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Gaceta Parlamentaria, año XIX, número 4628-I, jueves 29 de septiembre de 2016
De la Mesa Directiva, sobre modificación de turno de iniciativa
Honorable Asamblea:
La Presidencia de la Mesa Directiva de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno a la siguiente:
• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, presentada por el diputado Manuel de Jesús Espino Barrientos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el 14 de septiembre de 2016.
“Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen y a las Comisiones de Marina, de Defensa Nacional y de Seguridad Publica para opinión.”
• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por la diputada Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el 8 de septiembre de 2016.
“Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen, y a la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo para opinión”.
• Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se declara el día 28 de febrero de cada año, como el “Día Nacional de la Educación”, presentada por la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el 3 de agosto de 2016.
“Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para opinión.”
Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2016.
Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica)
Presidente
De los diputados María Gloria Hernández Madrid, Angélica Reyes Ávila, Claudia Edith Anaya Mota, Alma Carolina Viggiano Austria, José Erandi Bermúdez Méndez, Kathia María Bolio Pinelo y Ángel II Alanís Pedraza, mediante las cuales solicitan el retiro de iniciativas
Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, septiembre de 2016.
Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Presente
Por este medio y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, numeral, 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, le expongo:
Respecto a mi iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan los artículos 49 Bis a 49 Sextus a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y modifica los artículos 109 y 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, documento que fue turnado a las Comisiones de los Derechos de la Niñez, y de Justicia. Con esta fecha y por así considerarlo oportuno, la retiro para todos los efectos procesales parlamentarios conducentes.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Diputada María Gloria Hernández Madrid (rúbrica)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de septiembre de 2016.
Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 77, párrafo segundo, de Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito de la manera más atenta que dicte sus apreciables instrucciones para que sea retirada y borrada de todos los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13, fracción XX; y se adicionan el capítulo vigésimo al título segundo y los artículos 101 Bis a 101 Quáter a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de tecnologías de la información y la comunicación, presentada por la suscrita, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, el 14 de abril de presente año y que fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, para el dictamen correspondiente, el 21 de abril del año en curso.
Atentamente
Diputada Angélica Reyes Ávila (rúbrica)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2016.
Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar
Presidente de la Mesa Directiva
LXIII Legislatura del Congreso de la Unión
Presente
Claudia Edith Anaya Mota, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicita atentamente que se sirva instruir a quien corresponda a fin de que sea retirada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Aeronaves Pilotadas a Distancia.
Fue presentada el 21 de abril de 2016 y turnada a la Comisión de Transportes, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para el proceso parlamentario correspondiente.
Sin más, quedo a sus apreciables órdenes.
Atentamente
Diputada Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica)
Palacio de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2016.
Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar
Presidente de la Mesa Directiva
Honorable Cámara de Diputados
LXIII Legislatura
Presente
En uso de la facultad que nos confiere lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, mediante el presente ejercemos nuestro derecho de retirar la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para la Protección y Promoción de Buenas Prácticas Comerciales, presentada por los suscritos el 27 de abril de 2016 durante el segundo periodo de sesiones del primer año legislativo y turnada a las Comisión de Economía.
Sobre el particular, solicitamos a usted gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se realicen las modificaciones correspondientes en los registros parlamentarios de esta Cámara.
Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Diputada Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica)
Diputado Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2016
Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar
Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Camarada de Diputados, relativo a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Agraria y de Desarrollo Rural Sustentable, turnada a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural, con fecha 2 de mayo del 2016, para su estudio y dictamen correspondiente, solicito a usted respetuosamente, sea retirada de los registros parlamentarios.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Diputado José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2016.
Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar
Presidente de la Mesa Directiva
Honorable Cámara de Diputados
Presente
A través del presente, con fundamento en el numeral 2 del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito sea retirada la iniciativa con proyecto de decreto que modifica los artículos 3 y 3 Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, misma que presenté el 29 de abril de 2016 y de la cual soy promovente, por así convenir a mis intereses.
Agradezco de antemano la atención prestada a mi solicitud.
Atentamente.
Diputada Kathia María Bolio Pinelo (rúbrica)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre del 2016.
Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar
Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados
Aunado a un cordial saludo, me permito solicitar a usted el retiro de la iniciativa que, con fecha 27 de abril de 2016 dentro del segundo periodo del primer año de la LXIII Legislatura presenté ante el entonces presidente de la Mesa Directiva, diputado Jesús Zambrano Grijalva y que fue turnada en su momento a las siguientes comisiones para la elaboración de su respectivo dictamen: Unidas de Economía, y de Justicia, y con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Publico de ésta honorable legislatura. La cual busca reformar y adicionar diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, del Código Civil Federal, del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código Fiscal de la Federación, y del Código Penal Federal.
Agradeciendo de antemano las atenciones que se sirva prestar a la presente, me despido de usted, quedando como su más atento y seguro servidor.
Atentamente
Diputado Ángel II Alanís Pedraza (rúbrica)
De la Secretaría de Desarrollo Social, mediante la cual informa que en su página electrónica se encuentra disponible para consulta el complemento de la versión final de la evaluación en materia de diseño del Programa de Promoción y Evaluación de Política de Desarrollo Social y Comunitario, la Participación y la Cohesión Social 2015-2016, P002
México, DF, a 23 de septiembre de 2016.
Edmundo Javier Bolaños Aguilar
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente
En alcance al oficio número 610/DGEMPS/0322/2016 con fecha de 31 de agosto de 2016, hago referencia al numeral 23 del Programa Anual de Evaluación 2016 (PAE 2016) emitido en conjunto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el que se establece que los programas especificados en los Anexos 1 y 2 deberán llevar a cabo Evaluaciones en materia de Diseño coordinadas por la SHCP y el Coneval respectivamente, con base en el Modelo de Términos de Referencia y demás elementos particulares que establezcan dichas instancias en el ámbito de su competencia y coordinación respectivas.
Al respecto, hago de su conocimiento que el Informe final de la Evaluación en Materia de Diseño del P002 “Programa de Promoción y Evaluación de Política de Desarrollo Social y Comunitario, la Participación y la Cohesión Social” 2015-2016 se sometió comentarios y recomendaciones de mejora al documento que fueron atendidas por la institución evaluadora, para así obtener la aprobación del contenido del informe.
En este sentido, y de conformidad con el numeral 11 del PAE 2016, me permito enviarle la liga del portal de la Sedesol en donde podrá consultar el informe final de la Evaluación en comento:
https://www.gob.mx/sedesol/documetos/evaluaciones-anuales-2016
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Paloma Merodio Gómez (rúbrica)
Directora General
De la Cámara de Senadores, mediante la cual remite quince proposiciones con puntos de acuerdo por los que se solicita a la Cámara de Diputados que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017 considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios
Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2016.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de acuerdo en relación a incrementos presupuestales para la conservación de las áreas naturales protegidas del país.
Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)
Vicepresidenta
El que suscribe, Senador Luis Armando Melgar Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente proposición con punto de acuerdo en relación a incrementos presupuestales para la conservación de las áreas naturales protegidas del país, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son bienes públicos que son una fuente insustituible de bienes y servicios indispensables para el desarrollo del país, por su riqueza en agua, materias primas, material genético, conservación de la biodiversidad, regulación de ciclos de nutrientes y regulación climática, estabilización costera, amortiguamiento de desastres naturales, turismo y recreación, entre otros.
Su valor por lo tanto, como patrimonio natural de los mexicanos, es muy elevado y es nuestro deber y obligación garantizar su sustentabilidad.
De acuerdo con estimaciones conservadoras de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el valor de los bienes y servicios ecosistémicos quelas ANP federales proporcionan a los mexicanos se estima en 50 mil 935 millones de pesos por año. En 2008, de acuerdo con un estudio de la propia Conanp1 , por cada peso del presupuesto federal invertido en las ANP, éstas aportaron a la economía al menos 52 pesos.
Dicho de otro modo, las ANP son activos generadores de recursos económicos, no un pasivo ni una carga, que dejan una derrama económica muy importante en sus zonas de influencia económica. Este es un motivo adicional que nos debe comprometer a no escatimar en recursos fiscales para su conservación. Reducir el gasto en esta importantísima materia, podría comprometer la existencia de las ANP.
No debemos olvidar que la misión de la Conanp consiste en conservar el patrimonio natural de México mediante las propias ANP y otras modalidades de conservación. Para ello trabaja en la protección, el manejo y la restauración de ecosistemas, así como en tareas de conocimiento, cultura y gestión de las mismas. La Conanp tiene bajo su responsabilidad más de 25 millones de hectáreas de ANP equivalentes a cerca del 13 por ciento del territorio nacional.
Gracias a los estudios sobre vacíos y omisiones para la conservación de la biodiversidad en México2 y el estudio Brecha en el Financiamiento de las Áreas Naturales Protegidas Federales de México,3 entre otros trabajos, se ha podido conocer las necesidades de financiamiento para las ANP del país.
De acuerdo a las proyecciones del estudio sobre la brecha en el financiamiento se requería un incremento presupuestal promedio del 287 por ciento de 2011 a 2018, lo que representa una inversión de 25.4mil millones de pesos durante este periodo.
En este contexto, es por todos conocido que la secretaría de Hacienda ha presentado en su Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación un recorte de casi 240 mil millones de pesos para 2017. El complejo entorno internacional que ha dificultado el crecimiento de la economía mexicana, aunado al necesario estímulo fiscal que se implementó desde la crisis global de 2008-2009, elevó de manera considerable la proporción del endeudamiento del sector público como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB).
En aras de la estabilidad macroeconómica, el gobierno de la República planteó con absoluta responsabilidad un ajuste al gasto público para el próximo año, que permitirá alcanzar un superávit primario. No obstante, como aquí resaltamos, existen rubros estratégicos en los que no debemos escatimar como lo es el cuidado y conservación de las ANP, que lejos de ser una carga, constituyen un generador de ingresos adicionales y una cadena de generación de valor que multiplica los beneficios de cada peso que se destina a ellas.
Habría pues un efecto multiplicador positivo no solo de no recortar, sino de ampliar los recursos públicos dedicados a las ANP. Por eso, es indispensable que los legisladores encargados de la asignación de los recursos en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados deban considerar un aumento presupuestal para las ANP, o cuando menos, velar porque no sean disminuidos.
Como está contemplado el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, si bien en el Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas se mantienen los mismos recursos asignados, a la Conanp le corresponderían menos recursos fiscales del orden de 340 millones de pesos equivalentes al 26 por ciento de recorte respecto a 2016, en el programa de Vida Silvestre, contemplado en el rubro de “Protección al medio ambiente en el medio rural”.
En virtud de lo anterior, presento a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, contemplen un incremento real de los recursos destinados a las Áreas Naturales Protegidas, o cuando menos, que sus programas no sufran recortes respecto al Ejercicio Fiscal 2016.
Notas
1 Bezaury-Creel J. E. 2009. El Valor de los Bienes y Servicios que las Áreas Naturales Protegidas Proveen a los Mexicanos.
The Nature Conservancy Programa México - Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. México D.F.
2 Conabio-Conanp-Tnc-PRONATURA. 2007. Vacíos y omisiones en conservación de la biodiversidad terrestre de México, espacios y especies. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, The Nature Conservancy-Programa México, Pronatura AC
3 Bezaury-Creel J. E., S. Rojas-González de Castilla, J. M. Makepeace, Brecha en el Financiamiento de las Áreas Naturales Protegidas Federales de México. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. The Nature Conservancy, Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. México, DF, 2011
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el día 22 de septiembre de 2016.
Senador Luis Armando Melgar Bravo (rúbrica)
Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2016.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el Senador Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, en el presupuesto que sea aprobado para el Fondo Metropolitano, se destine al menos el 5% para la movilidad urbana sostenible.
Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)
Vicepresidenta
El que suscribe, Miguel Romo Medina, Senador de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y el artículo 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Cámara de Diputados para que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, en el presupuesto que sea aprobado para el Fondo Metropolitano, se destine al menos el 5% para la movilidad urbana sostenible, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
Uno de los principales retos de las sociedades contemporáneas es, sin duda alguna, la movilidad. Los recorridos y traslados de personas y mercancías en las grandes ciudades son la base de las actividades económicas, sociales y académicas del día a día. Y es que, por poner un ejemplo, de acuerdo a datos del estudio “Experiencias, percepciones, vivencias y propuestas de los operarios del transporte público de la Ciudad de México, del Centro para el Fomento de la Educación y la Salud de los Operarios del Transporte Público de la Ciudad de México” (Cenfes), en total, “cada día se realizan más de 22 millones de desplazamientos en toda la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)”.1
En un reciente estudio publicado por el Inegi titulado: “Estadísticas a propósito del día mundial sin auto”, se explica que “los automóviles representaron 67.2% del total de vehículos automotores, proporción ligeramente mayor a la de 2009, donde eran 66.4% de los vehículos automotores; los vehículos de carga representaron 25.9% del total de vehículos en circulación y 0.9% fueron camiones para pasajeros”.2
Ante el notable crecimiento de las zonas metropolitanas y la excesiva concentración de personas, es importante destacar que los traslados se realizan en su mayoría, haciendo uso de vehículos particulares. Y es que, como lo refiere el mismo estudio: “En 2014, se estima que en México circulaban más de 38 millones de vehículos automotores, siendo el Estado de México, con 5.1 millones de vehículos, la entidad con el mayor registro en 2014”.3
Desafortunadamente, este problema no es exclusivo de las grandes ciudades ya que 19 Entidades superan la media nacional al respecto del porcentaje de hogares que disponen al menos con un automóvil o camioneta:
Las afectaciones derivadas de este crecimiento exponencial de vehículos automotores son cada día más agudas y generan consecuencias nocivas e irreversibles para los ciudadanos. En primer lugar, la calidad de vida de las personas se ve disminuida pues existen zonas en las que se llega a invertir hasta cuatro horas al día en traslados,4 lo cual genera afectaciones a la productividad al someter a las personas a un desgaste físico y emocional constante.
Es importante destacar que el tráfico y los congestionamientos viales producen pérdidas económicas millonarias. De acuerdo a estimaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), “diariamente se pierdan 3.3 millones de horas-hombre, es decir, horas que una persona necesita para realizar un trabajo. Esto se traduce al final del año en pérdidas económicas de 33,000 millones de pesos, lo que representa 1% del Producto Interno Bruto (PIB) de la capital”.5
Por si lo anterior no fuera suficiente, las emisiones de gases provenientes de vehículos automotores representan un verdadero riesgo a la salud de millones de personas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire aumenta el número de muertes derivadas de accidentes cerebrovasculares, cánceres de pulmón, neumopatías crónicas y agudas, entre las cuáles se incluye el asma.
Es importante destacar las diversas causas de esta problemática: por un lado, el incremento en el número de vehículos puede asociarse a la facilidad con la que estos se obtienen y a la idea de que un automóvil es símbolo de status. A lo anterior, se suma el hecho de que el financiamiento y desarrollo de la planeación urbana, antepone como eje rector al automóvil, desplazando a medios alternativos como el transporte público, la bicicleta e incluso, al peatón.
Desde finales del siglo pasado, se ha gestado un movimiento desde la sociedad civil organizada, el cual pugna por la recuperación de espacios públicos y el entendimiento de la movilidad como un factor fundamental para el desarrollo de las sociedades. Es aquí donde surge el concepto de movilidad sostenible:
“La movilidad sostenible es aquella que reduce las necesidades de desplazamiento de personas y mercancías a los límites físicos y ambientales del territorio, a la vez que privilegia el uso de los modos de transporte más eficientes (sostenibilidad), facilita el acceso a toda la ciudadanía a un precio asequible (bienestar social), y favorece la prosperidad económica de dicho territorio (crecimiento económico)”.6
De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)7 los objetivos para una movilidad sostenible son los siguientes:
1. Favorecer el acceso a bienes, recursos y servicios y, a la vez que se reduce la necesidad de movilidad, satisfacer las necesidades económicas, ambientales y sociales de manera integrada y eficiente.
2. Asegurar que tanto las infraestructuras de transporte como el propio transporte no superan la capacidad de carga de los ecosistemas.
3. Asegurar que los usuarios pagan los costes ambientales y sociales de sus elecciones de transporte sin perjudicar la competitividad de la industria ni evitar la satisfacción de la necesidad de movilidad de los sectores más desfavorecidos.
4. Reducir el crecimiento del tráfico coches y camiones a niveles sostenibles.
Asegurar que las inversiones en infraestructuras de transporte introducen la variable ambiental.
5. Fomentar el uso de los medios de transporte más eficientes desde el punto de vista ambiental, social y económico.
6 Alcanzar estándares de calidad ambiental basados en límites ecológicos críticos y el principio precautorio.
7. Asegurar el uso de recursos renovables sin disminuir la capacidad de los sistemas ecológicos de ofrecer esos recursos en el futuro.
8. Asegurar el uso de recursos no renovables teniendo en cuenta su necesidad en el futuro y la disponibilidad de recursos alternativos.
9. Mejorar la salud humana y la seguridad, reduciendo los accidentes.
Históricamente, el ejercicio de fondos federales en proyectos de movilidad urbana sostenible es casi nulo en la mayoría de las Entidades Federativas. Año con año, los recursos aplicados para el desarrollo de infraestructura vial ciclista, espacios peatonales y transporte público, no ocupan ni siquiera el 20% del total en la mayoría de los casos.8
Pese al escenario adverso, como legisladores tenemos la oportunidad de redefinir los criterios que nos permitan lograr un cambio en la concepción y definición de las políticas públicas e instrumentos normativos idóneos y acordes a la consolidación de la movilidad sostenible.
En base a lo anterior y en el marco de la celebración del día mundial sin auto, es necesario hacer justicia a una demanda histórica de la sociedad civil organizada en nuestro país, al reconocer que el invertir en una mejor movilidad es la alternativa ideal para atacar diversos problemas desde la raíz y de manera permanente.
Por lo anteriormente expuesto, someto ante esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único: Punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Cámara de Diputados para que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, en el presupuesto que sea aprobado para el Fondo Metropolitano , se destine al menos el 5% para la movilidad urbana sostenible.
Notas
1 Portal Automotriz. (2016). Suman 6.6 millones de traslados diarios en la CDMX, en autobuses Mercedes-Benz, de Portal Automotriz Sitio web:
http://www.portalautomotriz.com/noticias/corporativo-e-i ndustria/suman-66-millones-de-traslados-diarios-en-la-cdmx-en-autobuses Consultado el 20 de septiembre de 2016.
2 Inegi. (2016). Estadísticas a propósito del día mundial sin auto, de Instituto Nacional de Estadística y Geografía Sitio web: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/auto2016_0.pdf Consultado el 20 de septiembre de 2016.
3 Ibídem
4 Gómez Flores, Laura. (2016). Habitantes del valle de México invierten a diario cuatro horas en traslados, de La Jornada Sitio web: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/09/22/habitantes-del-valle-de-m exicoinvierten-cuatro-horas-de-promedio-en-traslados-9199.html
Consultado el 20 de septiembre de 2016.
5 CNN México. (2015). Los traslados en el DF son cinco veces más lentos
que hace 25 años: ONG, de Expansión Sitio web: http://expansion.mx/nacional/2015/06/10/
los-traslados-en-el-df-son-cinco-veces-mas-lentos-que-hace-25-anos-ong Consultado el 19 de septiembrede 2016.
6 David Guillamón y David Hoyos. (2002). Movilidad Sostenible, de la teoría a la práctica, de Fundación Manu Robles-Arangiz Institutua Sitio web:
http://www.bantaba.ehu.es/obs/files/view/ELA__Movilidad_sostenible,_de_la_teoria_a_la_practica.pdf
?revision_id=69628&package_id=6 9613 Consultado el 19 de septiembre de 2016.
7 OCDE. (2002). Road Travel Demand. Meeting the Challenge, de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) Sitio web:
https://books.google.com.mx/books?id=AZNrNqqcB6sC&pg=PA15&lpg=PA15&dq=Road+Travel+Demand.
+Meeting+the+Challenge&source=bl&ots=LI6pHwXXXU&sig=8dySZUx4xom3xu3iFX4ZUUm-KJ4&hl=
es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjW8q7PuaHPAhXFbz4KHTNqC9AQ6AEIKDAC#v=onepage&q=Road%20Travel%20Demand.
%20Meeting%20the%20Challenge&f=false Consultado el 18 de septiembre de 2016.
8 Garduño Arredondo, Javier; Veloz Rosas, Jimena; Doumenjou, Xavier. (2014). Invertir para moveros, de Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo Sitio web: http://itdp.mx/invertirparamovernos Consultado el 18 de septiembre de 2016.
Senador Miguel Romo Medina (rúbrica)
Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2016.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presente
Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se contemple la asignación de una partida presupuestal en apoyo al proyecto del profesor Zúñiga de continuar con el trabajo de preparación de basquetbol con infantes indígenas extendido a otras comunidades, además de la región mixteca del estado de Oaxaca, como la Sierra Juárez, valles centrales y región costa.
Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)
Vicepresidenta
La suscrita, senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo que exhorta a la colegisladora a efecto de que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se contemple la asignación de una partida presupuestal en apoyo al proyecto del profesor Zuñiga de continuar con el trabajo de preparación de basquetbol con infantes indígenas extendido a otras comunidades además de la Región Mixteca de Oaxaca, como la Sierra Juárez, Valles Centrales y Región Costa, bajo las siguientes
Consideraciones
1. A nuestra representación ha llegado una solicitud de apoyo que suscribe el Profesor Sergio Ramírez Zúñiga, Coordinador y Director General de la Academia Indígena de México (AIM). En ella nos solicita, a todo el Senado de la República, tengamos a bien constituir un apoyo para continuar con la formación integral de la niñez indígena de Oaxaca.
Recordemos que esta institución el 17 octubre de 2013 (tomo la información del boletín institucional), el pleno del Senado de la República reconoció, de pie y con un minuto de aplausos, a 24 niños de la comunidad indígena triqui de Oaxaca, quienes resultaron campeones en el IV Festival Internacional de Mini-baloncesto que se celebró del 11 al 14 de este mes en Córdoba, Argentina. En dicha competencia participaron ocho mil niños de 54 equipos representantes de diversas provincias argentinas y de países como Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay, Venezuela y México.
Nosotros nos enteramos por los medios de comunicación en una nota publicada el 19 de agosto de 2016 que “los niños y las niñas triquis, integrantes del equipo de basquetbol “Los Gigantes Descalzos de la Montaña”, cansados de los actos de discriminación y hostigamiento optaron por abandonar su cancha de entrenamiento deportivo en la escuela primaria Vicente Guerrero, del municipio de Santa María El Tule, en inmediaciones de la ciudad de Oaxaca. Sergio Zuñiga, director de técnico de la Academia Indígena de México dijo en entrevista con el diario Excélsior que la decisión era resultado de varios desencuentros con las autoridades municipales, la dirección del plantel y el comité de padres del alumnado. “La acción más violenta ocurrió el pasado 15 de julio, cuando el regidor de Educación de El Tule y el Comité de Padres del plantel le impidieron el acceso a los entrenadores y encerraron a los niños del equipo, pues cambiaron los candados de la entrada de manera arbitraria”, expuso. En esa misma fecha, el equipo fue desalojado y los entrenadores fueron presionados a firmar un reglamento impuesto por la dirección del plantel y la autoridad municipal, a pesar de la presión “no cedimos”, aseguró.
Agregó que el director de la escuela, Guillermo Martínez impuso una cuota anual distinta a los alumnos indígenas triquis, en relación a los de la comunidad. “El cobro siempre fue mayor para Los Gigantes Descalzos de la Montaña”, sostuvo el entrenador. También refirió que el presidente municipal de Santa María El Tule, Rafael Luis Cabrera, lo hostigó en varias ocasiones para gestionarle recursos extraordinarios para su administración; “ante mi negativa, dijo, empezó a fustigar al equipo”.
La cancha de basquetbol fue una gestión de Academia Indígena de México, que prosperó ante el presidente, Enrique Peña Nieto, en 2015. Mencionó que el equipo decidió que la cancha funcionara dentro de la escuela para uso de los alumnos, y también de los habitantes del Tule”.
Por esta discrepancia, confirmó, Los Gigantes Descalzos de la Montaña, conformado por 50 personas, entre jugadores, entrenadores y personal docente, nos mudamos a Santa María Huatulco, en la Región de la Costa. Nota del Tiempo Digital .
El profesor Zuñiga solicita que esta soberanía gestione la donación de un terreno y construcción de un albergue así como también la construcción de áreas deportivas en Valles Centrales, capital de Oaxaca. El profesor se encuentra trabajando con niños indígenas de escasos recursos, que no cuentan con los medios necesarios para seguir estudiando, por ello me di a la tarea de iniciar un proyecto por medio del cual pudiera ofrecerles una educación integral de calidad, llevando de la mano la educación (manteniendo un promedio mínimo de 8.5, leyendo un libro cada 15 días), el deporte y la cultura (hablando o rescatando su lengua madre), que me ha dado asombrosos resultados. En un principio, continua el profesor, trabajaba únicamente en la Región Mixteca de Oaxaca y actualmente he abarcado varias regiones del mismo estado como son: Región Mixteca, Sierra Juárez, Valles Centrales y Región Costa, en su momento recibí y albergue a niños indígenas de diferentes puntos del país, motivo por el cual mi objetivo es trascender y llevar a cabo este proyecto a nivel nacional, ya que como es bien sabido, en el resto de nuestro país hay comunidades marginadas en donde se encuentran niños indígenas que no tiene oportunidad de sobresalir debido a la pobreza extrema en la que se encuentran sus familias y comunidades.
