Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4691-IV, jueves 5 de enero de 2017
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a implantar o, en su caso, fortalecer e impulsar por las instancias correspondientes campañas de reciclaje de árboles navideños para depositarlos en los centros de acopio, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Entre otras cuestiones, las fiestas decembrinas se caracterizan por la instalación de adornos coloridos, tales como los árboles de navidad tanto artificiales como naturales.
Los árboles de navidad (tanto nacionales como internacionales) son producidos en plantaciones forestales comerciales especializadas, y representan una opción representativa de la Navidad, por lo que actualmente es complicado imaginar dichas fechas sin la presencia de ellos.
En contraste, una problemática que prevalece alrededor de los árboles de Navidad es que después de permanecer por semanas en los hogares, es común que miles de ellos terminen en basureros o en la vía pública, lo cual deriva en repercusiones de diversa índole, que afectan tanto al medio ambiente como a la salud de la población.
Ante este panorama, del que México no está exento, resulta de vital importancia contar con programas, planes y acciones encaminadas a fomentar el reciclaje para que los árboles de navidad naturales no terminen depositados en tiraderos y de esta manera, sea asequible su óptimo aprovechamiento.
En este tenor, el presente punto de acuerdo tiene como objetivo contribuir a que los árboles de navidad naturales que han sido utilizados durante las fiestas decembrinas que recientemente concluyeron, puedan ser transformados en compostas, y la mezcla orgánica de otros cultivos, que a su vez permita crear nuevos árboles para futuras reforestaciones y otros productos.
El exhorto formulado se hace en función de lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto jurídico que a la letra establece que: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.
Bajo esta premisa, cabe destacar que nuestro país posee una importante riqueza natural, prueba de ello es que contamos con la denominación de país “megadiverso”, es decir, formamos parte del grupo de naciones poseedoras de la mayor cantidad y diversidad de animales y plantas.
Con base en información de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), en el territorio nacional hay casi 70 por ciento de la diversidad mundial de las especies1 . Dicha situación nos constriñe en la obligación ineludible de erigirnos como promotores permanentes del cuidado y salvaguarda del medio ambiente, derecho humano que se encuentra reconocido en el concierto de las naciones y en orden jurídico nacional.
En relación al tema que nos convoca, es oportuno referir que los bosques mexicanos albergan alrededor de 50 por ciento de las especies de pino que se conocen a nivel mundial y 33 por ciento de las registradas como encinos, esto sin considerar las especies endémicas de vida silvestre que cobijan2 .
En complemento de lo anterior, es oportuno precisar que la Comisión Nacional Forestal (Conafor), señala que para la Navidad de 2016, los productores mexicanos alcanzaron una producción de 800 mil árboles que crecieron en plantaciones comerciales de diferentes estados del país. Además, el estado de México fue el principal productor de árboles de Navidad, con 500 mil ejemplares que crecieron en 4 mil 715 hectáreas3 .
De acuerdo con información de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), las entidades productoras en nuestro país son: estado de México, Guanajuato, Ciudad de México, Coahuila, Veracruz, Durango, Michoacán, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Jalisco, Nuevo León, Zacatecas, Hidalgo, Querétaro, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sonora, Aguascalientes y Chiapas4 .
A partir de las consideraciones vertidas, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos de la suma relevancia que los gobiernos de las 32 entidades federativas, para que en el marco de sus atribuciones y a través de las instancias correspondientes, implementen o, en su caso, fortalezcan e impulsen campañas de reciclaje de árboles de Navidad, a fin de que sean depositados en los centros de acopio que sean destinados para dicho objetivo.
El objetivo es contribuir a que los árboles de navidad sean utilizados adecuadamente y aprovechados, principalmente para llevar a cabo la elaboración de abono orgánico, compostas e insumos para trabajos de jardinería.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que en el marco de sus atribuciones y a través de las instancias correspondientes, implementen o, en su caso, fortalezcan e impulsen campañas de reciclaje de árboles de Navidad, a fin de que sean depositados en los centros de acopio destinados para dicho objetivo.
Notas
1 http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/quees.html
2 http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/bosqueTemplado.html
3 http://www.gob.mx/conafor/articulos/nuestro-arbol?idiom=es
4http://www.profeco.gob.mx/encuesta/brujula/bruj_2015/bo l318_arboles_de_navidad.asp
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2017.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se cita a comparecer al titular de la SHCP para que explique las razones del incumplimiento del compromiso del presidente de la República de no incrementar los precios de gasolinas y diésel, suscrita por los senadores Marcela Torres Peimbert, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del PAN
Los suscritos, Marcela Torres Peimbert, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Víctor Hermosillo y Celada, Senadores de la República de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así? como del artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el cual se cita a comparecer al titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que explique las razones que motivaron el incumplimiento del compromiso del Presidente de la República de no incrementar los precios de gasolinas y diésel , lo anterior al tenor de las siguientes
Consideraciones
El impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) se considera como un impuesto al consumo, caracterizado porque el contribuyente lo puede trasladar a terceros, de manera que no sufra el impacto económico del gravamen, y que el costo recaiga de forma definitiva sobre el consumidor final.
El IEPS fue concebido, entre otras causas, como un impuesto especial para los bienes y servicios que producen efectos negativos a la sociedad como el tabaco, las bebidas embriagantes, los refrescos y bebidas azucaradas, etcétera, para desincentivar su consumo. Evidentemente, las gasolinas, el diésel y otros combustibles fósiles derivados del petróleo no encuadran en este tipo de bienes, por tratarse de insumos básicos para los medios de transporte, y uno de los factores de mayor impacto en la inflación de los precios de productos y servicios.
Recientemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anuncio? que, en el plazo del 1 de enero al 3 de febrero del año en curso, los precios al público de la gasolina tendrán un incremento, quedando de la siguiente forma:
Gasolina Magna: $15.99
Gasolina Premium: $17.79
Diésel: $17.05
Lo anterior significa un aumento de 14.2 por ciento adicional para gasolina magna, 20.1 por ciento gasolina Premium y 16.5 por ciento más para el diésel. Asimismo, se dio a conocer la calendarización para la liberalización de los precios de los combustibles, destacando que a partir del 18 de febrero del presente año se actualizarán los precios diariamente.
El impuesto aplicado a las gasolinas ha sido uno de los principales ingresos que han servido de soporte a las finanzas del gobierno federal; tan solo en 2016 se recaudaron más de 140 mil millones de pesos, lo cual nos permite saber mediante un simple cálculo que los ingresos para el sector público con cargo directo al bolsillo de los ciudadanos para este año será de alrededor de 300 mil millones de pesos. Esta cantidad supera con creces los primeros efectos del daño económico que sufrieron las familias y emprendedores con la tóxica reforma fiscal del año 2013, misma que mantiene a México en la antesala de una crisis.
Estos 300 mil millones de pesos de sobreprecio que se les está cobrando por la gasolina a los ciudadanos, es el equivalente al total del crecimiento de la economía en su conjunto. Esta tendencia recaudatoria arroja un monto de recaudación mayor en 37.2 por ciento a lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación para 2016, lo cual permite estimar que para finales de 2017 el gobierno habrá recaudado vía impuestos a las gasolinas alrededor de 300 mil millones de pesos. Estos cálculos someros permiten cuestionar severamente las estimaciones recaudatorias de la Secretaría de Hacienda, y afirmar que están muy por debajo a lo real.
Aún más preocupante es que lo recaudado al final de 2016 equivale al crecimiento del PIB de 2015, y permite tener un punto de referencia del tamaño del saqueo de recursos que el órgano recaudador realiza a costa del dinero de los contribuyentes. En administraciones pasadas el gobierno federal subsidiaba el precio de la gasolina para que este fuese menor al precio promedio internacional, es decir, el Gobierno apoyaba la economía de las familias. Hoy en día el panorama es completamente distinto: los precios bajos del petróleo a nivel internacional permiten tener precios bajos en la gasolina; sin embargo, se mantienen precios altos, se siguen aumentando como nunca antes y lo que es peor, los ciudadanos subsidiamos las finanzas y el gasto improductivo e irresponsable del gobierno federal.
Es así que la actual administración se ha convertido en depredadora insaciable de la economía de las familias y los emprendedores, pues evidentemente esta? importando gasolinas más baratas, las vende más caras y se da el lujo de incrementar su precio como nunca antes, atropellando los reclamos de la ciudadanía e ignorando las protestas que anticipan los caros efectos negativos de una medida recaudatoria tan torpe como voraz.
El presidente Enrique Peña Nieto prometió, primero en campaña y luego en los inicios de su gobierno, que con la reforma hacendaria por primera vez los mexicanos no tendrían que pagar por más “gasolinazos” los cuales dañan directamente la economía de las familias. El PRI en el gobierno sigue sin dar explicaciones suficientes, claras y razonables a los ciudadanos sobre la decisión de aumentar como nunca antes el precio de las gasolinas, y tampoco ha dado la cara para explicar los impactos que generarán en los bolsillos de las familias los nuevos precios de la gasolina y el diésel.
Es por ello que resulta indispensable que el Ejecutivo federal explique el motivo del incremento confiscatorio y abusivo en el precio de la gasolina y diésel que contradice sus ofrecimientos a favor de la economía de las familias mexicanas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición de urgente resolución con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cita al secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, para que comparezca ante legisladores integrantes de esta Comisión Permanente y explique los motivos y razones que motivaron el aumento histórico de las gasolinas y el diésel a partir del 1 de enero de 2017, asimismo para que informe de manera clara como impactarán los nuevos precios de las gasolinas en los bolsillos de las familias mexicanas.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo para que instruya a todas las dependencias de la administración pública federal a disminuir el gasto en la alta burocracia en rubros tales como apoyos para telefonía celular, viáticos, comidas, etcétera.
Tercero. Se solicita a todas las dependencias de la administración pública federal un informe detallado respecto al número de giras de trabajo que han realizado los secretarios de Despacho a las entidades donde habrá elecciones constitucionales este año, así como el costo pormenorizado de cada una, contemplando los gastos de traslado (avión, vehículos), comida y hospedaje del personal de avanzada, escolta, logística, etcétera, y de los actos que se han llevado a cabo.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 5 de enero de 2017.
Senadores:Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a hacer efectivos los derechos político-electorales de las mujeres en Oaxaca, particularmente en los casos de la presidenta municipal electa de San Pedro Atoyac, Jamiltepec, y de la síndica electa de Pinotepa Nacional, suscrita por la senadora Angélica de la Peña Gómez y las diputadas Cristina Ismene Gaytán Hernández y Hortensia Aragón Castillo, del Grupo Parlamentario del PRD
Las suscritas, senadora Angélica de la Peña Gómez, diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández y diputada Hortensia Aragón Castillo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Comisión Permanente el Punto de Acuerdo, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
1. El 28 de abril de 1981 fue en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto de Promulgación por parte del Estado Mexicano, de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer,1 en cuyo artículo II se establece que Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna.
2. El 12 de mayo de 1981 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto de Promulgación por parte del Estado mexicano, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.2 En ella se establece:
“Artículo 7 Los Estados parte tomarán todas las medida apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:
a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegible para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;
b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales;
c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.”
3. El 19 de enero de 1999 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto Promulgatorio, por parte del Estado Mexicano, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”;3 en la cual se contempla que todas las mujeres tienen el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. 4
4. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, prohibiendo todo tipo de discriminación, incluidas las motivadas por el género; reconoce la igualdad entre varones y mujeres; y establece los contenidos mínimos de los derechos político-electorales de sus ciudadanos.
5. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece en su artículo 7, que es derecho de los Ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular .5
6. En julio de 2016, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la primera sentencia en la que se aplicó el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, a través de la cual se ordenó la reinstalación de una regidora.6 Este Protocolo fue emitido por diversas instituciones del Estado, como un mecanismo para establecer las acciones frente a los casos de violencia política contra las mujeres y en él se indica que esta:
“...comprende todas aquellas acciones y omisiones —incluida la tolerancia— que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.”7
7. En días pasados, se ha tenido conocimiento público de los impedimentos, que han incluido el uso de medios violentos, que han sufrido mujeres en el Estado de Oaxaca, para ejercer en condiciones de igualdad y seguridad, sus derechos político-electorales, particularmente, en los casos de Irma Aguilar Raymundo, Presidenta Municipal Electa en San Pedro Atoyac, Jamiltepec, Oaxaca, y de Yareli Cariño López, Síndica Electa del Municipio de Pinotepa Nacional, quienes han sido hostigadas y amenazadas, a fin de evitar que tomaran protesta, asumieran sus respectivos cargos y buscando que renuncien. Tal es la gravedad, urgencia y daño irreparable de los casos, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró necesario solicitar Medidas Cautelares a fin de salvaguardar los derechos humanos de estas mujeres.8
8. Pese a que el Estado está obligado por instrumentos internacionales y por su legislación local a hacer efectivos los derechos político-electorales de las mujeres en condiciones de igualdad, estamos siendo continuamente testigos de las dificultades que enfrentan las mujeres de nuestro país para ejercer en cargos de elección popular y de la violencia política que enfrentan por razones de género. Debido a esto, es vital que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, lleven a cabo medidas tendientes a garantizar los derechos humanos de todas y todos.
Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a consideración de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, al Gobierno del Estado de Oaxaca, para que garantice la toma de protesta y el ejercicio de las funciones para las que fueron electas, de las mujeres que ganaron en los procesos locales, en condiciones de igualdad así como seguridad e integridad personales; asimismo, proceda de forma expedita contra los responsables de actos de violencia que están ejerciendo quienes se oponen a la instalación de las mujeres en diversos municipios del Estado, investigando, sancionando y reparando a todas aquellas mujeres que resultaron violentadas en sus derechos político-electorales.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, a hacer un llamado a los Partidos Políticos Nacionales y a los Partidos Políticos Locales, para que tomen medidas contra aquellos militantes que están obstaculizando e incluso usando la fuerza y amenazas para evitar el ejercicio de las funciones legales de las mujeres en el Estado.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y al Instituto Nacional Electoral, para que dentro de sus respectivas competencias, garanticen los derechos político-electorales de Irma Aguilar Raymundo, Presidenta Municipal Electa en San Pedro Atoyac, Jamiltepec, Oaxaca, y de Yareli Cariño López, Síndica Electa del Municipio de Pinotepa Nacional.
Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a informar sobre la situación que guarda la solicitud de medidas cautelares al gobierno del estado de Oaxaca, a favor de Irma Aguilar Raymundo, y Yareli Cariño López.
Notas
1 Disponible en:
2 Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4646605&fecha=12/05/1981
3 Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4942730&fecha=19/01/1 999
4 Véase artículo 4 de la Convención de Belém do Pará.
5 Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_130815.pdf
6 Véase: http://www.trife.gob.mx/noticias-opinion-y-eventos/boletin/5/24/2016
7 Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, pág. 19, disponible en:
http://www.fepade.gob.mx/actividades_ins/2016/marzo/ProtocoloViolencia_140316.pdf
8 Véase: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017/Com_2017_001.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Comisión Permanente, a 4 enero de 2017.
Senadora Angélica de la Peña Gómez
Diputadas:Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a difundir el resultado de las acciones emprendidas para cumplir los acuerdos publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal con relación al sector de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, suscrita por los diputados Ariadna Montiel Reyes y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Mario Ariel Juárez Rodríguez, en nombre de la diputada Ariadna Montiel Reyes, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo, por los que se exhorta al jefe del gobierno de la Ciudad de México a informar sobre el resultado de las acciones emprendidas para dar cumplimiento al acuerdo A/007/2012 del procurador general de Justicia del Distrito Federal, mediante el cual se emite el protocolo de actuación para la atención a las personas de la comunidad LGBTTTI y al acuerdo por el que se declara a la Ciudad de México ciudad amigable con la población lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 23 de noviembre de 2015.
l. Antecedentes
Primero. A partir de la llegada al poder de gobiernos emanados de procesos democráticos en la Ciudad de México, se ha instituido el reconocimiento de los derechos humanos de diferentes sectores de la población, bajo los principios de igualdad y no discriminación. Tal es el caso de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) quienes a partir de organizarse para incidir ante la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo de la ciudad han logrado el reconocimiento y otorgamiento de sus derechos, para revertir la situación de exclusión social en la que los ha colocado la discriminación a la orientación sexual –homofobia– y el rechazo a la identidad de género –transfobia– producto de la falta de educación formal de la sexualidad que eduque y explique sobre la importancia de estos elementos como parte de la identidad sexual que desarrollan todas las personas.
Segundo. La situación de discriminación a que se sujeta a la población LGBTI en la Ciudad de México ha sido documentada desde el 2014 por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred), dando cuenta de 224 expedientes de quejas por parte de este sector de la población, por su parte la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reflejaba para entonces 151 quejas por violaciones a los derechos humanos.1 Sin embargo, para junio del 2016, el propio Copred da cuenta de que la situación de discriminación persiste sin que haya un aparente cambio en favor de esta población.2
Tercero. Los grupos organizados de la sociedad civil que pugnan por el pleno reconocimiento de los derechos humanos de las poblaciones LGBTI, dieron el impulso para que el 23 de noviembre de 2015, el jefe del gobierno de la ciudad, Miguel Ángel Mancera Espinosa, emitiera un acuerdo por el que se declara a la Ciudad de México “ciudad amigable con la población lésbico, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero e intersexual” el que ordena que “para continuar defendiendo y consolidando los derechos de la población LGBTTTI, el gobierno del Distrito Federal” establece nueve compromisos.
II. Objetivo
El presente punto de acuerdo tiene como finalidad exhortar al jefe del gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, para que informe sobre el avance y evaluación de los acuerdos para propiciar mejores condiciones de vida para las personas LGBTI, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 1 de junio de 2012 y el 23 de noviembre de 2015; informar sobre la atención a las denuncias presentadas que involucran la orientación sexual e identidad de género de las personas y a realizar una campaña de difusión que dé cuenta de que los derechos de este sector de la población son derechos humanos.
III. Exposición de Motivos
La Ciudad de México ha sido la cuna de la gestación del movimiento de la diversidad sexual que busca el pleno reconocimiento de los derechos humanos para las personas LGBTI a fin de detener y revertir la situación de vulnerabilidad en la que las ha colocado la exclusión social que viven producto de la falta de educación formal de la sexualidad que eduque e informe sobre la orientación sexual e identidad de género de las personas como condiciones humanas, con las que se construye de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud la identidad sexual.
En esta ciudad se ha alcanzado el marco de derechos más amplio en favor del sector LGBTI, lo que ha permitido su inclusión en la vida social, cultural, económica y política de manera paulatina, a partir del reconocimiento de los derechos de igualdad y no discriminación, así como de acciones afirmativas como el decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 16 de mayo de 2007 que instituyó el 17 de mayo como Día de Lucha contra la Homofobia en el Distrito Federal.
Para revertir la problemática de homicidios –crímenes– de odio por homofobia y transfobia, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, emitió el acuerdo A/007/2012 del procurador general de Justicia del Distrito Federal, mediante el cual se emite el protocolo de actuación para la atención a las personas de la comunidad LGBTTTI, publicado en la Gaceta Oficial el 1 de junio de 2012.3
En la Ciudad de México, donde tras reconocer y otorgar el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se interpuso por el Ejecutivo federal una acción de inconstitucionalidad que fue resuelta en agosto del 2010 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en favor de ampliar este derecho para parejas homosexuales con derecho a la adopción y validez en todo el país, reconociendo así que los derechos LGBTI son derechos humanos.
A partir de ahí y de numerosos juicios de amparo interpuestos en todo el país, la SCJN ha abierto la posibilidad de extender este derecho en diez estados de la República Mexicana, declarando que todos aquellos ordenamientos de las entidades federativas que ciñan el derecho al matrimonio a una relación exclusiva de mujer-hombre y a la procreación son inconstitucionales.
Acorde con esta política de libertad e igualdad, el Ejecutivo federal presentó la iniciativa para incluir el derecho al matrimonio sin discriminación en el cuerpo de la Carta Magna que fue votada en contra con la mayoría de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional el pasado 10 de noviembre por la Comisión de Puntos Constitucionales de esta soberanía, a partir de una serie de manifestaciones en contra por grupos conservadores reunidos en el Frente Nacional por la Familia.
En efecto, este evento se vio precedido por una serie de agresiones y homicidios –crímenes– de odio hacia la población LGBTI desatada por la acción contra los derechos de este sector que alertó a la población en general.4
Huelga decir que ante esta situación y las agresiones y homicidios perpetrados contra la población LGBTI, en fecha reciente en la Ciudad de México no se ha registrado el pronunciamiento claro y la acción en torno a estos hechos por parte del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa.
Ante este clima de violencia contra la población LGBTI de la Ciudad de México, el diputado federal Vidal Llerenas Morales presentó un punto de acuerdo ante esta soberanía para exhortar a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal atender la problemática, mismo que fue turnado a la comisión de igualdad de género el 3 de noviembre de 2016.5
Por lo expuesto, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión someto a consideración de este pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al jefe del gobierno a que difunda el avance y la evaluación del acuerdo por el que se declara a la Ciudad de México ciudad amigable con la población lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 23 de noviembre de 2015.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al jefe del gobierno de la Ciudad de México para que haga pública la atención que la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y el Tribunal de Justicia del Distrito Federal derivados del acuerdo A/007/2012 del procurador general de Justicia del Distrito Federal, mediante el cual se emite el protocolo de actuación para la atención a las personas de la comunidad LGBTTTI.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al jefe del gobierno de la Ciudad de México a realizar una campaña de promoción de los derechos humanos de las personas a partir del reconocimiento de su orientación sexual e identidad de género a fin de incidir ante la población para detener y revertir el clima de violencia y agresión contra el sector de la población LGBTI, para promover el clima de armonía, igualdad y no discriminación que debe prevalecer entre la ciudadanía.
Notas
1 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2014/05/17/959802
2 http://www.informador.com.mx/mexico/2016/667235/6/
comunidad-lesbico-gay-con-mas-denuncias-por-discriminacion.htm
3 http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/4fc830c40 787b.pdf
4 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/11/alertan-de-ola-conservado ra-en-contra-de-comunidad-lgbti
5 http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/nov/20161103-VI.html#Prop osicion5
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de enero de 2017.
Diputados:Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a realizar acciones para concluir diversas obras federales de infraestructura en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco, suscrita por la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La democratización de los asuntos políticos en México ha permitido abrir temas que antes eran invisibles en las agendas de los gobiernos; el crecimiento acelerado de las ciudades sin una adecuada planeación ha traído aparejado grandes problemas de movilidad para los habitantes de las grandes urbes lo que provoca una disminución en la calidad de vida al tener que pasar horas varados en el tráfico, por otra parte, el transporte público no alcanza a cubrir la demanda de los usuarios, sumando a estos problemas, las condiciones deplorables en que se encuentran las unidades del transporte público y las vías de comunicación.
Desde el inicio de la legislatura, he venido pugnando por garantizar a las y los mexicanos el derecho a la movilidad, haciendo visible la necesidad de hacer de nuestras ciudades, espacios pensados para los seres humanos y no para los automóviles, sin embargo, es indiscutible que en un mundo globalizado y competitivo, donde el desplazamiento de las personas de un punto a otro es resultado directo de la dinámica que exige a los ciudadanos buscar fuentes de empleo para poder adquirir los elementos necesarios de subsistencia y recreación, por lo que resulta necesario que el Estado invierta en medios de transportes de uso público que sean eficaces y amigables con el medio ambiente, así como en la rehabilitación de las vialidades, para reducir los tiempos de traslados de un punto a otro, en otras palabras, garantizar a los seres humanos el derecho a la movilidad.
Lo anterior, no debe ser considerado como una medida para impulsar el uso del transporte privado, por el contrario, debe verse como una medida para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
El tiempo perdido en el tráfico tanto para usuarios del transporte público y privado impactan directamente en la degradación del tejido social: los ciudadanos sufren de estrés, pierden tiempo de convivencia con familiares y amigos, el humor social es negativo por lo que la violencia en el ámbito familiar y en las vías públicas aumenta.
De hecho, el pasado 24 de julio, en diversos medios de circulación locales y nacionales, se dio a conocer la noticia del asesinato de Óscar Alberto Sabina Pineda, en la Ciudad de México, por una discusión vial, y en más de una ocasión, a todos nos ha tocado ser parte o estar presentes en discusiones entre conductores o usuarios del transporte público, derivadas del estrés que produce los embotellamientos viales.
Ante esta situación, es oportuno traer a colación el tema del programa “Hoy no Circula”, como una medida orientada a mitigar el uso del automóvil en malas condiciones y priorizar el uso de los vehículos más eficientes, es decir, los que menos contaminan.
“Con la intención de mitigar el uso del vehículo, el Reglamento de Tránsito para la Ciudad de México fue modificado para fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte; no obstante, esta medida no reflexionó en torno a la emisión de gases contaminantes, ya que se redujo la velocidad drásticamente en diversas arterias principales y se suprimieron las vueltas a la derecha, medidas que contribuyen al congestionamiento vial e impactan directamente en la emisión de gases contaminantes”.
Tampoco se consideró la velocidad óptima de conducción de los vehículos en cuanto al aprovechamiento de combustible se refiere, es decir, cuando lo aprovechan al máximo y por lo tanto emiten menos gases al medio ambiente.
“Los vehículos actuales, con un sistema OBD2, convertidor catalítico de tres vías y la válvula TCV, tienen su mejor eficiencia energética, es decir, contaminan menos a una velocidad de 80 kilómetros por hora”, explicó el químico Guerra, aunque enfatizó que el impacto negativo es mínimo.1
Es decir, que entre más lento sea la circulación de los vehículos se emiten más gases de efecto invernadero a la atmósfera, aumentando con ello la contaminación de las ciudades, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren en todo el mundo 1.3 millones de personas debido a la polución urbana. Las causas de este tipo de contaminación son muy variadas, pero cuando hablamos de ciudades los estudios coinciden en que el tráfico rodado está detrás de una parte muy importante de las emisiones.
Los efectos de congestionamiento vial sobre la salud van desde molestias leves como la irritación de ojos o de nariz, hasta enfermedades respiratorias o cardiovasculares de diversa consideración que reducen la esperanza de vida. Igualmente, el ruido del tráfico urbano tiene consecuencias sobre nuestro cerebro que provocan molestias y alteraciones psicológicas; por ello, vuelvo a insistir en la importancia de invertir en la rehabilitación de las vías de comunicación, para hacerlas más eficientes y evitar los embotellamientos viales causados por el mal estado en que éstas se encuentran.
Como diputada federal del distrito 6, correspondiente al municipio de Zapopan, Jalisco, pero sobre todo atendiendo a las peticiones y solicitudes de quienes depositaron su confianza en mí a través del voto, externo la preocupación colectiva de los que residimos en el área metropolitana de Guadalajara por la irresponsabilidad por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal, ya que desde 2015 inicio las siguientes obras de infraestructura: Carretera a Colotlán, paso a desnivel Tecnology Park y ampliación carretera Santa Lucía. Que a la fecha no ha concluido en su ejecución ocasionando un grave detrimento en la calidad de vida de los tapatíos.
Es necesario señalar que a pesar de los compromisos asumidos por la SCT Jalisco, para concluir las obras en fechas pasadas, estas aún se encuentran inconclusas, esto de acuerdo a los avances reportados por la Unidad de Construcción de Obras Públicas e infraestructura de Zapopan, datos que de acuerdo a la unidad, han sido proporcionados por los contratistas y avalados con inspecciones de campo por parte del personal de supervisión de Obras Públicas del municipio, las obras que en su conjunto representan una inversión de recursos federales por 168 millones de pesos y que benefician directamente a 200 mil personas y de forma indirecta a casi 6 millones, debieron de ser concluidas, la mitad de ellas desde el mes de abril de 2016, y la última en octubre del mismo año, es decir, que desde entre 8 y 20 meses a los vecinos de las zonas en rehabilitación se les ha estado violentado el derecho a la movilidad.
Aunado a lo anterior, recordemos que el área metropolitana de Guadalajara, durante todo el año, es un destino para miles de turistas tanto nacionales e internacionales, actividad terciara que es catalogada como un sector estratégico para el desarrollo económico de la región, en 2015, la zona metropolitana de Guadalajara tuvo una afluencia de 11 millones 564 mil 651 turistas, entre nacionales y extranjeros. Sin embargo, ante las dificultades causadas por las obras inconclusas, muchos turistas deciden elegir otros destinos a los cuales se puedan acceder fácilmente por vías completamente habilitadas y que no tengan que pasar demasiadas horas en el excesivo tráfico para llegar a su destino.
Sin ahondar en el tema, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no solo violenta los derechos de movilidad de los habitantes de Guadalajara, sino también los del viajero y de la población que depende económicamente de la actividad turística, lo que se traduce en severas pérdidas económicas para la región.
En este orden de ideas, sin quitarle importancia a las demás obras, quiero resaltar un tema que me parece a todas luces, de gran relevancia debido a que se encuentra situada en una de las vías principales para entrar y salir del área metropolitana de Guadalajara: la construcción del paso a desnivel del Tecnology Park.
Con motivo de esta obra inconclusa, la SCT, arbitrariamente cerró el retorno conocido como “Rancho Contento”, el único acceso para los fraccionamientos, vulnerando una vez más, el derecho a la movilidad, pese a los acuerdos con los habitantes de los fraccionamientos: Rancho Contento, Los Sueños, El Romeral, El Romeral 2 y Lago Nogal, quienes expusieron la necesidad de mantener abierto dicho retorno para poder tener acceso a los mismos, acuerdo que fue violado por la dependencia federal.
Este retorno también fungía como paso al Corredor industrial, Bosque de la Primavera y Venta el Astillero, zonas preponderantemente agroindustriales, que de igual manera, generan derrame económico para el Estado de Jalisco.
En el tramo donde se debe de construir el paso a desnivel del Technology Park, como medida temporal para reducir la velocidad de los automóviles con motivo de las obras, se construyeron una serie de topes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se comprometió con la comunidad a quitar esos topes en el momento en el que quedara concluido el paso a desnivel, momento en el que también se abriría el retorno “Rancho Contento”, sin embargo, el personal de la dependencia federal, cerraron el retorno, no quitaron los topes y por supuesto, el paso desnivel no se ha terminado; lo que deriva en un deterioro en la calidad de vida de sus habitantes, es una violación al derecho humano a la movilidad, y quiero hacer énfasis que por movilidad me refiero a la manera eficiente de que nos desplazamos del punto A un punto B y del Punto B al C, y no al derecho de tránsito a los automovilistas.
Diputados y senadores integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el derecho a la movilidad es un derecho humano fundamental que desde hace meses se está violentado por la omisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la falta de sensibilidad de la Delegación Jalisco, para gestionar la conclusión de las obras antes referidas. No podemos seguir permitiendo que el Gobierno Federal cuente verdades a medias: mientras no se concluyan las obras iniciadas, no podemos hablar de un México que invierta en infraestructura y garantice el derecho a la movilidad.
Por lo expuesto, y con la finalidad de garantizar la movilidad de los habitantes del área metropolitana de Guadalajara y de los turistas que llegan a esta ciudad, pongo a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, maestro Gerardo Ruiz Esparza, para que en el ámbito de su respectiva competencia, realice las acciones necesarias y publique un plan de trabajo que aceleren y permitan concluir las obras federales de infraestructura: Carretera a Colotlán, paso a desnivel Tecnology Park y ampliación carretera Santa Lucía, ubicadas el área metropolitana de Guadalajara.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, maestro Gerardo Ruiz Esparza, para que al término de la obra “paso a desnivel Tecnology Park” o antes de su conclusión si la viabilidad lo permite, tomando las medidas seguridad necesarias, se retiren los topes construidos cerca del retorno “Rancho Contento”.
Nota
1 Conacyt, ¿Cuál es la relación de la contaminación, el tráfico y el Hoy No Circula?, publicado el 4 de abril de 2016; Fecha de Consulta: 04/08/2016
Disponible en: http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/
6435-el-trafico-el-hoy-no-circula-y-su-relacion-real-con-la-contaminacion-en-la-cdmx
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de enero de 2017.
Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Segob a realizar con las autoridades correspondientes acciones para reconocer a las ciudades heroicas del país y los acontecimientos históricos en que participaron sus habitantes, suscrita por el diputado Cirilo Vázquez Parissi, del Grupo Parlamentario del PRI
Cirilo Vázquez Parissi, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, someto a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que establezca un Programa Especial para la Atención de Ciudades Heroicas, cuyos lineamientos generales regulen el procedimiento para que a las ciudades que acrediten fehacientemente la participación de sus habitantes en la defensa de la soberanía nacional, se les otorgue el título de Heroica, mismo que invariablemente deberá ser otorgado por las legislaturas de los estados. Se le exhorta también para que convoque, a través del Instituto Nacional de Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), a los alcaldes y cronistas de las Ciudades Heroicas reconocidas por las legislaturas de los estados, para la formación de la Red Nacional de Ciudad Heroicas de México. Asimismo, se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que se edite un libro, con la finalidad de que las actuales y futuras generaciones conozcan las Ciudades Heroicas del país y los acontecimientos históricos en los que participaron sus habitantes; mismo que se elaborará con la participación de sus cronistas y/o académicos de reconocida trayectoria y expertos en el tema; y sea publicado por la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional. Finalmente, se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que, en el marco del Programa Especial para la Atención de Ciudades Heroicas, se destine anualmente un fondo concursable de convocatoria nacional dirigido a las Ciudades Heroicas para financiar la edición de libros, revistas y folletos; elaboración de video documentales y productos multimedia; representaciones escénicas; recuperación de sitios históricos y restauración de edificios históricos; establecimiento de museos comunitarios y/o municipales; construcción de monumentos, placas conmemorativas; realización de congresos, mesas redondas, y/o conferencias, con la participación de cronistas de Ciudades Heroicas y/o académicos especializados en la temática o ámbito geográfico, entre otras acciones enfocadas a revalorar el patriotismo de los habitantes de las ciudades mexicanas, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
En su proceso formativo como nación, México ha sufrido diversas invasiones extranjeras, ampliamente documentadas por historiadores de reconocida trayectoria, quienes han acudido a archivos y testimonios de militares que participaron en la defensa del territorio nacional. En 1823 un grupo de militares españoles, al mando del brigadier Francisco Lemaur, se atrincheró en el castillo de San Juan de Ulúa, después de bombardear al puerto de Veracruz, en un esfuerzo por reconquistar a México. Gracias a la primera flota naval militar de nuestro país, dirigida por el capitán de fragata Pedro Sainz de Baranda; y apoyada en tierra por el ejército al mando del general Miguel Barragán, en noviembre de 1825 se puso fin a la ocupación española y se recuperó el bastión veracruzano.
Posteriormente se registró la primera intervención francesa, llamada coloquialmente la “Guerra de los Pasteles” (1838-1839); luego, la invasión estadounidense (1846-1847), en la que México perdió más de la mitad de su territorio; registrándose posteriormente la segunda intervención francesa (1862-1867). Ésta última no solo fue la ocupación militar más prolongada que ha vivido nuestro país en toda su historia, sino la que se extendió a todos los rincones del territorio nacional, efectuándose alrededor de mil 20 combates los cuales han sido históricamente documentados.
En 1914, cuando el país se convulsionaba por la revolución, el Presidente de Estados Unidos de América, Woodrow Wilson, ordenó la segunda invasión estadounidense. En ese año desconoció al gobierno del General Victoriano Huerta; y argumentando que la Revolución atentaba contra la seguridad y las inversiones de su país, invadió el estratégico puerto de Veracruz, desembarcando sus tropas el 21 de abril. Tras diversos combates, en los que participó el personal de la Escuela Naval Militar, el Presidente Venustiano Carranza logró un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para desalojarlo, mismo que ocurrió el 23 de noviembre de 1914.
Derivado de estos acontecimientos históricos, en los que los habitantes de diversas ciudades coadyuvaron con las fuerzas armadas mexicanas en la defensa de la soberanía nacional, existen actualmente numerosas ciudades en la República que llevan el título de Heroica, otorgados principalmente por las Legislaturas de los Estados. Sin embargo, no existe a la fecha un catálogo de Ciudades Heroicas, ni está regulado el procedimiento para otorgar dichas menciones.
En el 2006 se creó en Zitácuaro, Michoacán, la Comisión Nacional de Ciudades Heroicas; y tres años más tarde fue avalada por la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas, una asociación civil fundada en 1977 en Mérida, Yucatán, a la cual pertenece. La primera de ellas es presidida actualmente por el cronista vitalicio de Zitácuaro, Samuel Ruiz Madrigal; y se define como “un órgano colegiado multidisciplinar autónomo de consulta que tiene el propósito de analizar los acontecimientos históricos debidamente fundamentados que sirven de respaldo teórico para proponer y certificar el reconocimiento de aquellas ciudades de la República mexicana que aspiran constituirse en heroicas, con la finalidad de fomentar, promover y transmitir la identidad local, estatal y nacional”.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Ciudades Heroicas actualmente existen 46 ciudades en el país que han recibido la mención de Heroica, debido a la participación de sus habitantes “en las luchas de las diferentes etapas: la independencia, la reforma, las intervenciones extranjeras, y la revolución, títulos que en ocasiones ha sido otorgado por los Congresos de los estados y en otras por los cabildos municipales”. De este conjunto, 16 fueron otorgadas en el siglo XIX, 11 en el siglo XX y 19 en el siglo XXI. Entre las más recientes se encuentran: Paredón, en el estado de Coahuila, elevada a esa distinción el 17 de mayo de 2014; mientras que Juchipila y Jalpa, en Zacatecas, obtuvieron esa distinción en 2016 por el Poder Legislativo de Zacatecas.
De este conjunto, he identificado 43 de ellas, distribuidas en 20 entidades: ocho correspondientes a Veracruz (Alvarado, Córdoba, Cosamaloapan, Coscomatepec, Cosoleacaque, Temapache, Tlapacoyan y Veracruz), cinco a Sonora (Caborca, Cananea, Guaymas, Nogales y Ures), cuatro a Oaxaca (Ejutla, Huajuapan de León, Juchitán y Tlaxiaco), tres a Coahuila (Candela, Paredón y Torreón) y tres a Zacatecas (Jalpa, Juchipila y Zacatecas).
Los estados que cuentan con dos Ciudades Heroicas son: Estado de México (Jocotitlán y Tenango del Valle), Michoacán (Tacámbaro y Zitácuaro), Puebla (Atlixco y Puebla de Zaragoza), Tamaulipas (Matamoros y Tampico) y Tabasco (Cárdenas y Teapa). Las únicas Ciudades Heroicas en sus respectivas entidades son: Ciudad Juárez (Chihuahua), Tijuana (Baja California), Mulegé (Baja California Sur), Campeche (Campeche), Chiapa de Corzo (Chiapas), Concordia (Sinaloa), Huichapan (Hidalgo), Cuautla (Morelos), Huamantla (Tlaxcala) y Valladolid (Yucatán).
En 2013 se efectuó el primer Congreso Nacional de Ciudades Heroicas de México, en Chiapa de Corzo, organizado por el Gobierno del Estado, a través del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, la Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas, AC, y el ayuntamiento de Chiapa de Corzo. En ese Congreso, los cronistas de las Ciudades Heroicas expresaron dos necesidades fundamentales: revisar los criterios para otorgar dichas menciones e implementar un programa nacional de rescate, fomento y promoción de las Ciudades Heroicas de México.
Generalmente han sido las Legislaturas de los Estados quienes mediante decreto otorgan la mención de Ciudad Heroica. En los últimos diez años, la Comisión Nacional de Ciudad Heroicas se ha encargado de recibir las solicitudes presentadas por los cronistas oficiales, las cuales se sustentan con actas de cabildo; y sus integrantes dictaminan la aprobación de Ciudades Heroicas. Posteriormente informa al presidente municipal y acuerdan la celebración del acto protocolario, sin que esos títulos hayan sido ratificados por las respectivas legislaturas de los estados.
No sólo en México, sino en otros países del mundo se otorga también el título de Ciudad Heroica, como en Rusia, Perú (Tacna, desde 1821, por sus servicios distinguidos a la causa de la Independencia), Colombia (Cartagena, en 1815, proclamada por el libertador Simón Bolívar) y Cuba (Santiago de Cuba, en 1983, por ser cuna de héroes, como el general independentista Antonio Maceo, reconocido como el más grande estratega cubano de todos los tiempos).
