Comunicaciones oficiales
Iniciativas de ley o decreto de senadores
Iniciativas de ley o decreto de las legislaturas de los estados

Comunicaciones oficiales

De los diputados Araceli Damián González, José Hernán Cortés Berumen y Francisco Saracho Navarro, mediante las cuales solicitan el retiro de iniciativas y proposición

Palacio Legislativo, a 6 de octubre de 2016.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitarle de la manera más atenta que se realice el trámite correspondiente con la finalidad de que sea retirada la proposición con punto de acuerdo, relativo a la decisión de Liconsa de comprar leche en polvo en el extranjero en 2016, presentada por la suscrita diputada Araceli Damián González, turnada a la Comisión de Desarrollo Social para su estudio y dictamen.

Agradeciendo las atenciones que se sirva prestar al presente, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Diputada Araceli Damián González (rúbrica)


Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

Presidente de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados

Le saludo, y con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le refiero lo siguiente:

En mi calidad de autor, estando en tiempo y forma, en virtud de que aún no existen dictámenes, ni han precluido, le solicito se tengan por retiradas las siguientes iniciativas:

1. Que reforma diversos artículos de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

Turnada a la Comisión de Comunicaciones.

2. Que reforma diversos artículos de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación.

Turnada a la Comisión de Derechos Humanos.

3. Que reforma diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social.

Turnada a la Comisión de Desarrollo Social.

4. Que reforma diversos artículos de las Leyes Federal de las Entidades Paraestatales, de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de Expropiación, de Firma Electrónica Avanzada, de Uniones de Crédito, del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de Seguridad Privada, General de Bienes Nacionales, General en Materia de Delitos Electorales, Orgánica de la Administración Pública Federal, Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, sobre Delitos de Imprenta y General de Partidos Políticos.

Turnada a la Comisión de Gobernación.

5. Que reforma diversos artículos de las Leyes de Hidrocarburos, de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, de la Comisión Federal de Electricidad, de la Industria Eléctrica, de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética, de Petróleos Mexicanos, y de Transición Energética.

Turnada a la Comisión de Energía.

6. Que reforma diversos artículos del Código de Comercio, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley Federal de Prortección al Consumidor, de la Ley órganica de Nacional Financiera y de la Ley örganica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

Turnada a la Comisión de Economía.

7. Que reforma diversos artículos de la Ley de Aguas Nacionales.

Turnada a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Agradezco de antemano sus atenciones y quedo de Usted.

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2016.

Diputado José Hernán Cortés Berumen (rúbrica)


Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2016.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Por este conducto me permito enviarle un cordial saludo, al tiempo de comunicarle el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el primer párrafo y se deroga el segundo párrafo, ambos del artículo 201 y se reforma el primer párrafo del artículo 205 de la Ley del Seguro Social que fue presentada por el suscrito, propuesta que fue turnada a la Comisión de Desarrollo Social mediante el oficio del pasado 13 de septiembre, lo anterior con fundamento en el numeral 2 del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Sin más por el momento, le reitero las más altas de mis consideraciones.

Atentamente

Diputado Francisco Saracho Navarro (rúbrica)

De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, así como los programas y las campañas de comunicación social del gobierno federal, correspondientes al cuarto bimestre del ejercicio fiscal de 2016

Ciudad de México, a 3 de octubre de 2016.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número SNM/059/2016, el licenciado Andrés Chao Ebergenyi, subsecretario de Normatividad de Medios de esta Secretaría, envía los Informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de Radio, Televisión y Cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal, correspondientes al cuarto bimestre del ejercicio fiscal 2016, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 17 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como los anexos que en el mismo se citan, en forma impresa y disco compacto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2016.

Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica)


Licenciado Felipe Solís Acero

Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos

Secretaría de Gobernación

Presente

Me refiero a los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales que corresponde administrar a la Dirección General de RTC, así como a los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal que ésta Subsecretaría de Normatividad de Medios remite de manera bimestral.

Sobre el particular, me permito enviarle el informe de utilización de tiempos oficiales así como el informe de los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal, ejercidos al cuarto bimestre del ejercicio fiscal 2016, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 17 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016.

Lo anterior con la súplica de que por su amable conducto sea remitido a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo previsto por la fracción IX del artículo 17 del Reglamento Interior de la Secretaria de Gobernación.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Licenciado Andrés Chao Ebergenyi (rúbrica)

Subsecretario de Normatividad de Medios

Docto.1                 Docto.2                 Docto.3

De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Salud a difundir las acciones en curso para erradicar el comercio ilícito de tabaco y su consumo

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2016.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-7-929, signado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, entonces vicepresidente de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/1694/2016, suscrito por el doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a hacer del conocimiento público las acciones que lleva a cabo para erradicar el comercio ilícito de tabaco y su consumo.

Sin otro particular, aprovechó la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica)

Titular de la Unidad


Ciudad de México, a 4 de octubre de 2016.

Maestro Valentín Martínez Garza

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación

Presente

Me refiero al SELAP/UEL/311/972/16, de fecha 18 de mayo de 2016, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 29 de abril de 2016, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, hagan del conocimiento público las acciones que llevan a cabo para erradicar el comercio ilícito de tabaco y su consumo.

Al respecto me permito acompañar oficio CONADIC-CNCA-196-09-2016-1, suscrito por el maestro Arturo Sabines Torres, director de la Oficina Nacional para el Control del Tabaco.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica)

Titular de la Unidad


Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2016.

Maestro Valentín Martínez Garza

Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud

Presente

Me refiero a su oficio número UCVPS/l054/2016, por medio del cual solicita una opinión respecto al punto de acuerdo que a la letra dice

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, hagan del conocimiento las acciones que llevan a cabo para erradicar el comercio ilícito de tabaco y su consumo.

Sobre el particular me permito informarle que en la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), se ha impulsado una campaña para invitar a la comunidad en general a denunciar la venta de productos de cigarros apócrifos, al igual que la venta de cigarro suelto y a menores de edad. En esta campaña, se promueve la denuncia ciudadana a través del Centro de Atención Ciudadana contra las Adicciones (Ceciadic) al número 01 800 911 2000. Asimismo, la Comisión Nacional contra las Adicciones coordinó el trabajo intersectorial con representantes de otros organismo gubernamentales Procuraduría General de la República (PGR), Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Secretaría de Economía (SE), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Sistema de Atención Tributaria (SAT), a fin de promover la ratificación del protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, derivado del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, logrando su aprobación por los organismos intersectoriales, a través de su visto bueno, liso y llano de dicho protocolo.

Actualmente el protocolo se encuentra en la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, para su revisión correspondiente.

En la actualidad, 20 países han ratificado el protocolo, para su entrada en vigor se requiere de la ratificación de 40 países en total.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Maestro Arturo Sabines Torres (rúbrica)

Director de la Oficina Nacional para el Control de Tabaco

(Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.)

De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a implantar acciones para evitar que la empresa Citrofrut siga contaminando y, en su caso, iniciar los procedimientos sancionadores correspondientes

Ciudad de México, a 7 de octubre de 2016.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-6-0736, signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar SPPA/ 1084/ 2016, suscrito por el doctor Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de esa dependencia a implantar acciones para evitar que la empresa Citrofrut siga contaminando y, de ser el caso, iniciar los procedimientos sancionadores correspondientes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica)

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo


Ciudad de México, a 5 de octubre de 2016.

Maestro Valentín Martínez Garza

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación

Presente

Con relación a su oficio número SELAP/ UEL/ 311/ 656/ 16, a través del cual informó sobre el acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el cual a la letra señala:

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales a efecto de que en coordinación con las autoridades e instituciones que considere pertinentes, implante acciones para evitar que la empresa Citrofrut siga contaminando y, de ser el caso, inicie los procedimientos sancionadores correspondientes.

Al respecto, hago de su conocimiento que en el ámbito de sus atribuciones, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente emitió el oficio número PFPA/ 5.3/ 2C.18/ 07538, en el cual refirió que en abril de 2011 se interpuso en su delegación de San Luis Potosí una denuncia contra la empresa Citrofrut, SA de CV, por manejo inadecuado de residuos peligrosos, lo cual determinó realizar orden de inspección, abriéndose expediente administrativo, derivando en una resolución en la que se impuso una multa por 335 mil 231.28 pesos, señalando que dicho procedimiento actualmente se encuentra en desahogo del recursos de nulidad interpuesto por la empresa, sin que se haya notificado sentencia al juicio principal.

Se anexa copia simple del oficio señalado.

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Doctor Rodolfo Lacy Tamayo (rúbrica)

Subsecretario de Planeación y Política Ambiental


México, Distrito Federal, a 14 de julio de 2016.

Maestro en Ciencias Rodolfo Lacy Tamayo

Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat

Presente

Me refiero al oficio número SPPA/ 0509/ 2016, de fecha 22 de abril de 2016, signado por el doctor Arturo Flores Martínez, encargado del despacho de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dirigido al doctor Guillermo Javier Haro Bélchez, procurador federal de Protección al Ambiente, donde hace referencia al similar SELAP/ UEL/ 311/ 656/ 16, suscrito por el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual informó que a través del oficio DGPL 63-II-6-0736, el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión notificó que en sesión celebrada el 7 de abril del año en curso se aprobó el punto de acuerdo vinculado a este órgano desconcentrado, señalando lo siguiente:

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales a efecto de que en coordinación con las autoridades e instituciones que considere pertinentes implante acciones para evitar que la empresa Citrofrut siga contaminando y, de ser el caso, inicie los procedimientos sancionadores correspondientes.

Sobre el particular y en cumplimiento del requerimiento solicitado, me permito informarle que la delegación en San Luis Potosí de esta procuraduría manifiesta:

En fecha 1 de abril de 2011 se interpuso en esa delegación denuncia contra la empresa Citrofrut, SA de CV, por manejo inadecuado de residuos peligrosos, por lo que al realizarse las investigaciones correspondientes se determinó realizar orden de inspección, abriéndose expediente administrativo, a nombre de la citada empresa, derivando en la resolución de fecha 10 de agosto de 2011, en la que se impuso una multa por un total de 335 mil 231.28 pesos. Sin embargo, dicho procedimiento actualmente se encuentra en desahogo del recurso de nulidad interpuesto por la empresa sin que se haya notificado la sentencia al juicio principal.

Derivado de lo anterior, solicito a usted que en su carácter de enlace de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante el grupo de trabajo para la conducción de las acciones de la administración pública federal en sus relaciones con los órganos del Poder Legislativo de la Unión, atenta y respetuosamente haga llegar respuesta al subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, para los efectos conducentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Licenciada María Guadalupe Arminda García Coronel (rúbrica)

Directora General de Denuncias Ambientales, Quejas y Participación Social

(Se remite a la Comisión de Pesca, para su conocimiento.)

De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a llevar a cabo acciones a efecto de instaurar procedimiento penal para que se ponga a disposición de la autoridad jurisdiccional a quienes en la embarcación Indio Azteca participaron en el delito de la captura y traslado de langosta

Ciudad de México, a 7 de octubre de 2016.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio DGPL 63-II-8-1176 signado por la diputada Daniela de los Santos Torres, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SPPA/1082/2016 suscrito por el doctor Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de su anexo, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, lleve a cabo las acciones que en derecho corresponden, a efecto de que se instaure procedimiento penal para que se ponga a disposición de la autoridad jurisdiccional a quienes a bordo de la embarcación Indio Azteca participaron en el ilícito de la captura y traslado de langosta.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica)

Titular de la Unidad


Ciudad de México, a 5 de octubre de 2016.

Maestro Valentín Martínez Garza

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación

Presente

En relación a su oficio número SELAP/UEL/311/733/16 , a través del cual informó sobre el acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el cual a la letra señala:

“Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que conforme lo dispone la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su calidad de coadyuvante y ofendido, lleve a cabo las acciones que en derecho corresponden a efecto de que se instaure procedimiento penal para que se ponga a disposición de la autoridad jurisdiccional a quienes a bordo de la embarcación Indio Azteca participaron en el ilícito de la captura y traslado de langosta, delito tipificado en el artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal Federal”.

Al respecto, hago de su conocimiento que dentro del ámbito de sus atribuciones la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente emitió el oficio número PFPA/5.3/2C.18/07532 , en el cual refirió que sostuvo una reunión con personal de la Delegación de la Procuraduría General de la República en Baja California Sur, para lo cual la titular de la Agencia II Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación informó que en relación a los hechos suscitados en la embarcación Indio Azteca se integró una carpeta de investigación, señalando que dicho asunto está próximo a judicializarse en virtud de que fue necesario solicitar el apoyo a expertos de la UNAM para la identificación de la especie de langosta mediante ADN, resultando que el producto pesquero corresponde a la especie Panulirus interruptus , misma que no se encuentra listada en la NOM-059-SEMARNAT-2010, por lo que de conformidad con el artículo primero párrafo segundo de la Ley General de Vida Silvestre, no está regulada por dicha ley.

Se anexa copia simple del oficio señalado.

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Doctor Rodolfo Lacy Tamayo (rúbrica)

Subsecretario


Ciudad de México, a 14 de julio de 2016.

Maestro en Ciencias Rodolfo Lacy Tamayo

Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Presente

Me refiero al oficio DGPL 63-II-8-1178, de fecha 20 de abril de 2016, dirigido al procurador federal de Protección al Ambiente, doctor Guillermo Haro Bélchez, suscrito por la diputada Daniela de los Santos Torres, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a través del cual informan que mediante sesión celebrada el 20 del mismo mes y año, se aprobó punto de acuerdo, vinculado a este órgano desconcentrado, señalando lo siguiente:

“Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que conforme lo dispone la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su calidad de coadyuvante y ofendido, lleve a cabo las acciones que en derecho corresponden a efecto de que se instaure procedimiento penal para que se ponga a disposición de la autoridad jurisdiccional a quienes a bordo de la embarcación Indio Azteca participaron en el ilícito de la captura y traslado de langosta, delito tipificado en el artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal Federal”.

Sobre el particular y en el cumplimiento al requerimiento solicitado, me permito informarle que la delegación en el estado de Baja California Sur de esta procuraduría manifiesta lo siguiente:

Se tuvo reunión con personal de la delegación de la Procuraduría General de la República en Baja California Sur, para lo cual la titular de la Agencia II Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación, informó que en relación con los hechos suscitados con la embarcación Indio Azteca, el 23 de noviembre de 2015, se integró la carpeta de investigación número FED/BCS/LPZ/0000111/2015, asunto que está próximo a judicializarse en virtud de que fue necesario solicitar el apoyo de expertos de la UNAM para la identificación de la especie de langosta mediante ADN, resultando que el producto pesquero corresponde a la especie Panulirus interruptus , misma que no se encuentra listada en la NOM-059-SEMARNAT-2010, por lo que de conformidad con el artículo primero párrafo segundo de la Ley General de Vida Silvestre, no está regulada por dicha ley.

Derivado de lo anterior, esta Procuraduría federal se encuentra legalmente impedida para atender favorablemente el exhorto formulado por la Cámara de Diputados, por carecer de competencia conforme a las disposiciones que regulan la actividad de la misma.

Derivado de lo anterior, solicito a usted que en su carácter de enlace de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante el grupo de trabajo para la conducción de las acciones de la administración pública federal en sus relaciones con los órganos del Poder Legislativo de la Unión, y respetuosamente haga llegar la respuesta al subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, para los efectos conducentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Licenciada María Guadalupe Armida García Coronel (rúbrica)

Directora General

Del Congreso de Morelos, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas locales a armonizar el tipo penal de feminicidio

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presente

Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo, asimismo, aprovecho la oportunidad para informarle en relación al acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, por el que exhortan respetuosamente a los Congresos de los estados a revisar su legislación penal a fin de considerar, en cumplimiento a las sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Campo Algodonero”, la estandarización del tipo penal de feminicidio, a fin de ajustarlo a la perspectiva de género, a elementos objetivos que no dificulten su acreditación y a ubicarlo como delito de naturaleza jurídica autónoma del homicidio, tomando como referencia la descripción típica del artículo 325 del Código Penal Federal; al respecto se da contestación informando que nuestra legislación penal vigente, contempla en el Código Penal para el Estado de Morelos, en su Título Décimo Primero, “Delitos Contra el Desarrollo, la Dignidad de la Persona y de la Equidad de Género”, en su Capítulo III artículo 2.3 Quintus, se encuentra tipificado el delito de feminicidio en armonización con el artículo 325 del Código Penal Federal; dando cumplimiento al objeto materia del exhorto, al encontrarse vigente la propuesta. Se adjunta respuesta de la Comisión de Puntos Constitucionales y legislación de este Congreso del estado de Morelos.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano las finas atenciones que se sirva dar a la presente, quedo como su atento y seguro servidor.

Atentamente

Licenciado Carlos Hernández Adán (rúbrica)

Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos


Diputado Francisco Alejandro Moreno Merino

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos en la LIII Legislatura

Presente

A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fue turnado para dar respuesta, el exhorto remitido por acuerdo del pleno en sesión ordinaria de fecha 31 de mayo del presente año, a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, oficio remitido por la Cámara de diputados del Honorable Congreso de la Unión por medio del cual hace del conocimiento que aprobaron acuerdo por el que exhorta respetuosamente a los Congresos de los Estados a revisar su legislación penal a fin de considerar, en cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Campo Algodonero”, la estandarización del tipo penal de feminicidio, a fin de ajustarlo a la perspectiva de género, a elementos objetivos que no dificulten su acreditación y a ubicarlo como delito de naturaleza jurídica autónoma del homicidio, tomando como referencia la descripción tópica del artículo 325 del Código Penal Federal; lo anterior, para los efectos procedentes. Por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento para el Congreso de Morelos, le informo lo siguiente:

I. Del proceso legislativo

a) Con fecha veintinueve de abril de dos mil dieciséis, mediante oficio número D.G.P.L. 63-II-4-915, el vicepresidente de la Mesa Directiva, diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, remitió a los secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del estado de Morelos el acuerdo referido.

b) Con fecha veintitrés de mayo del presente año, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del estado de Morelos recibió el exhorto referido.

c) Con fecha treinta y uno de mayo del año en que se actúa, el diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, presidente de la Mesa Directiva, por acuerdo del pleno mediante oficio número SSLyP/DPLyP/AÑ01/P.O.2/643/16 de esa misma fecha, se instruyó a turnar el acuerdo de referencia a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su respectivo estudio y cuenta.

II. Materia del exhorto

En síntesis, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta para que, en cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Campo Algodonero”, la estandarización de tipo penal de feminicidio, a fin de ajustarlo a la perspectiva de género, a elementos objetivos “que no dificulten su acreditación y a ubicarlo como delito de naturaleza jurídica autónoma del ,homicidio, tomando como referencia la descripción típica del artículo 325 del Código Penal Federal.

III. Contenido del exhorto

De la correspondencia recibida por esta soberanía se hace de nuestro conocimiento el siguiente punto de acuerdo:

[Se transcribe]

“Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Congresos de los estados a revisar su legislación penal a fin de considerar, en cumplimiento a la sentencia, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Campo Algodonero”, la estandarización de tipo penal de feminicidio, a fin de ajustarlo a la perspectiva de género, a elementos objetivo que no dificulten su acreditación y a ubicarlo como delito de naturaleza jurídica autónoma del homicidio, tomando como referencia la descripción típica del artículo 325 del Código Penal Federal.

IV. Respuesta al exhorto

Con el propósito de dar contestación al punto de acuerdo trasunto, el suscrito hace de su conocimiento lo siguiente:

Nuestra legislación penal vigente, contempla en el Código Penal para el Estado de Morelos, en su Título Décimo Primero: Delitos Contra el Desarrollo, la Dignidad de la Persona y de la Equidad de Género, en su Capítulo III, artículo 213 Quintus el delito de feminicidio, el cual a la letra establece:

Artículo *213 Quintus. Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando se acredite cualquiera de las siguientes hipótesis:

I. Hay o se haya dado, entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo, cualquier otra relación de hecho;

II. Hayo se haya dado, entre el activo y la víctima una relación laboral, docente, o cualquier otro que implique confianza, subordinación o superioridad;

III. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

IV. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previa o posterior a la privación de la vida;

V. Consten antecedentes de amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público; o

VII. La víctima haya sido incomunicada.

A quien cometa delito de feminicidio se le impondrá una, sanción de 40 a 70 años de prisión.

En el caso de la fracción I, se le impondrá además de la pena, pérdida de derechos con respecto a la víctima y ofendidos, incluidos los de carácter sucesorio.

El honorable Congreso de la Unión exhorta a los Estados para armonizar el delito con el artículo 325 del Código Penal Federal, el cual establece:

Capítulo V
Feminicidio

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vid a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días de multa.

Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y, de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Analizando los dos preceptos jurídicos anteriormente citados y realizando una comparación, se observa que el Código Penal para el Estado de Morelos se encuentra armonizado con el Código Penal Federal, por cuanto al delito de feminicidio. Si bien podemos observar, el último párrafo del artículo 325 del Código Penal Federal establece la conducta típica de los servidores públicos que retarden o entorpezcan maliciosamente o por negligencia la procuración administración de justicia. Nuestra legislación no cuenta con ese párrafo, debido a que en nuestro Código Penal para el Estado de Morelos en su Título Vigésimo Primero,1 ya se encuentran tipificados los delitos contra la administración de justicia, cometidos por los servidores públicos.

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en el artículo 60 fracción VI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 57 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, en cumplimiento al punto de acuerdo remitido por el remitido por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión por medio del cual hacen del conocimiento que aprobaron acuerdo por el que exhorta respetuosamente a los congresos de los estados a revisar su legislación penal a fin de considerar, en cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Campo Algodonero”, la estandarización del tipo penal de feminicidio, a fin de ajustarlo a la perspectiva de género, a elementos objetivos que no dificulten su acreditación y a ubicarlo como delito de naturaleza jurídica autónoma del homicidio, tomando como referencia la descripción típica del artículo 325 del Código Penal Federal, atentamente le solicito lo siguiente:

Primero. Que en el Código Penal para el Estado de Morelos. En su Título Décimo Primero: Delitos Contra el Desarrollo, la Dignidad de la Persona y de la Equidad de Género, en su Capítulo III, artículo 213 Quintus se encuentra tipificado el delito de Feminicidio en armonización con el artículo 325 del Código Penal Federal.

Segundo. Por lo tanto, se informe al honorable Congreso de la Unión, que el Congreso del estado de Morelos, ha dado debido cumplimiento al jeto materia del exhorto, el encontrase vigente la propuesta.

Nota

1 Título Vigésimo Primero

Delitos Cometidos contra la Administración de Justicia

Capítulo I

Delitos Cometidos por los Servidores Públicos

Artículo *297. Son delitos contra la administración de justicia, los cometidos por los servidores públicos que incurran en algunas de las conductas siguientes:

I. a la VII. ...

VIII. Retardar o entorpecer la administración de justicia, maliciosamente o por violación a un deber de cuidado;

IX. a la XXXIII. ...

A quien cometa los delitos previstos en las fracciones I, II, III, VII, VIII, IX, X, XXI, XXIV, XXVI, XXVII y XXVIII se les impondrá de tres a ocho años de prisión y de quinientos a mil quinientos días multa.

En todos los delitos previstos en este Capítulo, además de la pena de prisión correspondiente, el agente será privado de su cargo e inhabilitado para el desempeño de otro por los períodos a los que se refieren los dos párrafos precedentes, a juicio del tribunal.

Atentamente

Diputado Enrique Javier Laffitte Bretón (rúbrica)

Presidente

(Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.)