Por ello, nos dice el profesor, “se ha dado a la tarea de tocar puertas, acercándose a personas que están conscientes de las limitantes que tiene un deportista para poder sobresalir y trascender, así pues, en conjunto buscar los medios para gestionar los recursos que sean necesarios para el crecimiento de este gran proyecto, considero que hay mucho talento allá en las montañas y es un excelente momento para brindarle una oportunidad a todas nuestras niñas y niños indígenas, fortaleciendo sus valores para que tengan una mejor cultura, una mejor visión, una nueva salida para su futuro, sin olvidar que siendo Oaxaca uno de los estados más pobres del país, sería el primer estado en poder ofrecer las condiciones necesarias para el desarrollo y crecimiento de los más necesitados a nivel nacional, ofreciendo una educación integral y así mismo cambiado el futuro no solo de todos estos niños sino también el futuro de nuestro país, ya que se formaran personas conscientes, pensantes y responsables socialmente, siempre y cuando se le ofrezcan los medios necesarios para lograrlo”.
Por ello solicito a ustedes, senadoras y senadores, tengamos a bien solicitar en conjunto, a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, hacer un esfuerzo continuando el apoyo a la causa que aquí aplaudimos y en donde hemos reconocido un esfuerzo inédito de voluntad, de disciplina, de orgullo que siempre hemos reconocido en diversos desempeños de mexicanos extraordinarios.
Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la colegisladora, la honorable Cámara de Diputados, a efecto de que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se contemple la asignación de una partida presupuestal en apoyo al proyecto del profesor Zuñiga, preparador de los gigantes descalzos de la montaña, niños campeones mundiales, para continuar con el trabajo de preparación de basquetbol con infantes indígenas extendido a otras comunidades además de la Región Mixteca del estado de Oaxaca como la Sierra Juárez, valles centrales y región costa.
Senado de la República, a 27 de septiembre de 2016.
Senadores: Ana Gabriela Guevara Espinoza y Jorge Toledo Luis (rúbricas).(Turnada a la Cámara de Diputados. Septiembre 27 de 2016.)
Ciudad de México, a 21-de septiembre de 2016.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Martha Tagle Martínez, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017 se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias a fin de restituir el Fondo de Capitalidad señalado en el Anexo 20, correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas.
Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo e del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)
Vicepresidenta
La suscrita senadora, Martha Tagle Martínez, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 95, 108, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias a fin de restituir el Fondo de Capitalidad señalado en el anexo 20, correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La Ciudad de México es catalogada como una gran urbe, centro político, económico, académico, cultural y religioso en el que residen 8.9 millones de habitantes, y en el que confluyen cerca de 5 millones de ciudadanos (población flotante) provenientes de otras entidades federativas, que tienen su lugar de empleo, comercio, estudio y/o atención médica en este espacio geográfico, sin mencionar aquellos que de manera no tan cotidiana transitan por el la Ciudad de México con la finalidad de practicar algún deporte, por ocio o esparcimiento.
La Ciudad de México tiene una relación tan profunda y tan amplia con la economía nacional que su ciclo, es coincidente con el ciclo de toda la República, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el producto interno bruto de la Ciudad de México en 2014 representó 16.8 por ciento con respecto al total nacional.
La Ciudad de México debido a su condición de capital política de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión establecida en el artículo 44 constitucional, presenta una demanda mayor de servicios públicos respecto a las personas que contribuyen de forma directa en su financiamiento. Esto se debe a los gastos extraordinarios que se generan por los bienes y servicios públicos provistos por el gobierno de esta ciudad, para asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades de los Poderes de la Unión1 .
La Ciudad de México concentra más de 164 embajadas y residencias diplomáticas; más de100 inmuebles pertenecientes a la Administración Pública, 80 edificios de entidades paraestatales y organismos descentralizados de la administración pública federal; así como los comités ejecutivos nacionales de todos los Partidos Políticos y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que significa dejar de percibir entre 2 y 3 mil millones de pesos, por concepto de impuesto predial que no pagan todos estos edificios, debido a que son beneficiadas con una exención constitucional.
En materia de autos particulares, en la Ciudad de México se desplazan alrededor de 6 millones de autos (particulares) por día, sin embargo solamente 4 millones de ellos están registrados en la ciudad, es decir, la tercera parte de las unidades que circulan en la Ciudad provienen de fuera, sobre todo del estado de México, con el costo asociado al mantenimiento de la carpeta asfáltica, la realización de obras viales y los operativos de tránsito correspondientes a los 2 mil vehículos de la población flotante.
De enero a abril se registraron 3 millones 163 mil 463 trabajadores asegurados en promedio. De éstos, 46 mil 38 son nuevos empleos, lo cual representa 13 por ciento del empleo generado en el país. En lo que respecta al nivel educativo, en 2015 tuvo un grado promedio de escolaridad de 11.1 por encima del promedio nacional que es de 9.1, y un bajo índice de analfabetismo (1.5 por ciento) en comparación con el total nacional (5.5 por ciento1 ).
Por estas razones desde el Ejercicio Fiscal de 2014, el Presupuesto de Egresos de la Federación reconoció el esfuerzo adicional en el que incurre presupuestalmente la Ciudad de México al financiar los costos asociados a su condición de Capital lo que dio origen al Fondo de Capitalidad.
En ese sentido el artículo 11 del Presupuesto de Egreso de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, señaló que este fondo se distribuirá conforme a lo señalado en el Anexo 19, en el renglón de Otras Previsiones Económicas con una asignación de 3 mil millones de pesos3 .
En consecuencia el 14 de febrero de 2014 se emitieron los lineamientos de Operación del Fondo de Capitalidad, los cuales tenían por objeto establecer los criterios generales para que el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, pudieran tener acceso a los recursos del Fondo de Capitalidad.
De acuerdo con el numeral tercero del capítulo III de dichos lineamientos el Distrito Federal podría destinar los recursos del fondo a proyectos de:
a) Infraestructura y equipamiento en materia de procuración de justicia, protección civil y rescate, considerando la capacitación que al respecto requieran los servidores públicos que realicen actividades en dichas materias;
b) Inversión en infraestructura vial primaria, incluyendo su construcción, modernización, reconstrucción, ampliación, remodelación mantenimiento, conservación, equipamiento y el servicio de alumbrado público que su operación requiera;
c) Inversión en infraestructura cultural, turística o de transporte público, incluyendo su construcción, modernización, reconstrucción, ampliación, remodelación, mantenimiento, conservación y equipamiento. En el caso de la infraestructura de transporte público, incluye la adquisición y renovación del equipo de transporte que la complemente, considerando el mantenimiento preventivo y correctivo que para su operación requiera el equipo existente;
d) Infraestructura y equipamiento en materia de vigilancia, que permita desarrollar y aplicar políticas públicas para la prevención del delito.
De acuerdo con el informe de la Cuenta Pública del Distrito federal de 2014, el gasto registrado con cargo al Fondo de Capitalidad se ejercieron 2 mil 777.7 millones de pesos en seguridad pública, procuración e impartición de justicia, entre ellas la adquisición de 5 helicópteros y de autos tipo patrulla, para cubrir las funciones de persecución en operativos y patrullajes en zonas de alta incidencia delictiva; la construcción de torres de vigilancia en reclusorios, la remodelación de instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para el mantenimiento de infraestructura vial de la Ciudad, como el proyecto “Mejoramiento urbano y mantenimiento integral del Circuito Interior de la Ciudad de México” y la ampliación de la infraestructura para el transporte, mediante el avance en la construcción de la Línea 6 del Metrobús.
Para el ejercicio fiscal de 2015, la Cámara de Diputados aprobó en el Anexo 20, correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de Desarrollo Regional, una asignación de 3 mil 500 millones de pesos para el Fondo de Capitalidad, lo que significo 8.6 por ciento más, en términos reales respecto al año anterior. De acuerdo con la Cuenta Pública del Distrito Federal del año 2015, los recursos del Fondo de Capitalidad se destinaron a complementar la ejecución de, entre otras, las siguientes acciones:
• Complementar la construcción del corredor vial para el transporte público línea 6 del Metrobús.
• Adquisición de 202 autobuses de pasajeros para la Red de Transporte para Pasajeros.
• Cubrir servicios del sistema de comunicación, a través de los enlaces SHDSL 2MBPS, enlace satelital y conexiones diversas, indispensables para la operación del Sistema
Multidisciplinario con Sensores para los Centros de Control, Comando Comunicación y
• Cómputo, inteligencia, investigación, información e integración SMSC4i4.
• Mantenimiento al tren ligero (Taxqueña-Xochimilco).
• Construcción de edificios para juzgados penales orales en los reclusorios preventivos Oriente y Norte (primera etapa).
• Equipamiento y mantenimiento a la infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
• Obras complementarias en Polanco.
Para el año fiscal 2016 la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, en el Anexo 20, correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de Desarrollo Regional, una asignación de 4 mil millones de pesos, para el Fondo de Capitalidad. De acuerdo con los lineamientos emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Distrito Federal podrá destinar los recursos del Fondo a programas y proyectos de:
a) Infraestructura y equipamiento en materia de procuración de justicia, readaptación social, y protección civil y rescate, considerando la capacitación que al respecto requieran los servidores públicos que realicen actividades en dichas materias;
b) Inversión en infraestructura vial primaria, incluyendo su construcción, modernización, reconstrucción, ampliación, remodelación, mantenimiento, conservación, equipamiento y el servicio de alumbrado público que su operación requiera;
c) Inversión en infraestructura cultural, turística o de transporte público, incluyendo su construcción, modernización, reconstrucción, ampliación, remodelación, mantenimiento, conservación y equipamiento. En el caso de la infraestructura de transporte público, incluye la adquisición y renovación del equipo que la complemente, considerando el mantenimiento preventivo y correctivo que para su operación requiera;
d) Infraestructura, equipamiento y mantenimiento, en materia de vigilancia, que permita desarrollar y aplicar políticas públicas para la prevención del delito;
e) Inversión en materia ambiental, tal como mantenimiento de suelos de conservación, infraestructura hidráulica, y para el manejo integral de residuos sólidos (recolección, traslado y disposición final), incluyendo la adquisición del equipo correspondiente; y
f) Inversión en infraestructura y equipamiento de puntos de recaudación de impuestos locales, así como la inversión para el desarrollo, implementación, equipamiento y operación de estrategias tecnológicas que incrementen la recaudación del Distrito Federal.
El pasado 8 de septiembre de 2016, el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó al Congreso el Paquete Económico de 2017 para su análisis, discusión y aprobación. En el contempla el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para ese año fiscal. Ese mismo día el señaló que este proyecto de Paquete Económico de 2017 proponía una reducción al gasto sustancial con relación al presupuesto aprobado en 2016, proponiendo un monto total de egresos por 4 billones 837 mil 512 millones 300 mil pesos para 2017, lo que representa una disminución de 73 mil 638 millones de pesos respecto de 2016, una tasa de crecimiento de -1.7 por ciento en términos reales.
En este sentido, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017 en lo que respecta al anexo 20, correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas en el renglón de Desarrollo Regional, prevé la eliminación de diversos fondos entre los que se encuentra el Fondo de Capitalidad, el proyecto enviado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no presenta ninguna justificación siendo que este fondo cumple una función Constitucional.
El jueves 22 de septiembre de 2016, en el marco del análisis del IV informe de la Presidencia de la República realizado en Cámara de Diputados, el Secretario de Hacienda fue cuestionado por las razanos que justificaron la eliminación del Fondo de Capitalidad, por lo que señalo lo siguiente:
...El caso de la Ciudad de México por participaciones y aportaciones se contemplan casi 96 mil millones de pesos, son 9 mil 533 millones de pesos adicionales respecto a lo que venía en el PEF 2016. Eso implica un crecimiento real del 7.5 por ciento, que es por cierto casi el doble del promedio del crecimiento nacional. Eso quiere decir que por la vía de participaciones y aportaciones la ciudad habrá de recibir casi 9 mil 500 millones de pesos adicionales, por lo que cualquier reflexión desde el punto de vista del gasto federalizado tendría que tomar en cuenta lo que está pasando en el conjunto de otros recursos. Si uno suma a ello que vamos además invertir casi 18 mil millones en el tren México-Toluca, cuyo componente fundamental es el tramo de Observatorio a Santa Fe, eso quiere decir que habrá otros casi 9 mil millones de pesos adicionales en inversión de infraestructura. Si a ello uno suma que vamos a invertir 3 mil 600 millones de pesos en el Túnel Emisor Oriente y casi 900 millones de pesos adicionales en Fonadin, todo ello pone en perspectiva que no puede uno hacer un análisis parcial y concentrarse solamente en un fondo sin dar cuenta de lo que está pasando con el resto de los recursos...
