Proposiciones de urgente u obvia resolución

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a implantar acciones para prohibir el tránsito de camiones de carga con doble remolque, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Proposiciones

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a implantar con la Semarnat el Programa Integral de Rescate de Suelos Agrícolas, donde se considere conveniente fomentar la producción y utilización de biofertilizantes y bioplaguicidas como medio de mejoramiento y biorremediación de los suelos, a cargo del diputado Germán Escobar Manjarrez, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a publicar por la Sagarpa, en la página electrónica de ésta, los informes de labores anuales e información detallada sobre los programas en operación a su cargo para transparentar las acciones y el ejercicio de recursos por región, estado, municipio, monto y padrón de beneficiarios, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a difundir el estado que guardan los expedientes presentados por la ASF con las irregularidades detectadas durante las revisiones practicadas al rubro de seguridad pública, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a publicar en el Diario Oficial de la Federación el programa de manejo del área de protección de flora y fauna de Yum- Balam, y a no autorizar durante los próximos 20 años el cambio de uso de suelo en las 87 hectáreas afectadas por el incendio ocurrido en la isla de Holbox en septiembre pasado, suscrita por la diputada Lorena Corona Valdés e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
• Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la ASF que fiscalice y deslinde responsabilidades administrativas o penales por las operaciones a cuyo amparo la empresa Barrier Systems de México, propiedad de Ricardo Arturo San Román Dunne, vendió a OHL México al doble del precio original maquinaria para controlar el tráfico vehicular del viaducto elevado Bicentenario, con un probable daño al erario, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE, la SFP y la ASF a investigar y sancionar las irregularidades encontradas en la administración de Exportadora de Sal, SA de CV, y las condiciones de venta del producto de la empresa, a cargo del diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y la Profepa a llevar a cabo acciones inmediatas para clausurar o reubicar el basurero Las Matas, en Cosoleacaque, Veracruz, a cargo del diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a emitir una opinión sobre la técnica de “los tres padres” y la necesidad de legislar respecto a ese tipo de prácticas médico-científicas, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y sus homólogas locales a vigilar en el ámbito de su competencia y hacer público el cumplimiento de las normas específicas de control escolar en las normales, a cargo de la diputada Rocío Matesanz Santamaría, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los 32 congresos locales a modificar su legislación penal para tipificar como delito y con penas privativas de la libertad las acciones u omisiones en los actos jurídicos realizados por los notarios o fedatarios públicos, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a considerar la suficiencia financiera para el sistema educativo nacional y cumplir el artículo 25 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil y el gobierno de Nayarit a implantar de inmediato con los municipios de la entidad simulacros periódicos de huracán para mantener preparada a la población ante la posibilidad del impacto de un meteoro en octubre y noviembre, que comprenden el pico de la temporada de huracanes en el Pacífico, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el cual se propone crear y otorgar la medalla de la cultura de paz Doctor Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz, a mexicanos y organizaciones de la sociedad civil distinguidos por su labor en pro de la cultura de paz y la no violencia en el país, a cargo del diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a verificar los trabajos de construcción del tramo Atizapán-Atlacomulco, como parte de la carretera México-Guadalajara, para que se finalicen con la mayor brevedad, a cargo de la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, relativo al derrame de hidrocarburos ocurrido el 12 de febrero de 2015 en las inmediaciones del río Pantepec, a la altura del paraje Los Naranjos, en Francisco Z. Mena, con cabecera municipal en Metlaltoyuca, Puebla, y las presuntas irregularidades en las operaciones de Transportes Especiales de Toluca, SA de CV, a cargo del diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conasami a fijar salarios mínimos generales suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en los órdenes material, social y cultural, y proveer la educación obligatoria de los dependientes económicos, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la CONAGUA y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que de manera coordinada con las autoridades estatales y municipales, fortalezcan sus acciones de saneamiento y políticas públicas encaminadas a identificar y disminuir la contaminación del agua, así como sancionar y prevenir las descargas clandestinas a los caudales del Río Atoyac en el estado de Puebla y el Río Mixteco en el estado de Oaxaca, y a su vez fortalezcan sus políticas para el saneamiento de la presa “Yosocuta”, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a difundir las razones de que el Programa Nacional de Prevención del Delito carezca de presupuesto en el paquete de 2017 y las medidas alternativas por aplicar si aquél desaparece, suscrita por los diputados Mayra Angélica Enríquez Vanderkam y Baltazar Martínez Montemayor, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Puebla y la Segob a declarar alerta de violencia de género en la entidad por el aumento de asesinatos de mujeres en los últimos días, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Ssa a establecer una campaña que estimule y cree conciencia entre los paterfamilias de niños desde preescolar hasta los 18 años respecto a la importancia de brindarles información, de acuerdo con la edad, sobre sexualidad para prevenir embarazos tempranos, contagios de enfermedades de transmisión sexual y abuso sexual, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Ssa que realice una campaña nacional de toma de conciencia sobre la contaminación y los riesgos para la salud generados por tirar colillas de cigarro en la calle o desecharlas en coladeras o tuberías de la red de drenaje, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al IFT a coordinar acciones con los concesionarios de telefonía móvil para que los mapas de cobertura garantizada de cada servicio estén disponibles al público de manera clara, concisa y desglosada por municipio y entidad federativa, a cargo del diputado Ricardo del Rivero Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, relativo a los laudos dictados por el pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en los expedientes 594/2010 y 1588/2010, donde se reconocen diversos derechos laborales del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, suscrita por los diputados Renato Josafat Molina Arias y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta el Ejecutivo federal a modificar el Reglamento del Código Fiscal de la Federación para incorporar de manera permanente a los valuadores con cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se condenan las amenazas de muerte proferidas contra los integrantes del Comité Cerezo, particularmente los hermanos Héctor y Francisco Cerezo Contreras, y se exhorta a la PGR a identificar, detener y consignar ante los tribunales a los autores materiales e intelectuales de los delitos de amenazas y actos de intimidación en agravio de los integrantes de dicho colectivo, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a difundir los acuerdos derivados en apoyos millonarios al programa Juntos Podemos/Together We Can e informar públicamente sobre el destino y uso de esos recursos; y a la SFP, a clarificar en el marco de sus atribuciones los gastos de origen oficial otorgados a aquél y su destino, y –en su caso– fincar las responsabilidades a que haya lugar, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, relativo al gasto comprendido en el programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, incluido el análisis de la conveniencia de formalizar un plan de beneficio definido para las instituciones y universidades públicas estatales, a cargo de la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía a modificar el artículo 12 de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación de 2017 para facilitar a las instituciones de educación superior y los institutos y centros de investigación del sector público la disposición de los recursos autogenerados, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Efemérides

• Con motivo del 50 aniversario del Plan DN-III, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con motivo del 12 de octubre, Día de la Raza, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con motivo de la conmemoración de la refundación de la Benemérita Universidad de Guadalajara, a cargo del diputado Ramón Bañales Arámbula, del Grupo Parlamentario del PRI

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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a implantar acciones para prohibir el tránsito de camiones de carga con doble remolque, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Jesús Sesma Suárez, en nombre de los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La seguridad de automovilistas y peatones debe ser considerada prioridad en un momento coyuntural en el cual convergen intereses económicos y sociales relacionados con el tema del autotransporte en carreteras federales.

La regulación de los camiones de doble remolque ha generado una serie de pronunciamientos por el gremio de transportistas, desde cuya perspectiva señalan que se debe ponderar el beneficio económico sobre la seguridad de quienes transitan por las vías terrestres a lo largo y ancho del país.

Cifras de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, exponen que a causa de los accidentes generados por el transporte de carga de doble remolque, mueren anualmente mil personas a nivel nacional, en parte por las complicaciones que se presentan durante el viaje causadas por la sobrecarga a la que se somete a estos modelos automotrices, lo cual podría evitarse si se hiciera un uso adecuado de los mismos, ya que no están diseñados para soportar grandes cargas, sino para transportar mercancías voluminosas, de acuerdo a lo expresado por el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga.

Se argumenta que conforme a la regulación de la NOM-012-SCT-2014 se cuenta con un marco normativo suficiente, el cual limita las dimensiones y los pesos de los vehículos que mueven mercancías. En esta norma se mantiene el peso bruto vehicular para los tracto camiones doblemente articulados o full en 66.5 toneladas, y para el full diferenciado 75.5 toneladas, mismos que únicamente podrán circular en caminos tipo “ET” y “A” y, por excepción, en carreteras tipo B cuando cuenten con autorización especial de conectividad, no obstante las especificaciones de la norma, observamos su reiterado incumplimiento, lo cual nos debe llevar a reflexionar sobre la necesidad de endurecer el marco normativo, a fin de salvaguardar la vida y la integridad de los mexicanos y mexicanas que transitan por las carreteras federales.

Con esta lógica, el secretario de Comunicaciones y Transportes anunció que se expedirá una placa especial para los camiones de doble remolque, explicando que para obtenerla se llevarán a cabo revisiones de los vehículos doblemente articulados, con la finalidad de verificar las condiciones físico-mecánicas de las unidades y la documentación de conductores y vehículos.

Consideramos que la expedición de una placa especial no ayudará a disminuir los riesgos que genera la operación de los también llamados camiones full, dado que es evidente la constante violación a la norma ya existente, y bajo la cual se amparan las empresas que hacen uso de este transporte, argumentando que ya cuentan con una regulación suficiente, la cual no acatan.

Ante las pérdidas de vidas humanas, es urgente que en nuestro país se destierre la concepción de que la seguridad vial es una cuestión que va en contra del desarrollo económico y que afecta los intereses de las empresas de autotransporte de carga. Tenemos que entender que toda medida que tienda a disminuir los accidentes redundará en un beneficio para la sociedad en su conjunto, sobre todo cuando lo único que se ofrece es apelar a la buena voluntad de los transportistas por cumplir con la norma y salvar vidas humanas.

Por todo lo anterior, organizaciones sociales y partidos políticos se han pronunciado enérgicamente respecto a la prohibición de los tractocamiones doblemente articulados, así como por una reducción en el límite de carga de los mismos, por lo que es importante que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes escuche esta demanda de la ciudadanía y los representantes populares en aras de que todos juntos, sociedad y gobierno, hagamos un frente común para prohibir definitivamente la circulación de este tipo de camiones, dado el peligro que representan no sólo para automovilistas, sino también para peatones y choferes por igual.

En virtud de lo aquí expuesto, con carácter de urgente y obvia resolución ponemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Comunicaciones y Transportes, licenciado Gerardo Ruiz Esparza, para que sea sensible y atienda el reclamo social y las distintas consideraciones vertidas en las iniciativas que legisladores federales de varios partidos políticos han presentado con objeto de que la dependencia a su cargo se pronuncie por prohibir la circulación de camiones de carga de doble remolque, cuya finalidad es salvaguardar la vida y la integridad física de las personas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a implantar con la Semarnat el Programa Integral de Rescate de Suelos Agrícolas, donde se considere conveniente fomentar la producción y utilización de biofertilizantes y bioplaguicidas como medio de mejoramiento y biorremediación de los suelos, a cargo del diputado Germán Escobar Manjarrez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, German Escobar Manjarrez , diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía la presente propuesta con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El crecimiento demográfico y las diversas actividades económicas, requieren cada día más materias primas para satisfacer la demanda de productos o servicio para cubrir las necesidades de la población que cada vez es más exigente; el avance tecnológico se ha convertido en una herramienta necesaria para ofrecer los satisfactores de la sociedad y como consecuencia se ejercen presiones sobre el medio ambiente, como es el caso de la producción de gases de efecto invernadero, ocasionando un demerito en el clima de las diversas regiones y de sus propios recursos naturales del país.

Los fenómenos derivados del cambio climático, han impactado en el mundo entero; por acuerdo, la Organización de las Naciones Unidas, en 1994, aprobó la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía o la desertificación; la convención la conforman 196 países en la que México es el primero en ratificarla.

El objetivo de la presente Convención es luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía, mediante la adopción de medidas eficaces en todos los niveles, apoyadas por acuerdos de cooperación y asociación internacionales aplicando en las zonas afectadas estrategias integradas a largo plazo que se centren simultáneamente en el aumento de la productividad de las tierras, la rehabilitación, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos de tierras y recursos hídricos, especialmente a nivel comunitario, de acuerdo al marco del Programa 21, para contribuir al logro del desarrollo sostenible en las zonas afectadas.

La Convención de las Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación define la desertificación como: la degradación de las tierras, siendo este el resultado de diversos factores propios de las variaciones climáticas y las actividades humanas.

La Comisión Nacional Forestal reporto en 2015 que el 45.2 por ciento de la superficie de México presenta degradación inducida por el ser humano, derivada de las siguientes actividades sobrepastoreo (23.9 por ciento), agricultura (18.8 por ciento), deforestación (3.8 por ciento), sobreexplotación de la vegetación (0.9 por ciento) y urbanización (0.5 por ciento).

México ha desarrollado una estrategia multisectorial de prevención y control de la desertificación, que articula 38 programas federales que inciden directa e indirectamente en su control, siendo el Programa Nacional Forestal (Pronafor) uno de los más destacados al promover la productividad ecosistémica de los terrenos forestales.

En la parte operativa, entre los programas más destacados que se han implementado están los de reforestación, conservación de suelos o manejo de tierras para la sustentabilidad productiva, pago por servicios ambientales, monitoreo de la sequía, tecnificación de cultivos de riego y desarrollo de obras hidráulicas de captación de agua de lluvia. También existen importantes programas sociales como la Cruzada Nacional contra el Hambre, que muestran esfuerzos de conservación, restauración y prevención de la degradación.

El cambio climático nos obliga a implementar una política pública que articule las acciones de las diversas dependencias de gobierno encaminadas a enfrentar los fenómenos que generan como es el caso de los fenómenos de la niña y el niño o del fenómeno denominado Niño Godzilla; ya que el impacto negativo que tendrá en la agricultura, reducirá el rendimiento de los cultivos, no solo en los de temporal sino también influirán en los de riego; como consecuencia se incrementaran los precios de los principales granos y los precios de la carne, poniéndose en riego la seguridad alimentaria.

El suelo es un medio multifuncional que cumple una extensa variedad de situaciones en los procesos productivos, por lo que las alteraciones de las características edáficas, producen cambios en el funcionamiento de los ecosistemas y como consecuencia generando impactos del medio ambiente negativos. El suelo no sólo constituye la base de los alimentos para casi todos los seres vivos; el suelo es un recurso natural renovable, que requiere atención para poderlo conservar y mantenerlo vivo para la producción agrícola.

Uno de los problemas que enfrenta nuestros ecosistemas por no estar en condiciones de recibir el impacto de los fenómenos de “el niño”, es el exceso de aguas pluviales que ayudan a reactivar los mantos acuíferos regionales; regularmente se genera un problema de erosión hídrica, por un mal manejo de la cubierta vegetal de los suelos, se puede intuir que el suelo posee una capacidad para “soportar” los cambios, pero sin los cuidados necesarios, podrían acelerar su degradación o disminuir su capacidad productiva; por otro lado el impacto negativo que genera “la niña” son las altas temperaturas, que el suelo al carecer de una cubierta vegetal y una menor cantidad de agentes aglutinantes que generan la microflora y microfauna, no genera la capacidad de amortiguamiento; Esta propiedad dependerá de la magnitud de las amenazas y del acierto en las prácticas de manejo del suelo que se requiere para implementar su conservación.

Todo esfuerzo en esa dirección debe poseer un marco brindado por políticas de estado que se adecuen a los cambios, que tengan prospectiva e interpreten que preservando los suelos se tendrán más oportunidades y seremos menos vulnerables ante el impacto del cambio climático.

El implementar medidas de recuperación de suelos facilitaría a México a cumplir compromisos internacionales en materia ambiental, como la reducción de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, la protección de la biodiversidad y la neutralidad en la degradación de la tierra; el impacto nacional, mejoraría la productividad agrícola y ganadera, ayudaría a reducir la pobreza y a alcanzar la seguridad alimentaria; se deberían considerar en México a los suelos entes de interés público ya que la sociedad se vería afectada al no contar con los alimentos que la sociedad demanda ya que la degradación de suelos no sólo afecta los intereses privados de los agricultores, en términos de la disminución de su productividad y el aumento de los costos de producción, sino que afecta también los intereses públicos del país.

Siendo una alternativa para la producción agrícola y contando con diversos programas y componentes de las diversas secretarias que conforma la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, es necesario divulgar y socializar técnicas de fomento de elaboración fertilizantes y compuestos para control de plagas y enfermedades de origen natural u orgánico; con la finalidad de reducir el impacto del cambio climático e ir cumpliendo con los acuerdos tomados en La Convención de las Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación.

Por todo lo anterior, se deben aplicar urgentemente políticas públicas materializadas en implementar programas de recuperación de suelos agrícolas para que produzcan los satisfactores que el país requiere.

Por todo lo expuesto anteriormente, me permito someter a la atenta consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para que en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el ámbito de sus competencias se cree e implemente el Programa Integral de Rescate de Suelos Agrícolas, donde se considere conveniente fomentar la producción y utilización de biofertilizantes y bioplaguicidas, como mecanismo de mejoramiento y biorremediación de los suelos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2016.

Diputado Germán Escobar Manjarrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a publicar por la Sagarpa, en la página electrónica de ésta, los informes de labores anuales e información detallada sobre los programas en operación a su cargo para transparentar las acciones y el ejercicio de recursos por región, estado, municipio, monto y padrón de beneficiarios, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Exaltación González Ceceña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la actualidad, el país cuenta con un agravio al sector rural y pesquero, que no permite un desarrollo sustentable y ello ocasionado a consecuencia del poco crecimiento en la actividad agropecuaria y pesquera; de la degradación de los recursos naturales; y de la debilidad de un marco institucional para generar políticas que ayuden al desarrollo del sector.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), conforme a las leyes nacionales, está obligada a crear y favorecer las políticas que beneficien al sector agropecuario y pesquero, y a todas las cadenas productivas, económicamente vinculadas con éstos.

La Sagarpa tiene como objetivo promover el desarrollo integral del campo, así como de los mares nacionales, ello con la finalidad de que se aproveche de manera sustentable sus recursos, generando empleos, fortaleciendo su productividad y competitividad, así como beneficiando a los consumidores. Fundamentalmente sus prioridades deben centrarse en atender las necesidades de miles de mexicanos, por lo cual deben

1. Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rurales y costera.

2. Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares.

3. Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de energéticos.

4. Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.

5. Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural, además de promover acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.

Ahora bien, en el cuarto informe presidencial, el Ejecutivo federal afirmó que mediante la Sagarpa se “logró” apoyar a los productores nacionales, impulsando su productividad (competitividad, y rentabilidad), así mismo, se “revalorizó” el compromiso del gobierno federal mediante diversos programas para mejorar el progreso del campo.

Conforme al Ejecutivo, la ganadería mexicana actualmente vive un “desarrollo exitoso”, y en este año, “a través de Financiera Nacional, Fira y Conaza, se espera beneficiar a 6.3 miles de productores, con la implantación de 1.2 miles de proyectos”.

En cuanto al fomento de la productividad pesquera y acuícola, refiere que este año “se asignaron 149.6 millones de pesos para modernizar más de 2 mil embarcaciones pesqueras.”, y para junio de dicho año, asegura que se concertaron “convenios para la ejecución de 7 proyectos de ordenamiento, que beneficiarán a más de 10 mil pescadores ribereños”.

En esa línea, se aseguró que “en 2015 se concertaron 14 convenios para ejecutar 18 proyectos para la atención de más de 24 mil pescadores ribereños en Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo”. Por ello, gracias al componente de desarrollo de cadenas productivas, en 2015 se apoyó a 46 comités sistema producto estatales, y a 1 regional.

Pero la realidad no se puede ocultar, según el Segundo Informe Trimestral de la SHCP, desde el primer semestre del año 2015, aparece un subejercicio de 6 mil 714.6 millones de pesos en la Sagarpa, lo cual constituye una mengua de 12.3 por ciento. Es necesario aclarar que dicho subejercicio no obedece a una falta de recursos, se trata de una “reasignación de prioridades” no comprendidas en lo aprobado por la Cámara de Diputados para el presupuesto de dicho año.

Los recursos públicos que se ejercen para el sector rural han estado históricamente asociados al combate a la pobreza y no a la productividad, por lo que es importante que la Sagarpa y la SHCP se aseguraren de ejercer los recursos suficientes para el campo en 2015, así como de asignar los recursos necesarios para que en 2016 los campesinos puedan explotar su potencial productivo.1

Ante dicha realidad, “el PRI-gobierno sigue sin tener un conocimiento claro de la realidad... [Por lo cual]... disminuyó... []... 10.7 por ciento (el presupuesto) en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación... []... sectores estratégicos para el crecimiento del país y el bienestar familiar”.2

Los subejercicios de la Sagarpa han sido constantes, los recursos federales no han llegado a quienes más los necesitan, lo cual ha empeorado la pobreza del campo mexicano, y en consecuencia ha estado limitando su desarrollo en los rubros nacional e internacional.

De manera directa, en Baja California Sur, donde el sector primario da vida a la mayoría de las comunidades, como en muchas otras partes del país, éstas son afectadas directamente por la “ineficacia y desdén” para el otorgamiento de apoyos del gobierno federal vía la Sagarpa. En dicha entidad, está comprobado el subejercicio presupuestal, lo cual se ha presentado como el producto de la irresponsabilidad de funcionarios desde hace más de tres años.

Para 2015, los gobierno de Baja California Sur y federal acordaron formar una bolsa de 55.4 millones de pesos (mdp) para apoyar a más de mil 300 productores. El gobierno local aportó sus 11.1 mdp; el federal aportó sólo 30 por ciento de lo que correspondía; es decir, contribuyó con sólo 11.7 mdp, restando por contribuir 32.6 mdp, que jamás se ejercieron y afectaron el desarrollo de más de 700 productores.3

Por ello, dichos productores demandan que se les responda conforme a los criterios de las políticas públicas, no permitiéndose que los subejercicios sigan poniendo en entre dicho la función de la dependencia federal.

Ante lo referido, es más que claro que la Sagarpa, dependiente del Ejecutivo federal, está siendo omisa en el cumplimiento de sus obligaciones legales, ello desde que no cumple de manera cabal con los programas asignados para beneficio de los productores del agro mexicano, lo cual afecta directamente a miles de familias mexicanas, y en consecuencia al país.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta atentamente al Ejecutivo federal, a través del secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a publicar en la página electrónica de esta dependencia, como en los informes de labores anuales, información detallada sobre los programas en operación a cargo de la Sagarpa, a fin de transparentar las acciones y el ejercicio del gasto de los programas por región, estado, municipio, monto y padrón de beneficiarios.

Notas

1 Imagen Agropecuaria, agosto de 2015.

2 El Financiero, 16 de noviembre de 2015.

3 https://www.radarpolitico.com.mx/2016/05/06/equilibrios-sagarpa-fracaso /

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2016.

Diputado Exaltación González Ceceña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a difundir el estado que guardan los expedientes presentados por la ASF con las irregularidades detectadas durante las revisiones practicadas al rubro de seguridad pública, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Omar Ortega Álvarez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

El estado de México ha sido una entidad privilegiada presupuestalmente. Tan solo durante el año 2016, tuvo recursos aprobados equivalentes a 206 mil 887.88 millones de pesos (mdp); es decir, tuvo un incremento de 7.07 por ciento respecto al presupuesto aprobado en 2015 (193,232.31 mdp).

Al respecto del total de ingresos aprobados por su Congreso Estatal, el Presupuesto de Egresos total del estado de México ascendió a la cantidad de 221,285.72 mdp. 1 Esto quiere decir que 71 por ciento del presupuesto del estado de México proviene del Gobierno Federal, y el resto de ingresos propios. 2

Dentro de todos estos recursos destinados a la entidad mexiquense, para el rubro de seguridad pública le fueron aprobados 8 mil 246.87 mdp para el año 2016. El rubro y la cantidad resultan importantes puesto que en la actualidad el Estado de México, es uno de los más inseguros del país.

De acuerdo a información proporcionada por la agencia española de comunicación, El País, tan sólo de enero a agosto de 2016, en el Estado 1,514 homicidios dolosos fueron ejecutados siendo el lugar en toda la República con los índices más altos.

La inseguridad alcanzó niveles durante 2014 y 2015 que desataron incluso, alertas del Departamento de Estado de Estados Unidos para que sus ciudadanos no visitaran ciertos municipios entre los que destacaban Ecatepec, Coacalco, La Paz, Solidaridad, Chalco, Ixtapaluca y Tlatlaya.

Aunado a esto, cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2015 indicaron que esos municipios figuraban “entre la lista de las 20 alcaldías más inseguras de la entidad, respecto a delitos de alto impacto como secuestro, extorsión y homicidio”.3

Durante 2014, la Federación aportó 172.71 mdp al Estado de México bajo el programa “Subsidio para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial” (SPA). Pese a la necesidad de la ejecución de ese presupuesto, para el momento en que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) hizo una revisión a dicho rubro en la entidad mexiquense, sólo habían sido ejercidos 94.84 mdp, monto que representó el 54.9 por ciento de los recursos transferidos. Al cierre del ejercicio fiscal (31 diciembre), solo ejerció 161.20 mdp; quedando por ejercer la cantidad de 11.51 mdp, que, si bien fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), es importante que se den a conocer las razones por las cuales nos e ejerció dicha cantidad.

Respecto a los rendimientos financieros correspondientes al monto total recibido, la entidad tenía un saldo en su cuenta bancaria al 31 de marzo del 2015, por un monto de 2.76 mdp, los cuales no fueron ejercidos, ni devengados, ni reintegrados a la Tesofe, situación que desde luego debe aclarar.

Debido lo anterior, durante el transcurso de la auditoria el gobierno de la entidad presentó documentación comprobatoria ante la ASF para justificar, el monto anterior (2.76 mdp), sin embargo, con lo que presentó solo logró comprobar que reintegró recursos a la TESOFE por un monto de 1.94 mdp, por lo que aún quedan pendientes de aclarar 820 mil pesos.

Debido a esta situación, el 12 de junio de 2015, la ASF presentó ante la Contraloría Interna del Estado el expediente de dicha irregularidad, para que en el ámbito de sus atribuciones realice las investigaciones que considere pertinentes y finque las responsabilidades respectivas, que desde luego deberá hacer públicas.

El gobierno del estado de México no remitió a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público la información correspondiente al avance financiero del segundo y cuarto trimestre, ni fue publicada en la gaceta oficial de la entidad. Además, la ASF detectó diferencias entre los reportes del cuarto trimestre de 2014 y no presentó información pormenorizada por lo que la calidad fue mala, así como incongruente. Debido a ello, el 12 de junio de 2015, la ASF presentó ante la Contraloría interna del Estado el expediente de dicha irregularidad, para llevar a cabo lo correspondiente. Además de fincar una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.

En otra revisión de la ASF comprendió la verificación de los recursos del “Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal” (FASP) aportados por la Federación durante 2014 al Estado de México, por 616.14 mdp. De los cuales, la Auditoría revisó lo correspondiente a 497.35 mdp, que representó 80.7 por ciento de los recursos transferidos (total de la muestra).

De los 616.14 mdp del FASP para el ejercicio fiscal 2014, en marzo de 2015 fueron transferidas 346.61 mdp a la Comisión Estatal de Seguridad y 134.13 mdp a la Procuraduría General de Justicia del Estado. En ambos casos las cuentas en las que se realizó la transferencia no fueron específicas ya que se depositaron recursos estatales en contravención de la normatividad aplicable, por lo que la ASF fincó una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria. Asimismo, la irregularidad fue denunciada ante la Contraloría Interna del Gobierno del Estado por la ASF.

La ASF determinó que los recursos del “Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en 2013”, del Estado de México, tuvieron una contribución parcial en los objetivos establecidos en la política pública y específicamente en los programas con prioridad nacional, ya que algunos de los indicadores y metas vinculados con éstos registran insuficiencias principalmente en Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento, Genética Forense, Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE’S), Sistema Nacional de Información (Bases de Datos), y Red Nacional de Telecomunicaciones.

Lo anterior, se desprendió de las observaciones financieras establecidas durante la revisión de la ASF, como son: la inoportunidad en el ejercicio de los recursos del fondo, que al 31 de diciembre de 2013 y a la fecha de la auditoría, se ejercieron el 40.0% y el 56.1%, respectivamente, del total de los recursos transferidos; así como la aplicación a fines distintos a lo establecido en la normativa.

En este punto cabe destacar que la ASF revisó la partida específica de “Materiales de seguridad para Secretaría de Seguridad Pública Estatal” , en esta revisión se reportaron 3.3 mdp ejercidos al 31 de marzo de 2015 en la adquisición de armamento a la SEDENA; sin embargo, sólo se entregaron bienes por 755,200 pesos, por lo que quedó pendiente de entrega 2.57 mdp. En relación con la partida “Arma Larga”, no se entregaron los bienes por 2.16 mdp. Por lo anterior la ASF emitió un pliego de observaciones, para que la entidad fiscalizada entregue evidencia documental para acreditar dichos recursos.

Resulta importante que el gobierno del Estado de México, aclare a la ciudadanía el ejercicio de recursos que le han sido destinados para la seguridad pública; especialmente, cuando pese a los grandes montos que ha recibido, la ciudadanía se encuentra viviendo, desafortunadamente en uno de los estados más inseguros del país. Tan solo “en el 2011 se reportaron 9.54 asesinatos por cada 100 mil, en el 2015 esa tasa ascendió a 12.27”.

Por todo lo anteriormente descrito, someto a consideración de la Soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados exhorta al gobierno del Estado de México para que a través de la Contraloría del Estado de México haga del conocimiento público el estado que guardan los expedientes presentados por la Auditoría Superior de la Federación con las irregularidades detectadas durante las revisiones efectuadas al rubro de seguridad pública.

Notas:

1 http://www.secretariadeasuntosparlamentarios.gob.mx/leyes_y_codigos.html

Nota: La presente cantidad no considera lo correspondiente a previsiones presupuestarias correspondientes a compromisos multianuales de bienes y servicios por un importe de $2,003.91, así como de los Proyectos de Prestación de Servicios contratados por el Gobierno del Estado de México, en términos del Libro Décimo Sexto del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento, por un monto de $716.09 para ser ejercidos a través del Sector Central, y $1,566.53 a través de las Entidades Públicas.

2 Es conveniente aclarar que la cifra es un aproximado dado que las entidades federativas perciben transferencias extraordinarias realizadas por la federación y no recurrentes, como proyectos de infraestructura por ejemplo.

3 Consultado el 20 de septiembre de 2016 en lhttp://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ocho-municipios-de-edomex-dond e-mas-extorsionan-matan-plagian.html

Palacio Legislativo, a 11 de octubre de 2016.

Diputado Omar Ortega Álvarez (r[ubrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a publicar en el Diario Oficial de la Federación el programa de manejo del área de protección de flora y fauna de Yum- Balam, y a no autorizar durante los próximos 20 años el cambio de uso de suelo en las 87 hectáreas afectadas por el incendio ocurrido en la isla de Holbox en septiembre pasado, suscrita por la diputada Lorena Corona Valdés e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputada Lorena Corona Valdés, en nombre de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El área natural protegida de competencia federal Yum-Balam, fue decretada con el carácter de Área de Protección de Flora y Fauna el 6 de junio de 1994. Se ubica en el municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, abarca la franja costera de la porción continental del municipio, la Laguna de Yalahau y la isla de Holbox, con una superficie de 154 mil 52 hectáreas (ha).

El Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam (en lo sucesivo APFFYB) constituye una extensión de los ecosistemas selváticos y humedales del área natural protegida Ría Lagartos. En la región existen selvas tropicales medianas, bajas y bajas inundables; bosques de manglar chaparro o mangle rojo; esteros; grandes zonas inundables; lagunas como la de Conil y Chaak Mo Chuc; mares someros que la limitan al norte y al este1 .

En el área se encuentran especies de flora y fauna en peligro de extinción, raras y endémicas como tortugas marinas caguama y de carey, cocodrilos, aves como el flamenco, el jaribú, la espátula rosada, el zopilote rey, el halcón peregrino, el halcón aplomado, las águilas crestadas, la perdiz de Yucatán; así como mamíferos como la subespecie de tlacuachillo dorado, el mono araña y el aullador, el oso hormiguero, el jaguar, el puma, el ocelote, el margay o el tigrillo, el tapir y el manati.2

El área protege alrededor de 90 por ciento de las aves endémicas de la península, quedando incluidas algunas como el pavo ocelado, la codorniz yucateca, el loro yucateco, el carpintero de vientre rojo y la calandria naranja, entre otras.3

El 7 de junio de 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el aviso mediante el cual se informa al público en general que un primer grupo de 34 áreas naturales protegidas han sido incluidas en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, entre ellas el APFFYB.

Por su riqueza natural, el 2 de febrero de 2004 el APFFYB fue designado Humedal de Importancia Internacional (Sitio Ramsar-Convención de Humedales).

La creación de áreas naturales protegidas (ANP) conlleva el propósito de preservar elementos biológicos representativos de la nación, así como los ecosistemas frágiles, en un esquema de conservación orientado hacia un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, cuyos fines sean salvaguardar la diversidad genética y asegurar el equilibrio y la continuidad funcional de estos recursos.

Para cumplir con el objetivo de conservación, cada ANP debe contar con un programa de manejo que, mediante la zonificación y la definición de reglas administrativas, regule el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en su territorio.

El programa de manejo es el instrumento rector de planeación y regulación que establece las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y administración de las ANP4 , para la conservación de la biodiversidad de sus ecosistemas con la participación de las comunidades que las habitan.

Es por ello que un avance importante en la protección de nuestro patrimonio natural es la publicación en el Diario Oficial de la Federación del programa de manejo correspondiente.