En el primer país es un título honorífico soviético para premiar el heroísmo demostrado por los habitantes de diferentes ciudades entre 1941 y 1945, durante la Segunda Guerra Mundial (Gran Guerra Patria). Ha sido otorgado a 12 ciudades de la Unión Soviética y a la Fortaleza de Brest, a la cual se le concedió el título equivalente de “Fortaleza Heroica”. Actualmente 2 Ciudades Heroicas se encuentran en Ucrania, 2 (incluyendo la Fortaleza Heroica) en Bielorrusia y 9 en Rusia. De 2006 a la fecha la Federación Rusa otorga el título de Ciudad de Gloria Militar a las ciudades en cuyos territorios se libraron batallas encarnizadas, demostrando sus defensores valentía, resistencia y heroísmo.
Por lo anteriormente expuesto, y al tenor de lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, que reconoce la necesidad de fomentar los valores cívicos para mover a México, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que establezca un Programa Especial para la Atención de Ciudades Heroicas, cuyos lineamientos generales regulen el procedimiento para que a las ciudades que acrediten fehacientemente la participación de sus habitantes en la defensa de la soberanía nacional, se les otorgue el título de Heroica, mismo que invariablemente deberá ser otorgado por las Legislaturas de los Estados.
Segundo. La honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que, a través del Instituto Nacional de Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), convoque a los alcaldes y cronistas de las Ciudades Heroicas reconocidas por las Legislaturas de los Estados, para la formación de la Red Nacional de Ciudad Heroicas de México.
Tercero. La honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que se edite un libro, con la finalidad de que las actuales y futuras generaciones conozcan las Ciudad Heroicas del país y los acontecimientos históricos en los que participaron sus habitantes; mismo que se elaborará con la participación de sus cronistas y/o académicos de reconocida trayectoria y expertos en el tema; y sea publicado por la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional.
Cuarto. La honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que, en el marco del Programa Especial para la Atención de Ciudades Heroicas, se destine anualmente un fondo concursable de convocatoria nacional dirigido a las Ciudades Heroicas para financiar la edición de libros, revistas y folletos; elaboración de video documentales y productos multimedia; representaciones escénicas; recuperación de sitios históricos y restauración de edificios históricos; establecimiento de museos comunitarios y/o municipales; construcción de monumentos, placas conmemorativas; realización de congresos, mesas redondas y/o conferencias, con la participación de cronistas de Ciudades Heroicas y/o académicos especializados en la temática o ámbito geográfico, entre otras acciones enfocadas a revalorar el patriotismo de los habitantes de las ciudades mexicanas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de enero de 2017.
Diputado Cirilo Vázquez Parissi (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al titular de la SHCP a realizar modificaciones normativas para que la Cuenta de la Hacienda Pública Federal refleje la integración detallada de la medida más amplia del balance fiscal, suscrita por la diputada Karina Padilla Ávila, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita Karina Padilla Ávila, diputada federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables, somete a la consideración a la consideración de esta Soberanía, el presente punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que realice modificaciones normativas que permitan que la Cuenta de la Hacienda Pública Federal dé a conocer la integración detallada de la medida más amplia del balance fiscal con base en las siguientes;
Consideraciones
En la presente administración la corrupción se ha convertido en uno de los defectos más acentuados en todos sus niveles, situación que lejos de de promover ejemplos replicables de legalidad y fortaleza institucional, únicamente está provocando daños en la estructura gubernamental y cimentando la ilegalidad que trasciende a la ciudadanía.
La falta de transparencia en la información sobre la gestión gubernamental se convierte en una gran opacidad, que genera que la información relevante y oportuna este oculta, convirtiendo con ello a los funcionarios públicos en cómplices de la corrupción dado que no revelan información que resulta importante para la ciudadanía, lo anterior a fin de que conozcan en qué situación se encuentran las finanza públicas de México y por tanto el alto monto de los défict fiscales de la actual administración.
El estado actual que guardan las instituciones respecto a la corrupción, principalmente con la instauración del Sistema Nacional Anticorrupción, obliga a los servidores públicos a actuar con honestidad, transparencia y legalidad, así como a vigilar el ejercicio eficiente y responsable de los recursos públicos, con el objetivo de contrarrestar este grave problema público.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe actuar en forma ética y responsable para dar a conocer la información relevante sobre los resultados alcanzados en materia de las finanzas públicas, ya que en la presente administración se ha incrementado la percepción de que la administración pública federal aprovecha los espacios vacíos de las normas y procedimientos establecidos en las leyes, para crear un margen alterno de discrecionalidad, lo cual mantiene un alto grado de opacidad en la información relevante y oportuna que origina la división de poderes y crea entornos desiguales entre gobierno y ciudadanos. La falta de cumplimiento del deber de quienes están obligados a hacerlo evidentemente alienta la corrupción.
Ante dicho escenario, la transparencia y rendición de cuentas debe concebirse como obligaciones del gobernante y de los funcionarios públicos para informar sobre la actuación y el quehacer público, que permita informar adecuadamente a la ciudadanía.
Recientemente, en diversos medios de comunicación ha trascendido lo siguiente:
1. Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el cuarto obscuro donde se tejen las corruptelas en materia del destino del gasto y de la obtención de los ingresos presupuestarios.
2. Que dicha Secretaría asigna discrecionalmente los recursos públicos.
3. Que la Secretaría previamente establece acuerdos no escritos con las diferentes Entidades Federativas para asignar los recursos públicos.
4. Que la Secretaría ha actuado de forma irresponsable en la contratación de cuantiosos montos de Deuda Pública.
5. Que la Secretaría ha sido una pésima institución en la administración de los recursos públicos y que ha dado lugar a elevados déficits públicos.
6. Que la Secretaría ha mantenido una gran opacidad para transparentar el destino de los recursos provenientes de financiamiento interno y externo.
Lo anterior se pone en evidencia con la insuficiente información detallada de la estimación y del resultado alcanzado por los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), y que se publica de manera marginal en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, documento que presenta el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con base en lo dispuesto por el artículo 74, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual es la compilación de información de carácter contable, presupuestario y programático.
Sin embargo, dado que el objetivo de la Cuenta Pública es el fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública, en ocasiones no cumple con dicho propósito, lo que genera una gran opacidad en la administración de los recursos públicos, e imposibilita a los entes fiscalizadores, académicos y ciudadanos en general, de contar con información sobre la evolución y comportamiento de los recursos públicos.
Es de señalar que en la Cuenta Pública se le da una mayor importancia y relevancia al resultado del Balance Presupuestario para el año correspondiente; sin embargo, el déficit presupuestario reportado en los años de la presente administración, aparte de que se ha ido incrementando de manera muy importante, éste no revela la totalidad del déficit de la gestión gubernamental, ya que en 2014 se excluye la inversión de PEMEX, mientras que en 2015 y 2016 excluye la inversión del Gobierno Federal y de las Empresas Productivas del Estado; es decir, lo reportado por el Ejecutivo Federal sólo da cuenta de una parte de déficit total.
FUENTE: Elaboración propia con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Públicas Federal, 2013, 2014 y 2015; e Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, tercer trimestre 2016.
1/ En 2014 excluye la inversión de PEMEX, y en 2015 y 2016 excluye la inversión del Gobierno Federal y de las Empresas Productivas del Estado
No obstante lo anterior, esta situación es permitida por la Ley de Ingresos de la Federación y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el ejercicio fiscal 2015 y 2016, que en su artículo 17 establece que “El gasto en inversión de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias no se contabilizará para efectos del equilibrio presupuestario previsto en este artículo. Lo anterior, sin perjuicio de que los requerimientos financieros del sector público deberán contribuir a mantener la salud financiera de la Administración Pública Federal y a una evolución ordenada del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público. Asimismo, el balance financiero de las empresas productivas del Estado deberá contribuir a mantener la salud financiera de la Administración Pública Federal y a una evolución ordenada del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público”.
Lo antes expuesto evidencia que: el saldo deficitario del Balance Presupuestario desde 2013 a septiembre de 2016 por 371,261.9 mdp., 546,811.2 mdp., 619,135.3 mdp., y por 265,752.7 mdp., respectivamente, implica que dichos recursos deben ser cubiertos con financiamiento, es decir, con deuda pública; sin embargo, al mostrar los montos de Endeudamiento Neto del Sector Público Federal contratados para hacer frente a esos faltantes de recursos, revelan un diferencial importante.
FUENTE: Elaboración propia con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Públicas Federal, varios años.
Es decir, con esa información de los Balances Presupuestarios y con el nivel de endeudamiento reportado por las autoridades hacendarias en esos años, se genera un importante diferencial que induce a preguntar hacia dónde se destinaron dichos recursos o qué entes públicos son los responsables que expliquen esa situación. Sin embargo, lo anterior puede presentarse por lo antes dicho, en el sentido de que el Balance Presupuestario excluye la inversión de PEMEX en 2014, y en 2015 y 2016 excluye la inversión del Gobierno Federal y de las Empresas Productivas del Estado.
Además de lo anterior, en la Finanzas Públicas existe otro concepto denominado Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), que son la medida más amplia del balance fiscal y muestra de forma más integral las necesidades de financiamiento del sector público federal y las de terceros que actúan por cuenta del Gobierno para cumplir con las políticas públicas. Con la reforma de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria publicada el 24 de enero de 2014, los RFSP se establecen como un ancla fiscal adicional al balance presupuestario.
De acuerdo con la LFPRH, los Requerimientos Financieros del Sector Público son las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal y las entidades del sector público federal, que cubre la diferencia entre los ingresos y los gastos distintos de la adquisición neta de pasivos y activos financieros, incluyendo las actividades del sector privado y social cuando actúan por cuenta del Gobierno Federal o las entidades.
Es decir, la meta y el resultado de esta medida se construyen como la suma de los siguientes conceptos:
- Del déficit presupuestario, incluyendo la inversión de las Empresas Productivas del Estado y en proyectos de alto impacto económico y social.
- Los requerimientos financieros del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (0.1 por ciento del PIB).
- Las adecuaciones de registros de la deuda pública
- La inversión financiada asociada a los Pidiregas.
- El superávit de intermediación financiera de la Banca de Desarrollo y los fondos de fomento
- La adquisición de activos financieros por las aportaciones al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP).
Por tanto, el artículo 17 de la LFPRH establece que “Los montos de ingreso previstos en la iniciativa y en la Ley de Ingresos, así como de gasto contenidos en el proyecto y en el Presupuesto de Egresos, y los que se ejerzan en el año fiscal por los ejecutores del gasto, deberán contribuir a alcanzar la meta anual de los requerimientos financieros del sector público”.
De manera particular, para el año 2015 se estableció una meta de los RFSP de 4.0% del PIB; sin embargo, el resultado fue de 4.2%, es decir, 0.2 puntos porcentuales por arriba de lo estimado. No obstante esta situación, la misma LFPRH establece de que si en caso de que, al cierre del ejercicio fiscal, se observe una desviación respecto a la meta de los requerimientos financieros del sector público mayor al equivalente a un 2 por ciento del gasto neto total aprobado, la Secretaría deberá presentar una justificación de tal desviación en el último informe trimestral del ejercicio.
En ese sentido tal desviación equivale a un monto de 93,524.7 mdp., cifra mayor a lo registrado 35,209.4 mdp.; situación por lo cual se cumple lo establecido en la LFPRH; sin embargo, si bien es importante que se cumpla con lo comprometido, vale decir nuevamente que es necesario que en la Cuenta Pública se exprese monetariamente y gráficamente, cómo se integra esta gran medida del Déficit Fiscal como lo son los Requerimientos Financieros del Sector Público, es decir, identificar qué entes públicos son los que están contribuyendo a constituir ese peligroso déficit fiscal, ya que en la Cuenta Pública no se desglosa su integración y por tanto se desconoce cómo se compone el déficit amplio del sector público, ya que solo se publica la meta y el resultado de los Requerimientos Financieros del Sector Publico por 748,099.9 y 726,512.6 mdp., respectivamente, o bien se expresa en términos del PIB.
Pero al igual que en el Balance Presupuestario, si se comparan los montos observados por parte de los RFSP en el periodo 2013-2016, que representan la medida más amplia del balance fiscal, con los del endeudamiento neto contratado por el sector público federal, resulta que estos últimos han sido mayores a los montos de los RFSP. Por tanto, vale preguntar cuál ha sido el destino de los recursos, o bien a qué entes públicos se les adjudica el diferencial del endeudamiento:
- 2013 : 105,697.8 mdp.
- 2014 : 211,308.2 mdp.
- 2015 : 465,043.6 mdp.
- Tercer trimestre de 2016 : la cifra se eleva a 739,875.8 mdp.
FUENTE: Elaboración propia con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Públicas Federal, varios años; e Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, cuarto trimestre 2013 2014 y 2015, y tercer trimestre 2016.
Asimismo, es pertinente señalar que la meta de los RFSP, dada la normatividad vigente, se establece como una estimación en razón del PIB estimado, y no en necesidades reales de una eficiente planeación para determinar un nivel de inversión en sectores productivos. Por tanto, actualmente el nivel de inversión financiada con deuda pública está supeditado al crecimiento de la economía, luego entonces, si el nivel de PIB rebasa lo estimado cabría suponer una mayor inversión, caso contrario, una menor inversión financiada. En ese sentido, el monto de recursos necesarios para invertir con financiamiento debe estar sustentado en un plan de inversión y no a una expectativa de crecimiento del PIB.
La presente proposición con punto de acuerdo tiene como objeto exhortar respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Dr. José Antonio Meade Kuribreña a que remita a esta soberanía en un plazo no mayor a 30 días un informe en el que explique de manera ordenada y detallada la integración de los Requerimientos Financieros del Sector Público como la medida más amplia del balance fiscal, mismo que ha alcanzado niveles sin precedente.
Por lo descrito someto a consideración de esta soberanía el presente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que implemente una metodología basada en una eficiente planeación de corto, mediano y largo plazo, que permita determinar las necesidades reales de financiamiento de las actividades productivas.
Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en un plazo no mayor a 30 días, informe a través de su página oficial de internet y de manera detallada e integral en un documento específico, sobre las necesidades financieras por parte de los diversos entes públicos que dieron lugar al nivel del endeudamiento neto obtenido en los años 2013, 2014, 2015 y al tercer trimestre de 2016.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Comisión Permanente, enero de 2017.
Diputada Karina Padilla Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al SAT a difundir tanto el avance de las recomendaciones que la ASF emitió orientadas a incrementar la producción de petrolíferos como los resultados sobre la recaudación estimada de IEPS en gasolinas en cada una de las zonas establecidas, suscrita por los diputados María Cristina Teresa García Bravo y Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, diputados María Cristina García Bravo y Omar Ortega Álvarez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Energía (Sener) realizó un diagnóstico en 2008 para contar con información relevante sobre la situación de Petróleos Mexicanos (Pemex), en el que se destacó que durante la última década la demanda de petrolíferos en el mercado nacional aumentó 17.0 por ciento; la de gasolinas se incrementó 52.0 por ciento; la de diésel 37.0 por ciento, y la de turbosina 44.0 por ciento; en contraste, la producción de gasolinas se mantuvo constante durante 1998-2007, las importaciones se incrementaron 125.5 por ciento, lo que significó pasar de una factura de importación de gasolinas de 1,062.0 millones de dólares a 10,052.0 millones de dólares.
Se identificó que Pemex Refinación (PR) tenía brechas de desempeño respecto de los estándares de la industria y que las características del crudo extraído crearon desafíos para las refinerías, debido a que éstas fueron diseñadas para procesar crudos distintos (ligeros y superligeros) de los que se extrae (pesados).
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, la reforma energética de 2008 no tuvo el efecto esperado en los indicadores de los procesos en la refinación de petróleo crudo, ya que de 2009 a 2013 la producción de petrolíferos disminuyó en 5.0 por ciento, al pasar de 1, 316.2 a 1, 250.6 millones de barriles diarios (Mbd), por lo que el volumen de las importaciones aumentó 16.1 por ciento, para satisfacer la demanda creciente.
Se verificó que en 2014, Pemex Refinación cubrió con producción nacional 60.0 por ciento (739.7 Mbd) de la demanda nacional de los principales petrolíferos (gasolinas, diésel y turbosina) de 1,233.6 Mbd, cifra inferior en 6.3 puntos porcentuales a la meta de 66.3 por ciento, debido principalmente a la falta de calidad en el crudo entregado por Pemex Exploración y Producción, por la presencia de cloruros orgánicos en la mezcla.
El organismo cubrió 40.0 por ciento restante de la demanda interna con importaciones, lo cual resultó superior en 18.7 por ciento, respecto de lo programado de 33.7 por ciento. En 2014, la participación de las gasolinas y diésel fue de 63.5 por ciento de la producción total de petrolíferos, en tanto que en las importaciones su participación fue de 90.5 por ciento del volumen total.
En 2014, el costo de producción de las gasolinas Pemex magna y Pemex premium fue marginalmente mayor que el costo de importación, ya que el costo de producción de la gasolina Pemex magna fue de 1,553.4 pesos por barril, cifra superior en 2.1 por ciento respecto del costo de importación.
Asimismo, el costo de producción de la gasolina Pemex premium (1,626.0 pesos por barril) fue mayor en 0.1 por ciento en relación con el costo de importación de 1,624.2 pesos por barril, por lo que los costos de producción de PR no son competitivos al ser mayores que los de importación.
En cuanto al precio de venta de las gasolinas magna y premium se determinó que, en 2014, éstos no fueron competitivos respecto del precio del referente internacional. El precio de la gasolina magna fue superior en 1.05 pesos por litro (8.2 por ciento) del referente internacional que se ubicó en 11.76 pesos por litro, y el de la gasolina premium fue mayor en 0.5 pesos por litro (3.8 por ciento), en relación al precio de venta de los Estados Unidos de América.
La Auditoría Superior de la Federación señala que existe un incremento en la demanda de petrolíferos ante un déficit en la producción nacional y una limitada capacidad de infraestructura para incrementar la producción y transportar los combustibles necesarios para satisfacer los requerimientos internos, lo que ha derivado en el incremento de las importaciones.
Por otra parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer los precios y el esquema de aumentos que tendrá el combustible durante 2017. El gobierno federal dividió el país en 90 regiones (7 en frontera y 83 al interior), correspondientes a las zonas que abastece la infraestructura existente de almacenamiento y reparto de Pemex.
Los precios máximos serán diferentes entre las distintas regiones del país, reflejando los costos de llevar los combustibles a cada una de ellas. La diferencia en costos obedece a la distancia de cada localidad a las refinerías de Pemex o a los puntos de importación, así como a los diferentes tipos de infraestructura para el transporte y distribución del combustible.
Para obtener los precios máximos regionales se sumarán tres componentes: Los precios de referencia internacional de cada combustible; los costos de transporte, internación, flete y distribución de Pemex y otros conceptos, incluyendo los impuestos aplicables y el margen comercial para las estaciones de servicio. No obstante, lo anterior, sin tener en consideración los niveles de ingreso salarial de la población.
Mientras que de acuerdo con una investigación de la Cámara de Diputados, los deslizamientos-congelamientos-deslizamientos de los precios de las gasolinas y el diésel en México, han generado que durante el periodo de enero de 2007 a enero de 2015, los mexicanos enfrenten un ciclo de subsidio-carga tributaria subsidio por el consumo de estos petrolíferos, los cuales se reflejan en la recaudación del Impuesto Especial para la Producción y Servicios (IEPS) que recae sobre el consumo de gasolina.
Cuando el ciclo de los precios se encuentra en la fase del subsidio, existe una recaudación por concepto de la venta final de las gasolinas y el diésel por debajo de la recaudación potencial, porque la tasa del IEPS es negativa, transfiriéndose recursos públicos a favor de los consumidores mexicanos a través del sistema de precios. Por el contrario, cuando el subsidio es eliminado, la tasa del IEPS es positiva, la recaudación converge hacia su nivel potencial.
De acuerdo con información de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en 2016 y 2017 los precios máximos de la gasolina se determinan con base en la siguiente fórmula: precios de referencia, más el margen y más los impuestos.
En 2016, la estructura del precio de la gasolina magna se compuso de la siguiente manera: 43.7 por ciento del precio de referencia internacional, 26 por ciento del IEPS, 14.4 por ciento del margen que considera costos de transporte, y 17 por ciento de otros conceptos que incluye el IVA.
De acuerdo con analistas, con la liberación de los precios de la gasolina y el diésel, el erario público obtendrá más recursos por el cobro de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a estos combustibles.
La recaudación del Impuesto Especial a Producción y Servicios (IEPS) federal a gasolinas y diésel rebasó en noviembre la meta para todo 2016 por 54 mil 926 millones de pesos.
En el periodo enero-noviembre se recaudaron 239 mil 364 millones de pesos, por encima de los 184 mil 438 millones de pesos que se programaron para todo 2016, según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Este ingreso fue 30 por ciento mayor a lo que se planeó recaudar en 2016 y en comparación con el mismo periodo de 2015 la recaudación del IEPS fue superior en 33.8 por ciento.
La Ley de Ingresos para 2017 estima una recaudación por IEPS federal de 257 mil 466 millones de pesos, que representa un incremento de 73 mil 28 millones de pesos, en comparación con lo programado para 2016.
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea los presentes:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de Petróleos Mexicanos a hacer público el avance de las recomendaciones que la Auditoría Superior de la Federación emitió, orientadas a incrementar la producción de petrolíferos.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Servicio de Administración Tributaria, haga públicos los resultados sobre la recaudación estimada de IEPS en gasolinas en cada una de las diversas zonas establecidas.
Tercero. Asimismo, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita la comparecencia de los titulares de la Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía, así como de Petróleos Mexicanos, Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para que expliquen el incremento en los precios de las gasolinas, así como el desabasto en algunas entidades del país.
Fuentes
• Auditoría Superior de la Federación (2016), Producción y Distribución de Petrolíferos, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, Grupo Funcional Desarrollo Económico. www.asf.gob.mx
• Cámara de Diputados (2015), Análisis de los precios y de los subsidios a las gasolinas y el diésel en México, 2008-2015, Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, Subdirección de Análisis Económico,
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/se/SAE-ISS-01-15.p df.
• El Economista , En el 2017, IEPS a gasolina dejará más de 280,000 mdp, Finanzas Públicas, 20 de diciembre de 2016.
• El Financiero , Ingresos de IEPS a gasolinas superan meta en 54.9 mmdp, Economía, 2 de enero de 2017.
• SHCP (2016), Comunicado 193 Metodología para la determinación de precios máximos de gasolinas y diésel así como precios máximos vigentes en enero de 2017,
http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-193
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2017.
Diputados:Con punto de acuerdo, sobre la tortura cometida contra el señor David Vargas Araujo acreditada por la recomendación relativa a la queja número CNDH/1/2013/3676/Q de la CNDH, suscrita por el diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena
Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, en calidad de diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. El señor David Vargas Araujo fue detenido por agentes federales en un operativo, junto con otras 11 personas, el 17 de mayo de 2013 en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, y acusado por los delitos de secuestro y delincuencia organizada, por lo que fue instaurada la causa penal 136/2013-V misma que está radicada en el Juzgado Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales en el Penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco.
Cabe señalar que de las 11 personas detenidas, 2 mujeres y 9 hombres, todos fueron torturados para inculparse.
El señor David Vargas Araujo es una persona íntegra, que al momento de su detención se desempeñaba como asesor en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, como asesor en la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, promoviendo proyectos productivos para la población vulnerable o de escasos recursos, de igual forma realizaba los trámites correspondientes ante diversas instancias, municipales, estatales y federales, relacionadas con dichos proyectos.
Fue acusado del secuestro de dos menores del estado de Oaxaca, retenidos en el municipio de Cuilapan de Guerrero, Oaxaca, en enero de 2013, así como por el secuestro de un vendedor de gallos, asunto este último, sobre el cual, ya le fue decretada la libertad lisa y llana en octubre de 2014.
Segunda. David Vargas Araujo fue detenido arbitrariamente por elementos de la Policía Federal quienes no se identificaron ni le comunicaron las razones de la detención.
Fue introducido violentamente a una camioneta, donde fue insultado, golpeado reiteradamente a puñetazos, patadas, y con las armas. Recibió un trato inhumano, al ser parcialmente desnudado y agredido sexualmente por los agentes que lo trasladaban.
Después fue trasladado a una presunta casa de seguridad o instalación oficial. Mientras era interrogado por diversos agentes, fue sometido a asfixia con un trapo húmedo en el rostro y con una bolsa plástica sobre la cabeza en repetidas ocasiones.
Se le aplicaron choques eléctricos en los genitales, que le causaron la pérdida del conocimiento al menos dos veces, tras lo cual era obligado a volver en sí con punciones de un instrumento y golpes diversos.
Además le fueron mostradas fotografías de su esposa e hijas, que fueron tomadas clandestinamente en un paseo familiar una semana antes. Le indicaron que si no se auto inculpaba, “las violarían”, pues las tenían en su poder en las mismas instalaciones. Después lo amenazaron con torturarlas hasta matarlas si no consentía en confesar lo que supuestamente sabía.
En el traslado por avión a la Ciudad de México, agentes cuya identidad desconoce lo amenazaron con “aventarlo desde el avión”, y otras intimidaciones, insultos y amenazas también orientadas a su autoinculpación.
Al llegar a la Ciudad de México, fue entregado a la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR). Al ser interrogado, fue obligado a permanecer de rodillas y recibió de nueva cuenta golpes y amenazas. Finalmente, firmó una declaración prefabricada, a instancias del agente del Ministerio Público federal y fue amenazado para que no dijera nada de los tratos que recibió.
Destaca que durante este ejercicio, estaban presentes diversos servidores públicos, que si bien no lo agredían, no hacían nada por detener los actos violentos y hablaban con tranquilidad con los agentes responsables.
En ningún momento le fue permitido elegir o pedir un abogado de oficio durante la declaración, y le hicieron 48 preguntas bajo coacción. Cuando llegó al final un supuesto abogado de oficio, sólo le dijo “firma para que no te sigan madreando”.
Después se sabría que en dicho documento se autoinculpaba por el caso dos niños, inculpaba por el mismo delito a otras 12 personas también detenidas. En su interrogatorio se reiteraron referencias a su trabajo e identidad política, y se le obligó a dibujar algunos trazos en supuesto “croquis” sobre la operación de los supuestos secuestros.
Cuando le permitieron entrar con un doctor para una revisión médica, recibió patadas y fue amenazado para no decir nada de los malos tratos que recibió.
Transcurridas 32 horas después de la detención, pudo por fin hablar con su esposa telefónicamente a las 2 de la madrugada; previamente, recibió golpes y pisotones de un policía para que durante la llamada “no dijera nada”.
No fue sino hasta 38 horas más adelante que pudo recibir su visita. Dos días después fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social 2 Occidente de Puente Grande, Jalisco.
Los elementos en su contra son muy débiles: la supuesta flagrancia al sostener una reunión con profesores de la Sección XXII; supuestas llamadas a las víctimas; una denuncia anónima y una llamada con los profesores (misma que no aparece en los registros telefónicos).
Tercera . En este caso es claro el uso político de las instituciones de procuración de justicia, toda vez que las declaraciones que de las que es obligado a autoincriminarse están referidas a temas de interés de la opinión pública en Oaxaca, como:
• Para cumplir con las exigencias de justicia por el secuestro de dos niños que son sobrinos del señor Gerardo Gutiérrez Candiani, empresario oaxaqueño presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
• Para afectar la imagen de la Sección 22 de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, que ha mantenido una protesta constante contra el Ejecutivo local y federal durante varios años, y en esos momentos particularmente, por la implementación de la reforma educativa.
• En los interrogatorios que le hicieron elementos de la SEIDO le preguntaron por el gobernador Gabino Cué, el diputado federal Roberto López Rosado, el diputado federal Hugo Jarquín, la diputada federal Rosario Merlín, la senadora Dolores Padierna, el Subcomandante Marcos, el ex presidente del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, los dirigentes del PRD, Jesús Ortega Martínez, Carlos Navarrete y René Bejarano, nombres que eran mencionados sin ningún orden ni lógica, y que de acuerdo a lo que interpreta Vargas Araujo se dirigían a inventar un caso en el que estuvieran implicados dirigentes políticos de izquierda. Asimismo, le preguntaron por los “pleitos” entre Diódoro Carrasco y José Murat, entre Gabino Cué y Ulises Ruiz, así como por el pintor Francisco Toledo y por el político oaxaqueño Lenin López.
Cuarta. El señor Vargas, a su llegada al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 2 Occidente, en Puente Grande, Jalisco, fue sometido a maltrato por parte de algunos custodios, quienes formaron una fila para golpearlo, y al final arrojarlo dentro de una choza de madera. Además, estando con los ojos cubiertos, lo llevaron muy cerca a varios perros que ladraban y gruñían para atemorizarlo. Según comenta, un custodio le instruyó a que dentro del penal siempre debía contestar “Sí, señor”, y le plantearon diversas preguntas que, si no respondía lo que los custodios querían, recibía golpes.
Refiere que, por conversaciones con otros internos, este procedimiento es común como “bienvenida” en el penal con fines de someter la moral de las personas. Dice que varias veces después escuchó las expresiones de dolor de los internos que llegaban al penal, que eran sometidos a malos tratos.
Después de estos malos tratos, tuvo dificultades para respirar y estuvo más de dos horas en observación en el servicio médico.
Antes de ser remitido a su celda, estuvo en el Centro de Observación y Clasificación (COC) en condiciones de hacinamiento, con otras 7 personas. Refiere haber dormido sentado en el excusado ante la falta de espacio.
Refiere que él y otros internos eran sometidos a tortura psicológica en el COC, al recibir repetidas amenazas de custodios acerca de que iban a meterlos en las celdas con “los pelones”, “los zetas” o “los chapos”, es decir, con integrantes de poderosos grupos del crimen organizado.
Su celda ocupa un área aproximada de 3 por 1.3 metros, incluyendo regadera, lavabo y excusado. La comparte con otros dos reclusos, señalados como integrantes de alto nivel de cárteles del narcotráfico. Sólo hay dos literas adosadas a la pared, por lo que uno debe dormir en el suelo sobre un colchón.
Quinta. El señor Vargas desde hace más de 16 años sufre una afección cardiaca: cardiomiopatía hipertrófica obstructiva del ventrículo izquierdo, y que en el año 2010 Vargas fue sometido a un cateterismo, y actualmente producto de la tortura se le diagnosticó síndrome de estrés postraumático, no ha recibido la atención médica adecuada dentro del penal. No hay periodicidad en los exámenes, y las dosis del medicamento que costea su esposa son menores de lo que los médicos le recetan.
Ante sus reclamos para tener exámenes especializados, el médico internista del penal le dijo “a menos que tengas una arritmia, te van a hacer un estudio”; sin embargo, cuando el médico encontró en Vargas Araujo los síntomas de la arritmia, no procedió a solicitar los exámenes.
Asimismo, manifiesta que el dentista lo ha examinado, pero no tiene presupuesto para material para una atención completa.
Vargas Araujo ha comentado a sus abogados y esposa, que tiene periodos de ansiedad en los que no tiene ganas de salir ni siquiera al patio. A veces manifiesta que se le dificulta recordar ciertas palabras y expresarlas.
Sexta. Por todo lo anterior, consideramos que Vargas Araujo fue víctima de detención arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incomunicación, agresión sexual, amenazas y otras acciones contrarias al derecho, a la integridad, a la seguridad y al debido proceso.
Consideramos de suma relevancia mencionar que, a pesar de solicitarlo, no se le practicaron los exámenes médicos y psicológicos para investigar la tortura. Personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se negó a practicarle los exámenes correspondientes pues argumentó no tener facultades para realizarlo. Catorce meses después de la detención, especialistas independientes le practicaron el Protocolo de Estambul que resultó positivo y fue entregado en el juzgado federal como prueba.
De acuerdo a sus abogados, el proceso penal ha enfrentado diversas irregularidades que redundan en la violación flagrante de sus derechos humanos.
Cabe señalar que la CNDH tiene abierto el expediente de queja CNDH/1/2013/3676/Q hasta el momento no se ha dado ningún avance en las indagatorias de dicho organismo.
Por otra parte, del proceso de defensa fue promovida una apelación la cual fue resuelta 9 de octubre de 2014, obteniendo la libertad lisa y llana por el delito de secuestro del señor Calixto Saúl Bravo.
Asimismo, en agosto de 2014 se presentó un amparo en contra del auto de formal prisión y el magistrado resolvió en abril del 2015 que dicho amparo se turna para efectos.
El 29 de abril de 2015, después de una ampliación de declaración, se promovió por motivos de salud un incidente de traslado a la Torre Médica de Tepepan, de la Ciudad de México. No se ha resuelto. Después de casi año y medio de solicitar el traslado al juez, un cardiólogo particular realizó una consulta a David Vargas y ratificara su informe ante el juez el 12 de septiembre de 2016.
Hasta el momento y después del desahogo de interrogatorios, careos entre los coacusados, peritajes de comunicación, etcétera, se ha demostrado que David es una víctima más de la fabricación de culpables.
Después de tres años y tres meses se encuentra aún en la etapa de desahogo de pruebas.
Séptima. El señor David Vargas Araujo sufre de cardiomiopatía hipertrófica obstructiva, siendo diagnosticado hace aproximadamente 16 años, sufriendo dos infartos y arritmias cardiacas. Actualmente es necesario que le sea suministrado metoprolol cada 12 horas, lo cual tiene como efecto prevenir infartos fulminantes en caso particular del señor David. Derivado de la tortura le fue diagnosticado por el psiquiatra del centro penitenciario el síndrome de estrés postraumático, prescribiéndole clonazepan y paroxetina. Cabe señalar que estos medicamentos actualmente son garantizados por su esposa mediante depósitos quincenales.
Octava . La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes federales y reglamentos que de ella emanan establecen un sistema salvaguardas para evitar el uso de la tortura como método para obtener confesiones
El artículo 20 inciso A fracciones V y IX e inciso B) fracción II establecen:
“Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
A. De los principios generales:
...
V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal . Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente;
IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y
X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio.
B. De los derechos de toda persona imputada :
...
II. A declarar o a guardar silencio . Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio , el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio ;”.
El artículo 22 de la Carta Magna señala:
“Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie , la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.”
La actuación del Ministerio Público en los casos en que se presume el uso de la tortura está prevista en el artículo 63 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece que “los agentes del Ministerio Público de la federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial y, en lo conducente a los peritos, para salvaguardar la certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos en el desempeño de sus funciones; se encuentran obligados, entre otras similares, a impedir, por los medios que tuvieren a su alcance y en el ámbito de sus atribuciones, que se inflijan, toleren o permitan actos de tortura física o psicológica u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes; los cuales deberán ser denunciados inmediatamente ante la autoridad competente”.
Asimismo, y en cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos, el 18 de agosto de 2003, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo número A/057/2003, mediante el cual se establecen las directrices institucionales que deberán seguir los agentes del Ministerio Público de la federación, los peritos médicos legistas y/o forenses, y demás personal de la Procuraduría General de la República, para la aplicación del dictamen médico/psicológico especializado para casos de posible tortura y/o maltrato.
Finalmente la Procuraduría General de la República, ha establecido mediante el acuerdo A/085/15 las bases por el cual se establecen las directrices institucionales que deberán seguir los agentes del Ministerio Público de la federación, los peritos en medicina y psicología y demás personal de la Procuraduría General de la República para los que se presuma el delito de tortura.
A su vez, a fin de evitar afectaciones de imposible reparación, el Poder Judicial de la Federación, cuenta mecanismos para la revisión no jurisdiccional de la actuación de tribunales de circuito y de los juzgados de distrito para garantizar el apego del procedimiento a la norma constitucional. Así el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señala que:
Artículo 81. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal:
...
XXXVII. Realizar visitas extraordinarias o integrar comités de investigación, cuando estime que se ha cometido una falta grave o cuando así lo solicite el pleno de la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la visitaduría judicial o a la Contraloría del Poder Judicial de la Federación”.
Por su parte los artículos 98, 101 y 102 a la letra dicen:
“Artículo 98 . La visitaduría judicial es el órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal competente para inspeccionar el funcionamiento de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, y para supervisar las conductas de los integrantes de estos órganos.
“Artículo 101 . En las visitas ordinarias a los tribunales de circuito y juzgados de distrito, los visitadores tomando en cuenta las particularidades de cada órgano realizarán, además de lo que específicamente determine el Consejo de la Judicatura Federal, lo siguiente:
...
V. Examinarán los expedientes formados con motivos de las causas penales y civiles que se estime conveniente a fin de verificar que se llevan con arreglo a la ley; si las resoluciones y acuerdos han sido dictados y cumplidos oportunamente; si las notificaciones y diligencias se efectuaron en los plazos legales; si los exhortos y despachos han sido diligenciados y si se han observado los términos constitucionales y demás garantías que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a los procesados .
...
Artículo 102 . El Consejo de la Judicatura Federal y el secretario ejecutivo de disciplina podrán ordenar al titular de la visitaduría judicial la celebración de visitas extraordinarias de inspección o la integración de comités de investigación, siempre que a su juicio existan elementos que hagan presumir irregularidades cometidas por un magistrado de circuito o juez de distrito”.
En este caso y sin prejuzgar sobre la presunta responsabilidad del señor David Vargas Araujo es claro que las autoridades ministeriales y judiciales deben hacer una revisión sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias a que están sujetos. En específico la Procuraduría General de la República debe practicar de inmediato el llamado Protocolo de Estambul a la hoy indiciada; y el juzgado penal federal donde se le procesa está obligado a reconsiderar sus actuaciones a la luz de la nueva evidencia.
Todo delito de tortura es una grave violación a los derechos humanos y una afrenta para la sociedad en su conjunto. No debe quedar impune un crimen de esta naturaleza.
El Estado mexicano no debe ser omiso ante esta barbarie.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo sobre el caso de David Vargas Araujo
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que conformidad a lo que establece la legislación aplicable, emita a la brevedad posible, la recomendación procedente relativa a la queja CNDH/1/2013/3676/Q, donde se acredito la tortura en contra del señor David Vargas Araujo.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Gobernación, para que gestione lo necesario, a efecto de trasladar al señor Vargas Araujo de Cefereso número 2, Occidente, Puente Grande, Jalisco, a la Torre Médica, Tepepan, Ciudad de México, en función de su atención médica y deterioro de su salud.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo de la Judicatura Federal, para que a través de la visitaduría judicial realicen una visita extraordinaria al juzgado de distrito en materia penal que corresponda y examinen el expediente formado con motivo de la causa penal derivada de ese interrogatorio realizado bajo tortura, a fin de verificar los términos constitucionales y demás garantías que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a los procesados, con el objeto de que se otorgue una justicia imparcial, pronta y expedita a favor del señor David Vargas Araujo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2017.
Diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a modificar la normativa interna y el convenio de prestaciones económicas sociales, culturales y recreativas para su personal sindicalizado a fin de proporcionar el servicio de guardería a los trabajadores en los mismos términos y condiciones que a las trabajadoras con base en la resolución 59/2016 de la SCJN, suscrita por la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En meses pasados, los titulares de los periódicos nacionales reconocían la progresividad del fallo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual, en la sesión del 29 de mayo, resolvió el recurso de revisión 59/2016, en el que concedió el amparo promovido en contra de los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social; 2 y 3 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social y el artículo 8.1.3 de la norma que establece las disposiciones para la operación del Servicio de Guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social, que a decir del quejoso, y ahora, también por la SCJN, resulta a todas luces discriminatoria y perpetuadora de los roles de género; en este sentido, me permito citar el comunicado oficial respecto al criterio adoptado:
“El argumento esencial de la parte quejosa se centra en establecer que las normas citadas hacen una clara distinción del beneficio del servicio de las guarderías, al otorgarlo en forma exclusiva a las aseguradas, cuya única condición es la de ser mujer, mientras que para los hombres asegurados establece una serie de requisitos en su condición de padres o para los hombres que tengan la guarda y custodia de un menor, lo cual considera es una distinción injustificada y discriminatoria, en la medida de que en términos del artículo 4o. de la Constitución federal, el hombre y la mujer son iguales ante la ley.
