Comunicaciones oficiales

• De los diputados Sharon María Teresa Cuenca Ayala y Hernán de Jesús Orantes López, por las cuales solicitan el retiro de iniciativas
• Segundo informe semestral de actividades, correspondiente al periodo 1 de marzo-31 de agosto de 2016, de la Comisión Especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del GIEI, designado por la CIDH, relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos
• De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados
• De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite los informes finales de las fichas de monitoreo y evaluación 2015-2016 de los programas presupuestarios a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor
• Del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, para promover y fortalecer en el sector salud la atención preconcepcional
• De la Secretaría de Desarrollo Social, mediante la cual remite las fichas de evaluación y monitoreo 2015-2016 de diversos programas a su cargo
• De la Cámara de Senadores, mediante la cual remite veinte proposiciones con puntos de acuerdo por las que se solicita a la Cámara de Diputados que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017, considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios

Minutas

• Con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con la reforma política de la Ciudad de México

Iniciativas de ley o decreto de senadores

• Con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes Aduanera, del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado, Federal de Derechos, y de la Propiedad Industrial, presentada por la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN

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De los diputados Sharon María Teresa Cuenca Ayala y Hernán de Jesús Orantes López, por las cuales solicitan el retiro de iniciativas

Palacio Legislativo, a 22 de septiembre de 2016.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Presente

Sirva la presente para solicitarle de manera atenta y con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados que la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 56 de la Ley General de Educación, a fin de que los particulares que impartan educación superior deban obtener previamente autorización y reconocimiento de validez oficial para sus planes y programas de estudio, sea retirada de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, a efecto de profundizar sobre su contenido y presentarla posteriormente.

Sin más por el momento, quedo a sus más distinguidas y finas consideraciones.

Atentamente

Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala (rúbrica)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2016.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Presente

Por este medio y en uso de la facultad que me confiere lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, mediante el presente vengo a ejercer mi derecho a retirar la siguiente iniciativa:

• Con proyecto de decreto que adiciona el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada el 29 de abril de 2016 y turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez.

Sin otro particular, quedo de usted, reiterándole mi respeto y consideración.

Atentamente

Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica)

Segundo informe semestral de actividades, correspondiente al periodo 1 de marzo-31 de agosto de 2016, de la Comisión Especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del GIEI, designado por la CIDH, relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos

Introducción

En cumplimiento del artículo 45, numeral 6, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 158, numeral 1, fracción III; 164; 165, numeral 1, 2 y 3; y 208, numeral 2, fracción V, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión Especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del grupo interdisciplinario de expertos independientes, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, rinde el segundo informe semestral de actividades, correspondiente al período 1 de marzo al 31 de agosto de 2016.

El plan de trabajo elaborado con fundamento en los artículos 45, numeral 6, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 158, numeral 1, fracción II, 161 y 213, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, ha permitido orientar los diferentes trabajos y actividades de los integrantes de esta comisión especial, a fin de lograr los objetivos planteados en relación con el caso Iguala.

Integrantes de la comisión especial

Presidencia: María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Grupo Parlamentario del PAN, Querétaro.
Guadalupe González Suástegui, Grupo Parlamentario del PAN, Guerrero.

Víctor Manuel Silva Tejeda, Grupo Parlamentario del PRI, Michoacán
Silvia Rivera Carbajal, Grupo Parlamentario del PRI, Guerrero.

Cristina Ismene Gaytán Hernández, Grupo Parlamentario del PRD, Distrito Federal.
Héctor Javier García Chávez, Grupo Parlamentario del PRD, Morelos.

Arturo Álvarez Angli, Grupo Parlamentario del PVEM, Guerrero.
Cándido Ochoa Rojas, Grupo Parlamentario del PVEM, San Luis Potosí.

Roberto Guzmán Jacobo, Grupo Parlamentario de Morena, Guerrero.
Araceli Damián González, Grupo Parlamentario de Morena, Distrito Federal.

Marbella Toledo Ibarra, Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Guerrero.
Víctor Manuel Sánchez Orozco, Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Jalisco.

María Eugenia Ocampo Bedolla, Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, Morelos.
Ángel García Yáñez, Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, Morelos.

José Alfredo Ferreiro Velazco, Grupo Parlamentario del PES, Baja California.
Norma Edith Martínez Guzmán, Grupo Parlamentario del PES, Jalisco.

Avances del plan de trabajo

Plan de trabajo

Para el cumplimiento del plan de trabajo de la comisión especial, se han considerado todas y cada una de las propuestas de los diputados integrantes, respetando en todo momento la pluralidad de los legisladores que la conforman.

Este instrumento ha permitido orientar los esfuerzos de los integrantes de esta comisión especial, para llevar a cabo las reuniones ordinarias, reuniones extraordinarias y reuniones de trabajo con diferentes autoridades federales, así como con representantes de algunas de las víctimas.

El plan de trabajo de esta comisión especial se basa principalmente en entrevistas, reuniones y mesas de trabajo, a fin de recabar información que pueda ser útil para las investigaciones sobre el asunto que nos ocupa y para la cual fue creada esta comisión especial.

Dentro de las principales actividades desarrolladas durante el segundo semestre de la LXIII Legislatura, se llevaron a cabo las siguientes reuniones con el objeto de que esta comisión especial se hiciera llegar de información de utilidad para sus tareas:

1. Reunión con el maestro Sergio Jaime Rochin, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

2. Reunión con el maestro Eber Omar Betanzos Torres, subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la Republica.

3. Reunión con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el licenciado Luis Raúl González Pérez y su equipo de trabajo.

4. Reunión con los representantes legales de la empresa Estrella Roja del Sur, licenciada Susana Monterrubio Santana, directora Jurídica y licenciado Jesús Alberto Lezama Sandoval, abogado de la empresa Estrella Roja del Sur, propietaria de los autobuses 2012 y 2510 de la línea Costa Line, que participaron en los acontecimientos del viernes 26 y sábado 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

Si bien asistieron los representantes legales de la empresa Estrella Roja del Sur, propietaria de los autobuses 2012 y 2510 de la línea Costa Line, se negaron a proporcionar cualquier información de los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, aludiendo que esta ya fue proporcionado a las autoridades competentes y que no existe obligación jurídica de la empresa para proporcionar información a esta comisión especial.

Reuniones celebradas

Ordinarias

• Décima, efectuada el miércoles 9 de marzo, en el salón B del edificio G.
• Undécima, llevada a cabo el miércoles 30 de marzo, en el mezanine sur del edificio A.

• Duodécima, verificada el miércoles 27 de abril, en el salón de protocolo del edificio A.
• Decimotercera, realizada el miércoles 26 de mayo, en el salón de protocolo del edificio A.

• Decimocuarta, efectuada el miércoles 29 de junio, en el mezanine norte del edificio A.
• Decimoquinta, llevada a cabo el jueves 28 de julio, en el salón B del edificio G.

• Decimosexta, verificada el miércoles 17 de agosto, en la zona C del edificio G.

Extraordinaria

Cuarta, realizada el miércoles 6 de abril, en el salón B del edificio G.

Con invitados especiales

• Maestro Sergio Jaime Rochin, efectuada el lunes 11 de abril, en las instalaciones de la CEAV.

• Maestro Eber Omar Betanzos Torres, llevada a cabo el miércoles 13 de abril, en las instalaciones de la Procuraduría General de la República.

Observaciones: Los Servicios Periciales de la PGR, presentaron información y resultados sobre el peritaje en el basurero de Cocula, practicado por esta dependencia del 27 de octubre al 7 de noviembre de 2014.

• Presidente de la CNDH, licenciado Luis Raúl González Pérez y con el licenciado José Trinidad Larrieta Carrasco, encargado del caso Iguala y su equipo de trabajo, verificada el viernes 22 de abril, en las instalaciones de la CNDH.

Observaciones: Presentó información proporcionada por testigo donde se señala la posible participación de la policía de Huitzuco en el Palacio de Justicia donde fueron retenidos jóvenes normalistas y de la Policía Federal Preventiva quienes presuntamente llevaron a cabo retenes vehiculares en la zona y tuvieron conocimiento de los hechos.

• Con representantes legales de la empresa Estrella Roja del Sur y propietaria de los autobuses 2012 y 2510 de Costa Line.

Licenciados Susana Monterrubio Santana, directora jurídica de la empresa Estrella Roja del Sur y Jesús Alberto Lezama Sandoval, abogado de la empresa Estrella Roja del Sur, realizada el jueves 26 de mayo, en el salón de protocolo del edifico A.

Observaciones: Si bien asistieron los representantes legales de la empresa Estrella Roja del Sur, propietaria de los autobuses 2012 y 2510 de Costa Line, se negaron a proporcionar cualquier información de los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, aludiendo que esta ya fue proporcionado a las autoridades competentes y que no existe obligación jurídica de la empresa para proporcionar información a la comisión especial.

Resumen de las actas

Décima, el miércoles 9 de marzo

Víctor Manuel Silva Tejeda, secretario, pasó lista de asistencia mediante el registro de firmas, encontrándose el quórum legal para iniciar la sesión registrándose los siguientes diputados: María Guadalupe Murguía Gutiérrez, presidenta; Víctor Manuel Silva Tejeda, Cristina Ismene Gaytán Hernández, Roberto Guzmán Jacobo, José Alfredo Ferreiro Velazco, Arturo Alvarez Angli, integrantes; María Eugenia Ocampo Bedolla, Araceli Damián González, Víctor Manuel Sánchez Orozco, suplentes.

Resumen

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso aprobación de las actas correspondientes a reuniones anteriores.

- Del 28 de enero
- Del 3 de febrero
- Del 10 de febrero
- Del 16 de febrero

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del primer informe de actividades de la comisión.

5. Entrega de los documentos que se han recibido en la Presidencia de la comisión especial.

6. Asuntos generales.

Se aprobó el primer informe de actividades de la comisión especial

Undécima, realizada el 30 de marzo

Diputados asistentes: María Guadalupe Murguía Gutiérrez, presidenta; Cristina Ismene Gaytán Hernández, Roberto Guzmán Jacobo, José Alfredo Ferreiro Velazco, María Eugenia Ocampo Bedolla, Marbella Toledo Ibarra, integrantes; Silvia Rivera Carbajal, Cándido Ochoa Rojas, Araceli Damián González, Víctor Manuel Sánchez Orozco, suplentes.

Resumen

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta derivada de la décima reunión ordinaria del 9 de marzo de 2016.

4. Entrega de los documentos se han enviado y recibido en la Presidencia de la comisión especial.
5. Asuntos generales.

Se informó que se recibieron oficios en la Presidencia de la comisión especial, siendo los siguientes:

- Escrito de fecha 8 de marzo de 2016, por el que el licenciado Jesús Alberto Lezama, apoderado legal de la empresa Estrella Roja del Sur, manifiesta su disposición para asistir a esta comisión.

- Oficio del 9 de marzo de 2016, por el que la diputada Araceli Damián solicita a la Presidencia el poner a consideración de los integrantes la propuesta para proyectar en la Cámara de Diputados el documental denominado “Mirar, morir”, que aborda los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero. La propuesta es llevar a cabo la proyección del documental y posteriormente la instalación de un panel en el que estarían presentes personas de opinión como Trino Maldonado, autor del libro Ayotzinapa, el director Coitsa Greco y el productor Temoris Greco, así como la invitación a los integrantes de esta comisión especial.

Se acordó por mayoría de votos de los integrantes de la comisión, que la presentación de este documental no constituía una actividad propia de la comisión especial, y que para aquellos que decidieran participar en la proyección, en la mesa y en el panel de opinión, se informaría el día, hora y lugar del acto.

- Oficio por el que el secretario general del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Guerrero, toma nota y conocimiento de la solicitud que hicieron llegar a la comisión especial los familiares de Julio César Mondragón, señalando las deficiencias de operación de materiales que tiene el Juzgado Primero Penal, en Iguala, así como el compromiso que asumió la comisión especial, de hacerlo del conocimiento del Consejo de la Judicatura del estado, pidiendo que tome nota, conocimiento para que se puedan solventar las deficiencias en la operación.

- Escrito firmado por los 42 padres de familia de los normalistas, donde solicitan el que los padres y madres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos comparezcan ante el pleno de la Cámara de Diputados y que expongan la situación que guarda el estado de la desaparición de sus hijos.

Informó la Presidenta que el mismo día que este documento se recibió en la comisión especial, se turnó a la Junta de Coordinación Política a fin de que pudiera pronunciarse.

Duodécima, verificada el miércoles 27 de abril.

Diputados y diputadas asistentes: María Guadalupe Murguía Gutiérrez, presidenta; Víctor Manuel Silva Tejeda, José Alfredo Ferreiro Velazco, María Eugenia Ocampo Bedolla, Marbella Toledo Ibarra, integrantes; Silvia Rivera Carbajal, Cándido Ochoa Rojas, Araceli Damián González, Víctor Manuel Sánchez Orozco, suplentes.

Resumen

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la undécima reunión ordinaria, llevada a cabo el 30 de marzo y de la cuarta reunión extraordinaria del 6 de abril.

4. Entrega del segundo informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Comentarios.
5. Entrega de los documentos recibido en la Presidencia de la comisión especial.
6. Asuntos generales.

La presidenta entregó en un disco compacto, el segundo informe que presentó el 24 de abril el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el segundo informe, denominado “Informe Ayotzinapa II”, comentando que es para los integrantes de la comisión un documento fundamental, toda vez que el objeto de esta comisión especial es dar seguimiento a las investigaciones del grupo de expertos.

Decimotercera, realizada el 26 de mayo.

Diputados y diputadas asistentes: Víctor Manuel Silva Tejeda, integrante; María Guadalupe Murguía Gutiérrez, presidenta; José Alfredo Ferreiro Velazco, María Eugenia Ocampo Bedolla, Marbella Toledo Ibarra, integrantes; Araceli Damián González, Víctor Manuel Sánchez Orozco, suplentes.

Resumen

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la Propuesta del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Décima Segunda Reunión Ordinaria.
4. Entrega del documento de trabajo.

5. Reunión de trabajo con los representantes legales de la Empresa Estrella Roja del Sur y propietaria de los autobuses 2012 y 2510 de la línea Costa Line.

6. Asuntos generales.

La Presidencia, entregó y comentó que se había elaborado un documento de trabajo, para análisis, discusión y aportaciones.

Comentó que el documento busca, con un criterio objetivo de la información proporcionada por la PGR, así como de los informes del grupo interdisciplinario de expertos independientes.

Decimocuarta, llevada a cabo el 29 de junio de 2016.

Diputados y diputadas asistentes: Víctor Manuel Silva Tejeda, integrante; María Guadalupe Murguía Gutiérrez, presidenta; Cristina Gaitán Ismene, Víctor Manuel Silva Tejeda, María Eugenia Ocampo Bedolla, integrantes; Araceli Damián González, Víctor Manuel Sánchez Orozco, Cándido Ochoa Rojas, suplentes.

Resumen

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación de la propuesta de orden del día.
3. Lectura, discusión, y en su caso aprobación del acta correspondiente a la decimotercera reunión ordinaria del 26 de mayo de 2016.

4. Entrega del informe del caso Iguala, de la PGR.
5. Entrega del documento del trabajo actualizado al 29 de junio de 2016.
6. Asuntos generales
7. Clausura.

La presidenta informó que, el 8 de junio, la PGR publicó en su página de internet, un documento denominado Informe del caso Iguala. Este documento contiene información que en su momento fue requerida por la comisión especial a las instancias oficiales y de la cual no se había obtenido respuesta.

Informó que los aspectos relevantes fueron integrados en el documento de trabajo de la comisión especial, con la información tanto de PGR, como de GIEI.

Entregó el documento de trabajo actualizado al 29 de junio con las aportaciones de los grupos parlamentarios.

Decimoquinta, realizada el 28 de julio.

Diputados y diputadas asistentes: María Guadalupe Murguía Gutiérrez, presidenta; Víctor Manuel Silva Tejeda, María Eugenia Ocampo Bedolla, integrantes; Araceli Damián González, Cándido Ochoa Rojas, Silvia Rivera Carbajal, suplentes. Alfredo Ferreiro Velzaco (justificante).

Resumen

1. Registro de asistencia y declaración de quórum
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de orden del día
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación, del acta derivada de la reunión ordinaria del 29 de junio.
4. Entrega del documento de trabajo
5. Asuntos generales, y
6. Clausura.

Hizo del conocimiento de todos los integrantes, que el equipo de asesores de cada uno de los diputados ha estado trabajando en la conformación de un documento de trabajo en donde se ha venido vaciando la información respecto de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, contenidos en documentación proporcionada por la PGR, así como de los informes del grupo de expertos independientes.

Este documento durante dos sesiones de la comisión especial y reuniones de trabajo de los asesores se ha venido revisando, hasta alcanzar el consenso en los términos del documento que busca ser imparcial y objetivo con la información que ahí se vierte.

Hizo entrega a los diputados del documento tal y como había sido revisado por los asesores, para solicitarle que lo analicen y en su momento forme parte del informe de la comisión especial de los siguientes seis meses.

Se entregó el documento de trabajo para recibir aportaciones denominado inicialmente “Consideraciones al primer año de la comisión”.

Decimosexta, verificada el 17 de agosto.

Diputados y diputadas asistentes: María Guadalupe Murguía Gutiérrez, presidenta; Víctor Manuel Silva Tejeda, integrante; Araceli Damián González, suplente; Cristina Ismene Gaytán Hernández, Marbella Toledo Ibarra, integrantes; Cándido Ochoa Rojas, Silvia Rivera Carbajal, suplentes. Alfredo Ferreiro Velazco (justificante).

Resumen

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la decimosexta reunión ordinaria
4. Entrega de la propuesta de informe de actividades correspondiente al segundo semestre.
5. Análisis de los documentos de trabajo elaborados por la comisión. Informes PGR, GIEI y consideraciones al primer año de actividades de la comisión especial.

6. Asuntos generales.
7. Clausura.

- Se aprobó el acta de la decimoquinta reunión ordinaria celebrada el 28 de julio de 2016.

- Se les entregó la propuesta de informe semestral, a fin de que los integrantes lo revisaran y pudieran dar comentarios al respecto, y aprobarlo en la siguiente reunión ordinaria.

- La presidenta comentó que en la siguiente reunión se valoraría si se incluyen los dos documentos de trabajo de la comisión especial al informe o no.

- La diputada Cristina Gaytán Hernández pidió se incluyera una lista de todos los oficios que se han girado por parte de la comisión especial. También solicito, se incluyeran una lista de los acuerdos que se han alcanzado en la comisión especial, así como agregar un apartado, relativo a las entrevistas que han dado lo integrantes y la presidenta a los medios de comunicación.

- El diputado Cándido Ochoa Rojas, mencionó que haría llegar sus comentarios a la presidenta.

Acuerdos alcanzados durante el segundo semestre

• Décima reunión ordinaria, 9 de marzo de 2016.

Acuerdo: Invitar a reuniones de trabajo con las siguientes autoridades: maestro Jaime Rochín, comisionado presidente de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas; doctor Eber Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República; grupo interdisciplinario de expertos independientes; director del Hospital General de Iguala; director del Hospital Cristina; chofer del autobús Estrella Roja 3278, estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos; ex procurador licenciado Jesús Murillo Karam; ex secretario de Seguridad Pública de Guerrero.

• Decimotercera, 26 de mayo de 2016.

Elaboración de un documento de trabajo entre los asesores de todos los diputados integrantes de la Comisión, con la finalidad de obtener un documento con información objetiva que auxilie a los legisladores para tener un panorama completo de la información vertida por la PGR y el GIEI.

Invitación para una reunión de trabajo con el Doctor José Enrique González Ruiz, quien fue Presidente de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero.

• Decimoquinta, 28 de julio de 2016.

Invitación a una reunión de trabajo entre los familiares del normalista Julio César Mondragón Fontes y los integrantes de la comisión especial, con la Fiscalía General de Justicia del estado de Guerrero, con el personal de servicios periciales, personal del servicio médico forense del estado de Guerrero; los peritos de la Procuraduría General de la República que auxiliaron para hacer la segunda necropsia y al responsable del caso Iguala de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con motivo del reporte que la Comisión Nacional de Derechos Humanos que presentó en torno a los hechos relativos al estudiante normalista Julio César Mondragón.

Solicitudes de información e invitaciones a reuniones, durante el segundo semestre

1. Doctor Eber Omar Betanzos Torres, subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.

6 de abril de 2016.

Se proporcione los nombres y domicilios de los choferes de los siguientes autobuses:

1. Autobús Estrella Roja de Cuautla, número 3278.

2. Autobuses Estrella de Oro números 1531 y 1568.

3. Autobuses Costa Line números 2510 y 2012.

En proceso.

2. Doctor Eber Omar Betanzos Torres, subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.

6 de abril de 2016.

Se proporcione copia del tercer peritaje del incendio en el basurero de Cocula, Guerrero, así como su reporte técnico, entregado a la PGR el 31 de marzo del 2016.

De existir algún impedimento, le solicito una nota informativa del estudio de fuego presentado por el grupo de expertos en la materia, así como el proceso deliberativo entre el grupo de expertos que llevo al resultado del peritaje.

Se llevó a cabo una reunión el 13 de abril de 2016

3. Maestro Sergio Jaime Rochín del Rincón, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Oficio con fecha: 7 de abril.

Reunión con la comisión especial en relación con los hechos ocurridos en Iguala e información relativa a los hechos en comento.

Se llevó a cabo una reunión el 11 de abril, en las instalaciones de la CEAV.

4. Grupo interdisciplinario de expertos independientes.

15 de abril de 2016.

Solicitar nueva reunión de trabajo con los integrantes de la comisión especial.

Sin respuesta

5. Arely Gómez González, procuradora general de la Republica.

18 de abril de 2016.

A petición de la diputada Araceli Damián González, proporcione la versión completa el video rotulado como “26-09-2014 11-11-19-32 p.m.” el cual se encuentra integrado en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/871/2014 y fue grabado por el C4 de Iguala.

Sin respuesta.

6. Javier Ignacio Olea Peláez, Fiscal General de Justicia del estado de Guerrero.

Se solicitó se pueda llevar a cabo una reunión de trabajo con esa fiscalía, los integrantes de este órgano legislativo, los familiares de Julio Cesar Mondragón Fontes y los siguientes servidores públicos:

Peritos de la Fiscalía de Guerrero que participaron en la segunda necropsia de Julio Cesar Mondragón.

