Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4766-I, martes 25 de abril de 2017
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Comunicaciones oficiales
De la Junta de Coordinación Política, sobre cambios de integrantes de comisiones ordinarias
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 19 de abril de 2017.
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez
Presidenta de la Mesa Directiva
Honorable Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno la modificación en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
• Que la diputada María Gloria Hernández Madrid cause baja como integrante de la Comisión de Seguridad Pública.
• Que la diputada María Gloria Hernández Madrid cause alta como integrante de la Comisión de Derechos Humanos.
Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.
Atentamente
Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica)
Presidente
De los diputados Juan Carlos Ruiz García, Rocío Matesanz Santamaría, Rosalinda Muñoz Sánchez y Julio Saldaña Morán, mediante las cuales solicitan el retiro de iniciativas y proposición
Palacio Legislativo, a 18 de abril de 2017
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez
Presidenta de la Mesa Directiva
Honorable Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, manifiesto que es de mi interés el retirar mi iniciativa con fecha 2 de marzo de 2017, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General de Salud.
Lo anterior, debido a que deseo enriquecer dicha iniciativa.
Agradezco de antemano el apoyo que pueda brindar a un servidor, quedando a sus órdenes en caso de cualquier aclaración o duda.
Sin otro en particular reciba un cordial saludo.
Atentamente
Diputado Juan Carlos Ruiz García (rúbrica)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2017.
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados y a efecto de que se realicen las acciones conducentes y se actualicen los registros parlamentarios, me permito solicitar muy atentamente a ese órgano de gobierno que sea retirada la siguiente iniciativa, presentada por quien suscribe el 15 de noviembre 2016 y turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos:
• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 65 de la Ley General de Educación, en materia de participación de los padres de familia en la educación
Sin otro asunto en particular, hago propicia la ocasión para reiterarle la seguridad de mi más alta consideración.
Atentamente
Diputada Rocío Matesanz Santamaría (rúbrica)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril 2017.
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez
Presidenta de la Mesa Directiva
Honorable Cámara de Diputados
Presente
Con base a la convocatoria en la Gaceta Parlamentaria número 4764 a la reunión ordinaria del miércoles 26 de abril donde se votara mi iniciativa al artículo 237-A de la Ley del Seguro Social, solicito encarecidamente sea retira del orden del día.
Sin más por el momento, agradezco la atención brindada a la presente.
Atentamente
Rosalinda Muñoz Sánchez (rúbrica)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2017.
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez
Presidenta de la Mesa Directiva
Honorable Cámara de Diputados
Presente
Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, al tiempo que me permito solicitarle sea retirado el punto de acuerdo por el que se exhorta la ASF a incluir en la revisión de la cuenta pública de 2016 una auditoria con enfoque vertical sobre los contratos celebrados de 2010 a la fecha con la firma brasileña Odebrecht y las empresas productivas del Estado; y al director general de Pemex, a colaborar para una efectiva rendición de cuentas y combatir la corrupción e impunidad. Publicado en el orden del día del 21 de marzo del presente año.
Toda vez que se harán adecuaciones al texto y se presentará posteriormente.
De antemano agradezco su atención.
Atentamente
Diputado Julio Saldaña Morán (rúbrica)
De la Coordinación del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, mediante la cual manifiesta que la diputada Melissa Torres Sandoval solicitó su separación como integrante de aquél para quedar como legisladora sin partido
Palacio Legislativo de San Lázaro 20 de abril 2017
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez
Presidenta de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados LXIII Legislatura
Presente
Por medio de la presente me permito informar a usted que con ésta fecha, la diputada Melissa Torres Sandoval, solicitó su separación como integrante de este grupo parlamentario para asumir la condición de diputada sin partido, por así convenir a sus intereses.
Con base en lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 6, fracción XII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito de la manera más atenta, informar a las instancias correspondientes para la actualización de los registros parlamentarios y administrativos a los que haya lugar.
Anexo copia simple de la solicitud de la diputada Melissa Torres Sandoval.
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo
Atentamente
Diputado Alejandro González Murillo
De la Secretaría General del Instituto Nacional Electoral, mediante la cual remite el informe de resultados respecto a la solicitud de iniciativa ciudadana que reforma y deroga diversas disposiciones de las Leyes de Hidrocarburos, y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
Ciudad de México, a 21 de abril de 2017
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Presente
Mediante oficio LXIII-II/ PMD-ST/ 005/17, dirigido al presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, usted remitió la iniciativa ciudadana con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones para fijar el precio de competencia de la gasolina en 10 pesos, presentada por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 71, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 132, numeral 1, inciso a) y b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 32, párrafo 2, inciso e), en relación con el 54, numeral 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
En este sentido, una vez concluidas las actividades relativas a la apertura de las 10 cajas, así como la verificación y cuantificación de su contenido, se comunicaron los resultados obtenidos a esa Cámara de Diputados mediante oficio INE/ SE/ 194/2017, de fecha 29 de marzo de 2017. A partir de la entrega de dicho oficio, el cual se entregó acompañado de un informe, se dio inicio al periodo correspondiente a 30 días hábiles que señala la ley para la verificación de los datos regístrales de los ciudadanos que firmaron en apoyo a la mencionada iniciativa.
Al respecto y en cumplimiento de las atribuciones del Instituto Nacional Electoral en materia de iniciativas ciudadanas, establecidas en los artículos 35, fracción VII, apartado 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 130 a 133 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos; sírvase encontrar adjunto, copia del acuse del oficio INE/ DERFE/ 486/ 2017, por el cual la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores remite a esta Secretaría Ejecutiva los resultados relativos a los trabajos de verificación de apoyo ciudadano y del ejercicio muestral respecto a la iniciativa de referencia.
Asimismo, me permito comentarle que el artículo 132, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos señala que este Instituto contará con un plazo no mayor a treinta días naturales contados a partir de la recepción del expediente.
En tal virtud, se remite en tiempo y forma el Informe de resultados que presenta la Dirección del Registro Federal de Electores a la Secretaría Ejecutiva, respecto de la solicitud de iniciativa ciudadana con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones para fijar el precio de competencia de la gasolina en 10 pesos.
Toda vez que, ESTE Instituto concluyó con las actividades relativas a la solicitud de referencia, por lo anterior adjunto le reintegro las 10 cajas con la documentación correspondiente a la iniciativa citada que en su momento fueron entregadas a este instituto por medio del oficio LXIII-ll/ PMD-ST/ 005/17.
Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Edmundo Jacobo Molina (rúbrica)
Iniciativas ciudadanas
Con proyecto de decreto, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de las Leyes de Hidrocarburos, y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por los ciudadanos Maribel Martínez Ruiz, Magdalena del Socorro Núñez Monreal y Gabriela Moreno Mayorga
Ciudad de México, a 8 de marzo de 2017.
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presente
Los abajo firmantes, en ejercicio de la prerrogativa consagrada en el artículo 71, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 130, 131 y 132 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa ciudadana, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones para fijar el precio de competencia de la gasolina en 10 pesos, signada con el aval de 200 mil firmas, mediante la cual manifestamos nuestra inconformidad con la fallida reforma energética.
A fin de cumplir el requisito procedimental exigido en el artículo 131, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos señalamos que nuestro representante común es el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, cuyo domicilio para oír y recibir notificaciones se encuentra en edificio Hemiciclo, tercer piso, oficina 1, en Paseo de la Reforma 135, colonia Tabacalera, código postal 06030, en la Ciudad de México.
Decidimos señalar al legislador arriba citado toda vez que, con fecha 10 de enero de este año, presentó una propuesta para reducir el costo de los combustibles. Atentos a lo anterior, la presente iniciativa recobra el sentido primordial de ella, pero se enriquece económica y técnicamente con estudios precisos. Por ello, esta iniciativa ciudadana y las firmas presentadas mantienen estrecha relación con la iniciativa del senador; sin embargo, a pesar de la leyenda que encabeza el esfuerzo de este número de firmas, declaramos que somos conscientes de que suponen dos iniciativas distintas que deberán seguir un trámite legislativo por separado.
Exposición de Motivos
Antecedentes
Las gasolinas Magna y Prémium, y el diésel representan 97.5 por ciento de la energía que mueve el transporte en México, ya sea para trasladar personas o mercancías por el territorio nacional. Según las cifras del Balance Nacional de Energía 2015, que publica la Secretaría de Energía, el sector transporte representa 44.7 por ciento del consumo final de energía en el país, mostrando la importancia e incidencia de los combustibles automotrices en la vida cotidiana de familias y empresas.
La agreste geografía nacional y la complicada conectividad para largas distancias, sumadas a las condiciones de pobreza en que vive la mayoría de la población, hacen del incremento de los precios del transporte una de las variables que más efecto tiene en el gasto de los hogares de menores ingresos, mucho más cuando las cifras oficiales de la reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que elabora el Inegi, precisa que en 2016, 24.5 millones de personas ganaron menos de cinco mil pesos al mes, alcanzando 6.7 millones de personas con ingresos de sólo un salario mínimo.
En estas condiciones, es de necesidad imperiosa que el gobierno garantice la disponibilidad de los combustibles a un precio bajo para evitar mayor deterioro del poder adquisitivo de los salarios.
Es en extremo insólito que contando con una enorme dotación de recursos petroleros, los responsables del gobierno federal promuevan el encarecimiento y la privatización del comercio de las gasolinas. Es el caso de los dos últimos sexenios, donde se concentran los esfuerzos por destruir la oferta nacional de combustibles, imponer tal privatización en todas las áreas del sector energético y convertir cada gasolinera en una oficina receptora de impuestos. En un abuso político antidemocrático de la administración de Enrique Peña Nieto –porque llegó al poder con menos de 34 por ciento del voto de los mexicanos– oficializado entre 2013 y 2014 por medio de una reforma energética a modo de las corporaciones transnacionales, de un circuito de corrupciones y complicidades, que permite la apertura de la industria petrolera a la inversión extranjera; liberaliza el comercio y la inversión en toda la cadena de valor, posibilitando la privatización de los componentes de Pemex hasta su extinción.
La reforma energética es la causa de los gasolinazos
La reforma energética no significa otra cosa que la renuncia del Estado al desarrollo energético nacional, para dar paso a empresas privadas agrupadas en oligopolios, en una falsa dinámica competitiva de la que no se obtendrán mejores precios para el consumidor. El Ejecutivo federal miente de manera reiterada con sus promesas de reducción de precios y mayores niveles de bienestar. Y la mejor prueba son los persistentes gasolinazos que se ilustran en la gráfica siguiente:
Los discursos mentirosos del presidente y su equipo de gobierno chocan con la cruda realidad de precios persistentemente en ascenso.
De esos despropósitos de privatización peñista –basados en los preceptos del llamado “Consenso de Washington”– se deriva la pretensión de crear falsos mercados por todos lados, así como el abandono de la administración de precios sin excepción. Una vez aprobadas las leyes que desandaban la nacionalización cardenista, procuraron una implantación acelerada. Ésta se inició a mediados de 2014, cuando el gobierno federal quitó a Pemex áreas y campos petroleros para repartirlos entre empresarios privados mediante licitaciones internacionales de despojo petrolero denominadas “rondas”. Más aún, en paralelo se han estado creando mercados en la parte media y baja de la industria, tanto en gas natural y gas LP como en gasolina, diésel, turbosina y otros petrolíferos y petroquímicos. Los trastornos que hemos observado en las últimas semanas provienen precisamente de la construcción del mercado liberalizado de gasolina.
No es de menos relevancia el hecho que el logro de la instalación de la figura del mercado supone la destrucción de todas las funciones de Pemex. Por ejemplo, introducir la competencia en el abastecimiento de combustibles no es un problema menor por la dificultad para aumentar el número de oferentes. Son necesarias fuertes inversiones para construir refinerías y modernizar las existentes, pero queda más fácil a los privatizadores multiplicar el número de importadores a condición de permitirles utilizar la infraestructura existente bajo el principio de “acceso abierto” –que se aprobó en la reforma energética–, así como ganancias en pesos pero dolarizadas; es decir, que se autoajusten a devaluaciones y que, a la vez, puedan ser sacadas del país de manera inmediata sin obligación de reinversión.
El gobierno impulsa el aumento de la producción de petrolíferos mediante ingreso de capital privado y la privatización de las instalaciones de Pemex; sin embargo, como ese proceso tomará tiempo, la administración peñista se esmeró en crear el mercado de gasolina y diésel antes de 2018 con base en las importaciones que, por razones geográficas y económicas, vendrían mayoritariamente de Estados Unidos. No importó al gobierno actual que México se volviera sumamente dependiente del producto estadounidense y ni que se volviera vulnerable frente a las decisiones del gobierno del aquel país para restringir o gravar las exportaciones hacia México. Con Donald Trump en la Casa Blanca, queda muy claro el grave error de Peña de rematar los activos energéticos y aumentar la dependencia energética del país. México estaría en graves problemas si el gobierno de Estados Unidos decide gravar con pesados impuestos las exportaciones de energía hacia México, peor aún si decreta un embargo, por ocurrencia de Donald Trump o por la razón que sea.
Más rapacidad con nuevo sistema tributario
En el modelo neoliberal, el tránsito hacia la creación de mercados de combustibles exige la eliminación de subsidios, circunstancia que ha sido aprovechada por el gobierno para imponer un régimen tributario expoliador de los bolsillos de los consumidores, a fin de compensar la baja de ingresos fiscales por exportación de petróleo crudo. Esto significa la imposición de mayores y crueles gasolinazos para recaudar los impuestos. En lugar de componer el sistema de recaudación, eliminar la elusión y la evasión fiscales y elevar los impuestos a las clases pudientes de la sociedad, la SHCP prefirió utilizar el IEPS de los combustibles automotores para resolver el déficit y cubrir sus ineficiencias.
Así, los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estaban atrapados entre el fracaso y la ineficiencia, lo que dio pie, primero, a la urgencia de construir su famosa ecuación a favor de la pobreza o, formalmente, de cómo calcular los precios de los combustibles; segundo, a la política mixta de precios administrados y liberalizados; y tercero, al caos de los precios gasolineras y a la atomización de éste en 90 regiones hacendarías.
Encubriendo gasolinazos
Durante la administración del presidente Felipe Calderón se estableció la política de incrementos mensuales de los precios de los combustibles automotores, que se conocieron como “gasolinazos”. Los incrementos fueron de 0.8 centavos en ese sexenio. La administración de Enrique Peña Nieto dio continuidad a esos gasolinazos, los cuales llegaron a fijarse en 0.11 centavos de pesos mensuales.
Posteriormente, en enero de 2015, la Secretaría de Hacienda determinó hacer un solo aumento anual, fijando la gasolina Magna en 13.57 pesos por litro, la Premium en 14.38 y el diésel en 14.20. Durante ese año, el costo de la gasolina en la costa del Golfo de EUA fue mucho menor que en México; sin embargo, Hacienda nunca bajó el precio. De acuerdo con información de la Administración de Información Energética en ese país, el costo de la gasolina regular (similar a la Magna de aquí) el 9 de noviembre de ese año fue de 9.17 pesos por litro, si se toma en cuenta el tipo de cambio de 16.75 pesos por dólar.
Para 2016, Hacienda aplicó una metodología de cálculo consistente en sumar cuatro componentes (el precio internacional, los costos de logística, los márgenes de comercialización, así como el IEPS, federal y estatal). También estableció una banda de precios mínimos y máximos. En enero, el precio disminuyó para vender la ilusión de que “había un efecto positivo por la reforma energética”; sin embargo, luego subió para llegar al límite superior de la banda con valores de 13.98 pesos el litro de la Magna, 14.81 para la Prémium y 14.63 para el diésel. Los subsidios prácticamente desaparecieron, y el IEPS se incluyó como una cuota fija (4.16 pesos por litro para la Magna, 3.52 para la Premium y 4.58 en el diésel). De esa forma, el subsidio se acabó y la recaudación aumento considerablemente, con cargo a los consumidores. Es decir, gasolinazo 2016 y negocio para el gobierno.
Al dar a conocer los nuevos precios que regirán para 2017, la Secretaría de Hacienda consideró adelantar la liberalización del mercado –anunciada para entrar en vigencia en 2018– y anunció ciertos cambios en su metodología, que denominó de “precio máximo”, reagrupando en tres rubros los componentes del cálculo del precio de los combustibles:
1. El precio de referencia internacional de acuerdo con los mercados de la costa del golfo de Estados Unidos.
2. Los costos de transporte, internación, flete y distribución de Pemex.
3. Otros conceptos, que incluye impuestos especiales sobre producción y servicios, y otros, así como el margen comercial para las estaciones de servicio.
Tal como se da cuenta en la trascripción de tales acuerdos en la parte de las “consideraciones” del presente documento.
Este criterio también se aplicará a las 90 regiones gasolineras que se crean. En cada una de ellas habrá un “precio máximo” inicial, a partir de una tabla que se dio a conocer. Los nuevos precios promedio con que se inicia 2017 son para la Magna 15.99 el litro, para la Prémium 17.79 y para el diésel 17.05. Además, a partir del 18 febrero la fijación del precio máximo será diariamente en todas las regiones.
El gobierno federal esperaba recaudar 223 mil 522 millones de pesos por concepto de IEPS de combustibles en 2016, monto que representa casi 5 por ciento de los ingresos totales, de 4.7 billones de pesos, considerados en la ley.
Para 2017, la SHCP explicó en un comunicado que no habría aumento del IEPS. Sin embargo, la recaudación alcanzaría 284 mil 432.3 millones de pesos, como consecuencia de la liberalización del mercado. He ahí el gasolinazo en su verdadera dimensión.
Cabe destacar que en el país se venden 100 millones de litros de Magna al día, 23 millones de Prémium y 60 millones de diésel, según la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros.
Desde 2016, la SHCP ha reconocido que “hablando del precio real, hay dos factores que pueden determinar el precio de las gasolinas: uno es el de referencia de la Costa del Golfo de EU, que depende del petróleo, y también está el tipo de cambio, otro factor”. Es decir, ésta es la médula de la metodología de cálculo del precio de las gasolinas, que nada tiene que ver con la defensa de la economía familiar.
Consideraciones
En un acto de verdadera irracionalidad, la SHCP anunció que a “partir del 18 de febrero, los precios máximos de las gasolinas y el diésel se determinarán de manera diaria y se aplicaría un mecanismo para mitigar la volatilidad”. El comunicado señaló:
Conforme al calendario que fue anunciado el 27 de diciembre pasado, los precios máximos de los combustibles se determinarán de manera diaria a partir del 18 de febrero. El precio máximo aplicable para cada una de las regiones del país será publicado la tarde previa en la página electrónica de la Comisión Reguladora de Energía (http://www.gob.mx/cre).
Los precios máximos reflejarán el movimiento en los precios diarios de las referencias internacionales. En todo momento, el gobierno federal buscará mitigar las fluctuaciones excesivas. Los márgenes de comercialización de las estaciones de servicio no tendrán modificaciones.
Los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel vigentes el 18 de febrero disminuirán 2 centavos por litro, con lo que el precio promedio de la gasolina Magna será de 15.97 pesos por litro, de la gasolina Prémium de 17.77 y del diésel de 17.03. Los precios máximos para los sábados también estarán vigentes el siguiente domingo y lunes, por lo que la siguiente actualización se hará para los precios del martes 21 de febrero.
Las medidas de austeridad y el uso de los ingresos excedentes de gobierno federal que pudieran generarse por el mayor tipo de cambio y precio del petróleo respecto a lo presupuestado para 2017 permiten tener movimientos más graduales de los precios máximos de los combustibles de una manera fiscalmente responsable.
A partir de lo anterior se concluye que la decisión de continuar los gasolinazos podría ser detenida sólo por medio de una iniciativa ciudadana como la presente.
Los gasolinazos, una aparente legalidad pero en realidad una agresión a la economía familiar
1. En la parte de los artículos transitorios de la Ley de Ingresos de 2017, en el décimo segundo dice a la letra:
Décimo Segundo. Durante 2017 y 2018, los precios al público de las gasolinas y el diésel se determinarán de conformidad con lo siguiente:
I. La Comisión Reguladora de Energía, tomando en cuenta la opinión que emita la Comisión Federal de Competencia Económica, establecerá el calendario para que durante 2017 y 2018 los precios al público se determinen en condiciones de mercado. La calendarización mencionada se llevará a cabo por regiones del país y se dará a conocer en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 31 de diciembre de 2016.
II. En las regiones del país, durante el tiempo en que los precios al público de las gasolinas y el diésel no se determinen en condiciones de mercado conforme al calendario a que se refiere la fracción anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel con base en lo siguiente:
a) Considerará el precio de la referencia internacional de los combustibles y, en su caso, las diferencias en la calidad de los mismos, las diferencias relativas por costos de transporte entre regiones y las diversas modalidades de distribución y expendio al público.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará la metodología para determinar los precios máximos al público mencionados y el periodo de vigencia de los mismos a más tardar el 31 de diciembre de 2016.
b) Emitirá un acuerdo en el que se especifiquen la región, los combustibles y el periodo de aplicación de los precios, el que se publicará en el Diario Oficial de la Federación con anticipación al periodo durante el cual se aplicarán.
En las regiones del país que al 1 de enero de 2017 no se apliquen los precios al público de las gasolinas y el diésel en condiciones de mercado, se deberán publicar los precios máximos al público de los combustibles mencionados a más tardar el 31 de diciembre de 2016.
2. Con base a lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió el 27 de diciembre de 2016 el comunicado número 193, “Metodología para la determinación de precios máximos de gasolinas y diésel así como precios máximos vigentes en enero de 2017”, donde se precisa:
A partir de 2015, con el objetivo de poner al día nuestro mercado de gasolinas, México transitó de un modelo de precio único a un esquema de precio máximo. En 2016, a fin de que este mercado refleje las condiciones internacionales, se adoptó un impuesto por litro, conocido como “IEPS fijo”.
Durante 2017, para continuar este proceso, los precios máximos se determinarán por región y reflejarán los costos logísticos de Pemex, en los términos aprobados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Asimismo, durante el año se irá reduciendo el periodo entre ajustes para que, a partir de la tercera semana de febrero, éstos se lleven a cabo de manera diaria...
Los precios máximos regionales se determinarán mediante una fórmula transparente y objetiva, donde se sumarán los tres componentes siguientes:
Los precios de referencia internacional de cada combustible. Esto representa el costo de adquirir los combustibles en el mercado internacional. El precio de referencia utilizado será el de los mercados de la costa del Golfo de Estados Unidos. Este costo es común para todas las regiones del país, excepto por el ajuste por calidad que aplica para cada zona específica, de acuerdo con las normas ambientales aplicables.
Los costos de transporte, internación, flete y distribución de Pemex. Estos costos, aprobados por la Comisión Reguladora de Energía, varían para cada región.
Otros conceptos, incluyendo los impuestos aplicables y el margen comercial para las estaciones de servicio. Cabe destacar que no hay ningún incremento en los impuestos aplicables a los combustibles. Estos conceptos también son comunes entre regiones...
Los precios máximos ahora se ajustarán con mayor frecuencia comparada con lo que se hizo en 2016. Se comenzará con un solo precio máximo durante enero y hasta el 3 de febrero de 2017, para después en febrero hacer dos actualizaciones semanales en las primeras dos semanas del mes. A partir del sábado 18 de febrero se determinarán de manera diaria.
Asimismo, se informa que los precios promedio a escala nacional vigentes del 1 de enero al 3 de febrero de 2017 serán de 15.99 pesos para gasolina Magna, 17.79 para gasolina Prémium y 17.05 para diésel, aunque es importante recordar que cada una de las 90 regiones tendrá sus niveles...
Estos precios máximos representan incrementos para las gasolinas Magna y Prémium, y el diésel de 14.2, 20.1 y 16.5 por ciento, respectivamente, respecto al precio máximo observado en diciembre de 2016.
El incremento responde al aumento de los precios internacionales de los combustibles y no implica ninguna modificación o creación de impuestos. Los precios de las referencias internacionales para las gasolinas Magna y Prémium, y el diésel se elevaron de manera importante en el último cuatrimestre de 2016.
Los precios máximos estarán vigentes en tanto no se haya flexibilizado el mercado de combustibles en una región.
3. Con todo lo anterior, teniendo como justificación estos instrumentos legales, se anunciaron y aplicaron lo que tradicionalmente se conoce como “gasolinazos”; que en la práctica significan un verdadero colapso del ingreso familiar y una irritación social en ascenso exponencial, como se ha observado en las decenas de protestas populares.
La práctica de usar la gasolina como medio seguro de recaudación de impuestos viene por lo menos desde el gobierno de Felipe Calderón, quien decretó un aumento mensual de la gasolina de 8 centavos de peso; luego, Peña Nieto, en su primer año de gobierno hizo lo mismo al subirlo a 11 centavos. Y pese a que el precio internacional de la gasolina siguió cayendo, el interno siguió subiendo. Para 2017 se decretó un aumento promedio de más de 2 pesos por litro de hidrocarburos.
4. Tal como lo he referido en múltiples ocasiones, lo que en realidad estaba y está haciendo el gobierno con este nuevo criterio es trasladar las depreciaciones del peso al precio de la gasolina y mantener el impuesto intocable. Desde el primer momento en que los ingresos por exportaciones de petróleo crudo empezaron a reducirse, el camino más fácil fue dejar que se devaluara nuestra moneda y entonces por la misma cantidad de dólares que se genera por la propia venta al exterior del petróleo mexicano el gobierno tendría a la mano más pesos. Cuando esta práctica quedó insuficiente para el colapso de los ingresos petroleros, la estrategia se radicalizó para trasladar esas devaluaciones en forma directa al precio de la gasolina, cuya expresión específica es la ecuación o metodología de cálculo que la SHCP se ha inventado para dicho propósito.
Ante el fracaso de la reforma energética, el gobierno está cambiando el esquema de producir más gasolina buena y barata por el de comprarla en el exterior, y comprarla a las empresas extranjeras residentes en México, pero a precios internacionales. De hecho, ya se importa 60 por ciento de las gasolinas que se consumen y, paralelamente, el gobierno cierra refinerías como parte de su política pública de exterminio de Pemex.
En este sentido, se pueden observar en verdadera magnitud las promesas falsas del gobierno de Peña Nieto sobre los beneficios que según él traería la reforma energética, incluida la reducción del precio de los hidrocarburos.
Lo lamentable y cínico de todo esto es que la administración de Peña Nieto cobra al pueblo de México el fracaso de su modelo económico y de la reforma energética y, más bien, sigue beneficiando a un grupo de transnacionales, creando más instrumentos y mecanismos que facilitan la corrupción por las imprecisiones metodológicas y legales como es el caso del esquema gasolinero de “precio máximo”.
5. Mantener el engaño, la burla al sentido común y el colapso económico simultáneamente ya generó un descontento general de empresarios, consumidores y la población en general. Entre las consecuencias inmediatas de esas medidas están la pulverización del salario de los trabajadores, así como del presupuesto municipal, que se deteriorará por encima de 20 por ciento, mientras que el sector empresarial tendrá que volver a subir los precios, generándose así las condiciones de malestar que son necesarias para una situación de levantamiento popular, algo que se tiene que evitar de forma inmediata.
Por contradictorio que parezca, este régimen no necesita opositores agresivos o enérgicos que provoquen la reacción de la gente –más bien, necesita opositores mesurados que puedan conducir el tremendo enojo y hartazgo hacia la construcción de una opción pacífica–. Así lo demuestra la necedad mercantilista de subir los precios de la gasolina poniendo en negro la esperanza de un 2017 más próspero para todo el país.
Privatizan el petróleo y el sector energético; engañan a la población publicitando mejoras y bajas de tarifas; venden el país a los extranjeros; y al final todavía quieren que el pueblo continúe pagando para engordar la cartera de los más ricos. A estas alturas es jugar con fuego, el gobierno está siendo irresponsable y esto es lo más grave. De todos los actores públicos, el propio gobierno menos parece tener interés de mantener la tranquilidad, la paz, la concordia.
Tenemos un gobierno que parece desear encender los ánimos, y conociéndolo no parece tener buenas intenciones. Lo peor es que su doble moral provoca y censura; provoca y tiene el aparato estatal a su servicio para sancionar a quienes se atrevan a responderle, lo que es un verdadero peligro para México.
6. Este tipo de gasolinazos se tiene que detener inmediatamente, para lo cual se deben elaborar cambios y mejoras a la metodología que la Secretaría de Hacienda ha creado para el cálculo de los precios de las gasolinas. Se debe permitir preservar el poder adquisitivo del ingreso familiar, sobre todo cuando se tiene 80 por ciento de la población en situación de pobreza, cuando tenemos decenas de comunidades con altos índices de marginación en la mayoría de los estados.
No sólo se debe evitar agravar la empobrecida situación económica de millones de familias, sino también hay poblaciones enteras que deben tener acceso a mayores ingresos federales, sobre todo si están en las áreas petroleras. Por ello es necesario duplicar el porcentaje que se le destina procedente del importe recaudado sobre gasolina; asimismo, reducir el IEPS a las gasolinas, que en realidad son injustificados, su aplicación ha sido para impedir el progreso de Pemex. Y a este momento ya no hay una sola justificación para mantener altos los IEPS a los hidrocarburos.
Por ello, los ciudadanos abajo firmantes, representantes de todos los sectores de la sociedad mexicana, asumimos la defensa de los intereses del pueblo presentando la siguiente iniciativa, por la que se propone que el precio de las gasolinas y el diésel no sea mayor de 10 pesos el litro.
De esta forma, y en caso de necesitar un reajuste el valor del combustible, que el gobierno federal tome de las reservas internacionales el monto necesario para mantener el precio de 10 pesos por litro, toda vez que el argumento oficial es la recaudación de 284 mil 432.3 millones de pesos que al tipo de cambio de 20 pesos por peso representa sólo 14 mil 221 millones de dólares; es decir, ni 10 por ciento de los más de 175 mil millones de dólares de reserva que el banco central tiene en su poder.
Debemos recordar que ese dinero de las reservas es generado por la economía nacional y por los mexicanos que se encuentran en el exterior, y no se están usando para beneficio de la economía sino como una caja de ahorro para las crisis y falta de liquidez internacional de bancos con matrices extranjeras o para subsidiar al gobierno de Estados Unidos comprándole sus bonos del Tesoro. Es decir, lo que generamos con nuestro esfuerzo es usado para intereses externos.
