Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4851, jueves 24 de agosto de 2017
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Prevenciones
De la Mesa Directiva
Presidentes de Comisiones
Presentes
La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en el artículo 88, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, emite prevención a efecto de que presenten los dictámenes correspondientes a los asuntos turnados a las comisiones siguientes:
1. Transportes.
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los párrafos cuarto y quinto al artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
Presentada por el diputado Francisco Martínez Neri, PRD.
Expediente 7163.
Séptima sección.
2. Pesca.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 66 y 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.
Presentada por el Congreso del Estado de Baja California Sur.
Expediente 7215.
Cuarta sección.
3. Transparencia y Anticorrupción.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Presentada por el diputado Vidal Llerenas Morales, Morena.
Expediente 7216.
Quinta sección.
4. Hacienda y Crédito Público.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros (en materia de protección de los usuarios de los servicios financieros).
Presentada por el diputado Macedonio Tamez Guajardo, en nombre del diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, Movimiento Ciudadano.
Expediente 7217.
Sexta sección.
5. Ciencia y Tecnología.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley de Ciencia y Tecnología.
Presentada por el diputado Rafael Méndez Salas, Nueva Alianza.
Expediente 7218.
Séptima sección.
6. Atención a Grupos Vulnerables.
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 16 Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Presentada por el diputado Alejandro González Murillo, PES.
Expediente 7220.
Segunda sección.
7. Seguridad Pública.
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 143 Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Presentada por el diputado Benjamín Medrano Quezada, PRI.
Expediente 7221.
Tercera sección.
8. Hacienda y Crédito Público.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y adiciona un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 61 de la Ley Aduanera.
Presentada por el senador David Monreal Ávila, PT.
Expediente 7223.
Quinta sección.
9. Derechos Humanos.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 1o. y 15 Sextus de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Presentada por el diputado Benjamín Medrano Quezada, PRI.
Expediente 7224.
Sexta sección.
10. Recursos Hidráulicos.
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 14 Bis 7 a la Ley de Aguas Nacionales.
Presentada por la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, PRI.
Expediente 7225.
Séptima sección.
11. Agricultura y Sistemas de Riego.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga los artículos 8o., 9o., 26, 36, 46, 48, 68, 85, 93 y 95 de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural.
Presentada por la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, en nombre propio y del diputado Exaltación González Ceceña, PAN.
Expediente 7226.
Primera sección.
12. Presupuesto y Cuenta Pública.
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un primer párrafo al inciso F) de la fracción VIII del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Presentada por la diputada Minerva Hernández Ramos, PAN.
Expediente 7227.
Segunda sección.
13. Educación Pública y Servicios Educativos.
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 3o., 4o. y 8o. de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.
Presentada por el diputado Francisco Saracho Navarro, PRI.
Expediente 7228.
Tercera sección.
14. Justicia.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 167 y adiciona los artículos 167 Bis y 167 Ter al Código Nacional de Procedimientos Penales (en materia de delitos lesivos para la estabilidad social).
Presentada por el diputado Alejandro González Murillo, PES.
Expediente 7230.
Quinta sección.
Ciudad de México, a 24 de agosto de 2017.
Atentamente
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica)
Presidenta
De la Mesa Directiva
Presidentes de Comisiones
Presentes
La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en el artículo 88, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, emite prevención a efecto de que presenten los dictámenes correspondientes a los asuntos turnados a las comisiones siguientes:
1. Gobernación.
Minuta con proyecto de decreto que declara el mes de abril de cada año como el “Mes para la Prevención del Embarazo en Adolescentes”.
Enviada por la Cámara de Senadores.
Expediente 4601.
Primera sección.
2. Gobernación.
Minuta con proyecto de decreto que declara el primer miércoles de mayo de cada año como el “Día Nacional de la Salud Mental Materna”.
Enviada por la Cámara de Senadores.
Expediente 4602.
Segunda sección.
3. Gobernación.
Minuta Proyecto de Decreto que declara el 30 de septiembre de cada año, como el “Día Nacional de Lucha Contra la Desigualdad”.
Enviada por la Cámara de Senadores.
Expediente 4603.
Tercera sección.
4. Presupuesto y Cuenta Pública.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Presentada por la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, Movimiento Ciudadano.
Expediente 5356.
Tercera sección.
5. Gobernación.
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 18, 19 y 20 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
Presentada por el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, Movimiento Ciudadano.
Expediente 5357.
Cuarta sección.
6. Trabajo y Previsión Social.
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 127 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional.
Presentada por la diputada Marbella Toledo Ibarra, Movimiento Ciudadano.
Expediente 5361
Primera sección.
7. Gobernación.
Iniciativa con proyecto de decreto que declara el 19 de abril de cada año, como “Día Nacional de la Bicicleta”.
Presentada por el diputado Jonadab Martínez García, Movimiento Ciudadano.
Expediente 5368.
Primera sección.
8. Trabajo y Previsión Social.
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo.
Presentada por el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, Movimiento Ciudadano.
Expediente 5372.
Quinta sección.
9. Trabajo y Previsión Social.
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo
Presentada por el diputado Luis Ernesto Munguía González, Movimiento Ciudadano.
Expediente 5378.
Segunda sección.
10. Gobernación.
Iniciativa con proyecto de decreto que declara el 20 de Marzo de cada año como “Día Nacional de las Áreas Naturales Protegidas de México”.
Presentada por la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, Movimiento Ciudadano.
Expediente 5383.
Segunda sección.
11. Desarrollo Social, con opinión de la de Agricultura y Sistemas de Riego.
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 68 de la Ley General de Desarrollo Social (en materia de denuncia popular).
Presentada por la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, Movimiento Ciudadano.
Expediente 5388.
Séptima sección.
12. Unidas de Gobernación, y de Transparencia y Anticorrupción.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (a fin de regular los gastos de la familia presidencial).
Presentada por el diputado Jorge Álvarez Maynez, Movimiento Ciudadano.
Expediente 5390.
Segunda sección.
13. Derechos Humanos.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 48 y 50 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Presentada por la diputada Claudia Sofía Corichi García, Movimiento Ciudadano.
Expediente 5397.
Segunda sección.
14. Gobernación.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 131, 135, 136 y 156 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Presentada por la diputada Marisol Vargas Bárcena, PAN, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios.
Expediente 5407.
Quinta sección.
Ciudad de México, a 24 de agosto de 2017.
Atentamente
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica)
Presidenta
Comunicaciones
De la Mesa Directiva, con la que retira iniciativa
Diputado Guadalupe Acosta Naranjo
Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales
Edificio
Por acuerdo de la Mesa Directiva, y en atención a la solicitud de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para retirar la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obsequia el trámite de conformidad con lo que establece el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, toda vez que hasta el momento no se tiene dictamen recibido por la Comisión que usted preside.
La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: Retírese de la Comisión Puntos Constitucionales, y actualícense los registros parlamentarios.
Ciudad de México, a 23 de agosto de 2017.
Diputada María Eugenia Ocampo Bedolla (rúbrica)
Iniciativas
Que adiciona el artículo 67 Bis de la Ley General de Turismo, recibida de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 16 de agosto de 2017
La suscrita, María Gloria Hernández Madrid, diputada federal a la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 67 bis a la Ley General de Turismo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
México posee una serie de ventajas comparativas en materia turística que le permiten ocupar un lugar privilegiado frente a sus competidores. Trátese de destinos de playa, sitios coloniales, pueblos mágicos, zonas arqueológicas, reservas naturales, grandes ciudades o recintos culturales, nuestro país tiene todo lo que se requiere para ser una potencia en este sector.
El turismo ha constituido en estos años una fuente efectiva de recursos en medio de un entorno de incertidumbre económica, agravada por la llegada al poder de Donald Trump y el declive en el precio de los energéticos y la calidad de nuestras reservas petrolíferas. Aunado a esto, la actividad turística constituye una de las mejores formas de posicionarnos frente al mundo, pues permite a gente de cualquier nacionalidad compenetrarse nuestra cultura y valores, es decir, se trata de lo que algunos le llaman el “poder blando” o “soft power” .
La importancia de la actividad turística para nuestro país es tal, que al inaugurar la edición 2017 del Tianguis Turístico, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que en los últimos cuatro años el número de visitantes extranjeros creció en más del 50 por ciento, al pasar de 23 millones a 35 millones, y al cierre de este año se esperaría llegar a los 37 millones lo cual llevaría a México en lo inmediato a subir del noveno al octavo lugar y seguir escalando posiciones. Respecto al ingreso de divisas, el primer mandatario señaló que creció 53 por ciento, de 12 mil millones de dólares en 2012 a 20 mil millones en 2016. Finalmente, el titular del ejecutivo Federal afirmó que el sector hoy emplea a 9 millones de mexicanos.1
A pesar de lo anterior, debe reconocerse que si deseamos que la actividad turística mantenga la trascendencia que hasta hoy posee, debemos enfrentar retos tales como la ampliación de la oferta, la diversificación de las herramientas de financiamiento, la inseguridad pública, la creación de infraestructura, la sustentabilidad de los destinos y la promoción.
Otro punto que resolver para los próximos años será la atracción de nuevos visitantes, pues hasta ahora la principal demanda proviene de los Estados Unidos, Canadá, Europa occidental y América Latina. El aumento del poder adquisitivo de ciudadanos de países de Asia, como India, China y Corea del Sur, entre otros, es ahora una realidad y su avidez por conocer el mundo debe ser encauzada hacia nuestra nación.
El Gobierno Federal ha reconocido en el Programa Sectorial de Turismo 2013 – 2018 que uno de los desafíos que se deben afrontar para mantener la competitividad del sector turístico es la creación de un marco institucional que contribuya a motivar la productividad, la innovación y la creatividad en el sector; la generación de un ambiente de negocios con certidumbre; garantizar la existencia de infraestructura logística, servicios de auxilio y seguridad; asegurar la sustentabilidad ambiental y altos estándares de calidad de los servicios turísticos y de los recursos humanos, así como una elevada vocación turística.
De acuerdo con esto último, la presente administración estableció las siguientes líneas de acción:
• Impulsar una agenda legislativa y regulatoria que ubique al turismo como palanca del desarrollo nacional;
• Impulsar la actualización y modificación del marco jurídico del sector para otorgar las atribuciones y facultades suficientes e implementar la política turística;
• Actualizar la estructura organizacional y operativa del sector turístico para fortalecer su capacidad de gestión, administración, desempeño y evaluación, y
• Estimular la cooperación internacional e impulsar la celebración de instrumentos internacionales bilaterales, multilaterales y regionales que contribuyan al desarrollo turístico sustentable.
En atención a dichas líneas, a su intención de reformar el marco legal para fortalecer al sector turístico y después de una lectura a la ley y al reglamento de la materia, nos encontramos con que la verificación constituye una actividad primordial realizada por las autoridades federales, a fin de constatar en la realidad que los postulados establecidos en la ley son cumplimentados por aquellos a quienes están dirigidos.
En efecto, el artículo 66 de la Ley General de Turismo dispone que corresponde a la Secretaría de Turismo verificar el cumplimiento de esta Ley, su reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas en materia de Turismo. Dicha dependencia, por sí o a través de los gobiernos locales y municipales, en términos de los acuerdos de coordinación que se establezcan, ejecutará las órdenes de verificación a que haya lugar.
Por otra parte, el artículo 67 del ordenamiento de mérito y los artículos 106 a 112 del Reglamento de la Ley General de Turismo contienen diversas reglas de procedimiento que deberán aplicarse durante la práctica de visitas de verificación. Amén de la parquedad con que están diseñadas las normas aplicables a esta clase de actos de autoridad, lo cierto es que la normatividad presenta una omisión inexplicable sobre la calidad de los servidores públicos que deben realizar tales actuaciones, es decir, los verificadores, a quienes les corresponde la delicada tarea de interpretar el acatamiento de las leyes y dotar a sus superiores de elementos suficientes para sancionar en caso de una infracción, lo que podría redundar en un menoscabo de los derechos humanos de los ciudadanos a quienes vayan dirigidos tales actos de autoridad.
Vista así, la función de verificación no puede ser delegada en manos de personas inexpertas, voraces o ignorantes. Por el contrario, debido a su trascendencia en el ámbito de los derechos fundamentales y de la viabilidad de una actividad que es trascendente para el desarrollo nacional, tiene que ser conferida a ciudadanos honorables y comprometidos con el cumplimiento de la ley, funcionarios debidamente capacitados para interpretarla y dispuestos a aplicarla imparcialmente. No queremos afirmar que actualmente no se cuente con servidores públicos que cuenten con esta clase de características, sino que a nivel de ley y reglamento no existe un catálogo de requerimientos para acceder al ejercicio de dicha función, situación que nos parece perfectamente subsanable a través de una reforma como la que estamos proponiendo, que no es otra cosa que la adición de un artículo 67 bis a la Ley General de Turismo, en la que se establezca que, para ser verificador se requiera de lo siguiente:
• Ser mexicano, mayor de edad, y estar en pleno ejercicio de sus derechos;
• Contar con título y cédula profesional de licenciatura;
• Demostrar, mediante concurso de oposición, conocimientos suficientes sobre turismo y otras materias afines, y
• No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena corporal.
La propuesta antes referida no pretende tampoco dejar de lado que, según se desprende de algunos enlaces electrónicos de la Secretaría de Turismo,2 ya se están realizando concursos de oposición dirigidos a reclutar profesionistas cuyo perfil coincida con la necesidad institucional de realizar procedimientos de verificación administrativa, pero es el hecho que, al menos a nivel de ley, insistimos, no existe un catálogo de requisitos a satisfacer, omisión que deseamos subsanar a través de la presente.
De aprobarse esta iniciativa, generaríamos mayor certeza para los empresarios del ramo sobre la clase de servidores públicos con los que deben de tratar en un momento dado, pero también coadyuvaríamos en la mejora y dignificación del servicio público, reduciendo así cualquier margen de discrecionalidad a favor de administraciones federales futuras que no sean tan escrupulosas como la actual en la selección de sus recursos humanos.
Por todo lo anteriormente expuesto es que sometemos a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Único. Se adiciona un artículo 67 Bis a la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:
Artículo 67 Bis. Para ser verificador se requiere:
I. Ser mexicano, mayor de edad, y estar en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Contar con título y cédula profesional de licenciatura;
III. Demostrar, mediante concurso de oposición, conocimientos suficientes sobre turismo y otras materias afines, y
IV. No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena corporal.
Artículos Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El titular del Ejecutivo federal contará con un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para emitir las disposiciones reglamentarias que resulten necesarias para su aplicación.
Tercero. Los verificadores que hayan sido designados con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto mantendrán vigentes sus derechos laborales adquiridos.
Notas
[*] Consultado en < http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/27/1154371>, el 30 de julio de 2017 a las 10:23 horas.
[*] http://dof.gob.mx/vacantes/7465/005302.htm y
http://www.sectur.gob.mx/wp-content/uploads/2014/11/ADV- 312-12.pdf
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 16 de agosto de 2017.
Diputada María Gloria Hernández Madrid (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Turismo. Agosto 16 de 2017.)
Que reforma el artículo 74 Ter de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, recibida de diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 16 de agosto de 2017
La suscrita, María Gloria Hernández Madrid, diputada federal a la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 74 Ter de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Los mexicanos se transportan por carretera, y esto se puede acreditar a partir de cifras contenidas en el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018, en el cual se menciona que la red de caminos y autopistas registró en 2012 la mayor parte de los desplazamientos de personas entre ciudades y estados, con un 98 por ciento lo que significó haber transportado ese año 3 mil 360 millones de pasajeros.
Esta situación, obviamente, ubica en un lugar marginal a otros medios como el avión y los ferrocarriles y se explica a partir del crecimiento acelerado que tuvieron las carreteras desde de la década de los cincuenta del siglo pasado, lo que ha traído como resultado la existencia de cerca de 333 mil kilómetros de caminos de todos tipos.1
A diferencia de hace tres décadas, la calidad del servicio que prestan los autobuses foráneos se ha elevado de manera sustancial, brindando de esa forma múltiples comodidades a los pasajeros, quienes ahora disponen de refrigerios, aire acondicionado, internet, cafetería, asientos reclinables, ventanillas panorámicas, audífonos, música, películas, sanitarios y asientos solitarios para preservar la privacidad. Hablamos de unidades que han incorporado tecnología de punta a efecto de ahorrar combustible, reducir emisiones de contaminantes y disminuir el ruido de los motores.
Así, la experiencia de viajar en autobús se ha vuelto tan grata que, incluso, no es poca la gente que prefiere transportarse por este medio prescindiendo del automóvil de su propiedad.
Aunado a lo anterior, las líneas de autobuses ahora cuentan con terminales más modernas y cómodas, las cuales en no pocos casos cuentan con servicio de wifi, cafetería y comercios para abastecerse de lo necesario para el viaje. Incluso, ya existe la posibilidad de adquirir boletos por vía telefónica, a través de portales electrónicos, módulos ubicados en centros comerciales, aplicaciones electrónicas, agencias de viajes y en tiendas de conveniencia.
Las alianzas establecidas entre líneas de autobuses y aéreas ahora permiten que un pasajero descienda del avión y en el mismo aeropuerto aborde un camión que lo lleve al destino de su preferencia, tal y como ocurre en la terminal aérea de la Ciudad de México, desde donde es posible viajar a otras urbes como Puebla, Pachuca, Querétaro, Cuernavaca y Toluca, entre otras. Situación similar ocurre en otros puertos aéreos como los de Cancún, Toluca y Guadalajara, por citar sólo algunos ejemplos.
Lamentablemente, la mejoría en el servicio de autobuses foráneos de pasajeros coexiste con otros fenómenos que interfieren con el crecimiento de esta parte del sector de transportes, tales como asaltos en carreteras, robo y destrucción de unidades y alzas en el precio del diésel. Baste señalar que entre enero y septiembre del año pasado se cometieron 124 asaltos en contra de autobuses de pasajeros.2
Otro reto que enfrentan las concesionarias del servicio de transporte de pasajeros lo es la competencia desleal que representan las empresas irregulares que, disfrazadas compañías turísticas, trasladan personas y mercancías por buena parte del territorio nacional, sin contar con requerimientos básicos tales como el seguro de responsabilidad civil a favor de los viajeros, verificación obligatoria de sus condiciones mecánicas o choferes capacitados que se sujeten periódicamente a las revisiones realizadas por las autoridades competentes en medicina del transporte. Tales omisiones generan ahorros que le permiten a estas empresas ofrecer precios módicos a sus clientes, pero en condiciones de evidente ilegalidad.
Para dar muestra de lo anterior no se necesita más que caminar a unas calles de este recinto legislativo, pues en las inmediaciones de la Plaza de la República, decenas de pasajeros abordan unidades con destino a Oaxaca y otras ciudades del sur del país. Igualmente, desde la Plaza de la Soledad, localizada a escasos metros del Palacio Legislativo de San Lázaro, es posible tomar autobuses que lo lleven a uno a entidades como Veracruz, Puebla, Chiapas y Oaxaca.
Situaciones semejantes tienen lugar en otros estados de nuestra geografía. La situación es tal que, de acuerdo con cifras extraoficiales, las unidades piratas representan 20 por ciento del parque vehicular en estados como Veracruz, Chiapas, Tamaulipas y Nuevo León, y a nivel nacional se estima que hasta marzo del año pasado había unas 25 mil unidades.3
Por el bien de los pasajeros, la viabilidad del sector del autotransporte, la generación de condiciones favorables para la competencia y la preservación del estado de derecho es que se vuelve necesario impulsar medidas que sancionen con severidad la prestación de servicios precarios como los que hemos descrito en los párrafos precedentes.
Si bien es cierto el artículo 74 Ter de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal dispone que la Policía Federal, podrá retirar de la circulación los vehículos cuando se encuentren prestando el servicio de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado en los caminos y puentes, sin contar con el permiso correspondiente, no lo es menos que tal sanción permite la posibilidad de regularización a favor de las personas sancionadas, toda vez que no impide que quien haya sido infraccionado, posteriormente intente obtener una concesión, si tal fuera su deseo.
Dicha situación nos parece inequitativa, puesto que, de acuerdo con el artículo 17 de la propia ley, el titular de una concesión o permiso que hubiere sido revocado estará imposibilitado para obtener otro nuevo dentro de un plazo de 5 años, contado a partir de que hubiere quedado firme la resolución respectiva, mientras que quien no se haya tomado la molestia de obtener tales autorizaciones sí podrá acceder a uno con posterioridad a la imposición de la sanción.
A efecto de ilustrar con mayor claridad el sentido de la presente iniciativa, se agrega el siguiente cuadro comparativo:
Texto Vigente
Artículo 74 Ter. La Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Federal Preventiva, podrá retirar de la circulación los vehículos en los siguientes casos:
I. Cuando se encuentren prestando el servicio de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado en los caminos y puentes, sin contar con el permiso correspondiente;
II. Cuando contando con concesiones o permisos estatales, municipales o del Distrito Federal, se encuentren prestando el servicio de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado en los caminos y puentes, fuera de los tramos autorizados por la Secretaría;
III. Cuando excedan el tiempo autorizado para circular o transitar con motivo de su importación temporal y se encuentren prestando el servicio de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado en los caminos y puentes, debiendo dar vista a las autoridades correspondientes;
IV. Cuando se encuentren en tránsito y no cumplan con las condiciones mínimas de seguridad, que se determinen en esta Ley y los ordenamientos que de ella se deriven; y
V. Cuando se encuentren prestando servicio de autotransporte y esté vencido su plazo o límite máximo de operación para dar el servicio de autotransporte federal de pasajeros o turismo, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias correspondientes.
