Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al SAT a otorgar beneficios fiscales a los alumnos de licenciatura de escuelas particulares, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Francisco Escobedo Villegas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I, II y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Los fines de la educación están establecidos en el artículo tercero constitucional y se refieren al desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano. Es primordial que la educación se proponga formar a los estudiantes en la convicción y capacidades necesarias para contribuir a la construcción de una sociedad más justa e incluyente, respetuosa de la diversidad, atenta y responsable hacia el interés general.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina la obligación del Estado de proporcionar educación. Por ello, toda persona tiene derecho a recibirla. El ordenamiento en cita establece que la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior son obligatorias.

Toda la educación que el Estado imparte es gratuita. La Carta Magna permite que la educación que ofrecen los particulares en todos sus tipos y modalidades en los términos que establece la ley, el propio Estado otorga y retira el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares.

Los avances obtenidos en educación superior durante la presente administración son notorios, pues se han atendido a 3 millones 900 mil estudiantes, en las modalidades escolarizada y no escolarizada a nivel licenciatura. Con la incorporación de 466 mil alumnos más, se alcanzó una cobertura de 35.8 por ciento, lo que representa 3.7 puntos porcentuales arriba de lo que inicio la administración.

No obstante lo anterior, el gobierno federal, consciente de la situación en materia educativa, ha realizado diversas acciones para aminorar los gastos de las familias mexicanas, en especial en las personas que estudian en escuelas particulares. Muestra de ello es el decreto de fecha 30 de marzo de 2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación por el que “compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa”, el cual tuvo como principal objetivo concentrar de manera clara y sencilla en un solo instrumento jurídico los diversos decretos emitidos por el Ejecutivo federal, que establecieron beneficios fiscales en materia de impuestos internos, a efecto de permitir identificarlos fácilmente, auxiliando a dar certidumbre jurídica a los contribuyentes.

El 11 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo”, con lo que algunas de las medidas y beneficios contenidos en el decreto del 30 de marzo de 2012, quedaron incorporados a los textos de las leyes reformadas, mientras que otras dejaron de ser aplicables por haberse modificado las situaciones que les dieron origen.

El titular del Ejecutivo federal, con la intención de procurar el acceso a la educación de los jóvenes, consideró oportuno mantener el estímulo por los pagos por servicios de enseñanza correspondientes a los tipos de educación básico y medio superior, incluso sin tomarlo en cuenta para el límite global de las deducciones personales establecido en la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, por ello publicó el 26 de diciembre de 2013 el decreto por el que compila diverso beneficios fiscales.

El artículo 1.8 del decreto referido determina otorgar un estímulo fiscal a las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los establecidos en el título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, consistente en disminuir del resultado obtenido conforme al artículo 152, primer párrafo, primera oración, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cantidad que corresponda conforme al artículo 1.10. de dicho decreto, por los pagos por servicios de enseñanza correspondientes a los tipos de educación básico y medio superior a que se refiere la Ley General de Educación, efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes o sus descendientes en línea recta, siempre que el cónyuge, concubino, ascendiente o descendiente de que se trate no perciba durante el año de calendario ingreso en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año y se cumpla ciertos requisitos, como

Que los pagos se realicen a instituciones educativas privadas que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación; y

Que los pagos sean para cubrir únicamente los servicios correspondientes a la enseñanza del alumno, de acuerdo con los programas y planes de estudio que en los términos de la Ley General de Educación se hubiera autorizado para el nivel educativo de que se trate.

En el decreto en mención igualmente se indican límites a esos estímulos, como

Que no se destinen directamente a cubrir el costo de la educación del alumno, y a las cuotas de inscripción o reinscripción, igualmente no será aplicable el estímulo cuando reciban becas o cualquier otro apoyo económico público o privado para pagar los servicios de enseñanza, hasta por el monto que cubran dichas becas o apoyos.

El multicitado decreto establece los siguientes estímulos fiscales:

Se reitera que es obligación del Estado impartir la educación, como se mencionó en párrafos anteriores, otorgar beneficios fiscales a la educación, es de gran apoyo, pero a la educación se le debe impulsar en todos sus niveles impartida por el Estado o por particulares, porque un país mejor educado, mayor capacitado, será siempre un país con mayores oportunidades de desarrollo.

En el ciclo escolar 2014-2015, a nivel licenciatura se encontraban estudiando 2 millones 472 mil 541 alumnos en escuelas particulares, realizando un gran esfuerzo por el pago de colegiaturas. Por ello es indispensable que el SAT amplíe los beneficios fiscales a los alumnos que estudia licenciatura en el país y no se limite sólo al nivel licenciatura.

Por todo lo expuesto, y con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I, II y III, y 65, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria a otorgar beneficios fiscales a los alumnos que estudian la licenciatura en escuelas particulares.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2016.

Diputado Francisco Escobedo Villegas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos y congresos de las 32 entidades federativas a presupuestar recursos financieros suficientes para la instauración efectiva del Sistema Nacional Anticorrupción, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, fracción II, numeral 2, fracción VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

La corrupción debe atacarse preventivamente a través de la educación y la responsabilidad ciudadana, así como también al consolidar una cultura de la legalidad que motive a respetar y hacer respetar las leyes.

Asimismo, es necesario contar con los recursos públicos suficientes para que los órganos del estado, encargados de prevenir y combatir la corrupción, puedan cumplir su cometido sin restricciones y sin mayores obstáculos.

A raíz de la reforma constitucional de 2015 que estableció el Sistema Nacional Anticorrupción, se tuvo la necesidad de adecuar todo el marco legal secundario para implementar dicho sistema para que su operatividad resultara eficaz y eficiente, se reformaron algunas leyes y se expidieron otras que tuvieron como resultado lo siguiente:

1. Se publicó la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la cual establece la creación de un Comité de Participación Ciudadana, una Secretaría Ejecutiva y una Plataforma Digital Nacional, entre otros aspectos.

2. Se aprobó la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual establece la obligación de los servidores públicos de realizar su declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses.

3. Se modificó la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para establecer salas especializadas en responsabilidades administrativas.

4. Se restituyeron facultades a la Secretaría de la Función Pública para la investigación de responsabilidades administrativas y de auditoría.

5. Se reformó la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación para darle mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entre las que se encuentran, auditar las participaciones federales y realizar auditorías en tiempo real.

6. Se añadió al Código Penal procesos de investigación y sanciones específicas para hechos de corrupción.

7. Se creó la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción.

El impacto presupuestario proyectado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, para instrumentar adecuadamente el Sistema Nacional Anticorrupción, es de un mil 506 millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2017.

Lo anterior, derivado de: a) la creación de un Comité de Participación Ciudadana, b) la instauración de la Secretaría Ejecutiva; c) la implementación de la Plataforma Digital Nacional; d) las modificaciones a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; e) la atribución de nuevas facultades a la Auditoría Superior de la Federación; f) y la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción.

Es posible la conformación de un gobierno ético que prevenga, evite y combata los actos de corrupción, la transparencia y una efectiva rendición de cuentas son los fundamentos de una cultura de la honestidad que exige mecanismos de participación ciudadana en la planeación, el seguimiento, el control, la evaluación y la retroalimentación de las decisiones públicas en lo concerniente a la operatividad del Sistema Nacional Anticorrupción y en otros rubros de la gestión gubernamental.

Por ello no será factible si no se cuenta con los recursos públicos, financieros, materiales y humanos suficientes para que este sistema anticorrupción funcione a cabalidad y al cien por ciento de sus capacidades.

Es hora de pasar de los discursos a los hechos y esto comienza por presupuestar adecuadamente con responsabilidad, los recursos financieros que se requieren para la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción y en donde la aportación y participación de los gobiernos y congresos estatales es fundamental.

Por lo anteriormente expuesto se presenta la siguiente proposición de urgente y obvia resolución con

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a todos los gobernadores de los estados, al jefe de gobierno de la Ciudad de México y a todos los congresos locales y a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a considerar, dentro de sus respectivos paquetes presupuestales para el ejercicio de 2017, los recursos financieros necesarios para que el Sistema Nacional Anticorrupción pueda operar de inmediato en todo el país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2016.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE a implantar políticas públicas para promover el acceso de los jóvenes al campo laboral, a cargo de la diputada Karen Hurtado Arana, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Karen Hurtado Arana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 numeral 1, fracción I; artículo 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Economía, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, implemente y/o mejore las políticas públicas necesarias para promover el acceso de los jóvenes al campo laboral, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los jóvenes constituyen el futuro de México. Según datos del Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática (Inegi), en nuestro país habitan 31.4 millones de personas entre 15 y 29 años, que representan el 26.3 por ciento de la población total. Uno de los mayores problemas que enfrenta la juventud mexicana según el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), a través del documento “Diagnóstico de la situación de los jóvenes en México”,1 es el tránsito de las instituciones educativas al campo laboral, esto puede deberse a la falta de flexibilidad de los mercados laborales para la contratación de este sector de la población.

El Instituto señala que si bien en los últimos años ha aumentado el número de jóvenes empleados en términos absolutos, ha disminuido en proporción a la población, “este comportamiento es un reflejo de la insuficiente generación de empleos para satisfacer la demanda de los jóvenes, quienes en muchos casos se incorporan por primera vez al mercado laboral.”

El documento señala que la tasa de desempleo juvenil pasó de 2005 a 2013, en números redondeados, de 6 a 8 por ciento. Asimismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ha señalado que en México en 2014 se llegó casi al 10 por ciento, cuando lo normal en una economía son tasas de paro de alrededor del 6 por ciento.

En este sentido, los jóvenes resultan ser el sector de la población más afectado por el desempleo, ya que como se ha mencionado, en años anteriores se alcanzaron tasas de desempleo elevadas que los afectaron, mientras el total de la población observó tasas menores al 6 por ciento.

Uno de los grandes problemas, es que el gobierno federal ha basado su política laboral para jóvenes en el emprendimiento, dejando de lado la importancia que tiene la contratación de jóvenes por empleo remunerado. Lo anterior supone la necesidad de implementar y, en su caso mejorar, las políticas públicas para atender a un sector de la población que es rechazado por los mercados laborales. Éstas deben contar con los mecanismos para incentivar al sector productivo para la capacitación y la contratación juvenil bajo esquemas de beneficio para ambas partes. En este mismo contexto la OCDE, en 2013, sugirió a través del director de Política de Empleo, Stefano Scarpetta, que los países que enfrentan este problema deben de recurrir a subsidios para las empresas con el fin de promover la contratación.

Por todo ello, se pone a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dirige un respetuoso exhorto a la Secretaría de Economía para que en el ámbito de sus respectivas competencias, implemente y/o mejore las políticas públicas necesarias para promover el acceso de los jóvenes al campo laboral.

Nota

1 http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/Diagnostico_Sobre_Jovenes_En_ Mexico.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2016.

Diputada Karen Hurtado Arana (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta las Secretarías de Salud federal, de Coahuila de Zaragoza y de Durango a aumentar en sus posibilidades presupuestarias operativos de nebulizaciones y fumigaciones a fin de controlar y eliminar especies nocivas para la salud, como el dengue, zika y chikungunya, suscrita por el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, José Refugio Sandoval Rodríguez y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Este año se está convirtiendo en el segundo año consecutivo más lluvioso para la Comarca Lagunera, superando los registros históricos de precipitación en 1986 con una media de 503 milímetros a nivel regional. Se dice que es una lluvia atípica porque ha rebasado la media histórica anual que era de 242 milímetros de agua de lluvia, llegando ahora a superar en Gómez Palacio los 527 milímetros mientras que en Torreón se han registrado 434 mililitros de precipitación1 . Tales acontecimientos naturales están generando una emergencia que requiere del compromiso de sociedad y gobierno, debiendo ser prioridad salvaguardar la integridad física de las personas, así como de las comunidades.

Las lluvias atípicas registradas en las últimas semanas en la Comarca Lagunera, han alterado totalmente las ciudades de Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, Matamoros, Francisco I. Madero, San Pedro de las Colonias y Viesca al dejar decenas de colonias y vialidades inundadas; ocasionaron daños materiales a viviendas, caídas de árboles, postes, accidentes viales; además de detrimentos a los agricultores al afectarse cultivos.

Asimismo, las fuertes lluvias están generando una intensa humedad que provoca enfermedades alérgicas y otros padecimientos por la alta cantidad de alérgenos y partículas que se mueven conjuntamente con la propagación de tres virus que pueden llegar a ser mortales si no se atienden y eliminan de inmediato: dengue, zika, y chikungunya.

El dengue es una enfermedad trasmitida por mosquitos y producida por arbovirus de la familia Flaviviridae que al ser grave se presenta un descenso de la temperatura corporal menos de 38 grados centígrados (°C), dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, respiración acelerada, hemorragias de la encía, fatiga, inquietud y presencia de sangre en el vómito. En el caso del zika, el piquete del mosquito vector aedes aegypti y albopictus , puede generar síntomas como erupción en la piel o sarpullido, fiebre leve, suele acompañarse de conjuntivitis, dolor muscular o en las articulaciones. En tanto que el chikungunya se caracteriza por fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares, náusea, fatiga, erupciones cutáneas, dolores severos en las articulaciones afectando manos, pies, rodillas, espalda (puede llegar a incapacitar a las personas para caminar y realizar acciones sencillas).

Si bien es cierto que el gobierno federal ha establecido protocolos de seguridad de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades transmitidas por vector y ha puesto en marcha la primera Jornada Nacional de lucha con las enfermedades del dengue, zika, y chikungunya, en el caso de la Comarca Lagunera no ha sido suficiente; pues debido a las lluvias atípicas que se han registrado en la región se están generando mosquitos que están propagando enfermedades que para el caso de no eliminarse de manera inmediata representarán un riesgo para la ciudadanía pudiéndose convertir en un plaga y en un problema de salud pública.

A la fecha se tiene registrados aproximadamente 102 personas infectas por el dengue clásico en Gómez Palacio, Durango, lo cual representa un incremento de 240 por ciento en tres semanas2 , en tanto que en Coahuila se tienen confirmados 51 casos de dengue, 49 clásicos y 2 hemorrágicos3 .

Estoy consciente que temas como el que se expone implican una emergencia que requiere de la suma de esfuerzos de sociedad y gobierno, debiendo ser preferencia proteger la integridad física de las personas, así como de las comunidades, por ello es importante evitar plagas y realizar nebulizaciones y fumigaciones ya que los insectos viven en aguas estancadas, rincones insalubres de las casas, entre sábanas, ropa, patios y en cualquier momento pueden picar a seres humanos y generarles alguna enfermedad que de no ser atendida oportunamente pudiese causar incluso la muerte, por ello; a fin de evitar la proliferación de los mosquitos transmisores de enfermedades, es que se presenta este punto de acuerdo a fin de sumar esfuerzos y salvaguardar a las personas que habitan en áreas rurales, urbanas y suburbanas y que por las lluvias excesivas y la proliferación de los mosquitos se están colocando en el riesgo de contraer alguna de estas enfermedades.

Por lo anterior es que presento este exhorto a fin de solicitar a la Secretaría de Salud federal y las Secretarías de Salud de los estado de Coahuila de Zaragoza y de Durango para que en la medida de sus posibilidades presupuestales realicen nebulizaciones y fumigaciones para el control y eventual eliminación de especies nocivas para la salud que están causando molestias sanitarias en la Comarca Lagunera y generando enfermedades como el zika, dengue y chikyngunya.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal y a las secretarías de salud de los estados de Coahuila de Zaragoza y de Durango, para que en la medida de sus posibilidades presupuestarias sumen esfuerzos para que se aumenten los operativos de nebulizaciones y fumigaciones para el control y eventual eliminación de especies nocivas para la salud que están causando molestias sanitarias y enfermedades como el dengue, zika, y chikungunya en la Comarca Lagunera, a fin de proteger a la población que habita en áreas rurales, urbanas y suburbanas ante la propagación de posibles plagas propagadas por los mosquitos y evitar que se convierta en un problema de salud pública.

Notas

1 https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1257656.superan-lluvias-reg istros-historicos.html.

2 https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1262151.crece-brote-de-deng ue-en-gomez-pal de fecha 13 septiembre 2016.

3 http://www.milenio.com/region/
Milenio_Noticias-Dengue_en_La_Laguna-casos_de_dengue_en_La_Laguna-dengue_en_Torreon_0_807519541.html
de fecha 8 de septiembre del 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2016.

Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal, el IFT y la SCT a implantar un plan que asegure la cobertura total en materia de infraestructura de telecomunicaciones relativo al tema del “apagón analógico”, suscrita por los diputados Blanca Margarita Cuata Domínguez y Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez y el diputado Renato Josafat Molina Arias, integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente:

Consideraciones

El Estado mexicano debe garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos consagrados entre otros, en el artículo primero de nuestra Carta Magna y consolidar un orden democrático fundado en el equilibrio de poderes, en el reconocimiento de la diversidad de intereses sociales, la pluralidad cultural, la libertad de expresión y la plena garantía del derecho a la información.

Una población informada, es una población que participa en los procesos más importantes para el desarrollo integral de un país y cumple un papel predominante en la definición de los cambios políticos, económicos, sociales y culturales de México.

La pasada reforma en materia de telecomunicaciones representó una inmejorable oportunidad de garantizar el conjunto de derechos y garantías sociales que la ciudadanía de nuestro país debe gozar, con el objeto de asegurar el ejercicio libre del derecho a la información y la libertad de expresión.

Con ese aliento democrático, las y los legisladores de la LXIII Legislatura así como el titular del Ejecutivo Federal, debemos promover la visión de dar una nueva dimensión comunicativa y provocar un cambio de largo alcance.

Al dar paso al “apagón analógico”, se terminará con la necesidad de tener transmisiones simultáneas y esas porciones del espectro pueden ser usadas para servicios de datos móviles que beneficiaran a todos los mexicanos que utilicen esos y otros servicios.

La sustitución total de las transmisiones analógicas por las digitales, fue el siguiente paso en la evolución de la televisión, y permitió transmitir más datos para ofrecer alta definición o hasta cinco canales en donde se transmitió uno. Las señales digitales de televisión brindan la posibilidad de ofrecer contenidos en alta definición o una mayor cantidad de canales de programación.

La disponibilidad de espectro para servicios de banda ancha puede ser un factor para incrementar la conectividad en sitios remotos y dotar a escuelas y centros de salud de mejor y mayor infraestructura para educación a distancia y una gama amplia de beneficios que se logran con una mayor cobertura de comunicaciones.

Se pretendió un nuevo esquema gratuito en los sistemas de televisión abierta, pero el televidente tenía que contar con televisores que sean compatibles con la nueva señal digital.