México vende a partir del 1 de enero una de las gasolinas más caras del mundo, lo que significa un verdadero colapso del ingreso familiar y una irritación social en ascenso exponencial.
La política recaudatoria del gobierno federal ha resultado fallida; la reforma energética que idealizó Peña Nieto fue y es una farsa.
Por todo lo anterior resulta imperativo y de urgente resolución establecer los correctivos necesarios para establecer un precio de las gasolinas de acuerdo con el interés general. Mientras se logra crear el mecanismo que permita aprobar los precios adecuada y racionalmente, se propone lo siguiente:
En vista de lo anterior, y considerando que lo expuesto reviste urgencia nacional, se pone a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto
Artículo Primero. Se reforman el segundo párrafo del artículo 82 y el artículo décimo tercero transitorio de la Ley de Hidrocarburos, para quedar como sigue:
Artículo 82. La Comisión Reguladora de Energía expedirá disposiciones de aplicación general para la regulación de las actividades a que se refiere esta ley, en el ámbito de su competencia, incluyendo los términos y condiciones a que deberán sujetarse la prestación de los servicios, al igual que la determinación de las contraprestaciones, precios y tarifas aplicables, entre otros.
La regulación de contraprestaciones, precios y tarifas que establezca la Comisión Reguladora de Energía, con excepción de las actividades de expendio al público de gas licuado de petróleo, gasolinas y diésel, cuyos precios se determinarán conforme a las condiciones de mercado, sin poder aumentar su precio por litro en más de 5 por ciento anual, buscando además que las variaciones en su precio sean proporcionales a las del salario mínimo vigente, se sujetará a lo siguiente:
...
...
...
...
...
Décimo Tercero. La Comisión Reguladora de Energía continuará sujetando las ventas de primera mano de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos a principios de regulación asimétrica con objeto de limitar el poder dominante de Petróleos Mexicanos, en tanto se logra mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados, para lo cual tomará en cuenta, en lo que proceda, lo establecido en materia de precios en la Ley de Ingresos sobre hidrocarburos. Igualmente, la Comisión Reguladora de Energía deberá asegurar un tránsito armonioso de precios de a la liberalización de los mismos, tomando en cuenta los intereses del bienestar general, de manera prioritaria.
...
La comercialización que realicen personas controladas por Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios podrá realizarse en puntos distintos de los señalados en el párrafo anterior. Esta actividad también se sujetará a regulación asimétrica, con objeto de limitar el poder dominante de las citadas personas, en tanto se logra mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados, y se garantice que no exista un oligopolio en el mercado de la comercialización. Y esta liberalización de la comercialización sólo podrá ocurrir cuando exista vigencia de dicha garantía. De igual manera, la Comisión Reguladora de Energía deberá asegurar un tránsito armonioso de precios como en el caso del párrafo anterior .
La regulación de las ventas de primera mano incluirá la aprobación y expedición de los términos y las condiciones generales, así como la expedición de la metodología para el cálculo de sus precios. En estas materias se deberá observar la práctica común en mercados desarrollados de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos y los precios deberán reflejar, entre otros, el costo de oportunidad y las condiciones y prácticas de competitividad en el mercado internacional de dichos productos, así como la racionalidad para mantener el poder adquisitivo del ingreso familiar .
...
...
Artículo Segundo. 1. En la fracción II, inciso a), del artículo décimo segundo transitorio se reforman los párrafos primero y segundo y se adicionan los párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto del mismo artículo. 2. Se deroga el segundo párrafo del inciso b), fracción segunda, del artículo décimo segundo transitorio. 3. Se deroga el artículo décimo tercero transitorio, todos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicio, para quedar como sigue:
Décimo Segundo. Durante 2017 y 2018, los precios al público de las gasolinas y el diésel se determinarán de conformidad con lo siguiente:
I. ...
II. ...
a) Se considerará el precio de la referencia internacional de los combustibles sólo como lo es. Una referencia. Sin obligación a considerar en el cálculo final del precio de los hidrocarburos. Sí deberá tomar en cuenta los costos de logística, incluyendo los costos de transporte, los costos de distribución y comercialización en los centros de consumo y las diversas modalidades de distribución y expendio al público, generando las condiciones para el abasto oportuno de dichos combustibles. Igualmente, los costos de producción y los impuestos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará la metodología para determinar los precios máximos al público y el periodo de vigencia de los mismos. La metodología y precios para 2018 deberán ser aprobados por una comisión nacional especial de precios de la gasolina a más tardar el 31 de marzo de 2017. Misma que será conformada por representantes de los sectores productivos nacionales, representantes legislativos del Congreso de la Unión.
De no aprobarse la metodología propuesta por la Secretaría de Hacienda, ésta tendrá diez días hábiles para presentar las modificaciones respectivas manifestadas por la comisión mencionada.
Asimismo, considerando que los aumentos de los precios de las gasolinas y del diésel durante los últimos tres años han tenido un fuerte componente relacionado con la depreciación del peso y no con los costos de producción; la referencia del precio internacional como componente del cálculo del precio de las gasolinas y el diésel no se considerará obligatorio.
Adicionalmente a la metodología que se apruebe, el precio máximo de las gasolinas y del diésel para 2017 no deberá ser mayor de 10 pesos el litro. Y en caso que por los costos de importar gasolina, o por producción u otros sean mayores que l propuesto –y mientras se construye alternativas de economía de escala para tener suficientes refinerías para satisfacer la demanda nacional–, los faltantes deberán ser cubiertos con las reservas internacionales, para lo cual se adoptará con el Banco de México un acuerdo específico al respecto.
Igualmente, el monto de 284 mil 432.3 millones de pesos considerados como el ingreso por IEPS de combustibles, en ningún caso podrán ser cubiertos por recortes presupuestales o por endeudamiento o incremento de otros impuestos.
b) Emitirá un acuerdo en el que se especifiquen la región, los combustibles y el periodo de aplicación de los precios, mismo que se publicará en el Diario Oficial de la Federación con anticipación al periodo durante el cual se aplicarán.
... (Se deroga)
III. ...
...
Décimo Tercero. Se deroga.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
A 8 de marzo de 2017.
Los abajo firmantes, en ejercicio de la prerrogativa consagrada en el artículo 71, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 130, 131 y 132 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta asamblea la presente iniciativa ciudadana con proyecto de decreto, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones para fijar el precio de competencia de la gasolina en 10 pesos, signada con el aval de 200 mil firmas, mediante la cual manifestamos nuestra inconformidad con la fallida reforma energética.
(Rúbrica)
De la Comisión Nacional del Agua, mediante la cual informa que de los ingresos excedentes recaudados al término del primer trimestre del presente ejercicio fiscal, no se realizó asignación de recursos a los municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en el Programa de Devolución de Derechos
Ciudad de México, a 18 abril 2017
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez
Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados
Presente
Con relación al Programa de Devolución de Derechos (Prodder) y de acuerdo a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos, me permito informar a Usted que, de los ingresos excedentes recaudados por esta Comisión al término del primer trimestre del presente ejercicio fiscal, no se realizó asignación alguna de recursos a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en este programa, debido a que está en trámite la autorización de recursos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo
Atentamente
Ingeniero Francisco Muñiz Pereyra
Subdirector General
Del Instituto Federal de Telecomunicaciones, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a su titular y al de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a considerar en el ámbito de sus atribuciones el diseño de políticas públicas que permitan alcanzar la meta de recepción de señales radiodifundidas digitales en todas las viviendas del país
Ciudad de México, a 17 de abril de 2017.
Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala
Vicepresidenta de la Mesa Directiva
LXIII Legislatura
Presente
Me refiero a su oficio número DGPL-63- II-5-1779 de fecha 15 de diciembre de 2016, por el cual hace de nuestro conocimiento que en sesión ordinaria de misma fecha, se aprobó el siguiente punto de acuerdo:
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los titulares del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, consideren el diseño de políticas públicas que permitan alcanzar la meta de recepción de señales radiodifundidas digitales en la totalidad de viviendas del país.
Sobre el particular, de conformidad con la fracción I del artículo 76 del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, hago de su conocimiento las siguientes consideraciones:
• El 11 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o, 7o, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones (Decreto de Reforma Constitucional), en el cual se fijó un fecha cierta para concluir el proceso de transición a la televisión digital terrestre (TDT), al establecer en su artículo quinto transitorio que la transición culminaría el 31 de diciembre de 2015; y en ese mismo sentido, fueron plasmadas las obligaciones relativas a la transición a la TDT en el artículo Décimo Noveno Transitorio del decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión (decreto de ley) publicado en el DOF el 14 de julio de 2014.
En el citado decreto de ley, en su artículo Décimo Noveno Transitorio, se estableció que el instituto debía concluir la trasmisión de señales análogas de televisión radiodifundida una vez que se alcanzara un nivel de penetración del 90 por ciento de hogares de escasos recursos definidos por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por área de cobertura de dichas señales, con receptores o decodificadores aptos para recibir señales digitales de televisión radiodifundida.
• En relación con lo anterior, en el citado artículo transitorio del decreto de ley y, en correspondencia con el tercer párrafo del artículo Quinto Transitorio del decreto de reforma constitucional, se estableció que corresponde al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), implantar programas y acciones vinculados con la transición a la TDT, en lo que respecta a la entrega o distribución de equipos receptores o decodificadores.
• Para ello, la SCT implantó el Programa de Trabajo para la Transición a la TDT, mediante el cual se fijaron los objetivos, estrategias y líneas de acción que el Ejecutivo Federal emprendió para completar la transición a la TDT, y dentro del cual se estableció un cronograma para la entrega de equipos receptores, mismo que fue publicado en el DOF el 13 de mayo de 2014.
• Ahora bien, el 11 de septiembre de 2014, el instituto publicó en el DOF la “Política para la Transición a la Televisión Digital Terrestre” (Política TDT), en cuyo artículo 18 se estableció un procedimiento específico que se adecúa al marco constitucional y legal vigente, consistente en que el Instituto acordaría la terminación de transmisiones analógicas por área de cobertura cuando en ésta se alcanzara un novel de penetración con receptores o decodificadores aptos para recibir transmisiones digitales en al menos 90 por ciento de los hogares de escasos recursos definidos por la Sedesol, siempre y cuando en toda área de cobertura que correspondiera ya se realizaran transmisiones digitales.
• En el citado artículo 18 de la Política de TDT se estableció que la SCT proporcionaría al Instituto los avances realizados conforme a su Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre 2014, con los siguientes datos:
- Número de hogares de escasos recursos definidos por la Sedesol, por área de cobertura donde se realicen transmisiones analógicas;
- Número de hogares de escasos recursos definidos por la Sedesol en que hayan sido entregados receptores o decodificadores aptos para recibir transmisiones digitales, por área de cobertura donde se realicen transmisiones analógicas; y o porcentaje de penetración con receptores o decodificadores aptos para recibir transmisiones digitales en los hogares de escasos recursos definidos por la Sedesol, en cada área de cobertura donde se realicen transmisiones analógicas.
Una vez que contara con la información antes referida, en caso de alcanzarse el porcentaje de penetración a que se refiere el inciso a) del artículo 18 de la Política TDT, se dictaminaría si en el área de cobertura ya se realizaban transmisiones de TDT y de actualizarse los supuestos contenidos en los incisos a) y b) del citado artículo, en Instituto determinaría la fecha y hora del apagón analógico que correspondiera.
Cabe mencionar que el 18 de diciembre de 2015 se publicó en el DOF el decreto por el que se adiciona el párrafo sétimo, se recorren los subsecuentes y se reforma el actual párrafo séptimo del artículo Décimo Noveno Transitorio del decreto de ley, quedando de la siguiente manera:
Décimo Noveno. ...
...
...
...
...
...
Aquellos permisionarios o concesionarios de uso público o social, incluyendo las comunitarias e indígenas, que presten el servicio de radiodifusión que no estén en condiciones de iniciar transmisiones digitales al 31 de diciembre de 2015, deberán, con antelación a esa fecha, dar aviso al Instituto Federal de Telecomunicaciones, en los términos previstos en el artículo 157 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión a efecto de que se les autorice la suspensión temporal de sus transmisiones o, en su caso, reduzcan su potencia radiada aparente para que les sea aplicable el programa de continuidad al que se refiere el párrafo siguiente de este artículo. Los plazos que autorice el Instituto en ningún caso excederán del 31 de diciembre de 2016.
En caso de que para las fechas de conclusión anticipada de las señales analógicas de televisión radiodifundida por área de cobertura o de que al 31 de diciembre de 2015, las actuales estaciones de televisión radiodifundida con una potencia radiada aparente menor o igual a 1 kW para canales de VHF y 10 kW para canales UHF, no se encuentren transmitiendo señales de televisión digital terrestre y/o no se hubiere alcanzado el nivel de penetración señalado en los párrafos tercero y cuarto de este artículo, ya sea en alguna región, localidad o en todo el país; el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá establecer un programa para que la población continúe recibiendo este servicio público de interés general en las áreas respectivas, en tanto se inicien transmisiones digitales y/o se alcancen los niveles de penetración señalados en este artículo. Los titulares de las estaciones deberán realizar las inversiones e instalaciones necesarias conforme a los plazos previstos en el programa. En ningún caso las acciones derivadas de este programa excederán al 31 de diciembre de 2016.
• En atención a la referida adición y reforma, el 31 de diciembre de 2015, se publicó en el DOF el acuerdo mediante el cual el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones estableció las estaciones y equipos complementarios que debían continuar realizando transmisiones analógicas de televisión radiodifundida de acuerdo con los supuestos normativos contenidos en los párrafos sétimo y octavo del artículo Décimo Noveno Transitorio del decreto de ley, conocido como acuerdo de permanencia.
• Derivado de lo anterior, la SCT resultó ser la autoridad encargada de que existiera en el país la posibilidad de recepción de señales digitales derivado de la transición a la TDT, ya que se encomendó al Ejecutivo federal implementar programas y acciones vinculadas con la transición a la TDT, en lo que respecta a la entrega o distribución de equipos receptores o decodificadores.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Eduardo Álvarez Ponce
Coordinador General
(Se remite a la Comisión de Comunicaciones, para su conocimiento.)
De la Consejería Jurídica de Oaxaca, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a las Secretarías de Educación Pública federal y locales a instaurar en el ámbito de sus atribuciones medidas para promover entre los niños y los adolescentes la cultura de la denuncia de actos violentos en su contra cometidos en el hogar
Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, 3 de abril de 2017
Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala
Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión
Por instrucciones del Consejero Jurídico del gobierno del estado y con fundamento en el artículo 98 Bis; de la Constitución Política del estado libre y soberano de Oaxaca; en estrecha relación con el numeral 49, primer párrafo, fracción XXVIII; de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, 22, fracciones I y XIV; del Reglamento Interno de la Consejería Jurídica del gobierno del estado, doy respuesta a su oficio D.G.P.L. 63-11-3-1762, de fecha 09 de febrero de 2017, por medio del que hace de conocimiento el siguiente punto de acuerdo:
“Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, a las Secretarías de Educación de las entidades federativas y de la Ciudad de México, a efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones, instrumenten las medidas necesarias para promover entre las niñas, niños y adolescentes la cultura de la denuncia de los actos violentos en su contra que se presenten en sus hogares”.
Sobre el particular, adjunto copia del ocurso número IEEPO/DMCE/397/2017, signado por la maestra Mariana Valdivia Mondragón, encargada de la Dirección para la Mejora de la Convivencia Escolar dependiente del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, mediante el cual informa sobre lo exhortado; consecuentemente, pido a usted, de manera atenta, se tenga a mi representado, cumpliendo plenamente con lo solicitado.
Sin otro asunto en particular, le reiteró mi más alta y distinguida consideración.
Licenciada Elvira Morales Pérez (rúbrica)
Directora general de Consulta Normativa y Prospectiva Legislativa de la Consejería Jurídica
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 22 de febrero de 2017.
Licenciado Ángel Alejo Torres
Consejero jurídico del gobierno del estado
Presente
Sirva el presente para enviarle un respetuoso saludo y al mismo tiempo hacer llegar a usted la respuesta al oficio GU/SPEE/STTPE/G4/2017/194 turnado por la Secretaría Técnica del Poder Ejecutivo, para dar atención al documento No. D.G.P.L 63-11-3-1762 signado por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en donde da a conocer el punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto a promover entre las niñas, niños y adolescentes la cultura de la denuncia de los actos violentos en su contra que se presenten en sus hogares.
Por lo que al respecto, la Dirección para la Mejora de la Convivencia Escolar, en el ámbito de su competencia, propone implementar la Mesa de Trabajo Interinstitucional para la Prevención y Atención de casos de Violencia ejercidos hacia Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de establecer acuerdos de trabajo coordinado que permitan coadyuvar de manera asertiva a brindar atención adecuada a la niñez y adolescencia del estado, tomando en cuenta que desde el quehacer de cada institución se tendrá la oportunidad de trabajar tanto con niñas, niños y adolescentes, como con personal docente, madres, padres y /o tutores.
Aprovecho también, para comentar a usted que desde el área de Atención y Tratamiento de esta dirección a la fecha se han venido realizando talleres con madres, padres y/o tutores en los que se ha visto de manera transversal el tema medular del presente, capacitando en estos primeros 100 días de gobierno a un total de 2103 personas.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Maestra Mariana Valdivia Mondragón (rúbrica)
Encargada de la Dirección para la Mejora de la Convivencia Escolar
(Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.)
De la Consejería Jurídica de Oaxaca, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo de las 31 entidades federativas y de la Ciudad de México a diseñar políticas en materia de cambio climático y destinar para ejecutarlas recursos específicos en los respectivos proyectos de Presupuesto de Egresos, a fin de que el país contribuya a mitigar el cambio climático y enfrente sus efectos adversos
Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, 27 de marzo de 2017.
Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala
Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión
Por instrucciones del consejero jurídico del gobierno del estado y con fundamento en el artículo 98 Bis; de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Oaxaca; en estrecha relación con el numeral 49, primer párrafo, fracción XXVIII; de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, 22, fracciones I y XIV; del Reglamento Interno de la Consejería Jurídica del gobierno del estado, doy respuesta a su oficio D.G.P.L. 63-11-3-1784, de fecha 09 de febrero de 2017, por medio del que hace de conocimiento el siguiente punto de acuerdo:
“Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares del Ejecutivo de las 31 entidades federativas y de la Ciudad de México para que se diseñen políticas estatales en materia de cambio climático y se destinen para su ejecución recursos específicos en los proyectos de presupuesto de egresos de cada uno de los estados con la finalidad de que nuestro país contribuya a mitigar el cambio climático y pueda enfrentar sus efectos adversos.”
Sobre el particular, adjunto copia del ocurso número SEMAEDESO/0350/2017, signado por el licenciado José Luis Calvo Ziga, Secretario del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable, y disco compacto, mediante el cual informa sobre lo exhortado. Consecuentemente, pido a usted de manera atenta, se tenga a mi representado, cumpliendo plenamente con lo solicitado.
Sin otro asunto en particular, le reiteró mi más alta y distinguida consideración.
Licenciada Elvira Morales Pérez (rúbrica)
Directora general de Consulta Normativa y Prospectiva Legislativa de la Consejería Jurídica
Agencia Municipal de Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 1 de marzo de 2017
Licenciado Ángel Alejo Torres
Consejero jurídico del gobierno del estado
En atención a su similar número CJGEO/DGCNPL/DRPLB/168-02/2017, de fecha del 22 de febrero de 2017, recibido en esta Secretaría al día siguiente de su emisión, para efectos de dar respuesta al oficio número B.6.P.L. 63-11-3-1784- de fecha 9 de febrero de 2017, signado por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que contiene el punto de acuerdo, por medio del cual exhorta al titular del Poder Ejecutivo estatal, para que diseñen políticas estatales en materia de cambio climático y se destinen para su ejecución recursos específicos en los proyectos de presupuesto de egresos de cada uno de los estados con la finalidad de que nuestro país contribuya a mitigar el cambio climático y pueda enfrentar sus efectos adversos.
Es por ello que en observancia a lo dispuesto por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, esta Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable, le informa las siguientes acciones que realiza en materia de mitigación y adaptación para el cambio climático:
l. Formulación del Programa Estatal de Cambio Climático (PECC), el cual tiene como objetivo establecer las estrategias, lineamientos, así como mecanismos y acciones relacionadas al cambio climático, con el cual se pretende lograr los objetivos específicos siguientes:
a) Consolidar a Oaxaca como un estado resiliente ante los efectos del cambio climático, para asegurar la conservación del capital natural, la infraestructura estratégica y el patrimonio cultural, así como coadyuvar al desarrollo económico bajo en carbono y al bienestar de la población, considerando un enfoque de igual de género e interculturalidad.
b) Impulsar el desarrollo de los sectores estratégicos del estado, a través de un esquema de economía baja en carbono que promueva una mayor competitividad en los bienes y servicios que provee.
c) Lograr una participación activa e informada de todos los sectores de la sociedad con relación a los impactos que el cambio climático tiene sobre Oaxaca, a fin de fomentar una respuesta coordinada, oportuna y eficiente.
d) Generar sinergias para potenciar los cobeneficios que resulten de la instrumentación de las medidas de mitigación y adaptación que coadyuven a mejorar la calidad de vida de la población en el estado.
e) Establecer componentes de mitigación, como medidas para reducir o prevenir emisiones de contaminantes de efecto invernadero; acciones que van desde cambios tecnológicos, reordenamiento del transporte público, uso de energías renovables hasta cambios en las actividades económicas y en los patrones de comportamiento de los consumidores.
f) Establecer componentes de adaptación, los cuales consisten en la planeación de escenarios en temas de cambio climático, para estimar las repercusiones de posibles cambios de temperatura y precipitación pluvial en un futuro cercano y el de los periodos de retorno de fenómenos hidrometeorológicos extremos, para determinar el riesgo de la población, los sistemas productivos, la infraestructura estratégica y los ecosistema en el estado de Oaxaca.
g) Seguimiento y actualización del Atlas de Riesgo como instrumento intersectorial de gestión (e.g. Protección Civil, Programas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico y Seguridad Hídrica).
h) Planeación del uso de suelo con criterios de prevención del riesgo y fomento de la resiliencia.
i) Seguimiento al Sistema Estatal de Información Meteorológica y Climática de Oaxaca en apoyo a los programas de alerta temprana.
Para la formulación del PECC, se elaboraron los estudios siguientes:
1. Dos Inventarios de Gases de Efecto Invernadero, bases 2005 y 2008 en el que se incluyen los sectores: Energía, Procesos Industriales, Agricultura, Uso de Suelo y Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura (USCUSS) y Residuos.
2. Proyecto “Hacia el Programa de Acción ante el Cambio Climático de Oaxaca”.
3. Estudio de análisis de los sectores estatales con mayores emisiones de gases de efecto invernadero (GEí) y su relación con variables y actividades económicas. (Año 2012).
4. Atlas de Cambio Climático, dicho instrumento contiene datos y mapas de las regiones, distritos y municipios en materia de clima, cambio climático, clima extremo, parámetros bioclimáticos y sequía meteorológica del estado de Oaxaca. (Año 2012). Para su consulta se encuentra en la página http://atlasclimatico.unam.mx/oaxaca.
5. Talleres de Concientización en las regiones del estado, con la participación de la academia, asociaciones civiles, iniciativa privada y la administración pública federal y estatal, para identificar y priorizar las medidas a implementar para la mitigación y adaptación al cambio climático.
6. Proyecto de Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático. (Año 2013); que incluye la evaluación de la vulnerabilidad actual y futura de los sectores de interés para el estado de Oaxaca (agropecuario, industria, agua, forestal y biodiversidad) ante los efectos del cambio.
7. Ley de Cambio Climático para el Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el día 28 de noviembre de 2013, la cual regula y fomenta la instrumentación de la política estatal de cambio climático e incorpora acciones de adaptación, prevención de desastres y mitigación, así como la instalación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) y se creó el Comité Técnico de Cambio Climático (CTCC).
8. Estudio de factibilidad legal, ambiental, social y económico para reducir o evitar las emisiones a la atmósfera del sector ladrillero en la zona metropolitana de Oaxaca, así como el proyecto piloto para la instalación, equipamiento y pruebas de funcionamiento de dos hornos prototipo para el cocido de ladrillo en la referida zona.
9. Estudio para la determinación de la producción de biogás en el sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos de Zaachila, en el cual se determinó la producción de biogás generado a partir del confinamiento en una celda clausurada en el sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos, la cual tiene una superficie de cuatro hectáreas; lo que representa opciones de aprovechamiento de como combustible, con un potencial de operación en rangos hasta de 1.2 mega watts; mismo que también puede utilizarse como combustible gaseoso con un poder calorífico del orden de los 350 BTU, con ello se dejarían de emitir 94,927 toneladas de bióxido de carbono (C02) para contribuir a mitigar el fenómeno del cambio climático.
Dichos instrumentos se adjuntan al presente en medio digital, así como el proyecto (del PECC.
Cabe mencionar que el PECC Oaxaca fue elaborado por el Centro Mario Molina, con recursos financiados por el Banco interamericano de Desarrollo (BID), con apoyo de Latin America Regional Climate Initiative , así como que los trabajos de elaboración iniciaron en el año 2014 y concluyeron en el mes de noviembre del año 2016, contando con la participación de la academia, asociaciones civiles, iniciativa privada, dependencias del gobierno estatal y federal y organismos internacionales; lo cual permitió identificar y priorizar las medidas y acciones a implementar a corto, mediano y largo plazo para la incorporación de las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático además de garantizar que el programa estuviera acorde a la realidad pluricultural e igualdad de género en nuestro estado.
Actualmente se cuenta con la versión final actualizada del referido programa, la cual contiene observaciones y comentarios del Comité Técnico de Cambio Climático (CTCC), el extinto Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el BID; asimismo con la implementación de este programa se busca poner en acción medidas prioritarias que contemplan para el estado de Oaxaca en el año 2020, un potencial de mitigación de 3.8 millones de tonelada de C02 eq, es decir se reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero, para contribuir a las metas a nivel mundial de no incrementar la temperatura global en promedio 2°C.
Asimismo, le informo que esta Secretaría en el presente año llevará a cabo la restructuración, instalación y toma de protesta de los nuevos integrantes de la CICC; promoverá el fortalecimiento del Comité Técnico de Cambio Climático, así como la publicación del PECC, en el Periódico Oficial del gobierno del estado, con la finalidad de lograr su transversalidad en el Programa Estatal de Desarrollo, y con ello estar en posibilidades de gestionar recursos económicos ante diferentes fuentes de financiamiento para la implementación de las medidas de adaptación y mitigación en el territorio estatal.
Por lo antes expuesto, en el marco de las atribuciones de esta Secretaria, para la formulación, diseño e implementación de las estrategias que coadyuven al combate do los efectos negativos de cambio climático, a través de! PECC, solicito se tenga atendiendo lo establecido en el exhorto emitido por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, vicepresidente de la Cámara de Diputados.
Por lo antes expuesto, atentamente solicito:
Único. Se me tenga rindiendo el presente informe en tiempo y forma.
Esperando que la información proporcionada cubra sus expectativas, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado José Luis Calvo Ziga (rúbrica)
Secretario del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable
(Se remite a la Comisión de Cambio Climático, para su conocimiento.)
Del gobierno de Chihuahua, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a diversas autoridades federales y locales a coordinarse para llevar a cabo acciones interinstitucionales preventivas de incendios forestales y de las consiguientes afectaciones a la población
Chihuahua, Chihuahua, a 12 de abril de 2017
Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala
Vicepresidenta de la Mesa Directiva
LXIII Legislatura
Me refiero a su comunicado D.G.P.L.63-II-7-2135, Expediente número 5945, turnado a en esta Coordinación Estatal de Protección Civil el día de hoy, a las 12:47 hrs, a través de Oficio SP 297/2017 signado por el Secretario Particular del C. Gobernador, licenciado José A. Luévano Rodríguez, referente a dar seguimiento a Acuerdo de sesión celebrada el 5 de abril del año en curso, por el cual se exhorta a diversas autoridades federales y locales a coordinarse para llevar a cabo acciones preventivas interinstitucionales que eviten la ocurrencia de incendios forestales y sus consecuentes afectaciones a la población.
Sobre el particular, me permito hacer de su superior conocimiento que estamos dando atención al acuerdo en mención. El día de hoy (12 de abril’17) a las 12:00, se llevó a cabo reunión convocada por esta Coordinación Estatal de Protección Civil Chihuahua con las Dependencias de: Secretaría de Desarrollo Municipal, Secretaría de Desarrollo Rural y Conafor con el fin de elaborar planes específicos con el fin de disminuir estos riesgos, así como el atender oportuna y adecuadamente a la población ante la ocurrencia de incendios forestales (se anexa lista de asistencia).
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para manifestarle nuestro compromiso de sumamos a las tareas de fortalecer e impulsar las acciones de la prevención, dirigidas a salvaguardar la integridad física de la población.
Atentamente
Arquitecto Virgilio Cepeda Cisneros
Coordinación Estatal de Protección Civil
(Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.)
De la Secretaría de Gobierno de Guanajuato, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, la Procuraduría General de la República, las Procuradurías de Justicia estatales, y los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia Nacional, estatales y municipales a realizar acciones para atender la violencia contra niños y adolescentes en el hogar
Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala
Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión
Por instrucciones del licenciado Miguel Márquez Márquez, gobernador constitucional del estado de Guanajuato, y en atención a su oficio número D.G.P.L 63-11-3-1762, del 9 de febrero del año en curso, por el que da a conocer la aprobación del Acuerdo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, y que en sus resolutivos, señala:
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, a las Secretarías de Educación de las entidades federativas y de la Ciudad de México, a efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones, instrumenten las medidas necesarias para promover entre las niñas, niños y adolescentes la cultura de la denuncia de los actos violentos en su contra que se presenten en sus hogares.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes federa!, estatal y de la Ciudad de México, a efecto de establecer la coordinación con la Procuraduría General de la República, y con las Procuradurías de Justicia de los estados y de la Ciudad de México, para que utilicen mecanismos de denuncias confidenciales, accesibles y amigables con las niñas, niños y adolescentes en todos los ámbitos de su actuación, proveyendo apoyo legal.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia, nacional, estatales, de la Ciudad de México y municipales a efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones, promuevan campañas y cursos para padres, madres y tutores de menores de edad con la finalidad de prevenir la violencia en los hogares.