De la Secretaría de Gobierno de Guanajuato, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo para conmemorar el Día Mundial sin Automóvil, el 22 de septiembre del presente año

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez

Vicepresidenta de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados

Por instrucciones del licenciado Miguel Márquez Márquez, gobernador constitucional del estado de Guanajuato y en atención a su oficio número DGPL 63-II-8-1878, con fecha de recibido 12 de septiembre de 2016, por el que aprobó el punto de acuerdo siguiente:

“Primero...

”Segundo. ...sumarse a la conmemoración del Día Mundial sin Automóvil, aconsejándose emitir las disposiciones administrativas correspondientes para que los vehículos oficiales no circulen el día 22 de septiembre, siempre y cuando no sean esenciales en la atención ciudadana o de emergencias.”

Para el gobierno del estado de Guanajuato, impulsar políticas públicas que se dirijan a promover prácticas de fomento a la salud y cuyos efectos puedan trascender además, a la conservación de un ambiente sano, contar con mejor calidad de aire en las zonas urbanas y que además faciliten la movilidad de las personas dentro del territorio estatal, son aspectos que ocupan un lugar preponderante en nuestra agenda gubernamental.

Es así, que el ciudadano gobernador del estado promulgo el decreto legislativo número 77, por el cual se expidió la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios. Este decreto se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 45. Segunda Parte, del 18 de marzo del año en curso.1

En dicha Ley se prevé, por citar algunas de sus disposiciones que guardan correspondencia con los objetivos perseguidos por el acuerdo de esa honorable Cámara de Diputados, en el artículo 4 fracciones V, XI y XII, que entre los principios rectores de la movilidad en el estado de Guanajuato, están los de desarrollo orientado al transporte colectivo; respeto al medio ambiente, por el que a partir de políticas públicas que incentiven el cambio del uso del transporte particular de motor de combustión interna, traslado peatonal y tracción física por aquéllos de carácter colectivo y tecnología sustentable, o de propulsión distinta a aquellos que generan emisión de contaminantes atmosféricos y de gases de efecto invernadero a la atmósfera; y el de sustentabilidad, que consiste en dirigir acciones hacia el respeto y atención prioritaria del derecho a la movilidad, considerando el impacto que tendrán en el desarrollo social, económico y ambiental, a fin de no comprometer su disfrute por las generaciones futuras.

Asimismo, se establece en el artículo 5 que la modernización Y racionalización de la movilidad y el servicio público y especial de transporte en el estado de Guanajuato y sus municipios tendrán las siguientes bases:

1. Movilidad sustentable, para que entre otras acciones, las autoridades estatales y municipales competentes, sean las responsables del diseño y aplicación de las políticas públicas en materia de protección al medio ambiente, equidad de género, infraestructura peatonal, de accesibilidad universal, transporte público y especial, transporte privado, ciclovías, estacionamientos y vialidades para la movilidad integrada. Asimismo, se encargarán de la adecuación, construcción y mantenimiento de la infraestructura para la movilidad; y para que el Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinen las acciones correspondientes para la elaboración de planes encaminados a mejorar la movilidad y su integración con los diferentes medios y modalidades de transporte.

2. Preferencia vial de movilidad, por la cual se dispone que tienen uso preferencial del espacio público, las personas con discapacidad, los peatones, los usuarios de bicicletas, transporte no motorizado y el servicio público y especial de transporte de personas frente a otro tipo de vehículos; y que el servicio público de transporte con mayor capacidad de movilidad de pasajeros tiene preferencia vial y aquel que cuente con algún sistema de eficiencia energética o que utilice combustibles que generen una menor emisión de contaminantes atmosféricos y de gases de efecto invernadero, frente a cualquier otro tipo de modalidad de transporte motorizado que se encuentre regulado por esa ley.

3. Capacitación y seguridad; en la que, entre otras acciones, el Ejecutivo del estado deberá diseñar y desarrollar programas y campañas permanentes de educación, seguridad vial y cuidado del medio ambiente.

4. Infraestructura y factibilidad, y

5. Perspectiva de género.

Otras de las disposiciones que merecen destacarse, por su vinculación con la materia del acuerdo de la Cámara de Diputados que nos ocupa, son, en primer lugar, la contenida en el artículo 6, fracción V, en virtud de la cual, se considera de interés público, la implementación de obras y planes para privilegiar el uso de la bicicleta en los centros de población de la entidad, especialmente en aquellos que cuenten con una población superior a los veinticinco mil habitantes, sin prejuicio de los planes que se apliquen con igual objetivo en los municipios de menor población, y en segundo lugar, la prevista en el artículo 9, a efecto de que en la política pública en materia de movilidad, se otorgará prioridad en la utilización de la vía pública y se valorará la distribución de recursos presupuestales de acuerdo a la siguiente jerarquía de movilidad:

I. Peatones, en especial, escolares, personas con discapacidad o movilidad reducida;

II. Ciclistas;

III. Prestadores del servicio público y especial de transporte de personas;

IV. Prestadores del servicio público de cosas y bienes;

V. Conductores del transporte particular automotor; y

VI. Usuarios de maquinaria agrícola y maquinaria pesada.

También se prevé que los vehículos de servicio especial de transporte de emergencia como bomberos, protección civil, mecánica de emergencia, rescate, primeros auxilios, emergencias médicas y seguridad tendrán prioridad de los contemplados en la jerarquía de movilidad.

En el artículo 97 se prevé que las autoridades estatales y municipales destinarán el espacio público necesario para el establecimiento de ciclovías con calidad, seguridad y eficiencia, así como la infraestructura y. equipa miento para el desplazamiento y estacionamiento de las bicicletas.

Cabe mencionar que la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, entró en vigencia el 19 de marzo del presente año.

Ahora bien, por lo que hace a las políticas públicas en materia de salud, el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, como parte de los componentes de Promoción y Prevención de la Salud, mantiene campañas permanentes de activación física, privilegiando el uso de transportes compartidos. Asimismo, en coordinación con la Red Guanajuatense de municipios por la Salud, impulsa proyectos municipales que promueven el uso de la bicicleta y la disminución del uso del automóvil.

Por último, hago de su conocimiento que en fecha 21 del mes y año en curso, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del estado, por conducto de la Dirección General de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones, hizo un atento llamado a través de la Administración del correo electrónico de Gobierno del Estado de Guanajuato guanaiuato.gob.mx, a todos los usuarios y usuarias de vehículos oficiales a no utilizar tales unidades el día indicado.

Reciba un saludo y a la vez, encomiamos la labor de ese órgano legislativo al que representa.

Nota

1 http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir-files_migrados& file=PO_45_2da_Parte_20160318_1945_21.pdf

Respetuosamente
Guanajuato, Guanajuato, a 21 de septiembre de 2016.

Licenciado Antonio Salvador García López (rúbrica)

Secretario de Gobierno

(Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.)

De la Cámara de Senadores, mediante la cual remite veinte proposiciones con puntos de acuerdo por las que se solicita a esta soberanía que en el análisis, la discusión y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017 considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, las senadoras María del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco del proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, considere destinar mayores recursos a los programas que incentivan la producción de café.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta


Las que suscriben, senadoras María del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas y Lisbeth Hernández Lecona, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 numeral 1, fracción II, y 108 del Reglamento del Senado de la República sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México es un país caficultor por excelencia. Desde la llegada del café a finales del siglo XIX al territorio nacional –procedente de Cuba–, hemos desarrollado no solo una actividad económica, sino una cultura del café. Formando parte éste grano del estilo de vida del mexicano, y cada vez más, un producto importante de la canasta básica.

Aunque el café se cultiva en 15 estados del país (Hidalgo, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro, Colima, Michoacán, Estado de México, Puebla, Guerrero, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco) cifras de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) refieren que la producción de café en México se distribuye en 13 estados cafetaleros, destacando Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca como los principales productores y en donde se concentra más del 80% de la producción.1

Esta actividad concentra a 515 mil productores y genera más de 3 millones de ocupaciones, de las cuales el 70% las realizan productores y familias de comunidades cafetaleras principalmente indígenas. De acuerdo a información de la Organización Internacional del Café se refiere qué nuestro país ocupó el noveno lugar dentro de los principales productores de café del mundo en el año 2015.2 Asimismo, México ocupa el segundo lugar mundial de producción de café orgánico con una producción de 350 mil sacos de 60 kilos de café verde.

Las principales industrias que comercializan café en son AMSA, Nestlé, Cafés California y Neumann Kaffe Grouppe con cerca del 75 % de la producción nacional; el resto distribuido en un importante número de agroindustrias del sector productivo. El año pasado el valor de las exportaciones ascendió a más de 900 millones de dólares.

Sin embargo, a nivel internacional se ha vivido durante los últimos años importantes reducciones en los precios internacionales y disminuciones en la oferta. Un estudio realizado recientemente por Fairtrade Australia & New Zealand3 revela que el café, es la segunda materia prima más valiosa exportada por los países en desarrollo, donde más de 70 países dependen en buena medida del café para sobrevivir. México, Colombia, Brasil y otros países de Centroamérica, son los más susceptibles de vivir daños por cambios en el clima.

Refiere el estudio que el cambio climático ya ha comenzado a afectar la cantidad y la calidad de nuestros alimentos en todo el mundo. Como resultado del aumento de la temperatura y la sequía, la producción de café se ha visto afectada en su calidad, se ha incrementado el número de plagas y enfermedades. Los agricultores se ven obligados a usar herbicidas como el glifosato, que pueden ser cancerígenos, con el fin de proteger sus cultivos. Y en general estos cambios impactan negativamente a la seguridad económica de regiones de cafetales.

En el caso de nuestro país, estos datos se confirman, porque desde el año 2000 –cuando se produjeron 6.2 millones de sacos–, la producción ha experimentado una caída como resultado de afectaciones por plagas, el fenómeno climático de “El Niño” y la reducción de apoyos del gobierno a los productores. Datos de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras refieren que entre 2014 y 2015 se produjeron sólo 3 millones de sacos, mientras que para 2015-2016 se estima que el sector cafetero mexicano sólo obtendrá 2.4 millones. Aunado a lo anterior, la importación de café –robusta y arábigos– será mayor que la producción nacional –2.7 millones de sacos–.

Contario a lo anterior, información de la Organización Internacional del Café refiere que para el caso de México se ha registrado un incremento en la demanda. Se estima que en el 2025 el consumo per cápita será de 300 tazas anuales, esto es, 39% más respecto de las 215 tazas consumidas actualmente, lo que refleja la transformación que está viviendo el mercado nacional, caracterizado por una mayor cultura del consumo del café fuera de casa, y un mayor número de jóvenes entrando a la categoría y la creciente personalización con sabores.

En razón de lo anterior, se requiere que el gobierno general destine mayores apoyos a los caficultores mexicanos y poder detonar el potencial de este importante sector, del que dependen millones de familias mexicanas. Si bien reconocemos las acciones de la Sagarpa en materia de programas de coberturas de precios del Café de Aserca; el establecimiento de 32 viveros para la producción de más de 22 millones de plantas tolerantes a la Roya del Cafeto; el acompañamiento técnico para los municipios cafetaleros; campañas fitosanitarias y acciones de monitoreo y control de la Roya del Cafeto, entre otras, es necesario que se establezcan modelos de desarrollo sustentables que generen una sinergia en este sector.

Estas acciones requieren de mayores recursos y en el marco del proceso de elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 hacemos una llamado respetuoso a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a que no se reduzca el presupuesto al sector cafetalero mexicano, que incluye el programa Procafé, coberturas y otros componentes. Cabe señalar que en el PEF 2016 dicho programa tenía un presupuesto de 730.6 millones de pesos y en el proyecto de presupuesto para este año sólo se le asignaron 569.7 millones de pesos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del pleno de ésta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, para que en el marco del proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, considere destinar mayores recursos a los programas que incentivan la producción de café, las coberturas y fomentan la productividad.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, para que en el marco del proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, se mantenga el presupuesto asignado en el ejercicio fiscal anterior al programa Procafé.

Notas

1 Sagarpa. Convención Internacional del Café, México 2015. Subsecretaría de Agricultura Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico. Pp. 7 y 8. [En Línea] [Fecha de Consulta: 04-10-16] Disponible en:

http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/oaxaca/Documents/2015/Difusi%C3%B3n%20y%20Eventos/
Convencion%20Internacional%20del%20Cafe%202015.pdf

2 Organización Internacional del Café. Total production by exporting countries. Trade Statistics Tables. [En Línea] [Fecha de Consulta: 04-10-16] Disponible en: http://www.ico.org/trade_statistics.asp

3 The Climate Institute. A Brewing Storm: The climate change risks to coffee. Fairtrade Australia & New Zealand. [En Línea] [Fecha de Consulta: 04-10-16] Disponible en:

http://fairtrade.com.au/~/media/fairtrade%20australasia/ files/resources%20for%20pages%20-%20reports%20standards%20and%20policies/tci_a_brewing_storm_final_24082016_web.pdf

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los seis días del mes de octubre de dos mil dieciséis.

Senadoras: María del Rocío Pineda Gochi (rúbrica), Angélica Araujo Lara (rúbrica), Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez (rúbrica), Ivonne Álvarez García, Hilda Ceballos Llerenas (rúbrica).


Ciudad de México, a 5 de octubre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe pormenorizado sobre los motivos de las reducciones presupuestales realizadas en obras y desarrollo de infraestructura en el estado de Campeche, en el marco de la propuesta de Presupuesto de Egresos 2017; así también, exhorta a la Cámara de Diputados a reconsiderar dichas reducciones presupuestales, contemplando la crítica situación económica que se vive en esta entidad derivado de la caída en los precios del petróleo.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta


El que suscribe, Jorge Luis Lavalle Maury, senador a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y con fundamento en los dispuesto en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por la que se solicita a la SHCP un informe pormenorizado sobre los motivos de las reducciones presupuestales realizadas en obras y desarrollo de infraestructura en el estado de Campeche, en el marco de la Propuesta de Presupuesto de Egresos 2017; así como también, se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a reconsiderar dichas reducciones presupuestales, contemplando la crítica situación económica que se vive en esta entidad derivado de la caída en los precios del petróleo, con base en las siguientes:

Consideraciones

Las dificultades que desde hace unos años enfrenta nuestro país derivado de la caída de los precios del petróleo, debido principalmente al mercado internacional, se perciben en distintos ámbitos de la vida económica nacional. El más relevante, sin duda, la disminución de los ingresos del Estado provenientes del sector petrolero, que fuera la fuente principal de ingresos de nuestro país.

En el marco de la afección de las finanzas nacionales, en el epicentro de ésta se encuentra el estado de Campeche, principal productor de petróleo, que se ha visto como una de las principales entidades implicadas en virtud de que su estructura económica se encuentra orientada justamente hacia la producción de hidrocarburos, dejando fuera otros aspectos que son relevantes para el crecimiento de cualquier economía local.

Hasta antes de la caída de los precios del petróleo, las mediciones de la economía de Campeche, indicaban índices exorbitantes comparables, hilarantemente, con economías de naciones ricas. En efecto, de acuerdo al Sistema Nacional de Cuentas del INEGI, hasta 2014 Campeche contaba con un Producto Interno Bruto de más de 654 mil millones de pesos, lo cual se debía a que el 85% de esos ingresos, correspondía a la extracción de petróleo y gas.

Acorde con lo anterior, Campeche contaba con un ingreso per cápita equivalente a 59, 536 dólares, es decir, por arriba incluso del otrora Distrito Federal. Tales indicadores, señalarían que el ingreso per cápita de Campeche, sería superior al ingreso de países de primer mundo como Noruega con 47 mil dólares, Estados unidos con 43 mil dólares, Alemania con 34 mil dólares o Francia con 32 mil dólares.

Sin embargo, es evidente que tales cifras eran o son del todo inverosímiles, toda vez que para efectos de la medición de la economía, es preciso considerar todos los valores que se transforman o producen en la delimitación que busca medirse, de suerte que la economía de Campeche nunca fue apreciada de manera precisa, toda vez que tomando en cuenta sólo los bienes y productos que se producen para la economía local, Campeche desciende hasta el lugar 29 de 32 en la medición del PIB de las 32 entidades federativas.1

En vista de lo anterior y considerando que a pesar de los cambios en el mercado y en la considerable disminución en la producción, hasta ahora Campeche es el principal productor del crudo nacional;2 puede asegurarse que hasta ahora se ha aplicado un criterio del todo inequitativo tanto para valorar la economía del multicitado estado, como para retribuir o compensar la importante actividad que se desarrolla en beneficio de todos los mexicanos.

Tales mediciones, impidieron que Campeche accediera a fondos y programas destinados a estados que cuentan con problemas de pobreza o de desarrollo humano, como el Fondo Regional, al que acceden los diez estados con mayor índice de rezago humano, no obstante toda vez que este se encuentra basado en la medición del Producto Interno Bruto y como ya se ha podido apreciar, tal indicador se encuentra sobre dimensionado.

Campeche, cuenta con múltiples rezagos sumamente relevantes. Mantiene al 52% de la población en situación de pobreza, 51.4% en pobreza patrimonial, la pobreza de capacidades asciende al 27.3% y la pobreza alimentaria al 20%. Las opciones productivas en las que la población se puede emplear son pocas, de acuerdo al Inegi la mayor parte de las unidades productivas del estado, después de las actividades petroleras, son el comercio y los servicios no financieros,3 los cuales representan el 0.7% y el 1.4% del PIB estatal.

Para Campeche la segunda actividad en importancia es la construcción, misma que también está relacionada a las actividades petroleras, en virtud de que el 95% de este subsector, está dedicado a la Construcción de obras para el suministro de agua, petróleo, gas, energía eléctrica y telecomunicaciones,4 de tal suerte que este subsector habría que considerarlo de manera asociada a la producción de petróleo.

Así, la economía de este estado se encuentra concentrada y poco diversificada, toda vez que las opciones productivas en las que la población se puede emplear son pocas. De acuerdo al INEGI la mayor parte de las unidades productivas del estado, después de las actividades petroleras, son el comercio y los servicios no financieros,5 los cuales representan el 0.7% y el 1.4% del PIB estatal.

Al intercalar estos indicadores con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en efecto se puede corroborar que las mayores concentraciones de ocupación se encuentran en esos dos sectores. Según la STPS hasta el primer semestre de 2016 la Población Económicamente Activa de Campeche es de 407,411 personas de la cual 393 mil se encuentran ocupados y de esta proporción el 16% y 30% de la población se mantiene ocupada en el Comercio y Otros servicios, respectivamente.6

Hasta esa misma fecha, la tasa de informalidad en Campeche es superior al 60 por ciento. Lo cual se encuentra relacionado al incremento de la tasa de desempleo, que ha aumentado drásticamente en los últimos años. Hasta 2012 esta era de 2.2 por ciento, es decir casi a la mitad de la media nacional, para hoy en este segundo semestre de 2016 ubicarse en 4 por ciento.

En este sentido, el gobierno del estado reporta una pérdida de 25 mil empleos en la entidad derivado de la crisis petrolera que atraviesa el país. Es decir, que la disminución de los precios del petróleo, cobra sus saldos más evidentes y tangibles en Campeche, dejando sin su sustento a miles de familias.

La causa principal de esta reducción drástica en los indicadores económicos, se debe a la reducción de los precios del petróleo y derivado de ello, reducciones de personal y baja en el consumo de bienes y servicios.

La mayor parte de la población ocupada de Campeche se concentra en tres sectores: servicios, comercio y actividades agropecuarias, a las cuales se dedica el 18% de la PEA ocupada y desde luego, el gran grueso de la población a la informalidad que a su vez se encuentra o se encontraba vinculada a las actividades petroleras por comercio al menudeo, venta de alimentos preparados, etcétera.

En el sector turístico, Campeche, a pesar de tener un alto potencial en este sector es, de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad,7 el penúltimo lugar de las 32 entidades en la captación de recursos por este medio.

Respecto a la productividad en la agricultura (incluida la pesca, acuicultura animal y servicios relacionados con la cría y explotación de animales y con el aprovechamiento forestal) al estado le representa apenas el 0.6% del PIB, que en términos reales equivale al orden de los 311 millones de pesos.8 De tal suerte que a pesar de la concentración de recursos humanos en estas áreas, dichos sectores no ofrecen una proyección de crecimiento ni para el estado ni para la población, toda vez que además de las pocas utilidades que generan, atendiendo el recuadro de remuneraciones, puede verse que la cuarta parte de la PEA ocupada, es decir cerca de 100 mil campechanos, perciben entre uno y dos salarios mínimos.

Así, más del 50 por ciento de la población de Campeche vive en pobreza con un promedio de 2.6 carencias; de ese porcentaje el 12 por ciento (casi 100 mil personas) sufre pobreza extrema. De acuerdo al Coneval, los municipios de Campeche y Carmen cuentan con menores índices de pobreza de los once que conforman el estado, pues cuentan con porcentajes del 35 por ciento y 41 por ciento de su población en esta forma de vida. Sin embargo en municipios como Calakmul, Candelaria y Escárcega mantienen niveles de 86 por ciento, 79 por ciento y 73 por ciento respectivamente de población en pobreza, lo cual es un fenómeno realmente grave que permite dimensionar certeramente la circunstancia en la que vive este estado si se observa a detalle su economía y no se contemplan los recursos petroleros.

Cabe señalar que de las 2 mil 778 localidades con las que cuenta el estado de Campeche, 2,760 son de menos de 5 mil habitantes, 14 de entre 5 mil pero menos de 15 mil, y sólo cuenta con dos que son de entre 100 mil y 500 mil habitantes (Campeche y Carmen),9 de tal suerte que a base de estudios del Consejo Nacional de Población, las comunidades de menos de 15 mil habitantes, se dedican a actividades primarias, lo cual implica que en Campeche alrededor del 15 por ciento de su población depende de las actividades primarias, mismas que según se ha señalado, no significan una fuente importante de riqueza para la entidad.

Por su parte, los dos municipios más urbanizados e industrializados, concentran el 47% de la población total del estado, misma que está en su mayoría dedicada a actividades terciarias (servicios, comercio y actividades gubernamentales) y secundarias (extracción del petróleo y construcción).

Acorde con todo lo anterior, más allá de la retribución económica que el Estado mexicano estaría comprometido a retribuir a Campeche por su importante aporte a la economía nacional y por la crítica situación económica que atraviesa, debe de considerarse que la presencia de actividades relacionadas con los hidrocarburos, de facto, genera diversas afectaciones que van desde la modificación del paisaje hasta, como ya se ha visto, repercusiones en la estructura económica-productiva de estos, pasando por daños y/o riesgos ambientales y de salud pública, así como por la suscitación de diversos fenómenos sociales.

En términos económicos, acorde con datos del Inegi, Campeche ha acumulado 8 trimestres consecutivos en materia de Actividad Económica. Es decir, que toda la estructura económica que aquí se ha descrito, al día de hoy las condiciones son aún más críticas y desesperanzadoras para esta entidad. Si bien desde mayo pasado el gobierno federal anunció el programa de reactivación económica tanto para Campeche como para Tabasco, diversas medidas comprendidas en este, han quedado sin posibilidades de ser implementadas, debido principalmente a los recortes presupuestales que se han aplicado a Pemex y en general al sector energético.