Iniciativa
Artículo 74 Ter . La Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Federal preventiva, podrá retirar de la circulación los vehículos en los siguientes casos:
I. Cuando se encuentren prestando el servicio de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado en los caminos y puentes, sin contar con el permiso correspondiente.
El que sea sancionado en términos de la presente fracción estará imposibilitado para obtener el permiso dentro de un plazo de cinco años, contados a partir de que hubiere quedado firme la sanción respectiva;
II. Cuando contando con concesiones o permisos estatales, municipales o del Distrito Federal, se encuentren prestando el servicio de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado en los caminos y puentes, fuera de los tramos autorizados por la Secretaría;
III. Cuando excedan el tiempo autorizado para circular o transitar con motivo de su importación temporal y se encuentren prestando el servicio de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado en los caminos y puentes, debiendo dar vista a las autoridades correspondientes;
IV. Cuando se encuentren en tránsito y no cumplan con las condiciones mínimas de seguridad, que se determinen en esta Ley y los ordenamientos que de ella se deriven; y
V. Cuando se encuentren prestando servicio de autotransporte y esté vencido su plazo o límite máximo de operación para dar el servicio de autotransporte federal de pasajeros o turismo, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias correspondientes.
Por todo lo anteriormente expuesto es que sometemos a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Primero. Se reforma el artículo 74 Ter de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:
Artículo 74 Ter. La Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Federal Preventiva, podrá retirar de la circulación los vehículos en los siguientes casos:
I. Cuando se encuentren prestando el servicio de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado en los caminos y puentes, sin contar con el permiso correspondiente.
El que sea sancionado en términos de la presente fracción estará imposibilitado para obtener el permiso dentro de un plazo de cinco años, contados a partir de que hubiere quedado firme la sanción respectiva;
II. a V. ...
Artículos Transitorios
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Fuente:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/67636/CAP-04.pdf, consultado el 30 de julio de 2017 a las 21:05 horas.
2 Fuente: http://www.animalpolitico.com/2016/11/asalto-carreteras-mexico/
3 Consultado en el 30 de julio de 2017 a las 22:32 horas.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 16 de agosto de 2017.
Diputada María Gloria Hernández Madrid
(Turnada a la Comisión de Transportes. Agosto 16 de 2017.)
Que adiciona el artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, recibida de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 16 de agosto de 2017
La suscrita, diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 77, numerales I y II, del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción I Bis, al artículo 44, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La violencia contra las mujeres sucede en todas partes del mundo. Incluso en las regiones más desarrolladas del planeta.
La dinámica en las relaciones globales ha permitido una creciente participación en las esferas de las relaciones comerciales y en la migración de personas.
Cabe señalar que, según cifras del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, fuera de nuestro país viven casi 12 millones de personas mexicanas, de las cuales el 97.79 por ciento radica en Estados Unidos de América (EUA).1
Otros datos de mismo Instituto señalan que de este total de personas viviendo en el extranjero:
• 54 por ciento son mujeres y 46 por ciento son hombres.
• La mayoría se encuentran en el continente americano (54 por ciento), seguido de Europa (40 por ciento), Asia (4 por ciento), Oceanía (2 por ciento) y (3.35 por ciento) en África.
• Los 10 países con el mayor registro de mexicanos en el exterior son: Canadá, España, Alemania, Reino Unido, Bolivia, Argentina, Países Bajos, Costa Rica, Chile y Panamá.
• En EUA hay un total de 11 millones 793 mil 976 mexicanos y se estima que su edad es de 36 años, 52 por ciento son mujeres y 48 por ciento hombres.
• Los mexicanos en Europa son 103 mil 814 con una edad promedio de 34 años; 58 por ciento son mujeres y 42 por ciento son hombres.
• Los 10 estados de la República con mayor presencia en Europa son Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, estado de México, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Tamaulipas, Chihuahua y Sinaloa.
• Los mexicanos residentes en África son, de acuerdo con los registros, 921, cuya edad promedio es de 33 años. El 54 por ciento son mujeres y el 46 por ciento son hombres.
• En Asia hay un total de 11 mil 180 mexicanos residentes, de los cuales 49 por ciento son mujeres y el 51 por ciento son hombres, con una edad que oscila en los 35 años.
• Los mexicanos que residen en Oceanía son 4 mil 98, 51 por ciento son mujeres y 49 por ciento son hombres con una edad promedio de 33 años.
Cabe señalar que, según diversas investigaciones, han señalado que “en los fenómenos migratorios contemporáneos destaca el incremento exponencial de la población de mujeres; en 2006, el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA 2006) ya apuntaba que éstas constituían casi la mitad del total de migrantes internacionales. Sin embargo, antes del auge del feminismo político y académico poco se visibilizaba y conocía sobre la situación de las mujeres migrantes. A partir de la década de 1980, con los estudios de género, comenzó el intento por conocer y destacar las prácticas, contextos, motivos y proyectos que enmarcan la migración femenina, con objeto de analizar y comprender, desde la perspectiva de las mujeres, su experiencia migratoria y la repercusión que tiene en su vida, en su familia y en su comunidad (Arias 2009; Woo 2001)”.2
La misma investigación da cuenta de cómo una de las principales formas de violencia que sufren las mujeres migrantes es la de pareja; y afirman que las que son violentadas por la pareja, por lo general ya habían vivido violencia intrafamiliar en su país de origen, situación que era negada o aceptada por las mujeres y que, sin embargo, el proceso migratorio suele recrudecerla y llevarla a su límite.
Las mujeres migrantes son más vulnerables a la violencia de pareja debido a que existen factores legales, económicos, sociales y culturales que inciden en que no puedan terminar con la relación ni acceder a protección y asistencia. Tapia (2011)3 apunta que los agresores, por lo general están muy conscientes de esta situación, así que utilizan las diversas barreras que se generan en los contextos migratorios para sostener o intensificar la violencia que ejercen.
Las migrantes que son madres y tienen un estatus irregular, que desconocen sus derechos, que no cuentan con ingresos propios o tienen empleos precarios, que tienen un nivel educativo bajo y escasas redes sociales son aún más susceptibles y vulnerables a la violencia de pareja, además de que enfrentan mayores dificultades para cambiar o salir de esta situación. Otro factor que también incide en este sentido son sus experiencias previas con las autoridades en sus países de origen ya que, si éstas han sido negativas, se inhiben los intentos por buscar atención en otro país en el que además son inmigrantes, en ocasiones sin documentos, condición que las hace percibirse como sujetos carentes de derechos.
Así, el panorama para las mujeres que enfrenten violencia intrafamiliar en un contexto migratorio resulta aún más complicado. Sus posibilidades de acceder a la justicia y de contar con apoyo institucional resultan ser escasas o casi nulas, debido a la falta de mecanismos para que los sujetos, independientemente de su estatus migratorio, puedan llevar a cabo denuncias y procesos judiciales. En sus casos, además, ocurre que las autoridades desconocen o no saben cómo aplicar en forma adecuada los tratados internacionales en la materia o bien, que en lo práctico –más allá de lo establecido en la legislación–, la acción institucional se ve muy limitada al buscar trascender barreras geográficas y administrativas.
En este contexto, muchas de las mujeres viviendo en el exterior se han topado con condiciones de violencia similares o aún más graves de las que en muchas ocasiones se han visto envueltas a lo largo de su vida. Pero cuando ello ocurre muchas de las veces acuden a las embajadas o a las oficinas consulares a pedir ayuda, asesoría y protección.
Hay casos de mujeres que han reportado que no se les ha atendido con la sensibilidad del caso, con una mirada desde la posición de su género que en muchas ocasiones las ponen en condiciones de mayor vulnerabilidad y en ocasiones, con el riesgo de perder lo más valioso que tienen, que es la vida.
Ante esta realidad, esta iniciativa pretende que las oficinas consulares ofrezcan a sus nacionales acompañamiento y asesoría jurídica con perspectiva de género y derechos humanos cuando esta sea solicitada y tenga como antecedente litigios legales relacionados con casos de violencia contra las mujeres, lo cual no resulta ajeno a los trabajos de la Secretaria en este tema, pues la Titular de la Unidad de Género de dicha dependencia informó en abril de 2016 que ofrecerían apoyo y acompañamiento a las víctimas de violencia de género para que realicen la denuncia correspondiente, y que funcionaria en embajadas y consulados mexicanos.4
Por lo que la propuesta es incorporar al artículo 44 de la citada ley la facultad de proporcionar dicha asesoría y en la medida de las posibilidades de cada oficina consular, entendiendo que en ocasiones las leyes de cada país limitan la participación de estas oficinas o incluso se pudiera entorpecer un procedimiento legal enderezado en un país determinado.
Es importante destacar que la Ley del Servicio Exterior Mexicano dispone la protección de las y los mexicanos que se localizan en otros países de conformidad con el artículo 1 Bis, el cual a la letra señala que:
Artículo 1 Bis.
XV. Oficina Consular: La representación del Estado mexicano ante el gobierno de otro país, en la que se realizan de carácter permanente las siguientes funciones: proteger a los mexicanos que se localicen en su circunscripción, fomentar las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas entre ambos países y expedir la documentación a mexicanos y extranjeros en términos de la presente Ley y su Reglamento. Según su importancia y ámbito de circunscripción se clasifican en: Sección Consular, Consulado General, Consulado, Agencia Consular y Consulado Honorario;5
Por otra parte, la presente propuesta también es armónica con lo dispuesto por el artículo 65 del propio reglamento de la Ley, el cual establece la asistencia jurídica en los siguientes términos:
Artículo 65. Es obligación prioritaria de los miembros del Servicio Exterior proteger los intereses de los mexicanos en el extranjero. Con este propósito prestarán sus buenos oficios, impartirán asistencia y protección consular y, llegado el caso, proporcionarán a la Secretaría los elementos para que ésta decida si el Estado mexicano ejercerá la protección diplomática.
La asistencia consular se impartirá cuando se requiera atender y asesorar a mexicanos en sus relaciones con las autoridades extranjeras. Para estos efectos los miembros del Servicio Exterior deberán:
I. Asesorar y aconsejar a los mexicanos en lo relativo a sus relaciones con las autoridades e informarles sobre la legislación local, la convivencia con la población local, sobre sus derechos y obligaciones frente al estado extranjero en donde se encuentren, y sus vínculos y obligaciones en relación con México, en especial su registro en la oficina consular correspondiente;
II. Asesorar jurídicamente a los mexicanos, cuando éstos lo soliciten, entre otros a través de los abogados consultores de las representaciones;
III. Visitar a los mexicanos que se encuentren detenidos, presos, hospitalizados o de otra manera en desgracia, para conocer sus necesidades y actuar en consecuencia; y,
IV. Asumir la representación de los mexicanos que por estar ausentes o por otros motivos estén imposibilitados de hacer valer personalmente sus intereses.
Para los efectos del presente artículo y conforme a lo dispuesto en la fracción XI del artículo 2 de la Ley, en la Ley Federal de Derechos, y en otros ordenamientos legales aplicables, la Secretaría, escuchando las opiniones de las áreas directamente involucradas con los asuntos consulares, elaborará o revisará, cuando menos cada dos años, los programas y actividades a los que se destinarán los recursos recibidos por servicios prestados por las representaciones consulares de México en el extranjero. Tales programas y actividades se centrarán, prioritariamente, en los siguientes aspectos:
a) programa de repatriación de personas vulnerables;
b) atención y asesoría jurídica;
c) visitas a cárceles y centros de detención;
d) atención consular a través de servicios telefónicos;
e) seguridad de los migrantes;
f) consulados móviles;
g) prestación de servicios consulares en general;
h) atención al público; y,
i) en general, en todos aquellos aspectos relacionados con la protección consular.
La erogación de los recursos a que se refiere el párrafo anterior se realizará conforme a lo dispuesto en la fracción XI del artículo 2 de la Ley, y observando los criterios generales o específicos que establezca la Secretaría.6
De ahí que la propuesta busca armonizar el texto con la posibilidad de que estas oficinas promuevan esta asesoría y acompañamiento de forma permanente y dentro de un contexto de institucionalización de esas prácticas; tomando en cuenta la situación de miles de mujeres que viven en otros países, en particular en el vecino país del norte, el cual ha mantenido una actitud hostil en contra de las mujeres y sus hijas e hijos, al tratarse de un gobierno que tiene como presidente a una persona misógina y xenófoba contra las y los mexicanos.
Es importante destacar que las oficinas consulares han tenido un apoyo permanente a mujeres y hombres que viven en el extranjero y desde la perspectiva de género se les ha brindado asesoría y acompañamiento bajo el esquema del Programa Nacional para la Igualdad,7 dividiéndose esta atención en casos relacionados con: repatriación de vulnerables, maltrato, mujeres privadas de su libertad y trata,8 lo cual nos parece sumamente acertado ya que esta propuesta coincide con lo que de forma regular han venido haciendo estas dependencias en relación con el tema central de la presente iniciativa.
En virtud de lo expuesto, propongo a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona la fracción I Bis al artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, con el objeto de establecer que las oficinas consulares brindarán a sus nacionales acompañamiento y asesoría jurídica, con perspectiva de género y derechos humanos, cuando esta sea solicitada como consecuencia de litigios legales relacionados con violencia contra las mujeres
Artículo Único. Se adiciona la fracción I Bis al artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar como sigue:
Artículo 44. ...
I. ...
I. Bis. Brindar a sus nacionales acompañamiento y asesoría jurídica, con perspectiva de género y derechos humanos, cuando esta sea solicitada como consecuencia de litigios legales relacionados con violencia contra las mujeres, y en la medida de las posibilidades de cada oficina consular.
II. a VII. ...
Transitorio
Único. El presente decreto entrara en vigor a partir del siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 http://www.gob.mx/sre/articulos/sabes-cuantos-mexicanos-viven-en-el-ext ranjero
2 Carrillo Hernández, Edith. Madres migrantes y sustracción familiar. Vulnerabilidad y violación de los derechos humanos de mujeres e infantes en contextos de migración. Revista electrónica Scielo, disponible en:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-39252014000300009
3 Tapia (2011) señala que “existe una experiencia diferenciada de mujeres y hombres en la migración a partir de tres factores: 1) el sistema de género que establece restricciones morales para la movilidad femenina, 2) la división del trabajo en función del género y 3) el machismo que impera en contextos de origen y destino”.
4 La nota completa puede leerse en http://www.univision.com/noticias/consulados/daran-ayuda-a-victimas-de- violencia-de-genero-en-el-consulado-de-mexico-en-chicago
5 Texto disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm.
6 Texto disponible en file:///C:/Users/Usuario/Downloads/leysem.pdf
7 El Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación 2013-2018, es el programa insignia del gobierno federal para lograr la transverzalización de la perspectiva de género en la actividad del estado mexicano. Fue publicado el 30 de agosto de 2013 en el Diario Oficial de la Federación. El mismo puede consultarse en: http://www.dof.gob.mx/nota_
8 Los informes de atención pueden consultarse en
https://transparencia.sre.gob.mx/datos_abiertos/DGPME/
AtencionaPoblacionVulnerablePerspectivadeGenero.csv
Referencias
www.diputados.gob.mx.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-39252014000300009
Tapia, Marcela. 2011. La migración como escenario para la comprensión de la violencia de género entre migrantes internacionales. Amerique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, 2. Disponible en https://alhim.revues.org/3733
http://www.dof.gob.mx/nota_
https://transparencia.sre.gob.mx/datos_abiertos/DGPME/At encionaPoblacionVulnerablePerspectivadeGenero.csv
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/leysem.pdf
Senado de la Republica, sede de la Comisión Permanente, a 16 de agosto de 2017.
Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores. Agosto 16 de 2017.)
Que adiciona el artículo 26 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, recibida de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 16 de agosto de 2017
La violencia sexual, racial, de género y otras formas de discriminación en la cultura no pueden ser eliminadas sin cambiar la cultura.
Charlotte Bunch
La suscrita, Laura Nereida Plascencia Pacheco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 77, numerales I y II, del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 26 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Lesvia Gómez Entzin1 es una indígena que sufrió un disparo en el rostro por su esposo, Jorge Navarro Hernández, y como consecuencia de las lesiones, lo cual fue en realidad un intento de feminicidio, perdió la vista.
Las secuelas que estos crímenes dejan a las mujeres y víctimas sobrevivientes de feminicidios son desgarradoras.
Miles de mujeres, después de haber sobrevivido a un ataque feminicida, quedan en el desamparo, sin recursos económicos, con una familia que mantener, con secuelas físicas y psicológicas y con el temor de volver a sufrir un ataque.
Viven con la zozobra, ante la incapacidad del sistema legal para brindarles protección y acceso a la justicia, y a que los feminicidas queden libres y ahora sí terminen su obra.
Así como Lesvia, las sobrevivientes de feminicidio temen a diario por su vida. Se gastan los pocos recursos económicos con que cuentan para su recuperación psicológica y física, y a esto se suma la manutención de los hijos; en el caso de Lesvia son tres, todos menores de cinco años.
Muchas sobrevivientes de feminicidio fueron atacadas por sus parejas. Ellas y sus familias dependían económicamente del feminicida, ya que en la mayoría de casos las mujeres violentadas por su pareja les impedían trabajar y hacer uso del dinero que ganan con las distintas formas de allegarse recursos, escasos éstos en la gran mayoría de las veces, ya que sus redes de apoyo son pocas.
En el caso de Lesvia, como en muchos otros, concurrieron varias condicionantes de vulnerabilidad: ser mujer, ser indígena y ser pobre, sin que haya habido por parte de ninguna autoridad, ayudas reales en el momento adecuado, para hacer frente a estas situaciones concretas, que se dan cuando se es sobreviviente de un feminicidio.
Consideramos que para atender la violencia en contra de las mujeres es necesaria una visión integral del problema. No basta con que los feminicidas sean procesados y, eventualmente, encarcelados. Se necesita una visión más comprehensiva del problema y que se atiendan a las sobrevivientes, a sus víctimas y se erradique la violencia hacia y contra las mujeres.
Cuando se habla de empoderamiento de las mujeres, se atiende a una lógica que ponga la mirada desde una perspectiva integral, que abarquen programas sociales para su incorporación al campo laboral y su independencia económica, su participación política, un aparato de justicia honesto, infalible y eficiente, el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, oportunidades iguales que las de sus pares hombres, acceso a la educación, a las nuevas tecnología, al ejercicio pleno de todos sus derechos todo el tiempo.
Así, en tanto no se vea a las mujeres como personas, sujetas plenas de derecho, la violencia en su contra continuará, teniendo al Estado, incluso, como su protagonista.
Consideramos vital que la atención para las víctimas de la violencia sea vista como una actividad estratégica del Estado, pues mientras ello no ocurra la violencia hacia las mujeres seguirá siendo: “obstáculo para el logro de la igualdad, la equidad, el desarrollo, la paz y la participación social. Es una violación de los derechos humanos que limita su libertad personal, nulifica las garantías fundamentales como el derecho a la seguridad, a la integridad e incluso a la vida. Sus raíces son multifactoriales, las componen una diversidad de variables que debemos conocer para comprenderlas y analizarlas. Es multicausal y sus repercusiones son sociales e individuales por lo que su abordaje debe ser multidisciplinar e intersectorial. Es multidimensional por lo que su respuesta debe ser global, sistémica y holística desde la prevención, asistencia y protección hasta su recuperación”.2
Sabemos que la situación de riesgo de las mujeres es mayor, ya que el contexto de violencia feminicida en nuestro país se ha agravado. Se ha agravado en medio de esta crisis de seguridad, lo que eventualmente está generando que muchas mujeres queden como sobrevivientes de este delito; sin que existan programas gubernamentales que, bajo esta mirada y este contexto, atienda a las sobrevivientes de feminicidio.
Para darnos cuenta de la magnitud del problema, basta revisar los datos que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en noviembre de 2016, a propósito del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, dio a conocer. Se trata de datos alarmantes que sitúan muy bien el contexto en el que se encuentra nuestro país en relación con la violencia de género.
El Inegi señaló que entre las jóvenes, de 15 a 29 años, 10.0 por ciento de las defunciones registradas en 2015 fue por homicidio, lo que representa en este grupo de edad la primera causa de muerte. En promedio se estima que durante los últimos tres años (2013 a 2015), fueron asesinadas siete mujeres diariamente en el país, mientras que entre 2001-2006, era de 3.5.
Por otra parte, señala que de 1990 a 2015, los suicidios de mujeres aumentaron 4.6 veces; el mayor aumento se observa entre 2006-2012.
Que en 2015 fallecieron por diversas causas 291 mil 637 mujeres y niñas, y 1.0 por ciento de las defunciones registradas se debió a agresiones intencionales; es decir, la causa del deceso fue homicidio. Esta situación es aún mayor entre las mujeres jóvenes de 15 a 29 años, ya que 10.0 por ciento de las defunciones de este grupo fue por homicidio, lo que representa en estos grupos de edad la primera causa de muerte.