Al respecto, es oportuno señalar que el 11 de septiembre de 2015 se publicó en el Periódico Oficial del gobierno del estado de Guanajuato, número 146, segunda parte,1 el decreto legislativo número 313 mediante el cual, la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del estado libre y soberano de Guanajuato expidió la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Guanajuato.
Para los efectos de la materia del exhorto que nos ocupa, se destacan las siguientes disposiciones:
Deber de las autoridades
Artículo 6. Las autoridades estatales y municipales, así como los organismos autónomos, en el marco de sus respectivas competencias, están obligados a garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como prever, primordialmente las acciones y mecanismos que les permitan un crecimiento y desarrollo integral pleno.
Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años de edad, se presumirá que es adolescente. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce años, se presumirá que es niña o niño.
Impulso, respeto, promoción y protección de derechos
Artículo 7. Las autoridades estatales y municipales, así como los organismos autónomos, en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsarán la cultura de respeto, promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, basada en los principios rectores de esta Ley, así como el fomento de la participación de las organizaciones de la sociedad civil para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Medidas de protección especial
Artículo 11. Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido en cualquier forma violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente y, en su caso, instrumentar las medidas cautelares, de protección y de restitución integrales procedentes en términos de las disposiciones aplicables.
Derecho a una vida libre de violencia
Artículo 48. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un ambiente de paz y armonía, libres de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y desarrollo integral.
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o custodia de niñas, niños y adolescentes, deberán ejercer su derecho de educación, formación y enmienda atendiendo siempre al interés superior de éstos, quedando prohibidos ¡os castigos corporales así como los tratos humillantes o degradantes como formas de corrección disciplinaria.
Medidas de recuperación y de restitución de derechos
Artículo 49. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a adoptar las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su reincorporación a la vida cotidiana.
La recuperación y restitución de derechos a que se refiere el párrafo anterior se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud física y psicológica, el respeto y lo dignidad de niñas, niños y adolescentes.
Protocolos de atención
Artículo 50. En los casos en que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de delitos se aplicarán las disposiciones de la Ley General de Víctimas, la Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito en el Estado de Guanajuato y demás disposiciones que resulten aplicables. En todo caso, los protocolos de atención deberán considerar su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez para la implementación de las acciones de asistencia y protección respectivas, así como la reparación integral del daño.
Prohibiciones
Artículo 80. Está prohibido devolver, expulsar, deportar, retornar, rechazar o no admitir, o de cualquier manera transferir o remover a niñas, niños y adolescentes cuando su vida, seguridad o libertad estén en peligro a causa de persecución o amenaza de la misma, violencia generalizada o violaciones a los derechos humanos, así como donde pueda ser sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Obligaciones de quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o custodia de niñas, niños y adolescentes
Artículo 86. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela, guarda o custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado a niñas, niños y adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, las siguientes:
I. a II ....
III. Asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno armonioso y libre desarrollo de su personalidad:
IV. a X. ...
De igual manera, en el Periódico Oficial del gobierno del estado de Guanajuato, número 50, segunda parte, de fecha 27 de marzo de 2009,2 se publicó la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en el Estado de Guanajuato. Al respecto, dispone:
Sistema Estatal
Artículo 25 . El Sistema Estatal es el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y las entidades de la administración pública estatal entre sí, y con las autoridades federales y los municipios, a fin de efectuar acciones de común acuerdo destinadas a conjuntar esfuerzos, instrumentos, políticas públicas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención y erradicación de la violencia en el estado de Guanajuato.
Asimismo, es oportuno señalar que en fecha 7 de octubre de 2011, se publicó en el Periódico Oficial del gobierno del estado de Guanajuato, número 160, segunda parte, el Decreto Legislativo número 188 mediante el cual, la Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del estado libre y soberano de Guanajuato, expidió la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato. Al respecto, dispone:
Fomento y formación en valores universales
Artículo 3. La formación en valores universales permitirá a los habitantes del estado de Guanajuato, su formación integral y el fortalecimiento del desarrollo de la entidad y de la nación.
La Secretaría de Educación de Guanajuato y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior fomentarán, conforme a los programas autorizados por la Secretaría de Educación Pública, los valores universales que permitan el adecuado desarrollo del educando.
Párrafo reformado P.O. 29-12-2015
Asimismo, implementarán los mecanismos para la formación en dichos valores que fortalezcan el adecuado desarrollo de la comunidad educativa.
Fines de la educación
Artículo 12. La educación que se imparta en la entidad tendrá, además de los fines establecidos en el artículo 3 de la Constitución Política de loos Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Educación, y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los siguientes: (...)
XXI. Apoyar a las niñas, niños y adolescentes que sean víctimas de maltrato y la atención especial de quienes se encuentren en situación de riesgo:
(...)
Equidad y discapacidad
Artículo 22. Para lograr la equidad educativa se apoyará a los educandos en función de sus condiciones y necesidades a fin de asegurar su formación y desarrollo integral, mediante el fortalecimiento de la educación especial y la educación inicial.
Para alcanzar la equidad en la educación, las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las siguientes acciones:
I. a XV. ...
XVI. Apoyarán y desarrollarán programas, cursos y actividades que fortalezcan la enseñanza de los padres de familia respecto al valor de la igualdad y solidaridad entre las hijas e hijos, la prevención de la violencia escolar desde el hogar y el respeto a sus maestros;
XVII. y XVIII. ...
Corresponsabilidad educativa
Artículo 62. La educación integral de las hijas, hijos o pupilos es obligación de los padres de familia, tutores o de quienes ejerzan la patria potestad, con la corresponsabilidad de los educadores y demás personas e instituciones que integran el Sistema Educativo Estatal, de conformidad con esta Ley y demás disposiciones aplicables.
Prevención de ilícitos
Artículo 66. Los educadores y personal directivo realizarán acciones educativas y preventivas en el ámbito de su competencia, a fin de evitar que se cometan ilícitos en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa.
En caso de que los educadores, personal de apoyo y personal directivo, así como los padres de familia, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, tengan conocimiento de la comisión de algún delito en agravio de los educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente, de conformidad con lo establecido por la Ley para una Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.
Atribuciones del Ejecutivo estatal
Artículo 80. Corresponde al Ejecutivo estatal, además de lo establecido en la Ley General de Educación:
I a XVI....
XVII. Fortalecer los programas interinstitucionales destinados a la formación de la cultura de la legalidad, la paz y protección del ambiente;
XVIII a XX. ...
Por otro iodo, la especial condición de las niñas, niños y adolescentes requiere de una protección y cuidado específicos, a fin de que puedan desarrollarse física, mental, moral y socialmente en forma saludable y óptima, así como en condiciones de libertad, igualdad y dignidad. Por ello, en el estado de Guanajuato se han desarrollado mecanismos transversales, incluyendo la procuración de justicia, con la finalidad de promover el reconocimiento, garantizar el ejercicio y defender los derechos y libertades de dicho sector de la población, siempre dirigiendo nuestro quehacer hacia la efectiva materialización del interés superior del menor.
En este sentido, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato cuenta con mecanismos de atención y servicio las veinticuatro horas del día, los 365 días del año, en los 46 municipios de nuestra entidad, y que son accesibles para toda la población con independencia de su edad, sexo o cualquier otra característica. Ahora bien, se dispone de políticas e instancias específicas de atención a favor de las niñas, niños y adolescentes, que de manera directa o indirecta participan en el desarrollo de una investigación iniciada por la noticia de un presunto hecho delictivo.
En materia de empleo de mecanismos accesibles para la presentación de denuncias o querellas, desde una arista de investigación y persecución de los delitos, se han desempeñado esfuerzos importantes que favorecen el acceso a la justicia y la promoción de la cultura de la denuncia, a través del desarrollo permanente de esquemas de atención y servicio, operados por personal especializado, destacándose en tal asignatura, entre otros, los siguientes:
-Como una forma de incentivar la cultura de la denuncia, a través de medios electrónicos, se opera la aplicación para dispositivos fijos y móviles “Procúrate y Asegúrate”, integrada por cuatro herramientas (ProcuraWeb, ProcuraTel, ProcuraCel y ProcurApp), disponible en forma gratuita para los sistemas Android e iOS, que permite reportar situaciones de riesgo o presuntamente constitutivas de delito, favoreciendo la percepción de seguridad y la implementación de modelos vanguardistas para el combate al delito. Dentro de las ventajas con que cuenta esta aplicación, destaca ia posibilidad de ubicar la Agencia del Ministerio Público más cercana, realizar denuncias fotográficas, así como conocer el status de investigaciones iniciadas, entre otros servicios.
-Se cuenta con el Centro de Atención y Servicio (CAS) el cual ofrece servicio de recepción y atención de denuncias telefónicas. La línea telefónica gratuita operada por el CAS es: 01 800 DNUNCIA (3686242).
-Operación de los Módulos de Atención Primaria: en los que se atiende al minuto de arribo de la persona.
-Denuncia en Línea: a través del portal o dirección en internet de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, consultable en: https://portal.pgjguanajuato.gob.mx/PortalWebEstatal/Dnuncia/Formulario s/ dnunciojineo.ospx, con lo cual contamos con la opción de presentación de denuncia, a través de dicho medio, lo que agiliza y facilita la realización del trámite en comento.
-Unidades Especializadas de Investigación (fijas y móviles): que nos permiten brindar a todas las y los usuarios un servicio ágil, oportuno, incluso en su domicilio, pero sobre todo especializado, que promueve una más eficiente y adecuada integración técnica y científica de las investigaciones.
-Unidad de Atención Integral y Especializada a las Mujeres (UNMujeres): la cual brinda asesoría y apoyo legal, psicológico y social a mujeres y niñas víctimas de violencia conforme al marco jurídico aplicable.
Cabe hacer mención de que, en el marco del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de coadyuvar en la tutela del multicitado interés superior de los menores y brindar la atención y auxilio técnico penal correspondiente, la Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato, en los casos y de conformidad con el marco jurídico aplicable, mantiene coordinación interinstitucional con la Procuraduría Estatal de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, lo que permite desarrollar acciones, brindando seguimiento oportuno y garantizando sus derechos particulares, así como su libre desarrollo.
Además, la Procuraduría General de Justicia capacita y prepara permanentemente a sus servidoras y servidores públicos en materia de derechos humanos y atención especializada. Entre otras acciones se cuenta con un Instituto de Formación Profesional , que se encarga, precisamente, de la formación y actualización, así como la profesionalización del personal ministerial de la Procuraduría. Aunado a éste, contamos con una Academia de Investigación Criminal , que instruye a los auxiliares del Ministerio Público, peritos, policías y analistas de información, para ejercer sus atribuciones de manera integral, observando el principio de interés superior del menor.
d) Por lo que hace a ia garantía del interés superior del menor:
-Contamos con el Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes , así como con la Policía Ministerial Especializada para Adolescentes , los cuales ejercen las atribuciones inherentes al Sistema Integral de Justicia para Adolescentes previsto por los artículos 18 de la Constitución Federal y 13 de la Local, observando la legislación aplicable del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.
-Coordinamos el Programa Alerta Amber Guanajuato , mecanismo de amplio alcance social, para búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes, en el que se conjugan esfuerzos de instituciones públicas de los distintos órdenes de gobierno, así como de la sociedad civil, el sector empresarial y los medios de comunicación, a fin de generar esquemas de atención pronta y oportuna ante escenarios objetivos de vulnerabilidad y peligro para las y los menores y adolescentes, en donde pueda encontrarse en riesgo su bienestar, su desarrollo o bien, existir una amenaza real e inminente de que éstos sean víctimas de ciertos delitos o que se trastoquen sus Derechos Humanos.
-A través de la Subprocuraduría de Atención Integral Especializada se opera la Coordinación de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito , que brinda asistencia legal, psicológica, social y económica, a las personas víctimas y a sus familiares, incluyendo, desde luego, a personas menores de edad, bajo esquemas acorde a sus condiciones particulares.
-Representación Victimal: misma que se brinda atento a lo dispuesto en el Acuerdo 1/2016, por el que se establece el funcionamiento y organización institucional, así como las directrices para la asesoría jurídica penal a personas víctimas y ofendidas del delito, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato.3
-Asimismo, disponemos de un Refugio Temporal , en el que se otorga protección a las mujeres y menores que se encuentran en situación de riesgo, a través de una atención integral.
-Se tiene un Área de Dictaminación Psicológica Especializada , que opera en apoyo a las diversas Subprocuradurías, y tiene por objeto determinar el estado emocional o material de las víctimas u ofendidos del delito, incluidas niñas, niños o adolescentes, o, en su caso, obtener el perfil psicológico de aquellas personas a quienes se les atribuye la comisión del hecho delictuoso.
-Operamos Ludotecas en las Unidades de Atención integral a las Mujeres (UNAIM) , en las cuales se atiende a niñas y niños que acompañan a nuestras usuarias, pudiendo disfrutar de un lugar adecuado para su sano desarrollo, esparcimiento y aprendizaje positivo.
-Del mismo modo, se iniciaron los trabajos de operación del Centro de Justicia para las Mujeres , mismo que tiene su sede en el Municipio de irapuato, cuyo objeto consiste en la prestación concentrada y coordinada de servicios especializados, integrales, con perspectiva de género y con respeto a los Derechos Humanos, por parte de instituciones del sector público y organizaciones sociales, a las mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijas e hijos menores.
-Contamos con la Unidad Especializada en contra de la Trata de Personas y Corrupción de Menores , que atiende de manera profesional dichos delitos, que inciden especialmente en los derechos de la infancia.
f) Finalmente, desde el ámbito normativo, la Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato emitió diversas disposiciones internas que inciden en una adecuada atención a las Niñas, Niños y Adolescentes, entre las que se destacan:
-El Acuerdo 2/2011, por el que se establecen Políticas de Atención al Público, especialmente en favor de los Grupos Vulnerables en la Procuraduría General de Justicia del Estado,4 mismo que establece tratamiento particularizado y prioritario a menores.
-El Acuerdo 7/2014, por el que se adoptan formalmente los Protocolos de Investigación con Perspectiva de Género Actualizados,5 de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato.
Durante el 2016, y conforme al procedimiento que disponen la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en el Estado de Guanajuato y la Ley para una Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, canalizamos 74 denuncias de violencia escolar a los Centros Multidisciplinarlos para la Atención de la Violencia.6
Con el objetivo de impulsar la prevención de la violencia y las adicciones, la Secretaria de Seguridad Pública, SSP, y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato, DIF, trabajaron, para el beneficio de 36 mil 500 niñas, niños y jóvenes, en polígonos prioritarios del estado.7 Ahora bien, con el objetivo de promover la cultura de la legalidad en los niños y adolescentes, se realizaron Jornadas Escolares en escuelas primarias y secundarias en las que participaron defensores públicos especializados en temas como: valores, derechos, deberes de la infancia, sistema de justicia juvenil, violencia, confiicto y delitos, consecuencias, deber de denunciar; con la participación de 719 niños y adolescentes.8
Por otra parte, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, a través de la Dirección de Fortalecimiento Familiar, cuenta con el Programa de Centros Multidisciplinarios para la Atención integral de la Violencia y Albergue para Familias y Mujeres Receptoras de Violencia,9 cuyo objetivo general es prevenir, atender y erradicar la violencia en las familias guanajuatenses, además de atender sus efectos, generando para tal fin estrategias específicas, como son:
I. Promover una cultura de paz, igualdad de género y resolución pacífica de conflictos;
II. Buscar la implementación de acciones y estrategias encaminadas a promover la No Violencia;
III. Fomentar una cultura de denuncia y respeto a la legalidad a través de campañas coordinadas con los CEMAIV municipales;
IV. Vigilar el seguimiento de las estrategias para la intervención integral que prestan los CEMAIV municipales a las personas generadoras o receptoras de violencia;
V. Capacitar continuamente al personal de los CEMAIV de los municipios;
VI. Supervisar la correcta intervención multidisciplinaria para atender la necesidad en cada caso en particular;
VII. Vincular la coordinación de los CEMAIV con el Albergue Temporal para Mujeres Receptoras de Violencia del Sistema Estatal DIF, supervisando que se implemente el modelo de atención;
VIII. Aplicar el modelo de atención que marca la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en el Estado de Guanajuato, así como su reglamento;
IX. Brindar apoyo interinstitucional que genere acciones y estrategias en conjunto para erradicar la violencia;
X. Generar una estadística basada en los informes de atención reportados mensualmente por los CEMAIV, con la finalidad de analizar el fenómeno de la violencia en el Estado de Guanajuato, revisando desde las acciones preventivas en conjunto con la operatividad de los CEMAIV y la población atendida en el Refugio Témporal para Mujeres receptoras de violencia; y
XI. Actualizar continuamente ai personal de CEPAEV, adaptándolo a las necesidades para la efectiva aplicación y atención en el tema de violencia.
De la misma forma, la Dirección de Acción en Favor de Niñas, Niños y Adolescentes cuenta con el Programa de Escuela para Padres,10 que tiene operando desde el 2006, y a la fecha trabaja con los 46 municipios del estado de Guanajuato, en las siguientes acciones:
I. Proyecto de vida familiar.
II. Elementos que fortalecen a la familia.
III. Estilos de crianza.
IV. Establecimientos de límites.
V. Valores en familia.
Todos estos temas se relacionan en armonía, basados en los valores como el amor, respeto, benedicencia, honestidad, responsabilidad, generosidad y unión, en el estado de Guanajuato se lleva a cabo la campaña de valores y apoya a esta temática. Así como en los talleres que respaldan el trabajo de escuela para padres, en el año 2016, se atendió en diferentes líneas de acción a los padres de los diferentes municipios en 974 grupos que fueron atendidos bajo la temática ya mencionada.
Se llevaron a cabo un total de 51 foros estatales-municipales con los temas de prevención en familia, límites con amor y estilos de crianza así como eventos de fortalecimiento por parte de los municipios, en los que se realizaron un total de 10 encuentros de padres, 25 foros municipales y 389 pláticas aisladas, con un total de 46,490 beneficiarios atendidos mediante estas acciones.
Notas
1 Consultable en la versión electrónica del Periódico Oficial del Gobierno del Estado en
http://periodico.guanajuato.gob.mx/
dowloadfile?dir-files_migrados&file-PO_146_2da_Parte_ 20l509l4_l603_20.pdf.
2 Consultable en la versión electrónica disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://periodico.guanajuato.gob.mx/
downloadfíle?dir-files__migrados&file-200903271642120.PO_50_2da_Parte.pdf
3 Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 87. Quinta Parte, del 31 de mayo de 2016. Consultable en su versión electrónica en el siguiente vinculo. hnp://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir-files_migrados&f ile-PO_87_5ta_Parte_20160531_1632_20.pdf
4 Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 154. Segunda Parte, del 27 de septiembre de 2011 Consultable en el siguiente vinculo: http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir-files_migrados& file-PO_154_2da_Parte_20110927_1847_15.pdf
5 Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 207. Sexta Parte, del 29 de diciembre de 2014. Consultable en el siguiente vínculo
http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir-file s_migrados&file-PO_207_6ta_Parte_20141227_1151_18.pdf
6 Quinto informe de Gobierno, Líe Miguel Márquez, Márquez. Estrategia I. Impulso a tu Calidad de Vida Tema 1.5 Familias Funcionales Subtema 1.5.4 Centros Multidisciplinarios para la Atención de la Violencia, página 87, versión electrónica.
7 Idem.. Estrategia II. «Impulsa a la Educación para la vida». Tema 11.3 «Arte, Cultura y Deporte en Tu Vida», Subtema 11.3.1 «Practica deportivo y competitiva», página 145.
8 Idem.. Estrategia IV. «Impulso al estado de derecho». Tema IV.4 «Certeza Jurídica», Subtema IV. 4.2 «Certeza jurídica para la población guanajuatense) página 299.
9 Reglas de operación publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 208. Séptima Parte, del 29 de diciembre de 2016 Consultable en la versión electrónica en el siguiente vinculo.
http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir-anio _2016&file-PO_208_7ma_Parte_20161230_0216_8.pdf
10 Reglas de operación publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 208, Tercera Parte, del 2 de diciembre de 2016. Consultable en la versión electrónica en el siguiente vínculo:
http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir-anio _2016&file-PO_208_3ra_Parte_20161229_1329_10.pdf
Reciba un saludo y, a la vez, encomiamos la labor de ese órgano legislativo al que representa.
Respetuosamente.
Guanajuato, Guanajuato, 28 de marzo de 2017.
Licenciado Antonio Salvador García López (rúbrica)
(Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.)
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la STPS a convocar a mesas de diálogo para la nueva justicia laboral, donde participen legisladores, sindicatos, empresarios, académicos, gobierno y demás sectores involucrados, a fin de que se emitan opiniones respecto a una propuesta de reforma procesal laboral integral, en el marco de la reforma constitucional en la materia
Ciudad de México, a 20 de abril de 2017.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-1-2202, signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 200/SDT/032/2017, suscrito por el licenciado Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a convocar a Mesas de Diálogo para la nueva justicia laboral, en la que participen legisladores, sindicatos, empresarios, académicos, gobierno y demás sectores involucrados, con el fin de que se emitan opiniones respecto a una propuesta de reforma procesal laboral integral, en el marco de la reforma constitucional en materia de justicia laboral.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
Ciudad de México, 19 de abril de 2017.
Licenciado Felipe Solís Acero
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
Presente
Me refiero a su oficio número SELAP/300/874/17, mediante el cual remite punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en sesión celebrada el 5 de abril, mismo que a continuación se transcribe:
“Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que convoque a mesas de diálogo para la nueva justicia laboral, en las que participen legisladores, sindicatos, empresarios, académicos, gobierno y demás sectores involucrados, con el fin de que se emitan opiniones respecto a una propuesta de reforma procesal laboral integral, en el marco de la reforma constitucional en materia de justicia laboral.”
Al respecto, me permito informar que se tomó conocimiento del exhorto de mérito, asimismo se informa que el 6 de febrero del año en curso el Secretario del Trabajo y Previsión Social, licenciado Alfonso Navarrete Prida, una vez que se tuvo pleno conocimiento de la aprobación por parte de 17 legislaturas de los estados del país de las reformas a los artículos 123 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instruyó que se creará una Unidad de Enlace que estará en contacto directo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),Tribunales Superiores de Justicia de cada entidad, así como con todos los factores de la producción, para la implementación de la reforma.
Cabe señalar que al frente de dicha unidad el secretario tuvo a bien nombrar a la doctora Ángela Quiroga Quiroga, quien ha mantenido contacto con la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de ese órgano legislativo, diputada Ana Georgina Zapata Lucero, con quien iniciaron los trabajos tendientes a lograr la unificación de criterios para la correcta aplicación de tan importante reforma constitucional.
Aunado a lo anterior, el secretario del Trabajo y Previsión Social, así como funcionarios de la dependencia, se han dado a la tarea de difundir y explicar los alcances de la reforma en los diversos foros en donde las audiencias se encuentran autoridades laborales, patrones y trabajadores.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Rafael Adrián Avante Juárez (rúbrica)
Subsecretario del Trabajo
(Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.)
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la Ssa a redoblar los esfuerzos orientados a fomentar la capacitación del personal del sistema nacional de salud en materia de casos de niños con trastorno del espectro autista; e informar y orientar a las familias donde hay alguien diagnosticado con él sobre la importancia de una dieta especial y el registro de episodios de ahogamiento por comida
Ciudad de México, a 20 de abril de 2017.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-3-1781, signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/488/2017, suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a redoblar los esfuerzos orientados a fomentar la capacitación del personal del sistema nacional de salud en materia de detección de casos de niños y niñas con trastorno del espectro autista; así como informar y orientar a las familias que tienen alguna persona diagnosticada con esta enfermedad, sobre la importancia de una dieta especial y el registro de episodios de ahogamiento por alimento.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
Ciudad de México, a 7 de abril de 2017.
Maestro Valentín Martínez Garza
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Presente
Me refiero al oficio SELAP/300/298/17, de fecha 10 de febrero de 2017, suscrito por el licenciado Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el día 9 de febrero del 2017, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:
“Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a redoblar los esfuerzos orientados a fomentar la capacitación del personal del sistema nacional de salud en materia de detección de casos de niños y niñas con trastorno del espectro autista.
”Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para redoblar los esfuerzos orientados a informar y orientar a las familias que tienen alguna persona diagnosticada con trastorno del espectro autista sobre la importancia de una dieta especial y el registro de episodios de ahogamiento por alimento.”
Al respecto me permito acompañar oficios CCINSHAE-DGCINS-239-2017, y anexo, suscritos por el doctor Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud y oficio D.G.A.1205.000.00/154/2017, suscrito por el licenciado Francisco Javier Guevara García, director general de Asuntos Jurídicos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
Con base en lo anterior, he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica)
Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social
Ciudad de México, a 27 de febrero de 2017.
Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta
Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud
Hago referencia al oficio UCVPS/17/2017 de 17 de febrero del año en curso, recibido el 23 del mismo mes y año, a través del cual solicita la opinión respecto del punto de acuerdo aprobado en la sesión de la Cámara de Diputados celebrada el 9 de febrero de 2017, el cual a la letra señala:
“Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para redoblar los esfuerzos orientados a informar y orientar a las familias que tienen alguna persona diagnosticada con trastorno del espectro autista sobre la importancia de una dieta especial y el registro de episodios de ahogamiento por alimento.”
Sobre el particular, se hace de su conocimiento que mediante oficio D.G.A.J. 205.000.00/134/2017, de 20 de febrero del presente año, se solicitó al doctor Ricardo Camacho Sanciprián, director general de Rehabilitación, manifestara en términos de lo dispuesto en el artículo 30, fracciones I, III y XI del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia las acciones a realizar respecto del acuerdo que nos ocupa. En atención a lo anterior, mediante oficio DGR/223 000 00/0345/2017 recibido el 24 de febrero del año en cur.so, el Director General de referencia, señaló:
“Entre las características principales de la condición del espectro autista, se refiere que es una enfermedad discapacitante, que se distingue por un crecimiento irregular, la dificultad para establecer relaciones sociales, las escasas habilidades para comunicarse, un marcado rechazo al contacto físico con otras personas y un gran apego a realizar actividades rutinarias.
Las personas con la condición de espectro autista, tienden a realizar movimientos corporales que pueden provocarles cólera o ansiedad extrema, y entre un 20-30 por ciento tienden a desarrollar epilepsia en la etapa adulta.
Estas circunstancias, hacen que los niños y niñas con condición de trastornos del espectro autista, sean candidatos a recibir tratamiento rehabilitatorio integral.
En los 24 Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) y 103 Centros de Rehabilitación Integral (CRI) del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, ubicados en las 32 entidades federativas, se proporciona atención rehabilitatoria integral no hospitalaria.
Además, en algunas entidades federativas se han generado, como parte de los CREE’S o CRI’S Centros de Atención para Personas con Condición del Espectro Autista, con diversidad de servicios y recursos, por ejemplo:
Considerando lo establecido en el artículo 16 del Reglamento de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 2016, así como las obligaciones establecidas en el artículo 30, fracciones i, 111 Y XI del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional DIF, es importante referir que los Centros de Rehabilitación cuentan con recursos humanos médicos (especialistas en medicina de rehabilitación, neurología, audiología y foniatría), paramédicos (psicólogos, terapeutas físicos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales), infraestructura (tanques terapéuticos, cámaras de estimulación multisensorial, áreas de estimulación múltiple, áreas de mecanoterapia, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, centros de tecnología adaptada), es decir, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, cuenta con recursos humanos e infraestructura útil para la atención de personas con la condición del espectro autista.
A continuación se enuncia el plan de acción para involucrar al resto de las entidades federativas en la atención integral de las personas con la Condición del espectro Autista:
Objetivo general:
Mejorar la calidad de vida de las personas con Condición del espectro Autista, así como de sus familias, brindando a los padres y/o familiares las estrategias metodológicas de acuerdo a sus necesidades, así como brindar un protocolo de atención acorde a las buenas prácticas.
Objetivos específicos:
• Capacitar al personal médico y paramédico en la atención de personas en condición del espectro autista.
• Detectar de manera temprana a niños y niñas con condición del espectro autista, con el apoyo de instituciones de segundo o tercer nivel de atención (servicios de paidopsiquiatría, pediatría, nutrición, neuropsicología).
• Diseñar un plan de tratamiento integral que considere áreas de rehabilitación, fisioterapia, terapia ocupacional (la cual contempla la enseñanza de posiciones corporales, técnicas de alimentación y empleo de ayudas técnicas) para mejorar la alimentación, así como evaluación y entrenamiento de las actividades de la vida diaria, comunicación humana, terapia de lenguaje, psicología y trabajo social.
• Establecer acciones que favorezcan la inclusión educativa, laboral y social de este grupo poblacional.
• Acordar mecanismo de referencia y contrarrefetencia con las instituciones involucradas en la atención de pacientes con la condición del espectro autista.
Se propone considerar la intervención de las familias en tres etapas:
Atención inicial: Tener una evaluación y un diagnóstico claro, descriptivo y fiable de la situación de cada paciente, así como el diseño del plan de intervención, de acompañamiento intensivo para el adecuado manejo de situaciones complejas para el paciente, la familia, la escuela y el entorno.
Acompañamiento: El propósito es que los padres y/o familiares desarrollen estrategias metodológicas específicas para atender las áreas de: interacción y comunicación social, aprendizaje de las actividades de la vida diaria como autocuidado, vestido, higiene, juego, vida escolar.
Avanzado: El propósito de este programa es supervisar y retroalimentar el trabajo que los padres y/o familiares estén realizando en casa y en los diferentes ambientes, ya que serán ellos los que coordinen el trabajo con los niños.
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Francisco Javier Guevara García (rúbrica)
Director General de Asuntos Jurídicos
Ciudad de México, a 17 de marzo de 2017.
Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta
Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social
Me refiero a su oficio UCVPS/16/2017, mediante el cual hizo de nuestro conocimiento que en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el día 9 de febrero de 2017, se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se refiere:
“Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a redoblar los esfuerzos orientados a fomentar la capacitación del personal del sistema nacional de salud en materia de detección de casos de niños y niñas con trastorno del espectro autista.
”Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para redoblar los esfuerzos orientados a informar y orientar a las familias que tienen alguna persona diagnosticada con trastorno del espectro autista sobre la importancia de una dieta especial y el registro de episodios de ahogamiento por alimento.”
En este sentido, anexo al presente copia del oficio DGC/137/2017, suscrito por la doctora María Elena Medina Mora, directora general del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, mediante el cual plasma diversos comentarios en relación al asunto que nos ocupa.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Doctor Simón Kawa Karasik (rúbrica)
Director General de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud
Doctor Simón Kawa Karasik
Director General de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud
Hospitales de Alta Especialidad
Presente
Estimado doctor Kawa:
En respuesta al oficio número CCINSHAE-DGCIMS-168-2017, que hace referencia al oficio UCPVS/16/2017 mediante el cual solicita opinión al punto de acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados en materia de tratamiento del espectro autista; le adjunto de manera electrónica el documento que la contiene.
Quedo a sus órdenes.
Doctora María Elena Medina Mora (rúbrica)
Directora General del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
México, Ciudad de México, a 14 de marzo de 2017.
En respuesta al oficio CCINSHA-DGCJNS-168-2017, que hace referencia al oficio UCVPS/16/2017, que contiene el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en relación al trastorno del espectro autista, me permito comentar lo siguiente:
El Instituto Nacional de Psiquiatría coincide con la necesidad de capacitar al personal del sistema de salud en materia de reconocimiento oportuno de los casos de TEA. Es por esta razón que como parte de estos compromisos se ha incluido desde el 2016 en la currícula de los residentes de psiquiatría de adultos y de psiquiatría infantil la capacitación relacionada con el diagnóstico de los TEA, además se ha programado anualmente una capacitación abierta para personal de otras instituciones. Sin embargo, es conveniente que estas capacitaciones estén disponibles también en los escenarios de hospitales generales y de tercer nivel que cuentan con el servicio de pediatría, así como centros de salud, donde se cuenta con médicos generales, dado que por investigaciones realizadas tanto en México como en otros países, se conoce que los médicos generales y pediatras son el primer contacto para la búsqueda del diagnóstico por parte de las familias.
En relación a la asesoría nutricional, éstas son consideradas como punto de buena práctica en la Guía Nacional de Práctica Clínica para el tratamiento de los TEA (IMSS-528-12), sin embargo el registro de ahogamiento por alimentos pudiera estar consignado en el expediente clínico como parte de las notas médicas y no como un diagnóstico independiente.
Finalmente, el INPRF reitera su compromiso en materia de investigación, capacitación y diagnóstico de los TEA.
Atentamente
Doctora Patricia Zavaleta Ramírez
Médico Psiquiatra Especialista en Niños y Adolescentes
Jefa de Unidad en Hospital
Ciudad de México, a 10 de febrero de 2017.
Doctor José Narro Robles
Secretario de Salud
Presente
Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número D.G.P.L. 63-II-3-1781 el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunica a esta secretaría el acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 9 del actual, mismo que a continuación transcribo:
“Primero. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud, a redoblar los esfuerzos orientados a fomentar la capacitación del personal del sistema nacional de salud en materia de detección de casos de niños y niñas con trastorno del espectro autista.
”Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para redoblar los esfuerzos orientados a informar y orientar a las familias que tienen alguna persona diagnosticada con trastorno del espectro autista, sobre la importancia de una dieta especial y el registro de episodios de ahogamiento por alimento.”
Asimismo, le acompaño para los fines procedentes, copia del documento al que me he referido y del dictamen del citado acuerdo.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.
Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
(Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.)
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la Ssa a implantar campañas de difusión en materia de prevención, control y atención del cáncer testicular
Ciudad de México, a 20 de abril de 2017.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta del oficio número DGPL 63-II-3-1765, signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar UCVPS/ 482/ 2017, suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, y de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a implantar campañas de difusión en materia de prevención, control y atención del cáncer testicular.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente
Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
Ciudad de México, a 7 de abril de 2017.
Maestro Valentín Martínez Garza
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Presente
Me refiero al oficio número SELAP/ UEL/ 311 / 269/ 17, de fecha 10 de febrero de 2017, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados celebrada el 9 de febrero de 2017 se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal para que en coordinación con las Secretarías de Salud de las 32 entidades federativas implante campañas de difusión en materia de prevención, control y atención del cáncer testicular, que comprenda la siguiente información:
l. Mecanismos de detección oportuna;
2. Divulgación de las medidas para el control epidemiológico; y
3. Causas, sintomatología y prevención.
Al respecto, me permito acompañar el oficio número CCINSHAE- DGCINS- 250- 2017, suscrito por el doctor Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud.
Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica)
Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social
Ciudad de México, a 17 de marzo de 2017.
Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta
Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social
Presente
Por instrucciones del titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Doctor Guillermo Ruiz Palacios y Santos, hago referencia al oficio número UCVPS/ 984/ 2016, mediante el cual hizo de nuestro conocimiento que en la sesión de la Cámara de Diputados celebrada el 9 de febrero de 2017 se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal para que en coordinación con las Secretarías de Salud en las 32 entidades federativas implante campañas de difusión en materia de prevención, control y atención del cáncer testicular, que comprenda la siguiente información:
l. Mecanismos de detección oportuna;
2. Divulgación de las medidas para el control epidemiológico; y
3 Causas, sintomatología y prevención.
Al respecto, anexo al presente encontrará copia simple del oficio número de referencia DM/ 235/ 2017. suscrito por el doctor Ángel Herrera Gómez, director general adjunto médico del Instituto Nacional de Cancerología, mediante el cual remite análisis y opinión técnica sobre la iniciativa en comento a efecto de coadyuvar en la postura institucional de la Secretada de Salud.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Doctor Simón Kawa Karasik (rúbrica)
Director General de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud
7 de marzo de 2017.
Doctor Simón Kawa Karasik
Director General de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud
Presente
Con relación a sus oficios número CCINSHAE- DGCINS- 158- 2017 y VPS/ 984/ 2017, envío la información sobre el punto de acuerdo, a través de la Cámara de Diputados, detallando los mecanismos de detención oportuna, divulgación de las medidas para el control epidemiológico y las causas, sintomatología y prevención.
Introducción
El cáncer de testículo son tumores que representan de 1 a 1.5 por ciento de las neoplasias en el hombre, y es la más común entre los hombres que se encuentran en edad reproductiva (15 a 35 años). De los tumores testiculares, 95 por ciento se originan en las células germinales y 5 por ciento es del estroma gonadal. El seminoma es el más común y es raro en pacientes menores de 10 años o mayores de 60, con un pico de incidencia entre los 35 y 39 años. Las neoplasias testiculares son ligeramente más frecuentes en el testículo derecho que en el izquierdo (57 vs 43 por ciento); sólo de 2 a 3 por ciento de los tumores bilaterales y pueden presentarse de forma simultánea (sincrónica) o sucesiva (metacrónica). En México, en 2001 se documentaron mil 186 casos, que representaron 2.4 por ciento de las neoplasias en el sexo masculino; ocurrieron 299 muertes por esta causa el mismo año.
Detección oportuna (síntomas)
La manifestación más común de presentación del cáncer testicular es una masa testicular indolora. El dolor testicular se presenta solamente en 10 por ciento de los tumores testiculares y es ocasionada por hemorragias o infarto testicular. De 5 a 10 por ciento de los tumores se presentan con hidrocele, lo cual puede confundir el diagnóstico. Los pacientes con TCG avanzados casi siempre cursan con síntomas derivados de la diseminación linfática y hematógena e incluyen dolor de espalda baja debido a adenopatía de mediastino puede producir dolor torácico o tos, la diseminación a los pulmones puede producir tos o hemoptisis.
Diagnóstico
La exploración física es el procedimiento inicial para la detección de los tumores testiculares, ya que permiten al paciente y al médico detectar alteraciones en la forma, el tamaño y la consistencia del testículo. Ante cualquier anormalidad se procede a realizar estudios de imagen. Actualmente, el ultrasonido testicular se utiliza para confirmar la presencia de una masa testicular y explorar el testículo contralateral. La sensibilidad para detectar un tumor testicular es casi 100 por ciento, y tiene un papel importante, determinando si es una masa intratesticular o extratesticular. Los marcadores tumorales son factores pronósticos y contribuyen al diagnóstico y la estadificación. Deben cuantificarse los niveles séricos de Alfa feto proteína (AFP), gonadotropina carioca humana (hCG) y lactato deshidrogenasa (DHL) antes del tratamiento. La AFP es una glucoproteína que se produce en el hígado, tracto gastrointestinal y saco vitelino. Entre los TCG, la secreción de AFP se restringe a los no seminomatosos. La hCG se produce en el sincitiotrofoblasto y esa elevada en 15-20 por ciento de los seminomas y 10-40 por ciento de los seminomas.
La DHL aunque inespecífica para TCG refleja el volumen tumoral y la tasa de crecimiento, lo cual la convierte además en un factor pronóstico. Se debe hacer notar que la negatividad en los niveles séricos de los marcadores no excluye el diagnóstico de tumor testicular. El diagnóstico, la evaluación incluye el examen físico completo, evaluación patológica del tejido tumoral, estudios radiográficos y medición de los marcadores tumorales séricos. Los estudios de imagen necesarios para la estadificación incluyen la radiografía de tórax, una tomografía computada de abdomen y pelvis. La TC contrastada de abdomen y pelvis permite documentar o descartar afección macroscópica retroperitoneal o hepática.
Divulgación epidemiológica
Se debe proporcionar información sobre la edad en que la población masculina está en riesgo, además de identificar los factores de riesgo asociados y las alteraciones en la exploración física. Es muy importante hacer notar que es una neoplasia que afecta a la población joven.
Causas (factores de riesgo)
Hay cuatro factores de riesgo bien establecidos para el desarrollo de cáncer testicular: criptorquidia, historia familiar de cáncer, antecedente de cáncer testicular y neoplasia intratubular germinal. Los hombres con criptorquidia presentan 4 a 6 veces más probabilidad de tener cáncer de testículo, y la localización del testículo (entre más alto mayor el riesgo de cáncer) influye en el desarrollo de esta neoplasia.
Otras alteraciones asociadas son
1. Síndrome de feminización testicular.
2. Disgenesia gonadale (síndrome de Klinnefelter): 20-30 por ciento desarrollan tumor testicular.
3. Infección por VIH.
4. Otros: atrofia testicular, trauma testicular (no es una causa, los detecta posteriormente a una evaluación). Ingesta de dietil estil bestrol.
Reciba un cordial saludo.
Atentamente
Doctor Ángel Herrera Gómez (rúbrica)
Director General Adjunto Médico
(Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.)
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la Ssa a compartir los efectos que, en su caso, está provocando la extracción de hidrocarburos por el método de factura hidráulica en Nuevo León, así como las acciones preventivas que se toman para resguardar a la población por daños a la salud o ambientales por dicha fractura
Ciudad de México, a 20 de abril de 2017
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio No. D.G.P.L. 63-II-3-1505 signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/487j2017 suscrito por el doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a compartir los efectos que en su caso está provocando la extracción de hidrocarburos por el método de fractura hidráulica en Nuevo León, así como las acciones preventivas que se están tomando para resguardar a la población por daños a la salud o ambientales que provoque dicha fractura.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica)
Titular de la Unidad
Ciudad de México, a 7 de abril de 2017
Valentín Martínez Garza
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Presente
Me refiero al oficio SELAP/UEL/31112549/16, de fecha 20 de diciembre de 2016, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el día 15 de diciembre del 2016, se aprobó el Punto de Acuerdo, que a continuación se transcribe:
“Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Salud y a la Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a compartir con esta soberanía los efectos que en su caso está provocando la extracción de hidrocarburos por el método de fractura hidráulica en Nuevo León, así como las acciones preventivas que se están tomando para resguardar a la población por daños a la salud o ambientales que provoque la fractura hidráulica.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Centro Nacional de Prevención de Desastres y/o al Servicios Sismológico Nacional, a compartir las causas que están provocando sismos en el estado de Nuevo León, esclareciendo si los mismos tienen origen en las actividades de exploración, extracción o disposición de residuos de la industria de explotación de hidrocarburos.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Agua, opine sobre el estado que guardan los acuíferos en torno a la Cuenca (de hidrocarburos) de Burgos, referente a la disposición y calidad del agua que reciben los estados de Nuevo León y Tamaulipas”.
Al respecto me permito acompañar oficios CGJC/3/UR/100112017, suscritos por la licenciada Paulina Ramírez Requena, subdirectora ejecutiva de Legislación y Consulta de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta
Titular de la Unidad
Ciudad de México, a 28 de marzo de 2017.
Doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta
Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud
Con fundamento en los articulos 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 bis de la Ley General de Salud; 2, apartado C, fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud; y, 3, 4, fracción II, inciso g) y, 18, fracciones II y XVI del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; y, con fundamento en el artículo Quincuagésimo Sexto, fracciones I y V, del Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan, en los órganos administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; en atención a su oficio número UCVPS/205/2017, por medio del cual solicita a esta Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS o Comisión Federal), la postura respecto al Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del H, Congreso de la Unión, que exhorta a la Secretaria de Salud en los siguientes términos:
“Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Salud y a la Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a compartir con esta soberanía los efectos que en su caso está provocando la extracción de hidrocarburos por el método de fractura hidráulica en Nuevo León, así como las acciones preventivas que se están tomando para resguardar a la población por daños a la salud o ambientales que provoque la fractura hidráulica...”.
Al respecto, le comento que esta Comisión Federal concuerda con la preocupación plasmada en el Punto de Acuerdo aprobado, puesto que es indispensable tomar acciones preventivas contra cualquier tipo de práctica que pudiera provocar un riesgo a la salud de la población.
Asimismo, debe precisarse que conforme al artículo 17 bis, fracción II, de la Ley General de Salud, el ámbito de competencia otorgado a la Cofepris para proponer la política nacional de protección contra riesgos sanitarios, así como su instrumentación, comprende: ejercer las facultades de regulación, control y fomento sanitario sobre establecimientos de salud; medicamentos y otros insumas para la salud; disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componentes: alimentos y bebidas, productos cosméticos; productos de aseo; tabaco, plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas para la salud; productos biotecnológicos, suplementos alimenticios, materias primas y aditivos que intervengan en la elaboración de los productos anteriores; así como de prevención y control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre, salud ocupacional y saneamiento básico, así como evaluar los riesgos a la salud en estas materias de su competencia.
Y por otra parte, esta Comisión Federal participa en el control y evaluación de riesgos a la salud derivado de los efectos nocivos de los factores ambientales, de manera coordinada con las distintas entidades de gobierno para que en conjunto se traten los posibles daños a la salud o al ambiente, sin embargo, para ello debe establecerse un caso concreto, ya que la evaluación y resultados dependen de las características del caso concreto.
De tal suerte que esta autoridad sanitaria carece de los elementos para poder realizar una evaluación de manera general de los posibles riesgos a la salud que pudiera provocar el método de fractura hidráulica, derivado de que no existen reportes acerca de la presencia de contingencias sanitarias por esta práctica, o de indicaciones precisas que permitan a esta autoridad sanitaria llevar a cabo una evaluación de manera concreta en una localización específica y con características concretas para ubicar el evento o contingencia particular a evaluar, razón por la que a la fecha esta Comisión Federal no puede compartir, con esa honorable Cámara de Diputados, los efectos que está provocando dicha práctica.
Por otro lado, en cuanto a las medidas preventivas que se han tomado a efecto de resguardar a la población contra los posibles daños a la salud que pueda provocar el método de fractura hidráulica, se informa que la Secretaría de Salud ha emitido normatividad tendiente a establecer los límites permisibles de contaminantes tanto en agua para uso y consumo humano, así como los límites de contaminantes en el aire; al efecto se han emitido las Normas Oficiales Mexicanas NOM, 127·SSA1·1994, “Salud Ambiental, Agua para Uso y Consumo Humano-Límites Permisibles de Calidad y Tratamientos a que debe someterse el Agua para su Potabilización”: y, NOM·020·SSA 1·2014, “Salud Ambiental. Valor Límite Permisible para la Concentración de Ozono (O3) en el Aire Ambiente y Criterios para su Evaluación”, que establecen los límites de contaminantes en agua para uso y consumo humano y en el ambiente para prevenir riesgos a la salud de la población, dichas normas se complementan con otras disposiciones a fin de establecer sistemas de monitoreo y para atender los reportes que surjan por casos concretos en que se pueda ver afectada la salud de la población y, que establecen el ejercicio coordinado de acciones con otras dependencias y con autoridades de los distintos niveles de gobierno.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Licenciada Paulina Ramírez Requena (rúbrica)
Subdirectora Ejecutiva de Legislación y Consulta
(Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.)
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la Ssa a establecer como obligatoria en todo el sistema nacional de salud la realización de una ecocardiografía fetal entre las semanas 18 y 22 de gestación, y promover la información de especialistas en el área de patologías fetales
Ciudad de México, a 20 de abril de 2017.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-4-1512, signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número UCVPS/483/2017, suscrito por el doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a establecer como obligatoria la realización de una ecocardiografía fetal entre las semanas 18 y 22 de gestación en todo el sistema nacional de salud, así como promover la formación de especialistas en el área de patologías fetales.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica)
Titular de la Unidad
Ciudad de México, a 7 de abril de 2017.
Maestro Valentín Martínez Garza
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Presente
Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/2528/16, de fecha 20 de diciembre de 2016, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 15 de diciembre de 2016, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en el marco de sus competencias establezca como obligatoria la realización de un ecocardiografía fetal entre las semanas 18 y 22 de gestación en todo el sistema nacional de salud.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas y las instituciones educativas correspondientes, promueva la formación de especialistas en el área de patologías fetales.
Al respecto me permito acompañar oficio CCINSHAE-DGCINS-274-2017 y anexo, suscrito por el doctor Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud y oficio SIDSS-CAS-924-2017, suscrito por el ingeniero Gustavo Ernesto Ramírez Rodríguez, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud.
Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica)
Titular de la Unidad
Ciudad de México, a 13 de enero de 2017.
Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta
Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social
Presente
Me refiero a su oficio UCVPS/ 12712017 de fecha 2 de enero 2017, referente al punto de acuerdo aprobado en sesión de la Cámara de Diputados celebrada el 15 de diciembre del 2016, el cual se detalla a continuación:
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en el marco de sus competencias establezca como obligatoria la realización de un ecocardiografía fetal entre las semanas 18 y 22 de gestación en todo el Sistema Nacional de Salud.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas y las instituciones educativas correspondientes, promueva la formación de especialistas en el área de patologías fetales.
Al respecto, por instrucciones del doctor José Meljem Moctezuma, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud y en el ámbito de competencia de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES), se informa lo siguiente:
• Por lo que hace al punto primero, la DGCES no tiene facultades para establecer como obligatoria la realización de una ecocardiografía fetal entre las semanas 18 y 22 de gestación en todo el sistema nacional de salud.
No obstante lo anterior, la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2017, para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2016, establece en el apartado de disposiciones generales, en el numeral 5.2.1.16, lo siguiente:
5.2.1.16. Promover que se realice un ultrasonido obstétrico en cada trimestre del embarazo por personal capacitado, para determinar el bienestar materno y fetal de manera intencionada. El primero entre las semanas 11 a 13.6, mediante el cual se establezca la vitalidad, edad gestacional y número de fetos que se están gestando; el segundo entre 18 y 22 semanas y el tercero entre las 29 y 30 semanas o más de gestación.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ingeniero Gustavo Ernesto Ramírez Rodríguez (rúbrica)
Coordinador
Ciudad de México, a 24 de marzo de 2017.
Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta
Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social
Presente
Por instrucciones del titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, doctor Guillermo M. Ruiz Palacios y Santos, hago referencia a su oficio número UCVPS/128/2017, mediante el cual nos informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el día 15 de diciembre del 2016, se aprobó el siguiente punto de acuerdo.
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en el marco de sus competencias establezca como obligatoria la realización de una ecocardiografía fetal entre las semanas 18 y 22 de gestación en todo el Sistema Nacional de Salud.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la titular de la Secretaría de Salud a que, en coordinación con el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas y las instituciones educativas correspondientes, promueva la formación de especialistas en el área de patologías fetales.
Lo anterior, a efecto de que remitiéramos a esa Unidad a su digno cargó, nuestra opinión al citado punto de acuerdo, con el fin de fijar una postura institucional.
Al respecto, anexo al presente encontrará copia simple del oficio número 2000.118.2017, suscrito por el director médico del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, doctor Rodrigo Zamora Escudero, mediante el cual vierte algunos comentarios a dicho punto de acuerdo.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Doctor Simón Kawa Karasik (rúbrica)
Director General de Coordinación Social de los Institutos Nacionales de Salud
Ciudad de México, a 17 de marzo de 2017.
Doctor Simón Kawa Karasik
Director General de Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud
Presente
En contestación a su atento oficio número CCINSHAE-DGCINS-12-2017 y al oficio de referencia número UCVPS/128/2017, enviado por el doctor Ernesto Monroy Yurrieta, mediante el cual hace del conocimiento de la sesión de la Cámara de Diputados, en donde se aprobó el punto de acuerdo se exhorta a la Secretaria de Salud para que, en el marco de sus competencias, establezca como obligatoria la realización de una ecocardiografía fetal entre las semanas 18 y 22 de gestación en todo el sistema nacional de salud, al respecto le informo que:
Relevancia del problema y situación actual
La prevalencia reportada de cardiopatías a nivel mundial será variable de acuerdo a la bibliografía consultada, se encuentran valores que van del 2.1 al 12.6 por 1000 recién nacidos. En nuestro país la prevalencia real no se conoce. Se ubica como la sexta causa de muerte fetal en menores de un año y como la tercera causa entre niños de 1 y 4 años. Tomando en cuenta el número de nacimientos anuales se estima que nacen entre 10 y 12 mil niños con una cardiopatía congénita.
La realización del diagnóstico prenatal de cardiopatías incrementa la prevalencia en aproximadamente tres veces. Esto es debido a que un alto porcentaje de los fetos con cardiopatías complejas, o con síndromes relacionados fallecerán antes del nacimiento sin haber tenido la oportunidad del diagnóstico prenatal. De todos estos nacimientos difícilmente se contará con estudio de necropsia, por lo cual quedarán dentro del rubro de óbitos sin causa aparente.
Una proporción importante de recién nacidos con cardiopatías congénitas no habrán sido detectados prenatalmente, retrasando de forma significativa su diagnóstico y manejo adecuado, incrementando de forma significativa la morbimortalidad.
Por todo lo anterior una propuesta para incrementar el diagnóstico prenatal de cardiopatías es esencial y sumamente trascendente. Tal propuesta debe tomar en cuenta múltiples aspectos y contemplar todas las complejidades para su implementación.
Será importante en este punto tomar en consideración algunos aspectos:
1. La propuesta menciona que se debe realizar de forma obligatoria ecocardiografía fetal entre las 18 y 22 semanas de gestación.
En relación con esto mencionaremos que el ecocardiograma fetal es un estudio altamente especializado que debe ser realizado por personal con un muy alto nivel de especialidad, tal como cardiólogos, radiólogos o médicos materno fetales con formación y/o amplia experiencia en el área de la ecocardiografía fetal.
2. Un estudio completo de este tipo toma aproximadamente 60 minutos
3. El ecocardiograma fetal no es un estudio de tamizaje diagnóstico, es un estudio confirmatorio de defecto cardíaco.
4. El ecocardiograma fetal tiene indicaciones precisas, no es para población general. Entre sus indicaciones se encuentran:
a) Imagen de cuatro cámaras cardíacas fetal anormal’
b) Arritmias fetales
c) Feto con defectos de otro tipo
d) Fetos con cromosomopatías confirmadas
e) Hidrops fetal
f) Historia familiar de cardiopatía
g) Madre con diabetes pregestacional
h) Exposición a teratógenos
i) Madre con lupus
j) Fetos con restricción del crecimiento intrauterino
5. La etapa ideal para realizar un examen ecocardiográfico fetal es la semana 24 de la gestación.
6. No es ético realizar solo el estudio ecocardiográfico entre la semana 18 y 22 de la gestación sin realizar el estudio estructural completo del feto.
7. Aún en manos expertas el realizar un estudio ecocardiográfico fetal no garantiza el 100 por ciento de detección de defectos. Esto es debido a las limitantes que tiene el estudio: Obesidad materna, posición fetal, edad gestacional, ventana sónica, cantidad de líquido amniótico, cicatrices abdominales maternas, etcétera.
8. Actualmente en el país se cuenta con un número muy reducido de especialistas en el área en relación al número de mujeres que se embarazan.
9. El diagnóstico prenatal de cardiopatía no mejora por si solo el resultado perinatal ni disminuye la mortalidad perinatal. El resultado mejora a través del diagnóstico precoz, referencia eficiente, manejo multidisciplinario (obstetricia, neonatología, terapia intensiva neonatal. genética, psicología, hemodinamistas, cirujanos cardiólogos, etcétera), experiencia del centro al que se refiere, oportunidad de la referencia, capacidad de atención a todos los fetos diagnosticados con cardiopatía, tipo de cardiopatía (compatible o no con la vida, aislada o asociada a otros defectos, candidata a tratamiento prenatal o neonatal, etcétera), ambiente socioeconómico, nivel educativo, etcétera.
10. Debido a que 90 por ciento de los defectos cardiacos congénitos se presenta en población de bajo riesgo, los esfuerzos debieran encaminarse al tamizaje.
¿Cómo funciona el tamizaje para cardiopatías?
Se caracteriza porque se realiza a toda paciente embarazada.
El tamizaje para cardiopatías fetales tiene tres tiempos o periodos para su realización:
1. Primer trimestre
2. Segundo trimestre
3. Tercer trimestre
Primer trimestre:
El tamizaje para cromosomopatías se realiza como parte del tamizaje para cromosomopatías entre las 11 y 13.6 semanas de la gestación. Se realiza la medición de la translucencia nucal, el índice de pulsatilidad del ducto venoso y la evaluación de la regurgitación tricúspidea así como la evaluación inicial de cuatro cámaras cardíacas. Cualquiera de estos cuatro parámetros que resulte sugestivo de anormalidad clasifica al feto en alto riesgo para cardiopatía y será referido para ecocardiografía fetal entre semana 18 a 24. (Lo más temprano posible.)
Todas las pacientes diabéticas pregestacionales, cardiópatas, fetos con cromosomopatía o con defectos cardiacos asociados a defectos cardíacos son candidatas a ecocardiografía fetal.
Segundo trimestre:
Todo feto, independientemente de los factores de riesgo identificados en la historia clínica materna, es candidato a una revisión estructural fetal con ultrasonido de II nivel entre semana 18 a 22. Este estudio incluye la evaluación estructural del área cardíaca a través de la evaluación básica y ampliada (guías ISUOG) (imagen de cuatro cámaras cardiacas, salida de grandes vasos, conexiones aurículo-ventriculares y ventrículo arteriales, etcétera). Esta evaluación tiene la finalidad de detectar anormalidades que coloquen al paciente en el grupo de riesgo para una cardiopatía y es referido para ecocardiograma fetal lo antes posible.
Tercer trimestre:
Los diagnósticos que se realizan en el tercer trimestre se consideran tardíos. Generalmente se realizan en pacientes que no tuvieron control prenatal adecuado o que no pasaron por tamizaje de primer trimestre o de segundo trimestre o bien que el tamizaje no fue eficaz. Igualmente se valora la estructura cardíaca de acuerdo a las guías de la ISUOG y en caso de sospecha de cardiopatía es referida para ecocardiografía fetal o en su caso si se trata de un embarazo de término para el nacimiento y la referencia al centro de atención cardiológica adecuado.
Como se puede ver el tamizaje está basado en la sospecha ultrasonográfica de cardiopatía a través de una evaluación sistematizada de cortes ultrasonográficos específicos del corazón planteados por guías internacionales que permiten realizar la sospecha diagnóstica de un corazón anormal, y son estos fetos los que son candidatos a un estudio posterior de ecocardiografía fetal:
Aspectos técnicos y logísticos
Implementar un programa de detección oportuna y precoz de cardiopatía debe considerar algunos puntos técnicos y logísticos importantes:
1. Al momento de considerarlo obligatorio debemos partir de la premisa que toda paciente embarazada del país (alrededor de 2.7 millones anuales) debe contar con este tipo de estudio, ser referida a la edad gestacional adecuada para la evaluación y en caso de sospecha de patología cardíaca poder ofrecerle el estudio de ecocardiografía fetal (confirmatorio) el seguimiento, la atención integral del feto en caso de cursar con otros defectos, el nacimiento en un centro de tercer nivel y asegurarle la atención neonatal oportuna (disposición de camas, quirófanos, traslados, cirujanos cardiovasculares, intensivistas neonatales, genetistas, etcétera). (Esto para un número esperado de 10 a 12 mil recién nacidos por año.)
2. Considerar los recurso humanos, materiales, y económicos disponibles para tal empresa actualmente y los costos de la capacitación y de la adquisición de los materiales faltantes.
3. En los artículos anexos se puede apreciar el problema existente actualmente para el manejo de los recién nacidos con cardiopatías. (Centralización de los centros de atención, insuficiencia de camas, referencias tardías.)
Matriz FODA
1. Fortalezas
a) Se cuenta con la iniciativa para mejorar el diagnóstico prenatal de cardiopatías.
b) El país cuenta con médicos en condiciones de organizar cursos para la capacitación sistemática del personal de salud para realizar el tamizaje precoz de cardiopatías.
c) Existe la opción de organizar programas piloto de capacitación a personal de salud y la puesta en práctica del programa de tamizaje para posteriormente extenderlo a nivel nacional.
d) El país cuenta con alrededor de 200 egresados formados en el área de medicina materno fetal egresados de esta institución a quienes se puede invitar a participar en los programas de capacitación. Actualmente existen otras sedes con tal vez un menor número de egresados que igualmente pueden ser invitados.
e) Posibilidades para elaborar un programa para el tamizaje nacional de cardiopatía congénita.