En este sentido, si bien por parte del gasto federalizado en su composición se puede encontrar el ramo 23 correspondiente a Provisiones Salariales y Económicas su determinación, asignación y distribución son diferentes a las del ramo 28 (Participaciones Federales) y el Ramo 33 (aportaciones federales). Por un lado las participaciones federales forman parte del gasto no programable por lo que en el Presupuesto de Egresos de la Federación aparecen como una estimación de lo que se espera que se transfiera a las entidades federativas y municipios, dependiendo del comportamiento de la recaudación federal participable a lo largo del ejercicio fiscal. Además por su naturaleza, no se pueden etiquetar y no tienen destino específico en el gasto de las entidades federativas y municipios ejerciéndose de manera autónoma por parte de los gobiernos locales. Mientras que las aportaciones son parte del gasto programable por lo que su asignación debe cumplirse independientemente de la evolución de la Recaudación Federal Participable y tiene un destino específico en el gasto de las entidades federativas quienes lo deben ejercer de acuerdo a sus leyes.
Por su parte el Ramo 23 su naturaleza deviene de transferencias que se aprueban en el Presupuesto de Egresos de la Federación a las entidades federativas y municipios, teniendo como único propósito el fortalecimiento del desarrollo regional y municipal mediante programas y proyectos de infraestructura física. Particularmente el caso del Fondo de Capitalidad nace para dar cumplimiento a un mandato constitucional hacia la ciudad de México como es el ser sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos. Esta característica conlleva costos adicionales que no tienen otras entidades federativas y que son aquellos que se generan cuando una ciudad centro ofrece bienes y servicios públicos de los que no solo se benefician sus residentes, sino que como consecuencia de múltiples factores, también los ciudadanos de otros estados y municipios, (población flotante) que los consumen sin contribuir a su financiamiento, como son salud, trasporte, seguridad, tráfico, infraestructura física, electricidad, medio ambiente, etcétera y que se estima en más de cinco millones de personas.
Como legisladora ciudadana que legítimamente representa los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos que radican en la Ciudad de México considero que la extinción o reducción de este fondo afectara de manera trascendente la funcionalidad de la capital de la República, principalmente a los ciudadanos que habitan y transitan diariamente en la Ciudad de México. Por lo antes expuesto y conforme al acuerdo celebrado, por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, el jueves 22 de septiembre de 2016 respecto a la presentación y turno de las proposiciones en materia presupuestal, someto a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la Republica exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias a fin de restituir el Fondo de Capitalidad señalado en el Anexo 20, correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas.
Notas
1 http://data.finanzas.cdmx.gob.mx/fondo_capitalidad/antecedentes.html
2 Lineamientos de Operación del Fondo de Capitalidad.
3 Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.
Senado de la República, a 27 de septiembre de 2016.
Senadora Martha Tagle Martínez (rúbrica)
(Turnada a la Cámara de Diputados. Septiembre 27 de 2016.)
Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2016.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presente
Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incorporar en el Paquete Económico 2017 mecanismos para aumentar el ingreso presupuestario y cancelar los recortes presupuestales.
Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67,párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)
Vicepresidenta
El que suscribe, senador Benjamín Robles Montoya integrante de la LXIII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Consideraciones
1. En cumplimiento a los requerimientos establecidos por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envió –para su aprobación– a la Cámara de Diputados la Iniciativa de Ley de Ingresos (LIF) y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) correspondientes al Ejercicio Fiscal 2017, así como los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) que se toman en cuenta para su sustentación.
2. La propuesta central del Ejecutivo para mantener el equilibrio macroeconómico, consiste en establecer una reducción del Gasto por un monto de 239,700 millones de pesos respecto del Presupuesto del año 2016 –que al tipo de cambio de 20 pesos por dólar– significa 11 mil 980 millones de dólares.
Se argumenta que:
“...el nivel de ingresos petroleros, (a la baja, ndr) junto a un incremento en el gasto no programable... representan un reto para las finanzas públicas. En este sentido, los ajustes necesarios para acomodar estos mayores gastos provendrán de un menor gasto programable y no de un mayor endeudamiento o incremento en los impuestos.”
3. Tal como se hizo de conocimiento público —en mi punto de acuerdo presentado para la eliminación de los ajustes presupuestales— las argumentaciones y formulaciones para su implementación son inconsistentes.
En el caso de la disminución de los ingresos petroleros no sólo es un asunto internacional, también tiene que ver la política gubernamental carente de una estrategia exitosa por la baja de la producción petrolera y la capacidad instalada insuficiente en las refinerías, ante la demanda interna de gasolinas.
Por otra parte, la inconsistencia se mantiene en la justificación del ajuste por un aumento del denominado “costo financiero” de la deuda; porque a pesar que para el 2017 crecerá en 18.9 por ciento respecto del año pasado, el endeudamiento no se ha traducido en beneficios tangibles en el nivel de vida de las familias. Ahora el costo financiero será de 28 mil 434.88 millones de dólares, es decir, 2.38 veces más que los recortes presupuestales, pero no se ha traducido ni en progreso ni en bienestar.
Con esas consideraciones y otras, el gobierno pretende presentar los recortes como una exitosa decisión de política macroeconómica, porque habrá un “superávit primario” por 73 mil 825.1 millones de pesos o su equivalente de 3,691.25 millones de dólares. Este superávit sería realidad si no existiera el pago del costo financiero, pero la verdad es que existe. Así que a pesar que se usa como un “éxito”, en términos reales no tiene ninguna significancia positiva para la economía familiar y sí una mayor austeridad.
4. Queda claro que la estrategia gubernamental abandona la parte más sustantiva de la sanidad de una economía, que es lograr aumentar los ingresos públicos. En este caso, la preocupación central del gobierno que señala que, ante el faltante de 239,700 millones de pesos, no pretende ni endeudarse ni cobrar más impuestos, entonces debería ser crear mecanismos de aumento de ingresos, no aplicar austeridad a una población, cuyo 90 por ciento vive en pobreza o con carencias sociales.
5. Contrariamente a la política de recortes, uno de los mecanismos capaces de resolver momentáneamente el problema en el corto plazo, es la aplicación de una estrategia de crédito productivo en la misma o mayor magnitud que el faltante.
La creación y asistencia de mecanismos dirigidos a que una proporción mayor de flujos monetarios y financiamiento sean colocados en forma de créditos empresariales, es uno de los aspectos claves para la recuperación económica. Como una precisión, ese “crédito productivo” significa que iría a la producción real de bienes, no a la “rentabilidad financiera” por sí misma.
El gobierno actual y sus funcionarios, han tenido el tiempo suficiente para estudiar esta y otras soluciones distintas a los ajustes, a pesar de restricciones de contar con un banco central que no considera como objetivo el crecimiento económico; que se auto restringe al control inflacionario; que se niega a usar parte de los 175 mil 869 millones de dólares de reservas internacionales para el bienestar familiar, así como a tener tasas de interés bajas al igual que en EUA; así como con una banca múltiple con rapaces condiciones de oferta crediticia.
6. Por ello, en términos de iniciar la implementación de soluciones y dentro del marco legal actual, los primeros contenidos de una reactivación económica de corto plazo, vía generación de más ingresos, deben estar relacionados a:
6.1. La Emisión Concertada de Crédito por el monto de 239 mil 700 millones de pesos, dirigido de manera exclusiva a las cooperativas, micros, pequeñas y medianas empresas vinculadas a la producción de bienes de consumo e intermedios y a la infraestructura económica básica según el caso. Por lo tanto, se debe de elaborar la Cartera de Proyectos que cumplan esas condiciones en el ámbito privado preferentemente, sin dejar de lado el público a los que se dirigirán ese monto total.
6.2. Este crédito deberá ser colocado a la tasa de interés que la Reserva Federal mantiene, es decir a un tipo de interés entre el 0.25 por ciento y 0.50 por ciento, debido a la globalización de la economía y no a la tasa de interés fijada por el Banco de México. De forma tal que se termine con la asimetría financiera en perjuicio de la economía mexicana, que lamentablemente se impone internamente.
6.3. Reactivación simultánea del Consumo, con un aumento inmediato y diferenciado de salarios de acuerdo al número de salarios mínimos que se tenga como ingreso.
6.4. Creación de una instancia especial con capacidad de ejecución de premios y penalizaciones para el Control y Seguimiento de la Banca Múltiple, con independencia absoluta del Banco de México y de la SHCP, cuya finalidad única será eliminar el blanqueo de capitales y detección de flujos monetarios ilícitos que corrompen la economía formal, que por cierto, según se estima, está en el orden entre 34 y 89 mil millones de dólares al año.
6.5. Creación de mecanismos adicionales de Política Monetaria, cuyo efecto será darle estabilidad de mercado al tipo de cambio y evitar que tanto la liberalidad de operación de los bancos globales para la salida de capitales, como la participación de la moneda mexicana en mercados extranjeros, sean el origen de corridas especulativas en contra del peso.
6.6. Un nuevo esquema de tratamiento de la “emisión secundaria del dinero” para que la Banca Múltiple aumente créditos hacia proyectos de producción y no sólo a la especulación. Estos esquemas, deben ser diseñados con restricciones para la adquisición de bonos gubernamentales, bonos en el mercado global y un atractivo y alto cuadro de premios en la colocación de préstamos a las empresas mexicanas, que venden sus productos en el mercado nacional.
En este mismo sentido, debe de darse una nueva reglamentación de la dirección y uso de los Fondos de Pensiones o relacionados con la misma finalidad.
Por lo expuesto, someto a la consideración de este pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados a incorporar en el Paquete Económico 2017 mecanismos para aumentar el ingreso presupuestario y cancelar los recortes presupuestales.
Senado de la República, a 27 de septiembre de 2016.
Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica)
(Turnada a la Cámara de Diputados. Septiembre 27 de 2016.)
Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2016.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, realice un recorte de al menos 25 por ciento al presupuesto asignado al Congreso de la Unión.
Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)
Vicepresidenta
Los suscritos, Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert y Ernesto Ruffo Appel, senadores de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 realice un recorte de al menos 25 por ciento al presupuesto asignado al Congreso de la Unión, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 (PPEF 2017) asciende a 4.8 billones de pesos. En dicho proyecto se prevé un ajuste presupuestal de 239 mil 700 millones de pesos con respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016, 1.2 por ciento del PIB.
De acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el PPEF 2017 se propone un recorte de 70 mil 300 millones de pesos respecto a lo aprobado en 2016. Este monto se suma a los 169 mil 400 millones de pesos recortados en 2016 para dar el total de 239 mil 700 millones de pesos.
(Millones de pesos)
El gasto corriente en el PPEF 2017 disminuyó 112 mil 500 millones de pesos respecto al PEF 2016; sin embargo representa el 63.4 por ciento del gasto total programable. Por otra parte el gasto en burocracia (servicios personales) muestran un incremento de 3 mil millones de pesos al pasar de 1 millón 161 mil 900 millones de pesos en 2016 a 1 millón 164 mil 900 millones de pesos en 2017.
El gasto de inversión, que genera empleos y crecimiento económico, presenta una diminución de 26.8 por ciento en el PPEF 2017, ascendiendo a 558 mil 700 millones de pesos. Lo que es alarmante es que el gasto en burocracia es el doble del gasto en inversión.
De la misma manera el gasto en pensiones se ha incrementado alarmantemente, para 2017 se prevé un gasto de 720 mil 100 millones de pesos. Este monto equivale al presupuesto para las empresas productivas del estado que en conjunto Comisión Federal de Electricidad y Pemex recibirán 724 mil 400 millones de pesos.
El costo financiero de la deuda asciende a 568 mil 200 millones de pesos en PPEF 2017, incrementándose 90 mil 500 millones de pesos y en términos porcentuales 18.9 por ciento respecto al PEF 2016. Lo que se paga por la deuda es poco menor al presupuesto del IMSS.
