, que son consecuencias del desarrollo industrial, se incrementó de manera tal que las aguas del mismo se ven afectadas de tal forma que su composición deja de ser natural, afectando tanto a la fauna y flora que se alimenta de la misma como a los humanos que la beben.
El agua que bebemos y utilizamos diariamente proviene de los ríos, lagos, lagunas y presas. Es necesaria para las plantas, animales, para regar cultivos y para la cría de ganado. En Chiapas, algunos ríos se usan también como medio de transporte en las localidades rurales. Los ríos son corrientes de agua que nacen en las montañas y corren hacia las partes bajas del terreno.
Cuando se habla de Chiapas, se habla de una gran riqueza en muchos aspectos, cuenta con un gran patrimonio en arqueología, cultura y naturaleza, en particular, el agua.
En el estado se concentra el 30% del agua superficial del país; producto de los ríos Grijalva, Usumacinta, Lacantún, Jataté y Suchiate; las presas: Belisario Domínguez, Netzahualcóyotl, Peñitas y Chicoasén; y de los Lagos de Montebello, Colón y Miramar. Cabe destacarse que los ríos Grijalva y Usumacinta, son los más caudalosos del país.
Esta riqueza hídrica ha servido no sólo para la generación de energía sino para el cultivo de miles de hectáreas y en los últimos años para el establecimiento de proyectos de desarrollo turístico que ha impulsado la Comunidad Europea y que atraen cada vez más, a innumerables visitantes a pesar de su lejanía con respecto al centro del país. Ante la problemática mundial de la falta del agua, el que Chiapas cuente con ella, lo convierte en una zona estratégica de mayor importancia.
Históricamente sabemos que, los ríos han sido de vital importancia para el asentamiento y desarrollo de las poblaciones humanas, debido a que aseguran el suministro de agua para sus ocupantes.
En Chiapas actualmente, el 90 por ciento de los ríos están contaminados, situación que despierta mucha preocupación, pues la mayoría de estos, están contaminados por desechos industriales y humanos, en tanto no se realicen acciones para frenar la contaminación, la situación se agravará cada día más.
Esta situación que se presenta en toda la entidad, y se debe en gran medida, a la actividad agrícola, industrial y de servicios, en las que, desafortunadamente, persisten malas prácticas aún, especialmente en torno al reciclaje de los recipientes que contienen agroquímicos.
En Chiapas los principales contaminantes al agua son los hidrocarburos, plaguicidas y los solventes. Un ejemplo claro de contaminación es la región de los ríos Grijalva y Usumacinta, en el sureste de México, ya que es una de las zonas ecológicas con más alta diversidad biológica y cultural del territorio mexicano. Aunque estos dos ríos representan solamente el 4.7% de la masa continental del país, sus ecosistemas albergan el 64% de la biodiversidad nacional conocida.
En particular, el ejemplo del Río Grijalva, pues es este en donde las aguas residuales de los municipios de Tuxtla, Chiapa de Corzo y Acala, incrementan su nivel de contaminación al ser vertidos directamente a su cauce sin ningún tratamiento.
Otro ejemplo son, los ríos de San Cristóbal, que también son una prueba fehaciente de contaminación, el futuro de los recursos hidráulicos de este poblado, está en peligro debido al rápido crecimiento de la población, el cambio del uso de suelo, la sobre extracción del agua subterránea, una carencia de servicios de saneamiento y tratamiento de aguas residuales, así como la degradación de la calidad del agua superficial y subterránea.
En general, estos ríos se han convertido en los receptores de la descarga del agua sucia y por lo tanto se han contaminado de manera que ya no cumplen con los estándares de calidad de agua potable, y como resultado se generen enfermedades, dentro de la sociedad chiapaneca.
El grave problema de la contaminación que destruye a los ríos, se debe al crecimiento demográfico, desarrollo industrial y urbanización. Estos tres factores evolucionan rápidamente y se dan uno en función de otro. Es un problema que aqueja a nuestra sociedad y si no se toman las medidas pertinentes, evolucionara y causará un daño mayor e irreversible; es por ello que ante la preocupación se propone que se tomen las medidas pertinentes y adecuadas, para lograr frenar este problema que destruye al Estado.
Es por lo anteriormente expuesto que propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al Gobierno del estado de Chiapas para que de manera conjunta y coordinada, en los ámbitos de sus respectivas competencias, implementen medidas que contribuyan a la prevención y erradicación la contaminación que existe en los ríos del estado de Chiapas.
Dado en la Sede de la Comisión Permanente, el día 25 de Enero del 2017.
Senador Zoé Robledo Aburto (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a reforzar e implantar nuevas medidas de seguridad para garantizar la protección de peatones y ciclistas, suscrita por la diputada Edith Anabel Alvarado Varela, del Grupo Parlamentario del PRI
Edith Anabel Alvarado Varela, diputada integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El derecho humano a la movilidad está garantizado en el primer párrafo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que: “toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país”.
El artículo 2, fracción I, del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, señala que la circulación en condiciones de seguridad vial es un derecho, por lo que todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, deben adoptar medidas para garantizar la protección de la vida e integridad física de las personas, sobre todo de los usuarios vulnerables de la vía.
En este sentido, cobran especial relevancia los hechos que se observan a diario referentes a los abusos y atropellos a los que son objeto los peatones o ciclistas en las vías públicas de la Ciudad de México, perpetrados por automovilistas particulares, operadores de unidades de transporte colectivo y de carga. En estos sucesos, se pone en riesgo la vida y la integridad física de quienes transitan diariamente por las calles y avenidas de esta urbe.
Hasta noviembre de 2015, se habían registrado 17 muertes de ciclistas. En un periodo que comprende de 2003 a 2015, en la Ciudad de México se incrementaron los accidentes entre automovilistas y ciclistas en un 133 por ciento, a pesar de que existe una infraestructura de 14 ciclovías distribuidas en las principales avenidas de la ciudad.1
A su vez, el índice de peatones que mueren al año en la Ciudad de México es exponencial, datos del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, señalan que cada año fallecen poco más de 8 mil peatones por accidente vial.2
La inexistencia de una adecuada cultura vial, la ineficiencia de las medidas preventivas y la enorme impunidad para quien violenta la ley en esta materia, son los principales factores que han ocasionado un agravio cada vez mayor a los peatones y ciclistas que a diario circulan en la Ciudad de México.
El año pasado, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, declaró que alrededor de 8 mil percances viales se habían reportado, pero que en el 80 por ciento de los casos la culpa había sido de los peatones.3 El argumento de los peritos es que supuestamente, los transeúntes no respetaban los señalamientos viales. Sin embargo, es ampliamente conocido que buena parte de los automovilistas y choferes de transporte de carga o de pasajeros de la Ciudad, con frecuencia no atienden los señalamientos, no usan las luces intermitentes de sus vehículos, hacen giros sobre calles o avenidas en las que está expresamente prohibido hacerlo, e invaden carriles que no les corresponden. La situación tiene que ver con una percepción social de los automovilistas hacia ciclistas o transeúntes.
En la cultura vial imperante en la Ciudad de México, el automovilista supone la preferencia del uso de la vía pública. Si un vehículo automotor impacta a un ciclista o peatón, y éste fenece, se puede cubrir la perdida de la vida humana con indemnización económica.
Debido a los constantes abusos y agresiones de los que con objeto los ciclistas y peatones, en meses pasados éstos tuvieron que hacer uso de su derecho a la protesta y desfilaron desnudos alrededor de mil 500 personas.4
También es ya común que en las redes sociales circulen videos en los que se documentan los abusos cometidos en contra de ciclistas y peatones por parte de automovilistas en la Ciudad de México, a los que se les etiqueta con el sobrenombre de “Lord” o “Lady”, dependiendo del agresor. Estos ataques usualmente se graban con los teléfonos celulares de ciudadanos que transitan cerca del percance. Es igualmente usual que los agresores hacen gala de sus influencias y su posición económica para insultar, agredir, amedrentar y salir impunes.
El Reglamento de Tránsito del Distrito Federal en el artículo 2, fracción IV incisos a) y b), es muy claro al señalar que se dará prioridad en la utilización del espacio vial de acuerdo a la siguiente jerarquía: a) Peatones, en especial personas con discapacidad y movilidad limitada; y b) Ciclistas...”.
Al no respetarse las disposiciones viales vigentes en la Ciudad de México, se pone en riesgo la integridad física de quienes tienen prioridad para transitar por las calles y avenidas de la urbe, por lo que es indispensable que las autoridades implementen nuevas medidas de seguridad encaminadas a garantizar la protección de los peatones y ciclistas de la Ciudad, y las ya existentes las refuerce. Asimismo, que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, atienda puntualmente y dé cabal seguimiento a las denuncias que se hagan con motivo de alguna agresión o lesión contra los peatones o ciclistas.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea el presente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de México a que implemente nuevas medidas de seguridad encaminadas a garantizar la protección de los peatones y ciclistas de la ciudad, y las ya existentes las refuerce, asimismo, para que instruya al procurador General de Justicia de la Ciudad de México, a que atienda puntualmente y dé cabal seguimiento a las denuncias que se hagan con motivo de alguna agresión o lesión contra los peatones o ciclistas.
Notas
1 “Se dispara el número de accidentes ciclistas: SSPDF”, El Universal , 28 de noviembre de 2015. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2015 /11/28/se-dispara-el-numero-de-accidentes-ciclistas-sspdf (Última consulta: 24 de octubre de 2016)
2 “Accidentes viales son culpa de los peatones: PGJDF”, El Universal , 22 de enero de 2016. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2016/01/22/accident es-viales-son-culpa-de-los-peatones-pgjdf (Última consulta: 24 de octubre de 2016)
3 Ibídem.
4 “Ciclistas pedalean desnudos en México para pedir a automovilistas que les tengan respeto”, Animal Político , 11 de junio de 2016. Disponible en http://www.animalpolitico.com/2016/06/ciclistas-pedalean-desnudos-en-me xico-para-pedir-a-automovilistas-que-les-tengan-respeto/ (Última consulta: 24 de octubre de 2016)
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2017.
Diputada Edith Anabel Alvarado Varela (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita al titular del Ejecutivo federal a instruir al de la PGR para que atraiga la averiguación sobre las falsas quimioterapias aplicadas en Veracruz a niños con cáncer fallecidos a causa de ellas, a efecto de que se realicen las investigaciones correspondientes, así como las denuncias penales contra quienes resulten responsables, suscrita por la diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, y el artículo 79, numerales I, fracción II, y 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor del siguiente
Planteamiento
El pasado 16 de enero, en rueda de prensa, en la ciudad de Jalapa, Veracruz, y ante varios medios de comunicación, el gobernador de esa entidad, Miguel Ángel Yunes Linares, denunció públicamente que varios niños que padecen cáncer no recibieron el medicamento que les tenían que aplicar en sus quimioterapias, y que, en vez de éstos, sólo les fue aplicada “agua destilada”, en el entendido de que todo ello ocurrió, durante las administraciones de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte Ochoa.
De suyo la gravedad de los acontecimientos asume características y riesgos diversos por estar implicadas en los hechos dados a conocer, la existencia y actuación de personas de partido político diferente al de los mandatarios veracruzanos que se señalaron, y que, por lo mismo, existe la presunción de que no se asuma persecución por la comisión de tales ilícitos, encubriendo bajo un manto de operaciones políticas y maquillajes, las denuncias en contra de quien o quienes resulten responsables, entorpeciendo y dando laxitud a la impartición de justicia.
De conformidad con el artículo 21 de la Constitución y los aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Reglamento Interior de la PGR, solicito que dicha investigación sea atraída por la Procuraduría General de la República para que se garantice la imparcialidad, certeza jurídica y, en su caso, se dictamine la reparación del daño, si es que la vida de los pequeños que supuestamente fueron atendidos pudiese recuperarse.
Antecedentes
De los reportajes, notas informativas y declaraciones diversas, se desprende que los niños con cáncer que supuestamente recibieron quimioterapia en el nosocomio de Veracruz, en realidad recibieron agua destilada. Ello representa si se comprueba, un delito grave, además de una acción criminal realizada, autorizada y manipulada por funcionarios con capacidad de decisión sobre la adquisición de los medicamentos y tratamientos catalogados al momento como de falsos.
El actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, hizo del conocimiento de la opinión pública el engaño que sufrieron los pequeños y sus familias durante las administraciones de Fidel Herrera Beltrán y de Javier Duarte de Ochoa; uno, nombrado cónsul en España y el otro, hoy es prófugo de la justicia.
El tema representa un nivel de gravedad extrema. Entrecomillo las palabras del gobernador Yunes: “Tenemos ya el resultado de un laboratorio que señaló que el medicamento que se administraba a niños, una quimioterapia que se administraba a niños, no era realmente un medicamento, sino que era un compuesto inerte, era agua prácticamente destilada”.
Informaciones diversas
En diversas notas dadas a conocer a la opinión pública, se argumenta que: (Cfr: http://www.debate.com.mx/mexico/Desaparecen-expedientes-de-ninos-con-ca ncer-en-Veracruz-20170119-0029.html:)
1. Luego de darse a conocer que durante la administración de Javier Duarte se suministraron quimioterapias falsas a niños con cáncer, el Centro de Cancerología desapareció nueve expedientes de un número igual de niños que al parecer, murieron entre diciembre de 2014 y enero de 2015.
2. Miguel Ángel Yunes, actual gobernador de Veracruz, aseguró que se trata de los niños que fallecieron por los falsos tratamientos oncológicos, adicionando además que, dos niños más murieron en ese periodo ya que las autoridades de salud les negaron un trasplante de médula ósea que ya estaba autorizado y los regresaron a casa a morir, de acuerdo con la nota que público el diario Excélsior .
3. Lo anterior, así se desprende, fue señalado por Juan Antonio Nemi Dib, titular de la Secretaría de Salud, entre marzo de 2013 y agosto de 2014, quien señaló además, que la muerte de los niños que recibieron tratamientos falsos es un homicidio y no debe quedar impune.
4. El mismo funcionario Nemi Dib destacó que “Cuando se mueren nueve niños en el hospital, es una cifra muy alarmante. Los niños con cáncer tienen un alto riesgo de muerte, pero no tanto, no es lógico, no se corresponde con la estadística regular”.
5. En un plano de igual importancia, Nemi Dib, dijo que su salida en la Secretaría de Salud de Veracruz se dio tras denunciar esta y otras corruptelas del gobierno estatal cometidas por Ricardo Sandoval, que entonces ocupaba el cargo de administrador y cuyas decisiones fueron respaldadas por el propio Duarte de Ochoa.
6. En un bloque diverso de información (Alerta Chiapas . 16 de enero, 2017) la nota recogida por el reportero sostiene que: “Durante los sexenios de los ex gobernadores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, la Secretaría de Salud de Veracruz suministró medicamentos clonados a niños con cáncer, aseguró el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en la conferencia que ofreció este lunes en Xalapa”.
7. En la misma nota, al recoger las declaraciones del mandatario estatal se entrecomilla que “No ha concluido la investigación, pero tenemos el resultado de un laboratorio que señaló que un medicamento que se le suministraba a niños en una quimioterapia no era un medicamento, sino que era un compuesto inerte, era agua destilada. Esto me parece realmente un pecado brutal, un atentado contra la vida de los niños”.
8. Yunes Linares precisó que “Se está investigando no sólo para quimioterapias, sino para otros tratamientos. Un caso igual de lamentable es que se encontraron unas bodegas con medicamentos que ya habían superado la etapa de caducidad. No sabemos si los compraron así o dejaron que se caducaran”.
9. Es importante destacar que a mediados de diciembre de 2016 el secretario de Salud, Arturo Hirám Suárez Villa, señaló que la Contraloría del Estado tiene en su poder un documento en el que un fabricante desconoce un lote de medicamentos adquiridos por el gobierno estatal.
10. De la información recogida se sostiene que el lote de medicinas fue comprado por el gobierno estatal a principios de 2010 –cuando aún era gobernador Fidel Herrera Beltrán– y no fue reconocido por Grupo Roche Syntex de México SA de CV, y que en su momento, los medicamentos fueron enviados al Centro Estatal de Cancerología ubicado en Xalapa, en el que la mayoría de los pacientes son niños y adolescentes.
11. Conviene destacar la información en el sentido de que, tras descubrirse que la distribuidora Especialidades Médicas del Sureste SA de CV había vendido medicamentos falsos, se le retiró la adjudicación directa en mayo de 2011, durante el mandato de Javier Duarte, sin que existan referentes de que se procediera penalmente contra los responsables de la compañía, quienes están vinculados con el diputado federal Jorge Carvallo Delfín, ex colaborador de Duarte.
12. En la misma fecha, el diario El Debate recogió las declaraciones del gobernador Yunes, que agravan las circunstancias materia de la litis: Fueron gastados millones de pesos en estos medicamentos que nunca se utilizaron. “No sabemos si se compraron ya con la caducidad vencida o dejaron que se venciera”
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita al titular del Ejecutivo federal a que instruya al titular de la Procuraduría General de la República para que atraiga la averiguación de los hechos ocurridos en Veracruz sobre las falsas quimioterapias que se aplicaron a niños que padecen cáncer y para que se realicen las investigaciones correspondientes así como las denuncias en contra de quien o quienes resulten responsables.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.
Diputados:Con punto de acuerdo, relativo a la vigilancia y el control de precios de la masa y la tortilla, suscrita de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Natalia Karina Barón Ortiz, diputada federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con el carácter de urgente u obvia resolución, relativo a la vigilancia y control de precios del kilogramo de la masa y la tortilla al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 28 de diciembre pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Reguladora de Energía publicaron el Acuerdo por el que se dan a conocer los precios máximos de gasolinas y diésel para las 83 regiones del país (con vigencia del 1 de enero al 3 de febrero de 2017), las 7 regiones de frontera (válidos del 1 al 10 de enero), y los municipios que componen cada región.
La división del país en 90 zonas estableció precios diferenciados de las gasolinas aumentando hasta en un 20% la tarifa de los combustibles en orden a una liberación de los precios y considerando diversos factores como el pago del precio real, de impuestos y transportación y logística; no sólo la liberación de los precios de la gasolina y diésel ocurrió este inicio de año, también lo fue el de otros combustibles necesarios para el desarrollo de otras industrias, así aumentaron el gas propano y el butano.
Lo anterior comienza a impactar la producción de bienes y servicios lo que está generando una espiral inflacionaria que incide directamente en los salarios y bolsillos de las familias mexicana particularmente en los insumos de la canasta básica y en alimentos de primera necesidad como es el caso del precio de la masa y la tortilla.
Si bien las autoridades encargadas de la regulación y control de precios han afirmado que mantendrán una vigilancia sobre los aumentos no autorizados en alimentos, el pretexto del gasolinazo y la diferenciación del precio de los combustibles motivaron el aumento de precios sin control en la carne de pollo, frijol, huevo y tortilla.
Si bien el Sistema Nacional e Integración de Mercados de la Secretaría de Economía, al mes de enero de 2017, no registró variaciones importantes en el precio del kilogramo de tortillas, a través de las encuestas que realiza para las mediciones y variaciones de precios, la realidad es otra. De acuerdo con informaciones periodísticas y los reportes de la Procuraduría Federal del Consumidor entre el 2 y el 13 de enero, el precio de la tortilla se ha incrementado entre un 6 y 8 por ciento llegándose a vender en algunas entidades del país hasta en 19 pesos el kilogramo; en la Ciudad de México pasó de 11.20 a 11.38 pesos y en la zona metropolitana del Estado de México el precio pasó de 10.89 a 10.96 pesos.
En otras ciudades, de acuerdo con información de las asociaciones de la masa y la tortilla, el precio del alimento parece sin control variando de municipio a municipio. En Oaxaca, la tortilla se comercializó hasta en 18 pesos hasta el 15 de enero debido al incremento del gas y de la energía eléctrica.
Según la Secretaría de Economía, en un comunicado del 5 de enero de 2017, “existe preocupación en todo el país respecto al impacto que el incremento en el costo de los combustibles tendrá en los precios de los productos básicos”; sin embargo, ese comunicado 002/17, “las variaciones en los precios de los combustibles, sean al alza o a la baja, no tienen un efecto directo, de uno a uno, en los precios de los productos que los integran como insumos. Es decir, un incremento de 16.5% en el diésel, no implica un aumento igual o mayor en el costo de un kilo de tortillas o huevo o un litro de leche.
Por ejemplo, en la producción de un kilo de tortilla, el efecto del incremento en el precio del diésel es de no más de 5 centavos por kilo. Además, considerando que actualmente el precio del maíz en pesos es 20% más bajo que en diciembre de 2011, no hay evidencia que justifique un aumento desproporcionado el precio de la tortilla”.
El aumento de los precios en la canasta básica impacta a las familias con más bajos recursos aun cuando no tengan automóviles y consuman gasolina de manera directa; las familias mexicanas que ganan el salario mínimo invertirán más recursos de su economía para ser invertidos en la compra de alimentos, particularmente de los millones aún más a las personas con bajos recursos. Los mayormente afectados son millones de personas que se encuentran en pobreza alimentaria o extrema cuyos ingresos mensuales no ascienden a más de 700 pesos mensuales en las zonas urbanas siendo peor para las zonas rurales.
Así, este gasolinazo no midió las consecuencias sociales siendo particularmente insensible con los que menos tienen al no valorar y vislumbrar cuáles serían los impactos en la canasta básica. A esto se suma la especulación en la producción del alimento para realizar alzas injustificadas que perjudican a las familias mexicanas.
En este sentido, es urgente el exhorto a las autoridades de la Secretaría de Economía para que, en el ámbito de su competencia, realice las medidas que impidan el alza injustificada de precios en el kilogramo de la masa y tortilla y fortalezca el control de los precios para realizar las sanciones administrativas que correspondan contra los especuladores que se benefician en el aumento indiscriminado de precios de este alimento.
Por lo anterior expuesto, se pone a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución.
Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al secretario de Economía para que, en el ámbito de su competencia, refuercen las medidas que impidan el alza injustificada en el precio del kilogramo de la masa y tortilla de maíz por la liberación de las tarifas de los distintos combustibles.
Segundo. La Comisión Permanente exhorta al procurador federal del Consumidor para que, en el ámbito de su competencia, refuercen las medidas relativas a la vigilancia y control en el alza injustificada del precio del kilogramo de masa y tortilla de maíz por la liberación de las tarifas de los distintos combustibles.
Dado en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2017.
Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Zapopan, Jalisco, a dar marcha atrás al incremento del impuesto predial aplicado a partir de 2017, a cargo del senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, por el cual se exhorta respetuosamente el gobierno municipal de Zapopan, Jalisco, a dar marcha atrás al incremento en el pago del impuesto predial aplicado a partir de 2017, en favor de la economía de los habitantes de ese municipio; al tenor de las siguientes
Consideraciones
El año que comienza será sin duda, un año complicado y de grandes retos para los mexicanos.
Son muchos los factores que influyen, ya desde el enturbiamiento del clima económico en el que incide el triunfo del presidente electo de los Estados Unidos de América, Donald Trump, que con sus desenfrenadas propuestas ha logrado un ambiente de zozobra en nuestro país y hasta una grave depreciación del peso frente al dólar. Ello, además del panorama que se ha percibido por los mexicanos por la actualización en el precio de las gasolinas, con motivo de su alza en los precios internacionales y que a nuestro país impacta de manera acentuada en virtud de la referida devaluación monetaria.
Sabemos que todas las economías del mundo están viviendo un proceso de desaceleración y que lamentablemente nuestro país también resulta seriamente afectado, pues pese a no ser un problema privativo de México, sí resulta particularmente lastimado, además de la caída de los ingresos provenientes de la renta petrolera.
Ante esa situación, es necesario que todos los órdenes de gobiernos actuemos con la mayor responsabilidad posible.
Por ello, es necesario una serie de acciones, en las que por ejemplo, el presidente Enrique Peña Nieto presentó el Acuerdo por el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, con apoyos a través de prestaciones sociales, inversiones diversas y estímulos que incidan en cuatro objetivos fundamentales:
• Cuidar la economía de las familias mexicanas
• Impulsar y concretar los proyectos de inversión programados para 2017 y 2018
• Fomentar nuevas inversiones
• Mantener la creación de empleos, el crecimiento económico y la competitividad
La intención es contribuir a la estabilidad económica y social del país, la inversión, el empleo, el ingreso y bienestar de las familias.
Entre las acciones destacan:
- Evitar el incremento indiscriminado de precios de bienes y servicios, evitando repercusiones injustificadas o fenómenos de especulación, particularmente en el caso de los productos que forman parte de la canasta básica.
- Modernizar el transporte público y facilitar la movilidad urbana.
- Impulsar la inversión y el empleo a través de la Banca de Desarrollo, el Fondo Nacional de Infraestructura y las Asociaciones Público Privadas.
- Generar nuevos estímulos y procesos de simplificación que permitan más inversión, particularmente en favor de pequeñas y medianas empresas.
Para lograrlo se requiere de la participación coordinada además del gobierno federal, de los gobiernos locales y municipales, en las que se hace indispensable el lograr un buen balance en la política fiscal, en la que por ejemplo, en los gobiernos municipales, un incremento injustificado al impuesto predial no constituye la mejor forma de lograrlo.
En el estado de mi representación, Jalisco, es de destacar el caso del municipio de Zapopan, Jalisco, que al momento de aprobar su proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2017, también aprovechó la sesión para aprobar la modificación a los valores catastrales del municipio, lo que evidentemente está incidiendo en el pago del impuesto predial.
Como sabemos, el pago del impuesto predial está determinado por el valor del suelo y el valor de la construcción, por lo que aún en el caso de no variar la tasa del impuesto, su monto de pago claro que se ve incrementado, lo que es lo mismo para el contribuyente, pagar más con el impacto consecuente a su bolsillo.
En la sesión de ayuntamiento correspondiente se dijo que el incremento en la tablas de valores catastrales solo impactaría a grandes desarrolladores, más lo cierto es que se incluyeron colonias vulnerables y de situación precaria, faltando a la palabra dada, en la que se dijo a la ciudadanía zapopana que este concepto, el del predial, no sufriría incremento alguno.
Con ello, el pago del impuesto predial se incrementó desde el 5 al 72 por ciento en Zapopan, contrario a la promesa de su primer edil, quien impulsó desde su campaña el no incrementar este impuesto, entre otros. Evidentemente que incrementos de hasta 72 por ciento resultan además desproporcionados.
Esta situación está causando serias laceraciones económicas a sus habitantes, además del doble descontento al tratarse de una medida injustificada y hasta desproporcional, por tratarse también de un incumplimiento al compromiso del actual gobierno municipal de no incrementar este impuesto por el plazo de su periodo constitucional.
Cabe destacar, que ante la situación económica del país, el gobierno del estado también está haciendo lo propio, pues ha anunciado e implementado un plan de austeridad, con medidas como las siguientes:
• No incremento a la tarifa del transporte público.
• Ampliación del plazo de descuento en el pago del refrendo y holograma vehicular
• Recortar y hacer más eficiente el gasto público.
• La creación de un Fondo de Contingencia a la Economía Familiar.
• Promocionar a Jalisco como un Polo de Almacenamiento de Combustible para mejorar precios en este insumo.
De esta manera, los gobiernos federal y estatal están asumiendo acciones responsables en las que, de sumarse el gobierno municipal de Zapopan, se estaría logrando una coordinación entre los tres órdenes de gobierno en favor de los zapopanos.
Mientras que por el contrario, el incremento a las bases del pago del impuesto predial, se trata de una medida que no llega en el mejor momento.
Por ello, muy acertado sería que el gobierno municipal diera marcha atrás a este incremento, en favor de la economía de los habitantes de este apreciado municipio.
De ahí, que la sugerencia en concreto consistiría en la contenida en la siguiente proposición con punto concreto de...
Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, exhorta respetuosamente al gobierno municipal de Zapopan, Jalisco, a dar marcha atrás al incremento en el pago del impuesto predial aplicado a partir de 2017, presentando a la brevedad posible la iniciativa correspondiente ante el Congreso del estado de Jalisco, para revocar el incremento en los valores catastrales y conservar el pago de este impuesto sin incrementos; asimismo, a contemplar la ampliación del plazo de descuento por pronto pago, para que este transcurra a partir de la sugerida modificación en obviedad de consecuencia.
Dado en la Ciudad de México, en la sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.
Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, la Fiscalía General de Veracruz y las diversas autoridades a atender en el ámbito de sus competencias las investigaciones y realizar de manera rápida y eficaz las acciones conducentes a esclarecer y determinar cuanto antes el sujeto pasivo de la presunta comisión de delitos como la adquisición de medicamentos falsificados, y conocer la aplicación de fármacos apócrifos, suscrita por la senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, senadora Sonia Rocha Acosta, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional , en esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a través del Poder Ejecutivo de la República, así como a las diversas autoridades a atender en el ámbito de sus respectivas competencias las investigaciones y realizar de manera rápida y eficaz las acciones correspondientes para que se esclarezca y se determine lo antes posible el sujeto pasivo de la presunta comisión de delitos, como la adquisición de medicamentos falsificados , y el conocimiento de la aplicación de medicamentos apócrifos al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que en el estado de Veracruz existen 56 hospitales y más de 700 centros de Salud.
Que tras diversas investigaciones en el gobierno de Miguel Ángel Yunes se dio a conocer que en los sexenios de los CC. Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte se aplicaba a menores tratamientos de quimioterapia a menos con medicamento falso.
La farmacéutica Roche, confirmo con estudios aplicados a los medicamentos aplicados que el C Javier Duarte de Ochoa supo que el medicamento aplicado a niños con cáncer era falso y que, además, no correspondía a medicina pediátrica.
Es así que de igual forma la farmacia del Centro Estatal de Cancerología identificó medicamentos oncológicos con posibles alteraciones en su composición.
Que los CC. Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa ex gobernadores del Estado de Veracruz, hoy presentan una denuncia por parte de la Secretaria de Salud, por ser presuntos participes en delitos constituidos por la adquisición y aplicación de medicamentos apócrifos durante sus respectivas administraciones.