Reporta también que durante de 2014 se registraron 2 mil 408 defunciones de mujeres a causa de agresiones intencionales y, para 2015, se registraron 2 mil 383, lo que representa alrededor del 12.0 por ciento del total de los homicidios registrados para esos años: 20 mil 10 en 2014 y 20 mil 525 en 2015.
De la misma forma, que de 1990 a 2015 se registró el fallecimiento de 404 mil 15 personas a causa de agresiones intencionales y de ellas, 43 mil 712 eran mujeres. En el periodo comprendido de 2007 a 2015 se observa un incremento significativo en los homicidios totales. En estos nueve años se concentra 46 por ciento de los homicidios ocurridos en estos 26 años, mientras que el restante 56 por ciento ocurrió a lo largo de 17 años, lo que indica que durante los últimos años ha habido un aumento acelerado de homicidios.
Un dato relevador de ello lo es también el hecho de que a lo largo de esos 26 años (1990-2015), se han registrado mil 232 casos donde no ha sido posible identificar el sexo de la persona asesinada y el 73.8 por ciento de ellos corresponde precisamente a casos de defunciones registradas entre 2007 y 2015.
En estos últimos 26 años se registraron 43 mil 712 homicidios de mujeres, 28.2 por ciento de ellos durante el sexenio 2007-2012, mientras que en los últimos tres años (de 2013 a 2015), ya han ocurrido 7 mil 439 asesinatos de mujeres, cifra semejante a la registrada durante el sexenio 2001-2006.
De los homicidios de mujeres ocurridos de 1990 a 2015, cerca de la mitad de ellos (45.2 por ciento) acontecieron en los últimos nueve años, entre 2007 y 2015. Los homicidios contra mujeres registrados en el último trienio (2013-2015) representan el 60.4 por ciento de aquellos del sexenio 2007-2012, lo que indica que de seguir esta tendencia rebasarán el máximo histórico registrado.
Que entre 1990 y 2006 fallecieron, en promedio, cuatro mujeres por día, debido a agresiones intencionales; en tanto que durante el sexenio 2007-2012, el promedio diario pasó a seis, y durante el trienio 2013-2015, asciende a cerca de siete homicidios de mujeres, diariamente.
Así, en 2015 se registraron, a nivel nacional, 31.0 defunciones por homicidio de hombres por cada 100 mil de ellos en el país y 3.8 por cada 100 mil mujeres. Se observa un ligero aumento respecto de la tasa de 2014 entre los hombres, pero no ocurre lo mismo entre las mujeres, donde la tasa se mantiene casi en el mismo nivel y donde el máximo alcanzado corresponde a 2011, con una tasa de 4.6 mujeres por cada 100 mil.
La tendencia en la tasa de defunciones por homicidio muestra que entre 2000 y 2006 se registra una tendencia más o menos estable. Aun cuando en 2007 se aprecia una disminución moderada, a partir de 2008 y hasta 2011 el aumento es rápido y sostenido.
A partir de 2011 se observa una disminución hasta 2014 y en 2015 se aprecia un ligero repunte.
Más de la mitad de los hombres muertos por causa de una agresión violenta tenían entre 20 y 39 años (55.1 por ciento); y entre las mujeres de las mismas edades, la proporción fue de 47.9.
Hay falta de información objetiva para documentar los casos de niñas y niños que han quedado en la orfandad por causas de delitos como el feminicidio. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene el registro de 65 casos de orfandad por feminicidio en un periodo de tres años.3
Ante estos datos y el creciente número de casos de mujeres sobrevivientes de feminicidios, consideramos urgente la creación de programas de desarrollo social y económicos que les permitan, a las mujeres y a las víctimas, el acceso efectivo a recursos para salir de ese estado de emergencia en el que se encuentran y poder contar con mayores elementos que satisfagan necesidades básicas; que les ayuden a tomar las mejores decisiones, fomentando su empoderamiento económico y su autoestima.
En 2013, en el acuerdo número 57 del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo se estableció como compromiso de los estados el asegurar el acceso efectivo y universal a los servicios fundamentales para todas las víctimas y mujeres sobrevivientes de la violencia basada en género, lo que evidencia la urgente necesidad de contar con programas que incidan en este tema.
El consenso dispuso que era necesario “hacer efectivas las políticas adoptadas y tomar medidas preventivas, penales, de protección y atención que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia, incluida la esterilización forzada, y estigmatización contra las mujeres y las niñas en los espacios públicos y privados, en particular los asesinatos violentos de niñas y mujeres por motivos de género, asegurando el acceso efectivo y universal a los servicios fundamentales para todas las víctimas y sobrevivientes de la violencia basada en género y prestando especial atención a las mujeres en situaciones de mayor riesgo, como las mayores, embarazadas, con discapacidad, grupos culturalmente diversos, trabajadoras sexuales, que viven con VIH/sida, lesbianas, bisexuales, transexuales, afrodescendientes, indígenas, migrantes, que residen en las zonas de frontera, solicitantes de refugio y víctimas de trata, entre otras...”4
Los programas que pretendan atender a las víctimas de forma integral, deben considerar esta población de mujeres que no han podido encontrar el cobijo social ni institucional que les ayude a estar un poco mejor, pero que fomenté una mejor toma de decisiones, mayor autoestima e independencia; por que deben ser acompañadas de programas que les generen recursos económicos urgentes, ante tal contingencia.
La propuesta es adicionar el artículo 26 Bis al capítulo V, relativo a la violencia feminicida, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues este apartado debe contar con un sentido holístico, agregando que la federación, la Ciudad de México, los estados y los municipios se coordinaran para el diseño y operación de programas de desarrollo social y empoderamiento económico para mujeres víctimas de feminicidio y para las víctimas de este delito. Esto último para los casos en los que efectivamente se le haya privado de la vida.
En virtud de lo expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona el artículo 26 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con objeto de establecer que los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse para diseñar e implantar programas para mujeres sobrevivientes de feminicidio y de las víctimas mortales de este delito
Único. Se adiciona el artículo 26 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:
Artículo 26 Bis. La federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios se coordinarán para el diseño e implementación de programas de desarrollo social y empoderamiento económico para mujeres sobrevivientes de violencia feminicida, y para las y los dependientes de las víctimas mortales de este delito.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 El caso de Lesvia Gómez puede verse en https://www.youtube.com/watch?v=qGOJDZGmQ9I
2 López Angulo L., Apollinaire Pennini J. J., Array M., Moya Ávila A. “Respuesta de estrés en las mujeres maltratadas en la relación de pareja. Una aproximación a su estudio”, en Medisur [serie en internet].
Disponible en http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2009000500013
3 La información puede consultarse en http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/desconocen-diputadas-informaci- n-sobre-orfandad-por-feminicidio
http://www.cepal.org/celade/noticias/documentosdetrabajo /8/50708/2013-595-consenso_montevideo_pyd.pdf
Referencias
www.diputados.gob.mx.
http://revoluciontrespuntocero.mx/atencion-a-las-sobrevi vientes-de-intento-de-feminicidio/
http://www.ankulegi.org/wp-content/uploads/2012/03/0008L agarde.pdf
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&p id=S1727-897X2009000500013
http://www.cepal.org/celade/noticias/documentosdetrabajo /8/50708/2013-595-consenso_montevideo_pyd.pdf
Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a 16 de agosto de 2017.
Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Igualdad de Género. Agosto 16 de 2017.)
Que adiciona los artículos 132 de la Ley Federal del Trabajo y 46 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, recibida de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 16 de agosto de 2017
Mediante el trabajo la mujer ha podido franquear la distancia que la separa del hombre. El trabajo es lo único que puede garantizarle una libertad completa.
Simone de Beauvoir
La suscrita, Laura Nereida Plascencia Pacheco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 77, numerales I y II, del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea:
Exposición de Motivos
La violencia contra las mujeres en el país es enorme: diariamente son asesinadas 7.1 ONU Mujeres ha reiterado su preocupación ante la alarmante situación que enfrentan las mujeres en México, propios de una pandemia mundial.
Diversas fuentes señalan que en México, 46.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más han sufrido algún incidente de violencia por parte de su pareja. A 42.4 por ciento se les ha humillado, encerrado, amenazado con correrlas de casa, quitarles a sus hijos o matarlas (violencia emocional). A 24.5 por ciento les han prohibido trabajar o estudiar, o les han quitado dinero o bienes (violencia económica). Un 13.5 por ciento ha sido golpeada, amarrada, pateada, o agredida con alguna arma por su pareja (violencia física); y a 7.3 por ciento de las mujeres se les ha obligado a tener relaciones sexuales.2
En relación con la violencia laboral, 20.6 por ciento de las mujeres declaró haberla sufrido; más de 4 por ciento refirió hostigamiento sexual. Más de 500 mil mujeres han sido forzadas a tener relaciones sexuales; de ellas, alrededor de 75 mil sufrieron una violación en el último año; sin embargo, por ese delito cada año se inician apenas 15 mil averiguaciones y sólo se concluyen 5 mil juicios en los tribunales superiores de justicia. Estos datos demuestran lo alejadas que se encuentran las mujeres mexicanas de la procuración e impartición de justicia: sólo 14 por ciento de las mujeres víctimas de violencia se acerca a una autoridad para pedir ayuda, el resto considera que nadie puede ayudarles.3
La respuesta institucional no ha estado a la altura de las necesidades de seguridad y justicia que las mujeres reclaman. El dinamismo que caracteriza al derecho no ha estado del lado de las mujeres ni hoy ni nunca, pues se sigue teniendo una visión paternalista, androcéntrica y poco sensible a la realidad de violencia que viven a diario las mujeres.
No obstante los avances que significaron la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no se ha comprendido que la ley per se no resolverá la problemática que entraña la violencia de género y contra las mujeres mientras no se entienda que la ley debe afectar el entendimiento de las demás normas que en teoría deberían proteger los derechos de los grupos sociales en desventaja o en condición de vulnerabilidad, como ocurre muchas de las veces con las mujeres trabajadoras.
Cuando nos referimos a la violencia contra las mujeres o violencia de género, nos referimos a un contexto donde el ser mujer o construirse socialmente como mujer implica una especie de contexto donde la supremacía masculina tiene permitido abusar e intimidar a las mujeres.
De ahí que “el feminicidio no se entiende, analiza o diagnostica en abstracto, sino como una derivación momentánea y extrema de las violencias que las mujeres viven en los ámbitos personal, vecinal, comunitario, educativo, laboral y social”.4
Digamos que todas estas violencias, vistas desde una perspectiva general, son expresiones “tan extrema como normalizada, de “las representaciones culturales que existen en torno a las desigualdades de género y a la forma en que socialmente se estructuran y se ejercen las relaciones de poder... el extremo de un continuo de terror antifemenino que incluye una gran cantidad de formas de abuso verbal y físico: como violación, tortura, esclavitud sexual (particularmente en la prostitución), incesto y abuso sexual infantil extrafamiliar, maltrato físico y emocional, hostigamiento sexual (por teléfono, en las calles, en la oficina y en el salón de clases), mutilación genital (clitoridectomía, escisión, infibulación), operaciones ginecológicas innecesarias (histerectomías gratuitas), heterosexualidad forzada, esterilización forzada, maternidad forzada (mediante la criminalización de los anticonceptivos y el aborto), psicocirugía, negación de los alimentos a las mujeres en algunas culturas, cirugías cosméticas y otras mutilaciones en nombre de la belleza”.5
Y en contraparte de una visión particular significan “el capítulo final de un largo historial de violencia de pareja que se mantuvo impune o la furia de un desconocido motivados, en ambos casos, “por un sentido de tener derecho a ello o superioridad sobre las mujeres, por placer o deseos sádicos hacía ellas, o por la suposición de propiedad sobre las mujeres”.6 Como conclusión, se trata de un “crimen que no genera ninguna recompensa material a cambio”, ni “el producto de una reacción emocional, como tradicionalmente se ha intentado justificar bajo la idea de un crimen pasional” sino “la recompensa por una especie de victoria que supone imponer la posición [cultural, ideológica] del varón [y de la comunidad] por encima de la vida de la mujer”.7
Castañeda concluye: “Eso significa la “razón de género” que envuelve un feminicidio, al que le siguen una estela de justificaciones lapidarias, en silencio o a voces, en la comunidad, la policía y la sociedad respecto a que ella se lo merecía o se lo buscó por romper su rol de género (por su transgresión) o por dejada (por su omisión), y que son parte de la narrativa cotidiana de la normalización de la violencia contra la mujer.8
De esta forma, consideramos que aún hay un largo trecho en la armonización de los textos legales que permitan a las mujeres acceder a la justicia, en este caso sin perder su trabajo, pues día a día surgen en los hechos realidades que las leyes no prevén o que de pronto aparecen ante la indiferencia de quienes en principio deberían hacer cumplir la ley.
El acceso a la justicia para las mujeres, es otra deuda que sigue temerosamente pendiente.
Hay un gran clima de impunidad por lo deficiente de nuestro sistema de procuración e impartición de justicia y por lo altos de niveles de corrupción, lo que propicia la poca credibilidad en las instituciones de parte de la sociedad.
Si también se considera que no existen mecanismos legales ni instituciones que tomen mucho en cuenta las condiciones particulares de las mujeres para acudir a las dependencias de gobierno a dar trámite a los procedimientos legales, sobre todo por cuestiones de violencia, el asunto de torna mucho peor.
Por otro lado, falta sensibilidad para considerar que muchas de las mujeres que están siendo violentadas se encuentran en horarios poco flexibles en sus centros de trabajo y, en ocasiones, con patrones que no dan permiso a veces ni para ir al baño, acabamos entonces con poca posibilidad de dar seguimiento a los juicios o procesos para que los responsables sean realmente sancionados.
El Comité de la CEDAW (Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres) ha recomendado a nuestro país que se armonicen las leyes a fin de facilitar los procedimientos para que las mujeres hagan efectivo del derecho de acceso a la justicia, a lo que señala: “El acceso de las mujeres a la justicia, entendido como ‘el derecho a contar con recursos judiciales y de otra índole que resulten idóneos y efectivos para reclamar por la vulneración de los derechos fundamentales’, se ha visto obstaculizado por huecos legales, por prácticas discriminatorias del personal de servicio públicos y por factores sociales, culturales, económicos, geográficos y políticos, como lo señala la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en su condena contra el Estado mexicano por el caso González y otras (caso ‘Campo Algodonero’)”,9 de la cual por cierto el Estado mexicano está en calidad de incumplimiento, lo que en efecto pretende coadyuvar en revertir la presente iniciativa.
En particular, esta iniciativa persigue generar mecanismos legales que posibiliten el acceso a la justicia para las mujeres, adicionando una fracción a la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 132 y al artículo 46 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, disponiendo que las mujeres que sean víctimas de violencia familiar o de género, gozaran de un permiso de hasta treinta días laborables con goce de sueldo lo cual permitiría a la víctima ausentarse de su puesto de empleo mientras se recupera de las consecuencias físicas, psicológicas y emocionales de la violencia sufrida; permitirá disponer de ese tiempo para realizar los trámites vinculados con la denuncia, así como realizar las acciones necesarias para protegerse de la situación.
No escapa al análisis realizado por las y los autores de la presente propuesta, el cumulo de resistencias que aún subsisten en distintos actores políticos y del sector empresarial, originada principalmente por que aducen que esto afectaría la economía de las empresas y que no “hay forma de que comprueben dichas licencias”, lo cual resulta falaz, ya que existen medios idóneos para hacerlo, amén de que los costos de esta violencia tiene un valor de entre 1 y 4 por ciento del producto interno bruto de este país,10 por lo que reducir sus efecto tendría efectos positivos no solo en términos sociales sino económicos.
También se argumenta que este tipo de medidas son propias de economías de países más desarrollados y con otra cultura e idiosincrasia, entre otros argumentos. Esa razón resulta errónea pues en países con economías y realidades como la nuestra, este tipo de licencias y permisos se han empezada a otorgar para hacer frente a los factores que perpetúan la violencia, como la falta de acceso a la justicia de las mujeres, y han empezado a introducir en sus legislaciones laborales disposiciones que permiten a las mujeres atender los procesos que se derivan de una situación de violencia familiar o de género.
Así, por ejemplo, en Argentina se otorga desde septiembre de 2016 una licencia similar a mujeres que han sido víctimas de violencia familiar , de género o contra la mujer: “el proyecto presentado en abril de este año por la diputada nacional del PTS en el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, que propone garantizar la creación de Licencias laborales con goce de haberes para todas las trabajadoras que hayan sido víctimas de cualquier tipo de violencia machista, de acuerdo a lo que dispone la Ley Número 26.485, “De protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”.11
En Perú, desde 2015, en la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, publicada hace poco, se agregaron nuevos derechos a los trabajadores que sufren violencia familiar , como prohibir su despido, entre otros. Así, el trabajador en esta situación mantendrá su puesto de trabajo con una denuncia policial por violencia familiar contra su cónyuge, conviviente o agresor miembro de su familia.12
En Nueva York, en el vecino país del norte, para ayudar a las mujeres a eliminar esa preocupación de perder el trabajo, el alcalde Bill de Blasio, acompañado de la primera dama, Chirlane McCray, anunció este año una legislación que permitirá a las víctimas a tomar permisos pagados de sus empleos, mientras se recuperan y buscan protección.
La nueva medida, denominada “licencia pagada segura” y que se presenta en la misma semana en que culmina el mes de concienciación sobre la violencia doméstica, busca evitar que los afectados pierdan sus trabajos y hogares en sus momentos más vulnerables.
“Nadie debería decidir entre su seguridad y su salario”,13 expresó el alcalde al anunciar la legislación durante un evento en el Centro de Justicia Familiar de Manhattan, uno de los cinco lugares en la Gran Manzana donde víctimas de violencia doméstica pueden acudir a recibir servicios legales, sociales y policiales.
De esta forma, la presente propuesta plantea el otorgamiento de un permiso de treinta días laborables con goce de sueldo tomando en consideración el tiempo que tarda un mujer en presentar las denuncias, en promover las demandas y en asistir a las instituciones que brinden atención integral con la finalidad de sobreponerse a este situación. ¿Por qué treinta días? Pudieran ser más o menos días. Al respecto hay varios ejercicios financiados por la Cepal,14 que desde un enfoque de género permiten determinar los costos y de sus implicancias fiscales y socioeconómicas que podría ser una herramienta valiosa para determinar lo que más convenga y más proteja a las mujeres. En todo caso esta propuesta legislativa pone énfasis en que es necesario este permiso pues por esta causa muchas mujeres pierden sus empleos.
En virtud de lo expuesto pongo a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adicionan las fracciones IX Bis al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y V Bis al artículo 46 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Primero. Se adiciona la fracción IX Bis al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Artículo 132. (...)
I. a IX. (...)
IX Bis. Promover el otorgamiento de licencias por hasta treinta días, con goce de sueldo, a las trabajadoras víctimas de violencia familiar o de género, cuando el cumplimiento de sus actividades laborales suponga un riesgo para su seguridad e integridad personal y previo otorgamiento de una orden de protección por la autoridad correspondiente;
X. a XXVIII. (...)
Segundo. Se adiciona la fracción V Bis al artículo 46 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:
Artículo 46 Bis. (...)
I. a V. (...)
V Bis. Promover el otorgamiento de licencias, con goce de sueldo, a las trabajadoras víctimas de violencia familiar o de género, cuando el cumplimiento de sus actividades laborales suponga un riesgo para su seguridad e integridad personal y previo otorgamiento de una orden de protección por la autoridad correspondiente;
VI. a IX. (...)
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el
Notas1 La información puede consultarse en http://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/7406635/03/16/Siete- mujeres-mueren-al-dia-en-Mexico-victimas-de-la-violencia.html
2 Los datos completos de la Endireh 2011 pueden consultarse en
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/endireh/2011/
3 Los datos forman parte del diagnóstico hecho a propósito del Proigualdad el cual se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312418&fecha=30/08/2 013
4 Castañeda Torres, Rubén. Diagnostico Situacional de Feminicidio en Jalisco. Instituto Jalisciense de las Mujeres. Guadalajara, Jalisco. Diciembre de 2015, página 2.
5 Radford, J., y D. Russell (2006). Feminicidio. La política del asesinato de las mujeres. México: UNAM. CEIICH: Cámara de Diputados, LIX Legislatura. Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y la procuración de justicia vinculada.
6 Russell, D. E. (2006). “Definición de feminicidio y conceptos relacionados”, en D. E. Russell; y R. A. Harmes (editores). Feminicidio: una perspectiva global. México: CEICH-UNAM.