Para la Segunda Sala el derecho de igualdad entre el hombre y mujer que contempla esta disposición constitucional, busca que ambos sean tratados equitativamente frente a la ley, lo cual necesariamente implica que tanto una como el otro gocen, en el caso concreto, en su calidad de trabajadores asegurados, de los mismos beneficios que brinda la seguridad social, entre otros, el servicio de guardería, conforme a lo previsto en el artículo 123 Apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Federal.
De ahí que sin que exista justificación objetiva para un trato diferenciado, las normas cuestionadas derivan en una situación de discriminación, al restringir a determinados supuestos el derecho del trabajador a gozar del servicio. Lo anterior, en contravención a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 1o. de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”1
Al respecto, es importante hacer dos precisiones que el máximo tribunal de justicia realiza al respecto:
1. Todos los trabajadores tienen derecho al trabajo digno y socialmente útil, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 123 de la Constitución apartado A, haciendo referencia a la fracción XXIX, que establece como un derecho de los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos, y de forma general para cualquier trabajador, el derecho a ser beneficiarios de la seguridad social, por ello, se estipula que la Ley del Seguro Social es de utilidad pública y que comprenderá los seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicio de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.
2. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también invoca lo dispuesto por el artículo primero de nuestra Carta Magna, que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y el derecho al trabajo forma parte de los derechos humanos, también prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género , la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
3. El máximo órgano de control constitucional reafirma que la igualdad entre hombres y mujeres establecida en el artículo 4 de nuestra Carta Magna, implica que no debe existir un trato diferenciado entre géneros para acceder a derechos y cumplir con las obligaciones que impone la ley.
En este sentido, y comprometida con la lucha de lograr la igualdad de género en nuestro país, me preocupa la situación en que se encuentran los trabajadores del sexo masculino que laboran en la Cámara de Diputados y sus hijos e hijas, ya que por disposición legal expresa basada en los estereotipos de género, se impone la obligación al padre trabajador para acceder a los servicios de guardería brindado por el Centro de Desarrollo Infantil (Cendi), de acreditar ser viudo, divorciado y tener la custodia legal de los hijos, en tanto no contraigan matrimonio o entren en concubinato, a diferencia del único requisito establecido para la madre: ser trabajadora de la Cámara de Diputados.
El Centro de Desarrollo Infantil (Cendi), es dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos, de la Cámara de Diputados, y está destinado a brindar atención integral a los hijos de los trabajadores de la misma, ofreciéndoles un ambiente de seguridad, afecto y formación educativa.
Tiene su marco normativo y por ende, su fundamento legal en las siguientes disposiciones:
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 3o., fracciones III, V; y 123 apartado B, fracción XI, inciso C.
• Programas de Educación Inicial y Preescolar establecidos por la Secretaría de Educación Pública.
• Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 51, numeral 1, inciso a).
• Condiciones Generales de Trabajo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, artículo 25, fracción X.
• Convenio de Prestaciones Económicas Sociales, Culturales y Recreativas para los Trabajadores Sindicalizados de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, cláusula tercera numeral 12.
• Lineamientos para la administración y control de los recursos humanos de la Cámara de Diputados.
• Reglamento Interior para la Prestación del Servicio del Centro de Desarrollo Infantil publicado en la Gaceta Parlamentaria, número 3082-I, del 25 de agosto de 2010.
Al respecto, los últimos cuatro ordenamientos legales contienen artículos que se encuentran redactados de manera discriminatoria y perpetuadores de los roles de género al poner mayores requisitos a los trabajadores del sexo masculino para acceder al servicio de guarderías que a las trabajadoras mujeres. De hecho se observa que tal normatividad fue redacta con base en los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social; 2 y 3 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social y el artículo 8.1.3 de la norma que establece las disposiciones para la operación del Servicio de Guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social; artículos que como se mencionó al inicio de esta exposición de motivos, han sido declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Diputados y senadores integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para transitar hacia una sociedad igualitaria, es imperativo reconocer el derecho tanto de hombres como de mujeres para acceder en igualdad de condiciones a las garantías consagradas en nuestra Carta Magna así como en las diversas leyes federales y estatales, basta de demagogia, es hora de empezar a realizar acciones concretas para garantizar las mismas oportunidades de acceso a los derechos humanos tanto a los hombres como para las mujeres, y sobre todo, velar por el interés superior de la niñez, para que crezcan en centros que han sido debidamente adecuados para desarrollar de manera integral sus capacidades físicas y cognitivas, no le quitemos este derecho a los hijos de los padres trabajadores; el buen juez por su casa empieza, y si el Congreso de la Unión no garantiza la igualdad entre hombres y mujeres para acceder al servicio de guardería ni con sus propios trabajadores, ¿cuál es el sentido del Eje del Plan Nacional de Desarrollo “hacer de México un país incluyente”?, basta de crear leyes y modificaciones que sólo otorguen derechos en papel y carezcan de eficacia real, por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a realizar la modificación necesaria a la normatividad interna y el convenio de prestaciones económicas sociales, culturales y recreativas, para los trabajadores sindicalizados de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a fin de proporcionar el servicio de guardería a los trabajadores bajo los mismos términos y condiciones que a las trabajadoras con base en la resolución 59/2016 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Nota
1 SCJN, Segunda Sala declara inconstitucionales artículos de la Ley del Seguro Social y del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Guardería del IMSS, Boletín número 122/2016, Ciudad de México, 29 de junio de 2016.
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/comuni cado.asp?id=4346
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2017.
Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Centro Nacional para la Prevención de las Adicciones y sus homólogas locales a reforzar en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada las políticas dirigidas a prevenir las adicciones y el consumo de bebidas alcohólicas entre la población infantil y adolescente, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El consumo de bebidas alcohólicas no sólo es nocivo para la salud, además, puede generar repercusiones sociales y económicas, razón por la que resulta preocupante el incremento de un consumo excesivo de este producto. Para dimensionar la magnitud de esta problemática, basta mencionar que, la región de las Américas es en donde más se consume este tipo de productos a nivel mundial.1
Los daños a la salud por el consumo de alcohol perjudica a las personas de distintas formas, tales como: provocar lesiones en órganos y tejidos; inducir comportamientos riesgosos durante la fase de intoxicación etílica; y favorecer el trastorno por consumo de alcohol. Además, existen más de 60 afectaciones provocadas exclusivamente por el alcohol y poco más de 200 en las que el consumo de éste puede tener una repercusión negativa.2
La Organización Mundial de la Salud considera diversos niveles de ingesta de bebidas alcohólicas que por la cantidad y frecuencia que se consumen pueden constituir un daño a la salud:
• El consumo de riesgo es un nivel o patrón de consumo de alcohol que puede causar daños en la salud si el hábito del consumo persiste, se refiere al consumo medio regular de 20 a 40 gramos de alcohol diarios en mujeres, y de 40 a 60 gramos diarios en hombres.
• El consumo perjudicial se define como un patrón en el beber que causa daños a la salud física o mental, está definido como un consumo medio regular de 40 gramos diarios de alcohol en mujeres, y más de 60 gramos diarios en hombres.
• La dependencia del alcohol es un conjunto de fenómenos conductuales, cognitivos y fisiológicos en los cuales el uso del alcohol se transforma en prioritario para el individuo, en contraposición con otras conductas que en algún momento tuvieron mayor valor para él.3
La Comisión Nacional contra las Adicciones, “...estima que el abuso del alcohol, por sí sólo, representa el 9% del peso total de la enfermedad en México, por lo que los padecimientos asociados que más pérdida de días de vida saludable son: la cirrosis hepática 39%, las lesiones por accidentes de vehículo de motor 15%, la dependencia alcohólica 18% y homicidios 10%.”4
Es preocupante el incremento del consumo de bebidas etílicas entre las niñas, niños y adolescentes. De acuerdo a cifras del Centro de Ayuda al Alcohólico y sus Familiares, 6 de cada 10 personas identificadas como consumidora de alcohol, tienen entre 12 y 24 años de edad.5
Datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes, 2014, señalan que uno de cada cuatro estudiantes de primaria han consumido bebidas alcohólicas al menos una vez y el consumo excesivo se presenta en el 2.4% de los estudiantes.
En el caso de los estudiantes de secundaria, el 42% de los hombres y casi el 40% de las mujeres reportan haber ingerido bebidas etílicas; y en el nivel medio superior, la cifra aumenta a 74.5% y 73.3% respectivamente. Es importante resaltar que 15 de cada 100 estudiantes son propensos a tener problemas con el consumo de alcohol.6
Estudios señalan que los jóvenes que inician a consumir bebidas alcohólicas antes de los 15 años, tienen cinco veces más probabilidades de sufrir trastornos de consumo de alcohol; cuatro veces más de desarrollar dependencia etílica; y casi siete veces más de sufrir lesiones a consecuencia de accidentes automovilísticos o de una pelea.7
El alcoholismo es una enfermedad que no distingue fronteras sociales, culturales, económicas, de género, ni de edad, por lo que consideramos urgente fortalecer las acciones institucionales que prevengan e inhiban este tipo de conductas entre la población infantil y los jóvenes a fin de salvaguardar el interés superior de la niñez y garantizar su derecho a la salud.
En el Grupo Parlamentario del PRI, reafirmamos nuestro compromiso por impulsar las acciones preventivas que permitan un desarrollo pleno de nuestras niñas y niños y que eviten todo tipo de adicciones entre este sector de la población que constituye el presente y futuro de nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Centro Nacional para la Prevención de las Adicciones y a sus homologas locales en las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y de manera coordinada, refuercen las políticas para prevenir las adicciones y el consumo de bebidas alcohólicas entre la población infantil y adolescente.
Notas
1 Informe de situación regional sobre el alcohol y la salud en las Américas 2015, Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud Ofician Regional para las Américas. <http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=articl e&id=11108&Itemid=41530&lang=es> Consultado el 14 de diciembre de 2016.
2 Ibídem.
3 Alcohol y atención primaria de la salud, Organización Mundial de la Salud,
http://www.who.int/substance_abuse/publications/alcohol_atencion_primaria.pdf>
Consultado el 19 de diciembre de 2016.
4 Alcoholismo y sus complicaciones, grave problema de salud, CONADIC,
http://www.conadic.salud.gob.mx/prensa/boletines2006/alcoholismo_061.html>
Consultado el 19 de diciembre de 2016.
5 Aumenta el consumo de alcohol entre jóvenes, Blog Secretaría de Salud,
https://www.gob.mx/salud/articulos/aumenta-el-consumo-de-alcohol-entre-jovenes?idiom=es>
Consultado el 19 de diciembre de 2016.
6 Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014: Reporte Alcohol, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz,
http://omextad.salud.gob.mx/contenidos/encuestas/encode2014/ENCODE_ALCOHOL_2014.pdf>
Consultado el 19 de diciembre de 2016.
7 Informe de situación regional sobre el alcohol y la salud en las Américas 2015, Ibíd.
Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 5 días del mes de enero del año dos mil diecisiete.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatal y municipales de Coahuila a realizar acciones oportunas para garantizar la seguridad en el uso de pirotecnia, y crear conciencia entre la población a fin de prevenir accidentes por la quema de fuegos artificiales, a cargo de la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe Silvia Guadalupe Garza Galván, senadora por el estado de Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobierno de Coahuila y a los gobiernos municipales de la entidad a fin de realizar en el ámbito de sus facultades, las acciones oportunas para garantizar la seguridad en el uso de pirotecnia; así como a concientizar a la población a fin de prevenir accidentes derivados de la quema de fuegos artificiales. Lo anterior, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En México desde las culturas prehispánicas tenían formas de manipular el fuego para fines ceremoniales, sin embargo en forma de fuegos artificiales llega al país después del siglo XIX se han vuelto la expresión más representativa de las celebraciones sociales, patrias o religiosas.
Sin embargo no ha sido tomada en cuenta con la suficiente seriedad. Ya que ha sido relegada la ocupación y no cuenta con la regulación que le permite desarrollarse de manera segura.
Es importante mencionar que la elaboración ha sido fuente de trabajo para muchas familias en distintos estados del país, que por falta de la regulación adecuada representa un constante peligro desde la fabricación, manejo, distribución, transportación hasta la comercialización.
Por su parte, la Fundación Michou y Mau, institución de asistencia privada, menciona que atiende casos severos de quemaduras en menores de 18 años y de acuerdo con sus estadísticas de los últimos años, los accidentes relacionados con cohetes y pólvora (cuando es empleada específicamente en la producción de fuegos artificiales), ocupan 17 por ciento de la incidencia de quemaduras por fuego directo y 11 por ciento de las quemaduras en general.
Por parte del sector salud cuenta con tres instituciones especializadas en el país para la atención de niños quemados: el Hospital Pediátrico Tacubaya del gobierno del Distrito Federal, donde anualmente son hospitalizados 800 menores, el Hospital Civil Nuevo de Guadalajara y el Hospital Universitario de Monterrey.
En el caso concreto de Coahuila, en materia de protección civil presenta un marco legal que carece de normas claras y específicas en relación al manejo, distribución, comercialización de estos productos, como consecuencia los accidentes que pudieron ser evitados son ahora un antecedente más de la arbitrariedad e inseguridad.
A diferencia de otros estados, el de México desde 2004 cuenta con el (Imepi) Instituto Mexiquense de la Pirotecnia fundado en ese año. Desde su fundación los accidentes entre pequeños empresarios y trabajadores del ramo han disminuido debido a los constantes cursos y capacitaciones.
En días pasados Elementos de Fuerza Coahuila, agrupamiento de proximidad social, lograron el aseguramiento de media toneladas de productos explosivos, dentro de un autobús de turismo, procedente de la Ciudad de México y que tenía como destino Ciudad Acuña, Coahuila.
Como parte de los operativos en carreteras y caminos, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de quienes transitan por el territorio coahuilense, los agentes estatales revisan y aseguran material inflamable y explosivo.
Todos los años los accidentes causados por los fuegos pirotécnicos han sido devastadores, y lo más preocupante es que van en aumento. Un gran número de los afectados son niños menores de 15 años. Según estadísticas del Hospital Notti muestran un descenso del número de lesionados, aunque las heridas, especialmente en ojos y manos, siguen siendo muy graves.
El pasado enero de 2016, en Coahuila prendieron cohetes debido a los festejos decembrinos sin tomar en cuenta las medidas de seguridad por lo que hubo decenas de personas quemadas en su mayoría niños de 5 a 10 años. De todos los hechos el más grave fue el de una señora que en la localidad de Torreón le exploto en la cara uno de estos artefactos, la acción de desesperación fue el aventar el fuego artificial, cayéndole encima a un niño el cual termino con quemaduras de tercer grado. Este accidente se suma a una larga lista de accidentes con fuegos pirotécnicos en el estado así como en el país.
No debemos esperar a que ocurran accidentes en Coahuila para darnos cuenta que falta una buena regulación y una conciencia preventiva en relación al manejo de la pirotecnia. Es una actividad productiva que requiere de una constante vigilancia en materia de protección civil.
Por lo expuesto y debido a que se celebrarán las festividades decembrinas, prevención se disminuyan los incidentes por la quema de pirotecnia. Es importante que dichas acciones se hagan en coordinación con los gobiernos municipales, para que tengan mayor impacto y se logre prevenir accidentes.
Por lo expuesto, someto a la consideración de ésta soberanía la proposición siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Coahuila y a los gobiernos municipales de la entidad a fin de realizar en el ámbito de sus facultades, las acciones oportunas para garantizar la seguridad en el uso de pirotecnia, así como a concientizar a la población a fin de prevenir accidentes derivados de la quema de fuegos artificiales.
Dado el salón de sesiones, a 5 de enero de enero de 2017.
Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer a los titulares de la SHCP y Pemex para que indiquen y esclarezcan las causas y las medidas por tomar ante el alza de la gasolina en el país, a cargo de la senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del PRD
Senadora Luz María Beristáin Navarrete, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para, el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Nuestro país está pasando por una grave crisis económica y social, en donde las familias mexicanas se ven gravemente afectadas, en materia laboral, de seguridad, corrupción, educación y salud.
Ante los’ gasolinazos que se han estado suscitado el año pasado y el reciente incremento en el precio de la gasolina de 2017, agrava la problemática, dicho combustible resulta esencial para la movilidad de un país, por lo cual repercute directa e indirectamente a la economía familiar, razón por la cual es un tema de suma importancia, ya que también se prevén incrementos en la tarifa de transporte público, gas e inclusive de la canasta básica.
Cabe destacar que durante la discusión de la Reforma Energética el Grupo Parlamentario del PRD se opuso a la flagrante privatización, previendo este grave daño a los mexicanos.
Razón por la cual es imperante que se cite a comparecer a los titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y al director general de Pemex a efecto de informar y esclarecer el incremento del precio de la gasolina en el país.
Según datos del Coneval en México existe una población en pobreza de 55.3 millones, lo que representa un 46.2% de la población total de México.
Estamos ante una situación catastrófica, ya que para el 46.2% de los mexicanos, dadas sus condiciones será sumamente difícil llevar una calidad de vida, ante el daño inminente en la economía familiar.
No podemos permitir que el incremento a la gasolina se presente de esta manera tan desproporcionada, que afectará a toda la población mexicana.
Por otro lado es urgente que se invierta de manera real en fondos verdes que permitan la transición energética, y que la permitan para los mexicanos con menos capacidad económica, ya que actualmente, resulta sumamente difícil el acceso al uso de energías limpias, por los costos de inversión que se tienen que realizar.
Cabe destacar que aún está pendiente el dictamen sobre una Ley sobre Movilidad, que propone el uso de bicicleta pública en todas las entidades federativas.
Los quintanarroenses que más sienten la afectación de manera directa, son los taxistas, operadores turísticos, pescadores y de manera indirecta los demás ciudadanos padecerán el incremento a la gasolina.
Como senadora por el estado de Quintana Roo estoy obligada a realizar este punto de acuerdo, con la finalidad de buscar alternativas y soluciones para los millones de mexicanos que han manifestado su inconformidad ante el elevado incremento de gasolina.
Hay que tomar medidas de manera inmediata, recordemos que ya se han realizado manifestaciones denotando la inconformidad de los mexicanos en diversos estados de la República, como por ejemplo: Jalisco, Chihuahua, estado de México, Veracruz, Guerrero, Puebla, Chiapas y Ciudad de México por mencionar algunos.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer al titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y al director general de Pemex, a efecto de que informen y esclarezcan las causas y medidas que se tomarán ante el incremento del precio de la gasolina en el país.
Dado en el salón de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 5 de enero de 2017.
Senadora Luz María Beristáin Navarrete (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Ejecutivos federal y de la Ciudad de México a declarar en ésta la alerta de violencia de género contra las mujeres, suscrita por la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada federal Norma Xóchitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la XLIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y el 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esa soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y al titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, a que declaren la alerta de violencia de género contra las mujeres en la Ciudad de México.
Lo anterior, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Organización de las Naciones Unidas define la violencia de género como toda acción u omisión, consumada o en amenaza, que se encuentra vinculada a la relación desigual entre hombres y mujeres que resulta o puede resultar en daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, que ocurren tanto en la vida pública como en la privada.
Este tipo de violencia es un fenómeno generalizado que se reproduce a través de los patrones culturales y sociales; y se refleja en mayor o menor medida en diversas ramas de violencia, alcanzando la más atroz de ellas en el feminicidio.
De acuerdo al Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, no existe una definición consensuada del término feminicidio, su alcance, su contenido y sus implicaciones son objeto de amplios debates tanto en las ciencias sociales como en la acción política y en los procesos legislativos nacionales.
Sin embargo, en términos prácticos se entiende como la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, ya sea por acción u omisión.
El modelo de protocolo se basa en las normas y los estándares internacionales y regionales en materia de derechos humanos, responde al llamado realizado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, para fortalecer la respuesta de los sistemas penales y para la adopción de medidas destinadas a apoyar la capacidad de los Estados para investigar, perseguir y sancionar las muertes violentas de mujeres por razones de género.
El proceso de conceptualización del fenómeno adquirió importancia en la década de 1970 cuando la expresión feminicidio surgió como alternativa al término neutro de homicidio, con el fin político de reconocer y visibilizar la discriminación, la opresión, la desigualdad y la violencia sistemática contra las mujeres que, en su forma más extrema, culmina en su muerte.
De acuerdo con la definición primigenia, el feminicidio se aplica a todas las formas de asesinato sexista, es decir, los asesinatos realizados por varones motivados por un sentido de tener derecho a ello o superioridad sobre las mujeres, por placer o deseos sádicos hacía ellas, o por la suposición de propiedad sobre las mujeres.
La definición ha variado de acuerdo con la propia transformación del fenómeno y con el debate de amplios grupos de activistas, académicas y defensoras de los derechos de las mujeres. En América Latina, la expresión ha sido definida de diferentes formas como el asesinato misógino de mujeres por los hombres; el asesinato masivo de mujeres cometido por hombres desde su superioridad de grupo; o la forma extrema de violencia de género, entendida como la violencia ejercida por hombres contra las mujeres en su deseo de obtener poder, dominación y control.
En México, Marcela Lagarde acuñó el término definiéndolo como el acto de matar a una mujer sólo por el hecho de su pertenencia al sexo femenino, pero confirió a ese concepto un significado político con el propósito de denunciar la falta de respuesta del Estado en esos casos y el incumplimiento de sus obligaciones internacionales de garantía, incluso el deber de investigar y de sancionar.
El concepto abarca el conjunto de hechos que caracterizan los crímenes y las desapariciones de niñas y mujeres en casos en que la respuesta de las autoridades sea la omisión, la inercia, el silencio o la inactividad para prevenir y erradicar esos delitos.
Por su parte, Julia Monárrez consideró que el feminicidio comprende toda una progresión de actos violentos que van desde el maltrato emocional, psicológico, los golpes, los insultos, la tortura, la violación, la prostitución, el acoso sexual, el abuso infantil, el infanticidio de niñas, las mutilaciones genitales, la violencia doméstica, y toda política que derive en la muerte de las mujeres.
En un sentido amplio, el feminicidio abarca todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres y, en sentido estricto, aquellas muertes violentas de mujeres por razones de género que quedan en la impunidad, como consecuencia de la omisión de las autoridades estatales para prevenir y eliminar estos delitos. Estas omisiones deberían motivar el inicio de investigaciones disciplinarias y penales para establecer la responsabilidad de los agentes del Estado que no previnieron la ocurrencia de la muerte violenta de la mujer.
Es importante destacar que este tipo de violencia y sus diversas definiciones parten de una base común, están fundadas en una cultura de violencia y discriminación basada en el género que tiene raíces en conceptos referentes a la inferioridad y subordinación de las mujeres. No se trata de casos aislados o de asuntos de percepción, sino de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades.
A nivel mundial, existe mayor conciencia sobre las numerosas formas y manifestaciones de ese tipo de violencia contra las mujeres, la complejidad de sus causas, el aumento preocupante de su prevalencia en algunos contextos, y la gravedad de sus consecuencias para las víctimas, pero también para sus familias, la comunidad y la sociedad en general.
En México, a pesar de que en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se incluye el término de violencia feminicida1 , éste no ha sido reconocido y mucho menos utilizado por las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia, debido a la permisibilidad del Estado.
Durante más de una década, Ciudad Juárez y Chihuahua mantuvieron la mirada nacional e internacional debido a los casos de mujeres asesinadas y desaparecidas, donde se destaca la gran impunidad del aparato encargado de la procuración e impartición de justicia.
De 2000 a 2006, en el país se acumularon 140 recomendaciones internacionales, sólo en el tema de derechos de las mujeres, y de éstas, 63 estuvieron encaminadas a atender los feminicidios en Ciudad Juárez, en su mayoría, en los aspectos de procuración y administración de justicia, debido a que las acciones emprendidas fueron insuficientes. Sin embargo, actualmente la problemática del feminicidio no sólo se circunscribe a dicha entidad.
Por su parte, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, de 2011 a 2013 documentó en el estado de México, 840 asesinatos y mil 258 casos de desaparición de mujeres de entre 10 y 17 años, por lo cual, de manera enfática pugnó por la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, entendido esta como las acciones de emergencia implementadas por el gobierno para enfrentar y acabar con la violencia feminicida. Contempla desde protocolos de investigación sobre feminicidios hasta programas de prevención y reformas para eliminar la desigualdad en la legislación y política pública que atentan contra los Derechos Humanos de mujeres y niñas.
Por su parte, Nuevo León, vio incrementados los feminicidios en 689 por ciento de 2000 a 2011. En Chiapas, 2013 registró 84 mujeres asesinadas con violencia y cada año esa cifra ha ido en aumento. En Colima, entre 2003 y 2014, al menos 101 mujeres fueron asesinadas con violencia. El 49 por ciento de las mujeres no habían cumplido 30 años y en 60 por ciento de las muertes ocurrieron en los hogares de las víctimas. En Michoacán no existe registro de alguna investigación de homicidio por condición de género o feminicidio, pese a que en los últimos cuatro años hay registro de al menos 600 casos de asesinato violento de mujeres. En Baja California se han perpetrado al menos 230 homicidios violentos de mujeres ocurrieron durante 2013, pero las autoridades rechazan investigarlos como feminicidios bajo el argumento de que están vinculados al narcomenudeo.
En Morelos, en los últimos 16 años han ocurrido 686 feminicidios, registrados en 31 de los 33 municipios de la entidad. En Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Tlajomulco, Puerto Vallarta y Ameca, organizaciones civiles denunciaron que sólo durante 2015 se cometieron 151 feminicidios. A nivel nacional, se han documentado 2 mil 299 casos de feminicidios sólo entre 2012 y 2013.
En atención a lo anterior, la declaratoria de alerta de violencia de género contra las Mujeres es un mecanismo que permite mejorar la calidad de vida de las mujeres mexicanas, puesto que permite la implementación, en un territorio determinado, de acciones necesarias para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Se encuentra regulada en los Artículos 22, 23, 24 y 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mismos que a la letra disponen:
Artículo 22. Alerta de violencia de género: Es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.
Artículo 23. La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que se deberá:
I. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo;
II. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida;
III. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres;
IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, y
V. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar.
Artículo 24. La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, se emitirá cuando:
I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame;
II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y
III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.
Artículo 25. Corresponderá al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación declarar la alerta de violencia de género y notificará la declaratoria al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate.
Por su parte, los artículos 30 al 38 Bis del Reglamento de la citada ley, detallan su substanciación a través del procedimiento que ha de llevarse a cabo para su establecimiento:
Artículo 30. La declaratoria de alerta de violencia de género tendrá como finalidad detenerla y erradicarla, a través de acciones gubernamentales de emergencia, conducidas por la Secretaría de Gobernación en el ámbito federal y en coordinación con las entidades federativas y los municipios.
Artículo 31. La declaratoria de alerta de violencia de género por agravio comparado tendrá como finalidad eliminar las desigualdades producidas por un ordenamiento jurídico o políticas públicas que impidan el reconocimiento o el ejercicio pleno de los Derechos Humanos de las Mujeres protegidos en todos aquellos instrumentos internacionales reconocidos y ratificados por el Estado mexicano, a través de acciones gubernamentales previstas en el artículo 23 de la ley.
El agravio comparado se presenta cuando un ordenamiento jurídico vigente o una política pública, contenga alguno de los siguientes supuestos y éstos transgredan los derechos humanos de las mujeres:
I. Distinciones, restricciones o derechos específicos diversos para una misma problemática o delito, en detrimento de las mujeres de esa entidad federativa o municipio;
II. No se proporcione el mismo trato jurídico en igualdad de circunstancias, generando una discriminación y consecuente agravio, o
III. Se genere una aplicación desigual de la ley, lesionándose los Derechos Humanos de las Mujeres, así como los principios de igualdad y no discriminación.
Artículo 32. La solicitud de la declaratoria de alerta de violencia de género podrá ser presentada por los organismos de derechos humanos internacionales, nacional o de las entidades federativas, así como las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas.
La solicitud se presentará por escrito directamente o bien, a través de correo, ante la Secretaría Ejecutiva, quien revisará que dicha solicitud contenga los requisitos previstos en el artículo siguiente y lo hará del conocimiento de la comisión nacional.
Artículo 33. La solicitud de la declaratoria de alerta de violencia de género deberá contener lo siguiente:
I. Denominación o razón social de quién o quiénes promuevan o, en su caso, nombre de su representante legal;
II. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas;
III. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personalidad con la que promueve, así como la legal existencia del organismo o asociación que promueva;
IV. Narración de los hechos en que se basa para estimar que existen delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, que perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame, o que en dicho territorio existe un agravio comparado en términos del artículo 31 de este Reglamento, y
V. Tratándose de agravio comparado, señalar las leyes, reglamentos, políticas o disposiciones jurídicas que considera, agravian los derechos humanos de las mujeres.
Artículo 34. Derogado.
Artículo 35. Cuando la solicitud no contenga la totalidad de los requisitos citados en el artículo 33 del presente Reglamento, la comisión nacional por conducto de la Secretaría Ejecutiva, deberá prevenir al solicitante por escrito y, por una sola vez, para que subsane la omisión dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de su notificación. Transcurrido el plazo sin que se desahogue la prevención, se desechará el trámite. Una vez que la solicitud cumpla con los requisitos previstos en el presente reglamento, la comisión nacional, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva, resolverá sobre la admisión de la solicitud, en un plazo de tres días hábiles.
Artículo 36. Admitida la solicitud, la Secretaría Ejecutiva lo hará del conocimiento del sistema, y coordinará y realizará las acciones necesarias para la conformación de un grupo de trabajo a efecto de estudiar y analizar la situación que guarda el territorio sobre el que se señala que existe violación a los Derechos Humanos de las Mujeres, ya sea por violencia feminicida o agravio comparado, a fin de determinar si los hechos narrados en la solicitud actualizan alguno de los supuestos establecidos en el artículo 24 de la Ley.
Dicho grupo se reunirá en el término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de admitida la solicitud.
El grupo de trabajo se conformará de la siguiente manera:
I. Una persona representante del Instituto Nacional de las Mujeres, quien coordinará el grupo;
II. Una persona representante de la comisión nacional;
III. Una persona representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
IV. Dos personas representantes de una institución académica o de investigación especializada en violencia contra las mujeres ubicada en el territorio donde se señala la violencia feminicida o agravio comparado;
V. Dos personas representantes de una institución académica o de investigación de carácter nacional especializada en violencia contra las mujeres, y
VI. Una persona representante del mecanismo para el adelanto de las mujeres de la entidad de que se trate.
Para efectos de las fracciones III y VI del párrafo anterior deberá mediar la aceptación por escrito de dichos representantes para integrarse al grupo de trabajo.
Las instituciones académicas o de investigación referidas en las fracciones IV y V de este artículo, podrán ser públicas o privadas y deberán estar incorporadas a la Secretaría de Educación Pública o a alguna institución de educación superior pública, contar con conocimiento y trabajo relevante sobre el tema de violencia contra las mujeres, y con experiencia de por lo menos dos años en la atención y prevención de la violencia contra las mujeres en la entidad federativa de la que se trate.
El grupo de trabajo podrá invitar al organismo de protección de los derechos humanos de la entidad federativa que corresponda, así como a expertos independientes que por su experiencia puedan colaborar con el estudio, análisis y conclusiones.
Por acuerdo del grupo de trabajo se podrán invitar como observadores a organismos internacionales en materia de derechos humanos.
Artículo 36 Bis. Para la realización del estudio y análisis a que se refiere el artículo anterior, el grupo de trabajo contará con treinta días naturales contados a partir del día en que se reúnan por primera vez para integrar y elaborar las conclusiones correspondientes, para lo cual podrá:
I. Solicitar, a través de la comisión nacional, a las autoridades federales, locales y municipales todo tipo de información y documentación que tengan relación con los hechos de violencia contra las mujeres que se afirman en la solicitud;
II. Solicitar la colaboración de las personas físicas o morales, que resulten necesarias, a fin de que expongan los hechos o datos que les consten;
III. Solicitar a la Secretaría de Gobernación, por conducto de la comisión nacional, para que en un plazo no mayor a tres días naturales analice la posibilidad de implementar, en coordinación con las autoridades federales, locales o municipales que corresponda, las medidas provisionales de seguridad y justicia necesarias que, en su caso procedan, a fin de evitar que se continúen dando actos de violencia contra las mujeres en un territorio determinado. Una vez aceptadas las medidas provisionales por parte de las autoridades correspondientes, la comisión nacional por conducto de la Secretaría Ejecutiva lo informará al solicitante;
IV. Realizar visitas en el lugar en donde se señale la existencia de los hechos de violencia, y
V. Realizar, en su caso, el estudio legislativo para determinar si existe agravio comparado, considerando los datos de procuración e impartición de justicia relacionados con la violencia contra las mujeres.
Artículo 36 Ter. Las decisiones del grupo de trabajo se tomarán por mayoría de voto de sus integrantes. En caso de empate, la persona coordinadora del grupo tendrá el voto de calidad. Las posiciones minoritarias deberán constar en un apartado del documento para conocimiento del público interesado.
Cuando el grupo de trabajo no encuentre elementos suficientes que le permitan presumir la existencia o la veracidad de los hechos que dieron lugar a la solicitud, lo hará del conocimiento de la comisión nacional, así como de la Secretaría Ejecutiva, para que ésta a su vez lo haga del conocimiento de las partes interesadas. No podrá presentarse una nueva solicitud por los mismos hechos, sin que hubieran transcurrido, por lo menos, tres meses.
La documentación y demás información que genere el grupo de trabajo observará lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su Reglamento y demás normativa aplicable.
Artículo 37. El informe del grupo de trabajo deberá contener:
I. El contexto de violencia contra las mujeres en el lugar donde se solicita la alerta de violencia de género;
II. La metodología de análisis;
III. El análisis científico de los hechos e interpretación de la información, y
IV. Las conclusiones que contendrán las propuestas de acciones preventivas, de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida y, en su caso, el agravio comparado.
Artículo 38. La coordinadora del grupo de trabajo remitirá el informe a que se refiere el artículo anterior a la Secretaría de Gobernación, a través de la comisión nacional, para su análisis.
La Secretaría de Gobernación, a través de la comisión nacional, remitirá el informe del grupo de trabajo al titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente para su conocimiento.
El informe a que se refiere el párrafo anterior deberá publicarse en las páginas web del Instituto Nacional de las Mujeres y de la comisión nacional.
En caso de que el titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente considere aceptar las conclusiones contenidas en el informe del grupo de trabajo, tendrá un plazo de quince días hábiles contados a partir del día en que las recibió para informar a la Secretaría de Gobernación, a través de la comisión nacional, su aceptación.
Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, sin que la comisión nacional reciba dicha aceptación, o en su caso, reciba la negativa del titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente, la Secretaría de Gobernación, por conducto de la comisión nacional, en términos del artículo 25 de la ley, emitirá la declaratoria de alerta de violencia de género, en un plazo no mayor a cinco días naturales contados a partir del vencimiento del plazo referido en el párrafo anterior.
Para efectos del párrafo cuarto de este artículo, la Secretaría de Gobernación, a través de la comisión nacional, solicitará al titular del Poder Ejecutivo de la entidad de que se trate, en un plazo de seis meses siguientes a la aceptación, la información necesaria sobre las acciones que están llevando a cabo para implementar las propuestas contenidas en las conclusiones del informe del grupo de trabajo. Dicha información deberá remitirse dentro de los cinco días siguientes de haber recibido la solicitud.
Una vez recibida la información a que se refiere el párrafo anterior, el grupo de trabajo emitirá un dictamen sobre la implementación de las propuestas contenidas en las conclusiones del informe, el cual se remitirá a la Secretaría de Gobernación para que a través de la comisión nacional, determine si la entidad federativa implementó dichas propuestas.
La comisión nacional, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva, notificará el dictamen del grupo de trabajo a que se refiere el párrafo anterior a la organización solicitante.
En caso de que el grupo de trabajo considere que no se implementaron las propuestas contenidas en las conclusiones del informe, la Secretaría de Gobernación, por conducto de la comisión nacional, en términos del artículo 25 de la ley, emitirá la declaratoria de alerta de violencia de género, en un plazo no mayor a diez días naturales contados a partir de la fecha en que se reciba la notificación del dictamen.
Artículo 38 Bis. La declaratoria de alerta de violencia de género deberá contener lo siguiente:
I. Las acciones preventivas, de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida y, en su caso, el agravio comparado;
II. Las asignaciones de recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género, por parte de la entidad federativa;
III. Las medidas que deberán implementarse para dar cumplimiento a la reparación del daño previsto en el artículo 26 de la Ley;
IV. El territorio que abarcará las acciones y medidas a implementar, y
V. El motivo de la alerta de violencia de género.
Una vez emitida la declaratoria de alerta de violencia de género, el grupo de trabajo se constituirá en el grupo interinstitucional y multidisciplinario a que se refiere la fracción I del artículo 23 de la Ley.
No procederá la investigación de hechos relacionados con solicitudes previamente presentadas que ya hubieran dado lugar a informes por parte del grupo de trabajo. Las solicitudes que se presenten por los mismos hechos se acumularán al expediente inicial para que la Secretaría Ejecutiva lo haga del conocimiento del grupo de trabajo.
De lo anterior se desprende que la alerta de género se declara cuando en un territorio determinado existe una situación grave de violencia en contra de las mujeres asociada a prácticas machistas y patriarcales persistentes en la sociedad. Al declararla, el gobierno implementa medidas de emergencia para garantizar la seguridad de las mujeres y detener la violencia en su contra.
Desde su creación, la alerta ha sido solicitada en Nuevo León, Chiapas, Michoacán, Colima, Baja California, Sonora, estado de México, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí, sin embargo, en el contexto nacional de violencia en contra de las mujeres debemos incluir a la Ciudad de México, donde, de acuerdo a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en los primeros ocho meses de 2016 se han presentado 53 feminicidios, cifra que representa sólo un feminicidio menos en el mismo periodo que en el estado de México, entidad reconocida por el nivel de violencia hacia las mujeres.
De acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en 2015 fueron asesinadas 75 mujeres, y de enero a junio de 2016 se han registrado 36 homicidios, sin embargo, de éstos, sólo 24 crímenes han sido investigados como feminicidios, siendo las delegaciones Gustavo A. Madero, Iztapalapa, y Álvaro Obregón las demarcaciones donde, además de las altas cifras de feminicidios, los casos han sido más violentos.
Por desgracia, a pesar del incremento de feminicidios y de la actividad delictiva general en la ciudad, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, insiste en que el tema de la seguridad es básicamente de percepción, sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación han publicado datos que demuestran que el asalto a negocios y casa habitación, así como los feminicidios han aumentado.
Lo anterior es muestra de la permisibilidad del gobierno de la Ciudad de México, que desdeña las cifras que van en contra de su proyecto de gobierno, lo cual imposibilita su prevención y, en los casos cometidos, el acceso a la impartición de justicia y reparación del daño correspondiente.
Sin embargo, a pesar de las declaraciones del jefe de gobierno de la Ciudad de México, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio señaló la posibilidad de plantear una declaratoria de alerta de género, para conocer cómo se investiga los asesinatos de mujeres en la ciudad, además de proveer alternativas de seguridad ante el alto número de mujeres desaparecidas en la capital del país.
El observatorio hace latente su preocupación de que en la Ciudad de México, donde se ha trabajado un protocolo de investigación criminal con perspectiva de género, se siga estigmatizando a las víctimas, donde no los asesinatos no son declarados como feminicidios y donde las autoridades mencionen que, en algunos casos se trata de suicidios, sin transparentar los procesos de investigación.
En la Ciudad de México, los fallecimientos de mujeres no son un caso aislado, y ante este escenario funesto, las autoridades no están actuando con debida diligencia y perspectiva de género, por el contrario, los decesos son menospreciados y atribuidos a una forma de interpretar las cifras.