Que el día 22 de enero de 2017, la Secretaría de Relaciones Exteriores, realizo un comunicado donde se da a conocer la renuncia irrevocable del C. Fidel Herrera Beltrán, como cónsul de México en Barcelona.
Es de gran preocupación lo mencionado en el párrafo anterior ya que dicha renuncia la efectúo, justo después que se diera conocer que se realizaron quimioterapias falsas a niños, así como pruebas falsas de VIH en Veracruz durante las pasadas administraciones.
Como es bien sabido el ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte pidió y obtuvo licencia como gobernador el día 12 de octubre, 48 días antes de dar por concluido su cargo (2010-2016), según dijo para hacer frente a las acusaciones de corrupción en su contra, mismos argumentos que hoy en día está dando el ex Cónsul Fidel Herrera.
Ante este escenario no podemos dejar a un lado el derecho a la justicia que nos garantiza nuestro Máximo Ordenamiento en su numeral 17 para todos aquellos enfermos que injustamente fueron víctimas de la corrupción y medicamentos falsos.
Conforme al párrafo anterior al no actuar rápidamente estamos siendo participes de la violación no solo del artículo 17 sino también del no hacer nada ante el derecho a la salud que les fue transgredido a los menores y personas que fueron víctimas en tan lamentable hecho.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente propuesta con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Fiscalía General del estado de Veracruz, a través del Poder Ejecutivo de la República, así como a las diversas autoridades a atender en el ámbito de sus respectivas competencias las investigaciones, y realizar de manera rápida y eficaz las acciones correspondientes para que se esclarezca y se determine lo antes posible el sujeto pasivo de la presunta comisión de delitos, como la adquisición de medicamentos falsificados, y el conocimiento de la aplicación de medicamentos apócrifos.
Segundo. Se solicita a esta honorable soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.
Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 25 de enero de 2017.
Senadora Sonia Rocha Acosta (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la reapertura de Cales y Morteros del Grijalva, SA de CV, en el parque nacional Cañón del Sumidero, suscrita por el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Parque Nacional Cañón del Sumidero es reconocido como un área natural protegida, además se encuentra legitimado como sitio “Ramsar”, lo que significa un humedal de importancia internacional por los beneficios ecológicos que aporta. Esta área protegida aporta beneficios al ambiente, tales como la regulación química de la atmosfera, regulación de la temperatura del clima, captación y saneamiento por filtraciones de aguas subterráneas, protección contra la erosión, generación de nutrientes indispensables para actividades productivas del ambiente, control ecológico de biodiversidad, entre otras.
De acuerdo a un estudio realizado por la Secretaria de Salud del Estado de Chiapas durante el 2010, las actividades mineras de esta empresa son las causantes de las afectaciones en las vías respiratorias del 40 por ciento de los habitantes de la colonia Rivera Cahuaré ubicada a pocos kilómetros de la empresa.
A cinco décadas de que “Cales y Morteros del Grijalva, SA de CV”, iniciara la extracción sobre lo que hoy es el Parque Nacional Cañón del Sumidero, la minera ha realizado detonaciones para extraer piedra para luego convertirla en cal, ambas actividades han sido las causas por la que los habitantes presentan daños a la salud principalmente en niños de 5 y entre 14 años. La Secretaria de Salud Estatal realizó un estudio en el cual mostró que el 26.2 por ciento de las personas tenía enfermedades como alergias, un 20 por ciento enfermedades infecciosas en la piel, las cuales podrían estar relacionadas a la extracción de cal de dicha empresa.
Con la permanencia de este tipo de mineras en un Área Natural Protegida como es el Parque Nacional Cañón del Sumidero la devastación de flora y fauna en peligro de extinción es peor por los explosivos utilizados al realizar sus operaciones a cielo abierto, en las que además los residuos que desembocan al Río Grijalva pueden ser altamente contaminantes.
Cales y Morteros del Grijalva, SA de CV, se construyó a mediados de la década de los 60, cuando no existía el decreto de la creación del Parque Nacional Cañón del Sumidero. El Cañón del Sumidero, es una formación geológica que fue declarado como Parque Nacional Cañón del Sumidero desde 1980. Las primeras consecuencias que se presentaron al inicio de las operaciones de la empresa estuvieron relacionadas con la deforestación de vegetación nativa del estado. Dentro de las especies de flora que se han visto afectadas por la deforestación causada por esta minera, es el Agave del Grijalva, que es una especie endémica de Chiapas, lo que vulnera aún más el balance ecológico de la región.
Desde los primeros años del 2000, la calera comenzó a ser cuestionada por emitir ruidos, ocasionados por la trituradora de piedra, por encima de los 20 decibeles permitidos en el campo ambiental, un factor que genera daños tanto a seres humanos como a la fauna silvestre del lugar.
En 2002, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el Instituto de Historia Natural y Ecología del estado, dictaminaron irregularidades en las actividades de la fábrica, así como daños y contaminación ambiental, pero no se llegó a nada concreto.
En Julio de 2014, tras afectar de forma irreversible alrededor de 23 hectáreas del Parque Nacional, el Gobierno Federal a través de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Gobierno Estatal a través de la Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural del Estado de Chiapas declararon clausurada la empresa “Cales y Morteros del Grijalva, SA de CV”.
Posteriormente, a pesar de que esta empresa había sido clausurada temporalmente en 2014 para impedir la extracción de materiales pétreos, ésta presuntamente violó los sellos de seguridad para seguir con mencionada actividad. En Mayo del 2016, el Procurador Ambiental de Chiapas, Francisco Gurgua Domínguez y su personal intentaron la clausura de forma definitiva a la empresa “Cales y Morteros del Grijalva” pero los trabajadores que se encontraba en ese momento no les permitió la entrada, por lo que se suspendió la clausura definitiva de la empresa.
La minera “Cales y Morteros del Grijalva, SA de CV,” ha hecho un hueco en el suelo de 30 hectáreas con una profundidad de 40 a 50 metros como parte de la extracción de piedra para convertirla en cal, es por eso que exhorto a las autoridades correspondientes a exigir a esta minera cumplir con la legislación ambiental requerida por organismos federales y locales y si no los cumple, sea cerrada permanentemente para evitar el daño ecológico y el daño a la salud de las personas que viven en ejidos cercanos a la minera.
La constante emanación de polvo blanco, resultado de la trituración de rocas, y otros contaminantes puede generar que algunos de los lugareños sufran cáncer en los pulmones en años futuros.
El pasado 10 de enero del presente año, la delegación de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el estado de Chiapas, le renovó el permiso de operaciones a la empresa “Cales y Morteros del Grijalva, SA de CV,”; esta renovación puede vulnerar aún más el balance ecológico del parque.
Es por lo anteriormente expuesto que propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y al Gobierno del Estado de Chiapas, para que de manera conjunta y coordinada tomen las medidas necesarias para que la minera “Cales y Morteros del Grijalva, SA de CV”, cumpla los requisitos legales para poder llevar a cabo la explotación dentro de un área natural protegida así como para que dicha empresa garantice contar con los cuidados necesarios de protección al ambiente para no afectar el balance ecológico y a la salud de los habitantes de áreas cercanas.
Dado en la Sede de la Comisión Permanente, el día 25 de enero del 2017.
Senador Zoé Robledo Aburto (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a fortalecer e impulsar por la Conafor acciones para garantizar que, a partir del ejercicio fiscal de 2017, los recursos recaudados por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales se destinen a los programas de reforestación, restauración y mantenimiento de los ecosistemas de las entidades federativas solicitantes de ese cambio, suscrita por la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, integrante del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de la Comisión Nacional Forestal, fortalezcan e impulsen las acciones necesarias para garantizar a partir del ejercicio fiscal 2017, que los recursos recaudados por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, sean destinados a los programas de reforestación, restauración y mantenimiento de los ecosistemas de cada una de las entidades federativas del país donde fue solicitado el respectivo cambio de uso de suelo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En la actualidad se estima que el 30.6% de la superficie de la Tierra (aprox. 3,999 millones de ha) estaba conformado por bosques, mismos que ofrecen un sin fin de productos como son los alimentos, derivados de hojas, frutas, hongos, miel e insectos y sobre todo como pulmones de nuestro planeta por sus grandes producciones de oxígeno. Es claro que para el sustento y desarrollo de las ciudades de todos los países del mundo, han necesitado de los recursos forestales principalmente para el abastecimiento y suministro de agua. Y a su vez, para dar protección a las cuencas hidrográficas de donde se obtiene el 75% del agua dulce mundial, además, porque los bosques constituyen una fuente de ingreso y resguardo para millones de personas que viven en regiones rurales con casas elaboradas con madera o bambú por sus bajos costos, favoreciendo especialmente a las familias de más bajos recursos a quienes también constituyen su fuente de alimentos.
En el caso de México, la gran riqueza de los suelos que combinan importantes factores como son la diversidad de climas, la latitud geográfica, la altitud, condiciones atmosféricas variadas así como a la distribución de tierra y agua, han permitido que exista el 87% de los diferentes tipos de suelo que hay en el mundo. Derivado de lo anterior, México posee una enorme variedad de grupos de vegetación, de los cuales el 49.5% aún persiste en su estado original (no ha sido transformada.
Se estima que en nuestro país, cuenta con 138 millones de hectáreas (ha) con vegetación forestal, equivalentes al 70% del territorio nacional. Los principales ecosistemas que componen esta superficie son: los matorrales xerófilos (41.2%), los bosques templados (24.24%), las selvas (21.7%), manglares y otros tipos de asociaciones de vegetación forestal (1.06%) y otras áreas forestales (11.8%).
Los bosques mesófilos de montaña abarcan más de 1.7 millones de ha, los manglares ocupan una superficie de 887 mil ha y la vegetación comprendida en la categoría de otras asociaciones (palmares, sabana, selva de galería, entre otros) es de 575 mil ha de la superficie forestal del país. La extensión de estas formaciones vegetales, constituyen ecosistemas sumamente importantes desde el punto de vista de su biodiversidad, las altas tasas de captura de carbono y su capacidad de amortiguamiento ante eventos hidrometeorológicos, entre otros aspectos relevantes.
Cabe señalar, que durante la última década la gran extensión de recursos forestales existente en México, se han visto seriamente afectada principalmente por la deforestación desmedida, por el dinámica de cambio de uso de suelo (actividades como agricultura, ganadería, urbanización, entre otras), así como por incendios forestales, generando pérdidas incuantificables del hábitat, de la biodiversidad; emisión de Co2 a la atmósfera, la erosión del suelo, así como cambios trascendentales en el ciclo hidrológico que hoy atentan contra los ecosistemas forestales propiciando una disminución significativa en la calidad y cantidad de agua para uso humano.
En este orden de ideas, mediante un análisis de la dinámica de cambio de los recursos forestales realizado con datos del INEGI, se estimó que en el periodo 2000 a 2005, la deforestación neta anual fue de 235 mil ha por año, en tanto que para el periodo 2005 a 2010 fue de 155 mil ha por año, de las cuales nueve mil correspondieron a bosques templados y 146 mil a selvas.
Lamentablemente, el ritmo de deforestación que padece México es uno de los más intensos del planeta, mismos que de acuerdo con el Instituto de Geografía de la UNAM, cada año perdemos 500 mil hectáreas de bosques y selvas. Eso coloca en riesgo de extinción a una gran variedad de plantas y animales y también nos coloca en el quinto lugar de deforestación a nivel mundial.
Ante estas circunstancias, el Estado Mexicano ha impulsado acciones legislativas y una política nacional encaminadas a revertir los daños causados por el proceso de degradación de los recursos forestales, lo anterior en el marco de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), dicha reglamentación, tiene como objeto regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, los Estados, y los Municipios con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable.
Al respecto el artículo 16 del ordenamiento en comento, establece que corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) formular y conducir la política nacional de desarrollo forestal sustentable y asegurar su congruencia con la política ambiental y de recursos naturales, así como las relacionadas con el desarrollo rural.
La propia LGDFS en su artículo 22, ordena a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) participar en la formulación y aplicación de la política nacional de desarrollo forestal sustentable, así como organizar y aplicar los instrumentos de política forestal previstos en dicha Ley.
Como ejemplo, es importante destacar que una de las acciones que hoy en día impulsa el Gobierno Federal para hacer frente a esta problemática, encontramos a través de “La Compensación Ambiental por Cambio de Uso del Suelo en Terrenos Forestales” , uno de los diversos programas de Conafor, que permite llevar a cabo acciones de restauración de suelos, reforestación y mantenimiento de los ecosistemas forestales deteriorados, para que una vez lograda su rehabilitación, se compensen los servicios ambientales que prestaban los ecosistemas que fueron afectados por el cambio de uso del suelo; entre ellos, la restauración del ciclo hidrológico y los ciclos biogeoquímicos, la captura de carbono, la recuperación paulatina de la biodiversidad, la producción de oxígeno, entre otros.
Dicho programa, se encuentra sustentado en el artículo 117 de la LGDFS, y establece que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sólo podrá autorizar el cambio de uso del suelo en terrenos forestales, por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal de que se trate y con base en los estudios técnicos justificativos que demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación; y que los usos alternativos del suelo que se propongan sean más productivos a largo plazo.
En el mismo sentido y de acuerdo con el artículo 118 de Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y en los artículos 123 de su Reglamento que los interesados en el cambio de uso de terrenos forestales, deberán acreditar que otorgaron depósito ante el Fondo Nacional Forestal, para impulsar su reforestación, restauración y mantenimiento.
Cabe hacer hincapié que en términos del artículo 124 del Reglamento de la LGDFS “los recursos que se obtengan por concepto de compensación ambiental serán destinados a actividades de reforestación o restauración y mantenimiento de los ecosistemas afectados, preferentemente en las entidades federativas en donde se haya autorizado el cambio de uso del suelo”.
Con lo anterior, podemos determinar que actualmente la Conafor debería destinar dichos recursos, considerando el principio de “preferencia” en aquellas entidades donde se solicitó el cambio de uso de suelo, no obstante a ello, la realidad tan lamentable es que en la praxis, no siempre los recursos compensatorios regresan o son destinados específicamente a la entidad donde se originó el deterioro ambiental.
En este contexto, resulta necesario que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional Forestal fortalezcan e impulsen las acciones necesarias para garantizar a partir del ejercicio fiscal 2017, que los recursos recaudados dentro del Fondo Forestal Mexicano, por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales del país, sean destinados a los diferente programas reforestación, restauración o mantenimiento de los ecosistemas de cada una de las entidades federativas donde fue solicitado el respectivo cambio de uso de suelo.
Debemos tomar en cuenta, que en el seno de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, ya se analiza una minuta enviada por el Senado de la República encaminada a reformar la Ley General de Desarrollo Forestal para lograr este importante objetivo que reitero “busca que los recursos económicos que se obtengan por concepto de compensación ambiental sean destinados a las entidades federativas donde se haya autorizado el cambio de uso de suelo”, es una demanda que exigen nuestros representados al que se suman los diferentes gobiernos estatales y por supuesto se debe solidarizar el Congreso de la Unión.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:
Punto de Acuerdo
Único: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de la Comisión Nacional Forestal, fortalezcan e impulsen las acciones necesarias para garantizar a partir del ejercicio fiscal 2017, que los recursos recaudados por el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, sean destinados a los programas de reforestación, restauración y mantenimiento de los ecosistemas de cada una de las entidades federativas del país donde fue solicitado el respectivo cambio de uso de suelo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2017.
Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Sagarpa, el Inapesca y la Semarnat a cumplir de inmediato a fin de especificar las zonas de seguridad y áreas fuera de éstas referidas en el artículo tercero transitorio del acuerdo que establece zonas de seguridad para la navegación y el sobrevuelo en las inmediaciones de las instalaciones petroleras y el aprovechamiento integral y sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas en zonas marinas mexicanas, suscrita por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:
Considerandos
La pesca y la acuacultura son asuntos de seguridad nacional y parte esencial del quehacer económico y social del país. Los estudios realizados por el Instituto Nacional de la Pesca muestran que del total de las pesquerías evaluadas, 27 por ciento se encuentra en deterioro, 53 por ciento en máximo aprovechamiento y, solamente, 20 por ciento tiene posibilidades de aumento de la producción.
El valor de la producción nacional pesquera y acuícola en nuestro país ascendió a 18 000 millones de pesos, con una participación de 67.3 por ciento de la pesca silvestre y con 32.7 por ciento por la acuacultura. Destaca por su importancia la captura de camarón, que representa el 50.5 por ciento (8 mil 756 millones de pesos) del total, contribuyendo la camaronicultura con 58.8 por ciento (5 mil 147 millones de pesos) y la pesca de camarón silvestre con 41.2 por ciento restante (3 mil 609 millones de pesos).
Sin perder de vista que de los 177 mil 180 puestos de trabajo reportados en 2008 en la actividad, la pesca silvestre participó con 154 mil 598 personas ocupadas que representan 87.3 por ciento del sector. En la última década en este rubro, la acuacultura ha mostrado un aumento importante, pasando de 5.3 por ciento con el que participaba en el sector en 1998 a 12.7 por ciento en 2008.
Este número de personas ocupadas de acuerdo al Instituto de Estadística, y Geografía (Inegi) de 2009, el personal no remunerado dependiente de la razón social participó con 56.7 por ciento; el personal remunerado, con 25.2 por ciento y el personal no dependiente de la razón social, con el 18.1 por ciento.
Siendo un factor fundamental para este sector que en México, la degradación ambiental y del agotamiento de los recursos naturales ha sido creciente. El Inegi ha estimado a través del Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México que la depreciación de los recursos naturales como porcentaje del producto interno bruto ha oscilado anualmente entre 11 por ciento y 14 por ciento, desde 1985 a 2011, por lo que es algo a lo que debiera dársele una mayor atención.
Si bien México cuenta con uno de los litorales más grandes del mundo (11 mil kilómetros de costas) y por ende con un enorme potencial pesquero; y en América Latina es el país con mayor extensión litoral, 40 por ciento el chileno y cuatro veces el peruano. Sin embargo, México se encuentra por debajo de su potencial productivo pesquero al producir la cuarta parte del volumen que Chile produce por kilómetro de playa y la décima parte del volumen que produce Perú. México ocupa el lugar 28 con 1 por ciento de las exportaciones a nivel mundial.
Parte de este fenómeno se explica porque las capturas pesqueras en el país se encuentran estancadas, tanto en términos absolutos como relativos, frente a la producción acuícola.
Por un lado, la pesca mantiene los mismos niveles de producción de hace más de 10 años, cerca de 1.4 millones de toneladas de peso desembarcado, y por otro, el país mantiene su posición en capturas marinas en el mundo.
Una estimación reciente (2012) de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que estudió 54 pesquerías en México, arroja resultados similares a lo que muestra la Carta Nacional de Pesca: 20 por ciento de las pesquerías sobreexplotadas, 63 por ciento están a su máxima capacidad y 17 por ciento con cierto potencial de desarrollo.
En México, la pesca comercial se lleva a cabo en dos sectores: el industrial (o pesca de altura) y el artesanal (o ribereño). El sector industrial está compuesto por cerca de 2 mil 200 barcos, dedicados principalmente a la pesca de sardina, camarón y atún.
Se estima que este sector emplea a cerca de 47 mil personas de forma directa y genera otros 125 mil empleos indirectos. Mientras dicho sector representa apenas 20 por ciento de los pescadores, captura dos terceras partes del volumen total (68 por ciento) y representa cerca de la mitad del valor de la producción nacional.
Por otro lado, de acuerdo a cifras de Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la flota ribereña representa cerca de 96 por ciento de las embarcaciones totales del país (78 mil barcos con capacidad menor a 3 toneladas) y emplea entre 110 mil y 190 mil pescadores. El contraste entre ambos es importante, ya que el número de pescadores ribereños es uno de los factores que vuelve la regulación del sector más complicada y por tanto al sector más vulnerable a la pesca irregular.
De ahí la importancia en que el marco jurídico debe estar vigente y aplicarse a cabalidad, toda vez que el acuerdo secretarial número 117 que durante años prohibió que los barcos camaroneros y pesqueros realicen sus actividades en las denominadas: “Áreas de prevención y áreas de exclusión”, para dedicarse únicamente a las actividades a embarcaciones involucradas con la exploración y producción petrolera, logró el pasado 11 de octubre se abriera a la explotación pesquera según se publicó en el Diario Oficial de la Federación.
Efectivamente, en dicho acuerdo se establecen zonas de seguridad para la navegación y sobrevuelo en las inmediaciones de las instalaciones petroleras y para el aprovechamiento integral y sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas en zonas marinas mexicanas, tiene el propósito de apoyar a la industria pesquera-camaronera y a miles de familias que dependen de ésta actividad.
Sin embargo, es la fecha que no se publica las zonas de seguridad y áreas fuera de éstas, cuando la autoridad estaba obligada a que saliera para mediados del mes de noviembre del año pasado.
A la letra, el artículo Tercero Transitorio del acuerdo en comento, establece:
...Para los efectos de este acuerdo, las Secretarías de Marina; de Energía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Comunicaciones y Transportes, con la intervención que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, darán a conocer mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación las zonas de seguridad y áreas fuera de éstas, a que se refieren los artículos primero y segundo de este acuerdo, dentro de los 30 días naturales siguientes a su entrada en vigor. Las modificaciones posteriores a dichas zonas, se darán a conocer mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación y a través de los medios electrónicos identificados en los portales oficiales de cada dependencia.
Por lo anterior expuesto, esta proposición busca exhortar a las autoridades correspondientes a dar cumplimiento a este artículo transitorio, ya que es fundamental despuntar una actividad primaria como lo es la pesca, para mejorar la situación económica de quienes la realizan, redundando en mejoría económica para nuestro país.
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, al Instituto Nacional de Pesca, y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por conducto de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a que den cumplimiento en forma inmediata para emitir las zonas de seguridad y áreas fuera de éstas, a que se refiere el artículo tercero transitorio del acuerdo por el que se establecen zonas de seguridad para la navegación y sobrevuelo en las inmediaciones de las instalaciones petroleras y para el aprovechamiento integral y sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas en zonas marinas mexicanas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2016.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.
Diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco a realizar operativos de verificación de precios de los productos de la canasta básica y la tortilla para combatir cualquier aumento injustificado por el alza de la gasolina en la república, suscrita por el diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito diputado, Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
Que es una práctica recurrente a inicio de año, la escalada de precios, con lo cual se afecta la economía de los ciudadanos, sobre todo si tomamos en cuenta que en el aumento de precios, se afecta a los productos que forman parte de la canasta básica.
Aunado a lo anterior, también existen el incremento de servicios indispensables para la ciudadanía como es el caso de la energía eléctrica, lo que repercute directamente en la economía familiar.
Pero la inequidad en las relaciones entre proveedor y consumidor no se circunscribe al servicio de energía eléctrica, existen diversos servicios y productos que se proporcionan en el país, los cuales han generado mucho malestar entre la ciudadanía, quienes han manifestado que existen un aumento desproporcional de precios en productos y servicios, señalando que no les queda otra opción más que soportar estos incrementos, ya que no existe autoridad competente que regule estas relaciones entre proveedor y consumidor.
Que el artículo 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece:
Artículo 20. La Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Su funcionamiento se regirá por lo dispuesto en esta ley, los reglamentos de ésta y su estatuto.
En este contexto cabe señalar que cuando se anunció la reforma energética el gobierno federal pregonaba que ella, se garantizaría el abasto, a precios competitivos, de energéticos como el petróleo, la luz y el gas natural; al mismo tiempo, anunciaba que se modernizará este importante sector para detonar inversión, crecimiento económico y creación de empleos1 ; mientras que con las reformas fiscal y hacendaria se enarbolaba como una condición apremiante para que el Estado pueda atender las necesidades prioritarias de la población como son la educación, la seguridad social y la infraestructura2 .
Hoy nos damos cuenta que tras la consolidación de estas “reformas estructurales”, como la vaticinaba el presidente, nuestro país ha cambiado su rumbo, o más bien no hay rumbo.
El año 2017 inició con un aumento a los combustibles fósiles, que ha tenido un mayor impacto en las gasolinas, elevando su valor comercial en la Magna en un 14.2 por ciento, en la Premium en un 20.1 por ciento y en el diésel en un 16.5 por ciento.
Estos aumentos traen aparejado consigo un impacto mucho mayor y más catastrófico para la economía de los mexicanos.
Para arribar a esto es importante tener en cuenta lo manifestado por el analista y doctor en economía por la Universidad de Harvard, Gerardo Esquivel, quien señala que:
A nivel individual habrá un aumento en el costo de vida y por lo tanto un menor nivel de bienestar, y eso es inevitable cuando hay un aumento de la gasolina3 .
Esta triste conclusión encuentra correspondencia con lo alertado por el Banco de México (Banxico), que estima para este año una inflación de 4.13 por ciento (superior al 3.9 por ciento con que cerró nuestro país en 2016)4 ; sin embargo, según estimaciones de analistas de Moody’s Analytics y Grupo Financiero Banorte, la tasa inflacionaria estimada por Banxico para este año podría romperse y alcanzar entre un 4.7 y 5 por cineto5 .
Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Enrique Solana Sentíes, advirtió que: “El incremento de hasta 20 por ciento en las gasolinas provocará un aumento en los precios de la canasta básica, dado que afecta a toda la cadena productiva y el mayor impacto será en el precio final, el cual recae sobre el consumidor que verá reducida su capacidad de compra”6 .
Lo hasta ahora expuesto permite concluir que las reformas energéticas, hacendaría y fiscal, luego de su consolidación, han pulverizado la economía de los mexicanos, con un aumento injustificado en el precio de las gasolinas que representa uno de los golpes más funestos al bolsillo de los mexicanos, pero sobre todo, de los que menos tienen, pues si ya de por sí era imposible cubrir las necesidades básicas con el salario mínimo, tal y como lo denunció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la escalada en los precios como consecuencia del aumento de los combustibles generara un escenario aún más lúgubre y desesperante.
En respuesta, la ciudadanía a todo lo largo y ancho del país ha salido a las calles a manifestarse en contra de lo que han llamado “el mega gasolinazo”, frente a esta presión, el gobierno federal a través de la figura presidencial y el secretario de Hacienda y Crédito Público, han defendido el aumento de la gasolina.
El impacto del aumento de la gasolina ya ha generado daños colaterales, sobre todo en la población de escasos recursos, como es el caso de los habitantes de la región de la Montaña del estado de Guerrero, en donde se encuentran los municipios más pobres del país y en donde el precio de los productos de la canasta básica empieza a incrementarse.
En muchas entidades de la República Mexicana el precio de la tortilla ya subió, siendo este producto un alimento indispensable para las y los mexicanos, tal parece que la espiral inflacionaria, traerá el incremento de productos y servicios, y desafortunadamente no existe un puntual control de la autoridad para inhibir la especulación comercial, ni tampoco el Gobierno Federal ha implementado acciones contundentes que mantengan la estabilidad económica.
Por lo expuesto, y en atención a nuestras obligaciones constitucionales y convencionales para favorecer la protección de los derechos, presento la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente, con pleno respeto a la división de Poderes y el federalismo, exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, para que el personal de dicha institución realice operativos de verificación de precios de los productos de la canasta básica y la tortilla, esto para combatir cualquier aumento injustificado, por el incremento de los precios de la gasolina en la República Mexicana, y en caso de existir irregularidades se inicien los procedimientos administrativos para aplicar las sanciones correspondientes.
Notas
1 Véase más en http://www.presidencia.gob.mx/reformaenergetica/#!landing
2 Véase más en http://reformas.gob.mx/reforma-hacendaria/que-es
3 Gerardo Esquivel. BBC. Mundo. México: qué consecuencias traerá el “gasolinazo”, la abrupta subida del precio de la gasolina en 2017. 28 de diciembre de 2016.
4 Banco de México. Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Diciembre de 2016. 16 de diciembre de 2016.
5 Yolanda Morales. El Economista. Inflación en 5 por ciento durante 2017, por gasolina, gas y tipo de cambio. 1 de enero de 2017.
6 Redacción. Excélsior. Gasolinazo provocará aumento en precios de canasta básica: Concanaco. 28 de diciembre de 2016.
Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 25 de enero de 2017.
Diputado Victoriano Wences Real (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a promover con sus homólogas locales y en el marco de sus atribuciones campañas informativas e implantar acciones para prevenir y atender enfermedades asociadas a la depresión, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Entre la gama de enfermedades que afectan a la población a nivel mundial, destaca la depresión, la cual limita las oportunidades económicas y sociales, en detrimento del bienestar y la calidad de vida de las personas.
Se trata de un problema grave de salud pública, que ha venido creciendo de manera exponencial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es un trastorno mental frecuente y la principal causa de discapacidad, que contribuye de forma significativa a la carga general de morbilidad.
Es producto de interacciones complejas entre factores sociales, económicos, psicológicos y biológicos. Las personas que han pasado por situaciones vitales adversas tienen mayores posibilidades de sufrir depresión la cual, a su vez, puede generar mayor estrés y disfunción, y empeorar el estado del paciente y, por ende, la propia depresión.
La relación entre las enfermedades mentales y físicas es muy reducida. De acuerdo con los especialistas, la depresión que tiene un vínculo nocivo con la salud, al asociarse con otros trastornos como la ansiedad, el consumo de sustancias, la diabetes y las enfermedades cardíacas, con costos económicos y sociales significativos para los sistemas de salud y las familias de los pacientes.
En general, los trastornos depresivos generan importantes niveles de discapacidad, afectan las funciones físicas, mentales y sociales, a la vez que provocan mayor riesgo de muerte prematura. Pueden dificultar la capacidad de las personas para llevar a cabo actividades cotidianas, propiciando un deterioro en el funcionamiento habitual y en la calidad de vida.1
También, puede convertirse en un trastorno afectivo bipolar, caracterizado por episodios maníacos y depresivos separados por intervalos con un estado de ánimo normal.
Para dimensionar la magnitud y alcance de esta problemática, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, calculan que 25 por ciento de las personas padecen uno o más trastornos mentales o del comportamiento a lo largo de su vida; los trastornos mentales y neurológicos representan 14 por ciento de la carga en el mundo de enfermedades y 22 por ciento en América Latina y el Caribe; más de 350 millones de personas sufre depresión globalmente, mientras que en las Américas la padece 5 por ciento de la población adulta.2
La depresión es, pues, el trastorno mental que más afecta a la población en el orbe. Cuando el problema es de larga duración y pasa de una intensidad moderada a grave, puede provocar gran sufrimiento y alterar las actividades laborales, escolares y familiares y, en el peor de los casos, conllevar al suicidio.