7 ONU-Mujeres y OACNUDH, 2011, Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio) .
8 Obra citada 4.
9 Comité de CEDAW en Diagnóstico del Proigualdad, disponible en
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312418&fecha=30/08/2013
10 El Banco Mundial, a través del grupo de soluciones para recortar la brecha de género, ha realizado investigaciones que indican que el costo económico de la violencia contra las mujeres y niñas representa entre el 1 y el 4 por ciento del Producto Interno Bruto de un país. La nota puede consultarse en http://www.elfinanciero.com.mx/economia/violencia-contra-mujeres-y-nina s-cuesta-entre-y-del-pib-de-cada-pais-bm.html
11 Para más datos puede consultarse el sitio http://www.laizquierdadiario.com/Licencias-laborales-por-violencia-de-g enero-un-derecho-para-todas
12 Para más datos puede consultarse http://gestion.pe/empleo-management/ley-prohibe-despido-trabajadores-qu e-sufren-violencia-familiar-2150344
13 La información puede leerse en el enlace
http://eldiariony.com/2016/10/26/victimas-de-violencia-domestica-podran-faltar-sin-temor-al-trabajo/
14 La Cepal es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas. El texto referido puede consultarse en http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40483/6/S1600701_es .pdf
Referencias
Castañeda Torres, Rubén. Diagnóstico situacional de feminicidio en Jalisco. Instituto Jalisciense de las Mujeres. Guadalajara, Jalisco. Diciembre de 2015, página 2.
Radford, J., y D. Russell (2006). Feminicidio. La política del asesinato de las mujeres. México: UNAM. CEIICH: Cámara de Diputados, LIX Legislatura. Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y la procuración de justicia vinculada.
Russell, D. E. (2006). “Definición de feminicidio y conceptos relacionados”, en D. E. Russell; y R. A. Harmes (editores). Feminicidio: una perspectiva global. México: CEICH-UNAM.
ONU-Mujeres y OACNUDH, 2011, Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio). Obra citada 4.
Comité de CEDAW en Diagnóstico del Proigualdad, disponible en
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312418&fecha=30/08/2013
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especi ales/endireh/2011/
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312418&fecha=30/08/2013
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/violencia-contra -mujeres-y-ninas-cuesta-entre-y-del-pib-de-cada-pais-bm.html
http://www.laizquierdadiario.com/Licencias-laborales-por -violencia-de-genero-un-derecho-para-todas
http://gestion.pe/empleo-management/ley-prohibe-despido- trabajadores-que-sufren-violencia-familiar-2150344
http://eldiariony.com/2016/10/26/victimas-de-violencia-d omestica-podran-faltar-sin-temor-al-trabajo/
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4048 3/6/S1600701_es.pdf
Diario Oficial de la Federación.
Senado de la Republica, sede de la Comisión Permanente, a 16 de junio de 2017.
Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Agosto 16 de 2017
Que reforma el artículo 440 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, recibida de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 16 de agosto de 2017
La suscrita, diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la iniciativa de reformas al artículo 440 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de bases aplicables a procedimientos sancionadores, en términos de la siguiente1
Exposición de Motivos
Los procedimientos sancionadores son mecanismos que se siguen guardando las formalidades esenciales del procedimiento, a fin de determinar si se ha cometido alguna infracción a la normatividad electoral, y por consecuencia, aplicar la sanción que proceda en términos de ley.
Existen dos tipos de procedimientos sancionadores:2
1. Especiales: Son los sustanciados durante un proceso electoral por denuncias sobre conductas que:
a) Violenten las normas constitucionales en materia de radio y televisión y propaganda gubernamental (Base III del artículo 41 o el octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución Federal);
b) Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral; o
c) Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.
2. Ordinarios: Sustanciados por cualquier otra falta, dentro o fuera de un proceso electoral.
Ahora bien, el artículo 440 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante LGIPE) señala que las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases:
(...) a) Clasificación de procedimientos sancionadores en procedimientos ordinarios que se instauran por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales y especiales sancionadores, expeditos, por faltas cometidas dentro de los procesos electorales;
b) Sujetos y conductas sancionables;
c) Reglas para el inicio, tramitación, órganos competentes e investigación de ambos procedimientos;
d) Procedimiento para dictaminación para la remisión de expedientes, al Tribunal Electoral, para su resolución, tanto en el nivel federal como local, y
e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los Organismos Públicos Locales de quejas frívolas, aplicables tanto en el nivel federal como local, entendiéndose por tales:
I. Las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho;
II. Aquéllas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para acreditar su veracidad;
III. Aquéllas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación electoral, y
IV. Aquéllas que únicamente se fundamenten en notas de opinión periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que por otro medio se pueda acreditar su veracidad.
2. La sanción que se imponga, en su caso, deberá de valorar el grado de frivolidad de la queja y el daño que se podría generar con la atención de este tipo de quejas a los organismos electorales.
De las bases citadas, destaca que leyes locales deberán:
1. Establecer un procedimiento para la remisión de expedientes, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para su resolución, tanto en el nivel federal como local (inciso d del artículo 440 de la LGIPE);
2. Establecer reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los organismos públicos locales de quejas frívolas, aplicables tanto en el nivel federal como local (inciso e del artículo 440 de la LGIPE);
3. Tener por denuncias frívolas, las que se presenten en términos de las Fracciones I a IV del inciso e del artículo 440 de la LGIPE.
Al respecto, se reflexiona lo siguiente:
a) Sobre la remisión de expedientes al Tribunal Electoral para su resolución (inciso d del artículo 440 de la LGIPE).
Tratándose de procedimientos sancionadores sustanciados por organismos públicos locales, ni la Constitución Federal ni la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reconocen tal atribución a la Sala Superior ni a la Sala Regional Especializada, creada para conocer de esta clase de conflictos, ya que el artículo 99, Fracción IX de la Carta Magna y el artículo 186, Fracción III, inciso h) de la mencionada Ley Orgánica, señalan que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sólo conocerá de asuntos que el Instituto Nacional Electoral (en adelante INE) someta a su conocimiento por violaciones, entre otras, a normas sobre propaganda política, correspondiéndole imponer las sanciones procedentes.3
De igual manera, el artículo 195, párrafo tercero de la Ley Orgánica en cita, precisa que los procedimientos especiales sancionadores previstos en la LGIPE serán conocidos y resueltos por la Sala Regional Especializada con sede en el Distrito Federal, sin hacerse referencia a procedimientos sancionadores regulados en leyes locales.
Se debe agregar que el artículo segundo transitorio del decreto de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por el que se creó la citada Sala Especializada, publicado el 23 de mayo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, señala lo siguiente:
La Sala Regional Especializada, deberá entrar en funcionamiento conforme a lo siguiente:
1. Antes del inicio del proceso electoral 2014-2015, el Senado deberá designar a los Magistrados integrantes de la Sala Especializada conforme a lo dispuesto por el artículo 99 de la Constitución. Una vez integrada dicha Sala, deberá iniciar funciones y ejercer las atribuciones que le otorga el presente Decreto.
2. El Instituto Nacional Electoral continuará conociendo de los procedimientos especiales sancionadores que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, así como de los que se interpongan posteriormente, hasta en tanto entre en funcionamiento la Sala Especializada establecida en el presente Decreto.
Así, se obtiene que al reformarse la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para crear la Sala Especializada, se establece:
1. Que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conocerá de asuntos que el INE someta a su conocimiento por violaciones, entre otras, a normas sobre propaganda política, correspondiéndole imponer las sanciones;
2. Que conocerá de los procedimientos especiales sancionadores previstos en la LGIPE (no en las leyes locales); y
3. El régimen transitorio solo prevé aplicación para procedimientos especiales sancionadores en trámite ante el INE, y no en los organismos públicos locales electorales.
Ante el escenario normativo contradictorio descrito, es pertinente conocer los pronunciamientos jurisdiccionales relacionados con el tema: El criterio asumido por la Sala Regional Especializada es, que en todo caso, corresponde a las autoridades locales resolver sobre los procedimientos sancionadores.
La Sala Especializada de referencia se ha declarado incompetente en diversos casos, argumentando esencialmente que el artículo 134, párrafos octavo y noveno, de la Constitución Federal,4 señalan algunas condiciones a la difusión, bajo cualquier modalidad de comunicación social, de la propaganda gubernamental de los órganos públicos de los tres órdenes de gobierno, y que las leyes, en su respectivo ámbito de aplicación, garantizarán el cumplimiento de esas condiciones. Asimismo, señala que el Artículo 27, párrafo 2 de la LGIPE dispone que el INE y los organismos públicos locales electorales, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la correcta aplicación de las normas correspondientes en cada entidad y que eso justifica que las autoridades locales conozcan de los procedimientos sancionadores instaurados a nivel local.5
Ahora bien, por su parte, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey Nuevo León, el 23 de diciembre de 2014, al emitir la sentencia definitiva dentro del expediente SM-JE-2/2014, mediante la cual, revocó un acuerdo del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, órgano jurisdiccional al que la normatividad local de esa entidad federativa faculta para resolver los procedimientos especiales sancionadores, razonó lo siguiente:
(...) El procedimiento especial sancionador previsto en la Ley local es prácticamente idéntico al establecido en la [LGIPE] (...) En este sentido, la Sala Superior ha precisado que el propósito de la reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce, explicitada en cuanto a los procedimientos sancionadores a través de la [LGIPE], es agilizar y hacer eficaz tales mecanismos (...) Aunado a ello, la Sala Regional Especializada de este Tribunal ha reconocido el principio de celeridad que rige en el procedimiento especial sancionador, conforme al cual la instrucción integral debe realizarse a la brevedad posible.
En este orden de ideas, es plausible concluir que la incorporación a nivel local de las disposiciones relativas al procedimiento especial sancionador federal, persigue la misma finalidad: agilizar su trámite y resolución”.
De esta forma, es pertinente realizar ajustes al artículo 440 inciso d) de la LGIPE a fin de clarificar que las infracciones que impactan el ámbito local y los procesos electorales locales (salvo infracciones relacionadas con radio y televisión) deben resolverse por los órganos estatales, siendo que las entidades federativas pueden optar por una regulación similar a la prevista en la LGIPE respecto al procedimiento especial sancionador, según la cual, la autoridad administrativa electoral investiga e integra un expediente, y la autoridad jurisdiccional resuelve con base en esa investigación y expediente.
b) Reglas para que los organismos públicos locales sancionen la presentación de quejas frívolas así como definición de éstas (inciso e del artículo 440 de la LGIPE).
Al respecto, se debe destacar que los poderes legislativos de las entidades federativas están imposibilitados para fijar reglas aplicables en el “nivel federal”, pues el ámbito de competencia legislativa que les corresponde es local.
Lo anterior, en términos del artículo 41, párrafo primero de la Constitución Federal, precepto que precisa que la soberanía del pueblo se ejerce por medio de los Estados “en lo que toca a sus regímenes interiores”.
Por lo que respecta a la definición contenida en el artículo 440, inciso e) de la LGIPE de quejas frívolas, el artículo Segundo, Fracción II, inciso f) de las disposiciones transitorias del decreto de reforma a la Constitución Federal del 10 de febrero de 2014, define, de manera diversa, tales denuncias, señalando que éstas serán “aquella[s] que se promueva[n] respecto a hechos que no se encuentren soportados en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o denuncia”.
En consecuencia, es inadecuado ampliar las hipótesis previstas en el referido precepto de la Carta Magna, pues incluso, la citada definición constitucional, coincide plenamente con la que da la propia LGIPE en el artículo 447, inciso d).6
De lo anterior se advierte que lo dispuesto en el artículo 440, inciso e), Fracciones I a la IV, contraviene lo establecido en un precepto constitucional, y de igual forma, resulta contradictorio, pues también se aleja de lo previsto en el artículo 447, inciso d) de la propia LGIPE.
En síntesis, es necesario realizar ajustes al artículo 440 de la LGIPE a fin de clarificar que las infracciones que impactan el ámbito local y los procesos electorales locales (salvo infracciones relacionadas con radio y televisión) deben resolverse por los órganos estatales. Asimismo, que las leyes locales no reglamentarán aspectos del ámbito federal y ajustar la definición de denuncias frívolas conforme a lo dispuesto por la Constitución Federal; esto en términos de lo siguiente:
Por lo anteriormente expuesto, se somete ante la recta consideración de esta asamblea, el siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Único. Se reforma el artículo 440, párrafo 1, en sus incisos d) y e), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales , para quedar como sigue:
Artículo 440.
...
a) al c) ...
d) Procedimiento para dictaminación y remisión de expedientes a la autoridad electoral jurisdiccional local para su resolución, y
e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los Organismos Públicos Locales de quejas frívolas, entendiéndose por tales, aquéllas que se promuevan respecto a hechos que no se encuentren soportados en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o denuncia.
...
Transitorio
Artículo Único. El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 La exposición de motivos y el proyecto de decreto de la presente iniciativa, fueron tomados de la tesis Restricciones a la Función del Legislador Local en la Armonización en Materia Electoral, elaborada por Walter Yared Limón Magaña en octubre de 2015, para obtener el grado de Maestro en Derecho Electoral por la Universidad de Durango, campus Aguascalientes.
2 Véase el artículo 470 de la LGIPE.
3 Artículo 99, fracción IX de la Constitución Federal: “(...) Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre: IX. Los asuntos que el [INE] someta a su conocimiento por violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución; a las normas sobre propaganda política y electoral, así como por la realización de actos anticipados de precampaña o de campaña, e imponer las sanciones que correspondan”. Lo anterior es reiterado por el artículo 186, Fracción III, inciso h), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
4 Artículo 134, párrafos octavo y noveno de la Constitución Federal: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.- Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar”.
5 Véase el Acuerdo del Pleno de la Sala Regional Especializada del fecha 5 de diciembre de 2014 dictado en el expediente SRE-PSD-5/2014 por el que se establece su incompetencia y se ordena la remisión de un procedimiento especial sancionador al Instituto Electoral del Estado de Puebla: “Efectivamente, además de tratarse la parte señalada de un servidor público local, las supuestas irregularidades se restringen a una sola entidad federativa por la supuesta propaganda personalizada; sin que haya referencia alguna al uso de la radio o la televisión para transmitir los hechos posiblemente irregulares; y no hay elementos que objetivamente refieran que los actos materia de la controversia incidan en el proceso electoral federal.- Por otra parte, es criterio de esta Sala Especializada que debe remitirse la denuncia aludida al Instituto Estatal Electoral de Puebla (...)”. Este criterio de incompetencia, se ha reiterado, véase también como ejemplo los acuerdos de incompetencia de la propia Sala Especializada, dentro de los expedientes SRE-PSD-1/2014, SRE-PSD-2/2014 y SRE-PSD-6/2014.
6 Artículo 447 de la LGIPE: “1. Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral, a la presente Ley: d) La promoción de denuncias frívolas. Para tales efectos, se entenderá como denuncia frívola aquélla que se promueva respecto a hechos que no se encuentren soportados en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o denuncia, y...”
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de agosto de 2017.
Diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Gobernación. Agosto 16 de 2017.)
Que adiciona el artículo 329 de la Ley General de Salud, en materia de donación de órganos, recibida de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 16 de agosto de 2017
La suscrita, diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la iniciativa de adición al artículo 329 de la Ley General de Salud, en materia de donación de órganos, en términos de la siguiente
Exposición de Motivos
La práctica de trasplantes de órganos humanos, se originó con una serie de estudios experimentales a comienzos del siglo XX, cuyo pionero fue Alexis Carrel quien recibió el Premio Nobel en 1912;1 no obstante, fue hasta 1954 cuando se realizó el primer trasplante renal exitoso, mientras que en 1963 y 1967 fueron posibles los primeros trasplantes de hígado y corazón, respectivamente.2
En México, los primeros antecedentes de trasplantes exitosos de riñón, hígado y corazón datan de 1963, 1985 y 1989.3 Asimismo, es importante señalar que en octubre de 1976 fue creado el Registro Nacional de Trasplantes como una importante instancia de coordinación en la materia.4
Ahora bien, la protección de la salud es un derecho humano reconocido en nuestra Carta Magna5 y reglamentado por la Ley General de Salud6 (en adelante Ley General) que en su artículo 1o. Bis7 lo define como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, concepción que concuerda con la definición que al respecto asume la Organización Mundial de la Salud (OMS);8 así, nuestro orden jurídico vigente reconoce como finalidades de este derecho, entre otros, la prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana y la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud.9
Es relevante destacar que la propia Ley General desde su expedición,10 regula la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos; aunque fue hasta el 26 de mayo del 2000 cuando el legislador previó la necesidad de impulsar la cultura de donación,11 pues sin duda, constituye una forma para permitir la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana.
Previo a ello, en la cuadragésima Asamblea Mundial de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS), celebrada el 13 de mayo de 1987, se ordenó comenzar con los trabajos atinentes al establecimiento de principios que orientaran apropiadamente el trasplante de órganos;12 asimismo, durante la cuadragésima segunda Asamblea Mundial de la Salud, celebrada del 8 al 19 de mayo de 1989, se pidió a los Estados miembros adoptar medidas apropiadas a fin de prevenir la compra y la venta de órganos humanos para trasplante, recomendando la promulgación de legislación prohibitiva del tráfico de órganos e instando a que en estrecha cooperación con las organizaciones de profesionales de la salud y con las autoridades sanitarias de supervisión, se procurara impedir todas las practicas que faciliten el tráfico comercial de órganos.13
Así, en 1991 mediante la resolución WHA44.25, la OMS estableció once principios rectores sobre trasplante de órganos humanos, mismos que han influido en las regulaciones nacionales en la materia, principios que fueron actualizados mediante la resolución WHA63.22 aprobada durante la sexagésima tercera Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo de 2010.14
Dichos principios disponen, entre otras cosas, lo siguiente:
Principio rector 1: Podrán extraerse células, tejidos y órganos del cuerpo de personas fallecidas para fines de trasplante si: a) Se obtiene el consentimiento exigido por la ley; y b) No hay razones para pensar que la persona fallecida se oponía a esa extracción.
Al respecto, es importante señalar que compete a las autoridades nacionales definir, de conformidad con las normas éticas internacionales, el proceso de obtención y registro del consentimiento relativo a la donación, el modo en que se organiza la obtención de órganos y la función práctica del consentimiento como garantía contra los abusos y las infracciones de la seguridad; el consentimiento para la obtención de órganos y tejidos de personas fallecidas puede ser expreso o tácito, dependiendo de las tradiciones sociales, médicas y culturales del país de que se trate. El régimen de consentimiento expreso permite extraer células, tejidos u órganos de una persona fallecida si ésta lo manifestó en vida verbalmente o lo registró en una tarjeta de donante, en el permiso de conducir o el documento de identidad, en el historial médico o en un registro de donantes, según disponga la normativa del país de que se trate, y en caso de que el fallecido no haya dado su consentimiento ni expresado claramente su oposición a la extracción de órganos, debe obtenerse el permiso de una tercera persona designada legalmente, por lo general un miembro de la familia. El régimen de consentimiento tácito está basado en el consentimiento presunto de la persona fallecida siempre que ésta no haya manifestado su oposición antes de morir, depositando el documento de objeción en una oficina determinada, o que alguien con conocimiento de causa, notifique que el fallecido manifestó terminantemente su oposición, por tanto en este sistema, es preponderante que la población esté plenamente informada acerca de la normativa y disponga de un medio fácil para manifestar su oposición a donar sus órganos. En ambos regímenes, los programas de obtención de órganos pueden mostrarse reacios, si los parientes se oponen, aunque la persona fallecida no haya manifestado objeción en vida o incluso cuando haya dado su consentimiento en vida, según corresponda.15
Principio rector 3: Las donaciones de personas fallecidas deberán desarrollarse hasta alcanzar su máximo potencial terapéutico, pero los adultos vivos podrán donar órganos de conformidad con la reglamentación nacional...
Este principio se refiere a la importancia de adoptar las medidas jurídicas y logísticas necesarias para crear programas de donantes fallecidos, así como de hacer que los programas existentes sean eficaces.16
Principio rector 5: Las células, tejidos y órganos deberán ser objeto de donación a título exclusivamente gratuito, sin ningún pago monetario u otra recompensa de valor monetario. Deberá prohibirse la compra, o la oferta de compra, de células, tejidos u órganos para fines de trasplante, así como su venta por personas vivas o por los allegados de personas fallecidas.- La prohibición de vender o comprar células, tejidos y órganos no impide reembolsar los gastos razonables y verificables en que pudiera incurrir el donante, tales como la pérdida de ingresos o el pago de los costos de obtención, procesamiento, conservación y suministro de células, tejidos u órganos para trasplante.
El pago por células, tejidos y órganos tiende a aprovecharse injustamente de grupos vulnerables, socava la donación altruista y alienta el lucro incontrolado y la trata de seres humanos. Este principio, además de impedir el tráfico de material de origen humano, también permite afirmar el especial reconocimiento que merece la donación de material humano para salvar vidas o mejorar su calidad y también admite compensar los costos que supone efectuar una donación como gastos médicos; de igual forma, impone a las autoridades sanitarias el deber de fomentar las donaciones motivadas por la necesidad del receptor y el bien de la comunidad.17
Principio rector 9: La asignación de órganos, células y tejidos deberá regirse por criterios clínicos y normas éticas, y no atendiendo a consideraciones económicas o de otra índole. Las reglas de asignación, definidas por comités debidamente constituidos, deberán ser equitativas, justificadas externamente y transparentes.