En términos del artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) se consideran áreas naturales protegidas las Áreas de Protección de Flora y Fauna y conforme al mismo ordenamiento legal dichas áreas son lugares que contienen los hábitat de cuyo equilibrio y preservación dependen la existencia, transformación y desarrollo de las especies de flora y fauna silvestres.

En ellas podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la preservación, repoblación, propagación, aclimatación, refugio, investigación y aprovechamiento sustentable de las especies mencionadas, así como las relativas a educación y difusión en la materia (artículo 54 de la LGEEPA).

De conformidad con el artículo 65 de la LGEEPA “la Secretaría formulará, dentro del plazo de un año contado a partir de la publicación de la declaratoria respectiva en el Diario Oficial de la Federación , el programa de manejo del área natural protegida de que se trate. Una vez establecida un área natural protegida de competencia federal, la Secretaría deberá designar al director del área de que se trate, quien será responsable de coordinar la formulación, ejecución y evaluación del programa de manejo correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las disposiciones que de ella se deriven.”

No obstante lo previsto en el artículo 65 de la LGEEPA y el artículo segundo transitorio de la declaratoria del área natural protegida, con carácter de área de protección de flora y fauna de la región conocida como Yum Balam, que dispone que el programa de manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, deberá ser elaborado en un término de 365 días naturales contados a partir de la fecha en que entra en vigor el decreto de la declaratoria, a 22 años de la declaratoria de la ANP, no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación el programa de manejo correspondiente.

El 9 de septiembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Listado de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) en el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2013”, entre ellos se informa que el 11 de septiembre de 2013 se recibió en la Cofemer una nueva versión del “Acuerdo por el que se da a conocer el resumen del programa de manejo del Área Natural Protegida con la Categoría de Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam” y que el 26 de septiembre del mismo año, la Cofemer emitió el dictamen total final del acuerdo.

Según información disponible de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a la fecha cuenta con el programa de manejo elaborado del APFFYB pero su resumen no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación5 , como lo mandata el último párrafo del artículo 66 de la LGEEPA que dispone que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación , un resumen del programa de manejo respectivo y el plano de localización del área.

La falta de publicación del programa de manejo del APFFYB ha limitado la conservación y manejo de los recursos naturales del ANP. Al carecer de este instrumento no existe regulación de las actividades y lineamientos básicos para el manejo, dando como consecuencias la práctica y el establecimiento de actividades que van en contra de la conservación como la modificación del entorno con asentamientos irregulares, sobrepastoreo por ganado, zonas con fuerte perturbación por quemas no controladas, explotación forestal y pesca sin manejo adecuado, además de presentar un uso de recursos inadecuados.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos “la publicación de los programas de manejo en el Diario Oficial de la Federación es fundamental, tanto para el aseguramiento del goce y ejercicio del derecho humano a un medio ambiente sano, no sólo porque tenga como fin la protección de la integridad y conservación de la flora y fauna y de los recursos naturales dentro las áreas naturales protegidas, como también la protección de otros derechos, como a la seguridad jurídica, a la legalidad y a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas que habitan en esas regiones.”6

Por lo expuesto, se estima necesario exhortar respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a no retrasar más la publicación del programa de manejo del APFFYB, toda vez que de acuerdo con el artículo sexto de la declaratoria del área natural protegida, con carácter de área de protección de flora y fauna de la región conocida como Yum Balam, las obras y actividades que se realicen en el APFFYB deberán sujetarse a los lineamientos establecidos en el programa de manejo del área y a las disposiciones jurídicas aplicables.

En otro aspecto, el pasado mes de septiembre, en la isla de Holbox ubicada dentro del APFFYB, uno de los principales atractivos turísticos del estado de Quintana Roo, sufrió un incendio intencionalmente provocado que en cuatro días consumió 87 hectáreas.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró temporalmente las 87 hectáreas afectadas por el incendio, debido a que existen indicios claros de que el siniestro fue provocado, se constató la afectación de vegetación conformada por especies endémicas de Palma Chit (Thrinax radiata ), Palma Nacax (Cototrinax reidii ), y elementos de selva baja7 .

La zona es sitio de descanso para aves, y hay registros de tigrillo, viejo de monte, mapaches, comadrejas y mamíferos pequeños, además las playas de arena blanca y agua esmeralda frente a la selva de la isla del Caribe son uno de los destinos turísticos más deseados de la región, razón por la cual en términos del artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable se estima necesario exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que no autorice cambios de uso de suelo en los terrenos incendiados, durante los próximos 20 años.

Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en términos de los artículos 65 y 66 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publique en el Diario Oficial de la Federación, a la brevedad posible, el programa de manejo del Área de Protección de Flora y Fauna de Yum- Balam.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, conforme al artículo 117 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, no autorice durante los próximos 20 años el cambio de uso de suelo en las 87 hectáreas afectadas por el incendio ocurrido en la isla de Holbox en el mes de septiembre pasado.

Notas

1 V. Registro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Registro SINAP no. 014, [en línea], disponible en página web: https://simec.conanp.gob.mx/pdf_sinap/44_sinap.pdf

2 V. Decreto por el que se declara como área natural protegida, con carácter de área de protección de flora y fauna, la región conocida como Yum Balam, ubicada en el Municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 1994.

3 Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar (FIR) [en línea], disponible en página web:
https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/RISrep/MX1360RIS.pdf

4 Artículo 3, fracción XI del Reglamento de la Ley General Del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas.

5 Disponible en página web:
https://simec.conanp.gob.mx/ficha.php?anp=44&=11

6 V. Recomendación General número 26. Sobre la falta y/o actualización de Programas de Manejo en Áreas Naturales Protegidas de carácter federal y su relación con el goce y disfrute de diversos derechos humanos.

7. Comunicado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de 22 de septiembre de 2016. “Determina Profepa que incendio en la isla de Holbox fue provocado; clausura 87 hectáreas siniestradas”, [en línea], disponible en página web http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/8859/1/mx/determina_profepa_qu e_incendio_en_la_isla_de_holbox_fue_provocado_clausura_87_hectareas_sin iestradas.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Lorena Corona Valdés, Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lia Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la ASF que fiscalice y deslinde responsabilidades administrativas o penales por las operaciones a cuyo amparo la empresa Barrier Systems de México, propiedad de Ricardo Arturo San Román Dunne, vendió a OHL México al doble del precio original maquinaria para controlar el tráfico vehicular del viaducto elevado Bicentenario, con un probable daño al erario, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

Primero. La empresa Obrascón Huarte Lain (OHL) ha sido protagonista de diversos escándalos por posibles hechos de corrupción y conflictos de interés en los que están involucradas autoridades federales y del Estado de México, como lo ha denunciado Morena a lo largo de la actual legislatura. Una reciente investigación periodística ha sacado a la luz un nuevo hecho de corrupción: la familia San Román, que vendió a Enrique Peña Nieto una residencia en el club de golf Gran Reserva, en Ixtapan de la Sal, una semana después de que éste tomó posesión como gobernador de aquella entidad, vendió a OHL, al doble de su precio original, maquinaria para ser utilizada en la operación del Viaducto Bicentenario, causando un probable daño al erario público.

La historia de corrupción e impunidad de OHL es de larga data, como varios analistas lo han escrito: el Enron mexicano, es el claro ejemplo de una empresa repleta de ejecutivos corruptos, autoridades cómplices, cifras amañadas, consumidores engañados, auditores a modo. OHL, revela muchas de las facetas malolientes de la economía política mexicana. La forma tramposa en la cual se hacen licitaciones, se reserva información pública, se cobra a los usuarios, se enriquece a los ejecutivos y a sus amigos en el gobierno. Y el actuar del Poder Judicial, que en lugar de investigar las denuncias, inculpa a quienes denuncian.

OHL México, filial de la empresa española OHL, es una de las principales operadoras de infraestructura de transporte en el país, liderando su sector en el área metropolitana de la Ciudad de México. Los proyectos de infraestructura carretera, en su mayoría urbana, están estratégicamente ubicados en las zonas con mayor tránsito de vehículos en el Distrito Federal, el Estado de México y el Estado de Puebla, los cuales reúnen el 27 por ciento de la población nacional. Los proyectos generaron conjuntamente en 2010 el 31.22 por ciento del PIB nacional y concentran el 25 por ciento del número total de vehículos en México, que asciende a 7.4 millones. En el sector aeroportuario, participa con el segundo mayor aeropuerto que da servicio a la zona metropolitana de la capital mexicana. OHL México cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde noviembre de 2010. Hace un par de meses se hizo pública la información de que la compañía construye, administra, opera y mantiene 7 autopistas de peaje y 1 aeropuerto.

A continuación se presentan las concesiones otorgadas y hechas del conocimiento público por los escándalos en lo que se visto involucrada la empresa OHL posibilidad de existir más concesiones otorgadas y que no están incluidas en el siguiente cuadro.

Fuente Elaboración del Grupo Parlamentario MORENA, con información registrada en el portal oficial de la empresa OHL.

http://www.ohlconcesiones.com/concesiones/

Segundo. El 18 de abril de 2008 el entonces Secretario de Comunicaciones del Estado de México, Gerardo Ruiz Esparza, ahora titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, adjudicó en favor de la empresa OHL CONCESIONES MÉXICO, S.A. DE C.V., la Concesión para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del Viaducto Elevado en los tramos: Periférico Manuel Ávila Camacho desde el Toreo de Cuatro Caminos en Naucalpan a Valle Dorado en Tlalnepantla (km. 23+000 de la autopista México Querétaro) y del km. 23+000 al km. 44+000 de la Autopista México-Querétaro, en Tepotzotlán, de acuerdo a la Licitación Pública N° SCEM-CCA-07-07, conocido como “Viaducto Bicentenario o Viaducto Elevado”.

El Grupo Parlamentario de Morena presentó el pasado 10 de agosto del año en curso, un punto de acuerdo en el que evidenció, que la entrega de la concesión antes mencionada violentó el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al considerar que esta concesión le fue adjudicada a OHL sin tomar en cuenta que, de entre las propuestas que participaban en dicha licitación, había por lo menos una cuyos términos eran sustancialmente más favorables para el erario del Estado de México, en cuanto a las las bases de licitación, publicadas en Gaceta de Gobierno del Estado de México.1

Con la entrega de dicha concesión se evidenció el favoritismo, la coalición, el conflicto de interés, la opacidad y la corrupción que han sido la característica principal en las concesiones que le han sido otorgadas a OHL en los diferentes órdenes de gobierno.

De acuerdo al dictamen técnico de la Licitación Pública N°. SCEM-CCA-01-07.2 La empresa: Promotora del Desarrollo de América Latina, S.A. DE C.V., presentaba en su propuesta:

El Pago inicial al gobierno del Estado de México era por $1,500 millones de pesos en efectivo; OHL solo ofrecía 480 millones de pesos.

Ofrecía el 20 por ciento de los ingresos netos del proyecto para las arcas públicas, durante toda la vida de la concesión; OHL ofrecía el 0.5% de los ingresos mensuales.

Presentaba una inversión superior de 400 millones de pesos para la construcción del Viaducto.

Presentó el menor plazo de concesión solicitado para la recuperación de la inversión;

Presentó un mayor número de kilómetros a construir respecto a las otras propuestas.

El pago inicial ofrecido por la empresa equivalía a más de tres veces el ofrecido por OHL, y la contraprestación periódica ofrecida por la empresa equivalía a cuarenta veces la ofrecida por OHL.

Uno de las principales argumentos que fueron utilizados por Gerardo Ruiz Esparza, entonces titular de la secretaría de comunicaciones y Transportes del Estado de México, para no adjudicar la concesión a favor de la empresa Promotora del Desarrollo de América Latina, S.A. DE C.V., que presentó la oferta más favorable, fue que: planteaba una arquitectura de “racks” que se emplea en los arreglos de plantas industriales, lo que hace que su arquitectura de paisaje sea antiestética, desacorde e inarmónica considerando el entorno arquitectónico urbano a lo largo del desarrollo del Viaducto... lo que demerita el aspecto del Periférico con su estructura de tipo industrial” .3 Considerando este argumento, la perspectiva estética de Ruiz Esparza derivó en una afectación a la hacienda pública estatal del Estado de México por más de $1,000 millones de pesos, más el 19.5 por ciento de los ingresos netos del proyecto por los 30 años que durará la concesión. Recursos que no ingresarán nunca a la caja del Estado y en consecuencia nunca servirán para generar bienes y servicios públicos, sencillamente porque al entonces funcionario estatal no le gustó el diseño de la propuesta que aseguraba al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Previstas en la Constitución Política. Lo que podría constituir la comisión de actos de corrupción y diversos probables delitos.

Tercero. El 10 de abril de 2015, conocimos por las redes sociales una serie de conversaciones telefónicas entre integrantes del Consejo de Administración de OHL México y el Exdirector General de Petróleos Mexicanos -quien además fue miembro del Consejo de Administración de OHL México hasta finales de 2012- y el Exdirector General CFE, Enrique Ochoa Reza. Estas grabaciones, presumían una posible intervención del Exdirector General de PEMEX para conseguir negociaciones entre OHL y la Comisión Federal de Electricidad.

En noviembre del mismo año, nuevamente conocimos dos audios filtrados y difundidos en Internet que permitían confirmar la presunta intervención de los exdirectores generales de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, Emilio Lozoya y Enrique Ochoa, respectivamente, a favor de OHL México en la adjudicación de un contrato millonario para la construcción de la Central de Ciclo Combinado Empalme 1, en el Estado de Sonora, con un resultado favorable a la filial mexicana de la constructora española.

Estas grabaciones se sumaban a otras filtraciones difundidas desde el 6 de mayo del 2015, cuando OHL fue involucrada en un aparente fraude para el cobro de las tarifas del Viaducto Bicentenario, en el estado de México.

En las grabaciones difundidas en YouTube, como en otras ocasiones, se exhibe la presunta complicidad de funcionarios de diferentes órdenes de gobierno con integrantes del Consejo de Administración de la empresa OHL México, para obtener contratos a favor de esta.

Ante la presión social por las diversas denuncias de posibles actos de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de interés en las concesiones que hasta esa fecha le han sido entregadas a la empresa OHL, el 10 de mayo del 2015, el Gobernador Eruviel Ávila Villegas, informó que había instruido a la Contraloría estatal realizar una auditoria en asuntos financieros, de construcción y contables, con apoyo de la Secretaria de la Función Pública, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, Transparencia Mexicana y el despacho internacional Pricewaterwouse, con la finalidad de verificar que se cumplan debidamente los términos del contrato de dicha concesión. Afirmando que si se encontraran irregularidades se procedería con todo el peso de la Ley.4

Las diversas denuncias y los audios difundidos de los actos irregulares por parte de la empresa OHL con funcionarios del gobierno del Estado de México, generaron la presentación de proposiciones con punto de acuerdo de los grupos parlamentarios. El 13 de mayo del 2015, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó al gobierno del estado de México a que hiciera públicas las condiciones de operación de la Concesión del Viaducto Bicentenario, e investigará al Exsecretario de Comunicaciones de esta entidad, Apolinar Mena Vargas, por el conflicto intereses relacionado con la empresa constructora OHL, así como las presuntas irregularidades en los costos de la construcción del Viaducto Bicentenario y en los cálculos de operación y tarifas de uso.5

Cuarto. A penas ayer, nuevamente nos enteramos de un escándalo de la empresa OHL, en el que se involucra a Enrique Peña Nieto y a la familia San Román, dueña de la empresa que vendió a EPN, la casa de Ixtapan de la Sal. De acuerdo al portal de Aristeguí Noticias, la investigación revela lo siguiente:6

“Una empresa de Ricardo Arturo San Román Dunne vendió al doble de precio un sistema de barreras móviles a OHL para el Viaducto Elevado: la maquinaria fue vendida desde EU a 240 mdp y en México se pagaron 485 mdp con recursos entregados por el Gobierno de Peña Nieto en el Estado de México.

Enrique Peña Nieto es un político que gusta mezclar negocios públicos con relaciones personales. En la biografía del mandatario no está sólo la ‘”casa blanca” y el Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, con sus millonarios contratos. Otras historias rozan al mandatario. Ahora, su amistad y compadrazgo con la familia San Román, del Estado de México, apuntan al Viaducto Bicentenario, el Circuito Exterior Mexiquense y la controvertida constructora española OHL.

El 27 de diciembre de 2005, cuando llevaba unos meses como gobernador del Estado de México, Peña Nieto adquirió a una empresa de Roberto San Román Widerkehr una residencia en el club de golf Gran Reserva, en Ixtapan de la Sal, como reveló The Wall Street Journal en enero de 2015.

El valor de esa mansión fue de 5.6 millones de pesos, tiene una superficie de 2 mil 138 metros cuadrados y 850 metros cuadrados de construcción.

Ese mismo mes, la cercanía de Peña Nieto con la familia San Román escaló a un compadrazgo bajo las leyes de la Iglesia católica: Roberto San Roman Dunne, hijo de San Román Widerkehr, se convirtió en padrino de primera comunión de Paulina Peña Pretelini, la hija mayor del ahora presidente.

La revista Quién difundió, aquel mes, una foto de la ceremonia oficiada en la diócesis de Atlacomulco. La recepción incluso se llevó a cabo en los jardines del Hotel del Rey en Ixtapan de la Sal, propiedad de los San Román.

En octubre de 2007, el Gobierno mexiquense lanzó la licitación para construir una de las obras emblemáticas de la administración de Peña Nieto: el Viaducto Bicentenario o Viaducto Elevado, que corre sobre el Anillo Periférico Norte.

La obra fue ganada por la española OHL, en abril de 2008. Una de sus obligaciones como parte de la concesión era adquirir y operar dos barreras móviles que permitieran modificar el sentido de la circulación vehicular en el Viaducto para aligerar la carga vehicular en horas pico.

Dicho equipo fue suministrado por la empresa estadounidense Barrier Systems, perteneciente a Lindsay Corporation, uno de los corporativos del magnate norteamericano Warren Buffet.

Sin embargo, OHL lo compró a través de una empresa intermediaria con un nombre casi idéntico al de la empresa estadounidense: Operadora Barrier Systems de México S.A. de C.V. Una compañía no reconocida como proveedor o subsidiaria oficial.

Esa razón social fue registrada en diciembre de 2007 en la Ciudad de México, unas semanas después de que el Gobierno de Peña Nieto publicó la licitación para construir el Viaducto Elevado.

Uno de los dueños de la empresa pertenece a la familia San Román.

Las máquinas vendidas por Barrier Systems a la empresa de San Román tuvieron un precio de 19.6 millones de dólares, unos 240 millones de pesos al tipo de cambio de ese momento. El precio que OHL pagó por la maquinaria a la empresa de los amigos de Peña Nieto, fue de 485 millones de pesos, de acuerdo con reportes financieros de la empresa.

Es decir, las mismas máquinas fueron pagadas al doble del precio original.

La licitación

El 23 de octubre de 2007, la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno mexiquense, entonces encabezada por Gerardo Ruiz Esparza, lanzó las bases de licitación para construir el Viaducto Elevado, del Toreo de Cuatro Caminos hasta el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Un requisito de la licitación, decía: “Desde el inicio de la construcción y como parte del Proyecto en su primera etapa, se deberá adquirir y poner en operación dos unidades vehiculares ‘removedoras de barrera intercarriles’, incluidas dichas barreras (...) que permitan manipular el sentido de circulación vehicular en carriles de contraflujo”. El propósito era aligerar el tráfico durante las horas pico.

Una de las empresas que se registró en la licitación, fue la española OHL. Esta compañía ya había ganado, en 2003, otra de las grandes obras realizadas en el Estado de México: el Circuito Exterior Mexiquense.

Sin embargo, ésta última empresa con esa razón social, no existe. Tampoco aparece como una subsidiaria o representante oficial de Barrier Systems, en Estados Unidos.

En realidad, OHL compró las barreras móviles a la empresa Operadora Barrier Systems de México S.A. De C.V., propiedad de Ricardo Arturo San Román Dunne y sus socios Jorge Antonio Huau Rachner y Alberto Chapa García.

Dicha empresa, de acuerdo con el Registro de Comercio de la Ciudad de México, fue creada el 11 de diciembre de 2007, siete semanas después de que el Gobierno mexiquense lanzó la licitación.

A través de un correo electrónico, la española confirmó a Aristegui Noticias la operación: “OHL México adquirió el equipo a Operadora Barrier Systems de México S.A. De C.V.”.

La compañía agregó que no tenía conocimiento “sobre las condiciones de la operación entre Operadora Barrier Systems de México S.A. De C.V. y Barrier Systems”, de Estados Unidos.

El 18 de abril de 2008, el Gobierno de Peña Nieto en el Estado de México declaró ganador a OHL del concurso público para construir el Viaducto Bicentenario.

La concesión de la vía rápida a favor de OHL tiene una duración de 30 años, es decir, concluirá en 2038. La inversión para la construcción y operación de la obra, de acuerdo con el fallo, es superior a los 15 mil millones de pesos.

Desde antes que se lanzara la licitación, el entonces titular de transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo a El Universal:

“El proyecto contempla una barrera móvil en la parte baja para que los que vienen de Cuautitlán hacia el Toreo puedan circular con mayor rapidez. Pensamos abrir un carril adicional con una barrera móvil que va a ser a cargo del proyecto; es una máquina que cuesta bastante carito y que va moviendo la barrera en 15 minutos a una velocidad muy rápida y abre un carril adicional para los coches que vienen de allá para acá”.

Ruiz Esparza actualmente es el Secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno federal.

Los reportes en EU de Barrier Systems

Barrier Systems de Estados Unidos propiedad del magnate Warren Buffet emite reportes públicos trimestrales en EU. En los informes correspondientes a 2009, dio cuenta de una operación en México.

“Se ha adjudicado un contrato por aproximadamente el 19.6 millones de dólares para proveer máquinas de barrera y barrera de transferencias móviles para un tramo de una autopista en la Ciudad de México”, dice un reporte de abril de 2009.

En ese mismo comunicado, se informó que Rick Parod, presidente y jefe ejecutivo de Lindsay Corporation de la cual es subidiaria Barrier, expresó: “Estamos encantados con la oportunidad de ofrecer una solución, en parte, a los problemas de congestión del tráfico que enfrenta la Ciudad de México.

La compra de las barreras móviles se retrasó durante los siguientes meses. En julio, la empresa reportó: “El proyecto de barrera móvil de la Ciudad de México continúa retrasado hasta la resolución de problemas entre el contratista y el gobierno local. En este punto, la Compañía no puede estimar cuándo o si se resolverán los problemas entre el contratista y el gobierno local”.

El 19 de agosto de ese mismo año, la empresa dio a conocer que había recibido el depósito inicial del proyecto en México y esperaba comenzar el proyecto en el primer trimestre de 2010.

Pero el depósito coincidió con un movimiento que realizó Gerardo Ruiz Esparza a favor de OHL para el Circuito Exterior Mexiquense.

El Circuito Mexiquense y OHL

El 7 de agosto de 2009, doce días antes de que Barrier Systems, en Estados Unidos, recibiera el anticipo pactado por las barreras móviles, el entonces secretario de Comunicaciones del Estado de México, Gerardo Ruiz Esparza, firmó el acuerdo 01/2009 con OHL, CON el cual modificó el título de concesión del Circuito Exterior Mexiquense.

Bajo este acuerdo, el Gobierno de Peña Nieto entregó como contraprestación un total de 850 millones de pesos a favor de OHL, los cuáles se etiquetaron así: 500 millones para la “adquisición de maquinaria especializada para la gestión de tráfico”.

Todo indica que OHL pudo haber adquirido las barreras móviles con los recursos que le autorizó el Gobierno de Peña Nieto, a través de Gerardo Ruiz Esparza, a cargo del Circuito Exterior Mexiquense y, en consecuencia, a los usuarios de esa vía rápida y al erario mexiquense.

Los otros 350 millones de pesos que dio el Gobierno del Estado de México, encabezado entonces por el hoy presidente, fueron usados por OHL para construir el Museo Torres Bicentenario, en el Paseo Tollocan, de Toluca. Esta obra fue construida por Grupo Higa, el consorcio que construyó la casa blanca de Enrique Peña Nieto.

Un reporte de Lindsay Corporation y Barrier Systems, en Estados Unidos, dio cuenta que la entrega de las barreras móviles concluyó en 2010: “Las ganancias de infraestructura aumentaron principalmente debido al aumento de ingresos de las barreras móviles, como resultado del proyecto de carretera de la Ciudad de México completado en la primera mitad del año fiscal 2010”.

Aristegui Noticias tiene en su poder la lista de pedimentos de importación entre Barrier Systems, de EU, y la empresa llamada casi igual propiedad de San Román. La empresa estadounidense estuvo enviando pieza por pieza las partes de las barreras móviles a lo largo de 2009 y 2010...”

Cuatitud impulsada por Eruviel Ávila, por Gerardo Ruiz Esparza, por Luis Videgaray. Cuatitud en la cual está también involucrado -otra vez- el Grupo Higa, encargado de la construcción del monumento “Torre Bicentenario” en Toluca, el cual le fue adjudicado “generosamente” por OHL con cargo a los usuarios del Circuito Exterior Mexiquense con fondos federales, y por si esto no fuera suficiente la compra de maquinaria al doble del precio que OHL reportó al gobierno del estado México y este sin ningun problema reconoció la deuda de la empresa.

Estas acciones son un ejemplo más del vasto universo de actos ilícitos que involucra al sector de la construcción en nuestro país. OHL sólo revela una práctica común que llevó a la implosión de Enron: registra a través del Circuito Exterior Mexiquense una inversión que no tiene -porque ya la recuperó- y unos ingresos que tampoco tiene. Y el Estado mexicano quiere asegurar que los tenga porque algún beneficio obtendrá. Basta con atender la frase famosa “follow the money”. Sigamos la pista del dinero que terminará en algún proceso electoral o en la bolsa de algún funcionario.

No importan las denuncias, los audios, la trama de sobornos y tráfico de influencias que llega hasta Los Pinos. OHL y ahora la familia San Román, han logrado convertirse en los cuates y familia privilegiada del capitalismo de cuates.

Quinto. El 14 de septiembre del año en curso, el pleno de la legislatura mexiquense recibió el informe técnico del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) por la auditoria especial que realizó a la conseción del Viducto Bicentenario. De acuerdo con la información publicada por diversos medios de comunicación del estado de México, el OSFEM, determinó que no existen controles ni supervisión sobre el número de vehículos que circulan por el Visducto Elevado Bicentenario, lo que ha hecho imposible verificarque los datos que reporta OHL, consecionaria de esta vialidad de cuota, sea los correctos en materia de peaje.

En tal sentido, el OSFEM ha propuesto a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, ordene iniciar un procedimiento administrativo sancionador al Sistema de Autopistas, Aeropuertos y Servicios conexos del estado de México (SASCAEM) por las omisiones que ha incurrido en cuánto al control que debe exitir sobre una conseción de una vialidad de cuota.

El auditor Superior del estado de México, Fernando Baz, reveló que el informe que entregaron al Congreso contiene una opinion negativa respecto a la auditoría practicada, pues no se pudieron encontrar elementos suficientes para verificar que los datos reportados por OHL México respecto a los ingresos por concepto de peaje en esta vía sean los correctos o reales.

A decir del auditor Superior de Fiscalización de la entidad, el gobierno del estado tendrá que instalar mecanismos o herramientas para verificar que el peaje que está reportando OHL México, sea el correcto.

Hay que recordar que la empresa INFRAIBER, inició una disputa legal en contra de OHL México puesto que le impidió realizar la verificación del aforo vehicular sobre otra concesión que el consorcio tienen en el estado de México, el Circuito Exterior Mexiquense.

Sexto. La Auditoria Superior de la Federación, ya puso a disposición de la ciudadanía en su portal oficial, el Programa Anual de Auditorias para revisar el ejercicio fiscal 2015, en este programa se prevén dos auditorias referentes a las concesiones otorgadas a la empresa OHL.

La auditoria Nº 368-DE, para fiscalizar a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, a través de auditar la inversión física del título “Construcción del Viaducto Elevado, inicio de la autopista México – Cuernavaca hasta cruzar la plaza de cobro Tlalpan interconexión con el tramoelevado Periférico monumento El Caminero, en la Ciudad de México”. Auditoría 394-DE, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para auditar el título “Viaducto Conexión Interlomas – nueva autopista Naucalpan –Toluca, en el estado de México”. Ambas auditorias con el objeto de fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales del FONADIN canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas que se ejecutaron y pagaron fue conforme a la legislación aplicable y que se aplicaron correctamente los precios unitarios autorizados.

De todas las concesiones que le han sido otorgadas a la empresa OHL México, en esta propuesta que presenta la ASF como parte de su programa para 2015, no se encuentra prevista auditar las concesiones del Circuito exterior Mexiquense, la concesión de la autopista Amozoc - Perote, Supervía Poetas, Autopista Urbana Norte, libramiento puebla, entre otras.

Morena solicitará al Auditor Superior de la Federación, Manuel Portal, se integren a dicho programa, luego que esta empresa en particular se ha visto envuelta en diversos actos de corrupción, lo que le ha permitido se le otorguen dichos contratos.

Para MORENA los tiempos en que los gobernadores hacían en sus estados lo que les venía en gana, sin transparentar los recursos públicos, sin rendir cuentas y fincar responsabilidades se han terminado.

Eruviel Ávila debe tomar en cuenta que los mexicanos estamos cansados de la corrupción y de la impunidad; que el gobernador en turno ya no puede disponer a su antojo de la infraestructura pública, como si fuera de su propiedad; que no sólo OHL, sino el gobierno a su cargo debe transparentar sus actos y rendir cuentas; que no hay margen para la simulación ni para más “paquetes de impunidad” al estilo Veracruz, Quintana Roo o Chihuahua.

Si el combate a la corrupción y a la impunidad es en verdad un asunto prioritario de la administración de Enrique Peña Nieto, como lo ha venido sosteniendo, tendrá que demostrarlo en los hechos.

MORENA seguirá en la lucha por denunciar estos hechos, hasta que se lleven a cabo las investigaciones necesarias y se tomen las medidas pertinentes para detener la corrupción que flagela a la sociedad mexicana. Hasta que no se instale una comisión investigadora encargada de revisar la legalidad de los contratos otorgados a las empresas favoritas de la administración de Enrique Peña Nieto –HIGA, OHL y ahora la familia San Román-, seguirá insistiendo en acciones concretas que para combatir la corrupción.

De allí el imperativo de investigar, auditar y hacer del conocimiento público quién ha permitido este fraude. Y que la investigación abarque todas las operaciones de OHL celebradas con el gobierno federal. De ser necesario, que la investigación acabe en los tribunales españoles donde quizá podríamos encontrar una justicia que en México no se dará. Al contrario, lo que ocurre aquí es que los culpables buscan callar a quien trata de evidenciarlos. Enséñame un mentiroso y te mostraré un ladrón, dice el dicho. OHL -auspiciado por el gobierno- es ambos.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, solicita la Auditoría Superior de la Federación que audite las operaciones por las cuales la empresa Barrier Systems de México S. A. de C. V., propiedad de Ricardo Arturo San Román Dunne, adquirió de la empresa estadounidense Barrier Systems, perteneciente a Lindsay Corporation, barreras móviles para controlar el tráfico vehicular en el Viaducto Elevado Bicentenario y las vendió a OHL México al doble de su precio, causando un probable daño al erario público. Asimismo, deslinde responsabilidades administrativas o penales por el posible conflicto de interés, tráfico de influencias y hechos de corrupción en los que incurrieron servidores públicos en esta operación.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Auditoria Superior de la Federación para que, en el ámbito de su competencia y en el marco de la legislación aplicable, inicie en lo inmediato las auditorias 368-DE y 394-DE previstas en el Programa de Auditorias de la Cuenta Pública 2015, y haga del conocimiento público los resultados de las mismas.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Auditoria Superior de la Federación para que, en el ámbito de su competencia y en el marco de la legislación aplicable, realice la auditoria correspondiente al Circuito Exterior Mexiquense, así como a todos los proyectos, concesiones y contratos en los que haya participado o esté participando de alguna forma la empresa OHL México y sus filiales.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, solicita a la Secretaria de la Función Pública que, en el ámbito de su competencia, realice las auditorias correspondientes a todos los proyectos, concesiones y contratos en los que haya participado o esté participando la empresa OHL México y/o sus filiales, y haga del conocimiento público los resultados de las mismas.

Quinto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a Congreso del Estado de México y al Órgano de Fiscalización de la misma entidad para que hagan públicos los resultados de la auditoria que éste realizó al Viaducto Bicentenario cuya concesión fue otorgada a la empresa OHL y/o sus filiales.

Notas:

1 Gaceta del Gobierno, Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de México, Toluca de Lerdo, Méx., Martes 23 de Octubre del 2007, N° 82, Secretaría de Comunicaciones del Gobierno del Estado de México, Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, Licitación Pública N° SCEM-CCA-01-07. http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/ files/pdf/gct/2007/oct234.pdf

2 Dictamen Técnico, Secretaría de Comunicaciones del Gobierno del Estado de México, Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, Licitación Pública N° SCEM-CCA-01-07.
http://transparencia.edomex.gob.mx/saascaem/informacion/adquisiciones/dictamentecnico.pdf

3 Dictamen Técnico, Página 25, Secretaría de Comunicaciones del Gobierno del Estado de México, Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, Licitación Pública N° SCEM-CCA-01-07. http://transparencia.edomex.gob.mx/saascaem/informacion/adquisiciones/d ictamentecnico.pdf

4 Eruviel Ávila instruye realizar auditoría por caso OHL, MILED Estado de México, 11 de mayo de 2015.
http://milededomex.com.mx/edomex/2015/05/11/eruviel-avila-instruye-realizar-auditoria-por-caso-ohl/

5 Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, Dictamen con punto de acuerdo por el que se solicita a diversos servidores públicos, remitan al H. Congreso de la Unión, informe sobre las investigaciones y auditorías realizadas a la obra “Viaducto Bicentenario”, operado por la empresa OHL México.
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2015/05/asun_3245120_20150513_1431539828.pdf

6 EPN y los San Román: una amistad a costa del erario, Portal de Aristegi Noticias, 9 de octubre de 2016, Rafael Cabrera e Irving Huerta.
http://aristeguinoticias.com/0910/mexico/epn-y-los-san-roman-una-amistad-a-costa-del-erario/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre del 2016

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE, la SFP y la ASF a investigar y sancionar las irregularidades encontradas en la administración de Exportadora de Sal, SA de CV, y las condiciones de venta del producto de la empresa, a cargo del diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Macedonio Salomón Tamez Guajardo, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite poner a consideración proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes

Antecedentes

1. Exportadora de Sal, SA de CV (ESSA), es una sociedad anónima de capital variable, constituida de conformidad con las leyes mexicanas el 7 de abril de 1954, cuyo principal objeto social es la extracción de sal minera en la costa de Baja California, República Mexicana, y su venta y exportación, así como todos los actos que se relacionen directamente con su objeto social.