Sin embargo, se previó en ese momento que no todos los mexicanos tenían la posibilidad de acceder a los supuestos beneficios que trae consigo el apagón analógico.

Por lo que el listado de 9.7 millones de hogares que tenía Sedesol en sus padrones de beneficiarios, no fue suficiente para cubrir a los 12 millones 981 mil 950 hogares, que equivalen a 49 millones 333 mil 58 habitantes que dependían de la televisión analógica en nuestro país según datos del INEGI.

Un caso claro de lo mencionado en el párrafo anterior, es el estudio que hizo la firma Nielsen-Ibope, en Monterrey Nuevo León, responsable de medir los índices de audiencia o rating, afirmó que no fueron 472 mil si no 645 mil regiomontanos que se quedaron sin señal de televisión analógica. Es decir, 16% y no 10.3%, como lo había señalado el Titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y la Subsecretaria de Comunicaciones. Según el estudio de la firma Nielsen-Ibope el 72% de estas personas son de nivel socioeconómico muy bajo.

Dato que se corrobora con el informe del IFT correspondiente al cuarto trimestre de 2015 en donde se señala:

En referencia al consumo de Televisión, se encontró que la proporción de televisores encendidos promedio del 2015 fue de 13.8%, siendo las 21:30 horas cuando existe una proporción mayor de televisores encendidos y la Ciudad de México la Entidad Federativa que más televisores encendidos presenta. En cuanto al nivel de audiencia, para televisión abierta se presenta una disminución de -18% respecto del cuarto trimestre de 2014... 1

Asimismo, como se mencionó antes, es muy importante destacar que la forma de realizar el proceso del apagón analógico, no necesariamente cumplirá con la cobertura para que todos los sectores de la población gocen de la garantía de estar comunicados, que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de los derechos de los ciudadanos de este País.

Claro ejemplo es el Informe del Instituto Federal de Telecomunicaciones fechado en septiembre del año en curso, donde si bien es cierto que la infraestructura existente para la televisión digital terrestre disminuyó de 2010 a 2015 de un 66% a 32% de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, reduciéndose en 17% respecto del año próximo anterior que era de 49%, lo que quiere, decir que un 17% de la población se quedó sin acceso a la señal Televisión Digital Terrestre por falta de infraestructura.

Por otro lado se hace un muestreo de 10 ciudades que son Cd, Juárez, Tecate, Monterrey, Cuernavaca, Torreón, Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, Tuxtla Gutiérrez y Xalapa teniendo los siguientes hallazgos del levantamiento señalado:

En general se observa una reducción en el porcentaje de hogares sin infraestructura para TDT en todas las ciudades que tuvieron segundos levantamientos.

• La mayor reducción ocurrió en Cuernavaca que pasó de 23% a 4%, sólo un mes después del cese de transmisiones.

• En ciudades que en el primer levantamiento mostraron porcentajes de hogares no preparados mayores al 20% (como Tuxtla Gutiérrez, Puebla y Ciudad de México) se observa que el porcentaje de hogares sin infraestructura para recibir TDT se redujo en 6 meses a un rango entre 7 y 8%.

• Se aplicó un tercer levantamiento en Monterrey, el cual arroja que nueve meses después del cese de transmisiones analógicas, sólo había un 3% de hogares no preparados.

• En promedio, las encuestas muestran que el porcentaje de hogares sin infraestructura de TDT en las ciudades con segundos levantamientos -incluyendo el tercer levantamiento de Monterrey-, es de alrededor de 7%, una vez que transcurrió un periodo de tiempo que permitió a los hogares contar con la infraestructura necesaria para recibir la señal de TDT.

• En otras ciudades como Guadalajara y la Ciudad de México, el porcentaje de hogares que no contaban con la infraestructura para recibir señal digital, se ubicó en 5% y 7% respectivamente, a seis meses del apagón.2

Cabe destacar que los levantamientos, que hace el IFT, se hacen solo en ciudades y que los beneficiarios de los padrones de Sedesol no solo viven en ciudades, sino en porciones del territorio que no son ciudades y por supuesto donde la infraestructura de TDT es inexistente.

En ese mismo sentido, el padrón de Sedesol solo cubre precisamente una porción de la población que como es sabido, dejó fuera a sectores de la población que no tenían las condiciones para ser beneficiarios y que simplemente no están en el mencionado padrón.

Ahora bien, haciendo un análisis con un alto grado de sentido común el costo de entregar televisiones y no solamente decodificadores o convertidores de señal, ha sido muy alto e incluso injustificable ya que con el diferencial del costo entre un dispositivo y otro, se pudo haber invertido en infraestructura en materia de telecomunicaciones para ofrecer una mayor cobertura.

Por lo anterior, no fue suficiente el gasto que se ha hecho para este proceso del apagón analógico ni los 9.7 millones de televisores supuestamente entregados, porque lo que se necesita en realidad es la inversión en infraestructura en las zonas que quedaron fuera de la posibilidad de comunicación.

Asimismo, es por demás sabido que se ha aprobado que la frecuencia de 700 MHtz sea utilizada con un decremento de potencia, para atender a las televisoras culturales y educativas filiales a cadenas del Gobierno que por cierto son las menos, equivalentes al 6.72 % de este sector, por lo que está claro que en realidad se estará beneficiando al grueso de repetidoras filiales del duopolio Televisa-TV, Azteca que representan el 93.28 %, con la finalidad de librarlas de las sanciones a las que deberían ser acreedoras por no cumplir con las especificaciones que exigió el apagón analógico.

Por consiguiente, si bien se señala en dicho informe que la tendencia es consistente con la experiencia internacional lo cierto es que al día de hoy existe un porcentaje mayor al 15% sin infraestructura de TDT, toda vez que en 2015 se redujo un -17% respecto del 32% existente, debiendo señalar que el muestreo se hace en zonas urbanas y no en zonas rurales por lo que la infraestructura faltante supera por mucho ese 15%, y representa que millones de mexicanos no cuenten, ni tengan acceso a dicho servicio, derivando en el incumplimiento a los ordenado por el artículo Décimo Sexto transitorio de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, cito:

Décimo Sexto. El Estado, a través del Ejecutivo Federal, en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, garantizará la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones, de conformidad con los principios contenidos en el artículo 6o., Apartado B, fracción II del presente Decreto y las características siguientes:

I. ...

II. Contemplará el aprovechamiento de al menos 90 MHz del espectro liberado por la transición a la Televisión Digital Terrestre (banda 700 MHz), de los recursos de la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y de cualquier otro activo del Estado que pueda utilizarse en la instalación y la operación de la red compartida;

III. ...;

IV. ...;

V. ...;

VI. ... y

VII. ...

El Ejecutivo Federal, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, incluirá en los instrumentos programáticos respectivos, las acciones necesarias para el desarrollo de la red a que se refiere este artículo.

En razón de lo anterior, es de exhortarse respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, al Titular de Instituto Federal de Telecomunicaciones y al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que implementen a la brevedad, el plan que asegure la total cobertura en materia de infraestructura de telecomunicaciones para atender a toda la ciudadanía, que se quedó sin posibilidad de estar comunicada vía televisión consecuencia del “apagón analógico”, con el fin de restituirles sus derechos a estar comunicados.

Por lo anteriormente motivado y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, al Titular de Instituto Federal de Telecomunicaciones y al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que implementen a la brevedad, el plan que asegure la total cobertura en materia de infraestructura de telecomunicaciones (TDT) para atender a toda la ciudadanía, que se quedó sin posibilidad de estar comunicada vía televisión consecuencia del “apagón analógico”, con el fin de restituirles sus derechos a estar comunicados.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal Décimo a dar cumplimiento al artículo Sexto transitorio de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013.

Notas

1 http://cgpe.ift.org.mx/4ite15/

2 http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/comunicacion -y-medios/exp-tdt-vfinal-20160209.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2016.

Diputados: Blanca Margarita Cuata Domínguez, Renato Josafat Molina Arias (rúbricas).

Con punto de acuerdo, relativo a la regulación y operación de las empresas proveedoras de servicios de alertamiento sísmico, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil para que, en el marco del 30 aniversario de Protección Civil en México y del 31 aniversario de los sismos del 19 de septiembre de 1985, en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Centro Nacional para la Prevención de Desastres y el Servicio Sismológico Nacional se regule y, en su caso, norme la operación de las empresas que proveen servicios de alertamiento sísmico, con base en las siguientes

Consideraciones

Prevenir es vivir, por eso, cuando las características de los fenómenos naturales que potencialmente causan desastres, permiten disponer del tiempo suficiente para emitir alertas tempranas a la población es indispensable aprovechar todos los recursos posibles para estar preparados. Así, disponiendo los controles de calidad que se requieren, las medidas y procedimientos necesarios, la tecnología adecuada y el personal capacitado y técnicamente apto podemos decir que es posible realizar acciones para resguardar el patrimonio y salvar vida de la gente.

Este tipo de ventajas para el ser humano se plantean con los huracanes, en los que se puede conocer su trayectoria, velocidad de traslación y potencia destructiva, en ocasiones con días de anticipación. En contraste, en los fenómenos sísmicos, esto no es así y se requieren de conocimientos muy especializados para anticipar por minutos o segundos el impacto de un evento sísmico.

Por ejemplo, en el caso de los devastadores sismos ocurridos el 19 se septiembre de 1985, aunque el epicentro fue en las costas de Michoacán, el fenómeno impactó a la Ciudad de México en un par de minutos. De acuerdo con cifras oficiales, este evento sísmico causó alrededor de 6 mil decesos y daños por 4 mil 100 millones de dólares1 . Ello evidenció la necesidad de implementar acciones para prevenir, aprovechar al máximo los tiempos para el alertamiento y coadyuvar a salvaguardar la vida y el patrimonio.

En el contexto de este tipo de retos, la tecnología actual permite contar con sensores y dispositivos que emiten una alarma sonora cuando los parámetros de magnitud e intensidad son rebasados a una escala que pudiera causar daños a la población e infraestructura. Este esfuerzo tecnológico ha permitido que la Ciudad de México cuente, desde 2005, con un Sistema de Alerta Sísmica, para la realización de acciones anticipadas de resguardo y evacuación de inmuebles, ante la ocurrencia de un evento potencialmente destructivo.

La Alerta Sísmica, conocida como SAS (Sistema de Alerta Sísmica), depende del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), que es un asociación civil, auspiciada por el gobierno del Distrito Federal, y que tiene el propósito de detectar sismos importantes en la costas del Pacífico y avisar con al menos 50 segundos de anticipación, en la Ciudad de México, ante la llegada inminente de ondas sísmicas importantes.

Así, en 2005, por iniciativa de los gobiernos de la Ciudad de México, Oaxaca y la Secretaría de Gobernación, se convino compartir la información proveniente de los sensores para advertir tanto a la Ciudad de México como a la ciudad de Oaxaca la ocurrencia de un sismo importante.

Con este convenio inició la primera etapa del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex). Con la unión del sistema se tenían un total de 51 estaciones sismo sensoras y dos ciudades con el servicio de difusión de alerta.

Adicionalmente, en 2007, Acapulco y Chilpancingo se integran a las ciudades que reciben la señal del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano y en 2010 el gobierno de la Ciudad de México invirtió en la actualización del Sistema de Alerta Sísmica, así como ampliar la cobertura del sistema.

Con esta inversión, se instalaron 64 estaciones sismo sensoras, cubriendo las regiones de Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla y se complementó la infraestructura existente en Guerrero. Con esto, la red de estaciones sismo sensoras contó con un total de 97 estaciones.

En consecuencia de este desarrollo, si en septiembre de 1985 se hubiera contado con un sistema de alerta sísmica temprana efectiva, la población podría haber escuchado, el 19 de septiembre a las 7:18 horas, con más de un minuto de anticipación, la señal de que un temblor ocurriría. Ello permite estimar que al menos algunas de las personas que lamentablemente fallecieron hubieran salvado la vida, resguardándose en algunos sitios o evacuando algunas construcciones.

A pesar de que el Sasmex tiene como principal objetivo alertar a la población en la Ciudad de México, otras ciudades ubicadas en zonas sísmicas son también prioritarias y deberán contar con sistemas de alerta, a un tiempo de alertamiento menor que el de la Ciudad de México. Esto, sin duda, permitirá salvaguardar más vidas.

Por todo lo anterior, es necesario contar con sistemas de alerta sísmica eficiente y eficaz. Sin embargo, las mejoras del sistema han sido usadas como una oportunidad de negocios para decenas de empresas que en muchas ocasiones no cuentan con el desarrollo tecnológico deseable dentro de lo posible; ni muestran un compromiso real con la prevención, y se encuentran ofreciendo servicios de alertamiento, a través de aplicaciones móviles, dispositivos sonoros y otros instrumentos.

De acuerdo con un análisis hecho por el propio CIRES, publicado en internet el 14 de julio de 2016 (https://youtu.be/6S5TqPHGefw), las aplicaciones de dispositivos móviles, no están certificadas para la transmisión de la alerta sísmica ya que la fluctuaciones de la señal de internet móvil, las deficiencias en cobertura y la potencia de procesamiento de información de los servidores o “nubes” donde es procesado el alertamiento para ser enviado a los usuarios, pueden causar un retraso importante en la recepción de dicha alerta o incluso alertamientos falsos.

Algunos ejemplos de estas aplicaciones son2 :

• UrbanDF

• SismosMX

• Alerta Sísmica DF

• Sky Alert

Esto, sin contar las empresas que ofrecen directamente a gobiernos estatales y municipales este servicio, sin contar con características que garanticen la confiabilidad de los alertamientos.

En este sentido, CIRES señala que las únicas formas confiables de notificación son:

• Radio y televisión.

• Altoparlantes instalados por la empresa.

• Receptores de señales de emergencia.

• Receptor Sarmex y Sasper.

Retomando estos datos y dada la importancia de contar con sistemas de alerta temprana eficientes, accesibles, oportunos y confiables que permitan realizar acciones de prevención, resguardo o evacuación de manera anticipada, se hace evidente la necesidad de que las autoridades intervengan.

Así, podemos apreciar que en el marco de la conmemoración de los 30 años del Sistema Nacional de Protección Civil y 31 de los sismos de 1985 que detonaron la creación de dicho sistema, diversas instancias públicas y privadas se han sumado al alertamiento hipotético para la realización de un macro simulacro. Ello hace evidente que tenemos la capacidad para coordinarnos, por lo que es necesario contar con un sistema de alerta único y con una fuente de información oficial, regulada por instancias federales que aseguren la veracidad, eficacia y eficiencia de éstas. El reto de continuar desarrollando nuestra cultura de protección civil y un sistema único de alerta temprana, con reglas claras de operación que lo hagan más eficiente y transparente, se justifica con salvar una vida.

Apoyar esta propuesta a sabiendas de que el esfuerzo institucional que implica atender el presente punto de acuerdo puede ayudar a salvar muchísimas vidas es cumplir uno de nuestros compromisos con nuestro país.

Por ello, es urgente instar a las autoridades federales y a las instancias oficiales de investigación que corresponda a que realicen acciones orientadas a regular y normar las actividades de las empresas que ofrecen estos servicios, para que la población cuente con información que realmente permitirá salvaguardar la vida y su patrimonio.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil para que, en el marco del 30 aniversario de Protección Civil en México y del 31 aniversario de los sismos del 19 de septiembre de 1985, en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Centro Nacional para la Prevención de Desastres y el Servicio Sismológico Nacional se regule y, en su caso, norme la operación de las empresas que proveen servicios de alertamiento sísmico.

Notas

1 Véase: http://sipse.com/infografias/terremoto-de-1985-en-ciudad-de-mexico-62.h tml

2 Véase:
http://www.elfinanciero.com.mx/blogs/8-bytes-1/no-te-enteraste-del-temblor-aqui-hay-apps-con-alerta-sismica.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2016.

Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, la SCT y la Semar a modificar el acuerdo intersecretarial número 117, en materia de pesca en la sonda de Campeche, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del estado de Campeche, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en lo que disponen los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Marina a modificar el acuerdo intersecretarial número 117 en materia de pesca en la sonda de Campeche, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Que el 11 de septiembre de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo intersecretarial número 117, mediante el cual se establecieron áreas de prevención y de exclusión como medidas de seguridad, limitando el tránsito y la pesca de las embarcaciones pesqueras mexicanas en la sonda de Campeche.

2. Que el sureste de nuestro país, por décadas, se ha caracterizado por ser una región dedicada a la extracción de hidrocarburos, siendo el Estado de Campeche el mayor productor por su riqueza en yacimientos petrolíferos, de los que deriva la extracción de crudo y gas natural.

3. Que precisamente la extracción de los hidrocarburos impactó de manera directa y especial al sector pesquero y camaronero de Campeche, que era una de las fuentes de trabajo e ingresos de notable significación en el desarrollo económico de esta entidad federativa.

4. Que la pesca identificaba al Estado de Campeche, en dos modalidades: la ribereña y la de altura, siendo la pesca de altura, aquella que es caracterizada por las actividades que realizan las embarcaciones pesqueras a grandes profundidades y distancias de la costa hasta las aguas oceánicas, rebasando incluso los límites del mar territorial y de la Zona Económica Exclusiva, que son las condiciones técnicas propicias para su operación.

5. Que en la actualidad, la contribución del sector pesquero al Producto Interno Bruto Nacional representa tan sólo el 0.2 por ciento, que comparado con la industria petrolera en la sonda de Campeche, es poco significativo, por lo que lo recomendable es fortalecer a la industria pesquera mexicana que opera en esta importante zona, sobre todo porque actualmente es necesario diversificar la actividad económica a fin de que se reduzca la dependencia que existe en torno a la extracción del petróleo y sus actividades económicas periféricas.

6. Que es indiscutible que la actividad pesquera representa una fuente de trabajo y de ingresos muy importante para el estado de Campeche, que antes del florecimiento de la industria petrolera, contaba con un sector muy fuerte y competitivo en materia pesquera y sobre todo camaronera.

7. Que la producción de hidrocarburos en México y especialmente en la sonda de Campeche, ha sido palanca de desarrollo para la Nación por décadas, pero en la actualidad la baja en los precios del petróleo la ha impactado negativamente, reduciendo de manera significativa la actividad económica colateral y en especial la del Estado de Campeche.

8. Que como resultado de la inversión en nuevas tecnologías y herramientas se ha dotado de mayor capacidad de operación e infraestructura a la paraestatal, que se ha extendido a lo largo del Golfo de México, pero su expansión ha tenido como consecuencia el desplazamiento de actividades económicas primarias que constituían el sostén de las familias asentadas en la región, sobre todo si se considera que de la población total del Estado de Campeche, alrededor del 75 por ciento vive en la zona costera, lo que explica el gran impacto negativo en cuanto a la diversificación de la actividad económica.

