Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4766-X, martes 25 de abril de 2017
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Proposiciones de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fepade a investigar sobre posibles delitos electorales imputables a militantes y el presidente del partido político Morena, Andrés Manuel López Obrador, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 79, numeral 2, fracción III, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
Primera . Ayer se difundió, en diversos medios de comunicación y en las redes sociales, un video grabado el pasado jueves 6 de abril, donde se observa a Eva Cadena Sandoval, candidata a la presidencia municipal de Las Choapas, Veracruz, por Morena, recibir, de una persona desconocida que declaró tenerle mucho cariño al presidente de Morena, la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos moneda nacional) en fajos de billetes para ser entregados, dos días después, a Andrés Manuel López Obrador.
Segunda . En el video se alude, en diferentes ocasiones, a la cercanía de Eva Cadena Sandoval con Andrés Manuel López Obrador, razón por la que se le está realizando directa y personalmente la entrega del dinero del cual se desconoce la procedencia y los fines para los que será destinado.
Tercera . El sábado 8 de abril, el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, efectivamente asistió a un mitin político en donde mostró su apoyo público a Eva Cadena Sandoval como candidata en el proceso electoral que se lleva a cabo en Veracruz.
Cuarta. Con el propósito de impedir la presencia de recursos de ilícitos en los procesos electorales, todo financiamiento privado a un partido o actor político debe ser declarado y fiscalizado ante y por las autoridades electorales; sin embargo, en el video difundido, queda expuesta claramente la intención de mantener estos recursos en la opacidad.
Quinta. En el video se hace referencia a que el medio millón de pesos sea entregado a Andrés Manuel López Obrador, evidente delito dada la opacidad del acto y del origen del dinero.
Sexta. Actualmente se están llevando a cabo procesos electorales en diversas entidades federativas como Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, por lo que la entrega de un financiamiento ilegal directamente al presidente de Morena, atenta en contra de la transparencia y la legalidad de los mismos, por desconocerse el destino que se le podría dar.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a que inicie la investigación correspondiente del origen y destino de la cantidad de dinero que se exhibe en el video difundido por diversos medios de comunicación, donde se presume la entrega de la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos moneda nacional) a Eva Cadena Sandoval, para que, a su vez, le sean entregados directamente a Andrés Manuel López Obrador, presidente del partido político de Morena, actos que consideramos podrían configurar un delito electoral.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2017.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a instruir para que se implanten protocolos de seguridad en las estancias infantiles operadas por la Sedesol, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, diputada Olga Catalán Padilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente
Exposición de motivos
Actualmente la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) cuenta con 9 mil 447 estancias infantiles a nivel nacional, donde asisten alrededor de 316 mil niñas y niños menores de 4 años (menores de 6 años en los casos de niñas y niños con alguna discapacidad), quienes reciben enseñanza equivalente a la educación preescolar.
El programa otorga apoyos mediante dos modalidades:
1. En la de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos, se paga directamente a la responsable de la estancia un subsidio que cubre parcialmente el costo de los servicios de cuidado y atención infantil. El resto queda a la responsabilidad de la madre o padre
2. La modalidad Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil apoya a las personas o grupos de personas que desean establecer y operar una estancia infantil afiliada al Programa y contar con autorización del Modelo de Atención Integral.
Para la Modalidad Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil, se requiere:
1. Estar interesada(o) en recibir los apoyos del programa y prestar el servicio de cuidado y atención infantil en el marco del programa, por un periodo mínimo de un año calendario.
1a. (sic) Que el espacio destinado a la estancia infantil que busca afiliar al programa tenga como objetivo atender a la población objetivo del programa.
2. Acreditar identidad y ser mayor de edad.
3. Acreditar escolaridad mínima de bachillerato terminado o su equivalente.
4. Acreditar la competencia en el Estándar de Competencia: EC0435 Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral de las Niñas y los Niños en Centros de Atención Infantil.
5. Contar con el espacio físico suficiente para brindar servicios de cuidado, atención y alimentación infantil por lo menos a 10 infantes.
El espacio físico deberá ser de 2 metros cuadrados por cada infante.
El inmueble o espacio propuesto para operar como Estancia Infantil deberá ubicarse en planta baja, entendiendo por ésta la que se encuentra al nivel del suelo o la calle.
6. Contar con evaluación mediante herramienta psicométrica.
6a. (sic) Cursar capacitación básica, inicial y complementaria.
7. El inmueble propuesto para Estancia Infantil no podrá estar ubicado a menos de 50 metros de áreas que representen un alto riesgo.
En la semana anterior hemos sido testigos de dos casos trágicos al interior de las guarderías que en tiempo cercano estuvieron a cargo de la Sedesol:
El martes pasado falleció, un menor de 10 meses de nacido, a consecuencia de asfixia por sofocación, en su variedad de paso de contenido gástrico a las vías respiratorias o bronco aspiración.
La muerte ocurrió en la estancia infantil El Mundo del Saber, ubicada en la calle Cerrada de Tehuixtla, en la colonia Emiliano Zapata de la delegación Coyoacán,
Este viernes, falleció un menor de edad, en la estancia infantil “Alegría”, ubicada en la calle 17 de la colonia Maravillas, en Nezahualcóyotl, estado de México.
Reportes del municipio mexiquense informaron la muerte de un niño de dos años, a causa de ahogamiento al caer en una cisterna.
De acuerdo al directorio de estancias Infantiles, publicada en el sitio web de la Sedesol, cuya última actualización corresponde al mes de noviembre de 2016, la estancia “Alegría” aparece como activa.
Aun cuando la Sedesol, pretenda deslindar su responsabilidad, es claro que su actuación fue omisa al no asegurarse de que los padres estuvieran enterados de la situación de dichas estancias; así mismo, demuestra total ineficacia en las medidas administrativas para asegurar que los infantes cuenten con un espacio adecuado para su desarrollo y cuidado.
Claro que la Sedesol es responsable por no tomar las medidas necesarias para evitar que las estancias que operaron bajo su responsabilidad continuaran prestando, ostentándose como parte del programa de estancias infantiles a sabiendas de que habían perdido el registro.
No dudamos de la nobleza del programa y de la necesidad que lo hace subsistir, sin embargo creemos que es necesario establecer protocolos claros tanto para la revisión de las estancias de la red como para en su caso cerrar aquellas instituciones que no cumplan con las condiciones y con esto asegurar la vida de estos pequeños.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta asamblea, la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución
Primero. Esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal, a fin de que a través de las instancias administrativas correspondientes se realice una revisión exhaustiva de las condiciones en que operan las estancias infantiles a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social; en este mismo sentido se elaboren e implementen los protocolos necesarios para que, en los casos en que se hubiera inhabilitado a alguna de estas estancias, sea retirado de manera inmediata cualquier logotipo de identificación, propaganda o material que las siga vinculando con el programa.
Asimismo, que se informe a los usuarios en un lugar visible, en las inmediaciones del establecimiento y bajo el principio de máxima publicidad sobre la pérdida del registro y las causas que lo propiciaron, de manera que quien solicite en delante de los servicios del establecimiento lo haga bajo su absoluta responsabilidad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2017.
Diputada Olga Catalán Padilla (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a establecer un sistema de marcaje de ácido desoxirribonucleico de los mamíferos marinos para demostrar su legal procedencia, a fin de garantizar que no hay intercambio o suplencia de ejemplares, y optimizar tanto las estrategias de conservación de los recursos zoogenéticos como la diversidad molecular funcional, a cargo del diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
Quienes suscriben, diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:
Exposición de motivos
La biodiversidad o diversidad biológica es, en términos generales, la variedad de especies existentes en el planeta originada por su proceso de evolución. Se trata de la mayor riqueza con la que cuenta la Tierra, ya que ha asegurado el mantenimiento de la vida en los diferentes procesos geológicos acontecidos a lo largo de su historia. Es decir, hablar de biodiversidad es hablar de la vida misma.
El término de biodiversidad surgió de las instituciones académicas dedicadas a la conservación, sin embargo, también implica una finalidad práctica: la evaluación de los ambientes naturales y, sobre todo, aquellos que han sido perturbados.1
En 1992, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (también llamada “Cumbre de la Tierra”) celebrada en Río de Janeiro, Brasil, el término “biodiversidad” deja de tener una dimensión de país para pasar a un ámbito global.
Así, en la “Cumbre de la Tierra” se acordó el Convenio de Diversidad Biológica (CBD) inspirado por el creciente compromiso de la comunidad global con la conservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad,2 lo cual incluye, por supuesto, a los mamíferos marinos.
La conservación de estas especies resulta prioritaria por encima de cualquier otra consideración social, debido a que tienen el potencial de proveer información sobre la funcionalidad de los ecosistemas marinos en diferentes escalas espaciales, de tiempo y de complejidad fenomenológica.3
La importancia de los mamíferos marinos radica en las funciones que desempeñan como consumidores principales en todos los niveles tróficos, desde consumidores primarios (herbívoros) pasando por consumidores secundarios de amplio rango que se alimentan de zooplancton (grandes ballenas) y peces (grandes ballenas, delfines, focas y lobos marinos), hasta los depredadores de peces mayores y grandes calamares, e incluso de otros mamíferos marinos (orca, algunos pinnípedos y osos polares); razón por la cual se les llama “policías sanitarios” debido a que evitan la propagación de infecciones y enfermedades al cazar preponderantemente peces viejos o enfermos.4
Según el último reporte publicado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), a nivel mundial existen 4 mil 381 especies de mamíferos, situando a México en el tercer lugar en diversidad de mamíferos con 535 especies, de las cuales 488 son terrestres y 47 marinas.5
Ahora bien, su importancia ambiental radica en la influencia sobre la estructura y funcionamiento de las comunidades marinas debido a que ocupan diferentes sitios en la cadena alimenticia, por ello, su biología puede reflejar algunos aspectos del flujo de materiales y energía de los ecosistemas marinos, por lo que sus buenas consecuencias en la conservación de la vida en el mar son un hecho innegable.6 Actualmente, estas especies son capturadas principalmente para utilizarse en espectáculos con fines de lucro, lo que lleva al aislamiento, la modificación de su hábitat, el confinamiento obligado con otras especies con las cuales en la naturaleza no conviven y a la interacción forzosa con seres humanos.
En este contexto, la captura de estas especies, afecta a su población en general y no solo a los ejemplares capturados, toda vez que el grupo puede perder la cohesión social y dispersarse, implicando riesgos a la supervivencia, pues no pueden cooperar para pescar o defenderse de depredadores.
La verdad sobre su captura está colmada de maltratos debido a la implementación de un procedimiento violento, sin estudios que determinen si las poblaciones pueden soportar estas presiones, consistentes en la persecución de grupos de delfines hasta lograr su agotamiento para ser rodeados con una red, en donde se pueden usar incluso bombas para asustar a los animales y así pueden ser arrastrados al barco donde el grupo de captura escoge aquellos que les resulten más atractivos y los cuales no volverán a su hábitat natural ni a la reinserción en su grupo, mientras que los más afortunados son lanzados por la borda y devueltos al mar.
Durante la captura, algunos animales pueden morir por fallos cardiacos provocados por el estrés o el shock, o bien, ahogados al quedar atrapados en cuerdas y redes mientras tratan agitadamente de escapar o de acudir en auxilio de otros. Algunas hembras preñadas pueden abortar sus fetos o las madres pueden dejar de lactar, provocando la muerte de sus crías. Otros mueren a consecuencia de traumatismos e infecciones provocadas durante la captura.
En virtud de lo antes expuesto, es de señalar que en el Grupo Parlamentario del Partido Verde estamos conscientes del desequilibrio ecológico y daño ambiental que se ocasiona con la captura de los mamíferos marinos; por ende, se plantea cambiar el actual sistema de marcaje de estas especies por el de marcadores de ADN (ácido desoxirribonucleico).
Lo anterior, ya que con este tipo de marcaje se combatiría el tráfico ilegal de las especies en comento, y asimismo se prevendría el intercambio o suplencia de ejemplares que ya se encuentran en confinamiento y cautiverio en las Unidades de Manejo y Conservación de Vida Silvestre (UMA) y en los Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre fuera de su hábitat (PIMVS).
Al respecto, es de indicar que los marcadores de ADN son útiles tanto en la investigación básica, por ejemplo análisis filogenético y búsqueda de genes útiles, como en la aplicada, esto es en selección asistida por marcador, pruebas de paternidad y trazabilidad de alimentos.7
Asimismo, es de señalar que la información sobre la diversidad genética es esencial para optimizar tanto las estrategias de conservación de los recursos zoogenéticos como para la diversidad molecular funcional. En ese sentido, la caracterización fenotípica proporciona una estimación rudimentaria del promedio de variantes funcionales de genes de los que son portadores un individuo o una población.8
En virtud de lo antes expuesto, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:
Punto de acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a efecto de que en el ámbito de sus facultades, en coordinación con los particulares y con cargo a estos últimos, se establezca un sistema de marcaje de los mamíferos marinos para demostrar su legal procedencia, consistente en marcadores de ADN (ácido desoxirribonucleico), con la finalidad de garantizar que no exista intercambio o suplencia de ejemplares, así como para optimizar tanto las estrategias de conservación de los recursos zoogenéticos, como la diversidad molecular funcional.
Notas
1 Cfr. Víctor Toledo (1994) La diversidad biológica de México. Ciencias 34. UNAM.
http://www.ejournal.unam.mx/cns/no34/CNS03407.pdf.
2 Cfr. CONABIO. Convenio sobre la Diversidad Biológica. http://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/internacional/cbd.html.
3 Cfr. http://www.biodiversidad.gob.mx/Biodiversitas/Articulos/biodiv75art2.pd f
4 Cfr.
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/ene/201701 05-II.html#Iniciativa10
5 Ibídem
6 Ibídem
7 Cfr. http://www.fao.org/docrep/012/a1250s/a1250s17.pdf
8 Ibídem
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 25 días del mes de abril de 2017.
Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirrre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniel de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Conagua y la Semarnat a tomar acciones urgentes a fin de atender la grave problemática que representan los niveles de contaminación de la cuenca hidrológica de los ríos Cutzamala y Balsas, a cargo de la diputada Silvia Rivera Carbajal, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada federal del estado de Guerrero, Silvia Rivera Carbajal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones, sometemos a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Hay mucho en juego. El agua es fundamental para la vida y vital para un desarrollo más inclusivo y sostenible.
- Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, con motivo del Día Mundial del Agua. Mensaje del Día Mundial del Agua, 22 de marzo de 2016 (ONU).
El agua en estado líquido es necesaria para los seres vivos y su presencia se considera un factor fundamental para la evolución de la vida.