2. ESSA es una de las principales empresas productoras y proveedoras de sal para la industria del cloro-álcali en la cuenca del pacífico, participando también en mercados de deshielo de carreteras, suavizadores de agua e industria alimenticia de Norteamérica. De conformidad con sus propios informes, su participación en el mercado mundial es de aproximadamente 28 por ciento.

3. La producción y exportación de sal de ESSA es de origen marino, la cual se obtiene de las grandes extensiones naturales de terrenos ubicados en Guerrero Negro, Baja California Sur, lugar en el que opera la salina más grande del mundo, con una capacidad de producción de 8 millones de toneladas anuales. La empresa también cuenta con instalaciones para carga de barcos en la isla Cedros, en Baja California, con capacidad de recibir y cargar barcos de hasta 180 mil toneladas.

4. El capital social de la empresa está representado en 51 por ciento por acciones propiedad del gobierno federal de los Estados Unidos Mexicanos, a través de un fideicomiso de fomento minero, y en 49 por ciento por acciones propiedad de la empresa japonesa Mitsubishi Corporation.

5. De conformidad con las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, y Federal de las Entidades Paraestatales, ESSA es una empresa con participación estatal mayoritaria, sectorizada a la Secretaría de Economía.

6. ESSA cuenta con cuatro concesiones mineras de explotación vigentes a 2013, así como dos prórrogas de concesión para el uso de zonas federales marítimo terrestres. Asimismo, cuenta con una prórroga de concesión para operar muelles e instalaciones portuarias.

Exposición de Motivos

En 2014, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó la auditoría financiera y de cumplimiento número 13-2-10KN-02-0030, con objeto de fiscalizar la gestión financiera realizada en el ejercicio fiscal de 2013, para comprobar que los ingresos se obtuvieron, registraron en la contabilidad y presentaron en la Cuenta Pública, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, así como verificar la rentabilidad de la operación de la entidad.

De ella se advierte que el 28 de abril de 1977, ESSA celebró con Mitsubishi Corporation y Mitsubishi International Corporation, empresas de capital extranjero, un contrato denominado “Contrato ESSA-MIC comisiones s/ventas de sal”, en cuya cláusula 7 establece que Mitsubishi Corporation gozará de los derechos de exclusiva de venta de los productos en Japón. Asimismo, en la cláusula 8 se estipula que ESSA nombra a Mitsubishi International Corporation agente y representante de ventas exclusivo para vender sus productos.

Asimismo, la auditoría observa que el contrato del 28 de abril de 1977 y su convenio modificatorio del 18 de noviembre de 2010, asignan a Mitsubishi Corporation y Mitsubishi International Corporation como únicos compradores, distribuidores y comercializadores en todo el mundo de la sal que produce ESSA.

Puesto que Mitsubishi Corporation es a su vez socio minoritario de ESSA, la auditoría advierte condiciones desfavorables para ESSA y beneficios a Mitsubishi Corporation y Mitsubishi International Corporation en perjuicio del interés económico del accionista mayoritario que es el gobierno mexicano y , por supuesto, de la nación mexicana; esto, en razón de que no se establecen condiciones equitativas, lo que limita la actuación de la entidad fiscalizada para acceder a nuevos mercados y evaluar otras alternativas para la venta de producto, a fin de maximizar la generación de valor para el Estado mexicano.

La ASF específicamente recomendó revisar y modificar las condiciones del contrato referido, para modificar la estrategia de comercialización de la sal, estableciendo condiciones equitativas, de manera que ESSA pueda acceder a los mercados finales y buscar opciones para la venta, distribución y comercialización. Ello con el fin de atender y corregir las prácticas monopólicas establecidas a través del contrato y convenio modificatorio que establecen y concentran las ventas para Mitsubishi Corporation y Mitsubishi International Corporation. La ASF encontró que estas prácticas monopólicas ocasionan daños y perjuicios al patrimonio de ESSA.

Por otra parte, la ASF advirtió que ESSA vende la tonelada de sal a Mitsubishi entre los 10 y 26 dólares, sin contar con la determinación de precios de transferencia. Se advirtió que, de acuerdo con el “Perfil del Mercado de la Sal” elaborado por la Dirección General de Desarrollo Minero, el precio de la sal ronda en 50 dólares por tonelada en el mercado global. En razón de ello es que la ASF recomendó que el Consejo de Administración fijara una política de precios que ajuste los precios por arriba del costo promedio de producción.

Como se señaló, la auditoría se realizó en 2014, sin que conste a la fecha que se haya actualizado la información a los ejercicios fiscales subsecuentes o que se hayan adoptado las medidas para atender las recomendaciones de la ASF.

Tampoco se advierte que se hayan tomado todas las medidas necesarias y suficientes para concluir la investigación del caso y determinar sanciones a los responsables, con el fin de reparar los graves daños y perjuicios generados por las prácticas monopólicas establecidas en los contratos, así como la política de precios utilizada. Ello, pese a que se emitieron diversas recomendaciones con relación a la determinación de responsabilidades.

En ese sentido, se solicita a la Secretaría de Economía, la Secretaría de la Función Pública y ESSA que se informe sobre lo siguiente:

• El estado que guardan las investigaciones con relación a estos hechos.

• Los procesos de responsabilidades administrativas sancionatorias que hayan culminado efectivamente.

• El seguimiento a las recomendaciones al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con relación a los hechos.

• La investigación seguida por la Secretaría de la Función Pública.

• La actualización de las investigaciones de la ASF para los ejercicios fiscales de 2014 y 2015.

Asimismo, de conformidad con el capítulo II de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se solicita a la Secretaría de Economía que investigue y sancione las irregularidades cometidas por funcionarios públicos en perjuicio del patrimonio de ESSA.

De igual forma, se solicita a la Secretaría de la Función Pública que investigue y sancione en lo conducente a los funcionarios públicos que han sido omisos en cumplir lo dispuesto en la referida Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con relación a los hechos expuestos. Asimismo, se denuncie ante la Procuraduría General de la República la probable comisión de delitos cometidos por servidores públicos.

Por lo que hace a la Auditoría Superior de la Federación, se solicita a ésta que remita la actualización de los informes en los que se adviertan las medidas adoptadas por la Secretaría de Economía, la Secretaría de la Función Pública y ESSA, para atender a las recomendaciones de la auditoría practicada.

Destacan particularmente las siguientes recomendaciones:

• La modificación de las condiciones de exclusividad en la compra, distribución y comercialización de la sal que produce ESSA por parte de su socio minoritario Mitsubishi.

• La revisión y modificación de las condiciones del contrato de venta principal y su convenio modificatorio u otros documentos derivados.

• La modificación de la estrategia de comercialización de la sal, para que ESSA pueda tener acceso a los mercados finales.

• Determinación del precio de la sal al menos por encima de los costos de producción, así como en concordancia con los precio de mercado.

• Investigación y determinación de responsabilidad administrativa o penal sancionatoria para los funcionarios que con su actuar negligente han ocasionado daños y perjuicios a ESSA, en particular los miembros del Consejo de Administración de ESSA.

Finalmente, se solicita a la ASF que actualice la investigación realizada mediante la auditoría financiera y de cumplimiento número 13-2-10KN-02-0030 para los ejercicios fiscales de 2014 y 2015.

Atendiendo a lo anterior, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al licenciado Ildefonso Guajardo Villareal, secretario de Economía; al maestro Javier Vargas Zempoaltécatl, subsecretario y encargado de despacho de la Secretaría de la Función Pública; y al contador público certificado Juan Manuel Portal Martínez, auditor superior de la Federación, a investigar y sancionar las irregularidades encontradas en la auditoría financiera y de cumplimiento con relación a la administración de la empresa Exportadora de Sal, SA de CV, así como la venta de sal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2016.

Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y la Profepa a llevar a cabo acciones inmediatas para clausurar o reubicar el basurero Las Matas, en Cosoleacaque, Veracruz, a cargo del diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, Gonzalo Guízar Valladares, diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

En estos tiempos en donde el cambio climático y la devastación del ecosistema son constantes que parecieran irreversibles, las instancias competentes en lugar de privilegiar el desarrollo de las comunidades, siguen asistiendo a las grandes corporaciones hegemónicas, facilitándoles sus operaciones, otorgando privilegios especiales con la premisa de un supuesto crecimiento económico, que hoy con claridad vemos, no redunda en beneficios inmediatos a la comunidad y solo ha generado una crisis histórica a las familias veracruzanas.

El caso particular una vez más alude a nuestro querido estado de Veracruz, que hoy solo es tema nacional en encabezados o noticias relevantes en materia de impunidad, ingobernabilidad, inseguridad, opacidad y niveles inimaginables de corrupción en todos los niveles del gobierno y que al parecer cualquier iniciativa por revertir esta tendencia perversa pareciera inútil. Sin embargo, Encuentro Social cree en el orden, la observancia de la constitución, el respeto a las leyes y las instituciones, con el compromiso de conducirse por medios pacíficos siempre apelando a usar las rutas de justicia y la legalidad. En este sentido se presenta ante la soberanía del pleno este tema que no puede tomarse a la ligera ya que la devastación que hoy existe es irreversible y de consecuencias devastadoras.

En la inmediación de los municipios de Cosoleacaque y Minatitlán, específicamente en el área del pantano se encuentra ubicado el tiradero de basura denominado “las matas”, en donde poblados circunvecinos le dan uso irracional y desmedido derivando no solo en un problema social sino un problema de devastación al ecosistema y al ambiente. Diferentes instancias y organizaciones se han manifestado al respecto pero sus gritos han quedado en los escritorios oscuros de las dependencias del hoy gobierno fallido.

Se han generado diferentes demandas ciudadanas, exhortos, denuncias, quedando así la evidencia clara que le ha faltado voluntad y acierto a la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno de Veracruz y a la PMA Veracruz que han hecho caso omiso toda vez que es clara la violación Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 que establece que no deben ubicarse los basureros en zonas de marismas, manglares, esteros, pantanos , humedales, acuíferos, zonas arqueológicas, ni sobre cavernas, fracturas o fallas geológicas.

Desde hace meses se han originado múltiples incendios con muchas dificultades para mitigarlos generando niveles de contaminación y enfermedades respiratorias difíciles de medir. Este tiradero no solo es usado para desechos orgánicos e inorgánicos, sino también es usado arteramente por la delincuencia organizada como un tiradero humano, basta con revisar las últimas noticias y percatarse de las cantidades de cuerpos encontrados dentro y en las inmediaciones de dicho tiradero.

No es menor el tema ya que como sabemos en nuestro país la basura también es un gran negocio y nicho de oportunidad para que algunos cuantos sin escrúpulos se enriquezcan a costa de la devastación del ecosistema, generando así un círculo perverso de corrupción que al final con moches y jugosas cantidades se mitiga el escándalo, pero nuestros hijos hoy son víctimas de estas prácticas siniestras, hay niveles de enfermedades respiratorias y que jamás se habían registrado, el sistema de salud aún no tiene un diagnóstico preciso, desgraciadamente estos temas por falta de voluntad son difíciles de medir ya que las instancias encargadas de la investigación o son parte de la corrupción o carecen de elementos para realizar sus funciones

Solo como antecedente histórico tenemos en nuestra región los ríos de Coatzacoalcos y Minatitlán, hoy los más contaminados del continente, las explosiones y siniestros dentro de las instalaciones de Pemex y otras siguen generando niveles elevados de contaminantes a dichos caudales y medio ambiente sin medidas aún que reviertan esta grave devastación del ecosistema.

Notas

1. http://imagendelgolfo.mx/resumen.php?id=41031145

2. https://veracruz.quadratin.com.mx/Incendiadas-5-hectareas-de-basurero-L as-Matas-al-sur-de-Veracruz

3. http://plumaslibres.com.mx/2016/03/26/156756/

4. http://www.agnveracruz.com.mx/index.php/sur/item/
27654-colonias-de-cosoleacaque-y-minatitl%C3%A1n-afectadas-por-incendio-en-basurero-las-matas

5. http://60minutos.info/profepa-y-semarnat-ya-debieron-cerrar-el-basurero -las-matas-peligra-la-poblacion-legislador/

6. http://www.alcalorpolitico.com/informacion/activan-brigadas-sanitarias- en-minatitlan-para-prevenir-enfermedades-por-incendio-de-basurero-71027 .html#.V_vjmfnhDIU

7. http://www.jornada.unam.mx/2011/02/16/estados/038n2est

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a fin de que tome medidas inmediatas que deriven en la clausura y reubicación del basurero de las Matas en un lugar que cumpla con la normatividad y sanear el área del pantano hoy devastado y con daños de gran magnitud.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2016.

Diputado Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a emitir una opinión sobre la técnica de “los tres padres” y la necesidad de legislar respecto a ese tipo de prácticas médico-científicas, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Delia Guerrero Coronado, diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La reproducción asistida es un procedimiento científico que ayuda a las parejas afectadas por la infertilidad o problemas en sus gametos al transferir enfermedades letales para el embrión. Se define como el conjunto de técnicas utilizadas para tratar la infertilidad, lo cual implica la manipulación de los gametos.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada 4 parejas presenta un problema relacionado con la fertilidad. En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hay aproximadamente 1.5 millones de parejas que padecen este problema, y se estima que menos del 50% de éstas acude a un especialista para buscar soluciones.i

En 2012, la empresa Merck Sereno realizó un estudio de mercado en el que se determinó que en México se realizaron alrededor de 82,000 procedimientos de reproducción asistida, un promedio de 225 al día.ii

Hay que tener en cuenta que en diversos países de América como de Europa y Asia, visualizan a México con un destino de turismo médico en cuestiones de infertilidad, ya que nuestro país tiene un precio competitivo, además de que la legislación es menos restrictiva que en otros países.

Actualmente, sólo Suecia permite la experimentación utilizando embriones humanos. En Dinamarca no se regula de forma expresa. España cuenta con una legislación en materia de Transferencia Intratubaria de Gameto (GIFT). En Francia y Costa Rica la reproducción asistida está regulada. En Alemania las técnicas de micromanipulación están prohibidas.

Respecto a la congelación y donación de óvulos, en Inglaterra ambas son permitidas. Noruega prohíbe la congelación y la donación de óvulos, ya que sólo se puede practicar la fertilización in vitro (FIV) con gametos de la pareja que lo solicite.iii

En México la regulación en materia de reproducción asistida todavía plantea disposiciones muy generales. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de las y los mexicanos a la protección de la salud y el derecho a la libre decisión reproductiva.

La Ley General de Salud, por su parte, contiene algunas disposiciones vinculadas con la planificación familiar. Así, el artículo 68, fracción IV de este ordenamiento establece lo siguiente:

“Artículo 68: Los servicios de planificación familiar comprenden:

I a la III

IV: El apoyo y fomento de la investigación en materia de anticoncepción, infertilidad humana, planificación familiar y biología de la reproducción humana”.

El artículo 466 establece sanciones para quienes realicen prácticas de inseminación sin el consentimiento de las mujeres, en los términos siguientes:

Artículo 466: Al que sin consentimiento de una mujer o aun con su consentimiento, si ésta fuere menor o incapaz, realice en ella inseminación artificial, se le aplicará prisión de uno a tres años, si no se produce el embarazo como resultado de la inseminación; si resulta embarazo, se impondrá prisión de dos a ocho años.

La mujer casada no podrá otorgar su consentimiento para ser inseminada sin la conformidad de su cónyuge.”

Sin duda alguna, el tema de la reproducción asistida se ha colocado en el centro de la discusión pública en nuestro país con el nacimiento de la primera persona con tres ADN’s, producto de un experimento realizado en nuestro país.

El 27 de septiembre del 2016 la revista New Scientist dio a conocer que en México se había llevado a cabo el primer experimento de este tipo, conocido también como la técnica de “los tres padres”, el cual permite a padres con mutaciones genéticas tener hijos sanos.

Los padres de origen jordano decidieron realizar un tratamiento de reproducción asistida puesto que la madre perdió a sus dos primeros hijos por la enfermedad conocida como el síndrome de Leigh, un padecimiento raro que afecta al sistema nervioso.

Con diversos estudios se determinó que la madre portaba la enfermedad antes referida y que la opción más viable era la técnica de los “tres padres” que consiste en combinar el ADN de los dos progenitores con la mitocondria sana de una donante mujer.

El doctor Zhang, aseguró en la revista New Scientist que eligió a México por que no cuenta con regulaciones en reproducción asistida. Cabe señalar que en Inglaterra y en EEUU estos procedimientos están prohibidos.iv

La que suscribe el presente punto de acuerdo, como enfermera de profesión, considera que los avances de la ciencia aplicados al campo de la medicina han sido fundamentales para el progreso de la humanidad y el mejoramiento de sus condiciones de vida.

Sin embargo, también tenemos que estar conscientes de que la técnica de reproducción asistida abre interrogantes y discusiones polémicas que involucran a la bioética, entendida como los principios que deben observarse desde la ciencia en relación con la vida y la naturaleza. En ese sentido, cualquier forma de experimentación con la vida humana, por su complejidad y riesgos, amerita una intervención informada, inteligente y eficaz del Estado por medio de las leyes e instituciones.

Por lo demás, el hecho de que en algunos países estén prohibidos este tipo de experimentos nos obliga a preguntarnos como legisladores si debemos adoptar un enfoque restrictivo o uno más bien regulatorio.

Para ello, antes de asumir una postura, considero que es necesario contar con la opinión de la autoridad sanitaria federal, en aras de allegarnos de mayores elementos de información para poder tomar una decisión sobre la legislación en materia de reproducción asistida.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a emitir una opinión sobre la técnica de reproducción asistida denominada como de “los tres padres”, así como de la necesidad de legislar respecto a este tipo de prácticas médico-científicas.

Notas

i http://www.informador.com.mx/suplementos/2014/522872/6/falta-legislar-s obre-reproduccion-asistida-en-mexico.htm

ii http://www.pmfarma.com.mx/noticias/7572-en-2012-se-realizaron-alrededor -de-82000-procedimientos-de-reproduccion-asistida-en-mexico-.html

iii http://www.bioeticaweb.com/la-ley-espanola-de-reproduccion-asistida-y-e l-contexto-europeo-drvega/

iv http://www.bbc.com/mundo/noticias-37491942

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 6 de octubre 2016

Diputada Delia Guerrero Coronado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y sus homólogas locales a vigilar en el ámbito de su competencia y hacer público el cumplimiento de las normas específicas de control escolar en las normales, a cargo de la diputada Rocío Matesanz Santamaría, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Rocío Matesanz Santamaría, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la honorable Cámara de Diputados, exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas de los estados para que vigilen y hagan público el cumplimiento de las normas específicas de control escolar, en las escuelas normales, al tenor de los siguientes

Considerandos

El reconocimiento de los derechos humanos en nuestro país, ha sido un proceso civilizatorio, lineal y progresivo, lleno de confrontaciones políticas e ideológicas y de grandes acuerdos que resultan de luchas sociales intensas, del surgimiento e imposición de nuevos actores en todos los sectores y de las luchas de resistencia contra su restricción.

Sin duda, el derecho a la tierra, al trabajo, a la seguridad social, a la vivienda y por supuesto, a la educación, constituyeron los pilares fundamentales de la construcción de un Estado mexicano, que ha sido capaz de ofrecer una estabilidad desde abajo, un acuerdo de clases sociales que, pese a su importante grado de imposición, modernizó a México desde mediados del siglo XX.

Con la reforma constitucional en materia educativa de 1993, donde se adiciona al artículo 3o., una fracción que establece que “Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria (...) el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la superior– necesarios para el desarrollo de la nación...” hace difícil exigir el derecho a la educación en esas modalidades.

Esa reforma provocó que el Estado se ausentara de sus responsabilidades, dando pie a que la educación privada llenara el espacio vacío. De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en 1991 existían 706 planteles privados de educación superior, diez años después, en 2002, ya eran dos mil 1531 . Incluso en un documento generado por esta misma Asociación, asume este cambio y considera que: “la expansión de la matrícula de educación superior (...) deberá recaer tanto en el subsistema público como en el particular” 2 .

Con la reforma educativa de febrero de 2013, se busca “...Promover una educación de calidad que logre un desarrollo integral de todos los mexicanos (...) donde la educación es la base de la convivencia pacífica y respetuosa, y de una sociedad más justa y próspera. (...) Donde el quehacer educativo está sustentado en la letra del artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece la educación pública, laica y gratuita. (...) Por lo que la educación debe ser de calidad...” 3 .

Si bien es cierto que la reforma avanza, esta lo hace a paso lento, atendiendo en parte, las necesidades de quienes integran el sistema educativo nacional. En este sentido, más bien se percibe un proceso mediático que atiende situaciones coyunturales que no resuelven de fondo la problemática.

Uno de esos temas, se refiere a la modernización de las escuelas normales. A pesar de que el gobierno federal manifestó que “la reforma educativa y en el contexto de la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Secretaría de Educación Pública (SEP) desarrollará un plan integral de diagnóstico, rediseño y fortalecimiento del Sistema de Escuelas Normales Públicas, con el propósito de asegurar la calidad y competencia de los egresados formados en las escuelas del sistema garantizando su vinculación, congruencia y pertinencia con las necesidades y requerimiento del sistema educativo nacional” 4 .

Ahora bien, la SEP ha informado que el nuevo modelo educativo de las escuelas normales fue presentado en febrero de 2015, que la propuesta se sometió a consulta de marzo a mayo de 2015, que de enero a julio de 2016 se hará la instrumentación correspondiente y que a partir de agosto se pondrá en marcha el nuevo modelo educativo en las escuelas normales del país; la realidad es que aún existen diversos problemas en el funcionamiento administrativo de las mismas.

Uno de ellos se refiere a la violación de las normas de control escolar expedidas por la Dirección General de Educación Superior para los Profesionales de la Educación, que establecen los requisitos mínimos para el ingreso a las escuelas normales del país, donde la mayoría de las entidades federativas no cumplen con las reglas sobre los requisitos establecidos, sin que se genere consecuencia alguna5 .

Esta situación la podemos comprobar consultando las Normas Específicas de Control Escolar Relativas a la Selección, Inscripción, Reinscripción, Acreditación, Regularización, Certificación y Titulación de las Licenciaturas para la Formación de Docentes de Educación Básica, en la Modalidad Escolarizada (plan 2012), que establece en su Capítulo II, Selección de Aspirantes, Apartado 2.2, inciso e, lo siguiente:

2.2. Criterios generales del proceso de selección. Para llevar a cabo el proceso de selección se tomará en cuenta lo siguiente:

e) Para el ingreso, los aspirantes deberán someterse al proceso de evaluación general de conocimientos en los términos que establezca la convocatoria y, deberán obtener al menos un puntaje mínimo de 950 puntos del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior, o bien, su equivalente en otros instrumentos de evaluación, que aplicará una instancia externa a la institución educativa, indicando el puntaje mínimo aprobatorio.

Asimismo, en el mismo capítulo II, Selección de Aspirantes, Apartado 2.3., inciso c, se hace referencia a lo siguiente:

2.3. Requisitos establecidos en la convocatoria. La convocatoria que se emita deberá contener mínimo los siguientes aspectos:

c) Promedio no menor de 8.0, obtenido en la educación media superior.

Como podemos ver, la SEP se vuelve omisa y ambigua ante estas situaciones. Por un lado propugna por un impulso a las escuelas normales y por otra, es permisiva con la violación de sus normativas. Esto no se debe tolerar en un estado de derecho que busca consolidar un sistema democrático, donde el respeto a los derechos humanos y por ende, el derecho a una educación de calidad, con maestros bien preparados, es una condición básica para consolidar la reforma educativa.

México está inmerso en un proceso de cambio y fortalecimiento del sistema educativo nacional, donde las Escuelas Normales no han sido consideradas como núcleos generadores de cambio desde la investigación educativa, función que debió ser alentada con los recursos, procesos, preparación y tiempos necesarios. Hoy en día las escuelas normales requieren de una transformación estructural, de recursos y de una normatividad acorde con las necesidades educativas de nuestro país.

Como lo menciona la investigadora Zaira Navarrete, “si bien es cierto que en 1982, las Escuelas Normales adquieren el status de instituciones de educación superior, su destino sigue estando atado a la educación básica, por el peso de la historia y el de la ley. La Federación siguió concentrando la normatividad y direccionalidad de las escuelas normales, de modo que en la “realidad” nunca han gozado de autonomía alguna que propiciara su mejor desarrollo académico.” 6

“En ese sentido, la docencia ya no se puede afrontar sólo con unos cuantos saberes básicos y un menú de competencias didácticas. Ahora se requiere una formación basada en una pedagogía para la complejidad, la diversidad y lo imprevisto; lo que significa una sólida formación práctica, teórica, humanística, social y científica. 7 ” Situaciones como la antes descrita no abonan a esta necesidad.

Como podemos observar, la norma es clara y enfática. Sin embargo existen diversas entidades federativas que violan la normatividad al establecer un promedio mínimo de 6.0 para poder concursar, otros utilizan el término “promedio aprobatorio” y algunos más, omiten el promedio para ingresar. Esto lo podemos constatar a través del estudio que hace Mexicanos Primero, A. C.8 y que corroboramos por medio de la consulta a las convocatorias de cada una de las escuelas normales, como se puede observar en la siguiente imagen:

Recientemente, el portal de la BBC, publicó algunos fragmentos de la entrevista a Mundo Xavier Melgarejo, psicólogo y pedagogo español que ha estudiado el sistema educativo finlandés desde hace más de una década, quien manifestó que: “El profesorado tiene un nivel de formación extraordinaria, con una selección previa tan exigente que no se compara con ninguna otra en el mundo” y además que: “Sólo entra en las facultades de educación gente con notas por encima de nueve, nueve y medio sobre diez. Son muy exigentes. Se les hacen pruebas de lectura, sensibilidad artística, de dominio de algún instrumento y de comunicación. Como resultado, las universidades sólo reclutan a 10 por ciento de los estudiantes que se presentan. Y para ejercer la docencia todos los maestros necesitan hacer una maestría. “9

En Acción Nacional coincidimos con la visión de que México vive un momento propicio para recuperar la historia y el sentido de ser educador profesional y maestro. Porque debemos ser conscientes que la profesionalidad no está en la mera actualización de técnicas recientes, ni siquiera en un avance en diplomas, antigüedad o pago, sino principalmente, en la recuperación de la misión social, de la reputación bien ganada, de la exigencia entre pares y del compromiso que se tiene con la comunidad a la que se sirve.

Respetar y homologar la norma que rige la preparación de nuestros futuros maestros resulta inaplazable si queremos que la reforma educativa siga avanzando. Si dejamos que esta se siga violentando, estaremos consintiendo y fomentando que la formación de aquellos que buscan ser maestros de profesión, accedan a su formación profesional con deficiencias en conocimientos y por ende con lagunas en sus competencias.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que en coordinación con las autoridades educativas de las entidades federativas, especialmente las de Guerrero, Michoacán, Querétaro, Puebla, Baja California Sur, Veracruz, Quintana Roo, Yucatán, Zacatecas, Nuevo León, Durango e Hidalgo, en el ámbito de sus respectivas competencias, se vigile que en la selección de aspirantes para cursar los programas de licenciatura para la formación de docentes, modalidad escolarizada, se cumpla correctamente con el criterio referido al puntaje mínimo de 950 puntos en el Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior, y con el requisito del promedio no menor de 8.0 en la educación media superior, establecidos en el capítulo II, numeral 2.1., inciso e), y numeral 2.3., inciso c), respectivamente de las normas específicas de control escolar, relativas a la selección, inscripción, reinscripción, acreditación, regularización, certificación y titulación de las licenciaturas para la formación de docentes de educación básica, en la modalidad escolarizada; en las escuelas normales del país.

Segundo. Se exhorta a todas las escuelas normales del país para que informen a la brevedad a la Secretaría de Educación Pública, los resultados obtenidos por los aspirantes, en los últimos dos años, con relación al promedio mínimo obtenido en educación media superior y el puntaje mínimo del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior, y realicen la publicación de resultados en sus portales de internet, con la finalidad de transparentar dichos procesos.

Notas

1 Fox, Vicente (2002). Anexo, segundo Informe de Gobierno , Ciudad de México: Poder Ejecutivo Federal.

2 ANUIES 2000, La educación superior en el siglo XXI. Líneas Estratégicas de Desarrollo , México, DF. Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

3 https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4479/4/images/
Programa_Sectorial_de_Educacion_2013_2018_WEB.pdf. Página 24.

4 https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4479/4/images/
Programa_Sectorial_de_Educacion_2013_2018_WEB.pdf. Página 13.

5 Consultar Prof. Recomendaciones sobre formación inicial y continua de los maestros en México. Mexicanos Primero, AC, México. Febrero de 2016. Página 10.

6 Navarrete-Cazales, Zaira Formación de profesores en las Escuelas Normales de México. Siglo XX Revista Historia de la Educación Latinoamericana , volumen 17, número 25, julio-diciembre, 2015, pp. 17-34 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Boyacá, Colombia. Página 32.

7 Consejo Asesor (2014). Foro nacional para la revisión del Modelo de Educación Normal. Versión preliminar de la síntesis y recomendaciones. La Paz, Baja California Sur, 6 de junio de 2014. Disponible en:
https://evaluaryaprender.files.wordpress.com/2015/02/conclusiones-del-foro-nacional.pdf

8 Consultar Prof. Recomendaciones sobre formación inicial y continua de los maestros en México. Mexicanos Primero, A. C., México. Febrero de 2016. Página 10.

9 Consúltese

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/06/130604_educaci on_finlandia_lp

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2016.

Diputada Rocío Matesanz Santamaría (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los 32 congresos locales a modificar su legislación penal para tipificar como delito y con penas privativas de la libertad las acciones u omisiones en los actos jurídicos realizados por los notarios o fedatarios públicos, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputado Jesús Sesma Suárez, en nombre de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el diseño y planeación de una ciudad, estado o país es necesario tener un ordenamiento territorial que respete el uso de suelo, ya sea urbano, rural o de conservación, de ahí la importancia que tienen los instrumentos de desarrollo urbano como lo son los programas nacionales, estatales, municipales, delegacionales y parciales, pues éstos representan los parámetros para identificar las zonificaciones que corresponden a cada uno de estos espacios de comunidad.

En los últimos años las denuncias ciudadanas respecto a la violación de estos instrumentos de planeación urbana son cada vez más evidentes. Hoy, la ciudadanía está más consciente de los impactos en la calidad de vida y las afectaciones en la movilidad, medio ambiente, falta de servicios básicos como drenaje, recolección de residuos sólidos y abastecimiento de agua potable, que tiene la violación de los programas de desarrollo urbano.

En ese contexto, los notarios y fedatarios públicos tienen un papel fundamental en la vigilancia, denuncia y respeto de los planes y programas de desarrollo urbano, pues es a través de las actividades que como servidores públicos realizan que tienen la oportunidad idónea para que las autoridades puedan contar con la certeza del cumplimiento o no de la normatividad en materia de desarrollo urbano.

En la actualidad, a nivel internacional y nacional, los notarios y fedatarios públicos pueden ser sujetos a diversos tipos de sanciones como lo son:

1. Responsabilidad civil (contractual o extracontractual)

2. Responsabilidad penal.

3. Responsabilidad administrativa.

4. Responsabilidad fiscal.

5. Responsabilidad disciplinaria (que incluye la moral y la gremial.

6. Responsabilidad social.

Las sanciones citadas derivan del hecho de que la responsabilidad notarial es una consecuencia de los actos jurídicos que impone la función, es decir, a las tareas ejercidas por el notario, tanto en su carácter de funcionario público como el de profesional del derecho.

A lo anterior debemos añadir que la responsabilidad existe porque el notario o fedatario público atiende una función pública y en consecuencia tiene que atender a las solicitudes de las personas que acuden en demanda de sus servicios fedatarios y jurídicos. Es por eso que ninguna persona que solicite los servicios notariales puede ser defraudada en la confianza que deposite en el notario al que solicitó sus servicios.

Sin embargo, es a través de los notarios y fedatarios públicos que personas físicas y morales han evadido la ley en materia de desarrollo urbano, a través de la modificación en los usos de suelo (como puede ser el incremento de niveles, superficie a construir, o costo de la vivienda) generando con ello daños a las finanzas de los estados.

Por estos motivos, países como Colombia han modificado su normatividad penal para establecer y reconocer que un notario puede violar el ordenamiento jurídico en cuanto a lo referente al ámbito penal de dos formas:

1. Como sujeto corriente, que actúa independientemente de su profesión.

2. Como profesional que abuse de su carácter de funcionario público, o que pone en entredicho la fe pública que lo enviste.1

En lo que tiene que ver con la segunda de las formas de violar la ley por un notario o fedatario público, en el país sudamericano referido la responsabilidad puede darse con agravantes, es decir, además de la sanción penal también puede aplicarse una sanción disciplinaria.