9. Que desde el año 2003 a la fecha, la actividad pesquera en nuestro país ha atravesado por una seria crisis en términos de productividad y competitividad. Los volúmenes de captura se han visto disminuidos desde entonces y el panorama de la pesca nacional, particularmente en el Estado de Campeche, se ha visto seriamente afectado por las restricciones establecidas por el acuerdo intersecretarial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2003, emitido por la Secretaría de Marina, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

10. Que en ese acuerdo intersecretarial se dictaron medidas de seguridad en la sonda de Campeche, estableciéndose las áreas de prevención y las áreas de exclusión que restringieron el tránsito y la pesca y que afectaron especialmente al sector pesquero del Estado de Campeche.

11. Que dentro de la sonda de Campeche, alrededor de 38 mil kilómetros cuadrados constituyen la zona óptima de pesca, sin embargo esta superficie en su totalidad fue absorbida por las áreas de prevención y de exclusión, donde se impide la realización de actividades pesqueras en alrededor de 65 mil kilómetros, con lo cual las embarcaciones pesqueras del Estado de Campeche quedaron sin la posibilidad de continuar operando de manera regular, como lo venían haciendo con bastante éxito.

12. Que con el establecimiento de las áreas de prevención y de exclusión, prácticamente se ha prohibido y bloqueado el paso y la actividad pesquera a las embarcaciones, siendo en su mayoría las del sector pesquero del Estado de Campeche.

13. Que es evidente que al haberse establecido las áreas de prevención y de exclusión como medidas de seguridad a las instalaciones petroleras, sin haberse implementado medidas compensatorias y de diversificación económica, prácticamente se condenó al fracaso a la actividad pesquera del Estado de Campeche, cuyas consecuencias económicas y sociales han impactado negativamente a la población mexicana.

14. Que es de suma importancia apoyar al sector pesquero de altura y ribereño, que en la actualidad se ha visto seriamente limitado y sin apoyos ni medidas compensatorias, lo que sería fácilmente sustituible con la modificación de acuerdo intersecretarial en lo que se refiere a las áreas de prevención y de exclusión en la sonda de Campeche.

15. Que es necesario recordar que en el estado de Campeche, uno de los principales ejes económicos y de desarrollo, por muchas décadas lo fue precisamente la pesca, que dio lugar al florecimiento de una flota muy importante en materia de pesquería del camarón, lo que podría nuevamente impulsarse con la liberación de las áreas de prevención y las áreas de exclusión para las embarcaciones pesqueras mexicanas.

16. Que hasta hace poco más de 4 décadas, la flota camaronera de altura contaba con alrededor de mil embarcaciones en el estado de Campeche, que daban trabajo e ingreso a cerca de 6 mil familias de pescadores, pero que una vez que fueron impactados por las medidas de seguridad antes mencionadas, la flota se fue reduciendo a tal grado que en la actualidad no supera las 150 embarcaciones en todo el Estado, y en el municipio de Carmen sólo operan entre 10 y 15 embarcaciones.

17. Que con relación al sector pesquero ribereño, el total de pescadores en todo el estado es de 12,400 aproximadamente, de los cuales 4,200 operan en el municipio de Carmen, que con la liberación de las restricciones establecidas en el acuerdo intersecretarial, podrían ampliar sus actividades en la costa y mejorar su productividad y bienestar social.

18. Que tomando en consideración diversos factores como lo son la precariedad de las embarcaciones; el alto costo del diesel para uso en embarcaciones marinas; el bajo consumo de pescados y mariscos a nivel nacional; las restricciones en las áreas de pesca; y la existencia de áreas protegidas, la actividad pesquera prácticamente fue condenada a ir disminuyendo gradualmente hasta su desaparición como industria.

19. Que si bien es cierto que en su oportunidad se cumplió el propósito del establecimiento de las áreas de prevención y de exclusión, también lo es que en la actualidad es factible instrumentar medidas de seguridad en la sonda de Campeche y en paralelo, permitir a las embarcaciones pesqueras mexicanas el tránsito y la pesca para el florecimiento de esa importante actividad económica que propiciaría no sólo la reactivación económica tan necesaria en el Estado de Campeche, sino también la diversificación económica para el desarrollo de las familias campechanas que no sólo generarían empleos directos, sino también muchos indirectos alrededor de la industria pesquera y camaronera.

20. Que en el marco del Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo de los Estados de Campeche y Tabasco, el Presidente de la República Enrique Peña Nieto anunció precisamente el 4 de mayo del año en curso, que después de 30 años, se permitirá la pesca en la sonda de Campeche, y se habrá de brindar apoyo y financiamiento a los productores, tratándose de una zona de aproximadamente 10 mil kilómetros cuadrados.

21. Que la instrumentación de ese Programa, el titular del Ejecutivo Federal afirmó que “habrá de contribuir a que, como ha ocurrido con el país entero, estas dos entidades puedan diversificarse y puedan despetrolizar su actividad económica”.

22. Que entre las acciones estratégicas anunciadas, el Primer Mandatario destacó la creación de una Zona Económica Especial en beneficio de Campeche y Tabasco, que se sumará a las tres que habían sido anunciadas anteriormente, con el objetivo de potenciar la modernización industrial y la diversificación económica de esta zona.

23. Que además el Presidente de la República anunció que se promoverá la transformación productiva de la región en el mediano y largo plazos en especial a través de la diversificación productiva, enfocándose en cuanto al sector agropecuario, principalmente en la acuacultura y la pesca.

24. Que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar vigente a partir del 16 de noviembre de 1994, establece normas internacionales de observancia obligatoria para nuestro país, por haber ratificado dicha Convención, particularmente, en lo relativo a la utilización de los recursos vivos marinos.

El artículo 62, numeral 2 de la Convención en comento establece lo siguiente:

“El Estado ribereño determinará su capacidad de capturar los recursos vivos de la zona económica exclusiva. Cuando el Estado ribereño no tenga capacidad para explotar toda la captura permisible, dará acceso a otros Estados al excedente de la captura permisible mediante acuerdos u otros arreglos y de conformidad con las modalidades, condiciones y leyes y reglamentos a que se refiere el párrafo 4, teniendo especialmente en cuenta los artículos 69 y 70, sobre todo en relación con los Estados en desarrollo que en ellos se mencionan.”

La disposición internacional antes mencionada es de suma importancia, tomando en consideración que la crisis que atraviesa el sector pesquero del Golfo de México ha disminuido en gran medida la capacidad de la flota para explotar toda la captura permisible de los recursos vivos que se encuentran en la Zona Económica Exclusiva de nuestro país, hecho que debe cuidarse, ya que abriría la posibilidad de dar acceso a embarcaciones de otros países para la captura del excedente permisible de nuestros recursos pesqueros.

Por todo lo antes expuesto, considero muy importante solicitar el apoyo y aprobación del Pleno de esta Cámara de Diputados a la presente Proposición con Punto de Acuerdo a fin de que se exhorte respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Marina mediante el cual se establecieron medidas de seguridad en la sonda de Campeche, a fin de que en la actualidad, las embarcaciones pesqueras mexicanas puedan desarrollar su actividad pesquera en la sonda de Campeche, liberando las restricciones establecidas para las áreas de prevención y de exclusión, de conformidad con la estrategia en materia de pesca anunciada por el Presidente de la República en el marco del Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo de los Estados de Campeche y Tabasco.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Comunicaciones y Transportes; y, de Marina a modificar el acuerdo intersecretarial número 117 de fecha 11 de septiembre de 2003, mediante el cual se establecieron medidas de seguridad en la sonda de Campeche, a fin de que las embarcaciones pesqueras mexicanas puedan desarrollar su actividad en la sonda de Campeche, liberando las restricciones establecidas para las áreas de prevención y de exclusión, de conformidad con la estrategia en materia de pesca anunciada por el Presidente de la República en el marco del Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo de los Estados de Campeche y Tabasco.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2016.

Diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedatu a difundir un informe sobre la entrega de viviendas a damnificados por el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel en Guerrero, a cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal Lluvia Flores Sonduk, integrante de la LXIII Legislatura, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, somete a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el año 2013, el estado de Guerrero fue azotado por el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel, que dejaron efectos devastadores en diversas comunidades, ante esta lamentable situación las autoridades de los tres órdenes de gobierno se comprometieron a realizar una serie de acciones tendentes a dar pronta respuesta y ayuda a los miles de damnificados por estos fenómenos naturales.

En el mes de septiembre se cumplen ya tres años de que estos fenómenos impactaran a la Entidad y aun algunas personas siguen en espera de recibir los apoyos que se les ofrecieron, quedando en desamparo total.

Al día de hoy algunas personas damnificadas siguen viviendo con familiares, en albergues y en casas improvisadas con madera y láminas, en zonas de alto riesgo y por esto último, y ante el comienzo de la temporada de huracanes, nuevamente se encuentran en un riesgo latente de ser víctimas de los embates de la naturaleza.

A principios de año también fue del conocimiento público que algunas de las casas que ha entregado el Gobierno Federal a los damnificados, no cuentan con los principales servicios para poder ser habitadas. Aunado a ello, también se conoció que algunas de las viviendas han sido invadidas por otras personas y que cuando quisieron ser ocupadas por sus legítimos dueños, éstos fueron sacados con palos y machetes en mano.

En febrero del año en curso, también se señaló que hace falta la entrega de al menos dos mil viviendas para poder atender a la totalidad de los damnificados por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel, como es de saberse, es aún un número considerable que nos hace pensar que están en el desamparo por lo menos el mismo número de familias guerrerenses, sin que las autoridades federales realicen las acciones necesarias para cumplir con las promesas realizadas hace ya casi tres años.1

Al respecto de este retraso, el delegado de la SEDATU en el Estado, José Manuel Armenta Tello, ha declarado que el retraso en la entrega de viviendas se deba a problemas legales y administrativos con los predios.2

Las viviendas que faltan por construir, son en diferentes municipios del estado, podemos mencionar por citar un ejemplo, el poblado de La Concepción, en el que las familias han mostrado ser poseedoras de folios de viviendas que fueron censadas pero no reconstruidas, y al respecto las autoridades han argumentado que las casas dañadas por las inundaciones provocadas por esos fenómenos meteorológicos superaron los tres metros de altura y por los graves daños de las mismas no pueden ser reconstruidas. A la gente no se le ha brindado una solución su problema.3

Otro ejemplo es la región conocida como “La Montaña”, que es la de más alto rezago social en el estado, sus habitantes han hecho declaraciones en el sentido de que la SEDATU no ha entregado las viviendas a las que se comprometieron, asimismo, también se advierte que carecen de escuelas, centros de salud, carreteras, caminos, red de agua potable y ante el comienzo de la temporada de huracanes en el pacífico, lo que más interesa a los pobladores de esta región es la reubicación de las comunidades que están asentadas en zonas de riesgo.

Compañeros Legisladores, hemos visto en este tiempo que ha pasado desde esa catástrofe, que las autoridades de los tres órdenes de gobierno ya se olvidaron de las promesas hechas, pero no solo eso, somos testigos de la desatención e incumplimiento, por lo que nos hace pensar que penosamente los recursos que fueron asignados para la reconstrucción de los poblados y la reubicación de las familias damnificadas han sido desviados.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano haga del conocimiento público un informe en el que se señale puntualmente los avances en la entrega de viviendas a damnificados del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel, en el estado de Guerrero.

Notas

1 http://bajopalabra.com.mx/rezago-vivienda-tres-anos-ingrid-manuel-sedat u fecha de consulta: 31 de mayo de 2016

2 Ídem.

3 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/02/acapulco-pobladores-conti nuan-sin-apoyo-tras-paso-de-manuel fecha de consulta: 31 de mayo de 2016

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2016.

Diputada Lluvia Flores Sonduk (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conade a difundir los instrumentos implantados para impulsar a los atletas paralímpicos en el país y los resultados de éstos, a cargo de la diputada Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

México, es una potencia deportiva, los atletas paralímpicos cada cuatro años ponen en alto la bandera mexicana y se entona el himno nacional en las diferentes disciplinas en las que cada mexicano realiza su competencia.

Los Juegos Paralímpicos son la competencia olímpica oficial para atletas con ciertos tipos de discapacidades físicas, mentales o sensoriales, como discapacidades motoras, amputaciones, ceguera, parálisis cerebral y deficiencias intelectuales.

Históricamente el desempeño de nuestros atletas paralímpicos ha constituido un ejemplo de determinación y superación de la adversidad. En el desarrollo de los Juegos Paralímpicos desde 1976 a la fecha.

En los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, la delegación mexicana quedó en el lugar 23 del medallero general, obteniendo 21 preseas, 6 de oro, 4 de plata y 11 de bronce.

La delegación mexicana que participa en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 continúa con la cosecha de medallas y hasta el sábado 10 de septiembre ya consiguieron tres preseas, con lo que ya suma seis en lo que va de la competencia.

Históricamente México ha trabajado en el ámbito del deporte paralímpico y las personas con discapacidad que participan en cualquier actividad física a través de distintos espacios y medios, actualmente con el Centro Paralímpico Mexicano (Cepamex), Institutos del Deporte de los estados, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y organizaciones civiles a fines. En concordancia con el eje de México Incluyente del PND 2013-2018 se generan las condiciones para fomentar una sociedad que procure la igualdad de derechos y oportunidades, factor clave para continuar y potencializar la proyección de México a nivel internacional en este ámbito.

Existen 2 mil 457 municipios, en la mayoría de los cuales no hay personal para desarrollar programas encaminados a la atención del deporte social, según el número de municipios representados en los Sistemas Estatales del Deporte; el único estado responsable del deporte en todos sus municipios es Baja California.

No se cuenta con información que permita conocer cuál es el estado de la aptitud física de los mexicanos, por lo que es difícil establecer de forma inmediata programas encaminados a promover la activación física.

En general, la población recibe mucha información acerca de la necesidad de realizar actividades físicas, sin embargo, no existen programas que establezcan de manera clara qué requiere cada individuo para mejorar su salud y mucho menos que permitan dar un seguimiento.

Aunque existe un creciente interés por abatir el sedentarismo y las enfermedades crónicas degenerativas por parte de la sociedad en general, no existen programas unificados que convoquen a las empresas para que fortalezcan económicamente los esfuerzos por activar físicamente a la sociedad.

La población mexicana no tiene hábitos de práctica deportiva incorporados en su día a día. Según el Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en su primera etapa en noviembre de 2013, 56.2 por ciento de la población mexicana de 18 años y más en área urbana es inactiva físicamente. De este universo, 42 por ciento son hombres y 58 por ciento mujeres.

La práctica deportiva es una actividad que contribuye en el mejoramiento de las condiciones de salud de la población, así como un recurso importante en la prevención del consumo de drogas y de la delincuencia entre la juventud, existe una escasa información sobre la situación real de la práctica del deporte en nuestro país.

Por lo expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a que haga público los mecanismos que ha implementado para impulsar a los atletas paralímpicos y cuales han sido los resultados que se han alcanzado, conforme al Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 20 de septiembre de 2016.

Diputados: Delfina Gómez Álvarez (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas, Blandina Ramos Ramírez, Renato Molina Arias, Emiliano Álvarez López.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a dictaminar la minuta referente a incrementar la edad para contraer matrimonio, a cargo el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República a que dictamine la minuta enviada por la honorable Cámara de Diputados referente a incrementar la edad para contraer matrimonio al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la Legislatura LXII fue presentada la siguiente minuta dictaminada a favor y turnada al Senado de la República; se detalla el orden y objetivo que persigue:

- El 30 de abril del 2015 fue dictaminada la minuta presentada por el diputado Fernando Belanzurán Méndez y la diputada Merilyn Gómez Pozos, la cual reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal y que fue turnada a la Cámara de Senadores para su dictaminación.

Desafortunadamente el Código Civil Federal contiene disposiciones que resultan violatorias a los derechos de la niñez, como lo es el matrimonio infantil.

Los códigos civiles del país observan al matrimonio en menores de edad como algo normal, sin considerarlo como lo que verdaderamente es, un abuso y una violación a los derechos humanos de los niños. El matrimonio debe ser producto de una decisión personal, enteramente racional y no forzada; ni siquiera por el consentimiento de los padres, tutores o por las mismas autoridades, antes de cumplir la mayoría de edad.

Las tasas más altas de matrimonios jóvenes a nivel mundial ocurren en Asia con un 48%, África con un 42% y el tercer lugar lo ocupa América Latina con un 29%, donde jóvenes de entre 15 y 24 años han contraído matrimonio antes de los 18 años.1

La problemática en nuestro país es tal que en noviembre del 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió a México atender el tema de las uniones a muy temprana edad. La organización enfatizó que en México, 1 de cada 5 mujeres se une conyugalmente antes de los 18 años de edad, de acuerdo a datos proporcionados en 2014 por la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica del Inegi.2

Estudios realizados por el despacho de Consultores en Administración y Políticas Públicas, tienen registrados en el país 5,234 casos de menores casados, siendo Guerrero, Chiapas, Estado de México, Coahuila y Michoacán los estados con mayor número de casos legalmente registrados.3

Los matrimonios arreglados por los padres no es una práctica antigua como muchos suponemos, estas uniones siguen teniendo vigencia, causando daños psicológicos en los menores que contraen nupcias, y que de hecho, el que un menor contraiga matrimonio no significa siempre que éste contraiga matrimonio con otro menor, sino que la unión menor-adulto es tristemente común, causando aún más estragos psicológicos, pues desafortunadamente en los lugares donde se llevan a cabo las uniones, las personas no perciben la magnitud del problema que significa para un niño o adolescente lidiar con un adulto que se convierte en su conyugue.

Existe también el caso de jóvenes que por consentimiento de sus padres aceptan el compromiso matrimonial, el cual se acompaña de una serie de responsabilidades de las cuáles, el menor de edad no tiene la más mínima idea de cómo afrontar, por ello, muchos de esos matrimonios se ven después de un tiempo destinados al fracaso y a mutilar las posibilidades de desarrollo de los jóvenes.