Los ríos han servido desde sus orígenes como asentamientos humanos debido a que proporciona un medio de comunicación y provee alimento, agua potable, etcétera.
Aunque tres cuartas partes de la Tierra están cubiertas por agua, 97.5 por ciento es salada (forma mares y océanos) y sólo 2.5 por ciento es agua dulce, del cual sólo 0.3 por ciento se localiza en (lagos y ríos) de donde se toma la mayor parte del agua que se utiliza, el resto se encuentra en glaciares, casquetes polares en forma de hielo y en depósitos subterráneos.
En México, 77 por ciento del agua se utiliza en la agricultura; 14 por ciento, en el abastecimiento público; 5 por ciento, en las termoeléctricas y 4 por ciento, en la industria.
El río Balsas es un río del centro sur de México que discurre por los estados de Guerrero y Michoacán. Con un escurrimiento superficial de 24 944 hm3 y con una longitud de 771 kilómetros, es uno de los ríos más largos del país, atravesando varias localidades de la Región de Tierra Caliente de Guerrero, como San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso y Tlapehuala. Bordea por el sur Ciudad Altamirano, casi en la frontera entre Guerrero y Michoacán, y atraviesa Coyuca de Catalán recibiendo por la derecha al río Cutzamala.
El río Cutzamala es uno de los afluentes del río Balsas. Cutzamala da su nombre al sistema de agua potable de la Ciudad de México el cual inició sus obras en el año 1976 representando un proyecto de gran importancia para la CDMX. La razón para traer agua de esta parte del río, fue el hundimiento de la Ciudad de México por extraer agua del subsuelo además del rápido aumento de población que tuvo lugar y que finalmente generaron el agotamiento de los recursos hídricos de la cuenca del río Lerma.
El río Cutzamala comprende desde el nacimiento de los escurrimientos del río Zitácuaro que desciende del eje volcánico en la vertiente Occidental de las sierras de Angangeo y Zitácuaro en el estado de Michoacán y del río Tilostoc que se origina en el estado de México, hasta la estación hidrométrica El Gallo, localizada en las coordenadas geográficas 100º 40’ 52’’ de longitud Oeste y 18º 41’ 15’’ de latitud norte, es uno de los más importantes aportadores del río Balsas en este tramo de su cuenca.
La cuenca hidrológica río Cutzamala, tiene una superficie de aportación de 10,619.14 kilómetros cuadrados, y se encuentra delimitada por las siguientes regiones y cuencas hidrológicas: al Norte por la Región Hidrológica número 12 Lerma-Santiago; al Sur por la cuenca hidrológica río Medio Balsas; al Oeste por la cuenca hidrológica río Tacámbaro; y al Este por la cuenca hidrológica río Amacuzac.
El río Balsas y el río Cutzamala están conformados por la región hidrológica número 18 Balsas, y es de gran importancia para sus habitantes ya que una parte de sus aguas se destina al uso doméstico y público urbano de acuerdo al Decreto por el que se modifican los diversos por los que se constituyen reservas de aguas nacionales y se establecen una veda en la Región Hidrológica número 18 Balsas. DOF: 22/03/2011
Seis millones de habitantes de 340 municipios en Guerrero, Michoacán, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Estado de México, Puebla y Tlaxcala son beneficiados con el decreto presidencial que elimina la prohibición del consumo humano del agua del río Balsas.*
*Fuente: EL UNIVERSAL. Huetamo, Michoacán. Sábado 19 de marzo de 2011. Jorge Ramos.
Debido al crecimiento socioeconómico, dichos ríos han sido sometidos a diversos cambios ante la modificación de su entorno, el cual ha ido degradando constantemente con motivo de las descargas de aguas residuales, domesticas, industriales y desechos sólidos.
El Balsas y el Cutzamala, en su recorrido recibe descargas de aguas contaminantes, las cuales originan un deterioro ambiental, provocando malos olores y enfermedades en los municipios que viven al margen del rio, tales como infecciones respiratorias agudas, infecciones intestinales, dermatitis atópica, amibiasis, otitis media aguda, enfermedades del ojo entre otras.
De forma repentina en el año 2012 a la fecha el río Cutzamala ha empezado a reproducirse el llamado “lirio acuático”, mismo que se ha observado descender con las corrientes desde el municipio de Cutzamala de Pinzón, este exceso de lirio acuático genera un desequilibrio ambiental.
Con la eliminación y erradicación de los focos de contaminación la Secretaría de Salud tendría un ahorro sustancial con tratamientos de enfermedades infecciosas por el consumo de agua potable.
Los problemas ocasionados son consecuencia de un crecimiento demográfico, que con lleva una mayor demanda de agua potable y mayores niveles de contaminación por falta de planeación en la recolección y disposición de residuos sólidos urbanos (RSU), con un deterioro ambiental muy alto por la contaminación provocando enfermedades mientras que en contraste los ciclos pluviales en los últimos años son cada vez más irregulares, al grado que año con año son menores los periodos y las cantidades de precipitación que se presentan, es innegable que las aguas de los ríos Balsas y Cutzamala terminen siendo no potables para sus habitantes debido a:
1. Malos olores ocasionados por la descarga de aguas residuales.
2. El suelo se está degradando gravemente por la presencia de sustancias químicas y tóxicas.
3. Agua del río está contaminada por agentes físicos y biológicos.
4. Los suelos son de características desérticas.
5. Se ha mermado las actividades agropecuarias de los agricultores.
Sin duda, el mayor problema ambiental que se presenta en el área es el cambio en los patrones naturales de flujo del agua y del régimen de sedimentación del río Balsas, debido a las obras hidráulicas realizadas en su cauce superior y, especialmente, en sus cuencas media y baja.
Para el periodo 2014 se presentan los resultados de calidad del agua, comprendidas en la tabla, que indica para el Rio Cutzamala, región hidrológica-administrativa, parámetros (DBO5, DQO o SST), tiene las observaciones con interpretación de la calidad del agua (aceptable, contaminado, aceptable).
Por su parte, en el río Cutzamala, la problemática es preocupante. Desde 2004 hay reportes de que el agua, es una de las tantas contaminadas a nivel nacional. En 2014, el muestreo realizado por la Red Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua Nacional en el río Cutzamala, confirma lo ya dicho, y a su paso por los municipios de Pungarabato y Cutzamala, el muestreo arrojó resultados preocupantes, al identificar en el agua con agentes patógenos para su consumo por encima de la norma.
Analizando la situación actual, podemos afirmar que la problemática de los ríos Balsas y Cutzamala es originada por las actividades domésticas de la población, el comercio y el sector industrial, deteriorando la calidad del agua, aire y el suelo, así como la calidad de vida de quienes habitan a sus márgenes y de quienes se bastecen de sus aguas.
El compromiso que tenemos con el medio ambiente, los ecosistemas, la flora y la fauna, y por supuesto, con las próximas generaciones es mayúsculo.
México, ha suscrito diferentes instrumentos internacionales que debemos cumplir, así como posibilitar el ejercicio del derecho al agua consagrado en la Ley Fundamental.
A los legisladores federales nos corresponde tomar conciencia de la situación grave que enfrenta dicha cuenca, buscar acuerdos y actuar en consecuencia, sabedores de que en caso de continuar con las tendencias de sobreexplotación y administración deficiente del agua, aunada a los bajos suministros de agua que la cuenca ha recibido en los últimos años, estaremos cada vez más cerca de llegar al desecamiento de la misma.
Se requiere de voluntad política, así como de la adopción de programas públicos encaminados a cuidar los recursos hídricos con un enfoque moderno y sustentable. De ahí, el presente punto de acuerdo que hoy sometemos a su consideración.
En razón de lo anterior, se presenta la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a tomar acciones urgentes con la finalidad de atender la grave problemática que representan los niveles de contaminación de la cuenca hidrológica río Cutzamala, y del río Balsas.
Dado en el Palacio Legislativo, el 25 de abril de 2017.
Diputada Silvia Rivera Carbajal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fepade y la PGR a investigar el presunto donativo ilegal a la candidata a alcaldesa de Los Choapas, Veracruz, Eva Cadena Sandoval para beneficiar al presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Los suscritos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, fracción II, numeral 2, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía, el presente punto de acuerdo con base en las siguientes:
Consideraciones
El día 24 de abril del presente el diario “El Universal” publicó como nota principal que la diputada local con licencia y candidata de Morena a la presidencia municipal de Las Choapas, Veracruz, Eva Cadena Sandoval, recibió medio millón de pesos en efectivo con la encomienda de entregárselos al aspirante presidencial de este este partido, Andrés Manuel López Obrador.
Se difundió, además, un video en el que se observa a ella recibiendo fajos de billetes, mientras se escucha la voz de una mujer que le subraya que se trata de dinero para López Obrador. Cadena Sandoval incluso pide “una bolsita” para guardar los billetes. En la grabación de tres minutos con 16 segundos, la mujer no identificada refiere que conocen a la diputada local y que es una persona de toda la confianza de Andrés Manuel López Obrador.
Asimismo, le explica que la entrega de los recursos en efectivo es porque simpatizan con el proyecto de López Obrador y se deben sumar porque creen en el compromiso del líder de Morena para cambiar las cosas.
La candidata de Morena a la lcaldía de Las Choapas, Eva Cadena Sandoval, se compromete a entregar personalmente el dinero a López Obrador dos días después, durante su visita a Las Choapas. “El Universal” agrega que al parecer los hechos se registraron el 6 de abril.
Para Acción Nacional resulta muy preocupante que este tipo de hechos se estén dando en plena campaña electoral en Veracruz, porque de ser cierto lo que se puede observar en este video, se estaría violando de manera flagrante la ley electoral y, en consecuencia, la configuración de un delito electoral que debe ser sancionado.
Adicionalmente, la captación de recursos no declarados ante las autoridades competentes impacta negativamente en la equidad de una contienda electoral y van en contra de la transparencia y la rendición de cuentas.
Por eso proponemos el presente Punto de Acuerdo para exhortar a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Fepade, y a la Procuraduría General de la República, para que investiguen a fondo este hecho y se deslinden las responsabilidades con estricto apego a la ley.
Por lo anteriormente expuesto se presenta la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, doctor Santiago Nieto Castillo, para que en el uso de sus facultades, atribuciones y competencias haga una investigación minuciosa sobre la presunta donación ilegal de dinero en efectivo a la candidata del Partido Morena a la presidencia municipal de Las Choapas en el estado de Veracruz, Eva Cadena Sandoval, para beneficiar al presidente nacional de su partido Andrés Manuel López Obrador.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular de la Procuraduría General de la República, doctor Raúl Cervantes Andrade, para que en el uso de sus facultades y atribuciones abra una carpeta de investigación por posible lavado de dinero derivado de la entrega de medio millón de pesos en efectivo a la candidata del partido Morena a la presidencia municipal de Las Choapas, Veracruz, Eva Cadena Sandoval, para beneficiar al presidente nacional de su partido Andrés Manuel López Obrador.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de abril de 2017.
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a respetar el proceso electoral en el estado de México, evitando que sus empleados y secretarios de Estado hagan campaña política en favor de algún candidato, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada Mariana Trejo Flores, de la LXIII Legislatura Federal e integrante de la Fracción Parlamentaria de Morena, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados que somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Antecedentes
Al arranque de las campañas en el estado de México y con los intereses electorales que la elección de esta entidad representa a nivel nacional, ha sido evidente la presencia de secretarios de Estado del gobierno federal en diferentes municipios mexiquenses.
La presencia de los secretarios de Estado en eventos públicos violenta la legalidad y transparencia del proceso electoral vigente en la entidad.
Registros de actos públicos con entrega de apoyos sociales, económicos y tarjetas bancarias, exhiben actos irresponsables por parte del gobierno federal en apoyo franco a un candidato en específico en la contienda electoral por el estado de México.
El pasado 7 de marzo del año en curso, la señora Angélica Rivera de Peña, presidenta del Consejo Ciudadano de DIF Nacional, a 4 días previos del inicio formal de las campañas, se concentró en el Auditorio Metropolitano de Tecámac, acompañada del gobernador Eruviel Ávila y del secretario de Salud federal, doctor José Narro, para hacer entrega formal de apoyos a mujeres y niños mexiquenses.1
Posterior a la intervención de la primera dama de la nación, se registró un traslado con los mismos fines al estado de Coahuila, otra entidad en proceso electoral vigente.
Un evento similar al anteriormente descrito se realizó en el municipio de Metepec, un día antes del evento de Tecámac, con la finalidad de brindar apoyos económicos a la niñez de la entidad, como se registra en notas periodísticas que circularon a nivel nacional en día posteriores.2
Partidos políticos han denunciado ante el Instituto Nacional Electoral la injerencia del gobierno federal en ataque claro al proceso democrático del estado de México de manera formal;
“Las representaciones de ambos partidos interpusieron sus respectivas quejas al INE, dado que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) no ha intervenido para frenar las entregas masivas. Además ya existe un acuerdo del mismo instituto que prohíbe estas prácticas durante las campañas electorales en las cuatro entidades donde habrá comicios el 4 de junio.
“Francisco Gárate, representante del PAN ante el INE, presentó una treintena de notas informativas que dan cuenta de esas visitas encabezadas por el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, y por decenas de secretarios de Estado a diversas localidades de la entidad.
“El panista además pidió que, tras acreditarse la utilización de programas, se dé vista a la Unidad de Fiscalización de este instituto a fin de que en ejercicio de sus atribuciones cuantifique los gastos realizados legalmente en favor del PRI, para que sean contabilizados dentro de sus gastos de campaña”. 3
Argumentó que el mismo Del Mazo reconoció esta indebida injerencia, en un debate transmitido en Televisa. Ahí dijo: “Yo me comprometo a que no venga ni un solo secretario de Estado ni el presidente del PRI, Enrique Ochoa, ni el presidente Enrique Peña Nieto, si mis compañeros se comprometen a que la campaña la hagan ellos y no tengan que utilizar recursos de alguien externo para hacerle su campaña”.
Desde su perspectiva, hay un caso de tráfico de influencias para promocionar en el estado de México actos masivos en los que se ha hecho entrega de beneficios y programas sociales.
En tanto, Horacio Duarte, representante de Morena, también solicitó al INE dictar medidas cautelares para que los funcionarios se abstengan de todo acto que atente contra la equidad en el presente proceso electoral.
Recordó que el Estado tiene la obligación de garantizar en todo tiempo la protección de estas garantías, así como su deber de prevenir violaciones a derechos político-electorales.