Como botón de muestra, está el caso de la persecución penal de un notario cuando con ánimo de lucro recibe percepciones extraordinarias por la comisión de un delito; o cuando actúa con dolo o malicia, como cuando afirma tener a la vista documentos que no existen. Colombia es entonces un ejemplo claro de que se persigue como delito cuando el notario da por verdadero un hecho que en realidad no le consta, al asentar en libros frases como “con vista en el Registro...” sin haber ido a verificar el mismo, o cuando autentifica una firma que no ha visto estampar.

En nuestro país en algunas entidades federativas ya se han incorporado como delito los actos jurídicos realizados por notarios y fedatarios públicos que contravienen diversas disposiciones administrativas, como afirmar tener documentos a la vista, sin haberlos tenido o solicitado.

Sobre este punto en particular, la Ciudad de México en su Código Penal vigente, estable textualmente:

“Capítulo IV

Falsificación o alteración y uso indebido de documentos

Artículo 339. Al que para obtener un beneficio o causar un daño, falsifique o altere un documento público o privado, se le impondrán de tres a seis años de prisión y de cien a mil días multa, tratándose de documentos públicos y de seis meses a tres años de prisión y de cincuenta a quinientos días multa, tratándose de documentos privados.

Las mismas penas se impondrán al que, con los fines a que se refiere el párrafo anterior, haga uso de un documento falso o alterado o haga uso indebido de un documento verdadero, expedido a favor de otro, como si hubiere sido expedido a su nombre, o aproveche indebidamente una firma o rúbrica en blanco.

A quien haga uso de un documento público o privado falso, alterado o que no sea reconocido por la autoridad que lo expidió, para la obtención de certificados relativos a la zonificación, uso del suelo o derechos adquiridos, se le impondrá de cuatro a seis años seis meses de prisión y de mil a diez mil días multa.

Artículo 340. Las penas previstas en el artículo anterior se incrementarán en una mitad, cuando:

I. El delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, en cuyo caso se impondrá a éste, además, destitución e inhabilitación para ocupar otro empleo, cargo o comisión públicos de seis meses a tres años; o

II. La falsificación sirva como medio para el comercio de vehículos robados o de sus partes o componentes.

Artículo 341. Se impondrán las penas señaladas en el artículo 338, al:

I. Funcionario o empleado que, por engaño o por sorpresa, hiciere que alguien firme un documento público, que no habría firmado sabiendo su contenido;

II. Notario, fedatario o cualquier otro servidor público que, en ejercicio de sus atribuciones, expida una certificación de hechos que no sean ciertos, de fe de lo que no consta en autos, registros, protocolos o documentos ;

III. Que, para eximirse de un servicio debido legalmente o de una obligación impuesta por la ley, exhiba una certificación de enfermedad o impedimento que no padece;

IV. Médico que certifique falsamente que una persona tiene una enfermedad u otro impedimento bastante para dispensarla de prestar un servicio que exige la ley, o de cumplir una obligación que ésta impone o para adquirir algún derecho; o

V. Al perito traductor o paleógrafo que plasme hechos falsos o altere la verdad al traducir o descifrar un documento”2 .

Por último, no perdamos de vista que en próximos días México participará en la Cumbre Hábitat III, a desarrollarse en la ciudad de Quito, Ecuador, país al que llegará la delegación mexicana con una nueva normatividad general en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, en donde se establece que no se podrán autorizar los instrumentos públicos de traslación de dominio vía compra-venta, posesión o derechos reales, cuando no esté autorizado el uso de suelo, señalando que solamente serán nulos los actos, convenios y contratos que contravengan dichas disposiciones.

Sin embargo, en el Partido Verde Ecologista de México estamos convencidos que es necesario cerrar el paso a la corrupción y dar mayor fuerza sancionadora a esta nueva ley haciendo responsables penalmente a los notarios y fedatarios públicos que no pidan información a las autoridades correspondientes para verificar la veracidad de las zonificaciones que se les manifiestan; o bien, por tirar escrituras que violan flagrantemente las disposiciones de desarrollo urbano correspondiente.

En ese sentido, a través de este punto de acuerdo estamos solicitando a los poderes legislativos de las 32 entidades federativas que modifiquen sus códigos penales y la normatividad que rige la función de notarios y fedatarios públicos para que se establezcan sanciones punitivas y obligaciones específicas a estos servidores públicos con objeto de poder tirar la escritura pública correspondiente, con la finalidad de que se cumplan las leyes, normas y programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.

En virtud de lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las legislaturas de las 32 entidades federativas a que modifiquen su legislación penal para tipificar como delito y con penas privativas de la libertad, las acciones u omisiones de los actos jurídicos realizados por los notarios públicos y/o fedatarios públicos relativos a la tira e inscripción de escrituras públicas de inmuebles con uso de suelo distinto al permitido o sin certificado de modificación del uso de suelo expedido por la autoridad correspondiente, así como la violación a las disposiciones establecidas en sus respectivas leyes y programas de desarrollo urbano, así como en la demás legislación aplicable.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las legislaturas de las 32 entidades federativas a que reformen la legislación de la materia para que los notarios públicos y/o fedatarios públicos antes de inscribir algún predio en el Registro Público de la Propiedad soliciten a las autoridades correspondientes la expedición de los certificados de uso de suelo autorizados para el mismo.

Notas

1 Consúltese. www.derecho-notarial-responsabilidad-penal.html

2 Consúltese. Código Penal para el Distrito Federal. Actualizado por el Instituto de Investigaciones Parlamentarias de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Página 95.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lia Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a considerar la suficiencia financiera para el sistema educativo nacional y cumplir el artículo 25 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Patricia Elena Aceves Pastrana, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Son parte de las garantías individuales los principios plasmados en el artículo 3° de nuestra Constitución Política, razón por la cual han surgido instituciones públicas que han llevado a cabo la tarea de hacer posible el acceso al derecho a la educación.

Con base en lo que establece la Norma Fundamental, la educación debe ser laica, democrática y nacional; debe contribuir a la mejor convivencia humana, a fomentar el aprecio a la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la fraternidad e igualdad y evitar cualquier tipo de discriminación. Además, tal como lo señala la fracción IV, toda la educación que el Estado imparta será gratuita.

De manera que recibir educación es una garantía constitucional. Por esta razón, el Estado debe considerar que el gasto destinado a este rubro es una obligación para con los ciudadanos. La educación debe ser una tarea de primer orden dentro de la política social del Estado Mexicano.

Desde 1988, como resultado del giro neoliberal que dio a la política social, cada año luchamos en contra de los recortes presupuestales.

Las prioridades de quienes gobiernan actualmente han cambiado y se refleja en el gasto público.

El sistema educativo se encuentra en una situación delicada y en esas condiciones no hay reforma educativa que permita abatir los rezagos. Haciendo recuento, a partir de las cifras del Censo de Nacional de Población y Vivienda del INEGI, el 40.8% de la población se encuentra en situación de rezago educativo, o sea que no tiene la secundaria terminada y el 6.88% son analfabetas, o sea 7’728,753 personas.

Se presume que hay un incremento en la creación de empleos, pero no contamos con personal calificado. Es una inconsistencia del sistema político porque no se entiende cuáles son las prioridades de la política social. No sólo se deben crear empleos temporales para subir las cifras para el informe de gobierno. Se deben crear empleos permanentes para aumentar la producción y hacer una aportación real para el crecimiento social y económico del país.

La educación es fundamental para lograrlo. Las escuelas deben formar mexicanos capaces de trabajar para edificar un México fuerte, no sólo para maquillar las cifras y que no se vea la debacle económica en la que estamos y parece que vamos en picada.

De acuerdo con lo que señala el artículo 25 de la Ley General de Educación, el monto que el “...Estado tiene que destinar al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1% del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas...”

En cuanto a ciencia y tecnología, el pasado seis de octubre 74 Premios nacionales se manifestaron en el Periódico Reforma sobre el impacto en detrimento del país que representa la reducción del 23% en esta materia.

Solamente con el cumplimiento de la Ley General de Educación, México puede aspirar a contar con personal altamente capaz para ocupar las vacantes de los empleos que se requieran y que la educación, la ciencia y la tecnología sean elementos fundamentales para contribuir al desarrollo de México. Por ello es fundamental que no se dejen desprotegidos estos dos Sectores.

En 1982, el gasto federal en educación equivalía al 4.2 por ciento del producto interno bruto (PIB). El nivel más bajo fue de 2.8 por ciento en 1989, como consecuencia de los ajustes de la política de austeridad impuesta para resolver la aguda crisis económica que en ese momento se vivía. Posteriormente, el gasto federal en educación pasó del 2.8 por ciento al 4.6 por ciento como proporción del PIB en 1994, la más alta registrada hasta la fecha.

De acuerdo con las cifras que nos entregó la Comisión de Educación y Servicio Educativos de esta Cámara, el porcentaje del gasto destinado a Educación se redujo 1% en los últimos diez años. Mientras que en el 2008 el gasto en educación representaba el 4.4%, en el proyecto de Presupuesto de Egresos entregado por Enrique Peña Nieto para el 2017, representa el 3.4%; menos de la mitad de lo que establece la Ley General de Educación.

Hay estudios y cifras que hablan de los altos niveles en distintos rubros, como el desempleo, incidencia delictiva, falta de educación y violencia, entre otros. Por supuesto que todos los problemas descritos están relacionados, de una u otra manera, con la educación y desde luego, está vinculado con el financiamiento al sector educativo.

Nuestra labor como legisladores, no sólo es subir a esta tribuna a argumentar nuestras propuestas e iniciativas. Debemos hacer lo posible para que, una vez publicadas las leyes y reformas que se aprueban en este Pleno, se cumplan y no queden sólo como preceptos enunciativos.

En diciembre del año 2000, la entonces Diputada Hortensia Aragón, presentó a nombre de su fracción parlamentaria la iniciativa de Ley que reformó el artículo 25 de la Ley General de Educación para establecer que el presupuesto a Educación debe quedar como actualmente se encuentra en este ordenamiento, o sea que no podría ser menor al 8 por ciento del PIB, argumentando, entre otras cosas, que era urgente cito textual “...una medida legislativa que ponga freno al deterioro del gasto educativo y le fije mínimos muy precisos y obligatorios, en función de sus verdaderos requerimientos y en atención a las recomendaciones internacionales”.

Las cifras que la diputada señaló en esa iniciativa me fueron de gran utilidad para la elaboración de este punto de acuerdo. Es un aliciente tener a la diputada Hortensia Aragón presidiendo la Comisión de Educación, ya que gracias a ello podremos defender con mayor certidumbre los recursos para educación que este país necesita, en congruencia con el posicionamiento que expresó en esta tribuna hace casi dieciséis años.

Finalizo señalando el transitorio segundo del decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002.

Transitorio Segundo. Para dar cabal cumplimiento a esta disposición, los presupuestos del Estado, contemplarán un incremento gradual anual, a fin de alcanzar en el año 2006, recursos equivalentes al 8% del Producto Interno Bruto que mandata la presente reforma.

Por lo anterior mente expuesto, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que considere la suficiencia financiera para el correcto funcionamiento del sistema educativo nacional y se dé cumplimiento a lo que a lo que establece el artículo 25 de la Ley General de Educación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2016.

Diputada Patricia Elena Aceves Pastrana (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil y el gobierno de Nayarit a implantar de inmediato con los municipios de la entidad simulacros periódicos de huracán para mantener preparada a la población ante la posibilidad del impacto de un meteoro en octubre y noviembre, que comprenden el pico de la temporada de huracanes en el Pacífico, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Moisés Guerra Mota, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite poner a consideración proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El país ha sido identificado por diversos organismos internacionales, como un territorio con alta exposición a los impactos de los fenómenos naturales, particularmente los que se vinculan de manera más directa y emblemática con el cambio climatológico como lo son los huracanes.

Estos fenómenos meteorológicos son conocidos por todos como una gran columna de agua suspendida en el aire por la fuerza de los vientos. Se trata de un viento extraordinario que forma un torbellino de gran fuerza y gira en grandes círculos, y que de suyo aporta al imaginario colectivo la figura de peligro y riesgo inclusive mortal. Los efectos que los huracanes tienen cuando tocan tierra son innegables y más profundos aun cuando esto ocurre en lugares en que habitan personas.

En el país, la temporada de huracanes en ambos litorales inicia y termina en los mismos días, siendo tanto para el Pacífico como para el Atlántico del 1 de junio al 30 de noviembre. Históricamente, la mayor intensidad en la fuerza de los huracanes es en julio y agosto; sin embargo, la posibilidad de que alguno de estos torbellinos se forme con fuerza hacia el final de la temporada es posible.

Para que haya estos fenómenos se necesita el choque de dos masas de aire con temperaturas diferenciadas y un océano con aguas calientes para nutrirlo con una fuente de energía relativamente interminable. Amén del cambio climático global, los huracanes son cada vez más fuertes. Por lo menos así lo registra el meteorológico nacional o el National Oceanic and Atmospheric Administration, de nuestro país vecino del norte.

La evidencia arroja datos que demuestran cómo la intensidad y el tamaño de los huracanes aumentan prácticamente año con año, tanto en su tamaño como en su intensidad, medidos por el diámetro de su ojo y la velocidad de los vientos, además de la enorme cantidad de agua que suelen acarrear y que vierten torrencialmente cuando tocan tierra.

Por ejemplo, difícilmente podrían borrarse de la memoria los daños que ocasionaron los huracanes Gilberto en el Golfo de México hace casi 30 años, huracán que en su momento fue considerado el más fuerte de la historia en el Golfo, pues sus vientos alcanzaron 295 kilómetros por hora. Odile, con vientos de 220 kilómetros por hora, en 2014, considerado el más poderoso desde que se tienen imágenes satelitales, provocó graves inundaciones en Baja California y afectaciones en otros estados de la costa del Pacífico mexicano.

Manuel, en 2013, dejó bajo el agua amplias zonas tanto turísticas como habitacionales del puerto de Acapulco y a pesar de no haber alcanzado vientos superiores a 120 kilómetros por hora, arrojó tal cantidad de agua que provocó daños costosos a la infraestructura del puerto y en las playas de Revolcadero y Punta Diamante. Manuel incluso coincidió con Pauline en el Golfo, y el aporte torrencial que se precipitó sobre el territorio nacional provocó que la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, emitiese alertas de lluvias torrenciales para 12 estados de la república.

En 2015, México vio con expectación la formación del huracán Patricia, confirmándose entonces que se trataba del huracán más intenso jamás registrado en el hemisferio occidental. Sus vientos alcanzaron 345 kilómetros por hora y por momentos rachas de hasta 400; nada antes de esto había sido tan intenso cerca de las costas mexicanas. Este huracán pronto alcanzó la máxima escala en la medición de huracanes, 4 en la escala Saffir-Simpson. Afortunadamente, el 24 de octubre el huracán Patricia desapareció al adentrarse en las montañas del occidente mexicano y su paso, al no haber ocurrido sobre centros poblacionales importantes, no dejó afectaciones, aunque 8 personas perdieron la vida.

En 2002, Kenna golpeó con todas sus fuerzas Puerto Vallarta. Los daños en la región fueron tantos que alcanzaron la cifra de 10 millones de dólares. Se trató de un huracán tropical que golpeó con tal ímpetu que provocó la muerte de 4 personas y 40 heridos, alcanzando ráfagas de hasta 270 kilómetros por hora. Sin duda, uno de los meteoros más destructivos en la zona común de Jalisco y Nayarit.

Patricia rompió todos los récords antes impuestos por huracanes como Wilma, Allen que en el Atlántico han sido considerados como algunos de los más poderosos. Patricia dejó muy atrás el record de velocidad de los vientos alcanzado por algún huracán en el Pacífico impuesto por el huracán Linda en 1997, el que alcanzó vientos de hasta 295 kilómetros por hora. Se esperaba que Patricia golpeara de lleno las costas del país entre Puerto Vallarta, Jalisco, y Bahía de Banderas, Nayarit, con lo que habría provocado graves afectaciones no sólo a las actividades económicas y turísticas de la región sino a la vida y patrimonio de cientos de miles de personas, afortunadamente no fue así.

En esa ocasión se observó en general una buena respuesta de las personas, quienes estuvieron dispuestas a cooperar con las autoridades y en muchos casos a evacuar, protegiendo y resguardando lo más posible, los bienes materiales que dejaban atrás.

Por la naturaleza de estos fenómenos, de intensidad y violencia crecientes, y porque no es posible descartar que en el futuro cercano no ocurra un meteoro de esa magnitud es importante llevar a cabo de manera constante acciones de protección civil en la forma de simulacros que mantengan a la población consciente del riesgo de sufrir afectaciones por el embate de uno de estos meteoros.

En congruencia con los simulacros realizados periódicamente, por ejemplo en materia de sismos, como los que organiza la Ciudad de México, deben diseñarse simulacros que acostumbren a las personas a reaccionar ante la existencia de un huracán y las inundaciones que éste pueda provocar.

La cultura de la prevención y la protección civil puede generar una diferencia notable en la cantidad de vidas salvadas y patrimonio protegido.

En virtud de lo anterior me permito proponer al pleno de esta asamblea el siguiente exhorto con

Punto de Acuerdo

Único. Exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil y al gobierno de Nayarit a implantar de manera periódica e inmediata, en coordinación con los municipios del estado, simulacros de huracán para mantener preparada a la población ante la posibilidad del impacto de un meteoro en octubre y noviembre, que comprenden el pico de la temporada de huracanes en el Pacífico.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2016.

Diputado Moisés Guerra Mota (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se propone crear y otorgar la medalla de la cultura de paz Doctor Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz, a mexicanos y organizaciones de la sociedad civil distinguidos por su labor en pro de la cultura de paz y la no violencia en el país, a cargo del diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, los legisladores Rafael Yerena Zambrano y Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela someten a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, LXIII Legislatura, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se propone la creación y otorgamiento de la medalla de la cultura de paz, “Dr. Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz”, a mexicanos, mexicanas y organizaciones de la sociedad civil que se distingan por su labor a favor y fomento de la cultura de paz y la no-violencia en nuestro país, bajo las siguientes

Consideraciones

El día 20 de marzo se cumplirá un aniversario más del natalicio de un gran y celebre internacionalista mexicano, el doctor Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz. Recientemente presenté, ante esta tribuna, una iniciativa para celebrar el día nacional de la cultura de paz para conmemorar el 20 de marzo y recordar la trayectoria del doctor Alfonso García Robles, y dejar asentado ante las generaciones venideras su legado sobre la difusión de los valores del derecho humano a la paz.

El doctor Alfonso García Robles nace en la Ciudad de Zamora, Michoacán, el 20 de marzo de 1911 y muere en la ciudad de México el 2 de septiembre de 1991. Se gradúa como Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y realiza estudios de posgrado en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de París y la Academia de Derecho Internacional de la Haya. En 1939 inicia su carrera diplomática como tercer secretario de la delegación mexicana en Suecia donde llegaría a ser embajador. Su trayectoria diplomática y política le llevó a ocupar puestos como el de embajador de México en Brasil, director de la División General de Asuntos Políticos de la Secretaría de las Naciones Unidas y del Servicio Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); director del Departamento de Europa, Asia, y África de la SRE, subsecretario de Relaciones Exteriores de México y desde 1977 fue el Representante Permanente de México ante el Comité para el Desarme en las oficinas de Ginebra en la ONU.

Durante la LVIII Legislatura, el pleno de la Cámara de Diputados rindió homenaje al doctor Alfonso García Robles al inscribir con letras de oro el 10 de abril de 2003 en este recinto legislativo de San Lázaro al Primer Mexicano laureado Premio Nobel de la Paz quién fue el virtuoso forjador de la Comisión Preparatoria para la Desnuclearización de América Latina y el impulsor del Tratado de Tlatelolco que proscribió las armas nucleares de toda la región expresando lo absurdo que resulta pretender la seguridad nacional aumentando la inseguridad internacional, iniciativa presentada por la entonces Diputada Federal Beatriz Paredes Rangel.

Si México hoy es reconocido en el concierto mundial, por su histórica vocación pacifista se debe en gran parte a la visión de este defensor activo de la No-violencia quién sin duda supo evocar su ideología pacifista y visionaria en su trabajo y dejó una huella indeleble en todos aquellos que reconocemos en la paz y la armonía la única forma sana de convivencia y progreso la humanidad.

De su legado, México hoy se vanagloria, y en su política exterior se jacta de esta arraigada tradición diplomática, que al día de hoy sigue teniendo vigencia, porque esta tradición es parte de la vocación histórica del Estado mexicano. El Doctor Alfonso García Robles hizo de su actividad profesional un compromiso ante la vida y una forma de impulsar sus convicciones, las cuales están estrechamente ligadas a las de sus connacionales, es decir a una actitud a favor de la cultura de paz y en comunión con la histórica vocación pacifista de México.

El nombre de Alfonso García Robles en los muros de esta Cámara constituye un símbolo, un emblema para los que dedican su vida a erradicar la violencia y la promoción de la cultura de paz, pero también es un compromiso para esta H. Cámara de Diputados de garantizar la gobernabilidad democrática y la estabilidad institucional dotando de certidumbre jurídica a la Cultura de Paz, no frenando el accionar de las organizaciones que trabajan para construir la paz en nuestro país.

En efecto, el legado de doctor Alfonso García Robles debe alentar a las generaciones futuras de México a trabajar a favor de la Paz y sea ejemplo del mundo como ejemplo a seguir, proponemos la creación de la Medalla de la Paz Dr. Alfonso García Robles Premio Nobel de la Paz, para incentivar a las mujeres, hombres y jóvenes que trabajan por la cultura de Paz, para que se inspiren en este ilustre mexicano que les recordará que México siempre ha estado orgullosamente a favor del diálogo de la paz y de la no violencia

Un premio Nobel es una de esas grandes distinciones que la humanidad tiene en su imaginario colectivo para honrar a los hombres y mujeres más selectos del planeta en ciertos ámbitos. El premio Nobel de la Paz implica un reconocimiento mundial para la labor de toda una vida, una vida significativa capaz de influir destinos y designios de millones de seres en la consecución de una dinámica pacífica en el planeta. En 1982, el comité internacional de los Nobel dictaminó que un mexicano era digno ganador de tan preciada laurea, un mexicano que decidió que México tenía las capacidades para ayudar al mundo a tomar un rumbo mejor: el doctor Alfonso García Robles.

México cuenta con 3 premios Nobel en su haber: el muy conocido Octavio Paz, premio Nobel de Literatura en 1990, con su extensa obra literaria; el más reciente Nobel de Química en 1995, el doctor Mario J. Molina con sus estudios medioambientales y cambio climático; y el menos conocido pero no por ello menos relevante Premio Nobel de la Paz en 1982, el doctor Alfonso García Robles por su trabajo para evitar la proliferación nuclear en la zona de Latinoamérica en la década de los 60´s. Y es que, en efecto, aunque sea por pocos conocido, en México tenemos un exponente a la altura de Barack Obama, Al Gore Jr., Muhamamad Yunus, Mijail Serguéyevich Gorbachov e Isaac Rabín y muchos otros ganadores de tan relevante premio.

Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a la consideración del pleno de esta soberanía, los resolutivos de la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se propone la creación y otorgamiento de la medalla de la Paz, “Doctor Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz”, a mexicanas, mexicanos y organizaciones de la sociedad civil que se distingan por su labor a favor de la cultura de paz y la no-violencia en nuestro país.

La medalla y el diploma respectivo, serán otorgados cada año en Sesión Solemne en la honorable Cámara de Diputados en el mes de septiembre.

Segundo. Podrán participar en la convocatoria mexicanos y mexicanas así como organizaciones de la sociedad civil constituidas en el territorio nacional que demuestren amplia y fehacientemente su labor a favor de la cultura de paz y la no-violencia en nuestro país, mismos que podrán ser postulados por el C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, miembros del Poder Legislativo Federal, Legislaturas de los Estados, Universidades del País, organizaciones sociales, o cualquier institución que promuevan la educación para la paz.

Tercero. Descripción de la Medalla

La Medalla de la Paz “Dr. Alfonso García Robles” Premio Nobel de la Paz, de la H. Cámara de Diputados, constara del Diploma alusivo y tejo de oro, pendiente de una cinta de seda para fijarse en el cuello y en la que luzca el tricolor nacional, el Escudo de la Patria en medio de la inscripción: Estados Unidos Mexicanos, H. Cámara de Diputados y el numeral de la legislatura que corresponda, figurarán en el anverso de aquél, la efigie del doctor Alfonso García Robles, en medio de la inscripción: Premio Nobel de la Paz 1982, que quedarán grabados en su reverso.

Cuarto. Procedimiento

Se emitirá convocatoria amplia y democrática por las Comisiones Unidas de régimen, reglamentos y prácticas parlamentarias y relaciones exteriores, mismas que deberán sesionar a efecto de analizar los expedientes de cada uno de los postulantes y emitir el dictamen correspondiente con el nombre de quien habrá de recibir la medalla de la paz Dr. Alfonso García Robles Premio Nobel de la Paz.

Dado en Palacio de Legislativo de San Lázaro a 11 de octubre de 2016

Diputados: Rafael Yerena Zambrano, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a verificar los trabajos de construcción del tramo Atizapán-Atlacomulco, como parte de la carretera México-Guadalajara, para que se finalicen con la mayor brevedad, a cargo de la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, diputada federal, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción I y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en el marco de sus competencias, verifique los trabajos de construcción del tramo Atizapán-Atlacomulco, como parte de la carretera México-Guadalajara, a fin de que se concluyan a la brevedad, al tenor de los siguientes

Considerandos

Antecedentes

El Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018 y el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018 enuncian entre sus objetivos que el país cuente con una red troncal de carreteras segura, completa y en buen estado que conecte las regiones estratégicas y permita disminuir los costos de transporte y tiempos de traslado.

De acuerdo con lo anterior, el gobierno federal expresó como uno de sus compromisos “mejorar la calidad de vida de los mexicanos, a través de vías de comunicación modernas y seguras que incrementen la conectividad entre regiones para consolidarse como motores de desarrollo económico y competitividad”.1

El pasado 29 de marzo de 2014 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció el dictamen de la licitación, con lo que se autorizó la construcción de la autopista Atizapán-Atlacomulco. De acuerdo con el proyecto, el tramo que debía construirse es de 74 kilómetros, con una inversión de aproximadamente 9,350 millones de pesos y un costo de obra de 5 mil 900 millones de pesos.

Con la construcción del tramo Atizapán-Atlacomulco se pretende conectar al Valle de México con el occidente del país, lo que permitiría consolidar al estado de México como un importante centro logístico del país, hecho que atraería inversión a la zona. De igual forma, estas condiciones podrían generar en la entidad mexiquense 6 mil 700 empleos directos y 11 mil indirectos.2

Asimismo, entre las acciones y obras que tiene a su cargo la Secretaria de Comunicaciones y Transportes se incluye la construcción de la autopista Atizapán-Atlacomulco y se destaca que es un proyecto considerado en el Plan Federal de Michoacán debido a los beneficios que representa para dicha entidad.3

De acuerdo con las autoridades del estado de México, entre los beneficios ciudadanos destacan que la nueva autopista constaría de cuatro carriles, dos en cada sentido, por los que circularían 9,500 vehículos por día en un inicio. Esta infraestructura beneficiaría a 1.3 millones de habitantes, al convertirse en una vía corta de comunicación entre la Ciudad de México y Guadalajara, por lo que se estima que reduciría los tiempos de traslado entre ambos puntos de dos horas a sólo 45 minutos.4 Asimismo, la construcción de este tramo permitiría concluir la modernización del corredor México–Nogales con ramal a Tijuana, el cual, a su vez, permitiría la conexión de esta vía con otras del territorio norteamericano.5

Estas conexiones propiciarían la consolidación de la región del Valle de México, y en específico de municipios como el de Atizapán, como punto central del transporte y la actividad económica en el centro del país.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el presente

Punto de Acuerdo

Único: La honorable Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en el marco de sus competencias, verifique los trabajos de construcción del tramo Atizapán-Atlacomulco, como parte de la carretera México-Guadalajara, a fin de que se concluyan a la brevedad.

Notas

1 Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, “Avanza SCT infraestructura carretera concesionada con la Autopista Atizapán-Atlacomulco”, comunicado 061, 29 de marzo de 2014. Disponible en:

http://www.sct.gob.mx/despliega-noticias/article/
avanza-sct-infraestructura-carretera-concesionada-con-la-autopista-atizapan-atlacomulco/

2 Ídem.

3 Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Informe sobre acciones relevantes de la SCT, enero 2013- junio 2015, página 31.

4 Ídem.

5 Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, “Aumenta gobierno federal competitividad del estado de México con inversión sin precedentes por 110 mil MDP”, comunicado 223, 21 de agosto de 2014. Disponible en: http://www.sct.gob.mx/uploads/media/COMUNICADO-223-2014.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2016.

Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al derrame de hidrocarburos ocurrido el 12 de febrero de 2015 en las inmediaciones del río Pantepec, a la altura del paraje Los Naranjos, en Francisco Z. Mena, con cabecera municipal en Metlaltoyuca, Puebla, y las presuntas irregularidades en las operaciones de Transportes Especiales de Toluca, SA de CV, a cargo del diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, diputados Ángel Antonio Hernández de la Piedra y Rodrigo Abdala Dartigues, de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

1. El 12 de febrero de 2015 después de las 22:45 de la noche, un camión cisterna de la empresa “Transportes Especializados de Toluca, SA de CV” (TETSA), derramó 30,000 litros de “cono o aceite”, -equivalente al petróleo crudo-, sobre pastizales, río Pantepec, terrenos ganaderos y frutícolas, cuando circulaba por la carretera Mecapalapa-la Mesa Metlaltoyuca, a la altura del paraje que se conoce como “Los Naranjos” afectando a comunidades como Tumbadero, el Ojite, Villa Lázaro Cárdenas, San José, San Rafael y San Diego entre otras.

2. El aceite quedó derramado sobre terrenos dedicados a la ganadería, de varios predios frutícolas y ganaderos, propiedad de diferentes productores, esparciéndose por el río Pantepec, a la orilla de pequeñas propiedades y parcelas ejidales, corriendo unos dos kilómetros abajo hasta el ejido “El Limonar”. Con lo que afectó a unos 7,000 habitantes en cuanto a suministros de agua potable, además del ganado que enfermó y murió por envenenamiento, al consumir pastizales y agua contaminada.

3. En otras ocasiones los propios comuneros denunciaron los traslados de sustancias peligrosas, que hace la citada empresa desde las macroperas de los pozos Humapa II al III, en el municipio de Francisco Z. Mena, pasando por los caminos de Venustiano Carranza y Francisco Z. Mena, usando vehículos pesados, cuya circulación ha dañado al río, ganado, campos agrícolas, frutícolas y al entorno ecológico. Describieron que a la orilla de arroyos y ríos se depositaron las sustancias peligrosas que se transportan por las cisternas de la empresa TETSA.

4. Habitantes de Tumbadero, El Ojite, Villa Lázaro Cárdenas, San José, San Rafael y San Diego, del mismo municipio, señalaron que la compañía TETSA es responsables del deterioro ecológico que se vive en la región, por los constantes derrames de hidrocarburos que han afectado a sus cultivos, el agua de los afluentes y de los ríos.

5. El presidente municipal de Francisco Z. Mena, C. Víctor Vargas señaló que tras la volcadura del vehículo suscitada el mes de febrero, del 2015, los ejecutivos de la empresa Tetsa convinieron con vecinos y con autoridades del municipio de Venustiano Carranza, sin guardar las formalidades legales respectivas, a realizar las labores de remediación, además de dotar de agua a los afectados. El compromiso inicial de la empresa incluyó la perforando de un pozo profundo para disponer de agua saludable o, proporcionarles camiones cisterna con el vital líquido, hasta que puedan consumirla de los manantiales que fueron contaminados, previa remediación. Ante el incumplimiento, se hizo necesario proceder para que se obligue a la empresa a dar cumplimiento para que restaure los daños a personas, bienes y medio ambiente de las comunidades afectadas.

6.TETSA ha sido objeto de quejas de sus mismos trabajadores debido al retraso en el pago de salarios, la falta de instrumentos y equipos necesarios para laborar, como overoles, mascarillas y neumáticos para los transportes con lo que ponen en riesgo la seguridad de sus empleados, de los habitantes de la zona y del ambiente.

7. El director de Programas, Proyectos y Ecología municipal del municipio de Venustiano Carranza, Luis Alberto Santiago Hernández, instrumentó un operativo para la revisión de los vehículos de TETSA en el que intervinieron personal de Protección Civil y Seguridad Pública, para vigilar los accesos principales, de lo anterior se pudo comprobar que la empresa ha incurrido en actos de negligencia, por lo que las autoridades municipales decidieron impedir el tránsito de estos transportes por su territorio.

Además, la TETSA ha violado el artículo 60 del Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, mismo que a la letra señala:

“Artículo 60. Los operadores de vehículos se abstendrán de realizar paradas no justificadas, que no estén contempladas en la operación del servicio, así como circular por áreas centrales de ciudades y poblados. Al efecto, utilizarán los libramientos periféricos cuando éstos existan.”

Entonces, por norma jurídica las compañías deberán abstenerse de transitar por núcleos poblacionales con este tipo de carga, cuando existan las vías alternas, que en este caso es la autopista México-Tuxpan.

Otra acción tomada por las autoridades municipales fue la presentación de una denuncia ante la Procuraduría General de la República, en la delegación Huachinango Puebla, para que investiguen los delitos al medio ambiente y a los recursos naturales que se hayan cometido y sancionen a la empresa responsable, misma que aún está pendiente de ser resuelta.

En otro orden de ideas, de los hechos referidos se infiere que es necesaria la realización de peritajes que sirvan de base para calificar los daños, así la autoridad competente dictará conforme a la normatividad aplicable la forma y procedimiento de restauración, las obras, acciones y pagos correspondientes por las afectaciones, buscando restituir a los afectados y remediar el daño ambiental.

