Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita crear una comisión especial que investigue la compraventa de los terrenos cedidos a la empresa Toyota en Guanajuato, a cargo del diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

La actividad de la industria automotriz del estado de Guanajuato, posee relevancia nacional e internacional, y es fundamental en el crecimiento de la economía del país.

Actualmente, Guanajuato cuenta con cinco armadoras automotrices, mismas que han generado 204 proyectos de inversión con empresas complementarias, un monto de inversión estimada de 11 mil 409 millones dólares y la generación de 73 mil 263 empleos aproximadamente, en los últimos diez años.

Recientemente los medios de comunicación han informado sobre posibles irregularidades en la compra y venta de 607 hectáreas en el municipio de Apaseo el Grande, en las cuales se instalará la empresa Toyota.

La denuncia realizada por ejidatarios de la Comunidad de Caleras de Ameche, en torno a que el gobierno estatal compró a sobreprecio terrenos adquiridos previamente por la empresa JAOS & SGB de Grupo Gurza de Monterrey es, a todas luces, indignante para la sociedad guanajuatense.

La empresa señalada, presuntamente propiedad de José Antonio Ortega Serrano y Santiago Germán Bordes, ambos ex servidores públicos de la transformada Secretaría de la Reforma Agraria, compró, en 2014, 260 hectáreas a los ejidatarios, pagando 300 mil pesos por cada hectárea, para luego revenderlas a la administración estatal, en 2015, por un monto de un millón 700 mil pesos por hectárea.

La administración pública estatal ya cuenta con 460 de las 607 hectáreas que requiere la empresa Toyota para instalarse en el estado; restan por adquirirse 147 hectáreas, mismas que están en proceso de negociación con los ejidatarios; sin embargo, el gobierno del estado les ofrece un millón 400 mil pesos por hectárea, cuando estos exigen 2 millones 500 mil pesos por cada una.

Lamentablemente, las 607 hectáreas que serán donadas a la empresa Toyota quedarán marcadas por la opacidad, el tráfico de influencias y el manejo de información confidencial.

Por lo expuesto, someto a consideración del pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita la creación de una comisión especial que investigue la situación de la compra y venta de los terrenos cedidos a la empresa Toyota en el estado de Guanajuato.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2016.

Diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la visita del candidato a la Presidencia de Estados Unidos de América Donald Trump, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I; 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 1, fracción III, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, a tenor de las siguientes

Consideraciones

Los principios normativos que han marcado el desarrollo de la política exterior de México, han sido muestra inequívoca del compromiso del estado en aras de fomentar y de buscar siempre y en todo momento, el establecimiento y desarrollo de una armonía al interior del concierto internacional con base en el respeto entre las naciones a efecto de lograr una paz verdadera, estable y duradera.

Estos principios se han inscrito en las páginas de la historia universal como uno de los mecanismos más efectivos para desarrollar espacios de diálogo y entendimiento, que se traduzcan en un auténtico acercamiento entre las naciones, bajo el ánimo de la cooperación internacional entre países que comparten un objetivo común: mejorar la calidad de vida de sus respectivas sociedades, mediante el fomento de la interdependencia en sintonía con el respeto, promoción y salvaguarda de los derechos humanos.

Fue así que ejemplos como la pacificación de Centroamérica, nuestra oposición a la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos; el refugio durante la Segunda Guerra Mundial; el asilo político que se otorgó a ciudadanos de distintas nacionalidades perseguidos por dictaduras militares, particularmente de América Latina y España; nuestra participación en el grupo de los llamados países no alineados durante la Guerra Fría; la propuesta para el desarme nuclear y el Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe mejor conocido como el Tratado de Tlatelolco; se inscribieron como capítulos en letras de oro en el ejercicio de la política exterior de México y de la auténtica tradición diplomática mexicana que se inspira y ciñe a los principios constitucionales que consagran el ejercicio de la política exterior.

Recientemente, en el mes de enero de este año, el gobierno de Enrique Peña Nieto anunció cambios en la política exterior de México, en donde la secretaria de Relaciones Exteriores, maestra Claudia Ruíz Massieu Salinas, afirmó que nuestro país debía cambiar su política exterior de principios por una política exterior de intereses, en especial, subrayó la necesidad de eliminar el principio de la no intervención para fortalecer el papel de México en el mundo.

Sin embargo, las decisiones en el ejercicio de las relaciones internacionales de México bajo una concepción torcida de la “tradición diplomática,” han debilitado enormemente el papel de nuestro país en el escenario mundial, en detrimento más absoluto de la dignidad nacional.

La invitación que se le hizo al candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos de América, Donald Trump, quien ha usado como estrategia de campaña una retórica de odio en contra del pueblo de México, es sin duda alguna una de las acciones más torpes e incongruentes respecto a este cambio que se pretende de principios a intereses en supuesto “favor” del pueblo de México.

Esta torpeza, permitió que el candidato usara la residencia oficial de Los Pinos como un lugar de acto de campaña, para posicionar sus intereses humillando aún más a la sociedad mexicana, y cinco horas después en Arizona, en la presentación de su plan migratorio, volvió a denostar y criminalizar a los migrantes mexicanos, al tiempo que ridiculizaba la figura presidencial mexicana.

Por tanto, se trata de una situación que demanda de una explicación puntual respecto a la conducción de la política exterior y de cómo ésta atiende a la defensa de los auténticos intereses de México en el mundo. Por otro lado, se requiere puntualizar sobre cuál es el verdadero papel de la Secretaría de Relaciones Exteriores en este cometido, cuando se ha anunciado en diversos medios que fue el propio secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, quien “orquestó” esta visita; demostrando con ello una vulneración en las funciones que deben guardar las instituciones del estado.

Se trata sin lugar a dudas de un error histórico que demuestra que el único cambio visible en un ejercicio que ha caracterizado a México como sinónimo de eficacia, eficiencia y de buena voluntad entre las naciones, se ha deformado bajo la sumisión, entrega de dignidad y un sinónimo de crisis institucional que afecta el establecimiento de una auténtica gobernabilidad democrática y que lesiona enormemente el estado constitucional que debe guardar a toda la sociedad mexicana.

Si bien es cierto que el pleno de la Cámara de Diputados, en sesión celebrada el pasado 6 de septiembre de 2016, aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores remitir al Congreso de la Unión un informe pormenorizado de los antecedentes, las condiciones, el desarrollo y los resultados de la visita del candidato Donald Trump, a la residencia oficial de Los Pinos, para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional tal informe resulta una medida insuficiente para hacer notar al Ejecutivo federal que esta representación nacional no sólo no comparte la decisión de haber invitado a este candidato, sino que incluso reprobamos tal decisión, lo que además refleja el sentir de la mayoría de los mexicanos, como ha quedado demostrado en diversas encuestas publicadas recientemente.

Es por ello que consideramos necesario hacer público un extrañamiento al titular del Ejecutivo federal y conminarlo a conducirse, en materia de política exterior, conforme a los principios estipulados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional pone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión emite un extrañamiento público al ciudadano presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, por su desafortunada decisión de haber recibido al candidato a la Presidencia de los Estados Unidos de América, Donald Trump, en virtud de las reiteradas expresiones ofensivas que este candidato ha referido en contra del pueblo mexicano, así como por sus propuestas en materia de inmigración que atentarían contra los derechos fundamentales de los mexicanos residentes en aquel país.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión conmina al ciudadano presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, a que en lo sucesivo, sus acciones en materia de política exterior observen el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos de los mexicanos residentes en el extranjero, tal como le obliga el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2016.

(Rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a modificar el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, y demás reglamentaciones y normas a fin de facilitar el tránsito y transporte de combustible por los productores agrícolas, y garantizar la seguridad de terceros, a cargo del diputado Alex Le Baron González, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Alex Le Barón González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 79, numeral 1, fracción, II; numeral 2, fracciones I, II y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de ésta soberanía el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La pobreza en México incide profundamente en la población rural; de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2012 el 62% de la población rural se encontraba en condiciones de pobreza, es decir, 16 mil 700 millones de personas. Debido a estas condiciones adversas, la mayoría de las comunidades rurales carecen normalmente de servicios básicos, de infraestructura, de alimentación adecuada etc., pero más que nada, carecen de oportunidades.

El lugar donde viven las personas es importante porque influye en el modus vivendi, y determina muchos de los desafíos que enfrentan. Ello implica que la ubicación geográfica es sustancial y está relacionada con las causas y consecuencias de la pobreza.

Por otro lado, en México, a pesar de que el sector de la agricultura no ocupa un lugar muy importante como proporción del PIB (alrededor de un 4%), emplea al 10% de la población y abastece al país de un producto esencial y estratégico como lo son los alimentos. La conexión entre la población rural y la producción agrícola es muy clara, y por lo mismo, ambos sectores tienen especial influencia uno en el otro. Una consecuencia directa de la pobreza en el sector rural son las dificultades para comprar equipo necesario para realizar las actividades agropecuarias y abastecerse de insumos básicos, siendo las más comunes las destinadas al transporte y al almacenamiento.

Un gran número de comunidades se encuentran muy alejadas de los centros urbanos, además, la orografía muchas veces dificulta aún más el traslado y el transporte de productos, insumos y víveres; por esta razón, muchos agricultores deben transportar grandes cantidades de combustible en un sólo viaje para almacenarlo y utilizarlo como una reserva, con la finalidad de reducir los costos de transporte de este insumo elemental para la subsistencia. Esta actividad ha generado la renuencia por parte de las autoridades, las cuales impiden el tránsito de vehículos que trasladan estos insumos en volúmenes grandes argumentando motivos de seguridad, ya que pone en riesgo la vida del conductor y la de terceros.

Un caso que ejemplifica esta situación tan extendida en el país, sucedió recientemente cerca del municipio de José María Morelos en Quintana Roo; un auto compacto que transportaba combustible tuvo un percance y se incendió y el conductor murió calcinado. Al respecto, el director municipal de Protección Civil admitió que existen anomalías en el transporte de combustibles al no cumplirse las normas dictadas. Agregó que existen ciertos requisitos que los interesados en transportar combustible deben cumplir; por ejemplo, se deben utilizar vehículos descubiertos en el área de carga, contar con extintores, utilizar únicamente depósitos seguros etc.; señaló que hasta ahora había prevalecido cierta tolerancia hacia quienes transportan gasolina o diésel, pues por lo general es para maquinaria agrícola.

Sin embargo, cabe reconocer que los productores no realizan los trámites pertinentes señalados por las normas de transporte de materiales peligrosos por diversos motivos, entre los que destacan la carencia de medios económicos para adecuar sus unidades de transporte y almacenamiento; por el desconocimiento y/o ambigüedad en el que se encuentran al tratar de apegarse a determinada reglamentación, ya que el marco jurídico para transportar combustible aplica para volúmenes industriales, y en este caso, los productores transportan cantidades mayores a las que normalmente abastece un consumidor, pero que finalmente no constituyen una carga a gran escala; por último, el transporte de gasolina y/o diésel bajo esta dinámica es la opción más viable tomando en cuenta posibilidades, medios y recursos.

Mientras los incentivos no cambien, es probable que se siga realizando esta manera de abastecimiento de combustibles, aunque sea de manera clandestina. Consideramos que el marco reglamentario no toma en cuenta esta realidad, ya que no hay opciones viables ante las dificultades y las prioridades que tienen los agricultores de las regiones marginadas y alejadas de los círculos urbanos.

El Plan Nacional de Desarrollo contiene las cinco Metas Nacionales; la segunda habla de Un México Incluyente, la cual busca conectar el capital humano con el desarrollo de oportunidades para disminuir las brechas de desigualdad; la cuarta tiene como meta Un México Próspero, que promueva el crecimiento sostenido de la productividad, condiciones favorables para el desarrollo económico.

En vista de lo anterior, al ser un problema extendido por todo el territorio nacional, resolver esta situación abona a la reducción de la pobreza, a la igualdad de condiciones de desarrollo y al impulso del sector agrícola, los cuales son de interés para esta soberanía.

Por lo anterior, y a fin de facilitar las labores en el campo en beneficio de su mayor productividad, me permito someter al pleno de esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que realice las modificaciones que resulten necesarias al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, al Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, y demás reglamentaciones y normas con el fin de facilitar el tránsito y transporte de combustible por parte de los productores agrícolas, así como garantizar la seguridad de los terceros.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 86 de septiembre de 2016.

Diputado Alex Le Baron González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las procuradurías generales estatales a realizar con el Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado, de la Sagarpa, las investigaciones correspondientes al delito de robo de ganado, a cargo del diputado Gerardo Federico Salas Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Gerardo Federico Salas Díaz, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que exhorta respetuosamente a las procuradurías generales estatales para que en coordinación con el Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, realicen las investigaciones correspondientes al delito de robo de ganado, conforme a las siguientes

Consideraciones

El Sistema de Identificación Individual del ganado (Siniiga) fue creado con objeto de establecer las bases para mejorar, fortalecer y enlazar otros sistemas de información relacionados con el ganado. Prevé asignar una numeración única, permanente e irrepetible durante toda la vida del animal para conformar un banco central de información e identificar de manera individual a todo el ganado existente en México, conformando de maneras simultánea un banco central de información dinámico desde su nacimiento hasta su destino final.

El objetivo del Siniiga es establecer la identificación individual y permanente del ganado en México y conformar una base de datos que permita orientar acciones integrales que conlleven a elevar los estándares de competitividad de la ganadería mexicana y ser una herramienta para la planeación y evaluación de programas de apoyo al sector pecuario y fortalecer, entre otros objetivos, el combate al abigeato y contrabando de ganado.

El Siniiga se encarga de identificar a cada bovino, ovino y caprino mediante aretes en los que se muestra un número único que lo acompañe a lo largo de su vida y que permita dar seguimiento a sus movimientos.

Entonces, es de suponerse que a través del programa de aretado, disminuirán los casos de abigeato, pero el delito continúa en todo el país y el supuesto de que al asignarse a cada animal un número único que lo acompañe a lo largo de su vida y que permita dar seguimiento a sus movimientos, los casos de robo de ganado disminuirían no ha funcionado, aún bajo el supuesto de que con el arete, cualquier animal que sea encontrado en algún predio se podrá rastrear fácilmente al dueño.

Tomando como base las cifras oficiales que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la incidencia delictiva del fuero común en 2015 fue de 8 mil 5 denuncias presentadas ante las agencias del Ministerio Público a escala nacional y el reporte de enero a junio de 2016 se presentaron 3 mil 283 denuncias (http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-de lictiva-fuero-comun.php).

Es importante frenar este delito, ya que el robo de ganado contabiliza pérdidas millonarias para los productores del campo y debido a su éxito, se ha vuelto una práctica común en diversas regiones del país y que va desde los robos solitarios hasta la práctica cotidiana empleada por el crimen organizado.

Ganaderos de varias regiones del país consideran que este delito se ha incrementado los últimos años entre 30 y 50 por ciento, y lo atribuyen al crecimiento de la delincuencia organizada y a que los cárteles del narcotráfico han ampliado su campo de actividad. Pero también creen que en la mayoría de los casos se trata de delincuentes comunes y ocasionales que aprovechan el clima de inseguridad que hay en el país para cometer un ilícito.

Es práctica común que al ser considerado el abigeato como un delito no grave, los delincuentes salen pagando fianzas muy raquíticas e incluso por debajo del valor del ganado robado, lo que se traduce en atractivas ganancias para quienes cometen este ilícito; así mismo los altos índices de corrupción de las autoridades locales en muchas regiones ganaderas del país, han propiciado que los dueños del ganado ya no presenten denuncias, en buena medida por el grado de impunidad, corrupción y debilidad de las leyes en las entidades federativas.

La presente proposición con punto de acuerdo tiene como objeto exhortar respetuosamente a las procuradurías generales de las entidades federativas para que, en coordinación con el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado, perteneciente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, realicen de manera rápida y expedita las investigaciones correspondientes sobre las denuncias que se presenten sobre el delito del robo de ganado.

Por lo descrito someto a consideración de esta soberanía el presente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a las procuradurías generales estatales para que, en coordinación con el Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, realicen las investigaciones correspondientes al delito de robo de ganado.

Cámara de Diputados, a 8 de septiembre de 2016.

Diputado Gerardo Federico Salas Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a generar programas de empleo para jóvenes estudiantes, técnicos y recién egresados, a fin de impulsar el desarrollo profesional y su integración en el ámbito laboral, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El presente, diputado Felipe Reyes Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La población joven es un grupo de gran importancia para la sociedad que ha marcado inclinación, cambios culturales y sociales, tanto en nuestra humanidad como en muchas otras amplitudes.

Por tanto la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), señala que los jóvenes son por definición las personas con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años de edad.

La UNESCO entiende que los jóvenes constituyen un grupo heterogéneo en constante evolución y que la experiencia de “ser joven”, varía mucho según las regiones del planeta e incluso dentro de un mismo país.1

Los adolescentes mexicanos son los más afectados por el desempleo, así lo reveló un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el que se determina que la tasa de desempleo en México es de 4.9%.

La grafica siguiente muestra claramente cuáles son los estados que registran una tasa de desocupación más alta.1

Un estudio elaborado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), revela que como resultado del fenómeno de la sobre educación y la imposibilidad del sistema económico de proporcionar puestos de trabajo acordes a las condiciones del capital humano en México, se ven afectados el 40% de los egresados universitarios.

En la actualidad los jóvenes han señalado que son un grupo que carece de compromiso por parte de las instancias gubernamentales, particularmente en lo referente a proveer de alternativas de futuro y desarrollo.

En el caso de la población que se ubica entre los 20 a los 29 años las cifras arrojan que el índice de desempleo alcanza el 8.44%.

Este dato traducido supone que 975 mil 177 jóvenes no cuentan con trabajo; concentrándose la gran mayoría en 10 entidades, dentro de las cuales los primeros 4 lugares los ocupan los estados de Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato y Nuevo León como se puede observar en el gráfico.

En enero del 2011 la Organización Internacional del Trabajo (OIT), arrojo una alerta al dar a conocer cifras sobre el desempleo entre la población juvenil, las cuales estiman que en 2010 más de 78 millones de jóvenes se encontraban fuera del mercado laboral, estadística que de mantener su tendencia, será de 12,3% entre la población de 16 y 24 años, al cierre de 2016.

El tema del desempleo, según la OIT y sus estudios de tendencias mundiales del empleo juvenil, es un problema global que afecta a todos los países.

Al respecto el actuario Juan Pablo Castañón, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex, hace referencia que cuando los jóvenes egresan de las escuelas de nivel medio superior y buscan insertarse en el mercado de trabajo, se enfrentan con altas tasas de desempleo y subempleo debido a su inexperiencia y escaso capital social para vincularse con el sector productivo.

La directora de Reclutamiento Estratégico de Manpower Group, Lorena Escobar, explicó que si 6 de cada 10 profesionistas no trabajan o tienen puestos en los que sólo necesitan el bachillerato se debe a los factores ya mencionados, que dificultan su contratación formal con un salario satisfactorio.

Asimismo la OIT, precisa que existen 75 millones de personas entre los rangos de 18 a 29 años de edad buscando trabajo a nivel mundial, también aseguró que tienen tres veces mayores probabilidades de estar desempleados que los adultos.

Este control continúo sin una desaceleración o disminución marcada pues en el 2014, la tasa de desocupación en los jóvenes durante el primer trimestre fue de 8.4 por ciento, casi el doble a la tasa de 4.8 por ciento estimada a nivel nacional.

Que uno de los principales problemas que enfrentan los jóvenes es la falta de experiencia este tipo de obstáculos se acentúa más en la población menor de 30 años, según cifras de INEGI un 18.9 por ciento del grupo carece de ella y eso incide en que terminan por aceptar empleos temporales o de tiempo parcial.

Que asimismo es interesante destacar que existe un amplio porcentaje de jóvenes que tienen estudios de nivel medio superior y superior, pero su estatus laboral pertenece al mercado informal esta cifra oscila en 44.8 por ciento.

Miguel Santiago Reyes, director del Observatorio de Salarios de la Universidad Ibero en el Estado de Puebla, señaló que la precarización en las condiciones laborales le está pegando particularmente a los jóvenes y no sólo en los salarios sino también con largas jornadas de trabajo y pocas prestaciones.3

Es importante iniciar con el impulso de políticas de empleo para jóvenes recién egresados a nivel técnico y universitario con un avance de 70 por ciento de créditos, pues con ello se impulsa el desarrollo educativo y económico de este sector de la población, la necesidad de este exhorto nace del hecho de que el grupo de 20 a 24 años es en el que hay una mayor frecuencia de jóvenes con educación superior con un 30 por ciento.