El hecho de contraer matrimonio a muy temprana edad, en el caso de las mujeres, por ejemplo, coarta el desenvolvimiento en cuanto a empleos, educación, salud sexual y reproductiva, y la toma de decisiones dentro del seno familiar. Las mujeres que se casan a muy temprana edad sufren de violencia doméstica en mayor grado comparado con las que se casan después, además de que mayor número de hijos y existe un mayor riesgo en tasas de mortalidad causados por embarazos.4

En México, la mitad de jóvenes llegan al nivel de educación media superior y sólo la tercera parte terminará este nivel. La necesidad de trabajar para obtener dinero los lleva a abandonar la escuela, mientras que el matrimonio y el embarazo son la tercera causa de abandono escolar.5

Una cantidad importante de los jóvenes que contraen nupcias a temprana edad se presenta en los estados que hablan lenguas indígenas, como lo son Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.6

La concepción social que tenemos los mexicanos sobre el matrimonio está tan arraigada, que según una encuesta, la edad óptima para casarse según los encuestados es entre los 21 y 25 años. La realidad es que un 20% de los jóvenes que contraen matrimonio son menores de 20 años, y tan solo en 2013 se registraron 1,500 mujeres menores de 15 años que contrajeron nupcias.7

Datos del Inegi contabilizaron 584 mil 263 matrimonios en el país, de los cuales en 112 mil 112 uniones participaban mujeres menores de 20 años y en 1,470 casos menores de 15 años tan solo en los estados de Chiapas, Guerrero y Veracruz.8

Los problemas que desencadena el matrimonio infantil van más allá de los protagonistas de la unión; la especialista francesa Moneti, del Fondo de Naciones Unidas para la infancia, enfatiza que el matrimonio infantil puede en cierto momento ser factor de una situación crónica de mala nutrición, derivado de que los jóvenes den a luz a bebes con bajo peso se crean “insuficiencias de nutrición a través de las siguientes generaciones”.9

Espero que la argumentación presentada sea la suficiente para abrir los ojos y legislar; es momento de actuar y no seguir siendo cómplices del atropello de los derechos de nuestros niños y jóvenes, permitiendo que las leyes sigan consintiendo matrimonios en menores de edad.

Considerandos

La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el art. 45 dice: “Las Leyes Federales y de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias establecerá como edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años.”

Sin embargo, a la fecha no se han renovado todos los códigos civiles de los estados y aún tenemos 25 entidades que señalan que las edades mínimas para contraer matrimonio son de 14 o 16 años para mujeres y 16 o 18 para varones.

Existe una total incongruencia entre los términos que marca la Ley de niños, niñas y adolescentes y el Código Civil Federal, el cual debe ser equivalente y converger entre lo que se plasma entre leyes.

La ONU ha reconocido el problema en nuestro país y ha llamado a México a proteger los derechos de los niños, dejando muy preciso que el matrimonio entre un adulto y un menor no debe permitirse bajo ningún caso, no debe existir permiso de ninguna índole por parte de familiares ni autoridades, incluyendo la unión entre adolescentes.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Senado de la República para que a la brevedad dictamine la minuta enviada por la honorable Cámara de Diputados el 30 de abril del 2015 referente al incremento de edad para contraer matrimonio, que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo del diputado Fernando Belanzurán Méndez y la diputada Merilyn Gómez Pozos.

Notas

1 “Matrimonio de niñas”. La jornada. 27 de noviembre de 2015. http://www.jornada.unam.mx/2015/11/27/opinion/026a2pol

2 “En México 5,234 casos de matrimonio infantil”. Expansión en Alianza con CNN. Viernes 29 enero 2016.
http://expansion.mx/economia/2016/01/28/en-mexico-5234-casos-de-matrimonio-infantil

3 Ídem.

4 “Matrimonio Infantil”. UNICEF. http://www.unicef.org/spanish/protection/57929_58008.html

5“Matrimonio de niñas”. La jornada. 27 de noviembre de 2015. http://www.jornada.unam.mx/2015/11/27/opinion/026a2pol

6 “Adolescentes Indígenas en México: Derechos e Identidades Emergentes”. UNICEF.
http://www.unicef.org/mexico/spanish/AdolescentesindigenasDoctecnicoOK2.pdf

7” En México 5,234 casos de matrimonio infantil”. Expansión en Alianza con CNN. Viernes 29 de enero 2016
http://expansion.mx/economia/2016/01/28/en-mexico-5234-casos-de-matrimonio-infantil

8 “El matrimonio infantil una realidad persistente en México”. Arena Pública 01 febrero de 2016.
http://arenapublica.com/articulo/2016/02/01/4480

9 Ídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2016.

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar con sus homólogos locales las acciones previstas en los memorandos de entendimiento suscritos por los gobiernos de México y de la República de Singapur el 10 de junio de 2016, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Christian Joaquín Sánchez Sánchez, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Del 7 al 11 de junio de 2016, en el marco del 40 Aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Singapur y, atendiendo la invitación extendida por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto1 , el presidente de la República de Singapur, Tony Tan Keng Yam, realizó la primera visita de un jefe de estado singapurense en México y América Latina.

En esta visita, los líderes de ambas naciones destacaron el progreso que ha tenido la relación bilateral en las últimas cuatro décadas y coincidieron en la importancia de seguir profundizando los vínculos de cooperación y amistad entre México y Singapur, dos pueblos que a pesar de la distancia geográfica, comparten objetivos e intereses en un mundo cada vez más globalizado.

Singapur es una de las naciones más jóvenes del planeta, con apenas cincuenta años como país independiente. Hoy en día, es reconocido como el principal centro financiero del sureste asiático y uno de los actores más relevantes del comercio internacional.

Su producto interno bruto (PIB) per cápita es de 56 mil 287 dólares, se ubica como uno de los países con el mayor ingreso por habitante. También figura en los primeros lugares de educación, sanidad, transparencia y competitividad económica. Ocupa el segundo lugar de 140 países en el Índice de Competitividad Global 2015-16; el primero de 189 países evaluados en el reporte Doing Business 2015; y el noveno de 187 países dentro del Índice de Desarrollo Humano 2013.

Es el decimosexto país con mayor comercio en el mundo con exportaciones por 409 mil 769 millones de dólares e importaciones por 366 mil 247 millones de dólares. De esta manera, Singapur es el decimocuarto exportador y el decimoquinto importador a nivel global2 .

Sus principales productos de exportación son circuitos integrados, aceites de petróleo, computadoras, teléfonos celulares y semiconductores de electricidad. Es el segundo mayor exportador de remolcadores y barcos empujadores, el tercero en antioxidantes y en barcos de transporte de personas. Asimismo, es el primer importador global de estaño, grasas animales y alambres.

Pero Singapur no solo es un referente estratégico para México por sus elevados niveles de competitividad y desarrollo, sino especialmente por las perspectivas económicas regionales que genera el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), el tratado comercial más importante signado por nuestro país desde el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).

Como se recordará, el TPP fue firmado por el gobierno mexicano el 3 de febrero de 2016 y remitido al Senado de la República el 27 de abril del mismo año para su ratificación, en términos del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cabe señalar que el TPP es un acuerdo firmado por 12 países de la región Asia-Pacífico (Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Malasia, México, Japón, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam), que tiene por objeto modernizar las reglas de comercio mundial y abrir nuevas oportunidades de negocios, inversión y empleo3 .

La población de los países que integran el TPP es de 806 millones de personas, 11 por ciento de la población mundial.

El PIB de los países que conforman el TPP asciende a 27 mil 977 millones de dólares que representan 36 por ciento del PIB de todo el mundo. El comercio del TPP asciende a 9 mil 623 millones de dólares que representan 25 por ciento del comercio mundial.

Los 12 países que firmaron el TPP tienen hoy en día un intercambio comercial por mil 946 millones de dólares; 222 millones de dólares por hora; lo que equivale a un intercambio de 4 millones de dólares por minuto.

La inversión extranjera directa captada por los países participantes del TPP, tan solo en el año 2014, fue de 345 mil millones de dólares.

Por todo lo anterior, se estima que la ratificación del TPP tendrá un impacto de 1.3 puntos porcentuales en el crecimiento del PIB de México y hará incrementar en 5 mil millones de dólares el comercio de nuestro país en los primeros cinco años de su entrada en vigor.

En síntesis, el TPP se concibe como una herramienta comercial para el desarrollo regional que generará nuevas oportunidades de crecimiento para los países que lo conforman.

Al margen del proceso de ratificación del TPP, una facultad exclusiva del Senado de la República, la relación México-Singapur atraviesa por un momento de oportunidad sumamente importante, como resultado de la visita de estado del presidente Tony Tan Keng Yam a nuestro país, así como por los convenios alcanzados por los gobiernos mexicano y singapurense en dicha visita.

El 10 de junio de 2016, los presidentes de México y Singapur firmaron tres acuerdos de cooperación:

1) Memorándum de entendimiento entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Singapur sobre Cooperación Internacional para el Desarrollo.

2) Memorándum de entendimiento sobre Cooperación Alimentaria y Agrícola entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de los Estados Unidos Mexicanos y la Autoridad Agroalimentaria y Veterinaria de la República de Singapur.

3) Memorándum de entendimiento entre la Secretaría de Educación Pública de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Educación de la República de Singapur sobre Cooperación en el Campo de la Educación.

Por medio de estos acuerdos se busca impulsar los intercambios académicos para estudiantes, especialistas e investigadores de ambos países; alentar la cooperación técnica y científica en los sectores de agricultura, pesca y promoción del desarrollo agrícola y desarrollar proyectos de cooperación triangular que apoyen el progreso de América Latina, particularmente en el manejo de los recursos hídricos y en materia de urbanismo4 .

Sin duda alguna, estos instrumentos abren nuevas oportunidades de desarrollo para nuestro país y de superación para los mexicanos, razón por la cual la Cámara de Diputados está llamada a darles seguimiento y facilitar su instrumentación.

Bajo este tenor, vale la pena apuntar que el 14 de junio de 2016, quedó formalmente instalado el Grupo de Amistad México-Singapur de la Cámara de Diputados, integrado por 13 legisladores de distintas fuerzas políticas, quienes coincidimos en la conveniencia de reforzar los vínculos de ambos países a partir de la diplomacia parlamentaria5 .

El que suscribe la presente proposición, quien tiene el honor de encabezar este grupo, considera que los acuerdos de cooperación firmados por nuestro país con Singapur, tienen un gran potencial para generar beneficios en nuestras comunidades, por lo que los gobiernos locales deben desempeñar una participación activa en su implementación, colaborando con el gobierno de la República para que estudiantes, investigadores, productores, campesinos y la población en general, vean materializados los alcances de la cooperación internacional para el desarrollo.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de las secretarías de estado y dependencias correspondientes, se coordine con los gobiernos de las entidades federativas para implementar las acciones previstas en los memorándums de entendimiento suscritos por los gobiernos de México y la República de Singapur el pasado 10 de junio de 2016, con el objeto de materializar los beneficios de estos acuerdos para la población.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a coordinarse con sus homólogas en las entidades federativas para promover los intercambios académicos de estudiantes, especialistas e investigadores de México y Singapur, en términos del Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Educación Pública de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Educación de la República de Singapur sobre Cooperación en el campo de la Educación, suscrito el 10 de junio de 2016 por los gobiernos de México y Singapur.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a coordinarse con sus homólogas en las entidades federativas para alentar la cooperación técnica y científica en los sectores de agricultura, pesca y promoción del desarrollo agrícola, en términos del Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Alimentaria y Agrícola entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de los Estados Unidos Mexicanos y la Autoridad Agroalimentaria y Veterinaria de la República de Singapur, suscrito el 10 de junio de 2016 por los gobiernos de México y Singapur.

Notas

1 Presidencia de la República. “Comunicado Conjunto entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Singapur”, 10 de junio de 2016. https://www.gob.mx/presidencia/prensa/comunicado-conjunto-entre-los-est ados-unidos-mexicanos-y-la-republica-de-singapur

2 Datos tomados de “Ficha Singapur”, TPP,
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/54663/TPP_SINGAPUR.pdf

3 Ver. Resumen Ejecutivo del Tratado de Asociación Transpacífico,
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/35623/TPP_resumen_ejecutivo_es.pdf

4 Presidencia de la República. “Comunicado Conjunto entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Singapur”, 10 de junio de 2016. https://www.gob.mx/presidencia/prensa/comunicado-conjunto-entre-los-est ados-unidos-mexicanos-y-la-republica-de-singapur

5 Cámara de Diputados. “Instalan Grupo de Amistad México-Singapur; legisladores se comprometen a reforzar vínculos entre ambas naciones”, 14 de junio de 2016.

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/ Boletines/2016/Junio/14/1640-Instalan-Grupo-de-Amistad-Mexico-Singapur- legisladores-se-comprometen-a-reforzar-vinculos-entre-ambas-naciones

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2016.

Diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a difundir los avances y resultados del programa México Conectado, a cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita diputada federal, Lluvia Flores Sonduk, integrante de la LXIII Legislatura, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, somete a la consideración de la asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuestra ley fundamental en el artículo 6o., párrafo tercero establece el derecho de las personas a tener acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), igualmente establece el derecho a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet, señalando que el Estado debe garantizarlo.

Para dar cumplimiento a ese derecho de última generación recientemente consagrado en nuestra Constitución, el gobierno de la República cuenta con el programa conocido como: “México Conectado”, que de acuerdo a la información obtenida de su sitio web1 para lograr ese objetivo se despliegan redes de telecomunicaciones que proveen de conectividad en los sitios y espacios públicos tales como: escuelas, centros de salud, bibliotecas, centros comunitarios o parques.

Uno de los propósitos de este noble programa es acercar las TIC a todas las personas, que los estudiantes cuenten con internet gratuito en sus centros educativos, que el personal de salud pueda tener acceso a esta tecnología en las clínicas públicas, en fin que en los sitios o espacios públicos existan puntos de internet gratuito, estas acciones tienen el objetivo de disminuir la brecha digital en nuestro país.

Por brecha digital debemos entender: la separación que existe entre las personas (comunidades, estados, países...) que utilizan las Tecnologías de Información y Comunicación como una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las mismas y que aunque las tengan no saben cómo utilizarlas.2

El acceso a internet ahora en día resulta de gran relevancia para el ejercicio de otros derechos fundamentales, pues sin duda alguna permite a las personas contar con herramientas para facilitar el derecho a la información, a la salud, a la educación y a la libertad de expresión, entre otros, es en esa tesitura que no se deben escatimar los esfuerzos y los recursos para que el Estado mexicano garantice el acceso a la banda ancha y la internet.

Como he señalado hasta ahora compañeros legisladores, las virtudes de que este derecho de nueva generación se encuentre plasmado en nuestra Constitución, es un gran logro, que contemos con el programa México Conectado también lo es, no obstante lo anterior, hemos sabido que el manejo de dicho Programa no ha sido del todo transparente lo que involucra, sin ninguna duda que se generen dudas sobre su implementación y los beneficios.

Por otra parte, también es de nuestro conocimiento que los recortes que se han realizado al Presupuesto han impactado severamente en el desarrollo del Programa México Conectado, por lo que resultaría de interés para esta Asamblea conocer cuáles son los ajustes que se han realizado al mismo y cuál ha sido el impacto en la meta de conectividad para 2016.

De acuerdo con datos del cuarto Informe de Gobierno de la actual administración: El número de sitios y espacios públicos con servicios de internet de banda ancha contratados por el gobierno de la república a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en agosto del presente año ascendió a 101 mil sitios. Del total de sitios y espacios públicos 62.3 por ciento corresponden a centros de trabajo educativos y de investigación, 20.7 por ciento a espacios públicos (oficinas de gobierno) y 17 por ciento a centros de salud y comunitarios.3

No obstante lo anterior, la meta para 2016 de este programa era de 160 mil puntos de conexión a internet, es decir, 59 mil más que con el que se contaba en agosto pasado, el titular de la SCT, había señalado que al cierre de 2015 se contaba con 101 mil sitios de conexión4 , por lo que cabe preguntarnos: qué es entonces lo que se ha hecho durante este ejercicio fiscal en el Programa México Conectado, en donde se pueden ver los avances en esta importante materia de garantizar el derecho a la banda ancha y la internet.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que se haga de conocimiento público los avances, resultados, los sitios que están conectados, los que faltan por conectar, los que tienen tráfico de datos y los que están conectados sin ser utilizados del progama México Conectado; asimismo, el impacto que ha tenido el recorte al gasto en dicho Programa.

Notas

1 www.mexicoconectado.gob.mx

2 Arturo Serrano, Evelio Martínez; “La brecha digital: mitos y realidades”, México, 2003, Editorial UABC, 175 páginas, ISBN 970-9051-89-X www.labrechadigital.org

3 http://www.presidencia.gob.mx/cuartoinforme/

4 http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/recorte-al-presupuesto-impacta- a-mexico-conectado-sct.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2016.

Diputada Lluvia Flores Sonduk (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a detener todo acto punitivo y lesivo contra los derechos de los trabajadores, como el despido de profesores en Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González, diputada de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de este pleno proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. En el contexto de un paro general de labores realizado por el magisterio disidente desde el pasado 15 de mayo, el martes 6 de septiembre de 2016 la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció en un comunicado el inicio de los procedimientos de cese de mil 905 maestros de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, por acumular más de tres faltas en el actual ciclo escolar, que inició el 22 de agosto.1

De igual forma, en el texto se advierte que “se esperan los reportes actualizados de las entidades federativas, para determinar si hay más profesores que se encuentren en situación similar”. En concreto, se pretende separar del servicio a, al menos, mil 239 maestros oaxaqueños, 570 chiapanecos, 80 michoacanos y 16 guerrerenses, quienes supuestamente ya fueron notificados para poder responder.

Segunda. Entrevistado al respecto, el titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, condicionó retomar el diálogo del gobierno federal con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a no incluir la abrogación de la reforma educativa, tema “que no vamos a discutir en las mesas”, por lo que sólo se atenderían “temas administrativos y diversas incidencias locales que existen”.2

Tercera. Desde la SEP se están organizando “Foros de Consulta sobre el Modelo Educativo” y el secretario de Educación Pública abrió la posibilidad de que los maestros de la CNTE “puedan participar en estas discusiones del modelo educativo y de la política pública”.3 Así, por un lado se ofrece una supuesta apertura a la participación, mientras que por otro se inician procedimientos administrativos para despedir profesores en cuatro estados del país. Este contraste entre el discurso y las prácticas oficiales no abona a la solución del problema magisterial ni mucho menos corrige las deficiencias de la llamada reforma educativa.