Este principio destaca la importancia de garantizar que en la asignación se tengan en cuenta, además de factores médicos, los valores comunitarios y las normas éticas de carácter general, partiendo de que los criterios para distribuir las células, tejidos y órganos deben apegarse a los derechos humanos y, en particular, no deben basarse en el sexo, raza, religión o condición económica del receptor.18
Sin apartarse de los principios rectores ya descritos, la normativa de nuestro país contempla la autorización de la donación de órganos19 mediante el consentimiento tácito o expreso de la persona para que, en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes,20 esto en los siguientes términos:
A. Donación por consentimiento tácito: Sólo aplica para fines de trasplante y cuando se confirma la pérdida de la vida del disponente, operando cuando éste no haya manifestado su negativa y se obtenga consentimiento:21
1. Del cónyuge, el concubinario o la concubina;
2. Los descendientes;
3. Los ascendientes;
4. Los hermanos;
5. El adoptado; o
6. El adoptante.
B. Donación expresa: Se sujeta a las siguientes reglas:22
1. Puede constar por escrito y ser amplia cuando se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada cuando sólo se otorgue respecto de determinados componentes.
2. Puede señalarse que ésta se hace a favor de determinadas personas o instituciones.
3. También puede expresar el donante las circunstancias de modo, lugar y tiempo, así como cualquier otra condición.
4. Cuando corresponda a mayores de edad con capacidad jurídica, no podrá ser revocada por terceros, pero el donante podrá revocar su consentimiento en cualquier momento, sin responsabilidad de su parte.
5. En todos los casos se deberá cuidar que la donación se rija por los principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y factibilidad.
Actualmente, para impulsar la práctica de la donación, la propia Ley General en sus artículos 314 Bis 1 y 314 Bis 2, prevé la existencia del Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes conformado, entre otras instancias, por el Centro Nacional y los centros nacionales de trasplantes, así como las personas físicas o morales de los sectores público, social y privado dedicadas a actividades relacionadas con los trasplantes o la donación de órganos, tejidos y células; subsistema que es coordinado por el Centro Nacional de Trasplantes, organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud,23 que además es el encargado de definir el formato del documento oficial para manifestar el consentimiento expreso de todas aquellas personas cuya voluntad sea donar sus órganos, después de su muerte para que éstos sean utilizados en trasplantes.24
Asimismo, el Programa de Acción Específico “Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos” integrado al Programa Sectorial de Salud 2013-2018,25 en el apartado de Diagnostico menciona que entre las principales causas que originan el insuficiente número de trasplantes, se encuentran:
1. Que la población cuenta con poca información sobre los mecanismos para acceder a los trasplantes y de cómo se obtienen los órganos para donación.
2. La carencia de coordinadores de donación que cuenten con los apoyos administrativos y económicos que incentiven el desempeño logístico y operativo.
3. El insuficiente personal de la salud capacitado en el tema; y
4. La falta de programas de inducción y capacitación al tema de procuración y trasplante por parte de las instituciones limita que los procesos a los que se enfrenta el coordinador de donación se concreten de manera eficaz.
Por tanto, el propio programa de acción en cita, indica que es imperativo establecer estrategias y acciones para alinear y conjuntar esfuerzos de todos los actores del Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes, para incrementar el número de donaciones prioritariamente de origen cadavérico que permitan realizar trasplantes efectivos, capaces de garantizar la recuperación de la salud de los pacientes y su reincorporación a la vida social y productiva.
Y es que a pesar de los esfuerzos oficiales para incentivar la donación de órganos, a través de diferentes instrumentos institucionales, según la Tercera Consulta Global sobre Donación de Órganos y Trasplantes elaborado por la OMS, nuestro país tiene un índice de apenas 2.8 donantes por millón, mientras que la media latinoamericana llega a 6.5.26
Otros datos relevantes, son los arrojados por la encuesta de Parametría de abril de 2012, según la cual:27
1. El 59 por ciento de los mexicanos está a favor de la donación de órganos.
2. El 57 por ciento de los entrevistados dijo no tener problema en donar sus órganos después de morir.
3. De 2004 a 2012, creció el número de personas que dijo haber manifestado a través de algún documento, el estar de acuerdo con la donación, ya que de 22 por ciento paso a 41 por ciento.
4. El 49 por ciento señaló que aún en caso de que no exista algún documento donde se mencione que está de acuerdo en la donación, estarían dispuestos a hacerlo siempre y cuando lo aprueben los familiares.
5. Dos de cada tres entrevistados no están de acuerdo en que se usen sus órganos para donación si no existe por escrito un documento que mencione que no se opone a donarlos.
6. De 2004 a 2012 el porcentaje de personas que se expresan en contra de la donación de órganos aumentó del 16 por ciento al 31 por ciento, mientras que la opción de ni a favor ni en contra disminuyó.
De las cifras anteriores es posible concluir lo siguiente:
1. Hay un importante porcentaje de personas que estarían dispuestas a donar sus órganos después de la muerte, sin embargo las acciones y políticas para captar a esos posibles donantes no han tenido el efecto deseado pues como ya se indicó, el índice de donación de nuestro país está muy por debajo de la media de Latinoamérica.
2. Las personas están tomando postura respecto al tema, pero lo hacen en contra de la donación de órganos, ya que de 2004 a 2012 incrementó significativamente el porcentaje de personas que se oponen.
3. La existencia de un documento fidedigno en el que se exprese la voluntad de ser donante o que la persona no se opone, brinda mayor tranquilidad y certeza por lo que garantiza en mayor medida la realización de la donación.
Por tanto, es imperativo tomar medidas para fortalecer la cultura de la donación en México, pues se trata de un tema apremiante para dar mayor esperanza de vida a una gran cantidad de personas, tal como se advierte de cifras oficiales según las cuales para el 4 de julio de 2017 se tenía un registro de 21 mil 537 personas que requerían un trasplante, distribuyéndose de la siguiente manera:28
a) 13mil 326 esperan recibir un trasplante de riñón;
b) 777 esperan recibir un trasplante de Córnea;
c) 365 esperan recibir un trasplante de Hígado;
d) 49 esperan recibir un trasplante de Corazón;
e) 10 esperan recibir un trasplante de Páncreas;
f) 6 esperan recibir un trasplante de Riñón-Páncreas;
g) 2 esperan recibir un trasplante de Hígado-Riñón;
h) 1 espera recibir un trasplante de Pulmón; y
i) 1 espera recibir un trasplante de Corazón-Pulmón.
En este contexto, la presente iniciativa tiene como finalidad avanzar en el fortalecimiento de la cultura de la donación de órganos por causa de muerte, involucrando a los Notarios Públicos, para que promuevan ese acto altruista entre las personas que acuden a requerir sus servicios, utilizando el formato oficial que, como ya se explicó, compete definir al Centro Nacional de Trasplantes esto de conformidad con el artículo 329 de la Ley General, formato que fue publicado el 21 de agosto de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, cuyo contenido es el siguiente:
No pasa inadvertido que en términos de los artículos 73 y 121, en relación con el 124 de la Constitución federal, compete a los Estados normar lo relativo a la función notarial. Sin embargo, al tratarse de la promoción altruista de la donación de órganos, esta propuesta se relaciona con la consecución de las finalidades del derecho humano a la protección de la salud, como son la prolongación y mejoramiento de la calidad de vida humana así como la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud.
Así, según lo referido en los artículos 4o., párrafo cuarto y 73, fracción XVI, de la propia Carta Magna, es posible conferir a los notarios públicos –que desarrollan una función originariamente estatal– la tarea de promover con las personas que acudan a solicitar sus servicios, la donación de órganos para ser utilizados después de la muerte del donante, pues se tratará de una disposición de salubridad general, materia sobre la cual, a este Congreso de la Unión compete establecer la concurrencia de la Federación y las entidades federativas.
Al respecto, cabe mencionar que incluso el artículo 333, fracción VI, inciso b) de la Ley General, actualmente prevé la intervención de notarios en las donaciones entre vivos,29 lo que reafirma que es válido que este órgano legislativo otorgue a dichos fedatarios públicos funciones relacionadas con la salubridad general, en este caso, con la donación de órganos, por lo que de aprobarse la presente propuesta se ampliaría su intervención ya que además de la apuntada función, tendrían a su cargo una labor de promoción de la donación de órganos después de la muerte.
Y adicionalmente a la promoción de referencia, para garantizar que se consuma el trámite respectivo y evitar que quede en un exhorto que no genere las consecuencias deseadas, se sugiere precisar que los propios notarios deberán asesorar a toda persona que manifieste su deseo de ser donante, en el llenado del formato y remitirlo a la autoridad sanitaria competente.
Por lo expuesto, a fin de optimizar e instrumentar acciones para fortalecer e incrementar la donación de órganos y tejidos, someto ante la recta consideración de esta asamblea, el siguiente.30
Proyecto de
Decreto
Artículo Único. Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 329 de la Ley General de Salud, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 329. ...
...
...
Los notarios públicos promoverán con las personas que acudan a solicitar sus servicios, la donación de órganos para ser utilizados después de la muerte del donante, mediante el uso del formato referido en el presente artículo; cuando las personas manifiesten su deseo de ser donantes, los notarios deberán asesorarlas en el llenado de dicho formato y remitirlo a la autoridad sanitaria competente.
Transitorio
Artículo Único. El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 63 Asamblea Mundial de la Salud. Preámbulo de los Principios Rectores de la OMS sobre trasplante de células, tejidos y órganos humanos, aprobados en mayo de 2010, en su resolución WHA63.22.
2 Disponible en http://donacion.organos.ua.es/submenu4/historia.asp (consultado el 25 de julio de 2017).
3 Ramírez Tena, Irán. “Aspectos médicos, éticos y jurídicos sobre trasplantes de órganos y tejidos”. Temas selectos de salud y derecho, coordinador Muñoz de Alba Medrano, Marcia. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, serie Doctrina Jurídica, número 94. México 2002. Página 110.
4 Programa de acción específico “Donación y trasplante de órganos y tejidos” del programa sectorial de salud 2013-2018 de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Página 21. Disponible en http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/226755/Pae_Cenatra_07_05_ 2015.pdf (consultado el 25 de julio de 2017).
5 Artículo 4o., párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.
6 Publicada en el Diario Oficial de la Federación, Segunda Sección, el 7 de febrero de 1984.
7 Artículo adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 4 de diciembre de 2013.
8 Véase la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados, entrando en vigor el 7 de abril de 1948. Disponible en http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf (consultado el 5 de julio de 2017).
9 Artículo 2o., fracciones II y IV de la Ley General.
10 La Ley General, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984.
11 Véase el dictamen emitido el 17 de abril del 2000, por las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos, Tercera sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Salud, presentada por el titular del Poder Ejecutivo, Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, que al respecto, entre otras cosas, señala: “El marco jurídico en materia de salud vigente desde 1984, consideró la donación y los trasplantes, desde una perspectiva de control sanitario de órganos, tejidos y células, indispensable en la época. Ahora es necesario que la Ley además del control sanitario impulse la cultura de la donación”. Disponible en http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCom pleto.aspx?q=yfVZCh0lzyksx2HBZO2TH70XkPhVZpYWaGAb7IlxuiMu8ifhvWcjbG65o9 Sf3OJJMXT60EE9K+vSShSsSOGMYA== (consultado el 13 de julio de 2017).
12 En la resolución WHA40.13 emitida al desahogar el punto 31 del orden del día de la 40 Asamblea Mundial de la Salud, se señala, entre otras cosas, lo siguiente: “Encomiando las medidas adoptadas por algunos Estados Miembros para reglamentar el trasplante de órganos humanos y su decisión de establecer un instrumento jurídico unificado para la reglamentación de esas operaciones, pide al director general: 1) que estudie, en colaboración con las demás organizaciones interesadas, la posibilidad de establecer unos principios de orientación apropiados para el trasplante de órganos humanos...”
13 Véase la resolución WHA42.5. “Prevención la compra y la venta de órganos humanos” disponible en http://apps.who.int/iris/handle/10665/202236 (consultado el 13 de julio de 2017).
14 Durante la quincuagésima séptima Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA57.18, se acordó examinar y recabar datos a escala mundial sobre las prácticas y la seguridad, calidad, eficacia y epidemiología de los trasplantes alogénicos, y sobre las cuestiones éticas conexas, en particular la donación entre vivos, con el fin de actualizar los principios rectores sobre trasplante de órganos humanos. Es importante aclarar, que estos principios no se aplican al trasplante de gametos, de tejido ovárico o testicular, ni de embriones con fines reproductivos, ni tampoco a la sangre ni a sus elementos constitutivos para fines de transfusión.
15 Principios rectores de la OMS sobre trasplante de células, tejidos y órganos humanos, aprobados por la 63ª Asamblea Mundial de la Salud, de mayo de 2010, en su resolución WHA63.22. Véase el comentario sobre el principio rector 1.
16 Ídem. Véase el comentario sobre el principio rector 3.
17 Ídem. Véase el comentario sobre el principio rector 5.
18 Ídem. Véase el comentario sobre el principio rector 5.
19 Regulado en el Título Decimocuarto de la citada Ley General.
20 Artículo 321 de la Ley General.
21 Artículos 324 y 325 de la Ley General.
22 Artículo 322 de la Ley General.
23 Artículo 2, apartado C, fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.
24 Artículo 329 de la Ley General. Este formato fue publicado el 21 de agosto de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, disponible en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5357151&fecha=21/08/2 014 (consultado el 20 de julio de 2017).
25 Disponible en http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/226755/Pae_Cenatra_07_05_ 2015.pdf consultado el 10 de julio de 2017). Véase la página 22.
26 España es el país con la cifra más alta en donaciones en el mundo; y en Latinoamérica, Argentina, Uruguay y Colombia encabezan la lista con más donadores. Disponible en
http://www.ont.es/publicaciones/Documents/Newsletter2011 .pdf (consultado el 28 de julio de 2017).
27 Encuesta Nacional en vivienda. Representatividad: Nacional. Número de entrevistas: 1000 encuestas del 18 al 22 de abril de 2012. Nivel de confianza estadística: 95 por ciento. Margen de error: (+/-) 3.1 por ciento. Diseño, muestreo, operativo de campo y análisis: Parametría, SA de CV. Método de muestreo: Aleatorio sistemático con probabilidad proporcional al tamaño. Unidad de muestreo: Las secciones electorales reportadas por el IFE. Población objetivo: Personas de 18 años en adelante con credencial para votar que al momento de la entrevista residan en el lugar de interés. Disponible en
http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=44 76 (consultado el 28 de julio de 2017).
28 Disponible en http://www.cenatra.salud.gob.mx/interior/trasplante_estadisticas.html (consultado el 4 de julio de 2017).
29 Artículo 333 de la Ley General: “Para realizar trasplantes entre vivos, deberán cumplirse los siguientes requisitos respecto del donante: VI. Los trasplantes se realizarán, de preferencia, entre personas que tengan parentesco por consanguinidad, civil o de afinidad. Sin embargo, cuando no exista un donador relacionado por algún tipo de parentesco, será posible realizar una donación, siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos: b) El interesado en donar deberá otorgar su consentimiento expreso ante notario público y en ejercicio del derecho que le concede la presente ley, manifestando que ha recibido información completa sobre el procedimiento por médicos autorizados, así como precisar que el consentimiento es altruista, libre, consciente y sin que medie remuneración alguna. El consentimiento del donante para los trasplantes entre vivos podrá ser revocable en cualquier momento previo al trasplante...” (Lo subrayado es propio). También véase http://www.notariadomexicano.org.mx/notariado/familia.html (consultado el 31 de julio de 2017).
30 Véase la reflexión que realiza el doctor Guillermo Miguel Ruiz-Palacios y Santos, Titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad en el apartado de “Mensaje del titular” del Programa de acción específico “Donación y trasplante de órganos y tejidos” del programa sectorial de salud 2013-2018 (página 9): “...la creciente necesidad de trasplantes obliga a revisar, optimizar e instrumentar acciones de mejora en la organización del Subsistema Nacional, para fortalecer e incrementar la donación de órganos y tejidos, en beneficio de la atención de los mexicanos que requieren de un trasplante, en un marco de total transparencia y certeza jurídica”.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de agosto de 2017.
Diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Salud. Agosto 16 de 2017.)
Que adiciona el artículo 5 de la Ley de Organizaciones Ganaderas, recibida de la diputada Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 16 de agosto de 2017
La que suscribe, diputada Yarith Tannos Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la honorable Cámara de Diputados en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 6, numeral 1, fracción l; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XV al artículo 5o. de la Ley de Organizaciones Ganaderas, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El robo de ganado o abigeato es un delito que desafortunadamente se ha incrementado de manera considerable durante los últimos años, a largo y ancho del país, e inclusive llega a traspasar los límites fronterizos en estados del sur, convirtiéndose en un fenómeno de escala trasnacional. Cabe precisar que, aunque este delito se relaciona principalmente con el ganado bovino, también se considera como ganado las siguientes especies: caballar, asnal, mular, ovina, caprina, porcina o de una o más colonias de abejas en un apiario1 .
Dado que no existen cifras oficiales, ganaderos de Chiapas y Tabasco estiman que mensualmente ingresan de manera ilegal y sin revisión fitosanitaria, cerca de 50 mil cabezas de ganado bovino procedentes de Centroamérica, lo cual, además de poner en riesgo la salud de los mexicanos que consumen productos cárnicos y dañar la economía del sector, genera las condiciones para la compra-venta de semovientes robados.
De acuerdo al Informe de incidencia delictiva del fuero común 2016 que realiza el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se presentaron 6 mil 663 denuncias por robo de ganado en 2016. El estado de Tabasco es el que presenta el mayor número de denuncias que ascienden a mil 73 seguido por Jalisco 506 y Veracruz con 502.2
Llama la atención, que el estado de Chiapas, que es el tercer productor de ganado bovino a nivel nacional, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)3 . Dado que este delito es del fuero común, las entidades federativas tienen asentados en sus códigos penales distintos tratamientos a este tipo penal, por lo cual existen diferencias importantes respecto a las penalidades y las reparaciones de los daños.
Ante esta situación el Congreso de la Unión aprobó en el mes de abril reformas y adiciones al Código Penal Federal, que afortunadamente, son ley vigente dado que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) mediante el decreto por el que se reforma el artículo 381 Bis y se adicionan los artículos 381 Ter y 381 Quáter al Código Penal Federal , el pasado 23 de junio de los corrientes4
Esta reforma define de una manera más clara y precisa el delito de abigeato. Establece penalidades y agravantes para inhibirlo y, principalmente, marca la pauta y una base jurídica federal para combatir este delito en todas las entidades federativas, quedando definido de la siguiente forma:
“Artículo 381 Ter. Comete el delito de abigeato quien por sí o por interpósita persona se apodere de una o más cabezas de ganado, sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ellas.
Se considerará ganado, para los efectos de este delito, a las especies: bovina, caballar, asnal, mular, ovina, caprina, porcina o de una o más colonias de abejas en un apiario; así como aquél domesticado, bravo, de pezuña, ganado mayor o ganado menor, independientemente de la actividad típica del animal.
Por tal delito, se impondrán de dos a diez años de prisión.
Se equiparará al delito de abigeato y se sancionará con la misma pena que éste, el sacrificio de ganado sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo”.
“Artículo 381 Quáter. El delito de abigeato se considera calificado y se aumentará la pena hasta en una mitad, cuando sea cometido por quien tenga una relación laboral, o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con el propietario del ganado.
De igual manera se impondrá la pena establecida en el párrafo anterior, cuando el delito se ejecute mediante violencia física o moral, o bien cuando lo comenta un servidor público.
Cuando la conducta a que se refiere este artículo se cometa por una asociación delictuosa, banda o pandilla, se sancionará en términos de los artículos 164 o 164 Bis, según corresponda.”
Es importante ponderar, que este decreto atiende a un sinnúmero de iniciativas y exhortos, tanto de legisladores estatales, federales y principalmente de reclamos por parte de las organizaciones ganaderas y de la población afectada.
Paralelamente, el gobierno federal ha hecho diversos esfuerzos para atender esta problemática. Tras la publicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SAG/GAN-2015 , se creó el Sistema Nacional de Identificación Animal para Bovinos y Colmenas, con el cual se establecen las características, especificaciones, procedimientos, actividades y criterios para la identificación individual, permanente e irrepetible de los bovinos y colmenas, a efecto de fortalecer el control sanitario, asegurar la rastreabilidad, trazabilidad y apoyar el combate contra el abigeato de bovinos y colmenas.5
A partir de la publicación de esta norma oficial, que es de carácter obligatoria, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) instrumentó el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (Siniiga) que es un programa que se enmarca en las acciones del Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera (Progan)6
Dicho sistema permite establecer las bases para mejorar, fortalecer y enlazar otros sistemas de información relacionados con el ganado. Contempla asignar una numeración única, permanente e irrepetible durante toda la vida del animal para conformar un banco central de información. Es así como, mediante una base dinámica de datos, se permite orientar acciones integrales que conlleven a elevar los estándares de competitividad de la ganadería mexicana.