Sobre este último punto, cabe destacar que al año se suicidan un millón de personas en el mundo, colocándose como la decimoquinta causa de muerte y la segunda entre los jóvenes de 15 a 29 años de edad.
Si bien existen tratamientos eficaces para la depresión, más de la mitad de los pacientes (y más de 90 por ciento en muchos países) no los reciben, ya sea por falta de recursos y de personal sanitario capacitado, como por estigmatización de los trastornos mentales y la evaluación o diagnósticos erróneos.
México no escapa a esta problemática. Al igual que en el ámbito mundial, en nuestro país existe una alta prevalencia de padecimientos mentales, siendo la depresión uno de los más signifcativos. En contraparte, la agenda para la atención de este tipo de enfermedades es una de las que mayor rezago presenta en el sector salud.
De acuerdo con la Academia Nacional de Medicina, la depresión es la tercera causa de muerte de jóvenes entre 15 y 19 años de edad, y en su mayoría afecta a mujeres. Aunque no se cuenta con cifras recientes y precisas, se calcula que alrededor de 10 millones de personas sufren depresión.
Y, al igual que la tendencia en el mundo, el suicidio representa un problema de salud pública, con más de 6 mil 300 casos en 2014, ocupando la decimoquinta causa de muerte en el país, con una tasa de 5.2 decesos por cada 100 mil habitantes, siendo la causa principal la depresión.3
Dado el impacto significativo que tiene la depresión en el bienestar, funcionamiento cotidiano y la calidad de vida de las personas, es necesario ubicarla como un problema fundamental en la agenda pública del sector salud.
Es urgente concientizar a la población sobre sus causas y consecuencias, que es un trastorno cada vez más frecuente y que afecta a personas de todas las edades, de diferentes condiciones socioeconómicas, que puede conllevar a situaciones trágicas.
En tal virtud, es imperativo fortalecer las acciones preventivas y de atención orientadas a reducir los graves efectos producidos por este padecimiento y, en esa medida, mejorar el bienestar y calidad de vida de los mexicanos.
Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas y, en el marco de sus atribuciones, promuevan campañas informativas e implementen acciones de prevención y atención de enfermedades relacionadas con la depresión en el país.
Notas
1 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342013000100011
2 http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=7305%3A2012-dia-mundial-salud-mental-depresion-tra storno-mental-mas-frecuente&Itemid=1926&lang=es
3 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/suicidio2016_0.pdf
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México a cumplir a cabalidad, en observancia de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el nombramiento del secretario ejecutivo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la capital, diferente del director del DIF local, suscrita por la senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Martha Elena García Gómez, senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, párrafo 1, fracción II, y el artículo 276, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Un avance trascendental para la niñez y la adolescencia de México es la entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tras un proceso de análisis y discusión fue aprobada por ambas Cámaras el 6 de noviembre de 2014 y promulgada el 3 de diciembre del mismo año.
Gracias a esta Ley por primera vez el país cuenta con un Sistema Nacional de Protección Integral de las niñas, niños y adolescentes, que determina la rectoría en el tema de los derechos de la niñez y que se encarga de coordinar de manera efectiva a las instancias y mecanismos en los tres órdenes de gobierno, orientados a promover, proteger y garantizar sus derechos.
En ese sentido, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en adelante “LGDNNA”, en su artículo 1o. menciona como objeto de la Ley crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes , a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados.1
En su Capítulo Tercero, “Del Sistema Nacional de Protección Integral” , en su artículo 125 establece que para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se crea el Sistema Nacional de Protección Integral, como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Ahora bien, la LGDNNA establece en su artículo 127 la conformación del Sistema, el cual será presidido por el Presidente de la República. La presencia del Titular del Ejecutivo Federal resulta fundamental para alcanzar la adecuada coordinación entre las autoridades que lo conforman, y denota el carácter primordial que para el Estado mexicano tienen los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Así también formarán parte del Sistema Nacional de Protección Integral, el Secretario de Gobernación, el Secretario de Relaciones Exteriores, Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Secretario de Desarrollo Social, el Secretario de Educación Pública, el Secretario de Salud, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, como el Titular del Sistema Nacional DIF, a los Gobernadores y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el Fiscal General de la República, al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Comisionado Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como representantes de la sociedad civil que serán nombrados por el Sistema, en los términos del reglamento de esta Ley y la participación de niñas, niños y adolescentes.
La coordinación operativa del Sistema estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva, que será un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y el cual coordinará las acciones entre las dependencias que integran el Sistema.
Sus atribuciones se encuentran reguladas en el artículo 130 de la LGDNNA que a continuación se enuncian:
Artículo 130. La coordinación operativa del Sistema Nacional de Protección Integral recaerá en un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que ejercerá las funciones de Secretaría Ejecutiva.
La Secretaría Ejecutiva tendrá las atribuciones siguientes:
I. Coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades competentes de la Administración Pública Federal que deriven de la presente Ley;
II. Elaborar el anteproyecto del Programa Nacional para someterlo a consideración de los miembros del Sistema;
III. Llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de la ejecución del Programa Nacional;
IV. Elaborar y mantener actualizado el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Integral;
V. Compilar los acuerdos que se tomen en el Sistema Nacional de Protección Integral, llevar el archivo de éstos y de los instrumentos jurídicos que deriven, y expedir constancia de los mismos;
VI. Apoyar al Sistema Nacional de Protección Integral en la ejecución y seguimiento de los acuerdos y resoluciones emitidos;
VII. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales;
VIII. Administrar el sistema de información a nivel nacional a que se refiere la fracción XV del artículo 125;
IX. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones en favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes con el fin de difundirlos a las autoridades competentes y a los sectores social y privado para su incorporación en los programas respectivos;
X. Difundir entre las autoridades correspondientes y la población en general los resultados de los trabajos que realice, así como toda aquella información pública que tienda a la generación, desarrollo y consolidación de perspectiva en la materia, desagregada por lo menos, en razón de edad, sexo, entidad federativa, escolaridad y discapacidad;
XI. Asesorar y apoyar a los gobiernos de las entidades federativas, así como a las autoridades federales que lo requieran para el ejercicio de sus atribuciones;
XII. Informar cada cuatro meses al Sistema Nacional de Protección Integral y a su Presidente, sobre sus actividades;
XIII. Proporcionar la información necesaria al CONEVAL, para la evaluación de las políticas de desarrollo social vinculadas con la protección de niñas, niños y adolescentes;
XIV. Fungir como instancia de interlocución con organizaciones de la sociedad civil, academia y demás instituciones de los sectores social y privado;
XV. Coordinar con las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas de las Entidades la articulación de la política nacional, así como el intercambio de información necesaria a efecto de dar cumplimiento con el objeto de esta Ley, y
XVI. Las demás que le encomiende el Presidente o el Sistema Nacional de Protección Integral.
Cabe señalar que en cada entidad federativa se instalará un Sistema Local de Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que se organizarán y funcionarán de manera similar al Sistema Nacional de Protección Integral, y contarán con una Secretaría Ejecutiva garantizando la participación de los sectores social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes.
Por otro lado, la LGDNNA en su Título Quinto “De la Protección y Restitución Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes , considera en su Sección Segunda “Del Sistema Nacional DIF” las facultades e injerencia que tendrá dicho Sistema en materia de niñez y adolescencia que a continuación se señalan:
Artículo 120 . Sin perjuicio de las atribuciones que establezcan las demás disposiciones aplicables, corresponde a la federación, a través del Sistema Nacional DIF:
I. Proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, cuando los mismos se encuentren restringidos o vulnerados, en términos de esta Ley y las demás disposiciones aplicables. La institucionalización procederá como último recurso y por el menor tiempo posible, priorizando las opciones de cuidado en un entorno familiar;
II. Impulsar la cooperación y coordinación de las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes para establecer los mecanismos necesarios para ello;
III. Celebrar los convenios de colaboración con los Sistemas de las Entidades y los Sistemas Municipales, así como con organizaciones e instituciones de los sectores público, privado y social;
IV. Promover la formación, capacitación y profesionalización del personal de instituciones vinculadas con la protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para realizar y apoyar estudios e investigaciones en la materia;
V. Prestar apoyo y colaboración técnica y administrativa en las materias reguladas en esta Ley, a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y
VI. Las demás que establezcan otras disposiciones en relación con la protección de niñas, niños y adolescentes que sean del ámbito de su competencia.
En ese tenor, dentro de la estructura del Sistema DIF, se encuentran las Procuradurías de Protección; la Federación contará con una Procuraduría de Protección que se encargará de dar una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes . De la misma manera las entidades federativas y los municipios tendrán Procuradurías de Protección locales. (Artículos 121 de la LGDNNA).
Las atribuciones de estas Procuradurías de Protección se encuentran contempladas en el artículo 122 de la Ley, así mismo el procedimiento para solicitar la protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes está regulado en el artículo 123.
En ese sentido, y del análisis de las funciones y facultades del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral y de los Sistemas DIF, destaca que el Secretario Ejecutivo, coordina las acciones entre las dependencias y las entidades competentes de la Administración Pública Federal en materia de protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, y por su parte el Sistema DIF se encarga de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes cuando los mismos se encuentren restringidos o vulnerados.
Además, una de las facultades primordiales del Secretario Ejecutivo es la de trasversalizar las políticas públicas de niñez en las dependencias integrantes del Sistema Nacional de Protección Integral.
Por su parte, el Sistema DIF tiene una función de restitución de derechos y establecer los mecanismos para ello.
En conclusión, es de suma relevancia tener una diferenciación de ambas figuras , en el entendido que uno de los avances de la Ley General es dejar la visión asistencialista para pasar a un enfoque garantista de derechos, para ello, se creó la figura del Sistema Nacional de Protección Integral, y se limitaron las facultades de los Sistemas DIF en materia de niñez y adolescencia.
Lo anterior, en virtud de que en la Ciudad de México el pasado 29 de junio, se llevó a cabo la instalación del Sistema local de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en la cual se nombró a su Secretario Ejecutivo, siendo éste el actual Director General del Sistema DIF de la Ciudad de México.
Al respecto y como se ha mencionado, las funciones de la Secretaría Ejecutiva de los Sistemas de Protección Integral son diversas a las de los Sistemas DIF, puesto que la Ley es clara al diferenciar que el Sistema de Protección construye las políticas públicas en materia de niñez y adolescencia, y que los Sistemas DIF intervendrán en los casos que los derechos de este grupo poblacional hayan sido vulnerados.
Es menester señalar la importancia de diferenciar estas instancias, y que de la misma manera sean diversos funcionarios los que se encarguen de la coordinación del Sistema de Protección y de los Sistemas DIF.
El contar con la misma figura para la coordinación de políticas de niñez y la restitución de derechos sería un retroceso en la visión de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Por lo expuesto, someto a consideración y aprobación de la honorable Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México que en observancia de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se cumpla cabalmente con el nombramiento del Secretario Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad, diferente al director del DIF de la Ciudad de México.
Nota
1 Artículo 1, fracción III, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la Sexagésima Tercera Legislatura, al día veinticinco del mes de enero del año dos mil diecisiete.
Senadora Martha Elena García Gómez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Segob a proponer una nueva estrategia de seguridad que atienda el trastrocamiento de la seguridad pública en el país para lo que resta del sexenio, suscrita por la diputada María Cristina García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada María Cristina Teresa García Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Terminó el año 2016 y con él los buenos propósitos de que el problema de la inseguridad estaría bajo control. Es decir, que el reto principal para el Estado de atender el trastocamiento de la seguridad pública —demanda primordial de la sociedad— no tiene soluciones reales, tangibles para las personas en todo el país, porque la violencia cada día se encamina al alza y las causas que la originan siguen activas como hace 10 años.
Entre las promesas y los discursos oficiales se perdieron las expectativas de solución, ya que las medidas se quedaron cortas y al paso del tiempo las acciones han mostrado su inutilidad o inviabilidad sin precedentes. Porque, lejos del cumplimiento de metas en materia de seguridad a cuatro años del actual gobierno, el 2016 resultó ser el más violento para el gobierno federal. Por ejemplo, sólo de enero a noviembre se registraron 18,915 homicidios dolosos,1 y ese es el saldo de los esfuerzos encaminados a resolver el problema de inseguridad.
Peor es que al término del cuarto año de gobierno, los retos para la presente administración federal en materia de seguridad pública siguen tan vigentes como en 2012, situación que delata la inconsistencia de la estrategia, no a cuatro sino a 10 años de vigencia. Y no hay visos de que las cosas mejoren hacia los últimos dos años del sexenio, toda vez que no hay una estrategia o replanteamiento del problema de la seguridad, y los planes, acciones y políticas no cambian hacia adelante. El último discurso presidencial sobre política de seguridad, no incluye acciones específicas para detener el fenómeno, mucho menos para aprender a los ex gobernadores acusados de corrupción y de robo al erario que gozan de plena libertad, como los de Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Nuevo León, Sonora y Coahuila, que incrementaron la deuda en sus estados.
No obstante, el descabezamiento de carteles es solo una de las acciones que a final de cuentas resulta aislada, porque disgrega a los delincuentes y genera reacción hormiga, y desarticulada porque no se empata con otras medidas, como la prevención del delito. Los especialistas coindicen en que el choque frontal contra los grupos del crimen organizado terminó en una fragmentación que dispersó la violencia.
A lo anterior se suman los retos del propio sistema de justicia pendientes de resolver, aún con la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio que sigue con rezagos en su aplicación práctica; y todavía no muestra los resultados que de él se esperan. Basta preguntar, qué ha pasado con la capacitación de los cuerpos policiacos, ministerios públicos, defensores públicos y jueces, que no termina por reflejarse en investigaciones, persecuciones y enjuiciamientos efectivos contra aquellos criminales que azotan a la población en todo el territorio nacional, asesinando y trastocando la seguridad. Además, otros factores que impiden el avance de la justicia como es la corrupción, la falta de trasparencia y la rendición de cuentas, así como la impunidad que siguen latentes, y contra los que no se procede.
Ahí están los estados de Guerrero, México, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Jalisco y Chihuahua, presentes a la cabeza en el registro de homicidios. Por lo que puede afirmarse que el problema de la inseguridad no cede. Por ejemplo, los 18 mil 915 homicidios registrados durante los primero de once meses del 2016, representaron un aumento del 21.5 por ciento respecto al 2015. Tan solo Guerrero y estado de México son las entidades con el mayor número de carpetas de investigación por homicidio doloso. Sólo entre enero y noviembre acumularon 2 mil 044 y mil 088, respectivamente. Y en cuanto a la tasa de homicidio, Colima ocupa el promedio más alto con 72 homicidios por cada cien mil habitantes; le siguen Guerrero con 57, Sinaloa con 35 y Chihuahua con 29.
A mayor abundamiento, los operativos de seguridad en los 50 municipios del país en donde se concentra el 42 por ciento de los homicidios del país, falló. Y eso coinciden los especialistas, de que la intervención del gobierno federal no se refleja en mejoría ni en el mediano ni a largo plazo, aún en esos 50 municipios en donde se concentra “porque la violencia no es generalizada”, según el propio gobierno federal, partiendo del diagnóstico que posee el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Sin embargo, no son solo los asesinatos, pues también se suman los desaparecidos (según los datos de Inegi), cuyo registro es de 29 mil 903 entre el fuero común y federal, conforme al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED). Solo Tamaulipas, que ocupa el primer lugar registra 5 mil 704; también Estado de México con 3 mil 2 y Jalisco con 2 mil 541.
A lo anterior cabe agregar que las bandas del narcotráfico siguen amenazando a la población, pese a las acciones de persecución y prevención del delito resultan aplicadas, que a la postre resultan insuficientes.
Especialistas como Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), ha dicho que “la prevención es básica. La hemos pedido por 10 años. El problema es que el tipo de prevención que se destinó no fue la adecuada. Esto debido a que muchas de las acciones que se implementaron fueron ocurrencias...”. Pero los efectos en la incidencia delictiva que está a la orden del día.
Además, los focos de violencia no han podido ser atendidos ya que la corrupción trasciende las entidades federativas, y Veracruz del ex gobernador Javier Duarte es el mejor ejemplo. Los gobernadores han sido omisos en preparar y capacitar a los policías, así como en desarrollar el sistema de justicia de las entidades federativas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación, para que en el marco de sus atribuciones y facultades, proponga una nueva estrategia de seguridad que atienda el trastocamiento de la seguridad pública en todo el país para lo que resta del sexenio, a fin de contener la ola de violencia que desde hace 10 años ha cobrado la vida de miles de personas.
Nota
1 Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2017.
Diputada María Cristina García Bravo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la PGR que ejerza su facultad de atracción para investigar, conocer y resolver el homicidio de tres menores de edad ocurrido la madrugada del sábado 14 de enero en San Miguel de Allende, Guanajuato, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada federal María Bárbara Botello Santibáñez, integrante del Grupo Parlamentario del PRI a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente
Exposición de Motivos
La madrugada del sábado 14 de enero de este año, alrededor de la 1 de la madrugada, elementos de la policía estatal acudieron a una finca ubicada en la colonia Lomas de San José en el municipio de San Miguel de Allende con el objetivo de enfrentar a un supuesto grupo delictivo armado. El saldo arrojó únicamente el homicidio de 3 menores de 4, 8 y 11 años de edad, además del decomiso de armas y drogas.
Este hecho ha provocado una gran indignación en la entidad y sobre todo en San Miguel de Allende y los vecinos que conocen a los padres y familiares de las víctimas, a partir de que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato señaló al padre de los menores asesinados como responsable de haberlos privado de la vida y lo vinculó a proceso.
El padre, quien responde al nombre de Antonio Luna, trabajaba en esta finca como velador y estaba allí con su familia el día de los hechos.
La acusación que ha hecho la Procuraduría del estado se pone en entredicho a partir de que la señora Juana Luna, madre de los menores asesinados, ha declarado que la acusación es falsa, pues refiere que estaban dormidos cuando escuchó un carro y muchos gritos, su esposo se levantó rápido y hubo muchos disparos.
Posteriormente, hombres que no se identificaron como policías irrumpieron en su casa, ingresaron al domicilio y les dijeron que los matarían, que se los iba a “cargar la chingada”.
Asimismo, ha relatado que estas personas pusieron un arma en las manos de su esposo, él la tomó en sus manos y uno de ellos con guantes se la volvió a quitar. En su desesperación por saber que sus hijos menores de edad se encontraban dentro del domicilio, pidió verlos, pero estos la cuestionaron preguntando quién había matado a los menores. En ese momento, acusaron a su esposo de haberlos privado de la vida.
Durante las declaraciones ante el Ministerio Público, la madre de los menores asesinados narró estos hechos, pero le dijeron que sus declaraciones ya no importaban porque se habían realizado los peritajes de balística que señalaban como culpable del homicidio a su esposo, amén de que él ya había confesado ser el responsable, sin haber tenido la defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata de un abogado durante su primer declaración, como parte de los derechos en el procedimiento previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Está claro que como en muchas otras investigaciones de esta naturaleza, siguen existiendo fallas en el debido proceso por el abuso que comenten los elementos de las corporaciones policiales y muchos otros que constituyen una violación a los derechos humanos.
El estado de Guanajuato se ha convertido en los últimos años en una entidad insegura, en el que el número de homicidios dolosos ha crecido significativamente, de acuerdo a los datos mensuales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que obliga a que las corporaciones policiales del estado estén mejor preparadas y capacitadas para combatir el crimen organizado y los delitos del orden común, a fin de disminuir los homicidios dolosos en la entidad.
En este caso particular del homicidio de tres menores de edad, se refleja que no solo las corporaciones policiales de Guanajuato no sólo no están capacitadas para hacer su trabajo, sino que violentan los derechos humanos en complicidad con las autoridades del ministerio público al acusar y señalar de homicidio, al padre de los menores de edad.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente de honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría General de la República, ejerza su facultad de atracción para investigar, conocer y resolver el homicidio de tres menores de edad en el municipio de San Miguel Allende, Guanajuato, ocurrido la madrugada del sábado 14 de enero, en virtud de que existen irregularidades en la investigaciones que realiza la Procuraduría General del Estado de Guanajuato.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de enero de 2017.
Diputada María Bárbara Botello Santibáñez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a intensificar la puesta en marcha de acciones determinantes en favor de las micro y pequeñas empresas, en el contexto de la depreciación del peso mexicano, el alza excesiva de los combustibles y el cambio de presidente en Estados Unidos, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN, y suscrita por integrantes la Comisión Especial de apoyo a comerciantes en pequeño y microempresarios para fomentar la economía familiar
La suscrita, Martha Cristina Jiménez Márquez, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y diversos legisladores integrantes la Comisión Especial de apoyo a comerciantes en pequeño y microempresarios para fomentar la economía familiar, todos ellos de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que en el contexto de la depreciación del peso mexicano, el excesivo aumento del precio de los combustibles y el cambio la Presidencia de los Estados Unidos de América, se intensifique la puesta en marcha de acciones determinantes en favor de las micro y pequeñas empresas, conforme a las siguientes
Consideraciones
Primera. Una de las principales razones para la presentación de esta Proposición con Punto de acuerdo, tiene que ver con atender de manera responsable las diversas protestas referidas de manera urgente y reiterativa en las manifestaciones de consternación y desconcierto que se han llevado a cabo a lo largo y ancho del país, al darse a conocer en el arranque de este año 2017 los cambios en la realidad económica a los cuales tendrán que enfrentarse los ciudadanos para solventar su vida cotidiana y de manera paralela y no por eso menos importante, los retos que en este mismo sentido tendrán que enfrentar la mayor parte de los micro y pequeños negocios para poder brincar el cerco y lograr su sobrevivencia y desarrollo.
Segunda. De esta suerte tenemos, que con referencia a las micro y pequeñas empresas la Secretaría de Economía ha planteado una clasificación que bien nos podrá servir de base para analizarlas de acuerdo con su tamaño y conocer el por qué debemos prestarles atención prioritaria.
En esta idea de utilidad, sobresale que las microempresas serán todas aquellas que cuenten con hasta 10 trabajadores como máximo y que además sumen ventas anuales hasta por cuatro millones de pesos, considerando en este rubro a las empresas comerciales, industriales o de servicios.
En consecuencia, se consideran pequeñas empresas para el sector comercial, todas aquellas que tienen desde 11 hasta 50 trabajadores y que cuentan con ventas anuales desde cuatro mil diez pesos hasta cien millones de pesos y para las empresas industriales y de servicios se tiene como referente a aquellas que tienen un número trabajadores que va desde 11 hasta 50; con ventas anuales desde cuatro mil cien pesos hasta cien millones de pesos.
Podemos agregar también, que para efectos de mayor de comprensión de esta proposición, se pone en la mesa el dato meramente referencial -puesto que estamos dirigiendo esta propuesto a las unidades de menor tamaño- de que se consideran como medianas empresas a aquellas unidades comerciales que tienen desde 31 hasta 100 trabajadores, con ventas anuales desde cien mil diez pesos, hasta 250 millones de pesos.
Por otro lado, es de resaltarse que las empresas medianas de servicios serán todas aquellas que cuenten en sus haberes desde 51 hasta 100 trabajadores; con ventas anuales desde cien mil diez pesos hasta doscientos cincuenta millones de pesos. Complementariamente a esto podemos acotar que para el caso de las empresas industriales se puede considerar a aquellas que integren de 51 hasta 250 trabajadores, y que aunado a esto, desarrollen ventas anuales que fluctúen desde cien mil diez pesos, hasta doscientos cincuenta millones de pesos.
Tercera : Por lo que se refiere a la importancia de este tipo de organismos, destaca que las micro, pequeñas y también las medianas empresas, conocidas coloquialmente como Mipymes, son particularmente relevantes para las economías nacionales, debido al gran potencial de generación de empleos que poseen, así como para el desarrollo regional y local. Por lo tanto, representan un excelente medio para impulsar el desarrollo económico y para lograr una mejor distribución de la riqueza.1
Cuarta . Paralelamente destaca también que dicha importancia, tiene que ver con que a nivel nacional su número es sumamente elevado. Y esto queda ampliamente demostrado, al considerar que el 99.6 de este tipo de organismos empresariales son de magnitud micro y pequeña.
Esta cifra es verificable en su totalidad, a partir de la presentación de los más recientes datos oficiales, en el más novedoso instrumento de vanguardia en el ámbito de la medición con el que contamos en México, denominado Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas –ENAPROCE-, que refiere en su versión 2015 puesta a la consideración del público en general el 13 de Julio del 2016 en la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes,2 los datos que se detallan a continuación.
Dice la encuesta, que del total de empresas consideradas en ese relevante ejercicio estadístico, que el 97.6% son microempresas y concentran el 75.4% del personal ocupado total. Le siguen las empresas pequeñas, que representan 2% y tienen el 13.5% del personal ocupado.
Quinta . Otro referente de importancia destacado en la Encuesta que nos ocupa3 refleja en el rubro o clasificación de las Empresas Mexicanas, que según la tipificación del Número de Empresas, las cifras nos dicen que en México se cuenta con un total aproximado de 3 952 422 Microempresas; y como dato complementario se pueden definir como pequeñas a un total de aproximadamente 79 367.
Sexta . Otro dato adicional interesante, tiene que ver con el rubro de la capacitación que nos indica que de las microempresas, solo el 11.5% capacita a su personal. Una cifra más oportuna es el total de unidades pequeñas que sí se ocupa de este rubro, mismo que asciende a 55.8%, cifra que mejora considerablemente en las empresas medianas, puesto que es el 73.7% de ellas las que destinan tiempo y recursos para capacitación.
El elemento de capacitación es resaltar como de amplia relevancia para la presentación del punto de acuerdo, puesto que implica una de las capacidades gerenciales que debieran detonarse, considerando que una gran cantidad de microempresas no está utilizando esta importante herramienta de crecimiento y desarrollo, lo que lógicamente se traduce en mayores deficiencias en la producción de bienes y prestación de los servicios nacionales.
Esta deficiencia se hará aún más visible con la problemática económica actual, por lo que pudiera traducirse en una excelente área de oportunidad en el campo de la implementación de acciones contundentes en favor de las unidades de negocio que nos ocupan.
Séptima. En la condición anterior tenemos también el rubro de la instrumentación de procesos de mejora , donde destaca que de las microempresas, solamente el 9.8% los lleva a cabo, en tanto que es el 30.8 de las empresas pequeñas quienes los realizan, y es el 43.6% de las empresas medianas quienes ejecutan este tipo de acciones; además de aplicar en mayor medida las medidas de solución ante problemas que se presentan en el proceso de producción. Por otro lado también instrumentan procesos de mejora continua para evitar futuras eventualidades.
Octava . Otro de los aspectos que están influyendo en la situación adversa que estamos enfrentando, tiene que ver con que a tan solo unos cuantos días de haber comenzado el 2017, el peso mexicano ha acumulado ya una depreciación cada vez mayor que nos ubica cerca de los últimos lugares en la lista de las divisas comparadas con el dólar estadounidense.
Esto es así porque el peso mexicano se encuentra inmerso en un entorno internacional complicado debido a la volatilidad de los mercados internacionales aunado esto a otros factores como el cambio de la Presidencia de los Estados Unidos, a los vaivenes en la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, así como a la baja de la mezcla mexicana de crudo, etcétera.
Sin embargo los participantes de los mercados a nivel internacional están diferenciando a la moneda mexicana de una forma más negativa, ya que su depreciación es mucho mayor con respecto a otras, por lo que queda claro que también están influyendo de manera decisiva en este desafortunado acontecimiento, algunos factores internos; así es que el problema de fondo también puede estar en nuestro propio país.
A propósito de la inconveniente y reiterativa depreciación de nuestra moneda, algunos analistas económicos como lo es el director de Moody’s Analytics para América Latina, Alfredo Coutiño, han acotado que “Una moneda no está sujeta a la especulación si los fundamentos de la economía son sólidos”
Así pues, comentamos que entre esos factores internos del país, sobresalen los que subsisten a pesar de las recientes reformas estructurales, como los llamados desequilibrios fiscales.
Aunado a esto se suman las políticas que no cuentan con una rigurosa disciplina en su aplicación, entre las que pueden encontrarse la creciente deuda que ha contraído el gobierno federal, misma que está alcanzando niveles máximos históricos respecto del escaso producto interno bruto que está generando el propio país.
Adicionalmente se suman a estas políticas que pueden calificarse como no muy afortunadas en su diseño, la menor producción de petróleo en el país, así como el severo recorte presupuestal, entre otros indicadores.
Es menester mencionar que todos estos elementos vienen a colación, porque al depreciarse el peso mexicano, una consecuencia lógica y de gran impacto para las micro y pequeñas unidades de negocio, es que el costo relativo de los insumos se encarece, lo que presiona aún más al alza los costos de producción y los precios; afectando negativamente los niveles de inflación a nivel nacional.
Novena. Otro importante factor que está incidiendo en este entorno desfavorable, es el que tiene que ver con el incremento en los precios de los combustibles, sobre todo por lo que se refiere al ya famoso “gasolinazo”, donde se están presentando importantes aumentos en el precio de gasolina y el diésel y donde se destaca una gran desproporción a la alza por cada litro de este vital recurso, de tal suerte que se perciben preocupantes incrementos para el 2017, que van desde 14.2 por ciento para gasolina magna, 20.1 por ciento para la gasolina Premium y 16.5 por ciento más para el diésel.
Con este desalentador panorama, nos encontramos adicionalmente con que se están llegando a cobrar hasta 6 pesos de impuestos: 2 pesos por concepto del Impuesto al Valor Agregado y 4 más por concepto de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios IEPS.
Y eso no es todo, además existe ya una calendarización para la liberar los precios de los combustibles, donde a partir del 18 de febrero del 2017 se tendrá una constante actualización, por lo que se espera que pueden existir más escaladas en los precios en este rubro, impactando de manera negativa el costo de adquirir los productos de consumo básico para la subsistencia de la población y el desarrollo de las empresas.