Cuarta. Como reiteradamente ha dicho Aurelio Nuño, el regreso a clases es la condición para habilitar mesas de diálogo. Secciones de la CNTE han demostrado voluntad para encontrar una solución al conflicto al volver a las aulas,4 incluso Nuño declaró ante el Consejo Coordinador Empresarial que en Chiapas hay clases en más de 70 por ciento de las escuelas; en Guerrero, 99 por ciento; y en Michoacán, 100 por ciento. Además, el secretario estimó que antes de la primera quincena del mes todas las escuelas de Oaxaca estarían trabajando.5

Quinta. A pesar de las múltiples críticas que ha recibido la llamada reforma educativa, las declaraciones y medidas del titular de la SEP mantienen un matiz amenazante; “la aplicación de la ley no está a discusión, y los descuentos y despidos se van a ejecutar”, ha insistido.6 Los actos administrativos anunciados tienen serias implicaciones para quienes resultaren afectados –en muchas ocasiones, de manera injusta y fuera del marco de la ley– y no facilitan la solución del conflicto entre las autoridades educativas y la CNTE. Mientras que secciones del magisterio disidente han determinado regresar a clases y confían en el restablecimiento del diálogo, el gobierno federal responde con acciones que dejarían sin sustento económico a por lo menos mil 905 maestros y sus respectivas familias. La situación se agravará si se sigue optando por las medidas punitivas en lugar del diálogo.

Por lo expuesto, pongo a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, a detener todo acto punitivo y lesivo en contra de los derechos de los trabajadores, como lo es el despido de profesores en Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero.

Notas

1 SEP, Comunicado 397,

http://www.gob.mx/sep/prensa/
comunicado-397-se-iniciaron-procedimientos-de-cese-a-mil-905-maestros-de-oaxaca-chiapas-michoacan-y-guerrero

2 http://www.jornada.unam.mx/2016/09/07/politica/004n1pol

3 Ibíd.

4 http://www.jornada.unam.mx/2016/09/10/politica/011n2pol

5 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/09/09/1116012

6 Ibíd.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 20 de septiembre de 2016.

Diputada Araceli Damián González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ciudad de México a implantar por la Secretaría de Medio Ambiente local el sistema integral Ecobici en áreas cercanas a la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la actualidad hay un consenso global sobre la necesidad de adoptar un modelo de desarrollo ambientalmente sostenible. Nuestro modo de producción y consumo energético genera una alteración climática que está provocando graves problemas ambientales y serios impactos en los recursos básicos del planeta y en los sistemas socioeconómicos (FAO, 2016).

Por medio del Acuerdo de París, México se comprometió en la COP 21 con la comunidad internacional a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y a generar 35 por ciento de energía limpia para 2024 y 43 por ciento a 2030, por esta razón, debemos enfocar los esfuerzos entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, en los tres niveles de gobierno para avanzar hacia modelos económicos y de producción de bajo consumo de carbono. Utilizar energías limpias para impulsar el crecimiento económico del país, sustituir el uso de transporte motorizado por los que son compatibles con el ambiente, son algunas de las tareas pendientes para cumplir el mandato constitucional referente al derecho de un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

Se estima que para 2050, 70 por ciento de la población mundial vivirá en ciudades, por lo tanto, el transporte público y privado es uno de los problemas más representativos en la mayoría de las ciudades, ya que su eficacia resulta esencial para la vida y la economía de las personas, instituciones y empresas (ONU-Hábitat, 2015).

Con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el país 31.4 millones de habitantes (28 por ciento de la población total) se ubican en las zonas metropolitanas del valle de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla-Tlaxcala. De éstos, la mayor parte, más de 8 millones 851 mil habitantes –sin contar a las personas que diariamente se trasladan a ella para trabajar, estudiar o hacer negocios–, viven en el área metropolitana del valle de México (cfr. Intertraffic México, 2016).

Vale la pena recordar que el 2 de diciembre de 2014, el pleno de esta soberanía aprobó por mayoría calificada en sentido positivo un dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que reformaba y adicionaba los artículos 11 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho a la movilidad universal, a la cual en nuestra consideración le faltó el tema de la sustentabilidad en su fin y objetivo, además de que diversos medios de comunicación y grupos sociales interpretaron esto como el inicio de la supresión de la garantía constitucional de la protesta pública, lo que ha ocasionado que ésta se encuentre lamentablemente congelada por la colegisladora y que ocasiona que un tema tan transcendental para las grandes urbes se encuentre sin legislación secundaria.

Hace algunos días, en el portal Change.org un grupo de activistas que fomenta el uso de medios no motorizados como la bicicleta solicitó a esta soberanía la implantación de una legislación que derive por parte del Estado en un plan nacional, que fomente su uso como medio de transporte en cada una de las grandes urbes del país. Desafortunadamente, esa petición ciudadana tampoco prosperó.

El tema de la movilidad como un derecho de los ciudadanos es impostergable; establecer una metodología adecuada para la reducción en el tiempo de traslados, disminuir el uso indiscriminado del automóvil y, por tanto, la contaminación del aire debe ser una de las prioridades de los gobiernos.

En México hay poca información actualizada sobre las características de los viajes por zona metropolitana y ciudad. En la zona metropolitana del valle de México, 29 por ciento de los viajes diarios (alrededor de 6.3 millones) se realiza en automóvil privado y 60.6 en transporte público concesionado de baja capacidad (microbús, combis, autobús suburbano y taxi); sólo 8 por ciento se realiza en sistemas integrados de transporte público masivo (Metro, Metrobús, tren ligero y trolebús) y 2.4 en bicicleta y motocicleta (Inegi, 2007). En cuanto a los sistemas BRT con tarjeta de prepago, están el Metrobús y el Mexibús. A pesar de los avances en los sistemas de transporte modernos, destaca que en las inversiones públicas predomina el enfoque de desarrollo de infraestructura para el transporte motorizado privado, lo que ha fomentado su uso (ONU-Hábitat, 2015).

La situación es alarmante: 97.6 por ciento de la población se transporta a través de vehículos motorizados, siendo los principales el automóvil privado y el transporte público de baja capacidad, ambos motorizados y, por tanto, emisores de gases de efecto invernadero. Basta recordar que México contribuyó en 2011 con 1.4 por ciento de las emisiones globales de CO2 derivadas principalmente de la quema de combustibles fósiles. De acuerdo con estas cifras, México es el décimo segundo país con mayores emisiones del mundo.

¿Por qué se ha dado esta situación en la Ciudad de México? La respuesta es simple: la inversión pública en coordinación con la privada ha acrecentado el número de calles y avenidas diseñadas para automóviles y no para personas; ejemplo de ello son las obras del Periférico. Aunado a lo anterior, el actual gobierno ha desincentivado el uso del transporte público masivo al aumentar las tarifas del Metro y Metrobús, así como la nula inversión en la modernización del transporte público. Es inconcebible que aún se encuentren en circulación microbuses con más de 40 años de servicio.

Las malas decisiones de los gobernantes han hecho de las grandes urbes una ciudad pensada para automóviles, generando severos problemas de congestionamiento vial. Los efectos de tráfico sobre la salud van desde molestias leves como la irritación de ojos o de nariz, hasta enfermedades respiratorias o cardiovasculares de diversa consideración que reducen la esperanza de vida. Igualmente, el ruido tiene consecuencias sobre nuestro cerebro que provocan molestias y alteraciones psicológicas; por ello, vuelvo a insistir en la importancia de invertir en la rehabilitación de las vías de comunicación, para hacerlas más eficientes y evitar los congestionamientos viales causadas por el mal estado en que éstas se encuentran.

Aunado a los desaciertos en materia de movilidad, también se han logrado avances importantes: la implantación del sistema Ecobici es un ejemplo de caso de éxito. Este medio de transporte no motorizado ha contribuido entre febrero de 2010 y diciembre de 2012 a la reducción en las emisiones de GEI equivalente a 232 toneladas de C02. Esta reducción, en términos generales, es similar a la plantación de 697 árboles (Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, y otros, 2013).

Ecobici es el sistema de bicicletas públicas compartidas de la Ciudad de México que ha integrado la bicicleta como parte esencial de la movilidad, es un modo de transporte dirigido a los habitantes de la capital, de sus alrededores y a los turistas.

Permite a los usuarios registrados tomar una bicicleta de cualquier cicloestación y devolverla en la más cercana a su destino en trayectos ilimitados de 45 minutos. Quienes quieran acceder al sistema Ecobici podrán pagar una suscripción por un año, una semana, tres días o un día.

Ecobici inició operaciones en febrero de 2010 con 84 cicloestaciones y mil 200 bicicletas. En sólo 6 años la demanda ha impulsado la expansión del sistema en 400 por ciento. Actualmente tiene 452 cicloestaciones, más de 6 mil bicicletas y brinda servicio de lunes a domingo a más de 100 mil usuarios en 43 colonias de 3 delegaciones, dando cobertura en un área de 35 kilómetros cuadrados (Ecobici, 2016).

Hoy día hablamos del concepto de movilidad sostenible como alternativa a los problemas ambientales y sociales ocasionados por la generalización de un modelo de transporte urbano basado en el automóvil particular, siendo la bicicleta el medio de transporte idóneo en la materia.

Para fomentar el hábito del uso de la bicicleta como medio de transporte, el portal de internet Medcardio publicó una nota sobre los beneficios del uso de la bicicleta en el cuidado del ambiente, en nuestra salud, economía y desempeño laboral, en pocas palabras, cómo mejora nuestra calidad de vida, nota que comparto en este documento:

Económico: Desde su invención, la bicicleta se ha constituido en el medio de transporte más económico. Hoy, millones las personas en el mundo se desplazan en este vehículo. Está comprobado que si una persona ahorra lo que gasta en locomoción diaria para ir a su trabajo, al cabo de 8 a 12 meses habrá financiado la compra de su bicicleta.

Deportivo: Fuera de ser utilizada como un medio de transporte, la bicicleta es un implemento deportivo y recreativo que permite desarrollar actividades en familia, como paseos y desplazamientos de sano esparcimiento en contacto con la naturaleza. Además, para los más expertos existe la factibilidad de participar en eventos competitivos, federados, laborales o de cicloturismo.

Ecológico: La bicicleta es un elemento no contaminante, que no produce ruido, y en áreas urbanas tiende a descongestionar el tránsito de vehículos motorizados, con el consiguiente ahorro de combustible, lo que constituye un factor fundamental en el mejoramiento de los índices de calidad del aire.

Laboral: Las actividades físicas y recreativas tienen gran importancia en el campo laboral, ya que su práctica favorece el desarrollo físico y mental, mejora hábitos higiénicos y permite adaptarse al esfuerzo, lo que disminuye los accidentes de trabajo y favorece los índices de productividad laboral (Medcardio, 2013).

Reconociendo una vez más el efecto positivo que el uso de la bicicleta tiene en la calidad de vida de los habitantes de las grandes urbes, así como la acertada política del sistema de Ecobicis, es necesario que sumemos esfuerzos entre los poderes de la nación y los niveles de gobierno para que esta red de transporte no motorizado llegue a más colonias y beneficie a más usuarios.

Considerando que la delegación Venustiano Carranza, específicamente en la colonia El Parque, que alberga el Palacio Legislativo de San Lázaro y de acuerdo con datos ofrecidos por el Programa Distintivo Ambiental UNAM de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en días de sesión tiene una afluencia aproximada de 10 mil personas, y que en la misma colonia también se encuentran los edificios del Poder Judicial de la Federación, donde a diario se recibe gran cantidad de personas, es de relevancia que el gobierno de la Ciudad de México ofrezca opciones de movilidad no motorizada para quienes frecuentan esta área geográfica.

Diputadas y diputados: el 22 de septiembre de cada año se celebra el Día Internacional sin Automóvil, como una forma de promover el uso del transporte público y el no motorizado. El año pasado, muchos legisladores se sumaron a esta conmemoración como acto de solidaridad con el planeta. Sin embargo, no basta llegar un día al año en bicicleta o en Metro: esta acción debe ser un hábito entre legisladores, personal que labora en Cámara y para la ciudadanía en general. Por ello es necesario que se acondicionen más ciclopuertos y ciclovías. De esta forma intervendremos de forma positiva en el cuidado de la salud y del ambiente.

Recordemos que el 8 de marzo de 2016, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó el grupo de trabajo en materia de educación, salud, desarrollo social y medio ambiente, con la finalidad de impulsar una agenda legislativa en la que confluyan las prioridades de cada grupo parlamentario en dichos rubros.

Por ello estoy convencida de que con la instalación de una cicloestación cerca del Palacio Legislativo y del Poder Judicial, así como la habilitación de ciclovías por el gobierno de la Ciudad de México, descongestionaría las principales avenidas cercanas a estos edificios gubernamentales y los estacionamientos, contribuyendo con ello a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero.

El presente punto de acuerdo también tiene como finalidad cumplir recomendaciones que hizo la Universidad Nacional Autónoma de México a la Cámara de Diputados en la LXIII Legislatura para mejorar el desempeño ambiental en su edificio sede, en los cuatro temas de estudio: energía, agua, residuos sólidos y consumo responsable, incluida en estos temas la movilidad sostenible.

Por lo expuesto, presento ante esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, que a través de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México implante en áreas cercanas a la Cámara de Diputados el sistema integral de bicicletas públicas denominado “Ecobici”.

Referencias

1 FAO, 2016. Agronoticias, “Resiliencia al cambio climático”. Disponible en
http://www.fao.org/agronoticias/territorios-inteligentes/resiliencia-al-cambio-climatico/es/

2 ONU-Hábitat, 14 de abril de 2015. Reporte de movilidad humana en México 2014-2015. Disponible en
http://www.onuhabitat.org/
Reporte%20Nacional%20de%20Movilidad%20Urbana%20en%20Mexico%202014-2015%20-%20Final.pdf

3 Intertraffic México, 2016. Exposición internacional de infraestructura, gestión de tráfico, seguridad y estacionamientos llega a Latinoamérica. Disponible en
http://www.intertraffic.com/press-releases/amsterdam/intertraffic-mexico-2016/

4 Medcardio, 2013. Beneficios de la bicicleta. Disponible en
http://cardiologos.ibox.mx/beneficios-de-la-bicicleta/

5 Ecobici, Descripción del Sistema: Disponible en:
https://www.ecobici.df.gob.mx/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2016.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a los congresos locales, a las instituciones públicas y privadas de educación media superior y superior, y a las organizaciones de la sociedad civil que se sumen al Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México, para formar un grupo plural y dinámico donde participen todos los actores de la sociedad, a cargo del diputado David Mercado Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado David Mercado Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados de la LXIII, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 1, fracción III, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Comprender el grave fenómeno de la inseguridad alimentaria y del hambre implica reconocer que ésta problemática no se circunscribe únicamente a un problema de índole nutricional o socioeconómico, su eje central se ubica en la dignidad humana en el marco de los derechos humanos. Ha sido este reconocimiento la piedra angular que ha motivado la lucha emprendida por la comunidad internacional contra el hambre. El problema del hambre en nuestra sociedad, en nuestra región y en el mundo entero es, sin lugar a dudas, un mal que impacta negativamente los diversos ámbitos de la existencia humana. El hambre no sólo pone en riesgo la vida misma, por una parte, dificulta el desarrollo pleno de las capacidades de quien la padece, conlleva una terrible pérdida de potencialidades, es un problema que obstaculiza el adecuado desarrollo de los procesos intelectivos y físicos y, en general, de cualquier actividad. Por otro lado, es un problema que pone en riesgo la estructura económica, así como los mecanismos financieros y comerciales adoptados por la sociedad internacional.

El compromiso de la sociedad internacional en la lucha contra el hambre ha quedado plasmado en diversas declaraciones e instrumentos de derecho internacional y así se refleja en el párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que señala: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda...”. Esta declaración pone de manifiesto que el derecho a la alimentación es un derecho humano universal que posibilita a todas las personas el acceso a una alimentación adecuada, así como a los recursos indispensables necesarios para alcanzar una seguridad alimentaria sostenible.

Cabe mencionar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conforme al cual en su artículo 11, párrafo 1, los Estados Partes reconocen “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”, asimismo, en el párrafo 2 del mismo numeral los Estados Partes en el Pacto reconocen “el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre”, igualmente se enuncian las medidas urgentes e inmediatas que deben adoptarse individualmente y mediante la cooperación internacional con el propósito de poner fin al hambre y la malnutrición.

De esta forma, se ve reflejada la importancia de salvaguardar el derecho a la alimentación con el fin de conquistar el disfrute de todos los derechos, pues el derecho a la alimentación y a no padecer hambre no implica limitación alguna en lo que se refiere a su aplicabilidad. En este contexto, se aprecia que el derecho a no padecer hambre constituye no únicamente un compromiso ético o una opción más en el amplio abanico de las políticas públicas, este derecho representa en todos los Estados que forman parte del concierto internacional un deber jurídicamente vinculante de acuerdo a las normas internacionales de derechos humanos que hemos ratificado. Este derecho está íntimamente relacionado con la norma máxima que orienta y da sustento a todo el sistema internacional de derechos humanos: “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos... y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

En este sentido, es importante señalar que México es un referente regional en la lucha contra el hambre, toda vez que en el año 2012 elevó a rango constitucional al derecho a la alimentación, además, se puso en marcha el “Programa Mesoamérica sin Hambre”, una red de cooperación entre 10 países de la región para lograr la erradicación de la malnutrición mediante el fortalecimiento institucional y de políticas orientadas a la seguridad alimentaria y nutricional y la agricultura familiar. Por otro lado, México ha participado activamente con los demás Estados miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en el Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025. En la II Reunión Ministerial del Área Social de la CELAC, celebrada en Caracas, Venezuela. Aunado a lo anterior, México, junto a Brasil fueron los países designados para monitorear las acciones de implementación del Plan.

Y, de manera trascendental, la política social de México se ha visto fortalecida con Programas como la Cruzada Nacional contra el Hambre, Prospera y el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, (PESA), estos importantes esfuerzos del Gobierno de México han surgido del reconocimiento de que: “de la alimentación dependen funciones biológicas primordiales que permiten a los individuos desarrollarse en el ámbito de la educación y el trabajo, así como mantenerse en buen estado de salud, en nuestro país el acceso de toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, es un derecho establecido constitucionalmente que incide de manera directa en el acceso de los ciudadanos a alimentos suficientes y variados, en todo lugar y en todo momento.

El derecho a la alimentación impone que cualquier individuo pueda disponer o adquirir alimentos en cantidad y calidad suficientes, libres de sustancias nocivas y culturalmente apropiados. Este derecho se puede realizar en virtud de los esfuerzos del propio individuo o con otros miembros de la comunidad y deben disfrutarlo todos sin distinción alguna por razones de raza, religión, sexo, idioma, opinión política u otra condición. En el ámbito global, los progresos alcanzados en la lucha contra el hambre se pusieron en riesgo ante el incremento de los precios de los alimentos y su volatilidad en los mercados internacionales, que empezaron a manifestarse a finales de 2007. En combinación con la recesión causada por la crisis de los mercados financieros internacionales de 2009, dicha situación representó una seria amenaza al combate de la pobreza extrema y al acceso de la población mundial a los alimentos”.