Bajo la anterior perspectiva, podemos concluir que los jóvenes en México se encuentran en una crisis de desempleo. La inserción laboral en el país como en la mayoría de los países, depende mayormente de las oportunidades que tienen los jóvenes, las cuales dependen de las políticas, los programas de fomento de inserción laboral juvenil y de la legislación laboral, es específico de los diferentes contratos laborales existentes.

Asimismo esta urgencia no es nueva el mismo consejo empresarial ha urgido a consolidar e implementar a fondo políticas públicas viables y acciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil.

Con base en lo anterior, el suscrito pone a consideración de esta comisión permanente el presente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Trabajo y Prevención Social (STPS), para que en el ámbito de sus competencias cree programas de generación de empleos para jóvenes recién egresados de nivel técnico y superior con un mínimo de 70 por ciento de avance de créditos, para otorgar oportunidades de trabajo y crecimiento desarrollo.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Trabajo y Prevención Social (STPS), para que, en el ámbito de sus competencias certifique mediante constancia el servicio social, y las prácticas profesionales, siendo estas consideradas como experiencia laboral a la hora del primer empleo.

Notas

1 www.unesco.org/

2 Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

3 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a los 2 días del mes de septiembre de 2016.

Diputado Felipe Reyes Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Conacyt a difundir el calendario de las convocatorias dirigidas a instituciones de educación superior e interesados en participar en los programas de fomento y apoyo de los investigadores del país, a cargo de la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Patricia Elena Aceves Pastrana, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Desde el punto de vista de Morena, uno de los aspectos estratégicos del desarrollo nacional se encuentra en el impulso de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, como pilares fundamentales para el conocimiento de nuestra realidad, nuestro territorio, sus características y potencialidades, así como sus vulnerabilidades, para aumentar la productividad y proporcionar la orientación que permita, objetivamente, el mejor uso de nuestros recursos, con sustentabilidad, en beneficio de nuestra sociedad.

Para nosotros, la ciencia y la tecnología tienen un valor estratégico y su impulso debe ser asumido proactivamente por las instituciones gubernamentales.

Por esa razón consideramos que para el país, es fundamental el ordenamiento, la certidumbre y la transparencia en el ejercicio del gasto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y, como parte de ese objetivo, es muy importante el trato que esa institución dé a los científicos e investigadores.

En Morena nos parece que el consejo está obligado a proporcionar la mayor certidumbre posible a nuestros investigadores y científicos, en relación con los programas y la publicación de las convocatorias correspondientes.

Llama la atención que, por ejemplo, una convocatoria para el Programa de Investigación Científica Básica, para 2013 y 2014, se publicó el 20 de noviembre de 2013 y la siguiente convocatoria se emitió el 6 de febrero de 2015, sin una periodicidad previsible que proporcione seguridad a los investigadores y científicos interesados en este programa.

De hecho, aún no se publica la convocatoria correspondiente para promover y apoyar a quienes estén dispuestos a registrar programas de investigación científica básica para 2016. Esto no brinda seguridad a nadie, por lo que se requiere que a la brevedad el Consejo explique la razón de la irregularidad en la publicación de las convocatorias para este programa y publique la correspondiente al actual ejercicio.

La importancia de las convocatorias del Conacyt se encuentra en el hecho de que científicos e investigadores diseñan su programa de desarrollo en horizontes que dependen de las posibilidades de acceso a uno u otro apoyo, a los plazos y montos, porque así lo demanda su actividad.

En el caso particular de la convocatoria del Programa de Investigación Científica Básica, es esperada por muchos investigadores porque está destinada a la generación de conocimiento básico, consistente en entender procesos y mecanismos básicos que posteriormente puedan tener aplicación para la innovación y el desarrollo tecnológico, así como para el diseño de políticas públicas en diversas áreas. Se aplica para las áreas de I. Físico-matemáticas y ciencias de la Tierra; II. Biología y química; III. Medicina y ciencias de la salud; IV. Humanidades y ciencias de la conducta; V. Ciencias sociales; VI. Biotecnología y ciencias agropecuarias; VII. Ciencias de la ingeniería; y VIII. Investigación multidisciplinaria.

De las convocatorias del Conacyt es de las más importantes, pues entre los rubros que se pueden financiar se encuentra la adquisición de equipos especializados, pago de becas, adquisición de material para laboratorio y contratación de egresados de doctorado en la figura de investigadores posdoctorales, adquisición de software y de publicaciones especializadas.

Ante la posibilidad de que el Consejo actúe de la misma forma discrecional en la publicación de sus convocatorias para otros programas, se considera necesario que al inicio de cada ejercicio haga público el calendario de convocatorias y, sobre todo, que ese calendario considere que los recursos se deben asignar y entregar para su ejercicio con toda oportunidad.

En la página del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología al enumerarse sus actividades se señala que es la institución encargada de diseñar y ejecutar “programas y políticas de apoyo, para promover y fortalecer el desarrollo de la investigación científica, propiciando el desarrollo y fortalecimiento académico y coadyuvando a la productividad, competitividad y crecimiento económico y social del país”.

El punto de acuerdo que se pone a su consideración retoma estos compromisos, con el propósito de que no se pierdan de vista.

Consideraciones

El desarrollo científico y tecnológico de nuestro país requiere que la institución responsable de propiciar la concreción de esa importante tarea cuente con los recursos, los programas y el compromiso suficientes para alcanzar ese objetivo.

Hasta ahora, el presupuesto asignado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con sus 34 mil millones de pesos asignados para 2016, apenas representa 0.71 por ciento del gasto neto total presupuestado.

Conscientes de la necesidad de no disminuir sino, al contrario proporcionar más recursos al impulso de la ciencia y la tecnología, en su momento nos opusimos a la decisión gubernamental de incluir el Conacyt en el programa de recortes para 2016, que lo afectó con 900 millones de pesos en el ajuste de febrero y 1 mil 800 millones de pesos adicionales en el ajuste anunciado en junio. En total se le impuso un recorte de recursos de 2 mil 700 millones de pesos.

Insistimos: para Morena, el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país es estratégico y no se le debe considerar gasto superfluo, como el que sí se debe recortar en otras áreas del gobierno federal, así como en los Poderes Legislativo y Judicial.

Por eso consideramos que la administración de los recursos del ramo de ciencia y tecnología debe ser muy transparente, y tener en cuenta la necesidad de ofrecer seguridad a científicos e investigadores en la continuidad de compromisos y programas.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, elevo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a publicar la convocatoria del Programa de Investigación Científica Básica para 2016.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a dar a conocer el calendario en que se publicarán las convocatorias dirigidas a científicos e investigadores de los programas de la institución a su cargo para lo que resta del ejercicio de 2016 y que en el inicio del próximo año haga público el calendario correspondiente a 2017.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2016.

Diputada Patricia Elena Aceves Pastrana (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a otorgar viabilidad financiera a los proyectos aprobados para prevenir desastres naturales, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de la República, a facilitar el flujo de recursos para el desarrollo del Fondo Federal para la Prevención de los Desastres Naturales para dar viabilidad financiera a los proyectos que sean aprobados en este marco de financiamiento para la prevención y exhorta de igual manera, a las entidades federativas a analizar y priorizar sus necesidades en materia de prevención y gestión de riesgos de desastres para considerar la posibilidad de fortalecer sus capacidades, a través del aprovechamiento de los recursos del Fondo Federal para la Prevención de los Desastres Naturales, con base en las siguientes

Consideraciones

Durante los últimos 12 años, nuestro país ha consolidado el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden) como una de las mejores herramientas financieras para fortalecer las acciones preventivas de las entidades federativas, municipios, instituciones federales en materia de protección civil e instituciones académicas y de investigación. Ello, a través del financiamiento de proyectos orientados a la identificación, análisis evaluación, reducción o mitigación de riesgos; análisis de las vulnerabilidades; y acciones para fortalecer las capacidades preventivas y de autoprotección de la población, en situaciones de riesgo.

En la Evaluación Global sobre la Reducción de Riesgos de Desastres 2015, elaborada por la Organización de las Naciones Unidas, señala que a nivel mundial sucede lo siguiente:1

“Si bien las mejoras en la gestión de desastres han dado lugar a una enorme reducción de la mortalidad en algunos países, las pérdidas económicas se elevan hoy en día a un promedio de entre 250 mil millones y 300 mil millones de dólares americanos al año.”

“...la pérdida anual esperada (PAE) o promedio por terremotos, tsunamis, ciclones tropicales e inundaciones fluviales se estiman en 314 mil millones de dólares americanos...”

El mismo documento señala que “...invertir en la reducción del riesgo de desastres es condición previa para lograr un desarrollo sostenible en un clima cambiante.”

Adicionalmente, las estimaciones referidas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), calculan que una inversión 6 mil millones de dólares anuales, en estrategias de Gestión de Riesgos de Desastres, provocaría una reducción del 20% en las pérdidas anuales a nivel mundial.

Esta inversión, corresponde al 0.1% de la inversión que se realizará en temas de construcción de infraestructura a nivel global, en los próximos 15 años.

El mismo documento indica que para el caso de México, se calcula que los terremotos generan el mayor costo asociado con un desastre, con un promedio anual de 1 mil 354.65 millones de dólares, seguido por las inundaciones (870.08 millones de dólares); los vientos originados por ciclones (613.02 millones de dólares); las tormentas (103.05 millones de dólares); y los tsunamis (1.49 millones de dólares).

Algunos casos representativos a nivel nacional que muestran la materialización de dichos riesgos son:

1) A causa del huracán Stan (2005) que afectó Chiapas, se tuvieron daños por un costo de 228 millones de dólares, representando para esa entidad el equivalente al 15 por ciento del PIB estatal.

2) El huracán Wilma (2005) costo 1 mil 752 millones de Dólares, siendo este el desastre más costoso para el país, seguido de las inundaciones en Tabasco y Chiapas (2007) con 700 millones de dólares y las afectaciones del Huracán Gilberto (1988) por 567 millones de Dólares.

A estos datos de carácter financiero, hay que agregar el costo representado en la perdida de años de impulso al desarrollo de las comunidades.

En este contexto, no obstante la evidente importancia del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, debido a problemas de falta de recursos para el financiamiento, constantemente se presentan rezagos en los cierres físicos financieros, problemas de solvencia durante la ejecución de diversos proyectos o se posterga su inicio. Esta situación, impactó en 29 proyectos que habían sido aprobados entre 2004 y 2011, con un costo total de 337.6 millones de pesos, pero que pudieron registrar sus cierres físicos y financieros hasta 2014, 2015 y 2016.2

Desafortunadamente, el problema de la transferencia de recursos presupuestados para proyectos aprobados, continúa siendo un obstáculo para la prevención y la subsecuente disminución de costos, al enfrentar situaciones de desastre. Ejemplo de ello es que en 2015, dos de tres proyectos fueron enviados a cartera,3 a pesar de estar aprobados, debido a la falta de recursos suficientes en el fideicomiso preventivo para suministrar las coparticipaciones correspondientes.4 Los proyectos congelados, fueron los proyectos Reforzamiento y Actualización de la Red Sísmica Mexicana y el Proyecto de Desarrollo del Sistema Integrador del Atlas de Peligro y Riesgos del Distrito Federal. La responsabilidad de no atender las problemáticas que ambos proyectos han planteado, puede hacer que los costos en situación de un problema sísmico o vulcanológico en el Valle de México sean exponenciales. Para poner este caso en perspectiva, debe pensarse en las estimaciones de la reactivación del volcán Xitle, al sur de la Ciudad de México, cuyo impacto en vidas, mantiene en riesgo potencial a medio millón de personas.

Asimismo, en el último año, nuestro país ha experimentado situaciones importantes de riesgo, en aspectos hidrometeorológicos como el huracán Patricia, el más peligroso del que se tiene registro, o las lluvias que han azotado a los estados de Chiapas y Puebla. En el caso del huracán Patricia, la prevención fue clave para evitar pérdidas humanas y materiales que hubieran ubicado ese evento en un desastre de proporciones históricas. En contraste, en el caso de las lluvias severas ocurridas el pasado 2 de septiembre en la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, la falta de prevención, la omisión de acciones derivadas de las alertas emitidas, obras hidráulicas deficientes, la mala planeación urbana vinculada a los de atlas de riesgos, combinada con una intensa precipitación, exponenciaron los costos de los desastres.

Como diputada ciudadana y presidenta de la Comisión de Protección Civil, estoy convencida de que la gestión de riesgos de desastres, es la primera defensa de nuestra nación y la base sobre la cual deben sentarse las políticas de prevención, reducción y mitigación de riesgos, evitando con ello los altos costos aplicados a la rehabilitación y la reconstrucción de nuestras comunidades, después de un desastre. Sólo en esta perspectiva, puede considerarse la disminución de costos en una etapa económicamente difícil para el país, pues lo que invirtamos en prevención, lo ahorramos en pérdidas.

Asimismo, considero que el fortalecimiento de los mecanismos financieros destinados a la prevención desde una visión de costo-beneficio, donde este último representa menores o nulas pérdidas de vidas y menores costos financieros post-desastre, sin duda permitirán a nuestro país alcanzar los compromisos contraídos en el Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres 2015-2030.5 Estos, específicamente en la Prioridad 3: Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia, indican lo siguiente:

“Las inversiones públicas y privadas para la prevención y reducción del riesgo de desastres mediante medidas estructurales y no estructurales son esenciales para aumentar la resiliencia económica, social, sanitaria y cultural de las personas, las comunidades, los países y sus bienes, así como del medio ambiente. Estos factores pueden impulsar la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Esas medidas son eficaces en función del costo y fundamentales para salvar vidas, prevenir y reducir las pérdidas y asegurar la recuperación y rehabilitación efectivas.

Niveles nacional y local

Para lograr lo anterior es importante:

a) Asignar los recursos necesarios, incluidos recursos financieros y logísticos, como corresponda, a todos los niveles de la administración para desarrollar y poner en práctica estrategias, políticas, planes, leyes y reglamentos para la reducción del riesgo de desastres en todos los sectores pertinentes;

...”

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno de la República, a facilitar el flujo de recursos para el desarrollo del Fondo Federal para la Prevención de los Desastres Naturales para dar viabilidad financiera a los proyectos que sean aprobados en este marco de financiamiento para la prevención.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a las entidades federativas a analizar y priorizar sus necesidades en materia de prevención y gestión de riesgos de desastres para considerar la posibilidad de fortalecer sus capacidades, a través del aprovechamiento de los recursos del Fondo Federal para la Prevención de los Desastres Naturales.

Notas

1 Véase:

http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/g ar-pdf/GAR2015_SP.pdf

2 Véase:

https://drive.google.com/file/d/0B662q-qBSWX_VHFrSE11QVE 4RUk/view

3 De acuerdo al artículo 29 de las reglas de operación del Fopreden.

4 Véase: http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/
Resource/2254/2/images/PROYECTOS_Fopreden_AUTORIZADOS_2015.pdf

5 Véase: http://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.p df

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2016.

Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS a realizar acciones para mejorar los servicios del hospital general de zona número 11 y la unidad de medicina familiar 78, así como para resolver la problemática suscitada por la clausura de la UMF 76, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a cargo de la diputada Yahleel Abdala Carmona, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Yahleel Abdala Carmona, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Diversos instrumentos internacionales suscritos por México, dan cuenta de la salud como un tema de gran prioridad para los estados a nivel mundial, de acuerdo a lo establecido en el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, ésta es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

De igual forma, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25, establece que toda persona tiene derecho entre otras cosas a un nivel de vida adecuado que le asegure a él y a su familia salud, bienestar, asistencia médica y los servicios sociales necesarios.

En el mismo sentido, el párrafo cuarto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también reconoce el derecho de toda persona a la protección de la salud, situación que persiste y también es plasmada en el artículo 2 de la Ley del Seguro Social el cual establece que la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo.

II. En el Estado mexicano, el Seguro Social es el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional cuya organización y administración se encuentra a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el cual es un organismo público descentralizado en el que concurren los sectores público, social y privado, el cual, entre sus facultades y atribuciones tiene las de satisfacer las prestaciones en materia de seguridad social que establece la ley, adquirir bienes muebles e inmuebles para los fines que le son propios y establecer unidades médicas, guarderías infantiles, farmacias, velatorios, así como centros de capacitación, deportivos, culturales, vacacionales, de seguridad social para el bienestar familiar y demás establecimientos para el cumplimiento de sus fines, cabe señalar que el IMSS, es la institución con mayor presencia en la atención a la salud y en la protección social de los mexicanos desde su fundación en 19431 .

III. En el caso concreto del municipio de Nuevo Laredo en el estado de Tamaulipas el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con el Hospital General de Zona número 112 y las Unidades de Medicina Familiar números 783 y 764 .

IV. De acuerdo al informe de rendición de cuentas del Instituto Mexicano del Seguro Social 2006-20125 con fecha de 1 de julio de 2005 y con una inversión superior a los doscientos diecisiete millones de pesos, se inició en Nuevo Laredo la construcción de la Unidad de Medicina Familiar de atención ambulatoria hoy identificada con el numero 76, misma que fue concluida el 31 de octubre de 2007 y la cual de acuerdo a cifras del mismo informe debería beneficiar a una población de 213 mil 747 personas situación que lamentablemente no es así en virtud de que desde el jueves 6 de noviembre de 2014 dicha clínica fue clausurada por la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo debido a que se encontraron daños en varias de las columnas que soportan el edificio, así como grietas en diferentes partes de la estructura situaciones que generan un riesgo de derrumbe del edificio.

V. Tomando en consideración lo grave que resulta que la Unidad número 76 se encuentre clausurada y sin dar servicio a una gran cantidad de ciudadanos que se están viendo afectados y vulnerados en su derecho a la salud desde el año 2014 y sumado a la falta de capacidad, condiciones y obsolescencia en las que se encuentran el Hospital General de Zona número 11 y la Unidad de Medicina Familiar número 78 para atender a dichas personas, situación que ha generado incluso diversas muertes, resulta apremiante la intervención de las autoridades para dar una solución a este problema que lacera uno de los derechos fundamentales de todo ser humano.

VI. En ese sentido, cabe señalar que el Plan Nacional de Desarrollo es el documento de trabajo que rige la programación y presupuestación de la administración pública federal según lo establece la Ley de Planeación misma que en su artículo 32 señala que una vez aprobados el plan y los programas, serán obligatorios para las dependencias de la administración pública federal y conforme a las disposiciones legales que resulten aplicables, la obligatoriedad del plan y los programas será extensiva a las entidades paraestatales.

En el mismo sentido, el artículo 40 de dicha Ley de Planeación establece que el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación y los programas y presupuestos de las entidades paraestatales no integrados en dicho proyecto deberán ser congruentes con los objetivos y prioridades del plan.

VII. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, dentro de su eje 2 denominado México incluyente, tiene por objetivo garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población y entre otras, dentro de sus líneas de acción contiene las siguientes:

• Promover el desarrollo integral de los niños y niñas, particularmente en materia de salud.

• Fortalecer la protección de los derechos de las personas adultas mayores, para garantizar su calidad de vida en materia de salud y seguridad social.

• Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral.

• Fomentar el desarrollo de infraestructura.

• Desarrollar y fortalecer la infraestructura de los sistemas de salud y seguridad social públicos.

• Cumplir con los tratados internacionales en materia de salud en el marco de los derechos humanos.

VIII. En ese orden de ideas, es importante decir que dichos objetivos son alcanzables en la medida de los esfuerzos que se realicen desde el actuar estatal, por lo que la previsión de los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para mejorar, modernizar y prestar los servicios de salud de manera digna y eficaz en el Hospital General de Zona número 11 y las Unidades de Medicina Familiar números 78 y 76 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en toda institución de salud en el territorio nacional, debe ser una prioridad.

IX. Convencida de que la atención y cuidado de la salud son fundamentales para la conquista de una vida digna y una sociedad más justa, procurando así continuar avanzando en el cumplimiento de la visión, compromisos y obligaciones del Estado mexicano, por lo antes expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social para que en el ámbito de su respectiva competencia realice las acciones jurídicas, administrativas, contables y todas aquéllas que resulten necesarias para mejorar los servicios que presta el Hospital General de Zona número 11 y la Unidad de Medicina Familiar número 78, de igual forma para que realice las acciones necesarias para resolver la problemática suscitada por la clausura de la Unidad Médica Familiar número 76, situada en Nuevo Laredo, Tamaulipas. De tal forma que se construya, arrende o reponga la infraestructura necesaria para dar atención medica de calidad a los derechohabientes afectados por el cierre de la unidad antes mencionada, lo anterior en virtud de que ésta fue construida con base en estudios que determinaban la necesidad de contar con ella por la falta de capacidad de los otros centros de salud en el municipio.