La mayor parte del recorte afecta al gasto programable, en donde las dependencias sufrieron un recorte de 195 mil 400 millones de pesos
Las dependencias que tuvieron mayor recorte son:
• Pemex: 102 mil 200 millones de pesos
• Secretaría de Educación Pública: 31 mil 600 millones de pesos
• Secretaría de Comunicaciones y Transportes: 31 mil millones de pesos
• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación: 25 mil 500 millones de pesos
• Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales: 21 mil 600 millones de pesos
• Salud: 14 mil 800 millones de pesos
• Gobernación 11 mil 500 millones de pesos
• Desarrollo Agrario: 10 mil 500 millones de pesos
• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología: 8 mil 200 millones de pesos
• Desarrollo Social: 7 mil 700 millones de pesos
Las dependencias que tuvieron mayor recorte en términos porcentuales son:
• Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano: -40 por ciento
• Economía: -37.5 por ciento
• Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales: -37.5 por ciento
• Turismo: -35.2 por ciento
• Cultura: -31 por ciento
• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación: -29 por ciento
• Secretaría de Comunicaciones y Transportes: -28.5 por ciento
• Comisión Reguladora de Energía: -25 por ciento
• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología: -23.1 por ciento
• Trabajo y Previsión Social: -22.2 por ciento
Es inaceptable que existan recortes en programas sociales, de investigación científica, de educación, de salud que traen consigo beneficios para las familias mexicanas. De la misma manera, los recortes en inversión que genera oportunidades y crecimiento económico.
En reiteradas ocasiones he expresado que debemos ser responsables y apretarnos el cinturón, comenzando por este honorable recinto, evitando el despilfarro de los recursos en gastos innecesarios. Tan solo en el PPEF 2017 se prevé un presupuesto para el Congreso de la Unión por 12 mil 812.7 millones de pesos, presentando un incremento nominal de 339.7 millones de pesos para el Senado y de 491.5 millones de pesos para la Cámara de Diputados. Ante tiempos de austeridad es necesario que la clase política ponga el ejemplo.
En promedio el recorte presupuestal en los Ramos Administrativos fue de 18 por ciento, por lo que se sugiere se aplique por lo menos un 25 por ciento de recorte presupuestal al Congreso de la Unión respecto a lo propuesto en el PPEF 2017 y así obtener un ahorro de 3 mil 203.2 millones de pesos.
Se deben de implantar medidas tendentes a la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas mediante acciones específicas de ahorro con la finalidad de que, con menos recursos públicos, se alcancen los objetivos y metas establecidas, como lo señala los Lineamientos de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria 2016 del Senado de la República publicado en el DOF el 19 de febrero de 2016.
Es así, que la Cámara de Diputados durante la elaboración, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 se deben priorizar los recortes al gasto en burocracia, evitando en todo momento recortes en educación, salud, en programas sociales, en investigación científica y en inversión.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este Senado de la República la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 privilegie recortes al gasto en burocracia, evitando en todo momento recortes en educación, salud, programas sociales, investigación científica y en inversión.
Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 realice un recorte de al menos 25 por ciento al presupuesto asignado al Congreso de la Unión.
Senadores: Víctor Hermosillo y Celada, Ernesto Ruffo Appel, Francisco Búrquez Valenzuela, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks (rúbricas).(Turnada a la Cámara de Diputados. Septiembre 27 de 2016.)
Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2016.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a evitar el recorte presupuestal en el Ramo 11: “Educación Pública” del ejercicio fiscal 2017.
Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)
Vicepresidenta
La que suscribe Silvia Guadalupe Garza Galván, senadora por el estado de Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados evite el recorte presupuestal en el Ramo 11: “Educación Pública” del ejercicio fiscal 2017, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En México la educación es un derecho humano, el cual forma parte de uno de los principios que deben ser protegido y respetado para todos los ciudadanos, ya que es esencial para el desarrollo personal y social del país. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos reconoce este derecho humano en su artículo tercero, que textualmente establece que:
“Artículo 3o: Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias”.
La importancia de la educación es para garantizar el progreso, la identidad y el fortalecimiento del mismo país y representa el acceso formal a la cultura, a la formación cívica, al conocimiento y la oportunidad de aprender a aprender.1 Sin dejar de lado que es un espacio social, en donde se intercambian ideas.
La educación se trata de un conjunto de instituciones y subsistemas que han ido creando y modificando -a lo largo del tiempo-la cobertura, la calidad y la igualdad de ésta con el objetivo de alcanzar los mejores niveles de bienestar social y crecimiento económico.
El país tiene una composición en la educación separada por subsistemas en los cuales se identifican:
• Educación básica:
Educación Preescolar: impulsa su creatividad y habilidades.
Educación primaria: se centra en la alfabetización, cálculo básico y el aprendizaje de conceptos culturales.
Educación secundaria: prosigue sus estudios superiores y se amplían sus conocimientos sobre diferentes materias.
• Educación media superior:
Bachillerato general: prepara alumnos para continuar con estudios superiores. Es una formación general con contenidos científicos, técnicos y humanísticos.
Bachillerato tecnológico: Es una formación técnica que permite a sus titulados saltar al mercado laboral o estudiar una carrera técnica.
Profesional técnica. Ofrece formación técnica en diversas especialidades para preparar a los alumnos para ocupar diversos cargos en el mundo profesional.
• Educación superior:
Licenciatura: formación de una materia determinada.
Maestría: especialización mayor sobre un tema. Es necesario la licenciatura.
Doctorado: proyecto de investigación.2
Sin embargo aunque se hable que la educación es un derecho primordial, en el presupuesto de egresos de la Federación 2017 tendrá una baja en comparación con 2016; como se muestra:
Ramo 11 “Educación Pública”: su gasto para 2017 sería inferior en 29 mil 884.0 mdp al monto aprobado en 2016, descontando de éste el presupuesto asignado al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (7 mil 398.4 mdp) ahora Ramo 48 Cultura.
Los programas del Ramo 11 con las reducciones más importantes son: Desarrollo Cultural con un ajuste a la baja por 5 mil 558.7 mdp; Programa de la Reforma Educativa con -5 mil 466.8 mdp y Expansión de la Educación Media Superior y Superior con -5 mil 250.4 mdp.3
Es importante mencionar que debido a que es un derecho irrenunciable; su cumplimiento no es voluntario sino obligatorio y el Estado tiene la obligación de garantizar todo el conjunto normativo dirigido a regular esta prestación de servicio, sin limitarse ni cuestionarse financieramente.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados evite el recorte presupuestal en el Ramo 11: “Educación Pública” del ejercicio fiscal 2017.
Notas
1 INEE.http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/D/217/P1D217.pdf Consultado el 26 de septiembre del 2016.
2 INEGI.
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/escolaridad.aspx?tema=P. Consultado el 26 de septiembre de 2016.
3 CEFP. http://www.cefp.gob.mx Consultado el 26 de septiembre de 2016.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los veintiséis días del mes de septiembre de 2016.
Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica)
Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2016.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Hilda Esthela Flores Escalera, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el marco del análisis y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, considere y apruebe recursos por la cantidad de 180 millones de pesos para que los sistemas para el desarrollo integral de la familia nacional, estatales, de la Ciudad de México, municipales y de las demarcaciones territoriales adecuen o, en su caso, habiliten instalaciones dignas y suficientes que les permitan alojar y proteger la integridad y los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes.
Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)
Vicepresidenta
Las senadoras y los senadores miembros del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de esta LXIII Legislatura y que suscribimos el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 164 numeral 3, 175 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del pleno de esta Cámara, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el marco del análisis y discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, se consideren y se aprueben, recursos por la cantidad de 180 millones de pesos para que los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia nacional, estatales, de la Ciudad de México, municipales y de las demarcaciones territoriales adecuen o, en su caso, habiliten instalaciones dignas y suficientes que les permitan alojar y proteger la integridad y los derechos las niñas, niños y adolescentes migrantes, en tanto se resuelve su situación migratoria, con base en las siguientes:
Consideraciones
En su participación en las mesas de diálogo de la Cumbre sobre Refugiados y Migrantes de la Organización de las Naciones Unidas celebrada el pasado 19 de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto, mencionó “que la humanidad ha avanzado gracias a los migrantes y la historia ha demostrado que no ha barreras naturales o artificiales que detengan el movimiento de personas, la fusión de culturas, ni la divulgación de ideas”.
Además afirmó “que México seguirá participando activamente para concretar en 2018 los pactos globales para los refugiados y para la migración ordenada, segura y regulada. Asimismo, anunció que el país acogerá el año próximo una reunión internacional preparatoria de esos instrumentos”
Como se desprende de lo dicho por el señor presidente Enrique Peña Nieto, hay pendientes pero también avances en la tarea de garantizar con mayor certidumbre los derechos humanos de las personas migrantes, particularmente los de los menores acompañados y no acompañados que ingresan, transitan y se alojan o resguardan en territorio nacional.
En materia legislativa, podemos mencionar como avances:
• La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, que incorporó a la ley fundamental la obligación del Estado mexicano a reconocer los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales.
• La Ley de Migración de 2011, cuya vigencia determinó el cambio de paradigma de la política migratoria mexicana hacia la protección de los derechos humanos y la seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros.
• La Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político de 2011 con la correspondiente reforma en 2014 al título de esta ley, que permite a toda persona perseguida por motivos políticos o cuya vida, libertad o seguridad se encuentre en peligro, ser reconocida como refugiado y ser beneficiaria de asilo político.
• La nueva Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de 2014, que reconoce y protege el derecho de niñas, niños y adolescentes a disfrutar de una vida plena con dignidad.
• La reforma constitucional al artículo 11 en materia de refugio publicada el pasado mes de agosto, que implica un reconocimiento expreso que la Carta Magna hace del derecho humano a buscar y recibir asilo conforme a los instrumentos internacionales que regulan esa garantía.
Por la parte administrativa podemos señalar:
• Al Programa Especial de Migración 2014-2018, que es el instrumento de coordinación interinstitucional y multisectorial de los tres órdenes de gobierno que articula la política migratoria del Estado mexicano.
En materia legislativa, podemos mencionar como importantes avances la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político de 2011, con la correspondiente reforma en 2014 al título de esta ley, incluyendo la figura de Asilo; también la nueva Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de 2014 y la reciente reforma constitucional al artículo 11 en materia de refugio, publicada el pasado mes de agosto. En la parte administrativa, podemos señalar al Programa Especial de Migración 2014-2018, que es el instrumento de coordinación interinstitucional y multisectorial de los tres órdenes de gobierno que articula la política migratoria del Estado mexicano.
Sin duda, entre estos logros, destaca la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, ordenamiento que fue presentado como iniciativa preferente del titular del Poder Ejecutivo al Congreso de la Unión ello de septiembre de ese año 2014, misma que es de observancia general en el territorio nacional y su texto actual integra contribuciones de la sociedad civil, organismos de la ONU, en particular UNICEF, y de ambas Cámaras del Poder Legislativo.
Esta ley, construida con un enfoque de derechos humanos, y guiada por el principio del interés superior de la infancia, tiene sin duda un impacto positivo en las políticas que el Estado mexicano desarrolla para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes en el país.
Esta norma se apega a los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual marcó un cambio de paradigma en la concepción tradicional de la infancia. Esto implica, por ejemplo, que las niñas, niños y adolescentes tengan derecho a participar activamente en todas las decisiones que les afecten y su opinión debe ser tomada en cuenta por todas las autoridades.
Tratándose de las niñas, niños y adolescentes migrantes, en el capítulo noveno de la ley, se establece, entre otros avances significativos, que en tanto el Instituto Nacional de Migración determine la condición migratoria de la niña, niño o adolescente, el Sistema Nacional DIF o los sistemas DIF de las entidades federativas, según corresponda, deberán brindar la protección integral a sus derechos de acuerdo al principio del interés superior de la niñez.
Para ello, las autoridades competentes, una vez en contacto con la niña, niño o adolescente deberán adoptar las medidas correspondientes para la protección de sus derechos. En consecuencia, darán una solución que resuelva sus necesidades de protección, teniendo en cuenta sus opiniones y privilegiando la reunificación familiar, excepto que sea contrario a su interés superior o a su voluntad.
Para garantizar la protección integral de los derechos de los ya citados, esta nueva ley ordena que los Sistemas DIF Nacional, estatales y municipales, habilitarán espacios de alojamiento o albergues para recibir a niñas, niños y adolescentes migrantes que respeten el principio de separación y el derecho a la unidad familiar, de modo tal que si se trata de menores no acompañados o separados, deberán alojarse en sitios distintos al que corresponde a las personas adultas.
Para armonizar las disposiciones de esta ley, el 10 de febrero de 2015, la Cámara de Diputados aprobó reformas al artículo 112, primer párrafo, y a las fracciones I, II y III de la Ley de Migración, las cuales fueron turnadas al Senado de la República, mismas que fueron dictaminadas por las Comisiones de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos. El proyecto de dictamen ratificó que los sistemas DIF serán la única instancia que albergará a los menores migrantes no acompañados.