Peritos de la PGR, que auxiliaron a la práctica de esa necropsia

En proceso

Aplicación y destino de los recursos asignados por el Comité de Administración

De conformidad con lo establecido en el artículo 147 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el Comité de Administración ha proporcionado a esta comisión especial, desde su instalación en este Palacio Legislativo de San Lázaro, en el segundo piso del edificio H, los recursos financieros para el desempeño de las actividades encomendadas, de los cuales se ha hecho uso para llevar a cabo reuniones dentro y fuera de la Cámara de Diputados.

De la misma manera se informa que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 148, numerales 1 y 2, del mismo ordenamiento, ésta comisión especial cuenta con un secretario técnico, a fin de poder llevar a cabo las actividades inherentes a este órgano colegiado.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 7 de septiembre de 2016.

Segundo informe semestral de actividades

Diputados: Karina Padilla Ávila (rúbrica), presidenta; Arturo Álvarez Angli, Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica), José Alfredo Ferreiro Velazco, Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), María Eugenia Ocampo Bedolla, Víctor Manuel Silva Tejeda (rúbrica), Marbella Toledo Ibarra (rúbrica), Silvia Rivera Carbajal (rúbrica), Guadalupe González Suástegui, Héctor Javier García Chávez, Cándido Ochoa Rojas (rúbrica), Araceli Damián González, Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica), Ángel García Yáñez, Norma Edith Martínez Guzmán.

De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados

Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2016

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-8-1873 signado por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, entonces vicepresidenta de la Mesa directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 92987 suscrito por el general de brigada Diplomado del Estado Mayor Javier Cruz Rivas, subjefe operativo del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el cual atiende el punto de acuerdo relativo a la conmemoración del Día Mundial sin Automóvil.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica)

Subsecretario

Lomas de Sotelo, Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2016.

Ciudadano Licenciado Felipe Solís Acero

Subsecretario de Enlace Legislativo

Presente

Es grato dirigirme a usted, para enviarle un cordial saludo y manifestarle que en relación al “Día Mundial sin Automóvil”, a celebrarse el 22 de septiembre, esta secretaría de Estado, se sumará a citada conmemoración, emitiendo las disposiciones administrativas necesarias, a fin de que en el interior de esta secretaría se tomen las medidas correspondientes para formar parte de citada actividad.

Sin más sobre el particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Javier Cruz Rivas (rúbrica)

General de Brigada, Diplomado del Estado Mayor, Subjefe Operativo del EMDN

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2016.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-8-1873 signado por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, entonces vicepresidenta de la Mesa directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGV/FMD/l.3.-324/2016 suscrito por el maestro Fausto Muciño Durán, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante el cual informa sobre la atención brindada al punto de acuerdo relativo a la conmemoración del Día Mundial sin Automóvil.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica)

Subsecretario

Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2016.

Licenciado Felipe Solís Acero

Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos

Secretaría gobernación

Presente

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo me permito hacer referencia a su oficio SELAP/300/2084/16, a través del cual remitió para su atención, el Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el pasado 6 de septiembre, cuyo resolutivo segundo exhorta al a la dependencias y entidades de la administración pública federal a sumarse a la conmemoración del Día Mundial sin Automóvil, aconsejándose emitir las disposiciones administrativas correspondientes para que los vehículos oficiales no circulen el próximo jueves 22 del actual.

Al respecto, la Dirección General de Recursos Materiales, ha informado mediante oficio 5.3.2.1.-656, mismo que se adjunta, que se ha remitido mediante correo electrónico un comunicado a los coordinadores, directores y subdirectores de administración en cada una de las Unidades Administrativas Centrase así como en los Centros SCT, exhortándolos a que en la conmemoración del “Día Mundial del Medio Ambiente”, no se utilicen los vehículos oficiales asignados o particular y opten por utilizar el transporte público o no motorizado.

Sin más por el momento, me reitero a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Maestro Fausto Muciño Durán (rúbrica)

Director General de Vinculación

México, DF, a 15 de septiembre de 2016.

Maestro Fausto Muciño Duran

Director General de Vinculación

Presente

Hago referencia al oficio SELAP/300/2084/16, signado por el licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, mediante el cual a su vez da a conocer el oficio número DGPL 63-II-8-1873, por el cual la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunica a la Secretaría de Gobernación el acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión ce1ebrada el 6 del actual, cuyo contenido es:

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se suma a la conmemoración del Día Mundial sin Automóvil que se lleva a cabo el 22 de septiembre del presente año, y se exhorta a diputados, diputadas y trabajadores del Poder Legislativo a no utilizar automóviles particulares y optar por medios de transporte público o no motorizado. Siendo fundamental que la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieras de este Poder, así como las coordinaciones administrativas de cada uno de los grupos parlamentarios emitan las disposiciones administrativas correspondientes para que los vehículos oficiales no circulen dicho día. Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Senado de la República, al Poder Judicial de la federación, así como las dependencias y e1ltidades de la administración pública federal, a la de las entidades federativas así como a las municipales, a sumarse a la conmemoración del Día Mundial sin Automóvil, aconsejándose emitir las disposiciones, administrativas correspondientes para que los vehículos oficiales no circulen el 22 de septiembre, siempre y cuando no sean esenciales en la atención ciudadana o de emergencias.

Al respecto me permito comentar1e que a través de correo de fecha 15 de septiembre del corriente, se envió correo electrónico a los Coordinadores, Directores y Subdirectores de Administración de las Unidades Administrativas Centrales y Centros ser, a efecto de que tomando en cuenta el contenido del acuerdo transcrito, se difunda el mismo entre el personal de las Unidades Administrativas Centrales y o Centros SCT, exhortándoles que el 22 de septiembre de 2016, “Día Mundial del Medio Ambiente”, no utilicen su vehículo particular y opten por utilizar el transporte público no motorizado, para trasladarse; así también que los vehículos oficiales asignados a éstas, no circulen se os que sean esenciales en la atención ciudadana o de emergencias, adjuntando para pronta referencia mención.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Licenciado Francisco Javier Torres Delgado (rúbrica)

Director

Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2016.

Coordinadores, Directores, Subdirectores de Administración de las Unidades Administrativas Centrales y Centros SCT

Presente

Hago referencia al oficio SELAP/300/2084/16, signado por el licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, mediante el cual a su vez da a conocer el oficio número DGPL 63-II-8-1873, por el cual la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunica a la Secretaría de Gobernación el acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 6 del actual, cuyo contenido es:

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de lo Unión, se suma a la conmemoración del Día Mundial sin Automóvil que se lleva a cabo el 22 de septiembre del presente año, y se exhorta a diputados, diputadas y trabajadores del Poder Legislativo a no utilizar automóviles particulares y optar por medios de transporte público o no motorizado. Siendo fundamental que la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieras de este Poder, así como las coordinaciones administrativas de cada uno de los grupos parlamentarios emitan las disposiciones administrativas correspondientes para que los vehículos oficiales no circulen dicho día. Segundo. Lo Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Senado de la República, al Poder Judicial de la federación, así como las dependencias y entidades de la administración pública federal, a la de las entidades federativas, así como a las municipales, a sumarse a lo conmemoración del Día Mundial sin Automóvil, aconsejándose emitir las disposiciones administrativas correspondientes para que los vehículos oficiales no circulen el 22 de septiembre, siempre y cuando no sean esenciales en lo atención ciudadana o de emergencias.

Por lo anterior tomando en cuenta el contenido del acuerdo que nos ocupa, solicito a ustedes se difunda el mismo entre el personal de su Unidad Administrativa Central y o Centro SCT, a efecto de exhortarles que el 22 de septiembre de 2016, “Día Mundial del Medio .Ambiente”, no utilicen su vehículo particular y opten por utilizar el transporte público o no motorizado, para trasladarse; así también que los vehículos oficiales asignados a éstas, no circulen salvo aquellos que sean esenciales en la atención ciudadana o de emergencias.

Para pronta referencia se adjuntan los documentos mencionados en el presente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarte la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016.

Licenciado Gerardo Ruiz Esparza

Secretario de Comunicaciones y Transportes

Presente

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número DGPL 63-II-8-1873 la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunica a esta secretaría el acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 6 del actual, que a continuación transcribo:

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se suma a la conmemoración del Día Mundial sin Automóvil que se lleva a cabo el 22 de septiembre del presente año, y se exhorta a diputados, diputadas y trabajadores del Poder Legislativo a no utilizar automóviles particulares y optar por medios de transporte público o no motorizado. Siendo fundamental que la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de este Poder, así como las coordinaciones administrativas de cada uno de los grupos parlamentarios emitan las disposiciones administrativas correspondientes para que los vehículos oficiales no circulen dicho día. Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Senado de la República, al Poder Judicial de la federación, así como a las dependencias y entidades de la administración pública federal, a la de las entidades federativas, así como a las municipales, a sumarse a la conmemoración del Día Mundial sin Automóvil, aconsejándose emitir las disposiciones administrativas correspondientes para que los vehículos oficiales no circulen el 22 de septiembre, siempre y cuando no sean esenciales en la atención ciudadana o de emergencias.

Asimismo le acompaño para los fines procedentes, copia del documento al que me he referido y de la proposición del citad acuerdo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad, de mi consideración distinguida.

Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica)

Subsecretario

De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite los informes finales de las fichas de monitoreo y evaluación 2015-2016 de los programas presupuestarios a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor

Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2016.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

Por este medio me permito adjuntar el oficio número 113.2016.DGVP.273 suscrito por el licenciado Édgar Alejandro Guerrero Flores, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, por el que remite los informes finales de las fichas de monitoreo y evaluación 2015-2016 de los programas presupuestarios a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 28, fracción III, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016; así como a los numerales 10 y 27 del Programa Anual de Evaluación 2016, a efecto de que por su amable conducto, sea enviado a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Social de ese órgano legislativo.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como de los informes que en el mismo se mencionan.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica)

Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos

México, DF., a 21 de septiembre de 2016.

Licenciado Felipe Solís Acero

Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos

Secretaría de Gobernación

Presente

En cumplimiento a las obligaciones señaladas en el artículo 28, fracción III, del Decreto de presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016; así como a los numerales 10 y 27 del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2016, emitidos conjuntamente por las Secretarías de Hacienda y Crédito Pública y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; y de acuerdo con el cronograma del PAE 2016, adjunto me permito enviarle de manera impresa, los informes finales de las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2015-2016 de los programas presupuestarias a carga de la Procuraduría Federal del Consumidor:

Con fundamenta en los artículos 27 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la fracción II del artículo 48 del Reglamenta Interior de la Secretaría de Economía, así como el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicada el l de octubre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, me permito solicitarle que por su amable conducta se remita la información en comenta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social, así como a la Mesas Directivas de las Cámaras de Senadores y Diputadas del H. Congreso de la Unión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

Edgar Alejandro Guerrero Flores (rúbrica)

Director General de Vinculación Política

Del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, para promover y fortalecer en el sector salud la atención preconcepcional

Ciudad de México, agosto 26 de 2016.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

LXIII Legislatura de honorable Congreso de la Unión

Presente

En atención a su oficio DGPL 63-II-8-1259, de fecha 28 de abril año en curso, en el que comunica al licenciado José Reyes Baeza, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la promoción y fortalecimiento de la atención preconcepcional en el sector salud de nuestro país, me permito enviar a usted la nota que al respecto elaboró la Dirección de Comunicación Social de este instituto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.

Atentamente

Licenciada María Guadalupe Chacón Monárrez (rúbrica)

Prosecretaria de la Junta Directiva y Enlace Responsable con Legisladores Federales

Acuerdo

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, mediante el cual se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud (Ssa), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el ISSSTE para que en el ámbito de sus facultades, informen sobre las acciones y metas en torno a la mejora de atención médica preconcepcional que recibe la población, lo anterior con el objeto de contribuir en la reducción de la mortalidad materno-infantil y mejorar la salud reproductiva, así como a diseñar y aplicar una campaña nacional de información sobre la importancia de la atención preconcepcional, y las opciones que ofrece el sector salud en la materia.

Nota del ISSSTE

Para dar continuidad a las acciones, y alcanzar las metas propuestas en torno a la mejora de atención médica, el ISSSTE ha puesto en marcha diversos programas en las Clínicas de Medicina Familiar (CMF), los Hospitales Generales y Regionales y el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, entre otros:

• El programa de Atención Obstétrica, cuya estrategia central es la realización de la campaña para promover el parto eutócico, por tal motivo se han realizado dos videos para la promoción de la atención prenatal, promover el parto fisiológico y disminuir el número de cesáreas.

• La actualización de1 carnet Cuídame, en el que se incluye información que han sugerido los gineco-obstetras para prevención y atención de prenatal.

• Elaboración de trípticos con información que incluye datos de alarma y ventajas del parto natural.

• Infografía en los talones de pago para la atención del control prenatal y parto eutócico.

• Campañas de difusión en twiter y facebook sobre atención preconcepcional, cuidados durante el embarazo y su prevención en adolescentes (Se anexa frecuencia).

De la Secretaría de Desarrollo Social, mediante la cual remite las fichas de evaluación y monitoreo 2015-2016 de diversos programas a su cargo

México, DF, a 15 de septiembre de 2016.

Edmundo Javier Bolaños Aguilar

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presente

Hago referencia al numeral 27 del Programa Anual de Evaluación 2016 (PAE 2016), emitido en conjunto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en el que se establece que las dependencias y entidades que operen los programas y acciones federales de desarrollo social listados en el Anexo 2b deberán elaborar internamente una Ficha de Monitoreo y Evaluación, en el plazo establecido en el cronograma de ejecución y en el fomento que el consejo emita para tal efecto; que conforme al numeral 20 del PAE 2016, serán consideradas como la evaluación anual establecida en el artículo 78 de la Ley General de Desarrollo Social.

Al respecto, y en atención a los numerales 10 y 34 del PAE 2016, me permito remitirle las Fichas de Evaluación y Monitoreo 2015-2016 de los programas a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social que se enlistan a continuación, elaboradas por esta Dirección General en su calidad de área de evaluación ajena a la operación de los programas presupuestarios:

Asimismo, se remiten las posiciones institucionales a las fichas de monitoreo y evaluación, en las cuales queda asentada la opinión de las Unidades Responsables de Operación de los citados programas, así como la ficha técnica con los datos generales de la evaluación.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Paloma Merodio Gómez (rúbrica)

Directora General

Archivo.rar

De la Cámara de Senadores, mediante la cual remite veinte proposiciones con puntos de acuerdo por las que se solicita a la Cámara de Diputados que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017, considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios

Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incorporar una partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 destinada a la adquisición de medicamentos, insumos y equipo de laboratorio en cada uno de los estados del país, así como a incrementar los recursos destinados para este fin, con el objetivo de subsanar las deudas existentes con diversas empresas a nivel nacional e internacional y garantizar la salud de los mexicanos.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta

El que suscribe, senador Francisco Salvador López Brito, senador de la República por la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8o., numeral 1, fracción II, 108 y 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución en el cual se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a incorporar una partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 destinada especialmente a la adquisición de medicamentos, insumas y equipo de laboratorio en cada uno de los estados del país, así como también a incrementar los recursos destinados para este fin con el objetivo de subsanar las deudas existentes con diversas empresas a nivel nacional e internacional y garantizar la salud de los mexicanos, al tenor de lo siguiente:

Considerandos

De acuerdo al Estudio sobre el Sistema Mexicano de Salud 2016 presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en México a pesar de las diversas reformas a los servicios de salud aún se cuenta con una serie de desafíos importantes.1

- En primer lugar, el acceso a los servicios de salud tiene mucho que mejorar. México tiene 2.2 doctores por cada 1000 habitantes, por debajo del promedio OCDE de 3.3, y sólo una tercera parte del número de enfermeras por cada 1000 habitantes que el promedio de la OCDE.

- Asimismo, los pagos directos por servicios de salud, es decir los que salen de los bolsillos de las personas, siguen siendo muy altos en México con relación al promedio OCDE, lo cual refleja las dificultades para lograr un sistema de protección efectivo y con servicios de buena calidad.

- Otro desafío fundamental radica en que el Sistema Mexicano de Salud funciona como un grupo de subsistemas que operan de manera desconectada. Cada uno ofrece un nivel distinto de cobertura y precios, con resultados que también son muy desiguales. Asimismo, las personas no pueden elegir el tipo de seguro ni el proveedor de servicios, ya que éstos son predeterminados por su empleo, público, privado, formal, informal o inexistente.

Cada año, alrededor de una tercera parte de los afiliados al IMSS y al ISSSTE se ven obligados a cambiar de proveedor, de institución y de doctor, sencillamente porque su empleo cambió. Esta situación afecta la continuidad del cuidado médico, que es especialmente importante para personas con enfermedades crónicas como diabetes. También genera un desperdicio de recursos, ya que el mismo individuo debe recurrir a múltiples sistemas a lo largo de su vida, o incluso durante un solo proceso de tratamiento. En pocas palabras, con la estructura actual el sistema mexicano no logra una buena relación calidad/precio.2

Asimismo, para tratar de resolver esta situación, la OCDE, ha sugerido poner más énfasis en mejorar la calidad y resultados de los servicios de salud, así como como también, alinear los distintos ámbitos de atención y el servicio médico.3

Sin embargo, podemos decir sin dudas a equivocarnos, que el Sector Salud tiene otras áreas de debilidad de igual significancia, pues otro problema que se tiene que analizar de fondo y que no puede esperar por su magnitud, es la deuda que se tiene por parte de las distintas Entidades Federativas con los laboratorios farmacéuticos y proveedores de insumos, pues la cadena de abasto se ve seriamente afectada por el incumplimiento de las obligaciones de pago contraídas por diferentes dependencias instituciones del sector salud y entidades federativas, que persisten a la fecha y algunas tienen rezagos importantes.

El sector farmacéutico se ve amenazado por la falta del capital de trabajo generada por los retrasos en los pagos de los gobiernos Federal y Estatal que si bien la Ley les otorga el derecho de cobro de intereses sobre los adeudos no ha sido política de este gremio hacerlo sin embargo cada empresa se reserva la posibilidad de hacerlo o de demandar la terminación del contrato por el incumplimiento manifestado. Lo anterior, ha obligado a diversas empresas proveedoras a recurrir a instancias legales iniciales a fin de recuperar dichos adeudos, pero de continuar con esta situación el nuevo modelo de abasto pierde la sustentabilidad y desvirtúa los objetivos para los que fue creado.

De acuerdo a la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud, AC (ANDIS), el adeudo del sector farmacéutico presenta los siguientes datos:

• Los adeudos acumulados desde el año 2012 al 28 de marzo de 2016 suman $6’811,332,112.51 (seis mil ochocientos once millones trescientos treinta y dos mil ciento doce pesos 51/100 moneda nacional)

• El sector se ve amenazado por la falta del capital de trabajo generada por los retrasos en los pagos de los gobiernos Federal y Estatal, que si bien la Ley nos otorga el derecho de cobro de intereses sobre los adeudos, no ha sido política del gremio hacerlo.

• Lo mencionado ha obligado a diversas empresas proveedoras a recurrir a instancias legales iniciales a fin de recuperar dichos adeudos, pero de continuar con esta situación, el nuevo modelo de abasto –de suyo vanguardista– pierde la sustentabilidad y desvirtúa los objetivos para los que fue creado.

Las principales deudas que se tienen identificadas son las siguientes:

Aunque mucho se ha mencionado de los resultados de ahorros que el gobierno ha obtenido derivado de la Consolidación de Compras que ha encabezado el IMSS y por otras adquisiciones efectuadas por las demás Dependencias y Entidades, poco se ha hablado de la falta de pago de los compromisos adquiridos.

En la siguiente gráfica se muestra que a pesar de los pagos realizados en los meses de abril y mayo de 2016, en general se observan pagos que corresponden a adeudos del ejercicio 2015, sin embargo, se siguen acumulando deudas de insumas entregados en el ejercicio 2016.

De acuerdo a la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anfam), los estados de México y Veracruz son los que registran más adeudo a farmacéuticas y laboratorios, seguido de los estados de Tabasco, Jalisco y Sinaloa, por lo que este sector busca formas de negociar este impago y no afectar la calidad de vida de las personas. Un problema que observamos es que algunos Estados, no reconocen deudas de administraciones anteriores, tal es el caso como el gobierno de Tabasco y que tiene deudas de 2012 y que a pesar de las conciliaciones y demandas realizadas continúan afectando a las empresas con un adeudo de $20’605,910.77. El caso de Veracruz no ha reportado avances sustanciales en sus adeudos que al día de hoy suman $110’295,768.54.

Pese a que no sean han regularizado los pagos en los plazos contravenidos y en algunos casos hay dificultades administrativas para ingresar a revisión facturas de insumas entregados, las empresas proveedoras continúan abasteciendo los requerimientos de contratos vigentes con las diversas Instituciones y dependencias con niveles satisfactorios de abasto cumpliendo en lo posible con las condiciones contractuales de entrega de insumas médicos que los derechohabientes demandan.

El adeudo que se tiene a los distribuidores de medicamentos e insumas por parte de las entidades federativas asciende a 6 mil 811 millones de pesos, esto es un 17% menos que el registrado en el 2015, que era de 7 mil millones, ante lo cual se están emprendiendo acciones por parte de las farmacéuticas para demandar el atraso por pagos por parte de los estados y organismos del sector salud.

La ANFAM produce 60% de los medicamentos para las instituciones del sector salud y 16.5% para el sector privado, por lo cual, la suspensión del servicio, podría ocasionar serios problemas al sector. El límite para que el sector público les pagara los diversos contratos era de 20 días, y ya pasaron en algunos de .los casos más de 3 años sin que los estados e instituciones cumplan con esta obligación, situación que tiene molesto al sector farmacéutico que no ha podido conservar empleos e invertir en temas de innovación, tema que en su momento tiene costo beneficio para sector salud e impacta en mejorar rápida y eficazmente la salud del paciente.

A pesar de existir amplio conocimiento de este problema, no existe hasta el momento un acuerdo para finiquitar la deuda, para lo cual han propuesto tanto la ANAFAM y la Industria Farmacéutica, que los estados que adeuden a farmacéuticas no participen en los concursos de compras consolidadas de medicamentos del Sector Salud. 4

A continuación se describen las situaciones de algunos de los estados con mayor deuda:

Veracruz

El Secretario de Salud del estado de Veracruz, reconoció que se adeudan varios millones de pesos a 15 de los 60 laboratorios· con los que realizaron la compra consolidada de medicamentos, por lo que el Estado podría quedar fuera para 2017.

Existen desde el año 2014 grandes deudas que no han sido saldadas al momento y muchos laboratorios ya no están surtiendo productos al gobierno veracruzano. El gobierno de Veracruz se convirtió en uno de los estados con más deuda acumulada con la industria farmacéutica, al grado de que por falta de pago las distribuidoras dejaron de surtirle desde el año 2015. Por lo anterior la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud presentó una demanda contra la entidad por incumplimiento de contrato, siendo la manera en que la industria buscó cubrirse para evitar acciones de inhabilitación al dejar de surtir medicamento a Veracruz.5

Estado de México.