También exigió que Del Mazo Maza y el tricolor dejen de condicionar la entrega de programas sociales. 4
El Congreso del estado de México votó una iniciativa que permite que 67 programas del gobierno del estado, principalmente programas sociales, operen durante el periodo que comprende el proceso electoral, lo que ha detonado que los principios legales de equidad, paridad y democracia se vean empañados por las acciones de visitas a municipios y, en más de 50 ocasiones, el gobierno federal ha estado involucrado en eventos públicos en el estado de México.
Es por todo lo anterior descrito e invocado en el proemio, que exponemos ante el pleno de ésta soberanía el siguiente:
Punto de acuerdo
Único. La Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión exhorta al presidente de la republica, Enrique Peña Nieto, a girar las instrucciones pertinentes para respetar el proceso electoral en el estado de México y que imperen los principios de igualdad de participación de los candidatos en favor de la democracia. Evitando la participación directa de recursos económicos federales y de secretarios de Estado, así como empleados del gobierno federal, durante el proceso electoral.
Notas
1 http://www.animalpolitico.com/2017/03/edomex-angelica-rivera-apoyos/
2 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/edomex/2017/03/6/angel ica-rivera-visita-metepec
3http://www.jornada.unam.mx/2017/04/16/estados/021n3est.
4 (Ibídem) La Jornada.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 25 de abril de 2017
Diputada Mariana Trejo Flores (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Subsecretaría de Integración y Desarrollo a garantizar la correcta implantación de la NOM-001-SSA3-2012, sobre los derechos humanos de los residentes médicos, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 77 numerales I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 9 de marzo del presente año, el portal Aristegui Noticias publicó una investigación periodística intitulada Protestan médicos por muerte de residente en el Hospital 20 de Noviembre, donde se expone el caso de Gabriel Apolo Aco Miranda, médico residente que falleció el 26 de diciembre de 2016 de un paro cardíaco debido al estrés causado por el bloqueo de titulación de parte de la médica Rocío Arely Rojas Jaime, del área de anestesiología del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que forma parte del Programa Nacional de Residencias Médicas.
En el reportaje se da cuenta del ambiente de hostilidad, acoso y malos tratos por parte de la médica Rojas Jaime contra la plantilla doctoral.
Ejemplo de ello es lo que aconteció el 19 de mayo de 2016, cuando seis residentes de anestesiología enviaron un oficio a José Francisco González, jefe de servicios de enseñanza e investigación del ISSSTE, acusando a la médica Rojas Jaime de no tener el nivel necesario para aportar a su proceso de aprendizaje.
Aunado a lo anterior el 25 de noviembre de 2016, Aco Miranda envió un oficio a Miguel Ángel Serrano, jefe de Servicios de Enseñanza e Investigación, donde expone que la médica Rojas Jaime se negó a subir sus calificaciones en tiempo y forma a la plataforma de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), requisito para obtener el título de la especialidad.
Ante ello, el 8 de diciembre de 2016, 24 médicos del servicio de anestesiología firmaron una carta para señalar que Aco Miranda cumplió con la residencia médica. Una carta similar fue firmada por profesores de anestesiología.
Tras la muerte del joven residente Aco Miranda, colegas firmaron un escrito para respaldar su profesionalismo y exigir la remoción de la médica; sin embargo hasta la fecha, los médicos residentes que levantaron la voz para evidenciar el trato violento y discriminatorio fueron removidos sin que hasta la fecha les informen del porqué de su remoción.
El 12 de enero del año en curso, un grupo de profesores renunció al programa “por considerar que la doctora Rojas no es la persona idónea como titular, ya que fueron testigos de actos que van en contra del espíritu universitario de enseñanza, al mostrar actitudes de menosprecio, denigración y total discriminación contra Aco Miranda, motivos que a su juicio contribuyeron a causar su fallecimiento”.
Por último, en el expediente recabado por el portal Aristegui Noticias se encuentran dos oficios enviados al director general del ISSSTE: José Reyes Baeza, con fechas del 7 y 14 de febrero de 2017, donde se presentan las inconformidades sobre el desempeño de Arely Rojas y se pide un cambio de políticas en el trato a residentes.
El 17 de marzo, el portal de noticias dio seguimiento al reportaje citado y evidenció las prácticas que vulneran y hacen altamente susceptibles a cometer errores a las y los residentes médicos, entre ellas: laborar en promedio 70 horas a la semana, empero en especialidades quirúrgicas el promedio puede subir a 89 horas a la semana, que tiene como resultado afectación en la calidad de vida, estado de ánimo, depresión, despersonalización, alteraciones en el juicio médico entre otras.
La propensión a cometer errores se dispara al trabajar más de 50 horas, por ello en Dinamarca el límite máximo es de 37 horas. No obstante en las organizaciones altamente jerarquizadas copiadas de sistemas militares, y que es aplicada en los hospitales las órdenes se ejercen verticalmente y deben ser acatadas con sumisión y sometimiento.
La organización de los hospitales grandes facilita los actos de maltrato con pocas consecuencias para el perpetrador, debido a que los jefes de enseñanza y directores contemplan esos actos como irrelevantes, incluso no se detectan como violencia, ya que han permanecido desde hace tiempo.
El reportaje culmina con la respuesta que envía el presidente del Consejo Directivo del Centro Médico, por conducto del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, quien instruyó desde enero una investigación integral en torno a la situación del curso para residencia en el área de anestesiología en dicha institución médica.
Vastas han sido las críticas respecto a los servicios de salud, que van desde la falta de infraestructura, medicamentos, equipo, calidad, hasta las deficiencias en el diagnóstico que pone en peligro la vida del (a) paciente.
Sin embargo las y los profesionales de la medicina que laboran al interior de las instituciones de salud que tienen el objetivo de lograr un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, son objeto de prácticas discriminatorias enraizadas en dichas instituciones, aquellos/as que deben salvaguardar la vida de las y los usuarios de los servicios de salud, son sometidos a abusos que deterioran gravemente su calidad de vida.
Peor aún es que la situación de las que son objeto, se han perpetuado llegando a ser normalizadas, recordemos que la etiología de la violencia es multifactorial y que comprende cualquier acción u omisión que cause daño o sufrimiento físico, psicológico, sexual, o incluso la muerte. Partiendo de esta definición las manifestaciones de violencia son muy diversas y afectan a las y los seres humanos con ciertas particularidades dependiendo de a quien se dirige y en que espacios se presenta.
El 28 de abril de 2016, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo centró su informe en las tendencias mundiales sobre el estrés relacionado con el trabajo y su impacto. Este informe tiene como objetivo exponer las tendencias en lo que se refiere al estrés relacionado con el trabajo tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, con objeto de sensibilizar a la población sobre la magnitud del problema.1
Una nota publicada por el portal Universia menciona que:
“El estrés es un padecimiento que también afecta a los universitarios mexicanos, especialmente a aquéllos que estudian alguna carrera asociada a la medicina, (...).”2
La residencia médica que es una actividad de formación profesional que resulta de indudable utilidad para la capacitación y la formación de los profesionales de la salud, pero:
“La realidad actual muestra que en los profesionales de la salud se registran jornadas laborales que exceden con mucho las 48 horas semanales, (...).”3
Las actividades desempeñadas durante las residencias médicas son extenuantes, largas, y desgastantes, mismas que alteran las fases de trabajo, comida y sueño modificando el ritmo natural de muchas funciones corporales, asociado a un ambiente de estrés y tensión que muchas veces son producto del ambiente laboral propiciado por sus superiores.
El diario La Jornada señala que las amenazas, agresiones, humillaciones y acoso son la parte invisible de la formación de los profesionales de la salud ya que además de no ser tratados con respeto son sometidos a hacer guardias de “castigo”, en las cuales dejan de comer y dormir.
“Bajo la premisa de que de esta manera forjan su carácter, miles de médicos son sometidos a tratos denigrantes, desde los primeros años de la facultad hasta que se encuentran en la residencia, en una dinámica que pocos se atreven a cuestionar (...)”.4
Mientras que por otra parte una nota publicada por el mismo diario, titulada “Residentes del Inper, expuestos a hostigamiento de médicos” narra el acoso, amenazas, hostigamiento y carga excesiva de trabajo hacia una estudiante de medicina que iniciaba su residencia en ginecología y obstetricia, en la nota ella menciona que:
“Sabía que la residencia sería difícil y las jornadas extenuantes, y se aguantó todo: malos tratos, gritos e insultos de médicos adscritos y residentes de mayor jerarquía, (...).”5
El lamentable fallecimiento de Gabriel Apolo Aco Miranda, pone al descubierto la violencia institucionalizada contra las y los residentes médicos, y la corrupción enquistada en las instituciones médicas, en el entendido que ningún tipo y modalidad de violencia debe ser naturalizada, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con los siguientes:
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente, por conducto de la Secretaría de Salud, a la Subsecretaría de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, a garantizar la correcta implementación de la NOM-001-SSA3-2012, Educación en salud. Para la organización y funcionamiento de residencias médicas, velando en todo momento por los derechos humanos de las y los residentes médicos.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al director general del Centro Médico 20 de Noviembre, haga del conocimiento público la causa de remoción de dos residentes médicos del área de anestesiología, que evidenciaron el maltrato perpetrado por la doctora Rocío Arely Rojas.
Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al licenciado Jesús Reyes Baeza, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, haga del conocimiento público los avances en la investigación integral en torno a la situación del curso para residencia en el área de anestesiología en dicha institución médica, con apego al marco jurídico aplicable, los derechos humanos y al manejo de información y de datos personales.
Notas
1 “Estrés en el trabajo. Un Reto Colectivo”. Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 28 de Abril de 2016. Organización Internacional del Trabajo. (En línea) Disponible en:
http://www.un.org/es/events/safeworkday/
2 Universia, Estudiantes de medicina son quienes sufren más estrés en México, [en línea] 6 noviembre 2014 [Fecha de consulta 3 marzo 2017] Disponible en:
http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2014 /11/06/1114563/estudiantes-medicina-sufren-estres-mexico.html
3 Revista Medicina Interna de México , Jornadas laborales y sus repercusiones en médicos residentes en un hospital de segundo nivel, [en línea] 29 junio 2015 [Fecha de consulta 10 marzo 2017]
Disponible en:
http://www.medigraphic.com/pdfs/medintmex/mim-2015/mim15 6e.pdf
4 La Jornada , Amenazas y humillaciones, parte invisible del currículum médico, [en línea] 9 junio 2013 [Fecha de consulta 10 marzo 2017] Disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/2013/06/09/sociedad/036n1soc
5 La Jornada , Residentes del Inper, expuestos a hostigamiento de médicos, [en línea] 31 octubre 2011 [Fecha de consulta 10 marzo 2017] Disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/2011/10/31/sociedad/036n1soc
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2017.
Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para autorizar y coordinar que los internos en los centros de reinserción social de Chihuahua sujetos a proceso o condenados por delitos del fuero federal sean trasladados al Cefereso número 9, en Ciudad Juárez, a cargo del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI
César Alejandro Domínguez Domínguez, diputado federal a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 3, numeral 1, fracción IX; 6, numeral 1, fracciones I y IV; 77; 78; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como 58, fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
A lo largo de la historia, los sistemas penitenciarios han pasado por diferentes etapas y modelos, unos más benévolos que otros, pero en todos los casos con un objetivo común; hacer que la persona que fuera sentenciada, cumpliera dentro de una prisión, con una penitencia acorde a su pecado o delito. En ese sentido, las prisiones se convirtieron en construcciones emblemáticas del crimen y su castigo, del pecado y la penitencia. Se convirtió en muchos casos en la imagen de la autoridad del gobierno, pero también en la impunidad del criminal, pues mientras hubo abusos por parte de los primeros, para los segundos, muchas veces fue simplemente un cambio de residencia.
Actualmente, los sistemas penitenciarios buscan la reinserción en la sociedad de las personas que infringen la ley, reinserción que debe obtenerse no sólo compurgando la pena que la autoridad jurisdiccional le dicte, sino que en base al trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, aquellas persona que haya delinquido no vuelva a hacerlo.
Lo anterior, es “el deber ser” de un sistema penitenciario eficaz, donde el respeto a los derechos fundamentales no sólo se haga valer, sino que sea parte de la medida de reinserción social, que garantice que la persona sentenciada además de ser castigada por la ley, encuentre dentro de esa “penitencia”, un nuevo sentido para vivir, nuevas formas de salir adelante lícitamente; con herramientas que le permitan salir a la sociedad, y demostrarle que es una persona que tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier otra. Que si con su crimen causó un daño, de acuerdo con la ley, ya lo ha pagado cumpliendo con su pena.
Ese “deber ser” es lo que nos establece la Constitución en su artículo 18, y nos señala las formas de cómo hacerlo, facultando a la federación y las entidades federativas para celebrar convenios, a efecto de que las personas sentenciadas por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa.
Nos señala la propia Constitución en el párrafo octavo del citado artículo 18, que los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Pero exceptuando los casos de delincuencia organizada, así como de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad.
Ahora bien, es de reconocerse que el sistema penitenciario ha sido un tema prioritario en la agenda de seguridad del Estado mexicano, llegando a tener actualmente 19 centros administrados por el gobierno federal, de tan sólo 6 que eran hace menos de una década. Esto quiere decir, que por un lado ha habido un grave incremento delincuencial, pero también una actuación pronta y oportuna por parte del gobierno.
En ese sentido, el estado de Chihuahua solicitó por varios años, -precisamente en apego al mandato del artículo 18 constitucional-, la construcción de un Centro Federal de Reinserción Social, por lo que en mi carácter de presidente de la Comisión de Seguridad Pública del honorable Congreso del Estado de Chihuahua, presenté el 9 de diciembre de 2010, una iniciativa con carácter de acuerdo por medio de la cual se solicitaba respetuosamente al Poder Ejecutivo federal, que a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal, realizara las gestiones necesarias que permitieran proyectar la construcción y operación de un Centro Federal de Reinserción Social en el Estado de Chihuahua, o bien en otro estado del norte del país, con el objeto de disminuir riesgos por el traslado de sentenciados, así como despresurizar la capacidad de los Ceresos de los estados que se encuentren en la misma problemática que Chihuahua; iniciativa que fue dictaminada y aprobada por unanimidad de votos el 25 de enero de 2011, a la que recayó el Acuerdo legislativo No. 80 I D.P.
En apoyo y complemento de lo anterior, presenté una segunda iniciativa el 14 de abril de 2011, en la que se solicitaba girar un exhorto con carácter de urgente al Gobierno Federal, para que se solidarizara con el estado de Chihuahua, y definiera dentro de sus asuntos prioritarios la construcción de un Cefereso en el estado. La iniciativa en cuestión fue dictaminada el 17 de mayo de 2011, la que por unanimidad de votos se dio por satisfecha, en virtud de que se concretó la apertura del Centro Federal de Reinserción Social número 9 “Norte” en Ciudad Juárez, Chihuahua; por lo que el acuerdo legislativo número 151 II O.P. que recayó sobre tal propuesta concluyó con un merecido reconocimiento a las gestiones y voluntades del gobierno de Chihuahua y el Ejecutivo federal, toda vez que la puesta en marcha de tal centro federal, contribuiría en mucho en que los Ceresos del estado de Chihuahua pudieran ser certificados e imperara en ellos la paz y el orden.