Notas

1 http://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss

2 (HGZ 11 Nuevo Laredo)

3 (UMF 78 Nuevo Laredo)

4 (UMF-UMAA 76 Nuevo Laredo)

5 http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/transparencia/rendicion/20 06-2012/IRC1.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2016.

Diputada Yahleel Abdala Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a derogar de sus códigos penales los delitos del “halconeo”, utilizados para limitar y violentar el derecho de acceso a la información con fines periodísticos, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal María Eloísa Talavera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

El acceso a la información es una herramienta de suma importancia para la ciudadanía, ya que promueve la construcción de sociedades más justas, equitativas y coadyuvantes en la gestión de los asuntos públicos, asimismo contribuye al fortalecimiento del patrimonio social y de la vida democrática en el país1 Además de que promueve la transparencia y la rendición de cuentas, impulsa la confianza entre la sociedad y las autoridades.

En México el acceso a la información corresponde un derecho protegido y contemplado por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y leyes secundarias, así como por tratados internacionales suscritos por México.

El derecho de acceso a la información constituye una vertiente de la libertad de expresión, en cuanto al derecho a buscar, recibir y difundir todo tipo de ideas e informaciones, a través de cualquier medio.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6 establece sobre este derecho, el que:

... Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión...

Asimismo el artículo 4 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece que:

...Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley Federal, las leyes de las Entidades Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta Ley...

En el marco internacional existen instrumentos jurídicos, ratificados por México, que protegen el derecho de acceso a la información bajo la vertiente de la libertad de expresión; al respecto el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito por México precisa que:

...Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección...

Para hacer efectivo lo anterior es de vital importancia la libertad de prensa ya que es fundamental para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión.

No obstante de contar con un marco jurídico que protege el derecho de acceso a la información como se ha señalado en los párrafos anteriores, algunas legislaturas de los estados que comprenden la república mexicana se han dado a la tarea de legislar, limitando el derecho de acceso a la información y restringiendo la libertad de expresión.

Tal es el ejemplo del delito denominado del “halconeo”, actualmente contemplado en 21 legislaciones de nuestras entidades federativas, el cual se refiere a aquellos actos o conductas tendientes a buscar y obtener información de alguna instituciones o corporaciones de seguridad pública, sobre sus actividades o labores en general. Lo anterior implica que si un periodista que realice algún trabajo de investigación sobre alguna institución o corporación de seguridad pública pueda ser acusado por ese delito.

Este delito violenta substancialmente el derecho de la libertad de expresión y el acceso a información, además de transgredir los principios de legalidad, seguridad jurídica, taxatividad y exacta aplicación de la ley penal contemplados en la Constitución y en tratados internacionales a los que México se encuentra obligado a cumplir.

Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha resuelto diversas acciones de inconstitucionalidad por el delito denominado “del halconeo” en los estados de Chiapas y Michoacán.

En el estado de Chiapas, resolvió la acción de inconstitucionalidad 11/2013,2 interpuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el 10 de abril del 2013, al artículo 398 Bis del Código Penal del estado de Chiapas, publicado en el Periódico Oficial local el 11 del mimo año, que a la letra señalaba:

...Artículo 398 Bis. Se impondrá una pena de dos a quince años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días de salario mínimo, a quien realice actos tendientes para obtener información de los cuerpos de seguridad pública, de persecución o sanción del delito o la ejecución de penas, sobre su ubicación, actividades, operativos o sus labores, en general...

...Las penas señaladas en este artículo se aumentarán desde un tercio hasta una mitad más de la pena que le corresponda, y se impondrá además destitución del cargo o comisión e inhabilitación de tres a diez años para ocupar otro, cuando el delito sea cometido por servidores públicos o por ex servidores públicos de las fuerzas armadas, instituciones de seguridad pública o de procuración de justicia...

Dentro de los argumentos que precisa la SCJN para declarar inválido dicho artículo destaca lo siguiente:

“[...] El precepto impugnado es violatorio de los principios de seguridad jurídica, legalidad en materia penal, tipicidad, taxatividad y plenitud hermética, contemplados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer la definición del delito de forma ambigua y genérica...

“[...] la norma impugnada tiene un impacto desproporcional sobre un sector de la población: el gremio periodístico. Al criminalizar la búsqueda de toda información relativa a la seguridad pública y a la procuración de justicia, es claro que uno de los sujetos destinatarios de la norma podrían ser los periodistas, quienes tienen como función social la de buscar información sobre temas de interés público a fin de ponerla en la mesa de debate público, por lo que la norma termina teniendo no sólo un efecto inhibidor de la tarea periodística, sino el efecto de hacer ilícita la profesión en ese ámbito específico”.

Para el estado de Michoacán la SCJN, resolvió la acción de inconstitucionalidad 9/2014,3 promovida por la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al artículo 133 quinquies del Código Penal del Estado de Michoacán, determinando la violación a los artículos 6°, 7°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que dicho delito penal denominado “de halconeo” contravenía los principios de seguridad jurídica, legalidad en materia penal, tipicidad, taxatividad y plenitud hermenéutica, así como al derecho a la información y a la libertad de expresión.

Por otra parte la SCJN ha señalado “[...] que si se pretende sancionar la ayuda o colaboración en la comisión de delitos, como se busca con el “halconeo”, existen tipos penales y modalidades específicas para ello, como el de encubrimiento, o las formas de participación previstas en las legislaciones penales como la coautoría o complicidad”.

Sin embargo pese a que la máxima instancia impartidora de justicia en nuestro país ha declarado sobre este delito la inconstitucionalidad, dicho delito penal, Independientemente de las variaciones o cambios en su definición que hay en las distintas legislaciones estatales, se encuentra vigente en los estados de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Zacatecas.

Por lo anteriormente expuesto, y acorde a lo pronunciado por la SCJN, el propósito del presente punto de acuerdo es el de exhortar a los Congresos de los estados que contemplan dentro de sus Códigos Penales con este tipo de delitos, a que de manera inmediata sean derogados ya que limitan y violan el derecho de acceso a la información, realizando un uso desviado del derecho penal para criminalizar conductas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las legislaturas de los Congresos de los estados de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, a derogar de sus Códigos Penales, los delitos denominados “halconeo”, mismos que en la práctica, los gobiernos estatales han utilizado para limitar y violentar el derecho de acceso a la información con fines periodísticos.

Notas

1 El derecho de acceso a la información en México: un diagnóstico de la sociedad; Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI); disponible en el sitio web.-

http://inicio.ifai.org.mx/Publicaciones/derecho_acceso16 .pdf; Consultado el día 22-08-16.

2 Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 11/2013, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Disponible en el sitio web.- http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5359635&fecha=10/09/2014; Consultada el día 31- 08-16

3 Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 9/2014, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Disponible en el sitio web.-

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Acciones/Acc_Inc_20 14_9_Demanda.pdf; Consultada el día, 31-08-16.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días de septiembre del 2016.

Diputada María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos local y de Xochimilco a instalar una mesa de trabajo para investigar y resolver las inconformidades de los habitantes de la demarcación, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal por la Ciudad de México en esta LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción 1, 79, numeral I, fracción II, del Reglamento de Cámara de Diputados, pone a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

1. El derecho de petición se consagra en el artículo 8 de nuestra carta fundamental, el cual sostiene la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, inclusive, hay que considerar que bajo la nueva visión garantista acerca de los Derechos Humanos, se debe ampliar esta protección para poder asegurar a los gobernados, el máximo disfrute posible en el goce de sus derechos reconocidos tanto por la Constitución, como en los tratados internacionales de los cuales nuestro país forme parte.

2. Lo anterior en concatenación con lo que está previsto por los artículos 14, 17 y 20 apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde en lo interesante buscan estas disposiciones otorgar una acceso pleno a la justicia pronta y expedita, y de esta manera brindan en teoría una escudo protector de los Derechos Socioeconómicos y políticos a los Mexicanos, sin embargo y desafortunadamente en la práctica, no necesariamente ocurre así.

3. Un ejemplo de ello lo tenemos en la Delegación Xochimilco, donde la gente ha visto violentado precisamente estos derechos fundamentales, al ser de plano ignorada por el Jefe Delegacional, al lugar donde acudieron diversos vecinos a solicitar una audiencia para que les dieran una respuesta respecto de sus planteamientos, sin embargo y lejos de ser atendidos, el Jefe Delegacional en Xochimilco, se atrinchero en sus oficinas y fue hasta que lo obligaron a salir de la oficina, e inclusive dentro de su enojo lo sacaron a la explanada para plantearle y exigirle respuestas a sus problemas, entre los que resaltaron, la suciedad de los canales y la falta de asepsia en los mismos, lo que ha ocasionado desagradables olores y por ende, la ausencia de turistas quienes se quejan del mal olor.1

Más aun, se ha denunciado por parte de los inconformes, que actualmente se vierten aguas negras en los manantiales,2 lo que cual es por sí mismo un delito y merece la atención de parte de las autoridades, ya que dentro de sus obligaciones, se encuentra la de mantener un ambiente saludable y adecuado para el pleno desarrollo de las personas, lo anterior fundamentado en los artículos, 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

4. No puede permitirse al Gobierno Delegacional en Xochimilco, que pase por alto el valor histórico, patrimonial, cultural y ecológico que representa el área para el Valle de Anáhuac, ya que por citar un ejemplo, El eje que conforma las zonas de Xochimilco-Tláhuac-Milpa Alta fue declarada zona de monumentos Históricos en noviembre de 1986, dada la elevado número de construcciones existentes de la época colonial, aunado a los vestigios de canales y lagos del México Prehispánico, y lo importante que resulta el mantener y conservar el sistema de chinampas y canales, que es por cierto, único en el mundo.3

5. La Sociedad Civil por su parte, ha propuesto el impulso de eventos culturales y gastronómicos, e efecto de reactivar la actividad turística de la zona, como ejemplo se han puesto en contacto con la suscrita, Organismos de la Sociedad Civil (OSC) para hacerme saber la intención que tienen de celebrar el Festival Nacional del Taco y la Enchilada en Xochimilco 2016, en el Embarcadero Nuevo Nativitas, evento organizado por el Club Amigos y Periodistas A.C. en colaboración con miembros de El Embarcadero Nuevo Nativitas A.C. y que tenían contemplado para su realización del 2 al 13 de septiembre del presente año, más aun, en su escrito dirigido al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, exponen diversos problemas que adolecen a este importante Patrimonio Cultural de la humanidad, entre los que resaltan; Restauración del carril entre las calles de Mercado y Camino a Nativitas en el barrio de Xaltocan, reparación y mantenimiento de luminarias del Embarcadero Nuevo Nativitas, cámaras de seguridad y vigilancia a cargo de la Secretaria de Seguridad Publica para efecto de otorgar más seguridad a los turistas y obras de bacheo y rehabilitación de vialidades en las inmediaciones del embarcadero Nuevo Nativitas, ya que se encuentran en deplorables condiciones.

6. Por lo tanto, y en vista de los problemas aquí presentados, entre muchos otros que requieren igualmente atención, es comprensible la existencia de un dialogo permanente que involucre a todos los actores, el cual sería impensable sin la participación tanto del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y el titular de la Delegación de Xochimilco, en aras de atender y dar pronta salida a las justas demandas de los habitantes de esta importante demarcación, pues no se puede permitir el deterioro de la zona, en particular la que está catalogada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) quien le otorgo tal distinción en razón de que; “el sitio de Xochimilco con sus redes de canales e islas artificiales constituye un ejemplo excepcional de los trabajos de los aztecas para construir un hábitat en un entorno hostil al hombre. Las estructuras urbanas y rurales creadas a partir del siglo XVI durante el periodo colonial se han conservado admirablemente.”4

La propia UNESCO nos señala que; “Ignorar la cultura del Otro equivale a empobrecer la suya propia, destruirla o dejar que se destruya es auto mutilarse. Es preciso respetar la diversidad cultural y su corolario el diálogo, para la supervivencia de la humanidad.”5

7. Por las razones antes expuestas es que someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, acuerda solicitar respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y al Jefe Delegacional en Xochimilco, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, instalen una mesa de trabajo con los habitantes inconformes de la zona y se privilegie el dialogo para dar una respuesta a sus demandas.

Segundo. Se inicien los trabajos y acciones necesarias, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, para el cuidado y rescate de Xochimilco en su calidad de Patrimonio Cultural de la Humanidad declarada por la UNESCO.

Notas

1 http://www.cronica.com.mx/notas/2016/975380.html.

2 http://elbigdata.mx/city/jalonean-a-delegado-de-xochimilco-piden-frenar -descarga-de-aguas-negras-en-canales/.

3 http://www.institut-gouvernance.org/bdf/es/experienca/fiche-experienca- 27.html.

4 http://whc.unesco.org/en/list/412.

5 http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/emergency-situations/.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2016.

Diputada Evelyn Parra Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al IMSS a admitir la recomendación número 38/2016, que la CNDH le emitió por el caso de violencia obstétrica y conculcaciones de los derechos de dos personas en el hospital general de zona número 8 en Uruapan, Michoacán, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González, en mi calidad de diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

Primero. Producto de una queja interpuesta el 18 de mayo de 2015, el 19 de agosto de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Andoni Arriola Peñalosa, la recomendación 38/2016, por la inadecuada atención médica contra una mujer y su hija recién nacida, por parte de dos médicos del Hospital General de Zona número 8 (HGZ8) del instituto, ubicado en Uruapan, Michoacán.1

La CNDH determinó que se cometieron, en contra de una mujer de 33 años y su bebé –quien falleció nueve horas después de nacer–, violencia obstétrica y diversas violaciones a los derechos humanos, así como acciones que vulneraron los derechos a la protección e información en materia de salud y a la vida.

Segundo. El 20 de abril de 2015, una mujer –cuyo nombre no se revela en la recomendación, para proteger su identidad– acudió alrededor de la 1:00 a.m. al área de urgencias del HGZ8, debido a que tenía 27 semanas de gestación y presentaba ruptura prematura de membranas (ruptura de fuente). Ahí se ingresó a la paciente en el área de tococirugía, donde un médico le comunicó que su estado era delicado, pues su bebé “venía muy pequeño” y el hospital no contaba con los aparatos necesarios para tratar neonatos prematuros. Personal médico de la institución ofreció a la mujer una intervención quirúrgica, con el riesgo de que el bebé perdiera la vida, o trasladarla a un hospital en la capital del estado. La paciente y su esposo firmaron un documento en que autorizaron la segunda opción.

Tercero. A pesar de lo anterior, no se trasladó a la mujer porque el otro hospital no tenía cupo. Casi quince horas después, a las 16:20, otro médico informó a la madre de la paciente que ésta sería operada dado que su vida estaba en riesgo y el bebé estaba próximo a nacer. Aproximadamente a las 17:00 horas, se realizó una cesárea a la mujer, con lo que dio a luz a una niña que registró un peso de 840 gramos y talla de 39 centímetros. La recién nacida murió a las 2:00 horas del 21 de abril del 2015.

Según consta en las evidencias del expediente CNDH/4/2015/4099/Q, a pesar de que la paciente presentaba un embarazo de alto riesgo desde su ingreso al HGZ8, los médicos omitieron solicitar oportunamente la práctica de una cesárea. Esto provocó el desarrollo de complicaciones para la bebé y disminuyó su posibilidad de supervivencia.

Cuarto. La CNDH apunta que los médicos del HGZ8 incumplieron la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA-1993, actualmente NOM-007-SSA-2016 para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida, porque no llevaron a cabo una adecuada vigilancia materna-fetal. De igual forma, el personal médico del hospital violó varias disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud, el Reglamento de Prestaciones Médicas del IMSS, así como de la Declaración Americana de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

La CNDH concluyó que los dos médicos adscritos al HGZ8 incurrieron en responsabilidad en el desempeño de sus funciones, pues incumplieron sus obligaciones de actuar con legalidad, honradez, lealtad y eficiencia; su conducta configuró violaciones a los derechos a la salud y la vida de la mujer y su hija, de acceso a la información en materia de salud y de una vida libre de violencia obstétrica.

Quinto. Es así que la CNDH dirigió seis recomendaciones al IMSS:

Primera. Se tomen las medidas necesarias para reparar el daño ocasionado [a las víctimas] con motivo de la responsabilidad en que incurrió el personal del Hospital General involucrados en los hechos, que incluya una indemnización o compensación y se le proporcione [...] atención médica y psicológica de seguimiento, con oportunidad, calidad y calidez [...] y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

Segunda. Se diseñen e impartan en el Hospital General, dos cursos integrales de Educación, Formación y Capacitación sobre los derechos humanos que el orden jurídico reconoce a las mujeres y niños, así como de la observancia de la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida . Dichos cursos deberán ser impartidos por personal especializado con perspectiva de género, con énfasis en el trato humanizado hacia las mujeres para sensibilizar al personal de salud con el objetivo de evitar actos como los que dieron origen a este pronunciamiento, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias con las que se acredite su cumplimiento.

Tercera. Gire sus instrucciones a quien corresponda, para que se emita una circular dirigida al personal médico del Hospital General, en la que se les exhorte, en los casos que así proceda, a entregar copia de la certificación y recertificación que tramiten ante los Consejos de Especialidades Médicas, con la finalidad de que acrediten tener la actualización, experiencia y conocimientos suficientes para mantener las habilidades necesarias que permitan brindar un servicio médico adecuado y profesional y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

Cuarta. Gire sus instrucciones a quien corresponda para que los servidores públicos que prestan sus servicios en el Hospital General, adopten medidas efectivas que permitan garantizar que los expedientes clínicos que generen con motivo de la atención médica que brindan, se encuentren debidamente integrados y protegidos, conforme a lo establecido en la legislación nacional e internacional, así como en las normas oficiales mexicanas correspondientes y, se envíen a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

Quinta. Se colabore ampliamente con este Organismo Nacional en la queja que se presente ante el Órgano Interno de Control en el IMSS, en contra del personal involucrado en los hechos de la presente Recomendación, y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias que le sean requeridas.

Sexta. Inscribir a [la agraviada y su esposo] en el Registro Nacional de Víctimas, a efecto de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley General de Víctimas, y se remitan las constancias que acrediten su cumplimiento.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mikel Andoni Arriola Peñalosa, a aceptar inmediatamente la Recomendación No. 38/2016 que le emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el caso de violencia obstétrica y violaciones a los derechos de una mujer y su hija recién nacida en el Hospital General de Zona número 8 en Uruapan, Michoacán.

Nota

1 CNDH, Recomendación 38/2016. Disponible en

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/201 6/Rec_2016_038.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, 8 de septiembre de 2016.

Diputada Araceli Damián González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a considerar la elaboración de un estudio regional sobre los niveles de temperatura en Campeche, a cargo del diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua para que elabore un estudio regional sobre los niveles de temperatura en el estado de Campeche que permita una reclasificación de la tarifa en el cobro del suministro de energía eléctrica; al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “Corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo .”

Asimismo, el quinto párrafo del mismo artículo define que tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, la nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por el artículo 27 constitucional, es decir, bajo el mandato de que corresponde exclusivamente a la nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.

Continuando con el artículo 25, también se expresa que la ley establecerá entre otros aspectos las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del estado, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas.

Finalmente, establece que la ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.

La generación de energía eléctrica se remonta en México a fines del siglo XIX, a través de instalación de plantas generadoras que se fueron extendiendo en el país, para la producción de diferentes sectores industriales y marginalmente para la iluminación residencial y pública.

Siendo durante el régimen de Porfirio Díaz que se otorgó al sector eléctrico el carácter de servicio público, colocándose las primeras 40 lámparas en la Plaza de la Constitución del centro de la Ciudad de México, 100 más en la Alameda Central e iniciando la iluminación de la entonces calle de Reforma y de algunas otras.

No obstante lo anterior, para 1910, de la entonces capacidad de 50 mega watts (MW) con que nuestro país contaba, 80 por ciento lo generaban únicamente tres compañías privadas internacionales: The Mexican Light and Power Company, de origen canadiense, ubicada en el centro; el consorcio The American and Foreign Power Company, con tres sistemas interconectados en el norte de México; y la Compañía Eléctrica de Chapala, en el occidente.