Otro dato que ha mantenido en alerta a la población es el que se refiere al fenómeno del movimiento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios –IEPS- que se considera como impuesto al consumo, porque está caracterizado porque el contribuyente lo puede trasladar a terceros, pero que de cualquier manera ese costo llegará de forma definitiva al consumidor final.
Décima. Y por si todo lo anterior no fuera suficiente e importante por sí mismo, podemos citar otro acontecimiento que está impactando a la sociedad mexicana en su conjunto y se trata de la toma de protesta del nuevo Presidente de los Estados Unidos de América Donald Trump, quien arrancó su candidatura con el lema de “Hacer grande a América otra vez”, y que por otro lado ha señalado reiteradamente que la globalización y la deslocalización de empresas son las causas mayoritariamente responsables del empobrecimiento de las clases medias estadounidenses y además se ha declarado por un lado como partidario decidido de renegociar e inclusive cancelar algunos de los tratados de libre comercio, así como se ha pronunciado con la idea de imponer restricciones proteccionistas hacia todas aquellas empresas para que se establezcan de manera Unilateral en los Estados Unidos de América.
Aunado esto a la amenaza de deportar a miles de inmigrantes connacionales y de la construcción de un muro divisorio, que además -según su propia idea estaríamos pagando los propios mexicanos.
Así, nuestra débil moneda sigue siendo golpeada por la presión de Donald Trump, para que varias empresas sobre todo las automotrices, cancelen sus inversiones en México.
En este contexto, vuelve con toda su fuerza una frase que bien puede constituirse como una profecía autoconstruida no sólo por los Estados Unidos de América, sino por la actitud del resto del mundo en su relación con esa importante potencia y es la de que “Estados Unidos no tiene amigos, sino intereses”. Su autor fue John Foster Dulles, secretario de Estado del que fuera en la década de los cincuentas un notable político y militar norteamericano, Dwight Eisenhower.
Undécima . Por tanto, es de destacar que todos esos factores anteriores juntos, nos dan cuenta de la importancia de este tipo de organismos productivos, así como lo deseable de que estén en posibilidades de enfrentar la problemática que se presenta ante la eventualidad de que la falta de acciones determinantes y de fondo como lo es la de la adecuada capacitación y de instrumentación de procesos de mejora, se suman otros nuevos factores económicos adversos respecto de los cuales poseen una muy escasa capacidad de respuesta, esto debido en parte a la escasa información, por lo que no están lo suficientemente preparados y por ende no cuentan con las mismas oportunidades para tomar las provisiones necesarias para salir adelante exitosamente.
Es por todas las razones y argumentos anteriores que con la intención de atraer la atención respecto de la preocupante problemática detallada a lo largo de este ocurso, así como la decisión de contribuir a mitigar los embates de esta nueva realidad, que a nombre de los ciudadanos y de las distintas unidades de micro y pequeños empresarios, se somete a consideración del pleno de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que en el contexto de la depreciación del peso mexicano frente al dólar, el excesivo aumento en el precio de los combustibles y el cambio de la Presidencia de Estados Unidos de América, se intensifique la puesta en marcha de acciones determinantes en favor de las micro y pequeñas empresas, considerando la realización de las actividades siguientes:
a) Se lleven a cabo las reuniones y los análisis necesarios para lograr una ruta crítica perfectamente diseñada y consensuada con los expertos en la materia, direccionada específicamente para el sector de referencia.
b) Se informe a esta soberanía sobre los sectores consultados y sus propuestas.
c) Se estimen las metas, evaluaciones y los indicadores que permitan apreciar de forma global el resultado que se esperan obtener con la puesta en marcha de las acciones.
Segundo. Que la Secretaría de Economía instrumente los mecanismos más eficientes para que las Micro y Pequeñas empresas puedan realizar propuestas a través de una gran plataforma en sintonía con los instrumentos diseñados en el marco de las mejores prácticas de gobierno abierto.
Tercero . Que el Instituto Nacional del Emprendedor determine y ponga en marcha las herramientas más eficientes para el adecuado procesamiento de las quejas y denuncias que interponga el público en general, en caso de incumplimiento por parte de los funcionarios públicos relacionados con este rubro.
Notas
1 Jesús R. Sánchez, Factores de Éxito de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Caso Chihuahua, ITESM Campus Chihuahua, 2013, Chihuahua, consultado el 15 de Noviembre del 2016 en: http://www.chi.itesm.mx/investigacion/wp-content/uploads/2013/11/NEG30. pdf.
2 Cfr. Para mayor información véase el Boletín de Prensa No. 285/16, Presentado el 13 de Julio del 2016 en Aguascalientes, Ags. (Consultado el 16 de enero de 2017) en
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/espe ciales/especiales2016_07_02.pdf
3 Ídem.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de enero del año 2017.
Diputadas:Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la SHCP y la Sagarpa para reactivar y fortalecer de inmediato los programas de apoyo del diésel agropecuario y pesquero, suscrita por la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Natalia Karina Barón Ortiz, diputada federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con el carácter de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a que instruya a los secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para reactivar y fortalecer de inmediato los programas de apoyo al diésel agropecuario y pesquero, flexibilizar el ingreso al Padrón de Beneficiarios de Energéticos Agropecuarios y estudie estatuir un fideicomiso de ahorro y financiamiento de combustibles para el sector pesquero y agropecuario.
Consideraciones
El aumento en los precios de las gasolinas ha causado uno de los mayores daños en la economía de la sociedad y no habrá una explicación que baste para resarcirlo. Al titular del gobierno federal parece ignorar que, si bien es cierto que el incremento de los combustibles afectará de manera directa y en lo inmediato a quienes más ingresos perciben por la lógica simplista de que son quienes más consumen gasolina, dicho incremento al precio de los combustibles inevitablemente derivará en un proceso inflacionario general el cual, como todos sabemos, repercutirá en la economía de millones de familias de menores ingresos.
Sin importar las razones o las explicaciones de estos incrementos, como nunca en nuestra historia el gobierno federal hundió a las y los mexicanos en una de las más graves crisis económicas y sociales con el incremento a las gasolinas, a la energía eléctrica y el gas al inicio del año. Crisis que pudo haberse evitado, porque esta situación se sabía desde que se aprobaron las nueve leyes que dieron marco a la reforma energética.
En tal sentido, el gobierno federal tuvo el tiempo suficiente para sensibilizar a la sociedad de lo que había de venir y no sólo eso, al monitorear el comportamiento de los precios internacionales del petróleo, idear las estrategias necesarias para que la liberalización de los precios de los combustibles no afectará de manera tan radical a la sociedad mexicana. Resulta inadmisible la irresponsabilidad de la autoridad el no haber previsto medidas para que el impacto no fuera tan negativo. Ahora, y como ha venido sucediendo a lo largo de este sexenio, ante la inconformidad generalizada de la población se tienen que buscar salidas rápidas que contrarresten el impacto de la escalada inflacionaria en los bolsillos de los mexicanos.
Las acciones que tendrá que emprender el gobierno de Peña Nieto tienen que ser inmediatas y contundentes si no queremos que el país se desborde; es decir, antes de que la tensión social escale a mayores niveles de rechazo, es necesario proponer soluciones que abonen en beneficio de las y los mexicanos.
Una de estas propuestas es la que oficialmente se presentó como el “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar” que el gobierno federal y diversas organizaciones empresariales, sindicales y productores del campo han signado en el marco de la terrible situación que está viviendo el país, desgraciadamente, las propuestas concretas que propone dicho “acuerdo” no pasan de ser un cúmulo de buenas intenciones que nada resuelven y que en su mayoría ya son atribuciones y responsabilidades que nuestro marco normativo otorga al gobierno federal.
Así por ejemplo, en lo que se refiere al sector agropecuario, se hace el pronunciamiento de que “el sector del campo se compromete a trabajar en la mejora de la productividad del campo en beneficio de los pequeños y medianos productores y de la oferta nacional agroalimentaria”. Esta buena intención hacia los productoras y productores agropecuarios y pesqueros, la encontramos desde siempre como mandato en las leyes, los programas y las políticas públicas que tienen que ver con el sector, sin que por ello se haga nada efectivo hasta la fecha para remontar el rezago en que se encuentran las y los pequeños productores.
Por cierto, dentro de los elementos que menciona el Secretario de Hacienda para explicar el alza de las gasolinas se encuentra la devaluación del peso mexicano frente al dólar; sin embargo, Hacienda pretende ignorar que este mismo factor también le pega a la electricidad y al gas, así como a los insumos estratégicos agropecuarios, sobre todo los de importación como fertilizantes y agroquímicos. Estudios recientes publicados por CONEVAL nos hablan de que si bien la inflación en los precios al consumidor está por abajo del 4%, los precios de los insumos del productor promedian una inflación arriba del 8%, lo cual le resta competitividad al sector y merma sus ingresos.
No ignoramos el programa de estímulos fiscales del gobierno federal al consumo de gasolinas y diésel para el sector agropecuario y pesquero, pero además de selectivo y burocrático, dicho programa es insuficiente para la demanda de miles de productoras y productores del país, muchos de los cuales están fuera del padrón de beneficiarios confeccionado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.
Si queremos garantizar realmente la alimentación a las y los mexicanos, impulsar la productividad en el campo, fortalecer la oferta agroalimentaria y proteger a la economía familiar, los apoyos institucionales deben ser suficientes, concretos, inmediatos y urgentes. Por ello estoy proponiendo que se considere por el gobierno federal agilizar la entrega de los apoyos, flexibilizar los trámites burocráticos y ampliar recursos públicos para abaratar los combustibles que requieren millones de medianos y pequeños productores pesqueros y agropecuarios en todo el territorio nacional.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a que instruya al secretario de Hacienda y Crédito Público y al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para reactivar y fortalecer de inmediato los programas de apoyo al diésel agropecuario y pesquero.
Segundo. La Comisión Permanente exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que instruya al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para flexibilizar el ingreso al Padrón de Beneficiarios de Energéticos Agropecuarios y pesqueros, incluyendo a todas y todos quienes lo soliciten.
Tercero. La Comisión Permanente exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a que instruya al secretario de Hacienda y Crédito Público y al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para estudiar la posibilidad de estatuir un fideicomiso para el ahorro en el uso de combustibles en el sector agropecuario y pesquero, financiar proyectos de modernización y fomentar el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2017.
Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y la Profepa a fortalecer en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada las acciones para proteger los ecosistemas donde hiberna la mariposa monarca, a fin de preservarla, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La biodiversidad y los recursos naturales son fundamentales para el mantenimiento del bienestar humano, y el desarrollo económico y social. Siendo un valor primordial para la supervivencia de las futuras generaciones. Uno de los instrumentos de conservación de la biodiversidad han sido las áreas naturales protegidas, consideradas como lugares especiales en el mundo que son manejadas para la conservación y preservación del medio ambiente.
El Banco Mundial apunta que la pérdida de biodiversidad tiene efectos negativos sobre los medios de subsistencia, el abastecimiento de agua, la seguridad alimentaria y la resilencia a los desastres ambientales, afectando 78 por ciento a las personas en condición de pobreza extrema a nivel global1 .
En este sentido, dicho organismo, estima que los delitos o daños a los recursos naturales y el medio ambiente en países en desarrollo oscilan en 70 mil millones de dólares al año.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), señala que México es uno de los 12 países considerados megadiversos y que albergan en conjunto entre 60 y 70 por ciento de la biodiversidad total del planeta junto con Brasil, Colombia e Indonesia2 .
Nos ubicamos en los primeros lugares de las listas de riqueza de especies en el planeta: En primero en número de especies de reptiles; el segundo en mamíferos; y el cuarto en anfibios y plantas. En nuestro país, se encuentra al menos 10 por ciento de la diversidad terrestre del orbe.
Cabe destacar que a través del decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de abril de 1986, se declaró como áreas naturales protegidas para los fines de la migración, la invernación y la reproducción de la mariposa monarca, así como la conservación de sus condiciones ambientales, ubicada en los municipios de Donato Guerra, Villa de Allende y Temascalcingo, en el estado de México y Angangueo, Zitácuaro en Michoacán3 .
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), estimó que a finales del mes de noviembre del año pasado, comienzan a llegar las primeras mariposas monarcas a territorio mexicano y se registraron los primeros avistamientos en el norte del país, en el estado de Coahuila, dentro del área protegida de río Sabinas4 .
Asimismo, que la reserva de la Biosfera de la Mariposa entre las entidades de Michoacán y estado de México, cuenta con una extensión de 56 mil 259 hectáreas, divididas en tres zonas núcleo y dos zonas de amortiguamiento. Aquí millones de insectos se refugian y entran en su estado de inactividad o hibernación durante el invierno. Para marzo, las mariposas empiezan a despertar y emprenden el vuelo de regreso hasta Canadá y el noreste estadunidense.
Por su parte, diversos medios de comunicación apuntan que en diciembre de 2015, alrededor de 150 millones de mariposas Monarca poblaron cuatro hectáreas del santuario El Rosario, en Michoacán, el más grande del país y el principal refugio para su hibernación5 .
La Semarnat señala que la mariposa monarca viaja a más de 4 mil kilómetros en ruta migratoria desde el sur de Canadá, cruzando todo el territorio de los Estados Unidos, atravesando por 13 estados de la República Mexicana para llegar a su destino en las zonas de hibernación en el estado de México y Michoacán.
Tan sólo para la temporada 2015-2016 se registraron 9 colonias de mariposas monarca, –4 en Michoacán y 5 en el estado de México– que ocuparon un total de 4.01 hectáreas de bosque. Esta superficie representa un incremento con respecto a la temporada 2014-2015 (1.13 hectáreas) y podría ser una señal de la recuperación de esta mariposa después de llegar a su nivel más bajo en 2013-2014, cuando ocupó solo 0.67 hectáreas6 .
En este tenor, el 19 de febrero de 2014 en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte, se acordó establecer un grupo de trabajo trilateral, México, Estados Unidos y Canadá, de alto nivel para la conservación del fenómeno migratorio de la mariposa monarca7 .
Dicha cumbre se propuso seguir colaborando en la protección de la biodiversidad y hacer frente a otros retos ambientales, como el tráfico de especies silvestres y los ecosistemas en riesgo y establecer un grupo de trabajo para garantizar la conservación de la mariposa monarca, una especie que simboliza transformación y evolución de la vida.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, establece en su artículo 1o., fracciones IV y V “Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar”; y “Preservar y proteger la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas”8 .
Ante este panorama, el gobierno federal ha instrumentado diversas acciones como en el caso del año pasado, en que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en un comunicado que culminó 26 operativos forestales, 184 recorridos de vigilancia, 49 visitas de inspección a centros de almacenamiento y transformación y madererías, así como 11 inspecciones a predios con autorización de aprovechamiento forestal. Pese a estos importantes avances, existen retos formidables por atender.
Por ello, resulta apremiante que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, fortalezcan las acciones para proteger los ecosistemas donde hiberna la Mariposa Monarca, a fin de preservar esta especie, el cual constituye un atractivo turístico que genera empleos e ingresos a las economías locales.
En el Grupo Parlamentario del PRI, legislamos a favor proteger y conservar los ecosistemas y la biodiversidad para que juntos podamos seguir transitando hacia un medio ambiente más sustentable.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y de manera coordinada, fortalezcan las acciones para proteger los ecosistemas donde hiberna la Mariposa Monarca, a fin de preservar esta especie.
Notas
1 http://www.bancomundial.org/es/topic/biodiversity/overview, consultado el 19 de enero de 2017.
2 http://www.gob.mx/semarnat/documentos/estudio-tecnico-justificativo-para
-declarar-area-de-refugio-a-la-bahia-de-akumal-quintana-roo, consultado el 19 de enero de 2017.
3 https://simec.conanp.gob.mx/pdf_decretos/40_decreto.pdf, consultado el 18 de enero de 2017.
4 http://saladeprensa.semarnat.gob.mx/index.php/noticias/
2262-llegan-a-mexico-las-primeras-mariposas-monarcas, consultado el 18 de enero de 2017.
5 http://www.mientrastantoenmexico.mx/cifra-record-de-mariposas-monarca-l lega-a-michoacan/, consultado el 18 de enero de 2017.
6 http://www.wwf.org.mx/?262370/Aumenta-superficie-ocupada-por-mariposa-monarca
-en-santuarios-mexicanos, consultado el 18 de enero de 2017.
7 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/7096/Declaracion_Conjunt a_CLAN.pdf, consultado el 18 de enero de 2017.
8 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_130516.pdf, consultado
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Ssa y la PGR a esclarecer los hechos ocurridos en Veracruz donde presuntamente se administraron medicamentos apócrifos para combatir el cáncer infantil, así como la aplicación de pruebas falsas para detectar el VIH durante la pasada administración estatal, suscrita por los senadores Francisco Salvador López Brito, Martha Elena García Gómez y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN
Francisco Salvador López Brito, Martha Elena García Gómez y Mariana Gómez del Campo Gurza, senadores de la República, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud y al titular de la Procuraduría General de la República a esclarecer los hechos lamentables que ocurrieron en el estado de Veracruz, donde presuntamente se administraron medicamentos apócrifos para combatir el cáncer infantil; así como también la aplicación de pruebas falsas para la detección de VIH durante la pasada administración estatal, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Después de culminada la administración de Javier Duarte en el estado de Veracruz, han salido a la luz graves irregularidades, pero las últimas noticias han evidenciado hechos que son totalmente reprobables e inadmisibles, tal como los casos de niños enfermos de cáncer que recibieron agua destilada en lugar de los medicamentos apropiados en quimioterapias.
Derivado de diversas investigaciones se evidenció que el medicamento que se administraba a niños no era realmente tal, sino que era un compuesto inerte , a base de agua destilada (justificando la aplicación de la misma, a desvíos de recursos e insuficiencia presupuestal); los cuales eran administradas en el Centro Estatal de Cancerología a niños con cáncer , de acuerdo a datos proporcionados por el actual gobernador del estado Miguel Ángel Yunes.
Adicional a estos hechos, se están investigando los casos relacionados con medicamentos que se encontraron en bodegas y que ya habían superado o pasado la etapa de caducidad y pruebas de detección de VIH falsas.
Los lamentables hechos se habrían conocido desde 2011 y en él estarían involucradas varias empresas distribuidoras de medicamentos oncológicos: Sociedad Comercializadora Especialidades Médicas del Sureste (empresa que facturó alrededor de 109 millones de pesos en contratos de 2007 a 2013), Oncopharma, LABBSA, Suministro MAXBEC y LlDMED, a las cuales es preciso investigar y que este asunto sea atendido directamente por la Procuraduría General de la República debido a su magnitud.
La primera vez que se detectaron irregularidades con el medicamento Avastin , fue el 6 de julio de 2010, cuando Fidel Herrera aún era gobernador y personal médico notificó que había un medicamento que era cualquier otra cosa menos quimioterapia, notificaciones que fueron ignoradas.
De acuerdo a datos revelados por Grupo Roche Syntex de México (quien posee la patente de Avastin, el medicamento que presuntamente se había administrado), concluyó que dicho lote no estaba en sus registros, tampoco correspondía a ellos la factura del pago hecho por el mismo y sobretodo, que no contenía principio activo; sucesos ocurridos entre el final de la administración de Fidel Herrera Beltrán y en el inicio del gobierno de Javier Duarte . Sin embargo, se hizo caso omiso de la advertencia de Grupo Roche y siguió surtiéndose de las compañías de Xalapa.
Desde el 5 de mayo de 2011, ya con Duarte en el poder, se reveló una nota que refiere que Iván López Fernández, contralor de la entidad, reconoce que “en la Secretaría de Salud se entregó medicamento clonado ”, el entonces el contralor puntualizó que el distribuidor del medicamento serían quien respondería por la irregularidad detectada ; así como también señala que durante el sexenio de Herrera Beltrán se llevó a cabo la compra y distribución entre pacientes del medicamento apócrifo.
Enrique Arredondo, director de Asuntos Jurídicos de la Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) y Frank Zurita Duarte, subsecretario de adquisiciones de la misma dependencia, y otros funcionarios de la secretaría en su momento sólo determinaron suspender la adquisición directa a Especialidades Médicas del Sureste y hasta el día de hoy la investigación continúa, pero no se han dado a conocer los resultados definitivos.
Por su parte, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) indicó que iniciará una serie de investigaciones para corroborar las presuntas quimioterapias falsas, derivada de la instrucción que giró el secretario de Salud del gobierno federal, con el objetivo de analizar el caso e iniciar el procedimiento de verificación sanitaria y poner en marcha el protocolo de atención médica e identificar los fármacos caducos o que ya hayan sido utilizados con anterioridad.
Con estas investigaciones se deberá iniciar un proceso de verificación sanitaria que debe tener el propósito de identificar los protocolos de atención médica y la identificación de medicamentos que hubieran sido utilizados; así como también, de realizar un muestreo aleatorio de expedientes clínicos, la identificación del medicamento utilizado, la identificación del laboratorio responsable de la producción y de la comercialización y distribución; para finalmente, encontrar medicamentos vigentes que correspondan a los que hubieran sido utilizados tomar nuestra.
Antonio Nemi Dib, ex titular de la Secretaría de Salud, señaló que también se dieron pruebas falsas de VIH-Sida, para lo cual acusó que el ex administrador de la dependencia es el responsable de las omisiones en la compra de medicamentos caducos.
De acuerdo a una solicitud de información (0001200244315) obtenida en la plataforma Infomex arrojó que en el lapso comprendido entre 2013 y 2014 y el primer trimestre de 2015, el Centro Estatal de Cancerología Doctor Miguel Dorantes Mesa, con sede en esta capital, registró 32 decesos de menores de edad, de acuerdo con los “cubos de defunciones” del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de la Secretaría de Salud federal.
Mientras que en el caso de las mujeres, las cifras son más alarmantes, pues de cáncer cervicouterino y de mama fallecieron mil 719 en Veracruz en el periodo señalado. Otra solicitud de información (0001200244315) destaca que en el primer trimestre de 2015, 109 mujeres mayores de 25 años perdieron la vida por un tumor maligno cervicouterino, mientras que 107 fallecieron por cáncer de mama.
Otro oficio, el SIDSS/DGIS/001602/2015, detalla que en la numeralia de otros tipos de cáncer (colon y recto, vejiga, linfomas, leucemia, páncreas y otros), 45 personas (masculinas y femeninas) perdieron la vida en la entidad en los tres primeros meses de 2015.
De acuerdo a lo anterior, las escalofriantes cifras que aporta la Secretaría de Salud federal señalan que en promedio una de cada diez muertes por cáncer en el país ocurre en Veracruz.
El cáncer de boca, estómago, colon, hígado, páncreas, tráquea, pulmón, leucemia, ovarios, vejiga y linfomas ha ocasionado 324 decesos en Veracruz entre 2013, 2014 y el periodo de enero a marzo de 2015.
En 2013, por ejemplo, 78 personas murieron de leucemia en la entidad y 65 un año después. En lo que va de 2017, nadie ha fallecido de ese tipo de cáncer. En contraste, en 2014, nueve personas murieron de linfomas, y en lo que va de este año han perdido la vida 26, una cifra atípica.
Se tiene información que el hospital de Cancerología Miguel Dorantes Mesa, no tiene liquidez presupuestal, situación que se ve reflejada en las constantes cancelaciones de quimioterapias y la falta de reactivos para detectar la enfermedad, según familiares de personas que acuden constantemente a dicho nosocomio; pero nada justifica el uso de medicamentos apócrifos o caducos para engañar a las personas.
Asimismo, el fiscal general del estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, informó que algunas denuncias por el suministro de medicamentos y tratamientos falsos para pacientes de VIH-Sida y con cáncer fueron determinadas como “no ejercicio de la acción penal” en la pasada administración, hecho totalmente reprochable; ante ello, se aseguró que esas investigaciones no pueden reabrirse por ley, pero hay otras que continúan su curso y se les dará seguimiento para dar con los responsables de aplicar supuestamente agua salina a niños pacientes con cáncer.
Diversos abogados del Colegio del Foro de Abogados del Estado de Veracruz, señalaron que de comprobarse que los menores del Centro Estatal de Cancerología (Cecan) recibieron quimioterapias falsas, los culpables deberán recibir severas sanciones de acuerdo al Código Penal del Estado de Veracruz, ya que este hecho se trata de delincuencia organizada e intento de homicidio; además de destacar que con los niños, las personas discapacitadas y los adultos mayores, debe de haber mayores cuidados, esto de acuerdo al Pacto Internacional de Sanación.
De esta manera, en mi carácter de representante popular, y presidente de la Comisión de Salud del Senado de la Republica, condeno categóricamente las acciones mencionadas anteriormente y exijo una investigación clara y precisa para conocer las presuntas irregularidades en la aplicación de tratamientos de quimioterapia y pruebas de detección de VIH.
Por lo anterior expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Salud y al titular de la Procuraduría General de la República a esclarecer los hechos inadmisibles que ocurrieron en el estado de Veracruz, donde presuntamente se administraron medicamentos apócrifos para combatir casos de niñas y niños con cáncer; así como también la supuesta utilización de pruebas falsas de detección de VIH, durante las dos últimas administraciones del gobierno estatal de la entidad antes mencionada y castigar severamente a quienes resulten coludidos y responsables en estos actos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.
Senadores:Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno del estado de México a reforzar las estrategias, acciones y políticas públicas que erradiquen la violencia feminicida en la entidad, suscrita por la diputada María Cristina García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada federal María Cristina Teresa García Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En nuestro país, datos de 2014 emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), habla de una población total de 125.386.000 millones de personas en el país, donde la población femenina es mayoría, con 63.017.797 mujeres, lo que supone el 50.26% del total, frente a los 62.368.036 hombres que son el 49.74%.1
Pese a ser la población mayoritaria de México, las mujeres, jóvenes y niñas, al igual que las mujeres del mundo, enfrentan cotidianamente la creciente violencia de género y su máxima y violenta representación: el feminicidio.
Sabemos que la violencia ejercida contra las mujeres es la más antigua, la más fuerte, variada y la más extendida en todo el planeta. Así entonces, la violencia contra las mujeres representa una violación a los derechos humanos, y constituye uno de los principales obstáculos para lograr una sociedad igualitaria y plenamente democrática.
El incremento de la violencia contra las mujeres ha propiciado que hoy nuestro país, además sea conocido en el mundo por el narcotráfico, el trabajo doméstico en servidumbre, la explotación laboral en las maquiladoras, la explotación sexual infantil, el tráfico de personas, la prostitución, la pornografía y el turismo sexual, la exacerbada violencia pública y privada, la institucional, conyugal y familiar, también por la extrema violencia contra las mujeres: el feminicidio.
El feminicidio es un concepto que pretende dar cuenta de su especificidad; el hecho de ser crímenes sexistas y de odio al género. Los feminicidios son la parte extrema y visible de la violencia dirigida contra las niñas y las mujeres, la conclusión de una situación recurrente y sistemática de la violación de sus derechos humanos, violentadas por el sólo hecho de ser mujeres, y asesinadas como resultado de la violencia pública o privada.
La violencia de género, constituye un problema de proporciones pandémicas. Se sabe que al menos una de cada tres mujeres de 15 a 49 años en el mundo ha sufrido maltrato, generalmente por parte de alguien conocido. Entre un 0.3% y un 11.5% referían haber sufrido violencia sexual perpetrada por alguien que no era su pareja.
La violencia contra las mujeres y las niñas y su expresión máxima el feminicidio, no respeta fronteras geográficas, culturales, económicas o edades, y pese al conocimiento de los altos índices de violencia contra ellas, aún no hay acciones efectivas para enfrentarla y por supuesto para erradicarla.
La nula reacción de las autoridades estatales ante la desaparición o muerte de las mujeres, la forma en la que se investigan los feminicidios y los insuficientes programas de protección para prevenirlos, exhiben un trato discriminatorio para este grupo poblacional. Además, en la mayoría de los casos, el origen humilde de las víctimas genera una discriminación de doble impacto: de género y de clase social.
Históricamente, Ciudad Juárez, Chihuahua ha sido el ominoso símbolo de tal fenómeno. La multiplicación de muertes femeninas aparentemente sin sentido, con graves rasgos de violencia y sin culpables. Sin embargo, en la actualidad, el Estado de México es el escenario de un gran número de crímenes con estas características y también es notoria la impunidad para quien comete este tipo de delitos, las constantes fallas en la procuración y administración de la justicia y -sobre todo- en la violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres.
Actualmente, las mujeres que se encuentran más expuestas a la violencia de la pareja o de cualquier otro agresor son las jóvenes y de edades medias (entre 20 y 39 años). En particular las mujeres entre 30 a 39 años, 68 de cada 100 han enfrentado al menos un episodio de violencia o abuso, llegando al 78% en el Estado de México.2
Cabe señalar que sobre estos casos de las mujeres muertas por violencia, el manejo de la información en los medios de comunicación, es cruel e ignominiosa en cualquier lugar de la República. Así como la actitud de las autoridades del Estado de México responsables de la impartición de justicia, ya que no sólo es de indiferencia, sino denigrante para las víctimas y para sus familias, como si las mujeres no fueran seres humanos con derechos para demandar el acceso a la justicia eficiente y eficaz. El mensaje es entonces; “Las mujeres no valen nada, puede matarlas cualquiera, además contará con impunidad”.