Han pasado ya 6 años de estas acciones, el país pasó por una transición de momentos difíciles, a aquellos en los que encontró estabilidad y orden social; sin embargo, las políticas orientadas a la seguridad deben ir siempre enfocadas a la vanguardia, acorde a las circunstancias actuales, e ir previendo la manera en que se actuará en el futuro; por lo que se debe trabajar en un plan que garantice cada vez las mejores las condiciones en nuestro sistema penitenciario.
Por esta razón, quiero plantear a esta honorable representación, la necesidad de solicitarle al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, autorice que internos sujetos a proceso o condenados por delitos del fuero federal, pero recluidos en los Centros de Reinserción Social del estado de Chihuahua, sean trasladados al Cefereso número 9 “Norte”, ubicado en Ciudad Juárez Chihuahua.
Cabe señalar que de acuerdo a información actualizada a febrero de 2017 en el sitio www.gob.mx el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social,1 reporta que el Cefereso número 9 cuenta con una sobrepoblación absoluta de -349 internos, lo que se traduce en una sobrepoblación relativa de -30.4 por ciento; datos confirmados por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua; mientras que los Centros de Reinserción Social del Estado de Chihuahua, particularmente el 1 y 3, se encuentran con una sobrepoblación respectivamente del 30 y 40 por ciento de su ocupación,2 es decir, resulta factible, y además necesario trasladar a los internos del fuero federal recluidos en centros del Estado, al referido Cefereso de Ciudad Juárez.
Por otro lado, esta propuesta concuerda con una resolución del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aprobada el 5 de marzo de 2015, en la que emite una serie de “pronunciamientos”, tendentes a fortalecer y garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en los términos que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las normas internacionales sobre la materia, impulsando la aplicación de estándares, acuerdos, normatividad y jurisprudencia, tanto nacional como internacional, que permitan incorporar criterios sustentados sobre los derechos humanos.3
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos cita en su pronunciamiento referido, que las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos “Reglas Mandela”, explican que, sin reducir el alcance de las normas existentes, deberán cumplirse en virtud de la necesidad de su fortalecimiento, por lo que en relación a la clasificación vinculada al tratamiento refieren que:
“Regla 93.-
1. Los fines de la clasificación serán:
a) Separar a los reclusos que, por su pasado delictivo o su mala disposición, pudieran ejercer una influencia nociva sobre sus compañeros de prisión .
b) Dividir a los reclusos en categorías, a fin de facilitar el tratamiento encaminado a su reeducación.
2. En la medida de lo posible, se dispondrá de establecimientos penitenciarios separados, o de pabellones separados dentro de un mismo establecimiento, para las distintas categorías de reclusos.”4
Resulta claro, que además de los motivos de seguridad que se tienen para solicitar el traslado de los internos del fuero federal al Cefereso número 9, como lo es la necesidad de prevenir motines dentro de los Centros de Reinserción Social del estado de Chihuahua, en virtud del porcentaje de sobrepoblación actual, como ya ha pasado recientemente en otras entidades federativas, pero particularmente los ocurridos en el penal del Topo Chico; también debe hacerse en concordancia a los tratados internacionales en materia de derechos humanos para las personas privadas de su libertad por la comisión de delitos, como lo son las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos “Reglas Mandela”, pues el cumplimiento de ellas contribuye a la reinserción social de los internos, tal y como lo señala la Regla 93 citada.
Finalmente, la propuesta se encuentra fundada y motivada en la presente exposición de motivos, por la que proponemos le sea solicitado al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, para que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, fracción III, de su reglamento, autorice el traslado de los internos del fuero federal, recluidos en centros del Estado de Chihuahua al Cefereso número 9, así como a la Coordinación General de Centros Federales, para que en apego al artículo 12, fracción V, del citado Reglamento, coordine el traslado de los internos en cuestión.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de la manera más atenta y respetuosa al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, para efecto de que sume sus esfuerzos con la Coordinación de Centros Federales, con el objeto de autorizar y coordinar que los internos recluidos en los Centros de Reinserción Social del Estado de Chihuahua, sujetos a proceso o condenados por delitos del fuero federal, sean trasladados al Cefereso número 9, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Segundo. Remítase copia del presente acuerdo al licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación del Poder Ejecutivo federal, para que, en su caso, gire las instrucciones necesarias a efecto de darle el debido cumplimiento.
Tercero. Remítase copia del presente acuerdo al licenciado José Alberto Rodríguez Calderón, comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, así como al licenciado Emanuel Castillo Ruiz, coordinador general de Centros Federales para de manera conjunta actúen en lo conducente.
Económico. Aprobado que sea túrnese a la Secretaría para efecto de elaborar el Acuerdo de Exhorto correspondiente.
Notas
1 https://datos.gob.mx/busca/dataset/organo-administrativo-desconcentrado -prevencion-y-readaptacion-social/resource/7f185f01-3c88-4b87-89ce-eab4 251aacba Consultado el 16/04/2017.
2 Datos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.
3 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Clasificación Penitenciaria. Pronunciamiento. Página 4.
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales /Pronunciamiento_20160207.pdf
Consultado el 16/04/2017
4 Ibídem, página 12.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2017.
Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por la SE y el Instituto Nacional del Emprendedor una efectiva campaña de promoción e información respecto a la creación expedita de micro, pequeñas y medianas empresas a través de las sociedades por acciones simplificadas, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada federal María Eloísa Talavera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional representado en esta LXIII Legislatura correspondiente a la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a través del secretario de Economía y del presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, para que dentro del ámbito y en el ejercicio de sus atribuciones, procedan a llevar a cabo una efectiva campaña de promoción e información respecto de la creación ágil y expedita de nuevas micro, pequeñas y medianas empresas, a través de las sociedades por acciones simplificadas, la cual se justifica al tenor y bajo las siguientes:
Consideraciones
1. El 14 de marzo de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas y adiciones a la Ley General de Sociedades Mercantiles mediante el cual se creó la figura jurídica de las Sociedades por Acciones Simplificadas, cuya finalidad consistió principalmente en fomentar la creación ágil y expedita de nuevas empresas, beneficiando así la constitución de nuevas micro y pequeñas empresas.
2. Conforme a lo anterior, la Cámara de Diputados al aprobar el dictamen correspondiente a la regulación de la nueva figura jurídica de las Sociedades por Acciones Simplificadas en la Ley General de Sociedades Mercantiles estableció, entre otras consideraciones en dicho dictamen, lo siguiente:
a) Que es necesario incorporar una figura jurídica que facilite y agilice la constitución de sociedades;
b) Que el registro de empresas es la clave para permitir que las empresas de todos los tamaños y formas jurídicas, adquieran visibilidad en el mercado y operen en la formalidad, y
c) Que la creación de las Sociedades por Acciones Simplificadas incorporará un mecanismo de operación sencilla que se adapte a las necesidades de las micro y pequeñas empresas facilitando así el ingreso a la formalidad.
3. A fin de robustecer la regulación de dichas Sociedades por Acciones Simplificadas y fomentar la creación ágil de nuevas empresas, el Secretario de Economía, Idelfonso Guajardo Villarreal, el día 14 de septiembre de 2016 publicó en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Carácter General para el funcionamiento y operación del Sistema Electrónico de Sociedades por Acciones Simplificadas entre cuyos considerandos estableció lo siguiente:
a) Que de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2016, y la Estrategia 4.7.2 Implementar una mejora regulatoria integral, se estableció como línea de acción fortalecer la convergencia de la Federación con los otros órdenes de gobierno, para impulsar una agenda común de mejora regulatoria que incluya políticas de revisión normativa, de simplificación y homologación nacional de trámites, así como medidas para facilitar la creación y escalamiento de empresas, fomentando el uso de herramientas electrónicas;
b) Que los procedimientos de constitución de sociedades complejos, la reglamentación excesiva, las restricciones en el ámbito jurídico, financiero y cultural provocan un ambiente propicio para la informalidad.
c) Que las formas societarias simplificadas han permitido a las micro y pequeñas empresas aumentar su capacidad, al operar mediante esquemas fáciles y flexibles de administración y a través de una forma económica y asequible para separar los bienes personales de los que correspondan a sus negocios.
d) Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 C Bis de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a efecto de facilitar las gestiones de los interesados frente a las autoridades y evitar duplicidad de información en trámites y crear sinergias entre las diversas bases de datos, las dependencias y organismos descentralizados que estén vinculados en la realización de procedimientos administrativos relacionados con la apertura y operación de empresas, estarán obligados a coordinarse con la Secretaría de Economía, para el cumplimiento de dichos fines;
e) Que la Secretaría de Economía tendrá la facultad de organizar, unificar e implementar el sistema informático que preverá expedientes electrónicos empresariales, y
f) Que de conformidad con lo establecido en los artículos 262 fracción II y 263 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Secretaría de Economía debe establecer el sistema electrónico para las Sociedades por Acciones Simplificadas, así como la normatividad aplicable para su funcionamiento y operación.
4. El Reglamento Interior de la Secretaría de Economía establece en su artículo 57 Bis, que el Instituto Nacional del Emprendedor es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, que tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad empresarial.
5. Por otro lado, el mismo artículo 57 Bis supra indicado, dispone que el Instituto Nacional del Emprendedor cuenta, entre otras, con las atribuciones siguientes:
a) Proponer, desarrollar y ejecutar los programas, estrategias y acciones que se aprueben para el apoyo, atención, creación, consolidación y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, los emprendedores y las franquicias;
b) Apoyar la creación de micro, pequeñas y medianas empresas innovadoras;
c) Promover y ejecutar las acciones necesarias que aseguren la cohesión, coherencia e integralidad de todos los esfuerzos que en materia de apoyo a emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas se desarrollan en el país para alcanzar la más alta calidad, eficiencia y eficacia de las políticas públicas en la materia;
d) Promover y generar acciones y mecanismos para incidir en los cambios que sean necesarios para consolidar un ambiente favorable para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas y de los emprendedores, en especial en la materia regulatoria, de promoción, de capacidades y de financiamiento, y
e) Brindar asesoría, capacitación y consultoría, en materia de formación emprendedora, incubación, aceleración, internacionalización, innovación, financiamiento e implementación y mejora de procesos de administración, gestión, producción y comercialización a las micro, pequeñas y medianas empresas y a los emprendedores para la generación de planes de negocio, planes de mejora, programas de calidad, planes de mercadotecnia y de acceso a mercados nacionales e internacionales, así como su implementación y desarrollo;
6. En este sentido y una vez que existe el marco jurídico propicio para fomentar e impulsar la creación ágil y expedita de nuevas sociedades al amparo de la figura de las Sociedades por Acciones Simplificadas, se estima no sólo prudente, sino necesario, que el Secretario de Economía y el Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor promuevan, con base en el marco jurídico existente, la realización de actos tendientes a la creación de nuevas empresas, entre las que se encuentran las micro, pequeñas y medianas empresas, lo cual beneficiará, sin duda, al fortalecimiento del mercado nacional y la generación de nuevas empresas.
Ahora bien, en términos de las manifestaciones anteriormente establecidas, tengo a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a través del secretario de Economía y del presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, para que dentro del ámbito y en el ejercicio de sus atribuciones, procedan a llevar a cabo una efectiva campaña de promoción e información respecto de la creación ágil y expedita de nuevas micro, pequeñas y medianas empresas, a través de las sociedades por acciones simplificadas.
Palacio legislativo de San Lázaro, a 25 de abril del 2017.
María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener, la Comisión Reguladora de Energía y la CFE a reclasificar las tarifas eléctricas aplicables en las zonas cálidas de Guerrero, a cargo del diputado Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe Roberto Guzmán Jacobo, diputado federal a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, a partir de las siguientes
Consideraciones
El servicio básico de energía eléctrica es un servicio de carácter público que ya en nuestros días tiene un carácter de irrenunciable.
Esto es así porque las condiciones actuales de modos de vida de la población en general dependen del fluido eléctrico para alcanzar un mínimo de bienestar.
Los trastornos derivados de la ausencia de este servicio son socialmente muy agresivos y es por esto que cualquier núcleo de población reclama este servicio como un insumo indispensable.
Nuestra historia del servicio eléctrico es muy particular, ya que a lo largo del siglo XX hubo luchas sociales muy significativas que finalmente marcaron el modo como se implantó la industria eléctrica en nuestro país.
En la década de los años treinta del siglo pasado hubo importantes movimientos populares que reclamaban en contra de las altas tarifas de electricidad de parte de los monopolios extranjeros que dominaban el servicio en aquellos años: la Mexican Light and Power Co, y la American and Foreing Power Ca, y muchas empresas pequeñas y medianas.
Además el servicio eléctrico en 1937 sólo llegaba al 38 por ciento de la población. La respuesta del Estado mexicano a estos reclamos fue en agosto de ese año la creación de la Comisión Federal de Electricidad, que tenía como propósito según el artículo 5o. de su decreto de creación:
La Comisión Federal de Electricidad tendrá por objeto organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales.
A la fecha de la nacionalización de nuestra industria eléctrica en 1960 el avance en el otorgamiento del servicio público de electricidad sólo llegaba a 44 por ciento de la población, o sea sólo 6 por ciento más respecto a 23 años antes en 1937, lo que refleja el desinterés de las empresas extranjeras por llevar el servicio a todos los rincones del territorio nacional.
Hoy somos uno de los países de América Latina con mayor índice de electrificación ya que rebasamos 98 por ciento de la población con acceso al servicio. Esto refleja la decisión histórica del Estado mexicano por darle un alto estatus social a este vital servicio.
Sin embargo, en Guerrero particularmente vivimos una situación social caracterizada por un grave rezago económico y social, donde los niveles de pobreza y de pobreza extrema son de los más altos del país, como lo vemos en los siguientes cuadros del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, donde sólo Chiapas tiene indicadores de pobreza más graves que los de mi estado.
Esto incide en la capacidad de pago de servicios para el bienestar de las familias.
Seguramente por estas razones, donde los indicadores de pobreza V de pobreza extrema en general en el país siguen siendo demasiado altos, es por lo cual el ejecutivo ha decidido mantener un subsidio a las tarifas eléctricas del llamado servicio básico, excepto del llamado de alto consumo, quienes por razones obvias son familias con capacidad de pagar una tarifa apegada a los costos de la energía.