La Secretaría de Salud del Estado de· México adeuda alrededor de 1, 276,218 miles de pesos a la industria farmacéutica, para lo cual se iniciarán procesos para pagar este atraso, el cual se derivó de ajustes financieros por la transición anual, así como por la demanda de medicamentos, gastos de laboratorio y otros servicios que se han requerido en los últimos meses.6

Jalisco

El estado de Jalisco tiene una deuda aproximada de 798, 336 miles de pesos, con sus proveedores de medicamentos y material de laboratorio, lo que ha hecho muy complicada la operación en los hospitales del estado y recientemente se anunció que será despedido alrededor del10% de los cuatro mil empleados administrativos; es decir, hasta 400 burócratas, como una estrategia para disminuir gastos y poder cubrir las deudas que tiene la Secretaría de Salud

Sinaloa

Tan sólo el Hospital Pediátrico de Sinaloa (HPS), que cuenta con una plantilla de proveedores de 70, y que surten principalmente de sueros, jeringas, material de operación y medicamentos, se cuenta con un adeudo de 50 millones de pesos, en cifras indicadas por el Director del HPS. Adicional a esta situación, se menciona que la institución ha tenido recortes presupuestales cada año, situación que ha impedido el pago de deudas.

No es de sorprenderse que el abasto de materiales y la relación con proveedores se ponen en riesgo, aunque hasta el momento no ha habido consecuencias significativas, no hay que esperar a llegar a los peores resultados.7

Hoy en día, el estado de Sinaloa presenta una deuda de 531,440 miles de pesos, y no se cuenta con los recursos económicos para liquidarla ni seguir adquiriendo insumas. Cabe destacar, que en el 2010, el Sector Salud contaba con alrededor de 400 claves distintas de medicamentos, hoy en día existen alrededor de 1500, situación que ha requerido mayor control de logística, sin embargo, el presupuesto destinado para la adquisición de insumas no se ha incrementado de manera proporcional, lo que se ha visto traducido en un incremento sustancial del número de recetas distribuidas a través del Sector Salud, enfocadas principalmente en el control de enfermedades tales como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, etc.; que ya no pueden ser cubiertas en su totalidad.

Una posible solución que se ha empleado para contrarrestar esta problemática es la compra consolidada de medicamentos, que ha permitido ir transparentando éste y otros factores, sin embargo siguen existiendo innumerables lagunas presupuestarias.

Además, también las distribuidoras han permitido multiplicar los puntos de recepción. Antes cada institución (IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, PEMEX O SEDENA) tenían puntos estratégicos de recepción de productos, pero se fueron elevando y ahora suman ya 150 lugares diferentes en todo el país.

No obstante todo lo mencionado anteriormente, el pasado 24 de junio de este año, el Secretario de Hacienda y Crédito Público hizo un comunicado de un recorte de 31 mil 715 millones de pesos al gasto público, el cual es el segundo en el año, esto como un programa de ajuste restrictivo que tiene como objetivo encaminar las políticas gubernamentales hacia la austeridad; con esto se disminuye el gasto de gobierno para tratar de generar un superávit fiscal el año que entra, y es muy preocupante que los sectores más afectados son precisamente aquellos que más recursos necesitan como lo son:

• Salud: 6 mil 500 millones de pesos.

• Conacyt: 1,800 millones de pesos.

No sin olvidar que en febrero de este mismo año, se realizó un recorte también a la Secretaría de Salud por 2,062.6 millones de pesos y de 500 millones al ISSSTE, situación que es preocupante, pues al tratarse de uno sectores más vulnerables actualmente el no contar con los recursos necesarios deja en situación de riesgo a muchas personas. De tal manera, que a poco más de seis meses de transcurrido el 2016, el Sector Salud ha registrado alrededor de 8 mil 562.6 millones de pesos en la reducción de su presupuesto.

Es necesario reflexionar que este último recorte de 6 mil 500 millones de pesos es prácticamente la cantidad necesaria para hacer frente a las deudas que tiene el Sector Salud a nivel nacional con las farmacéuticas y laboratorios, y evitar que en unos años no haya los medicamentos necesarios.

Es momento de empezar a concientizarnos de la manera en la cual se ejercerá el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2017 y se tomen las medidas correspondientes para evitar que el adeudo siga a la alza y que en un momento determinado sea suspendido el suministros, el cual no tendrá otro resultado que mermar la calidad de vida de los mexicanos.

Por todo lo anterior, es que señalo la importancia de no seguir realizando recortes presupuesta/es cuando se conocen la carencias que se presentan en el sector salud, es momento de conocer nuestra realidad y sumar esfuerzos para garantizar que cada centavo que se otorgue sea ejercido de manera eficiente; e/ tomar en consideración estas advertencias permitirá llegar a una situación catastrófica en materia de salud.

Por todo lo anterior, propongo el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

Puntos de Acuerdo

Primero: El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a considerar a los medicamentos, insumos y equipo de laboratorio, como un tema de Seguridad Nacional para garantizar la salud de todos los mexicanos.

Segundo: El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, a incorporar una categoría especial en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 para etiquetar el presupuesto destinado para la adquisición de medicamentos, insumos y equipo de laboratorio en cada uno de los estados.

Tercero: El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, a considerar los adeudos existentes por parte de la Secretaría de Salud para el pago de medicamentos, insumos y equipo de laboratorio con el sector farmacéutico e incrementar el presupuesto destinado al Ramo 12 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 considerando los 6.811 millones de pesos para subsanarlo.

Notas

1 http://www.oecd.org/centrodemexico/presentacion-del-estudio-sobre-el-si stema-mexicano-de-sa1ud-2016.htm

2 http://www.oecd.org/centrodemexico/presentacion-del-estudio-sobre-el-si stema-mexicano-de-salud-2016.htm

3 http://www.oecd.org/centrodemexico/presentacion-del-estudio-sobre-el-si stema-mexicano-de-salud-2016.htm

4 https://codigof.mx/estado-mexico-veracruz-con-mayor-adeudo-farmaceutica s-anafam/

5 http://www.acropolisveracruz.com/veracruz-adeuda-a-industria-farmaceuti ca-laboratorios-vetan-al-gobierno/

6 http://www.hoyestado.com/2016/03/edomex-comienza-a-saldar-deuda-con-far maceuticas/

7 http://www.vivavoz.com.mx/columnas/voz-completa-eva-guerrero/
29373-los-desvios-en-el-seguro-popular-de-sinaloa.html

Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2016.

Senador Francisco Salvador López Brito (rúbrica)

Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Colegisladora a efecto de que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se contemple la asignación de al menos 200 millones de pesos para el Programa de Impulso a la Movilidad Urbana Sustentable en el ramo 15, “P-007 de Impulso a la Movilidad Urbana” de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta

El suscrito, senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, se contemple una asignación por cuando menos 200 millones de pesos para el Programa de Impulso a la Movilidad Urbana Sustentable en el Ramo 15, “P-007 De impulso a la movilidad urbana”, como parte de las necesidades presupuestarias de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para atender los rezagos en materia de movilidad urbana en las ciudades del país, mediante la planeación, diseño, implementación y evaluación de proyectos de transporte público y movilidad no motorizada; de conformidad a las siguientes:

Consideraciones

Mucho se ha dicho sobre la necesidad de la movilidad de las personas, al grado de concluirse como un derecho indefectible para la satisfacción de otras necesidades básicas y por lo tanto, un deber del Estado el garantizarla.

Sin embargo, tampoco es un tema que se pueda dejar para después, ya que de acuerdo con la inercia de crecimiento urbano de las últimas décadas, se prevé que para el año 2030 habrá más de 90 millones de habitantes solamente en las ciudades de las zonas metropolitanas del país y que en ellas circularán 70 millones de vehículos automotores (más del doble que en la actualidad).

Afortunadamente en esta administración, es una asignatura que fue incluida por primera ocasión en el vigente Plan Nacional de Desarrollo, conscientes de que es una materia que debe ser abordada de manera estratégica desde el ámbito de competencia de la Planeación.

Una de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, es fomentar una movilidad urbana sustentable con apoyo de proyectos de transporte público y masivo, que promueva el uso de transporte no motorizado, con la finalidad de transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos.

En este sentido, desde hace dos años, en la estructura programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos, se ha incluido el programa P-007, denominado de impulso a la movilidad urbana.

No obstante, si bien fue creado e incluido, no se le han asignado recursos, a pesar de ser indispensable para atender la grave problemática de movilidad urbana en las ciudades del país, ante la falta constante de implementación de proyectos de transporte público y movilidad no motorizada.

El programa tiene como objetivo ser un mecanismo competitivo para brindar asistencia técnica y financiera a los gobiernos estatales y municipales para la correcta planeación, diseño, implementación y evaluación de proyectos de transporte y movilidad sustentable.

Asimismo, financiaría proyectos piloto innovadores de movilidad urbana sustentable que impulsen gobiernos estatales, con alto potencial económico en ciudades de nuestro país.

La estructura programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, incluye al referido Programa, por lo que nos encontramos en el momento adecuado para asignarle al menos 200 millones de pesos a fin de atender los rezagos en materia de movilidad urbana en las ciudades del país, mediante la planeación, diseño, implementación y evaluación de proyectos de transporte público y movilidad no motorizada.

Conociendo las facultades constitucionales que en materia presupuestaria tienen diversos actores en su conformación y ante el acierto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno federal (SEDATU), en la creación del citado Programa “P-007 De impulso a la movilidad urbana”, con la finalidad de dar cumplimiento a sus objetivos que derivan del Plan Nacional de Desarrollo, es que se considera indispensable sumar esfuerzos para gestionar como prioritario desde el inicio de este proceso constitucional, la asignación de recursos presupuestarios al Programa de Impulso a la Movilidad Urbana Sustentable en el Ramo 15, como parte de las necesidades presupuestarias de la SEDATU.

Para ello, es ideal que con motivo y a colación de que el proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2017, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, el que se contemplen recursos en los términos descritos, sin menoscabo de otras asignaciones en la materia, pues se insiste, en el presente documento se aborda la urgencia de dotar recursos al Programa P-007.

Así las cosas, en resumidas cuentas la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable Asamblea, consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación de recursos en los términos planteados.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, se contemple una asignación por cuando menos 200 millones de pesos para el Programa de Impulso a la Movilidad Urbana Sustentable en el Ramo 15, “P-007 De impulso a la movilidad urbana”, como parte de las necesidades presupuestarias de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para atender los rezagos en materia de movilidad urbana en las ciudades del país, mediante la planeación, diseño, implementación y evaluación de proyectos de transporte público y movilidad no motorizada.

Dado en el salón de sesiones a los 13 días del mes de septiembre de 2016.

Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica)

Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incluir y aumentar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, el fondo del sur-sureste destinado al desarrollo de las entidades federativas que la integran, entre ellas, Tabasco.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo , 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta

Doctor Fernando Enrique Mayans Canabal, senador de la República integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 276 y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, me permito presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Los embates a la economía y al desarrollo social de mayor consideración, que se han provocado por la ausencia o falta de aplicación de políticas efectivas para un desarrollo sostenido, han tenido como destinatario a las entidades federativas que conforman la región sur-sureste.

Como se sabe, la Región Sur-Sureste de México está integrada por Campeche; Chiapas; Guerrero; Oaxaca; Puebla; Quintana Roo; Tabasco; Veracruz; y Yucatán.

Esta región comparte 1,149 kilómetros de frontera con Centroamérica (956 km con Guatemala y 193 km con Belice) y con el Centro y Norte del país, con Michoacán, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas.*

En cuanto a su población regional, representa el 28% del total nacional, es en su mayoría más joven que la del resto del país. En la región habita la mayor parte de la población indígena del país (68%).

En cuanto a infraestructura, la región presenta una débil conectividad entre los diferentes territorios que la conforman debido a una insuficiente y deteriorada red carretera, escasa red ferroviaria, marítima y aeroportuaria.

Como parte de la compleja fisiografía, la dispersión poblacional y la débil conectividad que limita la actividad económica, existen pocos motores económicos que llevan a condiciones de rezago social y pobreza.

Bien es conocido, que la región tiene importantes aportaciones al valor de dos actividades: la petrolera (actividad minera) y el turismo. El 84% del PIB de la minería que incluye la producción petrolera, proviene de la región, mientras que del total nacional del PIB de turismo, 54% corresponde al Sur-Sureste.

Por otra parte, las actividades preponderantes en la región son el comercio, servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, industria manufacturera y construcción, las cuales abarcan casi dos terceras partes del producto regional.

De esta forma, la riqueza regional está concentrada en tres entidades (Veracruz, Tabasco y Campeche con casi 50% del producto). La actividad económica no se refleja en suficientes fuentes de empleos.

En suma, la región concentra las mayores proporciones de población en condiciones de pobreza, escaso acceso a servicios de salud, vivienda e infraestructura, así como bajos ingresos y niveles de escolaridad. Siete de las nueve entidades de la región se ubican dentro de las diez con mayor rezago social a nivel nacional. De los 125 municipios del país con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH), 123 se encuentran en esta región. En cobertura de agua y drenaje (84.1% y 85%, respectivamente) se encuentra por debajo de la media nacional (91% y 90%, respectivamente).

La conjunción de estos factores, hacen que la Región Sur- Sureste sea la menos productiva y de mayor atraso del país, caracterizada por: trabajo informal; servicios financieros y acceso a financiamiento limitado; pocos incentivos para la generación de empresas; pequeños productores con sistemas de baja rentabilidad; alta dispersión poblacional con costos elevados de transporte; mala conectividad interregional; y, falta de capacidad de innovación.

3. Ante estas circunstancias de enorme desventaja económica y social de las entidades federativas que conforman esta Región y, con el objeto de estimular la competitividad y el equilibrio regional del país, la Cámara de Diputados aprobó desde 2014, la creación del Fondo de Desarrollo Sur-Sureste con una asignación de 500 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a efecto de que dichos recursos sean utilizados por 1,344 municipios beneficiarios para emprender proyectos de infraestructura y equipamiento, e impulsen mayor desarrollo económico.

4. El Fondo del Sur-Sureste, se encuentra previsto en el Artículo Octavo Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2016.

Concretamente, en el anexo 20, correspondiente al Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas, se establece que se prevé una asignación de 500 millones de pesos para dicho Fondo, en beneficio de los municipios de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Considerando, que:

I. Los lineamientos de operación del Fondo del Sur-Sureste, se publicaron el 29 de enero de 2016, en el Diario Oficial de la Federación.

II. Conforme a dichos lineamientos, el objeto de este Fondo es el otorgamiento de subsidios para sufragar, total o parcialmente, el costo de la elaboración de estudios, así como la ejecución de los programas y/o proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento.

Además, se dispone que: “los estudios, programas y/o proyectos de inversión apoyados con cargo a los recursos del Fondo, deberán estar orientados a desarrollar las capacidades competitivas territoriales de cada una de las entidades federativas de la región Sur-Sureste, a incrementar su capital físico o su capacidad productiva, así como a impulsar el desarrollo de las mismas”.

III. Desde el 27 de abril de 2015, se firmó un convenio entre la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), a través de la Comisión para el Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del Gobierno Federal, para ejecutar mediante 82 estudios técnicos y proyectos orientados a detonar el crecimiento de dicha Región.

IV. Dichos proyectos forman parte del Fondo Regional Sur-Sureste (Fonsur) 2014, entre los que destacan el Circuito Peninsular del Mundo Maya, el Libramiento Ferroviario de Mérida, la rehabilitación del ferrocarril Chiapas-Mayab; así como la modernización de la carretera 180 Villahermosa-Ciudad del Carmen-Champotón y la vía Villahermosa-Escárcega.

V. En junio de 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó a la Cámara de Diputados, la “Estructura Programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2017”, la cual en su anexo V.3., denominado “Modificaciones por ramo”, aparece eliminado el Fondo Sur-Sureste, dentro del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.

La Región Sur Sureste ha sido históricamente la más rezagada y, por esas condiciones adversas que aún no se superan, requiere de mayor atención y apoyo de la Federación, para detonar sus economías locales, sobre todo, de los estados que aportan más con su actividad industrial y petrolera a la riqueza nacional, tal es el caso, de los estados de Campeche y Tabasco.

Lo menos que podemos y debemos hacer, es seguir apoyando a esta noble Región, con el único objetivo de propiciar en ella, niveles de vida dignos.

Por lo antes expuesto, pido a la Presidencia de la Mesa Directiva someta como de urgente resolución, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, con el objeto de que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017, se incluya y se incrementen los recursos presupuestales del Fondo del Sur-Sureste (Fonsur), destinado al desarrollo y ejecución de estudios y proyectos de infraestructura y equipamiento para estimular la competitividad y desarrollo de las entidades federativas que integran dicha región, particularmente del estado libre y soberano de Tabasco.

Notas

* Programa Regional de Desarrollo del Sur–Sureste 2014-2018, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

* Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur–Sureste 2014-2018, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

* El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en variables sociales estadísticas; está compuesto por tres parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno. En 2010, el PNUD publicó un boletín con el cálculo del IDH para las treinta y dos entidades federativas del país. A través de este indicador se observan las condiciones presentes en la región Sur-Sureste.

Salón de sesiones del Senado de la República, a seis días del mes de septiembre de 2016.

Senador Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica)

Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para la terminación del tramo San Blas-El Fuerte-Choix, correspondiente al Eje Interestatal Topolobampo-Chihuahua y que es parte importante del denominado corredor comercial Dallas-Chihuahua-Topolobampo.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados I Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados los resolutivos primero y segundo; y a la Comisión de Comunicaciones del Senado el tercero de ellos.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta

Francisco Salvador López Brito, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 8,numeral 1, fracción II , así como el artículo 276, numeral 1 fracción I, del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Senado de la República la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en uso de sus atribuciones destinen los recursos necesarios para la terminación del tramo : San Blas- El Fuerte- Choix correspondiente al Eje Interestatal Topolobampo- Chihuahua y que es parte importante del denominado corredor comercial Dallas- Chihuahua- Topolobampo.

Consideraciones

El desarrollo económico de cualquier nación está ligado a su infraestructura; en el caso particular de nuestro país, tenemos importantes rezagos en materia de infraestructura que afectan la calidad de vida de la población, reduciendo la competitividad de su economía.

El papel que juega la infraestructura es fundamental para el desarrollo económico, cultural y social de cualquier nación, además de proveer el fundamento de la actividad económica del país en cuestión. Hoy existen las condiciones necesarias para el financiamiento de largo plazo de proyectos de infraestructura, tanto a nivel regional, como nacional.

De acuerdo al Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018, el sistema carretero del país está conformado por 377,659 km de longitud, dividida entre red federal (49,652 km), carreteras alimentadoras estatales (83,981 km), la red rural (169,430 km) y brechas mejoradas (74,596 km).

Uno de los elementos de la red carretera del Programa Sectorial, lo constituyen los 14 corredores carreteros que interconectan las cinco mesorregiones en que se divide el país, y que proporcionan el acceso y comunicación permanente a las principales ciudades, fronteras, centros turísticos y puertos marítimos, con una longitud total de 19 mil 245 kilómetros.

La infraestructura contribuye de manera decisiva a la integración nacional, al impulso del comercio entre los principales centros de producción y consumo, a la articulación de cadenas productivas y corredores industriales en diversos puntos del territorio nacional y al fortalecimiento de la actividad turística, aspectos todos ellos indispensables para fortalecer la productividad de las industrias y la competitividad de la economía en su conjunto.

Tanto el estado de Chihuahua como el de Sinaloa cuentan con una infraestructura importante, Chihuahua por su gran extensión territorial con 247 mil 455 Kilómetros cuadrados de superficie y una población de 3.4 millones de habitantes dispersa en la variada geografía del estado compuesta por cadenas montañosas, grandes llanuras y desiertos con amplias áreas casi deshabitadas; esta situación representa un reto para proporcionar las vías de comunicación que permitan enlazar los polos de desarrollo e incrementar la intercomunicación de las poblaciones.

Sinaloa está localizado al noroeste de México, a tan sólo 14 horas por carretera hasta la frontera de Estados Unidos. Su ubicación estratégica le otorga una ventaja de conectividad para la distribución de productos de Estados Unidos con destino a Asia y Centroamérica. El Estado tiene un área total de 59 mil Kilómetros cuadrados que representa el 3% del área total del país. Colinda al Oeste con el Océano Pacifico y el Mar de Cortés con 650 Kilómetros de costa.

Los estados de Chihuahua y Sinaloa durante varios años han pugnado por que se consolide el proyecto del Corredor Dallas – Chihuahua- Topolobampo como una estrategia de mejorar la comunicación entre regiones y la conectividad de la red carretera con el fin de promover el progreso de los distintos polos de desarrollo, aunque este proyecto ya tiene tramos terminados y otros en construcción, actualmente se encuentra pendiente la construcción del tramo: San Blas-Choix-El Fuerte, parte muy importante en este corredor.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones en Sinaloa el tramo correspondiente a el tramo San Blas- El Fuerte - Choix, en el presente año se modernizan 10.0 km con una inversión de 80.0 mdp, pendiente de modernizar 3.0 km de la ampliación a 12 m de dicho tramo con una inversión estimada de 30 millones de pesos.

Con la modernización del tramo carretero se beneficia aproximadamente a más de 22,000 habitantes de las cabecera municipales de Choix y El Fuerte; mediante el acceso a servicios de salud, educación y comunicación constante, mejoras en el nivel de servicio, ahorros en costos de operación vehicular, disminución considerable del tiempo de recorrido y mejoras en la seguridad de los usuarios, además, se generan ahorros en el transporte de bienes y productos.

Además de lo anterior, ambos estados comparten la visión de promover la conformación de una infraestructura portuaria con conectividad carretera y ferroviaria transversal, moderna y eficiente, que permita aprovechar la oportunidad estratégica que representa el acceso marítimo a la región de mayor dinamismo económico del mundo.

Hay que recordar que la conexión Topolobampo-Dallas facilitaría el comercio entre Asia, México y Estados Unidos, ya que el puerto es una alternativa portuaria ideal y que no ha sido explotada.

Asimismo, el camino ferroviario Topolobampo-Chihuahua-Ojinaga-Presidio-Dallas, es mucho más corto al ser un trayecto de solo 4 días, contrastando con los 8 días que actualmente se requieren para hacer el recorrido de Los Ángeles a Dallas generando con ello un impacto económico importante.

Por tal motivo, tanto el estado de Sinaloa como el de Chihuahua han buscado finalizar con los tramos faltantes que terminarían de unir por carretera de manera mucho más rápida a ambos estados, amén de los múltiples beneficios que conllevaría para ambos estados la terminación de los tramos faltantes.