Frente a las obligaciones legales y a la dimensión del fenómeno migratorio, las autoridades de los sistemas DIF estatales y municipales de la frontera sur, sufren en su mayoría de profundas carencias presupuesta les y por tanto, de infraestructura adecuada para atender en tiempo y forma a los menores migrantes, por carecer de recursos presupuestales que les permita cumplir con lo ordenado en la ley.
Destacamos que el pasado 18 de septiembre de 2015, el senador Humberto Mayans Canabal, de nuestro grupo parlamentario presentó un punto de acuerdo exhortando a la Cámara de Diputados para que incluyera recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016 para apoyar la operación, las adecuaciones y/o la construcción de albergues para el alojamiento de menores migrantes.
Señalamos también que esta soberanía turnó oportunamente este punto de acuerdo a nuestra colegisladora en esa misma fecha, sin resultado alguno.
Cabe destacar, que de igual manera el actual proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017 presentado a la Cámara de Diputados, no contempla recursos para atender las obligaciones de alojamiento de menores migrantes que se imponen a las autoridades referidas.
Por ello, las senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional que suscribimos el presente punto de acuerdo, consideramos urgente y necesario que los Sistemas DIF nacional, estatales, de la Ciudad de México, los municipios y las demarcaciones territoriales, cuenten con presupuestos específicos para cumplir las obligaciones de alojamiento de menores migrantes, con pleno respeto a sus derechos y garantías legales y constitucionales.
Con fundamento, en lo anteriormente expuesto, presento el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el marco del análisis y discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se consideren y se aprueben para el Ejercicio Fiscal de 2017, recursos por la cantidad de 180 millones de pesos para que los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia nacional, estatales, de la Ciudad de México, municipales y de las demarcaciones territoriales adecúen o, en su caso habiliten instalaciones dignas y suficientes que les permitan alojar y proteger la integridad y los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, en tanto se resuelve su situación migratoria conforme a la ley.
Dado en el pleno de la Cámara de Senadores, Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2016.
Senadores: Emilio Gamboa Patrón, Humberto Mayans Canabal, Aarón Irízar López, Anabel Acosta Islas, Arturo Zamora Jiménez, Angélica del Rosario Araujo Lara, Daniel Amador Gaxiola, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Enrique Burgos García, Carmen Dorantes Martínez (rúbrica), Ernesto Gándara Camou, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Héctor Yunes Landa, Félix Arturo González Canto, Graciela Ortiz González, Armando Neyra Chávez, Hilda Ceballos Llerenas, Carlos Romero Deschamps, Hilda Esthela Flores Escalera (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Isaías González Cuevas, Ivonne Liliana Álvarez García, Ismael Hernández Deras (rúbrica), Lilia Guadalupe Merodio Reza, Jesús Casillas Romero, Lisbeth Hernández Lecona, Jesús Priego Calva, Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Joel Ayala Almeida, Margarita Flores Sánchez, José Ascención Orihuela Bárcenas, María Cristina Díaz Salazar, José Francisco Yunes Zorrilla, María del Rocío Pineda Gochi, José Marco Antonio Olvera Acevedo, María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Manuel Cavazos Lerma, María Lorena Marín Moreno, Manuel Humberto Cota Jiménez, María Lucero Saldaña Pérez, Miguel Ángel Chico Herrera, Yolanda de la Torre Valdez, Miguel Romo Medina (rúbrica), Ricardo Barroso Agramont, Óscar Román Rosas González, René Juárez Cisneros, Patricio Martínez García, Raúl Cervantes Andrade, Raúl Aarón Pozos Lanz, Teófilo Torres Corzo, Roberto Armando Albores Gleason, Tereso Medina Ramírez, Sofío Ramírez Hernández, Jorge Toledo Luis (rúbrica).
Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2016.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, considere y destine recursos para la construcción de un distribuidor vial en la carretera federal Mérida-Tizimín, entronque Motul-Telchac Pueblo, en el estado de Yucatán.
Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)
Vicepresidenta
El suscrito, senador Daniel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, fracción II del Reglamento del Senado de la República, 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Considerandos
Los municipios del estado de Yucatán requieren hoy más que nunca del fortalecimiento de las comunicaciones, incluyendo la construcción y modernización de la infraestructura carretera, para facilitar el traslado de productos y servicios eficientes y sobre todo seguros.
La infraestructura civil en tiempos modernos, es responsable del crecimiento sin precedentes del desarrollo socioeconómico de un estado y de la calidad de vida es su sistema de infraestructura carretero.
La infraestructura vial, incluyendo puentes y todo el mobiliario tanto en el entorno urbano como rural, ha ido evolucionando con un énfasis inicial la movilidad de sus autopistas, carreteras y accesibilidad con sus conexiones y calles locales hasta convertirse hoy en día en un sistema integrado compartido, el cual tiene como propósito atender las necesidades de los peatones, ciclistas, motociclistas y personas con impedimento en un ambiente “seguro” para todos.
Sin embargo, la seguridad vial es uno de los problemas que presenta la infraestructura carretera de nuestro país ya que cerca de 60 por ciento de los tramos existentes se construyeron hace más de 40 años, con criterios de diseño, especificaciones y materiales diferentes a los exigidos hoy en día, aunado al crecimiento demográfico y por ende a las exigencias actuales de circulación y seguridad. También, el volumen de tránsito que circula actualmente por la red federal es mucho mayor a lo previsto en su diseño original; baste mencionar que el porcentaje de vehículos pesados se ha incrementado hasta en 50 por ciento en algunos tramos.
Por ello, aún con todos los adelantos tecnológicos para reducir la severidad de choques y salvar vidas, lamentablemente, en nuestro país y en concreto en nuestro estado, el número de muertes por accidentes carreteros ha ido en aumento; muchas veces por el mal estado de la infraestructura, la falta de accesos seguros a vías rápidas o bien, su mala planeación. Las alarmantes cifras requieren una acción concertada y estratégica del gobierno, en combinación con la sociedad civil, para contrarrestar esta crisis que afecta a todas nuestras familias y futuras generaciones.
Para el caso concreto del estado de Yucatán, existen varias carreteras que requieren de modernización y/o ampliación, y que por su localización, de realizarse las mejoras respectivas repercutirán en una mayor seguridad vial para conductores y población en general.
Este es el caso de la carretera federal Mérida-Tizimín, entronque Motul-Telchac Pueblo; un área donde se han presentado en los últimos años innumerables accidentes de tránsito, donde han perdido la vida tanto jóvenes como adultos.
Los pobladores de Motul-Telchac aseguran que no sólo se necesitan vibradores en este entronque, sino al igual que en Baca, se necesita construir un distribuidor vial para evitar accidentes de tránsito y peatonales.
Lamentan que ya sean varias personas que intentan cruzar la carretera federal Mérida-Tizimín, entronque Motul-Telchac, y hayan sufrido algún accidente automovilístico, y que en varios casos han perdido la vida. Por otra parte, persisten múltiples accidentes automovilísticos entre carros y motocicletas, convirtiéndose en un entronque de alta peligrosidad para automovilistas, motociclistas y peatones por sus impactos mortales.
Los accidentes en su mayoría se pueden prevenir, sin embargo, se requiere de disposición y atención de las autoridades competentes para brindar una solución, que si bien requiere una inversión económica, ésta resulta mínima en comparación con el beneficio y seguridad que generará en la población.
Por lo anterior, es necesario que las autoridades consideren la destinación de parte de su presupuesto a la construcción de un distribuidor vial en la carretera federal Mérida-Tizimín, entronque Motul-Telchac Pueblo, con la finalidad de disminuir los accidentes automovilísticos que mantienen en angustia a los pobladores.
En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, consideren y destinen recursos para la construcción de un distribuidor vial en la carretera federal Mérida-Tizimín, entronque Motul-Telchac Pueblo, Yucatán.
Senado de la República, a 26 de septiembre de 2016.
Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica)
Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2016.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017 recursos a fin de adquirir acervo bibliográfico para la red de bibliotecas públicas de Colima.
Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)
Vicepresidenta
Quien suscribe, Hilda Ceballos Llerenas, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y miembro del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta representación proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 se consideren recursos para la adquisición de acervo bibliográfico para la red de bibliotecas públicas de Colima, conforme a las siguientes
Consideraciones
El derecho humano a la educación es fundamental para la detonación y el ejercicio de otros derechos, como la salud, la alimentación y un ambiente sano.
De acuerdo con la Real Academia Española, educación es la “instrucción por medio de la acción docente”; es la crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes.1
En nuestra experiencia, coincidimos con el concepto de que Educación es la Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas, de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen.
Es indudable que la educación promueve la libertad, la autonomía personal y la iniciativa innovadora, lo que conlleva relevantes beneficios para el desarrollo económico y social. No obstante, millones de niños y adultos en nuestro país ven obstaculizadas sus oportunidades para tener acceso a una educación de calidad, que los proyecte a un mejor nivel de vida.
Las Naciones Unidas y la UNESCO señalan en sus documentos normativos las obligaciones jurídicas de los Estados miembros a considerar en sus legislaciones internas este derecho humano.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas establece en el artículo 13 este derecho:
Los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales . Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad...
Dado lo anterior, resulta claro la importancia que los Estados miembros y la comunidad internacional le asignan a la acción normativa con miras a hacer realidad el derecho a la educación. Corresponde a los gobiernos de cada Estado el cumplimiento de las obligaciones, tanto de índole jurídica como política, relativas al suministro de educación de calidad para todos y la aplicación y supervisión más eficaces de las estrategias educativas.
En cuanto a la normativa interna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 3o. que “toda persona tiene derecho a recibir educación”; y en el artículo 4o.:
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral...
A través de la práctica de la lectura se cultivan los valores de un pueblo o de una nación, se explota la imaginación, se facilita la enseñanza y se fortalecen los conocimientos de niños y adultos.
Por ello, a escala nacional se comenzó a vislumbrar en la década de 1980 la vocación esencial de la biblioteca pública en el sentido de orientar a quienes la visitan para adentrarse al mundo del conocimiento, la información y el entretenimiento; en resumen, a la educación a través de los libros.
Así, el jueves 21 de enero de 1988 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Bibliotecas, la cual dio paso a la creación a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, actualmente coordinada por la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, antes Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.2
Esta red está formada por 31 redes estatales y 16 redes delegacionales, cada una de ellas integrada a su vez por todas las bibliotecas públicas establecidas en la entidad o delegación respectiva -conforme a los convenios de cooperación celebrados entre los gobiernos federal y locales.3
En México, la Red Nacional opera actualmente 7 mil 388 bibliotecas públicas, establecidas en 2 mil 281 municipios –93.2 por ciento de las existentes en el país–, y proporciona servicios bibliotecarios gratuitos a más de 30 millones de usuarios anualmente.
En sintonía con la normativa nacional e internacional fue creada, a inicios de la década de 1980, la Red de Bibliotecas Públicas de Colima, con cobertura en los 10 municipios del estado y con un total de 55 bibliotecas lo que fue, prácticamente, un adelanto al texto constitucional reformado en 2011, al establecer la educación como un derecho humano.
Desde su arranque, en 1980, la red tuvo una gran aceptación en la comunidad, registrándose, de forma paulatina y constante, el gusto por la lectura de los colimenses. Sin embargo, al día de hoy esta red adolece de graves problemas, como la obsolescencia del acervo bibliográfico y el inevitable deterioro de sus instalaciones físicas, aspectos difíciles de revertir por la constante merma de los ingresos del estado.
Resulta urgente renovar los acervos de todas las bibliotecas de la red promoviendo un proyecto de gran alcance, mejorando su infraestructura y renovando su conceptualización, para su uso eficiente. Para llevar a cabo dicho proyecto se requiere un monto total de cinco millones de pesos, con lo que se crearía la infraestructura suficiente para atender a poco más de 75 mil usuarios anuales, regresando a las bibliotecas públicas municipales, el carácter de ser los mejores espacios públicos para la realización de actividades escolares, educativas y académicas, fuera de las instalaciones escolares.
De acuerdo con el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre las facultades de la Cámara de Diputados se encuentra aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal.
Dado todo lo expuesto, propongo a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, se consideren y etiqueten recursos por 5 millones de pesos para la adquisición y distribución de acervo bibliográfico de las 55 bibliotecas públicas de Colima.
Notas
1 http://dle.rae.es/?id=EO5CDdh
2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgb/LGB_orig_21ene88_ima.pd f
3 http://dgb.conaculta.gob.mx/info_detalle.php?id=6
Senado de la República, a 27 de septiembre de 2016.