El anuncio del programa de reactivación económica, congregó a todos los sectores de la sociedad campechana bajo la consideración de que las medidas ahí contempladas eran viables y coadyuvarían a la reactivación económica de la entidad. Entre las acciones anunciadas, se contempló que las Secretarías de Desarrollo Social, Economía, Comunicaciones y Transportes, del Trabajo y Previsión Social y de Turismo, incrementarían considerablemente el presupuesto destinado tanto a Campeche como a Tabasco. Empero, derivado de los recortes presupuestales, puede observarse que a pesar de este anuncio y de la promesa de activar diversas obras de infraestructura o programas sociales, estos no se encuentran contemplados en la propuesta de presupuesto para el 2017 entregado el mes pasada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados.

En efecto, desde 2009 y hasta antes de le ejercicio 2016, Campeche observaba en los correspondientes presupuestos anuales importantes incrementos promedio del 15 por ciento; no obstante, desde este 2016 se redujo un 8.73 por ciento con relación al año anterior y para el 2017, se pretende una disminución del 26.64 por ciento con respecto al 2016, asignando un total de 3 mil 108 millones de pesos. Es decir, que si se suman ambas disminuciones consecutivas, la reducción presupuestal en dos años es de 33 por ciento lo cual nos coloca prácticamente en los valores asignados en 2012, equivalentes a 3 mil 109 millones de pesos.

Asimismo, otro aspecto a considerar son las participaciones por ingresos federales que le corresponden a Campeche, las cuales también se han visto disminuidas año tras año, lo cual es otro factor que debe ser contemplado para dimensionar la baja de los ingresos de esta entidad. De suerte que con este conjunto de disminuciones, se está condenando a la anulación o cancelación de obras y proyectos federales que se habían considerado como acicates de la reactivación económica de Campeche.

No obstante todos estos datos y las perspectivas económicas aquí descritas, las promesas y programas especiales puestos en marcha por el gobierno federal para reactivar la actividad económica en Campeche, estas no son consideradas en el presupuesto propuesto para esta entidad para el año 2017.

Efectivamente, en el rubro de infraestructura, el PPEF 2017 en la gran división de Infraestructura se observa una reducción de cerca de los 514 millones de pesos, mismos que principalmente se le disminuyen a los rubros de caminos rurales y carreteras alimentadores y conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras, con 303 y 149 millones respectivamente.

Con respecto a infraestructura económica de puertos, se presenta una reducción del 62 por ciento con respecto al ejercicio 2016, que equivale a poco más de 542 millones de pesos. Es decir, se descarta prácticamente las ampliaciones delos puertos de Isla del Carmen y de Seyba Playa. A la segunda de estas obras, no se le asigna un solo peso y al de Isla del Carmen es una disminución de 312 millones de pesos en relación al ejercicio anterior.

En materia de Agricultura, hay una disminución de casi el 33%. Reduciéndose las partidas para los renglones de seguridad alimentaria para zonas rurales, la concurrencia con entidades federativas, infraestructura productiva para el aprovechamiento sustentable del suelo y agua, extensionismo y desarrollo de capacidades. Es decir, se reduce el presupuesto en programas que podrían significar pilares de impulso económico en el mediano y largo plazos, para que Campeche comience un viraje en su estructura económica y diversifique sus fuentes de ingreso y empleo.

Otro ámbito que merece ser señalado, es el nulo presupuesto que el gobierno federal asigna al rubro de medio ambiente y recursos naturales, lo cual es un aspecto fundamental para un estado en el que el cerca de la tercera parte de su territorio (19 mil kilómetros), están sujetos a protección ecológica debido a las riquezas de flora y fauna con las que cuenta. La falta de presupuesto en este ámbito, puede traer consigo afectaciones y pérdidas permanentes de ecosistemas que son de gran importancia para el país y para el mundo, en virtud de que en las tierras de Campeche se albergan flora y fauna únicas.

Nuestra constitución, distribuye con claridad las atribuciones específicas de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, y si bien este Senado no tiene facultades con respecto a la aprobación del Presupuesto de Egresos, sí es la institución garante del pacto federal y de la representación de las entidades federativas. Por tanto, ante la crítica situación económica de Campeche, es menester unificar esfuerzos y voluntades para apoyar a un estado que durante décadas ha aportado recursos naturales y económicos para todo el país.

Es importante que adoptemos una postura de sensibilidad con esta situación que si bien golpea a todo el país, Campeche es epicentro de esta y por ello requiere de un presupuesto justo, proporcional a la circunstancia que atraviesa y sobre todo acorde con los compromisos y anuncios que se han hecho hasta ahora con la finalidad de reactivar su economía.

Por todo lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de la asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un informe pormenorizado sobre las razones precisas que motivaron las múltiples reducciones presupuestales realizadas en obras y desarrollo de infraestructura en el estado de Campeche, equivalentes al 26.64% en relación con el ejercicio fiscal 2016, así como las perspectivas de inversión y apoyo a la crítica situación que enfrenta esta entidad derivado de la disminución de los precios del petróleo, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2017; considerando las promesas y compromisos realizados por el titular del Ejecutivo Federal al anunciar el Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo para Campeche y Tabasco, el 6 de mayo del presente año.

Segundo. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados, a que en el proceso de deliberación y aprobación del Presupuesto de Egresos del 2017, considere con especial atención la crítica situación económica que se vive en el estado de Campeche, derivado de la disminución de los precios del petróleo y con ello la reducción de la actividad económica local y revalore las reducciones que propone el Ejecutivo Federal en el proyecto enviado a dicha Cámara, en virtud de que estas afectan considerablemente la reactivación y recuperación económicas, contempladas incluso por el mismo Ejecutivo Federal en el Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo para Campeche y Tabasco, anunciado el 6 de mayo pasado.

Notas

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) (ed.): «Banco de Información Económica» (PDF)

2 Sistema de Información Energética. Disponible en:
http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=temas. ; Inegi. Aportación al Producto Interno Bruto Nacional. Disponible en: http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/ags/economia/pib.a spx?tema=me&e=01

3 El Inegi define este sector como: “las unidades económicas del país que prestan algún servicio a terceros por cuenta propia, y que puede ser de carácter mercantil y profesional. Se excluyen las unidades económicas que proporcionan servicios relacionados con las actividades agropecuarias, forestales y mineras, los servicios financieros y de seguros y los relacionados con las actividades de los sectores público o gubernamental y social.”

4 Inegi. Perspectiva Estadística Campeche. Diciembre de 2011.

5 El Inegi define este sector como: “las unidades económicas del país que prestan algún servicio a terceros por cuenta propia, y que puede ser de carácter mercantil y profesional. Se excluyen las unidades económicas que proporcionan servicios relacionados con las actividades agropecuarias, forestales y mineras, los servicios financieros y de seguros y los relacionados con las actividades de los sectores público o gubernamental y social.”

6 Secretaria del trabajo y previsión social. Subsecretaria de Ocupación y empleo. octubre 2016.

7 Imco. Análisis de Competitividad 2010. Disponible en: http://imco.org.mx/indice_estatal_2010/PDFS/04.Campeche.pdf

8 Inegi, anuario estadístico 2015. P. 42.

9 Sistema para la Consulta del anuario estadístico de Campeche. INEGI.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los 4 días del mes de octubre de 2016.

Senador Jorge Luis Lavalle Maury (rúbrica)


Ciudad de México, a 5 de octubre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en la discusión del Presupuesto de Egresos para 2017, se destinen los recursos suficientes para la construcción de hospitales psiquiátricos y centros de prevención, tratamiento y control de las adicciones en el estado de Quintana Roo, que permitan garantizar el derecho a la salud de los quintanarroenses.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta


La suscrita, Luz María Beristain Navarrete, senadora de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición como Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El derecho a la salud está consagrado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el párrafo cuarto, artículo 4o., en donde establece que:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

Sin embargo, en el estado de Quintana Roo, aún no se ha podido garantizar en su totalidad este derecho, ya que los hospitales no son los suficientes ni los existentes cuentan con la calidad que se requiere.

Esta problemática se agrava en la medida que la enfermedad o la complicación medica que padece el ciudadano es menos común o si su padecimiento requiere de más especialización por parte de los médicos y de la infraestructura de los hospitales.

Parte de la población más vulnerable son los ciudadanos que padecen alguna adicción y problemas psiquiátricos, ya que son muy pocos los lugares en los que se pueden atender a los ciudadanos y en numerosas ocasiones son hospitales privados, en donde la mayor parte de los ciudadanos no pueden cubrir los gastos que les pudiera originar atenderse en ese lugar.

En otros casos los ciudadanos quintanarroenses para atenderse médicamente tienen que viajar a la Ciudad de México, situación que resulta muy complicada porque no todos tienen la capacidad económica de trasladarse para recibir atención médica, además de los gastos que les genera el transporte, el hospedaje y los gastos de medicamentos.

La principal problemática que busca atender esta proposición, se refiere a que en Quintan Roo los ciudadanos que padecen problemas de adicción o requieren atención psiquiátrica no cuentan con este servicio.

Cabe destacar que son lamentables las condiciones en que viven la mayoría de los ciudadanos de Quintana Roo, de tal manera que ha originado otra gran problemática la cual tiene que ver con los suicidios, según datos del Inegi:

Del año 2000 a 2014, la tasa de suicidios se elevó de 3.5 a 5.2 por cada 100 mil habitantes, donde el séptimo estado con más índice de suicidios es el de Quintana Roo.

De mejorar las condiciones médicas de los ciudadanos, se propiciaría una reducción del índice de los suicidios ya que al tener una ciudadanía sana y con la atención médica necesaria, fortalecería una estrategia de salud y de protección a los derechos humanos de los ciudadanos.

Estamos frente a una problemática que tiene que ver con el bien jurídico tutelado más importante el cual es la vida, ya que la salud está directamente vinculada con la vida de las personas.

Es necesario que se garantice el derecho a la salud y para ello resulta imperante la construcción de más hospitales psiquiátricos y centros de readaptación de adicciones.

Finalmente en el Estado de Quintana Roo existe un alto índice de crecimiento poblacional, en gran parte por el desplazamiento de turistas que se establecen en la localidad por varios años y ciudadanos de otros estados que van en busca de trabajo.

Es sumamente trascendente que se concrete la petición que contiene este Punto de Acuerdo, ya que así se dará cumplimiento a los derechos humanos y se podrá evitar que se agrave la situación en el futuro y se comprometa aún más la salud de las personas, ya que como se mencionó anteriormente, cada vez el número de pobladores es mayor y se tiene que tomar acciones de manera inmediata.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2017 se destinen los recursos suficientes para la construcción de hospitales psiquiátricos y centros de prevención, tratamiento y control de las adicciones en el Estado de Quintana Roo, que permitan garantizar el derecho a la salud de los quintanarroenses.

Dado en el salón de sesiones del honorable Senado de la República, a 5 de octubre de 2016.

Senadora Luz María Beristáin Navarrete (rúbrica)


Ciudad de México, a 5 de octubre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo federal y del Poder Ejecutivo estatal de Guerrero a establecer acciones inmediatas para que se otorguen plazas a los maestros calificados como idóneos para combatir el rezago escolar; y exhorta a la Cámara de Diputados a considerar un presupuesto asignado para resarcir los rezagos educativos materiales y humanos de los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados el segundo de ellos.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta


El que suscribe Sofío Ramírez Hernández, senador de la República integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, 108, numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de ésta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ratifica en su artículo 1o. que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.1 Uno de esos derechos es el de la educación, fundamental y necesario para poder ejercer todos los demás derechos, el cual está garantizado para todo individuo en el artículo 3° constitucional.

De esta manera, el Estado reconoce la obligación de ofrecer servicios educativos gratuitos a toda la población, desde educación preescolar hasta educación media superior, garantizando además que ésta alcance el máximo logro de aprendizaje. La participación del Estado incluye la promoción y atención de todos los tipos educativos, como la educación inicial, especial y superior.

Es decir, el Estado está obligado a que todos los habitantes reciban las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional (SEN), sin discriminación ni exclusión, considerando la situación desigual de los niños y jóvenes, sus familias y comunidades.

En consecuencia, la profesión docente en México cuenta con una larga tradición; ha tenido una expansión sostenida y actualmente participa de manera significativa en la fuerza laboral del país.

Durante los primeros años del siglo XX, los esfuerzos del Estado mexicano se concentraron en la ampliación de los servicios educativos, principalmente en educación primaria.

En menos de un siglo, de 1921 a fines de 2012, la población se multiplicó ocho veces, al pasar de 14.3 millones de personas al inicio del periodo del presidente Álvaro Obregón, a 117 millones a fines del sexenio de Felipe Calderón. En esos años la matrícula en educación primaria creció poco más de 16 veces al pasar de 868 mil alumnos a 14.8 millones, crecimiento superior al demográfico.2

En 1934 se establece en el texto constitucional la obligatoriedad y gratuidad de dicho nivel; en 1993, casi 60 años después, se agrega la de la educación secundaria, y en 2002, la de preescolar. A inicios de 2012 se eleva a rango constitucional la obligatoriedad de la educación media superior, cuya universalidad se debe alcanzar en 20213 .

Entre 1953 y hasta 1982, durante a la administración de José López Portillo, puede apreciarse un crecimiento acelerado del número de docentes desde primaria hasta media superior. En 1983, a inicios del sexenio de Miguel de la Madrid, se alcanza el máximo histórico de matriculación en educación primaria.

En otro orden de ideas, es importante señalar, que la importancia de la educación que reciban los estudiantes será “fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; [pues] es [un] proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad”.4 Para ello es necesaria la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo, en especial del Estado, los educandos, padres de familia y docentes.

Por lo que, para la realización de estas labores, el sistema escolar debe proporcionarles los recursos materiales y humanos suficientes, adecuados, organizados apropiadamente y de manera oportuna.

Los objetivos planteados en la denominada Reforma Educativa, establecen de manera más formal, la importancia de la calidad con la que la educación debe ser impartida.

Sin embargo, los retos por superar en esta materia son muchos aún en todas las entidades, pero hay Estados donde es necesario concentrar los esfuerzos para poder romper con los círculos viciosos de la pobreza.

Por ejemplo: el déficit educativo en Guerrero es muy grande y muy diverso en parte porque se vienen arrastrando problemáticas que son fundamentales para poder aspirar a un nivel, sino óptimo, al menos digno de enseñanza. Con el afán de que se comprenda la magnitud de esta situación, a continuación expongo algunos datos:

Infraestructura

Los espacios educativos en educación preescolar cobran especial relevancia porque tienen como objetivo promover el desarrollo psicomotor y cognitivo de los pequeños. En Guerrero existe la mayor carencia de mobiliario necesario para las labores docentes en las escuelas sin embargo, el 42.8% de las escuelas no cuentan con el mobiliario necesario en 2014.

Aunado a lo anterior, la estructura física de la escuela debe garantizar la seguridad y resguardo de las personas y bienes que se encuentran dentro de ella; sin embargo, en el país se localizaron, por medio del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, al menos a 15 mil 681 primarias construidas con techo de materiales de desecho, lámina metálica, de asbesto o cartón, los cuales no son los mejores elementos para proteger a la comunidad escolar de la intemperie.

Además, 1 mil 864 escuelas tenían piso de tierra o materiales removibles, mismos que no facilitan la higiene y son un medio propicio para el crecimiento de microorganismos y la transmisión de enfermedades.

Asimismo, había 754 escuelas construidas con paredes precarias y por ello no contaban con la infraestructura física que permitiera garantizar la seguridad de la comunidad escolar. En la dimensión de seguridad física las primarias comunitarias presentaron los mayores porcentajes de condiciones precarias de techo (42.7 por ciento), paredes (3 por ciento) y piso (11.7 por ciento).

Refiriéndose a servicios como drenaje y techo precario, las entidades que presentaron los mayores porcentajes de insuficiencia en el primer servicio fueron San Luis Potosí (68.2 por ciento), Tabasco (65.1 por ciento), Guerrero (61.1 por ciento) y Veracruz (55.4 por ciento), mientras que Chihuahua (51.4 por ciento), Sonora (46.6 por ciento), Tabasco (37 por ciento), Jalisco (31.5 por ciento) y Durango (31.1 por ciento) obtuvieron los mayores porcentajes de escuelas con techos en precariedad. Además, Guerrero reportó el mayor problema respecto a la falta de baños en sus escuelas (21.3 por ciento).5

Recursos humanos

Tampoco es posible olvidar, que los maestros representan el primer y más importante punto de contacto del SEN con los niños y jóvenes. Ellos son los responsables de encabezar la relación pedagógica mediante la cual el Estado mexicano contribuye a la formación intelectual, moral y afectiva de los alumnos.

En el ciclo escolar 2013-2014, el SEN incluyó a 35 millones 745 mil 871 alumnos en educación básica, media superior y superior, en un total de 255 mil 531 escuelas con 1 millón 868mil 48 docentes. Del total de alumnos, casi tres cuartas partes cursaron educación básica (72.6 por ciento), 13.1 por ciento educación media superior y 9.6 por ciento educación superior.

En localidades de alta y muy alta marginación se encuentran 56.9 por ciento de las escuelas de nivel básico y 39.9 por ciento de los planteles de educación media superior.

En el caso concreto de Guerrero, la matrícula de alumnos de educación primaria ascendió a 499 mil 821 alumnos inscritos en el ciclo escolar 2013-2014, que son atendidos por una planta de 23 mil 944 docentes, con un total de 33 mil 472 grupos en 4 mil 691 escuelas. Lo anterior arroja como resultado que un profesor debe de atender a más de un grupo en promedio (0.72 profesores por grupo).

Esto es posible ya que existen muchas escuelas que deben de atender a los alumnos bajo el esquema de organización multigrado, donde un profesor debe de atender a más de un grado y/o grupo. Además, la Secretaría de Educación Pública separa en tres dimensiones a las escuelas de educación primaria.

• Primaria General

• Primaria Indígena y,

• Primaria Comunitaria

En Guerrero, el porcentaje de escuelas de organización multigrado en nivel primaria, asciende a 50 por ciento del total, dividido de la siguiente manera, 25.7 por ciento son primarias de tipo general, 9.5 por ciento son de tipo indígena y 14.8 por ciento del tipo comunitario.

Por lo que para poder alcanzar, la media nacional, de 0.76 profesores por grupo, será necesario contratar a 1 mil 500 maestros más. O si se aspirara a que cada maestro atendiera a un grado por grupo, el déficit asciende a 4 mil 152 profesores.

Desde hace un año, presenté ante esta soberanía un Punto de Acuerdo que exhortó respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo federal y del Poder Ejecutivo estatal de Guerrero, a establecer acciones concretas para que se otorguen plazas a los maestros egresados como estrategia para combatir el rezago escolar. Sin embargo dicha petición no ha tenido los resultados esperados o necesarios. Además la problemática de la falta de docentes se ha visto agudizada por efectos de la propia “reforma educativa”, pues como un efecto de esta acción, se han incrementado el número de jubilaciones de docentes en los diversos niveles, mediante el Servicio Profesional Docente (SPF), así lo ha advertido el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Sylvia Schmelkes presidenta del INEE, al presentar el informe: “Los docentes en México”, resaltó ante integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados que en 2023 poco más de 220 mil docentes podrían haber optado por la jubilación y reconoció que las vacantes que se generarán en primaria (48 mil 212) y en secundaria (33 mil 306) “superarán por mucho a los egresados normalistas”, que serían aproximadamente 9 mil y 8 mil, respectivamente.6

A pesar de que el déficit de profesores se prevé en menos de una década, la carencia de maestros en Guerrero, como en otras entidades donde existe una gran población indígena, es desde hace tiempo ya una realidad que atenta contra el desarrollo de los alumnos más desprotegidos.

Con base en el antedicho informe del INEE, atendiendo a la distribución de los docentes por tamaño de localidad y marginación según nivel educativo y tipo de servicio, se observa lo siguiente:

En preescolar, poco más de tres cuartas partes (78.8 por ciento) de los docentes de la modalidad general trabajan en localidades urbanas7 , mientras que en primaria lo hacen 73 de cada 100. En secundaria, esto es cierto para 94 por ciento de quienes enseñan en escuelas generales, para 86 por ciento de los de técnicas y para todos los profesores de la opción para trabajadores.8

Como se puede observar, es clara la concentración de los docentes en las zonas de población más alta y con mejor desarrollo. Además, los profesores de las zonas rurales, luchan con contextos de alta vulnerabilidad social y por lo tanto, enfrentan mayores retos que sus pares que laboran en ambientes de menor marginación y pobreza.

En educación preescolar, casi dos terceras partes de los docentes en la modalidad general (65.7 por ciento) laboran en localidades de marginación media, baja o muy baja. En contraste, casi todos los de escuelas indígenas (96.2 por ciento) y cuatro quintas partes de aquellos docentes en comunitarias (81.4 por ciento) se encuentran en zonas de alta y muy alta marginación.9

Lo descrito, no hace sino aumentar la brecha de marginación de los más necesitados. Pues los maestros rurales e indígenas, son los que deben hacer frente a una amplia gama de circunstancias que atentan contra la educación de calidad de los educandos.

Además, la preparación de los mismos requiere de una calificación mayor pues deben de impartir sus clases de forma bilingüe principalmente. Ante esta realidad, son muy pocos los incentivos que se les otorgan a estos profesores, en consecuencia, demanda de necesaria de mentores cada vez es más difícil cubrirla.

Otra de las razones que han venido a incrementar la carencia de educadores en las aulas, es porque existe también una oferta de profesores que han alcanzado el grado de idoneidad, a quienes aún no se les ha otorgado plaza alguna para laborar; esto nos da como resultado una situación insostenible, en cuanto a la educación de los más vulnerables.

Mediante un recuento periodístico, es posible observar, las demandas reales de muchas escuelas guerrerenses, como se muestra a continuación:

• Desde hace dos años hace falta un maestro en una primaria de la Bonfil, Acapulco, denuncia el director, por lo que un trabajador administrativo es quien da clase al grupo de tercer año.+10

• Maestros y padres de familia de 17 secundarias técnicas de la Montaña Baja y Alta bloquearon por segundo día consecutivo la carretera federal Chilpancingo-Tlapa, en la entrada principal de Chilapa, para exigir profesores, trabajadores administrativos y nombramientos.11

• Protestan maestros del Centro Regional de Educación Normal, frente al secretario de Educación; piden que 33 profesores entren a nómina.12

• Piden padres y maestros que no se cierre la extensión del Conalep en Costa Azul, Acapulco13 .

• Protestan maestros, alumnos y padres de familia piden servicios, aula y un profesor14 .

• Bloquean frente a Palacio de Gobierno maestros “idóneos” que exigen sus nombramientos.15

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo federal y del Poder Ejecutivo estatal del estado de Guerrero, a establecer acciones inmediatas para que se otorguen plazas a los maestros calificados como idóneos para combatir el rezago escolar.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados, a considerar un presupuesto asignado para resarcir los rezagos educativos materiales y humanos de los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán.

Notas

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15de agosto de 2016. En línea: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150816.pdf

2 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2015), Los Docentes en México. Informe 2015. [En Línea]:
http://www.inee.edu.mx/images/stories/2015/informe/Los_docentes_en_Mexico._Informe_2015_1.pdf

3 Ibíd. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2015).

4 Ley General de Educación, (1 de junio de 2016) En línea: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137_010616.pdf

5 Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, 2015, Inegi.

6 Poy Solano, Laura (2015) “INEE: se cierne un gran déficit de maestros en educación básica” La Jornada, 8 de abril de 2015, Ciudad de México En línea: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/04/08/urge-formar-mas-maestros- no-hay-quien-cubra-vacantes-inee-3300.html

7 Es decir, asentadas en localidades de 2 mil 500 o más habitantes, o en comunidades de menor tamaño, pero que son cabeceras municipales.