No obstante lo anterior, el derecho a la alimentación y a vivir una vida plena sin hambre está en riesgo de materializarse con más de 795 millones de personas en el mundo que se van a dormir con escasez de alimentos todas las noches , sin embargo, la erradicación del hambre de manera permanente es una meta alcanzable para cada mujer, hombre, niña y niño que debe cumplirse a través de las acciones adecuadas y de las garantías jurídicas por parte de los gobiernos pero también mediante la participación de los actores no estatales. Y con este ánimo de eliminar el flagelo del hambre que padecen millones de personas en nuestras latitudes surgieron los Frentes Parlamentarios contra el Hambre en el año 2009, como una respuesta a la necesidad de construir marcos legislativos adecuados para la erradicación del hambre en la región.

Los Frentes Parlamentarios Contra el Hambre se conciben como grupos de parlamentarias y parlamentarios de diversos partidos políticos, posturas ideológicas y comisiones legislativas, que han asumido como compromiso la necesidad de hacer de la seguridad alimentaria un asunto estratégico y prioritario de la agenda legislativa de sus países. En ese sentido, la labor que llevan a cabo dichos Frentes es clave para que la región logre implementar el Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, el mayor acuerdo regional de esta naturaleza. La meta del Plan CELAC es acabar con el hambre en América Latina y el Caribe al año 2025, en menos de una década, compromiso que, desde luego, requiere del apoyo legislativo de todos los países de la región.

Así, el Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México, es una agrupación de parlamentarias y parlamentarios integrantes de congresos nacionales, subnacionales y regionales, comprometidos con la lucha contra el hambre y la necesidad de hacer de la seguridad alimentaria un asunto estratégico de la actividad legislativa, promoviendo el establecimiento de marcos institucionales favorables a la realización plena del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe.

El Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México, establece dos objetivos primordiales:

I. Aglutinar los esfuerzos de los parlamentarios de asambleas legislativas regionales, subregionales, nacionales y locales, y vincularlos con la sociedad civil. Unir fuerzas permite promover de manera más eficaz marcos legales que faciliten la realización del derecho a la alimentación. Así como generar un intercambio de conocimientos, opiniones y experiencias nacionales y regionales.

II. Desarrollar medios legales e institucionales con recursos humanos y presupuestarios acordes. Este objetivo incluye el trabajo en materias ligadas a la seguridad alimentaria, como la agricultura familiar, la alimentación escolar, educación alimentaria y las políticas de protección social.

El interés de México por reforzar su alianza con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y otros países de la región en su lucha contra el hambre, llevó a nuestro país a presentar su candidatura para ser sede del VII Foro Internacional del Frente Parlamentario Contra el Hambre en el marco del VI Foro celebrado en la ciudad de Lima, Perú, la propuesta fue aceptada por unanimidad del pleno del Frente Regional e inscrito en la Declaración de Lima.

Para este efecto, el próximo 19 de septiembre, se llevará a cabo la Visita – Misión de los Coordinadores del Frente, en la cual, un grupo designado de legisladores de diversos países visitarán nuestro país a fin de verificar los avances logrados con miras al Foro Nacional del Frente, éste último se celebrará el 12 de octubre de este año en la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y, finalmente, el VII Foro Internacional del Frente Parlamentario Contra el Hambre se celebrará del 8 al 11 de noviembre del presente año, en las instalaciones del Senado de la República y en el que se espera una asistencia aproximada de 100 parlamentarios de la región e invitados de otros países. El fin principal de este encuentro es favorecer el proceso de evaluación y planificación de las diferentes actividades de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el Caribe, a través de un intercambio en el que todos los parlamentarios participantes así como los especialistas y expertos invitados puedan intercambiar experiencias, puntos de vista, opiniones, buenas prácticas y, de manera general, diseñar propuestas, que faciliten la construcción de marcos de planificación estratégica.

En este sentido, con la intención de sumar esfuerzos y, de refrendar el compromiso de proteger y promover el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre es necesario fortalecer los trabajos del Frente Parlamentario Contra el Hambre Capítulo México en cada Entidad de la República Mexicana, ya que es fundamental que legisladoras y legisladores del país, organizaciones de la sociedad civil, académicos, investigadores y, en general instituciones de educación superior y de investigación se integren a este esfuerzo parlamentario para atender las necesidades en materia de alimentación en México, en las líneas de trabajo del Frente Parlamentario contra el Hambre Capítulo México y en los trabajos rumbo al VII Foro a celebrarse en nuestra nación.

No obsta mencionar que, para las legisladoras y legisladores a nivel federal es de suma importancia contar con el apoyo y participación de diputadas y diputados de todas las Entidades Federativas, de las Organizaciones de la Sociedad Civil y de académicos e investigadores interesados en el tema para continuar con este esfuerzo legislativo en aras de dar atención y respuesta a un derecho humano fundamental, como es: el derecho a la alimentación. De ahí, surge la intención de convocar a las y los legisladores locales, a miembros de la sociedad civil y a la comunidad académica de nuestro país a unir sus esfuerzos al nuestro a fin de hacer frente a la injusta condición que es el hambre, es momento de atender con urgencia el desafío, sus retos y exigencias éticas y socio-económicas y momento de avanzar con paso firme en un camino que nos permita poner fin al flagelo del hambre cuidando el ambiente geofísico y los recursos energéticos y materiales.

Así, considerando que el hambre es inaceptable en un mundo que posee los conocimientos y los recursos necesarios para acabar con esta catástrofe humana y, con el reconocimiento de que la erradicación del hambre y la reducción de la pobreza es una tarea de todas y todos los mexicanos, es fundamental sumar a las palabras y a las promesas, la voluntad política inquebrantable, los recursos suficientes y necesarios y, principalmente, un esfuerzo constante en la lucha regional contra el hambre.

Por lo anterior, desde la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión nos congratulamos de ser sede del VII Foro del Frente Parlamentario Contra el Hambre, con la certeza de que los resultados que se originen del mismo impactarán de manera positiva tanto en nuestro país como en la región latinoamericana.

En mérito de lo expuesto se somete a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a las legisladoras y legisladores de los Congresos locales, a las instituciones públicas y privadas de educación media superior y superior y a organizaciones de la sociedad civil a sumarse al Frente Parlamentario contra el Hambre Capítulo México, de tal manera que se conforme un grupo plural y dinámico, en el que participen todos los actores de la sociedad y, en su caso, se informe a las Coordinadoras Nacionales del Frente de su conformación e integración, para la posterior y adecuada coordinación y articulación.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 20 de septiembre de 2016.

Diputado David Mercado Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y el Conapo a promover campañas preventivas del embarazo en adolescentes dirigidas a mujeres y a hombres, a cargo del diputado Daniel Ordóñez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Daniel Ordoñez Hernández, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al Consejo Nacional de Población a promover campañas de prevención del embarazo en adolescentes, dirigida a mujeres y hombres, al tenor de los siguientes:

Considerandos

Derivado de la reciente Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) impulsada por el gobierno federal, que promueve acciones para la disminución de embarazos en adolescentes, resulta necesario tomar medidas que coadyuven al fortalecimiento de dicha estrategia pues, consideramos que requiere de una visión que abarque el problema de manera contundente y directa.

El fenómeno de embarazos a temprana edad, se ha posicionado como un problema que afecta al sector juventud, pues datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),1 revelan que de los países miembros, México se coloca como el país con el mayor índice de embarazos en adolescentes.

Un reporte en el diario Milenio, 2 revela que “en los últimos cinco años, la tasa de embarazo entre jóvenes creció casi 100%. 400 mil consultas al año en el IMSS están relacionadas con embarazos entre adolescentes. Aproximadamente cada minuto una joven se convierte en mamá”; evidentemente, los programas de prevención, no han tenido un resultado significativo, por el contrario, las cifras revelan que va en aumento.

La ENAPEA, es un valioso esfuerzo y ha sido una de las tantas respuestas a este fenómeno al igual que la campaña promovida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) “Es tú vida, Es tu futuro, Hazlo seguro”.3 Resulta interesante observar que, a pesar de las grandes aportaciones en distintos ámbitos para la disminución de embarazos no planificados, los mensajes, dípticos, posters y el general todo tipo de promocional, están dirigidos exclusivamente a mujeres, lo cual merma la efectividad de cualquier programa y campaña.

En este sentido, la campaña impulsada por el IMSS, cuenta con un portal propio en el cual ofrecen servicios, información dirigida únicamente a mujeres, tales como: “Anticonceptivo natural, anticonceptivos de barrera, anticonceptivos hormonales, ¿Embarazada?”

Lo anterior refleja la falta de inclusión en la propuesta, pareciera que, las instituciones de salud pública consideran el embarazo como “responsabilidad” exclusiva de las mujeres.

Actualmente en México viven 22.4 millones de adolescentes (entre 10 y 19 años de edad), y por otra parte, 1 de cada 5 embarazos anuales es en jóvenes menores de edad. Tal problemática pone en riesgo a la madre adolescente y la coloca en una posición de vulnerabilidad alta, ya que las probabilidades de morir durante el parto, se duplican por la corta edad y también coloca en riesgo al producto, pues puede nacer prematuro o de bajo peso.

Si retomamos las cifras reveladas por el INEGI en el 2014,4 en el ramo: defunciones a causa de alguna complicación en el embarazo o en el parto, podemos dar cuenta que se produjeron 148 muertes maternas en mujeres jóvenes de 15 y 19 años, y 168 en mujeres de 20 a 24 años respectivamente.

La Ley General de Salud establece en su artículo 67 que: “para disminuir el riesgo reproductivo, se debe informar a la mujer y al hombre sobre la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años o bien después de los 35”, es decir, la norma establece como obligación de estado, informar tanto a hombres como a mujeres sobre el riesgo del embarazo durante la adolescencia, sin embargo en el campo de los hechos solo se dirige a las mujeres.

El embarazo a temprana edad es producto de una interrelación entre hombres y mujeres, y la idea de prevenirlo, debe ir dirigido para ambos sexos, generar campañas o promover soluciones para dicho problema orientados exclusivamente para mujeres genera irresponsabilidad en los hombres, se fomenta la misoginia, y lo peor no se logra atacar el problema de raíz.

Por lo anterior, se solicita la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta a la Secretaría Salud y al Consejo Nacional de Población, a promover campañas de prevención del embarazo en adolescentes, dirigidas a mujeres y hombres.

Notas

1 Boletín UNAM-DGCS-457, Ciudad Universitaria, versión en línea: http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2015_457.html

2 Puig, Carlos., “Sexo, mucho más sexo”. Publicación: 6 de septiembre del 2016, dirección electrónica:
http://www.milenio.com/firmas/carlos_puig/Sexo-sexo_18_806499378.html

3 Es tú vida, Es tu futuro, Hazlo Seguro, portal del Gobierno Federal, sitio web: https://www.gob.mx/comolehago#

4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, censo 2014, versión en línea: http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.as p?proy=mort_mg

Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México a los veinte días de septiembre de 2016.

Diputado Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a los asesinatos del abogado León Agustín Vela y el maestro Jorge Pavia Díaz, ambos militantes de Morena, acaecidos en Oaxaca en septiembre, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Cuitláhuac García Jiménez, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, Alfredo Basurto Román, Jesús Emiliano Álvarez López, Modesta Fuentes Alonso y Jorge Tello López en su calidad de diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I, del numeral 1, del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno –como de urgente u obvia resolución– la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. El pasado 13 de septiembre de 2016 fue asesinado León Agustín Pavia, integrante del comité municipal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y suplente de Julián González Virrel, candidato a la diputación local por el distrito 6, del municipio de Huajuapan de León, Oaxaca.

Los hechos se suscitaron aproximadamente a las 22:00 horas de ese día, cuando desconocidos le dispararon con armas de fuego al momento en que León Agustín Pavia descendía de su vehículo particular frente a su domicilio situado en avenida Chapultepec, esquina con la calle Candelaria, en la colonia Santa Fe, en Huajuapan de León.

El fiscal general del estado, Héctor Joaquín Carrillo, informó que la víctima de 34 años de edad, descendía de su vehículo cuando un sujeto desconocido se le acercó y le disparó a corta distancia, provocándole heridas de gravedad. En el lugar de los hechos, quedaron los casquillos percutidos de proyectil de arma de fuego al parecer del calibre 380, informó la Seguridad Pública.

La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y peritos de la Vice Fiscalía Regional de la Mixteca procedieron al levantamiento del cadáver, e iniciaron la indagatoria.

Segundo. El día siguiente, el 14 de septiembre de 2016, por la mañana, Jorge Vela Díaz, profesor de primaria, fue asesinado en el municipio de Ocotlán de Morelos; durante el ataque su esposa también fue lesionada y se encuentra grave1 .

Los hechos ocurrieron en la calle de Las Rosas, colonia Jacarandas, cuando el maestro Jorge Vela Díaz llegaba junto con su esposa Lorena Antonia Sánchez a laborar a la escuela primaria Vicente González, al momento en que dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon en su contra siete balazos; Vela Díaz murió de inmediato y su esposa, Lorena Antonia Sánchez de 32 años de edad, quedó herida.

De acuerdo con el reporte de la policía, los hechos ocurrieron a las 7.45 horas cuando el matrimonio Vela Sánchez, llegaba a la escuela con la finalidad de participar en la reunión de padres de familia para la planeación del ciclo escolar y explicarles las jornadas de lucha que realizan. Luego de estacionar su vehículo y caminar para ingresar al plantel educativo, dos sujetos abordo de una motocicleta llegaron al lugar y uno de ellos sacó un arma de fuego y empezó a dispararle a unos dos metros de distancia, de acuerdo con ubicación de los casquillos localizados. El sicario luego de vaciar la carga de su arma de fuego, abordo de la motocicleta se dio a la fuga, en tanto padres de familia y profesores decidieron pedir el apoyo de la policía y los cuerpos de socorro2 . Al lugar arribaron paramédicos de Comisión Nacional de Emergencias, así como del municipio con la finalidad de atender a las dos personas, pero confirmaron que Jorge Vela, había muerto.

Los rescatistas atendieron a la profesora Lorena, a quien canalizaron al hospital Presidente Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y su estado de salud es reportado como delicado.

Al lugar acudieron el vice fiscal, Jorge Aquino, quien junto con el director del Instituto de Servicios Periciales, Manuel de Jesús de la Fuente, estuvieron vigilando las diligencias realizadas por peritos y agentes investigadores, confirmando que en la zona existían nueve casquillos percutidos calibre 9 milímetros, así como dos ojivas, las cuales fueron embaladas. La Fiscalía General de Justicia del estado inició una investigación del caso y trata de ubicar a los presuntos responsables del asesinato.

El cuerpo sin vida de Jorge Vela Díaz fue trasladado al anfiteatro del Instituto de Servicios Periciales en San Bartolo Coyotepec, donde se le practicó la necropsia de ley y la causa de la muerte fue hemorragia interna por laceración de la aorta toráxica y laceración de ambos pulmones.

Tercero. En respuesta a estos crímenes, ese mismo día, 14 de septiembre de 2016, se realizó una manifestación ante las oficinas de la Vice Fiscalía Regional de Justicia en la Mixteca3 con el propósito de protestar por la inseguridad y lo crímenes contra los luchadores sociales que últimamente se han suscitado. Ahí, la presidenta estatal de Morena, Nancy Contreras, afirmó que no van a permitir que se sigan cometiendo más asesinatos en contra de sus militantes4 . Exigió al gobierno estatal garantizar la integridad de los oaxaqueños, porque nadie tiene derecho a matar a nadie.

Ahí refirió que durante 2016 cuatro militantes y dirigentes han sido asesinados con arma de fuego, por lo que demandó el esclarecimiento de los casos y un alto a la criminalización en contra de loa dirigentes sociales.

En menos de 24 horas fueron asesinados, en Oaxaca, dos de nuestros compañeros, militantes destacados Morena, lo que prueba el estado de extrema violencia e inseguridad que prevalece en Oaxaca.

Por ello la constante decadencia del gobierno de Gabino Cué, son: la existencia de presos políticos, impunidad, feminicidios, acoso a organizaciones y criminalización a dirigentes sociales; crímenes políticos, persecución al magisterio democrático, negligencia criminal que enluta a las comunidades indígenas.

Hoy por la mañana, hace unas cuantas horas, fue ejecutado el compañero profesor Jorge Vela Díaz, a las puertas de la escuela primaria “Vicente González” ubicada en la colonia Jacarandas de la población de Ocotlán de Morelos en los Valles Centrales de Oaxaca y herida de gravedad su esposa, la también profesora Lorena Antonio Sánchez, que se debate entre la vida y la muerte. Ambos integrantes de la sección 22 del SNTE.

Asimismo el día de ayer martes, al filo de la diez de la noche, fue asesinado Agustín Pavia en la ciudad de Huajuapan de León, destacado dirigente regional de Morena en la mixteca.

¿Cuántos muertos más necesitamos para que este gobierno actúe contra los criminales?

No olvidamos a nuestros compañeros dirigentes de Morena Juan Mejía Plaza asesinado el 21 de marzo de 2016 en Pinotepa de Don Luis; Marcos Hernández Bautista asesinado el 21 de enero de 2016 en Santiago Jamiltepec, y a nuestro querido compañero Enrique Quiroz Quiroz asesinado el 1 de abril pasado en San Andrés Huaxpaltepec.

Hoy venimos a decir basta, basta de impunidad, basta de complicidad con los criminales, basta de criminalizar a los dirigentes políticos y sociales, incluso por la vocera de esta Fiscalía, ¿esa es la línea señor procurador?

Por lo que te demandamos la libertad de los presos políticos, se deje de acosar y criminalizar a nuestros compañeros dirigentes del movimiento social. Asimismo exigimos se esclarezcan los asesinatos de nuestros compañeros de Morena asesinados.5

Por su parte la dirigencia estatal de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) condenó el homicidio del maestro Jorge Vela Díaz y exigió que se esclarezcan los hechos y se castigue a los asesinos.

Cuarto. Sin prejuzgar sobre los crímenes, pero considerando las circunstancias que rodean ambos asesinatos, tanto del abogado León Agustín Pavia, como del maestro Jorge Vela Díaz y el contexto de impunidad que se vive en el estado de Oaxaca sobre el asesinato con arma de fuego de otros tres militantes de Morena durante este año, es necesario poner un alto a estos atentados a la vida y dar con los responsables de estos homicidios.