Para efectos de lo anterior, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en atención a las disposiciones de la ley general, emitió la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, donde establece el procedimiento para la declaratoria de alerta de violencia contra las mujeres, que en los artículos 8 y 9 señala:
Artículo 8. La Secretaría de Gobierno, a petición de Inmujeresdf, emitirá alerta de violencia contra las mujeres para enfrentar la violencia feminicida que se ejerce en su contra cuando:
I. Existan delitos graves y sistemáticos contra las mujeres;
II. Existan elementos que presuman una inadecuada investigación y sanción de esos delitos; o
III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o del Distrito Federal, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten a Inmujeresdf.
Artículo 9. La alerta de violencia contra las mujeres tendrá como objetivo acordar e implementar las acciones de emergencia para garantizar el cese de la violencia feminicida y la seguridad de las mismas, y para ello deberá:
I. Establecer el grupo interinstitucional y multidisciplinario que dará seguimiento a las acciones;
II. Acordar e implementar las acciones necesarias para enfrentar y abatir la violencia feminicida;
III. Asignar recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la alerta de violencia contra las mujeres, y
IV. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia contra las mujeres y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar.
Como se aprecia, en la Ciudad de México se satisfacen los requisitos tanto federales como locales para la declaratoria de alerta de violencia contra las mujeres, que sin duda representará una reacción política y jurídica que permitirá atender las necesidades de las mujeres, en materia de seguridad.
Es necesario el trabajo conjunto de los diversos órdenes de gobierno, a efecto de que a la brevedad, sea resuelto el problema de los feminicidios en la Ciudad de México, no se deben escatimar los recursos y las acciones a efecto de que sean revertidas las cifras de delitos que ponen en peligro la integridad de las mujeres mexicanas, mucho menos cuando existen las evidencias de que este tipo de delitos ha ido a la alza en la presente administración.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y al titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México a que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, realicen las acciones necesarias, tendentes a declarar la Alerta de violencia de género contra las mujeres en la Ciudad de México, con la intención de disminuir el número de mujeres asesinadas y de resarcir el daño a las familias que perdieron a un familiar por la comisión de este delito.
Nota
1 Artículo 21. Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 325 del Código Penal Federal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de enero de 2017.
Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa y la SEP a implantar campañas mediáticas para prevenir y controlar la diabetes, suscrita por la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita, María Victoria Mercado Sánchez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de este H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79 fracción II, numeral 2, fracciones I, II y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Exposición de Motivos
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición dio a conocer que en México existen diagnosticadas más de seis millones de personas con diabetes, es decir, que de cada centena de personas una tiene diabetes. Es una cifra bastante considerable tomando en cuenta que nuestro país es primer lugar en obesidad infantil. La diabetes es la primera causa de muerte en México como enfermedad crónica no transmisible, afectando a mexicanos de todas las edades; desde niños hasta adultos mayores.
“La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos”.1
Existen tres tipos principales de diabetes:
a) diabetes tipo 1
b) diabetes tipo 2
c) diabetes mellitus gestacional (DMG)
“a) La diabetes tipo 1 está causada por una reacción autoinmune, en la que el sistema de defensas del organismo ataca las células productoras de insulina del páncreas. Como resultado, el organismo deja de producir la insulina que necesita. La enfermedad puede afectar a personas de cualquier edad, pero suele aparecer en niños o jóvenes adultos. Las personas con esta forma de diabetes necesitan inyecciones de insulina a diario con el fin de controlar sus niveles de glucosa en sangre”.2
“b) La diabetes tipo 2 es el tipo más común de diabetes. Suele aparecer en adultos, pero cada vez más hay más casos de niños y adolescentes. En la diabetes tipo 2, el organismo puede producir insulina pero, o bien no es suficiente, o el organismo no responde a sus efectos, provocando una acumulación de glucosa en la sangre”.3
“c) Se dice que una mujer tiene diabetes mellitus gestacional (DMG) cuando se le diagnostica diabetes por primera vez durante el embarazo. Cuando una mujer desarrolla diabetes durante el embarazo, suele presentarse en una etapa avanzada y surge debido a que el organismo no puede producir ni utilizar la suficiente insulina necesaria para la gestación”.4
La diabetes puede ocasionar:
• Ceguera
• Insuficiencia renal
• Impotencia sexual
• Amputaciones en alguna extremidad en el cuerpo
Es una enfermedad que no solamente radica en nuestro país sino en todo el mundo, existiendo aproximadamente 442 millones de personas diagnosticadas con esta enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta cifra sigue en aumento por varios factores como: obesidad, mala alimentación, incluso por anomalía congénita.
Hace algunos años se aumentaron los impuestos a la comida chatarra y bebidas gaseosas con el fin de disminuir el consumo de este tipo de productos, pero el problema sigue persistiendo, incluso sigue en aumento la obesidad en la sociedad y más en niños y niñas que no tienen una nutrición saludable.
El pasado mes de noviembre del año en curso, Pablo Kuri Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, declaró una emergencia epidemiológica por los casos de diabetes y obesidad. Considerando que por primera vez, se da una alerta sobre una enfermedad crónica y no infecciosa, como comúnmente se realiza.5
El costo de un frasco de insulina, está en un promedio de 500 a 1000 pesos y la caja de tiras reactivas para la medición de glucemia esta alrededor de los 300 y 500 pesos, por lo que aproximadamente una persona con diabetes gasta entre 1500 a 2500 pesos mensuales en su tratamiento, sin mencionar las citas médicas, otro tipo de medicamentos y una buena alimentación. Los medio para prevenirla son:
• Consumo de alimentos rica en fibra
• Tener un peso saludable
• Moderar el consumo de carbohidratos
• Realizar ejercicio o algún deporte
• Disminuir el consumo a a bebidas azucaradas y refrescos
• No fumar
• Acudir al médico para realizar periódicamente los niveles de glucosa
En la mayoría de las familias mexicanas, todos conocemos mínimo a un familiar cercano que padece de esta enfermedad y lo arduo que es en los cuidados que conllevan este padecimiento, por ello exhorto a la Secretaría de Salud (Ssa) y a la Secretaría de Educación Pública (SEP), para implementar campañas mediáticas para prevenir y controlar la diabetes en niños, niñas, adolecentes, adultos y adultos mayores en toda la República.
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública, a efecto de implementar campañas mediáticas para prevenir y controlar la diabetes.
Notas:
1 Definición. Diabetes. Organización Mundial de la Salud. Noviembre/2016.
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/
2 IDF. Diabetes Atlas, seventh edition. 2015, International Diabetes Federation. http://www.idf.org/diabetesatlas/5e/es/que-es-la-diabetes
3 Ídem.
4 Ídem.
5 Leopoldo Hernández. Alerta epidemiológica en México por diabetes. 14/ noviembre/2016. El Economista.
http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2016/11/14/alerta-epidemiologica-mexico-diabetes
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días del mes de enero de 2017.
Diputada María. Victoria Mercado Sánchez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales y los municipales electos en los comicios de 2016 a integrar sus gabinetes conforme al principio de paridad de género, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del PRI, y diputados de diversos grupos parlamentarios
Las que suscriben Laura Nereida Plascencia Pacheco, Sofía del Sagrario de León Maza, Delia Guerrero Coronado, Carolina Monroy del Mazo, Erika Araceli Rodríguez Hernández, Carmen Salinas Lozano, Guadalupe González Suástegui, Janette Ovando Reazola, Karina Padilla Ávila, Karen Orney Ramírez Peralta, Sasil Dora Luz de León Villard, María Candelaria Ochoa Ávalos, Angélica Reyes Ávila, Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo, Hortensia Aragón Castillo, Erika Lorena Arroyo Bello, Ana María Boone Godoy, Gretel Culin Jaime, David Gerson García Calderón, Patricia García García, Jorgina Gaxiola Lezama, Genoveva Huerta Villegas, Irma Rebeca López López, María Verónica Muñoz Parra, Flor Estela Rentería Medina, María Soledad Sandoval Martínez, Concepción Villa González, diputadas y diputado federal integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 11 de octubre del presente año y en el marco del 63º aniversario del reconocimiento del voto de las mujeres, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y ONU Mujeres, hicieron el “Llamado a la acción para la democracia paritaria en México”.
El llamado tiene como objetivo impulsar la plena participación política de las mujeres en la toma de decisiones y en los mecanismos de representación, a través de la adopción de reformas legislativas, institucionales y de política pública que consoliden la democracia paritaria y la igualdad sustantiva en México.
El contexto nacional respecto a la paridad de género, nos remite a las llamadas cuotas de género, que fueron consideradas como la elemental suma o agregación de las mujeres a las instancias del espacio público, hasta llegar a la reforma electoral de 2014, donde se estableció como principio para integrar los congresos locales y el Congreso de la Unión, el principio de paridad de género.
La diferencia entre mujeres y hombres ha estado anclada a una construcción social que privilegia lo masculino y que, en consecuencia, menosprecia lo femenino. De esta forma, el mundo occidental en el que vivimos ha sido construido por y para varones, lo que ha dado como resultado una sumisión histórica y social de las mujeres con respecto a los hombres. Así, por ejemplo; en el reparto de los espacios se confinó a la mujer al doméstico-privado, y al hombre al público; es decir, el espacio de toma de decisiones fue asignado únicamente a hombres.
Lo anterior refuerza la construcción de pares categoriales, binarios, dicotómicos, donde se es lo uno o lo otro, con la consecuencia de que se impide ver o concebir la construcción de un mundo con espacio para todas y todos. Derivado de tal construcción social, el gobierno que es también, una construcción masculinizada, fue ocupada por varones, relegando a las mujeres a actividades ajenas a la toma de responsabilidades sobre la vida pública del país.
De esta manera, la masculinización de la vida política hace que las reglas institucionales de competencia y participación política no tengan efecto igualitario entre hombres y mujeres, siendo la desigual representación de mujeres en cargos de elección popular su mejor ejemplo.1
En este contexto de desigualdad, tuvieron su origen las luchas feministas por el reconocimiento de todos sus derechos, pasando por los económicos, civiles, sociales, culturales y políticos.
Internacionalmente contamos con instrumentos jurídicos vinculantes, ya que el Estado mexicano es Parte de dichas convenciones, entre las que se destacan:
• La Organización de las Naciones Unidas, donde quedó prohibida la discriminación en función del sexo, y después en la Carta de las Naciones Unidas quedó consagrado el principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres en junio de 1945.2
• La Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, donde se reafirma el principio de igualdad y no discriminación en función del sexo, y establece el derecho de las personas a participar, en condiciones de igualdad, en la toma de decisiones políticas y acceder a las funciones de los asuntos públicos.3
• La Convención de los Derechos Políticos de las Mujeres de 1954, donde se propone poner en práctica el principio de igualdad de derechos de mujeres y hombres, enunciado en la Carta de las Naciones Unidas.4
• El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, así como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Políticos y Sociales del mismo año, donde los Estados partes se comprometen a respetar y garantizar a todos los individuos en su territorio y sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en dichos instrumentos, sin distinción alguna de raza, idioma, sexo, nacionalidad, religión, lengua, opinión política, entre otras.5
• La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que establece una serie de disposiciones que los Estados deben observar a partir, entre otras, de las siguientes obligaciones: a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio; b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; d) Adaptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;
• La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Convención de Belem do Pará),6 donde se plasma el derecho de las mujeres a la igualdad de protección ante la ley y a la igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones, por lo cual el Estado mexicano se comprometió a tomar las medidas necesarias, entre ellas las de carácter legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar practicas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer o la violación de sus derechos.
• El documento “Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”,7 que busca erradicar la pobreza, combatir las desigualdades y promover la prosperidad, mediante 169 metas y 17 objetivos. En dicha Agenda se señala como objetivo 5: “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, con lo que queda constatado el interés mundial por lograr la igualdad de la mujer y el hombre.
• La Norma Marco para la Democracia Paritaria,8 donde se establecen acuerdos y un marco normativo para la aceleración de políticas públicas que promuevan los derechos de las mujeres y la igualdad de género.
Es en este último instrumento en el que se plasma de manera contundente el reconocimiento de la paridad de género al referir que:
“(...) la paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política, y en las relaciones familiares al interior de los diversos tipos de familias, las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, y que constituye una meta para erradicar la exclusión estructural de las de las mujeres”.9
El Llamado a la Acción, al que hacemos alusión en este Punto de Acuerdo impulsa los siguientes diez compromisos:
• Adoptar las reformas legislativas y de política pública necesarias a fin de que el principio de igualdad sustantiva se traduzca, en la práctica, en un mandato para la participación paritaria en los tres poderes y niveles de gobierno donde persisten desigualdades entre mujeres y hombres, como son los puestos de elección popular, la administración pública, la impartición de justicia, los organismos autónomos administrativos y jurisdiccionales electorales.
• Fortalecer el proceso de armonización constitucional y legislativa en las entidades federativas, a fin de incluir las dimensiones de paridad horizontal y vertical como principio jurídico y como regla, que constituyan una obligación para los partidos políticos.
• Implementar acciones afirmativas que favorezcan el ingreso, permanencia y desarrollo de las mujeres en el ejercicio de cargos en espacios de toma de decisiones y que garanticen la participación de mujeres indígenas, afrodescendientes, jóvenes, mujeres con discapacidad, entre otras.
• Tipificar en la legislación la violencia política que se ejerce contra las mujeres incluyendo facultades claras para las autoridades, órdenes de protección, acciones de prevención, sanciones y reparación integral del daño. Asimismo, asegurar que las campañas para promover los derechos políticos-electorales de las personas se abstengan de reproducir estereotipos de género. Institucionalmente, adoptar modelos de atención y sanción del acoso laboral y sexual.
• Reformar los documentos básicos de los partidos políticos para garantizar el principio de paridad e igualdad sustantiva en su estructura organizacional, electoral y programática, promoviendo que las plataformas electorales garanticen el logro de la igualdad sustantiva.
• Garantizar que los partidos políticos asignen y respeten una distribución equitativa de recursos durante las campañas electorales a mujeres y hombres, y otorguen igual tratamiento en los espacios de difusión en los medios de comunicación.
• Incrementar los recursos y las inversiones públicas para garantizar la igualdad de género, el apoyo a la promoción, capacitación y fortalecimiento del liderazgo de las mujeres; el monitoreo y la rendición de cuentas, así como aplicar oportunamente los recursos destinados a estas acciones.
• Dar seguimiento al Poder Judicial y de manera particular a la justicia electoral, para que juzguen con perspectiva de género e interculturalidad y garanticen el cumplimiento efectivo de la igualdad sustantiva, la paridad y las medidas especiales de carácter temporal establecidas por la ley, tanto en su jurisprudencia como en su organización interna.
• Sistematizar la jurisprudencia aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y sentencia emitidas por los organismos electorales jurisdiccionales en materia de igualdad de género, derechos político-electorales de las mujeres, sistemas normativos internos y violencia política de género.
• Incrementar el número de observatorios para la participación política de las mujeres en las entidades federativas y fortalecer los existentes, así como apoyar a las redes que desde la sociedad civil defienden los derechos de las mujeres y vigilan la aplicación de las leyes en materia de paridad.
• Implementar acciones afirmativas para el ingreso, permanencia y desarrollo de las mujeres en el ejercicio de cargos de alta dirección.
Con estos compromisos indudablemente coadyuvaremos para que todos los espacios de toma de decisiones públicas sean integrados bajo el principio de paridad de género (50 por cientos mujeres y 50 por ciento hombres), lo que nos conllevará a lograr la igualdad entre mujeres y hombres, a la construcción de un Estado más justo, incluyente, donde todas y todos sus ciudadanos se encuentren debidamente representados.
En este sentido es de reconocer la labor de las entidades federativas para integrar y salvaguardar el principio de paridad dentro de sus constituciones y leyes electorales, sin embargo, es necesario reflejar estos esfuerzos en la integración de los gabinetes y unidades administrativas de cada gobierno estatal y ayuntamiento.
Con razón de lo anterior la presente proposición pretende exhortar a la y los titulares del poder ejecutivo en las entidades federativas, así como a las y los presidentes municipales, para que en integren de forma paritaria sus respectivos gabinetes, a fin de fomentar la participación política de la mujer mexicana en puestos de públicos de toma de decisiones y salvaguardar los altos preceptos de nuestra carta magna.
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta soberanía sea aprobado el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la y los titulares del poder ejecutivo en las entidades federativas, así como a las y los presidentes municipales, electas y electos en los comicios electorales del año 2016, para que integren sus respectivos gabinetes de acuerdo al principio de paridad de género.
Notas
1 Moreira, Constanza. “¿Democracia restringida en Paraguay? La participación política de las mujeres (1985-2000)”, en varios autores, Seducción y desilusión en la política latinoamericana. Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2001.
2 Carta de las Naciones Unida. Disponible en
http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html.
3 Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Disponible en http://www.un.org/es/documents/udhr/
4 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rodríguez y Rodríguez Jesús, compilador, Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos. ONU-OEA, Tomo II, pp. 1157.
5 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Op. Cit.
6 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Convención Belem do Pará). Disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
7 Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Organización de las Naciones Unidas. 2015, disponible en http://www.socialwatch.org/sites/default/files/Agenda-2030-esp.pdf.
8 Norma Marco para la Democracia Paritaria, disponible en:
http://www.parlatino.org/pdf/leyes_marcos/leyes/consolid ar-democracia-paritaria-pma-27-nov-2015.pdf
9 Ibídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de enero de 2017.
Diputados: Sofía del Sagrario de León Maza (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Carolina Monroy del Mazo (rúbrica), Érika Araceli Rodríguez Hernández (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Guadalupe González Suástegui (rúbrica), Janette Ovando Reazola, Karina Padilla Ávila, Karen Orney Ramírez Peralta (rúbrica), Sasil Dora Luz de León Villard, María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica), Angélica Reyes Ávila (rúbrica), Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo (rúbrica), Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), Erika Lorena Arroyo Bello (rúbrica), Ana María Boone Godoy, Gretel Culin Jaime, David Gerson García Calderón (rúbrica), Patricia García García (rúbrica), Jorgina Gaxiola Lezama (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas, Irma Rebeca López López (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Flor Estela Rentería Medina, María Soledad Sandoval Martínez, Concepción Villa González (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de la CFE a evitar los incrementos sistemáticos de las tarifas eléctricas para los sectores industrial, comercial y doméstico con alto consumo, suscrita por el diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Luis de León Martínez Sánchez, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad a evitar los incrementos sistemáticos de los costos de las tarifas eléctricas para el sector industrial, comercial y doméstico con alto consumo (DAC).
Consideraciones
No obstante que el gobierno federal afirmó que con la denominada reforma energética los costos de las tarifas eléctricas disminuirían, lo cierto es que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha venido incrementando de forma sistemática sus costos eléctricos para el sector industrial, comercial y doméstico.
La política rectora en materia energética en nuestro país está enmarcada en la Ley de la Industria Eléctrica, la cual es reglamentaria a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene como objeto regular la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, y demás actividades de la industria eléctrica.
En ese sentido, el Ejecutivo Federal conforme a lo dispuesto en la Ley de Planeación, elaboró a través de la Secretaría de Energía el denominado Programa Sectorial de Energía 2013-2018,1 que es precisamente un programa que se deriva del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Este programa tiene por objeto;
...orientar las acciones a la solución de obstáculos que limiten el abasto de energía, que promuevan la construcción y modernización de la infraestructura del sector y la modernización organizacional tanto de la estructura y regulación de las actividades energéticas, como de las instituciones y empresas del Estado.
Con la promulgación de la reforma energética se realizaron distintas modificaciones a la estructura legal y regulatoria del entramado del Sistema Eléctrico Nacional, que consistió en un encadenamiento de nuevas leyes y reglamentos derivados de éstas, que se orientan a facilitar la eficiencia y eficacia del sector eléctrico.
Una de ellas es la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), reglamentaria al artículo 25 constitucional, misma que tiene por objeto regular la organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de cuentas de esta empresa productiva del Estado, así como establecer su régimen especial en materia de empresas productivas subsidiarias y filiales, remuneraciones, adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, responsabilidad y dividendo estatal, presupuesto y deuda.2
Dicha ley, señala en su artículo 4o. que
En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional.
No obstante lo anterior expuesto, justo el pasado mes de julio la CFE dio a conocer el incremento del costo de las tarifas que en comparación del año 2015, fue de entre 2 por ciento y 5 por ciento. En ese mismo periodo, en el sector comercial mostró un incremento de entre 5 por ciento y 7 por ciento. Por otra parte, la tarifa de uso doméstico de alto consumo (tarifa DAC) registra un incremento en julio del 2016 de 6.8 por ciento respecto al mismo mes de 2015.3
Asimismo, CFE muestra en su comparación interanual que las tarifas para el sector industrial reportan en noviembre de 2016 un aumento de entre 25 por ciento y 30 por ciento en comparación con noviembre del 2015. En este mismo periodo, en el sector comercial el incremento es de entre 17 por ciento y 23 por ciento. Por otra parte, la tarifa de uso doméstico de alto consumo (tarifa DAC) registra un incremento en noviembre del 2016 de 17 por ciento respecto al mismo mes del año pasado.4
Cabe hacer mención, que la CFE mediante comunicado de prensa justificó ese nuevo aumento señalando que... “el alza del precio del gas natural que la CFE utiliza en sus procesos de generación se incrementó 50.8 por ciento en octubre de 2016, respecto a octubre de 2015 y son esos precios los que utiliza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la fórmula para calcular las tarifas.5
Ahora bien, la CFE recién dio a conocer mediante un nuevo comunicado de prensa que en enero de 2017 las tarifas para el sector industrial aumentarán 3.7 por ciento y para el sector comercial 4.5 por ciento. Estas tarifas registran incrementos de entre 2.6 por ciento y 3.5 por ciento, mientras que la tarifa de uso doméstico de alto consumo (tarifa DAC) registrará un aumento marginal de 2.6 por ciento de diciembre de 2016 a enero de 2017.6
Este nuevo incremento de tarifas eléctricas se suma a los aumentos que el gobierno federal ya está aplicando para este año, como el caso de las gasolinas y diésel, que desde el domingo ya son hasta 20 por ciento más caras en el país.
Lo cierto es que la energía eléctrica constituye un satisfactor básico y un detonador de mejoría en la calidad de vida de las familias.7 Más allá, de que es un componente necesario para el crecimiento de la economía, e indispensable en la elaboración y producción prácticamente de todos los bienes y servicios del mundo moderno.
Dado ello, la reestructuración del sector energético debe responder a las necesidades de la población en su conjunto que exige electricidad más barata, eficiente y de calidad. De igual manera, para el sector industrial y comercial es vital la reducción de los precios de consumo en sus tarifas eléctricas en aras de que les permita crecimiento en su producción o los servicios que prestan, y en consecuencia contribuyan de manera más eficiente a la productividad de la economía mexicana.
Dado lo anterior, me permito someter a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad evite los incrementos sistemáticos de los costos de las tarifas eléctricas para el sector industrial, comercial y doméstico con alto consumo (DAC).
Notas
1. Programa Sectorial de Energía 2013-2018.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php%3Fcodigo por ciento3D5326587 por ciento26fecha por ciento3D13/12/2013
2. Ley de la Comisión Federal de Electricidad. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LCFE_110814.pdf.
3. Comisión Federal de Electricidad.
http://saladeprensa.cfe.gob.mx/boletines/show/8370/.
4. Comisión Federal de Electricidad.
http://saladeprensa.cfe.gob.mx/boletines/show/8403/
http://saladeprensa.cfe.gob.mx/boletines/show/8403/
5. Comisión Federal de Electricidad.
http://saladeprensa.cfe.gob.mx/boletines.
6. Comisión Federal de Electricidad.
http://saladeprensa.cfe.gob.mx/boletines.
7. Comisión Federal de Electricidad, Informe Anual.
http://www.cfe.gob.mx/inversionistas/Style por ciento20Library/assets/pdf/InformeAnual.pdf
Otras consultas:
*Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
*Ley de la Comisión Federal de Electricidad.
*Programa Sectorial de Energía 2013-2018
Referencias:
1. Programa Sectorial de Energía 2013-2018.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php%3Fcodigo por ciento3D5326587 por ciento26fecha por ciento3D13/12/2013
2. Ley de la Comisión Federal de Electricidad. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LCFE_110814.pdf.
3. Comisión Federal de Electricidad.
http://saladeprensa.cfe.gob.mx/boletines/show/8370/.
4. Comisión Federal de Electricidad.
http://saladeprensa.cfe.gob.mx/boletines/show/8403/
http://saladeprensa.cfe.gob.mx/boletines/show/8403/
5. Comisión Federal de Electricidad.
http://saladeprensa.cfe.gob.mx/boletines.
6. Comisión Federal de Electricidad.
http://saladeprensa.cfe.gob.mx/boletines.
7. Comisión Federal de Electricidad, Informe Anual.
http://www.cfe.gob.mx/inversionistas/Style por ciento20Library/assets/pdf/InformeAnual.pdf
Otras Consultas:
*Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
*Ley de la Comisión Federal de Electricidad.
*Programa Sectorial de Energía 2013-2018
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de enero de 2017.
Diputado Luis de León Martínez Sánchez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reorientar por la Sagarpa los subsidios al campo hacia el sector de pequeños productores, con la reducción del apoyo del Proagro Productivo de 80 a 20 hectáreas, y establecer un tope de hasta 40 cabezas de ganado para el Progan, suscrita por el diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como en lo previsto por los artículos 58, 60, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La política de subsidios al campo en nuestro país, a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), fue revisada y modificada a partir de que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con la finalidad de proteger a las campesinas y campesinos de las condiciones desiguales de la libre competencia con nuestros vecinos del norte, centrándose en transferencias directas de recursos al sector agropecuario.
Sin embargo, a pesar de estas medidas y al incremento de recursos destinados a los subsidios (el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable pasó de 204 mil millones en 2008 a 353 mil millones en 2015), la política rural del gobierno federal continúa sin atender la desigualdad que persiste en esta actividad económica.
La inequidad en la distribución de los recursos ha generado resultados ineficientes, debido a que las y los pequeños productores no reciben los apoyos que deberían recibir, pues gran parte de los recursos son destinados a la gran producción agropecuaria en el centro y norte del país, mediante programas oficiales hechos a la medida de este tipo de producción comercial.
Las entidades más beneficiadas con los apoyos de Sagarpa se caracterizan por tener un mayor número de productores con predios grandes, comúnmente de riego, que utilizan la tracción mecánica apta para grandes extensiones de tierra, disponen de los créditos, de la tecnología, los insumos estratégicos y comercializan su producción mayormente en mercados extranjeros.
Los subsidios otorgados por la Sagarpa tienden a beneficiar a los productores más ricos del país mientras que castiga a las y los productores menos capitalizados, temporaleros y minifundistas. De ahí la inequidad: las y los productores más capitalizados, aquellos que menos necesitan el dinero, son los que año con año tienen asignados más recursos y posibilidades de desarrollo.
Un ejemplo claro de ello es el Proagro Productivo (antes Procampo). Con un presupuesto superior a los 12.6 mil millones de pesos en 2016 y un padrón de 1.8 millones de productoras-productores,1 es con mucho el programa de mayor presencia en el campo de entre los que opera la Sagarpa, aun cuando mantiene un fuerte carácter regresivo al privilegiar los apoyos a quienes tienen mayor potencial productivo.
La mecánica operativa de las reglas de operación del Proagro Productivo establece tres categorías de apoyo:
1) Productores de autoconsumo (con un apoyo de mil 500 pesos por hectárea a quienes están en territorio de la Cruzada Nacional Contra el Hambre; de mil 300 pesos al resto de productores de autoconsumo) por un máximo de 5 hectáreas de temporal, o hasta 0.2 hectáreas de riego.
2) Productores en transición (de 5 hasta 20 hectáreas de temporal, o hasta 5 hectáreas de riego) con 800 pesos por hectárea; y
3) Productores en agricultura comercial con un apoyo de 700 pesos por hectárea, sin rebasar 80 hectáreas, sean éstas de temporal o de riego.
En esta estructura puede verse rápidamente como es un programa hecho a la medida para privilegiar a quienes tienen mayor potencial productivo y menos requieren de los subsidios: si bien las y los productores de autoconsumo reciben más del doble por hectárea que las y los de agricultura comercial, tienen como límite 5 hectáreas de temporal, o 0.2 de riego. Una injusticia manifiesta si hacemos el comparativo con las y los productores de agricultura comercial, que teniendo mayor potencial productivo y mayores ingresos, las reglas de operación autorizan apoyarlos hasta por 80 hectáreas, sin hacer distinción entre riego o temporal.
Ello se traduce en que un productor ubicado como de autoconsumo, con tierras de temporal, podría recibir como monto máximo posible 7 mil 500 pesos (hasta 5 hectáreas de mil 500 pesos) al año; por el contrario, el de agricultura comercial, con tierras de riego, podría alcanzar hasta 112 mil pesos por año (700 pesos por hectárea hasta 80 hectáreas, por 2 ciclos agrícolas).
A este respecto, las conclusiones del análisis de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC, es definitivo: “durante el sexenio de Felipe Calderón 20 por ciento de los beneficiarios de Procampo absorbió 60 por ciento de los subsidios federales, es decir, 58 mil 217 millones de pesos. En contraste, 80 por ciento de éstos sólo recibió 38 mil millones de pesos.”2 Actualmente el análisis sigue siendo correcto, pues las reglas de operación no han cambiado en lo sustantivo.
Otro abuso de este programa es que, mientras la producción de autoconsumo es producción de alimentos de las familias campesinas, básicamente maíz y frijol; la agricultura comercial recibe los subsidios para cultivar grandes extensiones de forrajes para ganadería, sorgo, plantaciones agroindustriales y comerciales, agaves y productos diversos de exportación. Es decir, en lugar de subsidiar a la agricultura de quienes más lo necesitan para solventar su alimentación, el programa dirige los subsidios a los grandes productores y exportadores agropecuarios.
Estos privilegios para los cultivos de grandes extensiones consagrados en las reglas del Proagro Productivo generan muchas otras injusticias, por ejemplo, la desigualdad en la distribución de los recursos por entidades federativas en función de la superficie sembrada, del tamaño promedio de los predios, del número de productoras y productores por estado incorporados al padrón de Proagro, etcétera.
De manera similar ocurre con el programa de estímulos a la producción ganadera (Progan), en donde los grandes ganaderos se les asigna aproximadamente el 59 por ciento de los recursos totales otorgados; lo cual provoca también que no exista un mecanismo equitativo con relación a la ganadería ejidal, a la ganandería menor (avícola, porcino, ovino, etcétera) y en general a las y los pequeños ganaderos.
Tampoco se ataque las desigualdades en el desarrollo regional, no obstante que es un mandato constitucional y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable el velar por el desarrollo equilibrado y sustentable de las regiones del país. Los recursos que son otorgados por conducto de Sagarpa, se concentran en sólo cinco entidades federativas con el 40 por ciento de los recursos totales en términos absolutos, siendo éstas: Sinaloa, Tamaulipas, Sonora, Jalisco y Chihuahua. Por su parte, las entidades del centro y sur del país, además de recibir menos presupuesto, les corresponde una cantidad menor por productor.
Por ello es ridículo presumir, como lo viene haciendo el Ejecutivo, de una balanza comercial agropecuaria superavitaria, cuando se logra a costa de millones de personas en el campo padeciendo hambre, de regiones enteras del país que permanecen en el atraso, la violencia y la destrucción de la sociedad rural.
Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, para que, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, reoriente los subsidios al campo hacia el sector de pequeños productores, reduciendo el apoyo del Proagro Productivo de 80 a 20 hectáreas y establecer un tope de hasta 40 cabezas de ganado para el Progan.
Notas
1 Boletín de prensa de la Sagarpa.
http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/
proagro-productivo-abre-ventanillas-con-reglas-de-operacion-mas-agiles-y-sencillas.
(Algunasfuentes informativas siguen hablando de 2.6 millones de beneficiarios,
pero son datos de antes de la depuración de padrones por Sagarpa)
2 http://subsidiosalcampo.org.mx/nota/acaparan-las-grandes-firmas-apoyos- al-agro-el-universal-14-de-agosto-de-2014/
Palacio Legislativo, a 5 de enero de 2017.
Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a los términos de la convocatoria publicada el 28 de octubre de 2016 referente al proyecto ambiental, cultural, arquitectónico y sustentable para reutilizar un predio de la tercera sección del bosque de Chapultepec, suscrita por la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada federal, Norma Xochitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena a la XLIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esa soberanía, la siguiente:
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe de gobierno y a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, a modificar los términos en que fue expedida la convocatoria publicada el 28 de octubre de 2016, referente al proyecto ambiental, cultural, arquitectónico y sustentable para reutilizar un predio de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec.
Lo anterior, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El Bosque de Chapultepec es una zona histórica de incalculable valor sin el cual no podríamos entender el proceso histórico de la conformación de nuestra Ciudad; por si fuera poco, cuenta con una declaratoria de valor ambiental ya que por sus características biológicas y físicas, presta importantes servicios ambientales, favorece la recarga de los mantos acuíferos, regula el clima, produce oxígeno, además de ser emblemático en el ámbito nacional por los valores históricos, arqueológicos, turísticos, culturales y recreativos que posee y que en el transcurso del tiempo se ha conformado como un referente internacional de la Ciudad de México.
La Tercera Sección del Bosque de Chapultepec fue inaugurada en 1974 y declarada como área natural protegida través de los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 1992, bajo la categoría de zona sujeta a conservación ecológica integrada por 243.9 hectáreas, como sabemos es una zona importante de preservación para especies de flora y fauna, así como una fuente importante de servicios ambientales para la Ciudad y es considerado el bosque urbano más grande de Latinoamérica. La Tercera Sección del Bosque de Chapultepec es el último reducto de bosque urbano y de barrancas no urbanizadas en el Valle de México y constituye un patrimonio ambiental insustituible.
En el presente punto de acuerdo me quiero referir en particular a un predio de 19 mil seiscientos metros cuadrados ubicado en los terrenos que ocupó el centro acuático y de diversión, “El Rollo”, que pretende ser concesionado mediante la emisión de una convocatoria para crear un proyecto a todas luces comercial que es violatoria de nuestro derecho a un medio ambiente sano, a la participación ciudadana y la información, así como al espíritu del decreto de conservación ecológica de 1992; dicha convocatoria fue publicada en agosto pasado con la precipitación de quien se siente culpable ya que tiene graves inconsistencias, redactada en términos vagos y opacos pues no determina con precisión qué se requiere; otorga cinco días para registro y 30 para la presentación del proyecto. En términos llanos “hecha a modo” con la clara intención de favorecer y privatizar esa importante extensión territorial de vocación ambiental y de servicio a todos los ciudadanos, la misma que fuera concesionada en la década de los noventa creando el parque acuático “Aguas Salvajes”, que después fue “La Ola” y finalmente “El Rollo Chapultepec” que cerró en 2007 para quedar abandonado.
Es de vital importancia detener la sobre-explotación de este “pulmón verde” y dejar de lado los intentos de comercialización del área. Ya lo vimos con el descabellado proyecto de la “Gran Rueda de la Fortuna”, de igual forma resulta inexplicable la instalación del “Cantón Suizo”, acciones que no benefician directamente a los habitantes de la Ciudad y que decir del Centro de Transferencia Modal (Cetram-Chapultepec) proyecto que incluye plaza comercial y hotel.
Es lamentable palpar cada día que las autoridades ven más por los intereses de los particulares que por los de la ciudadanía. Hay que regresar estas áreas a su vocación original, como área natural de conservación ecológica con zonas de esparcimiento, recreación y equipamiento natural de la ciudad, garantizando así el interés superior de sus habitantes a una ciudad sustentable.
El artículo 90 Bis 7 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal, establece que los bosques urbanos bajo la categoría de áreas de valor ambiental tendrán un Consejo Rector Ciudadano, cuyo objeto es evaluar, planear, diseñar y sancionar, en coordinación con las autoridades competentes, los programas, proyectos y acciones que se pretendan desarrollar en estás, así como establecer los criterios que normen las decisiones administrativas en dichas Áreas de Valor Ambiental, respecto al establecimiento de criterios para la expedición de autorizaciones, permisos, concesiones y demás actos jurídicos para la realización de actividades dentro de los bosques urbanos, que determine la autoridad.
Ha trascendido en medios que formalmente el proyecto no se ha presentado ante el Consejo Rector del Bosque de Chapultepec hasta que den a conocer al ganador de la convocatoria, lo que contraviene lo estipulado en la ley, que establece un esquema de coordinación inexistente en el caso que nos ocupa, incluso los comités ciudadanos de Polanco Chapultepec y Lomas Virreyes presentaron una solicitud de amparo en contra de la convocatoria emitida por la Secretaría del Medio Ambiente, al considerar que a partir de sus inconsistencias violenta los derechos a un medio ambiente sano, la participación ciudadana y la información oportuna, así como los decretos de valor ambiental y conservación ecológica, comentando que será el Grupo Salinas quien resulte ganador de la Convocatoria.
A estos reclamos se han sumado los comités vecinales de Las Granadas, mismos que ha emprendido una lucha en defensa de su territorio contra los Sistemas de Actuación por Cooperación que pretenden redensificar zonas específicas otorgando concesiones especiales a constructores provocando una cascada de problemas vecinales: caos vehicular, desabasto de agua y crecimiento desordenado al crear paraísos inmobiliarios y comerciales sin importar los impactos negativos sean sociales, ambientales o de movilidad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Por el cual se exhorta al jefe de gobierno y a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para que, en uso de sus atribuciones legales, modifique los términos en que fue expedida la Convocatoria publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 28 de octubre de 2016, en la que se invita a participar en un Proyecto Ambiental, Cultural, Arquitectónico y Sustentable para reutilizar un predio de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, con la intención que se dé cumplimiento a los ordenamientos legales relacionados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de enero de 2017
Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y Capufe a reconsiderar en el marco de sus atribuciones el incremento del peaje en las carreteras federales, suscrita por el diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado federal Braulio Mario Guerra Urbiola, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 55 fracción II, 58, 60 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La infraestructura carretera impacta de manera directa en la economía de los ciudadanos, sobre ellas se transporta el 85% de las mercancías nacionales y son la principal vía movilidad de ciudadanos.
Por ello, el comunicado 020 emitido por Caminos y Puentes Federales, donde se anunció que a partir de las 00:01 horas del 30 de noviembre de 2016, las tarifas en la red de caminos y puentes concesionados sufrirían modificaciones a la alza, despertó preocupación e inconformidad en la población en general.
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados en 2004, publicó una investigación denominada “Análisis comparativo de tarifas en autopistas concesionadas: los casos de Argentina, Brasil, España y México” en la que precisa que México tiene uno de los costos por kilómetro más altos del mundo.
Sin dejar de lado la infraestructura carretera con altos estándares de calidad en un país es sinónimo de competitividad, podemos mencionar que México ocupa el lugar número 52 de acuerdo al Fondo Monetario Internacional y que de 2012 a 2016 retrocedió en el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial, de la posición 47 a la 54, estos datos nos muestran que existen áreas de oportunidad para mejorar y elevar nuestra productividad a partir de la mejora de los tramos carreteros y traducirlo en bienestar para los mexicanos.
El sentir social respecto a la situación carretera se puede resumir en un decremento en la calidad asfáltica, inseguridad y aumento de los tiempos de traslado, ejemplo de ello es la carretera federal 57 que conecta a la capital del país con siete Entidades Federativas, que sigue reportando accidentes viales día con día.
Aunado a esto, el entorno externo al que la economía mexicana se enfrentará en 2017 será complejo, por lo tanto los pronósticos de inversión y consumo hasta ahora son reservados, sin duda, el aumento del peaje abona al encarecimiento de las mercancías e impacta de manera directa en la economía familiar.
En consecuencia, no es coincidente ni justificable el aumento de las tarifas de peaje ya puesto en marcha por Caminos y Puentes Federales, esta proposición atiende al reclamo y exigencia ciudadana para reconsiderar dicho aumento.
Por ello, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y a Caminos y Puentes Federales, a que, en el marco de sus atribuciones, reconsideren el incremento de las tarifas de peaje en las carreteras federales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 5 de enero de 2017.