8 Ibíd. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2015).

9 Ibíd. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2015).

10 Labastida, Mariana (2016) “Falta desde hace dos años un maestro en una primaria de la Bonfil, Acapulco, denuncia el director” El Sur de Acapulco, 27 de septiembre de 2016. En línea: http://suracapulco.mx/3/falta-desde-hace-dos-anos-un-maestro-en-una-pri maria-de-la-bonfil-acapulco-denuncia-el-director/

11 Nava, Luis Daniel (2016) “Maestros de la Montaña bloquean por segundo día consecutivo la entrada a Chilapa”, El Sur de Acapulco, 28/09/16 En línea: http://suracapulco.mx/instante/maestros-de-la-montana-bloquean-por-segu ndo-dia-consecutivo-la-entrada-a-chilapa/

12 Guerrero, Alejandro (2016) “Protestan maestros del CREN frente al secretario de Educación; piden que 33 profesores entren a nómina” El Sur de Acapulco, 21/09/16 En línea: http://suracapulco.mx/3/protestan-maestros-del-cren-frente-al-secretari o-de-educacion-piden-que-33-profesores-entren-a-nomina/

13 Contreras, Karina (2016) “Piden padres y maestros que no se cierre la extensión del Conalep en Costa Azul, Acapulco” El Sur de Acapulco, 23/09/16 [En línea]: http://suracapulco.mx/3/piden-padres-y-maestros-que-no-se-cierre-la-ext ension-del-conalep-en-costa-azul-acapulco/

14 Escobar, Brenda (2016) “Protestan maestros, alumnos y padres de familia piden servicios, aula y un profesor” El Sur de Acapulco, 27/09/16 En línea: http://suracapulco.mx/instante/protestan-maestros-alumnos-y-padres-de-f amilia-piden-servicios-aula-y-un-profesor/

15 García, Beatriz (2016) “Bloquean frente a Palacio de Gobierno maestros “idóneos” que exigen sus nombramientos” El Sur de Acapulco, 21/09/16 [En línea]: http://suracapulco.mx/3/bloquean-frente-a-palacio-de-gobierno-maestros- idoneos-que-exigen-sus-nombramientos/

Dado en la honorable Cámara de Senadores, a los cinco días del mes de octubre de 2016.

Senador Sofío Ramírez Hernández (rúbrica)


Ciudad de México, a 5 de octubre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar más recursos para fortalecer el programa de inclusión social Prospera, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta


La suscrita, senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de la honorable Colegisladora la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que se asignen más recursos para fortalecer el programa de inclusión social Prospera, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, bajo las siguientes:

Consideraciones

De conformidad con lo señalado por el artículo 74 de nuestra Carta Magna ha sido presentado ante la Colegisladora, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, encontrándose en el contexto de la discusión y aprobación es que vengo a solicitar se asignen más recursos para fortalecer el programa de inclusión social Prospera con el objetivo de seguir ampliando su cobertura a la población en pobreza brindándoles apoyos en alimentación, salud y educación.

Sabemos que desde el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se ha destacado la tarea de contribuir a la construcción de una sociedad en la que todas las personas, sin importar su condición social, económica, étnica, física o de cualquier otra índole, tengan garantizados sus derechos sociales y puedan gozar de un nivel de vida digno a través de la formulación y conducción de una política de desarrollo social que fomente la generación de capacidades.

La anterior labor ha sido delegada a la Secretaría de Desarrollo Social, quien es la encargada de formular y conducir la política social a través de la implementación de programas y acciones que fomente atender a las personas a lo largo del ciclo de vida, pero especialmente en las etapas de más vulnerabilidad, creando un entorno e ingreso decoroso, así como la participación y protección social, atendiendo a los sectores más desprotegidos.

Ahora bien, uno de esos programas sectoriales que garantizan el pleno disfrute de los derechos sociales de la población en pobreza lo es Prospera, el cual como resultado de la reingeniería del gasto público para el ejercicio fiscal 2016, con el propósito de fortalecer las acciones tendientes a superar la pobreza y garantizar los derechos sociales de la población, resulto de la fusión del Programa de Inclusión Social y del Programa de Apoyo Alimentario.

Con esa fusión Prospera mantiene y fortalece las intervenciones que buscan ampliar las capacidades en educación, salud y alimentación, es un programa con cobertura nacional, dedicado a contrarrestar la pobreza del país, atendiendo actualmente 6.8 millones de familias beneficiarias, que reciben los apoyos con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida.

Este programa gubernamental cuenta con todo un esquema operativo, el cual por medio de una encuesta de características socioeconómicas y demográficas identifica los hogares que se encuentran en situación de pobreza y los cuales pueden ser incorporados a Prospera.

En cuanto al componente de alimentación, se otorgan apoyos monetarios directos mensuales a las familias beneficiarias para contribuir a que mejoren la cantidad, calidad y diversidad de su alimentación, el objetivo es prevenir y atender la mala nutrición (desnutrición y obesidad) por una mejorar nutrición a través de una buena alimentación.

Es alentador considerar que, para poder recibir los apoyos monetarios, se le condicione a la titular beneficiaria, que generalmente es la madre de familia o a quien se haga cargo del hogar, a que deberá cumplir junto con la familia corresponsabilidades en salud y educación para poder recibir los apoyos monetarios.

Por lo que, si se trata de salud en registrarse toda la familia a la unidad de salud que le corresponde y que cada miembro de la familia acuda a las citas médicas y cumplan con la asistencia a los talleres comunitarios para el autocuidado de la salud y así se contribuye a la prevención de enfermedades.

Si se trata de la educación también existe una corresponsabilidad para los beneficiarios ya que tienen el deber de cumplir con la inscripción de sus hijos en educación primaria, secundaria y Media Superior en escuelas autorizadas para el Programa y la asistencia de los becarios a clases e incentivar la terminación de dichos niveles educativos.

Tomando en consideración que el objetivo de este programa es fortalecer los derechos sociales de personas en situación de pobreza, por otra parte, la población objetivo son hogares con un ingreso per cápita estimado menor a la línea de bienestar mínimo ajustada (LBMa) cuyas condiciones socioeconómicas y de ingreso impiden desarrollar las capacidades de sus integrantes en alimentación, salud, y educación.

Aunado a lo anterior, el bienestar de las familias mexicanas en situación de pobreza debe ser un tema de importancia para el Congreso de la Unión, específicamente de la Cámara de Diputados, razón por la cual se debe considerar la mayor cantidad de recursos al programa Prospera, el cual tiene una cobertura nacional y fomenta el desarrollo humano de la población en pobreza, brindando apoyos en alimentación, salud y educación.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de la honorable Cámara de Diputados, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que durante la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, se asignen más recursos para fortalecer el programa de inclusión social Prospera, con el objetivo de ampliar su cobertura a más población en condiciones de pobreza en nuestro país.

Dado en el Senado de la República, a los cinco días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.

Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica)


Ciudad de México, a 5 de octubre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar más recursos para fortalecer el programa de Pensión para Adultos Mayores, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta


La suscrita, senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de la Honorable Colegisladora la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que se asignen más recursos para fortalecer el programa de Pensión para Adultos Mayores en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, bajo las siguientes

Consideraciones

Entre las funciones que debe cumplir el Estado se encuentra la relacionada con la protección a la población en general, poniendo más atención a la que se encuentra en situación de vulnerabilidad, uno de estos sectores de personas en condiciones de fragilidad lo tenemos en los adultos mayores de 65 años y más.

Personas que por el transcurso del tiempo y ante una expectativa de más años de vida, van ocupando un lugar especial dentro de la sociedad y a quienes tenemos que prestar atención y apoyo, pues el solo transcurso del tiempo hace que vaya mermando su salud física, mental y como consecuencia de ello ponen en riesgo su vida.

En nuestro país existe un buen número de adultos mayores de 65 años y más en situación de carencia y pobreza, que no cuentan con una jubilación o pensión, ni con una oportunidad de empleo en el sector formal de la economía, debido a su edad.

Con motivo de lo anterior y por medio de la política social, la SEDESOL ha implementado un programa, encaminado a un sistema de seguridad social que proteja a este sector desfavorecido de la población, tratando de contribuir en el bienestar socioeconómico de los adultos mayores de 65 años en adelante.

Mediante el Programa de Pensión para Adultos Mayores, se les otorga apoyos económicos directos a los beneficiarios por la cantidad de 580 pesos mensuales, mediante entregas bimestrales y en caso de fallecimiento de éste, a su representante designado por el beneficiario se le entrega por única vez un monto de 1,160 pesos como pago de marcha.

También reciben en complemento el apoyo para la inclusión financiera, consistente en la entrega de una tarjeta electrónica asociada a una cuenta bancaria en donde reciben su apoyo económico, el costo de la tarjeta lo absorbe el programa a fin de que su apoyo no se vea afectado.

Aunado a ese apoyo económico directo que reciben, también se encuentran acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental, por medio actividades relacionadas con la participación de grupos de crecimiento y jornadas informativas sobre temas de salud, promoción de los Derechos Humanos, especialmente los dirigidos a los adultos mayores, facilidades para acceder a servicios y apoyos de instituciones como el Inapam.

Actualmente el Padrón Activo de Beneficiarios con el que cuenta la Sedesol es de 5.5. millones de adultos mayores, señalando que tiene una cobertura en todo el país atendiendo 84,532 localidades y con ello ha cubierto la totalidad de los municipios del territorio nacional.

La población objetivo de este programa es de 65 años en adelante, que sean mexicanos por nacimiento o con un mínimo de 25 años de residencia en el país, que no reciban pensión mayor a 1,092 pesos mensuales por concepto de jubilación o pensión de tipo contributivo. Si para este año se proyectó la población objetivo en 6.7 millones de adultos mayores de 65 años en adelante.

Ahora bien, en nuestro país hay millones de mexicanos que llegan al final de su vida productiva con las manos vacías y en condiciones inaceptables de vulnerabilidad y sin una jubilación o pensión, lo que trae como consecuencia una percepción negativa de sí mismos, al considerarse improductivos, en decadencia, abandonados y sin recursos, viviendo los trastornos propios de su edad, como la disminución de sus funciones y la presencia de enfermedades.

Que mejor labor que buscar el reconocimiento para aquellos que nos han regalado sus logros y experiencias, haciéndolo por medio de un programa social que los ayude a mejorar su situación económica, de salud y bienestar.

Sea el Congreso de la Unión con responsabilidad y en especial la Cámara de Diputados por medio de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la que en el contexto de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, la que contribuya en aumentar los recursos para el Programa Pensión para Adultos Mayores que lleva a cabo la Sedesol.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de la honorable Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que se asignen más recursos para fortalecer el programa de Pensión para Adultos Mayores en el contexto de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Dado en el Senado de la República, a los cinco días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.

Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica)


Ciudad de México, a 5 de octubre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, las senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Diva Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Yolanda de la Torre Valdez, Blanca Alcalá Ruiz y María Elena Barrera Tapia presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar la asignación de recursos para que las autoridades de salud de los tres órdenes de gobierno continúen su tarea informativa, orientadora y educativa, así como en la implantación de acciones en materia de prevención y atención tanto del cáncer de mama como del cervicouterino.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta


Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Yolanda de la Torre Valdez y Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, y María Elena Barrera Tapia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción II, del artículo 8, y en los artículos 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentan ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El cáncer en cualquiera de sus tipos, consiste en uno o varios tumores que se caracterizan por pérdida en el control de crecimiento, desarrollo y multiplicación celular, con capacidad de producir metástasis.

Consideramos de suma importancia hacer hincapié sobre la concientización en la prevención del Cáncer de Mama. La Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, establece las bases y lineamientos específicos a llevar a cabo dentro de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de Mama, el cual, a partir del 2006, se convirtió en la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres.

El cáncer de mama inicia como una enfermedad localizada y se reconocen carcinomas de dos tipos: invasores e in situ; los primeros se extienden a tejidos circundantes de la mama y los segundos, se encuentran localizados únicamente en el tejido mamario. Si la mama se divide imaginariamente en cuatro, la mayoría de los tumores se localizan en el cuadrante superior externo, es decir, arriba del pezón y en el extremo que da hacia la axila, por lo cual, cuando se disemina, las células cancerosas migran primeramente hacia los ganglios de esa zona.

Después de la confirmación de un diagnóstico de cáncer, sigue la evaluación patológica y la estadificación del tumor con la finalidad de conocer su tamaño, características y su estado o grado de desarrollo, lo que sirve para realizar un pronóstico y orientar el tratamiento de cada paciente. En el cáncer de seno, los estadios son cinco, que van de 0 que es un cáncer in situ o focalizado al IV, en el cual el cáncer se ha diseminado a otras partes del cuerpo, generalmente a los huesos, pulmones, hígado o cerebro.

Durante 2013, el cáncer de mama es la principal causa de morbilidad hospitalaria entre los tumores malignos para la población mexicana de 20 años y más (18.7 por ciento); tres de cada 10 mujeres son hospitalizadas por dicha causa, y aunque en los varones apenas representa 0.7 por ciento de los ingresos hospitalarios por tumores malignos, desmitifica la creencia de que esta enfermedad sea exclusiva de las mujeres.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2013 ocurrieron 5 426 decesos atribuibles a este padecimiento, lo que representa la muerte por cáncer de mama de casi 15 mujeres cada día durante ese año. En el 2010 se detectó que de cada 100 mujeres mayores de 20 años con tumor maligno, 24 padecían cáncer de mama. En 2011, el cáncer de mama se encontró en el primer lugar de mortalidad de los tumores malignos en mujeres con 13.8 por ciento, y es la tasa de morbilidad hospitalaria más alta de los tumores malignos también en mujeres.

De 2007 a 2014, la incidencia de cáncer de mama (número de casos nuevos por cada 100 mil personas de cada sexo), para los hombres de 20 años y más, se mantiene muy baja y relativamente estable, fluctuando entre 0.39 y 0.64 casos nuevos por año. Sin embargo, en las mujeres la tendencia es a la alza, siendo el año 2014 en el que se presenta la incidencia más alta, con 28.75 casos nuevos por cada 100 mil mujeres de 20 años y más. Así, para ese año, por cada caso nuevo en los varones se detectan 29 en las mujeres.

El cáncer de mama es una enfermedad que se presenta generalmente en las mujeres, aunque puede presentarse también en hombres hasta en 1 por ciento. Hay dos tipos principales de carcinoma mamario: in situ o invasivo. El 95 por ciento corresponde a adenocarcinomas.

El comportamiento de la incidencia en México sigue el patrón internacional, en el sentido de que es una enfermedad que se incrementa con la edad y los casos nuevos se presentan primordialmente en mujeres mayores de 40 años, durante la menopausia o posmenopausia; pero al mismo tiempo plantea la importancia del cribado en edades más tempranas para detecciones oportunas, sobre todo en aquellos casos donde se ha observado un componente heredofamiliar.

Los factores de riesgo para el cáncer de mama son: historia familiar de cáncer de mama, menstruación antes de los 12 años, menopausia después de los 55 años de edad, localización geográfica, mutaciones genéticas, nuliparidad, primer embarazo después de los 30 años, exposición a radioterapia previa, historia personal de cáncer de mama, falta de lactancia materna, consumo de alcohol, tabaquismo, uso de terapia de reemplazo hormonal, disminución de la actividad física.

La autoexploración mamaria aumenta la oportunidad de que la mujer encuentre una anormalidad. Las mujeres de 40 años o más, sin factores de riesgo y asintomáticas deben realizarse la mamografía anual. Otros estudios que apoyan al diagnóstico son la ecografía, la resonancia magnética, sin embargo, la biopsia mamaria es el único medio para determinar un diagnóstico definitivo.

La Organización Mundial de la Salud recomienda realizar estudios de tamizaje para el cáncer cuando se ha demostrado un cambio en el estado de salud de la población.

Entre las acciones informativas, preventivas y de orientación que lleva a cabo la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, así como las instancias análogas en las entidades federativas, coordinadas con las autoridades municipales, se debe considerar:

En la prevención primaria

1. Ofrecer información, orientación y educación a la población femenina sobre los factores de riesgo y la promoción de conductas favorables a la salud.

2. Promover el ejercicio físico moderado ya que se asocia con una disminución del riesgo de cáncer de mama en la población general.

3. Informar a las mujeres posmenopáusicas, la relación entre obesidad y cáncer de mama, ya que se incrementa dos veces el riesgo cuando se asocia a una ingesta de dieta rica en grasas. En mujeres posmenopáusicas con un índice de masa corporal >= 30, aumenta 2 veces más el riesgo de cáncer de mama.

4. Canalizar a las pacientes con sobrepeso al departamento de nutrición para su atención a fin de tener un control de peso adecuado.

5. Asesorar a las mujeres acerca de que la lactancia reduce el riesgo de cáncer de mama y es benéfica.

6. Informar que el riesgo de cáncer de mama aumenta con el consumo de alcohol.

7. Indicar que el tabaquismo se puede asociar con un pequeño aumento en el riesgo de cáncer de mama. Por lo tanto la recomendación es no fumar.

8. Notificar a las mujeres con historia familiar de cáncer de mama, que están usando o van a iniciar terapia de reemplazo hormonal, sobre el aumento del riesgo de cáncer de mama relacionado con el tipo y duración de la terapia.

9. Comunicar que el uso de anticonceptivos orales aumenta ligeramente el riesgo de cáncer de mama.

10. Orientar que la lactancia confiere un efecto protector sobre el riesgo de cáncer de mama.

11. Advertir que la edad avanzada en el primer nacimiento vivo o en el primer nacimiento, está asociado con un incremento significativo en el riesgo de cáncer de mama.

12. Notificar que el incremento en la paridad se ha encontrado que se ha asociado con una disminución con el riesgo de cáncer de mama.

13. Informar que la menstruación temprana se asocia con un incremento en el riesgo de cáncer de mama.

14. Ofrecer consejo genético en mujeres de alto riesgo secundario a historia familiar o al inicio temprano de cáncer de mama.

En la prevención secundaria se encuentran

1. Identificar la presencia de factores hereditarios.

2. Dar seguimiento a las pacientes con historia personal de cáncer de mama.

La cobertura nacional sobre la orientación oportuna de las acciones que podemos llevar a cabo las mujeres para prevenir esta enfermedad, representa una de las necesidades más apremiantes del sector salud. Por ello debe contar con la infraestructura necesaria y con los recursos humanos altamente capacitados para cumplir esta misión.

Entre las mexicanas, tanto el cáncer de seno como el cervicouterino representan las primeras causas de mortalidad. Por ello, consideramos pertinente incluir dentro de la presente Proposición con Punto de Acuerdo, la atención respecto de esta patología.

El cáncer cervicouterino es una alteración celular que se origina en el epitelio del cuello del útero y que se manifiesta, inicialmente, a través de lesiones intraepiteliales precursoras de bajo y alto grado, de avance lento y progresivo hacia cáncer invasor.

Según la OMS, el cáncer cervicouterino es la segunda causa de muerte al año a nivel mundial de los tumores malignos en mujeres, cada año se diagnostican 500 mil nuevos casos, es el segundo cáncer más frecuente en mujeres en el mundo. En el 2008 murieron 275 mil mujeres por esta enfermedad. Cada 2 minutos muere una mujer en el mundo.

En México, durante 2010 se observó que los principales tumores malignos que afectan a la población femenina adulta (de 20 años y más) que fue hospitalizada por este diagnóstico son el cáncer de mama (24.3 por ciento), el cervicouterino (9.7) y el de colon (3.2).

En 2013, los tres casos más frecuentes de cáncer por el cual fallecieron las mujeres fueron de mama (13.8 por ciento), cervicouterino (10.4) e hígado (7 por ciento).En el país es la primera causa de muerte por tumores malignos en edad productiva y reproductiva, cada 2 horas muere una mujer.

La prevalencia del virus del papiloma humano (VPH), se observa como el factor más importante que contribuye al desarrollo del cáncer cervicouterino. Otros factores de riesgo son: relaciones sexuales a edad temprana, múltiples parejas sexuales, enfermedades de transmisión sexual, inicio de vida sexual activa antes de los 18 años, tabaquismo, pareja sexual masculina infectada por VPH, tener una pareja que ha tenido múltiples parejas sexuales, mujeres menores de 30 años sin antecedentes de control citológico, deficiencia de ácido fólico, mujeres inmunocomprometidas y mujeres que utilizan anticonceptivos orales combinados de largo plazo.

La prevención primaria del cáncer cervicouterino puede realizarse optando por las acciones siguientes:

1. Promoción de la salud.

2. Vacunación contra la infección por virus del papiloma humano.

3. Detección oportuna del cáncer cervicouterino.

4. Dejar de fumar.

5. Uso del condón masculino y femenino, de hecho el uso del condón al mismo tiempo tanto masculino como femenino disminuye aún más el riesgo de transmisión sexual que el uso de un solo condón.

Se deben crear campañas de educación para la salud que empoderen a las mujeres en relación con el cáncer cervicouterino, incrementar la cobertura de la detección, facilitar el acceso de las mujeres con mayores barreras geográficas, culturales o económicas, aplicar nuevas tecnologías y campañas preventivas, garantizar el tratamiento completo de similar calidad para todas las mujeres.

La prueba de tamizaje de elección para esta enfermedad es la citología cervical, pero existen diferentes protocolos para su diagnóstico, como

1. Citología cervical.

2. Citología cervical + detección del VPH-ADN.

3. Detección de VPH-ADN.

4. Inspección visual directa.

5. Inspección visual directa + Citología cervical.

6. Inspección visual directa + Citología cervical + detección del VPH-ADN.

La inspección visual directa también llamada colposcopia tiene la posibilidad de ser realizada por personal de salud no médico, el resultado es de inmediato en personal capacitado que identifica las lesiones, esto facilita el acceso en regiones con difícil adherencia de las mujeres a un programa regular de tamizaje, se puede realizar en mujeres con riesgo alto y con difícil acceso a los servicios de salud.

Entre las acciones informativas, preventivas y de orientación que llevan a cabo la Secretaría de Salud del gobierno federal y las instancias análogas en las entidades federativas, coordinadas con las autoridades municipales, se debe considerar favorecer y promover estilos sanos de vida, una alimentación adecuada, evitar el consumo de drogas y sustancias que ponen en riesgo la salud y favorecen la presencia de diversos tipos de cáncer, conocer y practicar la autoexploración de las mamas y demás acciones que permitan prevenir y, en su caso, detectar tempranamente estas patologías y con ello, disminuir la tasa de mortalidad derivada de estas causas.

Reconocemos las necesidades económicas, sociales y educativas a las que debe hacer frente nuestra Nación. No obstante lo anterior, es indispensable garantizar y considerar la importancia del cumplimiento de las acciones en el rubro de la salud pública. Por ello, al momento de analizar la distribución de recursos por parte de la Cámara de Diputados, solicitamos la consideración y atención de ese cuerpo de legisladores, respecto de estos grandes males que aquejan la salud de la mujer.

Por lo anterior, amigas y amigos legisladores, en el primer año de ejercicio en esta asamblea presenté una proposición con punto de acuerdo para solicitar al secretario de Salud Federal, así como a los titulares de las dependencias análogas en las entidades federativas, la realización de las gestiones necesarias para acceder a recursos bastos y suficientes, a fin de continuar en la realización de acciones de información y promoción de la prevención del cáncer de seno, así como las relativas a la atención médica debida de las personas que les sea detectada esta enfermedad.