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), indicó en su último informe, “Estudio de la implementación del tipo penal de feminicidio en México: Causas y consecuencias 2012 y 2013”, al igual que el Observatorio Ciudadano Nacional del feminicidio (OCNF), que los estados con mayor incidencia en feminicidios son: Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Sinaloa.3
Se menciona que, 19. 6 mil 488 mujeres fueron asesinadas entre 2013 y 2015, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas. Así también se destaca que la mayoría de los feminicidios no se investigan como tal, pese a que en estas entidades cuentan con protocolos de actuación e investigación contra este delito.4
El caso específico del Estado de México, donde entre 2005 y 2011, se certificaron mil 997 feminicidios intencionales, representando el 16% de estos asesinatos a nivel nacional. También se detalla que sólo en 9 de todos los municipios del Estado de México en el periodo de 2005 a 2011, la tasa de asesinatos cerró en cero. Lo que significa que en la mayoría de los municipios hubo feminicidios.5
Entre los municipios de mayor riesgo, destaca el municipio de Ecatepec, donde habitan más de 849 mil mujeres y 806 mil hombres, el cual se convirtió en el municipio más mortífero para una mujer.6
Cabe señalar que el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, advirtió que los feminicidios en nuestro país se han incrementado en los últimos años y afectan tanto a niñas como a mujeres de distintas edades, resaltando que entre los años 2000 y 2015, el Estado de México representa la entidad con el mayor número de víctimas de homicidio femenino, pues se registraron cinco mil 163 asesinatos de niñas y mujeres en tierras mexiquenses.7 Asimismo, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del feminicidio, indica que de enero de 2015 a junio de 2016, fueron asesinadas 550 mujeres en el Estado de México, pero sólo 18 por ciento de los casos son investigados como feminicidio.8
Sin embargo, independiente de la implementación de la Alerta de Violencia de Género, establecida en los 11 municipios más poblados del Estado de México, como son: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco, sigue la creciente desaparición y muerte de mujeres.
Por lo tanto, el gobierno del Estado de México debe garantizar seguridad y el ejercicio pleno de los derechos humanos de la población en su conjunto y particularmente de las mujeres. Pues es lamentable y preocupante el índice de desapariciones y muerte que se han generado en el Estado de México, donde no sólo se secuestra, extorsiona, desapodera de sus pertenencias, viola, abusa sexualmente, tortura y asesina a sus mujeres, sino que también se muestra de manera palpable la más cruda descomposición del tejido social que vive cotidianamente nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto es necesario que el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, refuerce las estrategias, acciones y políticas públicas que logren erradicar este lacerante problema que enfrentan las mujeres de nuestro país y particularmente las mujeres mexiquenses; para ello, se requiere de toda la sensibilidad y el compromiso para lograr superar este gran reto. Y dar soluciones favorables a los innumerables delitos que afectan bienes jurídicos fundamentales, como son: la vida, la integridad física y psíquica, la libertad sexual y la inviolabilidad del cuerpo de las mujeres.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, para que en el marco de sus atribuciones y facultades refuerce las estrategias, acciones y políticas públicas que logren erradicar la violencia feminicida contra las mujeres mexiquenses.
Notas
1 Expansión, http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/mexico
2 Ibídem.
3 Excélsior, México es uno de los países que más violencia contra las mujeres, México, 25/04/2016
4 Ibídem.
5 http://www.animalpolitico.com/2014/05/ -las-muertas-del-estado/
6 Ibídem.
7 http://www.noticiasmvs.com/
8 http://observatoriofeminicidiomexico.org.mx/
Dado en el Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2017.
Diputada María Cristina Teresa García Bravo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a promover y realizar con el Inmujeres, la Comisión Nacional de Seguridad y los gobiernos locales cursos de defensa personal dirigidos a mujeres, a efecto de prevenir y enfrentar la violencia de género, suscrita por la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Ana Georgina Zapata Lucero, diputada a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La violencia de género en nuestro país se presenta de forma permanente y en toda la geografía, sin importar condición social, nivel educativo, creencias o edades tanto de perpetradores como de víctimas.
La multiplicidad de los agresores abarca desde las parejas hasta los compañeros de trabajo, pasando por familiares y desconocidos. La prevalencia de este fenómeno oprobioso, que revela el atraso en que aún se encuentra sumida una parte de nuestra sociedad, puede tener verificativo en los hogares, centros de trabajo, las instituciones educativas y en la vía pública, lo que demuestra la inseguridad en que se desarrollan las vidas de millones de mexicanas.
Las formas de violencia que se practican en contra de las mujeres incluyen desde comentarios despectivos y supuestos halagos callejeros, hasta formas mucho más graves como amenazas y agresiones que pueden provocar heridas de consideración o la muerte. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 (Endireh)1 señala que, de las 24 millones 569 mil 503 mujeres casadas o unidas en México, 11 millones 18 mil 415 han vivido algún episodio de maltrato o agresión en el transcurso de su vida conyugal, cifra que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) es reveladora de un alto índice de violencia de género, al representar casi la mitad de las entrevistadas2 .
Si bien es cierto cualquier forma de violencia de género debe ser motivo de preocupación, independientemente de la forma en que se manifieste, no lo es menos que ésta adquiere mayor relevancia cuando es de naturaleza física, pues a través de ella se busca provocar un daño corporal que puede llegar a ser irreversible. Hablamos no sólo de bofetadas sino inclusive del uso de armas, de ataques que pueden llegar a ocasionar la pérdida de facultades físicas o de la vida misma.
La propia Endireh 2011 señala que las casadas o unidas del país agredidas físicamente por su pareja a lo largo de su relación ascienden a 2 millones 842 mil 309, es decir, 25.8 por ciento de todas las violentadas3 , por lo que es importante subrayar que la violencia física está principalmente circunscrita a las agresiones de la pareja, tanto así que las mujeres que se encuentran más expuestas a la violencia de pareja o de cualquier otro agresor son las jóvenes o de edades medias, de entre 20 y 39 años.
Aunque esta modalidad de violencia es la menos reportada en la Endireh 2011, llama la atención la cantidad de mujeres casadas o unidas que han sufrido estas experiencias en México, 1 millón 288 mil 793 en total, que representan 11.7 por ciento de todas las que han sufrido maltratos a lo largo de su relación conyugal, cifra no excluyente de otros tipos de violencia4 .
La violencia de género puede traducirse o escalarse en violencia feminicida, la expresión más brutal de este tipo de violencia, que tiene sus características especiales, pero que además tienen un elemento que debemos destacar: muchos homicidios que se cometen contra las mujeres no son investigados tomando en consideración que podrán tratarse de feminicidios.
Entre 1985 y 2014 se registraron 47 mil 178 defunciones femeninas con presunción de homicidio5 en la República Mexicana. En ese último año ocurrieron 2 mil 289 defunciones de este tipo, un promedio de 6.3 cada día, una tasa de 3.7 de estas defunciones por cada 100 mil habitantes; pero entre 2008 y 2012 tuvo lugar un incremento importante que alcanzó su cúspide en 2012 con 2 mil 761 defunciones femeninas, con una tasa de 4.6 por cada 100 mil habitantes.6
No obstante la reducción a prácticamente la mitad en la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio entre 1985 y 2007, entre este último año y 2012 hubo un repunte de 138 por ciento, es decir, no solamente se perdió el avance que se había alcanzado en los 23 años previos, sino que, además, se llegó a niveles nunca antes registrados.7
A pesar de que existe la idea de que los feminicidios corresponden en su mayor parte a asesinatos de mujeres por parte de su pareja, lo cierto es que tal creencia carece de sustento pues es importante señalar que entre 2006 y 2013, el patrón de lugar donde ocurrió la lesión o agresión, que era mayoritariamente en la vivienda, se ha ido desplazando y en 2009 estaban casi en el mismo nivel, pero a partir de ese año más mujeres son asesinadas en la vía pública, como así ocurrió particularmente de 2010 a 2012, periodo durante el cual casi la mitad de las mujeres fue asesinada en espacios públicos8 , como áreas comerciales o de servicios, escuelas, oficinas y áreas deportivas, entre otros. Esta situación, a decir de algunas expertas, hace necesario trascender al enfoque de violencia familiar, ya que las mujeres son asesinadas en su mayoría en otros contextos fuera de ese ámbito.
Si la violencia feminicida presenta mayor prevalencia fuera del ámbito del hogar, resulta conveniente establecer una serie de medidas tendentes a proteger a las mujeres cuando se hallan en un espacio público. Evidentemente, la responsabilidad primigenia e inclaudicable de otorgar seguridad corresponde a las instituciones del estado, pero también es cierto que resulta sumamente complejo proporcionar tal garantía en todo tiempo y lugar, por lo que se vuelve entonces una necesidad fomentar la cultura de la prevención entre la población afectada, con el objetivo de disminuir riesgos o saber cómo enfrentarlos en caso de que éstos se vuelvan una realidad.
En este sentido es que deseamos retomar aquellas medidas que se han realizado, tanto dentro como fuera de México, a fin de proporcionar a las mujeres mayores herramientas prácticas para enfrentar la violencia a la que se ven sometidas en los espacios públicos, siendo una de ellas la capacitación en defensa personal.
En efecto, organizaciones de la sociedad civil como Casa Amiga, AC, la cual tiene su sede en Ciudad Juárez, ofrece cursos de defensa personal, los cuales son impartidos por elementos de una empresa de seguridad que ayuda a las mujeres a enfrentar la violencia cotidiana y extrema. El objetivo de tales cursos consiste en aprender a vigilar el entorno, de forma tal que se pueda detectar una situación de riesgo y qué hacer en caso de que ésta tenga verificativo. Dicha capacitación no sólo abarca la pelea física, sino el manejo del lenguaje frente al agresor y es ofrecida de manera gratuita por la referida organización de la sociedad civil. Algunas mujeres que han acudido a estos cursos fueron entrevistadas y aseguraron sentirse más preparadas para enfrentar situaciones de peligro.9
No es esta la primera vez que se ofrecen esta clase de cursos en Ciudad Juárez. El entonces presidente del Concejo de Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, anunció en enero de 2002 que ese mismo mes comenzarían los cursos de autodefensa a mujeres, los cuales se impartirían en los gimnasios municipales con la ayuda de academias de artes marciales.10
En marzo de 2003, el entonces presidente de la Asociación de Maquiladoras, Rubén Praga Terrazas, informó que en algunos establecimientos juarenses se daban cursos de artes marciales a las obreras. Tan sólo en uno de ellos se impartió defensa personal a cerca de 700 empleadas, aunque algunas los tomaron a espaldas a sus maridos, toda vez que ellos no estaban de acuerdo con la realización de tal actividad.11
En octubre de 2012, el Consulado de Estados Unidos en aquella ciudad fronteriza ofreció cursos de defensa personal y prevención de la violencia en conjunto con tres organizaciones no gubernamentales, como la ya referida Casa Amiga Esther Chávez Cano, Crecimiento Humano y Educación para la Paz y Sembradores de Paz y Esperanza.12
Otras experiencias similares se han registrado en diversos lugares de la geografía de España, país donde lamentablemente se ha recrudecido la violencia de género durante los últimos años. Organizaciones dedicadas a la defensa y protección de las mujeres, en coordinación con asociaciones de artes marciales, autoridades y elementos policiacos francos o en servicio, vienen ofreciendo desde hace tiempo cursos de defensa personal a las mujeres de regiones autonómicas y localidades como Aragón, Valencia, Zamora, Estepona, Fuenlabrada, El Escorial, Alhendín, Alcalá de Henares, Aranjuez y Elche, entre otras.13
Se tiene noticia también de experiencias similares en lugares tan disímbolos y lejanos como la provincia de Misiones, en la República de Argentina, y en la ciudad de Nueva Delhi, capital de la India,14 lo que refleja que la inquietud por ofrecer mejores herramientas de defensa a las mujeres ha venido permeando en diferentes países y culturas, donde la constante es la violencia de género.
Derivado de lo anterior, y a efecto de hacer de una iniciativa de la sociedad civil sumamente focalizada una política de estado que redunde en una mayor seguridad de las mujeres, es que proponemos a través del presente punto de acuerdo exhortar a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para que, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional de Seguridad y los gobiernos de las entidades federativas, promueva y realice cursos de defensa personal dirigidos a mujeres, a efecto de prevenir y enfrentar la violencia de género.
Creemos que tal proposición, si bien es cierto no suple la obligación del estado consistente en otorgar seguridad a las mujeres, de alguna manera puede resultar útil, en tanto que serviría para movilizar hacia un objetivo noble y compartido la participación de la sociedad civil y la actividad de las instituciones gubernamental, elevar la autoestima de muchas mexicanas y promover la actividad física.
Debemos destacar precisamente que la sociedad no ha sido indiferente ante los múltiples llamados que se hacen por garantizar el respeto y los derechos de las mujeres de nuestro país. Tratados, leyes, programas e instituciones han sido aprobados, construidos y puestos en marcha a fin de aprovechar las aptitudes de todas las mexicanas, combatir y erradicar la violencia que se ejerce en contra de ellas, por lo que una iniciativa más creemos abunda, abona y contribuye a disminuir la violencia de género.
La violencia que se ejerce en contra de las mexicanas corre el riesgo de perpetuarse si no se hace algo para prevenirla y sancionarla, esto en virtud de que los valores bajo los cuales han sido educados millones de personas dan por sentado que esta práctica es necesaria para mantener las jerarquías y los roles que hasta ahora se han venido ejecutando en muchos hogares. Si no hacemos algo al respecto, entonces este fenómeno corre el riesgo de reproducirse ad infinitum .
No hay, racionalmente hablando, motivo para suponer que la violencia de género, asesina o no, es un tema irresoluble o atribuible a la mala suerte, por ello es que se vuelve necesario idear nuevos mecanismos que protejan a las mujeres de la sevicia que se ejerce en su contra.
Por lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para que, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional de Seguridad y los gobiernos de las entidades federativas, promueva y realice cursos de defensa personal dirigidos a mujeres, a efecto de prevenir y enfrentar la violencia de género.
Notas
1 La Endireh es resultado del trabajo conjunto entre el Inmujeres y el Inegi, constituida con el objetivo de generar información estadística sobre la frecuencia y magnitud de la violencia de pareja, así como la que experimentan las mujeres en los ámbitos escolar, laboral y comunitario, con el propósito de coadyuvar en la conformación del Subsistema de Estadísticas sobre Violencia, dentro del Sistema Nacional de Información Estadística.
2 Panorama de violencia contra las mujeres en México 2011, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México, 2013, pág. 4. Visto en http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos//prod_serv /contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/sociodemografico/mujeres rural/2011/EUM/702825051266_1.pdf.
3 Ibídem.
4 Ibídem.
5 La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2014. Resumen ejecutivo. Informe realizado por la Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de las Mujeres y ONU Mujeres. Recuperado de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/84740/La_Vilencia_Femini cida_en_M_xico__aproximaciones_y_tendencias_1985_-2014.pdf
6 Ibídem
7 Ibídem.
8 Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (noviembre de 2015). Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Recuperado de http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/violencia0.pdf
9 Información vista en http://noticieros.televisa.com/programas-primero-noticias/1603/ensenan- mujeres-defensa-personal-chihuahua/#.
10 Visto en http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/42677.html.
11. Visto en
http://www.jornada.unam.mx/2003/03/08/052n1con.php.
12 Visto en
http://www.oem.com.mx/elmexicano/notas/n2722069.htm.
13 Visto en:
http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2015/11/17/zamora -acoge-curso-defensa-personal/885350.html
http://www.diariosur.es/marbella-estepona/201602/18/comi enza-estepona-curso-defensa-20160218010608-v.html
http://igualdad.osta.es/web/vista/index.php?modulo=notic ias&accion=des&id=5071&ssid=51
http://www.ayto-fuenlabrada.es/recursos/doc/SC/Mujer_juv entud_infancia/Mujer/27301_8118112015173744.pdf
http://clavelocal.com/defensa-personal-y-minuto-de-silen cio-en-el-escorial-contra-la-violencia-machista/
http://granadaesnoticia.com/los-alhendinenses-aprenden-t ecnicas-de-defensa-personal/
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2043 987
http://nuevomas.com/2015/09/30/curso-de-defensa-personal -para-victimas-de-la-violencia-machista/
http://www.diariosur.es/marbella-estepona/201602/18/comi enza-estepona-curso-defensa-20160218010608-v.html
http://pasado.eldia.com/edis/20141014/Defensa-personal-p ara-mujeres-contra-violencia-genero-laciudad12.htm
http://www.diarioinformacion.com/elche/2015/11/10/curso- defensa-personal-mujeres-victimas/1694827.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/21/valencia/13823605 18_519123.html
http://www.objetivodigital.com/noticia/11413/aranjuez/
la-policia-local-impartira-un-curso-de-defensa-personal-destinado-a-victimas-de-la-violencia-machista.html
14 Visto en http://www.clarin.com/sociedad/Ahora-quieren-darles-defensa-personal_0_ 1037896271.html y
http://www.rtve.es/noticias/20150102/himmat-aplicacion-p ara-frenar-violaciones-india/1077820.shtml.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.
Diputada Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SHCP a considerar oportunamente las provisiones presupuestales del ejercicio fiscal de 2017 a fin de atender los programas de subsidio del ramo 20, “Desarrollo social”, vinculadas al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, suscrita por el diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Luis de León Martínez Sánchez, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que considere oportunamente las provisiones presupuestales del ejercicio fiscal 2017, a objeto de atender con debida pertinencia los programas de subsidio del ramo 20, desarrollo social, vinculadas al denominado: “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”.
Consideraciones
Actualmente muchos países en todas las regiones del mundo cuentan con guarderías/estancias infantiles. El establecimiento de leyes y reglamentaciones sobre éstas implica que se integren a las estrategias y acciones instrumentadas en el marco de políticas públicas orientadas al desarrollo social. Los servicios de guarderías a través de las estancias y centros de desarrollo infantil, forman parte de una tarea del Estado relacionada con los derechos laborales, de la infancia, de las madres y/o los padres.1
En México, tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como el Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) fueron por décadas las entidades en las que descansaba la responsabilidad del Gobierno para atender el cuidado infantil en la particularidad de guarderías. Con ese contexto, para el año de 2007 se expide el decreto por el que se crea el Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles, con la intención de proporcionar seguridad social a la población que no se encuentra cubierta por dichas instituciones.
Para atender esa demanda, hoy en día opera el Programa “Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras” que es un esquema direccionado a las madres que trabajan, buscan empleo o estudian y a los padres solos con hijas e hijos o niñas y niños bajo su cuidado de entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 4 años) y entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6 años) en caso de niñas y niños con alguna discapacidad, a través de subsidios que les permitan acceder a los servicios de cuidado y atención infantil.1
Marco normativo
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o. estipula;
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Por su parte la Ley General de Desarrollo Social, señala en su artículo 14 que se promoverán acciones en aras de superar la pobreza mediante la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación? protección social y programas asistenciales? y el fomento del sector social de la economía.
A su vez, la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, más allá de que contiene los principios con los que deberán operar las Estancias del país, sean públicos, privados o mixtos, cita en su artículo 1°, que tiene como objeto
... establecer la concurrencia entre la Federación, los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil a nivel nacional, estableciendo las bases para el acceso a los servicios garantizando el acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas, que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos.
Asimismo, el programa se inserta en la Meta Nacional “México Incluyente”, establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018. Que tiene como propósito; “enfocar la acción del Estado, en garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social que aún nos dividen. El objetivo es que el país se integre por una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva”.3
Igualmente, se alinea al denominado Objetivo 3 del Programa Sectorial de Desarrollo Social, que tiene como propósito dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza, así como a la Estrategia 3.1, que establece facilitar el acceso a servicios de cuidado y atención infantil a las madres y padres solos que buscan empleo, trabajan o estudian, para que puedan acceder y permanecer en el mercado laboral o continúen sus estudios.4
Estadísticas
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), muestran que del año 2005 a 2016 la población femenina económicamente activa mayor a 14 años se incrementó en 27.6 por ciento. Es decir de 16.3 millones en el tercer trimestre de 2005 a 20.8 millones en el tercer trimestre de 2016. Asimismo, en 2016 la participación de las mujeres en el mercado laboral fue más alta en los grupos de menores ingresos que en los grupos de ingresos más elevados. Del total de mujeres ocupadas, para el tercer trimestre de 2016, 49.5 por ciento percibieron entre 1 y 2 salarios mínimos, mientras que sólo el 4.5 por ciento de ellas percibieron más de 5 salarios mínimos.5
Cifras del mismo INEGI muestran que de las más de 29 millones de personas ocupadas que se tienen en cerca 5.7 millones de unidades económicas reportadas por los Censos Económicos 2014, las mujeres alcanzaron el 43.8 por ciento. En el sector privado y paraestatal laboraron cerca de 22 millones de personas, de las cuales 41.2% eran mujeres y 58.8% hombres. Los servicios financieros concentran el mayor porcentaje de personal ocupado femenino con el 49.5%, seguido del comercio con el 47.7 por ciento.6
Como se puede observar, en la actualidad la inclusión de la mujer al mundo laboral se ha incrementado considerablemente y demanda a las instituciones gubernamentales mayor apoyo en las diversas actividades que actualmente desempeñan para con ello contribuir al sustento de sus hogares. Sin embargo, la decisión de las mujeres de incorporarse al mercado laboral en más de las ocasiones obedece a la suficiencia de lugares posibles para la atención adecuada de sus hijas e hijos que les permita tener el espacio y tiempo necesario para emplearse o capacitarse.
No obstante lo anterior, y de acuerdo al estudio “Guarderías/Estancias Infantiles en México”, elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. En el país 1,157 municipios no cuentan con estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social. De igual manera señala que de 2009 a 2014 las guarderías del IMSS han decrecido toda vez que pasaron de 1,568 unidades a 1,395.7
Actualmente existen aproximadamente 10 mil responsables o dueñas de estancias que emplean a 52 mil personas de apoyo de manera directa. Las mujeres que laboran en las Estancias Infantiles, tienen un ingreso digno, cuidando a las niñas y a los niños de otras mujeres. Asimismo, hoy en día hay 278 mil madres que se han incorporado al mercado de trabajo y que no hubieran podido hacerlo sin la existencia de las Estancias Infantiles. Cabe hacer mención, que se calcula que actualmente dichas estancias brindan atención alrededor de 293 mil niñas y niños.
En el caso de Oaxaca se tienen registradas 225 Estancias Infantiles, mismas que atienden a un promedio de 40 infantes por estancia y cada una de ellas emplea a 6 asistentes. En dicha Entidad Federativa, es común denominador que mes con mes reciban el pago de subsidios de forma desfasada. Aun cuando las Reglas de Operación precisan que los subsidios deberán ministrarse dentro de los primeros 15 días naturales de cada mes, o en su caso el día hábil siguiente.
Esta situación se replica en otros estados del país, lo que ha generado que estos centros de atención infantil en muchas de las ocasiones no operen adecuadamente e incluso se encuentren en peligro de continuar con sus operaciones, dado su sustentabilidad financiera.
El presente exhorto merece la merece la sensibilidad de los órganos del Estado para resguardar su función, por lo que es necesario que la SHCP considere su objetivo social en apoyo a las madres trabajadoras y padres solteros.
Virtud de lo antes expuesto, me permito someter a consideración de esta asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que considere oportunamente las previsiones presupuestales del ejercicio fiscal 2017 a objeto de atender con debida pertinencia los programas de subsidio del ramo 20, desarrollo social, vinculadas al denominado “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Secretaría de Desarrollo Social a fin de atender los retrasos en la entrega de los subsidios del “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras” en el estado de Oaxaca.
Referencias
1. Guarderías/Estancias infantiles en México.- CESOP-IL-14-CI53GuarderiasEstanciasInfantiles-160608.pdf
2. Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2017.-
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/178742/ROP _ESTANCIAS_INFANTILES_2017.pdf.
3-4. Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013¬-2018.- http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf.
5-6. Instituto Nacional de Estadística y Geografía: A propósito del Dia Internacional de las Mujeres”. www.inegi.org.mx.
7. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados.-
CESOP%20Guarderias%20Estancias%20infantiles%20en%20Mexico%20(1).pdf
Otras fuentes consultadas:
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- www.diputados.gob.mx
2. Ley General de Desarrollo Social.- www.diputados.gob.mx
3. Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.- www.diputados.gob.mx
Palacio Legislativo de San Lázaro. Enero 25 de 2017.
Diputado Luis de León Martínez Sánchez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar de inmediato por la Segob, con apoyo de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, los cuerpos policiacos federales y el Ejército, una estrategia para garantizar la seguridad del sector turístico en el país, principalmente en Solidaridad y Benito Juárez, Quintana Roo, suscrita por los diputados Isaura Ivanova Pool Pech y Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos Isaura Ivanova Pool Pech y Omar Ortega Álvarez, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la atenta consideración de esta asamblea; la siguiente Proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones:
1. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal fracciones XII, XIII Bis, XVII, XX y XXVIII, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que establezca de manera urgente, los mecanismos de coordinación integral de las tareas y cuerpos de seguridad pública y policial, tendientes a la conformación de una estrategia que garantice la seguridad al sector turístico en nuestro país.
Es imprescindible por tanto instar a la cooperación de los diferentes órdenes de gobierno y sus dependencias, para que a través de la coordinación de esfuerzos se coadyuve a la prevención y combate de la comisión de delitos, a fin de salvaguardar la integridad y derechos de las personas y se realicen acciones y operativos mediante esquemas de inteligencia y tecnología de vanguardia, que brinden confianza y certidumbre a la sociedad que visite zonas turísticas.
2. La coordinación que exista sin duda es transcendental y dará muestra de las medidas que deben adoptarse para combatir eficazmente la inseguridad en todo el país. Sin embargo esta tarea en las zonas turísticas, debe contar con la coordinación y despliegue de los cuerpos policíacos federales que auxilien y den certidumbre sobre la permanente y constante protección de seguridad que requieren quienes visitan dichas zonas.
En estos momentos de incertidumbre económica, se debe incentivar al turismo y a la inversión, por ello las zonas turísticas requieren prioridad y especial atención a fin de fortalecer la divisas que generan y que hoy en día representan el 8.5% del PIB. La sociedad necesita tener una mejor precepción sobre la implementación de este tipo de estrategias y trabajos coordinados entre nuestras autoridades.
3. Desde esta tribuna se hace un exhorto respetuoso a las instituciones gubernamentales a nivel federal para que garanticen la realización, el diseño y la implementación de acciones coordinadas, las cuales permitan una adecuada procuración de justicia y seguridad en las entidades cuyas características están relacionadas directamente con la actividad turística.
El propósito del presente exhorto es que se continúen generando oportunidades de impulso económico y social para estas zonas del país y fundamentalmente asegurar un clima de estabilidad y salvaguarda de la integridad y derechos de las personas, sus libertades, el orden y la paz pública.
4. Lo que requiere la sociedad es que prevalezca el estado de derecho como un elemento necesario para el desarrollo, la debida procuración de justicia y de seguridad pública, así como la implementación inmediata de estrategias que garanticen tal propósito al sector turístico en particular.
Por último, en la relación entre la seguridad y el turismo, la Organización Mundial del Turismo ha definido la seguridad turística como la protección de la vida, de la salud, de la integridad física, psicológica y económica de los visitantes, prestadores de servicios y miembros de las comunidades receptoras.
Consecuentemente la seguridad turística debe ser analizada como parte de un sistema integral en el que la federación debe intervenir con sus propios ejes de trabajo, no podemos soslayar que la pautas principales de valoración en la elección de un destino turístico, es la recreación y esta será interpretada de acuerdo a la percepción de que nos desplazamos en un espacio exento de riesgos reales o potenciales.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Gobernación se implemente de manera inmediata con el apoyo de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, los cuerpos policíacos Federales y el Ejército mexicano, una estrategia que garantice la seguridad del sector turístico en nuestro país, principalmente en estos momentos para los municipios de solidaridad y Benito Juárez; y en general para el Estado de Quintana Roo, realizando las acciones y operativos necesarios para tal propósito.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2017.
Diputados:Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Guanajuato a realizar por la Auditoría Superior local una investigación exhaustiva sobre las presuntas irregularidades en la compra de fármacos, material médico y tabletas en el marco del Programa de Inclusión Digital, y presentar a esta soberanía un informe pormenorizado de los respectivos avances, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El estado de Guanajuato presenta importantes rezagos y problemáticas en materia de salud y educación, derechos fundamentales de las personas para lograr su pleno desarrollo. Por ejemplo, no existe una cobertura universal de los servicios de salud, la cual alcanza 85 por ciento de la población; la tasa de mortalidad es de 5.3 por cada mil habitantes y la de mortalidad materna de 39.7 por cada 100 mil nacidos vivos, cifras que se ubican por arriba del promedio nacional.
En este panorama, de acuerdo con medios periodísticos, se han detectado presuntas irregularidades en la licitación de medicamentos. En noviembre de 2016 se presentaron ofertas económicas de la licitación número 40004001-033-16 para medicamentos y material médico del Sistema de Salud Pública de la entidad valuada en mil 200 millones de pesos, donde los proveedores favoritos del gobierno estatal, y que han suministrado esos productos en los últimos años, registraron ofertas prácticamente idénticas.1
Sin embargo, se declaró desierta la licitación para la adquisición de medicamentos, material de curación y el servicio de administración y la dispensación de los mismos en modalidad de stock, farmacias y servicio de unidosis para las unidades médicas para el ejercicio 2017.
Cabe destacar que no es la primera vez que esto sucede en la entidad. A finales de 2015, la licitación para la adquisición de medicamentos destinados a hospitales y unidades médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato fue declarada desierta, debido a que las tres empresas participantes incumplieron con los requisitos establecidos.
El artículo 62 de la Ley de Contrataciones Públicas para el estado de Guanajuato, establece que
La convocatoria y las bases de la licitación deberán contener las mismas condiciones para todos los participantes. Todo aquél que satisfaga los requisitos de la convocatoria y de las bases tendrá derecho a presentar su oferta. El comité proporcionará a los interesados igual acceso a la información relacionada con la licitación de que se trate.2
En este mismo sentido, el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, señala que “El ISAPEG adquirió con recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria federal 2014, medicamentos que excedieron el precio de referencia autorizado por 683.4 miles pesos, y medicamentos no incorporados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes) por 41,464.7 miles de pesos. Del Resultado se advierte su reincidencia, toda vez que fue observada por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2013”.3
En materia educativa, Guanajuato se encuentra entre los 10 estados con mayor rezago educativo del país -con 1.7 millones de personas-, cifra que representa 41.0 por ciento de la población de 15 años y más; en educación superior, las tasas de reprobación es de 15.1 por ciento; la de abandono escolar 15 por ciento y la de eficiencia terminal de 57.6 por ciento; mientras que las de abandono escolar y eficiencia terminal son de 7.3 por ciento y 75.9 por ciento en educación superior, respectivamente.4
Como parte de su política educativa, el gobierno estatal ha implementado el “Programa de Inclusión Digital”, con el objeto de fortalecer la equidad y la integración de los alumnos, así como auxiliar a los docentes en el desempeño de sus labores educativas, para garantizar una educación integral y de calidad.