En este proyecto hay un gran interés, ya que los poblados que existen en la ruta tendrán un beneficio directo de consolidarse la obra, es obligación de nosotros los legisladores promover el crecimiento de nuestras comunidades y una forma de hacerlo es contar con mejores vías de comunicación y acceso a las mismas.

Por lo anteriormente planteado, me permito someter a esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta y solicita atenta y respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la H. Cámara de Diputados, para que realice los esfuerzos necesarios para incorporar en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017los recursos necesarios para la terminación del tramo: San Blas-El Fuerte-Choix correspondiente al Eje Interestatal Topolobampo-Chihuahua.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el marco de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, consideren y destinen los recursos necesarios para la terminación del tramo San Blas-El Fuerte-Choix correspondiente al Eje Interestatal Topolobampo- Chihuahua.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que en ejercicio de sus facultades al momento de realizar la planeación y programación de su Programa de Infraestructura para el Ejercicio Fiscal 2017, consideren y destinen los recursos necesarios para la terminación del tramo: San Blas- El Fuerte-Choix correspondiente al Eje Interestatal Topolobampo- Chihuahua.

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016.

Senador Francisco Salvador López Brito (rúbrica)

Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2017, asigne mayores recursos al sector salud, con el objetivo de que la Secretaría de Salud reduzca el rezago en atención odontológica en México.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados el resolutivo; y a la Comisión de Salud del Senado los resolutivos segundo y tercero.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta

La senadora Andrea García García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, suscribe ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En conmemoración del Día Internacional de la Salud Bucodental, mismo que se celebra cada 12 de septiembre, debemos de recordar que la Organización Mundial de la Salud, OMS, define la salud bucodental como “la ausencia de dolor orofacial, cáncer de boca o de garganta, infecciones y llagas bucales, enfermedades periodontales, caries, pérdida de dientes y otras enfermedades y trastornos que limitan en la persona afectada la capacidad de morder, masticar, sonreír y hablar, al tiempo que repercuten en su bienestar psicosocial.”

Dicha organización señala que nueve de cada diez personas en el mundo, están en riesgo de tener algún tipo de enfermedad bucodental, así mismo, que en la infancia de países de cualquier nivel de desarrollo, entre el 60 y 90% de los infantes, presentan caries.

Lo anterior denota la falta de información y prevención en la población en general, en torno a la higiene bucal, por lo que la OMS recomienda generar hábitos saludables como:

• Cepillarse los dientes por lo menos dos veces al día con pasta dental con flúor;

• Usar hilo dental todos los días;

• Usar a diario un enjuague bucal con flúor;

• Tener revisiones regulares, a cualquier edad, desde la infancia;

• Evitar las bebidas gaseosas, jugos artificiales y bebidas energéticas;

• Evitar los dulces y las golosinas;

• Evitar la comida chatarra; y

• Evitar el tabaco y el alcohol.

En México, estadísticas de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), demuestran que 9 de cada 10 mexicanos padecen caries o enfermedad de las encías, que aproximadamente 70% de las personas menores de 18 años y 5 de cada 10 infantes mayores de 3 años, presentan enfermedades odontológicas.

Asimismo, 8 de cada 10 adultos mayores de 60 años de edad cuentan con solo 10 piezas dentales en promedio, lo que a su tiempo ocasiona problemas para masticar y otros que se derivan al sistema digestivo.

Por su parte la Secretaría de Salud, a través del Programa Nacional de Salud Bucal, destaca que en promedio a los 12 años de vida, la población mexicana cuenta con 2 piezas dañadas, a los 44 años, son 15 piezas y a los 65 años, son 17 piezas dañadas de un total de 32 piezas con las que debemos contar.

Todo lo anterior, se deriva de una falta de cultura de prevención y cuidado de la salud dental, debido a la problemático que lo anterior representa, en el Senado de la República se aprobó una Iniciativa con la cual se adiciona la fracción IV Bis, al Artículo 3º y se reforma la fracción I, del apartado B, del Artículo 13, ambos de la Ley General de Salud, con la finalidad de establecer la salud bucodental como materia de salubridad general y priorizar el tema, dicha propuesta se recibió como Minuta en la Cámara de Diputados, el pasado 10 de diciembre de 2015 y se encuentra pendiente de dictaminación.

Aunado a lo anterior, de acuerdo con el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, el Programa de Salud Bucal, tiene como misión, disminuir la carga de la morbilidad bucal en la población, a través de medidas para establecer , fortalecer y vigilar, políticas, estrategias y programas estatales e institucionales, así como evaluar las condiciones de la salud bucal y ampliar equitativamente la atención odontológica con ética, calidad y eficiencia para mejorar la calidad de vida de la población.

En el mismo tenor, la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SSA2-1994, Para la Prevención y control de enfermedades bucales, establece que derivado de su aplicación se busca optimizar y actualizar los servicios odontológicos del país, elevar la calidad y equidad de los mismos con énfasis en la prevención, la disminución de costos y la reducción, en la mayor medida posible, de los problemas derivados de la mala práctica, con el propósito de elevar la salud bucal y crear una nueva cultura.

No obstante, lo anterior, para poder brindar una adecuada atención es necesario que se revisen y adecúen los procedimientos de atención integral de la salud bucal, poniendo especial énfasis en los tiempos marcados para que los médicos realicen la revisión a los pacientes, los cuales son en promedio de 20 minutos.

La importancia de lo anterior se origina en el momento en el que los profesionales de la salud, en el caso de la salud bucodental, están en contacto con fluidos corporales, de los cuales previamente deben tener conocimiento para una adecuada atención y prevención de contagio.

Por una parte, existen los materiales desechables como agujas, eyectores de saliva, vasos, baberos, rollos de algodón, entre otros, mismos que se debe tener cuidado de desechar conforme al protocolo de manejo de residuos apropiado, con la finalidad de evitar contagios o infecciones, tanto para el personal de cualquier establecimiento de salud, como para el paciente siguiente.

Pero por otra parte, existen otros instrumentos que deben ser continuamente esterilizados con cada paciente, los tiempos de la esterilización pueden variar, de entre 60 minutos o más, si ésta es por medio de calor seco, o bien, de entre 3 a 10 minutos si es a base de calor húmedo.

Además del aspecto de esterilización, se deben tomar en cuenta otros factores como el tipo de tratamiento que se realizará al paciente, entre los cuales puede incluir alguno que requiera anestesia. Al respecto, en promedio de 2 a 5 minutos en hacer efecto, no obstante, hay pacientes que tardan más en reaccionar y por ende, no se les puede realizar la intervención, toda vez que puede salir lastimado, y se retrocede en lo que se busca promover, la cultura de la salud bucal, ya que las malas experiencias en este ámbito, es lo que ha provocado la ausencia en la prevención y revisiones periódicas para evitar enfermedades bucodentales crónico-degenerativas.

Aunado a lo anterior, los profesionales de la salud, trabajan a diario con diversos materiales que pueden poner en riesgo su integridad física, como el mercurio, que se utiliza para la realización de amalgamas.

Por lo que se considera que el protocolo con el que se cuenta para agendar las citas cada 20 minutos, resulta complicado y pone en riesgo tanto al personal que labora en los establecimientos de salud, como al paciente en turno siguiente.

Si se busca lograr promover y difundir una adecuada salud bucodental, es imperante que el Sistema Nacional de Salud, cuente con los establecimientos, insumos, instrumentos y tiempo adecuados, con la finalidad de cumplir con el objetivo de la Norma Oficial Mexicana en comento y del Programa de Salud Bucal.

Es por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los Artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, que se proponen los siguientes resolutivos:

Punto de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, a efecto de que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos Para el Ejercicio Fiscal 2017, se asignen mayores recursos al sector salud, con el objetivo de que la Secretaría de Salud a través del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, reduzca el rezago en atención odontológica en México.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a revisar y en su caso, actualizar los protocolos de atención de pacientes, en salud bucodental, con la finalidad de que los profesionales de salud cuenten con las instalaciones, instrumentos, insumos y tiempo necesario para brindar la atención adecuada.

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, con la finalidad de que valoren y en su caso, mejoren las Unidades de Medicina Familiar que cuentan con servicios de salud bucodental, en el estado de Tamaulipas, que carecen de instalaciones adecuadas en el área de Rayos X, entre otras circunstancias que pueden afectar la salud de los pacientes y de los profesionales de la salud.

Senadora Andrea García García (rúbrica)

Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada y Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para del año 2017, se creen las partidas presupuestarias necesarias y suficientes para la implementación y funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta

Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada y Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, senadores de la República del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 95 numeral 1, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2017, se creen las partidas presupuestarias necesarias y suficientes para la implementación y funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, lo anterior con base en las siguientes:

Consideraciones

El pasado 18 de julio fue promulgada la legislación secundaria que apuntala el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Como resultado de la participación de diversos actores, entre los cuales destacó la sociedad civil organizada, se logró crear un Sistema confiable, eficiente y robusto frente a las injerencias externas, minimizando las posibles vulnerabilidades y garantizando que la persecución de las conductas que constituyan corrupción sea implacable.

No obstante, en las consideraciones del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 no fueron incluidos los rubros necesarios para dotar al nuevo Sistema con recursos financieros para su funcionamiento, lo cual implica de facto la inutilización del Sistema y el estancamiento de los esfuerzos conjuntos de la sociedad y el gobierno para acabar con este cáncer que afecta a nuestra sociedad.

En este sentido, es necesario hacer una remembranza de la importancia que reviste este Sistema para la sociedad mexicana: de acuerdo con un informe presentado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, más de la cuarta parte de la población (26.4%) percibió la corrupción como uno de los tres temas de mayor preocupación en México durante 2014.

Por otra parte, un estudio elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (en adelante “CESOP”), revela que el 94% de la población considera que en nuestro país existe corrupción y el 89% dice que también existe impunidad, mientras que la justicia sólo existe para el 37%; una gran mayoría opina que existe mucha corrupción (85%), mucha impunidad (74%) y poca o nada de justicia (70%). El 57% de las personas creen que la corrupción ha aumentado en los últimos 12 meses, y que el gobierno ha tenido poco o nada de éxito en materia de combate a la corrupción (61%). Ante este problema, el 89% cree que es urgente que el gobierno y la sociedad se dediquen a combatir la corrupción.

Se han realizado también diversos estudios y análisis acerca de la permeabilidad y el nivel de aceptación del Sistema Nacional Anticorrupción en la población general. Sobre el tema en comento, el estudio más amplio fue el realizado por el CESOP, cuyos resultados demuestran que el 45% conoce o ha oído hablar del Sistema Nacional Anticorrupción y el 72% aprueba esta creación ya que lo considera necesario (83%). Poco más de la mitad (51%), considera que si? se disminuirá la corrupción con este nuevo sistema. Se considera que el Sistema Nacional Anticorrupción beneficia al país y a la población en general (74% en ambos casos).

Los datos antes enunciados confirman que el Sistema Nacional Anticorrupción cuenta con una gran aprobación ciudadana, y que existen grandes expectativas acerca de su impacto real contra la corrupción en México. Por ello, en el ejercicio de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, debe tomarse en cuenta que diversos órganos que integran el Sistema Nacional Anticorrupción entrarán en funciones desde el próximo año, en cuanto se confirmen los nombramientos de sus titulares.

Entre dichos organismos destacan: el Comité de Participación Ciudadana, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción, las Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la ampliación de las facultades y funciones de la Auditoría Superior de la Federación, entre otros.

Estos organismos no podrán ser operativos si no existen egresos programados para ellos, toda vez que se incurriría en un acto inconstitucional, al contravenir lo dispuesto por el artículo 126 de la Constitución, que al tenor literal dispone lo siguiente: “No podrá hacerse pago alguno que no podrá comprendido en el Presupuesto o determinado por la ley posterior”.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2017:

a) Proyecte y cree una partida presupuestal acorde con sus nuevas atribuciones y estructura orgánica, para la instalación y funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, en particular respecto al Comité de Participación Ciudadana y la Secretaria Ejecutiva del mismo;

b) Proyecte y cree, acorde con sus nuevas atribuciones y estructura orgánica, una partida presupuestal para la creación del programa de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en la Secretaría de la Función Pública y la Auditoria Superior de la Federación,

c) Proyecte y cree, acorde con sus nuevas atribuciones y estructura orgánica, una partida presupuestaria específica para la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción de la Procuraduría General de la República;

d) Proyecte y cree una partida presupuestal acorde con sus nuevas atribuciones y estructura orgánica, para la adaptación e instalación del nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y particularmente de sus Salas Especializadas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 14 de septiembre de 2016.

Diputados: Marcela Torres Peimbert (rúbrica), Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Daniel Ávila Ruiz (rúbrica), Martha Tagle Martínez (rúbrica).

Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incrementar el monto en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación en el Ramo 12, destinado al Instituto Nacional de Cancerología, para dar sustento al modelo integral de atención a pacientes con sarcoma.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta

El que suscribe, senador Francisco Salvador López Brito, Senador de la República, por la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8o., numeral 1, fracción II, 108 y 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo de obvia y urgente resolución en el cual se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incrementar la cantidad de 20,047,351.66 de pesos adicionales al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 en el Ramo 12, destinado al Instituto Nacional de Cancerología para dar sustento al Modelo Integral de Atención a Pacientes con Sarcoma, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De las enfermedades no transmisibles, que generalmente son crónicas, el cáncer es una enfermedad crónico-degenerativa de alta incidencia, que provoca a nivel mundial cerca de 8 millones de muertes al año (Organización Mundial de la Salud. OMS, 2015a y 2015d). 5.5 millones de dichas muertes son en países de ingresos bajos y medios.

El impacto que causa el cáncer no es sólo físico, también afecta la esfera emocional, representa una carga financiera para las familias y puede incluso mermar la economía de los países (NIH, 2015). Asimismo, las consecuencias son mayores en comunidades desfavorecidas cuyo acceso a los servicios de salud es limitado; esto genera un incremento en el gasto de bolsillo de la población enferma, para enfrentar los costos de la enfermedad y su duración, así como el traslado a los centros de atención de tercer nivel (FRA).

El sarcoma es un tipo de cáncer que se origina en ciertos tejidos como los huesos o los músculos. Los sarcomas de tejidos blandos se pueden originar en los tejidos adiposos, musculosos, nerviosos y fibrosos, así como en los vasos sanguíneos y los tejidos profundos de la piel; se pueden encontrar en cualquier parte del cuerpo, aunque la mayoría de ellos se desarrolla en los brazos o las piernas. Además, se pueden encontrar en el tronco, la cabeza y el área del cuello, los órganos internos y el área trasera de la cavidad abdominal (conocida como retroperitoneo).

De acuerdo a la última clasificación de la OMS en el 2013, se nombran 137 tipos de tumores en tejidos blandos y hueso.

Por lo anteriormente, el diagnóstico preciso de un sarcoma requiere de un conocimiento amplio de estas lesiones, apoyados en estudios de imagen y datos clínicos, e incluso de biología molecular (mutaciones o translocaciones genéticas específicas) ya que deben excluirse otro tipo de tumores como carcinomas y linfomas que pueden tener características de los sarcomas (Fletcher CDM, 2013).

Se localizan en un 43% de los casos en extremidades, 10% en tronco, 19% en vísceras, 15% retroperitoneal y el 9% en cabeza y cuello, el sitio más común de metástasis son los pulmones, aunque los STS (el STS es un tipo de cáncer poco frecuente con opciones limitadas de tratamiento) que, se originan en la cavidad abdominal, dan metástasis a hígado y peritoneo (NCCN, 2015). Las tres variables más importantes para el pronóstico de los pacientes con STS son: el grado histológico (determina la progresión y la probabilidad de diseminación), el tamaño y la localización del tumor primario (Keith M, 2007, Mendenhall WM, 2009).

Antes de los tratamientos multimodales, se reportaba una supervivencia global a 5 años en pacientes con STS de extremidades en todos los estadios de 50 a 60 %, y muerte de la mayoría de los pacientes por enfermedad metastásica, ésta última se hacía evidente a los 2 o 3 años del diagnóstico inicial en el 80% de los casos. Este panorama ha cambiado con el tratamiento por equipos multidisciplinarios reportándose actualmente tasas de control local por arriba del 90% (Cormier JN, 2004). En los países desarrollados la supervivencia del cáncer infantil ha mejorado en los últimos años, alcanzando el 81 %de todos los niños con cáncer y el 70 % de los niños con sarcoma. Esta mejoría de la supervivencia para el sarcoma pediátrico en los países de altos ingresos refleja la mejora del acceso a quimioterapia, cirugía y radioterapia, así como una mejoría en las técnicas de diagnóstico (Qadir I, 2012) En los países en vías desarrollo, los avances se han visto obstaculizados por las bajas condiciones socioeconómicas que dan lugar a un retraso en el diagnóstico y al abandono en la atención médica (Friedrich P, 2013)

De acuerdo a los reportes de la Organización Mundial de la Salud, la supervivencia global (analizada a 5 años de seguimiento) de los pacientes con sarcoma es similar en las regiones con economías y sistemas de salud desarrollados (Estados Unidos, Reino Unido y el Este de Europa), contrastando con zonas en desarrollo y economía emergente. Al comparar el mismo parámetro de supervivencia en la región de Centroamérica, se observa una menor supervivencia global para los tres tipos de sarcoma analizados (osteosarcoma, sarcoma de Ewing y rabdomiosarcoma), incluso a pesar de un menor tiempo de seguimiento (4 años). Otros estudios han mostrado que los factores pronóstico y el comportamiento tumoral son similares en ambas vertientes geopolíticas, acentuando aún más el papel de la carencia de recursos para la prevención, diagnóstico y tratamiento oncológico como el principal determinante de los peores desenlaces.

En México, más del 13% de las defunciones en la población de 20 años y más, durante el 2013, se debieron a algún tumor y de éstas, 93.6% a tumores malignos.i Tal es el caso de los sarcomas.

Dentro del apartado de diagnóstico del Plan Sectorial de Salud 2013-2018 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el mismo periodo, menciona que la tasa de mortalidad para las principales causas de muerte en entidades federativas de muy alto grado de marginación (México 2011), los tumores malignos es la tercera causa de muerte.

La presente administración tiene como objetivo dentro del mismo PND, cerrar las brechas existentes en salud entre los diferentes grupos sociales y regiones del país. Dicho Plan tiene entre sus metas un México incluyente con objetivos tales como el acceso a servicios de salud de calidad, impulsando la atención oportuna de neoplasias malignas.ii

En México, en el año 2003 se registraron 1,804 casos (1.64/100,000 habitantes-año) y 493 defunciones (0.8% del total de las muertes por causas malignas) (Meneses A., 2013). En el Instituto Nacional de Cancerología (Incan) se tratan al año alrededor de 114 casos nuevos de sarcoma. Las siguientes dos gráficas indican el perfil de los pacientes que son atendidos.

Si las metas y objetivos del Estado, además de las acciones de promoción y protección de la salud y de prevención de enfermedades, son las de proveer el acceso efectivo con calidad a servicios médicos de salud para asegurar que una enfermedad no prospere o retrase su desarrollo, la persona lesionada o con discapacidad reciba rehabilitación adecuada, el logro de estos objetivos implican que los sistemas de salud deben responder a las necesidades y expectativas de la población. Los objetivos mencionados podrán lograrse si se asegura el trabajo inter y transdisciplinario que asegure la calidad técnica, científica y profesional a través de modelos integrales de atención.

El Modelo Integral de Atención de Pacientes con Sarcoma, a llevarse a cabo en el Incan, permitirá, coadyuvar a alcanzar los objetivos y metas del PSS-PND, proporcionando acceso a tratamiento y adherencia terapéutica de todos los pacientes diagnosticados con sarcoma, así como la atención de los servicios complementarios, como atención psicooncológica y de rehabilitación física, que les permita mejorar su calidad de vida y evitar el abandono del tratamiento por falta de recursos económicos. El equipo interdisciplinario que llevará a cabo el modelo es el de la Unidad Funcional de Piel y Partes Blandas del Incan, el cual está conformado como se describe en la tabla a continuación.

El tratamiento para el sarcoma es multimodal. Cada paciente es evaluado y atendido de forma interdisciplinaria por el equipo médico y de profesionales del servicio. El tratamiento será indicado de acuerdo al estadio clínico (EC), en este sentido la estadística en el Incan es la siguiente:

• ECI 21%

• ECII 40%

• ECIII 24%

• ECIV 15%

Tratamiento EC I y II: Los sarcomas superficiales, localizados y de bajo grado que midan menos de 5 centímetros, son tratados con cirugía. Para aquellos de alto grado, menores de 5 centímetros. Superficiales o profundos además de cirugía se pueden indicar radioterapia adyuvante. Tratamiento EC III (extremidades): Se considera sarcomas localmente avanzados a aquellos en estadio clínico III (tumores de las extremidades mayores de 5 cm, de alto grado (G3) y por debajo de la fascia de revestimiento en los que por definición una cirugía radical anatómica o funcional estará indicada. La amputación es considerada en esta etapa aun cuando no ha demostrado mejorar la supervivencia.

La amputación tiene un impacto severo sobre la vida de los pacientes y sus familiares, conlleva pérdida de trabajo para el paciente y/o el familiar que se convierte en cuidador primario; se crea dependencia a los servicios de salud debido al impacto psicológico y de rehabilitación física. Los costos de las prótesis son altos, la funcionalidad difícilmente se recupera. Otro factor importante es el de la imagen personal, y cómo ésta se ve afectada en los pacientes amputados, siendo otra variable que incide en el aumento de ansiedad.

La preservación de la extremidad, a través del procedimiento de perfusión aislada de la extremidad, representa una posibilidad de mantener y mejorar la calidad de vida del paciente. Algunos beneficios son la reinserción en el ámbito laboral, conservar su autonomía y reducir niveles de ansiedad respecto de la imagen corporal, de por sí altos debido a variables tales como cubrir el costo del tratamiento, trasladarse de su lugar de origen para recibir tratamiento, además de los síntomas del padecimiento.

La perfusión aislada es un tratamiento en el cual mediante el aislamiento de los vasos de una extremidad se otorgan dosis altas de agentes quimioterápicos compartamentalizados exclusivamente a la extremidad, con el conocimiento del Factor de Necrosis Tumoral (TNF) la perfusión aislada fue ampliamente utilizada en varios centros de Europa con respuestas asombrosas.