Sobre el particular se debe considerar:

Primero, que los crímenes se realizaron a plena luz del día, sin que se les robará nada; Segundo, que se realizaron en domicilios perfectamente identificados a los que acudían los hoy occisos, lo que presupone una vigilancia previa; y Tercero, que ambos eran activos militantes políticos y luchadores sociales en Oaxaca, cuyas críticas se centraban en el ejercicio de gobierno del actual mandatario estatal y su contubernio con los cacicazgos regionales del estado.

En este orden de ideas, la Procuraduría General de la República pasa a ser la única instancia adecuada para garantizar que la investigación se realice de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación política o ideológica, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión.

La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República señala la facultad de atracción que puede ejercer el órgano ministerial federal.

Artículo 14. El reglamento de esta ley establecerá las unidades y órganos técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, de la Procuraduría General de la República, así como sus atribuciones.

El procurador general de la República, de conformidad con las disposiciones presupuestales, podrá crear unidades administrativas especializadas distintas a las previstas en el reglamento de esta ley, para la investigación y persecución de géneros de delitos y para el ejercicio de la función ministerial, policial y pericial, atendiendo a las necesidades del servicio, así como fiscalías especiales para el conocimiento, atención y persecución de delitos específicos que por su trascendencia, interés y características así lo ameriten.

Por su parte el reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece que:

Artículo 13. Son facultades genéricas de los titulares de las unidades especializadas previstas en el artículo 3 de este Reglamento y las fiscalías, así como de las creadas por acuerdo del procurador, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley Orgánica, adicionalmente a las contempladas en el artículo anterior, las siguientes:

I. a V. ...

VI. Ejercer la facultad de atracción para la investigación y persecución de delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales materia de su competencia;

...”

La víctima y sus familiares tienen derecho a que se les haga justicia, a conocer la verdad de los hechos y a cuidar su buen nombre.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión como de urgente u obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condena el asesinato del abogado León Agustín Pavia, dirigente del comité municipal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y ex candidato suplente a diputado al Congreso local, ocurrido el pasado 13 de septiembre de 2016 en el municipio de Huajuapan de León, Oaxaca.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condena el asesinato del maestro Jorge Vela Díaz, militante de Morena, acaecido el 14 de septiembre de 2016 en el municipio de Ocotlán de Morelos, Oaxaca.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría de General de la República para que en uso de sus atribuciones y en el ámbito de sus competencias, atraiga las indagatorias de ambos homicidios a fin de garantizar que las investigaciones se realicen de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación política o ideológica, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión.

Notas

1 La Jornada. Asesinan a maestro y hieren a su esposa en Oaxaca. 14 de septiembre de 2016.

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip 7P2vu5rPAhWEwiYKHfyRBD4QFggwMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.jornada.unam.mx%2Fultimas%2F2016%2F09%2F14%2Fasesinan-a-maestro-y-hieren-a-esposa-en-oaxaca&usg=AFQjCNF7XIDvC040xYn5Dc_gsxsrdNMZLw

2 NVINOTICIAS. Ejecutan a profesor.

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN 5KGZu5rPAhVB2yYKHZtmDaoQFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.nvinoticias.com%2Fnota%2F31328%2Fejecutan-profesor&usg=AFQjCNF7tnMRL8ITj86qYGhyaVgV5K3wuA

3 Regeneración. Asesinan a dirigente de Morena en Huajuapan Oaxaca.

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj- 2fmm_pbPAhXL6CYKHXROBggQqQIIHzAB&url=http%3A%2F%2Fregeneracion.mx%2Fasesinan-a-dirigente-de-morena-en-huajuapan-oaxaca%2F&usg=AFQjCNEA k5RLk6MVZ1uPdocKUPNm-_oJyw

4 La onda Oaxaca. Condena Morena Oaxaca asesinato de su dirigente regional Agustín Pavia

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim udPThJfPAhVM7yYKHSCaAMEQFggyMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.laondaoaxaca.com.mx%2F2016%2F09%2Fcondena-morena-oaxaca-asesinato-de-su-dirigente-reg ional-agustin-pavia%2F&usg=AFQjCNGdUMLEjhkFA4ESyQMsX7JEhz_nRw

5 CEE Morena Oaxaca faceboock.

https://www.facebook.com/MorenaOaxaca.org/posts/75848566 4291872

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2016.

Diputados: Cuitláhuac García Jiménez, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, Alfredo Basurto Román, Jesús Emiliano Álvarez López, Modesta Fuentes Alonso, Jorge Tello López (rúbrica).

Con punto de acuerdo, relativo a las licitaciones públicas realizadas sobre suministro de servicios y financiamiento de proveedores para construir el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde la presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 se consideró la necesidad de construir un aeropuerto que sustituyera al que actualmente funciona para la Ciudad de México con mayor capacidad en sus operaciones, por lo que el 22 de septiembre de 2014 se otorga título de concesión para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, esto a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dicho título es publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2015.

Este título de concesión tiene como objetivo construir, administrar, operar y explotar el nuevo aeropuerto.

Lo anterior atiende a la necesidad de que nuestro país cuente con una infraestructura de transporte aéreo que refleje la disminución en los costos al momento de realizar sus actividades económicas, así como la mejora en la conectividad y eficiencia de éstas.

Este aeropuerto permitirá a su vez dar respuesta a largo plazo a la demanda creciente de este tipo de servicios en el Valle de México y la zona centro del país entre otras.

Es importante mencionar que la empresa Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, es una empresa de participación estatal mayoritaria, integrante de la administración pública federal.

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en su capítulo segundo de licitaciones públicas en el artículo 29 párrafos primero, dispone:

“Artículo 29. Para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios no se podrán establecer requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir. La dependencia o entidad convocante tomará en cuenta las recomendaciones previas que, en su caso, emita la Comisión Federal de Competencia en términos de la ley federal”1 .

Debemos enfatizar que por regla general y de conformidad con lo dispuesto por la ley mencionada supra, no podrá imponerse como requisito que los participantes cuenten con determinado capital contable, excepto cuando la convocante considere necesario que el licitante acredite contar con capacidad económica para cumplir las obligaciones que se deriven del contrato correspondiente, el titular del área requirente autorizará establecer como requisito para los licitantes que sus ingresos sean equivalentes hasta el veinte por ciento del monto total de su oferta; lo anterior deberá acreditarse mediante la última declaración fiscal anual y la última declaración fiscal provisional del impuesto sobre la renta presentadas por el licitante ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Para la realización de las licitaciones correspondientes al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, de conformidad con la Licitación Pública Nacional Presencial Puntos y Porcentajes LO-009KDH999-N80-2015, en el punto 2.1 Participación a la Licitación, el Grupo Aeroportuario solicitó el siguiente requisito:

“GACM, requiere de licitantes que cuentan con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de la obra a realizar”2

El 8 de junio de 2015 se anunció un paquete que comprende 21 proyectos, los cuales serían adjudicados por el método de licitación.

De acuerdo a la información disponible hasta la fecha, durante el segundo semestre de 2016 se verían concretadas las 21 licitaciones contempladas, en la primera etapa durante el segundo semestre de 2015, 6 licitaciones; el primer semestre de 2016 la realización de 7 licitaciones y durante el segundo semestre de 2016 las 8 restantes, cabe mencionar que todas ellas se encuentran publicadas a través de Contratanet.

En ese orden de ideas el 27 de julio de 2016 se dio a conocer un convenio de colaboración entre Nacional Financiera y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) a fin de poder llevar a cabo el desarrollo de planes de financiamiento para apoyar a proveedores y contratistas que participan en la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM).

“El convenio de colaboración permitirá también el financiamiento a contratos para que estos prestadores relacionados con las obras del NAICM puedan obtener un crédito para capital de trabajo hasta por 50 por ciento del contrato que tienen formalizado con GACM.

El crédito podrá ser liquidado por el prestador del servicio, a través de la cesión de derechos de cobro del mismo, a favor de un intermediario financiero.”3

Este convenio de colaboración, resulta contradictorio con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y por la convocatoria misma, ya que de acuerdo a los argumentos que hemos visto hasta el momento, para poder haber sido adjudicados dichas licitaciones, todos y cada uno de los participantes debió cumplir con los requisitos solicitados durante el concurso de licitación.

En este sentido, si las personas físicas y morales interesadas en llevar a cabo la construcción de los caminos provisionales de acceso al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que no cumplieran con el requisito estipulado en el punto 2.1 de la convocatoria (referente a su capacidad financiera), pudieron ver subsanado este requisito a través del financiamiento que otorgará Nacional Financiera (Nafin).

También debe señalarse que las empresas o personas físicas que hoy tienen la adjudicación de la licitación, de conformidad con las bases de la convocatoria, no deberían de ser privilegiadas mediante créditos preferenciales de la banca de desarrollo, ya que al conocer las bases, bajo protesta de decir verdad, declararon contar con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros para llevar a cabo la obra.

Recordemos que la política de la Banca de Desarrollo ha perseguido los siguientes objetivos:

“• Centrar la atención en la población objetivo: Pymes, pequeños y medianos productores rurales, vivienda para la población de bajos recursos, proyectos de infraestructura y municipios.

• Complementar a los intermediarios financieros privados con fondeo y garantías para generar más y mejores vehículos de canalización del crédito.

• Fomentar una mayor coordinación entre los bancos de desarrollo y otras dependencias públicas cuyos programas apoyan al financiamiento.

• Impulsar el crédito de largo plazo para apoyar la competitividad y capitalización de las unidades productivas.”4

Bajo esta tesitura, Nafin (Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo), al formar parte de la banca de desarrollo, tiene por objeto “promover el ahorro y la inversión, así como canalizar apoyos financieros y técnicos al fomento industrial y en general, al desarrollo económico nacional y regional del país”5 siendo por lo tanto este, un instrumento con el que cuenta la administración federal para promover el crecimiento económico y el bienestar social y no así en apoyo de empresas que como se supone demostraron durante la licitación, cuenta con recursos grandes para poder solventar un proyecto de esta magnitud.

Aunado a lo anterior, se puede suponer que existe una grave irregularidad en la adjudicación de los proyectos licitados por parte de GACM en la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ya que si las empresas a las que fue dado el fallo ganador cumplen con los requisitos que marca la convocatoria de licitación no se requeriría de dar financiamiento y menos aún por parte de Nafin siendo esta banca de desarrollo creada para mejorar las condiciones de la sociedad en general, tomando en consideración que ninguno de los proveedores pertenece al sector de pequeña o mediana empresa por la magnitud de la obra.

De acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se debería de dar igualdad en la participación a dicho concurso, siendo así que hubiese existido mayor número de participantes si éstos hubiesen sabido del financiamiento actualmente anunciado.

El artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal faculta a la Secretaría de la Función Pública a conducir la política general de las contrataciones públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, propiciando las mejores condiciones de contratación conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez.

En este sentido, y reafirmando mi compromiso con los mexicanos de que el Poder Legislativo debe constituirse como un sistema de contrapeso hacia el Poder Ejecutivo para consolidar un estado eficiente, transparente, honesto y en el que la rendición de cuentas forme parte fundamental de nuestro estado democrático, cerciorándonos que los procesos de licitación se lleven a cabo conforme a derecho, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, para investigar a las empresas y personas morales que resultaron ganadoras de la Licitación Pública Nacional Presencial Puntos y Porcentajes LO-009KDH999-N80-2015, a efectos de verificar si contaban con la capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de la obra a realizar y que fue señalado en el numeral “2.1 participación a la licitación” de la convocatoria y hacer de máxima publicidad dicha investigación.

Segundo. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, realizar una investigación para determinar si el Convenio de Financiamiento entre Nacional Financiera y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México para la construcción de los caminos provisionales de acceso al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ejecutando trabajos de terracería, estructuras y obras de drenaje, pavimentación y señalamiento, limita la libre participación de los demás interesados al no haberse hecho público dicho convenio.

Tercero. Se exhorta al director de Nacional Financiera, Banca de Desarrollo, doctor Jacques Rogozinski Schtulman, para que haga pública la justificación del convenio de colaboración entre Nacional Financiera y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México para la construcción de los caminos provisionales de acceso al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Notas

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf

2 Convocatoria para la Licitación Pública Nacional Presencial Puntos y Porcentajes LO-009KDH999-N80-2015, disponible en: http://www.aeropuerto.gob.mx/gacm/docs/convocatoria_caminosdeacceso.pdf

3 http://www.gob.mx/sct/prensa/nafin-dara-apoyo-financiero-a-proveedores- y-contratistas-del-nuevo-aeropuerto

4 SHCP. Banca de Desarrollo. Disponible en:
http://www.shcp.gob.mx/apartadoshaciendaparatodos/banca_ desarrollo/index.html

5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/162.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2016.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a los gobiernos estatales y a las Comisiones de Asuntos Indígenas, y de Gobernación a atender la recomendación general número 27 de la CNDH, suscrita por los diputados Sergio López Sánchez, Isaura Ivanova Pool Pech y Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados Sergio López Sánchez, Isaura Ivanova Pool Pech y Victoriano Wences Real, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Por mucho tiempo permaneció en nuestro país, y en la mayoría de países del mundo occidental, la visión integracionista hacia los indígenas que si bien reconocía sus derechos humanos y civiles como ciudadanos en lo individual, desconocía de facto la diversidad cultural y étnica de las naciones, al intentar alfabetizarlos y educarlos en un único sistema de valores y creencias, lengua y cultura.

Sin embargo, en la actualidad la normatividad internacional y nacional ha dado paso a los enfoques multiculturales y de pluralismo jurídico, orientados a desarrollar modelos de organización social en los que aquellos grupos o comunidades étnicas que sean cultural, religiosa o lingüísticamente diferentes puedan convivir de manera armónica con el resto de la sociedad. En este sentido, se ha comenzado a reconocer a los Pueblos y Comunidades Indígenas como sujetos de derechos colectivos.

En 1989 el Estado mexicano adoptó en la ciudad de Ginebra, Suiza, durante la Septuagésima Sexta Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; aprobado posteriormente por la Cámara de Senadores el once de julio de 19901 y de conformidad con el artículo primero constitucional, el cual establece que “en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte...”,2 dicho tratado forma parte de la ley suprema.

El Convenio 169 tiene su argumentación basada en una actitud de respeto por las culturas de los pueblos indígenas y en el supuesto de que estos constituyen sociedades permanentes con derecho a determinar sus propias prioridades para su desarrollo, y uno de los derechos colectivos que dicho convenio reconoce como fundamental es el derecho a la consulta y la participación. En su artículo séptimo establece que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente mediante una consulta previa.

La consulta previa es el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y demás grupos étnicos cuando se toman acciones legislativas o administrativas, o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su identidad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación. Constituye una prerrogativa necesaria para salvaguardar la libre determinación de los pueblos, así como los demás derechos culturales y patrimoniales que la Constitución y los tratados internacionales les reconocen.3

El citado Convenio, además, expresa que la consulta debe realizarse mediante procedimientos apropiados, de buena fe, y a través de sus instituciones representativas y de acuerdo a sus sistemas normativos internos a efecto de que las comunidades indígenas influyan en la decisión que pretende adoptarse, en la medida en que ésta afecta sus vidas, sus creencias, instituciones y bienestar espiritual.

En el caso de México y a raíz del movimiento social que desencadenó el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se generaron condiciones para el reconocimiento de derechos a pueblos indígenas en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se destaca la obligación del gobierno de “consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes estatales y municipales, y en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen”.4

Sin embargo, la expresión, “y en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen” se ha entendido como una facultad discrecional otorgando a las autoridades administrativas facultades para que decidan si incorporan o no, las propuestas de los pueblos indígenas.

De esta forma “la falta de un ordenamiento específico que regule adecuadamente el proceso de consulta, tiene diversas consecuencias, principalmente, impide conocer de manera clara y precisa el contenido y alcance de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, entorpece la eficacia del procedimiento de consulta previa y afecta en los planes de participación de los beneficios”.5

Identificando este grave problema y siendo uno de las grandes reformas que el Estado Mexicano aún debe efectuar para cumplir con los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, diputadas y diputados de diferentes extracciones partidarias, hemos presentado iniciativas con proyecto de decreto para legislar en esta materia, por lo menos desde hace tres legislaturas y todas ellas han tenido en común el menosprecio del partido en el poder en turno y de las mayorías parlamentarias que no las han considerado como prioritarias.

De esta forma, y a pesar de que muchas de estas iniciativas han sido producto de procesos de participación de las propias comunidades indígenas, foros académicos, consultas nacionales y en general han contado con un gran respaldo social, todas estas han sido enviadas a la congeladora legislativa sin que al momento se hayan dictaminado. Con esto se vulnera de manera sistemática no sólo el derecho de los diputados a legislar, sino también el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados, que en lo cotidiano significa que continúen las prácticas depredadoras de los megaproyectos mineros, petroleros, carreteros y demás que atentan contra su territorio, cultura y sus formas de vida.

Por ello, consideramos que es momento de que esta Cámara haga un examen autocrítico y haciendo a un lado intereses partidarios y de grupo los integrantes de los diferentes grupos parlamentarios tengamos altura de miras para legislar en favor de los pueblos y comunidades indígenas.

Esto lo afirmamos así, pues en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo pública la Recomendación número 27 “Sobre el Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la República Mexicana”,6 misma que propone la incorporación expresa de dicho derecho dentro del sistema jurídico mexicano, mediante la elaboración de leyes específicas sobre el mismo, tanto a nivel federal como local.

En dicha Recomendación, publicada el 12 de agosto del presente año, la CNDH hace un llamado al Ejecutivo federal para que presente una iniciativa de ley sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas del país; y al Congreso de la Unión para que estudie, discuta y vote esa iniciativa y la que eventualmente presente la Cámara de Diputados o el Senado respecto a una legislación en este tema.

Al señalar la importancia que tiene el garantizar este derecho y su relación con otros derechos humanos de los pueblos indígenas como el de libre determinación, la CNDH fundamenta su recomendación en un exhaustivo análisis al marco jurídico nacional e internacional, precisando además que el contenido esencial del derecho a la consulta tiene al menos cinco características mínimas, mismas que deberían estar enunciadas en la ley respectiva, es decir que esta sea previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada.

Por lo todo lo anterior, sometemos a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal a que atienda y cumplimente los estándares descritos en la Recomendación General 27/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicada el 12 de agosto de 2016 en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo . La Cámara de Diputados acuerda incluir mediante los mecanismos legales, adecuados y efectivos a los pueblos y comunidades indígenas del país y las organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas competentes, en el proceso legislativo orientado a la dictaminación de las iniciativas cuyo objeto sea referente al derecho a la consulta previa de comunidades indígenas, con el fin de que esta soberanía pueda cumplir con las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al Congreso de la Unión.