Con ello, se pretende instrumentar una herramienta para la planeación y evaluación de programas de apoyo al sector pecuario mediante procedimiento de autorización de los dispositivos de identificación oficiales para el Siniiga y ventanillas de atención o centros operativos enfocados a fortalecer:
• Los programas de control sanitario;
• La movilización de los animales;
• El manejo técnico de los hatos;
• El mejoramiento genético;
• El combate al abigeato y contrabando;
• La optimización de los procesos comerciales;
• La planeación y evaluación de los programas de apoyo en el sector pecuario; y
• La salud pública.
Sin embargo, dada la magnitud del robo de ganado en el país es fundamental que los esfuerzos del gobierno federal y el nuevo marco jurídico, se complementen con las acciones que realizan los primeros actores involucrados, que son las organizaciones ganaderas.
El propio Comité Técnico del Siniiga se conforma por la Sagarpa, la Coordinación General de Ganadería (CGG) y la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG). Esta última, tiene la función principal de inscribir los actos, documentos y demás elementos de significación jurídica de las asociaciones ganaderas ante el Registro Nacional Agropecuario, además de que se rige bajo las directrices de la Ley de Organizaciones Ganaderas.7
En este sentido, con la finalidad de que la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SAG/GAN-2015, el Sistema Nacional de Identificación Animal para Bovinos y Colmenas, las nuevas disposiciones en el Código Penal Federal, el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado tengan permeabilidad y cumplan con sus objetivos para los que fueron creados, que de manera general buscan en conjunto el fortalecimiento del sector ganadero nacional, el combate al abigeato y el contrabando de semovientes, es indispensable que las organizaciones ganaderas tengan la obligación de participar de manera proactiva en el cumplimento de este nuevo marco jurídico.
Para ello, se considera que los diferentes tipos de organizaciones y uniones ganaderas nacionales, tanto locales, regionales, especializadas, generales definidas en el artículo 4o. de la Ley de Organizaciones Ganaderas, tengan la obligación de contemplar dentro de sus objetos como organización, contribuir con el registro e información que alimenta el Sistema Nacional de Identificación Animal para Bovinos y Colmenas y el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado que coordina la Sagarpa.
Consideramos que los legisladores no debemos escatimar nuestros trabajos, sobre todo en una de las actividades económicas más importantes para los mexicanos que es el sector agroalimentario. Que dicho sea de paso, el año pasado registró un aumento de 3.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) agroalimentario, superando el crecimiento registrado en el PIB nacional que se ubicó en 2.3 por ciento anual, y de manera particular, el sector ganadero creció 2.1 por ciento. Contrariamente, de enero a junio del año en curso, se han hecho 2 mil 483 denuncias por robo de ganado, lo que sustenta la necesidad de combatir este delito por todos los frentes.8
En mérito de lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Decreto por el que se adiciona la fracción XV al artículo 5 de la Ley de Organizaciones Ganaderas
Único. Se adiciona la fracción XV, recorriéndose la subsecuente, al artículo 5o. de la Ley de Organizaciones Ganaderas para quedar como sigue:
Artículo 5o. Las organizaciones ganaderas a que se refiere esta ley tendrán por objeto:
I. a XIV. ...
XV. Contribuir con la Secretaría con el registro e información necesaria para el funcionamiento y operatividad del Sistema Nacional de Identificación Animal para Bovinos y Colmenas y el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado.
XVI. Las demás que se deriven de su naturaleza, de sus estatutos y las que les señalen otros ordenamientos legales.
Artículo Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Artículo 381 Ter. Del Código Penal Federal.
2 Segob Informe de incidencia delictiva del fuero común 2016 . Incidencia delictiva nacional y por entidad federativa. Sistema Nacional de Seguridad Pública. [En línea] [fecha de consulta: 13-julio-2017] Disponible en:
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadistic as%20del%20fuero%20comun/Cieisp2016_122016.pdf
3 Inegi. Ganadería. Actividades económicas primarias. Economía. [En línea] [fecha de consulta:13-julio-2017] Disponible en:
http://cuentame.inegi.org.mx/economia/primarias/gana/default.aspx?tema=E
4 DOF Decreto por el que se reforma el artículo 381 Bis y se adicionan los artículos 381 Ter y 381 Quáter al Código Penal Federal . 23/06/2017 [En línea] [fecha de consulta: 13-julio-2017] Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5487917&fecha=23/06/2 017
5 DOF Norma Oficial Mexicana NOM-001-SAG/GAN-2015, Sistema Nacional de Identificación Animal para Bovinos y Colmenas. 29/05/2015 [En línea] [fecha de consulta: 13-julio-2017] Disponible en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5394324&fecha=29/05/2015
6 Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado. [En línea] [fecha de consulta: 14-julio-2017] Disponible en:
http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Programas/Paginas/SINIIGA.aspx
7 CNOG. Organización Ganadera. [En línea] [fecha de consulta: 14 - julio - 2017] Disponible en:
http://www.cnog.org.mx/index.php/servicios/organizacion-ganadera
8 Segob. Informe de incidencia delictiva del fuero común junio 2017 . Incidencia delictiva nacional y por entidad federativa. Sistema Nacional de Seguridad Pública. [En línea] [fecha de consulta: 14- julio - 2017] Disponible en:
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadi sticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2017_052017.pdf
Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a 16 de agosto de 2017.
Diputada Yarith Tannos Cruz (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Ganadería. Agosto 16 de 2017.)
Informes
De la diputada Esthela Ponce Beltrán, concerniente a la reunión de la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y el Consumidor del Parlatino y a la trigésima tercera asamblea general de éste, celebradas del jueves 8 al sábado 10 de junio de 2017 en Panamá
A partir de las 13:00 horas, abordamos el tema relativo al convenio marco global con relación a la alimentación saludable, donde participamos legisladores de diversas naciones.
Al finalizar la jornada, hacia las 17:00 horas, logramos alcanzar diversos consensos relativos a la necesidad de implantar el roaming internacional gratuito en toda América Latina, estableciendo como disposición final lo siguiente:
El Estado promoverá, en los procesos de integración regional a través de la suscripción de convenios o acuerdos bilaterales o multilaterales, la implantación de compromisos en materia de roaming internacional que contribuyan a la mejora de la prestación del servicio y reducción de las tarifas.
Viernes 9
Desde las 9:00 horas se llevó a cabo la ceremonia inaugural de la trigésima tercera asamblea general del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) y “Diálogo parlamentario de alto nivel sobre la migración en América Latina y el Caribe: realidades y compromisos rumbo al pacto mundial”.
Sobre las 11:00 horas iniciaron los paneles previstos de la jornada, dando inicio las discusiones de “Los derechos humanos de los migrantes. La inclusión y cohesión social, eliminación todas las formas de discriminación (racismo, la xenofobia e intolerancia)”.
En este panel, el moderador fue el embajador José A. Lindgren Alves, secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur.
Se contó con la participación del senador José García Ruminot, senadora Mariana Gómez del Campo, Margaret May Macaulay, relatora sobre los Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Óscar Chacón, director de Alianza Américas, formalmente conocida como Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y del Caribe y de Francisco Hago, viceministro de Movilidad de Relaciones Exteriores.
Posteriormente, a las 12:30 horas, se inició el panel 2, “Los efectos de la migración irregular y por vías regulares. El trabajo decente, la movilidad laboral, el reconocimiento aptitudes y cualificaciones”.
El moderador fue el diputado Enrique Jackson, y se contó con la participación de Jorge Mario Martínez Pizarro, investigador del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, Tonatiuh Guillén López, Colegio de la Frontera Norte (México), Horacio García, director nacional de Migración de la OIT, y el señor Francesco Carella, especialista en migración internacional del trabajo (OIT).
Sobre las 15:30 horas abordamos panel 3, “La cooperación internacional y la gobernanza de la migración en todas sus dimensiones. Fronteras, tránsito, entrada, retorno, readmisión, integración y reintegración”.
El moderador fue Marceio Enrique Pisani Codoceo, director regional Centroamérica, Norteamérica y el Caribe de la Organización Internacional para las Migraciones. Se contó con la participación del diputado José Ramos, secretario general del Parlacen, Liduvina Magarín, viceministra para los Salvadoreños en el Exterior Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, Lelio Marmora, director del Instituto de Políticas Publicas en Migración y Asilo de Argentina y con Luis Peral, del Club de Madrid.
Hacia las 16:45 horas participamos en el panel 4, “El tráfico ilícito de migrantes, la trata de mujeres, niños y jóvenes. Las formas contemporáneas de esclavitud, identificación, protección y asistencia apropiadas a los migrantes y las víctimas de la trata”.
La moderadora fue Fabienne Venet Rebiffe, directora general del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, AC. Participaron la asambleísta Edith Mendoza Fernández, presidenta del Parlamento Andino, la diputada Karina Sosa, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior, José Samaniego, director regional para Centroamérica, Cuba y México, ACNUR, y Luis Miguel Hincapié, viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá.
A las 18:00 horas se llevó a cabo el panel 5, “Las contribuciones de los migrantes y las diásporas a desarrollo sostenible. Remesas y la transferibilidad de las prestaciones ganadas”.
Moderó el embajador Javier Darío Higuera, director de Asuntos Consulares de Colombia. Participaron el senador Juan Carlos Romero Hicks, la asambleísta Esther Cuesta Santana, Pedro Hernández, subdirector de Políticas Migratorias-OIT, y Manuel Orozco, director de Migración, Remesas y Desarrollo, Diálogo Interamericano.
Finalmente, a las 19:00 horas participamos en el panel 6, “Migraciones causadas por los efectos del cambio climático o contextos de crisis. Estrategias exitosas de protección y asistencia, políticas públicas para el desarrollo sostenible y resolución de conflictos”.
El moderador, Diego Beltrand, director regional OIM para América del Sur, coordinó las participaciones del diputado Rolando González Patricio, de la senadora Marcela Guerra, presidenta de Parlamericas, de Roberto Aruj, consultor externo OIM, y de Dan Stothart, coordinador regional del Programa de Desastres y Conflictos y Oficial de Asuntos Humanitarios (PNUMA).
Se clausuraron los trabajos de este día a las 20:00 horas.
Sábado 10
A las 9:30 horas se iniciaron las intervenciones de las delegaciones invitadas a la asamblea del Parlatino.
A las 11:00 horas, la senadora Blanca Alcalá presentó su informe de gestión.
Asimismo, se presentó rendición de cuentas sobre la ejecución presupuestal e informe sobre la situación financiera del organismo, a cargo del secretario ejecutivo, doctor Humberto Peláez.
Posteriormente se llevó a cabo la elección de nuevas autoridades del Parlatino para el periodo 2017-2018, tomando posesión del cargo.
Se dio por clausurada la trigésima tercera asamblea general del Parlatino y “Diálogo parlamentario de alto nivel sobre la migración en América Latina y el Caribe: realidades y compromisos rumbo al pacto mundial”.
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Diputada Esthela Ponce Beltrán (rúbrica)
De la diputada Fabiola Guerrero Aguilar, relativo al segundo encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático, Energías Renovables, celebrado el jueves 3 y viernes 4 de agosto de 2017 en Ciudad de Panamá
Introducción
América Latina genera 9.9 por ciento de gases de efecto invernadero; sin embargo, resulta particularmente vulnerable a los efectos del cambio climático debido a su situación geográfica y climática, su condición socioeconómica y demográfica y la alta sensibilidad al clima de sus bosques y su biodiversidad.
Los modelos de desarrollo actuales resultan insostenibles, los exitosos programas para combatir la pobreza que se han implementado en algunos países no han ido de la mano con una educación de hábitos de consumo, lo que tiene consecuencias substanciales sobre la contaminación ambiental y el deterioro del medio ambiente.
El incremento de 0.85º Celsius de la temperatura promedio, el aumento de precipitaciones y el aumento del número de fenómenos meteorológicos extremos son impactos climáticos que nos indican que en nuestro país hay mucho que hacer. Uno de nuestros objetivos prioritarios es reducir las emisiones de GEI (un compuesto de 6 gases, principalmente dióxido de carbono) en un 25 por ciento para 2030.
Es por lo anterior que legisladoras y legisladores de 23 países y territorios de las Américas y el Caribe nos reunimos en la sede permanente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, Parlatino, en la Ciudad de Panamá, Panamá, el jueves 3 y el viernes 4 de agosto de 2017, en ocasión del segundo encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático (RPCC), una iniciativa conjunta de Parlaméricas y el Parlatino, que funge como instancia de coordinación interparlamentaria, para propiciar el intercambio y difusión de buenas prácticas legislativas en materia de cambio climático en el hemisferio.
Parlaméricas frente al cambio climático
Como Institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el Sistema Interamericano, Parlaméricas está compuesta por las legislaturas nacionales de los Estados miembros de la OEA de norte, centro y Suramérica y el Caribe, que busca facilitar el intercambio de mejores prácticas parlamentarias.
Es por ello que genero la organización de un nuevo Encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático conto con la participación de expertos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), del Fondo Mundial del Medio Ambiente (FMMA) y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). También de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y representantes de la sociedad civil que trabajan en áreas relacionadas con el cambio climático en aras de fortalecer las prácticas y generar acciones para hacer frente a este problema global.
II Encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático
Durante este encuentro compartimos experiencias y perspectivas en torno a la integración de las energías renovables y reiteramos nuestro compromiso para avanzar en el fortalecimiento de una agenda legislativa que contribuya a la consecución de los objetivos de adaptación y mitigación del cambio climático, adoptados en la Conferencia de las Partes COP21 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) realizada en París, en diciembre de 2015.
Los parlamentarios miembros de Parlaméricas y del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, conscientes de que el cambio climático es uno de los grandes retos del siglo XXI a nivel mundial, y que para abordar el tema es importante considerar que sus consecuencias son diferentes en cada país, celebramos reuniones de trabajo y generamos la adopción de posiciones en aras de concientizar que la solución implica la necesidad de instrumentar un conjunto de políticas públicas para corregir las fallas que existen en las legislaciones nacionales, y para ello sustentamos compromiso para generar una agenda común y abordar los fenómenos medioambientales y los impactos socioeconómicos en personas y comunidades, ya que el cambio climático representa además una amenaza para la producción y suministro de alimentos.
Se reconoció la importancia de ratificar a nivel nacional todos los acuerdos emanados de la Conferencia de las Partes celebrada en París, en diciembre de 2015 “COP21”, y apoyar desde los Parlamentos la creación de legislaciones que promuevan la innovación tecnológica y fomenten la educación en materia de medio ambiente. Por otro lado, durante la reunión se reconoció la importancia de analizar el cambio climático con diferentes visiones, puesto que sus consecuencias afectan de diferente manera a los distintos sectores de la población, encontrándose particularmente vulnerables las mujeres y las niñas. En este sentido, las y los Legisladores consideraremos el trabajar de la mano con la sociedad civil y los organismos no gubernamentales.
Representación del GPPRI
Fue un honor para mí representar al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Parlaméricas 2017.
Como parte proactiva de nuestro grupo parlamentario enriquecimos la agenda de este evento que destaca las principales áreas de oportunidad que tenemos como países y ciudadanos del mundo en materia medio ambiental.
Desde nuestra encomienda, diputadas, diputados, senadoras y senadores tenemos el compromiso de asegurar un marco jurídico eficiente para abordar el tema del cambio climático y los impactos que traen consigo altos costos sociales y económicos.
Conferencia Magistral
La conferencia magistral estuvo a cargo de la doctora Gisela Alonso, miembro del Alto Panel de Personas Eminentes para la Agenda de Desarrollo Post-2015 y presidenta de la Agencia de Medio Ambiente de Cuba (1999-2016).
Sesiones de trabajo
Las sesiones de trabajo contaron con la participación de especialistas de organizaciones internacionales incluyendo la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Fondo Mundial del Medio Ambiente (FMMA), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y representantes de la sociedad civil que trabajan en áreas relacionadas con el cambio climático.
Consideraciones y conclusiones obtenidas
El trabajo parlamentario para la agenda de cambio climático debe buscar crear sinergias y cooperación entre los diversos sectores económicos y los actores sociales y políticos para generar avances significativos.
De la misma forma, la armonización legislativa para combatir el cambio climático puede ser informada por las diversas leyes marco en materia ambiental, económica y social, las cuales sirven como referencia para los parlamentos nacionales.
Comprendemos que el trabajo científico desempeña un papel crítico para la labor legislativa, ya que sobre la base de la evidencia científica deben esbozarse los procesos congresionales. De la misma forma as legislaciones nacionales en materia de cambio climático deben considerar las diversas experiencias de la ciudadanía para diseñar leyes inclusivas y justas para la mitigación y adaptación.
Compromisos adquiridos
Durante este encuentro, consientes que el cambio climático representa uno de los retos globales más apremiantes de nuestro siglo y que sus impactos afectan y ejercen presión sobre los sistemas naturales, sociales y económicos en los países de nuestro hemisferio y del mundo y que el cumplimiento de la meta de limitar el aumento de la temperatura en este siglo a menos de 1.5° Celsius, no exime la necesidad de tomar medidas de adaptación a diferentes escalas en las regiones más vulnerables del hemisferio, durante este encuentro asumimos compromisos que pongan en marcha las acciones de lucha contra el cambio climático, las cuales requieren cooperación coordinada y coherente, de todos los actores sociales de acuerdo con sus diversas funciones y capacidades. Los acuerdos asumidos se resumen en los siguientes puntos:
1. Atender al llamado hecho por los gobiernos en la COP22 de Marrakech, para considerar la lucha contra el cambio climático un asunto de urgencia requirente de la más alta responsabilidad política, mediante acciones legislativas concretas que impulsen los esfuerzos de los gobiernos y demás actores sociales para cumplir con los compromisos de adaptación y mitigación establecidos en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) adoptados en la Conferencia de las Partes.
2. Fortalecer mediante la actividad legislativa la cooperación entre los diversos actores sociales y políticos, hacia el cumplimiento de las metas establecidas por la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y los acuerdos internacionales sobre el cambio climático adoptados en la Conferencia de las Partes, así como el Acuerdo de Kioto sobre emisiones de Gases de Efecto Invernadero y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres.
3. Acelerar las reformas legislativas necesarias para incentivar la adopción de energías renovables en los sectores público y privado, asegurando que las provisiones legales busquen incentivar y propiciar una distribución justa y amplia de los beneficios generados en la transición hacia una economía de emisiones cero, inclusiva y sostenible.
4. Diseñar estrategias legislativas innovadoras que promuevan alianzas sociales para tomar acciones de adaptación y mitigación sensibles a las cuestiones de género y grupos tradicionalmente marginados, como comunidades indígenas y a la población que vive en situación de pobreza.
5. Procurar el aumento de partidas presupuestales públicas destinadas a la investigación científica y tecnológica para el desarrollo de capacidades técnicas, que permitan el uso óptimo de los recursos públicos y privados para la mitigación y adaptación al cambio climático.
6. Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control de las acciones gubernamentales para asegurar el cumplimiento, en tiempo y forma, de los compromisos y objetivos establecidos en los acuerdos de cambio climático, así como garantizar el acceso a la información para la mejora continua de las acciones climáticas.
7. Promover entre las y los parlamentarios de nuestras legislaturas el uso de evidencia científica como insumo que oriente la toma de decisiones informadas y coherentes para lograr avances concretos hacia la resiliencia y un desarrollo sostenible y compatible con el clima.
8. Garantizar la transparencia y el acceso a la información para facilitar y fomentar que las poblaciones y la sociedad civil organizada tengan a su disposición información relativa a la legislación, el gasto público y el conocimiento científico sobre el cambio climático.
Encomendamos a la Red Parlamentaria de Cambio Climático desarrollar una hoja de ruta que oriente el trabajo parlamentario en materia de adaptación y mitigación al cambio climático en el hemisferio.
Atentamente
Diputada Fabiola Guerrero Aguilar (rúbrica)
De la diputada Cecilia Soto González, referente a la visita al Parlamento de India llevada a cabo del lunes 7 al viernes 11 de agosto de 2017 en Nueva Delhi
Palacio Legislativo, Ciudad de México, a 22 de agosto de 2017.
Diputado Francisco Martínez Neri
Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados
Presente
El 5 de agosto viajé a Nueva Delhi como integrante de la Comisión integrada por la presidenta de la Mesa Directiva, Guadalupe Murguía, (PAN), Gloria Himelda Félix Niebla (PRI) y la suscrita (PRD e integrante del Grupo de Amistad México-India).
Objetivo de la comisión
India es un país de régimen parlamentario y la Cámara baja, Lok Sabha, es el cuerpo político de mayor poder en el país. Como en todo régimen parlamentario, de esta Cámara surgen el Primer Ministro y los principales integrantes del gabinete.
La Cámara de Diputados aceptó la invitación del Parlamento indio, presidido actualmente por una mujer, por el interés de acordar un mecanismo institucional de consultas e intercambio que pueda tornarse permanente. Así mismo, interesa un acercamiento por el papel tan relevante que juegan la India y nuestro país en la Agenda Internacional de Desarrollo: Combate a la pobreza y a la desigualdad, fortalecimiento de la democracia, Acuerdos de París (Cambio Climático), así como el peso de la India en numerosos foros que compartimos.
Agenda
La embajada de México en la India elaboró una agenda nutrida y de muy alto nivel, que se anexa.
Desarrollo de la agenda
El primer día, por invitación del Parlamento, viajamos a Agra a visitar el Taj Majal, patrimonio cultural de la Humanidad. No hubo visita política posterior en la que no se nos preguntara sobre nuestras impresiones al respecto.