8. Por lo que compete a esta Cámara de Diputados, creemos que es necesario el que está soberanía manifieste su más enérgico rechazo por la irresponsabilidad y desdén con el que se ha conducido la Empresa TETSA en el caso ya señalado.

9. De igual forma, creemos que es conveniente que esta soberanía exhorte a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, para que en el ámbito de sus atribuciones procedan a revisar, dictaminar y en su caso, conforme a derecho proceda contra la empresa TETSA.

Por lo expuesto sometemos a consideración del pleno lo siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión expresa el más enérgico rechazo por la displicencia con la que se ha conducido la empresa “Transportes Especializados de Toluca, SA de CV”, ante las afectaciones a las personas y el ambiente, ocasionadas por el derrame de aceite transportado el 12 de febrero de 2015, a la altura del paraje conocido “Los Naranjos”, en el municipio Francisco Z. Mena, con cabecera municipal en Metlaltoyuca.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, procedan a hacer exigible el cumplimiento de los trabajos que corresponden a la empresa “Transportes Especializados de Toluca, SA de CV”, para la remediación ambiental, además de la reparación y compensación a las personas, por los daños ocasionados por el derrame de aceite transportado el 12 de febrero de 2015, a la altura del paraje conocido “Los Naranjos”, en el municipio Francisco Z. Mena, con cabecera municipal en Metlaltoyuca.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, investiguen las posibles transgresiones a la normatividad ambiental y en su caso procedan conforme a derecho, por el derrame de aceite transportado por la empresa “Transportes Especializados de Toluca, SA de CV”, el 12 de febrero de 2015, a la altura del paraje conocido “Los Naranjos”, en el municipio Francisco Z. Mena, con cabecera municipal en Metlaltoyuca.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, para que en el ámbito de sus atribuciones se cerciore que la empresa “Transportes Especializados de Toluca, SA de CV”, cumple con la normatividad en materia de Transporte de sustancias y de no ser así, procedan conforme a derecho.

Quinto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta a la empresa productiva del Estado “Petróleos Mexicanos” a que cancele el contrato de servicios pactado con la empresa “Transportes Especializados de Toluca, SA de CV”, por las afectaciones a las personas y el ambiente, causadas por el derrame de aceite del día 12 de febrero de 2015, a la altura del paraje conocido “Los Naranjos”, en el municipio Francisco Z. Mena, con cabecera municipal en Metlaltoyuca, y la negligencia con la que ha actuado la empresa ante este hecho.

Sexto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta a la Auditoria Superior de la Federación para que, en el ámbito de su competencia y en el marco de la legislación aplicable, realice las auditorias correspondientes a todos los proyectos, concesiones y contratos en los que haya participado o esté participando la empresa “Transportes Especializados de Toluca, SA de CV”, con la empresa productiva del Estado “Petróleos Mexicanos”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2016.

Diputados: Ángel Antonio Hernández de la Piedra (rúbrica), Rodrigo Abdala Dartigues.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conasami a fijar salarios mínimos generales suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en los órdenes material, social y cultural, y proveer la educación obligatoria de los dependientes económicos, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Marbella Toledo Ibarra, diputada a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La figura jurídica del salario mínimo o remuneración mínima, fue empleada por primera vez en Australia y Nueva Zelanda en el siglo XIX1 , concebida para solventar la problemática padecida por los trabajadores, especialmente mujeres y jóvenes, cuya remuneración era tan baja que no les permitía lograr la autosuficiencia para ellos y sus familias.

A partir de entonces, varios estados acogen esta figura, entre ellos, México, que en la Constitución de 1917, en su artículo 123, fracción VI, establece el salario mínimo, por primera vez con amplitud nacional, como una de las bases para las leyes sobre el trabajo que habrían de expedir el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados.

Esta base constitucional fue el parteaguas, para que en el 6 de septiembre de 1929, se publicara en el Diario Oficial de la Federación la reforma de la fracción X del artículo 73 de la Constitución, que le dio facultad al Congreso para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123 de la propia Constitución; y también se modificó el prefacio de ese mismo precepto para dejar de incluir a las legislaturas de los estados entre los órganos que habrían de expedir tales leyes; dos años más tarde, en agosto de 1931, se promulgó la Ley Federal del Trabajo. No fue sino hasta el 1 de enero de 1934, que se fijó el primer salario mínimo de alcance nacional.

Los instrumentos internacionales han señalado que por salario mínimo puede entenderse la suma mínima que deberá pagarse al trabajador por el trabajo o servicios prestados, dentro de un lapso determinado, bajo cualquier forma que sea calculado, por hora o por rendimiento, que no puede ser disminuida, ni por acuerdo individual ni colectivo, que está garantizada por la ley y puede fijarse para cubrir las necesidades mínimas del trabajador y de su familia, teniendo en consideración las condiciones económicas y sociales de los países2 .

El Estado mexicano, por su parte, en el artículo 123 constitucional, apartado A, fracción VI, estableció que el salario mínimo comprende un referente del monto económico irreductible que debe, por mandato jurídico, percibir diariamente toda persona que realiza un trabajo personal y subordinado, a efecto de satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de sus dependientes económicos.

Sin embargo, la realidad que se vive en México es distinta, lastimosamente para muchos mexicanos, los ideales del Constituyente de 1917, no se han podido materializar.

Al efecto, cabe señalar que durante el primer trimestre de 2016, en el país había 32 millones 730 mil 599 trabajadoras y trabajadores asalariados, mismos que representaban casi 27 por ciento de la población total3 , según los indicadores estratégicos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de los cuales, poco más de 3 millones 875 mil tuvieron ingresos remunerados de hasta un solo salario mínimo general o menos.4

Si comparamos estos datos con los establecidos en la línea de bienestar mínimo, de marzo de 2016, en la que se estableció que el valor de la canasta básica por persona al mes es de 2 mil 714.66 pesos, resulta inconcuso que los 73.04 pesos diarios5 , que constituyen el salario mínimo6 , nos damos cuenta de que el salario mínimo general vigente resulta insuficiente para atender las necesidades básicas de una persona, cuanto y más de un jefe o jefa de familia.

Lo anterior es motivo suficiente para sostener que el salario mínimo general vigente, es inconstitucional, por contravenir las disposiciones establecidas en el artículo 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No obstante lo anterior, nuestro país sigue inmerso en una política que lastimosamente ha cedido ante el concepto ortodoxo de la economía neoclásica, que considera que el incremento del precio (salarios) habrá de resultar en una disminución de la demanda.

Sin embargo, existen cuestiones teóricas y prácticas de peso que cuestionan esta premisa.

Desde la óptica teórica, resulta ampliamente conocida la idea expuesta por Keynes en su Teoría General , que postula que los salarios como tales no ejercen impacto tangible sobre el nivel general de empleo, que está determinado en cambio por el nivel de la demanda total. Según sus propias palabras “...la lucha en torno a los salarios nominales afecta primordialmente a la distribución del monto total de salarios reales entre los diferentes grupos de trabajadores...”7 y 8

En el mundo real se confirma este concepto. A manera de ejemplo, podemos decir que, en el actual contexto económico, resulta esencial preservar el salario mínimo para no incrementar aún más la deflación destructiva ni aumentar la tensión social. Además, al momento de combatir la desigualdad, un salario mínimo fuerte puede contribuir significativamente en los resultados.

Al respecto, basta comparar el desempeño de Alemania con Francia para apreciar la diferencia.

Con el salario mínimo nacional probablemente más alto de Europa, este último país se erige como uno de los pocos donde en los últimos veinte años no se ha incrementado la desigualdad. Entretanto, en Alemania, sin salario mínimo, se ha observado una explosión de trabajadores con bajos salarios y un aumento de las desigualdades, en gran parte debido al derrumbe de la línea inferior de la distribución de ingresos.9

Otro claro ejemplo es el de Brasil, en donde los sindicatos ejercieron presión sobre el gobierno entrante de Luiz Inácio Lula da Silva, a comienzos de la primera década de este siglo, para renovar el compromiso de un salario mínimo, que se tradujo en un gradual avance y recuperación del valor de dicho salario. Estos incrementos del valor real del salario mínimo no sólo no provocaron la desaceleración económica, sino que puede decirse que la redistribución del ingreso que se produjo desde entonces contribuyó al dinamismo de la economía brasileña.

Por otra parte, cabe decir que el 27 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, con lo cual se elimina una de las principales barreras para no otorgar a los salarios mínimos incrementos mayores.10

Previo a la reforma constitucional, se argumentaba que el aumento al salario mínimo impactaría en el cumplimiento de diversas obligaciones, créditos, derechos contribuciones, sanciones administrativas o penales, por lo que se pensaba que mantener el salario mínimo bajo era conveniente para la economía nacional, para evitar repercusiones en muchos ámbitos de la vida en México.

Tomando en consideración lo anterior en la reforma constitucional el Estado mexicano consideró apremiante desindexar el salario mínimo de cualquier unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones o como unidad de referencia en la economía, de tal forma que el concepto de salario mínimo se refiere ahora única y exclusivamente a la remuneración mínima que debe percibir un trabajador, siendo suficiente para la atención de sus necesidades básicas.

Con esta modificación a nuestro ordenamiento supremo, se abre la posibilidad de incrementar los salarios mínimos, para que sean superiores a los que se han otorgado, sin el temor de que ello repercuta en la economía nacional.

Finalmente, se destaca el hecho de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el pasado 13 de julio de 2016, remitiera a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un documento denominado Salario mínimo y derechos humanos , en el que concluyó lo siguiente:

“1. El salario mínimo, como figura que refleja el monto económico irreductible que debe percibir diariamente toda persona que realiza un trabajo personal y subordinado, conjuntamente con las medidas de protección social, constituyen el medio fundamental para asegurar una vida digna; pues de ello depende el acceso a servicios y satisfactores que contribuyan al disfrute de los derechos humanos consustanciales al bienestar de las personas, tales como la alimentación, la vivienda adecuada con servicios indispensables, la salud, el agua y el saneamiento, por mencionar solo algunos.

2. Las cifras de pobreza en México, incluyendo la pobreza extrema, así como el número trabajadoras y trabajadores, sean o no formales, cuyos ingresos no alcanzan a cubrir para sí ni para su familia las necesidades normales en el orden material, social, cultural y educativo, reflejan problemáticas que hacen necesario enfatizar que la suficiencia del salario mínimo general es un tema de derechos humanos, toda vez que un monto que no asegure la cobertura de los satisfactores más elementales para vivir dignamente impide la realización de diversos derechos básicos.

3. Desde el punto de vista jurídico, nuestra Constitución Política, las normas en materia de derechos humanos previstas en los instrumentos internacionales; los criterios del Poder Judicial de la Federación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los órganos de vigilancia de los tratados y mecanismos especiales, destacan la importancia de proveer a las trabajadoras y a los trabajadores en activo, así como a aquellos jubilados, pensionados y beneficiarios de haberes de retiro derivados de la seguridad social que perciben el equivalente a un salario mínimo, las condiciones materiales necesarias para alcanzar un nivel de vida adecuado, entre ellas un salario mínimo suficiente.

A mayor abundamiento, dado que contar con un salario mínimo suficiente, aunado al beneficio de contar con medidas eficaces de protección social, permitirían a las trabajadoras, los trabajadores y sus familias, satisfacer sus necesidades básicas, resulta positiva y de gran relevancia la incorporación del sector ocupado a esquemas laborales formales.

4. La suficiencia del salario mínimo y el acceso a prestaciones laborales complementarias son elementos que contribuyen al ejercicio de la igualdad entre trabajadoras y trabajadores; a la protección de la niñez, de las personas con discapacidad y personas adultas mayores, dicho enfoque debe tomarse en cuenta en los procedimientos que se lleven a cabo para determinar el monto de dicha remuneración.

5. La suficiencia del salario mínimo no se ciñe a elementos estáticos, sino que involucra todos aquellos aspectos conducentes al mejoramiento continuo y progresivo del nivel de vida de las trabajadoras y los trabajadores, así como de sus familias. Por ende, la fracción VI del inciso A del artículo 123 constitucional, relativo a “... [l]as necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos” no debe ser entendido de manera restrictiva, sino a la luz del artículo 1o. constitucional, más aún cuando su contenido normativo posee un ineludible vínculo con el goce de diversos derechos humanos, por lo que su interpretación debe ser conforme a aquellas normas que favorezcan la protección más amplia de las personas.

En ese sentido, la labor de las instituciones de estadística y de evaluación social ofrece una aproximación que puede ser tomada en cuenta por las instancias encargadas de la suficiencia salarial, en aquello que resulten coincidentes con los aspectos a considerar, para que el salario satisfaga, como base, un mínimo de bienestar para una vida digna.

6. Es necesario que la política de recuperación gradual y sostenida del poder adquisitivo de los salarios mínimos generales y profesionales, asegure que el monto del salario mínimo, aunado a las medidas de protección social, sea adecuado para que las trabajadoras y los trabajadores que perciben el equivalente a uno solo y sus familias, vivan dignamente, con pleno goce y disfrute de los derechos humanos.

7. La naturaleza y alcance de las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos, que incluyen el fortalecimiento progresivo del salario mínimo, conllevan también a considerar el estudio de los esquemas, órganos y procedimientos a través de los cuales se hacen las estimaciones para fijar el monto mismo del salario, esto incluiría, por ejemplo, analizar la naturaleza y alcance del rol que corresponde al gobierno en la determinación del monto del salario mínimo; la representatividad de los actores que participan en los procedimientos correspondientes, en particular se analice si los intereses y necesidades de quienes perciben un salario mínimo tienen una manera efectiva para ser planteados y atendidos; y si el esquema mismo de la negociación es el adecuado para dar cuenta de los estándares de derechos humanos involucrados.

8. No debe perderse de vista que el estado tiene un deber primario de respeto hacia los derechos humanos, pero que en su misión de protección de tales derechos ha de realizar las acciones necesarias para que, en el esquema de su participación en la fijación del salario mínimo, otros sectores, como el empresarial o el sindical, otorguen la debida prioridad a la salvaguarda de la dignidad humana.”

Por consiguiente, ante la existencia de un salario mínimo general que resulta insuficiente para atender las necesidades normales de un jefe o jefa de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de sus dependientes económicos; y tomando en consideración el éxito de las economías que han implementado políticas tendientes a fortalecer el salario mínimo, los diputados del Grupo Parlamentario de MC nos permitimos someter a la consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, para que lleve a cabo la fijación de los salarios mínimos generales, asegurando que éstos sean suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe o jefa de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de sus dependientes económicos.

Notas

1 The Cost of Living . Filadelfia: American Academy of Political and Social Science, 1913.

2 Salarios mínimos: mecanismos de fijación, aplicación y control, Informe III (Parte 4 B), Conferencia Internacional del Trabajo, 79 reunión, Ginebra, 1992.

3 Según los indicadores estratégicos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enoe/

4 La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) es la consolidación y fusión de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU) y la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), que por más de 20 años estuvieron proporcionando información de la población ocupada y desocupada.

5 La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos mediante resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación del 18 de diciembre de 2015. Vigentes a partir del 1 de enero de 2016.

6 Sin incluir prestaciones laborales u otras medidas de protección social

7 J.M. Keynes. Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, México, Fondo de Cultura Económica. 2003.

8 John Maynard Keynes. Teoría General de la ocupación, el interés y el dinero . Fondo de Cultura Económica. Primera reimpresión. 2005.

9 Informe mundial sobre salarios 2008/2009 de la Oficina Internacional del Trabajo.

10. La desvinculación o desindexación del salario mínimo como unidad de cálculo o referencia establecida por la legislación mexicana para cuestiones ajenas será calculado a partir de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2016.

Diputada Marbella Toledo Ibarra (rúbrica)

Con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la CONAGUA y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que de manera coordinada con las autoridades estatales y municipales, fortalezcan sus acciones de saneamiento y políticas públicas encaminadas a identificar y disminuir la contaminación del agua, así como sancionar y prevenir las descargas clandestinas a los caudales del Río Atoyac en el estado de Puebla y el Río Mixteco en el estado de Oaxaca, y a su vez fortalezcan sus políticas para el saneamiento de la presa “Yosocuta”, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Xitlalic Ceja García, diputada federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX, artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como secretaria de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, no puedo ser indiferente ante las problemáticas que presentan diversos ríos, cuencas y presas en nuestro país, debido a que en muchos de ellos, se han identificado contaminantes como plomo, cadmio, níquel, cromo, arsénico, cianuro y tolueno, que vulneran nuestra salud y ponen en peligro la vida de las personas que ingieren este vital líquido.

A lo largo de nuestro país, existen ejemplos claros de esta contaminación, destacan casos como el río Sonora y Bacanichi en Sonora; los ríos Lerma y Turbio en Guanajuato o los ríos Atoyac en Puebla y el río Mixteco en Oaxaca.

En particular con los altos niveles de contaminantes del río Atoyac, sobresale que es uno de los afluentes más tóxicos de México y es contaminado permanentemente por desechos de fábricas, mataderos de animales irregulares, desagües de hogares directamente al río y mecanismos deficientes de lavado de empresas textileras.

Para tener claro el panorama, sólo basta señalar que diariamente se depositan al río Atoyac más de 146 toneladas de materia orgánica, al menos 62.8 toneladas de solidos suspendidos y 14 kilogramos de metales pesados. Por si esto no fuera suficiente, de acuerdo con estudios recientes, más de 78 por ciento de las industrias que descargan sus aguas al caudal “no cumplen con las normas oficiales”, afectando a 2 millones 300 mil pobladores de 22 municipios de la entidad.

Estos contaminantes han provocado padecimientos entre la población como tumores intestinales, leucemia o cáncer en la sangre, además de enfermedades respiratorias y dolores de cabeza, es decir, se ha comprobado la relación directa de la contaminación del agua del río Atoyac con la proliferación de padecimientos y pandemias en las casas o colonias que están cerca de los caudales del este Río que recorre estados como Tlaxcala y Puebla.

Referente al río Mixteco, se han detectado diferentes anomalías como descargas clandestinas de rastros irregulares; alta contaminación de la presa “Yosocuta”, que es la que suministra de agua al municipio de Huajuapan y equipo de purificación y bombeo que no había recibido el mantenimiento adecuado de la planta filtradora de la agencia Acátlima.

A pesar de tratarse de un líquido fundamental para el desarrollo de actividades primarias y preservación de la vida, hoy en día su suministro no es de calidad, por ello, las labores de mantenimiento y modernización del equipo de filtración y bombeo debe ser considerada dentro de las soluciones técnicas en el reciclado del agua en la Región Mixteca, de no hacerlo se estará agravando la problemática e impactará negativamente a Guerrero, Oaxaca, Morelos y Michoacán, que son las demarcaciones hasta donde llega la influencia de la cuenca del río Mixteco.

La planta tratadora de agua localizada en Santa María Xochixtlapilco, debe recibir el tratamiento y el monitoreo permanente, para que pueda dar el tratamiento adecuado a las aguas negras procedentes de los domicilios del municipio y diversas localidades que se encuentran en las inmediaciones del río Mixteco.

El acceder a un agua de calidad, constituye un derecho humano consagrado en nuestro marco jurídico y tutelado en los tratados internacionales. Recibir en los hogares, líquido con mal olor y sabor representa una falta grave a estos preceptos, ya que vulnera el ejercicio pleno de nuestras garantías y quebrantan la salud de los ciudadanos de Puebla y Oaxaca.

Frente a este conjunto de problemas, se deben impulsar con prontitud soluciones técnicas; financieras de acuerdo con las necesidades y de co-inversión estatal y municipal para contener y prevenir las contingencias hidroecológicas como consecuencia de la contaminación en ríos, cuencas y presas en Puebla y Oaxaca. Aunado a ello, se debe acrecentar los proyectos de acompañamiento y seguimiento a las políticas públicas que están desarrollando los organismos operadores del agua.

Conforme a derecho, se debe sancionar a las personas, empresas y rastros clandestinos que arrogan sus desechos a los ríos, cuencas y presas de México, así como ampliar las campañas de información y concientización relacionadas con el cuidado del agua y de su contribución elemental en la preservación de la vida.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Puntos de Acuerdo de urgente u obvia resolución

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que en el marco de sus atribuciones y de manera coordinada con las autoridades estatales y municipales, fortalezcan sus acciones de saneamiento y políticas públicas encaminadas a identificar y disminuir la contaminación del agua, así como sancionar y prevenir las descargas clandestinas a los caudales del río Atoyac en el estado de Puebla y el río Mixteco en el estado de Oaxaca.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados, exhorta al gobierno del estado de Oaxaca, para que en coordinación con las delegaciones de la Comisión Nacional del Agua y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, fortalezcan sus políticas para el saneamiento de la presa “Yosocuta” e incrementen sus medidas para un eficiente almacenamiento, distribución y purificación del agua potable, en beneficio de los habitantes del municipio de Huajuapan de León y la Región Mixteca.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 11 de octubre de 2016.

Diputada Xitlalic Ceja García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a difundir las razones de que el Programa Nacional de Prevención del Delito carezca de presupuesto en el paquete de 2017 y las medidas alternativas por aplicar si aquél desaparece, suscrita por los diputados Mayra Angélica Enríquez Vanderkam y Baltazar Martínez Montemayor, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam y Baltazar Martínez Montemayor, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente:

En 2012 se creó el Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred), como pieza clave de la actual administración federal para la construcción e implementación de políticas públicas en materia de readaptación social y prevención de la reincidencia delictiva, acciones para coadyuvar con la Seguridad Pública en México.

Con un presupuesto aproximado de 2 mil 500 millones de pesos al año; desde su origen y hasta el 2016, el monto ascendió a 10 mil millones de pesos, recurso dirigido a las Entidades Federativas y municipios del país, a través de subsidios operados en proyectos y estrategias integrales para el combate a la violencia y a la delincuencia.

Sin embargo, el pasado 8 de septiembre del año en curso, y dentro de la propuesta del paquete económico 2017, que el Ejecutivo envió, a través del Secretario de Hacienda y Crédito Público, a este Congreso Federal, no está previsto que el Pronapred reciba financiamiento alguno.

Ante dicha omisión, es preciso recordarle al Gobierno Federal, que de acuerdo al informe 2015 de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, México reportó los índices más altos en materia de inseguridad en América Latina.

Aunado a ello, el Gobierno Federal sigue sin presentar y sin explicar su estrategia para la seguridad, existe un incremento de violencia, homicidios dolosos, secuestros y extorsiones, además de la nula impartición de justicia, y ausencia del Estado de derecho.

Por tal motivo, se recomienda a las instituciones responsables de dicho recorte, a que no se aborde este asunto de manera partidista, con fines electoreros, o a partir de una estrategia política, pues se trata de la seguridad de las y los mexicanos. Es incorrecto eliminar las acciones que contribuyan a incrementar la participación y corresponsabilidad ciudadana a través de los programas de prevención, esto, sin reflexionar sobre las consecuencias en negativo que estos recortes traen a la vida de las y los mexicanos.

Por las condiciones anteriores proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo a informar a la opinión pública con puntualidad, las razones por las cuales el Programa Nacional de Prevención del Delito en el paquete 2017 carece de presupuesto así como las medidas alternativas que se aplicaran en caso de desaparecer dicho programa.

Diputados: Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Puebla y la Segob a declarar alerta de violencia de género en la entidad por el aumento de asesinatos de mujeres en los últimos días, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Diana Marcela Márquez Canales, Blandina Ramos Ramírez, Rodrigo Abdalá Dartigues y Miguel Alva y Alva, en nuestra calidad de diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes:

Consideraciones

Primera. La violencia contra las mujeres, debido a su condición de género, se da en todos los ámbitos y por parte de agresores diversos, desde la pareja y familiares, hasta desconocidos y es un fenómeno extendido con características y matices diferentes. La violencia de género es apenas reconocida como la realidad del maltrato que sufren las mujeres; es un estigma social grave y con múltiples aristas que en la inmensa mayoría de ocasiones no se hace público.

En las últimas décadas el problema ha trascendido, para convertirse en un tema prioritario de derechos humanos que ha cobrado gran relevancia en las agendas políticas y en los discursos públicos, que plantean en todo momento la necesidad de encontrar soluciones a la problemática. Hoy en día se revaloran las expresiones de maltrato hacia las mujeres como un gesto de resistencia ante la desigualdad y el abuso del poder, elecciones individuales o facetas inevitables de la vida, pero también como simiente para la construcción de nuevas y equitativas formas de relación entre las parejas.

Para atender la problemática en el país, el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV); que en su artículo 21 define la “Violencia Feminicida” como:

“Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.”

Hay que tomar en cuenta que la “Violencia Feminicida” se refiere a todo un proceso que inicia con actos violentos que van desde el maltrato emocional y psicológico, los golpes, los insultos, la tortura, la violación, la prostitución, el acoso sexual, el abuso infantil, el infanticidio de niñas, las mutilaciones genitales, la violencia doméstica y toda política que derive en la muerte de las mujeres, que lamentablemente ha sido tolerada por el Estado.

En 2013 se reformó el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), para establecer un nuevo proceso de emisión de la alerta de violencia de género, con el objetivo de hacer efectiva esta figura jurídica y proteger los derechos humanos de las mujeres, mediante acciones que los gobiernos deben tomar, una vez que se ha determinado que existe una situación de violencia que lo amerita y que hay que hacer más allá de lo que habitualmente hacen en esta materia.

La solicitud de Alerta de Violencia de Género puede ser presentada por los organismos de derechos humanos internacionales, nacional o de las entidades federativas, así como las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas.2

La declaratoria de Alerta de Violencia de Género tiene como fin, “detenerla y erradicarla, a través de acciones gubernamentales de emergencia, conducidas por la Secretaría de Gobernación en el ámbito federal y en coordinación con las entidades federativas y los municipios”.3

Podemos decir que, en el papel, es una figura jurídica ejemplar que permitiría de manera conjunta solucionar el problema. Sin embargo, la realidad es otra.

A pesar de los esfuerzos de los solicitantes, hasta la fecha los frutos son escasos porque la Alerta de Violencia de Género se ha politizado. Si bien se ha pedido en 18 estados, sólo se ha declarado en cuatro y los resultados son decepcionantes, en opinión de las organizaciones sociales que solicitaron la Alerta.

El principal obstáculo es, sin duda alguna, la resistencia de las autoridades a reconocer que una de sus obligaciones primordiales es garantizar la vida y la seguridad de niñas y mujeres, en abierta violación a lo referido en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segunda. En el estado de Puebla, la primera solicitud se presentó el 11 de marzo de 2016, para lo cual se formó el Grupo de Trabajo, mismo que presentó su informe tres meses después en donde concluye que se necesita un diagnóstico estatal de violencia contra las mujeres en virtud de que no hay información confiable . En este mismo documento se hacen recomendaciones para iniciar la sistematización de los datos, capacitación de servidores públicos, elaborar política de estado en materia de comunicación social con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos, intercultural y diferencial y reformas en la ley estatal para Armonización Con La Ley General De Acceso De Las Mujeres a Vivir una Vida sin Violencia.

Sin embargo, luego de reconocer las debilidades institucionales, no se acepta declarar la alerta de violencia de género básicamente por no tener Información confiable , a pesar de las altas cifras de feminicidios ocurridos. Lo cual va en perjuicio directo de las víctimas.

El Principio Pro Persona establecido en el artículo primero constitucional establece que

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia .

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos , en los términos que establezca la ley.

...”

Es decir, se establece la obligación para las autoridades de resolver los conflictos de manera integral y completa, evitando formalismos o interpretaciones no razonables u ociosas que impidan o dificulten la auténtica tutela de los derechos, con el fin de evitar que los meros formulismos o entendimientos no razonables impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto.

El ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Antonio Cançado Trindade indicaba que “las normas jurídicas del derecho de los derechos humanos deben ser interpretadas y aplicadas teniendo siempre presentes las necesidades apremiantes de protección de las víctimas, y reclamando, de ese modo, la humanización de los postulados del derecho público clásico”.4

Por su parte, en nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en distintas resoluciones la interpretación que debe darse el Principio Pro Persona en favor del más débil:

“Principio pro homine. Variantes que lo componen . Conforme al artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas en materia de derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, procurando favorecer en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. En este párrafo se recoge el principio “pro homine”, el cual consiste en ponderar el peso de los derechos humanos, a efecto de estar siempre a favor del hombre, lo que implica que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trate de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trate de establecer límites a su ejercicio. En este contexto, desde el campo doctrinal se ha considerado que el referido principio “pro homine” tiene dos variantes: a) Directriz de preferencia interpretativa, por la cual se ha de buscar la interpretación que optimice más un derecho constitucional. Esta variante, a su vez, se compone de: a.1.) Principio favor libertatis, que postula la necesidad de entender al precepto normativo en el sentido más propicio a la libertad en juicio, e incluye una doble vertiente: i) las limitaciones que mediante ley se establezcan a los derechos humanos no deberán ser interpretadas extensivamente, sino de modo restrictivo; y, ii) debe interpretarse la norma de la manera que optimice su ejercicio; a.2.) Principio de protección a víctimas o principio favor debilis ; referente a que en la interpretación de situaciones que comprometen derechos en conflicto, es menester considerar especialmente a la parte situada en inferioridad de condiciones, cuando las partes no se encuentran en un plano de igualdad; y, b) Directriz de preferencia de normas, la cual prevé que el Juez aplicará la norma más favorable a la persona, con independencia de la jerarquía formal de aquélla.

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Revisión fiscal 69/2013. Director General Adjunto Jurídico Contencioso, por ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública. 13 de junio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Homero Fernando Reed Mejía. Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.5

Tercera. Al seguir esta ola de violencia en aumento, y nuevamente a solicitud de las organizaciones de mujeres en Puebla, se ingresó de nueva cuenta una solicitud para que se emita la Alerta de Genero en Puebla el 4 de septiembre de 2016, la que hasta ahora esta sin respuesta. Mientras tanto, siguen aumentando los asesinatos de mujeres.

El 5 de octubre de encontró a una joven de 20 años sin vida en la zona del Oasis en la región de Valsequillo, con ella suman cuatro las mujeres muertas en los últimos ocho días en el estado de Puebla.

La víctima, que se encuentra en calidad de desconocida, tiene huellas en el cuello, que suponen estrangulamiento con una cuerda para tendedero, además presentaba heridas en el cuerpo como si hubiese sido arrastrada, tenía el rostro ensangrentado y cerca de la oreja derecha presentaba una lesión que exponía el cráneo. Este caso, se suma a otras investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía de Puebla, como el de la desaparición de Tania de 23 años de edad, estudiante de Psicología de la BUAP, quien el 23 de septiembre del 2016, fue reportada como desaparecida por sus familiares y tres días después encontrada con signos de violencia en el interior de la casa en donde vivía.

Otro de los casos, fue la muerte de Karla, de 17 años de edad, quien estaba reportada como desaparecida por sus familiares y quien el pasado 23 de septiembre fue encontrada envuelta en una bolsa de plástico abandonado en un terreno baldío en el municipio de San Pablo del Monte Tlaxcala.

Un caso más que se suma a esta nueva ola de defunciones femeninas es el de Gizeh, de 26 años de edad, fue encontrada bajo el puente de la Prolongación de la 11 Sur, a la orilla del río Atoyac, en la junta auxiliar San Andrés Azumiatla el pasado 2 de octubre al medio día, semidesnuda con 37 heridas de arma blanca.

El más reciente reporte advierte de la desaparición de otra joven de 16 años de edad al parecer estudiante de Preparatoria en el Municipio de Zacapoaxtla, del cual se conocen muy pocos detalles, sin embargo, el caso ya fue denunciado por los familiares a la Fiscalía General del Estado.

Hasta el día 5 de octubre de 2016 se contabilizan 66 asesinatos de mujeres en la entidad por lo que 209 organizaciones civiles a nivel nacional exigen se active una alerta de género de manera urgente.

El estado de Puebla se coloca en el noveno lugar en feminicidio a nivel nacional de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF); y segundo lugar en trata de mujeres a nivel nacional de acuerdo a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las mujeres y Trata de personas de la PGR, y en primer lugar en casos de mujeres desaparecidas de acuerdo a la Fiscalía de Personas Desaparecidas.

Uno de los obstáculos que ha impedido que en el estado de Puebla se aplique la Alerta para frenar la ola de feminicidios, es el largo proceso que se debe de llevar a cabo para presentar la solicitud, para que se conforme el grupo de trabajo, que éste haga las investigaciones necesarias y para que al final se concluya en que las estadísticas presentadas por las organizaciones civiles, están basadas en notas periodísticas, ya que las mismas autoridades no tienen sistematización de los casos y no reconocen como feminicidios muchos de los asesinatos de mujeres, lo que reduce las posibilidades de que se acepte la declaratoria de alerta de violencia de género.

Hay que recordar que la tercera alerta de violencia de género declarada fue en el estado de Jalisco en donde el gobernador, sin esperar las conclusiones del grupo de trabajo, la declaró debido a la urgente necesidad de parar la ola de violencia que azota a esa entidad.

Los criterios burocráticos no deben imperar sobre la protección amplia a los derechos humanos que establece la Constitución Federal en especial en lo que se refiere a la protección de las víctimas.

Las mujeres son las destinatarias de esta política pública de atención a un problema de violencia de género.

Es por esto, que sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas y al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a declarar una alerta urgente de violencia de género en esa entidad federativa, con el fin de detener la ola creciente de feminicidios de los últimos días.

Notas

1 Publicada en Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero 2007

2 Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Artículo 32 reformado DOF 25-11-2013

3 Ídem. Artículo 30, reformado DOF 25-11-2013.

4 5 Cfr. Cançado Trindade, Antonio Augusto, El derecho internacional de los derechos humanos en el siglo XXI, Santiago de Chile, Jurídica de Chile, 2001, pp. 48 y 49.

5 Principio pro homine. Variantes que lo componen. Décima Época. Núm. de Registro: 2005203 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II Materia(s): Constitucional Revisión fiscal 69/2013. Director General Adjunto Jurídico Contencioso, por ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública. 13 de junio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Homero Fernando Reed Mejía. Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Suprema Corte de Justicia de la Nación Gaceta del Semanario Judicial de la Federación I.4o.A.20 K (10a.) 1211.