Uno de los puntos críticos derivados de la reforma energética se refiere al comportamiento de las tarifas eléctricas.
Se prometió que las tarifas bajarían gracias a la introducción de la competencia y de un mercado eléctrico. Posteriormente, sin fundamento, se le atribuyó una baja de tarifas a la reforma energética y no a la baja de los precios de los combustibles, como la misma CFE lo reconoció. Incluso se decidió bajar unos puntos las tarifas del servicio básico cuando todos sabemos que son las que reciben subsidio, por lo que bajarlas significó simplemente aumentarles el subsidio. Y si se hacen números la CFE no está en condiciones de absorber ese subsidio. Veamos.
En el presupuesto de 2016 se consideraron 30 mil millones de pesos para subsidiar a 36 millones de consumidores domésticos, los cuales resultaron notoriamente insuficientes, va que, de acuerdo al reporte del estado financiero de CFE la insuficiencia tarifaria en contra de las finanzas de la CFE para fines del segundo semestre del año pasado, va era de 34 mil millones. Para 2017 el presupuesto prevé un subsidio de 43 mil millones que obviamente no cubrirá las necesidades por este concepto, lo que gravitará en contra de la salud financiera de la CFE.
Esto es así porque pensamos también que los nuevos objetivos que la Ley de la CFE le exige a esta empresa productiva del estado, son contradictorios con las realidades que hemos venido describiendo en los párrafos anteriores:
Artículo 4. La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano como su propietario.
Se le impusieron a la CFE los mismos objetivos de rentabilidad que a la industria petrolera, ignorando la complicada historia de nuestra industria eléctrica y su naturaleza de profundo contenido social. Incluso las últimas medidas del ejecutivo en torno a mantener sin cambio las tarifas eléctricas del servicio básico (con excepción de la tarifa DAC) reflejan que no ignoran el impacto social de este tema en la vida cotidiana de estas más de 36 millones de familias mexicanas.
Esto se torna más acentuado cuando observamos los consumos de electricidad en climas cálidos, lo que ha llevado a que en el estado se aplique la tarifa 1-B, que prevé cobros menores que la tarifa 1, sin embargo esto ha resultado insuficiente y ha provocado la existencia de un movimiento social que ya reclama la aplicación de la tarifa 1-F, que representa un diferencial a favor del consumidor de 20%, de 13.2% y en el mejor de los casos de hasta un 53%, y que señala como requisito una temperatura media mínima de 33 grados centígrados.
A continuación damos algunos datos climáticos de Acapulco, Gro., obtenidos del Servicio Meteorológico Nacional, en su normal climática:
Estado de: Guerrero
Periodo: 1951-2010 Latitud: 16°57’00” N. MSNM.
Estación: 00012172 Acapulco KM. 21 Longitud: 099°41’00” W. Altura: 207.0
Temperatura promedio máxima anual 34.4 grados
Temperatura Promedio máxima marzo-agosto: 34.8 grados
Como se podrá observar en Guerrero, como en otras zonas cálidas del país, se vive una realidad muy apremiante para poder satisfacer una necesidad básica como lo es el servicio de electricidad.
Es por ello que en congruencia con las facultades de la Secretaría de Energía, en normas tales como:
Ley de la Industria Eléctrica
Capitulo II
De las Autoridades
Artículo 11. La secretaría está facultada para:
...
XIX. Establecer obligaciones de cobertura para el Suministro Eléctrico en las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas e instrumentar los mecanismos para dirigir recursos económicos a este fin;
Igualmente la Comisión Reguladora de energía tiene entre sus atribuciones el cálculo de los costos que se integran en las diferentes tarifas (artículo 139 y 140 de la Ley de la Industria Eléctrica) y a su vez el Ejecutivo federal tiene las atribuciones para establecer los subsidios:
Artículo 139. La CRE aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas, las tarifas máximas de los suministradores de último recurso y las tarifas finales del suministro básico. La CRE publicará las memorias de cálculo usadas para determinar dichas tarifas y precios.
El Ejecutivo federal podrá determinar, mediante acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales a que se refiere el párrafo anterior para determinados grupos de Usuarios del Suministro Básico, en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiere determinado la CRE.
Es por todas estas razones, que podrían profundizarse más, que proponemos a esta soberanía el que este congreso se solidarice con un mayoritario sector de la población del estado de Guerrero para que pueda satisfacer de mejor manera su necesidad de contar con el servicio básico de electricidad.
Artículo 12. La CRE está facultada para:
III. Establecer las condiciones generales para la prestación del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como las condiciones generales para la prestación del suministro eléctrico, y resolver sobre su modificación;
Punto de Acuerdo
1. Se propone a la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad para que revisen y adecuen las tarifas del servicio básico de electricidad en el estado de Guerrero, particularmente en sus zonas cálidas a una tarifa más accesible al bajo ingreso de la población.
2. Se solicita a estas mismas instancias elaboren un estudio del comportamiento de tarifas, temperaturas, saturación de humedad y dificultades de cobro de energía en las zonas cálidas y cálido-húmedas de nuestro país, con la finalidad de que esta Cámara emita opiniones y recomendaciones.
San Lázaro, a 25 de abril de 2017.
Diputado Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a hacer públicos los informes trimestrales de las finanzas públicas del cuarto trimestre de 2016, y los estados analíticos de ingresos y egresos a esa fecha; y dar a conocer en tiempo y forma el del primer trimestre de 2017, a cargo de la diputada Angie Denisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, Angie Denisse Hauffen Torres, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Hoy en el estado de México ni se transparenta la información ni se hace pública, mucho menos se rinde cuentas ni se combate la corrupción.
Según el portal del Inegi, “información de México para Niños”,1 se señala que el estado de México lo habitan 16,187,608 hombre y mujeres, más mujeres que hombres.
Dentro de sus 22,351 kilómetros cuadrados,2 se ubican los municipios más acaudalados de México, pero también los que concentran la pobreza.
En otras palabras, es el estado más poblado de la República Mexicana y en su superficie habita el 13.5 por ciento1 de todos los mexicanos donde la desigualdad es un factor social que lamentamos diariamente los que ahí vivimos.
Desde el 2011,3 a la entrada del gobierno estatal, de Eruviel Ávila, se hablaba de que la mayoría de los habitantes del estado de México que viven en situación de pobreza no habitan en casas con pisos de tierra, ni terminaban sus estudios de primaria e incluso de secundaria, y sus fuentes de empleo no eran suficientes para permitirles adquirir una canasta básica de bienes.
A media gestión, para ser precisos en el 2014,4 la revista Expansión reveló que Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua, Puebla, Durango, Michoacán y Estado de México eran considerados los siete estados mexicanos más rezagados en desarrollo democrático, según un estudio realizado por la Fundación Konrad Adenauer, la consultora Polilat y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Los factores que ponían en esa des-honrosa categoría al estado de México eran la inseguridad, la ineficiencia de sus instituciones y sus gobernantes, y las restricciones a las libertades civiles.
Al pasar de los años, al Gobierno del estado de México no le interesa transparentar, se le ha olvidado que es el presupuesto un esqueleto del estado, libre de cualquier ideología engañosa.
En otras palabras, a pesar que en el presupuesto se reflejan las acciones y proyectos que el gobierno tiene interés real en apoyar, al gobierno de Eruviel Ávila eso no le interesa.
¿Por qué? Es fácil de explicar.
Los presupuestos de egresos en el estado de México, se autorizan teniendo como referencia cifras no definitivas al segundo trimestre del año anterior. No existe manera de poder hacer un análisis crítico sobre la evolución y necesidades. Por tanto, el riesgo que no se ha atendido es que son cifras a modo que sólo conocen los que tienen el poder.
¿Cuál es su impacto?
La ciudadanía no cuenta con elementos que le permitan evaluar la evolución en rubros tan importantes como salud, educación, desarrollo económico, empleo, infraestructura por citar algunos rubros.
El no asumir su responsabilidad de rendición de cuentas ni transparentar nos refleja su falta de compromiso ante la ciudanía y no asumir su responsabilidad de Gobierno Abierto.
Al 17 de abril de 2017, en el portal de Transparencia Fiscal del estado de México, http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/infornes-finanzas,5 no es posible conocer el ejercicio presupuestal, los avances y logros, los pendientes y las acciones que se incumplieron. Los Mexiquenses no sabemos en qué y cómo se gastó el recurso público al 31 de diciembre de 2016 y mucho menos conocer las cifras correspondientes al primer trimestre de 2017.
Con esas acciones omisas de transparencia, el gobierno de Eruviel Ávila:
• No reconoce que los mexiquenses exigimos apertura total del gobierno estatal.
• Al no transparentar los resultados presupuestales, ha limitado nuestros derechos a saber, se desconoce si son atendidas nuestras prioridades a nivel estatal y aquellas de carácter local.
• Al no promover la transparencia, nos manda una señal clara de evitar ser frontal en la lucha contra la corrupción, se le olvida el empoderar a nosotros los ciudadanos y deja de largo la idea de ser referente a nivel nacional de eficacia y responsabilidad.
• La ausencia de transparencia nos limita a conocer si se han mejorado los servicios públicos, entender integralmente nuestras necesidades, considerar la aplicación de mayores recursos públicos en acciones preventivas y correctivas.
• Se le ha olvidado el fomentar la convivencia segura.
• Olvidó los principios de transparencia y gobierno abierto; estos nunca se aplicaron.
En resumen, lejos estamos los mexiquenses de la prosperidad y bienestar prometido, por el contrario, el clamor ciudadano de aumentar la participación ciudadana en la realización, el seguimiento y la evaluación de las actividades gubernamentales se han dejado en el cajón.
A modo de conclusión, considero conveniente a exhortar al Gobierno de México a que transparente su gestión gubernamental y haga público el informe trimestral de las Finanzas Públicas del cuarto trimestre del 2016 y los respectivos Estados Analíticos de Ingresos y Egresos a esa misma fecha, y en tiempo y forma de a conocer los correspondientes informes al primer trimestre de 2017.
Es tiempo y no existe impedimento que el estado de México incumpla con la transparencia y rendición de cuentas, fomente la participación ciudadana en un estado que se dice moderno y democrático.
Lo que expreso hoy, es el clamor de muchos mexiquenses que sólo pedimos ejercer nuestro derecho a la información.
En virtud de lo aquí expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la proposición siguiente con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de México haga públicos el informe trimestral de las Finanzas Públicas del cuarto trimestre del 2016, los Estados Analíticos de Ingresos y Egresos a esa misma fecha, y en tiempo y forma, de a conocer los correspondientes informes al primer trimestre de 2017, a fin de conocer el desempeño de ese gobierno estatal y garantizar, primordialmente, el derecho a la información que demandan los mexiquenses.
Notas
1 “Información de México para Niños” del Inegi, disponible en http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/poblacion/, consultado el 17 de abril de 2017.
2 Superficie del estado de México, disponible en https://www.saberespractico.com/estudios/geografia-estudios/superficie- de-los-estados-de-mexico/, consultado el 17 de abril de 2017.
3 Estado De México: Una De Las Entidades Más Desiguales Del País – Expansión.com, disponible en http://expansion.mx/nacional/2011/04/12/estado-de-mexico-una-de-las-ent idades-mas-desiguales-del-pais, consultado el 17 de abril de 2017.
4 Los 7 Estados Con Peor Desarrollo Democrático En México, Según Informe – Expansión.com, disponible en
http://expansion.mx/nacional/2014/06/06/los-7-estados-co n-peor-desarrollo-democratico-en-mexico-segun-un-informe, consultado el 17 de abril de 2017.
5. Transparencia Fiscal del estado de México, disponible en http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/infornes-finanzas, consultado el 17 de abril de 2017.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2017.
Diputada Angie Denisse Hauffen Torres (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a las instancias estatales y municipales a replicar el acuerdo que fija los lineamientos que deberán observar las dependencias y los organismos descentralizados de la administración pública federal en cuanto a la emisión de los actos administrativos de carácter general a que resulta aplicable el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Jorge Enrique Dávila Flores, diputado federal de la LXIII Legislatura, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a todas las instancias de los gobiernos estatales y municipales; a replicar, en los ámbitos de su competencia, el acuerdo que fija los lineamientos que deberán ser observados por las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, en cuanto a la emisión de los actos administrativos de carácter general a los que les resulta aplicable el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
I. Antecedentes
El 9 de enero de 2017 fue suscrito el Acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar, firmado por gobierno de la República y los sectores productivos; con el fin de impulsar los proyectos de inversión programados para 2017 y 2018 y fomentar nuevas inversiones en nuestra economía manteniendo la creación de empleos, el crecimiento económico y la competitividad.
Este acuerdo contribuirá a la estabilidad económica y social del país, la inversión, el empleo, el ingreso y el bienestar de las familias mexicanas, impulsando con toda determinación los proyectos que modernicen al país; salvaguarden el patrimonio de sus familias y faciliten su desarrollo; con base en 4 ejes rectores que habrán de ser la hoja de ruta que permita mantener y ampliar la fortaleza del mercado interno del país:
1. Cuidar la economía de las familias mexicanas.
2. Impulsar los proyectos de inversión programados para 2017 y 2018.
3. Fomentar nuevas inversiones.
4. Mantener la creación de empleos.
Para lograr estos objetivos, el gobierno federal considera indispensable el reducir el universo regulatorio existente, se refiere a la liberalización de las fuerzas competitivas y la “no” obstaculización a la entrada y salida del mercado, como sinónimo de la libertad de competencia, con la desregulación se eliminarán las trabas que impiden o dificultan la competencia.
En ese sentido, el 8 de marzo de 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que fija los lineamientos que deberán ser observados por las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, en cuanto a la emisión de los actos administrativos de carácter general a los que les resulta aplicable el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que tiene por objeto fijar los lineamientos que deberán ser observados por las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, para la emisión de los actos administrativos de carácter general que impliquen costos de cumplimiento para los particulares a los que les resulta aplicable el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
II. Planteamiento del problema
La coyuntura actual exige de los distintos niveles de gobierno, políticas públicas encaminadas a fortalecer el mercado interno en momentos de necesidad inmediata de crecimiento económico, como los que actualmente se viven en nuestro país.
Para que la industria nacional pueda competir con otros países y lograr un mayor crecimiento requerimos de una mejora en el marco regulatorio y ofrecer mejores condiciones en la prestación de servicios, así como precios más competitivos.