Senadora Hilda Ceballos Llerenas (rúbrica)
Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2016.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones de Transportes, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017 recursos económicos para construir un distribuidor vial en la carretera federal número 176, Mérida-Motul, en el entronque con Baca, Yucatán.
Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, el Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)
Vicepresidenta
El suscrito, Daniel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:
Considerandos
Las regiones del país requieren hoy más que nunca el fortalecimiento de las comunicaciones que incluyan la construcción y modernización de infraestructura carretera que permita el traslado de productos, y servicios así como un tránsito de las personas de manera rápida, eficiente y a un bajo costo.
EI sistema de transporte mexicano depende fundamentalmente de la red de carreteras. A través de ella fluye 80 por ciento de las cargas que se mueven en el territorio y aproximadamente 98 por ciento del movimiento de pasajeros.
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, actualmente la red carretera del país suma 374 mil 262 kilómetros. De éstos, 49 mil 169 forman la red federal (8 mil 459 kilómetros son autopistas de cuota y 40 mil 710 constituyen la red federal libre de peaje). Las redes troncal e intertroncal, de 24 mil 308 kilómetros, se consideran estratégicas, ya que conectan a 70 por ciento de la población del país.
Durante la última década, la inversión realizada por el sector público en infraestructura en México pasó de 3.1 por ciento del PIB a 4.5. Sin duda, los avances han sido importantes para satisfacer parte de los requerimientos en la materia; sin embargo, las necesidades de conectividad aún son elevadas.
Uno de los problemas que presenta la infraestructura carretera de nuestro país, es que, cerca de 60 por ciento de los tramos existentes se construyeron hace más de 40 años con criterios de diseño, especificaciones y materiales diferentes a los exigidos hoy en día. El volumen de tránsito que circula actualmente por la red federal es mucho mayor a lo previsto en su diseño original, el porcentaje de vehículos pesados se ha incrementado hasta en 50 por ciento en algunos tramos.
Por ello, aun con todos los adelantos tecnológicos para reducir la severidad de choques y salvar vidas, lamentablemente, en nuestro país y en concreto en el estado de Yucatán, el número de muertes por accidentes carreteros ha ido en aumento; muchas veces por el mal estado de la infraestructura, la falta de accesos seguros a vías rápidas; o bien, su mala planeación. Las alarmantes cifras requieren una acción concertada y estratégica del gobierno, en combinación con la sociedad civil, para contrarrestar esta crisis que afecta a todas nuestras familias y futuras generaciones.
Tal es el caso de Baca, Yucatán. Debido a que en la carretera federal número 176 (Mérida-Motul), en el entronque que comunica a la población de Baca con la comisaría de Tixkuncheil, y a su vez, con Yaxkukul, se han presentado en los últimos años innumerables accidentes de tránsito, dejando más de 20 muertos y familias desamparadas por esta situación.
Este tramo carretero se ha convertido en un entronque de alta peligrosidad, debido a que no existe un puente vehicular de incorporación y cruce de la carretera Mérida-Motul, y que por sus características de vía rápida ha generado impactos fatales.
A mediados del año pasado, vecinos de Baca, Tixhuncheil y Yaxkukul bloquearon la carretera Mérida-Motul para exigir respuesta a la solicitud de la construcción de un puente vehicular, y evitar más accidentes en este sitio.
Los accidentes en su mayoría se pueden prevenir, sin embargo, se requiere de disposición y atención de las autoridades competentes para brindar una solución, que si bien requiere una inversión económica, ésta es mínima en comparación con el beneficio y seguridad que generará en la población de las quince localidades y cabecera municipal de Baca.
El tema no es actual, ya que en los dos últimos años se han realizado por el presidente Municipal diversas gestiones ante autoridades Estatales y Federales en pro de la construcción de este puente, sin embargo, éstas no han tenido la sensibilidad para considerar prioritaria esta problemática, por lo que es ineludible y urgente apoyar a la población y estados a los cuales representamos.
Como senador de la república, con base en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción X, del Reglamento del Senado de la República, por el cual nos faculta para promover ante las instancias competentes la atención de peticiones y solicitudes de gestión que se nos formulan de acuerdo a la representación que tenemos, y a fin de apoyar a los ciudadanos que solicitan nuestra intervención, he solicitado de manera respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes atender esta necesidad.
Y en seguimiento de mi solicitud, la SCT, en mayo del año en curso, informó que el proyecto de dicho distribuidor vial, ingresó a la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con número de solicitud 49406, y que se encontraba en atención de observaciones por la Unidad de Inversiones de la SHCP, las que serían solventadas por la Dirección General de Desarrollo Carretero de la SHCP.
Por todo lo anterior es necesario que se asignen a las entidades o instancias competentes los recursos económicos suficientes para que en el ejercicio fiscal de 2017 se construya el distribuidor vial solicitado en el entronque de la carretera federal número 176 (Mérida-Motul), km 20+800, que comunica a la población de Baca con la comisaría de Tixcuncheil y a su vez, con Yaxkukul, Yucatán.
En virtud de lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Transportes y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a fin de que en el PEF 2017 se destinen recursos económicos para la construcción de un distribuidor vial en la carretera federal número 176, Mérida-Motul, en el entronque con Baca, Yucatán.
Senado de la República, a 27 de septiembre de 2016.
Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica)
Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2016.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presente
Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la suscrita y las senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia presentaron proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el turismo accesible en el ejercicio fiscal 2017.
Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)
Vicepresidenta
Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizú, Anabel Acosta Islas, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz y Yolanda de la Torre Valdez, senadoras del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y María Elena Barrera Tapia, senadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta soberanía, una proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Podemos definir el turismo como “el desplazamiento momentáneo que realizan las personas y comprende las acciones que efectúan durante sus viajes y estancia fuera de su entorno habitual”.
Durante la conferencia de la Organización Mundial de Turismo (OMT) celebrada en París en 1985, se cuestionó el antiguo concepto de turismo y se propuso su extensión para incluir todo movimiento de personas sin tomar en cuenta sus motivaciones. Más adelante, en junio de 1991, la OMT, durante su Conferencia Internacional de Estadísticas de Turismo y Viajes, revisó y actualizó sus conceptos estableciendo que “el turismo comprende las actividades de personas que viajan y permanecen en lugares fuera de su ambiente usual durante no más de un año consecutivo con fines de gozar de tiempo libre, negocios u otros.
La Ley General de Turismo contiene un Capítulo sobre el Turismo Accesible, el cual es desarrollado en dos artículos (18 y 19).
El artículo 18 de la ley estipula que la Secretaría de Turismo, con el apoyo y en coordinación con las dependencias y entidades competentes, promoverá la prestación de servicios turísticos con accesibilidad, que tengan por objeto beneficiar a la población con alguna discapacidad.
Por su parte, el artículo 19 señala que los prestadores de servicios turísticos deberán proveer lo necesario para que las personas con discapacidad cuenten con accesibilidad a los servicios turísticos en condiciones adecuadas. La misma disposición aplicará para los sitios culturales con afluencia turística.
El turismo accesible está destinado a las personas con una movilidad y/o comunicación limitada a las cuales se les brinda apoyo con los requerimientos necesarios para que tengan una mejor accesibilidad a las instalaciones y a los establecimientos públicos y privados de interés turístico y social, con ello permitir la misma satisfacción que cualquier otra persona, en un plano de igualdad.
La vinculación entre accesibilidad y turismo es relativamente reciente e implica una planeación, diseño y desarrollo de actividades turísticas con la finalidad de que puedan ser disfrutadas por todas las personas, lo que implica un turismo para todos, ya que incluye pautas de inclusión respecto de las actividades recreativas, turísticas y culturales para las personas con discapacidad.
En ese contexto, las personas con discapacidad son los principales destinatarios del turismo accesible, así como un porcentaje de personas adultas mayores quienes debido a su edad y limitaciones físicas.
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 explica las estrategias para lograr un “México incluyente”, mostrando el camino para lograr una sociedad sin exclusiones, donde se vele por el bienestar de, entre otros, las personas con discapacidad.
Para lograrlo, el Plan tiene como su Estrategia 4.11.4., impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados por el turismo sean fuente de bienestar social, estableciendo como una de sus acciones principales: crear programas para hacer accesible el turismo a todos los mexicanos.
En ese sentido y con el pleno objetivo de potenciar una de las actividades más productivas de nuestro país y con ello, beneficiar a las personas con discapacidad (7.7 millones) y a las personas adultas mayores (10.6 millones) que representan un mercado cautivo de 18 millones de personas tan sólo a nivel nacional, se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, se incrementen los recursos destinados a la prestación de servicios turísticos con accesibilidad.
Con base en lo anteriormente expuesto y en el marco del día mundial del turismo en el cual el tema en este 2016 es “Turismo para todos: promover la accesibilidad universal” y en razón que la Cámara de Diputados ejerce con plenitud su facultad exclusiva de aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, tal como lo establece la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita respetuosamente a la Presidencia de esta honorable Cámara de Senadores que sea turnada a la Cámara de Diputados la presente proposición con proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a las Comisiones de Turismo, Grupos Vulnerables, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, incremente los recursos destinados a la prestación de servicios turísticos con accesibilidad.
Cámara de Senadores, a 27 de septiembre de 2016.
Senadoras: Hilda Esthela Flores Escalera (rúbrica), Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizú (rúbrica), Anabel Acosta Islas (rúbrica), Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), María Elena Barrera Tapia.
Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2016.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, considere y destine recursos para la construcción de los tramos carreteros Xcan-Chan Tres Reyes-Tixcancal y Tunkás-Cenotillo, en el estado de Yucatán.
Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)
Vicepresidenta
El suscrito, senador Daniel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Considerandos
Las regiones de nuestro país requieren hoy más que nunca del fortalecimiento de las comunicaciones que incluyan la construcción y modernización de infraestructura carretera que permita el traslado de productos, y servicios así como un tránsito de las personas de manera rápida, eficiente y a un bajo costo.
EI sistema de transporte mexicano depende fundamentalmente de la red de carreteras. A través de ella fluye 80 por ciento de las cargas que se mueven en el territorio y aproximadamente 98 por ciento del movimiento de pasajeros.
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, actualmente, la red carretera del país suma 374 mil 262 kilómetros, de éstos, 49 mil 169 kilómetros conforman la red federal (8 mil 459 kilómetros son autopistas de cuota y 40 mil 710 kilómetros constituyen la red federal libre de peaje). Las redes troncal e intertroncal de 24 mil 308 kilómetros se consideran estratégicas, ya que conectan el 70 por ciento de la población del país.
Durante la última década, la inversión realizada por el sector público en infraestructura en México pasó de 3.1 por ciento del producto interno bruto a 4.5 por ciento. Sin duda, los avances han sido importantes para satisfacer parte de los requerimientos en la materia; sin embargo, las necesidades de conectividad aún son elevadas.
Uno de los problemas que presenta la infraestructura carretera de nuestro país, es que, cerca de 60 por ciento de los tramos existentes se construyeron hace más de 40 años con criterios de diseño, especificaciones y materiales diferentes a los exigidos hoy en día. El volumen de tránsito que circula actualmente por la red federal es mucho mayor a lo previsto en su diseño original, el porcentaje de vehículos pesados se ha incrementado hasta en 50 por ciento en algunos tramos.
Por ello, aún con todos los adelantos tecnológicos para reducir la severidad de choques y salvar vidas, lamentablemente, en nuestro país y en concreto en Yucatán, el número de muertes por accidentes carreteros ha ido en aumento; muchas veces por el mal estado de la infraestructura, la falta de accesos seguros a vías rápidas, o bien, su mala planeación. Las alarmantes cifras requieren una acción concertada y estratégica del gobierno, en combinación con la sociedad civil, para contrarrestar esta crisis que afecta a todas nuestras familias y futuras generaciones.
Tal es el caso del municipio de Baca, Yucatán. Debido a que en la carretera federal número 176 (Mérida-Motul), en el entronque que comunica a la población de Baca con la comisaria de Tixkuncheil, y a su vez, con el municipio de Yaxkukul; se han presentado en los últimos años innumerables accidentes de tránsito, dejando más de 20 muertos y familias desamparadas por esta situación.
Este tramo carretero se ha convertido en un entronque de alta peligrosidad, debido a que no existe un puente vehicular de incorporación y cruce de la carretera Mérida-Motul, y que por sus características de vía rápida ha generado impactos fatales.
Es importante destacar que a mediados del año pasado, vecinos de los municipios de Baca, Tixhuncheil y Yaxkukul, bloquearon la carretera Mérida-Motul para exigir respuesta a la solicitud de la construcción de un puente vehicular, y evitar que existan más accidentes en este sitio.