Diputado Braulio Mario Guerra Urbiola (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Conagua y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a realizar acciones respecto a los peces muertos en el río Tunal, en Durango, a cargo de la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe Silvia Guadalupe Garza Galván, senadora por el estado de Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Comisión Nacional del Agua y Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a realizar diversas acciones respecto a los peces muertos en el río Tunal, en el estado de Durango, conforme al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El pasado viernes 16 de diciembre del presenta año se hizo público que diversos medios de comunicación a nivel local realizaron una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), debido a la mortandad, según se estima, de miles de peces, en el Río Tunal, en el estado de Durango.
Derivado de lo anterior, personal de la Profepa llegaron a las inmediaciones del río, precisamente en las coordenadas 24° 05’ 14.2” N -104°29’ 09.2” W, donde el personal constató la presencia de los peces sin vida. Ante la situación y por tratarse de una facultad de la autoridad del Agua, para ser exactos, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) misma que investigó el caso y llegó a la conclusión de que la causa de la muerte de los peces se debió a la descarga de Agua Residual Cruda, proveniente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales perteneciente al Sistema de Aguas Municipales, los cuales no dieron el tratamiento adecuado al agua y aun así realizaron las descargas al río.1
Cabe mencionar que personal de Conagua y de Protección Civil de Durango iniciaron las acciones de limpieza, principalmente el retiro de los peces muertos, para posteriormente ser depositados y enterrados en zanjas.2
Como medidas de precaución se alertó a la población de no utilizar el agua del Río Tunal, ni para aseo personal, consumo o riego de plantíos, además de que la alerta se extendió exhortando a los habitantes para que no consuman peces locales.3
La PROFEPA manifestó que no tiene facultad jurídica en este caso, sin embargo, dejó claro que trabajará en coordinación con las demás autoridades con el fin de contribuir a la preservación y cuidado del medio ambiente de la entidad.4
La causa de la muerte de los peces fue porque vertieron agua contaminada, que se supone debía ser tratada y no lo fue, o lo fue ineficazmente, es verdaderamente espeluznante ver las fotografías de los medios de comunicación donde se aprecia la gran cantidad de peces muertos y también se puede ver partes del Río Tunal cubiertas completamente por espuma de las aguas residuales que se le vierten.
Es lógico que la fauna marina no pueda vivir en esas condiciones, además de que se causa una afectación a la flora y todo el ecosistema que depende del agua del río. Más de una vez he dicho que no podemos dejar que se sigan contaminando las aguas, el agua es un elemento vital para nuestra subsistencia.
Además de que se deben tomar todas las medidas necesarias para evitar que sigan sucediendo percances de esta naturaleza y de ser necesario aplicar las medidas disciplinarias a quienes resulten responsables.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Comisión Nacional del Agua para que a la brevedad posible, informe a ésta Soberanía sobre el seguimiento y resultados de sus investigaciones sobre los peces muertos en el Río Tunal, en el estado de Durango. Además de que en coordinación con las autoridades estatales y municipales correspondientes elaboren un plan de acción y prevención para evitar futuros sucesos similares.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a que en coordinación con las autoridades estatales competentes realice una investigación para determinar si la contaminación del Río Tunal, en el estado de Durango, representa un peligro para la ciudadanía. Además que informe a la brevedad posible a ésta Soberanía sobre el seguimiento y resultados de sus investigaciones.
Notas:
1 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, comunicado de prensa, consultado el 19 de diciembre de 2016:
https://www.gob.mx/profepa/prensa/atiende-profepa-denuncia-por-mortandad-de-peces-en-rio-tunal-durango?idiom=es
2 Periódico La Jornada, consultado el 19 de diciembre de 2016 en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/16/planta-municipal-de-trata miento-mata-a-peces-de-rio-de-durango
3 Noticias UNOTV, información consultada el 19 de diciembre de 2016 en: http://www.unotv.com/noticias/estados/durango/detalle/hallan-miles-de-p eces-muertos-en-rio-el-tunal-908228/
4 Noticias MVS, información consultada el 19 de diciembre de 2016 en: http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/atiende-profepa-denuncia-por-mor tandad-de-peces-en-el-rio-tunal-durango-16
Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a diseñar en conjunto programas de turismo sustentable en zonas indígenas del país, con un principio imperante de sustentabilidad, donde los beneficiarios sean los pobladores indígenas de dichas áreas, a cargo de la senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del PRD
Senadora Luz María Beristáin Navarrete, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La realidad de nuestro país en materia de pobreza es lamentable, es un hecho notorio el cual todos los ciudadanos logramos percibir, además otros factores como la corrupción, la discriminación la falta de oportunidades para los ciudadanos que no cuentan con una formación académica profesional agrava el problema.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, entre 2012 y 2014 el porcentaje de población en pobreza subió de 45.5 a 46.2 por ciento.
Las personas en estado de pobreza conforman un gran porcentaje de la población mexicana y por lo tanto debemos crear todo el andamiaje necesario que en realidad propicie la erradicación de la pobreza.
En la siguiente tabla podemos ver la situación de pobreza según entidad federativa:
Como podemos ver en la siguiente tabla, los 10 estados con más pobreza son los estados de:
1. Chiapas
2. Oaxaca
3. Guerrero
4. Puebla
5. Michoacán
6. Tlaxcala
7. Veracruz
8. Hidalgo
9. Morelos
10. Zacatecas
En el siguiente gráfico podemos visualizar que en los estados donde existen más regiones indígenas son los Estados con más pobreza.
1
Como podemos apreciar, las zonas con más pobreza coinciden con localidades con población indígena considerable, por lo cual dadas sus circunstancias reducidas de desarrollo social es necesario ocuparnos en crear estrategias que brinden herramientas de desarrollo y de erradicación de la pobreza, de tal suerte que es necesario crear programas especiales en dichas localidades para los ciudadanos originarios, que respeten los derechos en las zonas de los pueblos indígenas, de manera sustentable, respetando sus valores culturales y sociales, tal como lo establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Cabe destacar que existe un programa que logra realizar un desarrollo en zonas indígenas por parte de la Comisión de Desarrollo de Pueblos Indígenas, denominado “Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas”, el cual tiene como población objetivo, núcleos agrarios, organizaciones y grupos de trabajo, conformados por indígenas, que se encuentren en las localidades de cobertura del “Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas”.
El “programa” es el instrumento a través del cual la CDI apoya a grupos indígenas organizados para que de manera sustentable y sostenible, aprovechen su patrimonio natural y riqueza cultural para generar proyectos de empresas turísticas que sean una alternativa de ingresos económicos y, a su vez, permitan preservar y difundir los recursos con los que cuenta la población indígena.
En 2013 hubo el apoyo para la ejecución de 286 proyectos en los rubros de infraestructura y equipamiento, capacitación, promoción, formulación y diseño de proyectos e integradoras; así como el pago de permisos ambientales para sitios de turismo alternativo, beneficiando a 208 organizaciones indígenas, conformadas por 8,313 personas, de las cuales 75 organizaciones cuentan con el 50% y más de mujeres en sus organizaciones, ubicadas en 23 entidades federativas.
Es necesario seguir impulsando el cambio de paradigma en materia turística, ya que es posible preservar nuestra cultura y generar ingresos para los pueblos indígenas.
“Los pueblos indígenas de México son una pieza fundamental del mosaico de culturas y tradiciones que han contribuido a la construcción de México moderno. Conocer a México demanda conocer a sus pueblos originarios, entender su realidad y costumbres; apreciar su cultura y tradiciones. Identificar lo que los define en sí mismo y nos une a ellos, en lugar de resaltar lo que nos diferencia y aparta.”2
México es una de las naciones con mayor riqueza cultural del mundo, por ello estamos obligados a preservarla y a tomar acciones que lo propicien, es ahí donde el engranaje que se requiere son los proyectos que conserven y preserven las riquezas de nuestra cultura.
El turismo es una de las principales actividades del país, nuestra nación al contar con varias clases de ecosistemas está catalogado como megadiverso, lo que incrementa su potencial en materia turística, además no solo hay riquezas naturales en nuestro país, sino también culturares y con ello el turismo se vuelve una herramienta y detonante del desarrollo social y de la gestión cultural.
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), en el continente Americano, México se posiciona como el segundo país que más recibe visitantes del exterior para el año 2015.
En el 2014, las actividades que más contribuyeron al crecimiento del Producto Interno Bruto Turístico de México fueron: el transporte de pasajeros, bienes y artesanías, así como el servicio en restaurantes, bares y centros nocturnos.
De cada 100 pesos gastados en actividades turísticas, 87.9 fueron aportados por turistas residentes en México (turismo interno).
La actividad turística generó 2.3 millones de puestos de trabajo, es decir, el 5.8% del total nacional.
Es menester mencionar que en materia turística se le conoce como turismo de naturaleza, a aquellos viajes que tienen como fin el realizar actividades recreativas en contacto con la naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y culturales, así mismo se puede clasificar en ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural, principalmente.
Las comunidades indígenas tienen un alto potencial en este tipo de turismo, ya que se ha demostrado en los últimos años que es una oferta turística muy atractiva, sobre todo por el respeto a la cultura y a la sustentabilidad.
Además el turismo rural, entendiéndolo como aquellos viajes que tienen como fin realizar actividades de convivencia e interacción con una comunidad rural, en todas aquellas expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas de la misma, también está en crecimiento en nuestro país.
El programa de turismo de la CDI que se mencionó anteriormente, no es suficiente para causar un cambio positivo, es por ello que la Secretaría de Turismo debe realizar los esfuerzos planteados de manera completamente sustentable.
Es el momento oportuno de invertir en el crecimiento turístico, y además en la preservación de nuestras culturas originarias, en la erradicación de la pobreza de los ciudadanos más vulnerables de nuestro país, y poder propiciar un cambio de paradigma en nuestro país.
Asimismo, en el marco de la COP13 sobre Biodiversidad, recién celebrada en Cancún, Quintana Roo, ha habido grandes avances como por ejemplo la declaración de Cancún o la declaratoria de reserva de la biosfera en Quintana Roo, de tal manera que nuestro país ha sido sede de grandes esfuerzos para todo el mundo, debemos dar continuidad a los trabajos fomentando practicas sustentables que cuiden a la biodiversidad y con ello provocar un desarrollo social a los mexicanos más desprotegidos, más pobres y con menos oportunidades.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo Federal y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a que en conjunto diseñen programas de turismo sustentable en zonas indígenas de nuestro país, bajo un principio imperante de sustentabilidad, en donde los beneficiarios sean los pobladores indígenas de dichas zonas.
Notas
1 http://www.cdi.gob.mx/regiones/regiones_indigenas_cdi.pdf
2 http://www.cdi.gob.mx/dmdocuments/pueblos_indigenas_mexico_navarrete_c1 .pdf
Dado en el salón de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 5 de enero de 2017.
Senadora Luz María Beristáin Navarrete (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la realización de actos contra los habitantes de la comunidad Salaverna, de Mazapil, que impliquen su desplazamiento forzado interno, al cese inmediato del uso de la fuerza pública para desalojar a sus pobladores y al restablecimiento de los servicios estatales básicos y a la concertación de mesas de diálogo entre los moradores de Salaverna y el gobierno de Zacatecas en las que se garanticen los derechos humanos de los habitantes, suscrita por los diputados Mariana Trejo Flores, Alfredo Basurto Román y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena
Mario Ariel Juárez Rodríguez, Marian Trejo Flores y Alfredo Basurto Román en nuestra calidad de diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. El pasado 23 diciembre de 2016, desde la 7:15 de la mañana de ese viernes, elementos de la Dirección Estatal de Protección Civil acompañados por elementos de las policías Estatal Preventiva (PEP) y Ministerial (PM), el personal de Protección Civil acudieron a desalojar a las y los pobladores de la comunidad de Salaverna, en el municipio de Mazapil, Zacatecas, al momento en que sus dirigentes habían sido citados previamente para un reunión con el gobierno de Zacatecas, dado que se niegan a abandonar esa comunidad. Esta acción se efectúo con violencia y sin orden judicial.
Roberto de la Rosa, líder de los inconformes, relató que “los pocos habitantes que vivían en Salaverna fueron testigos de las demoliciones de sus casas y algunas construcciones hasta reducirlas a escombros. Explicó que salieron a las 6:30 horas rumbo a esta capital para asistir a su cita con representantes del gobierno estatal y abordar el conflicto que tienen por la pretensión de Slim Helú de operar una mina a cielo abierto en esa comunidad, donde Frisco obtuvo en 2013 una concesión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales”.1
Sin embargo, dijo que el empresario no tiene la propiedad de los predios donde estaban construidas las casas, y ahora, en contubernio con los gobiernos estatal y federal, los desalojaron. “Cuando ya estábamos en la capital, nos llamaron familiares y amigos por teléfono para denunciar que acababan de subir varias camionetas con trabajadores para realizar las demoliciones, dijo”.2
“Indicó que a cambio de abandonar voluntariamente su localidad, la minera les ha ofrecido irse a un conjunto habitacional denominado Nuevo Salaverna. Al menos 150 familias aceptaron .Unas 20 familias no aceptaron y, en represalia, en 2013 la minera Tayahua incrementó las explosiones subterráneas cerca de la superficie, provocando hundimientos y fracturas de algunas casas para obligar a los renuentes a salirse del viejo Salaverna, denunció Roberto de la Rosa”.3
“Contó que el gobierno del estado cerró la única primaria del lugar y trasladó los servicios educativos a la nueva colonia –ubicada a siete kilómetros–, y envió personal de Protección Civil del estado con tres dictámenes en los que recomienda el desalojo de la población ante el supuesto riesgo de hundimientos”.4
El gobierno estatal acepto mediante un comunicado, leído por Fabiola Torres Rodríguez, Secretaria de Gobierno del Estado que se acudió a Salaverna a notificar a de su desalojo a las familias que viven en 16 viviendas, ante el peligro inminente de hundimientos.5 Derivado de este operativo fue derribada le escuela y una vivienda. El templo también colapso.
Después del operativo, algunos de los habitantes se manifestaron en la capital de Zacatecas para exigir al gobierno del Estado detener el desalojo. En vísperas de Noche Buena, los manifestantes bloquearon por más de cinco horas la Avenida Hidalgo, en la capital zacatecana, y previamente lo habían hecho frente a la Casa de Gobierno.
Actualmente todavía existen 22 familias que se niegan a ser reubicadas. Los habitantes culpan al gobierno del Estado por lo sucedido en la comunidad calificándolo de arbitrariedad, pues hace algunas semanas se les invitó a una reunión con autoridades estatales para el miércoles, pero una vez que dejaron la localidad, se inició el operativo para desalojarlos. Muchos de ellos se sienten engañados, amenazados y temerosos por posibles represalias en empleo y marginación.
Por su parte, la noche del viernes 23 de diciembre de 2016 mediante un comunicado, Minera Tayahua dio a conocer que mantiene su oferta de ayudar a las 17 familias que se mantenían en Salaverna, al entregarles una vivienda con título de propiedad en Nuevo Salaverna, donde la empresa construyó un preescolar, una primaria y una secundaria; una Biblioteca Digital Telmex, una clínica familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una iglesia y una Casa del Peregrino.
Segunda. Este conflicto se agudizó el 6 de diciembre de 2012, a las 19:15 horas, cuando una fuerte explosión en la mina subterránea cuarteó la iglesia, la agencia municipal, la plaza principal y sacudió de arriba a abajo, como quien te tira una dinamita en los pies, a todo el pueblo. La detonación provocó un hundimiento en el cerro de La Milanesa provocando un tajo de más de 10 metros de diámetro en la zona Este de Salaverna.
La propuesta de los habitantes es sencilla, reubicación si pero en condiciones dignas lo que implica: Una extensión similar a la actual de Salaverna, que se les dotaran de solares con la construcción que cada uno tenía (es decir, una réplica igual de sus viviendas) en predios de 50 por 50 metros, con luz eléctrica, con escuelas, con la iglesia, con tiendas y todo los servicios a los que están acostumbrados.
La propuesta de la empresa es: mudarse a un fraccionamiento de 90 pequeñas casas construidas en apenas once hectáreas, con iglesia, clínica del IMSS, jardín de niños, primaria, telesecundaria y una biblioteca digital Telmex.
“A quienes se fueron al fraccionamiento, en cuanto cerraban la puerta, les destruían sus casas en Salaverna, porque si se arrepentían podrían regresar; y ahí tiene, nuestro hermoso pueblo lo ha desaparecido prácticamente este señor que por varios años fue el hombre más rico del mundo”, explica Roberto de la Rosa, quien desde 2012 no ha parado de luchar en la defensa de su tierra y de su gente.6
Quiere, junto con las familias que lo respaldan, tres cosas: “certeza jurídica de nuestra tierra; condiciones de vida a las que estamos acostumbrados; y, por último, indemnización por daños y perjuicios”.7
Después de cuatro años de lucha el saldo contra Salaverna y sus habitantes es aterrador: La iglesia se cayó, las oficinas del delegado municipal han sido abandonadas, la escuela y el kinder se cerraron, la clínica del IMSS ya no funciona, decenas de viviendas se destruyeron, el ayuntamiento retiró el alumbrado público, no hay abasto de víveres, enormes hundimientos han colapsado este pueblo por las constantes explosiones de la mina subterránea, Google ya lo borró del mapa. Prácticamente es un pueblo fantasma si no fuera por la presencia de las 19 familias que decidieron enfrentar a Minera Tayahua-Frisco, propiedad de Slim Helú, y no aceptar sus condiciones de reubicación que consideran denigrantes.
Tercera. La intención de la Minera Tayahua-Frisco, propiedad de Slim Helú, es comenzar la explotación a cielo abierto precisamente en el pueblo de Salaverna.
La mina se extiende en una intrincada red de túneles construidos en más de 35 niveles que cubren una zona superior a siete kilómetros de diámetro; La entrada de la mina se localiza a siete kilómetros en línea recta de Salaverna; es decir, los aproximadamente mil o dos mil obreros que laboran en sus túneles entran desde el pueblo de La Estación Providencia, ubicado hacia el norte, por un socavón de cinco metros de ancho por cuatro de altura, mientras que el regreso es por otro túnel de cinco metros por cinco metros; ambos tienen una longitud de siete kilómetros y son una muestra de la alta ingeniería con que ha sido construida esta gigantesca excavación.
La minera Frisco-Tayahua es subsidiaria del Grupo Carso. La empresa Tayahua comenzó sus operaciones en esta zona en 1972, pero en 1997 Frisco (de Carlos Slim) adquirió 51 por ciento de las acciones y en mayo de 2011 minera Frisco incrementó 90.2% su participación. En 2010 comenzaron los trámites para la explotación a cielo abierto donde está Salaverna.
El proyecto a cielo abierto, explica Federico Guzmán López, especialista en megaproyectos mineros y estudioso del caso, tendría una producción diaria de 5 mil 500 toneladas de plomo, cobre, zinc, plata y oro; es decir, una extracción bruta cada 24 horas de 5 mil 500 toneladas de molienda diaria de mineral.
Los operadores metalúrgicos del dueño de Sanborns y Telcel han proyectado abrir un inmenso boquete precisamente con epicentro en la plaza principal del histórico Salaverna, para comenzar una extracción a cielo abierto en una área de 42 hectáreas; es decir, excavar un hoyo con diámetro de un kilómetro y 200 metros por donde circularán, en una infinita espiral hacia el centro del boquete, camiones de volteo de 160 toneladas cada uno y barrenarán en cada explosión algo así como 75 mil toneladas de material.
Pero no es así, advierte Federico Guzmán, especializado en megaproyectos mineros. “Ahí le van los datos, sin tanto rollo: cotejar varias cifras e indicadores de INEGI, de la Secretaría de Economía, del Fondo Minero y del índice de la pobreza, nos dice que por cada mil dólares generados por la minería, en Mazapil (municipio al que pertenece Salaverna), apenas el 0.05 por ciento se han quedado aquí; el resto, 999.95 dólares se han ido en ganancias netas para las empresas. ¿Entonces dónde están los beneficios?”, pregunta. Los resultados son evidentes.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señala que el 72.7% de la población de Mazapil, en 2010, está en situación de pobreza, mientras que Zacatecas, la entidad a la que pertenece Mazapil, tiene un índice en ese mismo año de 60.2% y en México el 46.3% de la población. De ese tamaño es el drama que viven miles de habitantes de Mazapil donde Guzmán López ha estudiado el comportamiento de la minería y ofrece las siguientes cifras de esta zona donde Peñasquito (Gold Corp, empresa canadiense) y Salaverna (Tayahua-Frisco, de Carlos Slim) se reparten el pastel de las ganancias del subsuelo:
“Peñasquito tiene unas reservas probadas de 1982 a 2014 de oro de 17 millones 400 mil onzas, las cuales a precios internacionales actuales son 22 mil millones de dólares; de plata asciende a 1046 millones de onzas, las cuales se cotizan con precios internacionales de 2014 en 19 mil 874 millones de pesos; de zinc son 15,334 millones de libras que a precios internacionales se colocan en 16 mil 560 millones de dólares; y, de plomo se estiman en siete mil millones de libras, cotizadas en 6 mil 220 millones de dólares. Es decir, las reservas de esta impresionante mina rondan los 62 mil millones de dólares. En el caso de Frisco-Tayahua hay pocos datos, pero de acuerdo al reporte anual de la empresa su producción de minerales durante 2014 ascendió a poco más de 12,350 mil millones de pesos; al abrirse esta mina a cielo abierto seguramente las ganancias se dispararán”.
Cuarta. Este caso ya forma parte de la lista hecha por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), que identifica 37 conflictos mineros vigentes en México.8
De acuerdo con el mapa de la conflictividad elaborado por el OCMAL, se trata de la operación al margen de la ley de la Minera San Xavier, en San Luis, Potosí; el derrame de la Minera María, en Sonora; el conflicto de Cananea, entre el Grupo México y Sindicato Minero; el derrumbe en Pasta de Conchos, Coahuila; la usurpación de tierras a ejidatarios de Huizopa, Chihuahua, por parte de Minefinders; la contaminación del agua de Guanajuato por Great Panther; el levantamiento de los ejidatarios contra la mina de barita de Blackfire Exploration en Chicomuselo, Chiapas; la contaminación con arsénico del agua de Cocula, Guerrero; el caso de la Mina de Oro Nacional (canadiense) contra habitantes de Mulatos, Sonora; el tercer intento de Los Cardones por explotar Sierra de la Laguna (antes Paredones Amarillos), en La Paz, Baja California.
También se enlista la oposición colectiva a la Mina de Oro en Ejido Carrizal, municipio de Motozintla, Chiapas; el reclamo de las comunidades del municipio de Ocotlán, Oaxaca, respecto a la ilegalidad en concesiones mineras; la oposición a la planta de antimonio en Querétaro; así como el rechazo del proyecto de oro a 3 kilómetros de la Central Nuclear, en Veracruz.
En esa misma lista se incluyen el proyecto La Luz, que amenaza con destruir la “Cuna del Sol” para los huicholes, en Real de Catorce, San Luis Potosí; la defensa que hace el pueblo Wixárika de su territorio sagrado Wirikuta, en el municipio de Catorce, San Luís Potosí; la amenaza en el Valle de Los Sirios y comunidades campesinas de Baja California por las exploraciones mineras; la oposición de comunidades indígenas de la Sierra Sur a la minería de hierro, en Santa María de Zaniza, Oaxaca; la alerta que se mantiene en Ixtacamaxtitlán ante exploraciones mineras de Almaden Minerals, en San Miguel Tuligtic, Puebla; la criminalizan de la protesta de habitantes de San José del Progreso por la minera Trinidad, en San José del Progreso, Oaxaca; la presencia de la Minera Pitalla de Argonauta Gold en Baja California Sur.
Asimismo se encuentran identificados como focos rojos los casos de los comuneros que se oponen a la expansión de la mina Aquila, en Michoacán; el saqueo atribuido por inconformes a Esperanza Silver en la zona arqueológica de Xochicalco, en el Estado de Morelos; la expulsión de una minera de Magdalena de Teitipac, Oaxaca; el rechazo a la minera china Ganbo, en Tequesquitlán, Jalisco; la contaminación provocada por la Minera Peña Colorada en el territorio indígena nahua de Colima y Jalisco; la oposición a la minera Frisco en Tetela de Ocampo, Puebla; la violación a los derechos humanos atribuida a la Minera Excellon, en Tlahualilo, Durango.
El proyecto Encantada, que fue señalado por presunta usurpación de tierras en el ejido Tenochtitlán, Coahuila; el proyecto minero en Zacualpán, Colima (al cual nos hemos referido en esta columna); el proyecto La Lupe, que fue expulsado de las tierras de Zautla, Puebla; el proyecto El Aretón, acusado de destrucción y saqueo ambiental en Tlatlauquitepec, Puebla; la exploración de la Minera Autlán en el Área Natural Protegida Sierra del Tentzo, también en Puebla; y por supuesto el proyecto Calcosita-Salaverna, señalado por despojar a la comunidad de Salaverna, en Zacatecas.
A pesar de todo, nada parece frenar los intereses económicos que hay en la zona, ni siquiera los instrumentos internacionales signados por el Estado mexicano en materia de derechos humanos y de los pueblos indígenas, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas; el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y el Protocolo de San Salvador, que obligan a las autoridades a proteger, velar y garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas; proteger la biodiversidad, el derecho humano al agua, a la salud, a la alimentación, a un medo ambiente sano, entre otros derechos humanos fundamentales.
Quinta. El pasado mes de mayo de 2016 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presento el Informe el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México, ++++++ 9 ++++++ en el que se retoman los compromisos de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de “mantener y hacer realidad los derechos humanos garantizados por los instrumentos de derechos humanos internacionales y regionales, así como la Convención de Ginebra sobre los Refugiados, para todos los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y personas desplazadas, y virar la atención de los responsables en la realización de políticas y leyes hacia las medidas de protección para los más vulnerables entre los migrantes y solicitantes de asilo” , expresados en la Declaración de Clausura de la Conferencia Anual del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (CIC), celebrada el 23 de marzo de 2016.
El informe oficial reconoce el terrible problema humanitario que representa el Desplazamiento Forzado Interno en México y realiza una serie de propuesta dirigidas a distintas autoridades entre a los gobiernos estatales y municipales en donde se padece este flagelo, y señala; entre las cuales dentro de sus propuestas señala:
10. A los gobiernos de las entidades federativas que enfrentan una situación de desplazamiento forzado interno (DFI) :
Primera. Establecer programas emergentes para apoyo a la población que se ha desplazado, y coadyuvar con las autoridades federales y municipales en generar las condiciones necesarias para el retorno a comunidades de origen en condiciones de seguridad y paz.
Segunda. Atender de manera inmediata a las poblaciones víctimas del DFI, asignando recursos humanos y materiales para cubrir sus necesidades prioritarias.
Tercera. Brindar protección a las personas forzadas a desplazarse para evitar que sean receptores de amenazas y violencia.
Cuarta. Analizar cuáles deben ser las medidas adecuadas y eficaces que se deben diseñar para proteger las propiedades de las personas desalojadas, así como las autoridades designadas para tal propósito. Esas medidas deben servir para garantizar el derecho a la propiedad de las personas desplazadas.
Quinta. Atender y otorgar de manera prioritaria y sin costo para las víctimas de DFI, los documentos de identidad oficial que requieran y que competencialmente deban proporcionarles.
12. A los gobiernos municipales que enfrentan una situación de desplazamiento forzado interno (DFI) :
Primera. Establecer programas emergentes para apoyo a la población que se ha desplazado, y coadyuvar con las autoridades federales y estatales en generar las condiciones necesarias para el retorno a comunidades de origen en condiciones de seguridad y paz.
Segunda. Atender de manera inmediata a las poblaciones víctimas del DFI, asignando recursos humanos y materiales para cubrir sus necesidades prioritarias.
Tercera. Brindar protección a las personas forzadas a desplazarse para evitar que sean receptores de amenazas y violencia. Cuarta. Analizar cuáles deben ser las medidas adecuadas y eficaces que se deben diseñar para proteger las propiedades de las personas desalojadas, así como las autoridades designadas para tal propósito. Esas medidas deben servir para garantizar el derecho a la propiedad de las personas desplazadas”.
La Ley General de Víctimas señala:
Artículo 5. Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley, serán diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios siguientes:
...
...
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...
Enfoque diferencial y especializado.- Esta Ley reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas.
Las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos , como niñas y niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno. En todo momento se reconocerá el interés superior del menor.
Este principio incluye la adopción de medidas que respondan a la atención de dichas particularidades y grado de vulnerabilidad, reconociendo igualmente que ciertos daños sufridos por su gravedad requieren de un tratamiento especializado para dar respuesta a su rehabilitación y reintegración a la sociedad .
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Por su parte la comunidad internacional, ante la urgente necesidad de proteger a las personas, los Estados miembros de la ONU adoptaron la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, reflejando la voluntad global de encarar el tema del Desplazamiento Forzado Interno (DFI), principalmente a partir de la noción de la figura de refugiado.10
Los Principios Rectores los desplazamientos internos o “Principios Deng” definen a las personas desplazadas internas como “...las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida” . 11
Por su parte el principio rector 6.2 hace referencia explícita a la prohibición de desplazamientos arbitrarios , entre los que incluye casos de proyectos de desarrollo en gran escala (megaproyectos), que no estén justificados por un interés público superior o primordial.
“Principio 6
1. Todo ser humano tendrá derecho a la protección contra desplazamientos arbitrarios que le alejen de su hogar o de su lugar de residencia habitual.
2. La prohibición de los desplazamientos arbitrarios incluye los desplazamientos :
Basados en políticas de apartheid, «limpieza étnica» o prácticas similares cuyo objeto o cuyo resultado sea la alteración de la composición étnica, religiosa o racial de la población afectada;
En situaciones de conflicto armado, a menos que así lo requiera la seguridad de la población civil afectada o razones militares imperativas;
En casos de proyectos de desarrollo en gran escala, que no estén justificados por un interés público superior o primordial ;
En casos de desastres, a menos que la seguridad y la salud de las personas afectadas requieran su evacuación; y
Cuando se utilicen como castigo colectivo.
3. Los desplazamientos no tendrán una duración superior a la impuesta por las circunstancias.”
Por su parte el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional define al desplazamiento interno forzado como un delito de lesa humanidad y en su artículo 7 señala:
“Artículo 7 Crímenes de lesa humanidad
1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque :
a)... c)
d) Deportación o traslado forzoso de población;
2. A los efectos del párrafo 1:
a) Por “ataque contra una población civil” se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política ;
b)... c)
d) Por “deportación o traslado forzoso de población” se entenderá el desplazamiento forzoso de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional ...”.
Sexta. Conforme al artículo 1o. constitucional “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”, por lo que este caso es particularmente doloroso dado que existe un reconocimiento del propio gobierno del estado de participar, promover e incluso cometer acciones que pueden ser catalogadas como Desplazamiento Interno Forzado, lo cual representa una crimen de lesa humanidad, cuyos efectos deben cesar de inmediato.
La protección de los ciudadanos no debe utilizarse como pretexto para encubrir intereses comerciales sobre megaproyectos de desarrollo, ni para favorecer intereses particulares sobre el bien colectivo. Utilizar las instancias de protección civil o a los cuerpos de seguridad publica lejos para un desalojo forzado, desnaturaliza la función pública de las instituciones fortalece la percepción de existe un interés comercial sobre el bienestar de las personas y no convence a los habitantes de Salaverna,
La democracia, como uno de los valores fundamentales de la vida moderna, emana directamente de una concepción de hombre que reposa sobre la organización efectiva de la vida en sociedad y sobre la institucionalidad.
En ese sentido, la construcción de consensos depende del reconocimiento de la alteridad, y de la necesidad de encontrar un “lugar común” sobre el cual basar la convivencia humana.
Por las razones arriba expuestas, ponemos a consideración de esta soberanía, como de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al gobierno del estado de Zacatecas para que se abstenga de incurrir en actos en contra de los habitantes de la comunidad Salaverna, municipio de Mazapil, que impliquen su desplazamiento forzado interno, cese de inmediato el uso de la fuerza pública para desalojar a sus pobladores y se reestablezcan todos los servicios estatales básicos, en particular la educación primaria, alumbrado público y agua potable que está obligado a brindar a los habitantes.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que intervenga y concerté mesas de diálogo entre los moradores de Salaverna y el gobierno del estado de Zacatecas en las que se garantice los derechos humanos de los habitantes, incluida la certeza jurídica sobre sus tierras, indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados, y condiciones de vida dignas.
Tercero. Se exhorta a la Comisión de Ejecutiva de Atención a Víctimas para que le dé atención inmediata a los pobladores de Salaverna, municipio de Mazapil, Zacatecas en términos de la Ley General de Víctimas como desplazados internos.
Cuarto. Se exhorta a la Procuraduría General de la Republica para que investigue la posible comisión de delitos como despojo, daño a la propiedad, abuso de autoridad y colusión de funcionarios públicos cometidos contra sus pobladores.
Quinto. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que realice una inspección in situ a la mina de Salaverna y determine la afectación ocasionada por la minera Minera Tayahua-Frisco al poblado de Salaverna y sus habitantes así como los daños por los hundimientos ocasionados durante la explotación de la mina.
Notas
1 La Jornada 23 diciembre de 2016. Con artimañas desalojan a los habitantes de Salaverna, donde opera mina de Slim.
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&
cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiswryCnqTRAhULyGMKHRFQCLkQFgggMAE&url=http%3A%2F%2F
www.jornada.unam.mx%2F2016%2F12%2F24%2Festados%2F028n1est&usg=AFQjCNF-UvyO2-cfACsaX42JZd5FeV1s-Q
2 Ídem.
3 Ibídem.
4 Ibídem.
5 Comunicado de prensa por desalojo en Salaverna, municipio de Mazapil, Fabiola Torres Rodríguez, Secretaria de Gobierno del Estado. https://youtu.be/bVJUq7dRAmc
6 El Horizontal. Aquí no queda ni Dios, 13 de diciembre de 2016.
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&
cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgkuHz8KbRAhVU9GMKHTCHDcIQFggZMAA&url=http%3A%2F%2F
www.elhorizontal.com%2Faqui-no-queda-ni-dios%2F&usg=AFQjCNHezZcR6TAkhrOUfXLTQrsTtPnFpA
7 Ídem.
8 Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) Mapa de conflictos mineros, proyectos y empresas mineras en América Latina.
http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=li sta&idpais=02024200
9 Informe el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México Mayo 2016.
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=
web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlmM_D0aPRAhVI2oMKHVNIAK8QFggeMAA&
url=http%3A%2F%2Fwww.cndh.org.mx%2Fsites%2Fall%2Fdoc%2FInformes%2FEspeciales%2F
2016_IE_Desplazados.pdf&usg=AFQjCNFJ2UqVBtu7xoti7NzCrUEG4JGatA
10 ACNUR, “Introducción a la protección internacional. Protección de las personas de la competencia del ACNUR, módulo informativo 1”, 1 de agosto de 2005, página 9.
11 Principios Rectores de los desplazamientos internos. [UN doc. E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 de febrero de 1998. La Comisión de Derechos Humanos tomó nota de estos Principios Rectores —véase resolución 50 de la CDH del 17 de abril de 1998.]
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdmhb .htm
Recinto de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2017.
Diputados:Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas dependencias federales a atender la situación de los productores de frijol de Zacatecas, suscrita por los diputados Claudia Edith Anaya Mota, Benjamín Medrano Quezada, Francisco Escobedo Villegas y Araceli Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRI
Quienes suscriben, diputadas federales Claudia Edith Anaya Mota y Araceli Guerrero Esquivel; y los diputados federales Benjamín Medrano Quezada y Francisco Escobedo Villegas integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión por el estado de Zacatecas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable Comisión Permanente, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
I. En fecha 29 de noviembre de 2016, mediante oficio DAP/0310, suscrito por la ciudadana diputada Guadalupe Celia Flores Escobedo, presidenta de la Mesa Directiva del honorable Congreso del estado de Zacatecas, correspondiente a la LXII Legislatura, mediante el cual turnan a estas representaciones populares acuerdo 31, mediante el cual se exhorta a los legisladores federales zacatecanos a coadyuvar en la defensa del precio y la comercialización del frijol producido en la entidad, suscrito por las diputadas Guadalupe Cecilia Flores Escobedo, presidenta, Guadalupe Nalleli Román Lira y Patricia Mayela Hernández Vaca, secretarias de la Mesa Directiva.
II. En México, de acuerdo con la fuente “Panorama Agroalimentario, frijol 20151”, el frijol es el tercer cultivo en importancia por la superficie que ocupa, después del maíz grano y el sorgo grano. Durante 2014 se cosecharon 1.68 millones de hectáreas de frijol.
La producción nacional reporta variaciones anuales que se relacionan con las condiciones climáticas, principalmente la sequía, debido a que se desarrolla principalmente en condiciones de temporal. En 2012 y 2013 la cosecha de frijol se recuperó después de verse drásticamente afectada por la sequía en las entidades productoras en 2011, mientras que en 2014 tuvo una reducción anual de 4.2 por ciento.
En siete entidades se concentró el 79.5 por ciento de la cosecha nacional en 2014: Zacatecas aportó un 27.9%, Durango el 15.1%, Sinaloa, un 12.7%, Chihuahua el 9.8%, Chiapas el 4.8%, San Luis Potosí aportó un 4.7% y Guanajuato, el 4.5%.
Como lo refiere la argumentación del acuerdo 31 del Congreso del Estado de Zacatecas, en 2014, la producción de frijol de Zacatecas disminuyó 22.1 por ciento con respecto a 2013, con lo cual se ubicó en 355,882 toneladas.
La disminución en la producción de Zacatecas se derivó de la reducción en la superficie sembrada de frijol, que pasó de 677,073 hectáreas en 2013 a 596,945 hectáreas en 2014. Asimismo, condiciones irregulares de temporal ocasionaron el siniestro de 55,460 hectáreas, por lo cual la superficie cosechada se redujo a una tasa anual de 19.3 por ciento.
En Zacatecas, prosigue la argumentación del acuerdo, se han promovido programas de diversificación, reconversión y regresión productiva para el cultivo del frijol, que de acuerdo con estimaciones del Congreso del Estado, no ha funcionado.
La diversificación busca cambiar la siembra de frijol por cultivos bajo la modalidad de agricultura por contrato, es decir, de productos que tengan un precio establecido para ciertas industrias, como por ejemplo cebada, trigo y girasol, para la industria cervecera, la harinera y la aceitera. Por su parte, la reconversión productiva tiene como objetivo orientar superficies de frijol hacia cultivos como el maíz forrajero y la avena forrajera.
Como ya se señaló, esta estrategia en Zacateca s no produjo los resultados que las políticas de fomento esperaban, ya que no se atendió de manera integral y focalizada la situación del agro en la Entidad.
III. Preocupa sobremanera a la legislatura del estado, de la cual los legisladores federales hacemos conciencia, es la que deriva del aumento de las importaciones de frijol en los últimos años, ya que ello afecta la comercialización de la producción de los zacatecanos.
Señala el documento de FIRA, ya referido, que en 2014 el saldo fue deficitario de la balanza comercial del frijol se ubicó en su volumen mínimo de la última década. Lo anterior luego de que durante 2012 ascendió a su nivel máximo debido a la fuerte reducción en la disponibilidad de frijol de origen nacional a causa de la sequía que afectó la producción durante el año agrícola 2011.
Así, en 2014 las compras mexicanas de frijol se redujeron a una tasa anual de 38.9 por ciento para ubicarse en 82,206 toneladas, mientras que las exportaciones crecieron 95.8 por ciento con respecto a 2013, para ubicarse en 65,562 toneladas.
Es necesario conocer las condiciones y los criterios bajo los cuales se autoriza la importación de frijol; ya que datos aportados por el Congreso del Estado de Zacateca s señalan que “nuestro país tiene un consumo aparente de 8 kilogramos por persona, lo que no indica un consumo nacional sobre 1.1 a 1.2 millones de toneladas, la producción nacional se estima entre 1 a 1.5 millones de toneladas en los dos ciclos agrícolas”, lo que evidencia la autosuficiencia en el grano y no justifica su importación.
Información del FIRA afirma que durante 2014, el 93.7 por ciento del volumen importado, provino de Estados Unidos y el 5.6 por ciento de Canadá. Las importaciones registraron un valor promedio por tonelada de 1,065 dólares.