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=
6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzwOnxocfPAhWC5IMKHbSLBBUQFgg6MAU&url=https%3A%2F%2F
www.buscatdh.bjdh.org.mx%2FJurisprudencia%2520Mexicana%2F2005203.pdf&usg=AFQjCNEwktwOJLX8BhyeY5AJoQmqXop-hQ

Dado en el Palacio Legislativo, el día 11 de octubre de 2016.

Diputados: Diana Marcela Márquez Canales (rúbrica), Blandina Ramos Ramírez, Rodrigo Abdalá Dartigues (rúbrica), Miguel Alva y Alva (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Ssa a establecer una campaña que estimule y cree conciencia entre los paterfamilias de niños desde preescolar hasta los 18 años respecto a la importancia de brindarles información, de acuerdo con la edad, sobre sexualidad para prevenir embarazos tempranos, contagios de enfermedades de transmisión sexual y abuso sexual, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Germán Ernesto Ralis Cumplido, diputado del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para la creación de una campaña que incentive y concientice a los padres de familia de niños desde prescolar hasta los 18 años de edad, de la importancia de brindar información a sus hijos y de acuerdo a su edad, relacionada con temas de sexualidad, con el propósito de prevenir embarazos a una edad temprana, así como contagios de enfermedades de transmisión y abuso sexual.

Exposición de Motivos

Hoy en día México atraviesa por una situación alarmante derivada de la falta de información de índole sexual e involucra a nuestros niños y adolescentes.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCEDE), nuestro país ocupa el primer lugar a nivel mundial en embarazos en menores de 18 años, con 1,252 partos diarios en niñas que van desde los 10 años hasta adolescentes; es cierto que estas cifras son preocupantes, pero también es cierto que cerca del 25% de estas niñas no tuvieron acceso a algún método anticonceptivo,1 o aun teniendo el acceso, no supieron cómo utilizarlo correctamente.

Un embarazo a edad temprana implica un gran número de peligros tanto para la madre como para el bebé, y no solamente de salud, social o psicológico, sino también por la alta posibilidad de que la madre abandone sus estudios para poder conseguir un empleo mal remunerado que no le permita brindarle suficiente tiempo y atención a su hijo, todo para poder sacarlo adelante y ofrecerle una mejor vida.

El embarazo adolescente es uno de los principales factores que contribuyen a la mortalidad materna e infantil; La Organización Mundial de la Salud señala que las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las adolescentes de 15 a 19 años en todo el mundo.2 Estos padres adolescentes sufren agresiones y discriminación provenientes en primer lugar por su familia y de la sociedad.

El comenzar una vida sexual activa a temprana edad, no solo se puede tener como consecuencia un embarazo no deseado, también llevar una vida sexual activa sin responsabilidad es el principal factor para contraer una enfermedad de transmisión sexual (ETS); un claro ejemplo es el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, ya que según el último informe de ONUSIDA, el número de casos de VIH en México son de 180,996, de ellos, por ejemplo, los enfermos de VIH en Michoacán de 1983 a 2015 fueron detectados 5,444 casos: 4,451 hombres y 993 mujeres, lo que representó el 3% del total nacional.3

Es importante señalar que por cada registro de VIH que se tiene, hay entre 2 a 4 personas que pueden que están infectadas pero que no lo saben.4 Debemos recordar que el virus del SIDA no distingue edades, pues a nivel mundial, 150,000 niños contrajeron la infección del VIH en 2015.5

Como esta enfermedad, hay muchas otras que ponen en peligro la salud de nuestros niños y adolescentes si no cuentan con la información necesaria para protegerse adecuadamente al momento de tener relaciones sexuales.

El incremento en el embarazo adolescente y en las enfermedades de transmisión sexual están dejando entrever un severo problema en el núcleo familiar: la falta de comunicación y confianza.

El riesgo de no crear lazos afectivos y de confianza suficientemente fuertes dentro de la familia, conlleva a criar niños y adolescentes mal informados, los cuales no ven en sus padres la confidencialidad suficiente para consultarlos respecto a temas de índole sexual, y en su caso recurren a otros medios que pudieran resultar peligrosamente falsos.6

Se debe tener en cuenta que la llegada del internet es un arma de doble filo, donde la información a la que se tiene acceso puede ser de dudosa veracidad y que incluso puede encaminar a niños y adolescentes a iniciar su vida sexual activa de manera anticipada,7 y si a esto le sumamos que en nuestro país el tema de la sexualidad aún sea considerado un tabú, entonces podríamos darnos cuenta que estamos haciendo algo mal como sociedad.

Es indispensable que los padres de familia asuman con responsabilidad y sin tabús su papel como los primeros mensajeros sobre sexualidad, ya que a través de la información y la confianza se reduce el riego de abuso sexual, así como de empezar su vida sexual activa a temprana edad e irresponsablemente.

Resulta preocupante que hoy en día habiendo tantos avances para disfrutar de una sexualidad libre y segura, se deje a un lado el orientar a los niños y adolescentes con información clara y precisa. La comunicación es la mejor prevención ante un embarazo, abuso sexual o enfermedad de transmisión sexual.

Es una realidad que México es un país mal informado sexualmente, sin embargo la prevención no está en la prohibición. La sexualidad adolescente existe, pero la madurez y responsabilidad que los jóvenes adquieran respecto a ésta, marcará la forma en que viven y disfrutan su vida como adultos.

La presión sobre el cómo y en qué etapa del crecimiento del menor, la Secretaría de Educación debe comenzar con las clases de sexualidad, ha sido tema polémico a través de los años, y desafortunadamente los padres de familia se encierran en la posición cómoda en la que critican los métodos oficiales, pero no se dan cuenta que el primer acercamiento sobre el tema debe venir por parte de ellos.

Incentivemos el rompimiento de tabúes y concienticémonos que entre más eduquemos a nuestros hijos respecto a su sexualidad, mejor estarán preparados para enfrentar cada elección y retos que la vida les tenga preparados respecto a la misma.

Es primordial hacer ver a los padres de familia que el hablar de sexualidad en el hogar es algo normal y no debe realizarse con vergüenza. La orientación sexual y la confianza para tratar estos temas deben emanar de los padres.

Urge educar a nuestros niños y adolescentes sobre salud y educación sexual, reproductiva, enfermedades de transmisión sexual, prevención de la violencia y aceptación a la diversidad.

Considerandos

La falta de educación sexual al interior del núcleo familiar está provocando que nuestros niños y jóvenes comiencen su vida sexual de manera irresponsable, sin medir los riesgos a los que se exponen.8

Una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños podría convertirse en víctimas de abuso sexual antes de llegar a la mayoría de edad. Aproximadamente el 20% de las víctimas de abuso sexual infantil son menores de 8 años y la mayoría no comunica a sus padres sobre esto por falta de confianza.9

Nuestro país debería seguir el ejemplo de otros países en cuestión educación sexual, por ejemplo, Holanda tiene el programa “Educación Sexual Completa”, el cual es aplicado a niños desde los 4 años, donde se mantienen conversaciones de una manera abierta, honesta, con respeto y amor con los niños; y donde por ley todos los estudiantes de primaria reciben información sobre sexualidad con la finalidad de fomentar el respeto a cualquier preferencia sexual, y que desarrollen habilidades que puedan protegerlos contra el abuso sexual, además de que los padres de familia participan en sesiones vespertinas donde reciben orientación de cómo poder entablar una conversación sobre sexo con sus hijos.10

A raíz de este programa los resultados han sido sorprendentes, pues se ha logrado que los adolescentes no comiencen su vida sexual a temprana edad, y que cuándo la inicien, hagan uso de anticonceptivos, aunado a esto, Holanda se destaca por tener una de las tasas más bajas de embarazo adolescente, y en enfermedades de transmisión sexual.11

El presidente Enrique Peña Nieto en el año 2013 firmó el Consenso de Montevideo, en el cual se reconocen los derechos sexuales y los derechos reproductivos como parte integral de los derechos humanos.

La Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes establece en su artículo 50 que:

“...Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de:

V. Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, y la educación y servicios en materia de salud sexual y reproductiva;

X. Atender de manera especial las enfermedades respiratorias, renales, gastrointestinales, epidémicas, cáncer, VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual e impulsar programas de prevención e información sobre éstas;

XI. Proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva;...”

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del Pleno de esta Soberanía, el siguiente:

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta al Secretario de Salud el Dr. José Narro Robles para la creación de una campaña que incentive y concientice a los padres de familia de niños desde prescolar hasta los 18 años de edad, de la importancia de brindar información a sus hijos y de acuerdo a su edad, relacionada con temas de sexualidad, con el propósito de prevenir embarazos a una edad temprana, así como contagios de enfermedades de transmisión y abuso sexual.

Notas

1 “México: primer lugar mundial en embarazos de menores; un embarazo por minuto en niñas de 10 años”, Revolución tres punto cero, 18 de octubre de 2015.

http://revoluciontrespuntocero.com/
mexico-primer-lugar-mundial-en-embarazos-de-menores-un-embarazo-por-minuto-en-ninas-desde-10-anos/

2 “El embarazo en la adolescencia”. Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs364/es/

3 “VIH sida aumenta en México”, Noticias Starmedia. 11 de mayo de 2016, http://noticias.starmedia.com/ciencia-salud/ultimas-noticias-casos-vih- sida-aumentan-en-mexico-hoy-11-mayo-2016.html

4 Ídem.

5 “Hoja informativa 2016”. ONU Sida.
http://www.unaids.org/es/resources/fact-sheet

6 “¿Educación sexual para mi hijo de preescolar?”. Revista electrónica Educare, http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-425 82014000300006

7 “Hablar de sexualidad con los adolescentes, ¿Es un tema tabú?”. Hospital San Joan de Deú, 15 febrero 2016,
http://faros.hsjdbcn.org/es/articulo/hablar-sexualidad-adolescentes-tema-tabu

8 “La importancia de los padres en la educación sexual de los hijos” Cuestiones sociales, 10 de junio de 2013, https://cuestionessociales.wordpress.com/2013/06/10/la-importancia-de-l os-padres-en-la-educacion-sexual-de-sus-hijos/

9 “Pasos para evitar el abuso sexual infantil” Bebés y más,
http://www.bebesymas.com/infancia/siete-pasos-para-evitar-el-abuso-sexual-infantil

10 “Educación sexual desde kinder: el caso de Holanda”. UNOI, 31 de mayo de 2016, http://mx.unoi.com/2016/05/31/educacion-sexual-desde-kinder-el-caso-de- holanda/

11 “Holanda cuna de felicidad”, lamula. P. 8 de septiembre de 2013, https://lamula.pe/2013/08/07/holanda-cuna-de-felicidad/losrichis/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2016.

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Ssa que realice una campaña nacional de toma de conciencia sobre la contaminación y los riesgos para la salud generados por tirar colillas de cigarro en la calle o desecharlas en coladeras o tuberías de la red de drenaje, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para solicitarle respetuosamente a la Secretaría de Salud, a que en la medida de sus posibilidades, realice una campaña a nivel nacional de concientización sobre la contaminación y los riesgos en la salud, que se generan por tirar las colillas de cigarros en la calle o desecharlas en las coladeras o las tuberías de la red de drenaje, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A nivel mundial, el tabaquismo y sus consecuencias tanto en la salud como en algunos otros aspectos; no es asunto nuevo.

El elevado consumo de tabaco se ha calificado como una epidemia global de enormes consecuencias y repercusiones; estimaciones oficiales destacan que a nivel mundial existen alrededor de mil 100 millones de fumadores activos o, dicho de otra manera, al menos 30 por ciento de la población mundial es fumadora1 .

Población que es consiente y sabedora de las consecuencias directas en su salud y las repercusiones en la salud pública, de su entorno, las económicas y peor aún de su núcleo familiar.

Lo anterior, debido a que estudios han identificado en el consumo de tabaco la exposición a cerca de 4 mil substancias toxicas, de las cuales al menos 1 por ciento de éstas son altamente causantes de algún tipo de cáncer en nuestro organismo2 .

Nuestro país, de manera desafortunada, no es ajeno al todo lo anterior e incluso es un participante notorio.

De acuerdo al promedio de cigarros que los mexicanos consumen en un año, somos el país a nivel mundial que ocupa el lugar número 15 de consumo de tabaco. Es decir, somos parte de la población más fumadora.

De manera oficial, se estima que hay en nuestro país 16 millones de fumadores activos y cerca de 1 millón de fumadores severos, denominados así porque son aquellos que consumen 20 o más cigarros al día3 .

A su vez y como consecuencia de este dato, se estima que, en nuestro país, al menos 8 de cada 10 personas no fumadoras están expuestas al humo de los fumadores; es decir, los llamados fumadores pasivos.4

A la par de lo alarmante de estas cifras, está otro factor determinante de la gravedad del tema; cerca de 60 por ciento de los fumadores activos se iniciaron en el consumo del tabaco antes de los 18 años5 .

Jóvenes que, a edad cada vez más temprana, se exponen a las conocidas enfermedades típicas del consumo del tabaco; los problemas isquémicos del corazón, las enfermedades cerebrovasculares y los padecimientos pulmonares obstructivos crónicos; condiciones que incrementan hasta en 50 por ciento su probabilidad de perder la vida a causa directa de estos padecimientos.6

Y a su vez, a un riesgo 15 veces mayor de consumir otro tipo de drogas7 .

Finalmente, se registra entre nuestra población al año, cerca de 66 mil muertes por consecuencia directa del consumo de tabaco7 .

Es fácil comprender la dimensión y la gravedad del problema pero los elevados niveles de consumo, la edad cada vez más temprana de inicio, las enfermedades que causa, las muertes directas que genera y la alta reducción de la expectativa de vida de los fumadores, no son los únicos problemas a los que nos enfrentamos gracias al cigarro.

Existe otro problema igualmente grande y grave, con repercusiones directas e indirectas en la salud de la población y el medio ambiente, con consecuencias en el presente y dramáticamente en el futuro, que además se concibe cercano.

Me refiero a la grave contaminación que crean los filtros desechados de los cigarros fumados, o las también conocidas como “colillas de cigarro”.

Colillas que es común verlas tiradas en la calle o en cualquier lugar; desechos que es socialmente aceptado arrojar sin miramiento a la vía pública, al drenaje, en el parque, junto a un árbol, en el patio de la casa o en algún rincón, incluso dentro del mismo hogar.

Filtros de los 50 mil millones de cigarros que en nuestro país se fuman, o bien, del millón de cigarros que en promedio, en una hora consumen los mexicanos8 .

50 mil millones de colillas de cigarros al año que son altamente toxicas y sumamente contaminantes.

50 mil millones de desechos peligrosos, cuya capacidad de contaminación ambiental es inimaginable, pero también ignorada.

La capacidad contaminante de los filtros desechados de los cigarros tiene dos vertientes; se debe en primer lugar a su composición y posteriormente a las substancias que contiene, propias de su función.

Respecto a su composición, están hechos con acetato de celulosa, una fibra sintética; que es un tipo específico de plástico o también llamado termoplástico, con características de relativa dureza y resistencia química.

Por ser como se dijo anteriormente, una fibra sintética; se tiene registrado que tarda entre 7 y hasta 15 años en descomponerse, tiempo durante el cual libera paulatinamente pero de forma total todas las toxinas y substancias peligrosas que retuvo en el proceso de combustión del tabaco.

En otras palabras, un cigarro tarda minutos es ser fumado, pero el filtro que se desecha o la colilla que se tira a la calle, tarda años en destruirse y durante todos esos años, contamina gravemente.

La función del filtro del cigarro, que al ser desechado se le conoce como colilla, tiene la misión de retener con el objetivo de disminuir, las substancias perjudiciales que se dirigen a los pulmones por el hecho de fumar, o realizar la combustión del tabaco; en primera medida el alquitrán y posteriormente toxinas o agentes químicos como plomo, cadmio, arsénico, cianuro de hidrogeno, monóxido de carbono y amoniaco, entre cerca de 4 mil substancias más.

La gran mayoría de estas substancias tienen una particularidad, son bioacumulables en nuestro medio ambiente; la bioacumulación es la capacidad de acumulación neta, con el paso del tiempo, de metales u otras substancias pertinentes en un organismo a partir de fuentes tanto bióticas (otros organismos) como abióticas (suelo, aire y agua).10

En otras palabras, son absorbidas por los seres vivos que habitan en el medio que las colillas contaminan; seres que en muchos de los casos son incluso parte de nuestra dieta diaria.

Por ejemplo, en las playas mexicanas se tiene registrado que las colillas de cigarro son de las principales basuras contaminantes en función de su volumen de acumulación; ello sin considerar las substancias que liberan en el agua que al diluirse son absorbidas por peces que posteriormente son consumidos por las personas.

Lo mismo sucede con ríos, lagos, lagunas, entre otros distintos cuerpos de agua; que son contaminados con colillas de cigarros y a la vez, son el hábitat de especies de las que nos alimentamos.

Además, entre los 7 y 15 años que el filtro tarda en destruirse; va soltando en su totalidad, las substancias que retuvo tanto al subsuelo como también a los mantos acuíferos o cuerpos de agua.

Al respecto, estudios han determinado que una colilla de cigarro tiene la capacidad de contaminar al menos 8 litros de agua y dejarla con altos niveles de toxinas y, en consecuencia, no apta para consumo humano ni para el consumo o medio de supervivencia de ningún otro ser vivo.

A todo lo anterior, hay que sumarle el volumen de basura que este desecho genera y que es uno de los principales causantes de la saturación de los drenajes por acumulación de residuos.

Como se puede apreciar, estamos ante un problema lamentable y sobre todo grave, que además tiene mucho tiempo presente entre nosotros, bajo el amparo del silencio que le provee el desconocimiento o bien, el desinterés.

Al respecto en algunos otros países, más avanzados en cuanto al tema de protección al medio ambiente se refiere; han surgido innovaciones tecnológicas específicas para atender este problema, que de igual manera, lo asumen como alarmante, silencioso y de consecuencias catastróficas.

Tanto la sociedad civil organizada, las autoridades gubernamentales, las empresas cigarreras y la población en su conjunto, se han unido para buscar atender de manera corresponsable este asunto.

Se han propuesto contenedores especiales para la recolección y tratamiento de los filtros utilizados de cigarros en la vía pública, sin embargo, la experiencia ha mostrado que a pesar de ser un importante esfuerzo, con la capacidad incluso de incidir en una cultura en la disposición de estos desechos en la vía pública, ha sido insuficiente.

En primer lugar, porque va en contra de una costumbre no sólo arraigada por años en las personas sino también socialmente aceptada, que es el tirar o arrojar la colilla de cigarro en la vía pública o en cualquier otro lugar o sitio, sin ningún miramiento.

Además, los fumadores no son exclusivos de las zonas urbanas o las grandes metrópolis; la disposición a fumar se da en cualquier momento y en cualquier lugar de nuestro día a día y a lo largo de todo nuestro territorio.

Ya sea en zonas urbanas o rurales, aunque vivamos en la ciudad o en el campo; estemos trabajando o descansado, de visita, paseo o vacaciones; la presencia del cigarro es un hecho invariable, fumarlo es un hábito persistente y contaminar con la colilla o bien, el filtro utilizado, es una práctica usual.

La realidad es que la colilla de cigarro se arroja sin conciencia alguna a la vía pública, en las coladeras, en los sanitarios; en conclusión, en cualquier lugar sin asumir el potencial de contaminación que genera.

En este sentido y ante lo alarmante de la situación en el presente y en el futuro que se concibe cercano, sobre el deterioro del medio ambiente y la cada vez menos disposición de recursos naturales como el agua; requerimos actuar de manera determinante.

La preservación de nuestro medio ambiente y de forma secundaria, sobre las implicaciones en la salud y en diferentes aspectos que se ven perjudicados; por la epidemia que representa el tabaquismo.

Desafortunadamente, lo ideal sería incidir directamente sobre su consumo, pero lo anterior no ha sido posible y éste se encuentra actualmente desbordado y tristemente presente en nuestra juventud a cada vez más temprana edad.

Es por todo lo anterior que no podemos actuar tímidamente, en este ni en ningún otro asunto que comprometa nuestro futuro, no sólo como sociedad sino también como civilización.

La contaminación es un problema grave; que requiere la atención a través de todos los medios capaces de incidir en su disminución.

Si se trata, como es el caso del presente punto de acuerdo, de una fuente de contaminación altamente tóxica combinado con un enorme volumen, el tema se debe asumir por la sociedad en su conjunto, como una prioridad.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que, en la medida de sus posibilidades, realice una campaña a nivel nacional de concientización sobre la contaminación y los riesgos en la salud generados por tirar colillas de cigarro en la calle o desecharlas en las coladeras o las tuberías de la red de drenaje.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud.

2 Organización Mundial de la Salud.

3 Consejo Nacional contra las Adicciones.

4 Consejo Nacional contra las Adicciones.

5 Consejo Nacional contra las Adicciones.

6 Secretaria de Salud.

7 Consejo Nacional contra las Adicciones.

8 Secretaria de Salud.

9 Consejo Nacional contra las Adicciones.

10 Fuente: Glosario de Definiciones AMAP.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2016.

Diputados: Hugo Daniel Gaeta Esparza (rúbrica), José Luis Orozco Sánchez Aldana (rúbrica), Laura Valeria Guzmán Vázquez (rúbrica), Jesús Zúñiga Mendoza, Laura Plascencia Pacheco (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), Ramón Bañales Arambula (rúbrica), Javier Santillán Oceguera (rúbrica), Martha Lorena Covarrubias Anaya (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al IFT a coordinar acciones con los concesionarios de telefonía móvil para que los mapas de cobertura garantizada de cada servicio estén disponibles al público de manera clara, concisa y desglosada por municipio y entidad federativa, a cargo del diputado Ricardo del Rivero Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Ricardo del Rivero Martínez, diputado federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Actualmente el sector telecomunicaciones es considerado uno de los puntos clave para el desarrollo económico en cualquier parte del mundo y el servicio de telefonía móvil en nuestro país, tiene un crecimiento del 14.9 por ciento anual, que supera por mucho el desarrollo de la telefonía fija.

El servicio de telefonía móvil se ha convertido en una herramienta fundamental para la comunicación en todo el mundo y en nuestro país el servicio que prestan los concesionarios se ha vuelto muy deficiente en perjuicio de los usuarios.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) cuenta con un Plan Técnico Fundamental de Calidad del Servicio Local Móvil, que determina los indicadores, parámetros y obligaciones que deben cumplir los operadores, con la finalidad de que se preste un servicio de calidad en beneficio de los usuarios, estableciendo “en materia de calidad, los operadores están obligados a garantizar las condiciones de calidad de sus servicios (telefonía, SMS e Internet) por cada tecnología que utilice (2G, 3G, 4G), sólo dentro del área de cobertura geográfica que reportó al Instituto.1

El problema radica en que dichas mediciones de calidad del servicio se concentran solamente en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, quienes en suma, tienen más del 80% del total de usuarios de servicios de telefonía móvil en el país, dejando fuera de posibilidad de medición de calidad a entidades como Durango, estado que tan solo a finales de 20132 contaba con 104 mil 800 usuarios de telefonía móvil y que no es posible determinar ni siquiera, el número de usuarios que se encuentran abonados a determinado concesionario de los que operan en el estado.

Resulta indispensable resaltar el derecho de los usuarios de exigir a los concesionarios, el cumplimiento de las condiciones de calidad en los servicios. Este derecho debe ejercerse a través del conocimiento de los mapas de cobertura garantizada que los diversos concesionarios han registrado ante el IFT, y que de forma obligatoria, deben estar disponibles para su consulta pública en los diferentes centros de atención a clientes o en los sitios web respectivos. Esto puede traducirse a que el usuario tome una mejor decisión a la hora de contratar su servicio de telefonía móvil con un determinado concesionario y en un empoderamiento para exigir que se respeten sus derechos.

El presente punto de acuerdo tiene como fin, que los mapas de cobertura disponibles al público detallen claramente la cobertura por municipio y entidad federativa que maneja cada concesionario y que el IFT realice mediciones sobre la calidad de los servicios de telefonía móvil en el estado de Durango y en el resto del país.

Por lo anteriormente expuesto es que someto a la consideración de esta honorable soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la aprobación de la siguiente Proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), para que coordine las acciones necesarias con los concesionarios de telefonía móvil, a fin de que los mapas de cobertura garantizada de cada servicio estén disponibles al público de manera clara, concisa y desglosada, por cada municipio y entidad federativa del país.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a efecto de que en uso de sus atribuciones legales, realice las mediciones sobre la calidad de los servicios de telefonía móvil en el estado de Durango.

Notas

1 http://www.ift.org.mx/usuarios-telefonia-movil/calidad-en-el-servicio

2 Disponibles para consulta en http://siemt.ift.org.mx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2016.

Diputado Ricardo del Rivero Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a los laudos dictados por el pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en los expedientes 594/2010 y 1588/2010, donde se reconocen diversos derechos laborales del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, suscrita por los diputados Renato Josafat Molina Arias y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Los diputados Renato Josafat Molina Arias y Mario Ariel Juárez, integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal (SITSSP) tuvo su origen el año 2002, fecha en que se constituyó la Sección 40 de Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Gobierno del Distrito Federal (ahora Cuidad de México), afiliada al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, el que dio paso a la constitución del SITSSP, siendo otorgada la toma de nota correspondiente en cumplimiento de ejecutoria, bajo número de registro R.S. 4/06 por el honorable Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Desde que se constituyó la Sección 40 referida, a la fecha ha existido un acoso laboral e intimidación contra los trabajadores del SITSSP de los mandos medios y superiores de la SSP, a fin de que se desistan por coacción o cualquier otro medio a desafiliarse y retirarse del referido sindicato, contraviniendo lo establecido por el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo.

Que el gobierno del Distrito Federal (ahora la Ciudad de México) a través de la SSP llegó al extremo de desconocer al SITSSP, es por ello que el sindicato ya mencionado comenzó las siguientes acciones:

Con fecha 28 de enero de 2010, el SITSSP presentó la demanda en contra del jefe del gobierno y la SSP, turnada al pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje bajo el número de expediente 594/2010, en dicha demanda se reclama:

Primero. La entrega de las cuotas sindicales al SITSSP de mil 478 trabajadores con base en los acuerdos plenarios mencionados en el inciso a) del escrito de demanda.

Segundo. El otorgamiento de las condiciones generales de trabajo a todos los trabajadores que representa el SITSSP.

Tercero. El otorgamiento de las licencias sindicales de todo el Comité Ejecutivo del SITSSP.

El pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje mediante laudo de fecha 22 de marzo de 2012, ordenó en los resolutivos quinto, sexto, séptimo y octavo la basificación de 242 trabajadores, el descuento del 2 por ciento del salario de los 242 trabajadores para entregarlos al SITSSP, tres licencias con goce de salario a todo el comité ejecutivo, por todo el tiempo de duración de dicho sindicato, dejando a salvo los derechos de mil 220 trabajadores para que reclamen la basificación y asignación del dígito sindical, respectivamente.

Inconforme la SSP, promovió amparo, y en la ejecutoria DT-606/2012, DT-4091/2012 emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, se ordenó al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje emitir un nuevo laudo en el cual se absolvió a la SSP de las prestaciones reclamadas por el SITSSP, dejando a salvo los derechos de los miembros del SITSSP en los términos del considerando VI de dicho laudo, esto el 4 de abril de 2013.

Inconforme con dicho laudo el SITSSP, solicitó el amparo y protección de la justicia de la unión que correspondió conocer al Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito bajo el número DT-691/2013 por el que se concedió el amparo y protección de la justicia federal al SITSSP, con base en ello el pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje vuelve a emitir un laudo con fecha 11 de abril de 2014 en el expediente 594/2010, en el cual se condena a la SSP del Distrito Federal a las siguientes prestaciones:

• Efectúe el descuento de 2 por ciento del salario de los mil 478 trabajadores que se listan en el considerando V de la resolución mencionada.

• Se otorguen las licencias sindicales con goce de sueldo a los integrantes del Comité Ejecutivo del SITSSP.

• La tramitación administrativa derivada del reconocimiento de 242 trabajadores de base enlistados en el considerando IX de la resolución y asignarles el código sindical correspondiente.

Además de lo anterior el SITSSP en fecha 10 de mayo de 2010 presentó otra demanda en contra de la SSP ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, bajo el expediente 1588/2010, en dicha demanda el SITSSP reclamó las siguientes prestaciones:

1. El otorgamiento y firma de las condiciones generales de trabajo a todos los representados del SITSSP, incluyendo la homologación de las mismas.

Con fecha 9 de febrero de 2012, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje dictó un laudo absolutorio a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, por lo que el quejoso (SITSSP) interpuso un nuevo amparo, que conoció el Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito bajo la ejecutoria DT-538/2012 (DT-7961/2012), por el que concedió el amparo al SITSSP, por lo que con fecha 5 de marzo de 2013 dictó un nuevo laudo el pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en el que resulta absolutorio para la SSP de las prestaciones reclamadas, por lo que el SITSSP promovió un amparo, que conoció dicho tribunal colegiado bajo la ejecutoria DT-669/2013, concediéndose finalmente el amparo y protección de la justicia federal al SITSSP.

Con base en lo anterior el pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con fecha 11 de abril de 2014 emitió un nuevo laudo definitivo, por el cual condena a las siguientes prestaciones:

• Hacer extensivas las condiciones generales de trabajo a los mil 478 agremiados del SITSSP en caso de incumplimiento se tendrá acción en contra del oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal, por ser el encargado de vigilar su aplicación de conformidad con el artículo 33, fracción XVI, de la Ley de la Administración Pública del Distrito Federal.

• Otorgar la basificación de 242 trabajadores de base, enlistados en el considerando XI de dicha resolución.

Desde el 11 de abril de 2014 a la fecha, SSP se ha abstenido de dar cumplimiento a los laudos emitidos por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje bajo los expedientes 594/2010 y 1588/2010, todo ello en perjuicio del SITSSP, a partir del mes de abril de 2014 a la fecha.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta soberanía los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero . Esta representación nacional, con pleno respeto de las atribuciones constitucionales y legales, exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública y al oficial mayor del gobierno de la Ciudad de México a dar cumplimiento a los laudos emitidos por el pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en los expedientes 594/10 y 1588/2010, para el efecto de que se respeten los derechos laborales del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal que protege el artículo 123, apartado B, fracción X de nuestra Carta Magna.

Segundo . Asimismo, se exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de México, para el efecto de que verifique que tanto el secretario de Seguridad Pública y el oficial mayor de la Ciudad de México den cumplimiento a los laudos emitidos por el pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en los expedientes 594/2010 y 1588/2010, asimismo difundir el cumplimiento que den estas instituciones, lo anterior a efecto de respetar los derechos laborales

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2016.

Diputados: Renato Josafat Molina Arias, Mario Ariel Juárez (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta el Ejecutivo federal a modificar el Reglamento del Código Fiscal de la Federación para incorporar de manera permanente a los valuadores con cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada federal Claudia Edith Anaya Mota, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto con los artículos 6 numeral 1, fracción I, así como el artículo 79 numeral 2 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, la facultad reglamentaria1 , es aquella que se atribuye al presidente de la República la obligación de reglamentar las leyes que expide el Congreso de la Unión, como lo dispone el artículo 89 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al consignar en su fracción primera que el titular del Ejecutivo tiene la facultad y obligación de:

I. Promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.

Esta prerrogativa, se otorga dada la finalidad que se persigue con los reglamentos que tienden a posibilitar la ejecución de la ley, precisando las normas contenidas en las leyes sin contrariar ni ir más allá de sus contenidos y situaciones que regula.

Esta facultad, considerada como una facultad legislativa exclusiva de este alto funcionario, constituye como dice Jorge Madrazo

...una excepción al principio de separación de Poderes, pues siendo los reglamentos normas abstractas, generales e impersonales, son actos materialmente legislativos y formalmente administrativos.

La facultad reglamentaria se encuentra contenida en la expresión “proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia”. Es de consignarse, que el Ejecutivo únicamente puede reglamentar las leyes expedidas por el Congreso de la Unión, pues los reglamentos que él expide “deben estar necesariamente subordinados a las leyes expedidas por el Poder Legislativo federal”.

Su ejercicio se manifiesta en la expedición de las citadas normas que son abstractas, generales e impersonales, cuyo objetivo estriba en pormenorizar o detallar a las leyes de contenido administrativo que dicte el Congreso de la Unión para conseguir su mejor y más adecuada aplicación en los diferentes ramos que regula.

Sólo el presidente de la República los puede expedir, pues ningún otro funcionario y ni siquiera los secretarios de Estado o jefes de departamento tienen competencia para elaborarlos.

La presente proposición pretende exhortar al presidente de la República a modificar el Reglamento del Código Fiscal de la Federación2 a fin de que valuadores con cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública efectúen avalúos que prevé este Código.

El Código Fiscal de la Federación contiene 11 artículos que prevé al avalúo. Los artículos en los que se contempla esta figura son el 17, 27, 42, 58, 59, 60, 150, 175, 176, 191 y 195. Sin embargo, en el Reglamento del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2014 sólo hace referencia a este sector en el artículo 3:

Artículo 3. Los avalúos que se practiquen para efectos fiscales tendrán vigencia de un año, contado a partir de la fecha en que se emitan, para lo cual, las Autoridades Fiscales aceptarán los avalúos en relación con los bienes que se ofrezcan para garantizar el interés fiscal o cuando sea necesario contar con un avalúo en términos de lo previsto en el Capítulo III del Título V del Código.

Los avalúos a que se refiere el párrafo anterior, deberán ser practicados por los peritos valuadores siguientes:

I. El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales;

II. Instituciones de crédito;

III. Corredores públicos que cuenten con registro vigente ante la Secretaría de Economía, y

IV. Empresas dedicadas a la compraventa o subasta de bienes.

La autoridad fiscal en los casos que proceda y mediante el procedimiento que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, podrá solicitar la práctica de un segundo avalúo. El valor determinado en dicho avalúo será el que prevalezca.