La agenda se cumplió cabalmente con la excepción de la visita al primer ministro Madi y la presidenta del Partido Congreso, Sonia Gandhi.
Es importante hacer notar que la visita coincidió con la celebración del 75 aniversario de la declaración Quit India en 1942 por parte del Mahatma Gandhi y del Partido Congreso, evento que inició la lucha formal por la Independencia, que culminó el 15 de agosto de 1947.
Ambos personajes, el primer ministro, Narendra Madi, y Sonia Gandhi participaron en las celebraciones por lo que se entiende la dificultad de recibir a la delegación.
Llamó mucho la atención el hecho de que la delegación estuviera integrada solo por mujeres y que la presidenta de la Cámara fuera mujer.
Esto fue un tema presente en todas las conversaciones, en especial cuando las reuniones fueron con otras mujeres, como la presidenta de la Lok Sabha y la Ministra de Relaciones Exteriores. Desde mi punto de vista, este hecho simbólico dijo mucho sobre la transformación de México hacia la modernidad y la igualdad.
Al mismo tiempo, permitió informar sobre las reformas que hemos venido impulsando en el país, en particular la paridad de género por mandato constitucional. La visita al Presidente de la India fue un gesto de la importancia que se concede a México, pues fue la primera delegación que recibió después de su reciente toma de posesión.
Además del conocimiento que se transmitió sobre México y del que recibimos sobre la India, se formuló por parte nuestra una propuesta de voto en la Unión Interparlamentaria Internacional y se avanzó en la propuesta de la institucionalización del diálogo parlamentario México-India.
Fue una comisión muy fructífera que también permitió atestiguar el excelente trabajo de la embajada de México en la India, encabezada por la embajadora Melba Pría, a pesar de los recursos tan limitados con los que cuenta. La Comisión tomó nota de la importancia de que el presupuesto de la SRE fortalezca a las embajadas en países estratégicos como India.
Atentamente
Diputada Cecilia Soto González (rúbrica)
De la ingeniera María Reséndiz Valderrama, referente a la visita al Parlamento de India llevada a cabo del lunes 7 al viernes 11 de agosto de 2017 en Nueva Delhi
Delegación mexicana
Diputadas
• María Guadalupe Murguía Gutiérrez, presidenta de la delegación (PAN)
• Gloria Himelda Félix Niebla (PRI)
• Cecilia Guadalupe Soto González (PRD)
Generalidades de la india
La República de la India tiene una población de 1,311.1 millones de habitantes y un territorio de 3,287,260 kilómetros cuadrados. Se estima que para 2022 India será el país más poblado del mundo. Además, es el país con mayor extensión territorial en el sur de Asia, y el séptimo país con mayor extensión territorial a nivel mundial.
Aspectos económicos de india
La República de India, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ocupa el décimo lugar más alto del mundo por el sustento de la reserva que asciende a 353,319 mil millones de dólares y el r país más grande gracias a su PIB, que en 2015 fue de 2,073 mmd, posicionándose por encima de Italia, Brasil, Canadá y Corea del Sur; y el lugar 1450 por su PIB per cápita siendo de 1,604 mmd en 2015 por encima de Singapur, México y Alemania, entre otros. Con un crecimiento estimado de 7.5 por ciento entre 2017-2018, India se coloca como uno de los países demás rápido crecimiento dentro del grupo del G-20, esto respaldado por el aumento de los salarios y pensiones públicas, así como una mayor producción agrícola.
En el sector comercial, India se encuentra en el decimonoveno lugar como país exportador a nivel mundial y el decimotercero como importador, siendo uno de los países con gran participación comercial a nivel internacional. Los socios principales de India en el mundo son China, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos. En América Latina son Brasil, Venezuela y México.
Política exterior de india
La política exterior india se caracteriza por su línea independentista de no alineación, así mediante asociaciones con países en desarrollo, fomenta la multipolaridad, posicionándose como uno de los actores centrales en la configuración del orden internacional en el siglo XXI, buscando que las reformas de instituciones multilaterales sean compatibles con sus objetivos de desarrollo.
El gobierno actual busca consolidar el papel de la India como protagonista internacional en foros como IBSA, BRICS y el G20, y ejercer mayor influencia en su entorno regional inmediato para mantener la estabilidad en el sur de Asia. Por último, India busca impulsar una mayor integración regional, siendo una de sus políticas la integración con Afganistán, Bangladesh, Bután, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka, por medio de la Asociación del Sur de Asia para la Cooperación Regional.
A partir de las elecciones de 2014 la India está considerada como la democracia más grande del mundo con el sistema multipartidista con mayor amplitud y grado de representatividad.
La población musulmana estuvo por décadas en favor del INC (Partido del Congreso Indio), no obstante, debido a los actos de corrupción, lento crecimiento económico y desempleo, todas las etnias mayoritarias, especialmente la musulmana, optaron por brindar su apoyo al BJP.
La India es el país con más mujeres en puestos políticos a nivel internacional. El papel de la mujer dentro de la conformación política en India es un elemento vital a tomar en cuenta, ya que puestos importantes son ocupados por personalidades femeninas como es el caso de la ministra de Asuntos Exteriores, Sushma Swaraj, y Sumitra Mahajan, presidenta de la Lok Sabha.
En las decimoquintas elecciones de la Lok Sabha se eligieron 58 mujeres del total de 543 representantes. Para las decimosextas elecciones el número aumentó a 62 mujeres, por lo que actualmente el 11 por ciento de los representantes en la Lok Sabha son mujeres.
En el caso de la Rajya Sabha, de los 244 miembros hay un total de 31 mujeres dentro de la cámara alta, lo cual representa el 12.7 por ciento.
En total hay una representación femenina del 11.81 por ciento en el Parlamento de la India, es decir, hay alrededor de 93 mujeres involucradas en el ámbito parlamentario. Si bien no hay un alto número de representación femenina en el parlamento, si se puede confirmar que ésta va en aumento, considerando la fuerte presencia masculina en el ámbito político de la región.
La mujer obtuvo su derecho al voto en India en 1950, mismo año en que México fue el primer país latinoamericano que reconoció a la India como Estado independiente de la Gran Bretaña.
Sin embargo, la situación de la mujer en India es muy contradictoria, pues se ubicó como el peor país de los miembros del G20 para nacer mujer, y también el peor país para las mujeres de todo el mundo.
Estructura de gobierno
La India es una República Federal Parlamentaria con 29 estados y siete territorios. Se define a sí misma como una república democrática, socialista y secular.
Poder Ejecutivo
Se divide en el Primer Ministro (Shri Narendra Modi) en quien recae la figura de Jefe de Gobierno; el Presidente (Shri Pranab Mukherjee) en quien recae la figura de Jefe de Estado; y el Consejo de Ministros con 80 miembros divididos en Ministros de Gabinete y Ministros de Estado.
Poder Legislativo
La India posee un sistema bicameral, cuyas elecciones parlamentarias se llevan a cabo cada 5 años. La Cámara Alta es la Rajya Sabha con 250 miembros elegidos indirectamente en forma proporcional por las asambleas legislativas de los estados y se renueva cada seis años. La Cámara Baja es la Lok Sabha, cuenta con 545 miembros elegidos de manera directa por voto popular, renovándose cada cinco años.
Poder Judicial
La Suprema Corte de La India es el órgano supremo del sistema jurídico indio, seguido por otros Tribunales Superiores y Tribunales subordinados.
La India tiene el tercer aparato estatal más grande del mundo, el 39,5% de los empleos que existen en la India se originan en el sector público.
Partidos políticos
La India posee un sistema multipartidista, donde los partidos políticos se dividen a nivel nacional, regional y estatal con predominancia de pequeños partidos regionales.
El partido principal es el Bharatiya Janata Party (BJP), el cual cuenta con 282 escaños de la Lok Sabha y es el partido del actual Primer Ministro Shri Narendra Modi. El partido es de tendencia nacionalista, proteccionista y conservadora.
El Indian National Congress (INC) es el más antiguo y fue el partido predominante hasta las elecciones de 2014, cuando pasaría a ser desplazado por el BJP y a partir de entonces se presenta como la oposición frente al Bharatiya Janata Party.
Relación bilateral México-India
México fue el primer país latinoamericano en reconocer a la India después de su independencia. Ambos países establecieron relaciones diplomáticas el 1 de agosto de 1950, es decir, hace 67 años.
México e India establecieron relaciones diplomáticas desde 1950, marcadas por el respeto y la cordialidad.
En las administraciones recientes México e India han entrado en un nuevo periodo de cooperación más intensa en todos los campos.
Actualmente contamos con dieciséis instrumentos jurídicos vigentes que enriquecen nuestra relación en diversos temas como: cooperación cultural; ciencia y tecnología; financiera; telecomunicaciones; turística; comercio; inversión y cooperación económica, promoción recíproca de inversiones; asistencia jurídica en materia penal; transporte aéreo; evitar doble imposición y evasión fiscal en materia de impuesto sobre la renta; investigaciones forestales, agrícolas y pecuarias; investigación espacial; asuntos aduaneros.
Recientemente, en marzo de 2017, una delegación de senadores estuvo en visita parlamentaria en la India
Ambos países tenemos coincidencias importantes:
• Nuestros países se han posicionado como economías emergentes y líderes regionales influyentes en nuestro entorno.
• Hemos llevado a cabo cambios estructurales para combatir la corrupción y la impunidad, así como establecer para una buena gobernanza.
• Enfrentamos como reto la pobreza y la desigualdad, cuya solución radica, en buena medida, en un efectivo combate a la corrupción y a la impunidad y una auténtica rendición de cuentas.
• México e India somos economías de libre mercado y hemos llevado a cabo importantes reformas para la desregulación y apertura de sectores económicos a la inversión privada, tanto nacional como extranjera.
• En ambos países hemos llevado a cabo reformas en materia de salud y educación.
• Compartimos también el enorme desafío de seguir convirtiendo las reformas efectuadas y las acciones de gobierno en beneficios reales para nuestros pueblos.
En México hay 174 empresas de capital indio, la mayoría de ellas líderes en sectores de la informática y software y de la Industria farmacéutica y automotriz.
El 85 por ciento de los productos exportados a la India durante el 2013 fueron aceites crudos derivados del petróleo, exportándose también aparatos eléctricos, de telefonía y telegrafía, así como turbinas, motores y generadores eléctricos.
Las áreas con mayor potencial de crecimiento: minería, turismo, procesamiento de alimentos, infraestructura, automóviles y autopartes, textiles, software y tecnología de la información, productos farmacéuticos, energía renovable y biotecnología.
En tal virtud, la delegación mexicana transmitió en cada una de las reuniones a las que acudió, que es deseable una nueva etapa de cooperación y entendimiento entre ambos países y para ello se requiere intensificar la cooperación política, interparlamentaria, las relaciones comerciales, las inversiones recíprocas, el turismo y, sobre todo, el conocimiento entre ambos pueblos.
Desarrollo de la visita
La agenda de trabajo estuvo integrada por reuniones con los siguientes funcionarios:
• Señor Narendra Modi, primer ministro de la India
• Señor Ram Nath Kovind, presidente de la India
• Señora Sumitra Mahajan, presidenta de la Cámara baja (Lok Sabha) del Parlamento de la India
• M. Venkaiah Naidu, candidato a la Vicepresidencia por la alianza NDA (partido gobernante).
• Señora Sushma Swaraj, ministra de Asuntos Exteriores de la India
• Señor Amit Shah, presidente del Bharatiya Jnata Party
• Señora Sonia Gandhi, presidenta del Partido del Congreso
Temas de cooperación específicos
1. Visas para trabajadores altamente capacitados
Frente a las recientes políticas migratorias del gobierno de los Estados Unidos, que reducen o eliminan las visas para trabajadores altamente calificados (H-1B), muchas de las cuales eran obtenidas por trabajadores Indios con alta especialización en ciertos temas, México podría ser una opción para su reubicación, estableciendo un programa específico de visas que beneficie a las compañías Indias, dado que sus trabajadores, por la cercanía geográfica, podrían continuar atendiendo las necesidades de las empresas y consumidores estadounidenses desde suelo mexicano.
2. Cooperación en el ámbito educativo
El intercambio académico es un espacio idóneo para desarrollar mayor cercanía a largo plazo y es también un área que no ha ido explorada suficientemente, por lo que podrían generarse nuevos acuerdos en esta materia.
3. Cooperación en temas de cambio climático y energías renovables a bajo costo:
India ha tenido grandes avances en cuanto a energía renovable, se espera que para el 2022 el país obtenga el 40 por ciento de su energía de fuentes distintas a los hidrocarburos. Asimismo, que para el 2030 todos los vehículos automotores vendidos en ese país sean eléctricos.
India ha comprobado que invertir en energías solares y eólicas puede ser incluso a menores costos que las energías no renovables.
México puede aprovechar la experiencia de la India en esta materia, particularmente buscando desarrollar fuentes de energía renovable (solar y eólica) más amigables con el medio ambiente.
Conclusiones de la visita
Los vínculos de nuestro país con la India deben ser más cercanos y frecuentes en virtud de la importancia geopolítica y económica y de la influencia regional que México e India representan como economías emergentes.
Es deseable una nueva etapa de cooperación y entendimiento entre ambos países, y para ello se requiere intensificar la cooperación política, interparlamentaria, las relaciones comerciales, las inversiones recíprocas, el turismo y, sobre todo, el conocimiento entre ambos pueblos.
El gran reto que tenemos hoy en día es continuar formando la alianza México – India, para el siglo XXI.
Nuestro objetivo es que México e India sean cada vez sociedades más prosperas.
Este acercamiento legislativo sin duda será muy útil para consolidar alianzas y posicionamientos conjuntos en organismos Internacionales en los que México e India tienen un papel relevante. En particular el G20 y las Naciones Unidas.
En el ámbito económico existe una creciente relación comercial entre nuestras naciones, lo que implica que la distancia geográfica es cada vez menos importante. La relación comercial del orden de los 7 mil millones de dólares tiene un potencial enorme y se prevé que los próximos años supere los 10 mil millones de dólares.
Se intercambiaron experiencias en ámbitos donde ambos países han tenido reformas estructurales, como son:
Combate a la corrupción
• Al respecto, la Delegación mexicana comentó de su experiencia con la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción que es un conjunto de reformas legislativas que busca prevenir, sancionar los actos de corrupción en que incurran servidores públicos y particulares en el manejo de recursos públicos.
Acciones contra el acoso y la violencia hacia las mujeres
• India y México han hecho esfuerzos recientes para combatir la violencia de género. India mediante escuadrones policiacos de mujeres destinados a combatir el acoso sexual y México mediante campañas educativas y acciones como la “alerta de género” y los protocolos policiacos con perspectiva de género.
• Ambos países han establecido leyes para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres. En México se contemplan como delitos el hostigamiento sexual, el abuso sexual y el feminicidio; y en la India el acoso sexual y el acoso cibernético y electrónico también son delitos.
• En México las acciones afirmativas de género han dado importantes resultados.
• Se realizaron reformas en materia de equidad de género y posicionamiento de las mujeres (Art. 41 Constitucional) lo que implica que actualmente es obligatoria la paridad de género en las candidaturas a la mayoría de los cargos de elección popular.
• Como resultado de ello se ha logrado que el 42.6 por ciento de la Cámara de Diputados sean mujeres y el 38.2 por ciento de la Cámara de Senadores sean también mujeres.
Reformas para la consolidación de la Democracia (Reelección y la formación de coaliciones)
• México, como India, cuenta con un sistema multipartidista plural.
• Durante 2014 se realizaron reformas legales para establecer la posibilidad de reelección de Diputados Federales y Locales, Senadores y Presidentes Municipales, así como la posibilidad de coaliciones entre partidos para la Presidencia de la República y Senadores y Diputados Federales.
La delegación mexicana, realizó una invitación formal a nombre de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para crear un mecanismo interparlamentario entre México e India, a fin de llevar a cabo intercambios bilaterales de manera periódica, como también fue propuesto por la Delegación de Senadores de la Comisión Asía – Pacífico que visitó la India en marzo de este año.
Además de ello, la Delegación mexicana realizó una invitación, a la Señora Sumitra Mahajan, Presidenta de la Cámara Baja, para que visite México durante la segunda parte del 2017.
Atentamente
Ingeniera María Reséndiz Valderrama (rúbrica)
Secretaria Particular de la Presidenta de la Mesa Directiva
De la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, relativo a la visita a la República de la India llevada a cabo del martes 8 al jueves 10 de agosto de 2017
Delegación mexicana
Diputadas: María Guadalupe Murguía Gutiérrez (presidenta de la delegación), Gloria Himelda Félix Niebla (PRI), Cecilia Guadalupe Soto González (PRD).
Generalidades de la República de la India
La República de la India tiene una población de mil 311.1 millones de habitantes y un territorio de 3 millones 287 mil 260 kilómetros cuadrados. Se estima que para 2022 India será el país más poblado del mundo. Además, es el país con mayor extensión territorial en el sur de Asia, y el séptimo país con mayor extensión territorial a nivel mundial.
Estructura de gobierno
La India es una república federal parlamentaria con 29 estados y siete territorios. Se define a sí misma como una república democrática, socialista y secular.
Poder Ejecutivo
Se divide en el primer ministro (Shri Narendra Modi) en quien recae la figura de jefe de gobierno; el presidente (Shri Pranab Mukherjee) en quien recae la figura de jefe de estado; y el consejo de ministros con 80 miembros divididos en ministros de gabinete y ministros de estado.
Poder Legislativo
India posee un sistema bicameral, cuyas elecciones parlamentarias se llevan a cabo cada 5 años. La Cámara Alta es la Rajya Sabha con 250 miembros elegidos indirectamente en forma proporcional por las asambleas legislativas de los estados y se renueva cada seis años. La Cámara Baja es la Lok Sabha, cuenta con 545 miembros elegidos de manera directa por voto popular, renovándose cada cinco años.
Poder Judicial
La Suprema Corte de India es el órgano supremo del sistema jurídico indio, seguido por otros tribunales superiores y tribunales subordinados.
India tiene el tercer aparato estatal más grande del mundo, 39.5 por ciento de los empleos que existen en India se originan en el sector público.
Partidos políticos
India posee un sistema multipartidista, donde los partidos políticos se dividen a nivel nacional, regional y estatal con predominancia de pequeños partidos regionales.
El partido principal es el Bharatiya Janata Party (BJP), el cual cuenta con 282 escaños de la Lok Sabha y es el partido del actual primer ministro Shri Narendra Modi. El partido es de tendencia nacionalista, proteccionista y conservadora.
El Indian National Congress (INC) es el más antiguo y fue el partido predominante hasta las elecciones de 2014, cuando pasaría a ser desplazado por el BJP y a partir de entonces se presenta como la oposición frente al Bharatiya Janata Party.
Relación bilateral México-India
México fue el primer país latinoamericano en reconocer a India después de su independencia. Ambos países establecieron relaciones diplomáticas el 1 de agosto de 1950, es decir, hace 67 años.
Ambos países hemos sido aliados en numerosos temas como:
• La solución pacífica de controversias;
• El no uso de la fuerza en las relaciones internacionales;
• El desarme nuclear;
• El Diálogo Norte-Sur;
• La Agenda del Tercer Mundo;
• El Cambio Climático;
• El G20; y
• Las Naciones Unidas.
México e India establecieron relaciones diplomáticas desde 1950, marcadas por el respeto y la cordialidad.
En las administraciones recientes México e India han entrado en un nuevo periodo de cooperación más intensa en todos los campos.
Actualmente contamos con dieciséis instrumentos jurídicos vigentes que enriquecen nuestra relación en diversos temas como: cooperación cultural; ciencia y tecnología; financiera; telecomunicaciones; turística; comercio; inversión y cooperación económica, promoción recíproca de inversiones; asistencia jurídica en materia penal; transporte aéreo; evitar doble imposición; evasión fiscal en materia de ISR; investigaciones forestales, agrícolas y pecuarias; investigación espacial; asuntos aduaneros.
La última visita de un presidente mexicano a la India fue la de Felipe Calderón en 2007.
En abril de 2008, la entonces presidenta Pratibha Patil realizó una visita de estado a México.
En abril de 2012 se llevó a cabo la quinta Reunión Binacional México-India en la Ciudad de México.
En junio de 2016 tuvimos el honor de recibir en México la visita del primer ministro de India, señor Narendra Modi. En esa ocasión se acordaron las bases para transformar nuestra asociación privilegiada establecida en 2007, en una asociación estratégica, con el fin de impulsar los intercambios económicos, la cooperación y el intercambio tecnológico en ámbitos como el espacial, cambio climático, software y tecnologías de la información, ingeniería en neumáticos, industria farmacéutica, equipos eléctricos, automóviles y autopartes.
Recientemente, en marzo de 2017, una delegación de senadores estuvo en visita parlamentaria en India.
Ambos países tenemos coincidencias importantes:
• Nuestros países se han posicionado como economías emergentes y líderes regionales influyentes en nuestro entorno.
• Hemos llevado a cabo cambios estructurales para combatir la corrupción y la impunidad, así como establecer para una buena gobernanza.