IV. Otro de los señalamientos del Congreso local, es que no se han atendido los problemas relacionados con la comercialización del frijol, entre ellos:
a) Bajo retorno a los factores productivos a mano de obra, capital y tierra;
b) Irracionalidad de la economía informal;
c) Insuficiencia de medios de transporte;
d) Alta pérdida física;
e) Discontinuidad comercial; y
f) Mal uso del excedente económico en la generación de valor agregado.
V. Esta Soberanía se manifiesta porque se le mantenga informada, con respecto de los avances de la Política Integral de Comercialización de Frijol para el Ciclo Agrícola Primavera-Verano 2016. Así cómo se comportan las empresas compradoras de frijol que fungirán como ventanillas autorizadas
Es por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción 1, así como el artículo 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que en la actualización de las reglas de operación 2017 de los programas dirigidos a los productores de frijol, flexibilice y agilice los trámites para que los productores accedan a todos los apoyos para la comercialización del grano.
Asimismo, la Secretaría informe a esta soberanía sobre las estrategias y sus avances para el fomento y promoción de la comercialización del frijol, en lo particular, las acciones planeas y efectuadas a favor de los productores del estado de Zacatecas.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Economía a que entregue un informe pormenorizado de los criterios que han sustentado el otorgamiento de permisos para importar frijol, en todas sus variedades, en el periodo 2010 al 2016, cuántos ha autorizado, las condiciones en las que se otorgaron, los precios del grano que se acordaron.
Dado en la sede de la honorable Comisión Permanente, a 5 de enero de 2017.
Diputados:Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a pronunciarse sobre la solicitud de activación de la alerta de violencia de género presentada desde 2015 por la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí y declararla para frenar las agresiones contra las mujeres en la entidad, suscrita por el diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, Marco Antonio Gama Basarte, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del honorable pleno de la Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El estado de San Luis Potosí vive al día de hoy una severa crisis en materia de violencia de género, un escenario que se ha incrementado en la entidad y que es reflejo de la terrible realidad que padecen millones de mujeres en nuestro país. Aproximadamente el 60 por ciento de la población de mujeres de 15 años y más ha declarado sufrir o haber sufrido algún incidente de violencia.1
La exigencia de un alto a la violencia contra las mujeres es un reclamo que ha encontrado eco en la sociedad pues se ha vuelto una constante que lesiona la dignidad de las personas, familias y comunidades enteras, vulnera otros derechos humanos que de manera interdependiente se relacionan con la integridad física y psicológica de las mujeres y han llegado a culminar en episodios de extrema violencia en los que se configura el delito de feminicidio.
Se trata de una realidad que exige ser tratada como una prioridad por cualquier autoridad, administración o gobierno, pues éstas se encuentran obligadas a orientar su actuación a la permanente observancia de los derechos humanos, así lo han exigido organismos de protección de derechos humanos y la sociedad civil que urgen la activación de protocolos y medidas que garanticen el pleno derecho de toda mujer a gozar de una vida digna y libre de violencia.
Ya en noviembre del año 2015, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí solicitó a la Secretaría de Gobernación la activación de la Alerta de Violencia de Género para 6 municipios que padecen de violencia feminicida, entre ellos San Luis Potosí, Tamazunchale, Matehuala, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles y Tamuín. Asimismo, dictó lineamientos al gobierno de la entidad para abatir la violencia contra las mujeres y presentaron el Informe especial sobre respeto de los derechos humanos de las mujeres en el caso de feminicidios , en el que se hace constar la preocupante diferencia en la percepción del problema que se tiene en el gobierno, pues de junio de 2011 a marzo de 2015 se registraron 124 homicidios de mujeres en San Luis Potosí que contaban con las características de feminicidios, sin embargo únicamente 37 de ellos fueron tipificados por la autoridad y a la fecha solo de cuentan con 12 sentencias.
Organismos como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres también han urgido al gobierno para la creación de un banco de datos y la creación de campañas que permitan concientizar a la población en cuanto a la violencia de género.
Las desapariciones de mujeres son otra problemática que asciende y que preocupa a la población, que según publicaciones de búsqueda y localización en redes sociales llevadas a cabo por la propia Procuraduría General de Justicia de la entidad se han contabilizado 68 mujeres desaparecidas en lo que va del 2016 de las cuales 44 ya han sido localizadas y 24 continúan desaparecidas.
Al respecto, el pasado 14 de noviembre las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Viviana Elizabeth Vázquez Hernández en el municipio de Ahualulco quien se encontraba desaparecida desde el 11 de noviembre, muestra de la creciente crisis que padece el Estado, de la ausencia de protocolos de actuación que se tienen en los cuerpos policiacos y de la omisión e ineficiencia generalizada en las autoridades para combatir un problema que golpea profundamente a la sociedad.
El estado de vulnerabilidad en el que se encuentran hoy en día las mujeres de San Luis Potosí exige una actuación integral y coordinada tanto del gobierno de la entidad como de la participación de las autoridades federales, que debe traducirse en la urgente activación de protocolos diseñados para mitigar fenómenos delincuenciales, tal es el caso de la aplicación de herramientas como el Protocolo Alba y la Alerta de Violencia de Género.
La omisión del Estado ante una crisis de seguridad como la que viven las mujeres de San Luis Potosí únicamente propician el deterioro de las comunidades pues la desaparición cotidiana y el homicidio son delitos de alto impacto que trascienden a la estabilidad de las familias.
Las herramientas tanto legales como materiales para enfrentar el problema se tienen en la actualidad, muestra de ello es la novedosa Alerta de Violencia de Género, pero hace falta la voluntad de los diversos actores dentro del gobierno para ponerla en marcha, pues a la fecha las denuncias y el clamor por solucionar este grave problema que proviene de las víctimas, sus familias y los organismos de protección de derechos humanos tanto autónomos como de carácter civil se encuentra desamparado.
Las alarmas que se han focalizado en el estado de San Luis Potosí no deben ser ignoradas y urge actuar para que ninguna mujer más sea objeto de cualquier tipo de violencia.
Luego, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece la naturaleza y procedimiento de solicitud de activación de la Alerta de violencia de género, que nace con el objetivo de enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.
El artículo 24 de dicha ley señala los presupuestos legales de activación:
Artículo 24. La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, se emitirá cuando:
I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame;
II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y
III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.
Como se observa, lo establecido en las dos primeras fracciones se ha acreditado completamente, la crisis de violencia contra las mujeres en el estado ha sido públicamente documentada y la solicitud que dispone la fracción tercera ya ha sido presentada por la Comisión Estatal Derechos Humanos de San Luis Potosí, que en noviembre de 2015 presentó la solicitud de activación de la Alerta de Violencia de Género sin existir un pronunciamiento favorable por parte de la Secretaría de Gobernación federal.
En lo que va del año 2016 ya se han reconocido 7 feminicidios por el gobierno estatal y de no implementarse las herramientas, planes y protocolos con los que se cuenta para el combate de esta problemática, se corre el altísimo riesgo que la cifra se incremente, dejando a mujeres, familias y a la población en general de San Luis Potosí en un evidente estado de vulnerabilidad.
En mérito de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación federal a que se pronuncie en relación a la solicitud de activación de la Alerta de Violencia de Género que desde el año 2015 presentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí y la declare, a fin de frenar la violencia contra las mujeres en esta entidad federativa.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo del estado de San Luis Potosí a que emprenda las medidas necesarias para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia en esa entidad federativa, así como a adoptar cabalmente las recomendaciones y lineamientos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí y la Secretaría de Gobernación federal han emitido en materia de violencia contra las mujeres desde el año 2015.
Nota
1 Encuesta Nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares (ENDIREH) 2006. INEGI.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de enero de 2017.
Diputado Marco Antonio Gama Basarte (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emprender acciones para estimular la salida del país del último lugar en la prueba PISA 2015 realizada por la OCDE, suscrita por la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Natalia Karina Barón Ortiz, diputada de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a emprender las acciones necesarias para incentivar la salida de nuestro país del penoso último lugar en la prueba PISA que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Consideraciones
El pasado martes 6 de diciembre nos despertamos con una noticia que no sólo resulta desalentadora para todas las y los mexicanos, sino que refleja décadas de abandono del sistema educativo nacional.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio a conocer los resultados de la prueba PISA 2015 en donde se destaca que nuestro país obtuvo el último lugar en desempeño.
Recordemos que el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA), tiene como finalidad “evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad del saber”1 .
Asimismo, “PISA saca a relucir aquellos países que han alcanzado un buen rendimiento y, al mismo tiempo, un reparto equitativo de oportunidades de aprendizaje, ayudando así a establecer metas ambiciosas para otros países”2
Lo anterior, vuelve a poner en evidencia no sólo el abandono que por décadas ha sufrido el sistema educativo en nuestro país, también pone en evidencia, una vez más, el rotundo fracaso de la reforma educativa del presente sexenio.
Los resultados de la evaluación PISA no dejan lugar a duda del deplorable estado que guarda el sistema educativo mexicano y por ende, el fracaso de la reforma educativa de gran calado; al respecto, la prueba de referencia arroja que México ocupa el lugar número 35 en la medición del desempeño de los estudiantes de los países miembros de la OCDE.
Para clarificar lo anterior y sólo por mencionar un ejemplo, el Programa de la OCDE sitúa a los estudiantes canadienses con puntajes de 528, 527 y 516 para los temas de ciencia, lectura y matemáticas respectivamente, en contraste con los estudiantes de nuestro país que obtuvieron en los mismos temas los puntajes 416, 423 y 408.
Incluso, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México se pronunció con sumo pesar acerca de los pésimos resultados que obtuvo nuestro país en la evaluación PISA y coronó su opinión diciendo que una verdadera reforma educativa sería la que logré hacer mejorar los conocimientos en lectura, matemáticas y ciencias de nuestros estudiantes. Y aunque fue muy cauto al no identificar a los culpables del deterioro que vive actualmente la educación en México, sí aceptó que enfrentamos una severa crisis en la materia.
No entendemos por qué el gobierno federal sigue empecinado en defender una reforma educativa que es, en los hechos, un rotundo fracaso. No existe evidencia de los beneficios que se prometieron. Su implementación, en muchos lugares del país no existe. La “gran” reforma estructural del presidente de la República no ha demostrado que las y los millones de estudiantes del país estén mejorando su nivel de conocimientos.
El resultado de la implementación de una de las reformas insignias de la actual administración pública federal nos habla más del aumento del rezago que por décadas hemos observado en nuestro sistema educativo.
La causa de este monumental fracaso es porque la multicitada reforma no fue diseñada para mejorar la educación en nuestro país, es más, durante años el sistema educativo y sus diversos cambios legales han sido usados para fines muy distintos a la educación.
Es decir, que “las políticas educativas aplicadas por los gobiernos neoliberales, tuvieron un trasfondo político-electoral utilizado como moneda de cambio al mejor postor, nunca estuvieron dirigidas a la mejora educativa ni a una evaluación de los resultados. En forma deliberada y constante se redujo el presupuesto educativo. Su intención real era fortalecer a los grupos económicos y conservadores de la derecha nacional e internacional, a partir del desmantelamiento y privatización de la educación pública”3 .
Coincidimos plenamente con lo descrito en el párrafo anterior y el resultado de la reciente prueba de la OCDE reafirma el desinterés de esta clase política por la educación de nuestras y nuestros estudiantes.
En adición a lo antes expuesto, es pertinente mencionar que desde que México ingresó a la OCDE en 1994, las reformas educativas han sido constantes. Sin embargo, la crisis educativa se ha ido profundizando e impactando de manera negativa a la población mexicana4 .
Esto lo demuestran datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) que establecen, que “el fracaso escolar, entendido como deserción y exclusión de los alumnos, en primaria llega a 0.8 por ciento, en secundaria aumenta a 6 por ciento y en educación media superior alcanza 14.5 por ciento. De cada 100 niños y niñas que ingresan a primaria, se estima que sólo 66 terminan en el tiempo normativo. Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Campeche tienen mayores tasas de rezago grave en primaria, y la brecha con el rezago de secundaria es muy grande. En 2010 la proporción de niños de 15 a 17 años con primaria completa fue de 56.8 por ciento si vivieron en zonas rurales y de 75.8 por ciento si residieron en áreas urbanas; 57.1 por ciento si provienen de una familia indígena”5 .
Aunque el discurso oficialista quiso justificar que la reforma educativa serviría para contrarrestar estas cifras, lo cierto es que se trataba de una reforma sumamente apresurada en su aprobación e impuesta por organismos multilaterales como la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, entre otros.
En este aspecto nos llama la atención que uno de los organismos internacionales que apoyaron la reforma estructural en materia educativa en México, la OCDE, hoy de forma indirecta, la repruebe.
Así las cosas, nos parece pertinente los aspectos que engloban el porqué del fracaso de la reforma de mérito, tal y como lo señaló la profesora Martha López al respecto del contenido de la reforma estructural en materia educativa.
La reforma educativa del presidente de la República resultó6 :
• Dependiente: al atentar contra la soberanía nacional por subordinar el sistema educativo mexicano a los criterios de diversos organismos financieros multilaterales.
• Neoliberal, al privatizar todos los órdenes de la actividad productiva, social y cultural haciéndolos más rentables.
• Estructural, porque modificó el modelo de educación pública en México y las relaciones laborales, trastocando la organización del trabajo docente.
• Administrativa, al garantizar la prestación del servicio educativo de calidad se “crea” el Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE), mediante la creación de un organismo eminentemente administrativo: el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
• Laboral, ya que contiene serias afectaciones a la estabilidad laboral, al fijar los términos y condiciones de la evaluación obligatoria vinculada con el ingreso al sistema educativo mediante el examen de oposición.
• Centralista, porque faculta al Ejecutivo federal para que defina, regule, coordine y opere la reforma educativa.
• Mercantil, porque la educación deja de ser un derecho y un bien social para convertirse en una mercancía, como una prestación de servicios educativos de calidad.
• Regresiva y lesiva, al contener un retroceso en los derechos laborales y sindicales de los trabajadores de la educación y en los derechos de los estudiantes de recibir una educación pública y gratuita, así como un retroceso en los enfoques pedagógicos.
• Antidemocrática, ya que no se tomó en cuenta la opinión de especialistas, investigadores, maestros, padres de familia y alumnos.
• Autoritaria, impositiva y punitiva, ya que sólo los docentes y directivos que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos serán los idóneos para laborar en el sistema educativo.
• Ambigua, al no explicar con claridad lo que se entiende por calidad en la educación o por problemas de operación en la gestión escolar; tampoco aclara en qué condición quedan las cuotas escolares.
• Incompleta, porque sólo se enfoca en que los maestros son los únicos responsables de los malos resultados educativos, sin tomar en cuenta la totalidad del sistema educativo nacional.
• Caótica, ya que la desregulación implica una reorganización profunda de centralización burocrático-administrativa.
• Deficiente, no tiene una redacción coherente y lógica.
Todos estos aspectos nos ayudan a reafirmar que el sistema educativo de México vive una grave crisis, que el gobierno federal no quiere aceptar, pero que resultados como los que arroja la evaluación PISA de la OCDE no dejan lugar a dudas.
Mientras la autoridad federal no asuma su responsabilidad en esta crisis difícilmente podremos avanzar en el verdadero mejoramiento de la educación en nuestro país, los datos son contundentes: estamos en el último lugar de desempeño educativo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal hacer pública una postura acerca de los datos arrojados por el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos del año 2015 Excelencia y Equidad en Educación (PISA 2015) que realiza la OCDE y que ubican a nuestro país en el último lugar de desempeño educativo entre los países miembros.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a emprender las acciones necesarias para incentivar la salida de nuestro país de este penoso lugar en la prueba PISA de la OCDE.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a hacer públicos los avances en el nivel educativo de las y los estudiantes del país a partir de la implementación de la reforma educativa.
Notas
1 https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/pisaenespanol.htm
2 Ibíd.
3 Aguilar, Martha de Jesús López. El Cotidiano28.179 (mayo/junio, 2013): 55-76.
4 Ibíd.
5 Ibíd.
6 Ibíd.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2017.
Diputada Karina Barón Ortiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua a realizar diligencias para capturar a los responsables del asesinato del periodista Jesús Adrián Rodríguez Samaniego, suscrita por los diputados Virgilio Dante Caballero Pedraza y Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena
Los que suscriben, los diputados Virgilio Dante Caballero Pedraza y Ángel Antonio Hernández de la Piedra, integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a esta soberanía la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. Jesús Adrián Rodríguez Samaniego reportero de la cadena Antena 102.5 FM y 760 AM, radiodifusora local del Grupo Radio Divertida (GRD) Multimedia fue asesinado el sábado aproximadamente las 8:00 horas, afuera de su domicilio en la colonia Santa Rosa, de la ciudad de Chihuahua capital del estado. De acuerdo con fuentes informativas locales, el periodista abordó su vehículo para dirigirse a su trabajo, y en ese momento dos sujetos se emparejaron en otro automóvil y le dispararon a quemarropa por lo menos en ocho ocasiones con un arma de 45 milímetros.
Segunda. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato del periodista chihuahuense Jesús Adrián Rodríguez, con las siguientes palabras: “La tragedia repetida del asesinato de periodistas en México debe ser tomada con la máxima seriedad por las autoridades, y llamamos a que la Fiscalía del estado de Chihuahua atienda el caso con el profesionalismo que merece”.
Por su parte la directora de la UNESCO Irina Bokova sostuvo que “la sociedad entera debe asumir la responsabilidad para la seguridad de los periodistas, de los que todos dependen para sostener un debate público informado. No puede permitirse que la violencia doblegue el derecho humano fundamental a la libertad de expresión y a la libertad de información”.
Tercera. La Asociación Reporteros Sin Fronteras y El Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa en un acto de solidaridad con la familia del periodista asesinado, y una muestra de profunda indignación por su asesinato expresaron su conmoción por el crimen.
Cuarta. Las agresiones a periodistas en Mexico quedan en la impunidad, pues en la mayoría de los casos, estos crímenes permanecen sin resolver.
De acuerdo con el último informe estadístico de la Feadle, en los últimos 6 años, se han abierto en México 798 averiguaciones previas por delitos cometidos contra periodistas, de las cuales, apenas en 101 casos hubo un consignado ante el juez, y de ellos, sólo 2 sentencias condenatorias.
Las agresiones consumadas, la impunidad, la mala calidad de las investigaciones ministeriales de acuerdo con Javier Garza, periodista de Torreón y asesor en la Asociación Mundial de Periódicos generan una inhibición en el trabajo periodístico, especialmente el que busca rendición de cuentas de las autoridades.
En 2016, la ONU-DH ha recibido información del homicidio de al menos 14 periodistas y colaboradores de medios de comunicación, cinco en Oaxaca, tres en Veracruz, uno en Chihuahua, uno en Guerrero, uno en Puebla, uno en Tabasco, una en Tamaulipas y uno en Michoacán . Estos casos se suman a los 107 periodistas asesinados entre enero de 2000 y diciembre de 2015 que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha registrado.
Rodríguez Samaniego es el periodista número 27 asesinado en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, de acuerdo con la organización no gubernamental defensora de la libertad de expresión Articulo 19.
Asimismo, Reporteros Sin Fronteras reporto que de 74 periodistas asesinados en el mundo, 9 casos se registraron en México, colocándolo como el tercer país más mortífero debajo de Siria con 19, y Afganistán con 10. Bajo esta estadística, México es el país más letal de América Latina para ejercer el periodismo.
Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General del estado de Chihuahua a que realice todas las diligencias necesarias para capturar a los responsables del asesinato del periodista Jesús Adrián Rodríguez Samaniego.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a que realice acciones efectivas tendentes a la protección de las personas que ejercen la profesión periodística.
Referencias
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/10/1133445
http://zetatijuana.com/2016/12/10/ejecutan-al-periodista-jesus-adrian-rodriguez
-samaniego-en-chihuahua-es-el-numero-27-en-el-sexenio-de-epn/
http://www.proceso.com.mx/466222/repudia-onu-dh-asesinat o-del-periodista-rodriguez-samaniego
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2016/12/10/per iodista-ejecucion-chihuahua.html
http://www.rsf-es.org/news/mexico-rsf-condena-el-asesina to-del-periodista-jesus-adrian-rodriguez-samaniego/
http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=900:
onu-dh-mexico-condena-el-asesinato-del-periodista-jesus-adrian-rodriguez-samaniego-en-chihuahua&Itemid=265
http://vmn.com.mx/2016/12/se-pronuncia-el-snrp-por-asesinato-de-adrian-rodriguez-samaniego/
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/12/19/mexicode-mas-letales-periodistas
http://www.animalpolitico.com/2016/11/agresiones-periodistas-mexico-impunidad/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de enero de 2017.
Diputados:Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las presidencias municipales a formar e instalar sistemas de protección integrales de los derechos de niños y de adolescentes, así como recursos para su operación, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, Laura Nereida Plascencia Pacheco, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 4 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, esta ley marco un parteaguas en cuanto a protección de los derechos humanos de los menores en México, ya que definía de forma expresa e incluía dentro de nuestra legislación, un cuerpo normativo especializado cuyo objeto es la defensa de los derechos humanos de las y los niños mexicanos, así como de los adolescentes.
Uno de los principales objetivos de dicha ley, fue la creación del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos humanos de todas y todos los niños mexicanos, así como velar para que cualquier acción que emprenda el Estado sea en el interés superior de la niñez.
El contexto nacional respecto a la promoción y respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes es bivalente, si bien en cuanto a la labor de la federación y entidades federativas los respectivos sistemas ya se encuentran instalados y en funcionamiento, a nivel municipal aún dista el poder dar cabal cumplimiento a lo que establece la ley. Esto tiene como consecuencia directa, que en la mayoría de casos en que se presenta una violación a los derechos de la niñas, niños y adolescentes o se den situaciones en que se encuentren vulnerables, los gobiernos municipales carecerán de una instancia que otorgue servicios de primer contacto, orientación y asesoría especializada al menor o a quien ostente la patria potestad. Lo que coloca a esta población en situación de vulnerabilidad, en detrimento del interés superior de la niñez y hace probable la re-victimización del menor, porque se le expone a situaciones que afectan su integridad y seguridad.
Entre las diversas problemáticas que se enfrentan los sistemas de protección integral para su instalación y operación a nivel municipal, destaca la falta de recursos públicos, ya que año con año en algunas demarcaciones se omite destinar el gasto necesario para que el sistema sea instalado, mientras que en otras el recurso es insuficiente para su operación, esto se traslada directamente a los beneficiarios de este servicio, las niñas, niños y adolescentes, quienes carecerán en su localidad de una instancia destinada a la elaboración de políticas públicas en su atención y beneficio exclusivos.
Lo anterior perpetúa la situación precaria en que se encuentra nuestra niñez, presentando problemas de rezago educativo, que deviene en un incremento de la pobreza extrema y asociación con comportamientos antisociales y delictivos, falta de una vivienda digna, acceso limitado a los servicios de salud y el derecho a no ser discriminado, entre otros.
De esta manera, es que el presente punto de acuerdo busca exhortar a las y los titulares del poder ejecutivo a nivel municipal para que, dentro de la integración de sus respectivos presupuestos, de conformidad con lo que se establece en el artículo 115 constitucional, destinen los recursos necesarios para la creación, instalación y operación de los Sistemas Nacionales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes sus respectivos sistemas integrales de protección.
Ello conllevará al cumplimiento de tratados internacionales en materia de protección a los derechos humanos de la niñez, así como a los ordenamientos internos que tienen por objetivo salvaguardar la integridad de nuestras niñas, niños y adolescentes, en aras de otorgarles todas las facilidades necesarias para su sano crecimiento, desarrollo y el acceso a oportunidades de superación.
Por lo expuesto, solicito a esta soberanía sea aprobado el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las y los presidentes municipales, para que integren e instalen sus respectivos Sistemas de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como para que destinen los recursos necesarios para su operación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de enero de 2017.
Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a difundir de acuerdo con sus facultades las directrices voluntarias para políticas agroambientales en América Latina y el Caribe, propuestas por la FAO, a cargo de la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe Silvia Guadalupe Garza Galván, senadora por el estado de Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a que de acuerdo a sus facultades, difunda las Directrices Voluntarias para Políticas Agroambientales en América Latina y el Caribe propuestas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), conforme al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El pasado 6 de diciembre en un evento paralelo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP 13) celebrada en Cancún, Quintana Roo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), presentó el documento “Directrices voluntarias para políticas agroambientales en América Latina y el Caribe”. El documento es resultado del trabajo de la Cooperación Internacional Brasileña, la FAO y diversas instituciones, entre ellas, la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad de México. A grandes rasgos, las directrices buscan combatir los impactos del deterioro ambiental y promover una agricultura sostenible frente al cambio climático en la región, un factor clave para erradicar el hambre y la pobreza. Sirven como una guía para que los países creen políticas que promuevan patrones de producción y consumo sostenibles y les permitan transformar sus modelos agro-productivos para garantizar la sostenibilidad de su desarrollo y cumplir el Acuerdo del Clima de París.1
Al mirar más de cerca el texto, este recomienda una serie de lineamientos estratégicos para que la sostenibilidad socioeconómica y ambiental de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y acuícolas cree las condiciones para la efectividad de un conjunto de medidas sectoriales que conforman las políticas agroambientales. Estás medidas o acciones sectoriales buscan a su vez, favorecer la reconversión de los sistemas de producción intensivos en su uso de agroquímicos, dañinos para el medio ambiente, hacia sistemas sostenibles de producción o agroecológicos. También se busca que los instrumentos de política agroambiental promuevan la integración de los sistemas de producciones a los esfuerzos de gestión de del paisaje para abordar el deterioro de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad a causa de la cambio de uso de suelo, en otros factores. Por su parte, en el medio acuático que se busca impulsar sistemas de pesca costera y continental respetando la capacidad de carga de los ecosistemas.2
Los lineamientos estratégicos propuestos por la FAO para las políticas agroambientales incluyen:
• Impulsar el desarrollo rural con un enfoque territorial según principios de conservación y manejo de los recursos naturales.
• Promover la institucionalidad inclusiva entre los sectores clave: público y privado y la sociedad civil, impulsando sinergias entre ellos.
• Transformar las prácticas agropecuarias propias de un modelo de producción basado en el uso intensivo de insumos y de recursos naturales a un modelo de producción y servicios sostenibles , considerando escenarios de cambio climático.
• Internalizar el valor de los recursos naturales y servicios ecosistémicos en las políticas y modelos de producción agropecuaria, forestal, pesca y acuicultura sostenible.
• Impulsar las condiciones de productividad en los territorios mediante la implementación de estrategias de generación y distribución de la riqueza de forma equitativa .
Las medidas o acciones sectoriales que la FAO exhorta a los estados a considerar para su implementación se agrupan en las siguientes categorías:
• Instrumentos económicos.
• Medidas de gestión medioambiental.
• Investigación.
• Formación, capacitación y extensión.
• Mercado y consumo.
Por último se destacan dos elementos que permitirían que las políticas agroambientales logren ser efectivas. El primero se trata de un sistema de gobernanza. En este contexto las gobernanza es entendida como: “el conjunto de arreglos institucionales, instrumentos y procesos, que abarca instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, para la toma de decisiones acerca de la formulación implementación y monitoreo de las políticas agroambientales”.3 El segundo se refiere a elementos Nacionales necesarios para la implementación de estas directrices como: la construcción de consensos nacionales, la creación de capacidades y el fortalecimiento de instituciones y redes de colaboración.
La región de América Latina y el Caribe dispone del 15% de la superficie total mundial de tierra agrícola, recibe casi 30% de la precipitación y genera 33% de la escorrentía mundial. El 37% de la superficie de América Latina y el Caribe es utilizada para actividades agropecuarias, lo que plantea grandes desafíos para la producción sostenible y el cuidado del medio ambiente. El deterioro del medio ambiente afecta en especial en caso de los sectores más vulnerables como son los agricultores familiares y campesinos, las comunidades indígenas, los pescadores artesanales y los pequeños productores artesanales.
El sector de la agricultura familiar totaliza 17 millones de unidades productivas y una población de 60 millones de personas. Las unidades de producción familiar representan el 75% de las unidades productivas de la región, cifra que en algunos países supera el 90%.4 En caso de la nuestro país, los pequeños productores predominan en el campo. El 68 % de las unidades productivas (2.7 millones) tiene menos de 5 hectáreas. Los pequeños agricultores producen significativamente alimentos y generan la mayor parte del empleo rural. Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, producen el 71% del maíz y el 60% del frijol, además de que usan el 56.8% del empleo rural contratado.5 Por lo que es evidente que es necesaria su inclusión en nuevas políticas públicas agroambientales.
En México, el sector agroalimentario tiene una importancia indudable. La convergencia de territorio, recursos naturales, inventario animal, infraestructura y trabajadores posibilitan una producción agropecuaria y pesquera que permite al país ubicarse en el lugar 12? en producción mundial de alimentos; 13? en producción mundial de cultivos agrícolas; 11? en producción mundial ganadera primaria y 16? en producción mundial pesquera y acuícola. En el año 2015 México produjo 268.1 millones de toneladas de alimentos, lo que equivale a 858 mil millones de pesos. Se criaron 33.5 millones de bovinos, 538.6 millones aves y 17.4 millones de ovinos y caprinos, que fueron alimentados y cuidados por 761 mil personas. Se cultivaron 22.1 millones de hectáreas, resultado del trabajo de 6 millones de personas. Se pescaron 1.3 millones de toneladas y se criaron 361 mil toneladas de especies, en estas labores participaron 130 mil personas. En ese mismo año se destinaron 109.8 millones de hectáreas para la ganadería, 26.9 millones de hectáreas para la agricultura, 11 mil km de litoral de pesca y 120 mil hectáreas para acuacultura.6
Según la FAO, la transición hacia un futuro sostenible requiere actuar en las complejas interacciones entre la economía, la sociedad, la agricultura y los ecosistemas naturales. Los países de América Latina y el Caribe comparten desafíos ambientales comunes, que incluyen la adaptación de la agricultura al cambio climático, la conservación de biodiversidad, la adecuada gestión del agua y suelos y mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero.7 Nuestro país no es la excepción, de manera que para hacer frente a este enorme y complejo reto, en especial cuando se trata de sectores vulnerables, es necesario que implemente la mejor política pública posible, orientada por insumos de vanguardia como el que se describe en este punto de acuerdo. Así, por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la proposición siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que de acuerdo a sus facultades, difunda las Directrices Voluntarias para Políticas Agroambientales en América Latina y el Caribe propuestas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Notas
1 FAO. 06/12/2016. COP13: América Latina y el Caribe avanzan hacia la implementación de las Directrices voluntarias para políticas agroambientales. Consultado en línea: http://www.fao.org/mexico/noticias/detail-events/es/c/458073/
2 FAO. 2016. Directrices Voluntarias para políticas agroambientales en América Latina y el Caribe.
3 Ibídem.
4 Ibídem.
5 Sagarpa. 2015. Impulso a la productividad de Pequeños Productores. Consultado en línea: https://www.gob.mx/productividad/galerias/impulso-a-la-productividad-de -pequenos-productores
6 Sagarpa & SIAP. 2016. Atlas Agroalimentario 2016.
7 FAO. 06/12/2016. COP13: América Latina y el Caribe avanzan hacia la implementación de las Directrices voluntarias para políticas agroambientales. Consultado en línea: http://www.fao.org/mexico/noticias/detail-events/es/c/458073/
Dado en el Salón de Sesiones el día 5 de enero del 2017.
Senadora Silvia Garza Galván (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a iniciar un proceso de reforma de la Ley de Ingresos para rectificar la reciente escalada de precios de las gasolinas y el diésel en México, suscrita por los senadores del Grupo Parlamentario del PRD
Quienes suscriben, legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el punto decimotercero del acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente relativo a las sesiones y el orden del día, someten a la consideración de esta asamblea la presente proposición de conformidad con las siguientes
Consideraciones
2017 será difícil para los mexicanos. Si el muy insuficiente incremento de 9.5 por ciento al salario mínimo generó algún aliento, el violento y progresivo “gasolinazo” de inicio de año sepultó toda expectativa. El ánimo de los mexicanos comienza a hervir, en la medida en que su desconfianza se confirma y su desesperanza se consolida como una realidad con muy escasas válvulas de escape. A la violencia generalizada, la súper corrupción política y la catástrofe económica en que se hunde México, se suma ahora, como peligrosa gota en un vaso que se desborda, el peso fatal de una promesa de híper carestía; descarnada promesa que para el grueso de la sociedad no huele a otra cosa que a más corrupción: de lo poco que queda, más para unos pocos, los del poder; mucho menos para todos los demás.
Es preciso recapacitar; de lo contrario, el descontento social que se manifiesta de manera vertiginosa, no va a permitir a esta clase política llegar boyante a su fecha prometida, junio de 2018.
Hoy es necesario hacer notar que la reforma energética se promocionó con base en mentiras que hoy cuestan credibilidad. En medio de una grave crisis de seguridad humana, económica y política, agravada por la desazón que provoca una corrupción gubernativa cada vez más descarada, el gobierno pretendió lucrar con la apatía social hacia lo político.
Ahora el gobierno federal pretende repetir la dosis para tratar de consolidar uno de los primeros resultados tangibles de la reforma constitucional, la liberalización de los precios al público de los energéticos más vitales para que sean determinados por las fuerzas del mercado, fuerzas que en nuestro país pocas veces funcionan.
Las gasolinas, magna y premium, y el diésel son combustibles de amplio uso popular y de estratégica necesidad para la economía nacional. Su encarecimiento lleva a la inflación casi por definición. Obcecarse en su liberalización aún al precio de una crisis social, da cuenta de que este gobierno ha perdido toda vocación política de estado.
Es cierto que hay responsabilidad del Congreso de la Unión en el apresuramiento de la liberalización. La Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 improvisó un mecanismo alterno al originalmente contenido en la Ley de Hidrocarburos para acelerar el proceso que llevará a las fuerzas del mercado a determinar los precios de las gasolinas y el diésel, a efecto de que dar forma al mercado de particulares, un objetivo acariciado por los poderes económicos mexicanos y extranjeros.
Pero aún esa consecuencia de la reforma energética, a la que por principios nos oponemos, debe seguir una lógica social, de Estado, antes que puramente tecnócrata y económicamente liberal. El nuevo sistema normativo de la liberalización, operado mediante el extremo e injustificado incremento de los precios de las gasolinas y el diésel por mera determinación gubernamental, genera consecuencias atroces en la realidad de la vida cotidiana, especialmente, en la mermada economía nacional y popular.
Para colmo, el contexto de esa privatización es el menos propicio. Se presenta al mismo tiempo que un fenómeno de escasez sin precedentes en el México contemporáneo, que afecta a 14 estados, como la más cruenta advertencia del comportamiento tendencial de las fuerzas del mercado en nuestro país.
En ese contexto, la polarización social se profundiza. Los desmedidos incrementos que han acompañado a la implementación de la reforma energética, están en abierta contradicción con las promesas de reducción en los precios de los combustibles que acarrearía la reforma energética entre sus múltiples beneficios, según el discurso oficial ampliamente difundido.
Al día de hoy, la actual administración ha decretado incrementos a los combustibles que, acumulados y considerando el promedio que afecta a la Ciudad de México, oscilan hasta en un 53 por ciento para la gasolina magna, 61 por ciento para la premium y 57 por ciento para el diésel.
Si bien, el incremento se recarga directamente en las clases medias, que utilizan auto, también afecta al transporte de carga, que consume diésel, por lo que, sumado a los aumentos que se esperan en el esquema de deslizamiento semanal, el impacto en los precios al consumidor será de mucha consideración. Es de esperarse que las ya menguadas capacidades de consumo de la población con menores ingresos lleguen a extremos insostenibles.
Esa profunda polarización entre sociedad y gobierno, ciudadanía y política, comienza a arrojar síntomas serios de desbordamiento social. Ayer mismo, las protestas de ciudadanos inconformes, hartos de la indolencia gubernamental, escaló en arrebatos de violencia, saqueo y destrucción.
El gobierno federal y las Cámaras del Congreso de la Unión no debemos ser insensibles al reclamo social. Debemos rectificar. Debemos garantizar la recuperación de los precios de los combustibles previos al esquema implementado a partir de este inicio de año.
Es menester, como medida de urgencia, modificar los artículos decimoprimero y decimosegundo transitorios de la Ley de Ingresos de la Federación para el presente ejercicio fiscal, a efecto de posponer el esquema de liberalización y restablecer las condiciones de fijación de los precios máximos de los combustibles en los niveles en que se encontraban en diciembre.
Ahora bien, conforme al artículo 74 constitucional, es facultad exclusiva del presidente de la República presentar ante el Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, para su discusión, modificación y aprobación por ambas Cámaras legislativas.
Fuera de esa determinación específica, la Constitución no establece expresamente la posibilidad de realizar modificaciones a la Ley de Ingresos durante el tiempo de su vigencia, pero ésta se desprende del proceso parlamentario regular establecido en el artículo 72; siendo una ley, puede reformarse, si bien, la iniciativa debe ser presentada también por el propio Ejecutivo federal, pues toda modificación de una ley debe cursar el mismo procedimiento que para su creación.
Por ello, creemos que el camino correcto es llamar al titular del Ejecutivo para que, con sensibilidad ante las muy complicadas condiciones económicas que asolan a la población, dé marcha atrás a la determinación tomada por Ejecutivo-Congreso para adelantar la liberalización de los precios de los combustibles cotidianos básicos y todas las consecuencias que esa medida acarrea.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en ejercicio de su facultad exclusiva, presente ante este órgano legislativo federal una iniciativa por la que se reformen los artículos transitorios decimoprimero y decimosegundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, a efecto de que se posponga la liberalización de los precios de las gasolinas y el diésel y se mantengan en los rangos en que se encontraban al cierre del ejercicio fiscal de 2016.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2017.
Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a no despedir trabajadores que le prestan servicios en el régimen “estabilidad laboral nómina 8”, a cargo del diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, Renato Josafat Molina Arias, diputado del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguientes
Consideraciones
En la actualidad los derechos humanos laborales se violan con mucha frecuencia, muchas trabajadoras y trabajadores desconocen sus derechos y ello facilita su violación al no exigirse su cumplimiento. Los derechos humanos laborales son aquellas condiciones de vida indispensables y mínimas para garantizar la libertad e igualdad de toda la clase trabajadora, se trata de garantías sociales que posibilitan condiciones mínimas de vida.
Entre los derechos humanos laborales que son fundamentales para lograr mejores condiciones de vida para las y los trabajadores encontramos los siguientes:
- Estabilidad en el empleo
- Salario suficiente
- Condiciones de trabajo satisfactorias
- Libertad sindical
- Huelga
- Protección especial al trabajo de mujeres y menores de edad.
La violación de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores cuyas relaciones laborales se encuentran reguladas en el Apartado A del artículo 123 constitucional y en su ley reglamentaria, es frecuente y mayormente visible, sin embargo y contrario a lo que se pudiera pensar muchas trabajadoras y trabajadores cuyas relaciones laborales se encuentran reguladas en el Apartado B del citado precepto constitucional, esto es trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado, también ven violentados sus derechos básicos.
La estabilidad laboral resulta ser uno de los derechos humanos laborales más conculcados: “La estabilidad en el empleo consiste en el derecho que se le reconoce al trabajador de permanecer en el cargo que se desempeña, a no ser despedido sin causa debidamente justificada por el funcionario competente y, en caso de despido injustificado, a ser reinstalado o indemnizado.
El doctor José Dávalos la define como “el derecho del trabajador a permanecer en sus funciones en tanto subsiste la materia de trabajo y a percibir los beneficios consecuentes”.
Para los servidores públicos se conoce como inamovilidad en el empleo, esto es, el funcionario tiene derecho a permanecer indefinidamente en su cargo, salvo en que incurra en alguna causal atribuible a su conducta y que permita el cese, previa comprobación de esta conducta.1
La finalidad de este derecho es brindar a las y los trabajadores certeza jurídica de no ser cesados ni suspendidos de sus empleos, quedando así protegidos de despidos arbitrarios, para tener seguridad en sus ingresos.