En este sentido, continúa mi esfuerzo y mi intención por mejorar la salud de las mujeres, por lo que ahora sumamos a la presente proposición el exhorto a la Cámara de Diputados para que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, se considere la asignación de recursos bastos y suficientes para que, las autoridades de salud de los tres órdenes de gobierno puedan continuar en su tarea informativa, orientadora, educativa, respecto a las acciones de prevención tanto del cáncer de seno como del cervicouterino, para que el personal que cumple dichas funciones cuente con la capacitación y actualización y para el personal médico que lleva a cabo los estudios, análisis y diagnósticos de detección de estas patologías, cuente con la capacitación e infraestructura necesaria, encaminada a la atención oportuna y prevención de muertes por estos males.

Por lo descrito, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El pleno del Senado de la República exhorta atentamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2017, se considere la asignación de recursos vastos y suficientes para que las autoridades de salud de los tres órdenes de gobierno continúen con su tarea informativa, orientadora y educativa; así como en la implementación de acciones en materia de prevención y atención tanto del cáncer de mama como del cervicouterino.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 5 de octubre de 2016.

Senadoras: Hilda Esthela Flores Escalera (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Yolanda de la Torre Valdez, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, María Elena Barrera Tapia.


Ciudad de México, a 5 de octubre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a revisar la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para considerar los montos asignados en el ramo 12 relacionados con la atención de primer nivel en todas las entidades federativas a fin de que cada uno de los estados cuente con recursos suficientes para brindar atención de calidad con mayor cobertura.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnase a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta


Francisco Salvador López Brito, senador de la república en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a revisar la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para considerar los montos asignados en el ramo 12 relacionados con la atención de primer nivel en todas las entidades federativas a fin de que cada uno de los estados cuente con recursos suficientes para brindar atención de calidad con mayor cobertura, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la clasificación de instituciones de salud del Inegi, las clínicas o unidades de consulta externa comprenden todas las unidades pertenecientes a los gobiernos estatales a través de los cuales se brindan servicios de salud en el primer nivel de atención, de la misma manera, en la clase 12 del mismo clasificado, encontramos a todas las instituciones de salud pertenecientes al sector público en sus diferentes niveles: federal, estatal o municipal.

La subclase 1211 comprende los centros de salud, clínicas o unidades de consulta externa pertenecientes a la secretaría de salud, a través de los cuales se brindan servicios de salud en el primer nivel de atención.

La atención primaria resulta indispensable para el cuidado de todas las familias mexicanas. Una de las razones principales se debe a que la prevención de las enfermedades es preferible al combate y control de las mismas, esto debido a que los recursos invertidos en personal médico e insumas serían mucho mayores y los centros de salud son indudablemente las unidades que dan mayor difusión a la promoción de la salud ya que cada una de ellas cuenta con un promotor previamente capacitado.

La mejora continua de los centros de salud estatales le permitirá a la ciudadanía a contar con mayor acceso a los servicios de salud y a optimizar los recursos disponibles ya que según datos del sistema de referencia-contra referencia, los hospitales consiguen llegar a su máxima capacidad, motivo por el cual se genera desorden hacia el interior de los mismos y queda rezagada la calidad en el servicio.

Es claro que la inversión en unidades de atención médica debería concentrarse en las unidades o clínicas estatales encargadas de promover la salud en el primer nivel de atención además de atender la mayor parte de las enfermedades sin mencionar que evitan la saturación de hospitales.

Prevenir y atender en el primer nivel significa evitar complicaciones de la enfermedad, es decir, evitar a toda costa que el paciente requiera llegar a un segundo o tercer nivel de atención médica. Sin embargo, a pesar de saber que la atención primaria es prioritaria en los cuidados y prevención de las enfermedades, poco presupuesto se le destina a nivel nacional en comparación con las unidades de segundo nivel.

Muchas necesidades en el tema de infraestructura se definen en los objetivos del Plan Estatal Maestro de Infraestructura Física en Salud que consisten en definir la infraestructura necesaria para satisfacer la demanda de los servicios de salud, mediante una red estatal de cobertura real y virtual para todo el territorio de cada una de las entidades federativas. Aportar propuestas y recomendaciones para la optimización y fortalecimiento de la infraestructura institucional existente, así como la identificación de criterios, es necesario para establecer la prioridad de los requerimientos de infraestructura física en función del perfil de salud de la población y el porcentaje de cobertura.

De las unidades de salud existentes en el sector público, más de 95 por ciento corresponden a unidades de atención primaria. Este dato refleja la importancia que tiene este nivel de atención en el cuidado y mejora de la salud de la población mexicana. En el caso particular de los Servicios Estatales de Salud, estos operan en zonas de alta marginación en las que la existencia de estos centros de atención representa la única alternativa para hacer frente a los problemas de salud que aquejan a la población de bajos recursos en México.

En el caso de Sinaloa, por ejemplo, nos encontramos con una población total estimada de 2 millones 966 mil 321 habitantes, de los que 16.7 por ciento (http:/ /ensanut.insp.mx/informes/Sinaloa-OCT.pdf) no cuenta con seguridad social. Independientemente de las cifras anteriormente expuestas la política del cero rechazo permite que las personas con y sin seguridad social gocen de los servicios de atención médica en las entidades federativas.

Como una consecuencia natural de sus orígenes, la mayoría de los sistemas de salud se desarrollaron alrededor de los hospitales, visualizando a los otros niveles de atención sólo como complementos de lo que era el paradigma de la atención médica: la atención hospitalaria.

Pese a lo anterior, un buen porcentaje de usuarios no acude a los servicios de la atención primaria porque considera que ahí no se le brindará atención adecuada o difiere la atención hasta que es imprescindible referirlo a un segundo nivel o hasta que ocurre alguna complicación que lo lleva a los servicios de urgencia. Esto no debe ser así y si se quiere pensar en brindar servicios de calidad, de la mano debemos pensar también en el fortalecimiento de estas unidades primarias.

Según lo expresado por la Subsecretaría de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud Federal, la capacidad resolutiva del nivel primario de atención no sólo depende de los servicios prestados en dicho nivel sino también de elementos organizacionales, como los horarios de atención y el trato del personal de apoyo administrativo. Hay evidencias de la importancia de estas variables organizacionales en la satisfacción de los usuarios con los servicios de salud por lo que cualquier inversión que se haga en su mejora tendrá una buena relación entre su costo y sus beneficios potenciales.

No obstante lo anterior, no deben perderse de vista los elementos más técnicos de la atención primaria. El seguimiento y control de padecimientos crónicos como la diabetes y la hipertensión por ejemplo, que pueden llevarse a cabo sin inconvenientes en el nivel primario si se establecen vínculos directos con los servicios de especialidad pero sin descuidar nuevamente el apoyo en infraestructura, capacitaciones e instrumental a las unidades de primer contacto.

Por todo lo anterior someto a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a revisar la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para considerar los montos asignado en el ramo 12 relacionados con la atención de primer nivel en todas las entidades federativas a fin de que cada uno de los estados cuente con recursos suficientes para brindar atención de calidad con mayor cobertura.

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2016.

Senador Francisco Salvador López Brito (rúbrica)


Ciudad de México, a 5 de octubre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de acuerdo relativo a los recursos destinados al Instituto Nacional de Migración en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta


El que suscribe, senador Luis Armando Melgar Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno del Senado de la República, la siguiente proposición con punto de acuerdo en relación a los recursos destinados al Instituto Nacional de Migración en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Fortalecer la protección de los derechos y la seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros, reconociéndolos como sujetos de derecho, a través de una gestión migratoria eficiente, con base en el marco legal y con pleno respeto a la dignidad humana es la misión primordial a cumplir del Instituto Nacional de Migración.1

Asimismo, en la Ley de Migración en su artículo 20 nos dice que el Instituto Nacional de Migración tiene como atribuciones: instrumentar la política en materia migratoria, vigilar la entrada y salida de personas a nuestro territorio, revisar su documentación, tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de los extranjeros, conocer, resolver y ejecutar la deportación o el retorno asistido de extranjeros, imponer sanciones previstas, así como llevar y mantener actualizado el Registro Nacional de Extranjeros.2

Su importancia por lo tanto, como un actor protagónico en la construcción de la realidad social mexicana y el acontecer mundial, es muy elevado y es nuestro deber y obligación garantizar su adecuada operatividad.

Según estimaciones del titular de esta institución, para el proyecto de presupuesto de 2017 se presenta una reducción de tres puntos porcentuales en sus fondos. Dicha rebaja presupuestaria se ha ido incrementando con el pasar de los años, ya que para 2013 el presupuesto de este organismo administrativo desconcentrado ascendió a 400 millones y solo el año pasado disminuyó a 218 millones,3 por lo que para el próximo año habrá una merma significativa, sobre todo en rubros destinados a la promoción de las entradas regulares de los extranjeros al país, la simplificación de los trámites migratorios, la modernización de los procesos en los puntos de entrada al país o el cumplimiento de las acciones de los Programas de Protección al Migrante.

Por otro lado, la creciente llegada de migrantes continentales y extracontinentales provenientes de Centroamérica, África y Asia, que han sido desplazados por la violencia, la guerra o la crisis económica en sus países de origen, ha saturado la Estación Migratoria Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración en el municipio de Tapachula, Chiapas. A diario somos testigos de las interminables filas de mujeres, niñas, niños y hombres esperando por un período de hasta 10 días debido a la demanda que ha sobrepasado al personal de dicha estación Migratoria.

De acuerdo con estimaciones de la Delegación del INM en este estado fronterizo, en los últimos días se están registrando un promedio de 500 migrantes que demandan la emisión del oficio de salida para estar en posibilidades de transitar en territorio mexicano y buscar el ingreso hacia los Estados Unidos de Norteamérica.4

Esta es una situación atípica porque dicho flujo migratorio no se había presentado en muchos años, por ejemplo en 2015 el INM reportó el ingreso por la Frontera Sur de alrededor de tres mil personas, provenientes del continente africano, mientras que de enero a agosto del año en curso van más del doble: siete mil personas,5 además de que en el pasado mes de septiembre en tan solo una semana la cifra aumento a ocho mil migrantes.

Esta silenciosa oleada de migrantes provenientes principalmente de la República del Congo, Somalia y Haití advierte una emergencia humanitaria, puesto que las redes de traficantes y las bandas delictivas encuentran terreno fértil para la extorsión a través de la venta de documentos apócrifos o el desarrollo de actividades delincuenciales tales como la trata o el comercio de personas.

En este contexto, no podemos seguir abordando en el discurso nuestra preocupación sobre la migración y respeto a los Derechos Humanos, si no les destinamos la cantidad de recursos adecuada que garantice el cumplimiento de las funciones para el que fue concebido el Instituto.

Particularmente debemos poner atención a garantizar que este ente gubernamental cuente con el presupuesto necesario para tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de los extranjeros en el sureste mexicano. De no hacerlo, estaremos abonando a la compleja crisis que se está gestando en la puerta de entrada a nuestro país y contribuyendo al cúmulo de consecuencias fatales para nuestra seguridad nacional.

En virtud de lo anterior, presento a consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, contemplen un incremento real de los recursos destinados al Instituto Nacional de Migración, o cuando menos, que sus programas y operatividad no sufran recortes respecto al ejercicio fiscal 2016.

Notas

1 INM. (2012). Misión INM. 2016, de Secretaria de Gobernación Sitio web: https://www.gob.mx/inm/que-hacemos

2 Ley de Migración, 2011, p. 8, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3 Notimex. (2016). Instituto de migración pide aumentar cobro por servicio en aeropuertos Ver más en:

http://www.20minutos.com.mx/noticia/141294/0/
instituto-de-migracion-pide-aumentar-cobro-por-servicio-en-aeropuertos. 2016, de 20 minutos Sitio web:
http://www.20minutos.com.mx/noticia/141294/0/instituto-de-migracion-pide-aumentar-cobro-por-servicio-en-aeropuertos/

4 Gutiérrez, Óscar. (2016). “Migrantes africanos, asiáticos y haitianos saturan INM en Tapachula”. 2016, de El Universal. Sitio web:
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/09/20/
migrantes-africanos-asiaticos-y-haitianos-saturan-inm-en-tapachula

5 Ibídem

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el día 5 de octubre de 2016.

Senador Luis Armando Melgar Bravo (rúbrica)


Ciudad de México, a 6 de octubre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, no realice un recorte presupuestal al sector cultural y se destine el presupuesto suficiente para garantizar el derecho a la cultura de los mexicanos.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo I, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta


La suscrita, Luz María Beristain Navarrete, senadora de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición como punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Recientemente a propuesta del gobierno federal se creó la Secretaría de Cultura, con la finalidad de mejorar las condiciones del sector cultural, sin embargo aún no se ha visto ningún cambio en las políticas públicas en dicha materia.

Es importante mencionar que la UNESCO define a la cultura como:

“El conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones.”1

Así mismo la organización de estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, establece que:

“La cultura como elemento dinámico, inductor de desarrollo y cohesión social, juega un papel importante ante la cuestión de la diversidad cultural, la integración de comunidades minoritarias, los procesos de igualdad de género y la problemática de las comunidades marginadas”2

La cultura es sumamente importante para cualquier nación, ya que al fomentar diversos valores e identidad a los mexicanos, se construye una sociedad sólida y funcional, en caso contrario se deja abandonada a la ciudadanía de una base fundamental para el desarrollo humano.

La importancia de la cultura es amplia, razón por la cual la propuesta para el Ejercicio Fiscal 2017 no debe reducir el presupuesto a la cultura por un 30.7% como se ha dado a conocer, recordemos que las potencias mundiales con el mejor índice de calidad de vida han dedicado hasta el 10% de su presupuesto anual al desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura.

El fomento a la cultura es parte de la estrategia que nuestro país requiere, junto con la educación forman la clave para propiciar un mejor país.

Recordemos que México es uno de los países con más altos índices de violencia y delincuencia, tiene un gran rezago educativo y está colocado dentro de los países que menos promueven la paz. Para combatir tal situación, la Educación y la Cultura no deben ser castigadas, sino alimentadas como sectores estratégicos, con visión de futuro.

Permitir el recorte a la Cultura sería un error gravísimo, que nos cobrará el futuro, descomponiendo más el tejido social, propiciando más delincuencia, más violencia y más hambre.

Estamos ante una gran problemática, ya que la reducción del presupuesto al sector cultural se verá reflejada en el menoscabo a los Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, ya que de haber menos presupuesto también lo habrá para su conservación, comprometiendo el patrimonio cultural de los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2017, no realicen un recorte presupuestal al sector cultural y se destine el presupuesto suficiente para garantizar el derecho a la cultura de los mexicanos.

Notas

1 http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/

2 http://www.oei.es/historico/cultura/cultura_desarrollo.htm

Dado en el salón de Sesiones del honorable Senado de la República, a 6 de octubre de 2016.

Senadora Luz María Beristáin Navarrete (rúbrica)


Ciudad de México, a 6 de octubre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, durante el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, se destinen mayores recursos federales al estado de Yucatán, a fin de prevenir y combatir el dengue y el virus del chikungunya.

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta


El suscrito, senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con los siguientes

Considerandos

El espacio geográfico en el que se encuentra ubicado el Estado de Yucatán, su clima tropical y vasta hidrografía, así como su extensa ecología a lo largo de su territorio, le dan al Estado una enorme riqueza natural. Sin embargo, también propician el brote de enfermedades que año con año, afectan la salud, bienestar y productividad de su población. Además, representan costos enormes para el erario público, pues el Estado debe emprender acciones para su prevención y combate.

Dos de los padecimientos que más afectan a nuestro estado, así como a otras entidades de la península son: el dengue, que en su versión más dañina -el dengue hemorrágico- tiende a ser mortífero, y más recientemente la fiebre chikungunya.

El dengue es una enfermedad aguda y autolimitativa que se transmite al ser humano por un virus de la familia de los “flavivirus”, del cual existen cuatro variedades diferentes (DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4) que son capaces de producir inmunidad específica a cada serotipo (tipos de microorganismos infecciosos) en particular.

Cuando un paciente se enferma por un serotipo, es posible que vuelva a contraer la enfermedad debido a los otros 3 serotipos existentes. Las infecciones posteriores causadas por otros serotipos aumentan el riesgo de desarrollar complicaciones.

Así, a una persona infectada con dengue se le puede desencadenar el dengue hemorrágico, que es más severo y que se caracteriza por la disminución de líquidos en la sangre, produce fiebre, dolor abdominal, vómito y hemorragias. Esto lo hace potencialmente fatal en las personas, principalmente entre niños y jóvenes, por lo que requiere urgente hospitalización.

El virus se transmite solamente a través de la picadura de la hembra del mosquito. Un mosquito portador, infectado con sangre de una persona con dengue, puede contagiar el virus durante todo su ciclo de vida y a sus descendientes, lo que representa un riesgo latente de brote epidémico entre la población.

A nivel mundial, durante las últimas décadas la incidencia de dengue ha aumentado enormemente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que cada año se producen entre 284 millones y 528 millones de infecciones por el virus del dengue en el mundo, de los cuales 95 millones se manifiestan clínicamente1 y medio millón de casos de fiebre hemorrágica, con varios miles de defunciones anuales, de las cuales una buena parte corresponden a niños. Alrededor de un 2.5% de todos los menores hospitalizados fallecen a consecuencia de la enfermedad.2

Lo peor es que en la actualidad, se estima que 3900 millones de personas, de 128 países están en riesgo de infección por los virus del dengue.3

Lamentablemente México no está excluido de este alto riesgo; de acuerdo con el actual Programa de Acción Específico de Dengue,4 la enfermedad se encuentra presente en nuestro país con variaciones anuales en su incidencia y brotes epidémicos de diferentes magnitudes, principalmente en los estados de la región sur-sureste. Yucatán, por el número de personas infectadas, ocupa el primer lugar nacional en la materia.

En 2014, por ejemplo, Yucatán se ubicó en el cuarto lugar a nivel nacional en el número de personas infectadas al alcanzar los 1,374 casos probables de dengue, y los 1,337 casos comprobados, de los cuales, más de 10 tuvieron un desenlace fatal.5

La siguiente tabla revela parte del daño que dicha enfermedad ha causado en el Estado de Yucatán, a partir de la situación nacional, en el 2011 cuando el estado se ubicó en el primero lugar de casos confirmados de Dengue:

Durante el presente año la situación no ha mejorado, ya que al término del mes de julio los casos de dengue en la entidad ya ascendían a 98 casos confirmados; 60 por fiebre del dengue y 38 por fiebre hemorrágica.6

Por otra parte, la población de la península se ha visto afectada por la fiebre chikungunya, ésta es una enfermedad viral transmitida a los humanos a través de la picadura de mosquitos infectados del género Aedes aegypti y Aedes albopictus , que es la misma especie de mosquito que transmite el dengue. Se describió por primera vez durante un brote ocurrido en el sur de Tanzania en 1952.

Desde el 2004, el virus de chikungunya ha causado brotes masivos y sostenidos en Asia y África, donde más de 2 millones de personas han sido infectadas. En 2007 el virus se dispersó a Italia y posteriormente a Francia. Igualmente se encuentran casos en Oceanía y las Islas del Pacífico.

En la Región de las Américas en diciembre de 2013, se detectó por primera vez la transmisión autóctona del virus chikungunya. A partir de esa fecha y hasta el 30 de mayo del 2014, se han notificado a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 103,018 casos sospechosos de los cuales 4,406 han sido confirmados en 18 países.

No hay una vacuna o medicamento para evitar la infección por el Virus chikungunya, por lo que las medidas de saneamiento básico y protección personal, son las mejores prácticas de prevención.

El cuadro generalmente es de siete a 10 días y luego desaparecen los síntomas, pero hay un porcentaje variable de pacientes que pasan a una fase sub-aguda, y que sufren el 30 al 66 por ciento de los enfermos, donde recurren los dolores articulares y musculares, la fatiga, la astenia y, en algunos casos, la erupción y conjuntivitis hasta por tres meses (los expertos insisten en que se trata de recurrencia de síntomas y no que repite la enfermedad).

Todavía a los tres meses hay un porcentaje del 12 al 18 % que pasan a una fase crónica y que permanecen con síntomas hasta por año y medio, y un 5 a 10 % a quienes se les prolongan los dolores articulares, musculares y fatiga hasta por más de dos o tres años.

En Yucatán el virus va en ascenso al sumar 55 casos al mes de abril de 2016, de acuerdo con los registros de la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud Federal (Ssa).

Se trata de un padecimiento que desafortunadamente va en aumento y que tiende a salirse del control de las autoridades de sanidad.

Ante este problema de salud pública en el Estado de Yucatán, que ha ido en incremento al igual que la demanda de atención médica y hospitalaria a consecuencia de los casos de infección por estos dos padecimientos, dengue y chikungunya , la atención médica, hospitalaria y abasto de medicamentos para los yucatecos, han resultado insuficientes.

Por todo lo anteriormente expuesto, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, pongo a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, incremente los recursos destinados al sector salud para el Estado de Yucatán, a fin de ampliar las acciones de prevención y combate de la enfermedad del dengue y del virus del chikungunya, que azotan a la población.

Notas

1 OMS. Dengue y Dengue Grave. Datos y Cifras

2 OMS. Dengue y Dengue Grave No. 177. Dengue y dengue hemorrágico, 2012.

3 Ídem.

4 SSA. Programa de Acción Específico de Dengue, 2007-2008.

5 Jesús Mejía. (2014). Prevén en Yucatán un aumento de dengue por las lluvias. Milenio, 1.

6 Sonia de Anda. (2015). ‘Fiebre’ de consultas por temor al chikungunya. Milenio, 1.

Senado de la República, a 3 de octubre de 2016.

Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica)


Ciudad de México, a 6 de octubre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, durante el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, se destinen mayores recursos federales al Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta


El suscrito, senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con los siguientes

Considerandos

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece, como una de las garantías individuales, que “Los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, tienen derecho a la protección de la salud,...” Sin embargo y desgraciadamente aún no toda la población tiene acceso a este derecho, o lo tiene de manera precaria, por ejemplo; en el estado de Yucatán, existen graves problemas de salud que no alcanzan a ser atendidos por el sector salud.

Al respecto, y con la finalidad de dar respuesta a esta problemática, el 29 de noviembre del 2006, por decreto presidencial, se creó el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (HRAEPY), organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, dependiente de la Secretaria de Salud Federal. El hospital tiene un área de influencia planeada, que integra a las regiones de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, al que corresponde atender a más de 3 millones 823 mil 231 habitantes, de los cuales, cerca de la mitad no se encuentran afiliados a un sistema organizado de atención a la salud.

Dicho hospital se caracteriza por atender a sus pacientes en áreas de “Alta Especialización”. Aunque fue reconocido por decreto presidencial en 2006, comenzó a brindar el servicio desde el 2003, iniciando con 205 camas y 10 quirófanos. A lo largo de los años el hospital se ha ido equipando; hoy en día cuenta por ejemplo con 108 camas distribuidas en admisión continua, quimioterapia, hemodiálisis, hemodinamia, terapia adulto, terapia pediátrica, y terapia neonatal, endoscopia; 43 consultorios (41 en admisión externa y 2 en admisión continua); 9 quirófanos equipados con rayos X móvil (arco en c ), videocámaras, bisturí ultrasónico, microscopio de alta especialidad, bombas de circulación extracorpórea; y 19 servicios de apoyo, de diagnóstico y tratamiento, los cuales se dividen en áreas como imagenología, laboratorios clínico básico y especial, fisiología pulmonar, inhaloterapia, endoscopia, potenciales evocados, hemodinamia, hemodiálisis, quimioterapia ambulatoria, etcétera. Además de contar con áreas que requieren alto nivel tecnológico.1

La tecnología requerida para el desarrollo de las actividades del hospital, es de última generación en cuanto a equipos médicos, tales como: tomografías con reconstrucciones multiplanares en tiempo real, reconstrucción en conjunto 3D; resonancia magnética para estudios cardiacos, angiograficos, cráneo, cuello, columna vertebral, etcétera, así como angiografo manoplanar, rayos x digital, densitómetro óseo para cuerpo completo, sistemas digitales de RIS-PAC, y telemetría, por citar algunos ejemplos.