Es necesario reducir trámites innecesarios, porque ciertamente el marco regulatorio para las empresas que ya están en el país y para las que quieren ingresar resulta “burocrático”, sobre todo para aquellas organizaciones que por su naturaleza tienen que mantener estrictos controles y para poder establecerse requieren gestionar permisos hasta en cuatro dependencias del gobierno; es por ello que los inversionistas buscan mejores opciones y una de las más viables es trasladar su capital a otros países que ofrezcan costos más bajos y menos burocráticos.
Además del marco regulatorio y una baja en los costos de insumos, se debe cambiar los procesos, es decir, “deben ser más esbeltos”, con una reducción en los tiempos y una optimización del uso de los recursos, tanto materiales como económicos; la excesiva reglamentación obstaculiza la competitividad de la industria nacional.
Por ello, el esquema de facilitación es un compromiso gubernamental para seguir impulsando el orgullo de lo que se produce en el país por manos mexicanas.
Respaldamos que el gobierno federal esté resuelto a “no ser una carga más” para las empresas, a fin de que puedan emprender y competir, y avanzar en el proceso de eliminación de diversos requisitos y regulaciones. Debemos reducir estas desigualdades en el acceso a los trámites y servicios que ofrecen los gobiernos y que solamente imponen asimetrías injustificadas en el desarrollo social y económico.
III. Consideraciones
Como ya se expresó, el 9 de enero de 2017 fue suscrito el Acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar, con el fin de impulsar los proyectos de inversión programados para 2017 y 2018, así como para fomentar nuevas inversiones en nuestra economía manteniendo la creación de empleos, el crecimiento económico y la competitividad; para ello, los sectores empresarial, sindical y del campo se comprometieron a privilegiar la productividad como medio para impulsar el crecimiento, el desarrollo, la competitividad y la mejora de los ingresos de los trabajadores del país. De la misma forma, se prevé la implementación de las reformas estructurales que eleven la competencia y la inversión en sectores clave de la economía;
Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en la meta nacional “México Próspero”, en su objetivo “Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo”, incorpora como estrategia 4.7.2. la de implementar una mejora regulatoria integral y como una de sus líneas de acción la de fortalecer la convergencia de la federación con los otros órdenes de gobierno, para impulsar una agenda común de mejora regulatoria que incluya políticas de revisión normativa, de simplificación y homologación nacional de trámites, así como medidas para facilitar la creación y escalamiento de empresas, fomentando el uso de herramientas electrónicas.
En el Enfoque transversal (México Próspero) del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la Estrategia I. “Democratizar la Productividad”, establece como una de sus líneas de acción promover permanentemente la mejora regulatoria que reduzca los costos de operación de las empresas, aumente la competencia y amplíe el acceso a insumos a precios competitivos.
El costo económico total de los trámites y servicios federales al inicio de la presente administración representaba un monto equivalente a 4.25 por ciento del producto interno bruto (PIB), y con los esfuerzos de simplificación impulsados por el gobierno de la República al día de hoy el costo económico total de los trámites y servicios federales equivale a 2.78 por ciento del PIB, lo que implica que dichos costos se han reducido en un monto equivalente a 1.47 por ciento del PIB.
De conformidad con las buenas prácticas internacionales en materia de mejora regulatoria, las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, al momento de expedir nuevos actos administrativos de carácter general, deberán indicar expresamente, las dos obligaciones regulatorias o los dos actos que se abrogarán o derogarán y que se refieran a la misma materia o sector económico regulado; para ello la Comisión Federal de Mejora Regulatoria vigilará que efectivamente exista una reducción en el costo de cumplimiento de la regulación para los particulares y establecerá alternativas que reduzcan el mismo, lo cual generará importantes beneficios que se traducirán en bienestar social y mayor competitividad para las empresas en nuestro país.
De lo que se trata es de incentivar la competitividad de los productos nacionales. “La promoción de los productos de manufactura mexicana es resultado de la suma de esfuerzos entre las organizaciones empresariales y el gobierno de la República”, que evocan a incentivar la competitividad de nuestros productos, apreciándolos en su justa dimensión y consumirse por sus propios compatriotas.
Hoy los mexicanos competimos de tú a tú con los mejores y en los terrenos más exigentes del mundo, lo Hecho en México, es signo de calidad y confianza para los consumidores dentro y fuera de nuestro país.
Con base en estas consideraciones expuestas, en mi calidad de diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, es que presento esta proposición con
Punto de Acuerdo
Por el cual se exhorta a todas las instancias de los gobiernos estatales y municipales; a replicar, en los ámbitos de su competencia, el acuerdo que fija los lineamientos que deberán ser observados por las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, en cuanto a la emisión de los actos administrativos de carácter general a los que les resulta aplicable el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Salón de sesiones honorable Congreso de la Unión, a 25 de abril 2017.
Diputado Jorge Enrique Dávila Flores (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar por la SHCP, en materia de créditos inmobiliarios, reducir la tasa de interés y hacer asequibles los destinados a la compra de casa habitación, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada federal María Eloísa Talavera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
La vivienda es un sector clave para la construcción de un patrimonio de las familias mexicanas. Hoy en día la posibilidad de adquirir un crédito para la obtención de una vivienda de interés social es más costosa, y esto se debe a que el crédito se ha elevado por el aumento de la tasa de interés producto de los choques externos y por el aumento de la inflación.
Actualmente la institución que tiene un papel importante para determinar el costo del crédito es Sociedad Hipotecaria Federal, debido a que como banca de desarrollo tiene como propósito impulsar el desarrollo del crédito a la vivienda mediante el otorgamiento de garantías destinadas a la construcción, adquisición y mejora de vivienda sobre todo la designada de interés social, así como al incremento de la capacidad productiva y el desarrollo tecnológico relacionada con la vivienda.
La Sociedad Hipotecaria Federal fortalece al Infonavit, al Fovissste y otras instituciones e intermediarios financieros. Así mismo, atiende de manera directa a diferentes poblaciones hasta ahora poco favorecidas, entre las que se encuentran las burocracias estatales y municipales, y la población abierta, a través de adquisiciones, microcréditos y otros productos.
El escenario que presenta el crédito es adverso para quienes buscan adquirir un bien inmueble, ya que el costo de éste es alto y esto es resultado de los desequilibrios financieros externos y sus efectos se ven reflejados en el aumento de la tasa de interés.
Hoy el costo de la tasa de interés de acuerdo a la Condusef varía entre 10 y 12 por ciento, situación que no favorece a las familias que viven del salario mínimo que es de 80.04 pesos.
El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Sociedad Hipotecaria Federal deben trabajar para apoyar a la vivienda a través del establecimiento de esquemas financieros que apoyen el desarrollo de mejores créditos que estimulen el desarrollo inmobiliario en México.
No debemos perder de vista que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se establece dentro de las prioridades que se debe “Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el fomento de la adquisición de vivienda nueva”.
Así como también, “Ampliar el acceso al crédito y a otros servicios financieros, a través de la Banca de Desarrollo” y “Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor número de personas y empresas en México, en particular para los segmentos de la población actualmente excluidos.”
Por lo tanto, la Sociedad Hipotecaria Federal en concordancia con el mandato establecido en la Reforma Financiera, debe contribuir al cumplimiento de los objetivos contenidos en la nueva política de vivienda, para que de manera simultánea, se articulen las acciones encaminadas a garantizar el acceso al crédito y a los servicios financieros con el fin de impulsar el desarrollo económico del país.
Nos queda claro que el papel que tiene la Sociedad Hipotecaria Federal es fundamental para fomentar el crédito a la vivienda, siendo el caso de programas de garantías de crédito a la construcción, el cofinanciamiento, el fortalecimiento de la red de intermediarios especializados, entre otras que permiten potenciar el financiamiento a la vivienda, sin embargo es preciso que establezcan esquemas de tasas bajas para favorecer el sector inmobiliario y a las familias de bajos ingresos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en materia de créditos inmobiliarios, se considere reducir la tasa interés y hacer accesible el crédito a casa habitación, en el contexto de inestabilidad económica y se promueva una mayor inversión en el ramo inmobiliario.
Palacio legislativo de San Lázaro, a 25 de abril del 2017.
Diputada María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales a generar estímulos para volver óptimos la productividad y el desarrollo económico de la industria manufacturera y maquiladora del país, a cargo del diputado Felipe Cervera Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Felipe Cervera Hernández, presidente de la Comisión Especial de la industria manufacturera y maquiladora en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XIX; 6, fracción I; 62 y 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El esfuerzo conjunto del Estado y de la iniciativa privada logran desarrollo económico y con ello el bienestar de la sociedad; el Estado tiene la obligación de proveer escenarios que permitan a los actores privados generar valores agregados a sus procesos y servicios para convertirse en actores activos de la economía, lo cual tendrá como consecuencia inmediata que las empresas generen esfuerzos para obtener mejores ventajas competitivas sustentables que marquen una pauta respecto a sus competidores.
El Estado mexicano, reconociendo el valor que tiene para la sociedad mexicana y su desarrollo económico la industria maquiladora y manufacturera de exportación, ha permitido por medio de su colaboración con la industria, que ésta se convierta en un pilar para la atracción de negocios, desarrollo de talento, fomento a la competencia económica y la ha colocado en un lugar privilegiado en lo relativo a la competencia internacional.
Además de las ventajas económicas que la industria de exportación ofrece a nuestro país, sus beneficios se ven reflejados en el sector social, ya que, es una de las fuentes generadoras de empleo más importantes a nivel nacional con un promedio de salario de cotización ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que está por encima de otros sectores; esto debido a la estrecha relación del sector con industrias de alto contenido tecnológico y de valor agregado que requiere personal más capacitado y, por lo tanto, mejor remunerado.
En el sector manufacturero, las actividades que han mostrado un mayor crecimiento son la fabricación de autopartes y la confección, aunque la industria eléctrica-electrónica se ha mantenido como la mayor concentradora de plantas y empleados, además de la manufactura vinculada a los sectores aeronáutico y médico, en los cuales nuestro país está teniendo una participación importante a nivel global.
Muestra del impulso que la Industria Manufacturera y Maquiladora representa para las economías estatales se ve ejemplificada en el surgimiento de la misma en México; originalmente el Programa para la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) formó parte de una estrategia temporal del gobierno mexicano, para abatir el desempleo en la zona fronteriza con los Estados Unidos de América (EUA); sin embargo, al paso del tiempo se convirtió en una pieza fundamental del desarrollo industrial, adquiriendo una importancia enorme tanto para la economía mexicana como para las empresas estadounidenses ya que les permitió reducir drásticamente sus costos laborales, al instalarse en una región geográfica cercana ofreciendo salarios competitivos. Independientemente de que actualmente hay empresas que pertenecen a la industria en todos los estados de la República Mexicana, demuestra la importancia de este sector para la economía nacional y la estabilidad social.
Así, el “modelo maquilador”, diseñado hace 50 años como un recurso de emergencia, se fue transformando hasta convertirse en la base del desarrollo industrial en la región norte de México y en el frente más dinámico de las exportaciones del país contribuyendo con 66.4 por ciento del valor de las exportaciones totales de nuestro país, según datos proporcionados por el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, AC (Index); base de desarrollo y comercio exterior que, cabe señalar, ya no es prioritario de la zona norte de la República Mexicana, pues hay empresas operando al amparo del programa IMMEX en el centro, sur y sureste del país.
Hoy en día, la economía de nuestro país se enfrenta a diversos factores, tanto nacionales como internacionales. Estados Unidos de América (EUA), uno de los principales socios comerciales del país se encuentra en un escenario de incertidumbre económica; ante ello, es importante generar acciones en el ámbito del Poder Legislativo que permitan, por una parte, conservar los empleos existentes y, por otra, atraer nuevas inversiones que beneficien a las familias mexicanas y a la economía nacional.
La IMMEX enfrenta, un entorno de incertidumbre internacional y comercial, por lo que deben redefinirse estrategias para el desarrollo económico, para la atracción y consolidación de inversiones, para la preservación de nuestra planta productiva y de comercio exterior, así como para reforzar la infraestructura.
Con base en lo expuesto, resulta relevante que el Poder Legislativo federal tome acciones orientadas al impulso y protección de la industria maquiladora y manufacturera de exportación, a fin de fortalecer el desarrollo económico, especialmente el desarrollo regional, y la estabilidad económica.
A través de las presentes consideraciones se ha visto la importancia del IMMEX en el plano económico y social de nuestro país, la cual a pesar de su desarrollo requiere el apoyo del Poder Ejecutivo, Legislativo y estatal para continuar evolucionando como industria a través de mejores regulaciones que incentiven la economía, el empleo y por lo tanto el desarrollo social. En tal virtud, resulta relevante que el Estado siga trabajando con la iniciativa privada a fin de lograr mejores resultados que contribuyan al desarrollo de México.
Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales, para que consideren, analicen y pongan en marcha estímulos que permitan la permanencia de la industria manufacturera y maquiladora del país, a efecto de fortalecer la productividad y desarrollo de las entidades.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2017.
Diputado Felipe Cervera Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la creación del consejo fiscal, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada federal María Eloísa Talavera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Como parte de la agenda legislativa para el presente periodo de sesiones y con el propósito de dar cumplimiento a ésta, el pasado 28 de marzo de 2017 a través de la diputada Minerva Hernández Ramos, nuestro grupo parlamentario presentó el proyecto de iniciativa por el que se propone reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con el objetivo de crear el Órgano Técnico de las Finanzas Públicas del Poder Legislativo Federal que haga las funciones de un Consejo Fiscal.
El propósito de nuestro Grupo Parlamentario es atender las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) hechas en el documento “Consejos Fiscales: fundamentos y eficacia” que revisa la política fiscal de 22 economías del mundo.
Dicha publicación se dio en el mes de abril de 2016, pero la recomendación llega a México a finales de octubre del mismo año en el marco de la reunión de éste organismo internacional con el Banco Mundial (BC).
La reacción del gobierno federal a través de la SHCP no fue precisamente la esperada pues la dependencia descartó la creación del Consejo bajo el argumento, poco sólido por cierto, de que nuestro país ya cuenta con diversas instituciones que estudian la política fiscal.
En suma, descartaron siquiera analizar la posibilidad de crear un consejo que verdaderamente sea independiente y autónomo de las decisiones de política fiscal que toma el Gobierno en turno.
En el contexto, dos argumentos que podemos esgrimir para demostrarles a los funcionarios de la SHCP y al Gobierno del Presidente Peña Nieto del error en el que incurre, son los siguientes.
En primer lugar, la experiencia internacional avala la necesidad de que todos los países creen y cuenten con un Consejo Fiscal. De acuerdo con la FMI, en América Latina existen países como Perú, Colombia, Chile y Argentina que ya cuentan con el Consejo. En Europa, Alemania, Inglaterra, Francia e Italia han avanzado en este sentido.