Los accidentes en su mayoría se pueden prevenir, sin embargo, se requiere de disposición y atención de las autoridades competentes para brindar una solución, que si bien requiere una inversión económica, ésta es mínima en comparación con el beneficio y seguridad que generará en la población de las quince localidades y cabecera municipal del municipio de Baca.
Es importante resaltar que el tema no es actual, ya que en los dos últimos años se han realizado por el presidente municipal diversas gestiones ante autoridades estatales y federales en pro de la construcción de este puente, sin embargo, éstas no han tenido la sensibilidad para considerar prioritaria esta problemática, por lo que es ineludible y urgente apoyar a la población y estados a los cuales representamos.
Asimismo, como senador de la República, con base en lo dispuesto en el artículo 8 numeral 1, fracción X, del Reglamento del Senado de la República, por el cual nos faculta para promover ante las instancias competentes la atención de peticiones y solicitudes de gestión que se nos formulan de acuerdo a la representación que ostentamos, y con el fin de apoyar a los ciudadanos que solicitan nuestra intervención, he solicitado de manera respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes atender esta necesidad.
Y en seguimiento a mi solicitud, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en mayo del año en curso, informó que el proyecto de dicho distribuidor vial, ingresó a la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con número de solicitud 49406, y que se encontraba en atención de observaciones por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que serían solventadas por la Dirección General de Desarrollo Carretero de la secretaría.
Por lo anterior, es necesario que se asignen a las entidades o instancias competentes los recursos económicos suficientes para que en el Ejercicio Fiscal de 2017 se construya el distribuidor vial solicitado en el entronque de la carretera federal número 176 (Mérida-Motul), kilómetro 20+800, que comunica a la población de Baca con la comisaria de Tixcuncheil y a su vez, con el municipio de Yaxkukul, Yucatán.
En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Transportes y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, con el fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017, se destinen recursos económicos para la construcción de un distribuidor vial en la carretera federal número 176, Mérida-Motul, en el entronque con el municipio de Baca, en Yucatán.
Senado de la República, a 27 de septiembre de 2016.
Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica)
Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2016.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, considere y etiquete recursos por 6 millones 603 mil 900 pesos para la remodelación y equipamiento del quirófano de cirugía ambulatoria del DIF estatal de Colima.
Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)
Vicepresidenta
Quien suscribe, senadora Hilda Ceballos Llerenas, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y miembro del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 87 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta representación, la siguiente proposición con proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, se consideren recursos para la remodelación y equipamiento del quirófano de cirugía ambulatoria del DIF estatal Colima, bajo las siguientes:
Consideraciones
Conforme a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)1 , del total de la población que habitaba el estado de Colima para el año 2014, 34.3 por ciento se encontraba en situación de pobreza, y 3.4 por ciento en pobreza extrema2 con 3.6 carencias, lo que significa que adolecían de lo más indispensable para su sobrevivencia.
En razón de la fuente citada, para 2014, 17.5 por ciento de la población del estado de Colima registraba rezago educativo; 12.7 por ciento no tenía acceso a los servicios de salud; 51.9 por ciento no tenía acceso a la seguridad social; 9.6 por ciento carecía de calidad y espacios de vivienda; 7.9 por ciento carecía de acceso a los servicios básicos de vivienda; y 25.4 por ciento de acceso a la alimentación.
En datos absolutos, las personas que carecieron de los servicios de salud, en la que se consideran a quienes no tienen adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución que los presta, incluyendo al Seguro Popular, las instituciones públicas de seguridad social (IMSS; ISSSTE; Pemex; Ejército o Marina), para el año 2014 fueron un total de 90.5 mil personas; mientras que las que carecieron de acceso a la seguridad social, en el mismo año, fueron 370.2 mil personas.
Dado el elevado porcentaje del total de la población sin servicios de salud ni seguridad social en el estado de Colima, resulta fundamental sumar esfuerzos a fin de coadyuvar solidariamente con la población que más carencias registra.
En el anterior sentido, el quirófano de cirugía ambulatoria del DIF estatal de Colima construida en 1997, ha jugado un papel relevante en cuanto a prestación de servicios de salud, ya que a lo largo de sus casi 20 años ha permitido, gracias a la generosidad, colaboración y participación activa de médicos altruistas de la comunidad, se realicen en promedio 66 operaciones anuales de paladar hendido, labios leporinos, cataratas, etcétera, de pobladores no solo del lugar, sino también de estados vecinos como Jalisco.
El quirófano de cirugía ambulatoria, desde su construcción, cuenta con un equipamiento básico que a lo largo de los años sólo ha registrado mantenimiento elemental, por lo que es de comprenderse que a sus casi 20 años haya sido rebasada por los avances tecnológicos. Por ello se requiere, dada la creciente demanda de servicios, equiparla con lo suficiente para ofrecer al año, un promedio de al menos 130 operaciones, con lo que, entre otras cosas, reduciríamos de manera sustantiva los tiempos de espera de las personas en pobreza extrema, principales demandantes de los servicios.
Acorde a los requerimientos, el presupuesto para incrementar al doble la capacidad de atención de la unidad ambulatoria referida se presenta en el cuadro inferior:
Por lo anterior, con base en las facultades que me confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y lo dispuesto en el Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta respetable soberanía, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, se consideren y etiqueten recursos por $6, 603, 900.0 (seis millones seiscientos tres mil novecientos pesos 00/100 M.N.) para la remodelación y equipamiento del quirófano de cirugía ambulatoria del DIF estatal de Colima.
Notas
1. Coneval, Pobreza 2014, Colima.
2 Una persona en situación de pobreza extrema es cuando tiene tres o más carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, además, se encuentra por debajo de la Línea de Bienestar Mínimo. Además, dispone de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicara completo a la adquisición de alimentos, no podría obtener los nutrientes necesarios para tener una vida sana.
Senado de la República, a 22 de septiembre de 2016.
Senadora Hilda Ceballos Llerenas (rúbrica)
Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2016.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que, en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, considere una ampliación presupuestal para el fortalecimiento de las acciones en favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes, a fin de alcanzar un monto de 200 millones de pesos.
Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)
Vicepresidenta
Las senadoras y los senadores miembros del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de esta LXIII Legislatura y que suscribimos el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 164, numeral 3, 175 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno de esta Cámara, lo siguiente:
Consideraciones
El 4 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, que tiene como objetivo reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.1
Dicha Ley armoniza lo establecido en nuestra Constitución Política y los Tratados internacionales en la materia, a fin de garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.
Para asegurar una adecuada protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se creó el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), con el cual se formalizó un mecanismo que busca generar una nueva manera de realizar políticas públicas desde el más alto nivel de decisión gubernamental donde todas las niñas, niños y adolescentes puedan exigir y ejercer sus derechos humanos, ya no como objetos de protección, sino como responsables de decidir y opinar lo que consideran mejor para ellas y ellos.2
El funcionamiento de las Procuradurías de Protección, también es un gran avance para garantizar la seguridad de la niñez, a través de las cuales se plantea otorgar atención médica y psicológica; dar seguimiento a las actividades académicas y del entorno social y cultural; además de la inclusión de quienes ejerzan la patria potestad de niñas o niños en las medidas de rehabilitación y asistencia.
Se trata de una prioridad vinculada con la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, que representan el futuro del país. Para dimensionar la importancia de este segmento de la población, tenemos que en 2015 vivían cerca de 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años en México, es decir, uno de cada tres correspondía a este sector, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).3
En el mismo año, un 3.5% de la población de 6 a 14 años no asistía a la escuela. Según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2014, en México 1.9% de las personas menores de 18 años tienen discapacidad y 4.8% presentan limitación.
Las niñas, niños y adolescentes requieren todas las herramientas necesarias para resguardarlos de espacios violentos, tanto en los hogares como bullying o el acoso escolar, bajo las cuales tendríamos que estar vigilando de manera permanente y paulatina.
Es importante reconocer y destacar el trabajo realizado por el Gobierno Federal, al incorporar el tema de la infancia en la agenda institucional.
Actualmente, está constituido el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y sus homólogos en las 32 entidades federativas y en 655 municipios.
Asimismo, se coadyuvó en la conformación de 29 Procuradurías de Protección Estatales conforme a las atribuciones que marca la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
El 23 de mayo se presentó la Estrategia 25 al 25, diseñada en cooperación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que define la agenda del Estado a través de 25 objetivos nacionales, como parte del cambio de paradigma para hacer realidad el ejercicio pleno de los derechos de más de 39 millones de niñas, niños y adolescentes.
El 18 de agosto de 2016, se aprobó el Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, programa especial en materia de ejercicio, respeto, promoción y protección integral de este grupo poblacional.4
No obstante los avances, resulta urgente una asignación especial de recursos adicionales para el Sistema Nacional de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; por lo que es necesario que se considere un presupuesto de 200 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, a fin de cumplir con la instrumentación de cada una de las acciones que establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Cabe destacar que en el Proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación 2017, enviado por el Ejecutivo Federal a la H. Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre, solo contempla un monto de 53 millones 697 mil 727 pesos para fortalecer las acciones en favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes.5
Los 200 millones de pesos a los que hacemos referencia, estarán vinculados particularmente a fortalecer al Sistema de Protección de Derechos, al Sistema Nacional, y por ende, al resto de los sistemas.
La niñez mexicana merece toda nuestra atención y dedicación, mediante criterios técnicos, basados en las mejores prácticas que generen beneficios y resultados en el corto plazo.
El interés superior de la niñez establecido en nuestra Constitución, implica que el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida de las niñas y niños.6
Por lo anterior, es necesario que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2017, considere una ampliación presupuestal para el fortalecimiento de las acciones en favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes, a fin de alcanzar un monto de 200 millones de pesos.
Ello con el objetivo fundamental de cumplir con la protección integral de los derechos de este sector de la población, que representa el futuro del país.
En el Grupo Parlamentario del PRI, trabajamos para que todos los niños, niñas y adolescentes sean escuchados y tomados en cuenta, implementando mecanismos que permitan una representación y participación real y efectiva dentro de los espacios naturales en donde se desenvuelven, en la discusión y toma de decisiones.
Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2017, se considere una ampliación presupuestal para el fortalecimiento de las acciones en favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes, a fin de alcanzar un monto de 200 millones de pesos.
Notas
1 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5374143&fecha=04/12/2 014
2 https://www.gob.mx/segob/articulos/
sipinna-180-dias-trabajando-por-los-derechos-humanos-de-ninas-ninos-y-adolescentes-nna?idiom=es
3 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/ni %C3%B1o0.pdf
4 file:///C:/Users/carlos.falcon/Downloads/4IG_Escrito_27_08_16_COMPLETO%20(2).pdf
5 http://ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2017/docs/0 4/r04_afpe.pdf
6 http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/172/172003.pdf
Dado en el Senado de la República a los 27 días del mes de septiembre de 2016.
Senadores: Emilio Gamboa Patrón, Humberto Mayans Canabal, Aarón Irízar López, Anabel Acosta Islas, Arturo Zamora Jiménez, Angélica del Rosario Araujo Lara, Daniel Amador Gaxiola, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Enrique Burgos García, Carmen Dorantes Martínez (rúbrica), Ernesto Gándara Camou, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Jorge Toledo Luis, Héctor Yunes Landa, Félix Arturo González Canto, Graciela Ortiz González, Armando Neyra Chávez, Hilda Ceballos Llerenas, Carlos Romero Deschamps, Hilda Esthela Flores Escalera, Gerardo Sánchez García, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Isaías González Cuevas, Ivonne Liliana Álvarez García, Ismael Hernández Deras, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Jesús Casillas Romero, Lisbeth Hernández Lecona, Jesús Priego Calva, Marcela Guerra Castillo, Joel Ayala Almeida, Margarita Flores Sánchez, José Ascención Orihuela Bárcenas, María Cristina Díaz Salazar, José Francisco Yunes Zorrilla, María del Rocío Pineda Gochi, José Marco Antonio Olvera Acevedo, María Hilaria Domínguez Arvizu, Manuel Cavazos Lerma, María Lorena Marín Moreno, Manuel Humberto Cota Jiménez, María Lucero Saldaña Pérez, Miguel Ángel Chico Herrera, Yolanda de la Torre Valdez, Miguel Romo Medina, Ricardo Barroso Agramont, Óscar Román Rosas González, René Juárez Cisneros, Patricio Martínez García, Raúl Cervantes Andrade, Raúl Aarón Pozos Lanz, Teófilo Torres Corzo, Roberto Armando Albores Gleason, Tereso Medina Ramírez, Sofío Ramírez Hernández