• Enfrentamos como reto la pobreza y la desigualdad, cuya solución radica, en buena medida, en un efectivo combate a la corrupción y a la impunidad y una auténtica rendición de cuentas.
• México e India somos economías de libre mercado y hemos llevado a cabo importantes reformas para la desregulación y apertura de sectores económicos a la inversión privada, tanto nacional como extranjera.
• En ambos países hemos llevado a cabo reformas en materia de salud y educación.
• Compartimos también el enorme desafío de seguir convirtiendo las reformas efectuadas y las acciones de gobierno en beneficios reales para nuestros pueblos.
En México hay 174 empresas de capital indio, la mayoría de ellas líderes en sectores de la informática y software y de la Industria farmacéutica y automotriz.
Por su parte, importantes empresas mexicanas dedicadas al entretenimiento, autopartes, alimentos y vivienda, tienen presencia en la India, tales como Kidzania, Cinépolis, Metalsa, Nemak, Bimbo, Maseca y Homex.
Las importaciones mexicanas a India incluyen productos químicos, petroquímicos, de ingeniería, automóviles y autopartes, farmacéuticos, textiles y gasolina, entre otros.
85 por ciento de los productos exportados a India durante 2013 fueron aceites crudos derivados del petróleo, exportándose también aparatos eléctricos, de telefonía y telegrafía, así como turbinas, motores y generadores eléctricos.
Las áreas con mayor potencial de crecimiento: minería, turismo, procesamiento de alimentos, infraestructura, automóviles y autopartes, textiles, software y tecnología de la información, productos farmacéuticos, energía renovable y biotecnología.
En tal virtud, la delegación mexicana transmitió en cada una de las reuniones a las que acudió, que es deseable una nueva etapa de cooperación y entendimiento entre ambos países y para ello se requiere intensificar la cooperación política, interparlamentaria, las relaciones comerciales, las inversiones recíprocas, el turismo y, sobre todo, el conocimiento entre ambos pueblos.
Objetivos de la reunión
• Establecer un acercamiento legislativo para consolidar alianzas y posicionamientos conjuntos en organismos internacionales en los que México e India tienen un papel relevante. En particular el G20 y las Naciones Unidas.
• Contribuir a una mayor vinculación económica entre nuestros países. El acelerado desarrollo económico, tecnológico y en materia de medio ambiente de la India es de gran interés para México. Destaca por supuesto el desarrollo notable en la industria de tecnologías de la información y empresas especializadas en generación de energía eólica y solar a muy bajo costo.
• En el ámbito económico existe una creciente relación comercial entre nuestras naciones, lo que implica que la distancia geográfica es cada vez menos importante. La relación comercial del orden de los 7 mil millones de dólares tiene un potencial enorme y se prevé que los próximos años supere los 10 mil millones de dólares.
• Solicitar el apoyo del gobierno de India a la propuesta del gobierno mexicano para la candidatura de la senadora Gabriela Cuevas Barrón a la Presidencia de la Unión Interparlamentaria en las elecciones que tendrán lugar el próximo mes de octubre en la asamblea de la UIP en San Petersburgo.
Existe un gran interés por hacer alianza con India para apoyar esta propuesta, pues sabemos de su gran influencia a nivel regional y en los países que integran el Brick (Brasil, Rusia, China).
Intercambiar experiencias en ámbitos en que ambos países han tenido reformas estructurales, como son:
• La experiencia del gobierno de la India en materia de combate a la corrupción y prácticas para conformar buenos gobiernos.
• Conocer las acciones implementadas por India, contra el acoso y la violencia de género. India ha implementado escuadrones policiacos de mujeres destinados a combatir el acoso sexual y México mediante campañas educativas y acciones como la “alerta de género” y los protocolos policiacos con perspectiva de género.
• Las reformas que ha implementado India, para la consolidación de la democracia, particularmente en el sistema multipartidista plural.
• Hacer una invitación, a la señora Sumitra Mahajan, presidenta de la Cámara Baja, para que visite México durante la segunda mitad de 2017.
• Hacer invitación formal a nombre de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para crear un mecanismo interparlamentario entre México e India, a fin de llevar a cabo intercambios bilaterales de manera periódica, como también fue propuesto por la Delegación de Senadores de la Comisión Asía-Pacífico que visitó India en marzo de este año. Lo anterior con la finalidad de fortalecer la cercanía, el conocimiento y las relaciones políticas y comerciales entre nuestros países.
Desarrollo de la visita
La agenda de trabajo estuvo integrada por reuniones con los siguientes funcionarios:
• Honorable señor Ram Nath Kovind, presidente de la India
• Honorable señora Sumitra Mahajan, presidenta de la Cámara Baja (Lok Sabha) del Parlamento de la India
• Honorable M. Venkaiah Naidu, candidato a la Vicepresidencia por la alianza NDA (partido gobernante).
• Honorable señora Sushma Swaraj, ministra de Asuntos Exteriores de la India
Temas de cooperación específicos
1. Visas para trabajadores altamente capacitados
Frente a las recientes políticas migratorias del gobierno de los Estados Unidos de América, que reducen o eliminan las visas para trabajadores altamente calificados (H-1B), muchas de las cuales eran obtenidas por trabajadores indios con alta especialización en ciertos temas, México podría ser una opción para su reubicación, estableciendo un programa específico de visas que beneficie a las compañías indias, dado que sus trabajadores, por la cercanía geográfica, podrían continuar atendiendo las necesidades de las empresas y consumidores estadounidenses desde suelo mexicano.
2. Cooperación en el ámbito educativo
El intercambio académico es un espacio idóneo para desarrollar mayor cercanía a largo plazo y es también un área que no ha ido explorada suficientemente, por lo que podrían generarse nuevos acuerdos en esta materia.
3. Cooperación en temas de cambio climático y energías renovables a bajo costo:
India ha tenido grandes avances en cuanto a energía renovable, se espera que para 2022 el país obtenga 40 por ciento de su energía de fuentes distintas a los hidrocarburos. Asimismo, que para el 2030 todos los vehículos automotores vendidos en ese país sean eléctricos.
India ha comprobado que invertir en energías solares y eólicas puede ser incluso a menores costos que las energías no renovables.
México puede aprovechar la experiencia de India en esta materia, particularmente buscando desarrollar fuentes de energía renovable (solar y eólica) más amigables con el medio ambiente.
4. Cooperación para nombramiento de un juez de la República de la India como parte de la Corte Penal Internacional
La ministra de Relaciones Exteriores, honorable señora Sushma Swaraj, solicitó expresamente el apoyo del gobierno mexicano a la propuesta de la República de la India para el nombramiento de un juez indio, para formar parte de la Corte Penal Internacional.
Conclusiones de la visita
Los vínculos de nuestro país con India deben ser más cercanos y frecuentes en virtud de la importancia geopolítica y económica y de la influencia regional que México e India representan como economías emergentes.
Es deseable una nueva etapa de cooperación y entendimiento entre ambos países, y para ello se requiere intensificar la cooperación política, interparlamentaria, las relaciones comerciales, las inversiones recíprocas, el turismo y, sobre todo, el conocimiento entre ambos pueblos.
El gran reto que tenemos hoy en día es continuar formando la alianza México-India, para el siglo XXI.
Nuestro objetivo es que México e India sean cada vez sociedades más prosperas.
Este acercamiento legislativo sin duda será muy útil para consolidar alianzas y posicionamientos conjuntos en organismos internacionales en los que México e India tienen un papel relevante. En particular el G20 y las Naciones Unidas.
En el ámbito económico existe una creciente relación comercial entre nuestras naciones, lo que implica que la distancia geográfica es cada vez menos importante. La relación comercial del orden de los 7 mil millones de dólares tiene un potencial enorme y se prevé que los próximos años supere los 10 mil millones de dólares.
Se intercambiaron experiencias en ámbitos donde ambos países han tenido reformas estructurales, como son:
Combate a la corrupción
• Al respecto, la delegación mexicana comentó de su experiencia con la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción que es un conjunto de reformas legislativas que busca prevenir, sancionar los actos de corrupción en que incurran servidores públicos y particulares en el manejo de recursos públicos.
Acciones contra el acoso y la violencia hacia las mujeres
• India y México han hecho esfuerzos recientes para combatir la violencia de género. India mediante escuadrones policiacos de mujeres destinados a combatir el acoso sexual y México mediante campañas educativas y acciones como la “alerta de género” y los protocolos policiacos con perspectiva de género.
• Ambos países han establecido leyes para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres. En México se contemplan como delitos el hostigamiento sexual, el abuso sexual y el feminicidio; y en India el acoso sexual y el acoso cibernético y electrónico también son delitos.
• En México las acciones afirmativas de género han dado importantes resultados.
• Se realizaron reformas en materia de equidad de género y posicionamiento de las mujeres (artículo 41 constitucional) lo que implica que actualmente es obligatoria la paridad de género en las candidaturas a la mayoría de los cargos de elección popular.
• Como resultado de ello se ha logrado que 42.6 por ciento de la Cámara de Diputados sean mujeres y 38.2 por ciento de la Cámara de Senadores sean también mujeres.
Reformas para la consolidación de la democracia (reelección y la formación de coaliciones)
• México, como India, cuenta con un sistema multipartidista plural.
• Durante 2014 se realizaron reformas legales para establecer la posibilidad de reelección de diputados federales y locales, senadores y presidentes municipales, así como la posibilidad de coaliciones entre partidos para la Presidencia de la República y senadores y diputados federales.
La delegación mexicana, realizó una invitación formal en nombre de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para crear un mecanismo interparlamentario entre México e India, a fin de llevar a cabo intercambios bilaterales de manera periódica, como también fue propuesto por la delegación de senadores de la Comisión Asía-Pacífico que visitó India en marzo de este año.
Además de ello, la delegación mexicana realizó una invitación, a la señora Sumitra Mahajan, presidenta de la Cámara Baja, para que visite México durante la segunda mitad de 2017.
Atentamente
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez
Convocatorias
De la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo
A la reunión ordinaria que se llevará a cabo el jueves 24 de agosto, a las 10:00 horas, en la sala de juntas del órgano legislativo convocante, situada en el cuarto piso del edificio F.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la duodécima reunión ordinaria.
4. Asuntos generales.
5. Clausura.
Atentamente
Diputado Juan Pablo Piña Kurczyn
Presidente
De la Comisión Especial para combatir el uso de recursos ilícitos en procesos electorales
A la reunión que se llevará a cabo el jueves 24 de agosto, de las 10:00 a las 11:30 horas, en el salón E del edificio G.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Aprobación y, en su caso, firma del acta de la reunión del 2 de febrero de 2017.
4. Aprobación y, en su caso, firma del acta de la reunión del 23 de febrero de 2017.
5. Ampliación del objeto de la comisión a partir del cambio de denominación.
6. Actividades de la comisión en los procesos electorales de Nayarit, Coahuila, estado de México y Veracruz.
7. Presentación del informe semestral.
8. Proceso electoral 2017-2018.
9. Asuntos generales.
Atentamente
Diputado Juan Romero Tenorio
Presidente
De la Comisión de Desarrollo Social
A la decimoquinta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el martes 29 de agosto, a las 11:00 horas, en el mezanine sur del edificio A.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta correspondiente a la decimotercera reunión ordinaria, de fecha 27 de junio de 2017.
4. Proyectos de dictamen para discusión y votación:
a) En sentido negativo de la minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD);
b) En sentido positivo de la minuta proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD; y
c) En sentido positivo de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 68 de la Ley General de Desarrollo Social (en materia de denuncia popular), presentada por la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
5. Opinión sobre el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2015, ramo 20, “Desarrollo social”.
6. Opinión respecto al primer informe trimestral de 2017 sobre el presupuesto ejercido y el cumplimiento de metas y objetivos, ramo 20, “Desarrollo social”.
7. Informe financiero enero-junio de 2017.
8. Informe de actividades de la Subcomisión de Revisión de los Padrones de los Programas Sociales.
9. Informe de actividades de la Subcomisión de Revisión del Desempeño de los Programas Sociales de acuerdo con las evaluaciones del Coneval.
10. Informe de actividades de la Subcomisión de Revisión de Reglas de Operación.
11. Asuntos generales.
12. Clausura y cita para la próxima reunión.
Atentamente
Diputado Víctor Manuel Silva Tejeda
Presidente
Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
A participar en el séptimo Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública, que permanecerá abierta hasta el 31 de agosto.
Se otorgarán
• 150 mil pesos al primer lugar.
• 75 mil pesos al segundo lugar.
• 50 mil pesos al tercer lugar.
Informes al teléfono 5036 0000, extensiones 58232 y 51299, así como en el sitio
http://www.diputados.gob.mx/cesop
Atentamente
Licenciado Marcelo de Jesús Torres Cofiño
Director General
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
A la sesión de junta directiva que se efectuará el viernes 1 de septiembre, de las 13:30 a las 15:00 horas, en la sala de reuniones del órgano legislativo convocante (edificio F, cuarto piso).
Atentamente
Diputada Hortensia Aragón Castillo
Presidenta
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
A la reunión plenaria que tendrá lugar el viernes 1 de septiembre, de las 15:00 a las 16:30 horas, en los salones C y D del edificio G.
Atentamente
Diputada Hortensia Aragón Castillo
Presidenta
De la Comisión de Energía
A la decimosexta reunión ordinaria, que tendrá lugar el viernes 1 de septiembre, a las 16:00 horas, en el salón E del edificio G.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta correspondiente a la decimoquinta reunión ordinaria.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 49, 56 y 86 de la Ley de Hidrocarburos, presentada por la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
5. Programa de trabajo para el tercer año de ejercicio legislativo.
6. Asuntos generales.
7. Clausura.
Atentamente
Diputada Georgina Trujillo Zentella
Presidenta
De la Comisión Especial de zonas económicas especiales
A la reunión que tendrá verificativo el miércoles 6 de septiembre, a las 17:00 horas, en el salón B del edificio G.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden de día.
4. Palabras de bienvenida, por el presidente.
5. Presentación de los avances de las zonas económicas especiales, por el titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, licenciado Gerardo Gutiérrez Candiani.
6. Asuntos generales.
7. Clausura
Atentamente
Diputado Carlos de la Fuente Flores
Presidente
Del Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria
A la quinta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el jueves 7 de septiembre, a las 10:00 horas, en el salón B del edificio G.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la cuarta reunión ordinaria.
4. Presentación del informe semestral de actividades.
5. Exposición del licenciado Froylán Rolando Hernández Lara, director del Registro Agrario Nacional.
6. Presentación del Informe Estadístico del Premio Nacional Diputado Francisco J. Múgica.
7. Asuntos generales.
8. Clausura.
Atentamente
Diputado José Hugo Cabrera Ruiz
Presidente
Invitaciones
De la diputada Claudia Corichi García
Al foro Diálogos por el mezcal, que se llevará a cabo el jueves 24 de agosto, a las 10:00 horas, en la zona C del edificio G.
Atentamente
Diputada Claudia Corichi García
De la diputada Maricela Contreras Julián
A la exposición de 30 piezas gráficas –como parte del homenaje a Federico García Lorca–, que permanecerá hasta el viernes 25 de agosto, en el lado sur del vestíbulo principal del edificio A.
Atentamente
Diputada Maricela Contreras Julián
De la Comisión de Turismo
A la exposición y venta artesanales colimenses, que permanecerán del lunes 4 al viernes 8 de septiembre en la explanada posterior del edificio G, donde se inaugurarán el martes 5, a las 9:00 horas.
Atentamente
Diputada Gretel Culin Jaime
Presidenta
De la Comisión Especial para revisar y analizar la legislación y políticas en materia de atención a la niñez y adolescencia con autismo y otros trastornos generalizados del desarrollo
Al foro de consulta Dialogando sobre la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, que se realizará el lunes 4 de septiembre, de las 9:30 a las 15:00 horas, en el auditorio norte, situado en el segundo piso del edificio A.
Coordina: Diputada Patricia Elena Aceves Pastrana
Objetivo: Conocer, a través de la experiencia directa de familiares, tutores, cuidadores y de las mismas personas con el trastorno del espectro autista (TEA), aquellos puntos que en su opinión, deben modificarse o ser incluidos en la propuesta de reforma legislativa que está desarrollando esta comisión especial, a fin de garantizar a estas personas mayores oportunidades de integración social y mejores condiciones de vida.
Hora
9:00-9:30. Registro.
9:30-9:45. Inauguración y palabras de bienvenida.
Diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, presidenta de la comisión.
9:45-10:45. Mesa 1:
Disposiciones generales
Conclusiones
10:45-11:45. Mesa 2:
Derechos
Conclusiones
11:45-12:00. Receso.
12:00-13:00. Mesa 3:
Obligaciones institucionales
Conclusiones
13:00-14:00. Mesa 4:
Comisión interinstitucional
Conclusiones
14:00-14:30. Conclusiones generales y clausura.
Atentamente
Diputada Patricia Elena Aceves Pastrana
Presidenta
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Al Foro para el análisis de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a fin de armonizarla con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que tendrá lugar el miércoles 6 de septiembre, a partir de las 9:00 horas, en el vestíbulo del edificio E.
Atentamente
Diputada Hortensia Aragón Castillo
Presidenta
De la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Al acto inaugural de la exposición colectiva Alma de luz, cuerpo de bronce, que tendrá lugar el martes 12 de septiembre, a las 11:30 horas, en la Plaza de los Constituyentes de 1917, del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Atentamente
Licenciado José María Hernández Vallejo
Director General
Del diputado Juan Romero Tenorio
Al foro Retos para la transición de la justicia laboral, que se celebrará el lunes 18 y el martes 19 de septiembre, de las 11:00 a las 17:00 horas, en el auditorio sur del edificio A.
Atentamente
Diputado Juan Romero Tenorio
Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
Al foro Hacia una visión transversal de los derechos sociales: salud, educación y alimentación, que se llevará a cabo el miércoles 20 de septiembre, de las 9:30 a las 19:00 horas, en el salón Legisladores de la República, edificio A, del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Registro: https://goo.gl/nW8Zpi
Atentamente
Licenciado Marcelo de Jesús Torres Cofiño
Director general
Del diputado Juan Romero Tenorio
Al conversatorio La desaparición en México, por efectuarse el lunes 25 de septiembre, de las 11:00 a las 17:00 horas, en el vestíbulo del edificio E.
Atentamente
Diputado Juan Romero Tenorio
De la Comisión de Juventud
Al diplomado presencial y en línea Liderazgo y negociación política , que se llevará a cabo los jueves y los viernes comprendidos del 28 de septiembre al 15 de diciembre, de las 16:00 a las 21:00 horas, en el recinto legislativo de San Lázaro, en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, división de Educación Continua.
El diplomado está dirigido a investigadores y profesionales de las ciencias sociales, el humanismo y la administración, así como a dirigentes políticos y empresariales, directivos públicos y privados, líderes de proyecto y equipo, además del público en general interesado en el desarrollo de estrategias de mejoramiento personal, interpersonal y organizacional, negociación y acuerdo en contextos democráticos complejos.
Módulo I. Elementos del proceso político
Módulo II. Desarrollo de las habilidades de comunicación interpersonal y organizacional
Módulo III. La negociación política, antecedentes y claves
Módulo IV. Técnicas de negociación y estrategia política
Módulo V. Actores e incidencias en las políticas públicas
Módulo VI. Taller de negociación política
Informes: del 14 de agosto al 22 de septiembre de 2017, de las 9:00 a las 14:00 horas, en el teléfono 50360000, extensión 57160; en los celulares (55) 2309 4730, (55) 8095 4816 y (55) 2727 8490; y en el correo electrónico: diplomado.camara@outlook.com, así como en www.diplomadocamara.com o en la Comisión de Juventud, ubicada en el primer nivel del edificio D. Se otorgará constancia con valor curricular. Cupo limitado
Atentamente
Diputada Karla Karina Osuna Carranco (rúbrica)
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias
Al diplomado Análisis político y campañas electorales que, con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, se efectuará los lunes, miércoles y viernes comprendidos del 10 de julio al 17 de noviembre, de las 8:00 a las 10:00 horas, en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Atentamente
Diputado Jorge Triana Tena
Presidente
Del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias
En coordinación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través del Centro de Capacitación Judicial Electoral, a los cursos en línea que se realizarán hasta abril de 2018, de acuerdo con el siguiente programa:
El modelo de financiamiento y fiscalización en México
Duración: 6 semanas
Periodo: 30 de octubre-1 de diciembre
Fecha límite de inscripción: 29 de septiembre
Diplomado en derecho electoral
Duración: 6 meses
(Admisión sujeta a examen)
Periodo: Inicia el 2 de octubre
Fecha límite de inscripción: 14 de junio
Requisitos
• Constancia que acredite relación laboral con Cámara de Diputados o, en su caso, copia simple de credencial de empleado.
• Llenar formato de inscripción, el cual podrá obtenerse en el edificio I, segundo piso, de 10:00 a 14:30 y de 17:00 a 18:30 horas, Dirección de Estudios Legislativos.
Para mayores informes, puede comunicarse al 5036 0000, extensiones 55277 y 55094.
Atentamente
Licenciado Sadot Sánchez Carreño
Director General
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