Aunque en su informe el FMI argumenta que existen 39 países que cuentan ya con ésta figura, entre ellos México, la realidad es que no tenemos un organismo que haga las veces de un Consejo Fiscal autónomo y genuino que direccione nuestra política fiscal a partir de realizar recomendaciones objetivas y aisladas de los intereses particulares del Gobierno Federal.
El segundo argumento está estrechamente relacionado con el párrafo anterior, ya que a pesar de los avances en la consolidación de nuestras finanzas públicas y de la creación de organismos que analizan a ésta, lo cierto es que México aún sufre cuando se presentan crisis internacionales como la de 2009 por citar un ejemplo producto de una mala planeación fiscal y de recomendaciones acertadas y acorde a la realidad que impera en el país.
Por lo tanto, no estamos de acuerdo con la posición del Gobierno Federal ya que los indicadores macroeconómicos así lo demuestran. Por citar un ejemplo, a partir de 2013 la deuda de nuestro país ha crecido de forma desproporcionada producto de la falta de responsabilidad en la toma de decisiones de quienes nos gobiernan.
Como proporción del PIB, en 2012 el monto total de la deuda era de 36.4 por ciento (5.9 billones), al cierre de 2016 ésta alcanza el 48.4 por ciento lo que en términos nominales significa un monto de 9.8 billones de pesos.1 Es decir, la deuda representa dos veces el presupuesto anual del país.
Lo que realmente preocupa de los datos señalados anteriormente, es que las estimaciones predicen que al cierre del presente periodo de gobierno la deuda rebase el 50 por ciento como proporción del PIB. Dicho de otra manera, que la deuda rebase los 10 billones de pesos.
Resulta importante mencionar que este incremento, se vincula a factores como el costo financiero de la deuda por el alto grado de volatilidad del tipo de cambio desde 2014 y el control irresponsable del déficit público por el excesivo gasto y la falta de recursos (ingresos) para cubrir el mismo.
Si bien se han hecho esfuerzos por registrar un déficit cero en los últimos años hace recortes al gasto público, la realidad es que su reducción es insuficiente por: 1) No se ha recortado el gasto en aquellos programas que han demostrado que no cumplen con los objetivos para los que han sido creado; 2) La reducción del déficit público no es constante y 3) Porque la reducción del déficit no se maneja bajo principios y criterios de política fiscal de largo plazo que permitan reducir la deuda y tener finanzas públicas sanas.
En suma y retomando los argumentos vertidos en la iniciativa que de principio señalamos en las consideraciones del presente punto de acuerdo, los argumentos de la SHCP no se sostienen porque:
• El sistema de pesos y contrapesos en el tema presupuestario es un modelo agotado;
• El descontrol del déficit público del Gobierno Federal en un contexto de bajo crecimiento económico con una capacidad de pago limitada por el desplome del ingreso petrolero y de crecientes tasas de interés internas y externas es una muestra de la mala toma de decisiones que impera en los asuntos fiscales y;
• Se privilegia la operación del gobierno, incluso en actividades no prioritarias en lugar del gasto en inversión física y capital humano. Un mecanismo de balance de poder como el Consejo Fiscal ayudaría a orientar las decisiones de gasto y endeudamiento desde una perspectiva de mayor responsabilidad presupuestaria.
Por esta razón, a través del presente Punto de Acuerdo nuestro Grupo Parlamentario insta a las diferentes Comisiones de la Cámara de Diputados a las que fue turnada nuestra iniciativa, para crear un Consejo Fiscal autónomo para acelerar el proceso de análisis y aprobación del mismo y enmarcar el análisis de nuestra política fiscal en el marco de experiencias exitosas de muchas economías del mundo que les ha permitido manejar de forma eficiente, sus finanzas y en consecuencia, su gasto público.
Además, el exhorto busca sensibilizar al Gobierno Federal para que reconsidere la posición oficial respecto a la creación urgente de un Consejo Fiscal con atribuciones bien definidas e independientes que no atienda a la posición del partido en el poder, sino a la responsabilidad que obliga la situación económica de nuestro país.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para dar celeridad al análisis y en su caso, aprobación de la iniciativa que crea el Órgano Técnico de las Finanzas Públicas del Poder Legislativo Federal (Consejo Fiscal) presentado el pasado 28 de marzo de 2017 por la diputada Federal Minerva Hernández Ramos y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al gobierno federal a través de la SHCP para que atiendan a la recomendación realizada por el Fondo Monetario Internacional el pasado mes de octubre del año 2016 para crear un Consejo Fiscal que permita conseguir las metas de reducción del déficit público, la deuda pública y fortalecer el marco institucional para consolidar el crecimiento económico del país.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 25 de abril del 2017.
Diputada María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a redimensionar la zona de monumentos históricos de Mérida, Yucatán, a cargo del diputado Felipe Cervera Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado federal en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, Felipe Cervera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XIX; 6, fracción I; 62 y 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Mérida, capital de Yucatán y cabecera municipal, es rica en presencias históricas que permanecen a través del tiempo, tiene un pasado memorable manifestado en las edificaciones, que como documentos producto de la sociedad, nos permiten conocer nuestro pasado histórico.
Mucho del patrimonio cultural y edificado se localiza en lo que hoy se conoce como el Centro Histórico de Mérida, el cual cuenta, con un “decreto por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos en la Ciudad de Mérida, Yucatán”, declarada así por Ejecutivo federal el 18 de octubre de 1982, en plena transición de gobierno de José López Portillo y el presidente entrante Miguel de la Madrid Hurtado.
Los alcances de dicho decreto comprende 659 manzanas, que abarcan un total de 3,906 edificios con valor histórico construidos entre los siglos XVI al XIX; de los cuales, 21 fueron destinados en alguna época al culto religioso, 47 inmuebles han sido destinados a fines educativos y servicios asistenciales, así como para el uso de autoridades civiles y militares; los 3 mil 838 edificios restantes son inmuebles civiles de uso particular, es decir, son ocupados como casa habitación y muchos de ellos se encuentran fuera de los límites del centro histórico.
La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establece criterios, para que un sitio o zona sea considerado como tal, en sus artículos:
Artículo 35. Son monumentos históricos los bienes vinculados con la historia de la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la Ley.
Artículo 36. Por determinación de esta ley son monumentos históricos:
I. Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos; arzobispados, obispados y casas curales; seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso; así como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato públicos y al uso de las autoridades civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter privado realizadas de los siglos XVI a XIX inclusive.
II. a IV. ...
Artículo 41. Zona de Monumentos Históricos es el área que comprende varios monumentos históricos relacionados con un suceso nacional o la que se encuentre vinculada a hechos pretéritos de relevancia para el país.
Cabe mencionar, que no existe disposición que especifique con claridad los requisitos o criterios de elegibilidad, que justifiquen las razones utilizadas, por las autoridades respectivas para determinar qué inmueble o zona es considerado como histórico, por lo que esta decisión se deja a criterio exclusivo del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
La gran extensión que abarca esta zona de monumentos históricos del Municipio de Mérida, afecta a miles de predios que no tienen las características necesarias para ser sujetos a este tipo de disposiciones, derivado de que el uso de suelo que predomina en los inmuebles de dicha zona, es de uso habitacional.
El “decreto por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos a la Ciudad de Mérida, Yucatán” señala en el artículo 5o.: Las construcciones que se hagan en la zona de monumentos históricos de la ciudad de Mérida, Yucatán, se sujetarán a las condiciones establecidas en las disposiciones legales aplicables, y en todo caso cualquier obra de construcción, restauración o conservación en la zona de monumentos históricos, deberá realizarse previa solicitud del participante el Instituto de Antropología e historia.
Esto acarrea obligaciones excesivas para los propietarios de muchos inmuebles, ya que al ser contemplados dentro del espacio que comprende la Zona de Monumentos Históricos y no contar con los recursos y condiciones que les aplica el Instituto Nacional de Antropología e Historia terminan destinándolos al abandono.
Aunado a esto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia no cuenta con ordenamiento que especifique al interesado, ya sea persona física o moral, autoridad estatal o municipal, los procedimientos o acciones que puede o no realizar y/o llevar a cabo en determinada obra, construcción y evento dentro de las zonas de monumentos históricos de Mérida; así como tampoco, se han establecido los tiempos que tendrá el INAH para dar respuesta a las solicitudes que se le presenten, respuesta, que debe darse por escrito argumentando los motivos lógico-jurídicos de la decisión final.
Es increíble la subjetividad con la que se manejan estos importantes y delicados asuntos, en el que la regla general, es dejar la decisión de autorizar o no la propuesta que se le presenta al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a criterio del “Consejo de Monumentos Históricos”, sin tener bases o criterio legal alguno que sustente los constantes rechazos de los que han sido parte muchos interesados.
Lo anterior, ha traído como consecuencia que una gran cantidad de propietarios de predios en dicha zona de monumentos históricos los abandoné, al no querer o no poder satisfacer los gustos y exigencias de los responsables de otorgar las autorizaciones necesarias para ejecutar las obras, construcciones, eventos y acciones culturales, turísticas o artísticas. Se calcula que existen cerca de 10 mil predios abandonados en esta importante zona de Mérida; asimismo existe una gran cantidad de proyectos y acciones nuevas de desarrollo que se truncan, ante la sistemática negativa del Consejo de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, al rechazar los proyectos que no son de su agrado; muchas veces rechazados de hecho pero no de derecho.
Con el objetivo de erradicar prácticas burocráticas, es necesario realizar un trabajo exhaustivo para determinar con claridad y exactitud en un marco regulatorio los requisitos específicos, así como los criterios que tomaran en cuenta las autoridades respectivas para rechazar o aprobar determinada acción o proyecto; ya que actualmente no existe legislación que establezca las bases y procedimientos para realizar y/o llevar a cabo obras, construcciones, eventos y acciones culturales, turísticas o artísticas en las Zonas de Monumentos Históricos de Yucatán, ni tampoco alguna que especifique cuales están o no permitidas; logrando con esto, que los interesados tengan certeza legal de que las autoridades basan sus decisiones finales en fundamentos lógicos, técnicos y jurídicos, y no simplemente en criterios o consideraciones de ocurrencias de unos pocos.
Por otra parte, considero que el Instituto Nacional de Antropología e Historia debe permitir la partición del Consejo Consultivo Municipal de Turismo de Mérida, en la toma de cualquier decisión que se tome y que esté relacionada con los temas de turismo, incluyendo la revisión de viabilidad de los proyectos que se presenten con la finalidad de realizar y/o llevar a cabo obras, construcciones, eventos y acciones culturales, turísticas o artísticas en las Zonas de Monumentos Históricos de Yucatán; ya que el Consejo Consultivo Municipal de Turismo de Mérida, es un órgano auxiliar de carácter técnico y consultivo en la materia, cuyo objeto es proponer, coordinar y formular estrategias y acciones de la administración pública municipal, contando con participación ciudadana, a fin de lograr un desarrollo integral de la actividad turística en el municipio de Mérida, Yucatán.
Por lo anteriormente expuesto, propongo los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero: Se exhorta a la titular de la Secretaría de Cultura, dependiente del gobierno federal, para que por medio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, lleve a cabo las acciones necesarias a fin de redimensionar la “Zona de Monumentos Históricos de Mérida, Yucatán”.
Segundo: Se exhorta a la titular de la Secretaría de Cultura dependiente del gobierno federal, para que por medio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, establezca las bases y procedimientos, claros y precisos para realizar y/o llevar a cabo obras, construcciones, eventos y acciones culturales, turísticas o artísticas en las Zonas de Monumentos Históricos y Zonas Arqueológicas de Mérida, Yucatán; así como, establezca los tiempos y formas en los que dará respuesta a las solicitudes que le sean presentadas.
Tercero: Se exhorta a la titular de la Secretaría de Cultura, dependiente del gobierno federal, para que por medio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, permita la participación del Consejo Consultivo Municipal de Turismo de Mérida, en la toma de cualquier decisión que se tome y que esté relacionada con los temas de turismo, incluyendo la revisión de viabilidad, aceptación o rechazo de los proyectos que se presenten con la finalidad de realizar y/o llevar a cabo obras, construcciones, eventos y acciones culturales, turísticas o artísticas en las Zonas de Monumentos Históricos de Yucatán
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2017.
Diputado Felipe Cervera Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar por la SCT y el IFT a la opinión pública sobre la instauración y el financiamiento de la red compartida, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada federal María Eloísa Talavera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
La red compartida representa un importante proyecto de infraestructura que pretende garantizar la instalación de una red de telecomunicaciones de carácter mayorista que habilite la prestación de servicios. Dicha red tiene como fin aumentar la cobertura de los servicios de telecomunicaciones, promover precios competitivos y elevar la calidad de los servicios estándares internacionales.
Dentro de sus características de la red se encuentra optimizar el uso del espectro asignado (banda 700 MHz), reducir costos e incrementar la cobertura en regiones que carecen de servicios de telecomunicaciones así como no inhibir las inversiones de operadores, ni generar ventajas o desventajas para alguno de los jugadores.
El proyecto de la red compartida presenta varias ventajas como:
• Permitirá la oferta de servicios de banda ancha en zonas que actualmente no tienen servicios o en las que sólo existe una opción.
• Los operadores actuales y futuros contarán con mayor cobertura y capacidad para poder ofrecer más y mejores servicios a la población.
• Con la puesta en operación permitirá que los precios de los servicios móviles sigan disminuyendo.
• Promoverá la productividad y la competitividad de la economía del país.
• Habilitará la creación y el acceso a tecnologías y aplicaciones que la población podrá aprovechar para generar proyectos emprendedores, nuevas técnicas productivas y nuevas formas de comercio.
El proyecto es encabezado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno de la República, en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Su desarrollo contempla que una compañía o un consorcio privado participe en el diseño, financiamiento, despliegue, operación y comercialización de sus servicios. De acuerdo con la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión la red compartida podrá contar hasta con 100% de inversión extranjera directa. Además se constituirá bajo la figura de una Asociación Público Privada y dicho contrato tendrá una duración de 20 años.
La red compartida venderá todas sus capacidades y servicios, de manera desagregada y no discriminatoria, solamente a operadores con infraestructura y a operadores virtuales (concesionarios y comercializadoras). No competirá con sus clientes, ya que no venderá servicios directamente a usuarios finales.
El proyecto fue licitado y en un escenario controversial al asignar el fallo de la dependencia a un grupo y la descalificación de un segundo grupo concursante bajo el argumento de que no se entregó a tiempo la información, el proyecto se encuentra en litigio ante tribunales y del cual la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no se ha pronunciado cuál es su estatus que muestra hasta este momento.