Es decir, se trata de un hospital que de acuerdo con su objetivo debe contar con equipo de la más alta tecnología, y en cantidades suficientes para atender la demanda de la población que año con año se incrementa.

El HRAEPY ha sido, debido a sus objetivos, un sitio en donde los logros médicos se han dejado ver gracias a la audacia del equipo médico, y del equipo físico, un ejemplo fue la exitosa cirugía cardiaca realizada hace un año a dos niñas de 7 y 8 años; cirugía llamada “cierre percutáneo con dispositivo oclusor de PCA por cateterismo cardiaco” debido a cardiopatías congénitas.2 Y aunque se ha tenido un avance en dicho ámbito quirúrgico, los casos similares que se presentan y que no se han podido atender por falta de equipo suficiente, son varios; en promedio se tiene una lista de espera de 30 personas que deberán esperar de seis meses a un año para someterse al mismo tratamiento. Además, el acceso a una atención médica de esta naturaleza resulta demasiado costosa para el promedio de la población que la requiere; se encuentra en un rango que va de los 180 mil a los 200 mil pesos. Al ser atendidos en el HRAEPY, la mayoría de las veces, el 95% de los gastos es cubierto por el seguro popular. Es decir, su impacto en el beneficio social es alto.

Lamentablemente la alta demanda de los servicios médicos de dicho hospital ha originado que actualmente se padezcan diversas deficiencias, como la falta de médicos especialistas, el sobreuso del equipo médico (promedio de 100 pacientes diarios), y el rápido deterioro del mismo, así como la falta de espacios y equipo para atenderlos.

Por ejemplo, en el área de tercer nivel, donde se encuentran las áreas de cardiología pediátrica, actualmente se carece de suficientes especialistas, lo que ha originado que pacientes hayan sido enviados a otros hospitales de la región, para ser atendidos.

Con todas estas carencias, hoy en día el HRAEPY incumple con los objetivos y principios básicos del servicio de salud.3

No obstante, y aunado a lo anterior, debido al alto índice de personas que han sufrido quemaduras graves, el HRAEPY ha iniciado las obras para una unidad de quemados; la primera en su tipo en el suroeste del país. Se proyecta que en una primera etapa cuente con 10 camas divididas en dos partes y una aislada para casos muy graves. Debido a que los requerimientos médicos del área son específicos se contará con una zona específica, en los cuartos aislados, para que el personal médico tome las medidas necesarias para su respectivo protocolo médico-sanitario. Sin lugar a dudas la unidad es de gran importancia ya que se beneficiarían pacientes de Quintana Roo, Campeche, y la península de Yucatán, lugares en donde hoy en día, no existe un sitio con la capacidad para atender a los pacientes con quemaduras de tercer nivel, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana.4 La obra se encuentra en su fase de adecuación y equipamiento, por lo que en la medida que se le destinen recursos, será el tiempo que tarden en ponerlo en servicio y en ese mismo sentido será el número de personas beneficiadas.

Por todo lo anterior resulta fundamental hacer un esfuerzo para destinarle mayores recursos al equipamiento del Hospital Regional de Alta Especialidad de la península de Yucatán, a fin de atender a todos los pacientes que día con día requieren de los servicios especializados de dicha institución, así como impulsar el desarrollo del mismo con el fin de que los servicios brindados sean los adecuados y de la mejor calidad posible.

Por todo lo anteriormente expuesto, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, pongo a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Senadores del honorable Congreso de Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, incremente los recursos destinados al Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán.

Notas

1 HRAEPY. (2013). Quiénes Somos. 2015, de Salud sitio web: http://www.hraeyucatan.salud.gob.mx/

2 Coral Díaz/SIPSE. (2015). Exitosa cirugía cardíaca a 2 niñas en el hospital de alta especialidad. Milenio. 1.

3 Coral Díaz/SIPSE. (2015). Escasean médicos sub especialistas en el sector salud. Milenio. 1.

4 Coral Díaz/SIPSE. (2015). Nueva atención especializada para quemados en Yucatán. Milenio. 1.

Senado de la República, a 3 de octubre de 2016.

Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica)


Ciudad de México, a 6 de octubre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Gerardo Sánchez García, Javier Lozano Alarcón, Luis Humberto Fernández Fuentes, Carmen Dorantes Martínez y Mariana Gómez del Campo Gurza, integrantes de la Comisión de Cultura, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar un incremento sustantivo en el presupuesto asignado a la Secretaría de Cultura para 2017.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnará la Cámara de Diputado

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta


Los suscritos senadores, Gerardo Sánchez García, Javier Lozano Alarcón, Luis Humberto Fernández Fuentes, Carmen Dorantes Martínez y Mariana Gómez del Campo Gurza, integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8,numeral 1, fracción II; 276, numeral I y 108 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno de la Cámara de Senadores la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados considerar un incremento sustantivo en el presupuesto asignado a la Secretaría de Cultura para el Ejercicio Fiscal de 2017, a efecto de que esa dependencia garantice el acceso a la cultura y ejercicio de los derechos culturales de los mexicanos conforme lo establece el artículo 4o. constitucional:

Consideraciones

1. Que el 8 de septiembre de 2015, el titular del Ejecutivo federal, con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante la honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura.

2. Que el 10 de diciembre de 2015, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura, con 426 votos a favor, cero en contra y una abstención.

3. Que en esa misma fecha fue turnado el expediente de la Minuta a la Cámara de Senadores para efectos del apartado A del artículo 72 constitucional.

4. Que la creación de la Secretaría de Cultura fue aprobada en el Senado de la República el martes 15 de diciembre de 2015, con 78 votos a favor, dos abstenciones y dos votos en contra.

5. Que el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 2015.

Los senadores de la Comisión de Cultura hacen el siguiente pronunciamiento

Conforme al artículo 4o. constitucional, toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

En esa reforma, el Congreso quedó facultado para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación en la materia entre la federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal (Ciudad de México).

Conforme al contenido del artículo 4o. y del artículo 73, fracción XXIX Ñ, constitucionales, se mandata la regulación de los siguientes temas:

A. El acceso a la cultura.

B. El acceso al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia.

C. El ejercicio de los derechos culturales.

D. Las bases sobre las cuales la Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal coordinarán sus acciones en materia de cultura.

E. Los mecanismos de participación de los sectores social y privado

La creación de la Secretaría de Cultura resolvió problemas estructurales y de autoridad que tenía el sector cultural, al establecer una cabeza de sector responsable del diseño y conducción de la política pública a nivel federal en materia de cultura.

No obstante, aún está pendiente la promulgación de la ley a que hace referencia en el penúltimo enunciado del artículo 4o. constitucional, proyecto que además de precisar las bases legales de autoridad en la materia, generaría un amplio margen de legitimidad para quien promueva un proyecto preciso y a la altura de los postulados constitucionales en materia de derechos culturales.

Con independencia de lo realizado por el entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México y la ahora Secretaría de Cultura, la amplia comunidad vinculada con las artes y la cultura, permanece a la expectativa de la emisión de una ley en la materia, que democratice los apoyos y garantice derechos como la libertad creativa; la protección, defensa y promoción de la diversidad cultural, así como el fomento a la cohesión social y la inclusión a través de la acción cultural institucional, entre otros aspectos.

Mediante una Ley de Cultura –se entiende en su propia naturaleza de beneficio social–, se puntualiza legalmente una atención a la ciudadanía pues se contemplan necesidades legales tanto de una nueva secretaría de despacho del ejecutivo, como a las propias necesidades de los ciudadanos al otorgar certeza jurídica a las propias acciones de gobierno.

Hoy los ciudadanos en general y diferentes sectores en particular, amplían su campo de interés en la cultura. Las corporaciones culturales llegan más buenamente a la vida de las personas en México, los temas culturales les pertenecen más y muchos gobiernos de todos los niveles disponen de recursos, infraestructura y planes propios para la cultura.

Desde la administración central pública se observa que en el panorama general del sector cultural en México, la instauración de una secretaría de despacho parecía ser natural dada su importancia progresiva. La cultura y sus múltiples campos de acción han tenido un impulso muy significativo en las últimas décadas. Igualmente se han desarrollado muchas instituciones, públicas y privadas, consagradas al arte y la cultura, multiplicándose las formas de expresión desde la identidad nacional, patrimonial, artística y creativa en México.

Presupuesto para la cultura

La Secretaría de Cultura comienza el Ramo 48 con una merma en sus recursos. De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de 2017 contará con 10 mil 928 millones de pesos, cifra que, si se compara con la ejercida en 2016, incluidas las instituciones que agrega a su estructura (Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Instituto Nacional del Derecho de Autor e Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México), significa un recorte del 20 por ciento en términos reales (precios de 2017).

El proyecto del PEF distribuye los recursos siguiendo la estructura propuesta por el Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, y que espera su aprobación por la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal. En el documento se definen los montos para las dos subsecretarías de la dependencia y para sus 12 direcciones generales.

Como alertaron académicos y trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los recursos del instituto disminuyen en 457.5 millones de pesos con respecto a 2016, un porcentaje superior al 12 por ciento, mientras que el Instituto Nacional de Bellas Artes aumenta 97 millones de pesos su presupuesto.

Prácticamente, todas las instituciones del sector ven castigados sus recursos con respecto a 2016: Estudios Churubusco, que recibirá 41.9 millones de pesos, sufre un ajuste del -41 por ciento; el Instituto Mexicano de Cinematografía, con 275.6 millones de pesos, de -17.5 por ciento, y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, con 80.3 millones de pesos, del -17 por ciento.

También verán disminuido su presupuesto Educal (distribuidora de libros y arte), que contará con 35 millones de pesos, lo que significa una reducción del 31 por ciento, y el Canal 22, con 170.1 millones de pesos, del 11 por ciento.

En el proyecto de 2017, lo resume todo en un párrafo: “Se propone una asignación de 10.9 mil millones de pesos, a partir de los cuales se priorizará el gasto en programas federales de la Secretaría de Cultura, a efecto de impulsar el desarrollo cultural y conservar el patrimonio de este sector”.

El programa de Apoyos a la Cultura, que reúne cinco subsidios entre los que figuran el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los estados y de Ciudades Patrimonio Mundial, que dispuso en 2016 de mil 978.1 millones de pesos, aparece en el documento con 150 millones de pesos, que serán ejercidos por la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural.

De las direcciones generales de la Secretaría de Cultura, Bibliotecas es la que recibirá mayores recursos, 253.7 millones de pesos, mientras que la de Tecnologías de la Información y Comunicaciones es la que tendrá una partida menor, con 11.2 millones de pesos. La oficina del secretario dispondrá de 209.8 millones de pesos, y las áreas de la Oficialía Mayor y la Unidad de Asuntos Jurídicos sumarán 28.3 millones de pesos.

El Ramo 48 refleja la estructura de la Secretaría de Cultura, según su Reglamento. En síntesis, la Secretaría de Cultura pasaría de un presupuesto en 2016 de 13 mil 199 millones 480 mil 800 pesos a 10 mil 928 millones 20 mil 478 lo que representa un una reducción de 2 mil 271 millones de pesos corrientes.

En el balance del sector de nuestro país hay logros, no obstante es evidente la necesidad de fortalecer la promoción y acrecentarlo permanentemente; primero, como símbolo de nuestra identidad y orgullo nacional; segundo, como eje articulador del tejido social de nuestros pueblos; y tercero, porque se proyecta como un ente detonador de la actividad económicamente productiva, capaz de generar empleos y derrama de recursos para los mexicanos.

Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República, en sesión ordinaria del día 27 de septiembre, expresamos nuestro extrañamiento por la muy sensible reducción presupuestal de que ha sido objeto la Secretaría de Cultura para el Ejercicio Fiscal de 2017.

La disminución en recursos a proyectos como el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, el Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal y, en general, de los recursos que la Secretaría de Cultura destina a la coordinación de proyectos en las entidades federativas y sus municipalidades, constituye una decisión que no ve en la cultura, un elemento clave para el desarrollo y la cohesión social.

Los senadores que conformamos este cuerpo colegiado somos conscientes de las dificultades económicas por las que atraviesa nuestro país, sin embargo, la estructura propuesta en el presupuesto de egresos, no corresponde al propósito de consolidar a la Secretaría de Cultura como una dependencia federal que contribuya, con eficacia, a garantizar el derecho al acceso a la cultura de todos los mexicanos, sin importar su lugar de residencia.

Los miembros de la comisión exhortan al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a encontrar posibles alternativas que incrementen el presupuesto de este importante sector. Por lo mismo será indispensable lograr mayores recursos presupuestales para el sector; que se asuman con criterios estrictos de costo beneficio, en función de los frutos que se espera de una inversión en y para la cultura, las artes, el fomento de la creación y para facilitar el acceso cada vez mayor de la población a esas expresiones.

Solicitamos respetuosamente a los diputados, considerar aprobar en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2017, la visión de la cultura como un instrumento que abre camino a la libre expresión de las ideas y el medio idóneo para comunicar y acercar a las personas, grupos étnicos, artistas, intelectuales, organizaciones sociales y comunidades de cualquier región del país.

Por lo mismo será indispensable lograr mayores recursos presupuestales para el sector; que se asuman con criterios estrictos de costo beneficio, en función de los frutos que se espera de una inversión en y para la cultura, las artes, el fomento de la creación y para facilitar el acceso cada vez mayor de la población a esas expresiones.

Los miembros de la Comisión de Cultura hacen un exhorto a la honorable Cámara de Diputados, sabedores de que comparten esta misma preocupación, para que se revise el presupuesto destinado a Cultura para el ejercicio destinado al ramo 48 del Ejercicio Fiscal de 2017.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de este honorable pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta y solicita atenta y respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2017, se asignen para el sector cultural de nuestro país, recursos por un monto que resulte equivalente en términos reales, a los que lograron canalizarse para el presente ejercicio de 2016.

Segundo. Se solicita atentamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el ámbito de sus atribuciones adopte las previsiones necesarias para que se alcancen de manera progresiva, por medio de una asignación anual aumentada, los recursos recomendados por la ONU y su oficina especializada la UNESCO, de uno por ciento del producto interno bruto para el sector cultural.

Ciudad de México a 6 de octubre de 2016.

Senadores: Gerardo Sánchez García (rúbrica), Javier Lozano Alarcón (rúbrica), Luis Humberto Fernández Fuentes (rúbrica), Carmen Dorantes Martínez (rúbrica) y Mariana Gómez del Campo Gurza.


Ciudad de México, a 6 de octubre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presente

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Martha Tagle Martínez, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias, a fin de garantizar mayores recursos para la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta


La suscrita senadora, Martha Tagle Martínez, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 95, 108, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias, a fin de garantizar mayores recursos para la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Consideraciones

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) es una institución perteneciente a la Procuraduría General de la Republica (PGR) que inicia actividades el 19 de julio de 1994 para investigar, castigar y prevenir los delitos electorales. Actualmente, la Fepade goza de plena autonomía técnica y operativa, con un rango de Subprocuraduría, facultada para perseguir y atender en forma institucional, profesional y especializada todo cuanto se relacione con los delitos electorales federales1 .

De acuerdo con el artículo 24 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, esta fiscalía tiene las siguientes competencias:

I .Desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y el órgano político-administrativo de sus demarcaciones territoriales, con la finalidad de fortalecer el combate de los delitos previstos en esta ley;

II. Impulsar acuerdos de coordinación entre dependencias del Gobierno Federal y las entidades federativas, que permitan prestar asistencia en materia de procuración de justicia electoral;

III. Implantar un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y profesionalización de los servidores públicos que participen en los procesos de investigación y procuración de los delitos previstos en esta ley;

IV. Establecer los protocolos estandarizados para la Federación y las entidades federativas en materia de investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley, incluyendo el uso de la fuerza pública;

V. Facilitar la cooperación e intercambio de información entre las diversas instancias de procuración de justicia en el país en materia de delitos electorales;

VI. Recopilar e intercambiar los datos y las estadísticas delictivas de los delitos previstos en esta Ley, de conformidad con la ley aplicable;

VII. Formular políticas integrales sistemáticas, continuas y evaluables, así como programas y estrategias para el combate de las conductas previstas en la presente ley;

VIII.Fomentar la participación de la comunidad y de instituciones académicas que coadyuven en los procesos de evaluación de las políticas de prevención de las conductas previstas en la presente ley, y

IX. Las demás que establezcan esta ley y otras disposiciones aplicables.

Para desarrollar su labor, la Fepade cuenta con una fuerza ministerial especializada y capacitada en la materia que de oficio o vía denuncia puede iniciar averiguaciones previas y/o actas circunstanciadas con el sistema tradicional y carpetas de investigación en el nuevo sistema para combatir la comisión de ilícitos. Asimismo, con un equipo de profesionales que dan a conocer mediante cursos, pláticas informativas, conferencias, materiales impresos, entre otros, las consecuencias penales en las que pueden incurrir servidores públicos, militantes, candidatos, cuadros y dirigentes de los partidos políticos así como cualquier persona al realizar conductas que deriven en delitos electorales.

Derivado de la reforma político-electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales ha tenido un crecimiento en cuanto a las averiguaciones previas iniciadas y actas circunstanciadas. En 2015 atendió el proceso federal y 17 procesos electorales locales; en los cuales se eligieron 9 gubernaturas, mil 140 diputados (mayoría relativa/representación proporcional) y mil 9 ayuntamientos.

Durante 2016, las averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas han sido 2 mil 383 lo que representa un incremento de 49.2 por ciento con relación a 2015. En cuanto a las actas circunstanciadas y o números de atención el incremento ha sido de 87 por ciento con relación con 2015, pues se han iniciado más de 5 mil 490 actas.

A pesar de ello, la Fiscalía no cuenta con suficiencia presupuestaria. Desde 2013el presupuesto aprobado para esta institución ha mostrado una tendencia constante al asignarle un monto 152 millones de pesos en los ejercicios fiscales 2014 y en 2015 el presupuesto aprobado creció tan sólo 0.22 por ciento con respecto al año anterior, es decir un incremento de 334 mil 065 pesos. Para el año fiscal 2016 el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado asignó un monto de 170.8 millones de pesos a la fiscalía, lo que significó un crecimiento de tan sólo 12.14 por ciento con relación al año anterior. Si bien lo anterior significo un incremento no ha sido suficiente para cubrir las diversas tareas de la fiscalía dada la reforma político-electoral.

Derivado del análisis realizado al presupuesto asignado en 2016 a la Procuraduría General de la República, a la Fepade le correspondió 170 mil 833 millones que representa el 0.89 por ciento del presupuesto de la PGR (16 mil 468.56 millones de pesos) y 0.7 por ciento de los órganos electorales federales, por lo que se considera necesario una reevaluación de los recursos otorgados a esta Unidad Administrativa.

Actualmente el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año fiscal de 2017, el cual fue presentado por el secretario de Hacienda a la Cámara de Diputados, propone una disminución de recursos de más de 10.6 millones de pesos con relación a lo aprobado para el año 2016, lo que se traduce en una reducción de 6.25 por ciento muy por debajo de lo necesario para garantizar la operatividad adecuada de esta institución.

Dada la reforma en materia penal y la expedición de la Ley General en Materia de Delitos Electorales que impone la necesidad de una reestructuración completa de la fiscalía, toda vez que el ámbito de aplicación y sus atribuciones dejan de ser sólo del ámbito federal y se amplían al ámbito local, es necesario dotar de recursos suficientes a esta institución a fin de replantear una reestructura orgánica más funcional y acorde a las nuevas exigencias, buscando el óptimo equilibrio de funcionalidad entre las áreas sustantivas y administrativas y considerando ante todo los principios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, equidad y rendición de cuentas.

Para 2017 en nuestro país se llevaran a cabo procesos electorales en diferentes estados del país, por lo que la fiscalía implementará despliegues ministeriales para atender las elecciones extraordinarias y ordinarias en los estados de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz. Se elegirán 328 cargos de elección popular, 3 gobernadores, 55 diputados locales y 270 ayuntamientos. Por lo que necesario un presupuesto de al menos 315.35 millones de pesos a fin de cubrir adecuadamente los gastos de operación y servicios personales de la Fiscalía de cara al proceso electoral 2017.

Por lo tanto y con fundamento en el acuerdo de la Mesa Directiva en relación con la presentación y turno de las proposiciones con punto de acuerdo en materia presupuestal del Senado de la República someto a esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 se realicen las adecuaciones presupuestales, a fin de garantizar mayores recursos para la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

Nota

1 DOF: 06/07/2015 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5399485&fecha=06/07/2015

Dado en el Senado dela República, el 6 de octubre de 2016.

Senadora Martha Tagle Martínez (rúbrica)


Ciudad de México, a 6 de octubre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Comunico a usted que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Martha Tagle Martínez, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones de Educación y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para realizar la modificación de los contenidos de los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2017-2018.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta


La suscrita Martha Tagle Martínez, senadora de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, y 276 así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. De los 34 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México encabeza la lista con la mayor tasa de madres adolescentes, registrándose alrededor de un hijo nacido por cada 15 niñas de entre 15 y 19 años de edad1 .

Segunda. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ubica a México en los primeros lugares de embarazos adolescentes –de 15 a 19 años de edad– cuando se compara con naciones de igual nivel de desarrollo, por arriba de los ocurridos en Chile, Costa Rica, Uruguay y Perú.2

Tercera. El pasado 23 de enero de 2015 el ejecutivo federal presentó la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea). Así, la Enapea tiene como objetivos reducir en 50 por ciento la tasa de fecundidad de las adolescentes entre 15 a 19 años, para 2030 y erradicar embarazos en niñas de 14 años o menos.

En dicha Estrategia se considera como una de las problemáticas: “Los prejuicios y actitudes que limitan el uso de métodos anticonceptivos pueden ser resultado de una educación sexual deficiente, de falta de información actualizada, de una cultura de discriminación a los jóvenes, de una falta de comprensión de lo que es la sexualidad, y, entre otros, de la falta de comunicación entre padres y madres con sus hijos/hijas acerca de asuntos relacionados con la sexualidad, el enfoque de género y la maternidad y paternidad.”

Al tiempo, de acuerdo a cifras de la “Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes”3 , en nuestro país viven 22.4 millones de adolescentes que tienen entre 10 y 19 años de edad.

Cuarta. El 17 de mayo de 2016, en el marco del Día Nacional contra la Homofobia, el Ejecutivo federal, ratificó su compromiso con la no discriminación y por la construcción de un México incluyente. Ante ello dio instrucciones al secretario de Educación a fin de realizar un ajuste en los contenidos de los libros de texto gratuitos, en los temas de diversidad y educación sexual.

“Esta medida implica impartir a los niños –desde nivel preescolar– educación sobre homosexualidad, bisexualidad, transexualidad y matrimonios homoparentales, como ya se está haciendo en las escuelas públicas de otros países a fin de evitar la discriminación hacia estas minorías.

Osmar Matsui Santana, presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, comenta entusiasmado4 : La modificación a los libros de texto será una manera de llegar a las nuevas generaciones para impulsar un importantísimo mejoramiento en la convivencia humana; se combatirá de raíz la violencia homofóbica y de género, se evitarían muchísimos embarazos adolescentes y se reconocerá a las personas con diferente orientación sexual”.