A través de dicho programa, se licitó más de 125 mil tablets para entregárselas a estudiantes y docentes de los niveles medio superior y superior, siendo la meta de 225 mil unidades. Con estas acciones se pretende favorecer el acceso a las tecnologías de la información y el conocimiento para disminuir la brecha digital, fortalecer la preparación profesional del alumnado y disminuir los índices de deserción escolar.
Pero, el gobierno estatal ha incurrido en prácticas irregulares en el proceso de licitación y respecto al uso de recursos, tales como la inflación del costo de adquisición, la falta de transparencia y la utilización de los artículos con tintes electorales favoreciendo a los candidatos del Partido Acción Nacional.
En las licitaciones se han encontrado ciertas anomalías que pueden ser indicativas de un conflicto de interés, como los vínculos entre el secretario de Educación Pública del estado con la empresas Dictema, SA de CV, desde el año 2010, mismas que ganaron el concurso para la venta de las tablets. Con dicha empresa se adjudicó un contrato por 19 millones 738 mil 913 dólares, con los cuales se adquirieron 125 mil tablets, siendo 2 mil 359 pesos el costo por unidad, lo que para otras empresas competidoras supone un sobrecosto de adquisición.
Además, los compromisos adquiridos por la mencionada empresa no han sido cumplidos en los plazos asignados, ya que se han entregado con meses de demora, constituyendo esto una falta al contrato. Existen indicios de que la compra de estos materiales fue hecha con recursos públicos durante las pasadas elecciones para beneficiar a los candidatos panistas.
Los dos casos señalados anteriormente, dan cuenta de presumibles ilícitos y la falta de transparencia que es indispensable investigar y, en su caso, sancionar, ya que atentan contra los principios elementales de una gestión administración pública responsable y de los derechos de los guanajuatenses.
El artículo 134 de la Constitución Política establece los principios para el uso de recursos públicos, los cuales se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez por parte de la federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales.
En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos de la necesidad de garantizar la transparencia y rendición de cuentas sobre el ejercicio responsable de los recursos públicos, en la medida que fortalecen la confianza y la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones, las autoridades y los servidores públicos.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del estado de Guanajuato para que a través de la Auditoría Superior de la entidad y en el ámbito de sus atribuciones, realice un investigacion exhaustiva sobre las presuntas irregularidades en la compra de medicamentos y material médico; así como en la adquisición de tabletas en el marco del “Programa de Inclusión Digital”; asimismo, presente un informe pormenorizado a esta soberanía sobre el avance de las mismas.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del estado de Guanajuato para que, a través de la Auditoría Superior de la entidad y en el ámbito de sus atribuciones, informe a esta Soberanía, sobre las sanciones administrativas y penales establecidas contra servidores públicos que por acción u omisión, causaron daños o perjuicios a la hacienda pública estatal por el ejercicio indebido de recursos públicos.
Notas
1 http://www.cronica.com.mx/notas/2016/995380.html
2 http://www.congresogto.gob.mx/uploads/ley/pdf/137/Ley_de_Contrataciones_Publ_REF_PO_01JUL16.pdf
3 http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2014_1528_a.pdf
4 http://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/informes/labores/2012_2018/4to_inf orme_de_labores.pdf
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat, la Conanp, la Sedatu, la Sagarpa y la Profepa a publicar el programa de manejo del área de protección de flora y fauna Chan-Kin, y realizar acciones para protegerla, a cargo de la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Silvia Guadalupe Garza Galván, senadora por el estado de Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de Ganadería, Agricultura y Pesca, así como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a publicar el Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Chan-Kin, así como realizar diversas acciones respecto a su protección, conforme al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Área de Protección de Flora y Fauna Chan-Kin, se encuentra ubicada en el estado de Chiapas, municipio de Ocosingo, en la región conocida como Selva Lacandona.
Es importante destacar que la Selva Lacandona es el reducto de selva alta tropical perennifolia más importante de México, debido a que prevé diversos servicios ecosistémicos entre los que se encuentran: la producción de oxígeno, el control de la erosión del suelo, la producción de agua (siendo la producción de este recurso 30 por ciento del total nacional), asimismo, constituye el hábitat y refugio de diversas especies de flora y fauna, además de ser la región con mayor riqueza de especies de nuestro país1 .
El Área de Protección de Flora y Fauna Chan-Kin fue decretada el 21 de agosto de 19922 , con una superficie de 12,184. 98 hectáreas, se encuentra ubicada junto al río Usumacinta y la frontera con Guatemala; fue creada como un intento por ampliar la superficie de protección de la Selva Lacandona y de esta manera, junto con las regiones de Calakmul en Campeche, el Petén en Guatemala y Belice forman el mayor macizo de selva tropical mesoamericana.3
La conservación del Área de Protección de Flora y Fauna Chan-Kin se ve amenazada por diversas problemáticas, entre las que destacan: deforestación, tala de maderas preciosas, reducción del hábitat, extracción ilegal de flora, caza de especies de fauna amenazadas e incremento en la población, lo que genera asentamientos humanos irregulares en la zona.
De continuar con las alteraciones antropogénicas, se podría romper el equilibrio ecológico, así como provocar la reducción de los servicios ecosistémicos y la pérdida de biodiversidad.
Dentro de las especies de fauna representativas que se encuentran en el Área de Protección de Flora y Fauna Chan-Kin, hay muchas con algún nivel de riesgo según la Norma Oficial Mexicana NOM-59-SEMARNAT-20104 , destacan las siguientes:
Cabe destacar que el tapir, el jaguar y el ocelote son algunas de las especies que se consideran indicadoras de la salud de los ecosistemas5 . De igual forma, Chan-Kin posee una especie microendémica: Bagre (Lacantunia enigmatica ) y dos endémicas: Chupaflor canelo (Amazilia berillyna ) y la piñuela (Morinda yucatanensis )6 .
Asimismo, en el Área de Protección de Flora y Fauna Chan-Kin se pueden encontrar especies de flora que son de importancia ecológica y comercial, como son:
La caoba (Swietenia macrophylla ), la ceiba (Ceiba pentandra ), el ramón (Brosimum alicastrum ), el palo de chombo (Guatteria anomala ), así como especies ornamentales de palmas, helechos y epífitas7 .
Resulta importante resaltar que el artículo 76 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, indica que la Secretaría integrará el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap), con el propósito de incluir en el mismo las áreas que por su biodiversidad y características ecológicas sean consideradas de especial relevancia para el país8 .
El Área de Protección de Flora y Fauna Chan-Kin fue integrada al Sinap con el número de registro 026, en el año 20009 .
Según información del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en Chan-Kin existen más de 200 asentamientos humanos irregulares, así como otros problemas que han sido reportados desde 1996, tales como los relacionados al ordenamiento territorial, la vigilancia y protección de la zona, así como un inexistente plan de manejo adecuado, que incluya no sólo al Área Natural Protegida, sino a todas las áreas cercanas y sus zonas de influencia, así como el descontrol en el crecimiento de la ganadería y la agricultura10 .
De tal forma que en las últimas décadas, la Selva Lacandona ha perdido más de 70 por ciento de su extensión original, por la tala ilegal, la extracción de maderas preciosas y de especies de fauna, siendo afectadas todas las Áreas Naturales Protegidas que la comprenden, incluida el Área de Protección de Flora y Fauna Chan-Kin11 .
Por la riqueza e importancia ecológica que el Área de Protección de Flora y Fauna Chan-Kin representa, resaltando el compromiso que ha hecho México en los distintos acuerdos nacionales e internacionales, así como en la pasada Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica, celebrada en Cancún en diciembre de 2016 y tomando en consideración que, mientras no exista un programa de manejo adecuado que busque resolver los conflictos generados en esta área natural protegida (ANP), así como garantizar la protección de sus recursos naturales, solicito que las autoridades correspondientes realicen las acciones correspondientes para publicar el programa de manejo.
La senadora que suscribe, somete a la consideración de esta soberanía la proposición siguiente
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que remita a esta soberanía de manera urgente una respuesta sobre el estatus del proyecto para el Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Chan-Kin y que en el ámbito de sus facultades, publique de manera inmediata dicho programa, que permita tomar acciones de conservación y evite la extracción de especies de fauna, así como de maderas preciosas.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que en el ámbito de sus facultades y en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, realicen los estudios ecológicos, poblacionales y de riqueza de especies necesarios para identificar las condiciones actuales en que se encuentran las especies de flora y fauna más representativas del Área de Protección de Flora y Fauna Chan-Kin, con la finalidad de evaluar el grado de perturbación del área, así como remitir a esta soberanía de manera urgente dicha información.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a que se actualice y utilice como referente en la creación del programa de manejo, la información que permita considerar e integrar los criterios que se enlistan en el presente, por los cuales esta ANP fue integrada al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, dichos criterios son:
1. Riqueza de especies;
2. Presencia de endemismos;
3. Presencia de especies de distribución restringida;
4. Presencia de especies en riesgo;
5. Diferencia de especies con respecto a otras áreas protegidas previamente incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas;
6. Diversidad de ecosistemas presentes;
7. Presencia de ecosistemas relictuales;
8. Presencia de ecosistemas de distribución restringida;
9. Presencia de fenómenos naturales importantes o frágiles;
10. Integridad funcional de los ecosistemas;
11. Importancia de los servicios ambientales generados, y
12. Viabilidad social para su preservación.
Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que remita a esta soberanía de manera urgente, información sobre los conflictos generados por asentamientos humanos irregulares, ausencia de un ordenamiento territorial y la tenencia de la tierra en el Área de Protección de Flora y Fauna Chan-Kin, así como presentar un plan de acción que resuelva los múltiples conflictos generados en esta zona.
Quinto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, a que remita a esta soberanía de manera urgente, información sobre el desmonte acelerado para generar zonas de producción ganadera y agricultora, así como información del posible impacto que puede tener la reducción del hábitat por expansión de potreros y de zonas de siembra, en la pérdida de la biodiversidad, así como implementar diversas acciones, planes o programas que prohíban el incremento de zonas ganaderas y de agricultura dentro y fuera del Área de Protección de Flora y Fauna Chan-Kin.
Sexto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y en el ámbito de sus facultades, implementen a la brevedad un Programa de Monitoreo y Vigilancia Ambiental, que garantice el estatus de protección del Área de Protección de Flora y Fauna Chan-Kin, detallando las acciones y compromisos que asumen ambas instituciones para garantizar la efectiva protección y conservación del Área Natural Protegida.
Asimismo, que remitan a esta soberanía de manera urgente, información sobre la tala y extracción de maderas preciosas en la zona, así como la tasa de cambio de uso de suelo y deforestación que ha sufrido en la última década.
Notas
1 Natura Mexicana, Alianza WWF-Telcel, 2015. Conservación y Desarrollo Sustentable en la Selva Lacandona. Consultado el 17 de enero del 2017 en: http://www.biblotecanatura.org/conservacion-y-desarrollo-sustentable-en -la-selva-lacandona/index.php/sec1.
2 DOF, 1992. Diario Oficial de la Federación. DECRETO por el que se declara área natural protegida con el carácter de área de protección de flora y fauna silvestres de la región Chan-Kin, con superficie de 12,184-98-75 hectáreas, ubicada en el Municipio de Ocosingo, Chis. (Segunda publicación). Consultado el 19 de enero del 2017 en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4683551&fecha=24/08/1 992.
3 CONANP, 2013. Borrador del Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Chan-Kin. Consultado el 17 de enero del 2017:
http://www.conanp.gob.mx/anp/consulta/PM%20CHAN%20KIN%20 22ENE13.pdf
4 Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. Consultado el 17 de enero del 2016 en: http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/435/1/NOM_059_SEMARNAT_2010 .pdf.
5 Natura Mexicana, 2015. Consultado el 17 de enero del 2017 en: http://www.biblotecanatura.org/conservacion-y-desarrollo-sustentable-en -la-selva-lacandona/index.php/sec1
6 SIMEC, 2010. Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación. Consultado el 17 de enero del 2017 en: https://simec.conanp.gob.mx/ficha.php?anp=175&=11
7 CONANP, 2013. Borrador del Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Chan-Kin. Consultado el 17 de enero: http://www.conanp.gob.mx/anp/consulta/PM%20CHAN%20KIN%2022ENE13.pdf
8 LGEEPA, 2016. Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Sección IV Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, art. 76. Consultado el 17 de enero del 2017 en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_130516.pdf.
9 Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación. Consultado el 17 de enero del 2017 en: https://simec.conanp.gob.mx/pdf_sinap/175_sinap.pdf
10 INECC. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Consultado el 17 de enero del 2017 en:
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/2/chankin .html
11 Sin Embargo, 2016. Consultado el 17 de enero de 2017 en: http://www.sinembargo.mx/16-10-2016/3103500
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero 2017.
Senadora Silvia Garza Galván (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la difusión de la información que permita conocer y divulgar el alcance y los avances logrados para garantizar los derechos de las mujeres, su ejercicio pleno y la erradicación de la violencia de género en las entidades donde se ha emitido la declaratoria de alerta de violencia de género, suscrita por la diputada María Cristina García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada federal María Cristina Teresa García Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El feminicidio se entiende como la mayor expresión de violencia de un fenómeno social, cultural, político, tipificado, que atenta contra la vida de las mujeres. Los feminicidios son asesinatos motivados por la misoginia y resumen otras situaciones de violencia contra las mujeres y niñas de diversas formas: humillación, abandono, terror, maltrato físico y emocional, hostigamiento, abuso sexual, violación, incesto, entre otros.
El artículo siete de la Convención de Belém do Pará, obliga a todos los Estados parte y a México como firmante a “adoptar, por todos los medios y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, incluyendo todas las conductas que afectan a su integridad y autonomía sexual, aun cuando no hayan implicado contacto físico y ocurran en el ámbito público o privado, incluso en el marco de relaciones de pareja.
La violencia contra las mujeres debe entenderse como una problemática compleja, enraizada tanto en los patrones socioculturales como en los comportamientos cotidianos. Por ende, garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia implica la acción conjunta, coordinada y transversal del gobierno con la responsabilidad compartida de la participación de la sociedad civil.
Con la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, el primero de febrero del año 2007 y su reglamento del once de marzo de 2008, se instaló por primera vez el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra Mujeres, donde se confirieron atribuciones sustantivas a la Secretaría de Gobernación, asignándole un papel sustancial en los temas de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres como: presidir el Sistema; elaborar el Programa en coordinación con las demás autoridades integrantes del Sistema; fortalecer la vinculación con los poderes judiciales a fin de establecer programas y proyectos para sensibilizar, capacitar y profesionalizar al personal jurisdiccional y administrativo en temas de género y derechos humanos de las mujeres, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia de mujeres y hombres con igualdad y equidad; declarar la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres (AVGM), entre otros.
Cabe resaltar que los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales y a la suma de esfuerzos públicos, privados y de instituciones educativas, docentes y de investigación, han llevado a nuestro país a emprender acciones encaminadas a la protección de los derechos humanos de las mujeres, lo que ha dado como resultado a la implementación de un mecanismo de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres única en el mundo. Empero nuestro país ha acumulado una gran cantidad de recomendaciones internacionales con relación al ejercicio de los derechos de las mujeres; la mayoría dirigidas a atender el feminicidio y los aspectos de procuración y administración de justicia, debido a que las acciones emprendidas por nuestro país siguen siendo insuficientes.
La AVGM se encuentra establecida en el artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su trámite para emitirla o concederla lo describen los artículos 30 al 38 Bis de su Reglamento, consiste en la aplicación de acciones de carácter gubernamental y de emergencia, para enfrentar y erradicar la violencia, la violencia feminicida,1 y/o la existencia de un agravio comparado2 contra las mujeres y niñas en un territorio determinado que impida el ejercicio pleno de sus derechos humanos, tiene como finalidad garantizar su vida, libertad, integridad y seguridad.
Datos duros y la justificación de los estados en donde se decretó la alerta de género
Conforme al sitio oficial www.gob.mx en la publicación de 15 de noviembre de 2016, donde el autor es el Instituto Nacional de las Mujeres, se determina que a la fecha se han declarado 6 AVGM, como sigue:
I. Estado de México: Se declaró el 31 de julio de 2015 en 11 municipios: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcallí.
II. Morelos: Se declaró el 10 de agosto de 2015 para ocho municipios: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec.
III. Michoacán: Se declaró el 27 de junio de 2016 para 14 municipios: Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora, Apatzingán, Zitácuaro, Los Reyes, Pátzcuaro, Tacámbaro, Hidalgo, Huétamo, La Piedad, Sahuayo y Maravatío.
IV. Chiapas: Se declaró el 18 de noviembre en 7 municipios del estado: Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores. Asimismo, requiere acciones específicas para la región de los Altos de Chiapas, la cual incluye los municipios de Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Shanal, Chenalhó, Huiztán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán.
V. Nuevo León: Se declaró el 18 de noviembre en 5 municipios del estado: Apodaca, Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey.
VI. Veracruz: Se declaró el 23 de noviembre de 2016 en 11 municipios: Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.
Así como que al día de hoy, existen 15 procedimientos en trámite: Chiapas, Colima, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y dos en Veracruz.
Sin embargo para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la violencia contra las mujeres es una realidad que como sociedad no podemos tolerar ni mucho menos consentir, ya que son hechos que terminan día a día, con miles de vidas de niñas, adolescentes y mujeres y que destruye a familias enteras y fractura el tejido social base de nuestra sociedad. Para lograr hacer efectivo el principio de que cuando las mujeres se empoderan, nos empoderamos todos como sociedad.
Por ello, es necesario que sea de conocimiento publico el alcance y avances para garantizar los derechos humanos de las mujeres, su ejercicio pleno y la erradicación de la violencia de género en aquellas entidades federativas donde se ha decretado la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, ya que del propio portal oficial que se cita, se aprecia que no existen datos que permitan observar los avances y resultados de las acciones aplicadas, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Gobernación, quien preside el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, para que en el ámbito de sus respectivas competencias hagan pública la información que permita el conocimiento y divulgación del alcance y avances logrados para garantizar los derechos de las mujeres, su ejercicio pleno y la erradicación de la violencia de género en las entidades federativas donde se ha decretado la declaratoria de alerta de violencia de género.
Notas
1 Es la forma extrema de violencia contra las mujeres por el sólo hecho de ser mujeres, ocasionada por la violación de sus derechos humanos, en los espacios público y privado; está integrada por las conductas de odio o rechazo hacia las mujeres, que pueden no ser sancionadas por la sociedad o por la autoridad encargada de hacerlo y puede terminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres Artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
2 Cuando un ordenamiento jurídico vigente o una política pública contengan alguno de los siguientes supuestos y éstos transgredan los Derechos Humanos de las Mujeres: distinciones, restricciones o derechos específicos diversos para una misma problemática o delito, en detrimento de las mujeres de esa entidad federativa o municipio; no se proporcione el mismo trato jurídico en igualdad de circunstancias, generando una discriminación y consecuente agravio; o se genere una aplicación desigual de la ley, lesionándose los Derechos Humanos de las Mujeres, así como los principios de igualdad y no discriminación.
http://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta- de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739?idiom=es
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, enero 25 de 2017.
Diputada María Cristina Teresa García Bravo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo al fortalecimiento de instrumentos centrados en la prevención de la violencia para garantizar el derecho de niños y de adolescentes a una vida libre de ella, suscrita por la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Ante el lamentable hecho que puso a nuestro país en duelo la semana pasada, es momento de reflexionar sobre lo que estamos haciendo y dejamos de hacer, como gobierno, como sociedad y como individuos; es necesario realizar acciones que nos permitan evitar que tragedias como la ocurrida en la ciudad de Monterrey se repitan.
Como gobierno, es indispensable mejorar la coordinación entre los tres niveles, así como reforzar las políticas públicas y programas de prevención que nos permitan hacer frente a escenarios que expongan a nuestras niñas, niños y adolescentes a situaciones de violencia. Es nuestra responsabilidad velar por el cumplimiento y reforzamiento de las normas que garantizan el derecho de nuestros infantes a tener una vida libre de violencia.
Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo cuarto que todas las decisiones y actuaciones del Estado cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, a fin de garantizar de manera plena sus derechos; este alto mandato constitucional, garantiza el derecho de nuestras niñas, niños y adolescentes a tener un óptimo desarrollo personal y a que disfruten mejores condiciones de bienestar.
Unos de los derechos de los infantes es el derecho al descanso y esparcimiento que se encuentra garantizado en la propia Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el cual es fundamental para su desarrollo cognitivo y para el desarrollo de su propia personalidad, desde hace varias décadas a la fecha, la televisión y su programación se han convertido en unos de los principales formas de entretenimiento, e incluso de información, para los menores de edad.
La violencia, la sexualidad, estereotipos de raza y de género, entre otros temas sensibles son comúnmente retomados en los programas de televisión. Los menores de edad se encuentran en una etapa de desarrollo personal, de reconocimiento de su entorno y aprendizaje.
Recibir este tipo de mensajes, sin orientación y sin el conocimiento y contexto correspondiente pueden asumir que lo que ellos ven en televisión es lo normal, seguro y aceptable y por consecuencia, son expuesto a comportamientos y actitudes que pueden ser abrumadores y difíciles de comprender.
Según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de febrero de 2015, los niños mexicanos pasan en promedio 4 horas con 34 minutos diarios frente al televisor, pese a que esta cifra representa un ligero descenso frente a la tendencia de siete años atrás, el informe señala que los programas de televisión que ven los niños mexicanos de entre 4 y 12 años no están diseñados para ellos1.
Los lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundías y del servicio de televisión y audio restringidos , señalan que la programación con clasificación B15 (apta para público mayor de 15 años de edad) debe tener una franja de horario entre las 19:00 horas a las 5:59 horas y la clasificación C (apta para público mayor de 18 años de edad) de las 21:00 a las 5:59 horas, cuestión que en ocasiones no es respetada por los concesionarios y programadores, principalmente en la televisión restringida.
Luego entonces, y debido a que parte de los contenidos de la barra programática de la televisión no es propia para la madurez emocional de las niñas, niños y adolescentes, se vuelve indispensable que las autoridades correspondientes vigilen y hagan valer las restricciones sobre los horarios específicos para la difusión de contenidos de acuerdo a su clasificación que establecen los lineamientos mencionados.
Asimismo, es indispensable señalar que en los últimos años, la violencia generada por grupos de la delincuencia organizada en nuestro país también ha permeado el desarrollo de la personalidad, el actuar e incluso la forma de pensar de nuestras niñas, niños y adolescentes.
Si bien el gobierno federal ha implementado acciones exitosas en contra de los grupos criminales y la promoción de la cultura de paz en la sociedad mexicana a través del impulso de la cultura y el deporte, también es importante promover acciones afirmativas para evitar que las armas de fuego lleguen a manos de nuestras niñas, niños y adolescentes y preservar su derecho a una vida libre de violencia.
La campaña de canje de armas de fuego impulsada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en coordinación con las secretarías de seguridad de las entidades federativas ha demostrado efectividad y buena aceptación por parte de la sociedad. Datos de este instituto armado revelan que durante el primer semestre de 2013, la población entregó voluntariamente: 21 mil 38 armas de fuego, además de 467 mil 42 cartuchos y mil 559 granadas2 .
Sin lugar a dudas, este tipo de acciones que permiten generar un sentido de seguridad, armonía y tranquilidad dentro de las comunidades deberían ser relanzadas con mayor vigor, fortalecidas y con una difusión importante para que la sociedad civil se una y participe.
Generar un sentido de cooperación entre las fuerzas armadas y la sociedad mexicana para crear condiciones que permitan mantener la paz y la tranquilidad que requieren nuestras familias para realizar su actividad diaria con normalidad, es indispensable para fortalecer las acciones que realizan los tres niveles de gobierno para combatir a la delincuencia organizada y palear los índices de violencia en nuestro país.
Finalmente, y con la finalidad de redondear las acciones anteriormente propuestas para salvaguardar el derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes una vida libre de violencia y a la integridad personal, valdría la pena reevaluar y actualizar un proyecto que fue interrumpido en algunas entidades federativas y que durante su implementación ayudó a prevenir la violencia en las escuelas y el entorno en el cual se desenvuelven nuestras niñas, niños y adolescentes.
El programa Mochila Segura, cuya implantación comenzó en 2007 y fue parte del programa Escuela Segura, de la Secretaría de Educación Pública, cuya principal objetivo era disminuir los factores de riesgo para evitar que adolescentes y jóvenes vivan situaciones de violencia.
Durante el inicio de su implementación se reportaron una serie de quejas y voces en contra debido a que existían negligencias al momento de su implantación por lo que grupos de padres de familia solicitaron a las escuelas detener la aplicación de este programa en algunas entidades federativas, lo que provocó que paulatinamente fuera desaparecido.
Sin embargo, en otras partes de la República se fue desarrollando de mejor manera, mejorando sus protocolos de aplicación por parte de las autoridades educativas y de seguridad, e incluyendo a los padres de familia. Mochila Segura es un programa de primera respuesta que implementado de forma correcta con protocolos óptimos podría otorgar resultados más satisfactorios.
Por lo anterior, valdría la pena sumar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que en conjunto con las autoridades educativas y de seguridad de las entidades federativas que así lo consideren optimicen los protocolos de aplicación del programa Mochila Segura, porque también es importante preservar los derechos fundamentales de los menores de edad al momento de realizar las revisiones.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Gobernación para que, en el ámbito de sus competencias, realice las acciones necesarias para verificar el respeto de los horarios específicos de transmisión de los contenidos de televisión con base en los criterios de clasificación establecidos en los lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y del servicio de televisión y audio restringidos.
Segundo . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional y a las secretarías de seguridad de las entidades federativas a redoblar esfuerzos en la implementación y ejecución de la campaña canje de armas de fuego.
Tercero . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las secretarías de educación y de seguridad pública de las entidades federativas a colaborar en la implementación o reforzamiento, según sea el caso, de las estrategias de prevención de la violencia en las escuelas, particularmente el programa Mochila Segura, en los planteles educativos de su jurisdicción. Asimismo, se invita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a colaborar con las entidades federativas en la implementación de protocolos para la ejecución de estos programas.
Notas
1 http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/comunicacion -y-medios/estudiosninosfinalacc.pdf
2 https://www.gob.mx/sedena/prensa/el-ejercito-y-fuerza-aerea-mexicanos-h an-recibido-21-038-armas-de-fuego-canjeadas-por-la-sociedad
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.
Diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a implantar medidas de austeridad y disciplina presupuestarias conforme a los principios de transparencia y rendición de cuentas por la actual crisis económica del país, suscrita por la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada María Eloísa Talavera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el presente punto de acuerdo, con base en la siguientes
Consideraciones
Actualmente México atraviesa una etapa de incertidumbre económica, derivado de factores como el aumento del tipo de cambio del dólar frente al peso, provocado la desconfianza de los mercados internacionales por el endeudamiento excesivo del gobierno de México y por la depreciación internacional del petróleo, además de los efectos causados por la política proteccionista del presidente de los Estados Unidos de América, que han generado abandonar inversiones importantes en México de empresas como Ford y General Motors.
El incremento del precio de las gasolinas ha resultado preocupante para la sociedad por el impacto que esto tendrá en cada una de los precios de la canasta básica así como de los bienes y los servicios que requieren los mexicanos. Por ello los ciudadanos han demostrado su inconformidad manifestándose en prácticamente todos los estados de la República.
Derivado de las muestras de inconformidad, el gobierno federal anunció el “Acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar”, medida que resultó cuestionable a la luz de los ciudadanos en virtud de que no se plasmó de manera cuantitativa una verdadera reducción presupuestal en el gasto federal, ni la reconducción de dicho gasto; además de que esta política fue diseñada de forma unilateral sin considerar un panorama transversal que también involucrara a los Poderes Legislativo y Judicial.
Las decisiones del Ejecutivo no abonaron en nada a tranquilizar la incertidumbre económica de los mexicanos, y es que los índices de desconfianza de las instituciones, demuestran que la mejor manera de gobernar es hacer y cumplir con la responsabilidad que nos ha sido delegada.
La desconfianza de la ciudadanía en las instituciones es muy alarmante ya que tanto Presidencia, diputados y senadores están reprobados por la ciudadanía, según la encuesta México: Confianza en Instituciones 2015 1 realizada por Consulta Mitofsky.
Ante la pérdida de confianza de los mexicanos en sus instituciones, debemos mostrar de cara a la sociedad, el verdadero compromiso de los legisladores en conjunto con los demás Poderes y reinventar la democracia con instrumentos realmente eficaces con el propósito de impulsar una nueva cultura de la representación y alinear al poder público, con los principios de austeridad y eficiencia del gasto público e incentivar el cumplimiento de los principios establecidos para una digna representación.
En consecuencia de lo anterior, resulta indispensable que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los ámbitos federal, estatal y municipal realicen acciones necesarias con el objetivo de establecer un gasto público eficiente, transparente, responsable y acorde al momento por el que atraviesa el país.
Si bien diversas instituciones y dependencias públicas ya se han pronunciado respecto a realizar medidas de ahorro, austeridad y ajuste del gasto corriente, tales como el Instituto Nacional Electoral (INE) las cuales contempla la suspensión de la construcción de dos nuevos edificios para este 2017, con lo que se ahorrará mil 70 millones de pesos autorizados para dichas obras, así como la reducción de 10 por ciento al salario de los consejeros electorales.
De la misma manera en el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados ha aprobado acciones como la eliminación de subvenciones extraordinarias, donde se contemplan los bonos de fin de año y apoyos para el trabajo legislativo. Además de la cancelación de viajes internacionales, no apoyo a vales de gasolina ni a telefonía celular, así como disminuir en 25 por ciento el gasto en alimentos.
Así como en la Cámara de Senadores también ha aprobado acciones que generan ahorros de más de 150 millones de pesos en donde se detiene el crecimiento del parque vehicular y la reducción de al menos 10 por ciento de los gastos de comisiones, misiones legislativas y viajes de trabajo a nivel nacional e internacional, entre otras.