Con este derecho “se evita que el trabajador se encuentre en un estado constante de riesgo de perder su empleo, de lo contrario, se ocasionaría en el trabajador y su familia de manera inmediata un cambio constante de su régimen de vida y, lugar de residencia. Sin estabilidad, los trabajadores vivirían con la inseguridad y la psicosis del presente y del mañana.”2
Como se mencionó anteriormente los trabajadores al servicio de gobiernos, no están exentos de ver vulnerados sus derechos humanos laborales, entre ellos el de estabilidad laboral, por lo anterior en el caso del gobierno de la Ciudad de México el pasado 31 de diciembre de 2014 se publicó en su Gaceta Oficial el denominado “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por tiempo fijo y prestación de servicios u obra determinados” en el cual se reconoce en sus considerandos lo siguiente:
Que el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, es el documento rector que permite al gobierno la implementación de Programas para concretar las políticas públicas a favor de los grupos sociales, así como favorecer el desarrollo en todos los aspectos que involucran a esta gran ciudad.
Que la política laboral implementada por la presente administración tiene como objetivo primordial la observancia a las normas Constitucionales en materia del trabajo, a los acuerdos internacionales señalados en la misma, y al cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de derechos humanos; en consecuencia, se garanticen los derechos y las obligaciones de los trabajadores forjando auténticas condiciones de justicia laboral, buscando progresivamente alcanzar en la medida de la situación económica de la ciudad, que los trabajadores reciban un salario razonable que aporte bienestar para él y para su familia.
Que el 26 de agosto de 2009, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el acuerdo por el que se establece la obligatoriedad del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal para las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Que el Programa de los Derechos Humanos del Distrito Federal establece diversas acciones que el gobierno debe implementar tendientes a garantizar el derecho al trabajo y de derechos humanos de los ciudadanos, así como de los trabajadores a su servicio. Una de estas acciones señala que el gobierno de la ciudad deberá crear una política laboral que respete los principios de igualdad y no discriminación, y genere acciones efectivas para lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los aspectos del trabajo; asimismo se señala el compromiso de ampliar y publicar la información sobre la situación laboral de las y los trabajadores al servicio del gobierno del Distrito Federal, las reglas y formas de contratación, el perfil de puestos, entre otros aspectos relevantes para definir sobre esa base y desde un enfoque de derechos humanos la política laboral más apropiada.
Que el 15 de noviembre de 2014, el gobierno del Distrito Federal y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres, suscribieron un Memorándum de entendimiento; en el que se proponen unir esfuerzos y capacidades técnicas para llevar a cabo iniciativas, programas y proyectos orientados a eliminar la discriminación contra las mujeres y fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Que los miembros que integran la “Comisión para el Impulso de la Economía del Cuidado y una Política de Igualdad Laboral al Interior del Gobierno de la Ciudad de México” acordaron en sus sesiones ordinarias 2014, diversas acciones en materia de trabajo para beneficiar a las mujeres al servicio del gobierno del Distrito Federal contratadas en la modalidad de eventuales. Dichas acciones se realizarán para fortalecer las remuneraciones con las que cuentan actualmente, así como garantizar la estabilidad laboral y la permanencia en el servicio, para lograr una mejor calidad de vida propia y de sus familiares.”
Con este acuerdo alrededor de 40 mil empleados del gobierno de la Ciudad de México, que trabajaban bajo condiciones de eventualidad y por honorarios, comenzaron a ser regularizados a partir de 2015, dando prioridad a las mujeres trabajadoras. Sin embargo la anunciada estabilidad para estos trabajadores, no ha sido plena, ya que se reduce a una contratación anualizada, por lo que en diciembre de cada año miles de trabajadores, están a la zozobra de si serán o no contratados nuevamente, aunque ven los hechos varios de ellos ya llevan varios años de servicio. Y aunque se trata de una “contratación anualizada” en los lineamientos del referido acuerdo se establecen reglas a partir de las cuales se infiere que las y los trabajadores que prestan sus servicios para este régimen de estabilidad laboral, deberán de tener continuidad en sus empleos, lo cual además ha sido mencionado por el propio jefe de gobierno de la Ciudad de México.
La iniciativa para otorgar estabilidad laboral a las trabajadoras y los trabajadores del gobierno de la ciudad, forma parte de las propuestas hechas por la Comisión Económica para América Latina con miras a que el trabajo genere desarrollo económico sostenido y contribuya a romper el círculo de pobreza.
No obstante lo anterior al finalizar diciembre de 2016, varias trabajadoras y trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno capitalino, concretamente de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, fueron notificados vía telefónica, que “terminaba su contrato, por lo que estaban despedidos y que ya no se presentaran a laborar a partir de enero de 2017”, sin mencionar ningún motivo ni mediar de por medio ningún documento; el lunes 2 de enero las y los trabajadores que fueron notificados telefónicamente de su despido, se presentaron en su centro laboral, pero fueron expulsados del mismo con amenazas, muchas de las trabajadoras despedidas de la referida dirección son madres de familia, que meses atrás habían denunciado ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, presuntas violaciones a sus derechos humanos laborales, por parte del titular de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, Jesús Rodríguez Núñez.
Ante la crisis económica por la que se atraviesa actualmente resulta imprescindible, apoyar a la clase trabajadora para que conserve su fuente de ingresos, ya que de lo contrario se estaría contribuyendo a agravar la referida crisis, con los efectos devastadores que tiene para las familias.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al jefe de gobierno de la Ciudad de México, para que instruya a los titulares de todas las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, a observar puntual e irrestrictamente el acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por tiempo fijo y prestación de servicios u obra determinados, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2014, y de esta forma no haya despidos de trabajadoras y trabajadores que han venido prestando sus servicios bajo los lineamientos del acuerdo mencionado.
Notas
1 http://www.orfis.gob.mx/MateriaLaboral/Estabilidad.pdf
2 http://cursos.aiu.edu/Relaciones%20Individuales%20del%20Trabajo/pdf/Tem a%203.pdf
Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 5 de enero de 2017.
Diputado Renato Josafat Molina Arias (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita la creación de la comisión especial que investigue el proceso de compraventa de terrenos en Apaseo el Grande, Guanajuato, donados a la empresa Toyota, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada federal María Bárbara Botello Santibáñez integrante del Grupo Parlamentario del PRI a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente
Exposición de Motivos
La posición geográfica que tiene el estado de Guanajuato en el territorio nacional, ha permitido que el desarrollo de la industria automotriz sea un fuerte motor de crecimiento en la economía del país.
Guanajuato es la única entidad que cuenta con cinco armadoras automotrices, las cuales en los últimos diez años, han generado 204 proyectos de inversión con empresas complementarias, un monto de inversión estimada de 11 mil 409 millones dólares y la generación de 73 mil 263 empleos aproximadamente.
En este sentido, se hizo del conocimiento público los probables vicios en la adquisición y posterior enajenación de 600 hectáreas en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, en los cuales, desde el mes de noviembre de 2016 han comenzado los trabajos de instalación de la empresa Toyota.
Ejidatarios de la Comunidad de Caleras de Ameche han denunciado que el gobierno estatal compró a sobreprecio terrenos adquiridos previamente por la empresa JAOS & SGB de Grupo Gurza de Monterrey. Dicha empresa es propiedad José Antonio Ortega Serrano y Santiago Germán Bordes, ambos ex servidores públicos de la que fue la Secretaría de la Reforma Agraria.
En 2014 JAOS & SGB compró 260 hectáreas a los ejidatarios, pagando 300 mil pesos por cada hectárea, pero luego esta misma las revendió a la administración estatal en 2015 arriba de un millón 700 mil pesos por hectárea.
De las 600 hectáreas en las que se está instalando la empresa Toyota, estas fueron donadas por la administración estatal y que fueron compradas a ejidatarios por debajo de su precio, a través de presiones.
El problema de fondo es que desde el Congreso de Guanajuato se ha denunciado opacidad, tráfico de influencias y manejo de información confidencial para que la empresa JAOS & SGB comprara en 2014 los terrenos a los ejidatarios, la cual fue constituida el 13 de junio de 2014 y en octubre de 2015 ya estaba vendiendo 260 hectáreas al gobierno estatal.
Uno de los problemas que enfrenta el estado de Guanajuato, es la falta de regulación que inhiba la especulación de los precios de predios, terrenos, suelo y construcciones, y en general en los inmuebles que son susceptibles de contribución del impuesto predial.
Sin duda, generar las mejores condiciones de inversión implica ofrecer entornos óptimos de negocio para las inversiones naciones y extranjeras, pues de ello depende seguir impulsando mayores oportunidades de empleo.
Sin embargo, las condiciones de inversión que ofrecen los tres niveles de gobierno desde sus respectivos ámbitos de competencias, requieren estar apegadas estrictamente a la legislación aplicable en aras de ofrecer certidumbre jurídica a las inversiones.
Durante la Comisión Permanente del segundo receso del primer año de la LXIII Legislatura, se solicitó al gobierno del estado de Guanajuato entregara un informe para deslindar las irregularidades en la adquisición y enajenación de dichos predios de propiedad privada y propiedad ejidal, a fin de esclarecer las especulaciones y cuestionamientos a los procedimientos, sin embargo, hasta el momento no se ha recibido ninguna información.
Por ello, al no existir claridad e información pública y transparente al respecto por parte del gobierno estatal, es necesario crear una comisión especial para que indague y aclare las supuestas irregularidades en este proceso de compra-venta, que ha culminado en una donación de 600 hectáreas.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita respetuosamente, la creación de la Comisión Especial que investigue el proceso de compra-venta de terrenos en Apaseo el Grande, Guanajuato, que fueron donados a la empresa Toyota.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de enero de 2017.
Diputado María Bárbara Botello Santibáñez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob y el gobernador de Durango a agilizar los recursos del Fonden correspondientes a 550 millones de pesos radicados para las obras públicas de los municipios de la entidad afectados en 2014 y 2015, suscrita por el diputado Ricardo del Rivero Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Ricardo del Rivero Martínez, Diputado Federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 Fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:
Consideraciones
La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una declaratoria de emergencia extraordinaria para los municipios de Canatlán, Cuencamé, Durango, Gómez Palacio, Guanaceví, Hidalgo, Indé, Lerdo, Mapimí, Mezquital, Nombre de Dios, Ocampo, El Oro, Otáez, Pueblo Nuevo, San Bernardo, San Dimas, San Luis del Cordero, Santiago Papasquiaro, Tamazula, Tepehuanes, Tlahualilo, Topia, Nuevo Ideal y Vicente Guerrero, lo anterior fue por la ocurrencia de helada severa debido a la presencia de los frentes fríos números 27, 28 y 29 ocurridos los días 15 al 21 de enero de 2014; con lo que las autoridades esperaban atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.
Con fecha 15 de septiembre de 2014 la Secretaría de Gobernación (Segob) acepta la declaratoria de emergencia para los municipios de Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí y Tlahualilo, por las fuertes lluvias ocasionadas por el Huracán Norbert y la onda tropical número 26, los cuales provocaron inundaciones pluviales del 5 al 7 de septiembre de 2014, a causa de la acumulación y la continuidad de las lluvias, generando afectaciones en las zonas urbanas y comunidades de dichos municipios; ello, con el propósito de acceder a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden).
Con fecha 10 de noviembre de 2014, la Secretaría de Gobernación acepta la declaratoria de emergencia para 39 municipios que fueron: Canatlán, Canelas, Coneto de Comonfort, Cuencamé, Durango, Gómez Palacio, Guadalupe Victoria, Guanaceví, Hidalgo, Indé, Lerdo, Mapimí, Mezquital, Nazas, Nombre de Dios, Nuevo Ideal, Ocampo, El Oro, Otáez, Pánuco de Coronado, Peñón Blanco, Poanas, Pueblo Nuevo, Rodeo, San Bernardo, San Dimas, San Juan de Guadalupe, San Juan del Río, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo, Santa Clara, Santiago Papasquiaro, General Simón Bolívar, Súchil, Tamazula, Tepehuanes, Tlahualilo, Topia y Vicente Guerrero, por las afectaciones ocasionadas por el ciclón tropical “Vance”, presentándose lluvias severas en el lapso comprendido del 4 al 6 de noviembre de 2014; ello, con el propósito de acceder a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias Fonden.
Con fecha 19 de marzo de 2015, la Secretaría de Gobernación acepta la declaratoria de emergencia para 32 municipios que fueron: Canatlán, Canelas, Coneto de Comonfort, Cuencamé, Durango, Gómez Palacio, Guadalupe Victoria, Guanaceví, Hidalgo, Indé, Lerdo, Mapimí, Mezquital, Nazas, Nombre de Dios, Nuevo Ideal, Ocampo, El Oro, Otáez, Pánuco de Coronado, Peñón Blanco, Poanas, Pueblo Nuevo, Rodeo, San Bernardo, San Dimas, San Juan de Guadalupe, San Juan del Río, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo, Santa Clara, Santiago Papasquiaro, General Simón Bolívar, Súchil, Tamazula, Tepehuanes, Tlahualilo, Topia y Vicente Guerrero, de dicha Entidad Federativa, por las afectaciones ocasionadas por la octava y novena tormenta invernal presentándose lluvias severas en el lapso comprendido del 11 al 17 de marzo de 2015; ello, con el propósito de acceder a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias Fonden.
Se tiene pendiente de que sean radicados por parte del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), 550 millones de pesos, los cuales se invirtieran en rehabilitación de carreteras, puentes y caminos dañados por las lluvias registradas en los dos años ya señalados y que dejaron fuertes afectaciones en la gran mayoría de los municipios del estado.
Según declaraciones del director local de la SCT en Durango Eduardo Bailey Elizondo, “los 550 millones de pesos que están pendientes, se está a la espera de que se registren subejercicios en algunos estados para poder adjudicar esos recursos a Durango”.
Aparte de estos 550 millones de pesos están otros 125 millones que fueron aprobados por la declaratoria de desastre de este 2016 y que están pendientes de radicar por parte del Fonden, estas dos bolsas suman ya 675 millones de pesos pendientes de erradicar por el Fonden para Durango.
Es por ello, que presento esta propuesta, exigiéndole a la federación el que asuma su responsabilidad y el compromiso de responder con eficiencia, suficiencia y oportunidad a las necesidades de regiones afectadas por desastres naturales declarados, en los términos previstos en la letra y el espíritu de la Ley General de Protección Civil y los principios del pacto federal consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto es que someto a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación y al titular del gobierno del estado de Durango para que agilicen los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales, correspondientes a 550 millones de pesos, radicados para las obras públicas de los municipios del estado de Durango que se vieron afectados en los años 2014 y 2015.
Palacio Legislativo, a 5 de enero de 2017.
Diputado Ricardo del Rivero Martínez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a revisar la estrategia de seguridad del gobierno federal según sus resultados, en vista de los cuantiosos recursos federales destinados a la seguridad pública, suscrita por la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada federal María Cristina Teresa García Bravo y el diputado federal Omar Ortega Álvarez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Como sabemos, no hay política pública que pretenda ser eficiente en cualquier área, sector o actividad de la vida nacional, que no vaya acompañada del presupuesto federal correspondiente, aprobado por la H. Cámara de Diputados para ser aplicada.
Al respecto, se trata de una breve revisión de los recursos federales que fueron destinados al restablecimiento de la seguridad pública en todo el país, en lo referente al combate al crimen organizado y especialmente al narcotráfico, en el periodo de mayor auge registrado en los últimos tres lustros. Recuento obligado, debido a que los resultados esperados de dicha política pública son muy cuestionados, tanto por la sociedad civil como los especialistas en la materia, no obstante los elevados montos destinados a ello.
En tal contexto, la estrategia instrumentada particularmente por los dos últimos gobiernos para combatir la violencia y la delincuencia organizada, no presenta avances exitosos en cuanto a la reducción de la inseguridad que tiene como reto; situación que se refleja en las estadísticas por la ola de delitos de alto impacto que se reflejan a diario en todas las entidades federativas.
La atención se enfoca en las instituciones responsables de la seguridad pública, porque o bien no aciertan todavía al diseño de una respuesta efectiva y multifactorial conforme a la naturaleza del problema, o no se han tomado las medidas pertinentes para una efectiva prevención del delito, procuración e impartición de justicia en un contexto de respeto irrestricto de derechos humanos, entre otras acciones. Mientras que siguen las secuelas de la violencia desatada por el narcotráfico y la delincuencia organizada, una criminalidad a la vista que impide el restablecimiento de un ambiente de paz, tranquilidad y justicia social.
Además, no se distinguen con claridad cuáles son las diferencias entre la estrategia del actual gobierno federal y el anterior, pues el papel preponderante lo siguen llevando las Fuerzas Armadas, cuando ni son las encargadas de la seguridad pública —la presión internacional apunta a que estén de paso—, ni queda claro el rol que desempeñan instancias responsables como la propia policía federal, lo que ha dado pie a posibles confusiones conceptuales.
Por ello, la sociedad sigue esperando cambios profundos en materia de justicia —al sistema de procuración e impartición de la justicia y al sistema penitenciario—, así como acciones de prevención del delito que involucren a la sociedad para contener de raíz la criminalidad en todas las modalidades, y ejercer control —actualizados protocoles, manuales de procedimiento, exámenes de confianza y rendición de cuentas— sobre los cuerpos policiacos para evitar actos violatorios de los derechos humanos, conforme al mandato constitucional.
Por lo anterior, es que llama poderosamente la atención el crecimiento de los montos presupuestales destinados al combate del crimen organizado y sus resultados relativos. Por ejemplo, de 2001 a 2013 —que comprende al gobierno del presidente Felipe Calderón y el segundo año del actual— se han gastado más de 2 billones de pesos en seguridad, sin que hasta la fecha se tengan los resultados esperados. El monto total destinado a la función de seguridad pública autorizado por el Poder Legislativo se erogará a través del poder federal y dos fondos federales aplicados por los gobiernos estatales y municipales. Se trata del Poder Ejecutivo federal, y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones de Territoriales del Distrito Federal (Fortamun).
Una cantidad para dicho periodo que, a nivel federal, representa un aumento de 200% y para los estados de 97%; cantidades equivalentes al 1.5% del PIB1 nacional; por cierto, a decir de los especialistas, “multimillonarios recursos (que) se utilizan en forma discrecional”2 .
Pero eso no es todo, pues entre el mismo 2013 y diciembre de 2016 durante el gobierno del presidente Peña Nieto, se acumula un ejercicio de 598 mil 810.5 millones de pesos, según estudios de la propia Cámara de Diputados.3
Recordemos que tan solo para seguridad pública en 2013 se aprobó un gasto de 135 mil 514.31 millones de pesos; para 2014 el presupuesto fue de 149 mil 846.38 millones de pesos, en 2015, de 153 mil 419.65 millones, 2016 fue de 160 mil 30.16 millones de pesos.
La distribución del gasto durante dicho período, igual en porcentajes, es como sigue: el 17.5% en operativos para perseguir y disuadir el delito; 13.3% para defensa nacional; 11.2% en administrar las cárceles; 5.7% en acciones de la Marina para la soberanía; 4.6% para gasto administrativo, y 3.8% en la investigación de los delitos. Lo que corresponde a un total de 56.1%.
El restante 43.9%, se aplicó a “otras acciones” como: tomar en cuenta los presupuestos de las dependencias de seguridad, recursos para todas las acciones y programas que tienen que ver con la justicia y el orden público en dependencias, tanto federales como de las entidades federativas.
Dicho monto para seguridad pública, cercano a los 600 mmdp para dicho periodo (2013-2016), “ha sido justificado desde el punto de vista de que se utiliza para combatir a las organizaciones criminales, pero es políticamente amañado y jurídicamente inconstitucional, porque la Constitución establece claramente que las funciones de seguridad pública son exclusivas de la policía. Prohíbe expresamente que el Ejército participe en funciones de policía, es decir relacionadas con la seguridad pública”4
De acuerdo con el Artículo 89 de la Carta Magna, las Fuerzas Armadas Permanentes (Ejército Mexicano, Armada de México y Fuerza Aérea Mexicana) tienen como Comandante Supremo al titular del Poder Ejecutivo, el presidente de la República. Se trata del nivel federal de gobierno. Y el ámbito de acción de estas fuerzas es únicamente la defensa exterior y la seguridad nacional.
A modo de ejemplo, en la siguiente gráfica puede verse el crecimiento del gasto en seguridad pública entre 2001 y 2012.
Como dicen los críticos, los gobiernos podrán seguir aumentando los recursos para combatir la inseguridad; sin embargo hay una conclusión que no deja lugar a dudas: resolver el problema de la seguridad pública no es “un asunto de gasto”5 , al menos así parece quedar de manifiesto, porque los millonarios montos no han logrado contener la violencia.
Es por lo anterior que se dice: “No existe razón alguna para que el presupuesto destinado en México a la seguridad pública se incremente. En unos años podrán decir [las autoridades]: ‘nos hemos gastado 1 mil millones más’; pero eso no incide en nada en materia de seguridad: la policía seguirá igual y los resultados nunca serán los que la ciudadanía demanda; no necesitamos gastar más, necesitamos gastar más eficientemente”.6
Los resultados están a la vista, por ejemplo hablando de la contención del delito, que en estos años dicha acción no ha sido equiparable; porque por ejemplo del total de los delitos cometidos entre 2001 y 2012 apenas un 24.5% terminó en sentencia; o uno de cada cuatro casos. Y la situación a nivel estatal es peor, porque solo un 10% de los ilícitos del fuero común terminaron en condena.
A lo anterior se suman, ni más ni menos que las fallas en materia de procuración de justicia, puesto que del total de personal de seguridad sólo el 3.5% se dedica a la investigación del delito (en la PGR existe apenas un agente del MP por cada siete empleados en otros cargos).
Esta circunstancia eleva el costo de las indagatorias a nivel federal, puesto que mientras en 2010 se invertían 957 mil pesos en un delito, para 2013 el monto se elevó a 2.23 millones de pesos, un aumento de 134%. Y para el nivel estatal, si el costo de una averiguación del fuero común era en 2000 de 26 mil 619 pesos, en el 2011 ascendió a 41 mil 312 pesos, equivalente a un incremento de 55%.
Dinero aplicado en políticas presuntamente para atender el problema de fondo, sin embargo, del 43.9% que se dice está dedicado a “todas las acciones y programas que tienen que ver con la justicia y el orden público...”, y como se ha mencionado con anterioridad, no se observan los resultados; sin olvidar el restante 56.1%.
Reiteramos no hay solución al problema de la inseguridad, y en cambio, es clara la discrecionalidad a la que se refieren los especialistas, sobre el manejo de los elevados montos aplicados, gracias al elevado déficit en seguridad pública alcanzado por los últimos gobiernos. Es decir, parecen tener razón quienes sostienen que resolver los asuntos de seguridad pública no es un tema presupuestal.
Por ello es que los señalamientos críticos son extensibles a la estrategia de seguridad del Estado, en el sentido que no se resuelve la inseguridad como el problema más sentido de la sociedad. Los altos índices de criminalidad continúan, pese a la caída en algunos indicadores, conforme a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)7 .
La realidad es que el gasto presupuestal aplicado en los últimos años, no empata con un mejoramiento del trastocamiento de la seguridad pública generado desde unos años a la fecha en el país, problemática que ciertamente es competencia del Estado a través de la Secretaría de Gobernación.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación, para que en el marco de sus atribuciones y facultades revise la estrategia de seguridad del actual gobierno federal en función de sus resultados, considerando los elevados recursos federales destinados a la seguridad pública.
Notas:
1 Estudio “Gasto inteligente en seguridad, diagnóstico y propuestas”, Laboratorio de Políticas Públicas Ethos.
2 Retana Yarto, Jorge, Investigador de la UNAM. En Nancy Flores, “Gasta gobierno 600 mil millones en seguridad pública”, Revista Contralínea, agosto 25 de 2016.
3 Reyes Tépach, Estudio de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados.
4 Retana Yarto, Jorge, Ibídem.
5 Barrón Cruz, Martín Gabriel, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), maestro en historia y etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
6 Ibidem.
7 Con todo y quienes manejan las cifras del SESNSP desdeñan las cifras de ENVIPE, que igualmente son oficiales.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 5 de enero de 2017.
Diputada María Cristina García Bravo (rúbrica)
Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se cita a los titulares de la CRE, la Sener, la SHCP y la Cofece para explicar el aumento de las gasolinas y el diésel, a cargo del senador Mario Martín Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, senador Mario Delgado Carrillo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, en razón de los siguientes antecedentes y
Consideraciones
El primer día de este año entro en vigor el aumento a los precios máximos de las gasolinas y el diésel, según la de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los precios promedio a nivel nacional se determinaron en 15.99 pesos para la Magna, 17.79 para la Premium, y 17.05 para el diésel, lo que significaron aumentos del 14.2 por ciento, 20.1 por ciento y 16.5 por ciento respecto de los precios de diciembre de 2016.
Sin embargo, por el esquema de precios diferenciados entre regiones del país, en algunos lugares el precio aumentó en proporciones mayores. En algunas regiones del país la Magna llegó a los 16.95 pesos, la Premium a 18.41, y el diésel a 17.68.
El aumento registrado de diciembre de 2016 a enero de 2017 es el más grande del que se tenga registro.
El 15 de noviembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de la Ley de Ingresos para 2017. Por medio de ésta, se hicieron modificaciones a la Ley de Hidrocarburos para adelantar a 2017 la liberalización del mercado de la gasolina y diésel. Las leyes secundarias de la reforma energética establecían que la liberalización no se daría sino hasta el 2018.
Esta Ley de Ingresos, establece que durante el 2017 y 2018 la Comisión Reguladora de Energía (CRE), con opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), sería la encargada de establecer el cronograma para que se liberalicen el mercado de estos combustibles, de modo que los precios se determinen de manera libre por las gasolineras. Este cronograma fue publicado el 26 de diciembre de 2016.
Las nuevas disposiciones terminan con el mecanismo de control de precios máximos establecido para el 2016. Para este 2017, no habrá banda de fluctuación de precios máximos, sino regiones de precios libres y regiones de precios controlados, por medio de la fórmula que Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó, y que ocasionó el mega-gasolinazo del primero de enero de 2017, al que le seguirán otros más hasta febrero.
Actualmente, en nuestro país no hay condiciones efectivas de competencia en la refinación, importación, transporte, almacenamiento, distribución y venta al público de la gasolina y diésel. Lo que ocasiona que esta idea de crear un mercado competitivo sea una farsa.
Previo a la liberalización del mercado, el Estado debió procurar la existencia de condiciones de competencia de manera paulatina. Si es que efectivamente se quería un mercado verdaderamente competitivo en favor de los consumidores, no solo entre regiones de nuestro país sino al exterior, con nuestros competidores y socios comerciales.
La libre competencia en la gasolina y el diésel es una ficción. Mientras se liberalizan los precios, con el argumento de crear mercados competitivos, el gobierno intervendrá en el precio final de los combustibles por medio de una fuerte carga fiscal, que hoy representa alrededor del 40 por ciento del precio al público.
La fuerte carga impositiva de la gasolina y el diésel, que se compone de una cuota del impuesto especial a la producción y servicios (IEPS), impuesto a los combustibles fósiles, cuota estatal e impuesto al valor agregado (IVA), significan una intervención del gobierno para extraer recursos de las familias y empresas, que lejos de incentivar un mercado competitivo en favor de los ciudadanos, se reduce a una intervención recaudadora. Por eso, la SHCP debe explicar sus acciones en comparecencia.
La Comisión Reguladora de Energía es la encargada de implementar el modelo de liberalización de los mercados. Adicional a la emisión del cronograma de liberalización, la CRE también operará el sistema de información de precios de gasolina, diésel turbosina, gasavión, gas licuado de petróleo y propano; en las actividades de expendio al público de gasolinas y diésel, la CRE tendrá la facultad de informar a la SHCP del incremento desproporcionado de los precios de los combustibles para que se establezcan precios máximos.
Asimismo, Petróleos Mexicanos sigue suministrando las gasolinas y el diésel en todo el país, por lo que debe explicar los motivos de los desabastos que se han presentado en muchos estados de la República.
La Secretaría de Energía (Sener), por su parte, tiene un papel importante en este esquema de liberalización. Esta Secretaría ha otorgado más de 400 permisos de importación de petrolíferos a empresas particulares. De estos permisos 164 son para gasolinas; los volúmenes autorizados superan varias veces la demanda interna de este combustible. Así, la Sener debe explicar los criterios para la autorización de estas importaciones y las consecuencias de incentivar la dependencia del país a combustibles importados.
Ante los evidentes estragos que ocasiona el proceso de liberalización de los precios de la gasolina y el diésel que inició a partir del 1 de enero de 2017 y que han provocado el mayor gasolinazo del que se tenga registro, además de la vulnerabilidad de los consumidores ante la inexistencia de condiciones efectivas de competencia en estos mercados, es fundamental que las autoridades involucradas expliquen ante esta soberanía y de cara a los ciudadanos, el aumento desproporcionado de precios que iniciaron este primero de enero de 2017.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto resolutivo.
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia ante esta Soberanía de los titulares de las Secretarías de Energía, y Hacienda y Crédito Público, así como de la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Competencia Económica y el director general de Pemex para que explique el proceso de liberalización de los precios de la gasolina y el diésel, así como el aumento desproporcionado del precio de los combustibles que esto ha provocado.
En la Ciudad de México, a 5 de enero de 2017.
Senador Mario Delgado Carrillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la revisión y el refuerzo de las estrategias y políticas públicas integrales de prevención y combate de la violencia e inseguridad en el estado de México, suscrita por los diputados María Cristina Teresa García Bravo y Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, diputada federal María Cristina Teresa García Bravo y diputado Omar Ortega Álvarez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El estado de México es el estado más importante a nivel económico y sin embargo desde hace algunos años a la fecha se encuentra inmerso en un clima de violencia generalizada, impunidad e inseguridad que lamentablemente lejos de solucionarse, se encamina al alza.
Los hechos de violencia en la entidad son de tal magnitud que los índices de inseguridad lo colocan desde 2012 a la fecha como uno de los estados más peligrosos del país, pues ahí se han cometido diversos delitos del orden común como son: robo con violencia, robo a casa habitación, homicidio doloso, violación, abuso sexual, lesiones, extorsión, y un elevado número de casos de agresiones y crímenes contra mujeres, lo que ha provocado el establecimiento de la alerta de género.v A ello se suman los delitos derivados del crimen organizado, el tráfico de drogas, secuestro, trata de personas, la desaparición forzada de personas, así como el saldo de la lucha entre carteles, entre otros delitos del orden federal.
Ecatepec de Morelos, Tlalnepantla, Toluca, Nezahualcóyotl, Naucalpan de Juárez, Cuautitlán Izcalli, La Paz, Chicoloapan, Chiconcuac, Chalco, Chimalhuacán, Coacalco, Valle de Chalco Solidaridad, Ixtapaluca, Tultitlán y Tlatlaya,2 son los municipios del estado de México donde se vive en la zozobra social, ante el número de secuestros, homicidios, feminicidios, robos y extorsiones, así como el número indeterminado de víctimas que sigue creciendo, causando una ola de indignación a todos los habitantes del estado.
De acuerdo con datos del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a noviembre de 2016, en el estado de México se han registrado 2,535 homicidios, 58,804 robos en sus diversas modalidades, 835 extorciones y 243 secuestros.3
Asimismo, la percepción ciudadana, conforme a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) marzo-abril de 2016 del Inegi,4 coloca al estado de México como el estado con la percepción más alta de inseguridad.
Las estadísticas no dejan lugar a dudas sobre el fracaso del gobierno estatal en su tarea de combate a la inseguridad y la violencia.
El aumento de los delitos y la escalada de violencia sistemática y generalizada en contra de algunos sectores de la sociedad, está asociada a la infiltración de la delincuencia organizada en la procuración de justicia y en las fuerzas de seguridad pública estatal.
Por lo tanto, el control de la inseguridad no parece estar próximo. Las medidas adoptadas no están dando los resultados esperados.
Consideramos que la situación no mejora por el déficit en el trabajo de las instituciones de gobierno, en procuración de justicia y atención social, que son dos acciones cruciales para el mejoramiento de la seguridad.
La estrategia instrumentada por el gobernador Eruviel Ávila Villegas en materia de seguridad, no presenta avances exitosos en cuanto a la reducción de la inseguridad que tiene como principal reto; situación que se encuentra reflejada en las estadísticas por la ola de delitos de alto impacto que se reflejan a diario en los municipios del Estado.
Ante ello, el estado de México es un estado que no merece lo que le está pasando. Sus habitantes se encuentran inmersos en una grave situación de inseguridad ya insostenible.
En esta coyuntura nacional, es necesario que la seguridad no sea únicamente un asunto de los estados y los municipios, sino que es fundamental que la federación garantice la funcionalidad efectiva de la prevención del delito, con la implementación de acciones, políticas públicas y estrategias que den plena certeza de que la seguridad pública en el territorio nacional es atendida con eficacia y efectividad, pues es evidente que las políticas públicas del actual gobierno federal se deben enfocar hacia la corresponsabilidad que debe existir entre los estados y la federación, para revertir la inseguridad e ir devolviendo a la sociedad los espacios públicos que ha perdido.
En ese sentido, el estado de México necesita ser atendido por el gobierno federal no únicamente en lo concerniente a la persecución del delito, sino con una estrategia más amplia dirigida mediante políticas públicas de prevención del delito, en un contexto de respeto irrestricto de derechos humanos, entre otras acciones.
Por ello, es importante que el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el marco de sus atribuciones y facultades refuerce las estrategias y políticas públicas integrales de prevención y combate a la violencia e inseguridad, así como implemente acciones y estrategias que alcancen a dar certeza para que la seguridad pública se refuerce y mejore en el estado de México.
Asimismo en el marco de sus atribuciones y facultades del gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas revise la estrategia de seguridad seguida hasta ahora, con el objeto de que a la brevedad posible se restablezca la seguridad, particularmente en los municipios donde existe más incidencia delictiva, como son: Ecatepec de Morelos, Tlalnepantla, Toluca, Nezahualcóyotl, Naucalpan de Juárez, Cuautitlán Izcalli, La Paz, Chicoloapan, Chiconcuac, Chalco, Chimalhuacán, Coacalco, Valle de Chalco Solidaridad, Ixtapaluca, Tultitlán y Tlatlaya,
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que en el marco de sus atribuciones y facultades refuerce las estrategias y políticas públicas integrales de prevención y combate a la violencia e inseguridad en el estado de México.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, para que revise la estrategia de seguridad seguida hasta ahora, con el objeto de que a la brevedad se restablezca la seguridad, particularmente en los municipios donde existe más incidencia delictiva, como son: Ecatepec de Morelos, Tlalnepantla, Toluca, Nezahualcóyotl, Naucalpan de Juárez, Cuautitlán Izcalli, La Paz, Chicoloapan, Chiconcuac, Chalco, Chimalhuacán, Coacalco, Valle de Chalco Solidaridad, Ixtapaluca, Tultitlán y Tlatlaya, dada la continuidad de los altos índices de criminalidad.
Notas
1 http://www.sinembargo.mx/26-07-2016
2 http://www.elfinanciero.com.mx/
3secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20d el%20fuero%20comun/Cieisp2016_112016.pdf
4 Envipe mide la victimización delictiva, la percepción social respecto de la seguridad pública y el desempeño de las autoridades. El registro del periodo de referencia es de marzo-abril 2016.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 5 de enero de 2017.
Diputados:Con punto de acuerdo, por el cual se convoca a las Cámaras del Congreso de la Unión a celebrar un periodo extraordinario de sesiones para modificar la Ley de Ingresos de 2017 y aplazar la liberalización del mercado de las gasolinas y el diésel hasta que haya condiciones efectivas de competencia, a cargo del senador Mario Martín Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, senador Mario Delgado Carrillo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, en razón de los siguientes antecedentes y:
Consideraciones
1. Que el 11 de agosto de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que expide la Ley de Hidrocarburos.
2. Que en el artículo decimocuarto transitorio de la Ley de Hidrocarburos establecía que los precios de las gasolinas y el diésel se determinarían por las condiciones del mercado hasta el año 2018; para el caso de que se pretendiera adelantar este proceso, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) debería emitir declaratoria de condiciones efectivas de competencia en el mercado de las gasolinas y diésel.
3. Que en el paquete económico para 2017, el gobierno federal propuso adelantar el proceso de liberalización del mercado de las gasolinas. En la propuesta del Ejecutivo, se planteó y se aprobó eliminar el requisito de la declaratoria de condiciones efectivas de competencia por parte de la Cofece, para adelantar a 2017 la liberalización del mercado.
4. Que previa aprobación por parte de los partidos mayoritarios en el Congreso de la Unión, el 15 de noviembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.
5. Que los artículos transitorios decimoprimero y decimosegundo del decreto de la Ley de Ingresos de 2017, establecen el proceso de liberalización de los mercados de gasolinas y diésel.
6. Que por el esquema de liberalización del mercado, el primero de enero de 2017, nuestro país experimentó el aumentó más grande en los precios de los combustibles del que se tenga registro. Estos precios fueron determinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
7. Que en sesión ordinaria del Senado de la República del 15 de diciembre de 2016, el suscrito presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Ingresos de la Federación de 2017, para eliminar la redacción actual de los artículos decimoprimero y decimosegundo, y asegurar primero condiciones de competencia. La iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados por ser la de origen en la ley de la materia.
8. Que el aumento desproporcionado de precios de las gasolinas y diésel que se experimentó al inicio de este año ha ocasionado un grave descontento social, sobre todo porque tendrá repercusiones graves en la economía popular y provocará una escalada de precios en los productos y servicios.
9. Que el aumento del inicio de año no será el único que se espera con el proceso de liberalización del mercado de las gasolinas y el diésel. El aumento del precio del petróleo y la presión sobre el tipo de cambio hacen previsibles que los ajustes que se darán a los precios en febrero resulten en nuevos gasolinazos.
10. Que los partidos mayoritarios en el Congreso de la Unión que en su momento avalaron el adelantamiento de la liberalización del mercado por medio de la aprobación de la Ley de Ingresos de 2017, reaccionaron y han condenado el aumento desproporcionado de los precios, e incluso algunos han llamado a ejercer acciones de protesta.
11. Que más allá de la indignación, las protestas y acciones de resistencia, desde el Poder Legislativo adelantamos en el debate de la Ley de Ingresos que se venían los gasolinazos y el tiempo nos dio la razón, y por ello tenemos la facultad de frenar este proceso apresurado y poco diligente de liberalización del mercado, y dado que los partidos que avalaron la Ley de Ingresos de 2017 ahora muestran su descontento con este proceso, lo conducente es convocar de manera inmediata a un periodo extraordinario de sesiones a las Cámaras del Congreso de la Unión para eliminar la redacción actual de los artículos decimoprimero y decimosegundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.
Por lo anteriormente expuesto y fundando se somete a consideración de esta soberanía, el siguiente punto resolutivo:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca a las Cámaras de Diputados y Senadores para celebrar de manera inmediata un periodo extraordinario de sesiones para eliminar la redacción actual de los artículos transitorios decimoprimero y decimosegundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 y aplazar hasta que haya condiciones de competencia la liberalización del mercado de las gasolinas y diésel en nuestro país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2017.
Senador Mario Delgado Carrillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo al despojo de tierra a campesinos del ejido de San Carlos, Los Arcos, en el procedimiento de inmatriculación del predio rústico Cerro de la Iglesia Vieja, suscrita por el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito diputado federal José de Jesús Zambrano Grijalva, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vigente de conformidad con el artículo noveno transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable Comisión Permanente, proposición con punto de acuerdo, atento a lo siguiente
Consideraciones
Por resolución presidencial de 19 de julio de 1929, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre del mismo año, le fue dotado al ejido de San Carlos –actualmente Los Arcos–,en el municipio de Yautepec, estado de Morelos, una superficie 406-00-00 hectáreas, dentro de las cuales se encuentran las tierras de uso común conocidas como “Cerro de la Iglesia Vieja”. Medidas y colindancias que fueron ratificadas posteriormente con el apeo y deslinde llevado a cabo el 25 de junio de 1931, levantándose en consecuencia el plano definitivo del ejido.