En 1937 teníamos 18.3 millones de habitantes, de los cuales únicamente 38 por ciento contaba con electricidad, proporcionada de manera ineficiente y limitada por las tres empresas privadas comentadas. Donde a las fallas de luz constantes y a las tarifas elevadas, sumémosle que la cobertura no contemplaba desde el punto de vista privado, la urgencia de considerar el servicio para poblaciones rurales, siendo los mercados urbanos más redituables los prioritarios y por tanto en ese sentido se enfocaba el crecimiento de la capacidad instalada de generación eléctrica que ya era en el país de 629 MW.

Para rebatir esa situación que sin duda no permitía el desarrollo del país, el gobierno federal creó el 14 de agosto de 1937, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que tendría por objeto “... organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales.”1

La CFE entonces inicia un plan de cobertura universal comenzando a construir plantas generadoras y ampliar las redes de transmisión y distribución, posibilitando de inicio el bombeo de agua de riego y la molienda, así como un mayor alumbrado público y electrificación de comunidades.

En 1938 la CFE tenía apenas una capacidad de 64 kW, misma que, en ocho años, se incrementó exponencialmente hasta alcanzar 45 mil 594 kW. Entonces, las compañías privadas dejaron de invertir y la propia CFE se vio obligada a generar energía para que éstas la distribuyeran en sus redes, mediante la reventa.

Hacia 1960 la CFE aportaba ya 54 por ciento de los 2 mil 308 MW de capacidad instalada en el país, mientras que la empresa Mexican Light, 25 por ciento; la American and Foreign, 12 por ciento; y el resto de las compañías, 9 por ciento.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de generación y electrificación, para esas fechas apenas 44 por ciento de la población contaba con electricidad. Es así, que el entonces presidente Adolfo López Mateos decide nacionalizar la industria eléctrica el 27 de septiembre de 1960.

Con el pasar de los años, previos procesos de integración del Sistema Eléctrico Nacional, adquisición de activos, elevada inversión y unificación de procesos de generación, permitieron que para inicios del año 2000 se tuviera ya una capacidad instalada de generación de 35 mil 385 MW, cobertura del servicio eléctrico de 94.70 por ciento a nivel nacional, una red de transmisión y distribución de 614 mil 653 kilómetros, lo que equivale a más de 15 vueltas completas a la Tierra y más de 18.6 millones de usuarios, incorporando casi un millón cada año.

A decir de la propia CFE, encargada de brindar el servicio eléctrico en todo el país “El servicio al cliente es prioridad para la empresa, por lo que se utiliza la tecnología para ser más eficiente, y se continúa la expansión del servicio, aprovechando las mejores tecnologías para brindar el servicio aún en zonas remotas y comunidades dispersas.”

Hemos querido realizar este breviario histórico para apreciar que efectivamente, desde hace décadas hasta nuestros días, la prioridad del servicio público de energía eléctrica es la cobertura. No obstante, creemos que es tiempo en que debemos fortalecer y en su justa dimensión priorizar también, bajos costos reales de la electricidad en nuestro país.

Lo anterior, por un lado, para cumplir el mandato constitucional referido en los primeros párrafos de la presente proposición en materia de competitividad, donde las empresas productivas del estado garanticen con su proceder, siempre a través de la ley, alentar y proteger la actividad económica que realicen los particulares al tiempo de proveer las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo sin lugar a dudas la competitividad en todos los niveles, y favorezcan las condiciones de reactivación económica que hoy en día se requiere para la entidad federativa que represento; y por otro lado, para responder a la inquietud de la población campechana que demanda la aplicación en su territorio el pago de una tarifa en el suministro de energía eléctrica más acorde con la realidad que impera en el reflejo del calor en sus temperaturas.

El caso que hoy nos ocupa sin duda es un ejemplo de lo que no debería pasar, donde se aminora la competitividad de toda una entidad federativa. Campeche, al no existir respuestas o mecanismos en torno a mejores tarifas eléctricas. Donde se ha vuelto un lugar común solicitar legislativa y administrativamente lo anterior, con justificaciones de sobra válidas y que más adelante repasaremos, donde por una razón u otra, no son atendidas y se denota siempre una especie de inmovilidad institucional para solucionar este continuo reclamo social y empresarial en nuestro estado.

Nos apremia encauzar un mecanismo que permita obtener parámetros que con certeza permitan a la autoridad en la materia mejorar y/o disminuir las tarifas eléctricas a favor de la población campechana.

Año con año han existido esfuerzos legislativos anteriores al presente, originados en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, por legisladores de diferentes partidos políticos y con todo el respaldo de la población campechana.

En ellos se ha manifestado que el estado de Campeche posee pocos más de 822 mil habitantes, de los cuales 75 por ciento es población urbana y 25 por ciento rural, y que actualmente se posee una cobertura de 96.8 por ciento en materia de electricidad.

Que si bien el suministro de energía eléctrica es un servicio de primera necesidad como en todo México, deberíamos tomar en cuenta que nuestro estado es un gran productor de energéticos necesarios para el desarrollo de otras entidades y regiones del país.

Además y a diferencia de la media nacional, el estado cuenta con temperaturas promedio de más de 30 grados la mayor parte del año y en algunas partes de su territorio por encima de los 35 grados, así como registros de humedad absoluta superiores, por lo que resulta necesario utilizar sistemas de enfriamiento y ventilación que ocasionan un consumo mayor de energía en todos los sectores poblacionales y productivos.

En promedio un ventilador o un aire acondicionado se encuentra encendido por lo menos 16 horas al día, ocasionando que con solo este hecho se rebasen los 1700 KW autorizados en la tarifa 1C que se aplica en el estado; de ahí la demanda urgente de cambiar la tarifa a la 1D, 1E o 1F, y aumentar los KW consumidos a 2000 bimestrales, con lo que muchos consumidores campechanos dejarían de pagar tarifas de alto consumo como sucede actualmente, como si sus hogares pertenecieran a grupos poblacionales de alto ingreso, lo que a todas luces es incorrecto e injusto. Adicionalmente, el consumidor campechano, por ejemplo, tan solo con una tarifa 1D tendría más dispensas en los de 175 KW horas respecto de los costos de 150 KW horas actual, lo que beneficiará de manera contundente a familias de bajos recursos en la entidad federativa.

Ante esta situación se ha propuesto de manera recurrente a la autoridad una revisión de las tarifas, donde la respuesta más reciente parece girar en un diagnostico que realiza la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en materia de temperatura y humedad en la entidad, donde el resultado vuelve a ser una recomendación negativa a la CFE, dado que la temperatura y la humedad registrada por los equipos de la Conagua en Campeche no nos hacen elegibles para la retarifación anhelada, además de que se consideran criterios y parámetros del impacto y/o reflejo de calor de forma uniforme para toda la entidad.

En refuerzo de lo anterior, otro argumento que productos legislativos previos han esgrimido, es que el estado se encuentra ubicado en la costa del Golfo de México y con ríos interiores, que provocan que la humedad absoluta sea una de las más elevadas de la República Mexicana; humedad que hace que la temperatura que se registra sea más perceptible por el cuerpo humano, temperatura que por cierto no es perceptible por los medidores meteorológicos de la Conagua, ya que éstos miden por separado la humedad y la temperatura atmosférica.

Finalmente, nos encontramos conscientes del complejo marco jurídico en torno a la revisión y fijación de tarifas de energía eléctrica, desde la propia Constitución federal, pasando por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica; las normas inherentes a la propia CFE; la Ley de la Comisión Reguladora de Energía; la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; la Ley de la Industria Eléctrica y todos los reglamentos relacionados; o bien, decretos ejecutivos expedidos en la materia; pero lo anterior no debe ser obstáculo para llevar a buen término un esfuerzo adicional en aras de la justicia energética.

Algo tenemos que corregir, para ajustarnos a los nuevos tiempos; sin duda el incremento de la temperatura global ha dejado arcaicos muchos parámetros administrativos en diferentes áreas del quehacer público, como el que ahora parece limitarnos nuevamente, por ello debemos actualizarlo a través de la autoridad competente.

Si los procesos para la determinación tarifaria en materia de electricidad no incentivan la competitividad en el país, a todas luces son inconstitucionales, y debemos encontrar las vías adecuadas correspondientes para lograr el objetivo.

No podemos competir como país con tarifas eléctricas caras; en comparación con Estados Unidos de América, por cada peso que ellos pagan nosotros pagamos en promedio 1.25.

No podemos seguir manteniendo ineficiencias administrativas que generan esquemas tarifarios que desincentivan el crecimiento y desarrollo de regiones enteras en nuestro país. A todas luces el esquema de subsidios merece una revisión integral pues ante todo es regresivo. Ni qué decir del caso específico de Campeche; ni qué decir que al igual que en 1937, unos de los principales retos es la mitigación de las altas tarifas en el cobro de energía eléctrica para los usuarios en el país.

Es por lo anterior, que una vez que se han propuesto varias alternativas en recientes años, insistimos en buscar una solución definitiva. Por lo que procedemos ahora por exhortar a la Conagua para que elabore, con base en sus facultades, un estudio regional sobre los niveles de temperatura en el estado de Campeche.

Necesitamos de manera urgente incorporar al mayor número de localidades campechanas que al presente día ya registran temperaturas medias mínimas en verano de más de 31 grados centígrados o más, con lo que deberían ser elegibles para tarifas 1D, 1E o 1F.

Lo que la población del estado de Campeche demanda es un trato social y económicamente justo en el marco de las normas vigentes.

Necesitamos, posteriormente, que la Conagua transmita el estudio en cuestión a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y que, con base en él se determine un nuevo esquema tarifario para la entidad, reconociendo que de acuerdo con las disposiciones actuales se tomarán como piso las actuales tarifas aplicadas en el territorio campechano.

Adicionalmente, la situación apremia, pues en el nuevo entorno que representa el llamado cambio climático, la situación relacionada con altas temperaturas en Campeche no mejorará, al contrario; y las horas de uso de ventiladores o de aire acondicionado en el corto plazo registrarán incrementos; además la competitividad y reactivación económica que Campeche necesita a favor de su población tiene como condición necesaria brindar tarifas eléctricas que motiven e incentiven la atracción de inversiones en su territorio.

Con base en lo anteriormente expuesto, es que se presenta la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua para que, con base en sus facultades, considere elaborar un estudio regional sobre los niveles de temperatura en el estado de Campeche; mismo que, una vez concluido, deberá ser enviado a la Comisión Reguladora de Energía para que evalúe la posibilidad de reclasificar las tarifarias eléctricas en las diferentes localidades y regiones del estado, tomando como piso la actual tarifa aplicada en el territorio campechano.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía para que, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, considere la realización de un estudio que verse sobre el aporte a la competitividad en el país, por parte de las tarifas eléctricas que se aplican en cada entidad federativa. Lo anterior, con el objeto de dotar de una herramienta adicional a los criterios vigentes para la atención de las solicitudes de retarifaciones eléctricas.

Nota

1 Diario Oficial de la Federación DOF, 24 de agosto de 1937.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2016.

Diputado Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno local a solucionar por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México el desabasto en la zona oriente, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal por la Ciudad de México en esta LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 numeral I fracción II del Reglamento de Cámara de Diputados, pone a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

1. El derecho humano al agua fue reconocido apenas en 2010, por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), detallando que “es necesario contar con una cantidad entre 50 y 100 litros de agua por persona, que la fuente de agua debe situarse a no más de 1000 metros del hogar, el costo del agua no debe representar más del 3 por ciento del ingresos de la Unidad Familiar, y el tiempo de acopio del mismo no debe superar los 30 minutos”.1

Este reconocimiento fue realizado en razón a que por simple sentido común, se sabe que el agua es indispensable para la subsistencia de la vida en este planeta, ya que de otra forma sería imposible, sin embargo, también es necesario que las personas cuenten con mecanismos de saneamiento adecuados, aunque se tiene identificados a “884 millones de personas que no cuentan con acceso al agua y 2 mil 500 millones no disponen de servicios mejorados de saneamiento” esto es impreciso, ya que la realidad es que son muchos más tomando en cuenta que existen diferentes asentamientos irregulares y por lo tanto no forman parte de las estadísticas oficiales.2

2. Nuestra ciudad, si bien es cierto cuenta con un nivel superior al promedio nacional en cuanto al alcantarillado (91 por ciento), aún estamos por debajo del promedio nacional en cuanto al tratamiento y disposición de aguas residuales (66 por ciento),3 lo cual resulta incomprensible si se toma en cuenta el número de habitantes de la Ciudad de México y la demanda que tienen del vital líquido, como se muestra en el siguiente cuadro:

3. La cuenca de la Ciudad de México se ubica en la parte más alta de la mesa central, contando con superficies planas en alrededor de 53 por ciento de la superficie total, sin embargo presenta una situación contradictoria, ya que por un lado tiene un elevado nivel pluvial, teniendo aproximadamente siete meses de lluvias entre abril y octubre, siendo además los meses de julio, agosto y septiembre donde se concentra el 70 por ciento de dichas precipitaciones: “las mediciones hidrológicas indican precipitaciones medias anuales promedio del orden de 760 milímetros, consideradas elevadas para una ciudad; las más altas corresponden a la zona montañosa del sur, en las sierras de las Cruces, Ajusco y Chichinautzin, en donde llueve más de mil milímetros anuales”, sin embargo lo anterior no ha servido para que la ciudad tenga garantizado el abasto del vital recurso, sobre todo en el oriente de la Ciudad de México, donde cada año es común tener que recurrir al abasto de agua mediante el uso de pipas en razón a que las colonias del oriente de la Ciudad de México, sufren recortes en el suministro o la reciben al tandeo.

4. El valle de la Ciudad de México es privilegiado en cuanto a recursos hídricos, sin embargo los mismos han sido mal aprovechados, ya que los 45 ríos que antiguamente alimentaban los lagos de la cuenca siguen subsistiendo, pero ahora son usados como drenajes de agua negra a cielo abierto o entubados, y desde luego no se cuenta con el necesario y suficiente sistema de tratamiento de aguas residuales, lo que contribuiría a garantizar el derecho constitucional de toda persona para tener acceso, disposición y saneamiento al agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, sin embargo poco o nada se ha realizado para lograr este objetivo por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), quien es el órgano competente cuyo objetivo principal es la operación de la infraestructura hidráulica y la prestación del servicio público de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reusó de aguas residuales.

5. La población de la Ciudad de México ronda en cerca de los 9 millones de habitantes, ocupando una superficie continental de 1486 kilómetros cuadrados y contando con una densidad de población de alrededor de 6 mil habitantes por kilómetro cuadrado, lo que representa una densidad poblacional de casi 800 por ciento mayor al de la segunda entidad federativa con mayor densidad poblacional (estado de México)4 y con ello se puede dimensionar los volúmenes requeridos para cumplir con el mínimo vital para consumo humano.

La fuente de abastecimiento principal de la Ciudad de México es el sistema Cutzamala, el cual abastece a 11 de las 16 delegaciones que la conforman; “es uno de los sistemas de suministro de agua potable más grandes del mundo, no sólo por la cantidad de agua que suministra (aproximadamente 485 millones de metros cúbicos anualmente), sino por el desnivel (1 100 m) que se vence. Aporta el 17 por ciento del abastecimiento para todos los usos de la cuenca del Valle de México, calculado en 88 m³/s, que se complementa con el Sistema Lerma (5 por ciento), con la extracción de agua subterránea (68 por ciento), con ríos y manantiales (3 por ciento) y reúso del agua (7 por ciento)(BM 2013). El Sistema Cutzamala está integrado por siete presas derivadoras y de almacenamiento, seis estaciones de bombeo y una planta potabilizadora”.5

6. Lo anterior sin embargo, no ha sido suficiente para lograr garantizar el abasto de agua a los habitantes de esta ciudad capital, ya que como se presenta en la siguiente tabla y según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), desde 2005 ha venido decreciendo el volumen de agua entregada a la misma:6

Por este motivo es que se vuelve una prioridad el establecer una política pública en materia de saneamiento de agua residual y captación de agua pluvial, en esta capital del país, donde actualmente están en operación en el Valle de México, únicamente 65 plantas potabilizadoras.

7. En fechas recientes, se han difundido distintas notas periodísticas que dan cuenta de los problemas ocasionados por la escasez de agua en las delegaciones –Venustiano Carranza7 para lo cual la ciudadanía se ha organizado para manifestar su inconformidad ante esta situación, donde inclusive se han suscitado disturbios como el siguiente: “Anoche 500 granaderos se desplegaron en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la razón, liberar la circulación vehicular, sobre Rio Consulado, en donde habitantes de la colonia Pensador Mexicano, bloquearon por varios minutos, por falta de agua potable” . Esta situación inclusive ha sido señalada por el diputado constituyente de la Ciudad de México y ex presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en la LXII Legislatura, licenciado Julio Cesar Moreno Rivera, como un desacato a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y trifulcas entre vecinos por la obtención del preciado líquido.

En la delegación Iztacalco, inclusive el propio Sacmex ha mencionado que “la falta de presión en la zona oriente de la capital, se debe a que es la última fase de la red hidráulica del Sistema Cutzamala lugar donde se ubica Iztacalco; así como al desajuste en la calibración de las válvulas en pozos y registros del Sacmex, la cual es ocasionada por la manipulación ilícita y falta de conocimientos técnicos, por parte de personas ajenas a la dependencia de gobierno ”8 y desde luego la delegación Iztapalapa históricamente ha resultado afectada por la falta de suministro de agua, lo que ha llevado a los habitantes a manifestarse al respecto en diversas ocasiones como en ésta:9 “En un conato de enfrentamiento derivó la protesta de vecinos de la Sierra de Santa Catarina, de la delegación Iztapalapa, frente a las oficinas del Sistema de Agua de la Ciudad de México ubicadas en el Centro Histórico, donde exigieron la regularización en el suministro del líquido. Casi al finalizar la protesta, dos jóvenes que se encontraban al interior del inmueble comenzaron a empujar a los inconformes, que bloqueaban los acceso, lo que provocó gritos y jaloneos, en los que una de las manifestantes resultó lastimada.”

8. Entonces tenemos que a pesar de que fue publicado en la Gaceta de Gobierno un listado de colonias de la Ciudad de México, donde el jefe de gobierno de la Ciudad de México condonaba el pago del 100 por ciento en el pago por suministro de agua de los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015,10 el mismo resulta insuficiente, y se deben tomar medidas que garanticen el abasto del agua a los habitantes del oriente de la Ciudad de México, inclusive debe ampliarse la condonación a este año 2016 y hasta en tanto no sea solucionado el problema del abasto de agua potable de manera suficiente.

9. Por las razones anteriormente expuestas es que se considera importante someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente al jefe de gobierno de la Ciudad de México para que a través del Sistema de Aguas de la Ciudad de México solucione, con la brevedad posible, de manera integral, el problema de desabasto de agua en el oriente de la capital.

Segundo. Asimismo se solicita respetuosamente que amplié la condonación en el pago del agua al 100 por ciento en las colonias de la ciudad que han sufrido desabasto de agua, del ejercicio fiscal 2016 y hasta en tanto no sea regularizado el suministro de agua.

Notas

1 http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/facts_and_figures_human_right_to_water_spa.pdf.

2 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet35 sp.pdf.

3 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/ag ua0.pdf.

4 http://www.revistaciencias.unam.mx/pt/145-revistas/
revista-ciencias-107-108/1169-los-r%C3%ADos-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico-pasado,-presente-y-futuro.html.

5 Conapo (2014), Inegi (2008), Inegi (2014ª)

6 http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/EAM2014 .pdf.

7 http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/EAM2014 .pdf.

8 http://www.milenio.com/df/colonias_sin_agua-delegacion_Venustiano_Carra nza-Milenio_noticias_0_799120504.html,

https://www.la-prensa.com.mx/columnas/desabasto-de-agua-igual-a-desacato-a-la-constitucion,
http://noticieros.televisa.com/mexico-df/2016-08-19/se-enfrentan-falta-agua-colonia-pensador-mexicano/.

9 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/
422639-implementan-en-iztacalco-operativo-de-vigilancia-por-escasez-de-agua.

10 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/30/
vecinos-de-iztapalapa-protestan-en-sacmex-por-falta-de-agua-7038.html.

11 http://www.cdmx.gob.mx/condonacion-en-pago-de-derechos-suministro-agua/ .

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2016.