Es importante señalar que este importante proyecto por la magnitud y la responsabilidad que representa para el sector y para los mexicanos, es necesario que se informe en todo momento por la dependencia, a fin de no generar un escenario de falta de credibilidad y de transparencia por irregularidades en el proceso administrativo en la determinación del fallo que genere incertidumbre al sector, ya que la red compartida es determinante para el futuro de las telecomunicaciones en México.
Es preciso que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes explique a detalle a la opinión pública el proceso y el estatus legal que tiene hasta este momento el proyecto de la red compartida, y no sólo subir archivos a una página electrónica para validar y justificar el proceso.
El proyecto se fue a litigio porque una de las empresas se sintió agraviada ante la falta de certidumbre jurídica en el proceso administrativo el cual no fue trasparente en la determinación del fallo.
Es una realidad que entre más se demore la puesta en marcha el proyecto, tanto el sector como los usuarios de los servicios de telecomunicaciones están pagando servicios más caros y con baja calidad.
Con lo anteriormente mencionado, es preciso que la Secretaría informe el estatus legal que presenta el proyecto, y si el hecho de que se fue a litigio genera incertidumbre jurídica a un sector que ha mantenido un importante crecimiento económico.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que informen a la opinión pública sobre la instrumentación y financiamiento de la red compartida.
Palacio legislativo de San Lázaro, a 25 de abril del 2017.
Diputada María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a modificar la denominación del concepto de cobro “permiso de uso de dispositivos electrónicos de videograbación no profesional en museos, monumentos y zonas arqueológicas” por “permiso de uso de videocámara profesional”, a cargo del diputado Felipe Cervera Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado federal en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, Felipe Cervera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El turismo cultural es una fuente importante para el desarrollo económico de México, por lo que es fundamental conservar y preservar el patrimonio tangible e intangible con el que cuenta el país, para que siga siendo la primera opción de muchas personas.
De acuerdo con información del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el periodo comprendido entre enero-diciembre de 2015, las cifras sobre el volumen de visitantes a museos, monumentos históricos y zonas arqueológicas del país fueron de:
Total de llegada de visitantes a zonas arqueológicas: 13 millones 642 mil 976 (+7.7 por ciento)
• Nacionales: 9 millones 683 mil 244 (+9.2 por ciento)
• Extranjeros: 3 millones 959 mil 732 (+4.3 por ciento)
Total de llegada de visitantes a los Museos: 9 millones 594 mil 570 (+7.5 por ciento)
• Nacionales: 8 millones 959 mil 832 (+7.6 por ciento)
• Extranjeros: 634 mil 738 (+5.9 por ciento) 1
Cabe señalar que el turismo produce ganancias de distinta índole: económicas y culturales. Las zonas que se consideran turísticas tienen que desarrollar sus actividades en base a una planeación adecuada, de acuerdo a varios factores: tipo de turista que puede acudir, tipo de turismo que se puede hacer ahí, y otros elementos que los especialistas en la materia consideran como necesarios, todo ello para que el turismo tenga un adecuado desarrollo y se generen empleos e inversión.
La trascendencia del turismo en museos, monumentos históricos y zonas arqueológicas es incomparable, al ser los sitios que más visitan los turistas tanto nacionales como extranjeros; sin embargo, a pesar de la importancia que los visitantes representan para estos sitios culturales, el día 3 de marzo de 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizo la aplicación del cobro por el uso de celulares, tabletas, las llamadas GoPro o de cualquier otro dispositivo para hacer videograbación no profesional, al interior de las zonas turísticas culturales del país, generando con esto controversia y molestia entre los turistas, sobre todo nacionales; la dependencia explico, que lo que hizo fue actualizar “la denominación a permiso de uso de dispositivos electrónicos de videograbación no profesional (...)” a fin de ajustar este cobro a las nuevas tecnologías que los visitantes tienen a su alcance.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nos informó que mediante el oficio número 349-B-081 que fue enviado a la licenciada María Elena Betancourt Chichitz, tesorera general del Instituto Nacional de Antropología e Historia el jueves 3 de marzo de 2016, autorizó al INAH el cobro a 6 productos diferentes, bajo la naturaleza jurídica de “productos por concepto de prestación de servicios”; entre estos, se encuentra la modificación que se le hizo al término “permiso de uso de videocámara”, ahora llamado “permiso de uso de dispositivos electrónicos de videograbación no profesional en museos, monumentos y zonas arqueológicas”, este cobro es de 38.80 pesos y actualmente aplica a todos los turistas nacionales y extranjeros que hacen uso de sus celulares, tabletas o cualquier otro dispositivo para hacer videograbaciones, dentro de los lugares turísticos del territorio nacional, tales como museos, monumentos y zonas arqueológicas.
Considero injusto este cobro, ya que ingresar un teléfono celular o dispositivo móvil es algo muy común en estos días. Por otro lado el costo en promedio del boleto de acceso es de 60 pesos, lo que se suma a la nueva tarifa de 38.80 pesos, que se resiente en la economía del turista nacional que viaja con gastos limitados. Por lo que esta medida no sólo molesta a los turistas, sino que podría causar gran disminución en el turismo nacional a los museos, monumentos y zonas arqueológicas.
No es la mejor decisión aplicar este cobro, ya que en la actualidad el dispositivo tecnológico, es la mejor herramienta de publicidad gratuita que se puede tener; por otra parte las videograbaciones que llegan a tomar los visitantes son utilizadas sólo como un recuerdo o bien para subirlas a sus redes sociales y no con el fin de lucrar con estos videos.
Por lo expuesto, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que modifique la denominación del cobro “permiso de uso de dispositivos electrónicos de videograbación no profesional en museos, monumentos y zonas arqueológicas”, al de “permiso de uso de videocámara profesional”, con la finalidad de no desanimar al turismo nacional a seguir visitando los museos, monumentos históricos y zonas arqueológicas derivado del costo extra que genera la nueva denominación del cobro.
Nota
1 http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/ActividadesCulturales.aspx
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 25 de abril de 2017.
Diputado Felipe Cervera Hernández (rúbrica)
Efemérides
Con motivo del 19 de abril, Día Mundial de la Bicicleta, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El 19 de abril se festeja en todo el mundo el Día Mundial de la Bicicleta, con la finalidad de fomentar el uso de este ecológico medio de transporte, que nos beneficia en la salud, nos beneficia en la economía, en la movilidad, en nuestro sistema cardiaco, pero sobre todo que beneficia a la ecología, porque no contamina y contribuye a la sustentabilidad el medio ambiente.
La historia de la bicicleta
La bicicleta viene de Europa, se dice que el inventor de este medio de transporte fue el británico John Kemp Starley en el año de 1885, pero para llegar al modelo de bicicleta que conocemos en nuestros días tuvo que pasar por varios facetas, empezando por la de él alemán Karl Drais, en 1817 que fabricó un modelo de bicicleta de madera la cual no tenía pedales, para el año de 1839 el escoses Kirkpatrick Macmillan, tuvo la grandiosa idea de adaptarle pedales, estos dos tipos de bicicletas dieron origen al tipo de bicicleta que conocemos hoy, y fue el británico John Kemp Starley, quien evolucionó este transporte en 1885, Starley es considerado el padre de la bicicleta moderna.1
Durante el siglo XX todas las ciudades del mundo sólo se preocuparon por tener infraestructura para los automóviles, gran parte de la inversión de los gobiernos era para satisfacer las necesidades viales de los automovilistas, sin tomar en cuenta que había otro tipo de transporte que requerían también de infraestructura como en el caso de la bicicleta.
El Día Mundial de la Bicicleta es una fecha para que tanto los gobiernos de todo el mundo y la sociedad en general, comiencen a recapacitar sobre los beneficios que tiene el hacer uso de este medio de transporte ecológico pero sobre todo tan económico.
Un punto donde tenemos que poner mucha atención es en los derechos de los ciclistas, porque desafortunadamente, alrededor del mundo no se respetan estos derechos que a lo largo de muchas décadas se han ido ganado las personas que les gusta viajar en bicicleta, porque la bicicleta ya está presente en la vida cotidiana de millones de personas, por eso es indispensable que las autoridades de todo el mundo pongan manos a la obra para que esos derechos ya sean tangibles, y respetados por las personas que conducen un automóvil.
En las grandes ciudades donde el tráfico es exorbitante, se han adaptado varios programas para que la población ocupe la bicicleta en desplazarse a sus diferentes actividades. Dos de estas grandes metrópolis que tienen por ley que ocupar este vehículo para moverse son, China y la India, desafortunadamente en nuestro país el porcentaje de personas que ocupan este medio para movilizarse es muy reducido, a pesar de que hay diferentes programas que incentivan el uso de la bicicleta, no se ha logrado convencer a la población para que sea con este medio de transporte con el cual se puedan desplazar a sus diferentes actividades, y esto es debido a que no contamos ni con la educación ni con las leyes suficientes para proteger y respetar a los ciclistas.
La bicicleta en la salud y en la economía
Son varias las ventajas y beneficios a nuestra salud el uso de la bicicleta, ya que es uno de las actividades más completas que existen, en listo algunas de las ventajas y beneficios: Previene dolores de espalda, reduce hasta un 50 por ciento las probabilidades de sufrir un infarto, así como la protección de las articulaciones y el sistema inmunológico.
También nos ayuda a bajar de peso ya que pedalear 30 minutos al día hace que se quemen alrededor de 300 calorías.
Una más de las ventajas que tiene el trasladarse en bicicleta es, la estabilidad biológica del cuerpo, porque hace que se reduzcan los niveles de la hormona de cortisol, esta hormona es la culpable de que no podamos en poco tiempo concebir el sueño profundo, por eso pedalear es muy saludable ya que esta actividad nos hace que el tiempo qué nos tardamos en conciliar el sueño sea muy corto.
La bicicleta también trae beneficios en nuestra economía, al reducir casi en un 100 por ciento los costos que nos provoca el uso del automóvil, ya que no necesita de combustible y los costos de reparación son infinitamente menores a los del automóvil.2
Por eso hoy, en la conmemoración del Día Mundial de la Bicicleta, conmino a todos a utilizarla con frecuencia, para que sientas esa sensación de libertad y bienestar incomparable que sólo da el pedalear una bicicleta.
Notas
1 Ecología Verde, ¿Cuándo se inventó la bicicleta?, David Sanz, 1 de julio de 2013.
http://www .ecologiaverde.com/cuando-se-invento-la-bicicleta/
2 Hola doctor, 12 razones para andar en bicicleta, Violeta Merlo, 11 de marzo de 2014.
http://holadoctor.com.es%C3%A1lbum-de-fotos 12-razones-para-andar-en-bicicleta
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2017.
Con motivo de la Semana Mundial de la Inmunización, del 24 al 30 de abril, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Muchas personas nos preguntamos qué es la inmunización; bien, la inmunización no es otra cosa que ir a vacunarse contra diferentes tipos de enfermedades contagiosas que existen alrededor del mundo, es administrar un agente que al organismo, humano animal o vegetal para que provoque una reacción inmune.
Hay dos tipos de inmunización, la activa y la pasiva:
La inmunización activa , es cuando se administra un agente provocando que el organismo tenga una respuesta inmune.
La inmunización pasiva , es cuando el agente genera por sí mismo la inmunización.1
Por eso la Organización Mundial de la Salud (OMS), instituyó que la última semana del mes de abril se realice la Semana Mundial de la Inmunización, en este 2017 será a partir del próximo 24 de abril y hasta el 30 del mismo mes que dé comienzo esta importante jornada de inmunización, que como todos sabemos el objetivo final de este acontecimiento es incrementar el número de personas y comunidades protegidas por medio de la inmunización, así como hacer conciencia entre la población mundial de qué tan importante es vacunarse, ya que las vacunas son el instrumento más poderoso que tiene el ser humano para protegerse (inmunizarse) ante todo tipo de enfermedades a cualquier edad.
El 26 de mayo de 2012, la OMS celebró su Asamblea Mundial de Salud número 65, donde elaboró el Plan de Acción Mundial sobre Vacunas (PAMV), donde acentuó diferentes temas relacionados con las vacunas, con ese plan como base, la OMS declaró el periodo del año 2010 al año 2020 como la década de la vacunación o inmunización, llamándolo “decenio de las vacunas”.2
La inmunización es una de los programas sanitarios con mayor efectividad y éxito, el costo de los programas de prevención por medio de la vacunación a nivel mundial no son nada económicos, pero sí son muy eficientes y de suma importancia para la gente, la inmunización previene muchas enfermedades, así como que la gente padezca de alguna discapacidad o la muerte, por no haberlo vacunado a su debido tiempo.
Hablando de defunciones, el dato que proporciona la OMS, es que cada año se llegan salvar entre 2 y 3 millones de personas de la muerte gracias a esta acción, otro dato que da la misma organización es que, si se mejora la vacunación a nivel mundial, se podrán evitar 1.5 millones de defunciones más.
La inmunización (vacunación) es parte fundamental en la vida de las personas, sobre todo en la de los niños, y es que estadísticamente durante el año 2015 la proporción de niños que se les administró las tres dosis contra la difteria, el tétano y la tosferina (DTP3) fue de 86 por ciento alrededor de 116 millones de infantes, que también fueron vacunados para protegerlos de enfermedades como: el sarampión, la hepatitis A o B, la poliomielitis, entre muchas más, males que les pueden provocar algún tipo de discapacidad, trastorno o incluso la muerte.3
Hay muchas creencias de que no es necesario vacunarse, que sólo con tener una buena higiene de manos las enfermedades no aparecerán, pero esto es una gran falsedad, porque las infecciones no sólo se contagian por las manos, puede ser por el medio ambiente, o por estar cerca de una persona que tiene una enfermedad contagiosa. Por eso que no es recomendable suspender el programa de inmunización, ya que en cualquier momento nos podremos contagiar de algún virus que haya en el aire, y que se puede controlar mediante la vacuna.
Por eso se recomienda que en la Semana Mundial de la Inmunización, todos tengamos en cuenta que es de primera necesidad ir a reforzar nuestro sistema inmune por medio de la vacunación, algo muy importante es que los papás tengan bien establecido cuándo deben llevar a sus niños a vacunar, para que a lo largo de su vida no tenga problemas de enfermedades ocasionadas por no llevar adecuadamente el plan de vacunación en el país.
Notas
1 Medicina molecular, Inmunización 11 de noviembre de 2007
http://medmol.es/glosario/56/
2 El Hospital, Semana Mundial de la Inmunización 2014 OMS, abril del 2014
http://www.elhospital.com/temas/Semana-mundial-de-la-inm unizacion-2014,-OMS+97454?idioma=en
3 Organización Mundial de la Salud, Cobertura Vacunal, marzo de 2017.
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs378/es/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2017.
Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)
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