El estudio de fármaco-económico de Tasonermina,iii elaborado recientemente, identificó que la incorporación de perfusión aislada de extremidad presenta una relación de costo-efectividad incremental (RCEI) muy atractiva para las instituciones públicas de salud en México, con respecto a la amputación. Usando un análisis conservador para el tratamiento de amputación, la RCEI por un Año de Vida Ajustado por Calidad adicional entre tasonermina y amputación equivale a $147,311, o menos que 1 PIB per cápita por paciente, menor a los tres PIB per cápita señalados por la OMS. Además, el tratamiento con PAE representó un aumento en la calidad de vida de 1.49 años de vida ajustados por calidad –es decir, 1.49 años en los cuales el paciente gozaría de una salud perfecta.

En cambio para el Tratamiento EC IV se requiere de quimioterapias de primera, segunda y tercera línea, con esquemas variados, indicados en guías y protocolos aprobados. Se han reportado tasas de recurrencia y supervivencia aceptables en pacientes con tumores extensos o de alto grado de malignidad tratados con una combinación de quimio-radioterapia concomitante y cirugía ulterior. La radioterapia se encuentra indicado en todos los pacientes con sarcomas de alto grado o aquellos tumores mayores de 5 centímetros.

La radioterapia forma parte fundamental del tratamiento para sarcomas de partes blandas, ya que ha demostrado disminuir la recurrencia local; se puede administrar de forma inicial, con la finalidad de reducir el volumen tumoral para permitir una cirugía exitosa, o bien, de forma adyuvante, cuando existen factores de riesgo alto para recurrencia. También se administra de forma paliativa en el caso de tumores irresecables o ante enfermedad metastásica a cerebro, hueso y tejidos blandos, principalmente. Para administrar radioterapia a un paciente, se requiere realizar un procedimiento llamado simulación, que significa una tomografía para obtener imágenes del volumen a tratar.

La rehabilitación permitirá al paciente desarrollar capacidades funcionales y psicológicas para activar mecanismos de compensación y ser autónomo. Un programa de rehabilitación física oncológica debe ser diseñado de manera individual, tomando en cuenta las condiciones físicas, la evolución de la patología, y características del paciente (edad, sexo, complexión, actividad, nivel socio-económico y cultural, sus creencias, etcétera). La rehabilitación consiste en un proceso destinado a alcanzar y mantener niveles óptimos de función física, sensorial, intelectual, psicológica y social. Brindando herramientas que se requieran para alcanzar la independencia y la autodeterminación. Por ser el cáncer una enfermedad que puede involucrar cualquier área del cuerpo, esta se puede adaptar según se requiera.

La rehabilitación en especial para este tipo de pacientes debe constar de medidas que permitan mejorar el estado físico y emocional. Un entrenamiento muscular permite ofrecer un programa de ejercicios físicos y mecánicos, adecuados a las posibilidades del individuo para mejorar su calidad de vida. Las técnicas son variables e individuales y se elegirán de acuerdo al diagnóstico y se realizarán las repeticiones, dependiendo de las indicaciones, contraindicaciones, estado de salud físico, edad, sexo y complexión del paciente. Los pacientes amputados entran en un programa de rehabilitación especial para el adecuado manejo de las ortesis y prótesis.

A de las psicooncología se ofrece a los pacientes atención psicológica permitiendo integrar al paciente en todas sus esferas (biopsicosocial), ayudándolo a comprender su enfermedad y su tratamiento para permitir tener la mejor calidad posible.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se considera que es necesario que el Incan cuente con 20.5 millones de pesos adicionales en el presupuesto para el período del 2017, dicho aumento coadyuvará a lograr los objetivos del Estado para proveer a los pacientes con atención médica de calidad, evitara el abandono de tratamiento por falta de recursos económicos de los pacientes, aumentando la tasa de sobrevida y en su calidad de vida. De alcanzarse los objetivos planteados dentro de este Modelo de Atención, y considerando que la edad de mayor incidencia del padecimiento es de los 40 a 60 años de edad, etapa laboralmente productiva, tendrá un impacto positivo en la economía familiar, social y del país.

Asimismo, es fundamental procurar la continuidad de este modelo durante los próximos tres años, garantizando los recursos económicos necesarios para ello, y evitar de este modo que los pacientes mueran por falta de acceso a tratamiento.

Por todo lo anterior, someto a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a designar y etiquetar $20, 047,351.66 pesos adicionales al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 en el Ramo 12, destinado al Instituto Nacional de Cancerología para dar sustento al Modelo Integral de Atención a Pacientes con Sarcoma y con ello brindar atención completa a los beneficiarios de este programa.

Referencias

* Global Cancer Facts & Figures, OMS, 2008

* Revista de Investigación Clínica. Vol. 64, Núm. 4. Julio-agosto, 2012, pp 322·329.

* Managing soft tissue sarcomas in a developing country: are prognostic factors similar to those of developed world? Qadir et al. World Journal of Surgical Oncology 2012, 10:188

* Pediatric Sarcoma in Central America: Outcomes, Challenges and Plans for lmprovement. Cancer. 2013 February 15; 119(4): 871-879.

* American Cancer Soclety: Cancer Facts and Figures 2016. Atlanta, Ga: American Cancer Society, 2016. Last accessed July 11, 2016. Disponible en: http://www.cancer.org/acs/groups/content/@research/documents/document/a cspc¬047079.pdf

* Wibmer C, Leithner A, Zielonke N, et al.: lncreasing incidence rates of soft tissue sarcomas? A population-based epidemiologic study and literature review. Ann Oncol 21 (5): 1106-11, 2010. [Pubmed Abstract]

* NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology; Bone Cancer; Version 2. 2016.

Notas

i htto://www .inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/cancer2016 O.pdf (recuperado 19 agosto 2016)

ii http://www.dged.salud.gob.mx/contenidos/dged/descargas/index/ps 2013 2018.pdf. (Recuperado el 19 de agosto del 2016 págs. 5, 47, 54)

iii Estudio farmacoeconómico de tasonermina (factor de necrosis tumoral Alfa l a) para el tratamiento del sarcoma irresecable de tejidos blandos en extremidades en la población mexicana. Subtítulo: Análisis costo-utilidad del uso de tasonermina en pacientes con sarcoma de tejidos blandos en extremidades contra amputación de la extremidad. Boehringer-Ingelheim. Agosto 2016

Ciudad de México a 12 de septiembre de 2016.

Senador Francisco Salvador López Brito

Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017 mayores recursos y no afectar los rubros presupuestales referentes a “Erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos indígenas” y el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, en específico a la atención a indígenas.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta

El que suscribe, Jorge Toledo Luis, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a efecto de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, se asignen mayores recursos y no sean afectados los rubros presupuestales referentes a “Erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos indígenas” y el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural sustentable, en específico a la atención a indígenas (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas).

Consideraciones

A raíz del compromiso internacional adquirido por parte de nuestro país, en la suscripción al Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por este Honorable Senado de la República el día 11 de junio de 1990, con vigencia a partir del día 05 de septiembre de ese mismo año, el Estado mexicano actualizó su marco normativo, con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El anexo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada el 13 de septiembre de 2007, sostiene en la motivación: “El hecho de que los pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido, ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses”.1

La Constitución y los instrumentos internacionales tienen como objetivo garantizar la protección de la diversidad étnica y cultural en nuestra nación, mediante la promoción de los derechos de identidad y de los derechos al desarrollo de los pueblos indígenas.

Este mandato establece un marco legal y de políticas públicas multi e interculturales vigente en México desde 1992, con adecuaciones en 2001,2 y aunque aún no ha permeado de manera transversal todas las estructuras del Estado, define la identidad pluricultural de la Nación y establece derechos básicos para el desarrollo de pueblos y comunidades indígenas y su participación en la vida nacional.

El 10 de junio de 2011 se publicaron dos importantes reformas que beneficiaron de manera directa y cambiaron el paradigma de los derechos humanos en nuestro país, plasmando el principio de progresividad de estos derechos inalienables, mediante la clara expresión del principio pro persona, colocando al Estado mexicano como garante de estos derechos humanos contenidos en la Carta Magna, como en los tratados internacionales, ratificados por el país.

El Estado mexicano al ratificar el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, se compromete entre otras cosas a asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.3

En este marco internacional adoptado por el país respecto a este nuevo paradigma constitucional, el país se obliga a garantizar que los pueblos indígenas y tribales gocen de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Así como la adopción en el marco legislativo nacional la cooperación con los pueblos indígenas, las medidas para garantizar a los trabajadores una protección en materia de contratación y condiciones de trabajo.4

La Carta Magna dedica un artículo completo a los pueblos indígenas y a la composición pluricultural del país.

El artículo 2o. constitucional precisa en el Apartado B: “La federación, las entidades federativas y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades...”

Así, se enumeran en el Apartado B una serie de políticas para abatir rezagos y carencias:

- Políticas para fortalecer las economías regionales y mejorar condiciones de vida (fracción I).

- Políticas educativas para garantizar el acceso a todos los niveles de escolaridad, impulso al bilingüismo, sistemas de becas y respeto a las culturas (fracción II).

- Políticas de salud que garanticen la cobertura de servicios, alimentación, nutrición y medicina tradicional (fracción III).

- Políticas de mejoramiento de vivienda y acceso a servicios básicos como electrificación, y agua potable (fracción IV).

- Políticas de género referidas a la salud, desarrollo productivo, educación y participación de las mujeres indígenas (fracción V).

- Políticas de que garanticen vías y medios de comunicación, como caminos y radiodifusoras (fracción VI).

- Políticas de producción que generen empleo e ingresos (fracción VII).

- Y políticas sociales específicas para migrantes, jornaleros, jóvenes, mujeres y niños (fracción VIII).

El mismo Apartado B indica: “Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas (...) la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben”.

Con todo este paquete de obligaciones que tiene el Estado mexicano en su conjunto, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de acuerdo con lo establecido por el artículo 2o. de la Carta Magna.

Esta importante instancia fue afectada por más de 41 por ciento en sus recursos por el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), igual que el rubro dedicado a erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos indígenas.

La ley de creación de la CDI le otorga facultades para incidir en la política presupuestal para abatir los rezagos y carencias de los indígenas, con lo que se pretende responder al compromiso del Estado mexicano con ellos.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 considera en la estrategia 2.2.3, “Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos”, y establece como líneas de acción

• Desarrollar mecanismos para que la acción pública dirigida a la atención de la población indígena sea culturalmente pertinente.

• Impulsar la armonización del marco jurídico nacional en materia de derechos indígenas, así como el reconocimiento y protección de su patrimonio y riqueza cultural, con el objetivo de asegurar el ejercicio de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas.

• Fomentar la participación de las comunidades y pueblos indígenas en la planeación y gestión de su propio desarrollo comunitario, asegurando el respeto a sus derechos y formas de vida.

• Promover el desarrollo económico de los pueblos y comunidades indígenas, a través de la implementación de acciones orientadas a la capacitación, desarrollo de proyectos productivos y la comercialización de los productos generados que vaya en línea con su cultura y valores.

• Asegurar el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en materia de alimentación, salud, educación e infraestructura básica.

• Impulsar políticas para el aprovechamiento sustentable y sostenible de los recursos naturales existentes en las regiones indígenas y para la conservación del medio ambiente y la biodiversidad, aprovechando sus conocimientos tradicionales.

• Impulsar acciones que garanticen los derechos humanos y condiciones de seguridad de los grupos indígenas que realizan migraciones temporales en el territorio nacional.

A mayor abundamiento, el Programa Especial de Pueblos Indígenas 2014-2018 señala: “El cumplimiento de la norma constitucional conlleva la obligación del Estado mexicano de impulsar y consolidar el reconocimiento y vigencia de los derechos de los pueblos indígenas lo que implica también hacer efectivos sus derechos culturales y sus derechos sociales a la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, el trabajo y a un desarrollo pleno de sus capacidades. Derechos e inclusión social son las directrices que orientan la política del gobierno federal hacia los pueblos y las comunidades indígenas”.5

México tiene un compromiso con nuestros pueblos indígenas, así como también tiene una deuda histórica ya que ellos han enfrentado condiciones de desigualdad, aunado a esto, considero, que con el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017 se afecta a nuestros hermanos indígenas, ya que se está sacrificando su desarrollo, con lo que el Estado mexicano está incumpliendo las metas y los compromisos planteados para los pueblos originarios.

En la propuesta de PEF hay una disminución de 10 mil 968 millones 138 mil 919 pesos destinado a las erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y las comunidades indígenas.

En 2016 se propusieron 85 mil 260 millones 364 mil 975 pesos; este año se destinan únicamente 74 mil 292 millones 226 mil 56 pesos.

Esta disminución vulnera a la clase más desprotegida y necesitada en nuestro país. Estos recortes han ido sumándose a lo largo del sexenio, y en la siguiente tabla, se destaca la vulneración que sufren algunos programas, a continuación se presenta un comparativo entre el monto asignado en el PEF de 2016 y la presentación del perteneciente a 2017:

Nota: Elaborada a partir del PEF de 2016 y el proyecto de PEF de 2017.

El impacto del recorte presupuestal que incide en los programas dirigidos a los pueblos y comunidades indígenas, es preocupante. Por ejemplo, en el ramo 08, “Agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación”, el Programa para la Productividad Rural queda eliminado, desapareciendo a sus componentes integrales como la infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua, Desarrollo de Zonas Áridas, Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, Desarrollo Comercial de la Agricultura Familiar, Atención a Siniestros Agropecuarios y Fortalecimiento a Organizaciones Rurales, de esta manera afectaría directamente a agricultores y ganaderos de las zonas rurales y periurbanas, y de manera indirecta a sus familiares y dependientes económicos y a la cadena productiva rural, la cual es necesaria e indispensable, en las comunidades y los pueblos indígenas.

El ramo 09, “Comunicaciones y transportes”, donde el año pasado se destinaron 6 mil 565 millones 159 mil 795 pesos, mientras que este año se destinaron sólo mil 977 millones 106 mil 656, con lo que se tiene una reducción de 70 por ciento del monto destinado, eliminando los proyectos de construcción de carreteras y reduciendo hasta en 50 por ciento el Programa del Empleo Temporal.

Esto complicará por completo las oportunidades de trabajo, traslado de personas, productos, servicios, pero lo más importante se vulneraría la posibilidad de tener una calidad de vida digna a nuestros hermanos indígenas, al evitar que puedan acortar distancias para poder estudiar o poder acudir a un centro de salud de manera pronta.

En cuanto al ramo 10, “Economía”, el único programa dirigido a la mujer indígena existente a nivel nacional, desaparecerá, me refiero al Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural, ya que se eliminan 23 millones 870 mil 142 pesos.

Respecto a este presupuesto se incumple el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que establece en la meta nacional “México Próspero”, en el objetivo 4.8, el desarrollo de los sectores estratégicos del país; y específicamente en la estrategia 4.8.4, “Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas”.8

Con ello se abre más aún la brecha de desigualdad y de discriminación a los indígenas y a las mujeres en particular, ya que de acuerdo a los resultados de la XII Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, las mujeres rurales tienen limitaciones en el acceso a la tierra, a los recursos naturales, a recursos públicos para apoyar la producción (crédito, asistencia técnica y tecnología) y a la educación. Asimismo, trabajan en condiciones precarias y sin garantía de los derechos laborales básicos.9

Otro ejemplo claro en la disminución del presupuesto para nuestros hermanos indígenas está en el ramo 11, a saber el “educativo”, en donde a partir del siguiente año desaparecerán los programas de educación y cultura indígena, así como el de Diseño de la Política Educativa, donde se dejará de asegurar la mayor cobertura, inclusión y equidad educativa, tratando de construir una sociedad más justa y también se tendrá una nula planeación respecto a las políticas en la materia.

Quiero destacar que en cuanto al ramo 15, dedicado al desarrollo agrario, territorial y urbano, éste ha sido impactado hasta 31 por ciento, teniendo una reducción en sus programas, el de infraestructura 43 por ciento y el referente a vivienda con 20.

A continuación se presenta un comparativo entre el PEF de 2016 y el de 2017 en el rubro de erogaciones Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural sustentable (millones de pesos):

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se ha visto afectada al ir teniendo cada año una disminución presupuestal destinadas a sus actividades, y lo más grave es la disminución de 11 mil 950 millones 950 mil pesos a tan sólo 5 mil 806 millones, con lo cual se tendrá un efecto perjudicial en esta comisión, dejándola con menos de 41 por ciento de su presupuesto respecto al del año pasado.

Esta disminución presupuestal de más de 40 por ciento dificulta a la comisión el poder ejecutar las acciones que la ley le establece en la atención de nuestros hermanos de los pueblos originarios.

Estoy seguro de que tendremos buena respuesta por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, ya que el presidente, licenciado Enrique Peña Nieto, tiene un especial interés en lograr la inclusión de nuestros hermanos indígenas.

Por ello, recientemente firmó el Convenio de Colaboración en el Estado de Hidalgo12 para fortalecer los programas de la CDI para dar cobertura a todos los indígenas mexicanos, lo cual es un gran impulso y una alentadora noticia.

Por lo expuesto, el que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, solicita a esta soberanía que se considere la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a efecto de que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 se asignen mayores recursos y no sean afectados los rubros presupuestales referentes a “Erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos indígenas” y el “Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural sustentable”, en específico a la atención a indígenas (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas).

Notas

1 http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf (Consultado el 12 de septiembre de 2016)

2 El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales, aprobado en 1989, dispone que los Estados suscribientes adopten las medidas internas necesarias para su aplicabilidad. Derivado de esto, en México han reformado los artículos constitucionales 4o. en 1992 y 2o. en 2001 en alineación con algunos de sus contenidos.

3 Ídem, artículo 2, 1.

4 Ídem artículo 3, 1.

5 http://www.cdi.gob.mx/programas/2014/programa-especial-de-los-pueblos-i ndigenas-2014-2018.pdf (Consultado el 12 de septiembre de 2016)

6 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2016.pdf (Consultado el 12 de septiembre de 2016)

7 http://ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2017/paquete/egresos/
Proyecto_Decreto.pdf (Consultado el 12 de septiembre de 2016)

8 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465 y en el Diario Oficial de la Federación en Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural, publicado el día 29/12/2015, consúltese en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421617&fecha=29/12/2015 (Consultado el 12 de septiembre de 2016)

9 Ídem.
10 Ídem (2016).
11 Ídem (2017).

12 https://agendahidalguense.com/2015/06/18/
entregan-el-presidente-enrique-pena-y-el-gobernador-francisco-olvera-importantes-apoyos-a-productores-de-leche-y-cafe/
(Consultado el 12 de septiembre de 2016)

Dado en el salón de sesiones, a 14 de septiembre de 2016.

Senador Jorge Toledo Luis (rúbrica)

Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en los trabajos correspondientes a la discusión, el análisis y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se contemple la incorporación del Fondo de Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta

La suscrita Yolanda de la Torre Valdez, senadora de la República e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta soberanía, una proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en los trabajos correspondientes a la discusión, el análisis y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2017 la incorporación del Fondo de Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Con fecha 21 de octubre de 2010, se presentó en la Cámara de Diputados durante los trabajos de la LXI una proposición con punto de acuerdo por el que se crea el “Fondo de Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad” para el Ejercicio Fiscal de 2011”, la cual fue aprobada en el pleno de la honorable Cámara de Diputados, convirtiéndose en la principal y actualmente única acción afirmativa para el acceso a la movilidad por parte de las personas con discapacidad.

Por tal motivo el honorable Congreso de la Unión aprobó en el Presupuesto de ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2011 la creación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público con un monto de 500,000,000.00 (quinientos millones de pesos 00/100), distribuibles entre las entidades federativas y el Distrito Federal.

Durante los ejercicios fiscales siguientes el fondo mantuvo vigencia asociado al Ramo 23 con la clave presupuestaria U0075. El 6 de Febrero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación se publicaron los “Lineamientos de Operación del Fondo de Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad” de los cuales se cita lo siguiente:

Capítulo I. Disposiciones Generales

1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto definir los criterios para la aplicación, seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia de los recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, los cuales tienen carácter de subsidio federal.

2. Los recursos se destinarán a programas y proyectos de inversión para promover la integración y acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte público e instalaciones abiertas al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.

Sin embargo en el Proyecto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 entregado hace unos días por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales correspondientes, el Fondo en comento, no ha sido reportado dentro de los documentos correspondientes, actualmente disponibles en la página de internet de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.1

La accesibilidad debe considerarse como un principio de acceso a los derechos y no como un privilegio de un grupo social. Las personas con discapacidad se encuentran en una severa desventaja en cuanto al acceso a sus derechos humanos y en consecuencia requieren acciones afirmativas que les permitan superar el rezago e incorporarse al desarrollo a través del acceso a sus derechos humanos. De acuerdo con el Artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la accesibilidad se considera de la manera siguiente:

Artículo 9

Accesibilidad2

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;

2. Los Estados parte también adoptarán las medidas pertinentes para:

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;

b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad;

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, órgano responsable de la evaluación sobre la implementación de la Convención, emitió una serie de recomendaciones derivadas del estado que guardan las políticas públicas, en materia de discapacidad; en el particular tema que motiva a esta proposición con punto de acuerdo se refiere lo siguiente:

Accesibilidad (artículo 9)

19. El Comité observa con preocupación que el marco legislativo existente en el Estado parte sobre accesibilidad para las personas con discapacidad no aborda todos los aspectos contemplados en el artículo 9 de la Convención. Al Comité? le preocupa también que el Estado parte no cuente con mecanismos específicos de evaluación del cumplimiento con la normativa de accesibilidad en todos los ámbitos considerados por la Convención.

20. El Comité recomienda al Estado parte:

a) Acelerar el proceso de reglamentación de las leyes en materia de accesibilidad en línea con el Comentario General No. 2 (2014) Articulo 9 Accesibilidad.

...

d) Diseñar e implementar un Plan Nacional de Accesibilidad aplicable al entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público;

De acuerdo al Comentario General número 2 (2014) artículo 9 Accesibilidad, se debe considerar que:

1. La accesibilidad es una condición previa para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones. Sin acceso al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, las personas con discapacidad no tendrían iguales oportunidades de participar en sus respectivas sociedades.

13. ...Es importante que la accesibilidad se aborde en toda su complejidad, incluyendo el entorno físico, el transporte, la información y la comunicación, y los servicios. La atención prioritaria ya no se centra en la personalidad jurídica y el carácter público o privado de quienes poseen los edificios, las infraestructuras de transporte, los vehículos, la información y la comunicación, y los servicios. En la medida en que los bienes, productos y servicios están abiertos al público o son de uso público, deben ser accesibles a todas las personas, independientemente de que la entidad que los posea u ofrezca sea una autoridad pública o una empresa privada. Las personas con discapacidad deben tener igualdad de acceso a todos los bienes, productos y servicios abiertos al público o de uso público de una manera que garantice su acceso efectivo y en condiciones de igualdad y respete su dignidad. Este enfoque se basa en la prohibición de la discriminación; la denegación de acceso debe considerarse un acto discriminatorio, independientemente de que quien lo cometa sea una entidad pública o privada.