En aquellos casos en que después de realizado el avalúo se lleven a cabo construcciones, instalaciones o mejoras permanentes al bien inmueble de que se trate, los valores consignados en dicho avalúo quedarán sin efecto, aun cuando no haya transcurrido el plazo señalado en el primer párrafo de este artículo.

En los avalúos referidos a una fecha anterior a aquélla en que se practiquen, se procederá conforme a lo siguiente:

a) Se determinará el valor del bien a la fecha en que se practique el avalúo;

b) La cantidad obtenida conforme a la fracción anterior se dividirá entre el factor que se obtenga de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior a aquél en que se practique el avalúo, entre el índice del mes al cual es referido el mismo, y

c) El resultado que se obtenga conforme a la operación a que se refiere el inciso anterior será el valor del bien a la fecha a la que el avalúo sea referido. El valuador podrá efectuar ajustes a este valor cuando existan razones que así lo justifiquen, antes de la presentación del avalúo, las cuales deberán señalarse expresamente en el mismo documento.

Es decir, las autoridades fiscales aceptarán los avalúos en relación con los bienes que se ofrezcan para garantizar el interés fiscal o cuando sea necesario contar con un avalúo o cuando sea necesario contar con un avalúo.

Los avalúos a que se refiere el párrafo anterior, deberán ser practicados por los peritos valuadores siguientes: el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, instituciones de crédito, corredores públicos que cuenten con registro vigente ante la Secretaría de Economía y empresas dedicadas a la compraventa o subasta de bienes. En esta relación se excluye a quienes que cuenten con cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública.

La Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo el 24 de febrero de 2012 publicó en el Diario Oficial de la Federación 3 “Modificación a las reglas de carácter general relativas a la autorización como valuador profesional de inmuebles objeto de créditos garantizados a la vivienda.

Al sector de los valuadores, además de lo expuesto con anterioridad, el Estado les ha regulado por medio de Misceláneas fiscales.

En la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 20144 por el Servicio de Administración Tributaria, se estableció:

Personas autorizadas para realizar avalúos en materia fiscal: Para los efectos del artículo 3 del Reglamento del CFF, los avalúos que se practiquen por personas que cuenten con cédula profesional de valuadores, expedida por la Secretaría de Educación Pública podrán ser recibidos y en su caso, aceptados para efectos fiscales.

De acuerdo con la Federación de Colegios de Evaluadores, a nivel estatal, existen las leyes de valuación en: Jalisco, Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Quintana Roo, Aguascalientes y Colima.

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores del 2016 señala que en el país hay 298 valuadores, de ellos 43 son mujeres y 255 son hombres.

En la Ciudad de México se concentran 111 valuadores, que representan 37.25 por ciento. Lo que representa que cuatro de cada 10 valuadores se encuentran en la Ciudad de México.

De conformidad con las Reglas para el otorgamiento, revalidación, suspensión y revocación del registro de peritos, en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales los valuadores se clasifican por especialidad valuatoria en las siguientes especialidades: inmobiliaria, agropecuaria, de Maquinaria y Equipo, de Propiedad Personal y de Negocios.

El Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 2016 registra 164 valuadores mobiliarios, que representan el 55.03 por ciento del total de estos profesionistas; ello representa que de cada 2 valuadores 1 es del sector mobiliario.

Por especialidad, le siguen los valuadores agropecuarios que representan 9.39 por ciento. Destaca que 200 valuadores se dedican al menos a una sola especialidad. Los demás 98 ejercen más de dos especialidades.

Este sector se encuentra representado por la Federación de Colegios de Evaluadores5 , que es un organismo de organización del gremio de valuadores, que tiene como objetivo general agrupar a los especialistas, maestros y doctores en valuación con el fin de impulsar el estudio, desarrollo y perfeccionamiento del ejercicio profesional de la valuación, concretamente y entre otras:

• Establecer y vigilar el cumplimiento del Código de Ética Profesional del Valuador.

• Prestar asesoría y asistencia técnica a los sectores social, público y privado, cuando estas sean requeridas a través de sus colegiados.

• Propugnar por que el valuador profesional que desempeñe un servicio, empleo, cargo o comisión, sea debido y oportunamente remunerado.

• Servir de árbitro en los conflictos entre valuadores profesionales, o entre estos y sus clientes, cuando los mismos acuerden someterse a dicho arbitraje.

• Prestar la más amplia colaboración al poder público actuando como cuerpo consultor en materia de valuación y consultoría.

• Formar y actualizar las listas de valuadores profesionales por especialidades, que serán las únicas que se utilizarán oficialmente y conforme a las cuales se realizará el servicio social.

• Establecer y aplicar las sanciones contra los valuadores que falten al cumplimiento de sus deberes profesionales, o ejecuten actos que desprestigien la actividad valuatoria, siempre que no se trate de actos y omisiones que deban ser sancionados por la autoridad.

• Velar por que los cargos públicos en que se requieran conocimientos propios de la valuación sean desempeñados por valuadores con cédula profesional y/o autorización del ejercicio otorgada por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.

• Denunciar ante la Secretaría de Educación Pública y ante las autoridades penales, las violaciones de la Ley Reglamentaria del Artículo Quinto Constitucional, relativo al ejercicio profesional.

En general, impulsar la valuación y promover todo aquello que tienda al mejoramiento intelectual, profesional y económico de sus colegiados.

• Velar por que los cargos públicos en que se requieran conocimientos propios de la valuación sean desempeñados por valuadores con cédula profesional y/o autorización del ejercicio otorgada por la dirección general de profesiones de la secretaría de educación pública.

Actualmente el Padrón de Valuadores Profesionales del País, integrados a los Colegios de Profesionistas pertenecientes a la Federación de Colegios de Valuadores, AC (Fecoval), es la siguiente:

Fuente: Federación de Colegios de Valuadores, AC

Este gremio profesional se autoregula por el Código de Ética y Principios que Regulan el Ejercicio de la Valuación en México.

En el Código se establece la obligación del valuador a determinar, describir y definir la expresión de valor adecuada. La expresión correcta de valor es responsabilidad única del Valuador. Es también su obligación explicar y describir claramente el significado de la expresión de valor específico que él ha determinado con el propósito de obviar un mal entendido y así evitar la aplicación equívoca, incorrecta o mala, ya sea en forma deliberada o no deliberada.

Además, es obligación del valuador determinar los resultados numéricos adecuados y aplicables con tan alto grado de exactitud como lo indique el propósito específico de la propia encomienda de valuación. Así como evitar dar un resultado numérico falso; es su obligación ejercer de manera ética, el valuador debe reconocer, comprender y guiar su conducta por los principios de ética que son parte esencial del auténtico ejercicio y práctica profesional.

Los miembros de los colegios reconocen la responsabilidad de que el cliente, debido no tiene el conocimiento especializado, y por lo tanto, deposita toda su confianza en el valuador, confía en que aplique sus conocimientos y habilidades profesionales.

El valuador tiene una obligación y responsabilidad hacia el público en general, que invalida y sobresee su obligación hacia su cliente, sea éste persona física o moral.

En el rubro de deberes y obligaciones primordiales del valuador, el Código prevé que es obligación del valuador para con su cliente entregar un trabajo completo, sin error y oportunamente, con resultados independientes de los deseos o anhelos del cliente, de otras personas, organismos o instituciones públicas o privadas.

El hecho de que un valuador, señala el Código, sea contratado para hacer una valuación, es asunto confidencial. No es correcto que un valuador revele a terceras personas la cantidad a que ha llegado en su conclusión de valor de un bien sin el permiso de su cliente, a manos que esta obligación la imponga la ley.

Es incorrecto, dice el Código, que un valuador acepte un trabajo que involucre la valuación de un bien para cuya valuación no está calificado, a manos que se asocie o consulte con otro valuador que esté debidamente calificado para valuar tal tipo de bienes, debiendo informar al cliente con antelación.

Asimismo, señala, que “cuando un valuador es contratado por una de las partes en un litigio, se considera práctica contraria a la ética que el valuador, en su avalúo, suprima u oculte cualquier hecho, dato u opinión que sea adverso a la causa de su cliente, o que destaque o haga resaltar cualesquiera hecho, datos u opiniones que sean favorables a la posición de su cliente, o que en cualquier otra forma asuma actitud parcial”.

Asevera el instrumento de disciplina interna, que “cuando dos o más clientes potenciales buscan los servicios de un valuador con respecto a la misma propiedad o con respecto a la misma causa legal, el valuador no puede servir apropiadamente a más de uno, excepto en el caso en que todas las partes estén enteradas y de acuerdo”.

Abundando sobre este gremio, señalan que cuentan con un convenio de prestación de servicios con el Servicio de Administración Tributaria-SAT-, para que los valuadores de los Colegios afiliados, elaboren los avalúos del SAT. Con esto se evidencia que ya existe relación y confianza hacia los valuadores profesionales con cédula.

Actualmente 26 Instituciones de educación superior del País ofertan el Posgrado en Valuación, con lo que se garantiza la cobertura y atención profesional con calidad.

• Universidad Autónoma de Aguascalientes

• Universidad Autónoma de Baja California

• Universidad Autónoma de Coahuila

• Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

• Universidad Autónoma de Durango

• Universidad Autónoma de Guanajuato

• Universidad Autónoma de Guadalajara

• Universidad el Valle de Atemajac

• Instituto Universitario Valores de Jalisco

• Universidad Autónoma de Puebla

• Universidad Autónoma Nuevo León

• Universidad Autónoma de Sonora

• Universidad Autónoma de Querétaro

• Universidad Autónoma de Tabasco

• Universidad Autónoma de Veracruz

• Universidad Autónoma de Zacatecas

• Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

• Instituto Universitario de Posgrados en Alta Dirección

• Universidad de Torreón Coahuila

• Instituto Tecnológico de la Construcción

• Colegio de Ingenieros Civiles de México

• Colegio de Valuadores de Sonora

• Universidad San Marcos (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.)

• Universidad de la Ciudad de México

• Universidad Autónoma del Estado de México

• Universidad Nacional Autónoma de México

Los valuadores con Cédula de Posgrado en Valuación son quienes elaboran los avalúos catastrales en 84 por ciento de los catastros municipales y estatales del país, sustentado en las leyes de catastro y leyes de valuación. Los valuadores con cédulas profesional son los únicos pueden valuar para el Indaabin, Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y los valuadores con cédulas profesional son los únicos pueden valuar para las instituciones bancarias del país.

El decreto por el que se modifica el artículo 4 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación6 el 21 de mayo de 2002, establecía:

Artículo 4. Los avalúos que se practiquen para efectos fiscales tendrán vigencia durante seis meses, contados a partir de la fecha en que se efectúen y deberán llevarse a cabo por las autoridades fiscales, instituciones de crédito, la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, por corredor público o personas que cuenten con cédula profesional de valuadores expedida por la Secretaría de Educación Pública.

Si el avalúo debe realizarse en poblaciones en donde no se cuente con los servicios de instituciones de crédito, de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, de corredor público, empresas dedicadas a la compraventa y subasta de bienes o de personas que cuenten con cédula profesional de valuadores expedida por la Secretaría de Educación Pública, podrá designarse a personas o instituciones versadas en la materia.

Dicho Reglamento volvió a ser modificado el 2 de marzo de 20147 en detrimento del sector de valuadores. La reforma les excluyó del beneficio, estableciendo:

Artículo 3. Los avalúos que se practiquen para efectos fiscales tendrán vigencia de un año, contado a partir de la fecha en que se emitan, para lo cual, las Autoridades Fiscales aceptarán los avalúos en relación con los bienes que se ofrezcan para garantizar el interés fiscal o cuando sea necesario contar con un avalúo en términos de lo previsto en el Capítulo III del Título V del Código.

Los avalúos a que se refiere el párrafo anterior, deberán ser practicados por los peritos valuadores siguientes:

I. El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales;

II. Instituciones de crédito;

III. Corredores públicos que cuenten con registro vigente ante la Secretaría de Economía, y

IV. Empresas dedicadas a la compraventa o subasta de bienes.

La autoridad fiscal en los casos que proceda y mediante el procedimiento que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, podrá solicitar la práctica de un segundo avalúo.

El valor determinado en dicho avalúo será el que prevalezca.

En aquellos casos en que después de realizado el avalúo se lleven a cabo construcciones, instalaciones o mejoras permanentes al bien inmueble de que se trate, los valores consignados en dicho avalúo quedarán sin efecto, aun cuando no haya transcurrido el plazo señalado en el primer párrafo de este artículo.

En los avalúos referidos a una fecha anterior a aquélla en que se practiquen, se procederá conforme a lo siguiente:

a) Se determinará el valor del bien a la fecha en que se practique el avalúo;

b) La cantidad obtenida conforme a la fracción anterior se dividirá entre el factor que se obtenga de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior a aquél en que se practique el avalúo, entre el índice del mes al cual es referido el mismo, y

c) El resultado que se obtenga conforme a la operación a que se refiere el inciso anterior será el valor del bien a la fecha a la que el avalúo sea referido. El valuador podrá efectuar ajustes a este valor cuando existan razones que así lo justifiquen, antes de la presentación del avalúo, las cuales deberán señalarse expresamente en el mismo documento.

Sin embargo, las negociaciones del sector valuador con las autoridades hacendarias determinaron que en la Resolución Miscelánea fiscal para 2016, en su contenido 2.1.38 se plasmara que:

Para los efectos del artículo 3 del Reglamento del CFF, los avalúos que se practiquen por personas que cuenten con cédula profesional de valuadores expedida por la Secretaría de Educación Pública de valuadores, podrán ser recibidos y, en su caso, aceptados para efectos fiscales. RCFF3.

Finalmente, la federación, en representación de 42 colegios de valuadores propone que la reforma al Reglamento en cuestión, al menos debería de establecer lo siguiente:

Artículo 3. Los avalúos que se practiquen para efectos fiscales tendrán vigencia de un año, contado a partir de la fecha en que se emitan, para lo cual, las autoridades fiscales aceptarán los avalúos en relación con los bienes que se ofrezcan para garantizar el interés fiscal o cuando sea necesario contar con un avalúo en términos de lo previsto en el Capítulo III del Título V del Código.

Los avalúos a que se refiere el párrafo anterior, deberán ser practicados por los peritos valuadores siguientes:

I. y II. ...

III. Corredores públicos que cuenten con registro vigente ante la Secretaría de Economía;

IV. Empresas dedicadas a la compraventa o subasta de bienes; y

V. Quienes que cuenten con cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública.

Es por lo que, con fundamento con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 numeral 1, fracción I, así como el artículo 79 numeral 2 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuoso de las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo federal, le exhorta a fin de que efectué las modificaciones que considere en el Reglamento del Código Fiscal de la Federación que permita incorporar de manera permanente a los valuadores que cuenten con cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública.

Notas

1 Diccionario universal de términos parlamentarios

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

3 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5235315&fecha=24/02/2012

4 http://www.milenio.com/negocios/Avaluos-solo-emitidos-valuadores-certif icados_0_318568449.html

5 http://www.fecoval.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=23

6 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=733541&fecha=21/05/20 02

7 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5339148&fecha=02/04/2 014

Dado en la Cámara de Diputados, a 11 de octubre de 2016.

Diputada Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se condenan las amenazas de muerte proferidas contra los integrantes del Comité Cerezo, particularmente los hermanos Héctor y Francisco Cerezo Contreras, y se exhorta a la PGR a identificar, detener y consignar ante los tribunales a los autores materiales e intelectuales de los delitos de amenazas y actos de intimidación en agravio de los integrantes de dicho colectivo, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Juan Romero Tenorio, Araceli Damián González, Cuitláhuac García Jiménez y Alfredo Basurto Román, en su calidad de integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, fracción II, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, conforme a las siguientes

Consideraciones

Primera. El pasado día 30 de septiembre de 2016, aproximadamente a las 7:00 horas apareció una pinta en la pared exterior de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la cual se amenazaba de muerte a miembros del Comité Cerezo, específicamente a los hermanos Cerezo Contreras.1

Ante ello, el organismo defensor de Derechos Humanos, hizo responsables a las autoridades federales, a las a las autoridades de la Ciudad de México y de Universidad Nacional Autónoma de México de la integridad física y psicológica de todos y cada uno de los integrantes de la organización.2

Mediante un comunicado el Comité Cerezo denunció estas amenazas y señala que las mismas se dan en el contexto de una serie de acciones de defensa de los derechos humanos dadas las continuas violaciones de que es objeto la población civil en México, entre estas acciones están

El lanzamiento de la acción urgente “AU-05-Michoacán/Cherán-29/septiembre/2016 emitida el día anterior con el título “policías estales disparan a estudiantes de la escuela Normal Indígena de Cherán, el normalista Héctor Montaño Jiménez se encuentra herido hombro por disparo de arma de fuego” y del Boletín Informativo del 24 de septiembre. “Nuevamente en riesgo la vida y la salud del Abogado defensor Librado Baños Rodríguez, ante negligencia del estado mexicano y autoridades del gobierno del estado de Oaxaca”.3

El Comité Cerezo México, como una organización integrante de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, entregó, junto con otras organizaciones de víctimas, una iniciativa ciudadana de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas cometidas por Particulares, tanto en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión como en el Senado de la Republica, el 6 y 13 de septiembre de 2016, respectivamente.

El 20 de septiembre el Comité Cerezo, junto con otras organizaciones defensoras de derechos humanos y de víctimas de violaciones, realizó una visita a la sede de la delegación de la Unión Europea en México, con representantes de las embajadas de Alemania, Austria, Bélgica, España, Estados Unidos , Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Polonia, Suecia y Suiza, además de la Unión Europea y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos u del Comité Internacional de la Cruz Roja, solicitando su colaboración para garantizar la idoneidad de la Ley General contra la Desaparición Forzada y Desaparición a Manos de Particulares.

El mismo 20 de septiembre, frente a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en una actividad de acompañamiento del Comité Cerezo México hacia trabajadoras despedidas injustamente por el IEMS, dos sujetos de apariencia tipo militar, estuvieron fotografiando la manifestación y a los manifestantes.

El 21 de septiembre una vez terminada la actividad de acompañamiento frente a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, aproximadamente a las 14:00 horas, uno de los sujetos que el día anterior estuvo fotografiando se acercó a Alejandro Cerezo Contreras, integrante del Comité Cerezo México y coordinador general de Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos ACUDDEH AC y le preguntó “qué le había resuelto la Junta”, a lo cual se le dijo que nada y se le preguntó de dónde venía, el joven le dijo que de la secretaría y a Alejandro le preguntó de qué secretaría venía y el joven le respondió “de la Secretaria de Defensa Nacional y que estaba viendo que les respondía al conflicto”.

Desde el 6 de septiembre de 2016, día en que se entregó la iniciativa de Ley General contra la Desaparición Forzada, el teléfono de la oficina del Comité Cerezo ha presentado numerosas fallas que han sido reportadas a la empresa sin que ésta haya compuesto totalmente el servicio ni haya dado explicación por las recurrentes fallas”.4

Se tiene también como antecedente de amenazas contra el Comité Cerezo, el ocurrido el 3 de marzo de 2015, fecha en que también en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM apareció pintada la frase: “muerte al Comité Cerezo”, como lo reportó el portal de Radio Fórmula. Véase al respecto http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=484255&idFC=2015, donde se reportaron estas graves advertencias.

Por ello cabe retomar como antecedente la postura íntegra del mismo Comité Cerezo en esa fecha, 3 de marzo de 2015:

Nuestro trabajo de 15 años nos ha dado la satisfacción de ser reconocidos en 2012 con el Premio de la Paz de Aquisgrán, Alemania y de ser parte de la Red Nacional de Organizaciones Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos desde 2010.

Los únicos beneficiados de nuestras actividades son quienes han decidido luchar por sus derechos: familiares de presos, de personas detenidas desaparecidas, personas u organizaciones amenazadas, personas interesadas adquirir los elementos básicos para defender sus derechos; niños, jóvenes, adultos; las únicas perjudicadas son las autoridades que violan los derechos humanos, quienes son evidenciadas en sus responsabilidades por las violaciones que comenten por omisión, comisión o aquiescencia al documentar las mismas; autoridades que desean mantenerse en la impunidad para perpetuar y fortalecer el clima de miedo y zozobra en el cual intentan mantenernos sumidos a los defensores de derechos humanos.

Por ello hacemos responsables a las autoridades federales, de la Ciudad de México y de la Universidad Nacional Autónoma de México de la integridad física y psicológica de todos y cada uno de los integrantes de nuestra organización de derechos humanos.

Como organización de derechos humanos que documenta violaciones graves a los derechos humanos: desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, prisión por motivos políticos hemos aprendido que la aquiescencia (cuando el Estado mandata a particulares) es una forma de violar derechos humanos del Estado y que con esta forma perversa pretende ocultar y evadir su responsabilidad intelectual en la perpetración de las mismas, no importa de qué color se vista el Estado, no importa qué nombre se invente, ni bajo que discurso lo haga, son sus autoridades las responsables de esta nueva amenaza de muerte contra integrantes de nuestra organización.

Hacemos un llamado a todas las organizaciones de derechos humanos, sociales, estudiantiles, de víctimas de violaciones de derechos humanos que hemos acompañado, que estamos acompañando y que a su vez nos han acompañado a estar atentos, a seguir siendo solidarios ante esta nueva amenaza que posiblemente vendrá acompañada de una nueva campaña en redes sociales de difamaciones y mentiras sobre nuestro trabajo cuyo único fin es alimentar los argumentos con los cuales se busca deslegitimar nuestro trabajo para así legitimar una posible agresión.

Comité Cerezo México.

Segunda. El miércoles 5 de octubre de 2016, integrantes del comité organizador del Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo expresaron su preocupación ante la amenazas del Comité Cerezo-México en los siguientes términos:

Las organizaciones, colectivos y activistas firmantes tod@s integrantes del comité organizador del Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo, manifestamos nuestra preocupación ante la amenaza de muerte contra quienes integran el Comité Cerezo México, de manera específica contra los hermanos Cerezo Contreras.

Esta nueva amenaza fue pintada el pasado viernes 30 de septiembre en la pared exterior de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lugar en que se encuentra la cafetería del Comité Cerezo México.

Reconocemos el valiosos trabajo de defensa documentación y acompañamiento a víctimas de violaciones de derechos humanos que desde años tras realiza el Comité Cerezo México; quienes desde hace años son parte de las organizaciones convocantes a este Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo.

Instamos a las autoridades competentes a tomar las medidas necesarias para garantizar la integridad física, psicológica y delos bienes materiales de los hermanos Cerezo contreras, quienes, cabe mencionar, cuentan con medias cautelares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Nos mantenemos vigilantes y en solidaridad con el Comité Cerezo México y de manera especial con los Hnos. Cerezo Contreras víctimas directas de esta nueva amenaza.

Atentamente: Convocantes y Simpatizantes del Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo: Fundación Don Sergio Méndez Arceo; casa de migrantes Tochan; CEB Derechos Humanos; Centro Cuernavanquense de Diálogo para el Desarrollo, AC; Centro de Estudios Ecuménicos, AC; Centro Nacional de Comunicación Social, AC; Centro Tlahuica de Lenguas e Intercambio Cultural; Círculo Cultural Morelos, AC; Colectivo ALAS; Comisión de Justicia y Paz de la Familia Dominicana OP; Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Óscar A. Romero; Comunidad Dominicana de Cuernavaca; Comunidad Ecuménica de México; Comunidad Ecuménica Magdala; Cristianos en Acción por los Derechos Humanos, AC; Desarrollo Provincial de Comunicación; Iglesia Anglicana de México; Frente Cívico pro defensa del Casino de la Selva; Grupo de Sacerdotes y Amig@s de Don Sergio Iglesias por la Paz; Observatorio Eclesial Pastoral Social Diócesis de México; Iglesia Anglicana de México; Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina; Servicio y Asesoría para la Paz; con los Pueblos de América; Servicio, Paz y Justicia; Alicia Dorantes Camacho; Arturo Carrasco Gómez; Iglesia Anglicana de México; Carlos Ramírez; Sacerdote Iglesia Anglicana de México; Carmen Gallegos; Eloy Durán Valerio; Mariana Gómez Álvarez-Icaza.5

Tercera. En el entorno de violencia que afecta la labor que desempeñan las personas defensoras y periodistas para la construcción de la democracia, es vital el compromiso político para la implantación integral, con estricto apego a la ley, del mecanismo de protección federal.

Sin las necesarias medidas de prevención, de la mano con la investigación y presentación de las personas responsables de los ataques ante la justicia, la protección que ofrece el mecanismo resulta insuficiente, pues no revierte el contexto actual de abusos contra quienes ejercen la defensa de los derechos humanos y la libre expresión, ni rompe el círculo vicioso de repetición que facilita la impunidad.

A tres años de la publicación de la Ley Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el 25 de junio de 2012,6 por la que se creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, los resultados demuestran que éste no ha logrado conseguir un cambio significativo en la situación de las personas defensoras y periodistas y pone en evidencia las problemáticas que requieren atención inmediata para garantizar la seguridad de ambos colectivos.

Se ha ubicado la ausencia de respaldo político, financiero y de recursos humanos del Mecanismo, seguido de la falta de reconocimiento de la labor de las personas defensoras y periodistas; la descoordinación y falta de voluntad de las autoridades competentes de los distintos niveles de gobierno –a pesar de la firma de los convenios de colaboración–; las limitaciones en la investigación, y el desinterés en activar las herramientas que por ley se definieron para prevenir los abusos y ataques contra esta población. Todo ello es una muestra de los retos que enfrenta el mecanismo para reducir el riesgo y tomar medidas efectivas para su correcta implantación.

Pese a que el mecanismo de protección fue resultado de las exigencias de organizaciones de la sociedad civil para impulsar una política pública integral de prevención y protección de la labor de personas defensoras y periodistas, éste no podrá ser eficaz mientras la colusión de autoridades y la impunidad registrada, en la mayoría de los casos de agresión denunciados, siga siendo la norma, pues rara vez los ataques contra personas defensoras y periodistas son investigados de forma efectiva por las autoridades federales y estatales.

La correcta implantación y ejecución del mecanismo de protección para personas defensoras y periodistas requieren además estrategias que garanticen de forma integral la defensa de los derechos humanos en México.

Es fundamental que el Estado y sus instituciones visibilicen y respalden la legítima actividad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, reconociendo públicamente su valía para la vida democrática del país.

En las Observaciones sobre el informe presentado por México al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, dicho comité refirió que el Estado mexicano

31. El Estado parte debería

a) Redoblar sus esfuerzos para asegurar la implementación rápida y eficaz de las medidas de protección previstas en la legislación con miras a garantizar la efectiva protección de todas las personas a las que se refiere el artículo 12, párrafo 1, de la Convención contra todo maltrato o intimidación de los que pudieran ser objeto;

b) Incrementar sus esfuerzos con miras a prevenir y sancionar los actos de intimidación y/o malos tratos de los que pudieran ser objeto los defensores de derechos humanos que trabajan para combatir las desapariciones forzadas y asistir a las víctimas;

c) Documentar hechos de agresiones, amenazas e intimidaciones a fin de elaborar políticas de prevención y protección y facilitar una investigación eficaz de los hechos;

d) Asegurar muy especialmente que todos los agentes estatales se abstengan de realizar declaraciones públicas que pudieran descalificar, estigmatizar o poner en riesgo a los allegados de personas desaparecidas o a los defensores de derechos humanos que trabajan para combatir las desapariciones forzadas y asistir a las víctimas.7

Cuarta. La Ley Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas señala las obligaciones del Estado para la protección de las militantes defensores de derechos humanos y comunicadores y señala:

Artículo 30. Las medidas preventivas, las medidas de protección y las medidas urgentes de protección deberán reducir al máximo la exposición al riesgo, serán idóneas, eficaces y temporales, podrán ser individuales o colectivas y serán acordes con las mejores metodologías, estándares internacionales y buenas prácticas . En ningún caso dichas medidas restringirán las actividades de los beneficiarios, ni implicarán vigilancia o intrusiones no deseadas en sus vidas laborales o personales.

Y en el artículo 32 indica:

Artículo 32. Las medidas urgentes de protección incluyen I) Evacuación; II) Reubicación temporal; III) Escoltas de cuerpos especializados; IV) Protección de inmuebles; y V) Las demás que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y libertad de los beneficiarios.

Es claro que dentro del estado democrático de derecho, es una responsabilidad primordial del Estado mexicano brindar seguridad a sus ciudadanos y el marco de libertades para desarrollar sus actividades, lo que por supuesto incluye “prevenir y sancionar los actos de intimidación o malos tratos de que pudieran ser objeto los defensores de derechos humanos que trabajan para combatir las desapariciones forzadas y asistir a las víctimas”, hipótesis en la que se encuentran los integrantes del Comité Cerezo particularmente los hermanos Héctor Cerezo Contreras y Francisco Cerezo Contreras, defensores y activistas de derechos humanos, por lo que se torna imprescindible e impostergable adoptar las medidas urgentes de protección para salvaguardar su vida, integridad y libertad.

El Código Penal Federal señala:

Artículo 282. Se aplicará sanción de tres días a un año de prisión o de 180 a 360 días multa

1. Al que de cualquier modo amenace a otro con causarle un mal en su persona, en sus bienes, en su honor o en sus derechos, o en la persona, honor, bienes o derechos de alguien con quien esté ligado con algún vínculo; y

2. Al que por medio de amenazas de cualquier género trate de impedir que otro ejecute lo que tiene derecho a hacer.

Si el ofendido fuere alguno de los parientes o personas a que se refieren los artículos 343 bis y 343 ter, en este último caso siempre y cuando habiten en el mismo domicilio, se aumentará la pena que corresponda hasta en una tercera parte en su mínimo y en su máximo.

Si el ofendido por la amenaza fuere víctima u ofendido o testigo en un procedimiento penal, la pena será de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa.

Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella, con excepción del establecido en el párrafo anterior que se perseguirá de oficio.

Por las razones arriba expuestas, pongo a consideración de esta soberanía, como de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condena las amenazas de muerte realizadas contra los integrantes del Comité Cerezo, particularmente contra los hermanos Héctor Cerezo y Francisco Cerezo Contreras.

Segundo. Se exhorta la Procuraduría General de la República para en el marco de sus facultades identifiquen, detenga y consigne ante los tribunales a los autores materiales e intelectuales de las agresiones y actos de intimidación en contra los integrantes del Comité Cerezo, particularmente contra los hermanos Héctor Cerezo y Francisco Cerezo Contreras.

Notas

1 Integrantes del Comité Cerezo son amenazados de muerte. https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sour ce=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJydewuM_PAhVn5oM KHV3rCX0QFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.comitecerezo.org%2Fspip.php%3 Farticle2637&usg=AFQjCNGIcwGoU_C9GtoShNDJ2O23nWxgDw

2 Ídem.

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 Preocupación ante amenazas al Comité Cerezo-México https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sour ce=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmhMTlp9DPAhUk5IM KHaiVAGIQFgggMAA&url=https%3A%2F%2Ffundacionsergiomendezarceo.org%2 Fpremio-don-sergio%2Fpreocupacion-ante-amenazas-al-comite-cerezo-mexico %2F&usg=AFQjCNFj4M4391yY0jL58hul57R5JI5XvA

6 Diario Oficial de la Federación, 25 de junio de 2012.

7 Comité contra la Desaparición Forzada. Observaciones finales sobre el informe presentado por México en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención. Capítulo “Protección de las personas que denuncian o participan en la investigación de una desaparición forzada”.

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&
cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmkfu4mZ_LAhVkvYMKHW2bACcQFggbMAA&
url=http%3A%2F%2Ftbinternet.ohchr.org%2FTreaties%2FCED%2FShared%2520Documents%2FMEX%
2FINT_CED_COB_MEX_19564_S.pdf&usg=AFQjCNGlQEA0qioRi-XZKB9ynpYhctfAxA

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2016.

Diputados: Juan Romero Tenorio (rúbrica), Araceli Damián González, Cuitláhuac García Jiménez, Alfredo Basurto Román.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a difundir los acuerdos derivados en apoyos millonarios al programa Juntos Podemos/Together We Can e informar públicamente sobre el destino y uso de esos recursos; y a la SFP, a clarificar en el marco de sus atribuciones los gastos de origen oficial otorgados a aquél y su destino, y –en su caso– fincar las responsabilidades a que haya lugar, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González, en su calidad de diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. De acuerdo con el portal Juntos Podemos/Together We Can”1 éste es un programa en el que participan cinco organizaciones (Parents Alliance, Latinos Together, Siempre México, Integra Institute y Unidos en Salud) y está “encabezado por la Asociación de Empresarios Mexicanos por medio de la AEM-Fundation”. El programa está enfocado en apoyar el desarrollo y bienestar de los mexicanos en Estados Unidos. Desde finales de 2013, lo preside de manera honorífica la licenciada Josefina Vázquez Mota, ex secretaria de dos gabinetes de gobierno del Partido Acción Nacional (PAN) y ex candidata a la presidencia por ese partido en 2012.

Según su portal, el programa en mención es un “resultado de más de 15 años de trabajo con la comunidad de mexicanos en Estados Unidos. Desde la creación del programa para el aprovechamiento de las remesas, “3 x 1 para migrantes”, cuando Vázquez Mota encabezaba la Secretaría de Desarrollo Social, lo que le permitió tener contacto directo con la comunidad mexicana en Estados Unidos, lo que le permitió “identificar sus necesidades y atender sus demandas”.