2. Oportunidades
a) Amplio interés en la comunidad médica tanto del área de diagnóstico prenatal como del área de neonatología, cardiología perinatal, cirugía cardiovascular para que programas de este tipo salgan adelante.
b) Opción de recurrir a instituciones nacionales y fundaciones para lograr apoyo para el programa
c) Necesidad de regionalización con capacidad de atención especializada de calidad en diferentes regiones del país, no solamente ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.
d) El proyecto requerirá de la participación social y de un gran trabajo en equipo para su implementación.
3. Debilidades
a) Falta de capacidad de las instituciones para la atención oportuna de todos los bebés que se detecten con estos problemas.
b) Falta de convenios para la referencia y contra referencia de estos pacientes.
e) Falta de médicos ecocardiografistas que realicen el ecocardiograma fetal (diagnóstico de confirmación)
d) Necesidad de esquemas de vigilancia a corto y largo plazo
e) Dificultades para la integración de una base de datos nacional con todos los casos detectados y sus resultados
f) Falta de recursos de los pacientes para desplazarse por sus propios medios hacia los centros de atención de tercer nivel a los que sean referidos.
g) Falta de control prenatal en muchos segmentos de población.
4. Amenazas
a) Los recortes al presupuesto en el área médica
b) Falta de plazas para médicos fetales
c) Pocos ecocardiografistas fetales en el país
d) Médicos fetales contratados para atender problemas ginecológicos o de otra índole y no para realizar diagnóstico prenatal
Sin más por el momento, me pongo a sus órdenes.
Atentamente
Doctor Rodrigo Zamora Escudero (rúbrica)
Director Médico
(Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.)
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la Ssa a implantar campañas mediáticas para prevenir los efectos adversos en la salud derivados del trastorno del sueño en la niñez, así como integrar y dar a conocer la información técnica y científica a escala nacional o del extranjero acerca de las afectaciones del sueño a causa del uso excesivo de dispositivos electrónicos
Ciudad de México, a 20 de abril de 2017.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta del oficio número DGPL 63-II-5-2065, signado por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar UCVPS/ 486/ 2017, suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, y de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a implantar campañas mediáticas para prevenir los efectos adversos en la salud provocados por el trastorno del sueño en la niñez, así como integrar y dar a conocer la información técnica y científica a nivel nacional o del extranjero acerca de las afectaciones en el sueño a causa del uso excesivo de dispositivos electrónicos.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente
Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
Ciudad de México, a 7 de abril de 2017.
Maestro Valentín Martínez Garza
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Presente
Me refiero al oficio número SELAP /UEL/ 311/ 259/ 17, de fecha 10 de febrero de 2017, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados celebrada el 9 de febrero de 2017 se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública a implantar campañas mediáticas para prevenir los efectos adversos en la salud provocados por el trastorno del sueño en la niñez.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a integrar y dar a conocer la información técnica y científica a nivel nacional o del extranjero acerca de las afectaciones en el sueño a causa del uso excesivo de dispositivos electrónicos.
Al respecto, me permito acompañar los oficios números CCINSHAE- DGCINS- 263- 2017 y CCINSHAE- DGCINS- 240- 2017, así como sus anexos, suscritos por el doctor Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud.
Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica)
Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social
Ciudad de México, a 22 de marzo de 2017.
Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta
Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social
Presente
En alcance de mi similar número CCINSHAE- DGCINS- 240- 2017, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados celebrada el 9 de febrero se aprobó el siguiente punto de acuerdo, en materia de trastornos del sueño.
Al respecto, le he de agradecer sea integrado el siguiente oficio con comentarios al asunto que nos ocupa:
1. DG/ 1000/ 199/ 2017, suscrito por el doctor José Alberto García Aranda, director general del Hospital Infantil de México Federico Gómez.
Lo anterior, esperando que sea considerado en la postura institucional de la Secretaría de Salud.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Doctor Simón Kawa Karasik (rúbrica)
Director General de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud
Ciudad de México, a 15 de marzo de 2017.
Doctor Simón Kawa Karasik
Director General de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud
Presente
En atención de su oficio número CCINSEAE- DGCINS- 176- 2017, de fecha 2 de marzo del año en curso, mediante el cual solicita opinión sobre el punto de acuerdo referente a implantar campañas mediáticas para prevenir los efectos adversos en la salud provocados por el trastorno del sueño en la niñez, así como de hacer del conocimiento público la información técnica y científica a nivel nacional o del extranjero acerca de infecciones en el sueño a causa del uso excesivo de dispositivos electrónicos, anexos envío a usted los comentarios que sobre el particular emitió el doctor Eduardo Barragán Pérez, jefe del Departamento de Neurología Pediátrica de esta institución.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Doctor José Alberto García Aranda (rúbrica)
Director General del Hospital Infantil de México Federico Gómez
Ciudad de México, a 14 de marzo de 2017.
Doctor José Alberto García Aranda
Director General
Presente
Por medio de la presente me permito informar la opinión respecto a la implantación de campañas mediáticas para prevenir los efectos adversos en la salud provocados por el trastorno del sueño en la niñez, así como de hacer del conocimiento público la información técnica y científica a nivel nacional o del extranjero acerca de afecciones en el sueño a causa del uso excesivo de dispositivos electrónicos.
Tras la revisión de ambos puntos de acuerdo, consideramos que se trata de iniciativas importantes respecto a la atención de este grupo de pacientes y que esto va a generar que se puedan establecer lineamientos diagnósticos y terapéuticos con una homologación de los mismos criterios, favoreciendo su correcta atención.
Me parece importante reconocer que las instituciones nacionales de salud no están preparadas con el personal suficiente ni los medios para lograr un apoyo global para enfrentar esta patología, por lo cual sería muy importante poder establecer las necesidades en cada una de las instituciones para tener el alcance adecuado que se pretende.
Quedo a la más alta de sus consideraciones.
Atentamente
Doctor Eduardo Barragán Pérez (rúbrica)
Jefe del Departamento de Neurología Pediátrica
Ciudad de México, a 17 de marzo de 2017.
Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta
Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social
Presente
En contestación de su similar número UCVPS/ 038/ 2017, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados celebrada el 9 de febrero se aprobó el siguiente punto de acuerdo:
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública a implantar campañas mediáticas para prevenir los efectos adversos en la salud provocados por el trastorno de sueño en la niñez.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a integrar y dar a conocer la información técnica y científica a nivel nacional o del extranjero acerca de las afecciones en el sueño a causa del uso excesivo de dispositivos electrónicos.
En este sentido, encontrará adjunta copia de los oficios
1. DG/ ASS/ 120/ 2017, suscrito por el doctor Alejandro Serrano Sierra, director general del Instituto Nacional de Pediatría; y
2. DGC- 135- 2017, suscrito por la doctora María Elena Medina Mora Icaza, directora general del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
Mediante ellos plasman su postura con relación al asunto que nos atañe.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Doctor Simón Kawa Karasik (rúbrica)
Director General de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud
Ciudad de México, a 13 de marzo de 2017.
Doctor Simón Kawa Karasik
Director General de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad
Presente
En respuesta del oficio número CCINSHAE- DGCINS- 176- 2017, de fecha 2 de marzo del presente año, en el que solicita emitir opinión respecto al punto de acuerdo aprobado en la sesión de la Cámara de Diputados celebrada el 9 de febrero del 2017, me permito hacer el siguiente comentario:
Sin duda, la exposición antes de dormir a dispositivos electrónicos como televisión, videojuegos, computadoras, tabletas y teléfonos móviles va a producir insomnio y consecuentemente al día siguiente irritabilidad, periodos de somnolencia y bajo rendimiento escolar, como lo mencionan en sus consideraciones expertos de la Facultad de Medicina de la UNAM, así como el estudio que realizó la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM.
Por otra parte, es importante considerar no sólo las alteraciones del sueño que se producen con este tipo de dispositivos sino también el riesgo de que el usuario de estos dispositivos esté presentando una conducta adictiva, por lo que es muy válido el exhorto a las Secretarías de Salud, y de Educación de elaborar campañas mediáticas contra el uso de estos dispositivos, particularmente antes de dormir.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Docto Alejandro Serrano Sierra (rúbrica)
Director General del Instituto Nacional de Pediatría
Marzo 14 de 2017.
Doctor Simón Kawa Karasik
Director General de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad
Presente
En respuesta del oficio número CCINSHAE- DGCINS- 176- 2017, que hace referencia al similar UCVPS/ 038/ 2017, mediante el cual solicita opinión al punto de acuerdo “en materia de afecciones en el sueño”, le adjunto de manera electrónica el documento que la contiene.
Quedo a sus órdenes.
Atentamente
Doctora María Elena Medina Mora Icaza (rúbrica)
Directora General del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Efectos adversos en la salud provocados por trastornos del sueño en la niñez
El sueño en la niñez requiere ser entendido y estudiado desde una perspectiva del desarrollo. Tres características del sueño que no deben perderse de vista durante esta etapa de la vida son
1. La duración del sueño a lo largo de un periodo de 24 horas disminuye gradualmente desde la etapa de recién nacido hasta la adolescencia.
2. Entre el inicio de la pubertad y la adolescencia temprana se presenta un retardo fisiológico en el horario del inicio del sueño y de la hora de ir a la cama.
3. Se pretende ajustar la duración y. el horario de sueño a demandas externas con discrepancias entre los horarios para dormir y estar despiertos entre lunes y viernes y los disponibles para sábado y domingo.
Pero además de los cambios asociados con el desarrollo, existen otras variables que influyen en los patrones de sueño. Entre estas se encuentran las que son propias de cada niño, como el patrón conductual y de temperamento, las capacidades cognitivas y del lenguaje, las preferencias circadianas, y la presencia de enfermedades del desarrollo, médicas y psiquiátricas.
También hay influencias parentales, como los estilos de crianza, establecimiento de disciplina, salud mental y enfermedades médicas de los padres, la educación de éstos y el conocimiento que tienen de las características normales del desarrollo. Entre las influencias ambientales se encuentran el ambiente en el que se .duerme, la composición familiar, estilos de vida y costumbres de la familia, así como el estado socioeconómico.
Aunque aún es limitada la información sobre la prevalencia de los distintos trastornos del sueño entre la población pediátrica, cuando se compara con la información disponible para adultos, se cuentan con algunas estimaciones. En términos generales se calcula que uno de cada cuatro niños experimentará alguna alteración en su dormir a lo largo de su infancia. Las frecuencias que se han estimado para los diferentes trastornos del sueño se presentan en el cuadro l.
Hay poblaciones de niños en las que son aún más frecuentes las alteraciones en el sueño. En aquellos niños con trastornos del espectro autista se presentan problemas de sueño en 50-70 por ciento, en niños con déficit intelectual entre 30 y 80 por ciento. Entre los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad hasta 50 por ciento tienen problemas con su sueño mientras que en niños con depresión hasta en 75 por ciento; y en 60 por ciento en niños con asma.
Entre las consecuencias, se ha encontrado que los niños con alteraciones del sueño tienen una mayor probabilidad de sufrir somnolencia diurna, cambios en el estado de ánimo, problemas conductuales, escolares y del aprendizaje. Los adolescentes con un sueño inadecuado muestran déficit en su desempeño académico y social, así como alteraciones en el estado de ánimo. Los problemas del sueño en los niños pueden ser también una fuente de tensión familiar y de alteraciones en la interacción familiar. En forma reciente, también se ha identificado que un déficit persistente en la duración del sueño puede estar asociado al desarrollo de sobrepeso y obesidad.
Afecciones en el sueño a causa del uso excesivo de dispositivos electrónicos
Durante la última década hemos sido testigos de un incremento notable en la disponibilidad de dispositivos electrónicos, entre los cuales se incluyen a los teléfonos celulares, consolas de video juegos, televisores, computadoras, tabletas y reproductores de audio. Estos dispositivos se han incorporado a la vida diaria y particularmente entre la población adolescente se han convertido en objetos “indispensables”. De manera paralela a su disponibilidad, ha crecido el número de horas que los individuos invierten en su uso, observándose una mayor utilización durante los horarios cercanos a la hora de dormir, o bien después de haberse metido a la cama.
Las investigaciones relacionadas con el uso de dispositivos electrónicos y el sueño han encontrado que entre mayor sea el número de horas de uso de los dispositivos por la tarde, se reducen las horas de sueño, se retrasa el horario para ir a la cama o se prolonga el inicio del sueño. Asimismo, el uso de teléfonos celulares después de apagar la luz se asocia con la presencia de insomnio, y durante el día con cansancio, menor energía y cefalea. Parece además existir una relación dosis-efecto, entre más horas se esté expuesto a la pantalla de un dispositivo, menor será la duración del sueño. A partir de las 2 horas de uso ya se aprecian estos efectos.
Esta información indica la necesidad de supervisar por parte de los padres o adultos, la utilización de los dispositivos electrónicos por los niños, en términos tanto del tiempo invertido en su uso como de los horarios. Así como educar a la población en general sobre la importancia del sueño (equiparándolo con una adecuada alimentación y actividad física) y sensibilizar a los niños - a los adolescentes en particular - sobre los efectos nocivos que sobre el sueño puede tener un uso desmedido de los dispositivos electrónicos.
Alejandro Jiménez Genchi
Médico Psiquiatra, Coordinador de la Clínica de Sueño
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Servicios Clínicos
Calzada México-Xochimilco 101, colonia San Lorenzo Huipulco, código postal 14370, Tlalpan, México, DF.
Tel. + 52 55 41 60 53 48
E-mail: jimalex@imp.edu.mx, alegenchi@yahoo.com.mx
(Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.)
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura a efecto de que en la promoción de la cultura de protección civil en todas las etapas de la gestión del riesgo, se prevea y aplique lo dispuesto en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y en el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales sobre el uso de éstas para elaborar los mensajes de alerta temprana
Ciudad de México, a 17 de abril de 2017.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-6-1973, signado por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número SC/200/2017, suscrito por la doctora María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia para que en la promoción de la cultura de la protección civil en todas las etapas de la gestión del riesgo, se prevea y aplique lo contemplado en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, así como lo dispuesto en el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales sobre el uso de lenguas indígenas para la elaboración de los mensajes de alerta temprana.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
Ciudad de México, a 12 de abril de 2017.
Licenciado Felipe Solís Acero
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
Secretaría de Gobernación
Presente
Estimado licenciado Solís:
En referencia a su oficio SELAP/300/863/17, me permito informarle que en el marco de la promoción de la Cultura de la Protección Civil, he instruido a todas las áreas de la Secretaría de Cultura a mi cargo, se prevea y aplique lo contemplado en la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, así como en el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales.
Asimismo, hago de su conocimiento que he girado instrucciones al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para que proporcione asesoría a las Unidades de Protección Civil para la elaboración de los mensajes de alerta temprana que se requieran.
Le envío un saludo cordial.
Atentamente
María Cristina García Cepeda (rúbrica)
Secretaria
(Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.)
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a efecto de que en la promoción de la cultura de protección civil en todas las etapas de la gestión del riesgo, se prevea y se aplique lo dispuesto en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y en el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales sobre el uso de éstas para elaborar los mensajes de alerta temprana
Ciudad de México, a 20 de abril de 2017.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-6-1973, signado por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número INALI.C.A.5.1/013/2017 suscrito por la licenciada Alma Rosa Espíndola Galicia, directora general adjunta de Coordinación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se solicita que en la promoción de la Cultura de la Protección Civil en todas las etapas de la gestión de riesgo, se prevea y aplique lo contemplado en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, así como lo dispuesto en el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales sobre el uso de lenguas indígenas para la elaboración de los mensajes de alerta temprana.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
Ciudad de México, a 19 de abril de 2017.
Licenciado Felipe Solís Acero
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
Secretaría de Gobernación
Presente
Hago referencia a su oficio SELAP/300/863/17, con fecha del 6 de abril de 2017, por medio del cual comunica a este Instituto sobre el punto de acuerdo aprobado en el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 5 de abril de 2017 que a la letra dice:
“Único. Esta Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo federal, con atención a la Coordinación Nacional de Protección Civil; al Sector Salud en todos sus servicios; a los gobiernos estatales y municipales, y a la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales, para que en la promoción de la cultura de la protección civil, en todas las etapas de la gestión del riesgo, se prevea y aplique lo contemplado en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, así como lo dispuesto en el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales sobre el uso de lenguas indígenas y, para que al emitir mensajes de alerta temprana, en los respectivos sistemas de alerta, se haga en forma impresa, auditiva o cualquier otra y priorizando los audiovisuales, mismos que deberán promoverse a través de los medios de comunicación, en particular con el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas, las Unidades de Protección Civil deberán asesorarse y comunicarse con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para la elaboración de los mensajes de alerta temprana.”
En este tenor, le hago llegar de manera adjunta el Informe del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas sobre las acciones de promoción de la cultura de protección civil en lenguas indígenas relativo al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 5 de abril de 2017, el cual abonará a la respuesta que se entregará al honorable Congreso de la Unión.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Alma Rosa Espíndola Galicia (rúbrica)
Directora General Adjunta
Informe del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas sobre las acciones de promoción de la cultura de protección civil en lenguas indígenas, relativo al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 5 de abril de 2017
El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado en la Secretaría de Cultura, cuyo objeto es promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, el conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la nación, y asesorar a los tres órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias en la materia.
De conformidad con la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en el artículo 13, fracción II, el Estado mexicano tiene la obligatoriedad de difundir en las lenguas indígenas nacionales de los beneficiarios, el contenido de los programas, obras y servicios dirigidos a las comunidades indígenas.
Asimismo, según el artículo 14, inciso i), el Inali tiene como atribución actuar como órgano de consulta y asesoría de .las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como de las instancias de los Poderes Legislativo y Judicial, de los gobiernos de los estados y de los municipios, y de las instituciones y organizaciones sociales y privadas en la materia.
En este tenor, el Instituto ha asesorado a la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, para la traducción de mensajes preventivos sobre desastres naturales a lenguas indígenas, con la finalidad de dar a conocer a la población indígena, con pertinencia lingüística y cultural, las recomendaciones de protección civil frente a los distintos desastres naturales y antropogénicos.
Derivado de este trabajo, se llevaron a cabo las siguientes acciones, en coordinación con dicha institución:
• Traducción del mensaje de “Prevención de desastres”, versión “Sismos”, a 3 lenguas indígenas,
• Traducción del mensaje “Prevención de riesgos de inundaciones, lluvias y ciclones” a 8 lenguas indígenas.
• Traducción del mensaje “Medidas preventivas por bajas temperaturas” a la lenguas indígenas.
• Traducción a seis lenguas indígenas de información referente a la contingencia por los frentes fríos que afectaron algunos estados de la República Mexicana. Dichos mensajes se tradujeron al mazateco del sureste, náhuatl de Puebla, mixe alto del centro, tseltal, tarahumara y otomí del Valle del Mezquital.
• Traducción del mensaje “Recuerdos” a diez lenguas indígenas: purépecha, mixteco del oeste de la costa, mixteco de Guerrero, tlapaneco, náhuatl de Guerrero, náhuatl de Puebla, náhuatl de la Huasteca veracruzana, maya, totonaco de Veracruz y chontal de Tabasco. Con estas acciones se llevó un mensaje de aliento, en su lengua materna, a las personas damnificadas por los fenómenos meteorológicos que afectaron el estado de Guerrero y estados vecinos.
• Traducción de 12 “Mensajes preventivos de desastres naturales” a la lenguas indígenas: maya, mazateco del noreste, mexicano de Guerrero, mixteco del oeste de la costa, náhuatl de la sierra noroeste de Puebla, tarahumara del norte, tseltal, tsotsil, zapoteco de la planicie costera y zoque del norte alto.
Asimismo, durante este año, se trabajará con la Dirección de Difusión de la Cultura de Protección Civil, adscrita a la Coordinación Nacional de Protección Civil, a fin de difundir los diversos materiales que ya se encuentran traducidos a lenguas indígenas por los medios que el Inali tenga a su disposición, así como para el seguimiento de proyectos de traducción a idiomas indígenas de mensajes preventivos en distintos formatos.
(Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.)
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a resolver la problemática relacionada con las descargas de líquidos residuales en los ríos, las lagunas y las playas de Bahía de Banderas, Nayarit
Ciudad de México, a 20 de abril de 2017
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio No. D.G.P.L. 63-II-6-1459 signado por la dip Gloria Himelda Félix Niebla, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número BOO.00.01.117 suscrito por el ingeniero Alfonso Camarena Larriva, coordinador de asesores de la Comisión Nacional del Agua, así como de su anexo, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a esa Comisión a resolver la problemática relacionada con las descargas de aguas residuales en los ríos, lagunas y playas del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica)
Titular de la Unidad
Ciudad de México, a 11 de abril de 2017
Valentín Martínez Garza
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Me refiero a su oficio SELAP/UEL/311/2462/16 , dirigido al doctor Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sobre el siguiente Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados:
“Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional del Agua y al municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a resolver urgentemente la problemática relacionada con las descargas de aguas residuales en los ríos, lagunas y playas del Municipio del mismo nombre.”
Con fundamento en el artículo 16, fracción III, del Reglamento Interior de esta Comisión Nacional del Agua, le adjunto la comunicación enviada por la dirección local de Nayarit.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
Ingeniero Alfonso Camarena Larriva (rúbrica)
Coordinador de asesores
Tepic, Nayarit, a 7 de abril de 2017
M. en I. Liliana Marrufo Vázquez
Coordinadora de asesores adjunta
Presente
En relación con el memorándum BOO.00.01-021, de fecha 16 de enero del presente año, en que se solicita resolver urgentemente la problemática relacionada con las descargas de aguas residuales en los ríos, lagunas y playas.
Al respecto, me permito informar que esta Dirección local Nayarit ha llevado a cabo acciones tendientes a verificar el cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales en materia de Descargas de Aguas Residuales, tanto de las descargas generadas por el organismo operador y empresas prestadoras de servicios del municipio de Bahía de Banderas, dichas acciones se relacionan al presente.
Sin otro particular, me despido enviándole un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado José Trinidad Espinoza Vargas (rúbrica)
Director local
Dirección Local Nayarit. Anexo
A) Inspección y vigilancia
Visitas realizadas (2016 y 2017)
Nota. Aquellos que presentaron presuntas faltas se encuentran en las etapas siguientes del proceso, se continúa el seguimiento de las mismas.
B) Monitoreo
Se realizaron un total de 39 muestras sobre el rio Ameca y cuerpos de agua costeros. Y se monitorearon 6 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, con un total de 12 rnuestras.
C) Situación de la infraestructura para el saneamiento de las aguas residuales
En lo que respecta a la infraestructura, nos permitimos informar lo siguiente:
1. En el municipio de Bahía de Banderas se construyó la denominada Megaplanta de Bahía de Banderas en la localidad de San Vicente, dentro del predio denominado El Indio; misma que se planeó para atender las demandas de tratamiento de aguas residuales de la región, atendiendo a diversas localidades del municipio a través de una sola planta de tratamiento, lo que facilitaría la operación y reduciría los costos.
A continuación, se enlistan las localidades que ya se encuentran incorporadas a la megaplanta, así como las localidades que, en un lapso que NO superará los tres meses y/o hasta la prueba satisfactoria del sistema de colectores, serán incorporadas.
Adicionalmente a la población fija del municipio, esta planta de tratamiento se diseñó con la capacidad para atender a la población flotante, que por la importancia turística de la zona, resulta imprescindible en el diseño y planeación de infraestructura; se considera un promedio de 50.000 turistas en la zona de influencia.
2. En la localidad de Bucerías se visitaron las instalaciones de la antigua Planta de Tratamiento de Aguas Residuales; esta planta actualmente funciona como cárcamo de rebombeo y no descarga aguas residuales ni tratadas a la laguna del Quelele. Se verificó el interior de la planta, las llegadas de las aguas residuales a sus tanques de sedimentación y los sitios de descarga de las aguas tratadas. El gasto tratado actualmente es de aproximadamente 16 LPS.
Durante el recorrido se verificó que no existe derrame alguno en el cauce del arroyo El Indio. Se continuó con el recorrido siguiendo el trazo del emisor y verificando la existencia de 105 volúmenes conducidos así como los incrementos del gasto derivados de los colectores influentes al emisor dirigido a la megaplanta.
3. En la localidad de Cruz de Huanacaxtle, la planta de tratamiento de aguas residuales (Lodos Activados) se encuentra fuera de operación y sólo funciona como cárcamo de bombeo.
4. Las localidades de Emiliano Zapata. Corral del Risco, Punta de Mita cuentan con una planta de tratamiento construida por el desarrollador para servicio de la comunidad, a través de un convenio celebrado con el organismo operador, quien retira los lodos generados y el desarrollador recibe el derecho de disponer de las aguas tratadas para el riego de sus campos de golf y jardinería.
Se realizó un recorrido por la zona para verificar la presencia de derrames hacia el mar. Sin embargo, no se observó escurrimiento alguno. Se verificó un canal trapezoidal, construido de mampostería que descarga a la playa y que al parecer corresponde con el escurrimiento denunciado; sin embargo, como ya se mencionó, no se observaron indicios de presencia de agua. Se encuentra completamente seco y con azolves de arena blanca en la que no se detectan residuos de lodos contaminantes.
Ya dentro de la planta se verificaron sus instalaciones y su funcionamiento. Sin encontrar anormalidades.
5. En la localidad de Litubu/Higuera Blanca se cuenta con una planta de tratamiento a cargo de Fonatur, las aguas tratadas son utilizadas para el riego de jardines y su campo de golf. Esta planta opera de manera adecuada, de acuerdo con lo observado durante la visita.
6. En la localidad de Sayulita se cuenta con dos plantas de tratamiento, la más antigua funciona con el sistema de lodos activados, y tiene una capacidad de 15 LPS; la más reciente fue construida con el sistema Biodiscos, también con capacidad de 15 LPS.
7. Finalmente, en la localidad de San Francisco (San Pancho) se cuenta con una planta de tratamiento con capacidad de 4 LPS, con una ampliación para alcanzar los 12 LPS a través de un sistema de lodos activados. Adicionalmente, se construyó recientemente una planta de tratamiento adicional de 12 LPS que a la fecha no está en operación, derivado de la falta la conexión de la energía eléctrica y su entrega por parte de la Comisión Estatal del Agua; por lo que esta Dirección Local se encuentra realizando las gestiones para que el organismo operador la ponga en marcha a la brevedad.
8. En la localidad de Mezcales se verificó el funcionamiento de la planta de tratamiento existente. Y se realizó un recorrido para verificar las adecuaciones que se realizan para conectarla en próximas fechas a la megaplanta. Actualmente se trata un gasto del orden de 105 16 LPS.
D) Operativo preventivo
Con el fin de prevenir focos de infección por colapso de red de drenaje y alcantarillado sanitario, así mismo que pudieran presentar aportaciones extraordinarias a las plantas de tratamiento que provoquen que se rebase su capacidad de operación, la Comisión Nacional del Agua, a través de esta Dirección Local, apoya al municipio de Bahía de Banderas mediante el operativo preventivo con equipo de atención de emergencias (CRAE-02-GDL), el cual se conforma con camión hidroneumático Aquatech y camión cisterna.
(Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.)
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la Ssa a implantar campañas de información para prevenir los problemas de ceguera irreversible por glaucoma
Ciudad de México, a 20 de abril de 2017.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II- 7-1841, signado por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/485/2017, suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a implementar campañas de información para prevenir los problemas de ceguera irreversible provocados por la enfermedad del glaucoma.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
Ciudad de México, a 7 de abril de 2017.
Maestro Valentín Martínez Garza
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría De Gobernación
Presente
Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/281/17, de fecha 10 de febrero de 2017, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados celebrada el día 9 de febrero del 2017 se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:
“Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a efecto de que implemente campañas de información para prevenir los problemas de ceguera irreversibles provocados por la enfermedad del glaucoma”.
Al respecto me permito acompañar oficio CCINSHAE-DGCINS-270-2017 y anexo, suscrito por el doctor Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud.
Con base en lo anterior, he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica)
Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social
Ciudad de México, a 23 de marzo de 2017.
Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta
Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social
Presente
Por instrucciones del titular de la comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, doctor Guillermo M. Ruiz Palacios y Santos, hago referencia al oficio número UCVPS/989/2017, mediante el cual hizo de nuestro conocimiento que en la sesión de la Cámara de Diputados celebrada el día 9 de febrero de 2017 se aprobó el punto de Acuerdo, que a continuación se transcribe: “Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a efecto de que implemente campañas de información para prevenir los problemas de ceguera irreversibles provocados por la enfermedad del glaucoma”.
Al respecto, anexo al presente encontrará copia simple de los-oficios número DQ/049/2017 suscrito por suscrito por el doctor Juan Antonio Madinaveitia Villanueva, director quirúrgico, y folio 17-S0F~0305, suscrito por la doctora Francisca Domínguez Dueñas, subdirectora de oftalmología, ambos del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, mediante los cuales remiten análisis y opinión técnica del punto de acuerdo en comento a efecto de coadyuvar en la postura institucional de la Secretaría de Salud,
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Doctor Simón Kawa Karasik (rúbrica)
Director General de Coordinación de
Institutos Nacionales de Salud
Ciudad de México, a 15 de marzo de 2017.
Doctor Simón Kawa Karasik
Director General de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud
Presente
Con relación a su atenta solicitud de fecha 15 de marzo del año en curso, con número de oficio CCINSHAE-DGCINS-185-2017, relacionada con la opinión de Implementar Campañas de Información para prevenir los problemas de ceguera irreversibles provocados por la enfermedad de glaucoma.
Envío a usted la respuesta de la doctora Francisca Domínguez Dueñas, subdirectora de Oftalmología
Atentamente
Doctor Juan Antonio Madinaveitia Villanueva (rúbrica)
Director Jurídico
Ciudad de México a 16 de Marzo de 2017.
Doctor Juan Antonio Madinaveitia Villanueva
Director Jurídico
Presente
Estimado doctor Madinaveitia:
En respuesta al documento enviado por el doctor Simón Kawa Karasik, CCINSHAE-DGCINS-185-2017, director general de la Coordinación de Institutos Nacionales de Salud, en donde solicita enviemos nuestra opinión con respecto al punto de acuerdo llevado a cabo en la sesión de la Cámara de Diputados, el 9 de febrero del 2017, acorde al oficio número UCVPS/9B9/2017, de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social, quiero manifestar mi total acuerdo.