14. ...La obligación de los Estados de proporcionar la accesibilidad es una parte esencial del nuevo deber de respetar, proteger y hacer realidad los derechos a la igualdad. Por lo tanto, la accesibilidad debe considerarse en el contexto del derecho al acceso, visto desde la perspectiva específica de la discapacidad. El derecho al acceso de las personas con discapacidad se garantiza mediante la estricta aplicación de las normas de accesibilidad. Las barreras que impiden el acceso a los objetos, instalaciones, bienes y servicios existentes que están destinados o abiertos al público se eliminarán gradualmente de forma sistemática y, lo que es más importante, con una supervisión continua, al objeto de alcanzar la plena accesibilidad.

25. La accesibilidad se relaciona con grupos de personas, mientras que los ajustes razonables se refieren a casos individuales. Esto significa que la obligación de proporcionar accesibilidad es una obligación ex ante. Por tanto, los Estados partes tienen la obligación de proporcionar accesibilidad antes de recibir una petición individual para entrar en un lugar o utilizar un servicio. Los Estados partes deben establecer normas de accesibilidad, que deben adoptarse en consulta con las organizaciones de personas con discapacidad y especificarse para los proveedores de servicios, los constructores y otros interesados pertinentes. Las normas de accesibilidad deben ser amplias y uniformes.

28. Los Estados parte están obligados a aprobar y promulgar normas nacionales de accesibilidad y a supervisarlas. En caso de no contarse con legislación sobre la materia, el primer paso es aprobar un marco jurídico adecuado. Los Estados parte deben proceder a un examen exhaustivo de las leyes sobre la accesibilidad para identificar, vigilar y resolver las lagunas en la legislación y en la aplicación.

29. Es útil generalizar el uso de las normas de accesibilidad que establecen los diversos ámbitos que han de ser accesibles, como el entorno físico en las leyes sobre construcción y planificación, el transporte en las leyes sobre transporte público aéreo, ferroviario, por carretera y acuático, la información y las comunicaciones, y los servicios abiertos al público.

Asimismo el Informe Mundial sobre Discapacidad 2011 publicado por la Organización Mundial de la Salud refiere que “El entorno público, y los sistemas de transporte y de información no son accesibles a todas las personas. La falta de acceso al transporte es un común denominador, que margina y limita a las personas con discapacidad a realizar actividades de la vida diaria en todos sentidos”.

Datos del Consejo Nacional de Evaluación de Política Social (Coneval), refieren que los hogares que cuentan con personas con discapacidad gastan en transporte entre el 9.32 por ciento y el 23.2 por ciento de sus ingresos, correspondientes a los deciles I y IX respectivamente.

En 2014 la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares, refiere que el decil I obtiene en promedio 7 mil 716.00 Pesos, es decir gastan aproximadamente 720 pesos en transporte, mensualmente.

Sin embargo actualmente no existen suficientes transportes accesibles para personas con discapacidad en áreas rurales y urbano-marginales, donde se concentra un mayor número de personas con discapacidad de acuerdo a los datos antes mencionados.

Es evidente que la flota de transporte accesible la mayoría de los municipios del país es inexistente, concentrándose solamente en las capitales y a su vez en rutas principales, dejando las rutas ramales que conducen a las colonias y barrios populares carentes de cualquier transporte accesible para las personas con discapacidad.

Obligando a las personas con discapacidad, a utilizar servicios de transporte de alquiler para acceder principalmente a la salud y negándoles la posibilidad del uso del transporte público de manera cotidiana, para acceder a la educación y al trabajo.

El rezago que actualmente enfrentan las personas con discapacidad, puede medirse comparativamente a través de la siguiente tabla que relaciona los datos publicados por Coneval en su Anexo Estadístico3 correspondiente al año de 2014.

Por lo que mantener esta acción afirmativa permitirá progresivamente a erradicar las desventajas que enfrentan cotidianamente las personas con discapacidad, para que puedan incluirse en igualdad de condiciones al desarrollo a través de los derechos humanos.

Considerar un subsidio para la compra de unidades de transporte accesibles nuevas, que beneficien a la población con discapacidad y sus familias, así como otros grupos sociales que requieren un transporte que considere el diseño universal como un parámetro básico para su operación no es un privilegio o una acción de discriminación positiva, sino por el contrario es responder afirmativamente a las necesidades de un sector poblacional que hoy día vive en el completo rezago del desarrollo.

Finalmente se cita el texto del párrafo quinto del artículo 56 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que a la letra dice:

Artículo 56.-No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la igualdad entre mujeres y hombres, al programa de ciencia, tecnología e innovación; las erogaciones correspondientes al desarrollo integral de los pueblos indígenas y comunidades indígenas y la atención a grupos vulnerables, salvo en los supuestos establecidos en la presente ley y con la opinión de la Cámara de Diputados.

Lo cual obliga al Estado Mexicano a mantener aquellos programas presupuestarios que tengan como objetivo la atención a grupos vulnerables, en particular las personas con discapacidad, para superar aquellas barreras que la sociedad ha construido principalmente por omisión y desconocimiento de las necesidades de las personas con discapacidad. Por lo que la Proposición con Punto de acuerdo exhorta a los actores involucrados en la discusión, análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación incorporar el “Fondo de Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad”.

Es por lo expuesto y de acuerdo a los artículos citados en el proemio que se presenta ante esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en los trabajos correspondientes a la discusión, el análisis y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2017 la incorporación del Fondo de Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, registrado en el Ramo 23, con un monto no inferior a lo asignado en el Ejercicio Fiscal actual.

Notas

1 Enlace: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-Presupuesto-y -Cuenta-Publica/PEF-2017

2 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, DOF: 02-05-2008, disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5033826&fecha=02/05/2008

3 Coneval, Anexo Estadístico 2014, disponible en:
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2014.aspx

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 14 de septiembre de 2016.

Senadora Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica)

(Turnada a la Cámara de Diputados. Septiembre 14 de 2016.)

Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación enviado por el Ejecutivo, a fin de evitar un nuevo recorte del presupuesto en salud.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta

El que suscribe, Francisco Salvador López Brito, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, presenta a consideración de esta asamblea como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a modificar el proyecto de Egresos de la Federación enviado por el Ejecutivo, a fin de evitar un nuevo recorte del presupuesto en salud, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La salud es un derecho constitucional, y los legisladores tenemos la obligación y el mandato de asegurar en la medida de nuestras posibilidades que las personas tengan acceso a los servicios de salud de manera eficiente y oportuna. El artículo 4o. constitucional, cuarto párrafo, indica: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá? las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”. Por ello es nuestra responsabilidad realizar acciones para salvaguardar este derecho.

Como es por todos sabido, México enfrenta enormes retos en materia de salud, retos que no sólo comprometen su viabilidad en el corto plazo, sino sobre todo a futuro. El principal factor es que estamos viviendo un proceso de transición tanto demográfica como epidemiológica, el cual demanda un sistema de salud con un enfoque prospectivo.

México experimenta una transición demográfica caracterizada por la disminución de la natalidad y el incremento de la esperanza de vida,1 lo cual significa un proceso de envejecimiento de la población que implicarían mayores presiones en el gasto público. “La OCDE ha llegado a la conclusión de que entre 2010 y 2060 el gasto público asociado a la salud y los cuidados de larga duración en México podría experimentar un crecimiento de entre 4.5 y 9.1 por ciento del PIB por arriba de las proyecciones para el promedio de los países miembros”.2 El problema no es la vejez, sino una vejez mal cuidada.

Por otra parte, la transición epidemiológica en México ha provocado que las enfermedades no transmisibles tengan un mayor peso porcentual en la carga global de enfermedad.3 Diversos estudios dan muestra que las enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus y los tumores malignos son las principales causas de mortalidad en el país. En 2010, las enfermedades no transmisibles fueron responsables de 85.2 por ciento de los años de vida asociados a discapacidad.4

El mismo gobierno federal está consciente del problema, pues en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 a la letra dice:

Los datos demográficos y epidemiológicos indican que las presiones sobre el Sistema Nacional de Salud serán cada vez mayores, poniendo en riesgo la sustentabilidad financiera de las instituciones públicas .

La presente administración pondrá especial énfasis en proveer una red de protección social que garantice el acceso al derecho a la salud a todos los mexicanos y evite que problemas inesperados de salud o movimientos de la economía, sean un factor determinante en su desarrollo.

Sin embargo, en los hechos esto no se ha logrado, pues si bien el gobierno federal ha realizado importantes acciones en materia de prevención, incluso reconocidas a nivel internacional, el problema radica en el momento de atender la enfermedad.

Como ejemplo, la OCDE en su documento Estudios de la OCDE sobre los sistemas de salud: México, 5 publicado en 2016, destaca los esfuerzos y las acciones de México para abordar la diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas a través de programas de salud pública y de política pública como el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria, el Consejo Nacional para las Enfermedades Crónicas, y la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.

Sin embargo, también destaca que “la prevención secundaria (es decir, la detección temprana y el tratamiento adecuado de las enfermedades crónicas) no se provee bien”. Para tal efecto, cita datos de la Ensanut indicando que los que “padecen hipertensión (un factor de riesgo importante y tratable para los accidentes cerebrovasculares y los infartos cardiacos), 47.3 por ciento no sabía que padecía esta condición. De quienes estaban conscientes, sólo 73.6 recibía tratamiento y menos de la mitad habían reducido su presión de manera adecuada.

Del mismo modo, de los que se saben diabéticos, 14.2 por ciento (casi 1 millón de mexicanos) no había visto a un doctor para una revisión rutinaria de su condición en el año último. Esto significa que el tratamiento de la diabetes es deficiente a nivel de la población: se encontró que 24.7 por ciento de los diabéticos tenía riesgos considerables de sufrir complicaciones, como accidentes cerebrovasculares, infartos cardiacos, insuficiencia renal o pérdida de la visión y 49.8 por ciento en muy alto riesgo”.

El anterior puede ser un ejemplo de muchos y es necesario tomar cartas en el asunto. Académicos, organizaciones nacionales e internacionales, grupos de pacientes, médicos, entre muchos otros coinciden en que México debe poner más atención al sector salud.

Luego entonces, estando consientes de la problemática, todos los actores posibles, resulta contradictorio que en menos de 3 años la salud en México haya sufrido recortes por más de 23 mil millones de pesos conforme lo anunciado por el gobierno federal.

No obstante, de acuerdo con datos de la Red de Acceso6 con base en información obtenida mediante de solicitudes de información a través del INAI, la reducción del gasto en salud desde 2013 ha sido mayor y sumamente preocupante, pues no se han ejercido los montos aprobados en los Presupuestos de Egresos, como se detalla a continuación:

i. 2013

• Aprobado: 121 mil 834 millones 654 mil 479.

• Final (modificado): 118 mil 899 millones 33 mil 447.

ii. 2014

• Aprobado: 130 mil 264 millones 761 mil 743.

• Final (modificado): 120 mil 828 millones 252 mil 636.

iii. 2015

• Aprobado: 134 mil 847 millones 592 mil 69.

• Final (modificado): 121 mil 772 millones 358 mil 745.

iv. 2016

• Presupuesto modificado: 132 mil 216 millones 881 mil 794.

• Recortes realizados: 8 500 mdp (un primer recorte de 2 000 mdp y posteriormente 6 500 mdp).

• Presupuesto final: 123 mil 716 millones 881 mil 794.

Asimismo, se ha insistido en que los recortes están destinados al gasto corriente, por lo cual no se afectarán los servicios de atención a la salud, sin embargo si se analiza el gasto corriente para el rubro “Desempeño de funciones” de acuerdo con el resumen de Programas Presupuestarios en Clasificación Económica elaborado por la SHCP se observa que para el caso del Seguro Popular el gasto corriente en el presupuesto aprobado para 2016, representó 97 por ciento, por lo que es posible afirmar que el recorte afecta directamente a los servicios de salud.7

Continuando con información proporcionada por la Red de Acceso, los recortes realizados en los últimos dos años han repercutido negativamente y de manera directa en los siguientes rubros:

• Programas preventivos;

• Atención de la salud;

• Claves de medicamentos;

• Infraestructura; y

• Capacitación y actualización médica, entre otros.

Lo anterior ha repercutido en menor calidad en la atención, menos medicinas, menos material de curación, menos plazas, menos investigación, menos infraestructura.

La Red de Acceso señala que los recortes redujeron el presupuesto de 24 centros de atención de los 3 niveles, de los cuales, los más afectados son el Instituto Nacional de Cancerología, el hospital general Doctor Manuel Gea González, el hospital regional de alta especialidad Ixtapaluca y el Instituto Nacional de Nutrición.

En mi calidad de médico profesional y sobre todo como presidente de la Comisión de Salud, he constatado de primera mano que la falta de atención a la salud provoca mermas muy importantes en nuestra sociedad. He recibido a un sin número de organizaciones de pacientes y médicos, que por separado y en conjunto buscan soluciones para distintos tipos de enfermedades.

Estoy en condición de afirmar que de manera general, independientemente del tipo de enfermedad que se trate, hay tres denuncias que se realizan de manera recurrente.

1. Deficiencias en el diagnóstico de enfermedades (se diagnostica mal o tarde);

2. En caso de que ya haya un diagnóstico, no se le da atención adecuada a la enfermedad por falta de recursos humanos o materiales o de infraestructura; y

3. El argumento de las instituciones de salud es que no hay dinero para atender mejor la enfermedad.

Si bien es de reconocer que las finanzas de México están atravesando por momentos complicados, es fundamental tomar conciencia de que un país que pretende consolidarse a futuro no puede permitirse afectar ciertas áreas, y la salud es una de ellas.

México no puede permitirse comprometer el porvenir: una mala decisión hoy en salud afectará a varias generaciones, pues por grave que sea el problema financiero, si la población no tiene salud, no podrá trabajar para resolverlo.

Por todo lo anterior someto a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados, y en particular a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a modificar con base en sus facultades la propuesta de proyecto de Egresos de la Federación a fin de destinar para el ramo 12, “Salud”, un monto que al menos sea igual al aprobado para el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016.

Notas

1 Murayama, Ciro; y Ruesga Santos. Hacia un sistema nacional público de Salud en México, Instituto Belisario Domínguez, 2015, página 33.

2 Ibídem, página 36.

3 ibídem.

4 Ibídem.

5 https://www.oecd.org/health/health-systems/
OECD-Reviews-of-Health-Systems-Mexico-2016-Assessment-and-recommendations-Spanish.pdf

6 Iniciativa que forma diversas organizaciones en pro de la salud.

7 http://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF/2016/docs/12/r12_ppcer.p df

Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2016.

Senador Francisco Salvador López Brito (rúbrica)

Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presente

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se realicen los esfuerzos necesarios para que los Fondos Metropolitanos del país no se vean afectados con reducciones presupuestales.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto cuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta

El suscrito, senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que se realicen los esfuerzos necesarios para que los Fondos Metropolitanos del país no se vean afectados con reducciones presupuestales, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

La importancia de las zonas metropolitanas de México, es tal que concentran 57 por ciento de la población urbana de México y generan aproximadamente 76 por ciento del producto interno bruto nacional.

La regla general de las zonas metropolitanas, es que su conformación se realizó cuando dos o más ciudades se volvieron un solo paño. Esto generó complicaciones, pues cada municipio otorgaba sus propios tratamientos a su ciudad.

Por ello, la metropolización fue un avance considerable, a efecto de lograr la coordinación necesaria para que los problemas de las ciudades fuesen atendidos de manera integral y lo más homogénea posible. Para el caso presupuestal, es así que ahora contamos con los denominados Fondos Metropolitanos, para la realización de inversiones y obras de infraestructura comunes.

Lamentablemente, según se informa, los recortes al gasto federal proyectados para el año siguiente, afectarían dichos Fondos Metropolitanos de una manera más que grave, hasta 70 por ciento de la bolsa de recursos para obra en la metrópoli. De 10 mil 400 millones de pesos a apenas a tres mil 240 millones para todas las zonas metropolitanas del país.

Situación más que grave, pues es a través de estas bolsas económicas donde se puede materializar una visión global para gobernar, sustentada en la “intermunicipalidad”, donde se puede mejorar y ampliar la infraestructura urbana de una manera coordinada y con estrategias comunes.

Para ello, es ideal que con motivo y a colación de que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, el que se realicen los esfuerzos necesarios para evitar disminuciones a los Fondos Metropolitanos.

Así las cosas, en resumidas cuentas la propuesta que me permito traer a respetuosamente a nuestra colegisladora para se realice un esfuerzo, sabemos que es difícil, la “cobija” nunca alcanza, pero afectar estos fondos va en detrimento directo de 64 millones de mexicanos que habitamos en alguna de los áreas metropolitanas del país.

Considero que si no es posible incrementarlos, que cuando menos se mantengan sin reducciones.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, se realicen los esfuerzos necesarios para que los Fondos Metropolitanos del país no se vean afectados con reducciones presupuestales, bajo la visión de que si no es posible incrementarlos, que tampoco se vean disminuidos.

Ciudad de México, a los 20 días del mes de septiembre de 2016.

Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica)

(Turnada a la Cámara de Diputados. Septiembre 20 de 2016.)

Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el anexo transversal “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes” del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, la asignación de recursos presupuestales para dar cumplimiento a lo que establecen los artículos décimo primero y décimo segundo transitorios de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de adecuación e implementación de los centros de asistencia social.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta

La suscrita, senadora Martha Elena García Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que en el uso de sus facultades constitucionales y lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes consideren en el anexo transversal “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes” del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, la asignación de recursos presupuestales para dar cumplimiento con lo que establecen los artículos décimo primero y décimo segundo transitorios de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de adecuación e implementación de los centros de asistencia social al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA)1 , establece para el Estado mexicano diversos compromisos institucionales que las autoridades en los tres niveles de gobierno deben llevar a cabo con la finalidad de dar cumplimiento a los Tratados y Convenciones Internacionales suscritas y ratificadas por nuestro país, en especial, lo dispuesto por la Convención sobre los Derechos del Niño y con ellogarantizar el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos.

La LGDNNA crea el Sistema Nacional de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes, como la instancia rectora en la materia, encargada de establecer los instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

De igual manera, la ley contempla la creación de Procuradurías de Protección, dentro de la estructura del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, quienes son los encargados de la protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados y la debida determinación, coordinación de la ejecución y seguimiento de las medidas de protección integral y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Las Procuradurías deben establecer contacto y trabajar conjuntamente con las autoridades administrativas de asistencia social, de servicios de salud, de educación, de cultura, deporte y con todas aquellas que sean necesarias para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Uno de los grandes avances que mandata la LGDNNA es una serie de criterios normativos para fortalecer el trabajo realizado por los Centros de Asistencia Social, entendiéndose por estos: cualquier establecimiento, lugar o espacio de cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar que brindan instituciones públicas, privadas y asociaciones.

Los alcances de la reforma señalan las condiciones mínimas que deben cumplir estos centros para garantizar la atención integral y oportuna a la infancia y a la adolescencia, en términos de accesibilidad, medidas de seguridad, protección y vigilancia periódica, así como los requisitos que garanticen la alimentación, la salud, la protección jurídica, la asistencia social y de cada uno de los derechos contenidos en esta ley y la Ley General de Salud.

Las reformas inmersas en la LGDNNA relativas a los centros de asistencia social, respondieron a una problemática de violencia, maltratos físicos y psicológicos, explotación, abusos sexuales, condiciones de hacinamiento, entre otras circunstancias, en las que viven niñas, niños y adolescentes y en general como una respuesta para abordar las demandas y la situación de desamparo y abandono de la infancia y la adolescencia en estos espacios.

La LGDNNA previó en su artículo sexto transitorio la constitución de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a partir del siguiente ejercicio presupuestal a la publicación de la Ley General, es decir, para el ejercicio fiscal 2016, debiendo para tales efectos que el Sistema DIF realizará la reforma correspondiente a su Estatuto Orgánico. Este último, actualmente ya establece en su artículo tercero, la estructura orgánica con la que se cuenta para el despacho de los asuntos de su competencia, entre las cuales se encuentra la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El Estatuto precisa en su artículo 17 las facultades otorgadas para su funcionamientos, siendo la marcada con la fracción XII la que prevé la supervisión del funcionamiento de los centros de asistencia social y, en su caso, ejercer las acciones que correspondan por el incumplimiento de los requisitos que establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y demás disposiciones aplicables; facultad que a su vez fue atribuida a la Dirección General de Autorización, Registro, Certificación y Supervisión de Centros de Asistencia Social, en coordinación con las áreas correspondientes de las Procuradurías de Protección de las entidades federativas, de conformidad con el artículo 32 fracción II, VII y VIII del Estatuto referido.

El 26 de mayo de 2016, se expidió el Acuerdo por el que se emite el Protocolo de Supervisión a Centros de Asistencia Social2 por parte de la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Este acuerdo deriva de lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la LGDNNA, los cuales señalan que las procuradurías de protección de las entidades federativas en coordinación con la Procuraduría de Protección Federal, serán las autoridades competentes para autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social sean públicos, privados o asociaciones, destinados a brindar los servicios de acogimiento residencial, cuidado, protección y atención integral a niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad para lo cual conformarán el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social.

Aunado a lo anterior, el artículo 58 del Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, prevé que la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes emitirá los protocolos y procedimientos de actuación para su participación en las Visitas de Supervisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley General de la materia, a fin de que en colaboración con las Procuradurías de Protección de las entidades federativas, se realice la supervisión a los Centros de Asistencia Social. En este contexto, es que este el Protocolo de Supervisión establece los criterios, procedimientos y visitas de supervisión que se realizarán a los Centros de Asistencia Social.

De igual forma, la Procuraduría Federal emite diversos acuerdos que complementan el anterior para la operación de los Centros. Tales como el Acuerdo por el que se determina información adicional para la administración, operación y actualización del registro de las certificaciones otorgadas a una familia para fungir como familia de acogida3 , el acuerdo por el que se requiere información complementaria para asegurar y preservar el interés superior de la niñez, para las familias interesadas que soliciten a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes la autorización para constituirse como familia de acogida y contar con la certificación correspondiente4 , entre otros.

De acuerdo con el Censo de Alojamientos de Asistencia Social del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)5 , en México se han identificado 5939 alojamientos de asistencia social, de cuales, fueron censados 4700 (es decir, 79.1 por ciento del total de ellos), de estos, 96.1 por ciento cuentan con población residente y 3.9 por ciento se encuentran en operación pero el momento del censo carecían de población.