Quinta. En materia de diversidad sexual, en nuestro país 75 por ciento de los hombres homosexuales, 50 por ciento de las mujeres homosexuales y 66 por ciento de individuos trans sufrieron algún tipo de bullying homofóbico en la escuela (tanto pública como privada), principalmente a través de burlas e insultos pero también de golpes y abuso sexual por parte de sus compañeros tanto en centros privados como públicos.

Dado lo anterior, es menester contemplar a la educación como pieza clave para fomentar el respeto y con ello una convivencia pacífica y solidaria; es el engranaje social que permite restablecer el tejido social, derribando conductas discriminatorias, prejuicios y estereotipos que solo fomentan violencia.

Fundado y motivado en las consideraciones antes expuestas, someto a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Educación, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para realizar la modificación de los contenidos de los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2017-2018, en materia de diversidad y educación sexual, de conformidad con la instrucción dada por el Ejecutivo federal.

Notas

1 Mexico (English version on next page) Country Highlights OECD (2009), Doing Better for Children. OCDE, en línea. Fecha de consulta: 5 de octubre de 2016. Disponible en:
https://www.oecd.org/mexico/43590178.pdf

2 Gómez, Natalia. México con epidemia de embarazos adolescentes. El Universal, en línea el 8 de marzo 2016. Fecha de consulta: 5 de octubre 2016. Disponible en
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/03/8/mexico-con-epidemia-de-embarazos-adolescentes

3 Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. En línea, Fecha de consulta: 5 de octubre de 2016. Disponible:https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/55979/Enapea_ 0215.pdf

4 Vera, Rodrigo. “Educación en la diversidad sexual... cuestionada”. Proceso, (2072): 22-23, julio 2016.

Dado en la honorable Cámara de Senadores, el día 6 de octubre de 2016.

Senadora Martha Tagle Martínez (rúbrica).


Ciudad de México, a 6 de octubre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017 se garantice una partida especial para la realización de proyectos ejecutivos a los municipios marginados que les permita gestionar recursos para resolver sus necesidades más apremiantes.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta


Octavio Pedroza Gaitán, senador de la república de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o., numeral I, fracción II, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 se garantice una partida especial para realizar proyectos ejecutivos a los municipios marginados que les permita gestionar recursos para resolver sus necesidades más apremiantes.

Consideraciones

El Estado es el encargado de buscar el bienestar social de sus habitantes y solucionar los problemas que atentan contra los intereses o bienes fundamentales de ellos, así como cualquier otra situación que perjudique en su desarrollo. La pobreza, la desigualdad y la debilidad institucional son algunos de los problemas que repercuten directamente en el desarrollo de México, lo anterior exige a los gobiernos de cualquier orden estudiar las capacidades con las que cuentan para insertarse en una dinámica que les permita estar al nivel de los problemas públicos que se deben solucionar con eficacia y eficiencia.

Se necesitan modelos innovadores que incentiven a los servidores públicos a desarrollar nuevas capacidades que se traduzcan en fortaleza institucional y bienestar para la población.

El orden administrativo y legislativo mexicano comparte de forma descentralizada el poder y las responsabilidades y competencias para dar solución a las demandas públicas de los ciudadanos.

En el ámbito local, estas demandas ciudadanas se vuelven más constantes e intensas. De ahí la importancia de que los municipios cuenten con los instrumentos y recursos necesarios para hacer frente no solo a lo que por obligación les compete, como es el caso de prestar los servicios públicos básicos. En este sentido, es vital dotarlos también de herramientas que les permitan resolver sus necesidades más apremiantes, así como promover el desarrollo de su región y el bienestar de su población lo cual al final es la razón de su gestión.

En este contexto, los municipios acceden a recursos públicos por dos vías; la recaudación de sus impuestos, los cuales son limitados, las transferencias federales y otras partidas que gestionan principalmente en el orden federal y estatal. Uno de los requisitos que tienen los municipios para acceder a recursos extraordinarios es elaborar un proyecto ejecutivo el cual integrara su banco de proyectos y regularmente los municipios marginados no tienen la capacidad institucional para hacerlo.

Un municipio marginado es aquella entidad local básica de la organización territorial del Estado, que se encuentra en desigual distribución de progreso frente al resto de los municipios, se asocia a la carencia de oportunidades sociales y a la ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas, así como a privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar, de ahí que los municipios marginados enfrentan escenarios de vulnerabilidad social.1

Las desventajas ocasionadas por la marginación son acumulables, creando escenarios cada vez más desfavorables. El índice de marginación permite categorizar a los municipios de acuerdo a sus carencias socioeconómicas, siendo los grados más preocupantes de marginación los etiquetados como “alto y “muy alto grado”, los de esta categorización son los que denominamos “municipios marginados”. De los municipios en México, más de 817 tienen alto grado de marginación.

En este contexto, hay municipios pobres y ricos, donde la desigualdad entre uno y otro se hace cada vez más notable. En total, el país tiene 2 mil 454 municipios. Oaxaca (570 municipios) y Puebla (217) son los estados con mayor número de municipios; y Baja California (5 municipios), Baja California Sur (5 municipios) y Quintana Roo (9 municipios), los de menor número. Del total anterior, mil 3 municipios tienen 75 por ciento o más de su población en pobreza, 190 de los municipios de México concentran la mitad de las personas en situación de pobreza, esto se vuelve todavía más alarmante cuando analizamos la brecha de desigualdad entre los municipios “ricos” y “pobres”.

Para ilustrar lo anterior, basta consultar los indicadores de pobreza, rezago social, desarrollo e ingreso per cápita municipal, como se muestra a continuación, los municipios con población menos pobre, o más ricos son Benito Juárez (8.7 por ciento de pobreza) San Nicolás de los Garza (12.8 de pobreza) Guadalupe (13.2 de pobreza), San Pedro Garza García (15.2 de pobreza) , mientras que los más pobres son San Juan Tepeuxila (97.4 por ciento de pobreza), Aldama (97.3 de pobreza) y San Juan Cancuc (97.3 de pobreza).

La desigualdad entre los municipios también es evidente al analizar el índice de rezago social y marginación, los municipios más ricos tienen grados muy bajos de rezago social, Benito Juárez (1.4267), San Nicolás de los Garza (1.5833), Guadalupe (1.5466), San Pedro Garza García (1.6509), por el lado contrario los municipios más pobres presentan grados muy altos, lo más lamentable es que de 2000 a 2010 los grados de marginación y rezago social van en aumento en más de 45 por ciento de los municipios con estos grados “muy altos” y “altos”.2

En cuanto a la producción de la riqueza, la realidad es como sigue: aproximadamente 1 por ciento de los municipios más ricos del país (4 municipios) generan entre 25 y 30 por ciento del PIB nacional, mientras que, en el otro extremo, 40.87 de los municipios más pobres (mil 3 municipios) contribuyen apenas con 5 por ciento de la riqueza producida del país, lo cual es verdaderamente preocupante.3

Al incorporar las variables anteriores la concentración del ingreso, resulta que la situación descrita arriba, es cada vez más grave en los municipios marginados, de ahí la necesidad de iniciativas que desactiven ese círculo negativo que solo recrea el círculo de la pobreza.

En este sentido se exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de 2017 se asigne una partida presupuestal que permita el diseño de proyectos ejecutivos, a los municipios marginados para puedan acceder a los recursos, gestionarlos, ejecutarlos y que poco a poco aporten a disminuir la desigualdad, la precariedad y no se produzcan nuevos factores problemáticos que refuercen el círculo de la pobreza entre los entes locales.

La importancia de que los municipios puedan elaborar un proyecto ejecutivo radica en que al no cumplir con este requisito esencial los municipios pierden capacidad de gestión en recursos a los que pudieran acceder, de ahí la necesidad de crear una partida especial que dote a los municipios marginados de los recursos necesarios para que puedan diseñar sus proyectos ejecutivos conforme a los lineamientos que solicitan los diversos fondos públicos y privados.

Como se mencionó, en los municipios marginados la debilidad institucional es una realidad, traducida en administraciones públicas que dejan de cumplir con sus funciones, situación que repercute directamente en el ciudadano. Una de las opciones para solucionar este problema es implantar el servicio profesional de carrera, casi inexistente por no decir nulo en los municipios marginados del país.

Casos como Naucalpan, Tlalnepantla y Morelia quienes cuentan con áreas especializadas para el diseño y la implementación del sistema de servicio civil de carrera, así como la Dirección General de Desarrollo Municipal del Gobierno del Estado de Jalisco que cuenta con una ley que obliga a los municipios a establecer sistemas municipales de carrera administrativa, estas son algunas de las excepciones en donde está comenzando a operar un sistema profesional.4

En la Encuesta Nacional sobre Desarrollo Institucional (2015), sólo 23 por ciento de los municipios capacita a sus trabajadores. Como no hay servicio profesional de carrera, se tienen elevadas posibilidades de que los funcionarios públicos no tengan la capacidad de realizar proyectos ejecutivos, simplemente por no tener preparación en los temas. A esto hay que sumarle la constante rotación de los cuadros técnicos que se dan al interior de los entes locales.

La capacidad institucional es uno de los factores que se han utilizado para explicar el desarrollo de los municipios, entre más capacidad institucional exista, los procesos tienen mayor posibilidad de éxito. En los municipios marginados, es donde precisamente la debilidad de la capacidad financiera se hace presente repercutiendo directamente en la calidad de vida de sus ciudadanos.

La buena gestión, y la disponibilidad de recursos financieros y su correcto manejo son dos de las variables que determinan la capacidad institucional y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

En síntesis, esta exhortativa a la Cámara de Diputados pretende que los municipios marginados tengan las mismas oportunidades que los ricos y con esto disminuir el círculo vicioso de la pobreza en los municipios mexicanos. Invertir en fondos que aseguren el bienestar social y el progreso económico equitativo y justo en el ámbito municipal, es atacar el problema de la pobreza desde su raíz.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Senadores exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 garantice una partida especial para la realización de proyectos ejecutivos a los municipios marginados que les permitan gestionar recursos para resolver sus necesidades más apremiantes.

Notas

1 Definición según el Consejo Nacional de Población.

2 Según los resultados de la encuesta intercensal, realizada por el Coneval en el periodo 2000-2010.

3 Estimación realizada con datos del Inegi, consultados en septiembre de 2016.

4 Según datos de la Secretaría de Gobernación.

Senado de la República, a 6 de octubre de 2016.

Senador Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica)


Ciudad de México, a 6 de octubre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se consideren los recursos necesarios para apoyar la casa de cultura de Tamaulipas en la Ciudad de México.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta


La suscrita, senadora de la República Sandra Luz García Guajardo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, se consideren los recursos necesarios para apoyar la Casa de Cultura de Tamaulipas en la Ciudad de México, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Patronato de la Casa de la Cultura de Tamaulipas, AC, es una asociación civil constituida en el año de 1995, entre otros con los siguientes objetivos:

• Fomentar la cultura del Estado Tamaulipas en todas sus manifestaciones.

• Estimular el desarrollo de los tamaulipecos dentro de la ciencia, las artes y la sociedad en general.

• Propiciar la solidaridad y unión de los tamaulipecos en la Ciudad de México y en el Estado de Tamaulipas.

• Fomentar y difundir en Tamaulipas, la Ciudad de México y en todo el territorio nacional, la cultura de fomento de la producción industrial, tecnológica, ganadera, pesquera, agrícola, forestal, mineral y artesanal.

Es preciso mencionar que el Patronato de la Casa de la Cultura de Tamaulipas, AC, tramitó y obtuvo del gobierno federal, mediante un contrato de comodato, de fecha 4 de septiembre de 1995, el inmueble ubicado en la calle de Ernesto Pugibet número 73, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06070, a efecto de utilizarlo en actividades cívico-culturales tendientes a dar proyección al Estado de Tamaulipas y con la obligación de restaurarlo en un término de 2 años, acción que fue cumplida solo de manera parcial por falta de recursos. Sin embargo, se logró sacar adelante dicho inmueble por lo que es propiedad de dicho patronato.

El predio y construcción que ocupa el Patronato de la Casa de Cultura de Tamaulipas, AC, conocida también como Casa del Marqués de Guadalupe, o como Casa del Capitán Zulueta, data del siglo XVIII y estaba situada inicialmente en la calle de las Capuchinas, hoy Venustiano Carranza, en el número 23 esquina con la calle 20 de Noviembre, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

En 1936 siendo presidente de la República el general Lázaro Cárdenas del Río, se tomó la decisión de realizar obras a efecto de conmemorar el 26 aniversario de la Revolución Mexicana, entre las que se destaca la ampliación de la avenida 20 de Noviembre, quedando tal y como se encuentra actualmente, motivo por el cual y gracias a la intervención de uno descendiente del propio Marqués de Guadalupe, la casa fue desmontada piedra por piedra y montada íntegramente en el predio actual de la calle de Ernesto Pugibet 73.

El inmueble fue declarado monumento histórico por la honorable Comisión de Monumentos en junta ordinaria celebrada el 25 de junio de 1931, bajo el número de clave 090060071294, del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles del Centro Histórico de la Ciudad de México, por lo cual está protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Asimismo, en el inmueble en cuestión se encuentra un mural titulado “Tamaulipas” obra del maestro Pedro Banda Salazar, (único mural del autor).

Con la finalidad de proteger dicha obra, el 16 de noviembre de 2006 se celebró una carta convenio entre el autor y el Patronato de la Casa de Cultura Tamaulipas, AC, para el uso intemporal de la imagen gráfica, otorgando al patronato todas las facultades para su explotación. La obra quedó registrada ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor bajo el número 03-2006-082113143. Sin embargo, como es de suponer, resulta una gran responsabilidad para la casa de cultura, el honor de contar con el único mural del maestro Banda, al ser responsables de su mantenimiento y conservación en estado óptimo.

Así, existen dos grandes compromisos en el Patronato de la Casa de Cultura de Tamaulipas, AC, el mantenimiento del inmueble catalogado que ocupan y la conservación del mural.

Al respecto, en 18 años que se tiene el disfrute del inmueble en cuestión, se administra por una mesa directiva que se encarga de buscar patrocinadores y elegir talleres abiertos al público. De igual manera se tiene un convenio con la Coordinación Nacional de Música y Opera del Instituto Nacional de Bellas Artes, para que el primer sábado de cada mes, después de un desayuno de la comunidad tamaulipeca, se presenten artistas de talla nacional e internacional a ofrecer sus conciertos. Durante todo este tiempo, las citadas dos actividades han sido las únicas fuentes de ingresos con las que se ha subsistido para enfrentar los compromisos como pago de nómina, administración, impuestos y pago de los maestros talleristas.

A efecto de colaborar con la subsistencia de la Casa de la Cultura de Tamaulipas, AC, los integrantes de la mesa directiva no perciben honorarios, por el contrario aportan una cuota mensual para cubrir los gastos.

Como se ha mencionado, la casa tuvo una remodelación parcial, sin embargo requiere un mantenimiento mayor como se señala en un dictamen técnico elaborado el pasado 24 de julio de 2015 por la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que establece una serie de intervenciones, entre las que se destacan:

• Presencia de humedad en áreas colindantes a los módulos sanitarios, sobre todo en la parte baja de la escalera

• Se requiere sustitución de las láminas de la cubierta del patio, ya que su deterioro genera goteras

• Falta de mantenimiento en la estructura

• La escalera central del edificio construida en piedra, presenta un desgaste notorio, fracturas y pérdida de sección en las esquinas.

Por las consideraciones expuestas, se requiere que se considere a esta asociación civil tamaulipeca a fin de obtener los recursos necesarios para dar el mantenimiento necesario al inmueble que ocupan, para que preste sus servicios para fomentar la cultura a quien se acerque a ella, sin importar, si se trata del propio gobierno, asociaciones, artistas o población en general. Al igual que para mantener en la mejores condiciones posibles la obra mural del maestro tamaulipeco Pedro Banda.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, se consideren los recursos necesarios para apoyar los trabajos de mantenimiento de la Casa de Cultura de Tamaulipas, en la Ciudad de México.

Senado de la República, a 6 de octubre de 2016

Senadora Sandra Luz García Guajardo (rúbrica)


Ciudad de México, a 5 de octubre de 2016.

Secretarios de la Cámara de diputados
Presentes

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo en relación con la asignación de recursos al Programa de Infraestructura Indígena y el Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta


Ciudad de México, octubre 2016.

Quiero manifestarte mi sorpresa y molestia por el drástico recorte a las erogaciones para el desarrollo de los pueblos indígenas (Fondo Indígena) planteado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal de 2017, especialmente en lo referente a los programas de infraestructura e impulso a la productividad.

Comprendo la difícil situación económica por la que atraviesa el país, pero también creo que los mexicanos tenemos una deuda histórica pendiente de ser saldada con nuestros pueblos originarios y, si la crisis nos afecta a todos, a los pueblos indígenas francamente los pone al borde del precipicio. No podemos tratar como iguales a quienes en realidad son desiguales. A los pueblos indígenas debemos darle un trato de igualdad sustantiva y eso debe verse reflejado en el próximo presupuesto de egresos federal.

La disminución de $10 968 138 919 (diez mil novecientos sesenta y ocho millones, ciento treinta y ocho mil novecientos diecinueve pesos) en el presupuesto para cumplir el mandato del apartado B del artículo segundo constitucional afecta drásticamente todo el proceso de desarrollo social que es compromiso del presidente Enrique Peña Nieto y que se estaba encausando paulatinamente.

Los recortes afectan la transversalidad del proyecto constitucional para los pueblos indígenas para darles mejores condiciones de vida, pues elimina programas importantes de varias dependencias federales como el Programa de Productividad Rural, Proyectos de Construcción de Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales, Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural, Diseño de la Política Educativa, Educación y Cultura Indígena, Programa hacia la Igualdad y Sustentabilidad Ambiental, y la Promoción de los Derechos Humanos de los Pueblos y las Comunidades Indígenas; programas que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público eliminó de forma unilateral y dolosa.

En la práctica, la línea vertebral del nuevo presupuesto de 2017 pareciera ser borrar de un plumazo todos aquellos programas que buscan crear mejores condiciones de infraestructura en torno a los pueblos originarios y los que buscan modernizar sus formas de producción.

Eso se puede observar más claramente en el presupuesto destinado a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), pues se le mutilan sustancialmente los recursos destinados al Programa de Infraestructura Indígena y el Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena, que pasan de $9 162 531 820 (nueve mil ciento sesenta y dos millones, quinientos treinta y mil ochocientos veinte pesos) a sólo $3 036 336 540 (tres mil treinta y seis millones, trescientos treinta y seis mil quinientos cuarenta pesos).

Aunque se ha mencionado que los apoyos recortados pueden encausarse en otras dependencias, considero que la sustitución va a ser muy difícil, porque las aperturas programáticas y las reglas de operación son diferentes y los programas están dirigidos a otros sectores sociales y productivos.

Por el contrario, la CDI asume la esencia de identidad de los pueblos indígenas, y tiene una relación cercana y familiar con los pueblos originarios.

Por estas razones, he decidido compartirte esta inquietud, para que en la discusión del PEF 2017 se replantee la propuesta financiera destinada al Fondo Indígena y a la CDI en particular, disminuyendo drásticamente el recorte al propuesto, al menos en los rubros de inversión para comunicaciones y productividad, para que los pueblos originarios sean beneficiados con recursos suficientes y no castigados como actualmente se pretende.

Como legislador oaxaqueño, como indígena y presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Senado, tengo especial obligación de buscar que los pueblos indígenas no sean afectados en el presupuesto de egresos del próximo año, porque afectará a una gran mayoría de poblaciones de nuestro estado, que se asumen como indígenas y tradicionalmente se han acogido a los mandatos del artículo segundo constitucional; por eso apelo a nuestro origen para buscar más recursos para apoyarlos.

Con mi afectuoso y respetuoso saludo, te reitero la seguridad de mi consideración más distinguida y me pongo a tus órdenes para que juntos realicemos los trabajos necesarios para lograr tan loable objetivo.

Senador Jorge Toledo Luis (rúbrica)


Ciudad de México, a 6 de octubre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presente

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en la discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017, contemple un aumento y estabilidad en el presupuesto asignado al Archivo General de la Nación.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta


Laura Angélica Rojas Hernández, senadora de la república de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la honorable Cámara de Diputados para que en el tenor de la discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017, se sirva a contemplar un aumento y estabilidad en el presupuesto asignado al Archivo General de la Nación, bajo las siguientes

Consideraciones

Los archivos guardan constancia del quehacer cotidiano de la administración pública y el ejercicio del poder; de la memoria histórica y son fundamentales para el ejercicio delos derechos de acceso a la información, protección de datos personales y a la verdad. El correcto funcionamiento de un sistema de archivos, con el objetivo de que la información que produce el Estado se encuentre localizable y se eviten su pérdida, condiciona a su vez el éxito de los sistemas concatenados a éste, como el de transparencia, combate a la corrupción o el de justicia.

El Archivo General de la Nación se creó como institución rectora de la archivística en nuestro país y de conservación del patrimonio documental de la nación. A partir de la reforma constitucional de febrero de 2014, el AGN es uno de los integrantes del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, con una misión especial en la Comisión de Archivos y Gestión Documental. Sus funciones son indispensables para garantizar el acceso a la información y la rendición de cuentas, en un Estado democrático.

Para la efectiva garantía del derecho de acceso a la información, ésta debe ser accesible, veraz, oportuna, completa y reutilizable; lo anterior, únicamente puede lograrse mediante un sistema eficaz de archivos.

Por mandato constitucional, el Congreso de la Unión expedir una Ley General de Archivos que homologue y articule la archivística nacional; misma que será el marco normativo para garantizar el resguardo adecuado del patrimonio documental de nuestro país y defina la reestructuración del órgano rector en materia archivística, es decir, el Archivo General de la Nación. Con la implementación de este nuevo ordenamiento jurídico se prevén nuevas obligaciones para el Archivo General de la Nación, como cabeza del Sistema Nacional de Archivos.

La Ley Federal de Archivos vigente incrementó en un 250 por ciento las atribuciones del Archivo General de la Nación. Este aumento de atribuciones generó una inquietud en el órgano rector, ya que las deficiencias estructurales, técnicas y operativas de los archivos mexicanos se exhibieron con este desbordamiento de atribuciones concedidas, lo cual se agravará con la expedición de la Ley General de Archivos.

La implementación de las leyes de la materia, de la política pública en materias de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y conservación del patrimonio documental de la nación, requieren de una asignación presupuestal suficiente. De acuerdo con un diagnóstico elaborado por el AGN en el 2014, donde 746 de los 12 mil sujetos obligados de los tres órdenes de gobierno fueron encuestados, el 67 por ciento de las instituciones encuestadas cuentan con un área coordinadora de archivos, de éstas sólo el 30 por ciento de las áreas se encuentran en su organigrama. El recurso promedio destinado a las áreas de archivos en los sujetos obligados asciende a 231 mil pesos anuales, es por ello que de estas instituciones encuestadas, sólo el 28 por ciento cuenta con instalaciones adecuadas para el tratamiento y resguardo de los archivos.

Otro problema que reluce es la falta de personal especializado para la gestión de archivos en los tres niveles de gobierno, ya que el 45 por ciento del personal que labora en el área archivística de los sujetos obligados también realiza otras actividades y de éstos únicamente el 58 por ciento recibe capacitación en la materia.