El glaucoma es una de las causas de ceguera irreversible, y por lo tanto es necesario implementar campañas de información y detección oportuna en nuestra población para prevenir pérdida visual irreversible,
Quedo de usted para cualquier aclaración al respecto y hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo,
Atentamente
Doctora Francisca Domínguez Dueñas (rúbrica)
Subdirectora de Oftalmología
(Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.)
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a informar a la opinión pública sobre las acciones para participar de los fondos que le fueren decomisados al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera en los procesos que se le siguen en Estados Unidos y que motivaron su extradición
Ciudad de México, a 21 de abril de 2017
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio No. D.G.P.L. 63-II-8-3034 signado por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia con similar número DGPPVCI/DV/0339/2017 suscrito por el licenciado Enrique Guzmán Uvence, encargado del despacho de la Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a informar a la opinión pública respecto a las acciones para participar de los fondos que eventualmente le sean decomisados al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, en los diversos procesos que le siguen en Estados Unidos y que motivaron su extradición,
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica)
Subsecretario
Ciudad de México, a 20 de abril de 2017.
Valentín Martínez Garza
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Presente
Distinguido maestro Martínez Garza:
En atención a contenido del oficio SELAP/300/281/17 de 8 de febrero de 2017, por el que se comunica a esta Procuraduría el Punto de Acuerdo aprobado por el honorable Congreso de la Unión en sesión celebrada el día 7 de febrero del año en curso, que en su parte resolutiva señala:
“Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que informe a la opinión pública respecto de las acciones para participar de los fondos que eventualmente le sean decomisados al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, en los diversos procesos que le siguen en Estados Unidos y que motivaron su extradición. “(sic)
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 89, fracciones X y XI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, hago de su conocimiento, que la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales comunicó a esta área a mi cargo que:
“las autoridades de ambos países han mantenido conversaciones y acordado que, conforme a las normas nacionales e internacionales aplicables, se establecerán los mecanismos de compartición de los bienes que en su momento se determinen”.
Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.
Licenciado Enrique Guzmán Uvence (rúbrica)
Encargado del despacho de la Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional
(Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.)
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a utilizar sus facultades de atracción por conexidad de delitos para investigar la conducta presumiblemente constitutiva de ellos por hechos de corrupción, abuso de autoridad, tráfico de influencias, contra la administración de la justicia y los que resulten por el magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco
Ciudad de México, a 21 de abril de 2017
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión
Presentes
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del oficio número DGPPVCI/DV/0337/2017 signado por el licenciado Enrique Guzmán Uvence, encargado del despacho de la Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual da respuesta al Punto de Acuerdo aprobado el día 8 de noviembre de 2016, por el que se exhorta a esa Procuraduría a utilizar sus facultades de atracción por conexidad de delitos para investigar la conducta presumiblemente constitutiva de delitos por hechos de corrupción, abuso de autoridad, tráfico de influencia, contra la administración de la justicia y los que resulten por el magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica)
Titular de la Unidad
Ciudad de México, a 18 de abril de 2017
Maestro Valentín Martínez Garza
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Presente
Distinguido maestro Martínez Garza:
En atención al contenido del oficio anexo DGPL 63-II-8-2404 , por el que se comunica a esta Procuraduría el Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en sesión celebrada el día 8 de noviembre del 2016, que en su parte resolutiva señala:
“Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República a utilizar sus facultades de atracción por conexidad de delitos para investigar la conducta presumiblemente constitutiva de delitos por hechos de corrupción, abuso de autoridad, tráfico de influencia, contra la administración de la justicia y los que resulten por el magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Lo anterior, derivado de su intervención indebida para buscar la liberación de dos personas detenidas por portación de armas en el municipio de Guadalajara, Jalisco.” (sic)
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 89, fracciones X y XI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, hago de su conocimiento, que la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, comunicó a esta área a mi cargo que:
“... se declinó la competencia a favor del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, ...en virtud de no concurrir ninguno de los supuestos consagrados en el numeral 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual establece las atribuciones y competencia de los jueces penales federales...”
La Procuraduría General de la República, en el ámbito de las facultades que le confiere el artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, llevará a cabo su función persecutora de los delitos del orden federal,
Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.
Licenciado Enrique Guzmán Uvence (rúbrica)
Encargado del despacho de la Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional
(Se remite a la Justicia, para su conocimiento.)
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a esclarecer la procedencia de los recursos confiscados en Estados Unidos al ex tesorero de Coahuila Héctor Javier Villarreal Hernández y, en su caso, solicitar al gobierno de ese país la devolución al Estado mexicano
Ciudad de México, a 21 de abril de 2017
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio No. D.G.P.L. 63-II-7-1837 signado por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGPPVCI/DV/383/2017 suscrito por el licenciado Enrique Guzmán Uvence, encargado del despacho de la Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a esa Procuraduría a esclarecer la procedencia de los recursos confiscados en Estados Unidos al ex tesorero de Coahuila, Héctor Javier Villarreal Hernández, y, en su caso, solicite al gobierno de ese país su devolución al Estado mexicano.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica)
Subsecretario
Ciudad de México, a 18 de abril de 2017.
Valentín Martínez Garza
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Presente
Distinguido maestro Martínez Garza:
En atención al contenido del oficio SELAP/300/311/17 de 10 de febrero, por el que se comunica a esta Procuraduría el Punto de Acuerdo aprobado por el honorable Congreso de la Unión en sesión celebrada el día 9 de febrero del año en curso, que en su parte resolutiva señala:
“Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la Republica a que, en el ámbito de sus atribuciones, esclarezca la procedencia de los recursos confiscados en Estados Unidos al ex tesorero de Coahuila, Héctor Javier Villarreal Hernández, y, en su caso, solicite al gobierno de los Estados Unidos de América su devolución al Estado mexicano.” (sic)
Con fundamento en el artículo 89, fracciones X y XI, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, hago de su conocimiento, que la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, comunicó a esta área a mi cargo que:
“la Procuraduría General de la República se encuentra en conversaciones con autoridades estadounidenses, a fin de identificar los bienes confiscados por los Estados Unidos a Héctor Villarreal Hernández conforme a las normas aplicables de ambos países; una vez que se establezcan los mecanismos de comprobación que en su momento se determinen”.
Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.
Licenciado Enrique Guzmán Uvence (rúbrica)
Encargado del despacho de la Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional
(Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su conocimiento.)
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor a continuar y, en su caso, fortalecer el operativo especial de vigilancia en gasolineras para evitar y denunciar actos de especulación
Ciudad de México, a 17 de abril de 2017.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número DGPL 63-II-8-2816 signado por el senador Aarón Irízar López, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 113.2017.DGVP.173 suscrito por el licenciado Édgar Alejandro Guerrero Flores, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a continuar y, en su caso, fortalecer el operativo especial de vigilancia en gasolineras con la finalidad de evitar y denunciar actos de especulación.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente
Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
Ciudad de México, 17 de abril de 2017.
Licenciado Felipe Solís Acero
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
Presente
Me refiero al oficio SELAP/300/027 /17 de fecha 5 de enero de 2017, a través del cual se remitió el punto de acuerdo aprobado por el Senado de la República del honorable Congreso de la Unión cuyos resolutivos se transcriben a continuación:
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, convoca a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Energía, de Petróleos Mexicanos, de la Procuraduría Federal del Consumidor, de la Comisión Federal de Competencia Económica y de la Comisión Reguladora de Energía para que, en ante el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, expliquen las razones e implicaciones del proceso de flexibilización de los mercados de las gasolinas y el diésel, en el formato ágil, que apruebe la Mesa Directiva.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, continúe y, en su caso, fortalezca, el operativo especial de vigilancia en gasolineras con la finalidad de evitar y denunciar actas de especulación.
Al respecto esta secretaría informa lo siguiente
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realiza las acciones necesarias para promover y proteger los derechos de las y los consumidores.
Al respecto, el artículo 24, fracción IX Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) mandata que la Profeco tiene como atribución promover en coordinación con esta secretaría, la formulación, difusión y uso de códigos de ética, por parte de proveedores que incorporen los principios previstos por la LFPC respecto de las transacciones que celebren con consumidores a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.
En este sentido, se instrumentaron programas permanentes de verificación en estaciones de servicio en toda la República y se han llevado a cabo 6 mil 356 verificaciones en estaciones de servicio, de las cuales 2 mil 540 presentaron irregularidades, 2 mil 856 sin irregularidades y 960 negativas.
De las visitas realizadas en estaciones de servicio, se verificaron 89 mil 966 instrumentos de medición (mangueras), de las cuales se inmovilizaron 6 mil 291 por diversas irregularidades.
Las sanciones impuestas, derivadas de las irregularidades detectadas en las visitas de verificación a estaciones de servicio durante 2016, llevaron al inicio de mil 800 procedimientos administrativos por infracciones a la ley y a imponer mil 27 sanciones, por un monto de 322.2 millones de pesos.
Asimismo, a partir de los primeros días del presente enero, arrancó el Programa Nacional de Verificación a los Proveedores de Expendio al Público de Gasolinas y Diésel, de forma permanente; es decir, durante todo el ejercicio de 2017, se implementarán acciones de vigilancia sobre dichos proveedores para observar que se respeten los derechos de las y los consumidores.
En ese sentido, la función de verificación se ha fortalecido para revisar en las estaciones de servicio (gasolineras), que las cantidades de combustible que se despachan a la comunidad consumidora, corresponda con las solicitadas, además que, para dicha actividad, se respeten los precios máximos y que no se niegue o condicione su venta.
Gasolina y diésel
Para el caso de la verificación a estaciones de servicio, se pueden señalar cinco aspectos generales bajo los cuales se realiza la revisión del cumplimiento de la normatividad por este tipo de proveedores:
• Aspectos comerciales. Para observar entre otros, que se respeten los precios vigentes de acuerdo a la zona de comercialización.
• Aspectos documentales. Es el caso de la aprobación de modelo o prototipo de los instrumentos de medición bajo la cual se certifica que el diseño de los mismos, cumplen con las normas oficiales mexicanas correspondientes y las documentales respectivas para constatar que los instrumentos de medición han sido calibrados al menos una vez al año.
• Cualidades metrológicas. Mismas que comprenden la verificación de las cantidades de combustible que se otorgan al consumidor, así como la estabilidad de los instrumentos de medición, para constatar que, en mediciones recurrentes de la misma magnitud, no arrojen lecturas distintas más allá de las tolerancias establecidas en la norma oficial mexicana y correspondiente (NOM-005- SCFI- 2011).
• Aspectos electrónicos. Para revisar principalmente que la constitución electrónica de los sistemas de despacho, no sea modificada respecto los diseños originales de los fabricantes, mismos que fueron valorados y aprobados por la autoridad; en caso de alteración, pudiera ser susceptible de un mal despacho al consumidor.
• Aspectos de seguridad. Para constatar que no se ponga en riesgo la vida o la salud de los consumidores.
Existen 24 causales por las cuales se puede inmovilizar un instrumento de medición o manguera de despacho. Ahora bien, para fines de un análisis general sobre lo que se ha detectado como irregularidades durante las visitas de verificación, se tomó en cuenta la anomalía de error máximo tolerado (“litros fuera de norma”) y se agruparon diversas causas de inmovilización del tipo electrónico (“aspectos electrónicos”), anomalías que podrían eventualmente causar afectación a la comunidad consumidora.
Por otro lado, la Profeco ha recibido denuncias en contra de proveedores de gasolinas y diésel por diversas causas, siendo la más recurrente, la percepción del consumidor de no haber recibido la cantidad de combustible que solicitó y pagó.
Al respecto, la Dirección General de Verificación de Combustibles programó visitas de verificación en el domicilio de diversas estaciones de servicio (gasolineras), por lo que, en caso de confirmación de las irregularidades denunciadas, se impondrán medidas precautorias para inmovilizar los instrumentos de medición y a su vez, se inicie un procedimiento administrativo para la imposición de sanciones.
Gas L.P.
El Gas licuado de Petróleo es considerado un producto de primera necesidad al estimarse que es utilizado para uso doméstico en más de 70 por ciento de los hogares mexicanos y como en el caso de la gasolina y el diésel, representa uno de los sectores estratégicos de mayor relevancia en la economía de nuestro país, ya que, además de ser un producto que se consume en la mayoría de los hogares mexicanos, es utilizado para satisfacer necesidades de tipo industrial, comercial y de servicios.
Es por ello que la Profeco busca permanentemente procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, incrementado y fortaleciendo las actividades de verificación en materia de gas L.P., a través de un programa de verificación en las plantas de distribución de gas L.P. y en la vía pública, a vehículos de reparto de recipientes transportables para contener gas L.P. y autotanque.
Este programa tiene como objetivo principal, garantizar que las transacciones comerciales entre los proveedores de gas L.P. y los consumidores, se ajusten a los principios básicos establecidos en la LFPC, evitando que se vulneren los intereses y derechos de los consumidores, y que se afecte o pueda afectar la vida, la salud, la seguridad y la economía de los mismos.
Con dicho programa de verificación, se procura, además, proporcionar mayor certidumbre a la población para que en la adquisición del hidrocarburo se garantice la cantidad exacta que el consumidor paga, observando que todo proveedor cumpla con las especificaciones de comportamiento comercial en la entrega de notas de venta, comprobante o facturas y que se tengan a la vista del consumidor, los precios vigentes, evitando también, que se le niegue o condicione el servicio o producto al consumidor.
Por otro lado, en la página de la Profeco se encuentra la herramienta de Quién es Quién en los Combustibles, donde se da un reporte de verificación de combustibles (gas L.P. y gasolina) en toda la República Mexicana, mismo que se puede encontrar en la siguiente liga: http://combustibles.profeco.gob.mx/qqg/ y como se advierte de la pantalla siguiente:
Adicionalmente, la Profeco en el ámbito de sus atribuciones, ha realizado las siguientes acciones:
1. Contenidos audiovisuales en línea. A través de la Revista del Consumidor en línea, la Revista del Consumidor TV , webcast, cuya cobertura es vía internet, se realizaron las siguientes publicaciones:
Cabe mencionar, que en el link http://revistadelconsumidor.gob.mx(?tag=gasolineras, se encuentra el compendio de los productos informativos relacionados con los derechos de los consumidores respecto del punto de acuerdo en cita.
2. Boletines de prensa. La Profeco ha emitido diversos boletines relativos al tema de verificación de gasolineras, mismos que se pueden consultar en la página Institucional.
Cabe precisar, que dos gasolineras que se negaron a la verificación, la Profeco presentó denuncias penales ante la Procuraduría General de la República, contra quien resulte responsable en términos del artículo 253, fracción III, del Código Penal Federal que contempla una sanción de hasta 10 años de prisión por presuntos delitos contra la economía pública.
Una de las estaciones se ubica en Boulevard Puerto Aéreo número 134, delegación Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, con número de estación 5832. La segunda, está ubicada en el kilómetro 13.5 de la carretera Toluca-Tenango el municipio de Rayón, en el estado de México, con número de estación 11781.
3. Grupos de consumidores. A través de la Dirección General de Educación y Organización de Consumidores de la Profeco, en temporadas de alto consumo, como son los servicios de venta de combustible, se refuerzan las sesiones educativas que imparte esta institución, con temas de mayor interés para las y los consumidores.
Asimismo, es oportuno precisar que la LFPC contiene un marco regulatorio de protección a los derechos de las y los consumidores, incluidos los relativos a la información, la educación y elección, toda vez que de conformidad a lo establecido en el artículo 1, fracciones III y VII de la LFPC, son principios básicos en las relaciones de consumo la información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios , con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como los riesgos que representen; y la protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales , así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios.
Robustece lo anterior, el hecho de que toda obligación invariablemente otorga ciertos derechos, en este caso a favor de los consumidores, siendo el caso que en 1985 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó las directrices de la ONU para la Protección del Consumidor, con lo que se logró el reconocimiento internacional, entre otros, de los siguientes derechos:
1. Derecho a la información: la publicidad, las etiquetas, los precios, los instructivos, las garantías y, en general, toda la información de los bienes y servicios que nos ofrezcan, debe ser oportuna, completa, clara y veraz, de manera que podamos elegir sabiendo qué compramos.
2. Derecho a elegir: al decidirnos por un producto o servicio, nadie puede presionarnos, condicionarnos la venta a cambio de comprar algo que no queremos o exigir pagos o anticipos sin que se haya firmado un contrato.
3. Derecho a la educación: podemos recibir educación en materia de consumo, conocer nuestros derechos y saber de qué forma nos protege la ley, así como organizarnos con familiares o vecinos para aprender a consumir mejor y de manera más inteligente.
Asimismo, la resolución A/RES/70/186, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 22 de diciembre de 2015, señala en su numeral 20, en materia de promoción y protección de los intereses económicos de los consumidores, los estados miembros deben tratar que los consumidores obtengan el máximo beneficio de sus recursos económicos. También deben tratar de alcanzar las metas consistentes en el abastecimiento de normas de producción y funcionamiento satisfactorias, métodos de distribución adecuados, prácticas comerciales leales, comercialización informativa y protección efectiva contra las prácticas que puedan perjudicar los intereses económicos de los consumidores y la posibilidad de elegir en el mercado.
En este sentido, la Profeco tiene mecanismos de información, orientación, asesoría y solución de consultas que brinda la Dirección General de Quejas y Conciliación de la Subprocuraduría de Servicios, ofreciendo información, orientación, asesoría y solución de consultas a través del Teléfono del Consumidor, relacionada con los derechos de las y los consumidores.
Los datos de contacto del Teléfono del Consumidor son los siguientes:
• Teléfono del consumidor: (55) 55688722 en la Ciudad de México y Área Metropolitana y 01800 4688722 en el interior de la República
• Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas, sábados, domingos y días festivos de 10:00 a 18:00 horas.
• En las redes sociales, en las cuentas de Twitter: @profecoy Facebook: /ProfecoOficial
Asimismo, en la página oficial de la Profeco también se encuentra un enlace al Teléfono del Consumidor en línea, que ofrece orientación, asesoría y solución de consultas en tiempo real, en el que se dispone de tres opciones de acercamiento con los asesores: (i) envío de correo electrónico, (ii) hablar con un asesor, (iii) chatear con un asesor; también puede accederse directamente en la dirección: http://telefonodelconsumidor.gob.mx/
A su vez, las y los consumidores pueden presentarse en una delegación o subdelegación de la Profeco para recibir información, orientación o asesoría respecto a sus derechos en materia de consumo, así como para, en su caso, presentar una queja. Para conocer el domicilio de las delegaciones y subdelegaciones, los consumidores pueden visitar la página de internet http://www.profeco.gob.mx/delegaciones/delegaciones.asp
Otro medio de información y orientación se encuentra el sitio de internet o página oficial al que puede accederse en la dirección electrónica http://www.gob.mx/profeco, donde los consumidores pueden encontrar diversa información que resulta de utilidad en sus relaciones de consumo.
Sólo por mencionar, el enlace de la Revista del Consumidor en línea, en la dirección http://revistadelconsumidor.gob.mx; esta opción se puede obtener también en su versión impresa, y programa de radio y televisión. Igualmente en el sitio: http://www.gob.mx/consumidor, los consumidores pueden obtener información, consejos, puntos de referencia y antecedentes de diversos temas de consumo.
En cualquier circunstancia y para el caso de que la Profeco detecte que algún proveedor de bienes o servicios cometa violaciones a la LFPC, se actuará con base en el marco jurídico aplicable, para proteger los derechos de las y los consumidores e imponer las sanciones económicas correspondientes.
La Profeco atendió la invitación a una reunión de trabajo con el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso Unión, que se celebró el 31 de enero de 2017 y en la cual se desahogaron diversos planteamientos relacionados directamente con la materia de este punto de acuerdo.
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 27 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la fracción II del artículo 49 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, así como el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicado el 1 de octubre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, le solicito atentamente haga del conocimiento de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.
Atentamente
Licenciado Édgar Alejandro Guerrero Flores (rúbrica)
Director General de Vinculación Política
(Se remite a la Mesa Directiva, para su conocimiento.)
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite información relativa a las contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal de 2017, del sector medio ambiente y recursos naturales, correspondiente al primer trimestre
Ciudad de México, a 19 de abril de 2017.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presentes
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número 511.1.4/ 0725 signado por el Lic. José Ramón Cárdeno Ortiz, Director General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se remite información relativa a las “Contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2017”, del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente al primer trimestre de 2017.
Por lo anterior y con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 69 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, les acompaño para los fines procedentes, copia del documento al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se cita, en forma impresa y disco compacto.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente
Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
Ciudad de México, a 18 de abril de 2017.
Licenciado Felipe Solís Acero
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación
Presente
Asunto: Se envía el reporte sobre la contratación de honorarios llevada a cabo por el sector medio ambiente y recursos naturales, con datos al primer trimestre del ejercicio fiscal de 2017.
Fundamento: Artículo 69 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, relativo a la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios con personas físicas con cargo al presupuesto de servicios personales, así como la obligación de los ejecutores de gasto de reportar en los informes trimestrales y en la Cuenta Pública las contrataciones realizadas.
Oficio número 312.A- 000121l, de fecha 12 de abril de 2017, de la Dirección General de Programación y Presupuesto “B” de la SHCP.
Información: En atención del oficio número 312.A, -0001211, de la Dirección General de Programación y Presupuesto “B” de la SHCP, mediante el cual recuerda el envío que se tiene que hacer al Congreso de la Unión respecto a las contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal de 2017, me permito solicitar a usted su apoyo para cumplir dicha obligación.
Para lo anterior le envío en versión impresa y en disco compacto el formato “Contrataciones par honorarias que realicen las ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal de 2017” del sector medio ambiente y recursos naturales, con datos al primer trimestre de 2017.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado José Ramón Cardeno Ortiz (rúbrica)
Director General de Programación y Evaluación
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite el primer informe trimestral para el ejercicio fiscal de 2017 de los programas sujetos a reglas de operación “S” y otros subsidios “U” a cargo de la Secretaría de Economía
Ciudad de México, a 19 de abril de 2017.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
Por este conducto me permito hace de su conocimiento que por oficio número 113.2017. DGVP.195, el licenciado Édgar Alejandro Guerrero Flores, director general de Vinculación Pública de la Secretaría de Economía, envía el primer Informe Trimestral para el Ejercicio Fiscal de 2017 de los programas sujetos a reglas de operación “S” y otros subsidios “U”, a cargo de esta dependencia y su sector coordinado.
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se cita, en forma impreso y disco compacto.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica)
Subsecretario
México, DF, a 19 de abril de 2017.
Licenciado Felipe Solís Acero
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
Secretaría de Gobernación
Presente
En cumplimiento a las obligaciones señaladas en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 177 fracciones III, VI y VII, 181 y 185 de su Reglamento, 3 fracción XXI y 24 del Presupuesto d Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, por este conducto me permito remitir de manera impresa y electrónica, el Primer Informe Trimestral 2017 de los programas sujetos a reglas de operación “S” y “U”, operados por esta secretaría y el sector coordinado, los cuales se enuncian a continuación.
S020 Fondo Nacional Emprendedor (FNE)
S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural
S151 Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (Prosoft) y la Innovación
U004 Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera (Fondo ProMéxico)
Con fundamento en los artículos 27 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la fracción II del artículo 48 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, así como el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicada el 1 de octubre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, me permito solicitarle que por su amable conducto se remita la información en comento al H. Congreso de la Unión.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.
Atentamente
Édgar Alejandro Guerrero Flores (rúbrica)
Director General de Vinculación Política
Iniciativas de ley o decreto de las legislaturas de los estados
Del Congreso de Guanajuato, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Agraria
Guanajuato, Guanajuato, 6 de abril de 2017
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Para los efectos de la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 64, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Guanajuato, nos permitimos remitir el acuerdo aprobado por diputadas y diputados integrantes de esta Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, que contiene la iniciativa mediante la cual se reforman la fracción VII del artículo 23, el primer párrafo del artículo 56, el último párrafo del artículo 64, se adiciona una fracción IV al artículo 56, un artículo 57 Bis, y una sección octava, con los artículos 89 Bis y 89 Ter, de la Ley Agraria.
Asimismo, se acompaña el dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública, relativo a la iniciativa en mención.
Aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo y reiteramos las seguridades de nuestra consideración distinguida.
Atentamente
Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guanajuato
Diputada Angélica Casillas Martínez (rúbrica)
Primera Secretaria
Diputado Juan Carlos Alcántara Montoya
Segundo Secretario
Acuerdo
Único. La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del estado libre y soberano de Guanajuato acuerda remitir a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la iniciativa de reforma a la Ley Agraria, en los siguientes términos:
Iniciativa mediante la cual se reforman la fracción VII del artículo 23, el primer párrafo del artículo 56, el último párrafo del artículo 64, se adiciona una fracción IV al artículo 56, un artículo 57 bis, y una sección octava, con los artículos 89 bis y 89 ter, de la Ley Agraria.
Las diputadas y los diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del estado libre y soberano de Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley Agraria, en atención a la siguiente:
Exposición de motivos
El ejido es una de las instituciones fundamentales del campo en México. Sus fortalezas y sus áreas de oportunidad definen en buena medida los desafíos que enfrentamos como país a la hora de promover un campo moderno y competitivo, con mejores oportunidades de desarrollo para las familias que habitan la zona rural y que conviven y colaboran bajo el esquema ejidal.
Las atribuciones de las asambleas y los comisariados ejidales en todo el país se rigen a partir de las normas y los principios establecidos en la Ley Agraria, la cual establece que, en razón de su destino, las tierras ejidales se dividen en tres grandes categorías: tierras para el asentamiento humano, tierras de uso común y tierras parceladas.
Aunque esta definición jurídica aparentemente responde a las necesidades de los ejidos, en realidad oculta un defecto cuyas consecuencias son graves. El problema es que, bajo el esquema actual, es muy complicado que la asamblea autorice espacios para que las autoridades de los tres niveles de gobierno puedan instalar infraestructura o prestar servicios públicos dentro del núcleo ejidal.
En muchos de estos núcleos, existen instalaciones de escuelas, clínicas, y otro tipo de inmuebles ocupados por diversas dependencias e instancias del Estado mexicano, que proporcionan un servicio a la ciudadanía, pero cuya situación no está debidamente regularizada, afectando la prestación de estos servicios y la generación de infraestructura adecuada, generando, en muchas ocasiones, conflictos al interior de los ejidos y comunidades.
Por la falta de certeza jurídica, estas escuelas son las que más carencias tienen en cuestión de infraestructura, pues hacen falta aulas, no cuentan con barda de protección para los alumnos, se realizan actividades deportivas sin cubrirse del sol, entre otras necesidades. Incluso, algunas de ellas ni siquiera cuentan con servicios básicos, como conexión a una red de energía eléctrica o de agua potable.
Como resultado, incluso actualmente, sólo es posible que los gobiernos federal, estatal y municipal puedan desarrollar infraestructura o brindar servicios públicos dentro de los ejidos por medio de dos mecanismos: el primero es la expropiación, con todas las complejidades jurídicas y políticas que implica. El segundo es un trámite excesivamente tortuoso, pues requiere tres largas etapas: cambiar el destino, de uso común a parcela, para después adoptar el dominio pleno y finalmente enajenar las tierras a favor del gobierno.
Esta travesía burocrática puede durar incluso más de cuatro años y representa una barrera casi infranqueable para el desarrollo de proyectos de infraestructura y de servicios públicos que podrían beneficiar a millones de personas y dar un paso definitivo en la modernización y el desarrollo de la calidad de vida en los ejidos mexicanos.
Es decir, que la Ley Agraria, en su planteamiento actual, constituye una auténtica cadena que ata de manos tanto a los ejidatarlos como a las autoridades, y que deja a muchas de las comunidades más marginadas de nuestro país fuera del alcance de los programas de inversión.
Uno de los ámbitos donde esta problemática resulta más dolorosa es en el de la educación, porque debido a la realidad normativa actual muchas escuelas y miles de estudiantes se quedan sin la oportunidad de acceder a los programas y a las inversiones, que podrían transformar sus planteles educativos, debido a que no existe la adecuada certeza jurídica respecto al terreno donde se encuentran.
Los costos de esta omisión por parte de las leyes mexicanas son monumentales e incuantificables, porque hablamos de desperdiciar oportunidades de una mejor educación, que podrían potenciar el talento de muchos niños y jóvenes, que a su vez serán el eje y el ejemplo del progreso en sus comunidades.
Las consecuencias de esta situación van más allá, afectando, de manera directa o indirecta, a prácticamente todos los habitantes de todos los ejidos en todo el país, generando serias consecuencias, entre ellas que miles de personas se vean obligadas a abandonar sus tierras y migrar en busca de mejores oportunidades, ya sea a las ciudades, o incluso otros países, lo que a su vez alienta un círculo vicioso de marginación de todos los ejidos, pues éstos se quedan sin una importante fuente de talento y de trabajo.
Ésta es una realidad que tenemos el deber, la oportunidad y el compromiso de cambiar, en beneficio de los guanajuatenses y de todos los mexicanos. Por ello ponemos a consideración esta iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley Agraria, por medio de la cual pretendemos construir un respaldo normativo que nos permita garantizar certeza jurídica en las escuelas que se ubican en la zona rural, principalmente en tierras ejidales.
Proponemos hacerlo añadiendo a las competencias de la asamblea ejidal el señalamiento de áreas destinadas a servicios públicos, además de añadir esta clase específica de espacios como uno de los tipos de tierras ejidales contemplados en la Ley Agraria.
Para hacer realidad este proceso en la vida de los ejidos, proponemos integrar en un nuevo artículo de dicho ordenamiento, el proceso que deberá seguir el comisariado ejidal cuando solicite que la asamblea aporte un área del ejido para la prestación de un servicio público por parte de la federación, los estados, o municipios, los cuales contarán para tal efecto con los derechos de propiedad sobre dicho espacio.
Al mismo tiempo, dentro de nuestra iniciativa, también contemplamos un mecanismo para que los ejidos cuenten con la tranquilidad de que, en caso de que la superficie aportada por la asamblea no se esté utilizando para la prestación de un servicio público, el comisariado ejidal pueda recurrir al tribunal agrario para revertir total o parcialmente la asignación, y recuperar dichas tierras en beneficio del ejido.