Entre los resultados, se identificó que 41.2 por ciento de los Centros de Asistencia Social tienen como fuente de mantenimiento recursos gubernamentales6 .

Asimismo, las casas hogar cuentan con una población de 25,667 niñas, niños y adolescentes menores de 18 años de edad siendo el grupo de 10 a 14 años la población mayor existente en estos Centros.

Por otro lado, la LGDNNA mandata la obligación de las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, incorporen en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por dicha Ley.

También señala que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, establecerán en sus respectivos presupuestos, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la Ley General.

Asimismo, los artículos décimo primero y décimo segundo transitorios de la LGDNNA señalan que: Décimo Primero. Los Centros de Asistencia que se encuentran operando con antelación a la entrada en vigor del presente Decreto contarán con un plazo de 180 días a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación para realizar las adecuaciones conducentes en términos de lo previsto por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Décimo Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a propuesta del Ejecutivo Federal, establecerá una partida presupuestal para coadyuvar en la implementación de las adecuaciones a las que se refiere el transitorio anterior y la operación de los Centros de Asistencia Social.

De acuerdo con los Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública7 , el Programa de Protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes operado por la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tuvo una asignación presupuestal para el ejercicio fiscal 2016 de 120.4 millones de pesos. La Procuraduría Federal ha designado presupuesto público para realizar acciones de apoyo y colaboración con las entidades federativas, Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal en materia de protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes para procesos de adopción, registros de Centros de Asistencia Social, certificación de Centros de Asistencia Social, entre otros, como se muestra en su matriz de indicadores de resultados; no obstante, no se identifica ningún recurso asignado para la implementación de adecuaciones a las que se refiere el artículo décimo primero transitorio de la LGDNNA y la operación de Centros de Asistencia Social, a que se refiere el artículo décimo segundo transitorio de la LGDNNA.

Asimismo, de acuerdo con el Paquete Económico 20178 , el Programa para la protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, tiene una asignación presupuestal de 93.7 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2017, lo cual, además de ser una reducción importante, implica un obstáculo para el fortalecimiento de las actividades realizadas por la procuraduría y por lo tanto un impacto en la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes que han sido vulnerados.

De igual manera, dentro de los objetivos, indicadores y metas de la Matriz de Indicadores de Resultados9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, si bien se contemplan acciones para el cumplimiento de lo dispuesto en la LGDNNA en materia de Centros de Asistencia Social, no se contemplan recursos para la adecuación e implementación de los Centros de Asistencia Social previstos en los artículos décimo primero y décimo segundo transitorios de la LGDNNA.

El derecho de prioridad para las niñez y la adolescencia (artículos 17 y 18 de la LGDNNA), señala que “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que:

I. Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria;

II. Se les atienda antes que a las personas adultas en todos los servicios, en igualdad de condiciones, y

III. Se les considere para el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos.

Para tales efectos, todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos, se tomará en cuenta, como consideración primordial, el interés superior de la niñez. Dichas autoridades elaborarán los mecanismos necesarios para garantizar este principio.

En este marco, resulta importante señalar que la no asignación de presupuesto para llevar a cabo estas acciones, resulta en el incumplimiento del mandato de la LGDNNA y en especial del derecho de prioridad, así como la imposibilidad de que los Centros de Asistencia Social operen bajo la protección integral contenida por las disposiciones en el marco jurídico en la materia. Lo anterior, invisibiliza a las niñas, niños y adolescentes en condiciones más vulnerables.

Por lo expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración y aprobación de este pleno, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que en el uso de sus facultades constitucionales y lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes consideren en el Anexo Transversal “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes”, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, la asignación de recursos presupuestales para dar cumplimiento con lo que establecen los artículos décimo primero y décimo segundo transitorios de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de adecuación e implementación de los centros de asistencia social.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que en el uso de sus facultades constitucionales asignen más recursos al programa para la protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes contemplado en el Anexo Transversal “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes”, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017,con la finalidad de que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, continúe y de seguimiento a las acciones que mandata la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Notas

1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de diciembre de 2014.

2 Consultado el 13 de septiembre de 2016 y disponible en: http://sitios.dif.gob.mx/normateca/wp-content/Archivos/Procuraduria/Pro tocolo_Supervision.pdf

3 Disponible el: http://sitios.dif.gob.mx/normateca/wp-content/Archivos/Procuraduria/inf o_adicional_registros.pdf

4 Disponible en: http://sitios.dif.gob.mx/normateca/wp-content/Archivos/Procuraduria/inf o_complementaria_interes.pdf

5 Consultado el 13 de septiembre de 2016 y disponible en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/otras/alojam iento/2015/principales.aspx

6 Presentación de Resultados del Centro de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS), disponible en:

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuest as/otras/alojamiento/2015/doc/caas_resultados.pdf

7 Avances en Programas Transversales, consultado el 13 de septiembre de 2016 y disponible en: http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_a l_Congreso_de_la_Union

8 Consultado el 13 de septiembre de 2016, disponible en: http://ppef.hacienda.gob.mx/es/PPEF2017/ramo12

9 Objetivos, Indicadores y Metas, consultado el 13 de septiembre de 2016, disponible en:

http://ppef.hacienda.gob.mx/es/PPEF2017/ramo12

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de septiembre de 2016.

Senadora Martha Elena García Gómez (rúbrica)

(Turnada a la Cámara de Diputados. Septiembre 20 de 2016.)

Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados a asignar recursos suficientes para la comunidad indígena en el país en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, 108, numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, entregó al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el 8 de septiembre próximo pasado, el paquete económico para el ejercicio fiscal de 2017, en el cual se incluye una propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación que asciende a 4 billones 837 mil 512 millones de pesos para 2017 (PEF de 2017).

Dicha cifra contempla, un recorte al gasto público por 239 mil millones de pesos. Uno de los rubros que resultarían más afectados por dicha disminución al gasto público, corresponde a las áreas de educación, salud, cultura, al campo y a los pueblos indígenas; así lo hace resaltar Marcos Matías Alonso, investigador titular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.1

Matías resalta:

Las cifras sobre el presupuesto indígena que se presentan en el PEF 2017 son de alta preocupación.

En el siguiente cuadro desglosa el anexo 10, “Erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos indígenas”, del PEF de 2017 y lo compara con el PEF de 2016, destacando las diferencias porcentuales que asignan a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y a otras dependencias que forman parte del presupuesto transversal asignado a las comunidades indígenas:

Como se observa en el cuadro anterior, del presupuesto transversal para 2017 hay una reducción global de 12.86 por ciento.

Entre los rubros con las reducciones sumamente más cuantiosas destacan por ejemplo, los siguientes:

En 2016, la CDI ejerció 11 millones 900 mil pesos; en 2017, para este año, se programan únicamente 5 millones 800 mil pesos. La reducción asciende a 6 millones 100 mil pesos, que representan 51.21 por ciento del total.

Ramo 47, Entidades no Sectorizadas, “Infraestructura indígena”, la CDI ejerció más de 7 millones 590 mil pesos en 2016, y en 2017 se le programan poco más de 2 millones 264 mil pesos, con una reducción de 70.17 por ciento.2

En las dependencias gubernamentales, que son parte del “presupuesto transversal para pueblos indígenas”, se presentan importantes recortes:

• Secretaría de Comunicaciones y Transportes sufre una reducción de 69.88 por ciento;

• Secretaría de Economía disminuye 100 por ciento;

• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales pierde 58.36 por ciento; y

• Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano le reducen 30.94 por ciento.

En síntesis, la mayoría de las 12 secretarías sufren un severo recorte a su financiamiento para realizar la política social.

La gravedad de estos recortes no es comprensible si tomamos en cuenta lo siguiente:

La Encuesta Intercensal 2015, conocida antes como “Conteo”, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, informó que la población nacional total asciende a 119 millones 530 mil 753 habitantes. De ellos cuales, 25 millones 694 mil 928 se autorreconocen como ciudadanos indígenas.

Es decir, 21.5 por ciento de la nación mexicana se autoadscribe originario de pueblos y comunidades indígenas. O en otras palabras, poco más de uno de cada cinco mexicanos se identifican como parte de los pueblos originarios.

Además, este tipo de medidas son contrarias a lo planteado por el propio jefe del Ejecutivo federal en el cuarto Informe de Gobierno, donde se señala que en “el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se establecieron tres estrategias transversales: democratizar la productividad; un gobierno cercano y moderno, y perspectiva de género, las cuales inciden en la conducción de todos los programas y políticas de la gestión pública”.3

En estas estrategias transversales se reconoce que “una economía solo puede crecer de manera sostenida cuando es productiva. Por ello, la productividad y su democratización es el reto más importante que enfrenta el país”.4

Sumado a lo anterior, estas importantes disminuciones a las comunidades indígenas, son contrarias a lo que proponen algunos expertos del Banco Mundial que establecen que “cuando la desigualdad se perpetúa porque los que nacieron pobres carecen sistemáticamente de acceso a las mismas oportunidades que los que nacieron ricos, lo que surge es una profunda diferencia estructural que es negativa para la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la cohesión social”.5

En el informe Desigualdad extrema en México: concentración del poder económico y político, elaborado por Gerardo Esquivel para Oxfam, en el marco .de su campaña Iguales, señala que “la estructura fiscal en México está mucho más orientada a gravar el consumo que el ingreso personal o empresarial. Bien se sabe que los impuestos al consumo tienen un carácter regresivo porque los hogares relativamente pobres tienden a gastar un porcentaje más alto de su ingreso que los hogares relativamente ricos” profundizando la desigualdad. Dicha medida se intentaba revertir a través del Presupuesto el cual canalizaba recursos para diversos programas para atención de la población.

Por lo expuesto y fundado sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Asuntos Indígenas, entre otras, de la Cámara de Diputados, a asignar recursos suficientes y dignos para la atención y el desarrollo de las comunidades indígenas.

Notas

1 Matías Alonso, Marcos (2016). “México: brutal recorte al presupuesto indígena en 2017”, en Servindi, Comunicación Intercultural para un Mundo más Humano y Diverso. En línea:

https://www.servindi.org/actualidad/18/09/2016/mexico-br utal-recorte-al-presuuesto-indigena-en-el- 2017

2 Ídem.

3 Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República, cuarto Informe de Gobierno 2015-2016, Ciudad de México, agosto de 2016. En línea:

http://www.presidencia.gob.mx/cuartoinforme/

4 Ibíd. Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.

5 Ravenga, Ana (2014). “Para combatir la desigualdad tenemos que eliminar las disparidades desde la infancia”, 14 de mayo de 2014. En línea: http;//blogs.worldbank.org/voices/es/para-combatir-la-desigualdad-tenem os-que-eliminar-las-disparidades-en-la-infancia

Cámara de Senadores, a 20 de septiembre de 2016.

Senador Sofío Ramírez Hernández (rúbrica)

Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, establezca partidas presupuestales específicas con recursos suficientes para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta

El suscrito, senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 establezca partidas presupuestales específicas con recursos suficientes para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.

Derivado del régimen transitorio de dicha reforma se identificaron las reformas secundarias que se requerían para darle funcionalidad a esta reforma constitucional.

Ciudadanos y legisladores participamos conjuntamente en un proceso de discusión y aprobación de estas reformas secundarias, con los paquetes de reformas que presentaron los diferentes grupos parlamentarios y la iniciativa de Ley General de Responsabilidades Administrativas, también conocida como Ley 3de3por parte de la Sociedad Civil presentada el 2 de febrero de este año ante la sociedad para recabar las firmas necesarias y poder ser entregada al Congreso como Iniciativa Ciudadana, lo cual sucedió el 17 de marzo de este año.

Si bien se trató de un proceso algo accidentado toda vez que se aprobó en un periodo extraordinario (16 de junio de 2016) y se recibieron observaciones del Ejecutivo Federal (29 de junio de 2016) esta reforma se publicó finalmente el 18 de julio de este año.

Por este motivo, la siguiente etapa será la implementación de la Reforma, para ello se deberán dotar de recursos a las entidades que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 no se advierte la existencia de una partida presupuestal específica que permita la entrada en operaciones del Sistema Nacional Anticorrupción.

Esta política debería verse reflejada en el presupuesto de las instituciones que conforman el Comité Coordinador del Sistema (la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa) que si bien cuentan con incrementos presupuestales en comparación con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, no necesariamente estarán orientados a cubrir sus nuevas funciones, ni tampoco podemos asegurar que serán suficientes para ello.

Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del subsecretario de Egresos Fernando Galindo, señaló que el Sistema Nacional Anticorrupción en su conjunto contará con un presupuesto de 9,431 millones de pesos, además de una bolsa de quinientos millones de pesos para crear nuevas plazas.

En este sentido, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados reveló que el Sistema Nacional Anticorrupción requerirá un mínimo de 1,507 millones de pesos para arrancar operaciones.

En contraste, organizaciones de la sociedad civil, como Fundar, Transparencia Mexicana y el Laboratorio de Políticas Públicas han señalado que se requieren aproximadamente 63 mil millones de pesos para operar todo el Sistema Nacional Anticorrupción. Lo anterior a propósito de un ejercicio para detectar cuánto dinero se necesita para implementar el sistema, realizado por José Luis Chicoma, del Laboratorio de Políticas Públicas. Sin embargo, han aclarado que se trata de una cifra que no es precisa, porque el cálculo se hizo de manera rudimentaria, sin todos los elementos de cálculo presupuestal oficial.

Por supuesto será la Cámara de Diputados el órgano que deberá determinar el presupuesto exacto y la distribución del mismo, pero se considera pertinente escuchar a todas las voces que han participado en el proceso de creación del Sistema Nacional Anticorrupción y establecer una o varias partidas presupuestales específicas con recursos suficientes para que la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción sea una realidad.

Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2017 establezca una partida presupuestal específica con recursos suficientes para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, a través de su Comité de Participación Ciudadana y su Secretaria Ejecutiva.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2017 establezca partidas presupuestales específicas con recursos suficientes para que la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, puedan ejercer sus nuevas facultades derivadas de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Tercero. Se solicita a esta honorable soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Dado en el salón de sesiones del honorable Senado de la República, el día 22 del mes de septiembre de 2016.

Senador Zoé Robledo Aburto (rúbrica)

Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo con exhortos a la Cámara de Diputados en lo que se refiere al paquete económico 2017: para que en el rubro de “servicios personales” asigne un gasto similar a la cantidad con la que inició la presente administración federal, incremente el presupuesto destinado a educación y fortalezca e incremente el gasto público en inversión y financiamiento destinado a programas sociales.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta

Raúl Morón Orozco, legislador del Senado de la República del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El paquete económico 2017 que el gobierno federal ha presentado a la Cámara de Diputados está enmarcado en un contexto sumamente adverso: México atraviesa por una crisis económica, social, de derechos humanos y de seguridad ciudadana, y podríamos decir que hasta ética y humanitaria, en lo que respecta a la legitimidad misma de sus gobernantes. El actual Gobierno de la República está pagando las consecuencias de decisiones políticas sumamente equivocadas y de aplicar un modelo económico inequitativo, ineficiente y que no genera ni la riqueza nacional prometida ni un beneficio significativo para los sectores más vulnerables.

El paquete de reformas supuestamente estructurales que impuso el actual Gobierno federal en la primera parte de este sexenio es el día de hoy el factor que está causando un rechazo y un malestar sin precedentes en la percepción pública que se tiene de él. Estos elementos harán más complicada la aceptación de un paquete económico para el año 2017 presentado por el Poder Ejecutivo, y que tendría que estar directamente vinculado a los conflictos más apremiantes que experimenta el país. La sociedad mexicana exige que todos los sectores sean tomados en cuenta en el gasto público, lo que difícilmente será una realidad ante el anuncio de un presupuesto restringido.

El presidente había prometido que bajaría el ritmo del gasto, que iba a contener la deuda y a mejorar la calidad misma de este gasto. Los expertos que comienzan a analizar la racionalidad económica y presupuestal del Paquete Económico 2017, su pertinencia y consecuencias, están afirmando ya que estos compromisos presidenciales no se cumplen en el paquete 2017. Además, las pautas de crecimiento en las obligaciones del gasto social y el costo financiero de los pasivos orillaron al Gobierno federal a proponer un importante recorte de su gasto programable, que desde 2015 se observa en franca caída: de los 3, 944, 863millones de pesos en 2015, a los 3,497, 660millones de pesos propuestos por el Gobierno federal para 2017.

El gobierno federal propone un incremento de casi el 6 % en la deuda pública, así como un endeudamiento interno adicional al techo de deuda considerado, mientras sigue sin controles la discrecionalidad con la que el Poder Ejecutivo solicita y se le autoriza el endeudamiento federal. No contamos con la claridad suficiente por parte del Gobierno federal para identificar y analizar los ámbitos y rubros, los programas y proyectos, que serán financiados con deuda, por lo que no se pueden estimar los costos y beneficios, el impacto mismo, que este endeudamiento generaría. Además, la economía mexicana sigue sin alcanzar el crecimiento prometido durante todos estos años.

El Presidente también ha dicho que privilegiará la inversión pública, particularmente en infraestructura y “capital humano”. Sin embargo, el recorte en infraestructura sería de 35 mil millones de pesos, los programas afectados son: “Proyectos de construcción de carreteras” y “Reconstrucción y Conservación de Carreteras”. En salud, se recortarán los programas del “Seguro Popular” y el de “Atención a la Salud”.

La gran contradicción de este Paquete Económico radica en que mientras se recortan estas áreas socialmente estratégicas, vemos un aumento en la cuenta de “Servicios Personales”. En lo que va del sexenio, este rubro aumentó casi en 30 mil millones de pesos. ¿Sigue este Gobierno federal sin entender que la sociedad mexicana está llegando al hartazgo en lo que se refiere al gasto superfluo y al incremento lastimoso en áreas que no son una prioridad para el desarrollo social, la educación y la salud de los mexicanos?

Ante los recortes anunciados y la abierta debilidad estructural que generaría la aprobación del Paquete Económico 2017 en los términos en que fue enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados, lo que también debemos preguntar es lo siguiente: ¿Cuál es el verdadero objetivo del Poder Ejecutivo al enviar un Paquete Económico que castiga a áreas estratégicas en el desarrollo y bienestar del país como educación, infraestructura y salud? ¿Es el mismo comportamiento suicida, como el de invitar al xenófobo y antimexicano Donald Trump a una reunión casi de Estado, éste de llevar al país al límite en sus capacidades presupuestales para hacer frente a sus problemas y aprovechar la crisis que esto generaría para superar la propia crisis que experimenta el Gobierno federal a cuatro años de una “Presidencia fallida”?

No se deben hacer cálculos políticos con las necesidades más apremiantes de los mexicanos. Esto es lo que el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha entendido y por eso todo le sale mal.

En lo que se refiere a los recortes en educación, en 2016, la Secretaría de Educación Pública tuvo un presupuesto aprobado de más 302 mil millones de pesos; para el próximo año 2017 tendrá aproximadamente 265 mil millones de pesos, lo que representa un recorte de más de 37 mil millones de pesos. Es absolutamente contradictorio y un síntoma del extravío del actual Gobierno el hecho de que la Reforma Educativa impuesta en 2013, en 2017 se le vaya a recortar casi el 72 por ciento de su presupuesto, lo mismo ocurre con el programa de Escuelas de Tiempo Completo, que se reduce en 11 por ciento, y el de Inclusión Digital, que el próxima año se queda en ceros.

Bien sabemos que ningún Paquete Económico satisface enteramente las necesidades de todos los sectores, sin embargo, es una obligación del Gobierno federal privilegiar el gasto social y la inversión pública, así como disminuir sus gastos superfluos. Este Paquete Económico no obedece a esta exigencia de la sociedad mexicana.

A partir de los anterior, proponemos el siguiente decreto con

Puntos de Acuerdo

Primero. Exhortamos a la Cámara de Diputados que, en su propuesta de paquete económico 2017, en lo que se refiere al rubro de “servicios personales”, asigne un gasto similar a la cantidad con la que inicio la presente administración federal.

Segundo. Exhortamos a la Cámara de Diputados que, en su propuesta de paquete económico 2017, incremente el presupuesto destinado a educación, con el objetivo de mantener el derecho a la educación y la atención a áreas estratégicas como infraestructura educativa.

Tercero. Exhortamos a la Cámara de Diputados que, en su propuesta de Paquete Económico 2017, fortalezca e incremente el gasto público en inversión y financiamiento destinado a programas sociales en materia de salud y desarrollo social, esto para superar las condiciones de marginación y pobreza en la que viven millones de mexicanas y mexicanos.

Ciudad de México, 22 de septiembre de 2016.

Senador Raúl Morón Orozco (rúbrica)

Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Comunico que la proposición presentada por la suscrita y las senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, en sesión celebrada en esta fecha, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se autorice presupuesto a la enfermedad denominada Hipertensión Arterial Pulmonar y se incluya en el Sistema de Protección Social en Salud dentro del Fondo de Gastos Catastróficos, se turnara a la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta

Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presente

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar recursos suficientes para la operación, mantenimiento y equipamiento de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y evitar así el recorte propuesto en el proyecto de Presupuesto para 2017.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta

Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se consideren con suficiencia los recursos necesarios para cubrir los fondos de ayuda en materia de atención a víctimas, así como para cumplir las obligaciones legales relativas a los programas en materia de derechos humanos, conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta

Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presente

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Hilaria Domínguez Arvizu, Ismael Hernández Deras, Juan Carlos Romero Hicks, Fidel Demédicis Hidalgo y Benjamín Robles Montoya presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y al Congreso del estado de Oaxaca a que, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos del estado de Oaxaca, ambos para 2017, contemplen etiquetar los recursos necesarios a fin de construir una universidad pública o un instituto tecnológico en el municipio de Asunción Nochixtlan, Oaxaca, así como para ampliar el hospital básico comunitario de dicho municipio.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y a la Comisión de Educación del Senado los dos siguientes.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta

Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presente

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a la no aprobación de los ajustes presupuestales propuestos en el paquete económico 2017 debido a la inconsistencia de argumentos y por su inconveniencia para la economía familiar.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta

El que suscribe, senador Benjamín Robles Montoya, integrante de la LXIII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Consideraciones

El 8 de septiembre del 2016, en cumplimiento a los requerimientos establecidos por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Presidencia de la República, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, envió –para su aprobación– a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Ingresos (LIF) y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) correspondientes al Ejercicio Fiscal de 2017, así como los criterios generales de política económica (CGPE) que se toman en cuenta para su sustentación.