Diputada Evelyn Parra Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a mejorar la infraestructura de las salas de espera en los hospitales públicos del país, suscrita por las diputadas Delfina Gómez Álvarez y Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, Delfina Gómez Álvarez y Sandra Luz Falcón Venegas, diputadas federales de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos a esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

En México hay aproximadamente 23 858 unidades de salud, sin consi­derar a los consultorios del sector privado; 4 354 son hospitales y el resto unidades de atención ambulatoria

Del total de hospitales, 1 182 son públicos y 3 172 privados. Del total de hospitales públicos, 718 atienden a la población sin seguridad social y el resto a la población con seguridad social. Alrededor de 86% son hospitales generales y el resto, hospitales de especialidad.

Sin embargo, el trato y las condiciones a las que se ven sometidas las personas que llevan a sus pacientes al servicio de urgencias no forma parte de ningún esfuerzo entre las instituciones públicas. Se trata de un tema olvidado e intrascendente para las autoridades de todos los niveles.

La ausencia o la negativa de abrir un espacio que albergue a las personas que aguardan el parte médico de algún familiar o incluso ellos mismos ser atendidos obedece a la excesiva demanda y a la falta de infraestructura, pero también a la indolencia de las autoridades, quienes atienden a sus pacientes en hospitales privados y no pasan las penurias de los familiares de los enfermos. Los sanatorios con más demanda son los de la Ciudad México, no se les han hecho cambios desde su construcción, que en su mayoría datan de la década de 1970.

Estas personas tienen que esperar en la rampa de emergencia de los hospitales para ser atendidos o para tener noticias de su familiares, lo cual genera un problema para ambas partes, ya que en muchas de las ocasiones las ambulancias no puede subir rápidamente por la rampa, provocando la pérdida de tiempo valioso para el paciente que va dentro y, por otro lado, porque genera incomodidad y tensión a las personas que esperan.

En dichos nosocomios si se encuentran espacios señalados como “salas de esperas”. Pero aquí lo grave es que dichos lugares no tienen la capacidad para aguardar a tanta gente que acude.

El problema es la falta de sensibilización y de infraestructura ya que no se hace nada al respecto por mejorar la infraestructura de las salas de espera que tanta gente está a la espera de saber del estado que ese encuentran sus familiares.

Además de esperar por varias horas y a veces por días en la calle para tener información acerca de sus pacientes, los usuarios de los servicios de salud se ven sorprendidos por la delincuencia o de los franeleros, que les cobran diariamente una cuota por un lugar en la calle para el automóvil. También se convierten en “clientes” cautivos de quienes les rentan bancos de plástico, para que la espera les resulte menos pesada.

Las personas que, con tal de estar cerca de sus familiares, son capaces de soportar frío, inseguridad, hambre e inclusive presión por parte de comerciantes para poder tener un lugar para sentarse, o inclusive pasar recados.

La calle se convierte en el dormitorio de las personas que internan algún familiar en los hospitales públicos, donde resisten las inclemencias del tiempo, donde lloran y se angustian, no sólo por el estado de salud de sus pacientes, sino también al no tener recursos suficientes para pagar los medicamentos, estudios y demás servicios médicos extras, que se generan en estos nosocomios.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a que amplié y mejore la infraestructura de todas las salas de espera y los centros de espera y descanso de familiares de pacientes en los Hospitales públicos del país.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 8 de septiembre del 2016.

Diputadas: Delfina Gómez Álvarez, Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a considerar el destino de 1 por ciento de su presupuesto participativo a proyectos con perspectiva joven, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal por la Ciudad de México en esta LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral I, fracción II, del Reglamento de Cámara de Diputados, pone a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

1. El presupuesto participativo tiene su origen en la Ciudad de Porto Alegre, con lo cual se ha logrado el empoderamiento de los ciudadanos, permitiendo que los mismos decidan en conjunto con la autoridad, la forma y destino en que habrán de ser utilizados los recursos públicos, “se ha constituido como una herramienta clave que permite enlazar dos conceptos, representatividad y participación, que forman parte fundamental de un sistema democrático”.1

Para que pueda ser considerado presupuesto participativo, debe contener, según nos explican Alfonso Ayala Sánchez y José Ramón Hernández Polanco, en su participación dentro del Libro; Nuevas Avenidas de la Democracia Contemporánea, “Los Presupuestos Participativos, una estrategia de Dialogo entre Ciudadanos y Autoridades” a páginas 77 y 78, los siguientes elementos:

“A) La discusión sobre la asignación de recursos públicos.

B) En un espacio jurídico-político determinado (municipio o delegación, provincia, estado, etcétera)

C) Que sea el resultado de un proceso deliberativo.

Este último punto resulta relevante para diferenciar el presupuesto participativo de otras experiencias de participación tradicional, ya que si no existe un dialogo entre gobernantes y gobernados que permita determinar o influir en la asignación de recursos, no puede considerarse como tal.”2

Puede inclusive decirse que es importante que los ciudadanos opinen, ya que ellos son quienes conocen mejor la realidad de sus necesidades, además de servir como una herramienta de rendición de cuentas o incluso de veto, ya que por este medio se puede impedir que determinadas obras se ejecuten.3

2. En el caso de la Ciudad de México, se ha establecido en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México) en su artículo 84 este importante instrumento, el monto que se ha determinado para integrarlo es del 3 por ciento del presupuesto total anual asignado por Delegación, por lo que para el año 2016, se decidirá por este medio, en que se utilizaran más de $800 millones de pesos, para mejoras en las colonias o en los pueblos originarios.4

3. Según cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en la Ciudad de México, existen casi 9 millones de habitantes, distribuidos como se muestran en la siguiente gráfica:5

4. Es importante señalar que en la Capital del País y de acuerdo a cifras del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, existen aproximadamente 2 millones 336 mil Adolescentes y Jóvenes entre los 14 y 29 años, por lo que representan casi el 27 de la Población que habita en la misma,6 del total, sus necesidades y proyectos deben de ser atendidos de forma integral.

5. En base a los resultados obtenidos por la Consulta Infantil y Juvenil7 del 2015, en el rango de participación de jóvenes de 14 a 17 años, se puede saber ahora que la mayoría estuvo de acuerdo en que se desarrollen mayores oportunidades educativas, recreativas o culturales, como se muestra en el cuadro siguiente;

6. Es por ello que solicito a esta asamblea considere solicitar respetuosamente a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, con pleno reconocimiento de la División de Poderes y Soberanía de la Capital del País, para que destine y etiquete el 1 por ciento del Presupuesto Participativo en la Ciudad de México, desde una perspectiva joven, proyectos desarrollados por este grupo etario con el único objetivo de lograr la satisfacción de sus necesidades de manera real, y adecuada a sus inquietudes para fortalecer el Estado Democrático mediante su inclusión y participación, por lo tanto someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, con pleno respeto a la soberanía de la Ciudad de México, Solicita a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, tenga a bien considerar destinar y etiquetar el 1% del presupuesto participativo, para que sea empleado en proyectos desarrollados por Jóvenes.

Notas

1 http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/8/3677/8.pdf.

2 “Nuevas Avenidas de la Democracia Contemporánea”, Alfonso Ayala Sánchez, Coordinador, 2014, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, págs. 77 y 78.

3 Cfr. Cunill Grau, Nuria, “Contraloría social y derechos sociales. El desafío de la Integralidad”, Gestión y Política Pública, pp. 22 y 23.

4 http://www.iedf.org.mx/sites/consulta2016/magu/ppmagu.html.

5 http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/.

6 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2013/10/18/924172.

7 http://www.ine.mx/portal/Elecciones/Proceso_Electoral_Federal_2014-2015/ConsultaInfantilyJuvenil2015/resultados.html.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre del año 2016.

Diputada Evelyn Parra Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la construcción de un helipuerto y la instalación de tanques de combustible en el predio de avenida Universidad 2014, colonia Universidad, en Coyoacán, Ciudad de México, a cargo de la diputada María Chávez García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe María Chávez García, diputada federal a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Aproximadamente hace un año en el inmueble ubicado en avenida Universidad, número 2014, colonia Copilco Universidad, delegación Coyoacán, código postal 04350, en la Ciudad de México, comenzó a construirse una estación televisora perteneciente a Cadena 3.

Lo anterior no debería de ser un tema para distraer a esta soberanía ni dar motivo a la presentación de una proposición con punto de acuerdo, sin embargo, dicha construcción como se muestra en la figura 1, se lleva a cabo en una zona densamente poblada, y presenta serias irregularidades que ponen en riesgo la vida de las personas que habitan alrededor. De entrada, no se ha hecho público permiso alguno para esta construcción, o cuando menos no se muestran en la obra como obligan las normas en la materia.

Aledañas al predio de Avenida Universidad 2014 se encuentran las unidades habitacionales Copilco Universidad con mil 75 viviendas; El Altillo con mil 40 departamentos; la unidad habitacional Integración Latinoamericana con mil 460 departamentos; Universidad 2016-2026 que consta de 190 departamentos; Torres de Chimalistac con 394 departamentos; Residencial Copilco 300 con 320 departamentos; Unidad Habitacional Fovissste Universidad 2042 con 120 departamentos; Conjunto Residencial Insurgentes San Ángel con 384 departamentos, además de las viviendas ubicadas en Fortín Chimalistac, de Romero de Terreros y el Pedregal de San Francisco.

Pese a lo densamente poblado de la zona, en dicha construcción de Universidad 2014, se han instalado tres tanques de combustible de al menos 20 mil litros cada uno y se construye un helipuerto, lo que contraviene lo permitido en la zona en relación al uso del suelo, que para esta Colonia viene a ser el de uso habitacional.

El que tan solo una pared ordinaria separe los grandes tanques de combustibles de la unidad habitacional Integración Latinoamericana es una situación que con razón causa temor a los vecinos de la televisora Cadena 3. En el mejor de los casos cuando las instalaciones para almacenamiento de combustibles poseen medidas de seguridad para evitar los accidentes que puedan poner en peligro a las personas, a sus bienes materiales y al ambiente, el peligro potencial de estas instalaciones es importante y el riesgo nunca es nulo. Aunado a lo anterior, estos tanques están a escasos metros de las instalaciones de gas natural que abastecen a dicha unidad y por la zona pasan ductos de PEMEX.

Pero los riesgos que presenta para los vecinos el mencionado inmueble no se limitan a la instalación de estos enormes tanques de almacenamiento, ya que en el mismo también se pretende poner en operación un helipuerto.

La instalación de un helipuerto en una zona habitacional densamente poblada contraviene las normas internacionales de aeronáutica civil, al respecto, el Anexo 14, Volumen II Helipuertos, del Convenio Sobre Aviación Civil Internacional, señala para la aproximación y despegue de helicópteros un área mínima libre de obstáculos, como serían el caso de edificios, de cuando menos 45 metros a cada lado del eje y 60 metros más allá de los extremos (Figura 2).

Cabe señalar que dicho Convenio es un tratado internacional del cual México desde el año de 1946 es estado parte, por lo que para nuestro derecho interno es norma jurídica vigente, con una jerarquía superior a la de nuestras leyes federales y locales, además por ser aplicable a derechos humanos, como lo es el derecho a la vida y el derecho a los bienes materiales1 , está a la par de nuestra constitución.

Pero, en contravención a la norma internacional, que es obligatoria en nuestro territorio, el helipuerto que se construye en Av. Universidad # 2014 no respeta las distancias mínimas ya mencionadas, como se muestra en la Figura 3., es más, en el mismo predio existe una antena de la televisora de alrededor de 50 metros de altura que constituye otro obstáculo y está todavía a menor distancia del helipuerto.

El funcionamiento de dicho helipuerto pone en eminente peligro a los vecinos de la zona y a cualquier persona que pase en las cercanías del mismo, recordemos que nuestra ciudad no es ajena a los accidente de aeronaves, en particular de helicópteros, por lo mismo, dicho helipuerto no debería de existir y mucho menos entrar en operaciones.

Si hacemos memoria, en la Ciudad de México ya son varios los accidentes con las referidas aeronaves.

A manera de ejemplo podemos mencionar los siguientes incidentes:

- El 21 de octubre de 2011 un helicóptero del gobierno del Estado de México se desplomó en la Calle Progreso, frente a los Viveros de Coyoacán, dejando dos personas muertas.

- El 28 de enero también del 2011 se desplomó al llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un helicóptero particular procedente de Toluca, en esta ocasión afortunadamente no hubo lesionados de consideración.

- El 10 de enero de 2010 seis personas murieron al desplomarse el helicóptero en que viajaban, dicho aparato, propiedad del grupo empresarial Saba se estrelló en la delegación Cuajimalpa.

- En marzo de 2007 un helicóptero de Teléfonos de México se estrella en la colonia Arenal, en la delegación Venustiano Carranza. Al menos tres vehículos y tres casas sufren daños.

- En marzo de 2006 se estrella en Lomas de Chapultepec un helicóptero que sobrevolaba la Ciudad de México con un saldo de ocho personas lesionadas.

- En mayo de 2005 una aeronave tipo Bell 412, propiedad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sale del aeropuerto de la Ciudad de México y minutos después cae en la zona de desagüe del canal de Chalco. Mueren tres personas.

Si bien los accidentes de estas aeronaves no son cosa de todos los días y en términos generales en México se registra un promedio de 4.5 accidentes por cada 100 mil horas de vuelo, cifra aceptable según los estándares internacionales, esto no es aliciente para quienes con razón temen por sus vidas, todo por tener la mala suerte de ver como en la inmediación de su vivienda ponen un helipuerto, y aquí cabe la pregunta, ¿con qué derecho las empresas y sus ejecutivos que emplean estos aparatos ponen en riesgo a todos nosotros?, y en el caso que nos ocupa, Cadena 3 aumenta este peligro al pretender operar un helipuerto en una zona densamente poblada de la Ciudad de México en contravención a las normas internacionales.

Además, como si lo anterior no fuera suficiente para evitar su funcionamiento, la operación del mismo violentaría el derecho humano a un ambiente sano, mismo que está reconocido en el artículo 4o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disposición jurídica que a la letra señala lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”

Pero, el que se tenga un helipuerto operando al lado de unidades habitacionales violenta este derecho, su funcionamiento traerá contaminación acústica ya que un helicóptero emite ruido superior a los 100 decibeles (dB), muy por encima de los niveles máximos permisibles por la norma ambiental para el Distrito Federal, NADF-005-AMBT-013, que establece las condiciones de medición y los límites máximos permisibles de emisiones sonoras, que deberán cumplir los responsables de fuentes emisoras ubicadas en el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 29 de diciembre de 2014.

Conjuntamente, la Organización Mundial de la Salud define como ruido, cualquier sonido superior a 65 decibelios y en la literatura sobre la materia se puede encontrar que los ruidos entre 100 y 110 dB, denominado “umbral tóxico”, pueden llegar a ocasionar lesiones del oído medio, cabe señalar que los helicópteros emiten ruido de 105 a 110 decibles, mismo que no es amainado por las paredes y techos de las construcciones aledañas, es decir, dentro de las casas se escucha el ruido de los helicópteros porque producen “infrasonido de onda larga”, el cual no es bloqueado por paredes, techos y ventanas.

Lo anterior no carece de importancia, a diferencia de otros contaminantes, no se acumula, traslada o mantiene en el tiempo, pero puede causar grandes daños en la calidad de vida de las personas, con repercusiones negativas sobre la salud auditiva, física y mental.

Abundando en lo anterior, un sonido de 70 dB produce efectos psicológicos negativos en tareas que requieren concentración y atención, mientras que entre 80 y 90 dB puede producir reacciones de estrés, cansancio y alteración del sueño. Los ruidos entre 100 y 110 dB, como el producido por helicópteros se encuentran en el denominado “umbral tóxico”, y pueden llegar a ocasionar lesiones del oído medio.

Además, la antena, de aproximadamente 50 metros de alto que se instaló en el predio está junto a ductos de Pemex, lo que ya por sí mismo genera una situación de peligro proveniente de la posible caída de dicha antena.

Aunado a lo anterior, esta antena que se empleará para la transmisión de radiofrecuencias (RF) está a unos cuantos metros de las unidades habitacionales, lo cual puede repercutir seriamente en la salud de los habitantes de estas unidades. Es sabido desde hace varios años que la exposición a niveles muy altos de radiación de RF puede ser perjudicial debido a la capacidad de energía de RF para calentar rápidamente el tejido biológico. El daño tisular en humanos podría ocurrir durante la exposición a niveles altos de RF debido a la incapacidad del organismo para hacer frente o disipar el calor excesivo que podría generarse.

Existen estudios que han demostrado que los niveles ambientales de la energía de RF a los que se expone habitualmente el público en general son por lo general muy por debajo de los niveles necesarios para producir un calentamiento significativo y el aumento de la temperatura corporal. Sin embargo, puede haber situaciones, en particular en los entornos de trabajo cercanos a fuentes de alta potencia RF, donde puedan sobrepasarse los límites recomendados para la exposición segura de los seres humanos a la este tipo de energía.

Algunos estudios también han examinado la posibilidad de una relación entre la exposición a altas dosis de RF y el cáncer, algunos datos experimentales han sugerido una posible relación entre la exposición y la formación de tumores en animales expuestos bajo ciertas condiciones específicas. También se tienen indicios que la exposición continua a las RF posiblemente sean precursoras de cardiopatías, problemas hormonales y del sistema nervioso.

Si bien a decir de la Organización Mundial de la Salud no hay evidencia científica concluyente, en el sentido de que las RF sean directamente responsables de enfermedades como el cáncer, esta organización no descarta la posibilidad y aconseja emplear el principio precautorio.

El principio de precaución usualmente es aplicado cuando hay un alto grado de incertidumbre científica y existe la necesidad de tomar acciones para riesgos potencialmente serios sin esperar los resultados de más investigaciones científicas. Esto fue definido en el Tratado de Maastricht como “tomar acciones prudentes cuando hay suficiente evidencia científica (pero no necesariamente evidencias absolutas) de tal manera que la inacción podría conducir a daño y dónde la acción puede ser justificada en base a un juicio razonable de costo-efectividad”.

En otro orden de ideas, ante las amenazas que representan los tanques de combustible y el helipuerto, los vecinos de la zona se han agrupado y por medio de una solicitud de acceso a la información pública, registrada con el número de folio 0105000441916, pidieron a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), del gobierno de la Ciudad de México, se les diera a conocer el “Estudio de impacto urbano del predio ubicado en Avenida Universidad 2014, Copilco Universidad, C.P. 04360, Delegación Coyoacán D.F. Siendo la respuesta de esta dependencia del gobierno local en el sentido de que “... una vez realizada la búsqueda en los archivos de esta Secretaría, se tiene que a la fecha no se localizó antecedente alguno de la información requerida.”

Si bien el inmueble se destinará a proporcionar un servicio, por el simple hecho de que en la remodelación del mismo se tengan tanques de combustibles esta remodelación no se puede considerar como una obra de bajo impacto urbano, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 42 fracción II inciso a) segundo párrafo, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal:

Artículo 42. Las modificaciones de los programas para cambiar el uso del suelo urbano en predios particulares, para destinarlos al comercio, servicios de bajo impacto urbano o a la micro y pequeña industria, se sujetarán al siguiente procedimiento:

II. La solicitud deberá referirse a cambios del uso del suelo para instalar:

a)...

Se entenderá por uso de bajo impacto urbano, los establecimientos mercantiles y de servicio, que no obstruyan la vía pública, no provoquen congestionamientos viales, no arrojen al drenaje sustancias o desechos tóxicos, no utilicen materiales peligrosos, no emitan humos ni ruidos perceptibles por los vecinos, cuenten con acceso directo a la vía pública y los procesos de comercialización que se desarrollen sean al menudeo.”

El primer párrafo del artículo 93 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal a la letra señala:

Artículo 93. El reglamento establecerá los casos en que se deba llevar a cabo un dictamen de impacto urbano o ambiental antes de la iniciación de una obra, instalación o aprovechamiento urbano, público o privado. En esos casos, los solicitantes y los peritos autorizados deberán presentar el estudio de impacto urbano o ambiental previamente a la solicitud de las licencias, autorizaciones o manifestaciones de construcción ante la secretaría, a efecto de que ésta dictamine el estudio y determine las medidas de integración urbana correspondientes. Los dictámenes de impacto urbano se publicarán, con cargo al interesado, en un diario de los de mayor circulación en el Distrito Federal. La Secretaría podrá revisar en cualquier momento el contenido de los dictámenes para verificar que cumpla con los requisitos previstos en las disposiciones legales correspondientes.”