Derivado de lo anterior, el ejido “Los Arcos” el 1 de agosto de 1991, por conducto del comisariado ejidal celebró contrato de asociación en participación con la empresa Wat Construcciones S.A. de C.V., representada por el ingeniero Wilfrido Tovar Ángeles, con el objeto de explorar y extraer en el ejido, un volumen de cinco millones de metros cúbicos del recurso no renovable denominado “roca caliza”. Sin embargo, la empresa no pagó un precio justo por el mineral extraído y a partir del mes de agosto de 2015, dejó de realizar en definitiva dicho pago, no obstante que a la fecha continúa con la exploración y extracción.
Asimismo, el 1 de julio de 2015, el C. Wilfrido Tovar Ángeles presentó ante la Dirección General del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, escrito demandando la inmatriculación administrativa con un supuesto título fehaciente y suficiente que le acredita presumiblemente la propiedad del predio rústico ubicado en camino del ”Jaguey” del poblado de San Carlos sin número, actualmente “Cerro de la Iglesia Vieja” sin número, carretera Cuernavaca-Cuautla, kilómetro 37.5, en Yautepec de Zaragoza, estado de Morelos, cuyo predio es de una superficie de 259 mil 462.48 metros cuadrados.
Contrato leonino de compraventa que carece de fecha de suscripción –requisito indispensable que le proporcionaría certidumbre respecto de la buena fe– y que se dice fue celebrado el 10 de diciembre de 1992 entre Jorge Alfonso Cervantes Araiza y Wilfrido Tovar Ángeles y ratificado por las partes el 22 de junio de 2015 ante la Dirección de Certificación del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del estado de Morelos, sin haberse cerciorado de que efectivamente el ciudadano Jorge Alfonso Cervantes Araiza fuera el legítimo propietario del predio rústico al haberlo validado, en virtud de que en ninguna parte del contrato se acredita su legitima propiedad, tal y como lo demuestra la segunda de las declaraciones del contrato de compraventa, que dice:
Segunda. Declara el “vendedor” que el predio rustico precitado motivo de esta compraventa aun no está dado de alta ante catastro y oficina del impuesto predial de la municipalidad a que corresponde y sin inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio en el estado de Morelos.
A este respecto, es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 9/2008, de la Novena Época, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Civil, con número de registro 169830, cuyo rubro y texto es el siguiente:
Prescripción adquisitiva. El contrato privado de compraventa que se exhibe para acreditar el justo título o la causa generadora de la posesión, debe ser de fecha cierta (legislación del estado de Nuevo León).
De los artículos 806, 826, 1136, 1148, 1149, 1151 y 1152 del Código Civil del Estado de Nuevo León se advierte que son poseedores de buena fe tanto el que entra en la posesión en virtud de un título suficiente para darle derecho de poseer como quien ignora los vicios de su título que le impiden poseer con derecho; que la posesión necesaria para prescribir debe ser en concepto de propietario y con justo título, pacífica, continua y pública; y que sólo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída puede producir la prescripción. De manera que si para que opere la prescripción adquisitiva es indispensable que el bien a usucapir se posea en concepto de propietario, no basta con revelar la causa generadora de la posesión para tener por acreditado ese requisito, sino que es necesario comprobar el acto jurídico o hecho que justifique ese carácter, esto es, el justo título, entendiéndose por tal el que es o fundadamente se cree bastante para transferir el dominio. Ahora bien, los documentos privados adquieren certeza de su contenido a partir del día en que se inscriben en un registro público de la propiedad, se presentan ante un fedatario público o muere alguno de los firmantes, pues si no se actualiza uno de esos supuestos no puede otorgarse valor probatorio frente a terceros. Así, se concluye que si el dominio tiene su origen en un instrumento traslativo consistente en un contrato privado de compraventa, para acreditar el justo título o la causa generadora de la posesión es indispensable que sea de fecha cierta, pues ese dato proporciona certidumbre respecto de la buena fe del acto contenido en el referido documento y otorga eficacia probatoria a la fecha que consta en él, para evitar actos fraudulentos o dolosos, ya que la exhibición del contrato tiene como finalidad la acreditación del derecho que le asiste a una persona y que la legitima para promover un juicio de usucapión; de ahí que la autoridad debe contar con elementos de convicción idóneos para fijar la calidad de la posesión y computar su término.
Derivado de este acto, el 2 de julio de 2015, la Dirección General del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, ilegalmente en su resolutivo tercero declaró procedente la inmatriculación por resolución administrativa del inmueble ubicado en camino del “Jaguey” del poblado de San Carlos sin número, actualmente “Cerro de la Iglesia Vieja”, carretera Cuernavaca-Cuautla, kilómetro 37.5, en Yautepec de Zaragoza, Estado de Morelos, en virtud de que se cubrían los extremos de los artículos 89, 90, 95, fracción III; y 97, de la Ley del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, en particular los requisitos establecidos en el numeral citado en último término, que son los siguientes:
I. Que acredite que el predio no esté inscrito en el Registro Público;
II. Que acredite la propiedad del inmueble mediante un título fehaciente y suficiente para adquirirla;
III. Que acredite que su título tiene una antigüedad mayor de cinco años anteriores a la fecha de su solicitud, o que exhiba el o los títulos de sus causantes con la antigüedad citada, títulos que deberán ser fehacientes y suficientes para adquirir la propiedad;
IV. Que manifieste bajo protesta de decir verdad si está poseyendo el predio o el nombre del poseedor en su caso;
V. Que acredite que el inmueble no se encuentra dentro de una poligonal de carácter ejidal o comunal; y
VI. Que acompañe las constancias relativas al estado catastral y predial del inmueble si las hubiere.
En este sentido, los requisitos antes señalados no fueron cubiertos por Wilfrido Tovar Ángeles, toda vez que el contrato de compraventa que presentó no es un título fehaciente ni suficiente para acreditar la propiedad, ya que el significado de fehaciente y suficiente, según la Real Academia Española es:
Fehaciente
1. adjetivo: Que hace fe, fidedigno.
Fidedigno, na
1. adjetivo Digno de fe y crédito.
Suficiente
1. adjetivo Bastante para lo que se necesita.
2. adjetivo Apto o idóneo.
En el caso particular, en el contrato de compraventa no se acredita que el que vende, el ciudadano Jorge Alfonso Cervantes Araiza, sea el legítimo propietario del predio rústico ya que no basta haber declarado ser el posesionario y propietario del predio, sin justo título que así lo acredite.
Que efectivamente, el predio no estaba inscrito en el Registro Público de la Propiedad, por tratarse de tierras ejidales de uso común, situación que no era desconocida por el C. Wilfrido Tovar, ya que el 1 de agosto de 1991, celebró contrato de asociación en participación con el ejido “Los Arcos”, para la explotación e extracción del recurso no renovable “roca caliza”, existente en el lugar denominado “Cerro de la Iglesia Vieja”, cuya posesión para el objeto del contrato la tuvo desde 1991, situación con la que presumiblemente acreditó de mala fe la posesión.
Cabe precisar, que para enajenar tierras de uso común, es necesario seguir el procedimiento legal previsto en los artículos 74 y 75 de la Ley Agraria, que en la parte que interesa, establecen:
Artículo 74. La propiedad de las tierras de uso común es inalienable, imprescriptible e inembargable, salvo los casos previstos en el artículo 75 de esta ley.
...
Artículo 75. En los casos de manifiesta utilidad para el núcleo de población ejidal, éste podrá transmitir el dominio de tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles en las que participen el ejido o los ejidatarios conforme al siguiente procedimiento:
I. La aportación de las tierras deberá ser resuelta por la asamblea...
II. El proyecto de desarrollo y de escritura social respectivos serán sometidos a la opinión de la Procuraduría Agraria,...
...
A este respecto, cobra importancia el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 8/2001, de la Novena Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Administrativa, con número de registro 190351, cuyo rubro y texto es el siguiente:
Agrario. Son imprescriptibles las tierras ejidales de uso común.
El artículo 48 de la Ley Agraria dispone que quien hubiere poseído tierras ejidales, que no sean bosques, selvas, ni las destinadas al asentamiento humano “en concepto de titular de derechos de ejidatario”; de manera pacífica, continua y pública durante un periodo de cinco años, si la posesión es de buena fe, o de diez si fuera de mala fe, adquirirá sobre dichas tierras, los mismos derechos que tiene cualquier ejidatario sobre su parcela, sin que ello signifique que esa prescripción adquisitiva pueda operar respecto de las tierras de uso común, ya que por imperativo legal las tierras de esa naturaleza son imprescriptibles, al disponer el artículo 74 del propio ordenamiento que la propiedad de las tierras de uso común “es inalienable, imprescriptible e inembargable, salvo los casos previstos en el artículo 75 de esta ley”, precepto este que sólo alude a la posibilidad de transmitir el dominio de esas tierras a sociedades mercantiles en el caso y conforme al procedimiento que el mismo prevé. Por tanto, debe concluirse que la prerrogativa establecida en el artículo primeramente invocado únicamente puede actualizarse en relación con las tierras parceladas por la asamblea general de ejidatarios cuando se cumple con los presupuestos a que se contrae el propio numeral.
La lucha de los campesinos, ejidatarios y otros sujetos agrarios involucrados en este asunto es pacífica, inspirada en los ideales de justicia social, que toman como base para defender su patrimonio, heredado de generación en generación. En este sentido, debemos condenar todo acto arbitrario dirigido a despojarlos de sus tierras y desde este honorable Congreso es nuestra obligación defender activamente a las clases más desprotegidas.
Por tanto, los supuestos requisitos que colman los extremos del artículo 97, Ley del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, por parte del señor Wilfrido de ninguna manera pudieron tenerse como válidos para otorgar la inmatriculación por resolución administrativa, ya que de ninguna manera se acredita la propiedad del ciudadano Jorge Alfonso Cervantes Araiza, persona quien vende al ciudadano Wilfrido y, por consiguiente, él tampoco acredita con su contrato –leonino– tener el derecho suficiente de propiedad para el acto llevado a cabo por la Dirección General del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del estado de Morelos.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de la Contraloría del estado de Morelos para que, en uso de sus facultades, lleve a cabo una exhaustiva investigación relacionada con la ilícita inmatriculación del predio rústico ubicado en camino del ”Jaguey” del poblado de San Carlos, sin número, actualmente “Cerro de la Iglesia Vieja”, carretera Cuernavaca-Cuautla, kilómetro 37.5, en Yautepec de Zaragoza, estado de Morelos, procedimiento llevado a cabo por la Dirección General del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del estado de Morelos, que despoja a los ejidatarios de sus tierras.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, para que haga públicos los criterios que tomó en consideración en la ratificación del contrato sin fecha de compraventa que presentó el ciudadano Wilfrido Tovar Ángeles para solicitar la inmatriculación y del por qué se le dio el valor de título fehaciente y suficiente para acreditar la propiedad del predio rústico “Cerro de la Iglesia Vieja”, a favor del solicitante, toda vez que del mismo no se desprende que quien vende, ciudadano Jorge Alfonso Cervantes Araiza, sea legítimo propietario del predio, además de tratarse de un predio ejidal de uso común.
Dado en la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2016.
Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex y la Comisión Reguladora de Energía a informar sobre las causales de cancelación de la nueva refinería en Hidalgo y el destino de los recursos empleados, así como la creación de una comisión especial encargada de investigar y dar seguimiento a las estrategias implantadas con motivo de los incrementos del precio del diésel y la gasolina, a cargo del senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, senador Luis Humberto Fernández Fuentes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción II, 276 del Reglamento del Senado, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El incremento al precio de la gasolina y diésel es más ofensivo, ya que no obedece a ninguna racionalidad económica. Su precio a nivel internacional se ha reducido en los últimos años, lo que muestra la destrucción de la industria mexicana en perjuicio de los mexicanos.
Todos estos efectos son síntomas de una enfermedad mayor. Petróleos Mexicanos (Pemex) es una empresa en términos prácticos “quebrada”, que no mejoró ni la competitividad del país ni de la misma empresa, no se ha capitalizado la industria y por el contrario la han endeudado más, los intereses políticos en Pemex siguen intactos favoreciendo los intereses de un grupo selecto.
De acuerdo a investigaciones periodísticas desde hace 26 años Pemex ha desviado miles de millones de dólares a través de sus empresas filiales manejadas de manera secreta por un grupo preferido auto asignando contratos millonarios cuyas ganancias son transferidas a cuentas privadas en el extranjero.
Las operaciones de importaciones y exportaciones de hidrocarburos realizadas Pemex son operadas por este tipo de empresas discrecionalmente
Así lo reconoce Fluvio Ruiz, ex consejero profesional de Pemex, quien considera que el manejo discrecional de las ganancias obtenidas por las filiales de Pemex generan “mucha suspicacia”, incluso entre los altos funcionarios de Pemex.
Cuando el expresidente Felipe Calderón anunció la construcción de una nueva refinería con el objeto de que el país contara con la capacidad de refinar el propio petróleo crudo que extraía, requería de una muy fuerte inversión superior a 9 mil millones de dólares, motivo por el cual el plan fue severamente criticado.
El director Pemex, Jesús Reyes Heroles, informó que el complejo sería instalado en un predio de 700 hectáreas de terreno (500 corresponden a Atitalaquia, 160 a Tlaxcoapan y 40 a Tula).
La instalación de la refinería Bicentenario consistió en una donación de terreno hecha por el gobierno del estado de Hidalgo al gobierno federal. La adquisición del predio se hizo por medio de una línea de crédito que solicitó el Gobierno del estado de Hidalgo en 2009, a dos instituciones bancarias por mil 500 millones de pesos a pagarse en los próximos 12 años.
Se anunció la instalación de una refinería verde, con la tecnología empleada para la producción diaria de casi 161 mil barriles de gasolinas, 125 mil de diésel, y otros productos destilados, permitirá recuperar 99% de azufre; reducir las emisiones de CO2; minimizar la, emisión de partículas contaminantes; incrementar la eficiencia energética del sistema de enfriamiento y minimizar el uso de agua potable a través del consumo de agua tratada.
Las críticas señalaban la contradicción de instalar una nueva refinería, y la baja rentabilidad de refinar petróleo en México. Por otra parte la necesidad de cubrir la demanda de energéticos la impulsó, en momentos en los que a nivel mundial el sector energético se encontraba en crisis, con el cierre de plantas de refinación en todo el mundo.
Los analistas recomendaron importar gasolina y comprar alguna de las muchas refinerías en venta en el mundo.
Del proyecto de la refinería que cambiaría la vida de Hidalgo, solo quedó un muro. En 2014 la refinería fue definitivamente cancelada. Ante la incertidumbre provocada por la cancelación de la construcción de la refinería Bicentenario en Tula, Hidalgo, que ha generado desesperanza entre los ejidatarios, cierre de negocios y pérdidas económicas entre los empresarios que se animaron a participar en el proyecto, la Secretaría de Energía (Sener) solicitó al gobierno del estado de Hidalgo que le dé un uso distinto a los terrenos que se adquirieron para construir la refinería.
El titular de la Sener, Pedro Joaquín Coldwell, subrayó que la política de la actual administración federal sería la de ya no construir nuevas refinerías, sino modernizar las que se tienen. “No es una ocurrencia. La estrategia del plan de negocios (de la Sener) es que lo que más conviene al país y a Petróleos Mexicanos (Pemex) es modernizar las refinerías existentes”, puntualizó.1
El 20 de diciembre de 2013, México promulga la Ley Energética que se abre a la iniciativa privada en la exploración y explotación de sus recursos para generar energía.
El 17 de diciembre de 2015, se emitió el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, en el cual se establece que no se dio continuidad al proyecto de inversión para incrementar la capacidad de la nueva refinería autorizado en su momento por la SHCP por un monto de 1,475,214.2 miles de pesos del cual únicamente se ejercieron 659,307.6 miles de pesos en 17 contratos. De los cuales 10 corresponden a estudios de ingeniería básica y detalle de las líneas de transmisión de ingeniería procura y construcción (IPC), de precios unitarios, de servicios de ingeniería de administración de proyecto; tres de licencias y asistencia técnica, de actualización del modelo Petro-sim para el aprovechamiento de residuales de la Refinería Miguel Hidalgo y 7 por un importe de 50,99.4 miles de pesos de contratos que se terminaron anticipadamente mediante acta de finiquito del 6 y 20 de febrero, 28 de mayo y cuatro del 5 de diciembre de 2014, en los cuales se establecieron como causales de terminación anticipada el cambio de estrategia de Pemex Refinación para resolver la problemática de suministro de petrolíferos en la zona centro.2
Al ser este un proyecto de inversión que fue establecido como parte del compromiso presidencial, todos los proyectos de la nueva refinería requerirían de la anuencia presidencial al cambio de estrategia de Pemex Refinación la cual no se obtuvo en 2014.
Ante la incapacidad de las refinerías de poder cubrir la demanda interna del combustible, se optó por la política de enviar a las refinerías estadunidenses para posteriormente importarla al país como gasolina, de con lo cual el proceso y costos realizados por dicha operación se adicionarían al precio final del combustible.
Las políticas en materia energética llegaron al punto de importar alrededor de 398 mil barriles diarios de gasolina de países como Taiwán, Singapur, España o China, de acuerdo con datos vertidos por Pemex Refinería.
Esto derivado de la falta de infraestructura adecuada, moderna y suficiente para el procesamiento del crudo pesado de los yacimientos del país que ayudaran a solventar la demanda de combustible del país.
Asimismo, el Ejecutivo aplicó un incremento mensual al precio del combustible con el objeto de reducir de manera paulatina el subsidio a la gasolina mismo que de acuerdo con la Secretaría de Hacienda ascendía alrededor de 2 mil millones de dólares mensuales.
Bajo tales, perspectivas el Ejecutivo Federal decidido impulsar una reforma energética que lejos de impulsar y fortalecer a Pemex entregó bajo el argumento de que cualquier persona podría invertir en una gasolinera y terminar con el monopolio ejercido en dicho ramo por la paraestatal, siempre que tenga los medios para invertir cerca de un millón de pesos y dar cumplimiento a la solicitud de la Comisión Reguladora de Energía, sin tomar en consideración que estas medidas no ayudarán a resolver el problema del desabasto de combustible en el país ni contra restar los incrementos y altos costos de la gasolina.
Porque si bien se habla de un mercado abierto y flexibilización de los precios de la gasolina que se verían beneficiados por la competitividad y modernidad que Pemex aparentemente ya no podía mantener, ahora el nuevo esquema de mercado para el establecimiento del precio final seguirá siendo afectado, por todos los costos de la cadena productiva, más las cargas fiscales y las respectivas ganancias de los inversionistas.
Con esto se deja de lado el México es un país que cuenta con suficientes recursos petroleros para el abastecimiento nacional y no requeriría de la importación de la gasolina dependiendo con esto de los precios internacionales establecidos por la oferta y la demanda.
Las políticas en materia energética que han sido tomadas por las últimas décadas son el reflejo innegable de la falta de compromiso para con el país, donde el Ejecutivo ha tomado decisiones que perjudican a los mexicanos y favorecen sólo a unos cuantos bajo supuestos argumentos sin razón o fundamento real y beneficio de un sector determinado.
Ejemplo claro de esto es la postura oficial que sostiene que el precio de la gasolina descenderá una vez que los mercados se hayan regularizado, lo cual es prácticamente imposible que esto suceda cuando sabemos que el precio del petróleo a nivel internacional es el mismo en todo el mundo y aun y cuando el precio del petróleo a nivel internacional ha descendido, el precio de la gasolina en México se ha ido incrementando y dicha tendencia no tendrá límite.
El pasado 21 de diciembre del 2016 la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, Pemex y la Profeco, de conformidad con el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 presentaron de manera conjunta las estrategias correspondientes que cada dependencia implementara, respecto a la flexibilización de los precios de gasolinas y diésel, previstas a desarrollarse en cinco etapas, facultando a la
• SHCP para establecer los precios regionales máximos.
• Comisión Reguladora de Energía para flexibilizar los precios de acuerdo a las condiciones del mercado abierto (con base al precio internacional del petróleo el transporte y almacenamiento, el margen comercial, costo de refinación, tipo de cambio peso-dólar e impuestos IEPS e IVA) de acuerdo al calendario presentado.
• Con la llamada temporada abierta, Pemex manifestó que garantizará el abasto de combustible en el país.
Ante tal situación se insta a hacer una investigación y revisión exhaustiva respecto de las políticas y regulaciones que se han previsto para la importación de la gasolina a nuestro país, del destino de los recurso otorgados a Pemex para el desarrollo de la modernización y reorganización de la refinerías existentes así como de los recursos que se habían destinado para construcción de la nueva refinería en el estado de Hidalgo.
Puntos de Acuerdo
Primero. Los titulares de Comisión Reguladora de Energía y Pemex deberán comparecer para informar sobre los contratos de importación celebrados durante el presente sexenio, con los cuales se acredite que realmente representaron la mejor opción para los mexicanos.
Segundo. Informar sobre el destino de los 600 mmd asignados a la construcción de la nueva refinería en el estado de Hidalgo.
Tercero. Informe sobre las inversiones pactadas por el gobierno federal ante la cancelación de la nueva refinería en el estado de Hidalgo y los planes de reorganización de Pemex para la modernización de las refinerías ya existentes.
Cuarto. La creación de una comisión especial en el Senado que se encargue de investigar el destino de los recursos y contratos de la importación de gasolina por Pemex.
Notas
1 http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ya-no-se-construiran-refinerias -coldwell.html
2 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, Pemex-Refinación Calidad de Combustibles, Fase Gasolinas, de la Refinería “Miguel Hidalgo” y revisión de la cancelación de la construcción de la refinería Bicentenario, ambas en Tula de Allende, en el estado de Hidalgo, auditoría de inversiones físicas: 14-6-47T4M-D4-D315 DE 220
Ciudad de México, 5 de enero de 2017.
Senador Luis Humberto Fernández Fuentes (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a informar acerca de la implantación, la orientación, los recursos asignados y los resultados obtenidos del esquema “El campo en tus manos”, suscrita por la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Natalia Karina Barón Ortiz, diputada federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que publique la información pertinente en relación a la implementación, operación, recursos asignados y resultados obtenidos del esquema “El campo en tus manos”.
Consideraciones
El 17 de diciembre del 2015, el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) anunció la iniciativa “El campo en tus manos” con el objetivo, precisó, de fomentar la participación de las mujeres en el campo mexicano. Mencionó igualmente que para operar el esquema, se habilitaría un representante de Sagarpa en cada entidad federativa encargado de impulsar la participación de las mujeres.
Así, a lo largo de 2016, sin existir como programa presupuestario u operativo, sin presupuesto alguno ni reglas de operación, en distintas declaraciones de prensa, boletines, reuniones de trabajo y eventos, el secretario de Sagarpa y sus colaboradores anunciaron diversas acciones con el rótulo y lemas de “El campo en nuestras manos” o “El campo en tus manos”.
Específicamente, el 9 de marzo de 2016, el titular de Sagarpa en un encuentro con mujeres líderes de diversas organizaciones campesinas acordó el inicio de las mesas de trabajo para la revisión y la entrega de proyectos productivos, bajo el compromiso de canalizar 4 mil 200 millones de pesos en el marco del esquema “El campo en tus manos”. Asimismo, en su comparecencia ante la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego con motivo del cuarto Informe de Gobierno, el 11 de octubre pasado, en distintos momentos de sus intervenciones se refiere a acciones de apoyo a la mujer rural en el marco de la iniciativa El campo en nuestras manos.
Por su parte, la directora general de Desarrollo Territorial y Organización Rural de la Sagarpa, se pasea por todo el país organizando eventos y anunciando que en el año se han apoyado hasta 6 millones de mujeres en el “programa” El campo en nuestras manos, mencionando montos diversos de inversión para el “programa”, inclusive haciendo referencia a programas de la estructura programática de la Sagarpa cuya población objetivo no son exclusivamente mujeres.
La cuestión es que a la fecha no hay ningún documento oficial que nos oriente o describa cómo las mujeres rurales podrán tener acceso al programa de referencia. No existen fechas, reglas de operación, requisitos, normas o cualquier otro documento que nos hable de dicho programa.
Es cierto que finalmente, en la estructura programática para 2017, dentro del Programa de Pequeños Productores uno de sus componentes aparece bajo la denominación de “El campo en nuestras manos”, pero los montos que se mencionan por el titular de Sagarpa y sus colaboradores (4 mil 200 millones de pesos) no corresponden con los recursos etiquetados para dicho programa en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2017, que son del orden de mil 200 millones; en tanto que, para 2016 dicho programa no existe, ni en la estructura programática, ni en el PEF, ni en reglas de operación, ni en decreto alguno publicado en el Diario Oficial de la Federación, que es la único forma en que los actos administrativos causan validez formal.
Es pertinente aclarar que bajo ninguna circunstancia estamos en contra del más amplio apoyo a las mujeres rurales e indígenas. Por el contario, las mujeres rurales de todo el país necesitan políticas públicas serias para realmente fortalecerlas en su proceso de integración a cualquier actividad económica a nivel nacional, bajo una perspectiva de género y una política pública incluyente. En consecuencia, estamos a favor de toda acción institucional que coadyuve en el acceso de los recursos, la tecnificación, la organización y la capacitación de las mujeres en el sector rural.
Sin embargo, nos preocupa sobremanera la confusión creada en los productores rurales por la promoción durante 2016 de un supuesto programa, como lo es “El campo en nuestras manos”, cuyo sustento legal e institucional no está claro, como tampoco lo está de manera precisa la población objetivo, las metas y objetivos, las reglas de operación, ni mucho menos los recursos etiquetados para dicho “programa”.
Bajo este conjunto de confusiones e irregularidades, también nos preocupa que este esquema pudiera estar orientado más a cooptar simpatías políticas electorales que ha generar iniciativas públicas para el fortalecimiento y desarrollo de las mujeres rurales.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que publique por los medios a su disposición la información pertinente acerca de la implementación, operación, recursos asignados y resultados obtenidos del esquema “El campo en tus manos”, desde su fecha de creación a la fecha.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que publique por los medios a su disposición la información relativa al sustento jurídico para la entrega de recursos públicos a proyectos productivos bajo el esquema “El campo en tus manos”.
Dado en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 5 de enero de 2017.
Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a implantar un proyecto distinto del denominado “Viaducto La Raza-Indios Verdes-Santa Clara” pues, de llevarse a cabo en los términos planteados, ocasionaría un efecto y riesgo ambiental de imposible reparación, suscrita por el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado federal José de Jesús Zambrano Grijalva, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vigente de conformidad con el artículo noveno transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, atento a lo siguiente:
Consideraciones
El proyecto denominado “Viaducto la Raza–Indios Verdes–Santa Clara” tiene como antecedentes: el proyecto de modernización del tramo Indios Verdes–Santa Clara, contenido en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, así como el proyecto de infraestructura y desarrollo carretero de 18 de octubre de 2011, en el que la Dirección General de Desarrollo Carretero, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes propuso la construcción del viaducto elevado Indios Verdes–Santa Clara para el segundo semestre de 2012 y su conclusión sería en los dos años siguientes. La obra comprendía una construcción de 5 mil 520 metros de viaducto elevado, con un túnel de 480 metros de longitud bajo el parque nacional “El Tepeyac”.
Sin embargo, este proyecto fue declarado inviable por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, debido a que su vialidad se proyectaba cerca del parque nacional “El Tepeyac” y del monumento a los Indios Verdes, por ello, dicha Secretaría negó la manifestación de impacto ambiental. Además de existir el impedimento legal contenido en los artículos 90 y 97 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 13 de abril del 2000 (actualmente vigente) cuyo texto es el siguiente:
Artículo 90. Se prohíbe la realización de toda obra que altere los valores que justifican la declaratoria de un monumento, espacio abierto monumental o Zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, o que perturbe su contemplación.
Artículo 97 . Un inmueble declarado monumento arquitectónico o urbanístico es inseparable de su entorno. No se podrá proceder a su desplazamiento o remoción, salvo que resulte imprescindible por causa de fuerza mayor, y en todo caso, conforme al procedimiento previsto en el reglamento.
No obstante lo anterior, este proyecto se vuelve a retomar sin justificación alguna en el Programa Nacional de Infraestructura, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2014 y en el que, en su anexo 1 “Proyectos Estratégicos” numeral 1 “Sector Comunicaciones y Transportes”, desglosa la descripción de la construcción del ahora denominado “Viaducto la Raza–Indios Verdes–Santa Clara”.
En efecto, para 2016 la concesionaria Viaducto Indios Verdes S.A. de C.V, pretende llevar a cabo la construcción de un viaducto elevado que conecte a la Ciudad de México con el Estado de México, del tipo A6 en 6 mil 149.375 metros (3 carriles por sentido) y A4 en 2 mil 260 metros (2 carriles por sentido), así como de un cuerpo en el sentido sur norte y otro en el sentido opuesto que tendrá una longitud troncal de aproximadamente 8 mil 410.090 metros, eso en un periodo de 2 años bajo las mismas vialidades del proyecto que rechazó la Semarnat, en virtud del daño ambiental que causaría su construcción.
De llevarse a cabo dicha obra, se causaría una afectación de imposible reparación al patrimonio urbanístico, parque nacional “El Tepeyac” y monumento a los Indios Verdes en Gustavo A. Madero, además de las afectaciones a especies vegetales de fresnos y cedros, que serían removidos por la obra, entre otras.
Además de lo anterior, este proyecto causaría diversas afectaciones e impactos negativos para el entorno urbano, ambiental, social y paisajístico, que alterarían la convivencia de la ciudadanía que habita y transita de manera cotidiana por la zona donde se pretende ejecutar las obras correspondientes a la construcción del proyecto en cuestión, así lo han advertido el Jefe Delegacional en Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo Román, diversos expertos en materia ecológica y ambiental del INAH, así como la comunidad que vive en la demarcación, entre otros, por ello, es importante resaltar que previo a su construcción se tendrían que observar los siguientes lineamientos:
a) Verificar si la construcción a realizar ha cumplido con lo dispuesto por los artículos 60 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México); y 59, 60, 61, 62 del Reglamento de la Ley.
b) Evaluar si la obra generará un impacto negativo al parque nacional “El Tepeyac”, por la pérdida en su cobertura vegetal de más de tres hectáreas, que es fundamental para el equilibrio ecológico.
c) Justificar con precisión que el proyecto “Viaducto la Raza–Indios Verdes–Santa Clara” ha superado las causales por las que la Semarnat le negó la manifestación de impacto ambiental, respecto del proyecto “Viaducto elevado Indios Verdes–Santa Clara”, contenido en la versión de 18 de octubre de 2011, elaborado por la Dirección General de Desarrollo Carretero, Subsecretaría de Infraestructura, de la Secretaría de Comunicación y Transportes.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que haga público los motivos por los que pretenden llevar a cabo la reactivación del proyecto de construcción del viaducto la Raza– Indios Verdes–Santa Clara, ya que la Secretaría de Medio Ambiente y Recurso Naturales, previo a la construcción del entonces denominado viaducto elevado Indios Verdes–Santa Clara, negó la manifestación de impacto ambiental debido a que su vialidad se proyectaba cerca del parque nacional “El Tepeyac” y del monumento a los Indios Verdes y toda vez que no se han superado las observaciones hechas por la Semarnat en el entendido de que se trata del mismo proyecto, persisten las afectaciones a las comunidades y colonias de la delegación Gustavo A. Madero, así como al patrimonio urbanístico, parque nacional “El Tepeyac”, monumento a los Indios Verdes y especies vegetales de fresnos y cedros, que serían removidos si se ejecutara la obra.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se haga el replanteamiento de un proyecto nuevo que solucione los problemas fundamentales de movilidad de la zona norte del Área Metropolitana, en el que no se afecte el equilibrio ecológico y el patrimonio urbanístico, esto en coordinación con los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México, el titular de la delegación Gustavo A. Madero y autoridades de la Semarnat.
Dado en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 5 de enero de 2017.
Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a agilizar y concluir por la SHCP, la Ssa federal y la Secretaría de Salud de Tabasco las obras del hospital general del municipio de Cárdenas y del centro de salud con servicios ampliados Doctor Maximiliano Dorantes, en Centro, suscrita por la diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, diputada Araceli Madrigal Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con lo dispuesto en el artículo 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En primera instancia, es importante señalar que tanto la conclusión del hospital de Cárdenas, como el CESSA de “Maximiliano Dorantes” en el municipio de Centro en el estado de Tabasco, son obras en proceso y ambos proyectos cuentan con registro en la cartera de la SHCP.
En relación al Hospital General de Cárdenas, esta unidad permitirá sustituir al actual Hospital General que cuenta con más de 50 años de servicio y 30 camas censales, siendo insuficiente para atender la demanda de la población.
Con la construcción de esta unidad médica se beneficiarán a 877 mil 462 habitantes de población abierta de 5 municipios (Cárdenas, Huimanguillo, Paraíso, Comalcalco y Cunduacán), siendo ésta el objetivo del proyecto, el cual busca fortalecer las Redes de Servicios de Salud ampliando la oferta de los ya existentes y brindando mejor calidad en la atención con mayor capacidad resolutiva y con ello se reducirán al máximo los daños y complicaciones consecuentes a una atención tardía, acercando los servicios de salud para evitar la afectación de la economía familia y la pérdida de vidas.
En cuanto al CESSA de “Maximiliano Dorantes”, en el municipio de Centro, los beneficios van dirigidos a las personas con economías de subsistencia que conforman la población usuaria de Villahermosa, la capital del estado; y al no contar con seguridad social son susceptibles de ser beneficiadas por el Sistema Social en Salud, con lo que se daría cumplimiento a las políticas establecidas en los planes y programas nacionales y estatales.
El objetivo es la promoción y la prevención de la salud para evitar la afectación de la economía familiar, así como la sobrecarga de los servicios de los hospitales de alta especialidad en Villahermosa, al carecer con una unidad del 2o. nivel de atención. Por tanto, es de vital importancia la ejecución y operación del proyecto “Conclusión y Equipamiento del Centro de Salud con Servicios Ampliados CESSA Dr. Maximiliano Dorantes”, el cual tienen 50 años de antigüedad requiriendo la impostergable adecuación de disponibilidad de sus espacios.
Por todo lo anterior, ponemos a consideración del Honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo federal, para que, a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Salud, del gobierno federal, y de Salud, del estado de Tabasco, agilicen y concluyan las obras en proceso del Hospital General del municipio de Cárdenas, Tabasco, y del Centro de Salud con Servicios Ampliados CESSA “Dr. Maximiliano Dorantes”, en el municipio de Centro, en el estado de Tabasco.
Dado en la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2017
Diputada Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica)
Efemérides
Con motivo del 4 de enero, Día del Periodista en México, suscrita por la senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario de PRI
El 4 de enero se celebra el Día del Periodista en México, en honor a Manuel Caballero, quien fue un periodista jalisciense, nacido en el año de 1849, que murió a los 77 años.
Fue llamado el primer reportero moderno, debido a sus polémicos reportajes, con él surgió lo que hoy conocemos como el periodismo de opinión, fue muy crítico de los gobiernos que consideraba que llevaban a cabo una mala administración.
Posteriormente decidió enfocarse en el periodismo como una actividad especializada, otro género, además del periodismo de opinión fue en que se destaca Caballero su visión positivista, el reportaje, que se sustenta en la investigación científica como método para alcanzar la verdad.1
Manuel Caballero fue considerado el iniciador del periodismo en México y por ello es que en su aniversario luctuoso conmemoramos el Día del Periodista en México, gracias al inmenso legado que hasta el día de hoyes utilizado por los diversos medios de comunicación.
El periodismo no sólo se trata de informar, se trata de formar una conexión con la persona que se desea transmitir el mensaje, es un compromiso con la verdad, la moral y la ética.
Dedicarse al periodismo no es tarea fácil, es por eso que conmemoramos este día y hacemos un reconocimiento a todas las personas que ejercen el periodismo en el país.
Nota
1 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2289/9.pdf
Senadora Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica)
Con motivo del 6 de enero, Día de la Enfermera en México, suscrita por el Grupo Parlamentario de PRI
Como ocurre desde 1931, el 6 de enero celebramos el “Día de la Enfermera en México”, el cual fue instituido por el entonces director del Hospital Juárez, en la Ciudad de México, doctor José Castro Villagrana, médico que concebía a la presencia de enfermeras como un regalo de Reyes Magos para los enfermos.
La función que desempeñan las enfermeras resulta fundamental para la atención, rehabilitación y recuperación de los enfermos, así como para el mantenimiento y conservación de la salud de la población en general.
Para dimensionar la magnitud de la fecha, cabe mencionar que en términos generales, la enfermería es una profesión cuya finalidad es brindar cuidado a las personas (en lo individual, familiar y colectivo), para que puedan tener un estado de salud óptimo y una vida plena.
Es una actividad que se ha modernizado, profesionalizado y especializado a través de los años. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), abarca la atención autónoma y en colaboración dispensada a personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no, y en todas circunstancias.
Comprende la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la atención dispensada a enfermos, discapacitados y personas en situación terminal, tanto en clínicas, hospitales o en domicilios particulares.
Las personas profesionales de la enfermería cuentan con múltiples aptitudes y actitudes que les permiten desarrollar diferentes roles y funciones, como son las de cuidador, comunicador, tomador de decisiones, gestor de atención, defensor del paciente y trasmisor de conocimiento, entre otras.
Debido a lo complejo e importante del cuidado de la salud, existen distintos perfiles, desde aquellos que auxilian en la intervención quirúrgica de pacientes en hospitales y sanatorios, hasta los que dan atención directa en la administración de medicamentos, registro de signos vitales, aseo, entre otros.
No es casualidad que la enfermería esté posicionada entre las ocupaciones más respetadas y valoradas por la sociedad mexicana, solo detrás de los bomberos. En nuestro país, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de cada 100 profesionales de enfermería, 85 son mujeres.
El propio Inegi señala que por cada 100 personas con esta ocupación, 43 son profesionistas o especialistas, 31 técnicas y 26 auxiliares en enfermería; y que el promedio de escolaridad quienes ejercen esta ocupación es de 13.9 años de estudio, cifra que equivale a dos años aprobados en educación superior.
La edición de este año 2017 del Día de la Enfermera en México es propicia para hacer una breve pero sustancial recapitulación de los primeros antecedentes de la celebración que hoy nos convoca. Lo primero a destacar es que una las precursoras de la enfermería México fue la monja Sor Micaela Ayans, mujer que junto a un grupo de religiosas, convirtió su convento en un hospital para brindar atención y cuidado a los heridos que hubo durante la invasión estadounidense (1846 a 1848).
Otro referente en el sector es el caso de Refugio Esteves Reyes (primera enfermera militar), quien a pesar de carecer de conocimientos teóricos en la materia, gracias a su experiencia empírica, en 1902 logró integrar un equipo de enfermeras llamado los “Ángeles”. Aunado a lo anterior, estuvo al frente de las escuelas de enfermería como la de Cardiología, el Instituto Marillac, el Hospital Inglés (1911) y la escuela de Monterrey (1914).
Por lo que respecta a enseñanza de esta profesión en México, su origen data de 1903, año en el que el doctor Eduardo Liceaga impartió el primer curso de enfermería básica en territorio nacional. En 1905, con la inauguración del Hospital General, se dio la creación de la primera escuela en la materia, misma que comenzó a operar en 1907; y en 1911 se desarrolló el primer plan de estudios para la Carrera de Enfermeras y Parteras.
En 1928, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) formó la Escuela de Enfermería y Obstetricia, a la que después la Secretaría de Salud le autorizó la especialización en Enfermería Sanitaria y, para celebrar la ocasión, se llevó a cabo la primera convención nacional, justo el 6 de enero (en dicha reunión se acordó establecer esta fecha como el Día de la Enfermera en México).
Dicho lo anterior, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresamos nuestra sincera felicitación a las enfermeras y enfermeros de México, gremio que reconocemos profundamente y con el que asumimos el firme compromiso de fortalecer los programas, planes y acciones relativas a su formación integral e inserción laboral.
(Rúbrica)
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