Tercero . La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal, al jefe de gobierno de la Ciudad de México y a los titulares de los Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas para que, en tanto se discuta y emita una ley específica de consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas, mediante las acciones y ordenanzas conducentes, garanticen este derecho atendiendo los estándares internacionales en la materia, así como la Recomendación General 27/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicada el 12 de agosto de 2016 en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Diario Oficial de la Federación Fecha 12 de agosto de 2016.

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1.

3 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo en revisión 270/2015. Página 62.

4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 2.

5 CNDH, Recomendación General No. 27/2016, Página 49.

6 CNDH, Comunicado de Prensa 2016-08-09.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2016.

Diputados: Sergio López Sánchez, Isaura Ivanova Pool Pech, Victoriano Wences Real (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a implantar acciones para satisfacer la demanda de servicios de salud, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Marbella Toledo Ibarra, diputada federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha señalado que la “escasez grave de personal sanitario, su distribución geográfica desigual y los desequilibrios de la distribución de sus aptitudes suponen importantes obstáculos a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) relacionados con la salud”.1

Sobre este tópico, es importante señalar que acorde con los estándares de la OMS, la cifra establecida como mínimo necesario para prestar servicios esenciales de salud materna e infantil es de 23 médicos, enfermeras y parteras por 10 000 habitantes.2

Cabe subrayar que el citado organismo internacional ha referido que los países que no superan el mencionado umbral tienen dificultades para prestar una asistencia cualificada en la prestación de los servicios de emergencia y especializados para sus habitantes, repercutiendo directamente en su tasa de mortalidad.3

Sin embargo, en México a hoy día nos encontramos frente a una mala combinación de los diferentes tipos de trabajadores de la salud y de las aptitudes de cada uno de ellos, además de una escasez de personal sanitario cualificado en las zonas rurales y remotas, todo lo cual impide el acceso de las mujeres y los niños a intervenciones y servicios capaces de salvarles la vida.

Acorde con un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),4 durante 2012, el gasto total en salud en México representó el 6.2% de su PIB, ubicándose entre los más bajos de los países de la OCDE (sólo por encima de Estonia y Turquía) y muy por debajo del promedio de los países de la OCDE de 9.3%.5

Este mismo estudio señala que pese a los aumentos de la participación pública en el financiamiento del cuidado de la salud en México se ha incrementado en alrededor de 10 puntos porcentuales para situarse en 50% en el 2012, sin embargo, esta tasa se mantiene como una de las más bajas entre los países de la OCDE (donde el promedio es del 72%), y alrededor de la mitad de todo el gasto en salud en México es pagado directamente por los pacientes.6

Las Estadísticas de la OCDE sobre la salud 2014, patentizan que el estado mexicano ha realizado una mala inversión de los recursos en el cuidado de la salud de los mexicanos, pues si bien es cierto que la oferta de trabajadores de la salud en México se ha incrementado durante la última década, no menos cierto es que éste ha sido insuficiente para cumplir con los parámetros internacionales, a saber:

• Desde el 2000, el número de médicos per cápita se ha incrementado, pasando de 1.6 médicos por cada 1,000 habitantes a 2.2 en el 2012, sin embargo esta cifra sigue siendo inferior al promedio de la OCDE de 3.2;

• Las enfermeras han aumentado de 2.2 enfermeras por cada 1,000 habitantes en el 2000 a 2.6 en el 2012. Empero, esta cifra está muy por debajo del promedio de la OCDE de 8.8. y

• Las camas de hospital por cada 1,000 habitantes merecen nota aparte, pues este tópico ha presentado un decremento en de las 1.8 existentes durante el 2000 a las 1.6 del 2012, situación que se coloca, a nueva cuenta, por debajo del promedio de la OCDE de 4.8.

Las barreras en el acceso a los servicios de salud que representan el no alcanzar el mínimo de recursos para el cuidado de la salud que establecen tanto la OMS como la OCDE, también explican el progreso relativamente lento en la esperanza de vida, que si bien se ha incrementado, esto ha ocurrido de manera mucho más lentamente, de 2000 a 2012, la esperanza de vida de los mexicanos aumentó de 73.3 a 74.4 años.7

Mientras la esperanza de longevidad ha aumentado apenas un año en casi una década en nuestro país, durante ese mismo periodo, la brecha de esperanza de vida promediada por la OCDE se ha incrementado de 77.1 a 80.2 años.8

De esta guisa podemos concluir que México se encuentra en falta a lo dispuesto por el artículo 12, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), que establece que, entre las medidas que se deberán adoptar a fin de asegurar la plena efectividad del derecho a la salud, se encuentran la creación de condiciones que aseguren el acceso de todos a la atención de la salud.

Sobre el particular, cabe precisar que en el año 2000, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, adoptó una observación dentro del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en materia al derecho a la salud, con la finalidad de aclarar que garantizar de forma plena el derecho a la salud. Según la Observación general, el derecho a la salud abarca cuatro elementos:

• Disponibilidad. Se deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, así como de programas de salud;

• Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas: o no discriminación; o accesibilidad física; o accesibilidad económica (asequibilidad); o acceso a la información;

• Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, a la par que sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida;

• Calidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. Al igual que todos los derechos humanos, el derecho a la salud impone a los Estados Partes tres tipos de obligaciones;

• Respetar. Significa simplemente no ingerir en el disfrute del derecho a la salud (“no perjudicar”);

• Proteger. Significa adoptar medidas para impedir que terceros (actores no estatales) interfieran en el disfrute del derecho a la salud (por ejemplo regulando la actividad de los actores no estatales); y

• Cumplir. Significa adoptar medidas positivas para dar plena efectividad al derecho a la salud (por ejemplo, adoptando leyes, políticas o medidas presupuestarias apropiadas).

Bajo esta tónica resulta inconcuso que nuestro país, al ser un Estado Firmante del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, debe de asegurar que se debe de garantizar el principio de realización progresiva, esto significa que este derecho siempre tendera a incrementar la protección a la salud en cuanto a accesibilidad y calidad.

Luego entonces, al ser la salud, un derecho que debe garantizar el Estado como parte del compromiso por el respeto y la salvaguarda de los derechos humanos, los cuales mencionan que la oferta de servicios de salud debe contar con elementos como los que establece la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que se fundamentan en el goce del grado máximo de la salud incluyendo la atención oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria; los diputados ciudadanos nos permitimos someter a la consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al doctor José Narro Robles, Secretario de Salud del Gobierno Federal, a que tome las acciones conducentes enfocadas a satisfacer la demanda de recursos para el cuidado de la salud que establecen tanto la Organización Mundial de la Salud como los estándares establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Notas

1 http://www.who.int/hrh/workforce_mdgs/es/

2 http://www.who.int/whosis/whostat/ES_WHS09_Table6.pdf

3 http://www.who.int/hrh/workforce_mdgs/es/

4 Véase “Estadísticas de la OCDE sobre la salud 2014”

5 Ibídem

6 Ibídem

7 http://www.oecd.org/els/health-systems/Briefing-Note-MEXICO-2014-in-Spa nish.pdf

8 Ibídem

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2016.

Diputada Marbella Toledo Ibarra (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del trigésimo primer aniversario luctuoso de las víctimas del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del PRI

Hoy, 19 de septiembre, se cumple un año más desde aquellos trágicos acontecimientos que, en 1985, conmocionaron la historia del país.

Los sismos, de magnitud 8.1 y 7.6 respectivamente, que sacudieron a buena parte del territorio nacional y, en especial, a la Ciudad de México, marcaron un antes y un después a la Nación.

Encontraron una población vulnerable y autoridades sin preparación; que fueron condiciones propicias para provocar el desastre del que muchos fuimos testigos.

En estos 31 años transcurridos, sin embargo, hemos tenido la oportunidad de reducir el riesgo sísmico en nuestro país.

Hoy en día contamos con un Sistema Nacional de Protección Civil y sistemas estatales; mejores normas y programas; una mejor coordinación para la atención de las emergencias, atlas de riesgos, mejor conocimiento del fenómeno.

Tenemos mejores reglamentos de construcción, en particular en la Ciudad de México.

Contamos con un sistema de alerta sísmica mexicano pionero en el mundo, orgullosamente desarrollado por investigadores mexicanos y con reconocimiento internacional.

Contamos también con un Centro Nacional de Prevención de Desastres, un experimentado Servicio Sismológico Nacional.

La pregunta es si todo eso es suficiente; ¿México es más resiliente? ¿Estamos preparados para resistir otro sismo de gran magnitud?

¿Hemos invertido los recursos suficientes para evitar un desastre como el de 1985, con todas sus implicaciones económicas, sociales y políticas?

Las instituciones y los centros de investigación especializados ¿tienen la capacidad para operar y ampliar su cobertura, así como los mecanismos para una difusión universal de las alertas?

Nuestro país se encuentra ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico. Esto lo hace particularmente propenso a la ocurrencia de estos movimientos de tierra.

Ha temblado en el pasado y, sin duda, seguirá temblando.

De hecho, de acuerdo con los especialistas, existe el potencial de sismos de gran magnitud en el Pacífico Mexicano.

Sabemos que el subsuelo de la Ciudad de México, amplifica las ondas incrementando así el peligro sísmico.

Es un hecho que, a pesar de todo, aún existen muchos municipios que no cuentan con su propio reglamento de acuerdo a las características geológicas locales; siguen existiendo numerosos edificios vulnerables.

Compañeros, este aniversario luctuoso del mayor desastre nacional en la historia reciente, es propicio para plantear una vez más que la prevención y la reducción del riesgo deben tener la más alta prioridad en las políticas públicas y en los presupuestos federales y estatales.

Es necesario priorizar la gestión del riesgo de desastres a lo largo de la administración pública, para prever, reducir y controlar el riesgo de un sismo y cualquier otro fenómeno de gran magnitud.

En esa tarea, esta Cámara de Diputados tiene una enorme responsabilidad.

Fortalezcamos la gestión del riesgo de desastres. Así como quedó plasmada en la Ley, también debe traducirse en programas y en más presupuesto.

Si damos más recursos a la prevención, reducimos el riesgo; y si evitamos el riesgo, reducimos el gasto catastrófico para la atención de los desastres y la recuperación.

Con motivo de los aniversarios trigésimo de protección civil en México y trigésimo primero de los sismos del 19 de septiembre de 1985, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el pleno de esta soberanía la efeméride del trigésimo aniversario de protección civil en México y del trigésimo primer aniversario de los sismos del 19 de septiembre de 1985.

Efeméride

El 19 de septiembre, conmemoramos los 30 años del Sistema Nacional de Protección Civil y el 31 aniversario de los sismos de 1985 que detonaron la creación de dicho sistema. Estos devastadores sismos, aunque ubicaron su epicentro en las costas de Michoacán, el fenómeno impactó a la Ciudad de México en un par de minutos. De acuerdo con cifras oficiales, este evento sísmico causó alrededor de 6 mil decesos y daños por 4 mil 100 millones de dólares. Ello, evidenció la necesidad de implementar acciones para prevenir, aprovechar al máximo los tiempos para el alertamiento y coadyuvar a salvaguardar la vida y el patrimonio.

A partir de entonces, se ha desarrollado un sistema de alerta sísmica en distintas etapas que en un principio implicó el fomento de una cultura de protección civil y posteriormente la implementación de tecnología. Así, la Ciudad de México cuenta, desde el 2005, con un Sistema de alerta sísmica, para la realización de acciones anticipadas de resguardo y evacuación de inmuebles, ante la ocurrencia de un evento potencialmente destructivo.

La alerta sísmica, conocida como SAS (sistema de alerta sísmica), depende del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), que es un Asociación Civil, auspiciada por el Gobierno del Distrito Federal, y que tiene el propósito de detectar sismos importantes en la costas del pacifico y avisar con al menos 50 segundos de anticipación, en la Ciudad de México, ante la llegada inminente de ondas sísmicas importantes.

Así, en 2005, por iniciativa de los gobiernos de la Ciudad de México, Oaxaca y la Secretaría de Gobernación, se convino compartir la información proveniente de los sensores para advertir tanto a la Ciudad de México como a la Ciudad de Oaxaca la ocurrencia de un sismo importante.

Con este convenio, inició la primera etapa del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano. Con la unión del sistema se tenían un total de 51 estaciones sismo sensoras y 2 ciudades con el servicio de difusión de alerta.

Adicionalmente, en 2007, Acapulco y Chilpancingo se integran a las ciudades que reciben la señal del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano y en 2010 el gobierno de la Ciudad de México invirtió en la actualización del Sistema de alerta sísmica, así como ampliar la cobertura del sistema.

Con esta inversión, se instalaron 64 estaciones sismo sensoras, cubriendo las regiones de Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla y se complementó la infraestructura existente en Guerrero. Con esto, la red de estaciones sismo sensoras contó con un total de 97 estaciones.

En consecuencia de este desarrollo, si en septiembre de 1985 se hubiera contado con un sistema de alerta sísmica temprana efectiva, la población podría haber escuchado, el 19 de septiembre a las 7:18 AM, con más de un minuto de anticipación, la señal de que un temblor ocurriría. Ello, permite estimar que al menos algunas de las personas que lamentablemente fallecieron hubieran salvado la vida, resguardándose en algunos sitios o evacuando algunas construcciones.

Aunado a todo lo anterior, la cultura de protección civil hoy involucra a diversas instancias que se suman año con año a los alertamientos hipotéticos para la realización del Macro Simulacro. Ello, haciendo evidente que es necesario contar con un sistema de alerta único y con una fuente de información oficial, regulada por instancias federales que aseguren la veracidad, eficacia y eficiencia de estas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2016.

Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)

Con motivo del 17 de septiembre, primer aniversario luctuoso de Eraclio Zepeda Ramos, Laco, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Eraclio Zepeda Ramos “Laco” (1937-2015)

El 17 de septiembre conmemoramos el primer aniversario luctuoso de Eraclio Zepeda Ramos, conocido como “Laco”, fue un escritor, periodista, actor, profesor, difusor cultural y político que entre otras distinciones, fue investido con la medalla “Belisario Domínguez”, en 2014. Este chiapaneco de hábil narrativa, plasmó sobre papel su amor por las letras, retratando la riqueza cultural que transpira en la fantasía de la cotidianeidad de nuestra gente y despertó con sus anécdotas la imaginación de quien lo escuchó y de quien lo lee.

Tuxtla Gutiérrez vio nacer a este nativo de la lengua zapoteca, un 24 de marzo de 1937. “Laco” como es mejor conocido, creció rodeado de libros y relatos narrados por su padre, quien le inculcó el amor por la lectura, por la historia oral y con quien aprendió a entretejer tramas que más tarde lo convertirían uno de los mejores exponentes de la escritura y las letras mexicanas.

Tras una infancia y adolescencia que fortalecieron su amor y raíces por Chiapas, sus pueblos, su gente y su selva Lacandona, viajó a la Ciudad de México para estudiar en la Universidad Militar Latinoamericana.1 Allí, forjó amistades con sus más cercanos cómplices de la poesía, con quienes más tarde compartió la dicha de ver publicadas sus obras por el Fondo de Cultura Económica,2 bajo el título de “La espiga amotinada”.3

Posteriormente, al no haber aprovechado una beca ofrecida por la embajada Checa, debido a la falta de recursos para costear el pasaje de ida, decidió volver a su natal Chiapas, sin saber que con su reencuentro con la selva chiapaneca daría vida “Benzulul”,4 dejando por un momento la poesía y abriéndose paso en la narrativa de historias.

Así, Benzulul, es una obra que narra la lucha y resistencia del pueblo indígena chiapaneco, que a través de sus páginas muestra las tradiciones, colores, olores y sabores que Chiapas guarda en cada uno de sus rincones. Esta obra lo colocó en el nivel de las expresiones chiapanecas más grandes de la literatura mexicana, junto a Rosario Castellanos5 y Jaime Sabines.6

Después de estas dos obras, decidió estudiar derecho y antropología social en la Universidad de San Cristóbal de las Casas y la Universidad Veracruzana respectivamente. Sin embargo, sus conocimientos traspasaron fronteras y antes de concluir sus estudios como antropólogo, fue invitado a dar clases en la Universidad de La Habana, y posteriormente en el Centro de Lenguas de Pekín. Posteriormente fue invitado como corresponsal de prensa en Moscú, en donde también se desempeñó como promotor cultural y comentarista de radio y televisión.

Su estancia en Moscú lo inspiró para terminar dos más de sus obras, entre ellas el cuento “Asalto nocturno”,7 mismo que lo llevo a ganar el premio bellas artes de cuento, en San Luis Potosí en 1974.8

En sus textos, este escritor chiapaneco nos regalara visiones fotográficas de lo que fue su natal Chiapas, maravillándonos con sus increíbles paisajes, pero al mismo tiempo concientizándonos sobre el drama de desigualdad social que existe en Chiapas.

Su indiscutible talento lo llevaron a ser acreedor de varios y diversos premios, el “Premio Chiapas de Arte 1983”,9 el “Premio Nacional de Ciencias y Artes en Literatura y Lingüística”10 por la Secretaría de Educación Pública y la medalla “Belisario Domínguez”11 otorgada por el Senado de la República entre otros.

Por todo lo anterior, como chiapaneca y como mexicana, considero una responsabilidad que en estos tiempos difíciles para el país, en que la sociedad se muestra decepcionada recordemos motivos por los que debemos estar orgullosos de vivir en México. Eraclio Zepeda Ramos, y su obra son uno de estos motivos.

“Laco”, murió, no así sus obras y memorias resguardadas en papel, esperando a ser leídas y vividas nuevamente, anhelando un mejor Chiapas un mejor México, sin racismo, sin violencia, sin la desigualdad social. Un México para todos.

Notas

1 http://caballosyopinion.com/?p=10702

2 https://www.fondodeculturaeconomica.com/

3 http://www.elem.mx/estgrp/datos/9

4 http://www.gandhi.com.mx/benzulul-cuentos?landing_source=digital

5 http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/castellanos_rosario.htm

6 http://www.poemas-del-alma.com/jaime-sabines.htm

7 https://www.fondodeculturaeconomica.com/librerias/Detalle.aspx?ctit=015 563R

8 http://www.literatura.bellasartes.gob.mx/index.php?opti on=com_content&id=58:premio-bellas-artes-de-cuento-san-luis-potosi&Itemid=90

9 http://www.cultura.gob.mx/estados/saladeprensa_detalle. php?id=36589

10 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/10/15/dan-a-conocer-nombre-de-g anadores-del-premio-nacional-de-ciencias-y-artes-2014-3721.html

10 http://www.animalpolitico.com/2014/12/senado-entrega-medalla-belisario- dominguez-2014-eraclio-zepeda/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2016.

Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)


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