La imposición que mandata para la obra civil un dictamen de impacto urbano no es de poca importancia, por medio de dicho dictamen se prevén las posibles influencias o alteraciones negativas causadas al entorno urbano o al medio ambiente por alguna obra pública o privada en el área donde se pretenda realizar, con el fin de establecer las medidas adecuadas para la prevención, mitigación y/o compensación.

El que una empresa que cuenta con los recursos necesarios para allegarse de la asesoría jurídica que le permita actuar conforme a la normatividad aplicable y que pese a esto incumpla con dicha normatividad, nos indica que de manera dolosa están contraviniendo las reglas existentes, pese a que las mismas para proteger la integridad física de las personas, su vida y sus posiciones materiales. De hecho, la carencia en cuanto a contar con el dictamen de impacto urbano es razón más que suficiente para que la autoridad de inmediato suspenda he impida los trabajos en la obra.

Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a los titulares del gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México y de la delegación Coyoacán, a que en el ámbito de las facultades conferidas a las instituciones a sus respectivos cargos, de inmediato clausuren la obra de ingeniería civil ubicada en avenida Universidad, número 2014, colonia Copilco Universidad, delegación Coyoacán, código postal 04350, en la Ciudad de México, por la falta en la misma del dictamen de impacto urbano, de igual forma se cercioren que cuenten con todos los permisos de construcción requeridos para estos trabajos conforme a la normatividad aplicable.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que en el ámbito de las facultades conferidas a la institución a su cargo, revoque el o los permiso para construir, administrar, explotar y en su caso, operar el helipuerto ubicado en el predio de avenida Universidad, número 2014, colonia Copilco Universidad, delegación Coyoacán, código postal 04350, en la Ciudad de México, por poner en riesgo la vida de las personas y sus bienes materiales al contravenir las normas internacionales básicas de seguridad, en particular el Anexo 14, Volumen II Helipuertos, del Convenio sobre Aviación Civil Internacional.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a los titulares del gobierno de la Ciudad de México y de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, a que en el ámbito de las facultades conferidas a las instituciones a sus respectivos cargos, de inmediato clausuren las obras en el predio de ubicada en avenida Universidad, número 2014, colonia Copilco Universidad, delegación Coyoacán, código postal 04350, en la Ciudad de México, por la instalación de grandes tanques de combustibles en la inmediación de la unidad habitacional Integración Latinoamericana, poniendo en riesgo la vida y propiedades de los habitantes de dicha unidad.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a los titulares del gobierno de la Ciudad de México y de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, a que en el ámbito de las facultades conferidas a las instituciones a sus respectivos cargos impidan la entrada en funciones del helipuerto ubicado en el predio de avenida Universidad, número 2014, colonia Copilco Universidad, delegación Coyoacán, código postal 04350, en la Ciudad de México, debido al ruido excesivo que generarán los helicópteros que harían uso del mismo, ya que dicho ruido en una zona habitacional contraviene la norma ambiental para el Distrito Federal, NADF-005-AMBT-013, que establece las condiciones de medición y los límites máximos permisibles de emisiones sonoras, que deberán cumplir los responsables de fuentes emisoras ubicadas en el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 29 de diciembre de 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2016.

Diputada María Chávez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a difundir las razones y el fundamento legal del operativo realizado contra cuatro radiodifusoras de la región mixteca de Oaxaca, suscrita por los diputados Virgilio Dante Caballero Pedraza y Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, los diputados Virgilio Dante Caballero Pedraza y Ángel Antonio Hernández de la Piedra, integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El pasado sábado 19 de marzo de 2016, alrededor de las 10:30 horas, agentes de la Procuraduría General de la República específicamente de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, efectuaron un operativo contra cuatro radios en la región de la Mixteca de Oaxaca, irrumpiendo de forma violenta en las siguientes estaciones de radio: La Máxima 107.9, La Perla de la Mixteca 96.5 FM, La Tlaxiaqueña 91.5 FM y Radical Stereo 98.3FM.

Durante el operativo se detuvo al joven Heriberto Martínez Hernández, indígena triqui de San Martín Itunyoso de 22 años, quien rentaba un cuarto donde se ubica la radio comunitaria “La Tlaxiaqueña” , y que era ajeno a dicha emisora, y a Héctor Cruz, mixteco de 34 años de edad, quien realizaba la limpieza en la radio La Perla de la Mixteca.

A la estación de radio comunitaria “La Tlaxiaqueña” se le inició la averiguación 1332/UEIDAPLE/LE/9/2015 por uso ilegal del espectro radioeléctrico, hecho que fue denunciado por la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, y de dicha denuncia se desprendió la realización del operativo.

El joven Heriberto Martínez Hernández fue liberado bajo fianza ministerial por la cantidad de $ 26,000.00 (veintiséis mil pesos 00/100M.N.) el mismo día del operativo, sin que a cambio de esa cantidad se le diera a firmar ningún documento o se le otorgara algún acuse.

Asimismo, en dicho operativo se realizó el decomiso de varios bienes pertenecientes a radio “La Tlaxiaqueña” mismos que consisten en una computadora portátil marca Toshiba color gris, unos lentes de graduación, una mochila para computadora portátil, una engrapadora, un juego de ajedrez de mármol nuevo, tres computadoras de escritorio, cinco micrófonos, una consola, un transmisor, una grabadora, varios metros de cables, dos compresores de sonido, equipo de grabación documentación varia donde se encontraban las solicitudes a la Secretaria de Gobernación y al Instituto Federal de Telecomunicaciones donde se pedía autorización y permiso para la radio comunitaria,.

De otros cuartos donde no se realizaba la labor de la radio se llevaron ropa nueva, uniformes escolares y deportivos que resguardaba la fundación “Manos Culturales” para obsequiarles a alumnos de la comunidad que son de escasos recursos económicos.

2. Ante estos hechos, el director de la radio “La Tlaxiaqueña” Ramón Ramírez Gutiérrez levanto una queja ante la Defensoría de los derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Del mismo modo el Licenciado Maurilio Reyes Santiago integrante del Centro de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, promovió medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con folio “MC-176-16 Ramón Gutiérrez y otros” por los hechos violentos ocurridos el pasado 19 de marzo.

3. El día domingo diecinueve de junio del presente año aproximadamente a las ocho de la mañana “La Tlaxiaqueña” 91.5 FM abrió transmisiones el espacio de noticias denominado “Noticieros Reloj” suspendiendo su programación normal de domingo para cubrir en tiempo y los hechos ocurridos en la ciudad de Nochixtlán, Oaxaca, entre la Policía Federal, la Gendarmería y la policía estatal preventiva en contra del magisterio oaxaqueño y diferentes organizaciones sociales que apoyan los pronunciamientos de la sección 22 de la CNTE.

4. El día 20 de junio de 2016, quienes trabajan en la estación de radio en cuestión, se enteran de manera extraoficial que miembros de la radio comercial “La Poderosa” levantaron una denuncia por incitación a la violencia en contra de los ciudadanos Ramón Ramírez Gutiérrez, Francisco Jiménez Gracida, Dionisio Arreola Pérez, y contra los demás voluntarios de la estación. Cabe mencionar que desde entonces, los miembros que colaboran en “La Tlaxiqueña” refieren ser perseguidos y acosados, tanto en sus casas, como en las instalaciones de donde laboran.i

5. Debido a los hechos narrados en el numeral anterior, y ante el temor de ser agredidos ya sea de manera personal, o en contra de la estación de radio, de nueva cuenta el ciudadano Ramón Ramírez Gutiérrez levantó otra queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca formándose para ello el expediente DDHPO/1371/15/OAX/2016 y el ciudadano Francisco Jiménez Gracida lo hizo ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la que recayó el expediente1371/15/OAX/2016.

Consideraciones

En el municipio de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco Oaxaca actualmente existe únicamente una radiodifusora comercial, y otra perteneciente a la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas. Ante la falta de espacios de comunicación, un grupo de vecinos de este municipio con fecha 20 de agosto de 2014, con base en aportaciones de cooperación voluntaria instalaron una radiodifusora comunitaria a la cual llamaron “La Tlaxiaqueña”.

“La Tlaxiaqueña desde su instalación ha sido un espacio de interacción, comunicación e información, un lugar donde la comunidad puede fomentar la cultura, el deporte, y expresiones artísticas, como es el caso del proyecto “Manos Culturales” que agrupa a mujeres voluntarias que realizan apoyos en especie como sillas de rueda a personas con discapacidad personas de la tercerea, adultos y menores de edad, computadoras a alumnos de escasos recursos económicos, bastones a personas que necesitan de ellos, bicicletas a alumnos que caminan más de dos horas para llegar a sus escuelas , ropa que se regala a indigentes, uniformes escolares que son reutilizados para alumnos que no tiene dinero para adquirirlos en las escuelas, programas de despensas para jefas de familia, apoyo de consulta psicológica, asesoría jurídica, becas para cursos en los talleres de la Casa de la Cultura de Tlaxiaco, entre otras actividades que ayudan a la población tlaxiaquense.

Recientemente el IFT otorgo 4 concesiones de uso social comunitario, y las dos primeras de uso comunitario indígena,ii desafortunadamente estos avances no reflejan un verdadero cambio en la situación que viven día a día las radios comunitarias en todo el país. Estas radios en su mayoría, son proyectos realizados por la comunidad a la que pertenecen, por medio de la participación vecinal, de aportaciones voluntarias de recursos, económicos, humanos y en especie. Sumado a ello, la mayoría de las veces quienes deciden crear una radio comunitaria no cuentan con los conocimientos técnicos ni legales para sacar el máximo provecho a su estación de radio.

La actuación del gobierno federal en el tema de medios comunitarios e indígenas se ha reducido a la persecución de quienes los operan, más no a fomentar, promover e incentivar su labor. Tal es así que, en marzo pasado, el IFT lanzó la campaña “Se busca por robo”, que si bien el Instituto ha manifestado no era en contra de las radios comunitarias, estas si se han visto perseguidas, estigmatizadas y criminalizadas por no contar con el otorgamiento de una concesión, siendo que la intención de estas estaciones, no es aprovecharse del espectro ni conseguir lucro de él, sino simplemente generar un canal de comunicación en su comunidad y aledañas en beneficio de la población.

Esta persecución a las radios comunitarias no ha pasado desapercibida, el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, AC, la Casa de los Derechos de Periodistas A.C. y la Plataforma Nacional de Vinculación de Periodistas se pronunciaron por los hechos ocurridos el19 de marzo, exigiendo la libertad de los presos y respeto a los derechos de libertada de expresión y de la información de las personas que operan las radios comunitarias.

Específicamente en el caso de la estación “La Tlaxiqueña” ésta ha manifestado haberse acercado al IFT, incluso a la Secretaria de Gobernación por desconocimiento del procedimiento legal, con el objeto de legalizar la situación de su radio, pero lo único que ha recibido son acuses de recibido sin ninguna orientación al respecto. Esto vulnera su derecho a recibir asistencia técnica específicamente por parte del Instituto para facilitar el “cumplimiento de los requisitos” que la Ley impone para el otorgamiento de una concesión de uso social.

Por otro lado, la prestación de servicios de radiodifusión sin concesión no constituye un delito, sino una infracción administrativa contemplada en la LFTR, a la cual recae una sanción administrativa.

Es con fundamento en lo anterior que se cuestiona la intervención de la PGR, y específicamente de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales para la realización del operativo efectuado el día 19 de marzo en el cual se cerraron con uso excesivo de la fuerza 4 estaciones de radio, y se detuvieron a 2 personas, las cuales se encuentran en libertad bajo fianza ministerial, por lo que continúan en investigación.

El objetivo de esta unidad de investigación es la investigación, persecución y prosecución de delitos contra el ambiente y los previstos en leyes especiales que no sean competencia de otra Unidad Especializada, conforme a lo que establecen el Código Penal Federal y otras disposiciones aplicables, con la finalidad de combatir estos ilícitos y preservar el entorno ambiental.

Vemos entonces que existe un conflicto de competencia, dado que es el IFT el organismo facultado para la imposición de sanciones en cuanto al uso del espectro radioeléctrico, y no así la PGR, puesto que no se trata de un delito que haya que perseguir, sino de una infracción administrativa.

La labor con la que cumplen las radios comunitarias tiene un carácter eminentemente democrático, pues son capaces de formar redes de participación ciudadana en los lugares más alejados de los centros de población, integrando a la vida social a grupos vulnerables, como indígenas y mujeres en actividades que reditúan en beneficio individual y colectivo.

La Corte Interamericana ha manifestado que la libertad de expresión, consagrada en el artículo 13 de la Convención Interamericana de derechos Humanos, es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática y es indispensable para la formación de la opinión pública. Asimismo, es conditio sine qua non para que, quienes deseen influir sobre la colectividad, puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, al momento de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. También ha dicho ya que los medios de comunicación social sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad.iii

Los miembros de la estación de radio “La Tlaxiaqueña” al informar sobre los hechos violentos sucedidos el 19 de junio en Nochixtlán, cumplían con la labor que habían venido realizando desde la instalación de su radio.

En ningún momento en la realización de esta labor informativa cayeron en el supuesto del delito de incitación a la violencia, como las autoridades de la PGR aludieron para cerrar de nueva cuenta sus instalaciones.

Con estas acciones, la PRG violó el derecho establecido en el artículo 7 constitucional, que a la letra dice lo siguiente:

“Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio . No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito. ”

El artículo séptimo constitucional es muy claro, y protege tanto las ideas y la información, como a los instrumentos que sirven para transmitirlas.

Entonces, además de la falta de competencia para sancionar en su caso a la radio comunitaria, la actuación de la PGR es claramente vulneradora de los derechos que consagra el artículo 7, pues aun cuando se estuviese cometiendo un delito, los instrumentos pertenecientes a la radio comunitaria que la PGR decomisó, están protegidos por el artículo 7.

Con los hechos realizados por parte de la PGR el día 20 de junio se violó tanto el derecho a la seguridad jurídica, por no ser la autoridad competente en la materia, el derecho a la libertad de expresión de quienes son voluntarios en la radio, y de acceso a la información de la población que se beneficia de los contenidos que transmite “La Tlaxiaqueña”.

Al enfocar la estrategia de supresión de las radios comunitarias en la legalidad de las estaciones, se oculta la realidad política, económica y social que viven las comunidades que se benefician de esta información, se encasilla en la ilegalidad a radios comunitarias que responden a necesidades de información locales que los medios masivos de comunicación no satisfacen. La radio comunitaria suele ser una estación de radio de corto alcance sin fines de lucro, que responde a las necesidades de información de las personas que viven en un lugar determinado, en los idiomas y formatos que mejor se adaptan al contexto local.

Es por todo lo anterior con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, y con la finalidad de conocer las razones y fundamento que han motivado la actuación de la Procuraduría General de la República en lo que a radios comunitarias se refiere pongo a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a que en el marco de sus atribuciones y de la legislación aplicable haga públicos los motivos y fundamento legal por los que realizó el operativo en el que cerró las estaciones de radio La Máxima 107.9, La Perla de la Mixteca 96.5 FM, La Tlaxiaqueña 91.5 FM y Radical Stereo 98.3FM el día 19 de marzo de 2016.

Segundo La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a que en el marco de sus atribuciones y de conformidad con la legislación aplicable haga público el estado que guardan las investigaciones que recaen sobre el ciudadano Heriberto Martínez Hernández y la estación de radio La Tlaxiaqueña.

Notas

i http://www.jornada.unam.mx/2016/09/05/politica/010n1pol

ii http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift

iii https://www.buscatdh.bjdh.org.mx/Paginas/
results.aspx?k=medios%20de%20comunicacion#k=medios%20de%20comunicacion#s=11

http://elheraldodesaltillo.mx/2016/04/25/
se-busca-por-robo-la-polemica-campana-que-perjudica-a-las-radios-indigenas-en-mexico/

http://www.vanguardia.com.mx/articulo/
veracruz-guerrero-y-la-cdmx-donde-mas-agreden-periodistas-art-19-es-la-impunidad-dice

http://www.sdpnoticias.com/local/oaxaca/2016/03/22/
desmantela-pgr-con-violencia-a-4-radios-comunitarias-en-tlaxiaco-oaxaca

http://www.etcetera.com.mx/articulo/
Radios+comunitarias%3A+La+C%C3%A1mara+el+Instituto+y+su+acci%C3%B3n+concertada/44574

Cámara de Diputados, a 8 de septiembre de 2016.

Diputados: Virgilio Dante Caballero Pedraza, Ángel Antonio Hernández de la Piedra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a fortalecer los programas y proyectos destinados al desarrollo social de los diferentes sectores de Morelos, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Lucía Virginia Meza Guzmán, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numerales 1, fracción II; y 2, fracciones I, II y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno, la presente Proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente resolución, en donde se exhorta al Poder Ejecutivo federal, para que se fortalezcan los programas y proyectos destinados al desarrollo social, en los diferentes sectores para el estado de Morelos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Una de las decisiones políticas fundamentales plasmadas en nuestro orden constitucional, es la obligación del Estado de organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.

2. Para dar cumplimiento a estos objetivos republicanos, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado el 20 de mayo de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, estableció dentro de sus metas nacionales para llevar a México a su máximo potencial, la de un México incluyente, con educación de calidad y próspero.

En consecuencia, se plantearon como estrategias transversales, la de democratizar la productividad, consolidar un gobierno cercano y moderno y garantizar la perspectiva de género.

3. Nuestro orden constitucional y legal, prevé como derechos básicos para el desarrollo social: la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el empleo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación (Artículo 6 de la Ley General de Desarrollo Social).

4. A propósito de estos derechos humanos, el Programa Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Pronade), identifica los principales problemas para alcanzar su plena satisfacción y lograr un verdadero desarrollo social para México.

Así tenemos, que en materia de salud y alimentación : existe una alta prevalencia de la desnutrición en comunidades indígenas, y persiste el problema de la desigualdad en el acceso físico y económico a los alimentos.

De ahí que el derecho a la alimentación, es uno de los principales retos del Estado mexicano.

En materia de seguridad social : se señala que aún no se encuentra desvinculada de la condición laboral de las personas o del sector en el que trabajen (formal o informal).

No obstante, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), sostuvo en 2015, que la carencia más representativa de las dimensiones de pobreza, es la de acceso a la seguridad social, en razón de que 71.8 millones de personas carecen de ella.

En educación: se advierte que no existe una adecuada educación multicultural, por lo que se hace indispensable la capacitación constante y de calidad para los docentes, así como la necesidad de incorporar el enfoque bilingüe y multicultural en la educación.

Desde nuestro óptica, vemos que hay otros retos en materia educativa que son de mayor trascendencia, los cuales no fueron enunciados en el Pronade, como la instauración de un modelo educativo que cumpla y responda a los criterios plasmados en nuestra Constitución Política, para orientar a la educación que no sólo imparte el estado mexicano sino también los particulares, de modo que contribuya al desarrollo democrático nacional.

En cuanto a la pobreza y el ingreso económico de las personas , se identificó como problema: la profunda desigualdad en la distribución del ingreso, por lo que resulta apremiante elevar el ingreso de las personas en situación de pobreza, así como promover el sector social de la economía; mayor apoyo y seguimiento a los proyectos productivos; impulso a la banca de desarrollo y un mejor acceso al crédito por parte de las mujeres; así como fomentar los proyectos productivos emprendidos por jóvenes.

5. Para atender, dar pauta y solución a este diagnóstico de la realidad económica y social, es necesario que el conjunto de acciones y políticas de gobierno contribuyan a garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales y humanos de la población, principalmente de los sectores sociales más marginados o excluidos, con el objeto de enfrentar el reto fundamental, que es el de reducir la desigual distribución de los recursos y establecer bases sólidas para un crecimiento económico sostenido que permita solventar las carencias sociales.

6. De esta manera, es inobjetable cumplir con uno de los enfoques integrales de la política de desarrollo social, que es el de propiciar un gobierno cercano a los ciudadanos que responda a sus necesidades básicas para combatir y abatir la pobreza vinculado a través de programas y proyectos de inversión, que tengan un impacto positivo en el desarrollo social, bajo las premisas siguientes:

A) Que la asignación de los recursos presupuestales, se dirija a zonas y áreas estratégicas y prioritarias que requieren un desarrollo social sustentable.

B) Que el uso, manejo y destino de los recursos financieros presupuestales, se sujete a principios de transparencia y eficiencia.