En conclusión, consideramos que se trata de una propuesta moderna y necesaria. De aprobarse, esta iniciativa le abrirá, a miles de ejidos en todo el país, una puerta a millones de pesos en inversiones que mejoren la calidad de vida de sus habitantes y, al mismo tiempo, preserva la seguridad de esas comunidades, en cuanto a que la tierra que cedan para servicios públicos se use específicamente para ello, y que, en caso contrario, tengan la opción de recuperarla.
Por lo anteriormente expuesto nos permitimos someter a consideración el siguiente proyecto de:
Decreto
Artículo Único. Se reforman la fracción VII del artículo 23, el primer párrafo del artículo 56, el último párrafo del artículo 64, se adiciona una fracción IV al artículo 56, un artículo 57 Bis, y una sección octava, con los artículos 89 Bis y 89 Ter, de la Ley Agraria, para quedar como sigue:
Artículo 23. ...
I. a VI...
VII. Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal, parcelas con destino específico y para el servicio público, así como la localización y relocalización del área de urbanización;
VIII. a XV.
Artículo 56. La asamblea de cada ejido, con las formalidades previstas a tal efecto en los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley, podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el parcelamlento de éstas, reconocer el parcelamiento económico o de hecho o regularizar la tenencia de los posesiónanos o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. Consecuentemente, la asamblea podrá destinarlas al asentamiento humano, para servicio público, al uso común o parcelarlas en favor de los ejidatarios. En todo caso, a partir del piano general del ejido que haya sido elaborado por la autoridad competente o el que elabore el Registro Agrario Nacional, procederá como sigue:
I. a III... y
IV. Los derechos sobre las tierras necesarias para la prestación de un servicio público pertenecerán a la federación, los estados, municipios o alcaldías o a cualquiera de las dependencias, entidades u órganos administrativos que las integran, que presten dichos servicios.
En todo caso...
Artículo 57 Bis. Para proporcionar los derechos sobre tierras a que se refiere la fracción IV del artículo 56 deberá existir solicitud previa a la asamblea ejidal por parte de la entidad u órgano administrativo que prestará el servicio público por conducto del comisariado ejidal.
La solicitud a que se refiere el párrafo anterior, contendrá lo siguiente:
I. Superficie requerida;
II. Descripción del servicio público que se pretenda prestar; y
III. Firma autógrafa del titular de la dependencia, entidad u órgano administrativo de la Federación, estado, municipio o alcaldía que realiza la solicitud de tierras.
Cuando así lo decida la asamblea, la designación de tierras podrá hacerse a cambio de una contraprestación que se destine al beneficio del núcleo de población ejidal.
De esta solicitud deberá darse vista a la Procuraduría Agraria, la cual se cerciorará que se cumplan con los requisitos, pudiendo impugnar ante el Tribunal Agrario, cuando a juicio del procurador agrario se presuma que la dotación se realizó con vicios o defectos graves o que se pueda perturbar seriamente el orden público en cuyo caso el Tribunal Agrario dictará las medidas para lograr la conciliación de intereses.
Artículo 64 . Las tierras ejidales...
Las autoridades federales...
A los solares...
El núcleo de población podrá aportar tierras del asentamiento al municipio o entidad correspondiente para dedicarlas a destino específico o a servicios públicos, con la intervención de la Procuraduría Agraria, la cual se cerciorará de que efectivamente dichas tierras sean destinadas a tal fin. La aportación así realizada, generará derechos de propiedad a favor de la Federación, estado, municipio o alcaldías de que se trate, siempre y cuando sean destinadas a servicios públicos. En caso de incumplimiento del servicio público para el cual fuera destinada la superficie, el Comisariado Ejidal podrá promover ante el Tribunal Agrario, la nulidad total o parcial de la asignación quien se pronunciará para que las áreas asignadas, regresen al dominio del núcleo agrario como tierras de uso común, anulando los títulos de propiedad expedidos así como su inscripción en los órganos regístrales, esta misma acción podrá ejercitarse de manera oficiosa por el procurador agrario.
Sección Octava
De las tierras para servicios públicos
Artículo 89 Bis. Las tierras destinadas para un servicio público, que integran el área necesaria para el desarrollo de las obras y las acciones de gobierno para el beneficio de la sociedad en general, están compuestas por los terrenos en los cuales se ubiquen o vayan a ubicar las obras para prestar un servicio público. Dichas superficies son inalienables, imprescriptibles e inembargables, estas características se anotarán en el título correspondiente.
Artículo 89 Ter. Sólo procederá la asignación de tierras por parte de la asamblea ejidal a favor de la Federación, estados, municipios o alcaldías o a cualquiera de las dependencias, entidades u órganos administrativos que las integran, cuando se destinen a la prestación de servicios públicos vinculados con el ejercicio de sus atribuciones o la realización de su objeto de conformidad con las leyes aplicables a la materia de su competencia.
Transitorios
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano deberá hacer las adecuaciones reglamentarias correspondientes para la aplicación de la Ley, en un término no mayor de sesenta días contados a partir de que entre en vigencia la presente reforma.
Guanajuato, Guanajuato, 6 de abril, de 2017
La Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Congreso del estado libre y soberano de Guanajuato
Diputados: Mario Alejandro Navarro Saldaña (rúbrica), Jorge Eduardo de la Cruz Nieto (rúbrica), Angélica Casillas Martínez (rúbrica), Juan Carlos Alcántara Montoya (rúbrica), Irma Leticia González Sánchez (rúbrica). En contra, Guillermo Aguirre Fonseca (Rúbrica), Juan José Álvarez Brunel (rúbrica), Isidoro Bazaldúa Lugo (rúbrica) Voto en contra., J. Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Estela Chávez Cerrillo (rúbrica), Libia Dennise García Muñoz Ledo (rúbrica), Santiago García López (rúbrica) Voto en contra, Luz Elena Govea López (rúbrica) En contra, María Beatriz Hernández Cruz (rúbrica), David Alejandro Landeros (rúbrica), María Soledad Ledezma Constantino (rúbrica), Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Araceli Medina Sánchez (rúbrica), Juan Antonio Méndez Rodríguez (rúbrica), Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), Arcelia María González González (rúbrica) En contra, Verónica Orozco Gutiérrez (rúbrica), Elvira Paniagua Rodríguez (rúbrica), Rigoberto Paredes Villagómez (rúbrica) Voto en contra, Éctor Jaime Ramírez Barba, Eduardo Ramírez Granja (rúbrica), Jesús Gerardo Silva Campos (rúbrica) Voto en contra, María Alejandra Torres Novoa (rúbrica) Voto en contra, Alejandro Trejo Ávila (rúbrica), Luis Vargas Gutiérrez (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica) Voto en contra, Juan Gabriel Villafaña Covarrubias (rúbrica), María del Sagrario Villegas Grimaldo (rúbrica), Leticia Villegas Nava (rúbrica).
Del Congreso de Campeche, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
San Francisco de Campeche, Campeche, 10 de abril de 2017.
Diputados secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión
La LXII Legislatura del honorable Congreso del estado de Campeche, en sesión efectuada el día
de hoy, proveyó un acuerdo que en lo conducente dice:
“... Primero . En ejercicio de la facultad que a esta Legislatura le confiere la fracción III del
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 44 de la
Constitución Política del estado de Campeche, a través de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en los términos planteados en la iniciativa que se contiene en el artículo Tercero de este acuerdo, se promueve una iniciativa de decreto para reformar el inciso a) del párrafo segundo, fracción II, del artículo 41 y el inciso g) de la fracción IV del párrafo segundo del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...”
Lo que se notifica para los efectos legales conducentes, anexando la iniciativa de referencia.
Atentamente
Diputado Fredy F. Martínez Quijano (rúbrica)
Secretario
Diputados secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión
Presentes
La LXII Legislatura del Congreso del estado de Campeche, por acuerdo y en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 44 de la Constitución Política del Estado de Campeche, somete a la consideración de esa Cámara de Diputados del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su carácter de integrante del Poder Revisor de la Constitución Política Federal, la presente iniciativa de decreto para reformar el inciso a) del párrafo segundo, fracción II, del artículo 41 y el inciso g) de la fracción IV del párrafo segundo del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
De acuerdo con nuestra Carta Magna federal nuestro país es una “República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a régimen; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.
Lo que nos coloca en un régimen político democrático , tal y como lo menciona nuestra propia Constitución en su artículo 39 al señalar que: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.”
Es por ello que los esfuerzos para el desarrollo de los procesos democráticos en México, en aras de construir los sistemas políticos adecuados y elecciones que generen confianza, han significado elevados costos financieros en atención a que los propios partidos políticos han tenido que acceder a recursos para el sostenimiento, no sólo de las campañas electorales, sino de sus actividades ordinarias permanentes.
En ese tenor, la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, dotó a los partidos políticos de nuevos mecanismos para el acceso al financiamiento público, estipulando parámetros flexibles y fórmulas de acceso al financiamiento privado que permitan alcanzar sus objetivos.
Sin embargo, dadas las circunstancias económicas y financieras por las que atraviesa nuestro país y que sin lugar a dudas repercuten directamente en el bienestar de las familias, es preciso adoptar medidas extraordinarias que abonen al ajuste y austeridad en el gasto, a fin de prevenir afectaciones y desequilibrios a la economía nacional.
Ante lo que significa que las reservas petroleras se estén agotando; la devaluación de nuestra moneda haya alcanzado en las últimas semanas mínimos históricos; la liberación de los precios de la gasolina van en aumento y la consecuente inflación, es que se propone la disminución del financiamiento público a los partidos políticos, por lo que la presente iniciativa tiene el objeto de impulsar ante el Congreso de la Unión, y consecuentemente ante el Poder Revisor de la Constitución de conformidad con la facultad que nos otorga el artículo 71 de la Constitución federal, la reforma del inciso a) del párrafo segundo, fracción II del artículo 41 y del inciso g) de la fracción IV del párrafo segundo del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , con el fin de reducir en un 50 % el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos en los meses y años en que no se desarrolle proceso electoral, determinando el monto para ello, derivado de la multiplicación del número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el treinta y dos punto cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Sin duda alguna, la reducción del financiamiento público a los distintos partidos políticos del país constituye una acción importante que permitirá al gobierno federal y a los de los estados tener un ahorro significativo de recursos públicos que permitirá reorientarlos a otros rubros del gasto público a favor de la sociedad.
En mérito de lo anterior, en ejercicio de la facultad que a la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche otorga la fracción ÍIÍ del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 44 de la Constitución Política del Estado de Campeche, por el digno conducto de ustedes, CC. Diputados Secretarios de la Cámara de Diputados, se permite someter a la consideración del H. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma el inciso a) del párrafo segundo, fracción II, del artículo 41 y el inciso g) de la fracción IV del párrafo segundo del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Único . Se reforma el inciso a) del párrafo segundo, fracción II, del artículo 41 y el inciso g) de la fracción IV del párrafo segundo del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 41. ...
...
I. ...
II. ...
...
a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes durante los meses que comprende el proceso electoral para elegir presidente de la república, senadores y diputados federales se fijará multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. En los meses y años que no se desarrolle proceso electoral, dicho financiamiento se fijará multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el treinta y dos punto cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado en cada uno de los supuestos del párrafo anterior se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.
b) y c)
III. a VI. ...
Artículo 116. ...
...
I. a III
IV. ...
a) a f) ...
g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales, atendiendo a la fórmula establecida en el artículo 41, párrafo segundo, fracción II, incisos a), b) y c). Del mismo modo se establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes;
h) a p) ...
V. a IX. ...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. En caso de que a la entrada en vigor del presente decreto los organismos electorales hayan realizado el cálculo del monto del financiamiento público para los partidos políticos del año en curso, deberán emitir un nuevo resolutivo que atienda las disposiciones contenidas en este decreto.
Tercero. Se derogan todas las disposiciones legales en lo que se opongan al contenido del presente decreto.
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del estado.
San Francisco de Campeche, Campeche a 10 de abril de 2017.
Atentamente
Diputada Sandra Guadalupe Sánchez Díaz (rúbrica)
Presidenta
Diputado Fredy Fernando Martínez Quijano (rúbrica)
Secretario
Diputada María del Carmen Pérez López (rúbrica)
Secretaria
Minutas
Con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción XXII del artículo 19 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 de la Ley General de Protección Civil, y se reforma la fracción XLIII del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales
Ciudad de México, a 18 de abril de 2017.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presente
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXII del artículo 19 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 87, ambos de la Ley General de Protección Civil; y se reforma la fracción XLIII del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.
Atentamente
Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)
Vicepresidenta
PROYECTO DE DECRETO
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 19 Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 87, AMBOS DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL; Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XLIII DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES.
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma la fracción XXII del artículo 19 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 87, ambos de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:
Artículo 19. ...
I. a XXI. ...
XXII. Supervisar y en su caso exhortar, a través del CENAPRED, que se realice y se mantenga actualizado el atlas nacional de riesgos, así como los correspondientes a las entidades federativas, municipios y delegaciones;
El Atlas se integra con la información a nivel nacional, estatal, del Distrito Federal, municipal y delegacional. Consta de bases de datos, sistemas de información geográfica y herramientas para el análisis y la simulación de escenarios, así como la estimación de pérdidas por desastres. Por la naturaleza dinámica del riesgo, deberá mantenerse como un instrumento de actualización permanente; siendo necesario actualizar el Atlas Nacional de Riesgos y los respectivos Atlas Estatales y Municipales de Riesgos.
Los atlas de riesgo constituyen el marco de referencia para la elaboración de políticas y programas en todas las etapas de la Gestión Integral del Riesgo.
XXIII. a XXX . ...
Artículo 87. ...
Dichas obras podrán ser solicitadas por las autoridades enunciadas en el artículo 85 de la presente Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma la fracción XLIII del Artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 9. ...
...
...
a. y b. ...
...
...
I. a XLII. ...
XLIII. Coadyuvar con la Coordinación Nacional de Protección Civil para realizar las declaratorias de clasificación de zonas de alto riesgo y elaborar los atlas de riesgos conducentes, en lo referente a los fenómenos hidrometeorológicos e inundaciones costeras provocadas por tsunamis.
XLIV. a LIV. ...
TRANSITORIO
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- Ciudad de México, a 18 de abril de 2017.
Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)
Vicepresidenta
Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora (rúbrica)
Vicepresidenta
Con proyecto de decreto, por el que se reforman las fracciones I y VIII, y se adiciona la IX al artículo 183 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable
Ciudad de México, a 18 de abril de 2017.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presente
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y VIII y se adiciona una fracción IX al artículo 183 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.
Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)
Vicepresidenta
PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y VIII Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 183 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
ÚNICO: Por el que se reforman las fracciones I y VIII y se adiciona una fracción IX al artículo 183 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:
Artículo 183. ...
I. La identificación de la demanda interna de consumo de productos básicos y estratégicos, y a partir de ello conducir los programas del sector para cubrir la demanda y determinar los posibles excedentes para exportación, así como las necesidades de importación, siempre salvaguardando la soberanía alimentaria;
II. a VII. ...
VIII. La aplicación de medidas de certidumbre económica, financiera, comercial y prácticas participativas y sustentables que garanticen el cumplimiento de los programas productivos agroalimentarios referidos en el artículo 180 de esta Ley; y
IX. La aplicación, vigilancia y seguimiento a los programas agroalimentarios establecidos en el artículo 180 de esta Ley.
TRANSITORIO
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- Ciudad de México, a 18 de abril de 2017.
Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)
Vicepresidenta
Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora (rúbrica)
Vicepresidenta
Con proyecto de decreto, por el que el Congreso de la Unión declara el 9 de abril Día Nacional de la Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes
Ciudad de México, a 18 de abril de 2017.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presente
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se declara el 9 de abril de cada año “Día Nacional de la Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes”, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.
Atentamente
Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)
Vicepresidenta
PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE DECLARA EL 9 DE ABRIL DE CADA AÑO, “DÍA NACIONAL DE LA ADOPCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES”.
Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión declara el 9 de abril de cada año, “Día Nacional de la Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes”, con el objeto de sensibilizar y concientizar a la sociedad con respecto a la promoción, protección y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia.
Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- Ciudad de México, a 18 de abril de 2017.
Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)
Vicepresidenta
Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora (rúbrica)
Vicepresidenta
Iniciativa de ley o decreto de senadores
Con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, presentada por la senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del PT
Ciudad de México, a 20 de abril de 2017.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos.
Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175 párrafo 1, 176, 177, párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicha Iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)
Vicepresidenta
La suscrita, Ana Gabriela Guevara Espinoza, senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 164, 169 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
A lo largo de la historia se ha observado que las migraciones son tan antiguas como el origen de la humanidad, algunas veces tienen su origen en la necesidad de sobrevivencia o por la búsqueda de mejores condiciones de vida; por ello, los seres humanos se han desplazado constantemente, lo cual ha generado lo que se conoce como fenómeno migratorio.
Dicho fenómeno migratorio constituye un factor importante en nuestro país, los flujos de migrantes que ingresan, transitan, se establecen y retornan a nuestro país tienen profundas implicaciones demográficas, económicas, sociales y políticas.
En este sentido, se debe considerar que al ser México un país de tránsito y conexión se deben diseñar e implementar políticas, acciones y programas innovadores que, de manera integral aporten conocimientos y herramientas para hacer frente a las distintas necesidades de los migrantes, en sus diversas modalidades.
En este contexto, el 19 de octubre de 1993, se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea el Instituto Nacional de Migración como órgano técnico desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Gobernación, lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 1o. y 2o. que a la letra dicen:
Artículo 1o. Se crea el Instituto Nacional de Migración como órgano técnico desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Artículo 2o. El Instituto tiene por objeto la planeación, ejecución, control, supervisión y evaluación de los servicios migratorios, así como el ejercicio de la coordinación con las diversas dependencias de la Administración Pública Federal, que concurren a la atención y solución de los asuntos relacionados con la materia.
Para el desarrollo de sus atribuciones, el Instituto contará con los servidores públicos que se requieran y el personal adscrito a la Policía Federal de Migración, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, el 6 de abril de 2005 el Consejo de Seguridad Nacional acordó que el Instituto Nacional de Migración por las atribuciones y funciones que realiza, participa en la seguridad nacional, por lo que al ser considerada y reconocida como una instancia de seguridad nacional, se instruyó al secretario ejecutivo del consejo, emitir el acuerdo de reconocimiento correspondiente y proveer lo necesario a fin de incorporar las bases de datos y sistemas del Instituto Nacional de Migración que resulten pertinentes a la Red Nacional de Investigación, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2005.
La anterior determinación se fundamentó en lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, en el que se considera lo siguiente:
...la seguridad nacional tiene como metas principales velar por la protección y preservación del interés colectivo, evitando en lo posible o minimizando cualquier riesgo o amenaza a la integridad física de la población y de las instituciones...” y propone “concebir la seguridad nacional desde una visión amplia destinada a prever y hacer frente a situaciones que amenacen la paz, la vigencia del orden jurídico, el bienestar y la integridad física de la población y que pongan en riesgo la permanencia de las instituciones o vulneren la integridad del territorio.
Donde el marco jurídico de aplicación se basa en la Ley de Seguridad Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2005, bajo la tutela del Consejo de Seguridad Nacional como una Instancia para la coordinación de acciones orientadas a preservar la Seguridad Nacional, que establece y articula la política a seguir en la materia.
Dos son los motivos principales por los que se le otorgó al Instituto Nacional de Migración la calidad de institución de seguridad nacional, que se señalan a continuación:
Primero. Que el Instituto Nacional de Migración tiene relación directa con la Seguridad Nacional, ya que de acuerdo con la legislación migratoria tiene la facultad y responsabilidad de proteger y tutelar la seguridad nacional a través de la restricción de la emigración de nacionales cuando el interés nacional así lo exija; organizar y coordinar los distintos servicios migratorios; vigilar la entrada y salida de los nacionales y extranjeros, y revisar la documentación de los mismos; negar a los extranjeros la entrada al país o el cambio de calidad o característica migratoria cuando lo exija el equilibrio demográfico nacional o se estime lesivo para los intereses económicos de los nacionales; suspender o prohibir la admisión de extranjeros cuando así lo determine el interés nacional; expulsar a los extranjeros en casos de que se atente en contra de la soberanía o la seguridad nacional; así como señalar el periodo durante el cual el extranjero no deberá reingresar al país; tramitar y resolver sobre la internación, legal estancia y salida del país de los extranjeros, así como la cancelación, cuando el caso lo amerite de las calidades migratorias otorgadas; instruir lo necesario para el cumplimiento de arraigos judiciales ordenados respecto a nacionales o extranjeros; investigar si los extranjeros cumplen con las obligaciones migratorias establecidas, y en caso de violación a las disposiciones sobre la materia, presentarlos ante las autoridades competentes; así como operar y controlar los archivos de la documentación migratoria.
Segundo. Que, para una adecuada realización de sus actividades, es necesario que exista una colaboración con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional para que éste se constituya como la institución rectora de la Red Nacional de Investigación y por lo tanto funja como órgano de coordinación, definición y articulación de las acciones tendentes a la constitución y operación de la Red Nacional de Investigación.
El acuerdo por el que se reconoce al Instituto Nacional de Migración como instancia de seguridad nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado miércoles 18 de mayo de 2005, establece que el INM a fin de instrumentar la Red Nacional de Información de Seguridad Nacional, compartirá sus bases de datos y sistemas de información pertinentes y otorgará la cooperación técnica necesaria para que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional tenga la posibilidad técnica de acceder directamente a dichos sistemas.
Posteriormente, el 25 de mayo de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley de Migración y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Población, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de la Ley de Inversión Extranjera, y de la Ley General de Turismo.
Dicha ley en su artículo 19 señala que el instituto es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia, con base en los lineamientos que expida la Secretaría.
Además, dicho órgano administrativo desconcentrado cuenta con diferentes atribuciones las cuales son establecidas en el artículo 20 de la misma Ley, que a la letra dice:
Artículo 20. El instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria:
I. Instrumentar la política en materia migratoria;
II. Vigilar la entrada y salida de personas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y revisar su documentación;
III. En los casos señalados en esta ley, tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de los extranjeros;
IV. Conocer, resolver y ejecutar la deportación o el retorno asistido de extranjeros, en los términos y condiciones establecidos en la presente Ley y en su Reglamento;
V. Imponer las sanciones previstas por esta Ley y su Reglamento;
VI. Llevar y mantener actualizado el Registro Nacional de Extranjeros;
Presentar en las estaciones migratorias o en los lugares habilitados para tal fin, a los extranjeros que lo ameriten conforme a las disposiciones de esta Ley, respetando en todo momento sus derechos humanos;
VII. Coordinar la operación de los grupos de atención a migrantes que se encuentren en territorio nacional;
IX. Proporcionar información contenida en las bases de datos de los distintos sistemas informáticos que administra, a las diversas instituciones de seguridad nacional que así lo soliciten, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y
X. Las demás que le señale esta ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.
En este sentido, no debemos dejar de ver que la naturaleza jurídica del INM limita su actuar presupuestal, en virtud de que el mismo es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y por ello no cuenta con autonomía jurídica y presupuestal, lo cual ha incidido en una carencia en la inversión de tecnologías y desarrollo de personal, deficiente atención a los usuarios y a la propia seguridad nacional, ya que no dispone de recursos necesarios para el fortalecimiento de sus actividades institucionales, lo cual repercutiendo en la falta de aplicación a la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de Migración.
Derivado de lo anterior, y debido a que los Estados no cuentan con un marco normativo eficiente para hacer frente a los cambios por el movimiento internacional de personas; se tiene como consecuencia una crisis de gobernabilidad migratoria, que presenta un incremento desmedido de migrantes irregulares en países de recepción, tránsito y destino, como lo es México.
Ahora bien, los recursos que ejerce el INM, provienen de dos fuentes; el primero asignado por la Cámara de Diputados a través del Presupuesto de Egresos de la Federación y el segundo a través de los ingresos autogenerados que por los servicios migratorios que en funciones de derecho público presta dicho instituto. En efecto, el Congreso de la Unión autorizó a la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración el cobro de los derechos migratorios contemplados en los artículos 8, 9, 10, 12, 13, 14-A y 15 de la Ley Federal de Derechos.
Respecto de la primera fuente de ingresos, se puede precisar que la misma siempre ha sido insuficiente para sufragar el gasto del Instituto Nacional de Migración; e incluso la tendencia ha sido de decremento.
Tal es el caso que, en los dos últimos ejercicios fiscales, el INM ha visto mermado el presupuesto asignado por la Federación para los gastos de operación, como se observa en el siguiente cuadro:
El Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016 contempla un decremento de 76.30 por ciento con respecto a 2015.
Para El Ejercicio Fiscal de 2017 no se designó presupuesto al INM, lo que deja al instituto solamente con los ingresos autogenerados que obtiene por la prestación los servicios migratorios contemplados en los artículos 8, 9, 10, 12, 13, 14-A y 15 de la Ley Federal de Derechos.
Por lo que hace a la segunda fuente de financiamiento, cabe destacar que los mismos, no tienen por objeto sufragar el gasto corriente del Instituto Nacional de Migración, sino que los mismos tienen un destino específico.
En efecto, el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos establece que los ingresos que cobre el Instituto Nacional de Migración tendrán los siguientes destinos:
a) Los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho establecido en la fracción I del artículo 8o. de la presente Ley, por lo que se refiere a los Visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, se destinarán en un 20% al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona, y en un 80% al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país, el cual transferirá el 10% de la recaudación total del derecho al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para los estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que éste determine con el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos del país.
b) Los demás ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos establecidos en esta Sección, serán destinados a programas de modernización, equipamiento e infraestructura para mejorar el control fronterizo en la línea divisoria internacional del sur del país y a mejorar las instalaciones, equipos, mobiliario, sistemas y la calidad integral de los servicios en materia migratoria que presta el Instituto Nacional de Migración.
Acorde con lo anterior, el siguiente diagrama representa la integración de los ingresos del INM por concepto del Derecho de Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, establecido en el artículo 8, fracción I, de la Ley Federal de Derechos:
Ahora bien, la sumatoria de estos dos rubros integran el presupuesto del INM, traducido en números, se aprecia que la asignación presupuestal para 2014 fue de 304 millones 198 mil 487 pesos , particularmente por concepto de “derecho de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas”, se ha recaudado un total de 3 mil 997 millones 256 mil 430 pesos bajo el mecanismo de retorno implantado por la TESOFE, al INM se le asignó 20 por ciento los cuales deben ser utilizados para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona; es decir, únicamente 799 millones 451 mil 286 pesos.
Asimismo, se aprecia que la asignación presupuestal para 2015 fue de 404 millones 198 mil 487 pesos, y por concepto de “derecho de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas”, se recaudó un total de 4 mil 765 millones 296 mil 327 pesos de los cuales se le asignó 20 por ciento al INM para ser utilizados para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona; es decir, únicamente 953 millones 59 mil 265.40 pesos.
Por otro lado, en comparativo con 2016, 95 millones 760 mil 668 pesos fueron asignados presupuestalmente para el Ejercicio Fiscal de 2016, y por concepto de “derecho de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas” se recaudó un total de 5 mil 651 millones 21 mil 115 pesos asignando únicamente al INM mil 130 millones 204 mil 223 pesos correspondiente a 20 por ciento establecido en el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, los cuales deben ser utilizados para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona.
En este sentido, la dependencia en la actualidad carece de un incremento en sus activos monetarios, el cual denota la falta de recursos para una eficiente operación en cada uno de sus programas, entre los que se encuentran:
• Oficiales de Protección a la Infancia,
• Repatriación,
• Grupos Beta,
• Programa Paisano y
• Somos mexicanos.
Los cuales son fundamentales para la seguridad nacional, además de la protección de las personas migrantes.
Derivado de las argumentaciones previas, es notable que la operación de este Instituto se vea restringida por la insuficiencia presupuestal; ya que la destinación de recursos para el INM no satisface las necesidades de operación en un contexto de origen, tránsito y destino de migrantes; por lo que, es ineludible considerar promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias.
Es decir, las delegaciones y subdelegaciones federales, delegaciones y subdelegaciones locales en las Entidades Federativas del INM, atienden programas en materia de migración de acuerdo a las circunscripciones territoriales, tales como:
• Grupo de Oficiales de Protección a la Infancia
Que atiende de forma personalizada, desde 2007 a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados nacionales y extranjeros. Cabe mencionar que hacen una importante labor con los niños repatriados de Estados Unidos de Norte América.
Sus principales funciones son:
1. Salvaguardar la integridad física y mental de los menores.
2. Brindarles de manera inmediata los servicios básicos de salud, alimento, vestido y descanso.
3. Facilitarles el contacto con sus familiares a través de llamadas telefónicas gratuitas.
4. Mantener informado al menor sobre su situación migratoria, utilizando lenguaje amable y acorde con su edad.
5. Acompañarlos durante su proceso de repatriación.
Los Grupos Oficiales de Protección a la Infancia (OPI), cuentan con apenas 543 elementos dispersos en las 32 delegaciones federales, y cumplen con el perfil diseñado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
De conformidad con el artículo 112 de la Ley de Migración, los OPI tienen la obligación de “Cuando un niño, niña o adolescente migrante no acompañado sea puesto a disposición del INM quedará bajo la responsabilidad de los OPI, para garantizar el respeto de sus derechos humanos”, por esta razón el INM es un modelo OPI, que se pretende replicar a lo largo de América Latina. Ya que México como país de tránsito, tiene la responsabilidad de proteger a la infancia migrante de otros abusos en sus trayectos, entre ellos, violación sexual, robos, secuestros, entre otros.
Adicionalmente, el INM informó que en el ejercicio fiscal 2016, aproximadamente 38 mil 797 niñas, niños y adolescentes migrantes fueron protegidos y atendidos por los OPI, en especial 17 mil 893 que fueron detectados sin ningún tipo de acompañamiento.
• Programa Repatriación
Este programa tiene como finalidad generar condiciones para que los mexicanos repatriados de los Estados Unidos de América se incorporen, al desarrollo productivo de la nación en condiciones dignas y con opciones de desarrollo integral en sus comunidades de origen y o residencia en México.