Por otra parte el Poder Judicial de la Federación también se ha sumado a aplicar medidas de austeridad y optimización presupuestal por un monto de hasta por mil 900 millones de pesos.2
Aunque diversas instituciones han mostrado apoyo al sensible entorno económico que enfrenta el país, es importante que este buen ánimo de aplicar medidas de austeridad también sean aplicadas en los congresos de todas las entidades federativas.
Lo anterior derivado de que datos del Informe Legislativo 2016 presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad AC3 , el cual analiza la composición, manejo de recursos y desempeño legislativo de los 32 congresos locales, señala que en el 2016, los congresos locales ejercieron 13 mil 66 millones de pesos (mdp), un presupuesto mayor al del estado de Baja California Sur (12 mil 647 mdp).
Por otra parte dicho informe muestra que en 2015, los 32 congresos locales ejercieron mil 399 mdp más de lo presupuestado, cinco de ellos incrementaron sus presupuestos en más de 25 por ciento, estos son: Hidalgo (55 por ciento), Guanajuato (40 por ciento), Sonora (31 por ciento), Ciudad de México (27 por ciento) y Guerrero (25 por ciento).
Abundando en los datos del informe se muestra que mientras que en 2016 en Puebla el presupuesto por diputado (presupuesto del Congreso entre número de diputados) es de 3.5 mdp, en la Ciudad de México es de 27.6 mdp, esto representa una diferencia de 24.1 mdp por diputado.
En este sentido, existe una gran asimetría presupuestal en los congresos estatales. Destacan cinco legislaturas locales: Baja California, Ciudad de México, estado de México, Jalisco y Sonora, en donde el presupuesto por diputado es incluso superior al presupuesto por diputado de la Cámara baja a nivel federal (15 mdp).
Destaca también el informe que los presupuestos de nuestros congresos son superiores a los presupuestos de las Cámaras bajas de Japón, Canadá, Alemania, Colombia y Chile.
Resulta indispensable a las legislaturas de los estados el apretarse el cinturón y tomar medidas de austeridad acorde a la crisis económica por la que atraviesa el país, además de hacer un uso racional y efectivo de los recursos públicos de los que dispone.
Este ejercicio de responsabilidad es imprescindible no sólo por la actual coyuntura económica sino por el compromiso que se tiene con la ciudadanía.
Estas medidas además ayudarán a mitigar la desconfianza que siente la ciudadanía frente a su Congreso, ya que solo 17 por ciento de los mexicanos se sienten representado por su Congreso de acuerdo con el Informe Latinobarómetro 20154 .
Derivado de lo anterior resulta indispensable que ante los efectos de la crisis económica por la que atraviesa el país, los congresos de los estados y de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México implementen medidas austeridad, vinculándolas a los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a los gobiernos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, el aplicar medidas de austeridad y disciplina presupuestaria, bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas, ante la actual crisis económica que atraviesa el país.
Notas
1 Encuesta, México: Confianza en instituciones 2015; disponible en el sitio web.- http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-opina/it em/575-confianza-en-instituciones; consultada el 20-01-2017.
2 Boletín No. 005/2017 “Acuerda PJF medidas de austeridad y optimización presupuestal hasta por mil 900 millones de pesos” disponible en el sitio web.-
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/notici a.asp?id=4449; consultado el 10- 01- 2017.
3 Informe Legislativo 2016; IMCO, disponible en el sitio web.- http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/informe-legislativo-2016/; consultado el 10- 01- 2017.
4 Informe Latinobarómetro 2015; disponible en el sitio web.- http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp; consultado el 22-01-2017.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.
Diputada María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a hacer efectivos los derechos político-electorales de las mujeres en Oaxaca, particularmente en los casos de San Miguel de las Peras, suscrita por la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura de la de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente el punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
1. El 28 de abril de 1981 fue en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de promulgación por parte del Estado mexicano, de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer,1 en cuyo artículo II se establece que Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna.
2. El 12 de mayo de 1981 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto de Promulgación por parte del Estado Mexicano, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.2 En ella se estipula:
“Artículo 7 Los Estados parte tomarán todas las medida apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:
a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegible para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;
b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales;
c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.”
3. El 19 de enero de 1999 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto promulgatorio, por parte del Estado mexicano, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”;3 en la cual se contempla que todas las mujeres tienen el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.4
4. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, prohibiendo todo tipo de discriminación, incluidas las motivadas por el género; reconoce la igualdad entre varones y mujeres; y establece los contenidos mínimos de los derechos político-electorales de sus ciudadanos.
5. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece en su artículo 7, que es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular.5
6. En julio de 2016, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la primera sentencia en la que se aplicó el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, a través de la cual se ordenó la reinstalación de una regidora.6 Este Protocolo fue emitido por diversas instituciones del Estado, como un mecanismo para establecer las acciones frente a los casos de violencia política contra las mujeres y en él se indica que esta:
“...comprende todas aquellas acciones y omisiones —incluida la tolerancia— que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.”7
7. En días pasados, tuvimos conocimiento público de los impedimentos, que han incluido el uso de medios violentos, que han sufrido mujeres en el estado de Oaxaca, para ejercer en condiciones de igualdad y seguridad, sus derechos político-electorales, particularmente, en los casos de Irma Aguilar Raymundo, Presidenta Municipal Electa en San Pedro Atoyac, Jamiltepec, Oaxaca, y de Yareli Cariño López, Síndica Electa del Municipio de Pinotepa Nacional, quienes han sido hostigadas y amenazadas, a fin de evitar que tomaran protesta, asumieran sus respectivos cargos y buscando que renuncien. Tal es la gravedad, urgencia y daño irreparable de los casos, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró necesario solicitar Medidas Cautelares a fin de salvaguardar los derechos humanos de estas mujeres.8
8. El 17 de enero del presente, fue aprobado por el Pleno de la Comisión Permanente el punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a hacer efectivos los derechos político-electorales de las mujeres en el estado de Oaxaca, particularmente en los casos de la Presidenta Municipal electa de San Pedro Atoyac, Jamiltepec, Oaxaca, y de la Síndica electa del municipio de Pinotepa Nacional.
9. El 22 enero del presente, fue dado a conocer por diversos medios de comunicación que Gabriela Maldonado, Rosa Aguilar y Marina Díaz intentaron formar parte del Cabildo de San Miguel Peras, Oaxaca; por este motivo, han sufrido agresiones y amenazas,9 hechos que reiteran que en el Estado de Oaxaca, las mujeres están constantemente sometidas a tratos que refieren existencia de violencia política.
10. Pese a que el Estado está obligado por instrumentos internacionales y por su legislación local a hacer efectivos los derechos político-electorales de las mujeres en condiciones de igualdad, estamos siendo continuamente testigos de las dificultades que enfrentan las mujeres de nuestro país para ejercer en cargos de elección popular y de la violencia política que enfrentan por razones de género. Debido a esto, es vital que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, lleven a cabo medidas tendientes a garantizar los derechos humanos de todas y todos.
Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la presente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, al Gobierno del Estado de Oaxaca, para que garantice los derechos político-electorales de las mujeres, particularmente de Gabriela Maldonado, Rosa Aguilar y Marina Díaz, en condiciones de igualdad, seguridad e integridad personales; asimismo, proceda de forma expedita contra los responsables de actos de violencia que están ejerciendo, quienes se oponen a la instalación de las mujeres en diversos municipios del Estado, investigando, sancionando y reparando a todas aquellas mujeres que resultaron violentadas en sus derechos político-electorales.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, a hacer un llamado a los partidos políticos nacionales y a los partidos políticos locales, para que tomen las medidas correspondientes contra aquellos militantes que están obstaculizando e incluso usando la violencia para evitar el libre ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres en el Estado.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y al Instituto Nacional Electoral, para que dentro de sus respectivas competencias, garanticen los derechos político-electorales de Gabriela Maldonado, Rosa Aguilar y Marina Díaz.
Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a conocer e informar sobre los hechos de violencia a los que han sido sometidas Gabriela Maldonado, Rosa Aguilar y Marina Díaz.
Notas
1 http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4643692&fecha=2 8/04/1981&cod_diario=199859
2 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4646605&fecha=12/05/1981
3 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4942730&fecha=19/01/1 999
4 Véase artículo 4 de la Convención de Belém do Pará.
5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_130815.pdf
6 http://www.trife.gob.mx/noticias-opinion-y-eventos/boletin/5/24/2016
7 Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, pág. 19, disponible en:
http://www.fepade.gob.mx/actividades_ins/2016/marzo/ProtocoloViolencia_140316.pdf
8 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017/Com_2017_001.pdf
9 http://www.nvinoticias.com/nota/48884/latigazos-impiden-mujer-ser-parte -de-cabildo
http://regeneracion.mx/latiguean-a-mujer-hasta-el-desmay o-para-evitar-que-sea-parte-del-cabildo-en-oaxaca/
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 enero de 2017.
Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobierno de la Ciudad de México un informe pormenorizado sobre los criterios utilizados para calcular el cobro del impuesto predial y el incremento promedio de las actualizaciones programadas para el ejercicio fiscal de 2017, y a transparentar el destino de los recursos adicionales derivados del aumento de los gravámenes, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En noviembre de 2016, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México anunció que durante este año no habría aumentos en los impuestos; no obstante, diversos medios de comunicación documentaron las alzas excesivas en el cobro del impuesto predial superiores a la actualización del 3.9% que señala la Tesorería de la Ciudad de México.1
No obstante lo anterior, un diario de circulación nacional dio a conocer que en un condominio de la colonia Del Valle, el cobro del impuesto predial paso de 392 pesos durante el primer bimestre de 2016 a 2 mil 767 pesos para el primer bimestre de 2017.2
Existen situaciones en donde el alza no es homogénea incluso en el mismo edificio, tal como sucedió en un predio ubicado en la Colonia del Valle en el que el pago paso de 392 pesos en 2016 a 3 mil 56 pesos en 2017, que representa un incremento de 679%; mientras que en un departamento de las mismas características solo pago 96 pesos más con respecto al año anterior, que significó un aumento del 10% más que el año pasado.3
El Gobierno de la Ciudad de México, lejos de transparentar los mecanismos y criterios que derivaron en un incremento exponencial del impuesto predial, ha recurrido a una serie de tecnicismos, como los cambios del rango en valor catastral.
Esta no es la primera ocasión que el gobierno de la Ciudad de México trata de recaudar recursos de manera poco transparente. En el caso del aumento de la tarifa del metro de 3 a 5 pesos, a partir de diciembre de 2013, se tuvo que recurrir a una encuesta para validar el aumento, la cual fue muy cuestionada.
Además, se argumentó que con dicho incremento se mejoraría el servicio del Metro, para lo cual se establecieron 11 compromisos. A pesar de ello, el servicio del Metro no ha mejorado.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en la recomendación 14/2016, señalq que:
“...a casi tres años del aumento, las mejoras en el servicio no son aún perceptibles en el día a día de las personas usuarias”, ya que la gente sigue viajando en vagones saturados y sin ventilación, además de transbordar y transitar en espacios físicos deteriorados, sin mantenimiento, y con infraestructura vieja.”4
Otro caso emblemático, es el cobro de foto multas y mayores costos en las sanciones derivadas del nuevo Reglamento de Tránsito.
Lejos de contribuir a una mejor cultura vial y a la disminución de los índices de accidentes, la actualización en los montos de las multas, mayores sanciones para retirar los inmovilizadores y las fotomultas derivadas del nuevo Reglamento, generaron que en el primer semestre de 2016, el Gobierno de la Ciudad de México recaudara por sanciones vehiculares un 39% más con respecto al mismo periodo de 2015 y por el que ingresaron 122 millones de pesos adicionales a la capital del país.
En el grupo parlamentario del PRI, estamos convencidos que los aumentos a las impuestos que pagan los capitalinos al gobierno de la Ciudad de México deben darse de forma transparente y no a través del uso diversos tecnicismos que en nada abonan a una efectiva rendición de cuentas.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Gobierno de la Ciudad de México un informe pormenorizado sobre los criterios utilizados para calcular el cobro del impuesto predial y el incremento promedio de las actualizaciones programadas para el ejercicio fiscal 2017. Asimismo, para que en el ámbito de sus atribuciones, transparente el destino de los recursos adicionales derivados del aumento de los impuestos.
Notas
1 El aumento al predial, por cambio en el valor catastral, La Crónica, <http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1005837.html> Consultado el 20 de enero de 2017.
2 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/01/12/1139427
3 El aumento al predial, por cambio en el valor catastral, Ibíd.
4 Recomendación 1472016, Comisión de Derechos de la Ciudad de México, <http://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2016/12/reco_1416.pdf> Consultado el 20 de enero de 2017.
Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 25 días del mes de enero de 2017.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus atribuciones, y con fin de esclarecer los hechos, atraiga los casos relativos a la presunta aplicación de medicamentos falsos en el estado de Veracruz dada a conocer por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
Los que suscriben, Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución:
Antecedentes
1. El 16 de enero de 2017, el Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares dio a conocer que durante la administración del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, niños enfermos de cáncer recibieron agua destilada en lugar de las medicinas de sus quimioterapias.1
2. A partir del 17 de enero, el Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, ha sostenido diversas declaraciones en medios de comunicación en los que señala lo siguiente:
• Que a pacientes con cáncer, incluyendo niños, se les aplicó un medicamento denominado Bevacizumab, que era falso razón por la cual al menos 8 niños perdieron la vida
• Las empresas señaladas por la clonación de dichos medicamentos son: Especialidades Medicas del Sureste, Oncopharma y Berros Grupo Farmacéutico.
• El primer reporte oficial sobre medicamentos clonados sin propiedades de tratamiento de quimioterapia fue elaborado en 2010, cuando Fidel Herrera Beltrán aún se desempeñaba como gobernador.2
• Que se solicitó a Grupo Roche un análisis de las muestras. A lo que Grupo Roche contestó que las muestras, no corresponde a un producto original y no contiene principio activo; es decir, no contiene las sales de un tratamiento de quimioterapia.3
3. La investigación lanzada por el Gobierno Estatal de Veracruz tiene detectados al menos 109 millones de pesos facturados por Especialidades Médicas del Sureste entre 2007 y 2013.4
4. Datos de la Secretaría de Salud de Veracruz muestran que entre 2008 y 2014 se presentaron 1.172 casos de cáncer en menores de 18 años y el 51% de los casos de cáncer en ese estado fueron atendidos en el Centro Estatal de Cancerología.5
5. Con fecha 18 de enero, la Secretaría de Salud Federal, así como la Comisión para la Prevención de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), iniciaron una investigación en el estado de Veracruz respecto a este caso.6
6. Grupo Roche México, mediante un comunicado de la Agencia de Relaciones Públicas BM, con fecha 19 de enero de 2017 informó que Bevacizumab, no es una quimioterapia sino un producto biológico conocido como anticuerpo monoclonal, y que su uso no está indicado en pacientes pediátricos.
7. De acuerdo al memorándum interno RM/Farmacia/197/2010, emitido por el Centro Estatal de Cancerología, “Dr. Miguel Dorantes Mesa” señala que una de las posibles víctimas era beneficiaria del Programa Federal Protección Contra Gastos Catastróficos, el cual está considerado dentro de los programas que integran el Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular).7
Consideraciones
1. Toda vez que en el presente caso pudieran actualizarse algunos de los delitos establecidos en la Ley General de Salud o en el Código Penal Federal, y éstos son competencia de la Federación, su investigación corresponde al Ministerio Público de la Federación, el cual en términos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República se encuentra dentro de la estructura de dicha Procuraduría, es que se hace necesaria su intervención, máxime que los medicamentos en cuestión pudieron haber sido comprados con recursos federales ejercidos por el gobierno estatal.
2. Que se hace necesaria la intervención de la Procuraduría General de la República, para conocer de la investigación de la Secretaría de Salud de la Administración Pública Federal en conjunto con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
3. En consecuencia, y dado el interés nacional que reviste el caso, y con el afán de asegurar la máxima certeza de los hechos para los pacientes y familiares de las presuntas víctimas es que debe intervenir la Procuraduría General de la República.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus atribuciones y con fin de esclarecer los hechos, atraiga los casos de la presunta aplicación de medicamentos falsos en el Estado de Veracruz dada a conocer por el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
Notas
1 http://www.animalpolitico.com/2017/01/yunes-veracruz-falsas-quimioterap ias/
2 (SDP Noticias, 17-01-2017,
http://www.sdpnoticias.com/local/veracruz/2017/01/17/facturo-empresa-109-mdp-con-quimioterapias-falsas-en-veracruz)
3 (El Universal, 18-01-2017, http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/01/18/medicamento-c lonado-en-veracruz-no-es-quimio-roche)
4 (SDP Noticias, 17-01-2017,
http://www.sdpnoticias.com/local/veracruz/2017/01/17/facturo-empresa-109-mdp-con-quimioterapias-falsas-en-veracruz)
5 (CNN en español, 18-01-2017,
http://cnnespanol.cnn.com/2017/01/18/el-estado-de-veracruz-investiga-falsas-quimioterapias-a-ninos-con-cancer/)
6 (El Universal, 19-01-2017, http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/01/19/se-in vestiga-el-suministro-de-quimioterapias-falsas-ssa)
7 http://noreste.net/noticia/niega-cecan-quimioterapias-falsas-en-2010/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2017.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí que, en el marco de sus atribuciones, deslinde responsabilidades sobre las investigaciones que obran respecto a la denuncia realizada por Greta Ximena Perogordo Corral por los presuntos delitos de abuso sexual, violencia física y amenazas por el ciudadano Eduardo Víctor del Sagrado Corazón Perogordo Oliva, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El maltrato infantil y el abuso sexual deben ser sancionados conforme a derecho sin excepción alguna, debido a que trasgreden vulneran la dignidad de las personas y ponen en riesgo el pleno desarrollo.
En este sentido, la Organización Mundial de la Salud, considera que los abusos de los que son objeto los menores de 18 años, se refiere a todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo del niño, o pongan en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.
Lamentablemente, continúan dándose sucesos en el que se vulneran la integridad de los adolescentes, prueba de ello, es el caso de la joven Greta Ximena Perogordo Corral, quien denunció ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí, que su padre Eduardo Víctor del Sagrado Corazón Perogordo Oliva, desde los seis años de edad abusaba sexualmente de ella, a cambio de viajes al extranjero, fuertes cantidades de dinero, carros y otro tipo de lujos.
A decir de la denunciante, fue por recomendación de sus amistades por las que se “atrevió” a imponer una denuncia contra su padre, el cual forma parte de una familia política prestigiada en el estado, muestra de ello, es que Guillermo Perogordo Oliva fue subsecretario de Gobierno durante la gestión de Marcelo de los Santos y Alejandro Zapata Perogordo tuvo la responsabilidad de ser senador de la República.
En particular, la denuncia penal presentada el pasado 12 de diciembre del año de 2016, enfatiza en la comisión de presuntos delitos como abuso sexual, violencia física y amenazas.
Durante sus primeras declaraciones a los medios de comunicación, Greta Ximena Perogordo Corral, dijo: “no se vale abusar de una menor y menos si es tu hija”... “sabe perfectamente lo que hizo (...) que la justicia y la ley lo van a perseguir, lo van a refundir en la cárcel”,1 además sostuvo que tiene temor por su vida, ya que “en una ocasión en la que pretendió revelarse fue sometida con un rifle por sus agresores”.2
Diversos medios de circulación local y nacional, dieron a conocer que después de sus denuncias públicas y desde el 13 de enero de 2017, se desconocía de su paradero, sin embargo, Julio Ceballos Alonso, quien es un investigador policial asegura haber tenido contacto con la adolescente quien manifestó que está bien y segura.
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, además de recibir la queja por su desaparición, solicitó los videos de vigilancia del lugar en donde fue vista por última ocasión, con el objeto de dar con su paradero y garantizar el respeto a sus derechos como el de la salud y la seguridad.
Bajo estas directrices, los Legisladores del Grupo Parlamentario del PRI consideramos de vital importancia que la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí, fortalezca sus investigaciones y deslinde las responsabilidades correspondientes a las investigaciones que obran respecto a la denuncia realizada por Greta Ximena Perogordo Corral, por los presuntos delitos de abuzo sexual, violencia física y amenazas.
El reconocimiento, respeto y protección de los humanos es uno de los ejes rectores del Estado mexicano, prueba de ello, es que en su marco normativo se garantiza las condiciones idóneas para el respeto irrestricto de los adolescentes.
En el párrafo noveno del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.3
Por si esto no fuera suficiente, el artículo 3 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dispone a la letra que: Las políticas públicas deberán contribuir a la formación física, psicológica, económica, social, cultural, ambiental y cívica de niñas, niños y adolescentes.
El presente punto de acuerdo, busca garantizar el derecho del debido proceso en las investigaciones, asegurar el respeto a las garantías constitucionales y salvaguardar de manera universal y especializada en cada una de las materias relacionadas con los derechos humanos de los adolescentes, conforme con los principios de la Carta Magna y los tratados internacionales de los que nuestro país forma parte.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de San Luis Potosí, para que en el marco de sus atribuciones, deslinde las responsabilidades correspondientes sobre las investigaciones que obran respecto a la denuncia realizada por Greta Ximena Perogordo Corral, por los presuntos delitos de abuzo sexual, violencia física y amenazas por parte de Eduardo Víctor del Sagrado Corazón Perogordo Oliva.
Notas
1 https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/greta-perogordo-sostiene-denunc ia-contra-su-padre-me-violaba-mi-papa-desde-los-12-anos
2 https://elespectadordesanluispotosi.wordpress.com/2016/12/24/
eduardo-perogordo-viola-sexualmente-a-su-hija-greta-desde-que-ella-tena-6-aos/
3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 25 días del mes de enero del año dos mil diecisiete.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, sobre salud mental de jóvenes, suscrita por la senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita Yolanda de la Torre Valdez, Senadora de la República e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta Soberanía, una proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El miércoles 18 de enero del presente, el país vivió una de sus mayores tragedias en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, un alumno de 15 años, disparó en contra de su profesora y tres compañeros de aula más, para posteriormente herirse mortalmente y por la tarde de aquel aciago día murió en un hospital.
Este trágico suceso conlleva a la reflexión de dos temas, que se pretenden abordar someramente en la exposición de motivos, por una parte, el acceso a un arma de fuego por parte de los hogares mexicanos y en segundo lugar el incremento alarmante en las tasas de suicidio de niñas, niños y adolescentes en nuestro país.
Para abordar el primer caso, se cita a continuación un estudio publicado por México Evalúa, en referencia al tema abordado. De acuerdo a estadísticas citadas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a partir de 1997, las lesiones y homicidios con arma de fuego se han incrementado progresivamente, según datos referidos por dicho medio1 , se registraron en 2014, 43 homicidios producidos por arma de fuego, una tendencia que a razón de la investigación se ha mantenido constante entre 2009 y 2015, mostrando un avance constante en la violencia armada en los centros metropolitanos, es decir el uso de armas de fuego para delinquir es mayor en las ciudades que en las comunidades rurales.
Más aún, de acuerdo con la Encuesta de las Pequeñas Armas, programa a cargo del Instituto de Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra, en 2011 México ocupó el lugar 42 del mundo de mayor número de armas por cada 100 mil habitantes. En números totales, se estimó que 15.5 millones de armas de fuego estaban en manos de la población civil.2 ...El número de hogares que compraron armas por miedo a la inseguridad pasó de 146 mil en 2010 a 232 mil hogares en 2015 (un aumento de casi 60 por ciento en 5 años), de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).3
Es decir, actualmente el acceso a un arma de fuego para la población civil es muy alto, lo que induce riesgos colaterales y directos sobre la comunidad y la familia, un caso particular asociado es precisamente la tragedia ocurrida en Monterrey, que motiva la proposición con punto de acuerdo. Es fundamental desincentivar la compra de armas de fuego por parte de los hogares, muchas de ellas adquiridas al margen de la ley, a través del mercado negro y el contrabando, lo que incrementa su tráfico.
Ahora bien, tal como lo citan los artículos anteriores, así como el trabajo de otros investigadores sobre los incidentes relacionados con el uso de arma en las escuelas por adolescentes en Estados Unidos, señalan una proporción directa entre la facilidad de obtener un arma4 y dichos incidentes5 , según los artículos anteriores 300 millones de armas de fuego, con un alto porcentaje concentrado en armas de alto poder letal, se encuentran en el mercado legal e ilegal, comprendido en Estados Unidos y México, teniendo como consecuencia en 2015 alrededor de 300 incidentes en escuelas norteamericanas relacionados con civiles usando armas de fuego en contra de la comunidad.
Citando nuevamente al investigador Antonio Rangel Bandeira, en su artículo “Armas pequeñas y campañas de desarme. Matar los mitos y salvar las vidas”6 , se reproducen a continuación las siguientes observaciones:
• Se cree que el porte de armas es un factor de protección que disminuye los riesgos de quienes las poseen. No obstante, las investigaciones demuestran que el porte de armas aumenta la posibilidad de muerte del portador, en tanto las armas tienen un carácter esencialmente violento, que puede llevar al malogro en la resolución de los conflictos y a la exposición a situaciones de riesgo.
• Se argumenta que la prohibición de las armas desprotege a la gente que las usa legalmente y favorece a los criminales, dado que promueve un mercado clandestino. Sin embargo, en tanto el grueso de la producción de armas pertenece a las industrias legales, las experiencias de control muestran éxito en la disminución del tráfico. Estas políticas de control generan dificultades para la consecución de armas por parte de los criminales.
• El lobby de las grandes empresas de armas ha difundido la creencia de que las políticas de regulación y desarme obedecen a que los estados quieren someter a sus ciudadanos. No obstante, en el marco del monopolio legítimo de la violencia, se puede demostrar que los estados democráticos buscan desarmar a su población para mejorar la eficiencia de sus instituciones y garantizar la libertad y la seguridad de sus ciudadanos.
• ...Su presencia en un escenario de conflicto interpersonal o de descontrol emocional puede transformar una discusión o una pelea en un asesinato, para desgracia de por lo rnenos dos familias. La presencia del arma convierte conflictos banales en tragedias irreversibles. El arma de fuego cambia la naturaleza de los conflictos personales, volviéndolos mortales.
Es por tanto que se considera fundamental que el Estado mexicano en su conjunto asuma como una política pública el desarme voluntario de los ciudadanos, destruyendo a través de información precisa los mitos que se han formado alrededor de la posesión de un arma de fuego, como un factor de defensa tanto de las personas como del patrimonio.
En segundo término, es importante abordar el tema del suicidio, de acuerdo con el portal de la publicación México Social 7 se tiene que:
En los últimos 10 años se han registrado en México 51 mil 381 suicidios; de ellos, 41 mil 867 corresponden a casos de hombres y 9 mil 508 a mujeres. De acuerdo con las estadísticas oficiales, en tres de cada cuatro casos el método utilizado es el ahorcamiento, seguido del disparo con arma de fuego y en tercer sitio el envenenamiento.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) cuenta con una serie de documentos relativos a los suicidios y los intentos de suicidios, de la cual, la última publicación disponible en su sitio electrónico data de 2013, con información del año 2011.
En ese documento se destaca que en 2011 hubo 5 mil 718 suicidios, de los cuales 4 mil 621 correspondieron a hombres, y mil 95 casos correspondieron a mujeres. Del total de casos, 2 mil 532 personas se encontraban solteras al momento de su fallecimiento, mil 22 vivían en unión libre y mil 596 estaban casadas.
Por grupos de edad, el Inegi identifica que en 249 casos se trataba de niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 14 años de edad; en mil 775 casos tenían entre 15 y 24 años de edad, mientras que en mil 275 casos se trataba de jóvenes de 25 a 34 años de edad. Estos datos implican que 58 por ciento de los suicidios se presentaron entre personas menores de 35 años.
Adicionalmente es pertinente destacar que, del total de los suicidios registrados, en mil 642 casos se trataba de personas sin empleo, en 826 casos se trataba de trabajadores agropecuarios, en 806 casos se trataba de artesanos, 668 personas más laboraban como auxiliares administrativos, 368 casos corresponden a personas dedicadas al comercio, y en 790 casos se tiene registro de otras ocupaciones.
Si se toman como referencia las profesiones señaladas, se trataba, en la inmensa mayoría de los casos, de personas que se encontraban en los promedios de ingresos más bajos del país, pero también en los sectores económicos con mayores porcentajes de personas en condiciones de informalidad laboral.
...
Sin embargo, en 2013 y 2014 las cifras se incrementaron de manera relevante, tanto en términos absolutos como relativos. En efecto, en los años señalados se registraron 5 mil 909 y 6 mil 337 casos, respectivamente, los cuales representaron 8.5 por ciento y 9.5 por ciento del total de la mortalidad accidental y violenta, respectivamente.
Por último, debe decirse que la mortalidad por suicidios sigue siendo predominantemente masculina: en efecto, de los 51 mil 384 suicidios cometidos entre 2005 y 2014, un total de 41 mil 867 han sido cometidos por hombres, y 9 mil 508 por mujeres, cifra que representa 18.5 por ciento del total.
Recordemos que en el incidente que motiva la proposición con punto de acuerdo, el adolescente que uso el arma de fuego en contra de su comunidad escolar, termino quitándose la vida, este acto debe ser puntualmente estudiado, debido a que la salud mental de las y los adolescentes mexicanos debe ser una prioridad para una mejor convivencia social, un hecho es claro, en México debemos utilizar este tipo de incidentes lamentables para generar las acciones que conlleven a que nunca más se repitan.
Por una parte, es claro que el acceso a las armas de fuego, debe reducirse, pero igualmente el deterioro de la salud mental que conlleva al suicidio tiene que ser atendida de manera emergente.
Utilizando nuevamente al portal de la publicación México Social8, se lee:
En ese contexto, la Organización Panamericana de Salud (OPS) alerta que entre los jóvenes de 15 a 29 años de edad el suicidio se ha convertido en la segunda causa de muerte, sólo después de los accidentes. Para la región de las Américas, la OPS estima una tasa de 7.3 suicidios por cada 100 mil habitantes, indicador inferior a la media mundial, el cual se ubica en 11 suicidios por cada 100 mil personas.