C) Que el gasto destinado a la política social se reoriente a los programas sociales que tengan el impacto esperado en el desarrollo social, y

D) Que los ajustes presupuestales, no afecten o reduzcan el gasto destinado al desarrollo social.

Respecto a este último rubro, habrá que recordar que en lo que va de este año 2016, ya se han realizado dos recortes presupuestales que impactaron programas importantes en los ramos administrativos de educación, salud, y desarrollo al campo, entre otros.

7. Considerando, que el primer ajuste preventivo al gasto anunciado en febrero de este año, fue por un equivalente a 132.3 mil millones de pesos, y que el segundo ajuste anunciado en junio, fue de 31 mil 714.7 millones de pesos adicionales, el recorte total es de 164,077.7 millones de pesos, lo que equivale al 3.4 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación.

A estos recortes del Presupuesto de 2016, se suma el recorte presupuestal anunciado en los Pre-criterios de Política Económica para 2017 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de los que se desprende que para cumplir con la trayectoria de consolidación fiscal en ese año, el Gobierno de la República prevé un ajuste de gasto programable, sin inversión de alto impacto económico y social, por más de 175 mil millones de pesos .

8. Sin duda, esta restricción al Presupuesto afectará de nuevo el gasto destinado al desarrollo social, que desafortunadamente se ha visto disminuido de pasar del 14.2 por ciento del PIB en 2015, a 11.4 por ciento en 2016.

9. Estas adecuaciones presupuestarias, constituyen un verdadero riesgo y freno al desarrollo social al que aspira la República, principalmente las entidades federativas como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, Puebla, estado de México y Morelos, entre otras, que presentan históricamente enormes retos por los altos índices de marginación y rezago social que presentan.

10. En el caso del estado de Morelos, nos preocupa que en el proyecto y en la aprobación del Presupuesto de Egresos de 2017, se disminuyan los recursos que se le asignan vía el Ramo 33, así como los que se identifican en dicho Presupuesto por Sectores.

De esta reducción, tenemos el precedente en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, con relación al de 2015.

Véanse las siguientes gráficas:

11. Frente a estos ajustes preventivos señalados, que no son más que recortes al gasto público, y en virtud de que aún no se percibe ni a corto ni a mediano plazo, un mayor bienestar y desarrollo para la sociedad mexicana, tal como se prometió por el Gobierno Federal con el conjunto de reformas en materia educativa, de telecomunicaciones, laboral, financiera y energética, es pertinente y oportuno:

• Se exhorte al Ejecutivo federal para evitar la afectación o reducción de los recursos presupuestales, destinados al desarrollo social del país.

Debe ponderarse, que conforme al artículo 18 de la Ley General de Desarrollo Social, los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público, por lo cual no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales, sólo en casos excepcionales en los términos que establezca la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.

La realidad nos exige observar esta regla general, en aras del desarrollo social de México.

Por lo antes expuesto, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, someta como de urgente resolución , el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Poder Ejecutivo Federal, para que se fortalezcan los programas y proyectos destinados al desarrollo social, en los sectores de educación, salud, agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación, medio ambiente y recursos naturales, infraestructura y programas carreteros y cultura, para el Estado Libre y Soberano de Morelos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2016.

Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir la reglamentación para el adecuado funcionamiento de la Secretaría de Cultura, a cargo del diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. El 10 de Diciembre del año 2015 el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía por el cual se creaba la Secretaría de Cultura, en tanto que el 15 de diciembre fue aprobado por la Cámara revisora.

2. El 17 de diciembre del mismo año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como otras leyes para crear la Secretaria de Cultura.

3. El 21 de diciembre Rafael Tovar y de Teresa, hasta entonces director del extinto Conaculta, fue designado como Secretario de Cultura.

4. El 8 de enero del 2016 el secretario Rafael Tovar y de Teresa manifestó que “existía la obligación y necesidad de sacar rápido el reglamento, porque es el que definirá la forma de operación...”1

5. El 12 de agosto el titular de la Secretaria de Cultura tras la inauguración de la muestra “el Paris de Toulouse –Lautrec en el Palacio de Bellas Artes indicó que: “el reglamento está por salir, en este documento se va a reflejar la estructura y las líneas de la política cultural que van a regir la Secretaria de Cultura. Haremos una presentación oficial del reglamento y en ella estarán anunciadas cuáles serán las líneas de trabajo, en las que he estado laborando desde el 21 de diciembre, cuando fui nombrado titular de la dependencia”.2

Consideraciones

A ocho meses de realizada la Secretaria aún no existe un reglamento que dé a conocer el funcionamiento de cada área de dicha Secretaría. Como ya se ha citado, son varias las fechas que ha planteado el secretario para la expedición del reglamento, siendo antes del cuarto informe presidencial la última que manifestó.

Durante la discusión para aprobar la creación de la Secretaría de Cultura se coincidió en que debía existir una Ley que regulara el rumbo de la política cultural, y en ella evidentemente también se establecerían atribuciones y obligaciones para la Secretaría.

Aun cuando no se cuenta con una Ley que regule el artículo 4 constitucional, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en el artículo 41 bis determina los asuntos que le corresponden a la Secretaría de Cultura, y estas facultades se complementan con las existentes en otras leyes como la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, Ley Federal de Cinematografía, Ley General de Educación, Ley Federal del Derecho de Autor, Ley General de Bibliotecas, Ley General de Bienes Nacionales y otras que fueron reformadas con la creación de la Secretaría, existiendo de esta forma el material suficiente para elaborar un Reglamento que indique la estructura y forma en que operará la Secretaría. Cabe destacar que en el Portal de Transparencia (INAI) ya aparece publicada una estructura orgánica operativa que incluye además del titular de dicha Secretaría, los siguientes cargos y áreas:

1. Secretaría Cultural y Artística

2. Secretaría Ejecutiva

3. Titular del órgano Interno de Control

4. Coordinador Nacional de Desarrollo Institucional

5. Dos Directores Generales adjuntos eventuales de presidencia

6. Director de Relaciones Públicas

7. Director de área eventual de presidencia

8. Secretario Particular

9. Coordinador Administrativo

10. Dos asesores de presidencia del CNCA

11. Coordinador de Asesores

12. Secretario Ejecutivo de Asistencia Técnica

13. Secretario Privado

14. Tres subdirecciones

15. Jefe de departamento de apoyo logístico

16. Jefe de departamento de recursos materiales.

Desde la aprobación en el Congreso de la Unión de la nueva dependencia, se anunció que el Reglamento interno estaría listo para el mes de marzo de 2016, sin embargo la presentación se ha ido postergando; es decir, aun cuando materialmente existe una estructura institucional que opera en la Secretaría, esta carece de un reglamento que se adecúe a los cambios que sufrió la legislación por la creación de esta.

Por lo pronto, la falta de Reglamento interno ya tuvo una consecuencia importante, pues en la Estructura Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, si bien se creó un nuevo Ramo para Cultura (Ramo 48), éste está conformado por 18 programas presupuestarios, de los cuales, 7 pertenecían al ramo 11 de Educación, es decir, sólo fueron “re-sectorizados”, y los 11 restantes son programas que, se mantienen en la estructura programática del Ramo 11, pero para los que se transfieren “algunos componentes y recursos” para la operación del Ramo 48.3 A falta de reglamento y Ley, no se puede saber qué rumbo tomará la Secretaría de Cultura, en cuanto a políticas públicas, por lo que no se puede diseñar una estructura presupuestaria para los nuevos retos de la dependencia.4

Por otro lado, trabajadores de la Secretaría de Cultura exigen participar en la creación del Reglamento y demandan un espacio de diálogo para tomar parte de la elaboración del mismo. Organizados en diferentes sindicatos y asociaciones, han exteriorizado la necesidad de crear un espacio de diálogo para tomar parte en la construcción del reglamento interior, “concertado y congruente con los objetivos institucionales y los intereses superiores de la nación”.5

Además de ello, también el Colectivo de Sindicatos de Educación y Cultura ha expresado que el Reglamento de la Secretaría de Cultura debe someterse a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), que debe respetar las Condiciones Generales de Trabajo que han prevalecido por casi 50 años en el INAH e INBA, la libertad de cátedra y de Investigación que forman parte del sistema nacional de la actividad académica en todo el sector educativo, así como el respeto a la autonomía técnica del INAH e INBA.

Evidentemente la creación de la Secretaría de Cultura implicó cambios en el ámbito administrativo, organizacional e institucional, que cambiará de manera importante la forma de hacer política pública en materia cultural a partir de su creación; por ello, es de suma importancia que se tomen en cuenta todas las opiniones posibles, de no ser así se excluirá a sectores que participan en la cultura, y tomar en cuenta las consecuencias que pueden causarse si no existe transparencia suficiente para definir el funcionamiento de cada dependencia.

Por todo lo anteriormente expuesto es que pongo a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a que en uso de sus atribuciones expida la reglamentación necesaria para el adecuado funcionamiento de la Secretaría de Cultura.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a que en el proceso de reglamentación de las actividades de la Secretaría de Cultura se escuchen y recojan las opiniones de todos los sectores involucrados.

Notas

1 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/patrimonio/2016/01/8/en- secretaria-respeto-solo-derechos-de-ley

2 En unos días, reglamento interno de la Secretaría de Cultura. El universal 12/08/2016.

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/patrimonio/
2016/08/12/en-unos-dias-reglamento-interno-de-la-secretaria-de-cultura

3 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-Presupuesto-y -Cuenta-Publica/PEF-2017/Estructura-Programatica-PPEF-2017

4 Reforma. “Temen que retraso afecte gasto de SC” 29/08/2016.
www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=926125

5 http://www.proceso.com.mx/452563/trabajadores-la-secretaria-cultura-exi gen-participar-en-elaboracion-reglamento

Palacio Legislativo, a 8 de Septiembre de 2016.

Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la SHCP para detener el alza de las gasolinas y la electricidad, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Jesús Emiliano Álvarez López, diputado a la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A raíz de la llamada Reforma Energética, aprobada por la mayoría de los partidos políticos, el presidente Enrique Peña Nieto y algunos funcionarios de su gobierno, han declarado en varias ocasiones, que uno de los principales beneficios sería apoyar los ingresos de los mexicanos con la reducción en los precios de la luz y la gasolina; no obstante, éstos han tenido un notable incremento.

El 12 de agosto de 2013, en un mensaje a la nación y con motivo de la presentación de la Reforma Energética, Enrique Peña Nieto anunció:

“Me dirijo a ustedes con la convicción de que el gobierno de la República hoy a tomado una decisión trascendental para el desarrollo de nuestro país.

Este día envié al Senado de la República la iniciativa de la Reforma Energética. Esta reforma representa una de las grandes oportunidades para México en los últimos años.

Si aprovechamos esta gran oportunidad se crearán cientos de miles de nuevos empleos y con mejores salarios. Si llevamos a cabo esta reforma bajará el precio de la luz y el gas, igualmente bajará el precio de los fertilizantes y en consecuencia nuestro campo producirá más”1 .

Luego de la promulgación de dicha reforma, el 8 de agosto de 2014, en un mensaje a los mexicanos, en el minuto 6:50, el presidente se comprometió a bajar las tarifas eléctricas de consumo doméstico e industrial. Señaló que:

“Otro aspecto de la Reforma Energética es que apoyará la economía de las familias mexicanas a reducir el costo de la luz y el gas, esto significa que tendrá beneficios directos en los hogares del país.”2

Bajar los precios de la luz, fue una promesa que Peña Nieto viene arrastrando desde su campaña presidencial, cuando era candidato, durante un spot en junio de 2012, dijo lo siguiente:

“A las familias mexicanas les llega un recibo, un recibo de luz que se ha venido encareciendo en los últimos años. Con la Reforma Energética voy a bajar el costo de la luz eléctrica, les va a llegar el recibo de la luz por menos, y ese es un compromiso que he hecho con todos los mexicanos.”3

En su discurso durante la promulgación de las Leyes Secundarias de la Reforma Energética, el 11 de agosto de 2014, refrendó el compromiso de bajar los costos de la luz.

“Lo más importante es que esta transformación (la Reforma Energética) se traducirá en beneficios concretos para todas las familias. Al haber más gas y a menor costo para generar electricidad, así como una mayor competencia en el sector eléctrico, gradualmente disminuirán los precios de la luz y gas que pagan los hogares del país.”4

Cabe destacar que al aumento de la electricidad se suma el incremento al precio de las gasolinas. En enero de 2015, en un mensaje a la nación con motivo de Año Nuevo, Enrique Peña Nieto anunció:

“A partir de este momento, ya no habrá gasolinazos. Gracias a la Reforma Hacendaria ya no habrá incrementos a los precios de la gasolina, diésel y gas LP”.

Al respecto, en octubre de 2015, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, informó que a partir de enero de 2016, como parte de las medidas fiscales propuestas en el paquete económico, los mexicanos se encontrarían con una disminución en los precios de las gasolinas.

Ante el incumplimiento de estas promesas, el presidente ha quedado a deber a los mexicanos porque con la puesta en marcha de la Reforma Energética sus bondades no se han visto reflejadas en los bolsillos de los mexicanos, pues la luz, el gas y la gasolina, siguen presentando incrementos.

Ante esta problemática, que perjudica a los mexicanos, se requiere que el Ejecutivo federal intervenga al respecto, tal y como lo establece el artículo 28 constitucional, que dispone que las leyes fijarán las bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos.

Por su parte, el artículo 7o. de la Ley Federal de Competencia Económica, contempla un procedimiento para que el estado controle precios, acorde con el mandato constitucional, y establece la facultad del Ejecutivo federal para controlar los precios de productos y servicios necesarios para la economía y el consumo popular.

De igual manera, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece en su artículo 34 que es a la Secretaría de Economía, a quien compete establecer la política de precios y vigilar su estricto cumplimiento, específicamente en lo que se refiere a artículos de consumo y uso popular.

Con los incrementos al precio de las gasolinas y la electricidad, el gobierno federal no respetó el compromiso que el presidente de la República hizo con los mexicanos en el sentido de que al aprobarse la Reforma Energética ya no subirían los precios; sin embargo fue todo lo contrario, el incremento de los precios ha sido constante, perjudicando la economía de todos los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, para que instruya al secretario de Hacienda y Crédito Público a detener el incremento a los precios de las gasolinas y la electricidad, tal y como lo prometió al promulgar la llamada Reforma Energética.

Notas

1 “Una, dos, tres, cuatro... cientos de veces dijeron EPN y secretarios que no subiría la electricidad” en página electrónica

http://www.sinembargo.mx/04-07-2016/3062291

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2016.

Diputado Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la designación de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por el Senado de la República, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena

Ernestina Godoy Ramos, Norma Rocío Nahle García y Mariana Trejo Flores, diputadas integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción XX, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de esta Cámara la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Senadores para que en la designación de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se garantice que las personas que lo integren gocen de amplio reconocimiento respecto a su imparcialidad e independencia y para que, en su caso, se garantice la paridad de género, así como para para que en el proceso de elección de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no sea considerado elegible Reyes Rodríguez Mondragón.

Antecedentes

El pasado 5 de julio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo número 6/2016, de cuatro de julio de dos mil dieciséis, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se determina el procedimiento para integrar las ternas que serán propuestas a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, para la designación de siete Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ocuparán el cargo a partir del cuatro de noviembre de dos mil dieciséis.

El 29 de agosto de 2016, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la integración de las siete ternas de candidatos a ocupar el cargo de Magistrado de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En ese sentido, el Pleno de la SCJN eligió a los 21 candidatos a integrar las siete ternas que envió al Senado de la República para la designación de los Magistrados del TEPJF quienes deberán calificar, entre otras, la elección presidencial de 2018.

Consideraciones

Primero. La integración de los Poderes de la Unión descansa en el principio de división de poderes, previsto en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual no pueden reunirse dos o más Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo; bajo dicha premisa se integran el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Como es sabido, el poder legislativo se deposita en un Congreso General, que se divide en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores, cuya renovación periódica es cada tres y seis años, respectivamente. Por su parte, el poder ejecutivo se renueva mediante elecciones periódicas cada seis años. En suma, la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo federal se realiza mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, como lo dispone el artículo 41, párrafo segundo de nuestra Carta Magna.

En el caso del TEPJF, su integración se realiza conforme al procedimiento previsto en el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual son elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo anterior, no sólo pone en duda la independencia e imparcialidad del TEPJF, pues aun cuando las ternas son propuestas por la SCJN, la elección de los integrantes de la Sala Superior corresponde a una de las cámaras del poder legislativo.

Segundo.- Los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura,1 adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985 establecen en su numeral 1 lo siguiente:

1. La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura.

Por su parte, Los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, establecen la importancia que tiene para la protección de los derechos humanos una judicatura competente, independiente e imparcial, pues la aplicación de todos los demás derechos depende en último término de la correcta administración de la justicia.

En ese sentido, resulta oportuno mencionar que el concepto de judicatura independiente e imparcial tiene un alcance más amplío:

Toda mención de la independencia judicial debe en última instancia generara una pregunta: ¿independencia de qué? La respuesta más obvia es, por supuesto, independencia frente al gobierno. Me resulta imposible concebir una forma en que los jueces, en su función de sentenciar, no deban ser independientes del gobierno. Pero también deben ser independientes respecto del legislativo, con excepción de la función de promulgación de las leyes que compete a este poder. Los jueces no deben atender a las expresiones de la opinión parlamentaria ni fallar las causas con el propósito de lograr aprobación parlamentaria o evitar la censura parlamentaria. También deben asegurarse simplemente de que su imparcialidad no se vea socavada por alguna otra asociación, sea esta profesional, comercial, personal o de cualquier tipo.2

Por otra parte, no pasa desapercibido que incluso, los mismos integrantes del Poder Judicial de la Federación han manifestado el riesgo para la independencia e imparcialidad de los jueces que su designación se realice por políticos, como ocurre actualmente en el procedimiento previsto en el artículo 96 constitucional. Al respecto resulta oportuno mencionar lo siguiente:

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que la selección de los jueces por parte de los poderes políticos —por la propia naturaleza de las autoridades que eligen— puede representar riesgos para la independencia del juzgador electo.”3

Tercero. En esa tesitura, resulta conveniente señalar que dentro de las 7 ternas propuestas por la SCJN, 5 corresponden a integradas por hombres y sólo 2 por mujeres.

Ello evidentemente, hace imposible garantizar la paridad de género, pues de los 7 Magistrados que deben integrar la Sala Superior, sólo 2 podrán ser mujeres.

De igual forma, resulta oportuno señalar que dentro de las ternas propuestas por la SCJN, se encuentran personas vinculadas directamente con partidos políticos, como lo son ex funcionarios directamente designados por algún presidente de la República, lo que sin lugar a duda pone en entredicho su independencia e imparcialidad.

Cuarto. Un asunto de especial preocupación para MORENA es la integración en una de las ternas que analizará el Senado, del candidato Reyes Rodríguez Mondragón quien actualmente es Magistrado en la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; dicho funcionario hizo carrera al amparo de gobiernos panistas y llegó al cargo con el apoyo del PAN, participó en la emisión de la sentencia de dicha Sala Regional con la que se anuló la elección de la capital de Zacatecas, en donde triunfó inobjetablemente la candidata de Morena, Soledad Luévano Cantú.

Esta sentencia es un ataque a la voluntad popular y nuevamente pone en entredicho la independencia e imparcialidad de los tribunales encargados de impartir justicia. Configura un acto de corrupción en la medida en que coloca al servicio de intereses partidistas instituciones que deben velar por la vigencia del Estado de derecho. Por estas razones el Senado de la República no puede elegir a Reyes Rodríguez Mondragón como Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hacerlo significaría designar a quien en una elección constitucional se prestó a convalidar el despojo a Morena de un triunfo legítimo, acreditado en las urnas.

Por lo expuesto y fundado, resulta oportuno sometemos a consideración del pleno, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente resolución.

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Senadores para que en la designación de los integrantes de la Sala Superior del TEPJF evalúe su trayectoria profesional, a fin de que quienes sean designados gocen de amplio reconocimiento respecto a su imparcialidad e independencia y para que, en su caso, se garantice la paridad de género.

Segundo. Se exhorta a la Cámara de Senadores para que en el proceso de elección de los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, NO sea considerado elegible Reyes Rodríguez Mondragón, por su acreditada falta de independencia y de imparcialidad en el ejercicio del cargo que actualmente ocupa en la Sala Regional Monterrey de dicho Poder.

Notas

1 Página electrónica de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/Indep endenceJudiciary.aspx visto el 30 de noviembre de 2015.