Cuyo objetivo general es brindar a los mexicanos que regresan a su país, una atención integral, para que contribuyan en el corto plazo al desarrollo nacional de México, impulsando la valoración de sus habilidades a través de un trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno, la iniciativa privada, la sociedad civil organizada y los organismos internacionales, promoviendo la incorporación de los mexicanos retornados al mercado productivo.
Dicho programa surgió en diciembre de 2007 en Tijuana, Baja California, por instrucciones del Ejecutivo Federal, con la finalidad de tener un programa mediante el cual se realicen repatriaciones de nacionales mexicanos de forma segura, ordenada, digna y humana.
Siendo el Instituto Nacional de Migración, un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, es el responsable de la política migratoria del país, y el encargado de llevar a cabo el Programa de Repatriación en México.
Actualmente, este programa está integrado por agentes federales de migración que se encuentran distribuidos en 11 módulos de repatriación en la frontera norte:
Baja California
Tijuana-San Isidro
Mexicali-Calexico
Sonora
San Luis Río Colorado-Yuma
Nogales-Nogales
Chihuahua
Ciudad Juárez-El Paso
Ojinaga-Presidio
Coahuila
Ciudad Acuña-Del Río
Piedras Negras-Eagle Pass
Tamaulipas
Matamoros-Brownsville
Nuevo Laredo-Laredo
Reynosa-Hidalgo
Asimismo, se busca la consolidación de los mecanismos de repatriación de la población mexicana y retorno asistido de población extranjera, con especial atención a la alojada en estaciones migratorias o en situación de vulnerabilidad; el mejoramiento y modernización de la infraestructura física y tecnológica, así como la profesionalización de los servidores públicos que atienden dichos fenómenos.
En este sentido, es necesario robustecer la coordinación intersectorial e interinstitucional para el otorgamiento de apoyos a los connacionales repatriados, fortalecer el apoyo en las repatriaciones de mexicanos a grupos vulnerables como enfermos, adultos mayores, menores de edad, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad; y fomentar la cultura de regulación migratoria con países centroamericanos, que propicie un flujo migratorio documentado, ordenado y seguro hacia el país.
Aunado a lo anterior, por lo que hace a los repatriados existen cinco formas de retorno1 a saber:
1) Retorno de migrantes circulares o temporales que regresan después de terminar un contrato temporal.
2) Retorno de “commuters.” Refiere a las personas que son residentes de alguna ciudad fronteriza y cruzan la frontera cotidianamente con documentos o permisos temporales de trabajo para laborar o comprar.
3) Retorno como proyecto de residencia definitiva. Refiere a los migrantes que regresan con planes de quedarse en el país de origen.
4) Retorno por deportación desde el país de destino: Incluye migrantes que vivían en el país receptor y recibieron una deportación.
5) Retorno por deportación durante el cruce fronterizo: Migrantes que reciben una deportación o retorno voluntario.
Las instituciones que colaboran con el INM son:
- Secretaría del Trabajo y Previsión Social: A través del Servicio Nacional de Empleo apoyará a los repatriados a incorporarse a una actividad productiva o trabajar por cuenta propia.
- Secretaría de Salud: Brinda atención en los centros de salud en el lugar de residencia de los repatriados a fin de proporcionar servicios médicos de tipo preventivo, así como el beneficio de afiliarse al Seguro Popular.
- Secretaría de Educación Pública: Apoyará a los repatriados que deseen acceder a las ofertas educativas que les permita continuar y terminar sus estudios dentro de sus diferentes programas.
- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación: A través del Fideicomiso de Riesgo Compartido fomentará los agronegocios, el desarrollo rural por micro cuencas y realizar funciones de agente técnico en programas del sector agropecuario y pesquero.
- Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales: Otorgamiento de apoyos y servicios que permitan desarrollar sistemas integrales, obras, acciones y prácticas sustentables enfocadas a cultivos para la producción de insumos para bioenergéticos, aprovechamiento sustentable del suelo, agua y vegetación de las unidades productivas.
- Secretaría de Relaciones Exteriores: Ayudará a los repatriados a resolver problemas como recuperación de salarios no pagados y pertenencias en EUA, así como la recuperación de sus hijos que quedaron en aquel país.
- Secretaría de Desarrollo Social: Pondrá a disposición de los repatriados que califiquen, programas como: Desarrollo Humano Oportunidades, Apoyo Alimentario, Abasto Rural Diconsa, Abasto Social de Leche y, 70 y más.
- Secretaría de Economía: Pondrá a disposición de los repatriados los Centros de México Emprende, cuyo objetivo es otorgar servicios y apoyos públicos y o privados para emprendedores y empresas de manera integral, ágil y oportuna, de acuerdo con su tamaño y potencial en un solo lugar.
Adicionalmente, el Instituto Nacional de Migración tiene el compromiso y la obligación de dar un trato digno y seguro a todos los migrantes respetando en todo momento sus derechos humanos, por lo anterior, se han implementado módulos de atención en los puntos fronterizos atendidos por agentes del Programa de Repatriación.
Dentro de las actividades que se ocupa, se encuentra la elaboración de una guía denominada PRIM, donde aporta una serie de apoyos a recibir por los repatriados, agua, alimentos, comunicaciones consulares, asistencia médica y psicológica, canalización a albergues, traslados a albergues, vacunación, oficinas de gobierno, comedores y estaciones de transporte, las cuales son desarrolladas por 9 estaciones de repatriación a lo largo de la frontera norte de nuestro país en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El siguiente esquema da cuenta de los módulos de repatriación humana:
Informes señalan, que en materia de repatriación de mexicanos el Instituto Nacional de Migración en 2016, recibió a través de los 11 módulos de repatriación en la frontera norte y el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, a 219 mil 596 connacionales deportados por las autoridades migratorias de los Estados Unidos y a quienes se les otorgaron servicios de comunicación, alimentación básica por una ocasión, constancias de repatriación, afiliación al seguro popular en colaboración con la Secretaría de Salud, apoyos de transporte para el traslado a sus comunidades de origen, así como traslados locales con la intervención de los Grupos Beta y alojamiento y alimentación con el apoyo de los albergues de la sociedad civil.
• Programa Paisano
Este es un programa permanente que tiene como finalidad establecer políticas, estrategias y acciones preventivas que garantiza el ingreso, tránsito y salida de connacionales bajo la plena garantía de los derechos humanos y seguridad tanto de los bienes como de las personas.
Derivado de la necesidad de crear mecanismos que controlen y gradualmente eliminen los índices de maltrato, extorsión, robo, corrupción y prepotencia que incurren los servidores públicos en contra de connacionales en su ingreso al país, se unieron organizaciones sociales, empresariales, políticas y religiosas de la comunidad mexicana y mexicano-americana residentes en Estados Unidos para presentar una propuesta al gobierno de nuestro país.
Con fecha 6 de abril de 1989 el Ejecutivo federal expidió el “acuerdo por el que se instrumentan acciones de mejoramiento de los servidores públicos federales en las fronteras, puertos marítimos y aeropuertos internacionales del país”. Mismo que fue conocido como “Programa Paisano”, donde estaban involucradas ocho dependencias gubernamentales. Iniciando operaciones por primera vez en el mes de diciembre de 1989.
Actualmente dicho programa opera bajo la figura de Comisión Intersecretarial, y se coordinan los esfuerzos de 21 dependencias, cuenta con dos Comités Técnicos, una Dirección Nacional, tres representaciones en Estados Unidos y 32 Comités estatales a nivel nacional, dirigidos a brindar información y atención a connacionales que visitan México, así como a brindar facilidades para su ingreso al país.
Su objetivo recae en asegurar un trato digno y apegado a la ley para quienes ingresan, transitan o salen de nuestro país, a través de las siguientes acciones:
• Informar y difundir el cumplimiento de obligaciones y derechos.
• Proteger su integridad física y patrimonial.
• Sensibilizar y capacitara servidores públicos y sociedad civil.
• Atender y dar seguimiento a quejas y denuncias.
• Operativos de caravanas.
En dichos operativos se extiende una amplia convocatoria a la sociedad civil, con el objetivo de integrar a la ciudadanía como parte de esta iniciativa del gobierno y coadyuvar a salvaguardar los derechos de las mexicanas y los mexicanos que viven en el exterior y visitan México. Se ubican a lo largo de diferentes puntos en todo el territorio nacional, logrando fortalecer la presencia del Programa durante los operativos especiales.
Los servidores públicos que pertenecen a este programa deben contar con vocación de servicio ya que tienen trato directo con los connacionales. Este programa hace uso y distribución de herramientas administrativas, publicitarias y de información en las cuales se plasma principalmente información necesaria para el ingreso a territorio Nacional, tanto de mercancías que pueden ingresar, impuestos por pagar e importaciones de vehículos.
Esta información es crucial para proteger a mexicanos, pues facilita los procesos administrativos que se deben llevar a cabo, como son las obligaciones a su paso por el país. Asimismo, emite una guía para la emisión de quejas o abusos de autoridades nacionales. Actualmente esta información se encuentra también en una APP para dispositivos móviles que da a conocer entre otros puntos, una ruta segura de viaje.
De la información proporcionada por el mismo INM, se informa que el Programa Paisano registró durante 2016 el ingreso al país de 12 millones 37 mil 727 migrantes mexicanos que retornaron temporalmente durante las temporadas de Semana Santa, verano e invierno al país, otorgándose atención personalizada a 4 millones 843 mil 827 migrantes, atendiéndose 112 quejas y 3 mil 656 peticiones de ayuda, ello con la participación de las dependencias federales y de los estados, así como de la sociedad civil, las representaciones consulares en los EUA y de observadores de la sociedad civil.
• Grupos Beta
Son Grupos dedicados a la protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes, especializados en brindarles orientación, rescate y primeros auxilios, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria2 .
En 1990 en Baja California se crea un programa piloto, que más tarde integraría el Grupo Beta Tijuana, el cual tenía como finalidad “auxiliar a los migrantes que eran víctimas de la delincuencia, durante su tránsito por territorio mexicano”; en 1994 se forma el Grupo Beta Nogales, en Sonora; en 1995 se crean dos grupos más: uno en Tecate, en Baja California y el segundo en Matamoros, Tamaulipas.
A la fecha existen 22 Grupos Beta en 9 estados del país: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca.
La creación de los Grupos de Protección al Migrante, se encuentra fundamentada en el artículo 71 de la Ley de Migración y 188 del Reglamento de la Ley de Migración.
Su objetivo es proporcionar ayuda humanitaria, primeros auxilios, asistencia migratoria, orientación e información a los migrantes sobre sus derechos. Para el cumplimiento de su objetivo, estos grupos se ubican en zonas del territorio nacional donde estratégicamente puedan desarrollar sus funciones3 .
Su misión es la de trabajar por la protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes, a través de las acciones de apoyo como: rescate y salvamento, ayuda humanitaria, asesoría legal y orientación.
Se encuentran conformados por servidores públicos de los tres niveles de gobierno, los cuales se encuentran capacitados y especializados en la protección al migrante.
De conformidad a diversos informes, se tiene registrado que, en 2016, los 22 Grupos Beta realizaron 24 mil 15 recorridos en rutas de alto riesgo y brindaron a 203 mil 939 orientaciones a migrantes, 145 mil 282 ayudas humanitarias, lograron 4 mil 990 rescates y localizaron a 33 extraviados, además de brindar 98 asesorías legales.
El siguiente esquema da cuenta del Directorio Nacional de Grupos Beta y su localización:
• Programa “Somos Mexicanos”
En conjunto, las Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Relaciones Exteriores lanzaron este programa “Somos mexicanos: Aquí tienes las puertas abiertas”, con la finalidad de fortalecer la política orientada a la reinserción social de personas repatriadas desde Estados Unidos.
Se estima que, a partir de 2009, después de la recesión que sacudió la economía mundial, el flujo migratorio entre México y Estados Unidos cambió siendo el número de mexicanos que regresa al país igual a la cantidad de personas que deciden emigrar.
De conformidad con la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (Enadid), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre 2009 y 2014, cerca de un millón de mexicanos y sus familias regresaron de Estados Unidos a nuestro país.
Según el Censo de Población de Estados Unidos, en el mismo periodo, más de 870 mil personas ingresaron a esa nación, provenientes de México.
Por lo que, el objetivo de dicho programa es fortalecer la política orientada a la reinserción social de personas mexicanas repatriadas al territorio nacional, así como sus vínculos sociales y culturales, en aras de que su regreso sea digno, productivo y benéfico, en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional.
Los apoyos que brindan son: Constancia de repatriación y la Clave Única de Registro de Población (CURP); servicios básicos de alimentación; seguro Popular para recibir atención médica; llamadas gratuitas para comunicarse con sus familiares; traslado local y apoyo para transporte foráneo y opciones laborales.
Se tiene conocimiento de que, en 2016, en el marco de dicho Programa se otorgaron 168 mil 517 apoyos alimentarios, de oferta laboral, vinculación educativa, asistencia médica, comunicación y reunificación laboral, traslados y de alojamiento.
Aunado a lo anterior, el INM tiene la tarea de atender diversos programas gubernamentales, tal es el caso del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013; donde se expone la ruta que el gobierno de la República se ha trazado para contribuir de manera más eficaz a que los mexicanos puedan lograr que México alcance su máximo potencial, estableciendo metas nacionales, así como estrategias transversales para democratizar la productividad, lograr un gobierno cercano y moderno, y tener una perspectiva de género en todos los programas de la administración, el cual será la base para la elaboración de los programas necesarios para dar cumplimiento a los objetivos y metas establecidos en la presente administración.
En concreto, la meta nacional denominada “México con responsabilidad global” , tiene como objetivo, entre otros, la ejecución de políticas públicas dirigidas a atender las particularidades del fenómeno migratorio en sus múltiples dimensiones, involucrando aspectos tales como la diversificación al interior del flujo; los lugares de origen y destino; los perfiles migratorios; las estrategias de cruce e internación; la repatriación, inseguridad y los derechos humanos.
Así como su estrategia II denominada “Gobierno cercano y moderno” , referente a dotar de infraestructura los puntos fronterizos, promoviendo el uso de tecnología no intrusiva para la gestión ordenada de los flujos de personas y bienes.
Además, busca consolidar un gobierno que sea productivo y eficaz en el logro de sus objetivos, mediante una adecuada racionalización de recursos, el reconocimiento del mérito, la reproducción de mejores prácticas y la implementación de sistemas de administración automatizados.
Para ello, se debe diseñar e implementar políticas, acciones y programas innovadores que, de manera integral e incorporando a los sectores de la sociedad civil y el gobierno aporten con responsabilidad conocimiento y herramientas para hacer frente a las distintas necesidades de los migrantes, en sus diversas modalidades. Ya que, los controles fronterizos son insuficientes e ineficientes y es notoria la falta de infraestructura en los puntos fronterizos y la ausencia de capacidades tecnológicas para el registro y control de migrantes y mercancías.
De igual manera el Programa Especial de Migración (PEM) 2014-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014, fue desarrollado conforme a las directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo.
Dicho programa deberá ser cumplido conforme a las atribuciones que le correspondan a cada una de las dependencias y entidades de la administración pública federal que resulten competentes, atendiendo cada uno de sus objetivos y metas establecidos con la implementación de acciones específicas.
El PEM es la base para la instrumentación de una política de Estado en materia migratoria, con un enfoque de atención integral y adecuada gobernanza de las distintas dimensiones de la migración en México, a fin de contribuir política, económica y socialmente al proyecto de desarrollo del país.
En este sentido, la consolidación de la política migratoria integral del Estado implica una gestión migratoria acorde con el proyecto de desarrollo nacional y posicionamiento de México como destino turístico y de negocios; esto es, se requiere fortalecer los mecanismos de colaboración y coordinación, nacional e internacional, para favorecer la corresponsabilidad y la facilitación de la movilidad internacional de personas de manera ordenada, segura y ágil; sin menoscabo de la seguridad fronteriza y la seguridad humana.
Por lo que se busca el fortalecimiento de los mecanismos de repatriación de población mexicana y retorno asistido de población extranjera, con especial atención a la alojada en estaciones migratorias o en situación de vulnerabilidad; el mejoramiento y modernización de la infraestructura física y tecnológica, así como la profesionalización de los servidores públicos que atienden el fenómeno; por ello, es necesaria la coordinación interinstitucional para mejorar la calidad de los servicios con estricto apego a los protocolos y procedimientos que establece el marco normativo y desde los enfoques de género, derechos humanos e interculturalidad.
Atendiendo al objetivo de consolidar una gestión migratoria eficaz, fundamentada en criterios de facilitación, corresponsabilidad internacional, seguridad fronteriza y seguridad humana, se desprenden diversas estrategias; es específico, la 3.5. y 3.6. que conllevan las siguientes líneas de acción:
Estrategia 3.5. Mejorar y modernizar la infraestructura en lugares destinados al tránsito internacional de personas, oficinas de trámites, estaciones migratorias y estancias.
- Crear mecanismos de coordinación efectivos para establecer, dotar de infraestructura o suprimir lugares destinados al tránsito internacional de personas.
- Construir y adecuar la infraestructura física y tecnológica para optimizar la gestión migratoria y cumplir con los estándares de derechos humanos.
- Ampliar y mejorar la infraestructura en las estaciones migratorias y estancias para garantizar condiciones de alojamiento dignas, considerando criterios diferenciados.
- Fortalecer el uso de tecnología biométrica en lugares de tránsito internacional de personas, oficinas de trámites, estaciones migratorias y estancias.
- Fortalecer sistemas electrónicos que permitan el control migratorio eficaz de entradas y salidas en lugares de tránsito internacional de personas.
- Integrar y homologar los sistemas electrónicos para optimizar los trámites y servicios migratorios.
- Modernizar la infraestructura tecnológica para la emisión de documentos migratorios con mayores elementos de seguridad.
- Fortalecer el equipamiento de los grupos de protección de migrantes.
- Facilitar el acceso de las personas migrantes a medios electrónicos en estaciones migratorias y oficinas de trámites migratorios.
- Impulsar la coordinación entre dependencias federales y locales que brindan atención a niñas, niños y adolescentes migrantes y retornados.
Estrategia 3.6. Profesionalizar a los servidores públicos que atiendan el fenómeno migratorio.
- Capacitar a servidores públicos sobre normatividad migratoria, derechos humanos, perspectiva de género, discriminación y situación de vulnerabilidad.
- Reforzar la capacitación en inteligencia migratoria y la detección de documentos migratorios apócrifos.
- Capacitar a servidores públicos que atienden el fenómeno migratorio en el aprendizaje de un segundo idioma.
- Fortalecer los mecanismos de evaluación y profesionalización de los servidores públicos que atienden el fenómeno migratorio.
- Fortalecer los procesos de evaluación, sanción y rendición de cuentas de las autoridades migratorias.
Bajo este orden de ideas y para hacer frente a la atención de los diversos objetivos y estrategias que contempla dicho PEM, deberá dotarse de recursos humanos, materiales y sobre todo de ingresos excedentes con los que pueda hacer frente a dichas problemáticas que se presentan en todo el Territorio Nacional.
También se encuentra el Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 publicado el 12 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, mismo que contribuye directamente al logro de tres metas nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: México en Paz, México Incluyente y México con responsabilidad global.
Para ello, el INM debe atender los objetivos sectoriales encaminados a fortalecer la gobernabilidad democrática, mejorar las condiciones de seguridad y justicia, garantizar el respeto de los derechos humanos y el abatimiento de la discriminación y la violencia, desarrollar las políticas de población y migración, y fortalecer la protección civil.
Para efectos de determinar la magnitud a la que se enfrenta el INM en su día a día, a continuación, se citan los siguientes datos generados de enero a diciembre de 20164 .
• 147 mil 370 eventos de retorno asistido, se refiere a eventos de migrantes de 18 años y más, que solicitaron el beneficio de retorno asistido para ser devueltos a su país de origen, según lo previsto los artículos 111, 115, 118 y 119 de la Ley de Migración y del artículo 193 de su Reglamento, previo proceso administrativo de presentación según lo establecido en el artículo 99 de la misma Ley, cabe precisar que el INM sufragó los gastos que se generaron con motivo de dicha actividad.
• 203 mil 939 eventos de asistencia jurídica a migrantes, que recibieron orientación acerca de los riesgos físicos a que se encuentran expuestos, así como de sus derechos humanos. La orientación brindada es de manera verbal, además se les debió haber entregado información impresa como una cartilla y/o tríptico con la información antes mencionada, sin importar su nacionalidad o situación migratoria.
• 145 mil 282 eventos de asistencia social brindada a los migrantes incluyen uno o más de los siguientes apoyos: alimentos, refugio, atención médica menor, traslados a centros hospitalarios para atención médica mayor, y/o asesoría en diversos trámites administrativos.
• 231 eventos de primeros auxilios que fueron realizados a migrantes lesionados o heridos o mutilados y que fueron atendidos por los Grupos Beta de protección a migrantes.
• 33 eventos de migrantes reportados como extraviados y localizados, contemplan únicamente eventos de migrantes reportados como extraviados y que fueron buscados y localizados por los Grupos Beta de Protección a Migrantes. El periodo de búsqueda es máximo de un mes, a partir de la fecha de reporte.
• 89 mil 168, migrantes repatriados atendidos, incluye a los migrantes mexicanos devueltos desde Estados Unidos, a los cuales se les brindó atención médica, social y o jurídica.
• 98, migrantes atendidos a través de la asistencia legal, ya sea mediante quejas canalizadas a los órganos fiscalizadores de los servidores públicos (federal o estatal) y denuncias canalizadas al Ministerio Público, respecto a la narrativa de hechos que pudieran ser constitutivos de delito; en ambos casos, incluyendo los órganos protectores de derechos humanos, respecto de los hechos no constitutivos de delito, de conformidad con el artículo 48, fracción II de los Lineamientos en materia de Protección a migrantes del INM.
• 4 mil 900 migrantes rescatados; incluyendo a migrantes que fueron retirados de una situación o estado de riesgo independientemente del tipo de asistencia u orientación que se le brinda, su rescate pudo llevarse a cabo en cualquier lugar: río, desierto, vías de tren, túneles o áreas urbanas.
• 3 mil 353 acciones de coordinación con dependencias federales, estatales, municipales, extranjeras y otras instituciones, que realizan acciones conjuntas entre los Grupos Beta y las diversas dependencias a favor de los migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos incluyen las relacionadas a la asistencia médica y/o social y a la búsqueda de personas reportadas como extraviadas.
• 24 mil 15 recorridos realizados, corresponde a los denominados patrullajes, conceptualmente la información sigue haciendo referencia a los recorridos en campo realizados por los Grupos Beta para brindar orientación y apoyo a los migrantes.
• 219 mil 932, eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos, contempla únicamente a los mexicanos detenidos por las autoridades migratorias estadounidenses y que se apegaron al Procedimiento de Repatriación al Interior de México (PRIM).5
• 13 mil 746, eventos de repatriación de menores migrantes mexicanos desde Estados Unidos.6
De los datos citados con antelación, resulta notoria la necesidad de que el INM pueda allegarse de más recursos para continuar con la labor humanitaria conferida en la Ley de Migración, contemplando la intensa movilidad internacional de personas que por diversas razones visitan o deciden residir de manera temporal o permanente en nuestro país, tomando en cuenta que éste también es considerado como origen, tránsito, destino y retorno de migrantes internacionales.
En la actualidad, el INM requiere de personal altamente calificado, para poder ayudar a solucionar el problema creciente de la migración infantil, otra detección de necesidades es la de un centro de selección, reclutamiento, capacitación y adiestramiento especializado en formar Oficiales de Seguridad Migratoria de primer nivel, en función del acompañamiento de un sistema de servicios regulatorios para el ingreso y egreso de visitantes, legales e ilegales a territorio nacional.
Ahora bien, tomando en consideración las actuales crisis que en materia migratoria presenta México es primordial que se tomen medidas inmediatas para evitar la vulnerabilidad de los derechos humanos internacionales del infante, quienes en todo momento deben ser protegidos por el Estado Mexicano.
Que no todas las personas que ingresan a México como “visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas” son turistas meramente. Tal es el caso de estudiantes que vienen a cursos, seminarios, etcétera.
Y debido a que hoy en día el Sector Turístico en México ha crecido de una manera importante y consistente, puede generar recursos propios para auto promoverse, por lo cual resulta viable que los recursos autogenerados puedan destinarse al INM, con el fin de mejorar las instancias y servicios que complementan al sector mencionado.
Que para que el turismo continúe en crecimiento, es necesario que nuestro país sea percibido como un lugar seguro y fiable para los extranjeros. Con un trato digno y con un total respeto a los Derecho Humanos. De hecho, la seguridad es una de las principales pautas de valoración que una persona toma para elegir un destino turístico. Es así como, la Organización Mundial del Turismo ha definido la seguridad turística como “la protección de la vida, de la salud, de la integridad física, psicológica y económica de los visitantes, prestadores de servicios y miembros de las comunidades receptoras”. Y en esta, como ya se ha puesto en evidencia el INM juega un papel central, por lo que es primordial fortalecerlo.
En este contexto, se requiere realizar una transformación del Instituto Nacional de Migración, acorde a las exigencias de los servicios migratorios y la nueva política migratoria en la que se incorpore la participación de todos los sectores; además contar de mayores ingresos para cumplir con las atribuciones encomendadas en la Ley de Migración, su Reglamento y lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Especial de Migración y el Programa Sectorial de Gobernación, y a su vez dotar de infraestructura, tecnología de vanguardia, espacios dignos, así como mobiliario, entre otros, a los servidores públicos responsables de proporcionar servicios migratorios, y en general a mejorar la calidad integral de los servicios que presta este órgano administrativo desconcentrado y por ende reforzar con ello la seguridad nacional del país.
En la actualidad las delegaciones y subdelegaciones federales y locales; así como las oficinas centrales, enfrentan carencias que van desde el deterioro o falta de mobiliario o equipamiento, así como el mal estado que guardan sus instalaciones, desde la recepción de usuarios hasta los servicios de mantenimiento, falta de obras, servicios para los migrantes salvaguardando sus derechos humanos, etc., situación que les impide llevar a cabo el fin primordial de este Instituto; que recae en la vigilancia de la entrada y salida de personas al Territorio Nacional, como lo establece el artículo 20, fracción II de la Ley de Migración, respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, facilitar la movilidad internacional de personas, salvaguardando el orden y la seguridad, fortalecer la contribución de la autoridad migratoria a la seguridad pública, fronteriza y regional, ayudar en el combate contra el crimen organizado, específicamente en el combate al tráfico o secuestro de migrantes y a la trata de personas, entre otros aspectos.
Dicho en otras palabras, el Instituto necesita que los espacios destinados a dicha finalidad se encuentren en óptimas condicionales tomando en cuenta que los servicios migratorios que se prestan, generan una imagen a nivel internacional, ya que las principales personas que requieren nuestros servicios son extranjeros, aunado al hecho de que es una Instancia de Seguridad Nacional; necesidades que con los recursos que se obtienen de la recaudación del derecho de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, con fines turísticos, previsto en el artículo 8, fracción I de la Ley Federal de Derechos, no podrían ser atendidas.
Para que esto sea posible, es necesario y urgente transmitirle al H. Congreso de la Unión, las referidas argumentaciones se requiere impulsar la iniciativa de reforma para que este órgano administrativo desconcentrado cuente con mejores mecanismos que permitan su modernización como la implementación de sistemas de administración automatizados; así como formar y capacitar al personal, adecuar o construir la infraestructura necesaria; además de dotar de tecnologías de la información y el equipamiento suficiente para cumplir con las necesidades operativas, administrativas y técnicas que implican los procesos de gestión que indica la presente propuesta de reforma.
Por lo señalado, se considera conveniente el incremento en la participación de los recursos asignados para el Instituto Nacional de Migración con el objeto de satisfacer las necesidades básicas del ser humano, como lo es, la alimentación, el vestido y la habitación; dichos recursos además deberían de ser destinados a los programas humanitarios que este Instituto ha impulsado con el objeto de proteger los derechos humanos fundamentales y subsanar las carencias de las clases sociales vulnerables como son los migrantes.
Por lo que someto a consideración del pleno de este honorable Senado de la República, la propuesta de reforma que se detalla a continuación en el siguiente cuadro comparativo:
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Único. Se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:
Artículo 18-A. Los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho establecido en la fracción I del artículo 8o. de la presente ley, referente a los visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, se destinarán en 50 por ciento al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona; y en 50 por ciento al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país, el cual transferirá 10 por ciento al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para los estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que éste determine con el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos del país.
Los demás ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos establecidos en esta Sección, serán destinados a programas de capacitación, modernización tecnológica, equipamiento e infraestructura para mejorar el control migratorio, las instalaciones, equipos, mobiliario, sistemas y la calidad integral de los servicios y programas que dependen del Instituto Nacional de Migración.
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Yesica Aznar Molina, “‘Otro Norte, Otro Terruño’ Construyendo los sentidos y las identidades de los retornados en localidades urbanas,” (tesis doctoral, El Colegio de México, 2011), 14.
2 Artículo 71 de la Ley de Migración.
3 Artículo 188 del Reglamento de la Ley de Migración.
4 Fuente: Unidad de Política Migratoria, Segob, con base en información registrada en las estaciones migratorias, oficinas centrales y locales y del INM.
5 Hasta el 29 de septiembre de 2015, “Memorándum de entendimiento entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos de América sobre la repatriación segura, ordenada, digna y humana de nacionales mexicanos”, existían 26 puntos oficiales, de los cuales 8 funcionaban como puntos esporádicos (Puerto Palomas, Zaragoza y Porfirio Parra en Chihuahua; Miguel Alemán, Puente Camargo y Puente B&M en Tamaulipas y; Sásabe y Sonoyta en Sonora). A partir de septiembre de 2015, según modificaciones a los “Arreglos locales para la repatriación de nacionales mexicanos desde Estados Unidos”, se establecen solo 11 puntos de repatriación mexicanos, en los otros puntos solo se podrá llevar a cabo una repatriación s i la persona repatriada es residente u originaria de esa zona fronteriza o en caso de emergencia.
6 Las cifras se refieren a eventos debido a que la misma persona pudo haber s ido repatriada en más de una ocasión.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de abril de 2017.
Senadores:
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