Segunda. En fechas recientes en el portal de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó una investigación en la que denunció que, a pesar de que “Juntos Podemos” no puede recibir donaciones directas para financiar sus acciones, por su carácter de fundación, otras dos organizaciones encargadas de financiarla (AEM-USA Foundation y Parents Alliance Inc. –que dependen de AEM), han recibido recursos públicos por parte del el gobierno de Enrique Peña Nieto, que han sido dirigidos al Programa en cuestión, a través de operaciones triangulares.2

Tercera. Ante el señalamiento sobre si las actividades del programa eran financiadas por el gobierno de quien fuera su contrincante en la elección presidencial, respondió:

“lo primero que quiero decir es que nunca he recibido un solo peso de recursos públicos, porque jurídicamente Juntos Podemos no tiene ninguna posibilidad de tener dinero alguno (...) ésta no es una fundación ni una organización de la sociedad civil. Lo que hace es tratar de unir, de tocar puertas en Estados Unidos y México”.3

Cuarta. De acuerdo con MCCI, “Juntos Podemos” ha recibido de la actual administración más de 900 millones de pesos, a pesar de no estar registrada como donataria, y los ha recibido desde mayo del año pasado a través de la AEM. Los recursos correspondientes a 2015 fueron verificados con Jorge Santibáñez –director ejecutivo del programa en cuestión–, y los de 2016 fueron corroborados con una ficha informativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Lo anterior muestra que las declaraciones de Vázquez Mota no se sujetan a la verdad.

Lo que agrave lo anterior es que existe una diferencia de 9 millones de dólares entre lo recibido y lo distribuido el año pasado. Aunque MCCI señala que se le preguntó a Santibáñez, quien fuera colaborador de Vázquez Mota cuando estuvo al frente de la Secretaría de Educación Pública, en reiteradas ocasiones sobre la diferencia de los 9 millones de dólares, simplemente respondió que “no conocía los detalles”.4

Esa diferencia deriva de información con que cuenta MCCI, de acuerdo con la cual la cantidad recibida el primer año de operación del programa involucró 26,1 millones de dólares de fondos gubernamentales, y un desglose por ciudad de los 17 millones de dólares repartidos en 2015, una diferencia de 9 millones de dólares.

Por otra parte, la ficha obtenida de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) específica que la presente administración “ha firmado diversos instrumentos de cooperación con AEM-USA Foundation y Parents Alliance Inc”. Y si bien no dio a conocer los montos que se destinaron a esas dos organizaciones en 2015, sí lo hizo con los correspondientes a 2016.

En la ficha informativa de la SRE se detalla así el financiamiento a “Juntos Podemos”:

“En el presente ejercicio fiscal 2016, como parte de la estrategia de apoyo a nuestros connacionales en Estados Unidos y a fin de multiplicar los recursos públicos y atendiendo las líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 y el Programa Sectorial, se han firmado los siguientes Memorando de Entendimiento sobre Cooperación, con un total de $486, 666,169.35 MDP.

• Consulado de México en Chicago con AM-USA Foundation, por $137, 884,817.92 MDP

• Consulado de México en Laredo con Parents Alliance Inc., por $143, 845,972.07 MPD

• Consulado de México en Nueva York con AM-USA Foundation, por $204, 935,379.36 MDP

Los recursos se destinan a las asociaciones que habiendo presentado sus propuestas de proyectos, antecedentes, etc. ante nuestros Consulados acreditan ser las organizaciones que conocen y trabajan con nuestras comunidades”.5

Cabe señalar que ni en la página de internet de la SRE ni en la de “Juntos Podemos” se encuentran disponibles los documentos respectivos a esos acuerdos. Tampoco es público el listado de los nombres de las instituciones que reciben los apoyos del programa, como tampoco los montos de cada uno de esos apoyos, o los informes de resultados.

Quinta . Existen versiones sobre una alianza no oficial entre Vázquez Mota y Peña Nieto, la cual supuestamente se formalizó en una reunión en Los Pinos el 19 de febrero de 2015. En esa reunión se habrían pactado apoyos por un total de 26 millones 113 mil 800 dólares para ese año. También se cree que al encuentro acudió en representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Ernesto de Lucas Hopkins, entonces director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME).6

Sexta. Es importante conocer si parte de esos recursos se están destinando a la posible candidatura de Vázquez Mota al Estado de México, porque se trata de dinero público y de una enredada forma de participación de organismos privados en políticas públicas con respecto a un tema tan importante para el país como son los migrantes.

A nada de lo anterior han respondido satisfactoriamente, ni los directivos de “Juntos Podemos” ni la propia Vázquez Mota.

Cabe recordar lo que recién argumentó el dirigente nacional del PAN, durante una reunión con las juventudes de su partido: “no habrá simulación ni se va a defender a nadie que haya cometido un acto de corrupción”7 .

Por lo expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición, como de urgente u obvia resolución, con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores que haga públicos los acuerdos que derivaron en apoyos millonarios al programa Juntos Podemos/Together we can e informe públicamente sobre el destino y uso de esos recursos.

Segundo. Asimismo, se le hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de la Función Pública, para que, en el marco de sus atribuciones, clarifique los gastos de origen oficial otorgados al mismo, así como su destino, y en su caso, finque las responsabilidades a que haya lugar.

Notas

1 Juntos Podemos/Together we can . “Misión”. Disponible para consulta en: http://juntospodemos.mx/acerca/

2 Contra la corrupción. “Juntos Podemos”. Disponible para consulta en: https://contralacorrupcion.mx/juntospodemos/

3 “Gobernar bien, nuestra mejor carta para 2018” (La Jornada, 23 de septiembre de 2016). Disponible para consulta en:
http://www.jornada.unam.mx/2016/09/23/politica/014e1pol

4 Contra la corrupción. ”Juntos Podemos”. Disponible para consulta en: https://contralacorrupcion.mx/juntospodemos/

5 Contra la corrupción. ”Juntos Podemos”. Disponible para consulta en: https://contralacorrupcion.mx/juntospodemos/

6 “EPN y Josefina, juntos en Juntos Podemos” (El Financiero, 4 de octubre de 2016). Disponible para su consulta en:

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/epn-y-josefina-ju ntos-en-juntos-podemos.html

7 “No refrendaremos a corruptos: Ricardo Anaya” (Excélsior, 3 de octubre de 2016). Disponible para consulta en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/10/03/1120299

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 11 de octubre de 2016.

Diputada Araceli Damián González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al gasto comprendido en el programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, incluido el análisis de la conveniencia de formalizar un plan de beneficio definido para las instituciones y universidades públicas estatales, a cargo de la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo al tenor de lo siguientes

Antecedentes y consideraciones

Uno de los comportamientos de los administradores públicos que más molestan a la ciudadanía, deriva de la percepción de que actúan sin la suficiente transparencia en las decisiones relacionadas con el ejercicio del gasto, como si tuvieran la potestad de aplicarlo a su libre albedrío.

Por fortuna, la ciudadanía está cada vez menos dispuesta a aceptar que los funcionarios, que justifican su posición argumentando que están ahí como consecuencia de un proceso supuestamente democrático, puedan decidir discrecionalmente el uso de los recursos públicos. Hoy los ciudadanos están más vigilantes y preguntan acerca de los diferentes programas: ¿Cuál es su objetivo?; ¿están justificados?; ¿el programa diseñado es la mejor manera de alcanzar ese objetivo?; ¿los recursos asignados son suficientes?; ¿cuáles son los resultados?; ¿ese gasto se deberá ratificar cada año? Y así, hacen múltiples preguntas y nosotros, como legisladores, estamos obligados a retomar esa preocupación.

En ese sentido, se considera que el secretario de Educación Pública (SEP) está obligado a explicar el uso que hace de los recursos asignados a esa Secretaría. Por ejemplo, debe explicar la reducción del gasto en la Subsecretaría de Educación Superior, que modificó a la baja su presupuesto en 2,142 millones de pesos, una reducción de casi 30 por ciento, para terminar gastando sólo 4 mil 630 millones de pesos.

En particular, se considera que el secretario debe explicar a la sociedad qué es lo que hace la dependencia a su cargo con el Programa U080 Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación. Cabe señalar que, según el diagnóstico que publicó la SEP con fecha de agosto de 2014, ese programa se creó en el Ejercicio Fiscal de 2014, a partir de la homologación de los programas presupuestarios: U019 Apoyo a desregulados, U023 Subsidios para centros de educación y U070 Programa para Organizaciones en Apoyo de la Educación, los cuales estaban a cargo de la Unidad Responsable 700 Oficialía Mayor. En el cuadro 4.3 de ese diagnóstico se explica la participación de las diferentes instancias administrativas de la SEP para alcanzar la población objetivo del programa.

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Diagnóstico U080 Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, agosto, 2014.

Según la secretaría, mediante esos programas se brindaban los siguientes apoyos: U019: Apoyo al Consejo Consultivo de Ciencias, para la realización de investigaciones en materia científica y tecnológica; U023: Apoyo financiero extraordinario no regularizable a las entidades federativas para que solventen gastos inherentes a la operación y prestación de servicios de educación; U070: Apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, para la promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico.

El Programa atiende a 10 Organismos y 1 Programa Interno de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES) todos ellos en el Distrito Federal, y a los cuales se les gestiona el envío de recursos federales para que puedan cumplir con las actividades propias de cada uno de ellos relacionadas con la difusión cultural en todas sus manifestaciones (producción científica, filosófica y artística), el recurso es destinado en su totalidad a cubrir el Gasto de Operación de las mismas.

Además, ha impulsado esfuerzos a “través de organizaciones como el Sistema Nacional de Educación a Distancia (Sined), Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México, para el estudio y mejoramiento de las plataformas tecnológicas, así como la promoción de programas educativos en la modalidad abierta y a distancia, sin embargo los recursos y esfuerzos no han sido suficientes”.

De acuerdo con este diagnóstico, en la tabla 2.2.2. Educación Superior, para 2014 asignaría recursos por 470.5 millones de pesos.

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Diagnóstico U080 Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, agosto, 2014.

También distribuye recursos al nivel de educación media superior en dos programas: “Apoyo a Desregulados” y “Generación y Articulación de Políticas Integrales de Juventud”; los cuales tienen poblaciones y objetivos diferentes.

En el caso de “Apoyo a Desregulados” del nivel media superior, afirma que se entregan recursos presupuestales al Centro de Educación para los Trabajadores del Congreso del Trabajo (Ceduct), y al programa de “Generación y Articulación de Políticas Integrales de Juventud”, donde se utilizan para la operación del Programa CONSTRUYET, que tiene como objetivo “desarrollar la capacidad institucional de la escuela, específicamente el liderazgo de los directivos y docentes, para contribuir al desarrollo socioemocional de los jóvenes y mejorar el ambiente escolar, a través de la generación de condiciones y habilidades que les permitan prevenir y atender conductas de violencia y otros riesgos asociados a las y los jóvenes, desde una perspectiva de ejercicio de derechos y construcción de ciudadanía”.

Finalmente, para comprender los propósitos que persiguen estos componentes del programa U080 Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación, en el diagnóstico del 2014 publican los siguientes esquemas de identificación de problemas y propuestas de soluciones.

2.4 Árbol de problemas

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Diagnóstico U080 Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, agosto, 2014.

Independientemente de la opinión que se pueda tener sobre este diagnóstico, de la forma en que pretende resolver un problema que, por la descripción que hace la SEP, responde a las condiciones del entorno en el que se desarrolla nuestra juventud y requeriría un esfuerzo conjunto de todas las dependencias del sector público para modificarlo, lo cierto es que el programa más bien se ha convertido en un canal de dispersión de recursos que genera muchas dudas.

1. El diagnóstico afirma que “conforme a la clasificación económica que presenta el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2014, el presupuesto original del Programa es considerado gasto de inversión física, por lo que no contempla la asignación de gasto corriente en servicios personales ni gastos de operación”. Lo último es cierto, pero no hay nada que obligue a considerarlo inversión física. Sus objetivos y justificación se refieren sólo a subsidios para operación.

2. El gasto a través del programa ha sido excesivamente alto, con respecto a los contenidos explicados en el diagnóstico y más aún, con relación a lo que solicita cada año la SEP para su ejecución. En 2014, cuando comenzó la consolidación en uno sólo de los programas que ahora integran el U 080 Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación, el presupuesto que solicitó la SEP fue de 1,957 millones, sin embargo, para el cierre del año en realidad ejerció 30,943 millones de pesos. Hipotéticamente debió enfrentar necesidades extraordinarias no consideradas al momento de presentar su proyecto de presupuesto.

Lo del carácter extraordinario de los recursos ejercidos en 2014 se supone a partir de que para 2015 la solicitud de presupuesto que presentó la SEP para ese programa fue menor y se le asignaron mil 78 millones de pesos en 2015. Sin embargo, al final del año ejerció 25 mil 627 millones de pesos, con un incremento de más de 2000 por ciento.

3.1 Árbol de objetivos

Fuente: Elaboración con información del presupuesto aprobado y de la cuenta pública para el ejercido. Para 2017 es el PPEF. Los recursos se asignaron a la Oficialía Mayor por falta de información en cuanto su distribución en las Subsecretarías. El monto es el total.

Y, nuevamente, para 2016, su estimación se recursos para el año en curso fue de 961 millones, pero para el cierre del primer semestre ya se han ejercido 4 mil 841 millones de pesos.

Todo esto indica que la SEP está fallando en uno de dos aspectos que implican responsabilidad. O está desviando una cantidad considerable de recursos para ejercerlos discrecionalmente a cambio de obtener voluntades a favor de sus políticas. Esto sería muy grave, pero sólo sería otra cara del deplorable esquema de los “moches”, ejercido por el Ejecutivo en los últimos años para distribuir recursos, que son de la sociedad. O ha identificado la necesidad de atender rezagos u oportunidades, sobre todo en las instituciones de educación pública de las entidades federativas, para las cuales sería conveniente contar con un programa institucional, no discrecional, que tuviera la capacidad de resolver de fondo esos problemas. En este caso, la omisión también es una gran irresponsabilidad. ¿Cuál es el caso?

3. Es muy importante insistir en que los incrementos que decidió el secretario de Educación a un programa que no es sustantivo, que no tiene un objetivo claro y que, desde que se incluyó en el presupuesto sólo le justificó solicitar recursos por menos de 2 mil millones de pesos anuales, requiere respuestas puntuales. La suspicacia también obedece a que una aparente improvisación ha propiciado que la Oficialía Mayor se convierta en el actor principal del programa que, por cierto, en 2015 representó cerca de 8 por ciento del presupuesto total de la SEP. No es algo que se pueda ignorar. Además, llama la atención que la mayor parte de esos recursos adicionales se ejercieron fundamentalmente en el cuarto trimestre de 2014 y 2015. ¿Qué problema buscan resolver?

4. Estas explicaciones tienen una gran importancia, tomando en cuenta que para 2017, el Proyecto de Presupuesto de Egresos propone un recorte al ramo de Educación Pública de 31 mil 600 millones de pesos, 10.62 por ciento menos, al reducirse de 297 mil 300 millones asignados en 2016 a 265 mil 700 millones para el año próximo, todo en pesos de constantes de 2017. Es una drástica baja presupuestal con la que se podría intentar afectar a programas realmente sustantivos para el sistema nacional de educación pública. Tal es el caso del Programa Nacional de Becas, cuyo presupuesto asignado en 2015 fue de 13 mil 699 millones de pesos y apenas se ejercieron poco más de 10 mil millones de pesos. O el no ejercicio de 29.2 por ciento del Presupuesto de 2015 del Fondo para elevar la Calidad de la Educación Superior.

5. En una auditoría realizada por la Auditoría Superior de la Federación al ejercicio 2014 del programa U 080 Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación, encontró que en la administración de los recursos, la Secretaría de Educación Pública incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en virtud de que no se establece claramente el motivo por el cual la diferencia entre el presupuesto autorizado y el modificado es relevante, y en los convenios de apoyo financieros, no se establece el principio de anualidad para la aplicación de los recursos del Programa. Es importante que el seguimiento de este tema no quede en observaciones, sino que se proporcionen respuestas transparentes y suficientes y, sobre todo, soluciones.

Hasta ahora lo que han demostrado es que guían al país actuando con falta de transparencia, el engaño y la opacidad, en un momento en que el país requiere responsabilidad y compromiso.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que haga pública la orientación de los recursos ejercidos por medio del programa U 080 Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación, los centros y organismos beneficiados y sus resultados y fundamente la conveniencia de seguir aplicando los recursos de esa manera, y proponer un esquema institucional que frene la discrecionalidad.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a llevar a cabo una auditoría a los recursos ejercidos mediante el programa U 080 Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación, los centros y organizaciones beneficiadas y resultados alcanzados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2016.

Diputada Patricia Elena Aceves Pastrana (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía a modificar el artículo 12 de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación de 2017 para facilitar a las instituciones de educación superior y los institutos y centros de investigación del sector público la disposición de los recursos autogenerados, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Juan Romero Tenorio, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes y consideraciones

Uno de los problemas que enfrentan los institutos de investigación y desarrollo científico del sector público, así como las instituciones educativas, planteles y centros de investigación de las dependencias que prestan servicios de educación media superior, superior, de posgrado, de investigación y formación para el trabajo del sector público, es la falta de recursos económicos para su operación.

En este sentido, la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación que presentó el Ejecutivo en el artículo 12 propone continuar con el mismo tratamiento para el manejo de ingresos para las entidades, los poderes Legislativo y Judicial y los órganos autónomos por disposición constitucional, en lo que se refiere a la determinación de las obligaciones de entero, registro e informe sobre los ingresos que obtengan, así como que se concentrarán en la Tesofe en tiempo y forma.

En el caso de los centros educativos y de investigación del sector público, esos ingresos son los autogenerados que se han convertido en una importante fuente de financiamiento para su operación, sobre todo ahora que las disposiciones presupuestales se caracterizan por su carácter restrictivo.

En ese sentido, es importante destacar las capacidades que, por su propio desempeño, han logrado las instituciones educativas y de investigación e innovación del sector público, porque esa actividad puede contribuir a impulsar la disponibilidad de recursos, para satisfacer rezagos salariales y mejorar su equipamiento, sin que se pierda el objetivo fundamental de esos centros de excelencia académica y técnica, investigar y generar innovaciones para el desarrollo económico y social de nuestro país.

Para fortalecer esa vertiente de ingresos a favor de estas instituciones, se puede tomar como ejemplo la medida que se adoptó en el caso del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que, con el propósito de “proveerlo de recursos de forma más ágil”, se tomó la decisión de publicar el “acuerdo por el que se aclaran atribuciones del Instituto Politécnico Nacional”, publicado el 10 de marzo de 2006 en el DOF, mediante el cual se dispuso:

Artículo Tercero. Los ingresos que obtenga el Instituto Politécnico Nacional, provenientes de los recursos autogenerados por la prestación de servicios, venta de bienes derivados de sus actividades sustantivas o por cualquier otra vía, incluidos los que generen sus escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación, formarán parte de su patrimonio, serán administrados por el propio Instituto y se destinarán para sus finalidades y programas institucionales, de acuerdo con las disposiciones presupuestarias aplicables.

Para el ejercicio oportuno de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se establecerá un fondo revolvente que garantice su entrega y aplicación en un plazo máximo de diez días hábiles, una vez que dichos ingresos hayan sido enterados a la Tesorería de la Federación.

En esa misma línea, a partir de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, en el artículo 12, se ha establecido que los ingresos que obtengan las instituciones educativas, planteles y centros de investigación de las dependencias que prestan servicios de educación media superior, superior, de posgrado, de investigación y formación para el trabajo del sector público, formarán parte de su patrimonio, y serán administrados por las propias instituciones educativas para ser destinadas a sus finalidades y programas institucionales, de acuerdo con las disposiciones presupuestarias aplicables.

Hasta ahora, ese artículo establece que dichos recursos deberán concentrarse en la Tesofe para formar un fondo revolvente que garantice la entrega y aplicación de los recursos en un plazo máximo de 10 días hábiles, contado a partir de su concentración.

Sin embargo, en muchos caso, esos recursos no llegan con la eficiencia que sería necesaria para cumplir con las actividades que llevan a cabo esas instituciones y, además, la forma en la que se presupuestan, con un techo para la suma de ingresos presupuestales e ingresos propios, impide que el desarrollo de autogenerados propicie ingresos adicionales a los presupuestados, impidiendo su desarrollo.

Por esa razón, se considera necesario excluir los recursos autogenerados del techo presupuestal y adoptar, como en el caso del IPN, de medidas que permitan aprovechar el esfuerzo de las instituciones, para respaldar su operación y capacidad de respuesta a sus necesidades de desarrollo, siempre en línea con los objetivos establecidos en beneficio del desarrollo económico y social de nuestro país.

En el caso del IPN, se reconoció que el plazo señalado de 10 días resulta inoperante e impide una aplicación expedita para el cumplimiento de sus fines; pero además, los autogenerados no se incluyen en el presupuesto de la institución por lo que con el propósito de facilitar la disposición de los recursos públicos a cargo de dicho instituto, la iniciativa del Ejecutivo propone que los ingresos que perciba el IPN no se concentren en la Tesofe, a efecto de que cuente con recursos de forma inmediata para hacer frente a sus gastos, siempre y cuando registren la totalidad de los mismos en el rubro correspondiente de la Ley de Ingresos de la Federación, para lo cual, deberá conservar a disposición de los órganos revisores de la Cuenta Pública Federal y presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la documentación comprobatoria de dichos ingresos.

No se pretende que nuestras instituciones se conviertan en vulgares mercantilizadores de la ciencia y la tecnología. Pero es indispensable fortalecerlos, para evitar que, por otra parte, se vean obligados a incurrir en acuerdos que faciliten la apropiación, por parte de consorcios internacionales, de las patentes y avances científicos que se logran en las instituciones públicas.

Se requiere que la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para 2017 se modifique para beneficiar, en los términos de la fracción III del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a todos los centros de educación e investigación científica y desarrollo tecnológico, en un esquema más ágil, como en el caso del Instituto Politécnico Nacional, que además sea propicio para que los autogenerados sean incorporados como un ingreso adicional al presupuesto que les debe otorgar la Federación.

Artículo 19. El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría, podrá autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los excedentes que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos o de excedentes de ingresos propios de las entidades, conforme a lo siguiente:

I a II. ...

III. Los excedentes de ingresos propios de las entidades se destinarán a las mismas, hasta por los montos que autorice la Secretaría, conforme a las disposiciones aplicables.

En el caso de las entidades reconocidas como centros públicos de investigación, sus excedentes de ingresos propios se destinarán a las mismas, sin requerir autorización de la Secretaría, a la cual se le informará en cuanto a su monto, origen y criterios de aplicación.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público a modificar el artículo 12 de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para 2017, para que en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se facilite a los centros de educación e investigación científica y desarrollo tecnológico el acceso y aprovechamiento de los recursos autogenerados, para superar los rezagos salariales de investigadores y trabajadores y financiar compras de equipo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2016.

Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica)

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Con motivo del 50 aniversario del Plan DN-III, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del PRI

El pasado viernes 7 de octubre, México celebró el 50 aniversario del Plan DN III; el plan que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pone en marcha para socorrer a la población en casos de desastres de origen natural.

El Plan DN-III-E, popularmente, conocido como “DN-Tres”, es el instrumento operativo militar de auxilio a la población que emplean el ejército y la fuerza aérea.

Se aplicó por primera vez, en Veracruz, durante la emergencia causada por el desbordamiento del Río Pánuco, como consecuencia de los graves daños a la población que dejó el paso de Huracán Inés, en octubre de 1966.

Hablar del Plan DN Tres, es referirse, ciertamente, a situaciones de emergencia, a desastres, a las situaciones de riesgo de la población por el impacto de sismos, inundaciones y otras calamidades de origen natural.

Pero más que evocar la desgracia, el Plan DN Tres, nos remite al heroísmo de los soldados mexicanos, a los actos de la más clara vocación humanitaria y de servicio de nuestras fuerzas armadas.

El Plan DN Tres es eficaz, porque se apoya en la institucionalidad, la organización, la capacidad de despliegue, la disciplina y el don de mando del ejército mexicano.

Es admirado y reconocido por los mexicanos, por el carácter y las raíces profundamente populares de nuestros soldados.

Es esta labor del Ejército que fue reconocida por sus méritos extraordinarios, el pasado viernes en la explanada de “La Plaza de la Constitución”.

Han sido 50 años de atención a emergencias y de operativos de búsqueda, rescate y primeros auxilios; de evacuación, de brindar refugio, alimento y protección a nuestros compatriotas damnificados; de vigilancia y seguridad sobre su patrimonio.

El Plan DN-Tres, también es conocido y respetado fuera del territorio nacional, por las labores de ayuda humanitaria que han prestado los soldados mexicanos a pueblos hermanos afectados por desastres de origen natural.

Es reconocido, por su rigurosa institucionalidad, porque siempre se aplica bajo un esquema de coordinación, cooperación y pleno respeto a las autoridades de los países a lo que auxilian.

Estas, entre muchas otras razones, explican el por qué los mexicanos estamos orgullosos de nuestro glorioso ejército mexicano, y de contar con este formidable instrumento de auxilio a la población civil en casos de desastre, que ahora cumple su 50 aniversario: el PLAN DN-III-E.

Diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes (rúbrica)

Con motivo del 12 de octubre, Día de la Raza, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Hace 524 años el mundo cambió, gracias a que el día 12 de octubre de 1492 el navegante Cristóbal Colón en una de sus travesías tras cruzar el Océano Atlántico, descubrió que había más vida fuera de Europa al darse cuenta de la existencia de unas islas, es así como se descubre lo que hoy se conoce con el nombre de Continente Americano, denominando a este acontecimiento como el “Día de la Raza”. Fue el encuentro de 2 mundos, 2 mundos que se desarrollaban de forma independiente sin tener la menor idea de que existiera tanto uno como el otro. Este suceso provocó que Europa, América y Asia comenzaran a compartir todo tipo de actividades tanto artísticas y culturales como de comercialización e invención. Gracias a este navegante italiano, hoy el mundo puede desarrollar actividades comerciales de un continente a otro.

Cristóbal Colón tenía la idea de que la tierra era redonda, pese a que en aquellos años se tenía la percepción de que la tierra era plana y estaba conformada por un solo continente en el que en uno de sus extremos estaban España y Portugal y en el otro, China y Japón.1

Con esa idea de que la tierra era redonda, le presentó a Portugal un proyecto en el cual proponía explorar otros caminos para que el comercio fluyera con más velocidad, proyecto que el gobierno le rechazó, sin embargo, no claudicó en su intento por encontrar mecanismos para el intercambio de productos y fue a visitar a los reyes de España, Isabel y Fernando, para exponerles su idea y ahí mismo decirles que necesitaba financiamiento para llevarlo a cabo, en esa entrevista los reyes de primera instancia no vieron con buenos ojos la propuesta de Colón, ya que si lo aprobaban y financiaban iban a tener un grave problema con la Iglesia, ya que ésta no aceptaba que la tierra era redonda.

A la Reina Isabel se le hizo interesante el proyecto y tuvo a bien empeñar todas sus joyas para poder auspiciar el viaje de Colón, ella pensaba que si el navegante lograba su objetivo, España asentaría su poder en la región.

Así fue que un 3 de agosto de 1492 partiendo del Puerto de Palos de España, comenzó la expedición en 3 carabelas a las que nombraron “La Niña”, comandada por el Capitán Vicente Yáñez Pinzón, “La Pinta”, capitaneada por Martín Alonso Pinzón y “La Santa María”, en la cual viajaba Colón.2

Al paso de 72 días el marino de nombre Rodrigo de Triana que viajaba en La Santa María, al lado de Cristóbal Colón, observó tierra y gritó con todas sus fuerzas “Tierra a la vista”, en ese momento la tripulación que para esos días ya se encontraba cansada aburrida y fastidiada de ese viaje tan largo, estalló en jubilo y festejó con mucho ánimo la llegada a esa pequeña isla que se encontraba en el mar Caribe, la cual al momento de desembarcar le puso el nombre de San Salvador, inmediatamente quedó encantado y asombrado de la cultura, de los recursos naturales y de la forma de vida de ese pueblo.

En los meses subsecuentes, Colón se dedicó a transitar por todo lo que estaba en la periferia de la isla, encontrándose con más islas dentro de las que se encuentran Cuba, Puerto Príncipe, Jamaica entre otras.

Es de suma importancia resaltar que no todo fue positivo en este encuentro, porque después de que Colón diera parte de su hazaña, llegaron los españoles a imponerse, trayendo consigo esclavitud, guerras, enfermedades, desaparición de culturas, pero sobre todo, la muerte de millones de nativos americanos del nuevo mundo.3

Por eso hoy en el “Día de la Raza”, reflexionemos sobre todo lo que nos trajeron los españoles cuando se enteraron de que existían otras civilizaciones lejos de Europa. Fue así como se descubrió el nuevo mundo llamado de esta manera por los españoles.

Notas

1 http://www.eljardinonline.com.ar/especial12deoctubre.htm

2 http://lifestyle.americaeconomia.com/articulos/12-de-octubre-de-1492-el -dia-que-cambia-la-historia-del-mundo

3 http://www.diariopresente.com.mx/section/acervo/93768/12-octubre-dia-ra za-encuentro-dos-mundos/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de Octubre de 2016.

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)

Con motivo de la conmemoración de la refundación de la Benemérita Universidad de Guadalajara, a cargo del diputado Ramón Bañales Arámbula, del Grupo Parlamentario del PRI

El celebramos 91 años de la Benemérita Universidad de Guadalajara, institución que fue refundada en 1925 por el gobernador José Guadalupe Zuno Hernández, en medio de un México que se encontraba dividido, habían enfrentamientos posrevolucionarios y se trabajaba arduamente para volver a articular diversas actividades.

Se vivían tiempos convulsos. Recordemos que fue después de la Revolución, la Constitución de 1917 y la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1922, que se estableció la obligación del Estado para garantizar la educación básica para los mexicanos.

Hasta este momento en nuestro Estado la educación estaba en manos de instituciones privadas que se veían en la necesidad de remediar el poco apoyo gubernamental a la educación superior.

A pesar de que durante los años de la Revolución el entonces Gobernador de Jalisco, Manuel Macario Diéguez Lara, había declarado su total apoyo a la educación nombrándola un asunto de interés público, y había creado en 1914 la Escuela Preparatoria de Jalisco éste fue solo uno de los muchos cambios que necesitaba el sistema educativo en mi estado.

Sin embargo, no fue hasta junio de 1925 que el gobernador Zuno se dio a la tarea de formar un grupo de trabajo conformado por profesores, intelectuales y profesionistas destacados para la organización de una nueva universidad.

La reunión de dicho grupo tuvo como resultado la expedición de la primer Ley Orgánica, y así conformaron a la UdeG con once instituciones con la misma visión de crear las instancias necesarias para sentar las bases de la educación universitaria.

El gobernador nombró como primer rector de la Universidad al licenciado Enrique Díaz de León.

“Piensa y Trabaja”, este fue el lema elegido por el Consejo Universitario. Lema que desde 1925 ha representado e inspirado a un sin número de jóvenes y adultos que ponen sus esperanzas e ilusiones en esta honorable Institución.

Desde este momento la Universidad de Guadalajara se estableció como una institución pública, laica y autónoma, con un fuerte compromiso social y vocación internacional.

Nuestra querida institución promueve día con día la investigación científica y tecnológica, de igual forma se caracteriza por ser una casa de estudios respetuosa de la diversidad cultural, por honrar los principios humanistas, la equidad, la justicia social y la prosperidad colectiva.

Como reconocimiento a la loable labor que lleva acabo esta Institución, el 26 de febrero del 2014 fue aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco el dictamen para declarar Benemérita a la Universidad de Guadalajara.

Dicha declaración para nuestra institución es un bien-logrado reconocimiento a los numerosos beneficios que en materia educativa ha proporcionado al Estado de Jalisco desde el día de su fundación.

La estructura con la que cuenta la Universidad de Guadalajara el día de hoy surgió a mediados de los años 80, después de declararse como una institución educativa nacionalista, democrática y popular.

El licenciado Raúl Padilla López, inició en 1989 el proceso de reforma universitaria el cual tenía como fin la reestructuración de las escuelas y facultades en campus temáticos y regionales llamados Centros Universitarios, los cuales abarcan todo el territorio de Jalisco.

Hasta el día de hoy, la Universidad de Guadalajara se encuentra integrada por 15 Centros Universitarios de los cuales 6 son centros temáticos metropolitanos y 9 centros regionales; el Sistema de Universidad Virtual que fue implementado en 2005, el cual ofrece los servicios educativos de manera virtual a todas las regiones del país y el mundo y el Sistema de Educación Media Superior.

Esta institución, consciente de las necesidades de los alumnos y docentes, como apoyo académico para toda la Red Universitaria cuenta con 164 bibliotecas distribuidas en todo el Estado de Jalisco. Se encuentran disponibles tanto para los Centros Universitarios, el Sistema Universitario Virtual y las escuelas preparatorias, de igual manera, cuenta con tres bibliotecas públicas: la Biblioteca “Octavio Paz”, la Biblioteca Pública del Estado y la Biblioteca “Benjamín Franklin”.

El gobernador de Jalisco, el maestro Jorge Aristóteles Sandoval, ha declarado reiteradamente su apoyo a la noble labor que lleva a cabo esta institución, el también egresado de la Universidad de Guadalajara, ha hecho saber a los jaliscienses que en todo momento se buscará mejorar las oportunidades de los jóvenes del estado, mediante oportunidades educativas que se traduzcan en desarrollo.

El gobierno del estado reconociendo las aptitudes de los egresados y los docentes de esta institución y reconociéndola como un organismo técnico y de consulta permanente, ha buscado un apoyo académico de la Universidad de Guadalajara para el desarrollo de las políticas públicas.

Por todo eso, por la grandeza de la Universidad de Guadalajara, por ser pilar del desarrollo no solo de Jalisco sino del país, hoy celebramos un aniversario más. Que sean muchos más.

Muchas gracias,

Es cuánto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2016.

Diputado Ramón Bañales Arámbula (rúbrica)