2 Comentario relativo a los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2012/V1380121-S PAN_eBook.pdf

3 Inédito: jueces abogan por independencia de Suprema Corte http://noticias.terra.com.mx/mexico/politica/inedito-jueces-abogan-por- independencia-de-suprema-corte,1b5a81fee720c410VgnVCM3000009af154d0RCRD .html visto el 30 de noviembre de 2015.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro en la Ciudad de México, el 8 de septiembre de 2016.

Diputadas: Ernestina Godoy Ramos, Norma Rocío Nahle García, Mariana Trejo Flores (rúbrica).

Con punto de acuerdo, relativo a las agresiones físicas perpetradas contra Javier Sicilia Zardaín por elementos del Mando Único de Morelos, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González, en mi calidad de diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primero. El martes 16 de agosto de 2016, en Morelos hubo múltiples protestas convocadas por el Frente Amplio Morelense (FAM) –grupo conformado por más de 100 organizaciones, bajo el argumento de que “[...] la incapacidad del gobierno estatal, que se expresa en la mala administración, las constantes omisiones, las decisiones arbitrarias, la corrupción incesante, la impunidad rampante y el total desapego a los intereses de la ciudadanía morelense, ha empeorado la situación provocando que Morelos padezca violencia, injusticia, pobreza, inseguridad, desempleo, nulo crecimiento económico, devastación ambiental, destrucción del tejido social y cultural del estado”.1

En el Manifiesto por la seguridad, la justicia y la dignidad de Morelos, el grupo denuncia múltiples formas en que el gobierno del estado viola los derechos humanos y “utiliza la mentira como forma de gobierno”, por lo que demandaron:

1. La salida inmediata del gobernador Graco Ramírez por instaurar un gobierno que en menos de cuatro años hundió a Morelos en la peor crisis social, económica y política de los últimos tiempos.

2. El juicio político en contra del gobernador y de aquellos actores que desde el Estado han traicionado a la ciudadanía.

3. Dar cauce a las denuncias interpuestas contra el gobernador ante la Procuraduría General de la República (PGR) por peculado y uso ilegal de atribuciones, e iniciar el proceso penal respectivo contra él y sus cómplices por los delitos de omisión y complicidad en los asesinatos, secuestros, feminicidios, desapariciones forzadas, robo con violencia, trata de personas, extorsiones y lo que resulte.

4. Dar cauce a las investigaciones relacionadas con los delitos cometidos por las inhumaciones clandestinas en las fosas de Tetelcingo.

5. La conformación de un gobierno de reconciliación que se comprometa a cumplir las demandas ciudadanas y la agenda del Frente Amplio Morelense (FAM).2

Las marchas, que partieron desde Cuernavaca, Cuautla y Jojutla, concluyeron con un mitin en el palacio de gobierno, donde se anunció un plantón indefinido.3 Como reportan algunos medios de comunicación, el gobierno “implementó varias estrategias para tratar de desalentar la marcha, [como repartir] panfletos donde advertían a la población que no acudiera porque podría haber violencia”.4

Segundo. El 23 de agosto, Javier Sicilia Zardaín, secretario de comunicación de la UAEM, Roberto Villanueva Guzmán, coordinador del Programa de Atención a Víctimas de la universidad, e Iván Martínez Duncker, director del Centro de Investigación en Dinámica Celular de la institución, presentaron, en compañía de María y Amalia Hernández, familiares de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández,5 el informe “Fosas clandestinas de Tetelcingo: interpretaciones preliminares”.6 El documento desarrolla cómo fue la participación de miembros de la UAEM como peritos independientes en la exhumación de los cuerpos y en la creación de una base de referencia a partir de los perfiles genéticos de más de 100 familiares de víctimas de desaparición.

Como apuntó Roberto Villanueva, “75 por ciento de las personas con heridas de bala fueron inhumadas sin haber abierto una carpeta de investigación penal” y, tras 12 días de exhumación de cuerpos, se evidenció que en las fosas de Tetelcingo “existe encubrimiento de delitos y probablemente de crímenes de lesa humanidad”. Además, Villanueva señaló que en el trato a los cuerpos hubo omisiones del protocolo forense por la fiscalía del estado, y aseguró que “el gobierno de Graco Ramírez es de mentiras; Graco Ramírez es un mentiroso, es un torturadero de personas [...], pues mientras estas familias han estado buscando durante años a sus familiares”, él dejó sus cuerpos “como basura en una fosa hecha por su procurador y sus servicios periciales”.7

La Fiscalía General del Estado se limitó a publicar un comunicado en el que asegura que desde julio “se enviaron a la Visitaduría General de esta Fiscalía copias de 41 carpetas de investigación, relacionadas con muertes violentas, para deslindar responsabilidades administrativas que se hubiesen registrado. En esa misma fecha, se remitieron a la Fiscalía de la Región Oriente 77 carpetas de investigación, a fin de que se pueda determinar la responsabilidad penal de servidores públicos implicados”.8

Tercero. Un día después, mientras una caravana del FAM llegaba de Morelos a la Ciudad de México, representantes del frente asistieron a una reunión en la Secretaría de Gobernación, en la que estuvo el subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda. Javier Sicilia apuntó que “la demanda de ahora es muy clara: sale Graco porque ya no es posible su permanencia; nos ha ofendido a todos. Pedimos juicio político y un gobierno de conciliación”. Ante esto, el funcionario prometió reunirse de nueva cuenta con el grupo el martes siguiente.9

Cuarto. El 26 de agosto, en un noticiario de televisión se cuestionó a Graco Ramírez sobre el tema de las fosas de Tetelcingo, a lo que él sostuvo que “yo soy un gobierno [sic] que ha entregado cuentas [...]. El tema de la fosa común en Tetelcingo es una fosa en un panteón, donde la fiscalía participó en toda esta forensia [...]. La universidad está construyendo una cortina de humo. Hubo errores y el fiscal está trabajando en la investigación de quiénes fueron los responsables, pero no competen a mi gobierno”.10

Quinto. Aproximadamente a las 3:00 horas del lunes 29 de agosto de 2016, 400 elementos antimotines y de fuerzas especiales de la Policía del Mando Único de Morelos, liderados por el subsecretario de Seguridad, Francisco Viruete, y acompañados por “un grupo de cien hombres con corte militar y vestidos de civil” encabezado por Jesús Alberto Capella Ibarra, titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, comenzaron a arrancar las mantas colocadas en las paredes del palacio de gobierno. Esto obligó a las 40 personas que se encontraban haciendo guardia en el plantón a abandonarlo.11

Cerca de las 10:00 horas, representantes del FAM ofrecieron una rueda de prensa en la que hicieron un recuento de los agravios del gobierno. Javier Sicilia declaró en ese momento: “acompáñenos, [...] retomaremos el plantón, porque ese palacio es un espacio público, es nuestro, es de todos y no hacemos daño a nadie con el plantón”. Los policías formaron una valla y, ante el avance de los inconformes, reaccionaron con violencia. Sicilia y otras personas abrieron las vallas metálicas y, en respuesta, elementos del Mando Único golpearon al poeta en las costillas y el estómago. Una ambulancia de la Cruz Roja trasladó a Javier Sicilia minutos después, mientras otros integrantes del FAM permanecieron en la zona. Al mediodía, Francisco Viruete salió por una de las puertas del edificio y formó a 100 uniformados que replegaron de nueva cuenta a los manifestantes. Luego de la agresión, Javier Sicilia se reportó estable, en espera de que visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos acudieran a tomar su declaración respecto al ataque.12

Al momento de abandonar el plantón, Sicilia retó a “que nos desalojen como seres humanos: de frente, como hombres y mujeres que debe ser, no como criminales que lo hacen en la noche, en la madrugada, desplegando una violencia y una intimidación que no son capaces de desplegar con los criminales. Y todavía me golpean [...], cuando yo no he golpeado a un gobernador físicamente, sino que he señalado sus crímenes, he señalado su corrupciones con la delincuencia organizada, y la respuesta es esto”.13

Sexto. El martes 23 de agosto, Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se reunió con el equipo del Programa de Atención a Víctimas de la UAEM —incluidos Javier Sicilia y Roberto Villanueva— y expresó: “reconozco el importante papel que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos juega al acercar el invaluable trabajo de la academia a las necesidades de las familias de las personas desaparecidas, particularmente en la necesidad de lograr una adecuada identificación de restos humanos. Considero fundamental que esfuerzos como estos puedan llevarse a cabo con las garantías necesarias y sin temor a represalias”.14

Desde el asesinato de su hijo Juan Francisco el 28 de marzo de 2011, Javier Sicilia ha encabezado el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, actor colectivo que representó especialmente a las víctimas de la violencia ocultadas por el discurso oficial, y que consiguió la aprobación y promulgación de la Ley General de Víctimas el 9 de enero de 2013. La violencia como respuesta oficial a opositores es siempre deleznable, pero resulta particularmente preocupante cuando se ejerce contra uno de los defensores de derechos humanos más reconocidos, nacional e internacionalmente, en la historia reciente del país.

A esto se suma el hecho de que Javier Sicilia presentó una denuncia ante la PGR contra quien resulte responsable por las amenazas de muerte que ha recibido en los últimos días, en las que le aseguran que “le pasará lo mismo” que a su hijo.15

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados condena las agresiones físicas contra Javier Sicilia Zardaín, perpetradas por elementos del Mando Único de Morelos el 29 de agosto de 2016.

Segundo. La Cámara de Diputados solicita a la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos investigue inmediatamente el uso desmedido de la fuerza por parte de sus policías contra los grupos que manifiestan su oposición al gobierno estatal.

Tercero. La Cámara de Diputados insta al gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu a priorizar el diálogo y evitar repetir respuestas violentas contra sus opositores.

Notas

1 http://www.uaem.mx/difusion-y-medios/actividades/manifiesto-por-la-segu ridad-la-justicia-y-la-dignidad-de-morelos

2 Ibid.

3 http://www.jornada.unam.mx/2016/08/17/estados/026n1est

4 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/marchan-para-exigir-la-renuncia -de-graco-ramirez.html

5 http://www.revistaresiliencia.org/articulos/yo-soy-oliver-wenceslao-nav arrete-hernandez/

6 http://www.revistaresiliencia.org/tetelcingo/editorial/

7 http://www.jornada.unam.mx/2016/08/24/politica/010n1pol

8 http://fiscaliageneral.morelos.gob.mx/noticia/caso-tetelcingo-es-muestr a-del-compromiso-con-victimas-y-sus-familias

9 http://www.jornada.unam.mx/2016/08/25/politica/009n1pol

10 Ibid.

11 http://www.proceso.com.mx/452743/desalojan-planton-del-frente-amplio-mo relense-al-reinstalarlo-javier-sicilia-resulta-golpeado

12 Ibid.

13 http://lajornadasanluis.com.mx/destacada/policia-morelos-golpea-sicilia/

14 https://www.facebook.com/OnudhMexico/photos/
a.333070773375068.105590.332971193385026/1516926524989481/?type=3&theater

15 http://www.zonacentronoticias.com/2016/08/
con-chaleco-antibalas-y-el-doble-de-seguridad-javier-sicilia-presenta-denuncia-por-amenazas-ante-pgr/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de agosto de 2016.

Diputada Araceli Damián González (rúbrica)


Efemérides

Relativa al Día Mundial para la Prevención del Suicidio, a cargo de la diputada Karla Karina Osuna Carranco, del Grupo Parlamentario del PAN

Desde 2003, cada 10 de septiembre, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y la Organización Mundial de la Salud, promueven el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, con el propósito de concienciar a todo el mundo de que el suicidio se puede prevenir.

La Organización Mundial de la Salud estima que más de 800 mil personas mueren por suicidio cada año lo que supone una persona cada 40 segundos, siendo los intentos de suicidio hasta 25 veces más.

Lamentablemente hay muchas más personas que han sido afectadas por el suicidio o han estado cerca de alguien que ha tratado de acabar con su propia vida, y esto está sucediendo a pesar del hecho de que el suicidio se puede prevenir.

Conectar, comunicar, cuidar, es el tema del Día Mundial para la Prevención del Suicidio 2016. Estas tres palabras son el corazón de la prevención del suicidio.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cada año se suicidan casi un millón de personas, lo que supone una tasa de mortalidad “global” de 16 por 100 mil, o una muerte cada 40 segundos. En los últimos 45 años las tasas de suicidio han aumentado en un 60% a nivel mundial.

El suicidio es una de las tres primeras causas de defunción entre las personas de 15 a 44 años en algunos países, y la segunda causa en el grupo de 10 a 24 años; y estas cifras no incluyen las tentativas de suicidio, que son hasta 20 veces más frecuentes que los casos de suicidio consumado.

Se estima que a nivel mundial el suicidio representa el 1,8% de la carga global de morbilidad en 1998, y que en 2020 representará el 2,4% en los países con economías de mercado y en los antiguos países socialistas.

Aunque tradicionalmente las mayores tasas de suicidio se han registrado entre los varones de edad avanzada, las tasas entre los jóvenes han ido en aumento hasta el punto de que ahora estos son el grupo de mayor riesgo en un tercio de los países, tanto en el mundo desarrollado como en el mundo en desarrollo.

Los datos disponibles demuestran de forma contundente que la prevención y el tratamiento adecuados de la depresión y del abuso de alcohol y de sustancias reducen las tasas de suicidio, al igual que el contacto de seguimiento con quienes han intentado suicidarse.

A nivel mundial, la prevención del suicidio es una necesidad que no se ha abordado de forma adecuada debido a la falta de sensibilización sobre la importancia de ese problema y al tabú que lo rodea e impide que se hable abiertamente de ello. De hecho, solo unos cuantos países han incluido la prevención del suicidio entre sus prioridades.

Es momento de alzar la voz, ya que es evidente que la prevención del suicidio requiere también la intervención de sectores distintos del de la salud y exige un enfoque innovador, integral y multisectorial, con la participación tanto del sector de la salud como de otros sectores, como por ejemplo los de la educación, el mundo laboral, la policía, la justicia, la religión, el derecho, la política y los medios de comunicación.

El 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio, se fomentan en todo el mundo compromisos y medidas prácticas para prevenir los suicidios. Cada día hay en promedio casi 3000 personas que ponen fin a su vida, y al menos 20 personas intentan suicidarse por cada una que lo consigue.

Definitivamente es necesaria una labor mundial de concienciación de que el suicidio es una de las grandes causas prevenibles de muerte prematura. Los gobiernos debemos elaborar marcos normativos para las estrategias nacionales de prevención del suicidio. A nivel local, las declaraciones políticas y los resultados de la investigación deben plasmarse en programas de prevención y actividades comunitarias.

En México, el suicidio es un grave problema de salud pública el suicidio es la segunda causa de muerte en población joven, después de los accidentes de tránsito vehicular.

De acuerdo al INEGI, la tasa de suicidios en nuestro país ha alcanzado cifras alarmantes. Tan solo en el año 2012, se registraron más de cinco mil suicidios. Y en el año 2013 se registraron casi seis mil casos.

Deseo resaltar que las diferencias por sexo, en materia de suicidio, son notorias y constantes. En el año 2013, la tasa de mortalidad por suicidio fue de 8.1 por cada 100 mil hombres y de 1.7 suicidios por cada 100 mil mujeres.

Asimismo, es alarmante que el 40.8 por ciento de los suicidios ocurran en el grupo de jóvenes de 15 a 29 años, en el que la tasa de incidencia es de 7.5 suicidios por cada 100 mil. Cabe citarse que el suicidio se puede producir a cualquier edad, y en 2012 fue la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años en todo el mundo.

El suicidio no sólo se produce en los países de altos ingresos, sino que es un fenómeno global que afecta a todas las regiones del mundo. En 2012, el 75% de los suicidios en todo el mundo tuvieron lugar en países de ingresos bajos y medianos.

El suicidio es prevenible mediante intervenciones oportunas, basadas en datos fidedignos y a menudo de bajo coste. Para que las respuestas nacionales sean eficaces se requiere una estrategia de prevención del suicidio multisectorial e integral.

Es por ello, que resulta urgente el desarrollo de políticas públicas y acciones legislativas, para enfrentar este grave problema de salud pública en beneficio de niñas, niños y adolescentes.

Por último, deseo resaltar, que cada 10 de septiembre es ocasión propicia para evaluar los avances y retrocesos respecto a este problema de Salud Pública en México, y que es momento de realizar las acciones necesarias para prevenirlo.

Con motivo del 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio, a cargo de la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza, del Grupo Parlamentario del PVEM

Desde 2003 la Organización Mundial de la Salud estableció el 10 de septiembre como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio con el fin de fomentar compromisos y medidas prácticas para prevenir que a nivel internacional diariamente casi 3 mil personas pongan fin a su vida. Cabe destacar que por cada persona que consigue suicidarse existen 20 más que lo intentan.

Se estima que a nivel mundial el suicidio se ha incrementado en los últimos 15 años, pasando de representar el 1.8 por ciento de la carga global de morbilidad en 1998 al 2.4 por ciento para el año 2020.

Hoy, los jóvenes son los que mayormente se suicidan y presentan una mayor tendencia a intentarlo; sin embargo, las causas entre los países de occidente y el oriente son muy diferentes. Así, los trastornos mentales (especialmente la depresión y los derivados por consumo de alcohol) son los dos factores más importantes de riesgo de suicidio en Europa y América; mientras que en los países asiáticos, las conductas impulsivas y compulsivas son las principales causas de suicidio.

A lo anterior debemos añadir factores psicológicos, sociales, biológicos, culturales y ambientales, que han derivado que cerca de un millón de seres humanos en el mundo mueran por suicidio cada año; 3 mil cada día y uno cada 40 segundos, lo que supera el número de muertes por factores combinados como los homicidios y la guerra.

Con este contexto internacional, la Organización Mundial de la Salud ha establecido como lema para 2016: “Conéctate, comunícate, cuídate”, cuyo objetivo es establecer vínculos entre las personas en situación de riesgo, los sobrevivientes, los prestadores de servicios, asociaciones civiles, universidades y los profesionistas de medios de comunicación, con el fin de construir de forma conjunta estrategias de información, detección y atención oportuna relacionada al suicidio.

Además, no debemos olvidar que el suicidio consumado tiene un impacto psicológico, económico y social en al menos seis integrantes de la familia y sus seres queridos; sin embargo, si ocurre en una asociación, institución educativa o en el sitio de trabajo, el suicidio puede impactar a decenas de personas.

En México, de 2000 a 2013 la tendencia de niñas, niños y jóvenes suicidas se incrementó pasando de 3.5 a 4.9 suicidios por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Por su parte, datos del Instituto Hispanoamericano de Suicidología1 ponen de manifiesto que en México el suicidio representa la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años; y el lugar más recurrente para su ejecución es el hogar.

Sin duda alguna, hoy el suicidio representa un reto para la salud pública y la educación. Hoy, ninguna enfermedad ha crecido tanto en nuestro país como las enfermedades mentales. Como botón de muestra, en el Estado de Jalisco, la Secretaría de Salud a través del Instituto de Salud Mental de esa entidad señaló que:

“...en el año 2015, fallecieron por suicidio 483 personas con una tasa de 6.60 por cada 100 mil habitantes. El rango de edad de mayor incidencia fue de 15 a 39 años. El método más utilizado fue el ahorcamiento. El estado civil predominante fue de el de soltero y el nivel de estudios el de secundaria terminada. Hasta el 20 de julio del 2016, los datos preliminares a validar indican que en el estado de Jalisco han muerto 229 personas por suicidio, la tasa se confirmará hasta los primeros meses de 2017. Con los datos provisionales ofrecidos, el rango de edad es de 15 a 24 años. El método más utilizado fue el de ahorcamiento. El estado civil que predominó fue el de soltero y el nivel de estudios secundaria completa”.2

En ese sentido, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México proponemos que las autoridades de salud y educación de los tres niveles de gobierno inicien una campaña informativa para identificar las conductas suicidas en las niñas, niños y jóvenes, así como de los centros de atención y números de emergencia que existen para prevenir las tendencias y conductas suicidas.

Notas

1 Consúltese. Entrevista a Alejandro Águila, Presidente del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, el 13 de abril del 2016. Enlace.

http://wradio.com.mx/radio/2016/04/14/nacional/146059301 0_597128.html

2 Visible, en http://www.periodicoelsur.com/noticia.aspx?idnoticia=69337

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2016.

Diputada Evelyng Soraya Flores Carranza (rúbrica)


Inklusion
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