Asumir al indicador del suicidio como una prioridad global tiene relevancia, sobre todo porque alerta en torno a las condiciones de malestar y sufrimiento en que se sitúan millones de personas, pues, de acuerdo con estimaciones de varios expertos, por cada suicidio cometido hay 20 intentos en los que afortunadamente no se logra el cometido.
...
Es interesante observar en ese sentido que hay una estricta correlación entre la edad y la presencia de casos de depresión, pues, a más años de vida, se registra una mayor incidencia. Así, para el grupo de edad de 1 a 4 años la tasa es de 0.8 casos por cada 100 000 en el grupo etario.
Entre quienes tienen de 5 a 9 años la tasa en 2014 fue de 7.1 casos por cada 100 mil, en el de 10 a 14 años, crece a 26.8 casos por cada 100mil, entre las y los jóvenes de 15 a 19 años el indicador crece a 40.1 casos por cada 100 mil, se incrementa a 44.5 en el grupo de 20 a 24 años, y se ubica en 60.9 en el grupo de 25 a 44 años de edad.
Es destacable que entre quienes tienen más de 45 años las tasas superan en más de 100 por ciento a la media nacional. Así, en el grupo de 45 a 49 años la tasa de incidencia de depresión es de 108.3 casos por cada 100 mil en el grupo de edad, es de 110.7 para el grupo de 50 a 59 años, de 145.2 para el grupo de 60 a 64 años y de 129.9 para quienes tienen 65 años y más.
Por lo que la proposición con punto de acuerdo exhorta que las políticas públicas encaminadas a la reducción de los suicidios consideren, la distribución geográfica, la perspectiva de género enfocadas al sexo masculino, la prevalencia de acuerdo a la etapa etaria de la población. En suma, podemos afirmar que los varones adolescentes de las ciudades, son un grupo prioritario que merece una atención dedicada, sobre todo porque de acuerdo lo expuesto sobre el acceso a armas de fuego, tienen una mayor posibilidad de estar en contacto con ellas, que sus pares en el medio rural.
Por lo expuesto y de acuerdo a los artículos señalados en el proemio, se presenta ante esta honorable soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Gobernación, y de la Defensa Nacional, para que, de acuerdo a sus atribuciones y ámbitos de competencia, en coordinación con las entidades federativas y los ayuntamientos del país, diseñen y ejecuten una campaña nacional de desarme voluntario, con la finalidad de reducir los riesgos por la portación y tenencia de armas de fuego entre la población civil.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretarías de Salud, y Educación Pública, para que, de acuerdo a sus atribuciones y ámbitos de competencia, en coordinación con las entidades federativas y el Instituto Mexicano de la Juventud, realicen campañas de prevención y atención del suicidio, con particular énfasis y de acuerdo a la perspectiva de género, en la población constituida por varones adolescentes de los centros urbanos del país, identificando su problemática particular, respecto a su salud mental y desarrollo social.
Notas
1 Disponible en: http://mexicoevalua.org/2016/03/24/sobre-las-balas-derramadas-en-elsue lo-mexicano/
2 Disponible en: http//mexicoevalua.org/2016/10/09 legalizar-la-portacion-de-armas-de-fuego-puerta-a bierta-al-aumento-en-la-violenci/
3 Ibíd.
4 Disponible en: http://www.letraslibres.com/mexico/cultura/mi-primera-arma
5 Disponible en: http://larepublica.pe/mundo/america/709770-lo-que-calla-estadosunidos- sobre-el-control-de-armas
6 Disponible en: http://librarv.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/09105.pdf
7 Disponible en: http: mexicosocial.org/index.php/mexico-social-en-excelsior/ítem/1194-suicidi os-las-muertes-de-la-tristeza
8 Disponible en: http: mexicosocial.org/index.php/secciones/especial/ítem/1280-salu-mental-dim ensiones-y-retos
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 25 de enero de 2017.
Senadora Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, respecto a los hechos acontecidos en Monterrey, suscrita por la senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Yolanda de la Torre Valdez, senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El lamentable acontecimiento suscitado el pasado 18 de enero del año en curso en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, dentro de las instalaciones del Colegio Americano del Noreste, institución educativa privada ubicada en el norte de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el que lamentablemente resultaron heridos de gravedad, una maestra y cuatro alumnos, dentro de los que se encontraba quien efectúo el atentado y que horas después de consumar el funesto evento, lamentablemente perdió la vida por la herida propiciada por el mismo.
Este incidente no es un hecho menor, nos obliga a voltear la mirada y reconsiderar qué estamos haciendo como sociedad y a qué debemos obligarnos para que este tipo de situaciones de violencia extrema no vuelvan a repetirse en lo futuro.
Hemos sido testigos involuntarios de un hecho que nunca debió ocurrir al haberse circulado a través de las redes sociales el video de los acontecimientos, escenas que lastiman a la sociedad y por supuesto a los familiares de los alumnos víctimas del hecho, tanto de aquellos que resultaron heridos por arma de fuego, como de igual forma de todos los que se encontraban en el aula y que requerirán de apoyo profesional para atender el daño emocional y psicológico de los 50 segundos de terror que vivieron desde el primer disparo hasta aquél en el que se infringió la herida en la cabeza el joven agresor.
Y no deja de alarmar que, al día siguiente, en el plantel Salvador Allende, ubicado en la colonia Valle Dorado, en Naucalpan, estado de México1 , una discusión entre dos alumnos de esa institución educativa, derivó en un ataque con arma blanca por parte de uno de ellos en contra del otro.
Estos hechos no podemos dejarlos pasar como eventos aislados, ambos son de igual naturaleza grave y de vital importancia atenderlos de manera inmediata.
Los factores de depresión, angustia, trastornos de conducta, violencia y suicidio, se dan tanto en la adolescencia, como en la parte adulta y los acontecimientos recientes así lo demuestran.
En México se cuenta con 64 hospitales psiquiátricos, 49 de ellos instituciones públicas y 15 instituciones privadas2 , sin embargo, de ellos sólo uno es dedicado a la atención psiquiátrica infantil, mismo que es el hospital psiquiátrico Juan N. Navarro, ubicado en la Ciudad de México.
El estudio realizado por los especialistas Gerhard Heinze, Gina del Carmen Chapa y Jaime Carmona-Huerta Los especialistas en psiquiatría en México: año 2016 3 , arroja cifras que identifican que en todo el país se cuenta con 4 mil 393 psiquiatras que ejercen su profesión respecto de una población de 119 millones 530 mil 753 habitantes y el mismo estudio nos muestra que hay una tasa de 3.68 psiquiatras por cada cien mil habitantes.
El mismo estudio nos indica que la distribución de estos especialistas en nuestro país indica que un sesenta por ciento del total de los psiquiatras, ejercen su actividad profesional en las tres mayores ciudades de México, siendo estas las ciudades de Guadalajara, Monterrey y la propia Ciudad de México.
Estas cifras nos obligan a hacer reflexiones respecto de la necesidad de atender los problemas de nuestras niñas, niños y adolescentes.
Los datos referidos nos muestran una cruda realidad, que nunca serán suficientes los profesionales de la salud en esta materia para atender a la población infantil y juvenil en nuestro país, por ello debemos asumir un alto compromiso como padres de familia en estar más cerca de nuestras familias, particularmente de nuestros hijos.
Como padres de familia nos hemos ocupado por proveer a nuestras familias y a nuestros hijos de todo cuanto les es indispensable, lamentablemente en muchos casos no proveemos lo más importante como es la atención, cercanía y afecto .
Hoy nos mueve el inmenso dolor y angustia que sufren las familias de los jóvenes del Colegio Americano del Noreste, ubicado en el norte de Monterrey, Nuevo León, y para todos ellos, padres de familia, alumnos y maestros de ese plantel presento el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para pronunciarse respecto a los acontecimientos acaecidos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y expresar a nombre de la Comisión Permanente nuestro profundo pesar y solidaridad a todos los alumnos, maestros y padres de familia del Colegio Americano del Noreste.
Notas
1 http://afoncJoedomex.COmlvafle-de-mexico/alumno-de-secundaria-apunala-a -su-companero-en-escuela-de-naucalpan/
2 Datos a localizar en la siguiente dirección. http://www.inprf-cd.gob.mx/sitios/hospitales.html
3 Datos a localizar en la dirección:
http://www.scielo.org.mx/pdf/sm/v39n2l0185-3325_sm_39_02 _00069.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.
Senadora Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, en relación con hechos acontecidos en Veracruz, suscrita por la senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Yolanda de la Torre Valdez, senadora de la República e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta soberanía, una proposición con punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente:
Consideraciones
La salud es un derecho humano que se encuentra reconocido en el cuarto párrafo del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual tiene entre sus finalidades: El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; y el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.1
Para la salvaguarda de este derecho humano, el artículo 4 de la Ley General de Salud dispone que son autoridades en materia sanitaria: el Presidente de la República; el Consejo de Salubridad General; la Secretaría de Salud, y los gobiernos de las entidades federativas.
La Ley en comento también establece en el apartado B de su artículo 13, que en materia de salubridad general, entre otras cuestiones, a los gobiernos de las entidades federativas y las autoridades estatales, les corresponde organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general.
En contravención a lo anterior, el16 de enero del año en curso, el Gobernador del estado de Veracruz, dio a conocer que durante la administración de su antecesor, niños enfermos de cáncer recibieron agua destilada en lugar de las medicinas que requerían para sus quimioterapias.
De acuerdo con información vertida en diversos medios de comunicación, el titular del ejecutivo estatal manifestó que se cuenta con resultados de un laboratorio, donde se señala que el supuesto medicamento que se administraba a los niños, en verdad era un compuesto inerte, precisando que era agua prácticamente destilada.2
Por otro lado, se ha dado a conocer que existen otros casos como es el de medicamentos que se encontraron en las bodegas que ya habían superado o pasado la etapa de caducidad. Al respecto, el actual gobernador de la entidad señaló de manera textual que: “Millones de pesos de medicamentos embodegados que no sabemos si se compraron ya con la caducidad vencida o dejaron que se venciera la caducidad. [...]”.
En. relación a los hechos en comento, las distintas fuerzas políticas que conformamos el Congreso de la Unión, hemos hecho un pronunciamiento unánime en el que expresamos nuestra condena total y la necesidad de que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes, para que en caso de corroborarse, se deslinden las responsabilidades que conforme a derecho procedan.
Bajo esta tesitura y a reserva de lo que determinen las autoridades conducentes, es oportuno tener en cuenta que con base al artículo 3 de la Ley de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,3 en materia de salubridad le corresponde al gobierno estatal: la atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables; la información relativa a las condiciones; recursos y servicios de salud; la prevención y el control de enfermedades transmisibles; la Prevención de infecciones de transmisión sexual; y la asistencia social.
En atención a la gravedad de los hechos que motivan el presente punto de acuerdo y reiterando que en el Grupo Parlamentario del PRI rechazamos todo tipo de conducta que atente, límite o vulnere la protección de la salud de la población mexicana, estimamos imprescindible que los mismos sean esclarecidos.
Para ponderar la trascendencia del asunto, basta mencionar que además de ser un asunto que implica el probable uso indebido de recursos públicos, al mismo tiempo, está relacionado con el menoscabo de uno de los derechos más importantes del ser humano, la protección del derecho a la salud.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del Estado de Veracruz para que en el marco de sus atribuciones lleven a cabo las investigaciones correspondientes en relación a la probable comisión de diversas irregularidades, como el suministro de medicamento falso para quimioterapias para niños con cáncer y pruebas para detectar VIH-sida en el estado de Veracruz, durante la administración 2010-2016, a fin de que se deslinden las responsabilidades que conforme a derecho procedan.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso del Unión, exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación y al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, para que en el marco de sus atribuciones, lleven a cabo las investigaciones correspondientes respecto a presuntas irregularidades en la compra de medicamentos destinados a quimioterapias para niños con cáncer y pruebas para detectar VIH-sida en el estado de Veracruz, durante la administración 2010-2016.
Notas
1 Fracciones I, II y V del artículo 2 de la Ley General de Salud.
2 http://www.animalpolitico.com/2017/01/yunes-veracruz-falsas-auimioterap ias/
3 http://www.legisver.gob.mx/leves/LevesPDF/SALUD1602161.pdf
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 25 días del mes de enero del año dos mil diecisiete.
Senadora Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica)
Excitativas
A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, para que emitan el dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 21, 73, 76, 115, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública, suscrita por la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido por el artículo 67, numeral 1 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 21, fracciones III y XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en lo relativo al funcionamiento de la Comisión Permanente, le solicito respetuosamente, formule atenta excitativa con base a las siguientes
Consideraciones
A lo largo de las últimas décadas la responsabilidad de atender la seguridad pública ha recaído cada vez más en los municipios y se ha alejado de la federación y los estados, lo que ha resultado en una disparidad y una falta de coordinación que ha imposibilitado al Estado mexicano en su conjunto cumplir con la función esencial de garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
Hasta el día de hoy, la seguridad pública ha sido una función que se ha confiado de forma concurrente a la federación, a los estados, a la Ciudad de México y a los municipios, la cual comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución de los mismos para hacerla efectiva, así como la sanción de infracciones administrativas.
Desde hace tiempo, este entramado institucional para atender las necesidades ciudadanas en materia de seguridad pública ha resultado insuficiente frente al creciente fenómeno delictivo que nuestro país ha experimentado, ya que en los últimos años se ha generado una nueva dinámica delincuencial, la evolución y sofisticación de la delincuencia común y organizada, así como la colusión y corrupción de varias autoridades policiales y de procuración y administración de justicia, lo que ha permitido que ciertos grupos de la delincuencia ejerzan distintos grados de control en determinadas zonas del territorio nacional.
Por ello, varias de las corporaciones policiales municipales no han tenido la solidez institucional suficiente para hacer frente a la delincuencia en sus diversas expresiones, lo que se ha traducido a su vez en la cooptación de los elementos que integran estas corporaciones por parte del crimen organizado. En varios casos las policías municipales han sido corrompidas o infiltradas por grupos criminales y, por ende, carecen de credibilidad o confianza para llevar a cabo sus funciones de combate a los delitos del orden común que más afectan a las personas.
Adicionalmente, cabe destacar que especialistas en el tema han manifestado que México se ubica apenas por encima del promedio internacional en el número de delitos por cada 100 mil habitantes; en cambio, en lo que se refiere a los delitos con violencia, el país se encuentra entre las diez naciones con mayor incidencia de homicidios intencionales. Nuestro país comparte con América Latina la mayor incidencia de delincuencia con violencia en el mundo.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe) 2016, estima que durante 2015 se generaron 29.3 millones de delitos asociados a 23.3 millones de víctimas. Esto representa una tasa de 1.3 delitos por víctima (en 2014 se estimaron 1.5 delitos por víctima). Asimismo, la encuesta refiere que después del robo o asalto en la calle o transporte público, la extorsión sigue siendo el segundo delito más frecuente pues representa 24.2 por ciento del total de los delitos ocurridos durante 2015.
Además, la Envipe detalla que la percepción de inseguridad de la población de 18 años y más, en las entidades federativas al momento del levantamiento de la encuesta (marzo-abril 2016), se ubicó en 72.4 por ciento, manteniéndose en niveles similares a los estimados de 2013 a 2015. Sin embargo, la sensación de inseguridad en los ámbitos más próximos a las personas se ha incrementado en 2016, llegando a 65.1 por ciento y 45.4 por ciento de la población de 18 años y más que se siente insegura en su municipio o delegación y en su colonia o localidad, respectivamente.
En este contexto, de acuerdo con cifras en materia de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública han confirmado la urgencia de generar un esquema constitucional que atienda la problemática de seguridad pública de fondo. De conformidad con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2013, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la ciudadanía tiene menos confianza en las policías municipales (39.2 por ciento) que en la Policía Federal (55 por ciento), el Ejército (80.1 por ciento) o la Marina (83.1 por ciento).
Por estas razones se presentaron diversas iniciativas en la materia, las cuales tienen como objetivo fundamental atender las causas que han mermado la capacidad del estado para garantizar las libertades de las personas que al mismo tiempo han generado debilidad institucional en materia policial, su vulnerabilidad frente a las estructuras delictivas y, en algunos casos, su cooptación por las organizaciones criminales.
En consecuencia, el pleno del Senado de la República aprobó en su sesión del viernes 17 de junio de 2016, por 102 votos en pro, 6 en contra y 2 abstenciones el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Federalismo, de Gobernación, de Seguridad Pública, de Estudios Legislativos, de Estudios Legislativos, Primera, y de Estudios Legislativos, Segunda, que contiene el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 y se reforman los artículos 73, fracción XXII; 76, fracción II, 115; 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública.
De este modo, se aprobaron diversas modificaciones constitucionales en materia de seguridad pública, enfatizando que debido a la profundidad e importancia del tema, su implementación será gradual. Entre las propuestas destacan:
1) La incorporación del señalamiento genérico de que la seguridad pública es una función del estado cuya finalidad es salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
2) El establecimiento de las previsiones básicas para el funcionamiento de un Sistema Nacional de Carrera Policial, tales como la incorporación del concepto de prestaciones complementarias de seguridad social para sus miembros, y de los principios de la homologación de protocolos de actuación, operación, y construcción de capacidades policiales en los distintos órdenes de gobierno y del mando federal o estatal.
3) La institución del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Para su funcionamiento, el sistema contará con un Consejo Nacional de Seguridad Pública que será presidido por el presidente de la República, quien estará facultado para nombrar al secretariado ejecutivo del consejo, con la respectiva aprobación del Senado.
El secretariado a su vez, contará con un consejo consultivo integrado por cinco ciudadanos con encargo honorífico, elegidos también por el Senado. Este consejo tendrá la facultad de proponer indicadores para la evaluación y supervisión de las instituciones de seguridad pública, elaborar investigaciones y estudios sobre las políticas públicas en materia de seguridad pública; y fungir como vía de interlocución entre la sociedad civil y el secretariado ejecutivo.
4) Facultar a los gobernadores que asuman temporalmente el mando de las instituciones policíacas de los municipios en casos de fuerza mayor, alteración grave del orden público y las demás que determine la ley, en tanto el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública determina lo conducente.
5) Incorporar la figura de la policía de proximidad, con competencia para la aplicación de los bandos de policía y gobierno, e infracciones administrativas, que sólo podrá auxiliar en la investigación de los delitos; y,
6) Facultar al Congreso para expedir la Ley General de Seguridad Pública Reglamentaria del Artículo 21 Constitucional, definir la concurrencia entre la federación, las entidades federativas y los municipios en dicha materia; y, establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública de carácter federal.
En consecuencia fue turnado a la Cámara de Diputados para los efectos del apartado A) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con fecha 23 de junio de 2016 la Cámara de Diputados recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21; y se reforman los artículos 73, fracción XXIII; 76, fracción II, 115, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública.
Por ello, resulta oportuno manifestar la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado mexicano para desempeñar la función de seguridad pública y propiciar ambientes de paz y tranquilidad que permitan brindar satisfacción al derecho de toda persona a la seguridad pública. Para atender esta situación de seguridad es necesario concentrar las funciones policiales en determinados órdenes de gobierno, a efecto de facilitar las condiciones de mando, así como de focalización de tareas de seguridad en determinados territorios.
Por estas razones, es preciso señalar que ha transcurrido el término previsto en la ley y el reglamento para que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública emitan el dictamen correspondiente. Por lo antes expuesto, solicito a usted, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente lo siguiente:
Único. Formule atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, de la Cámara de Diputados, para que emitan el dictamen a la minuta que contiene el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 y se reforman los artículos 73, fracción XXII; 76, fracción II; 115; 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.
Senadora Angélica de la Peña Gómez (rúbrica)
Efemérides
Con motivo del 27 de enero, Día Internacional de Conmemoración Anual en memoria de las Víctimas del Holocausto, a cargo del senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del PRI
“El deber del superviviente es dar testimonio de lo que ocurrió, hay que advertir a la gente de que estas cosas pueden suceder, que el mal puede desencadenarse. El odio racial, la violencia y las idolatrías todavía proliferan”.
Elie Wiesel (1928-2016)
(Escritor, sobreviviente del Holocausto, Premio Nobel, y líder internacional del movimiento de recuerdo a las víctimas del Holocausto.)
El genocidio consiste en la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos. Sin duda, uno de los crímenes más abominables de la humanidad.
Este concepto nos trae a la mente casi de inmediato la persecución, el asesinato metódico y burocráticamente organizado auspiciado contra 6 millones de judíos por parte del otrora régimen nazi y sus colaboradores.
Una de las peores tragedias de la humanidad en lo que se decía un mundo “civilizado”, cuando para 1945, según datos históricos, se había asesinado a casi 2 de cada 3 judíos europeos como parte de la política nazi y lo que llamaron “Solución final”.
Mas no sólo fue este pueblo el objetivo, sino miles de romaníes (gitanos) que también eran considerados una amenaza para la Alemania de aquellos años, y miles de pacientes discapacitados física o mentalmente en un terrorífico y denominado “Programa de Eutanasia”.
Hechos que parecieran salidos de una de las más espeluznantes y sanguinarias películas de horror, pero que lamentablemente forman parte de las líneas de la historia.
No podemos volver el tiempo atrás, pero mirando hacia el futuro, es necesario tomar conocimiento y conciencia de este tipo de acontecimientos para que la comunidad entera pueda tomar medidas para evitarlos y que nunca más se vuelvan a registrar actos de genocidio.
Sabemos que no se trata del único acto de esta naturaleza, pero sirva para tomarlo como referencia para que eso no vuelva a suceder.
Por ello, muy destacable que Naciones Unidas hayan designado el 27 de enero de cada año (aniversario de la liberación de los campos de exterminio nazis) como Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto, e inste a los Estados miembros a que “elaboren programas educativos que inculquen a las generaciones futuras las enseñanzas del Holocausto con el fin de ayudar a prevenir actos de genocidio en el futuro”.
En el marco de esta conmemoración, un recuerdo y homenaje a la memoria de quienes perecieron en los tan execrables acontecimientos del Holocausto y un reconocimiento al coraje y valor de los supervivientes y de todos aquellos que ayudaron y contribuyeron a su liberación.
Dado en la Ciudad de México, Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, el 25 de enero de 2017.
Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica)
Con motivo del 25 de enero, Día del Biólogo en México, a cargo de la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN
El Día del Biólogo se celebra, en México, cada año el 25 de enero. Se trata de un día en el que se ensalza la actividad desarrollada por todos y cada uno de los biólogos cuyo trabajo está relacionado con el estudio de la vida.
Los biólogos estudian a los seres vivos de manera integral, desde el nivel molecular hasta cómo se integra a los ecosistemas; a fin de conocer su estructura, función, diversidad, origen, evolución e interrelaciones.
El marco conceptual que manejan los biólogos, se basa en la teoría de la evolución y los conocimientos fundamentales del origen, la evolución y las funciones de los seres vivos. Asimismo se enfoca al estudio de los procesos hereditarios, la diversidad de los seres vivos, el desarrollo de los organismos y las relaciones entre éstos y su medio1 .
Los estudiosos de la vida trabajaron durante el siglo XIX esencialmente en el catálogo de animales y plantas. Hasta que llegó la primera revolución de la biología en 1860, cuando Charles Darwin describió los mecanismos de la evolución en su obra El origen de las especies .
La segunda revolución tuvo lugar en 1953 y llegó gracias al descubrimiento del ADN y por consiguiente, el conocimiento de que la información genética era universal, que todos los organismos tenemos una información genética en común.
La tercera y última revolución tiene que ver con el diseño animal, es decir, cómo se dispone el cuerpo de un animal en las tres dimensiones del espacio y cómo los genes construyen a un organismo en esas tres dimisiones.
Es por eso que el 25 de enero es el Día del Biólogo, fecha que se festeja en conmemoración de la fundación del Colegio de Biólogos de México, AC, en 1961, como la primera institución que preparó profesionales del área en el país2 .
Felicidades a todos que desempeñan esa gran y noble labor a favor de todos los seres vivos en el planeta, la preservación de todas y cada una de las especies, es importante en la vida del ser humano, para el propio conocimiento.
Notas
1 UNAM. http://oferta.unam.mx/carreras/34/biologia. Consultado en línea 20 de enero2017.
2 Colegio de México.
http://www.colegiodebiologosdemexico.org/inst_historia.h tml. Consultado en línea 20 de enero de 2017.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.
Senadora Silvia Garza Galván (rúbrica)
Con motivo del 34 aniversario de la creación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a cargo de los senadores del Grupo Parlamentario del PRI
En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) recordamos el 34 aniversario de la creación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), organismo público con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, que se distingue por ser una herramienta eficaz, confiable y asequible en la difusión de información relativa a los aspectos que caracterizan el territorio nacional.
En el trigésimo cuarto aniversario de su creación, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI expresamos nuestro reconocimiento y confianza al trabajo del Inegi, y hacemos el llamado para que se continúe conduciendo con la misma responsabilidad, objetividad y profesionalismo con que lo ha hecho desde su creación.
El Inegi fue creado a través de decreto presidencial de fecha 25 de enero de 1983. Para ponderar su trascendencia, es oportuno señalar que es el organismo encargado de producir, integrar y dar a conocer la información estadística de la población y economía del país, así como la que comprende todos los aspectos de la geografía del territorio nacional.
Entre sus actividades relevantes destaca el desarrollo de censos nacionales de población y vivienda; económicos; y agrícola y ejidal, así como la integración del Sistema de Cuentas Nacionales de México y el desarrollo de los índices nacionales de precios del consumidor y de precios al productor.
Además, desde 1995 también realiza conteos de población (actividad intercensal que se elabora cada cinco años para actualizar la información del último censo de población).
Aunado a lo anterior, el Inegi tiene a su cargo la coordinación de las actividades de otras dependencias del gobierno federal y del de las entidades federativas que a su vez llevan a cabo la generación de información estadística y geográfica, incluyendo las del propio instituto, a fin de estar en la posibilidad de concentrar esfuerzos para formar una infraestructura de datos de México mediante el Sistema Nacional de Información y Estadística y Geografía.
A través del Inegi tenemos acceso a estadísticas objetivas, integrales y veraces sobre temas medulares como el producto nacional mensual; encuestas de confianza de los consumidores y muestras de proporción de comercios; ocupación y empleo, educación; violencia intrafamiliar y de pareja; días y semanas internacionales de distintos temas u acontecimientos; y estudios y proyecciones de diversas instituciones gubernamentales, por mencionar algunos.
Para el desarrollo de estas actividades, el instituto tiene presencia en todo el país, aunque desde 1985 su sede está en Aguascalientes, Aguascalientes, cuenta con 10 direcciones regionales, 32 coordinaciones estatales y 46 centros de información, donde la población tiene acceso gratuito a sus publicaciones y adquiere productos y servicios.
La información proporcionada por el Inegi reviste de la mayor importancia y utilidad. Por ello, los legisladores del PRI, reconocemos su labor en la generación de información estadística y geográfica.
A 34 años de la creación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI felicitamos a quienes lo integran y hacemos un llamado para que sigan trabajando a fin de que continúe siendo una institución de vanguardia.
Sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.
(Rúbrica)
Con motivo del 26 de enero, Día Mundial de la Educación Ambiental, a cargo de la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN
La educación ambiental es un campo de acción y una disciplina que se ubica con claridad en la interfase entre lo social y lo natural. Su objetivo central es modificar las relaciones entre las sociedades humanas y los ecosistemas, a través de fomentar la comprensión cabal y crítica de estas relaciones y promover actitudes y comportamientos responsables en los ciudadanos1 .
La educación ambiental adquirió su legitimación como campo pedagógico en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrado en Suecia en 19722 . Sin embargo, es posible afirmar que en América Latina este campo comienza a expresarse al menos una década más tarde, con especificidades propia3 . En México y en la región latinoamericana, la educación ambiental se ha desarrollado a partir del reconocimiento de las grandes diferencias entre grupos sociales al interior de los países, así como entre las naciones. Con un profundo sentido de responsabilidad social, la educación ambiental se ha propuesta apoyar la compresión y la búsqueda de solución de los problemas ambientales, pero también fortalecer a los sujetos y grupos sociales para la transformación de las relaciones de poder prevalecientes y que constituyen una de las principales causas de la actual crisis ambiental4 .
En el centro de la actividad de la educación ambiental se encuentra también una preocupación por el grave deterioro de los sistemas naturales que sustentan la vida sobre nuestro planeta y que brindan los bienes y servicios para la sobrevivencia humana. Por ello, son también objetivos de la educación ambiental mantener la salud de los ecosistemas, procurar la conservaciones de las demás espacies con las que compartimos el planeta, así como conocer las características de estas muchas especies y entender el funcionamiento de los ecosistemas5 .
Por los motivos antes expuestos, hoy conmemoramos una disciplina que si bien ha sido objeto de intensos debates teóricos, hoy más que nunca resulta de vital importancia. Ante la amenaza del cambio climático, la extinción masiva de especies, y el vertiginoso ritmo con el que transformamos los bosques y selvas, impulsar la educación ambiental en el país será esencial para general nuevos pautas culturales para contrarrestar estos fenómenos.
Notas
1 Castillo, A. 2007. ¿Educación ambiental sin ecología? En: La educación frente al desafío ambiental global: una visión latinoamericana. Gónzalez-Gaudiano, editores. Páginas 45-56. Crefal/Siglo XXI.
2 Castillo, A. y Gonzáles-Guadiano, E. 2009. La educación ambiental para el manejo de ecosistemas: el papel de la investigación científica en la construcción de una nueva vertiente educativa. En: Educación Ambiental y manejo de ecosistemas. Castillo, A. y Gonzáles-Guadiano, coordinadores, Páginas 9-34. INE-Semarnat-UNAM.
3 González-Gaudiano, E. 1999. Otra lectura a la historia de la educación ambiental en América Latina y el Caribe. Tópicos en Educación Ambiental 1(1), 9-26.
4 Castillo, A. 2007. ¿Educación ambiental sin ecología? En: La educación frente al desafío ambiental global: una visión latinoamericana. Gónzalez-Gaudiano, editores. Páginas 45-56. Crefal/Siglo XXI
5 Ibídem.
Ciudad de México, Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.
Senadora Silvia Garza Galván (rúbrica)
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