En referencia al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se establece un ajuste de 239,700 millones de pesos respecto del Presupuesto del año 2016, bajo la siguiente argumentación presentada en las páginas 10, 11 y 12 de CGPE:

“Como se mencionó en el documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 42, fracción I, de la LFPRH presentado en abril de 2016 (precriterios), el nivel de ingresos petroleros, junto a un incremento en el gasto no programable, debido a mayores participaciones para las entidades federativas por el incremento en los ingresos tributarios, un mayor costo financiero y la reducción en el déficit presupuestario para cumplir con la trayectoria de consolidación fiscal comprometida, representan un reto para las finanzas públicas.

En este sentido, los ajustes necesarios para acomodar estos mayores gastos provendrán de un menor gasto programable y no de un mayor endeudamiento o incremento en los impuestos. En Precriterios se estimó que el ajuste del gasto programable sin considerar la inversión de alto impacto económico y social sería de 311.8 mil millones de pesos respecto al Presupuesto de Egresos de la. Federación (PEF) 2016.

Sin embargo, considerando una evolución más favorable a la prevista de los ingresos tributarios y un precio del petróleo que disminuye menos de lo esperado, en el Paquete Económico de 2017 se propone una reducción en el gasto programable menor a la prevista en Pre-Criterios. En consecuencia, el ajuste propuesto asciende a un monto de 239.7 mil millones de pesos respecto al PEF 2016, 1.2 por ciento del PIS.

Considerando que durante 2016 se implementa un ajuste por 169.4 mil millones de pesos, que deberá hacerse permanente, el ajuste en el gasto adicional en 2017 representará 70.3 mil millones de pesos, equivalentes al 0.3 por ciento del PIB.

En cuanto al gasto no programable, se estima un incremento de 12.1 por ciento en términos reales con respecto al PEF 2016. Esto se debe, entre otros factores, al incremento de las participaciones a entidades federativas que se estima crezcan en 5.3 por ciento en términos reales con respecto al PEF 2016 derivado del desempeño favorable de los ingresos tributarios. Por su parte, se espera un aumento real de 18.9 por ciento en el costo financiero, debido al deterioro de las condiciones externas así como un nivel de endeudamiento consistente con el déficit esperado durante 2016.

Así, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2017 representa no sólo la consolidación del esfuerzo de reingeniería del gasto público emprendido durante la conformación del PPEF 2016, sino también la contención del gasto en servicios personales y la disminución de los gastos de operación, así como la adopción de alternativas de financiamiento, en especial en materia de inversión pública, como las Asociaciones Público Privadas (APP), además de asignar recursos para los primeros proyectos para el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (ZEE).

De esta forma, el escenario planteado en el PPEF 2017 se basa principalmente en cuatro elementos. El primero de ellos consiste en la contención de los recursos destinados a servicios personales. Para lograrlo, se implementó una metodología de unificación de áreas con funciones comunes y se homologaron las estructuras de mando y enlace. A partir de ello, las dependencias coordinadoras de sector que centralizan las funciones comunes, proporcionan servicios administrativos a los órganos desconcentrados que integran dicho sector.

El segundo elemento contempló la reducción en los gastos de operación, continuando con el proceso de austeridad en materia de gasto de operación iniciado en 2016.

El tercer criterio con el que se elaboró el PPEF es privilegiar programas que contribuyen a la reducción de la pobreza a través de la disminución de las carencias sociales, así como al incremento del acceso efectivo a los derechos sociales. Para ello, se utilizaron los criterios de priorización de contenidos en las Consideraciones para el Proceso Presupuestario 2017, emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Dichos criterios permiten hacer un uso más eficiente y estratégico de los recursos y focalizarlos en aquellos Programas presupuestarios que concentran mayor impacto social.

Como último elemento, el PPEF 2017 realizó una priorización de la inversión productiva sobre la administrativa. Como parte de esta estrategia, se propone facilitar la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura a partir de nuevos esquemas de inversión.

Asimismo, el Paquete Económico de 2017 renueva y maximiza el compromiso del gobierno de la República con la transparencia presupuestaria establecido desde el inicio de esta administración”.

Pero en realidad, toda esta argumentación es inconsistente y significa lo siguiente:

1. Que la administración actual justifica la búsqueda de su equilibrio presupuestal en dos hechos:

1.1. Uno es que los ingresos petroleros han disminuido, lo cual es de suyo evidente, no sólo por la caída internacional de los precios, sino porque también viene disminuyendo la producción petrolera nacional y hay un deterioro en la participación de México en el mercado mundial del petróleo. Sin embargo, los ajustes a la caída de los precios, fueron compensados en buena parte por la adquisición de coberturas para el año 2015 y 2016.

1.2. El otro argumento del ajuste, que precisa que el incremento en el gasto no programable es debido a mayores participaciones para las entidades federativas por también el incremento en los ingresos tributarios no tiene ninguna validez de justificación. Es lógico que al haber más ingresos tributarios –según Hacienda– entonces corresponde más a las entidades federativas.

Pero se agrega que también ese incremento en el gasto no programable se debe a “un mayor costo financiero”. Es necesario precisar que esto es resultado de la política de endeudamiento de este gobierno y otros pasados. Ese tipo de endeudamiento es, en su mayoría, resultado de la especulación, la corrupción, de la mala administración y de la impunidad, es un costo que no corresponde pagar a la empobrecida población mexicana. Más aún, el endeudamiento para pagar deuda es un peligro para la economía, pero si es para invertir, es absolutamente beneficioso. Este costo sube 18.9 por ciento respecto del año pasado. Pero si el gobierno actual velara por el interés nacional, debería buscar la reprogramación de esos pagos antes que aplicar más recortes al presupuesto, lo cual no es argumento para el ajuste

Finalmente en este acápite se dice que es causa de austeridad “la reducción en el déficit presupuestario para cumplir con la trayectoria de consolidación fiscal comprometida”. Si toda la serie de estos argumentos es inconsistente, este es mucho más, porque nos están diciendo que el compromiso con el desarrollo económico, con el combate a la pobreza, con la creación del empleo, es un asunto secundario al pago de deudas con tasas de interés altamente especulativas; deudas que desde otros sexenios anteriores no se convirtieron en beneficios económicos para la economía nacional.

La mayoría de los países, incluyendo los desarrollados, no tienen apuro por la “consolidación fiscal”, toda vez que es favorable hacerlo cuando se orienta el gasto hacia la generación de más empleo, inclusive el gobierno anterior y el actual, justificaron sus déficits fiscales como “medidas anti cíclicas”. Por lo tanto, no es tampoco un argumento sólido para el ajuste.

2. Existe una clara reingeniería del Gasto Público que no está en función de la promoción del bienestar de los mexicanos cuando se precisa que esta estrategia de austeridad iniciada radicalmente -en particular- en este año, va dirigida a “la contención del gasto en servicios personales y la disminución de los gastos de operación”.

Una disminución en el gasto de operación significa en la práctica reducir los gastos en la adquisición de materiales, suministros y servicios generales, afectando la calidad de los servicios, el nivel de cobertura y de oportunidades que ofrecen las dependencias y entidades federativas, lo cual significará el crecimiento de la pobreza. Esto es mucho menos argumento para el ajuste

Agregado se encuentra “la adopción de alternativas de financiamiento, en especial en materia de inversión pública, como las asociaciones público privadas (APP), además de asignar recursos para los primeros proyectos para el desarrollo de las zonas económicas especiales (ZEE)”, lo que significa, en la práctica, que el gobierno se auto limita en la inversión, que no tendrá una capacidad mayor de generación de infraestructura, habrá involución, empobrecimiento, obsolescencia de activos y cero innovación tecnológica de infraestructura económica básica, cuando una de las posibilidades de salida del empobrecimiento es exactamente este tipo de inversión. Esta propuesta del Ejecutivo de reducir la inversión es exactamente lo que en una economía sana se promueve.

Primera Conclusión

La estrategia gubernamental de lograr el equilibrio presupuestal, fiscal, macroeconómico, en un punto de equilibrio donde se ajustan monetariamente todas las variables de la economía y que se encuentra por debajo del punto de equilibrio necesario para satisfacer las necesidades básicas de una población, ya de por sí pobre y empobrecida, más en estos tres últimos años, es una estrategia de desintegración económica y social de México.

No es un asunto menor. Por lo tanto, esta estrategia planteada en el Paquete Económico 2017 se debe de reestructurar para ponerla en defensa de la vida económica de la población. Lo que al menos significaría la no aprobación de los ajustes presupuestales.

3. Se sostiene en CGPE que en consecuencia con su metodología “el ajuste propuesto asciende a. un monto de 239.7 mil millones de pesos con respecto al PEF 2016.... considerando que durante 2016 se implementa un ajuste por 169.4 mil millones de pesos, que deberá hacerse permanente, el ajuste en el gasto adicional en 2017 representará 70.3 mil millones de pesos”

Resultado de estas valoraciones, y de los datos del Presupuesto de Egresos del 2016, se deduce que para el próximo año, habría un ajuste promedio general en las dependencias federales entre 10 por ciento y 20 por ciento, pero algunas como la Secretaría de Desarrollo Agrario tendrá un decremento de 39.6 por ciento en el Presupuesto de Egresos 2017, respecto al del 2016. La de Educación se reducirá en un 15.1 por ciento. La Secretaría de Medio Ambiente un decremento de 37.5 por ciento; la de Turismo 35 por ciento; la inversión en infraestructura realizada por la Secretaría de Transporte y Comunicaciones tendrá un recorte de 28.5 por ciento; la SAGARPA 29.1 por ciento.

A ello se suman la reducción o desaparición de una serie de Fondos. Por ejemplo, al Fondo Metropolitano se le reduce 70 por ciento y se propone la desaparición del Fondo Sur-Sureste, del Fondo de Apoyo a Migrantes, entre otros.

Segunda Conclusión

Estos recortes llevarían a una catástrofe económica nacional todavía mayor a la que ya vivimos; sería colocar el país al borde de un colapso general, porque no sólo son los recortes en sí mismos, sino el mantenimiento persistente de un gasto público que no alcanza a ofrecer la mínima seguridad alimentaria y social, con la amenaza de un abandono del papel del estado de velar por la permanencia y desarrollo de la integración social. Por lo tanto, estos recortes son inaceptables y la Cámara de Diputados debe considerar la no aprobación de los mismos.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados a la no aprobación de los ajustes presupuestales propuestos en el paquete económico 2017 debido a la inconsistencia de argumentos y por su inconveniencia para la economía familiar.

Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica)

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Con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con la reforma política de la Ciudad de México

Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en consonancia con la reforma política de la Ciudad de México.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta

PROYECTO DE DECRETO

CS-LXIII-II-1P-93

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN CONSONANCIA CON LA REFORMA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo Único. Se reforman los artículos 15, numeral 9; 22, numeral 2; 23, numeral 3; 62, numeral 3; 66, numeral 1, inciso f); 67, numeral 1, inciso f); 90, numeral 1, fracción” X, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 15.

1. a 8. ...

9. La elección de la Mesa Directiva se comunicará al Presidente de la República, a la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a los órganos legislativos de las entidades federativas.

10. ...

ARTÍCULO 22.

1. ...

2. El Presidente conduce las relaciones institucionales con la Cámara de Senadores, con los otros dos Poderes de la Unión y los poderes de las entidades federativas. Asimismo, tiene la representación protocolaria de la Cámara en el ámbito de la diplomacia parlamentaria.

3. y 4. ...

ARTICULO 23.

1. y 2. ...

3. Asimismo, conforme a la declaración de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la f:=ederación, corresponde al Presidente de la Cámara disponer la elaboración inmediata del Bando Solemne; darlo a conocer al Pleno en la sesión más próxima; ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación; y tomar las medidas necesarias para que se difunda en los Periódicos Oficiales de las entidades federativas y se fije en las principales oficinas públicas de las entidades federativas y de los Municipios.

4. ...

ARTÍCULO 62.

1. y 2. ...

3. La elección de la Mesa Directiva se comunicará a la Cámara de Diputados, al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya las Legislaturas de las entidades federativas.

ARTÍCULO 66.

1. ...

a) a e) ...

f) Conducir las relaciones de la Cámara de Senadores con la otra Cámara, los otros Poderes de la Unión, los Poderes de las entidades federativas; así como la diplomacia parlamentaria, designando para tal efecto a quienes deban representar a la Cámara en eventos de carácter internacional;

g) a m) ...

2. y 3. ...

ARTÍCULO 67.

1. ...

a) a e) ...

f) Presidir la conducción de las relaciones del Senado en los términos que señala el inciso e), del párrafo 1 del artículo anterior; y representarlo en las ceremonias a las que concurran los titulares de los otros Poderes de la Federación o de los Poderes de la Ciudad de México, así como en las reuniones de carácter internacional, pudiendo delegar su representación en cualquiera de los otros integrantes de la Mesa Directiva;

g) a o) ...

2. ...

ARTÍCULO 90.

1. ...

I. a IX. ...

X. De la Ciudad de México;

XI. a XXX. ...

TRANSITORIO

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO. Los asuntos que la Mesa Directiva del Senado de la República hubiera turnado a la Comisión del Distrito Federal previo a la entrada en vigor del presente Decreto se entenderán como materias a resolver por la Comisión de la Ciudad de México. Lo mismo sucederá con todos los trámites sobre recursos administrativos, financieros, materiales y humanos, así como los distintos asuntos que desarrolle y que no estén sujetos a dictamen.

ARTÍCULO TERCERO. La integración de la Comisión de la Ciudad de México del Senado de la República será la misma que tenía la Comisión del Distrito Federal previo a la entrada en vigor del presente Decreto.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2016.

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta

Senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica)

Secretaria

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Con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes Aduanera, del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado, Federal de Derechos, y de la Propiedad Industrial, presentada por la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN

Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presente

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley de la Propiedad Industrial, la Ley Aduanera, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley Federal de Derechos y la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta

La suscrita, senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 8, numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman y adicionan la Leyes de la Propiedad Industrial, Aduanera, del Impuesto al Valor Agregado, Federal de Derechos, del Impuesto sobre la Renta, conforme al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los estímulos fiscales nacen a efecto de incentivar una actividad, un bien o una industria. La presente iniciativa tiene como objetivo animar el uso de vehículos eléctricos e híbridos a través de ciertos estímulos en la importación de sus partes, así como para apoyar a los emprendedores que tienen proyectos que tienen que ver con la creación de medios de transporte limpios, es decir, que no sean de combustión interna.

Es importante señalar que la presente iniciativa es complementaria de la que presenté el 29 de marzo del presente año, en la cual propuse que los vehículos eléctricos e híbridos tuvieran los siguientes estímulos fiscales:

• Exentar a los vehículos eléctricos del pago del impuesto al valor agregado;

• La posibilidad de que los contribuyentes puedan deducir 100 por ciento en la adquisición de un vehículo eléctrico o híbrido;

• Eliminar los gravámenes en la importación de vehículos eléctricos o híbridos;

• Eliminar el pago de derechos de trámite aduanero cuando se importen vehículos eléctricos o híbridos.

Dicha iniciativa fue acompañada de proposiciones con punto de acuerdo que buscan que las 32 entidades federativas incentiven el uso de automóviles híbridos y eléctricos tomando las siguientes medidas:

I. Exentar al pago de vehículos eléctricos e híbridos en las autopistas urbanas;

II. Que no se cobren parquímetros en vehículos eléctricos e híbridos;

III. Incentivar la colocación de centros de carga de vehículos eléctricos e híbridos en espacios públicos;

IV. Crear estímulos fiscales, en conjunto con los municipios, que permitan aumentar el uso de vehículos eléctricos e híbridos, tal y como puede ser exentar el pago del impuesto predial a los establecimientos mercantiles que cuenten con electrolineras;

V. La creación de placas verdes que permitan contar con ciertos beneficios como puede ser el no pagar refrendo y tenencia en las entidades en donde aún se cobren;

VI. Creación de carriles exclusivos para vehículos eléctricos;

VII. Concesiones para el servicio de taxi con vehículos eléctricos.

Igualmente, se solicitó que la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, trabajen conjuntamente para implementar una tarifa preferencial para las personas que adquieran un vehículo eléctrico o híbrido.

Lo presente iniciativa tienen sustento en la crisis ambiental registrada en la megalópolis, y debido a que de conformidad con la Organización Mundial de la Salud se calcula que en el mundo suman 1.3 millones de personas que mueren en un año a causa de la contaminación atmosférica urbana; más de la mitad de esas defunciones ocurren en los países en desarrollo.

En este contexto, el uso de los vehículos eléctricos e híbridos constituye una medida que sin lugar a dudas debe impulsarse a efecto de mejorar la situación ambiental en la que vivimos, ya que producen mínimas emisiones contaminantes.

Incentivar el uso de dichos medios de transporte generará:

• Mitigación de emisiones de gases efecto invernadero GEI;

• Poder cumplir con los compromisos asumidos como país, desde la COP 16 de Cancún hasta la más reciente COP 21 celebrada en París en 2015.

• Son muy eficientes;

• Más silenciosos, por lo que no producen contaminación sonora,

• No requiere mantenimiento especial.

En Estados Unidos de América (EUA), con el fin de promover la introducción masiva de vehículos híbridos y eléctricos el gobierno federal de ese país otorga un incentivo de hasta 7 mil 500 dólares para la adquisición de un medio de transporte y a su vez, algunos estados de la Unión Americana se han unido a esta iniciativa otorgando incentivos adicionales (Ejemplo: California: 3 mil dólares; Massachusetts: 2 mil 500 dólares).

Gracias a estos esfuerzos gubernamentales, la participación de los vehículos híbridos y eléctricos en el mercado de autos nuevos en EUA se ha incrementado en los últimos ocho años hasta alcanzar una proporción que oscila entre 2.5 por ciento y 3.0 por ciento del total del mercado.

Lo cual en términos absolutos significa una venta de entre 42 mil y 50 mil vehículos anuales.

En el caso de nuestro país, de acuerdo con la información proporcionada por la empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, entre 2010 y octubre de 2015, se vendieron únicamente 260 vehículos eléctricos y 3 mil 840 vehículos híbridos; para una participación en el mercado nacional de autos nuevos de 0.1 por ciento en el periodo señalado.

En materia de infraestructura en EUA hoy en día, existen 37 mil 117 estaciones públicas de recarga para vehículos eléctricos e híbridos enchufables, en México no llegamos a 200 estaciones de recarga.

Ubicación de las estaciones de recarga para vehículos eléctricos

Estados Unidos de América

Otros países que otorgan estímulos en subsidios o créditos fiscales para quienes adquieran una unidad eléctrica o híbrida son:

El Senado de la República predica con el ejemplo instalando dentro de sus instalaciones una estación pública y gratuita de carga de batería de vehículos eléctricos.

Se propone establecer estímulos fiscales a los contribuyentes que generen sistemas de producción, productos o innovación en materia de energía renovable.

Necesitamos que en el próximo paquete financiero se incluyan estímulos no únicamente para vehículos eléctricos o híbridos, sino que sea deducible y libre de gravamen para cualquier persona que adquiera o importe piezas o partes de medios de transporte que utilicen energía limpia. Así como a cualquier persona que adquiera o importe tecnología que tenga como fin la creación o mantenimiento de alguna unidad de las señaladas con anterioridad.

Igualmente, quiero señalar que desde que presenté la iniciativa para incentivar el consumo de vehículos eléctricos, decenas de innovadores se acercaron a mi oficina con la inquietud de manifestar que no solo deben ser beneficiados los vehículos eléctricos, sino cualquier medio de transporte que no sea de propulsión interna, razón por la cual se presenta esta iniciativa.

Asimismo, se incorpora el beneficio de que los inventos relacionados con medios de transporte eléctrico o mejor aún que utilicen energía limpias cuenten con la posibilidad de obtener una patente o registro sin el pago de los derechos respectivos.

Es decir, se propone que toda creación humana que permita transformar la energía existente en la naturaleza en un medio de transporte, sea libre del pago de derechos, siempre y cuando exista novedad y tenga una aplicación industrial. Dicho beneficio es extensivo para todo el trámite de obtención de patente o registro, así como para el pago de la anualidad de conservación de los derechos.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona las Leyes de la Propiedad Industrial, Aduanera, del Impuesto al Valor Agregado, Federal de Derechos, y del Impuesto sobre la Renta

Artículo Primero. Se adiciona una fracción XVIII al artículo 61 de la Ley Aduanera para quedar como sigue:

Artículo 61. No se pagarán los impuestos al comercio exterior por la entrada al territorio nacional o la salida del mismo de las siguientes mercancías:

I. a XVII. ...

XVIII. Artículos que se encuentren destinados a la creación o mantenimiento de vehículos o de cualquier medio de transporte eléctrico, tal y como pueden ser las baterías, controladores de carga, motor eléctrico o fusibles.

...

Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo a la fracción VI del artículo 34 y se reforma la fracción II del artículo 36 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 34. ...

I. a V. ...

VI. 25 porciento para automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques.

100 por ciento artículos que se encuentren destinados a la creación o mantenimiento de vehículos o de cualquier medio de transporte eléctrico, tal y como pueden ser las baterías, controladores de carga, motor eléctrico o fusibles.

VII. a XIII. ...

Artículo 36. ...

I. ...

II. Las inversiones en automóviles de propulsión de motor de combustión interna sólo serán deducibles hasta por un monto de $175,000.00.

...

III. a VII. ...

Artículo Tercero. Se adiciona una fracción X al artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue:

Artículo 9o. No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes:

I. a IX. ...

X. Artículos que se encuentren destinados a la creación o mantenimiento de vehículos o de cualquier medio de transporte eléctrico, tal y como pueden ser las baterías, controladores de carga, motor eléctrico o fusibles.

Artículo Cuarto. Se reforma el artículo 50 de la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue:

Artículo 50. No estarán obligados al pago de los derechos de trámite aduanero señalado en el artículo inmediato anterior, cuando se importen artículos que se encuentren destinados a la creación o mantenimiento de vehículos o de cualquier medio de transporte eléctrico, tal y como pueden ser las baterías, controladores de carga, motor de corredor o fusibles.

Artículo Quinto. Se adiciona un párrafo al artículo 23, 29 y 36 de la Ley de la Propiedad Industrial para quedar como sigue:

Artículo 23. ...

Las patentes que contengan las invenciones de medios de transporte que utilicen energía eléctrica o alguna otra considerada como limpia no generarán el pago de tarifa alguna.

Artículo 29. ...

Los registros que contengan los modelos de utilidad de transporte que utilicen energía eléctrica o alguna otra considerada como limpia, no generarán el pago de tarifa alguna.

Artículo 36. ...

...

Los registros de los diseños industriales que contengan medios de transporte que utilicen energía eléctrica o alguna otra considerada como limpia, no generarán el pago de tarifa alguna.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el primero de enero del año dos mil diecisiete.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2016.

Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica)

(Turnada a la Cámara de Diputados. Septiembre 20 de 2016.)