La mayoría de las atribuciones previstas en la Ley Federal de Archivos, no han podido ser cumplidas cabalmente por la falta de presupuesto al Archivo General de la Nación y este es un problema gradual que se ha venido incrementado con el paso de los años.

El Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014 contempló una asignación de recursos para el Archivo General de la Nación de 586 millones 470 mil 718 pesos, mismo que se ha visto afectado en los años consecutivos.

Para el 2015 los recursos asignados al Archivo General de la Nación disminuyeron 202 millones 438 mil 161 pesos, es decir, un 34.5 por ciento y en el presente ejercicio fiscal el Presupuesto de Egresos de la Federación destino 44.7 por ciento menos recursos con respecto al 2014, esto denota evidentemente un detrimento paulatino en los recursos destinados a este órgano.

Por supuesto que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 se quiere continuar con esta disminución presupuestal para el Archivo General de la Nación, pues el proyecto entregado a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre, contempla un recorte presupuestal de poco más de 239 mil millones de pesos. Este recorte presupuestal tiene justificación al implementar medidas de austeridad y recorte de gastos superfluos, sin embargo, tenemos que considerar que el recorte debe limitarse a la eliminación de gastos superfluos, no puede afectar el pleno ejercicio de las atribuciones de un órgano con la de relevancia del Archivo General de la Nación.

Dicho proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación asigna un monto de 70 millones 20 mil 39 pesos al Archivo General dela Nación, este monto es sencillamente inadmisible, ya que si lo comparamos con el presupuesto asignado el ejercicio fiscal pasado, éste fue de 323 millones 795 mil 20. El recorte presentado a Cámara de Diputados por la Secretaría de Hacienda disminuye los recursos para el Archivo General de la Nación en un 78.3 por ciento.

Al tenor de las nuevas atribuciones asignadas al Archivo, que no han podido ser cumplidas a cabalidad por falta de recursos, resulta un verdadero despropósito incrementar dicho recorte presupuestal al Archivo y más en el porcentaje previsto.

Evidentemente este recorte presupuestal impediría el funcionamiento del Archivo General de la Nación, afectando de manera colateral a los Sistemas concatenados que rigen la transparencia y combaten a la corrupción; así como imposibilitaría la conservación del patrimonio documental de la nación.

Es por ello que, en congruencia con la promoción del acceso a la información y la cultura archivística, una servidora ha optado por manifestar un extrañamiento en relación con el monto asignado al Archivo General de la Nación en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 y solicitar sea reconsiderado tomando en cuenta las obligaciones y las actividades coordinadas que realiza dicha institución.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el presente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, para que en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, se contemple un aumento al presupuesto asignado al Archivo General de la Nación, que le permita ejercer sus funciones.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de octubre de 2016.

Senadora Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica)


Ciudad de México, a 5 de octubre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Comunico a Ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Héctor David Flores Avalos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a realizar un análisis exhaustivo para contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017 una partida etiquetada a infraestructura para atender la emergencia en el municipio de Durango, Durango, por la ocurrencia de lluvia severa los días 29 y 30 de septiembre de 2016.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta


Héctor David Flores Ávalos, senador de la República, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como las senadoras y senadores de distintos Grupos Parlamentarios en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión que suscriben la presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8o., numeral 1, fracción II; 108, 109, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que exhorta respetuosamente se realice un análisis exhaustivo para contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Federación en su ejercicio 2017 una partida etiquetada para infraestructura para atender la emergencia en el municipio de Durango, Durango, por la ocurrencia de lluvia severa los días 29 y 30 de septiembre de 2016, lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 29 de septiembre el municipio de Durango, Durango, sufrió la ocurrencia de lluvia severa que tuvieron serias consecuencias, cinco personas muertas, decenas de viviendas y comercios inundados y más de 15 vehículos siniestrados.

En ocho horas llovió el 20% de lo que normalmente llueve en un año en la ciudad de Durango; esto originó el desbordamiento del arroyo La Virgen y del arroyo Seco.

En unas horas cayeron 97 milímetros de agua, lo que provocó que se inundara prácticamente toda la ciudad. Esto provocó afectaciones de manera considerable en la infraestructura urbana del municipio, como ejemplo, el boulevard Dolores del Río que recientemente fue entubado para un mejor desahogo pluvial, sufrió diversas fracturas en su estructura y así, diversas avenidas están en las mismas condiciones; tuberías y coladeras insuficientes para la ciudad colapsaron provocando un desastre que lamentablemente cobraron la vida de personas y pérdidas materiales, afectando a más de 40 colonias, alrededor de 37 mil viviendas dañadas y casi 110 mil personas damnificadas.

La intensa lluvia inició alrededor de las 19.00 horas del jueves y se prolongó hasta la madrugada del viernes, originó la suspensión de clases en todos los niveles educativos ante la contingencia que se vive en este municipio. El Ejército Mexicano aplicó el Plan DNIII en apoyo a la población y se habilitaron ocho albergues en distintos puntos de la ciudad.

En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, contemple en el Presupuesto de Egresos de la Federación en su ejercicio 2017 una partida etiquetada para infraestructura para atender la emergencia en el municipio de Durango, Durango por la ocurrencia de lluvia severa los días 29 y 30 de septiembre de 2016.

Dado en el salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los 4 días del mes de octubre de 2016.

Senador Héctor David Flores Ávalos (rúbrica)

De la Cámara de Senadores, mediante la cual remite tres acuerdos aprobados sobre el análisis, la discusión y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

Presentes

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, con los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las modificaciones necesarias al Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, las cuales permitan la instalación del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva, en términos de lo establecido en el artículo 60 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que al momento de analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, estudie la posibilidad de considerar un aumento al presupuesto programado por el Poder Ejecutivo federal a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el cual permita la instalación del consejo de vigilancia electoral deportiva y la realización de un censo nacional de infraestructura deportiva, a fin de coadyuvar en la implantación del registro nacional de cultura física y deporte.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta


Ciudad de México, a 6 de octubre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

Presentes

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios con los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. El Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo federal a fin de que incremente la presencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la frontera sur, para atender a las niñas, niños y adolescentes que requieran protección internacional conforme a las normas y estándares internacionales en la materia.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados para que revise el monto asignado para la atención a personas refugiadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, elaborado por el Poder Ejecutivo federal, y asignar un presupuesto que permita a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados hacer frente al aumento de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiados.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta


Ciudad de México, a 6 de octubre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

Presentes

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de la Comisión de Desarrollo Regional con los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y al Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social a resolver con la mayor brevedad las desviaciones en el método de campo utilizado durante la aplicación de las encuestas relativas al Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015.

Segundo. El Senado de la República exhorta al gobierno federal a informar a esta soberanía sobre cuál será el resultado de la aplicación de la fórmula por entidad federativa y municipio para la integración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Tercero. El Senado de la República exhorta al gobierno federal a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Desarrollo Social, y a la Cámara de Diputados para que, durante la discusión, la aprobación y el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, no se afecten los programas y proyectos de carácter federal y estatal relacionados con la inversión en infraestructura social y productiva para el desarrollo regional.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta

De la Cámara de Senadores, mediante la cual comunica la formación de la Comisión Bicamaral en materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, por lo que concierne a esa soberanía

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó el siguiente

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integra la comisión legislativa bicamaral en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, por lo que respecta al Senado de la República.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta


De la Junta de Coordinación Política, por el que se integra la comisión legislativa bicamaral en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, por lo que respecta al Senado de la República

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 114, numeral 3, del Reglamento del Senado de la República; y 38 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y

Considerando

I. Que de conformidad con el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política expresa la pluralidad de la Cámara, y es en donde se impulsan entendimientos y convergencias para alcanzar acuerdos;

II. Que el 27 de abril de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública, y General de Contabilidad Gubernamental;

III. Que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios tiene como objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las entidades federativas y los municipios, así como a sus respectivos entes públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas;

IV. Que el artículo 38 de esta ley contempla la existencia de una comisión bicamaral en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y de los municipios, la cual tendrá la facultad de analizar la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas, cuando alguna entidad o municipio presente niveles elevados de endeudamiento;

V. Que el mismo ordenamiento establece que la comisión bicamaral deberá integrarse por ocho miembros: cuatro de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República y cuatro de la Comisión de Hacienda y Crédito Público o de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. La presidencia de la comisión legislativa bicamaral se ejercerá de manera alternada por un diputado y por un senador con una periodicidad de un año; y

VI. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 114 del Reglamento del Senado de la República, conforme a acuerdos parlamentarios o a disposiciones expresas en la Constitución o en la ley, el Senado participa en la integración y el funcionamiento de comisiones bicamarales con la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Por todo lo anterior, la Junta de Coordinación Política, somete a la consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. La Comisión Bicamaral en materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, por lo que respecta a la Cámara de Senadores, estará conformada de la siguiente manera:

1. Senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente.

2. Senador Manuel Cavazos Lerma.

3. Senador José Francisco Yunes Zorrilla.

4. Senador Armando Ríos Piter.

Segundo. Comuníquese a la colegisladora.

Senado de la República, a 6 de octubre de 2016.

Senador Fernando Herrera Ávila (rúbrica)

Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional


Senador Emilio Gamboa Patrón (rúbrica)

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional


Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta (rúbrica)

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática


Senador Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica)

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México


Senador Manuel Bartlett Díaz (rúbrica)

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo


Senador Miguel Romo Medina

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional


Senadora María Lucero Saldaña Pérez (rúbrica)

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional


Senadora Sonia Mendoza Díaz (rúbrica)

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, mediante la cual informa que las fichas de monitoreo y evaluación 2015-2016 se encuentran disponibles en su página electrónica, con un total de 154 documentos para consulta

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2016.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

Presidente de la Mesa Directiva

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presente

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), con la finalidad de proporcionar a los tomadores de decisiones herramientas e insumos para la mejora de la política pública, envía a las dependencias y entidades federales información que considera relevante.

En este sentido, y como parte de sus atribuciones, con fundamento en el artículo 72 de la Ley General de Desarrollo Social y el numeral 27 del Programa Anual de Evaluación 2016 (PAE 2016), el Coneval coordina la Ficha de Monitoreo y Evaluación 2015-2016 (FME 2015-2016), correspondiente al ejercicio fiscal 2015, con un total de 154 documentos para su consulta.

No omito mencionar que las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2015-2016 tienen como objetivo mostrar el avance de los programas y acciones federales de desarrollo social de forma estructurada, sintética y homogénea, y se encuentran disponibles en la siguiente liga:

http://www.coneval.or.mx/Evaluacion/Paginas/Evaluaciones-y-resultado s-de-programas.aspx­

Los documentos en mención son insumos valiosos que le podrán ser de utilidad en el cumplimiento de sus importantes labores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Gonzalo Hernández Licona (rúbrica)

Secretario Ejecutivo


Iniciativa de ley o decreto de senadores

Con proyecto de decreto, por el que se adicionan las fracciones XV, y se recorren las subsecuentes, al artículo 9 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud; y XXX del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2016.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y adiciona una fracción XXX del artículo 93 de la Ley de Impuesto sobre la Renta.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicha Iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)

Vicepresidenta


David Monreal Ávila, senador de la República, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XV, pasando la actual fracción XV a ser la XVI del artículo 9 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, y se adiciona una fracción XXX del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La juventud en México representa el 25.7 por ciento de la población, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), lo que significa que en el país residen cerca de 30.6 millones de jóvenes de 15 a 29 años de edad;1 sin embargo, a pesar de que gran parte de la población nacional es joven, este sector poblacional encuentra limitado su desarrollo debido a los problemas económicos, políticos y sociales que enfrenta el país.

Lo anterior no es un tema menor, ya que el Estado no ha logrado establecer las condiciones mínimas que permitan satisfacer las necesidades básicas para los jóvenes, pues al no tener oportunidades de ingresar a una institución educativa o bien a un empleo formal, muchas veces tienen como opciones el comercio informal o se ven seducidos las actividades ilícitas, entre otras actividades que van en contra de su bienestar.

Entonces los jóvenes se encuentran en un círculo vicioso siendo sus componentes la marginación, pobreza, precaria justicia social, inseguridad y violencia, nulo crecimiento económico, esto se fortalece con las escasas políticas o programas sociales en benéfico de dicho sector poblacional.

La mayoría de los jóvenes que han cursado estudios de nivel superior atraviesan severas problemáticas, ya que en primer lugar tiene que pasar por un viacrucis para concluir su licenciatura, y en segundo lugar cuando logran terminar, tienen que competir en el mundo del desempleo, con otros jóvenes que tienen las mismas necesidades para conseguir un empleo. Las cifras no mienten, de acuerdo al Inegi el concerniente al nivel de escolaridad de la población en México en cuanto a educación superior es de 19.4 porciento.2

Por su parte, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, señala que “en 2015, la tasa de analbafetismo para los hombres y las mujeres de 15 a 29 años fue de 1.3% y 1.2%, respectivamente, lo que sugiere que la población joven es prácticamente alfabeta”.3

Si bien hay avances importantes para erradicar el analfabetismo en el país; también lo es, que esto se ha llevado a cabo de manera lenta, pues en teoría y acorde al Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todos la población mexicana tuvieran que tener estudios mínimos de educación básica (véase cuadro4 ).

El cuadro anterior muestra de sobremanera que a mayor grado de estudio, menores son las cifras de estudiantes, pues de acuerdo al total de jóvenes se tiene que el 34.8 concluyó o tiene incompleta la secundaria; cifra que se reduce en 1.9 en comparación con el nivel medio superior, pues solamente el 32.9 de estudiantes tienen estudios de bachillerato ya sea concluidos o truncos; alarmantemente la cifra baja 13.5 para el nivel superiores, en él solamente19.7 tienes estudios universitarios.

Es indispensable que los jóvenes tengan incentivos para continuar y finalizar sus estudios superiores, en este sentido la Secretaria de Educación Pública con motivo de su 3er Informe de Labores da cuenta que en el Ciclo Escolar 2014-2015 había 3 millones, 515 mil 404 estudiantes matriculadas en educación superior; y 4 millones 813 mil 165 alumnos en media superior; es decir, un millón 297 mil 761 jóvenes no concluyen sus estudios de bachillerato o no logran ingresar a una Universidad, también pudiera ser que ya no desearon continuar con sus estudios.

Uno de los incentivos a nivel superior que se otorgan a los estudiantes universitarios son becas, de acuerdo al mismo Informe de Actividades en el Ciclo Escolar 2014-2015, por el Programa Nacional de Becas, en su modalidad de manutención dirigido a alumnos de nivel superior se otorgaron 475 mil 390; Becas de excelencia, titulación, servicio social, vinculación movilidad y superación profesional, capacitación y manutención para las hijas e hijos de los militares de las fuerzas armadas, 125 mil 782; y becas por parte de los estados de la República Mexicana, UNAM, IPN, UPN, Colmex y otras 77 mil 153; lo que dio un total de 678 mil 325 becas.5

De acuerdo al cuarto Informe de Labores de la Secretaría de Educación Pública para el Ciclo Escolar 2015-2016 existe un total de 3 millones 915 mil 971 estudiantes de licenciatura universitaria, tecnológica, educación normal y técnico superior, para este mismo periodo se otorgaron 761 mil 725 becas.6

En síntesis, se puede mencionar que se ha incrementado el patrón de beneficiarios de becas a nivel superior, para que así los estudiantes logren concluir sus estudios de manera satisfactoria; sin embargo, cuando lo logran hacer comienzan en la búsqueda de un empleo formal, después de dedicar aproximadamente 17 años de la vida a la formación básica, media superior y superior los jóvenes esperan encontrar un trabajo digno y socialmente útil, lo cual por cierto, es un derecho consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No obstante, los recién egresados de universidades se encuentran con un sinfín de problemáticas para encontrar su primer empleo formal, la primera de ella es la falta de vacantes laborales; es decir, el Estado no logra crear los sufrientes trabajos para la población en general, mucho menos para los jóvenes en particular.

Datos de la organización civil México ¿cómo vamos?, señalan que el gobierno debe generar un mínimo de un millón doscientos empleos al año; es decir, 100 mil empleos formales al mes para que los jóvenes se puedan incorporan a la población económicamente activa. Sin embargo, no es así la tabla de abajo muestra que en los meses de febrero y agosto de 2016 se logró crear la meta de 100 mil empleos mensuales y en los demás meses se quedó por debajo la meta.

Es claro que la reforma laboral de 2012 no ha cumplido con las expectativas esperadas muy lejos quedaron las promesas de sus promotores, las nuevas formas de contratación han logrado tener el eco necesario para los jóvenes, es necesario mencionar el objetivo de dicha figura:

La reforma laboral prevé nuevas modalidades de contratación que facilitan el acceso al mercado laboral, principalmente en beneficio de los jóvenes que aún no tienen experiencia, lo cual dejará de ser un pretexto para no contratarlos. A través de las modalidades de contratación a prueba o de capacitación inicial, los patrones podrán, en un breve tiempo conocer la aptitud, actitud y competencia de los trabajadores y éstos, podrán apreciar si el empleo cumple con sus expectativas de ingreso y desarrollo profesional.

Las personas que sean contratadas bajo estas modalidades, contarán con todas las prestaciones de seguridad social y con los mismos derechos que el resto de los trabajadores, y desde el primer día laborado, acumularán antigüedad.7

Sin embargo, las cifras muestran totalmente lo contrario el Inegi asevera que en México, la tasa de desocupación en los jóvenes durante el primer trimestre de 2016 es de 7.2 por ciento, nivel superior a la tasa estimada a nivel nacional para la población de 15 y más años (4.0%). Uno de los problemas que enfrenta la población joven al momento de buscar trabajo es la falta de experiencia laboral, cerca de dos de cada diez jóvenes de 15 a 29 años (19.6%) desocupados no cuenta con experiencia.8 En la siguiente tabla se muestra la población desocupada, con nivel de instrucción Media superior y superior.9

La falta de generación de empleos formales, abre la puerta a la informalidad laboral, las personas al no tener una fuente de trabajo estable, encuentran en el auto empleo informal una manera de ganarse la vida. Datos de la Organización Internacional del Trabajo señalan que hasta el año 2014 la tasa de informalidad en México alcanzó un 58.79% del total de empleo en el país,10 además señala que este ocasiona un debilitamiento “del tejido institucional de la economía, la opacidad en que se desenvuelven las transacciones informales que realizan individuos y empresas conduce a que sea muy difícil estimar.”

Ante este escenario el Gobierno Federal en el año 2015 impulsó un programa denominado “Mi primer crédito”, en el que se prevé que los bancos otorguen a los jóvenes créditos que irán de 50 mil a 2.5 millones de pesos con tasas preferenciales, sin embargo, el hecho de que este tipo de acciones se focalicen en programas sexenales genera que no exista continuidad en los mismos.

Un estudio realizado en el año 2014 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, asevera que los múltiples programas sociales que tenían como objeto otorgar micro créditos a jóvenes en el periodo 2009-2012, con base en el Inventario de Programas y Acciones Federales del mismo Coneval, “se identificaron 18 programas que tenían tal objetivo y que operaron en 2010, de los cuales, en 2012, sólo 16 siguieron funcionando con las mismas características. Estos programas representaron en conjunto un presupuesto ejercido de 14,173 millones de pesos en 2012,”11 lo que demuestra que el hecho de que el otorgamiento de este tipo de programas sociales no sean considerados políticas públicas, promueven resultados ocasionales, generando que muchos de los esfuerzos y recursos no sean bien aprovechados.

De acuerdo al Coneval,12 el microcrédito se refiere al otorgamiento de préstamos muy pequeños a individuos de escasos ingresos para financiar proyectos de autoempleo que les generen ingresos y les permitan sostenerse tanto a ellos mismos como a sus familias, los cuales se otorgan a personas que carecen de un colateral, historial crediticio y que difícilmente serían considerados por la banca comercial para un préstamo. Los términos y las condiciones de los microcréditos, por lo general son flexibles, sencillos y adaptados a las características de los usuarios pobres.

Lo anterior permite dar un impulso a las microfinanzas y la introducción de las microfinancieras al sector formal del sistema financiero, ya que es un mecanismo para elevar el acceso de las poblaciones más pobres o de menores ingresos a productos financieros más eficientes y más baratos que los ofrecidos en el mercado informal para estos sectores poblacionales.

Sin embargo, la volatilidad de los programas sociales obliga a dar una mayor regulación a la obligación del Gobierno Federal para el otorgamiento de microcréditos, y por ende resulta una imperiosa necesidad establecer mayores directrices a las políticas públicas encaminadas al otorgamiento de estos apoyos, en particular a los jóvenes. Del documento mediante el cual el Coneval realiza un análisis de los programas de microcréditos, se concluye que en cuanto a este tipo de programas se requiere al menos:

• Revisar el diseño de los programas de manera conjunta con el fin de evitar traslapes o duplicación de esfuerzos, e identificar y explotar posibles sinergias entre ellos.

• Revisar el diseño de los programas para que se incluyan elementos que permitan incidir en aspectos como la comercialización de los bienes y servicios que se producen a través de los proyectos productivos financiados.

• Generar indicadores que hagan posible medir la incidencia de los programas en los problemas que buscan resolver y que midan adecuadamente los objetivos que persiguen. • Mejorar la cobertura y focalización de los programas sobre la población más pobre con potencial productivo y reducir las barreras de acceso a los programas para esta población.

• Analizar los tipos de apoyos que se deberían otorgar, microcréditos o transferencias no reembolsables con base en las características de los individuos y los aspectos en los cuales se pretende incidir.

• Analizar la oferta de programas con una visión territorial que permita evitar duplicación de esfuerzos y competencia entre instituciones o programas.

En este sentido, la presente iniciativa tiene por objeto sentar las bases para el desarrollo de políticas públicas para el otorgamiento de microcréditos para jóvenes, con el fin de garantizar una continuidad en los programas y con ello garantizar mejores resultados a largo plazo.

La importancia de otorgar este tipo de apoyos a jóvenes radican en primer lugar en el hecho de que son el grupo poblacional más importante, ya que representan poco más del 25 por ciento de la población; asimismo, es una obligación del Estado mexicano darle certeza a su futuro, en este sentido, para aquellos estudiantes jóvenes que recién han terminado sus estudios superiores es necesario incentivar y motivar su esfuerzo y una medida está en el otorgamiento de un crédito para que puedan emprender su propio negocio.

Con el otorgamiento de microcréditos se promueve la generación de empleos formales y se combate la informalidad, además de que se mejoran las condiciones del mercado interno, pero sobre todo se abren las opciones para el desarrollo de los jóvenes, alejándolos de la ilegalidad, las adicciones u otros actos que pongan en riesgo su estabilidad y bienestar.

Por otra parte la iniciativa también contempla que los jóvenes no paguen el Impuesto Sobre la Renta por la obtención de microcréditos que tengan como objetivo el autoempleo y planes de negocio, con este se planeta dar otro estímulo a los jóvenes y generar certidumbre para que no cierre sus puertas en el primeros años de operaciones y con ello se logre consolidar y en consecuencia sea una generador de empleos formales.

Es necesario la implementación de varias medidas que incentiven y motiven a los jóvenes recién egresados del nivel superior, en este tenor se pone a consideración la presente iniciativa, que tiene como objetivos que por ley la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Juventud elabore políticas públicas y programas sociales que otorguen a jóvenes recién egresados del nivel superior microcréditos que tengan como objetivo el autoempleo y planes de negocio; y que la población beneficiada por esto que exenta del pago del impuesto sobre la renta.

Lo anterior para que los recién egresados del nivel superior tengan más facilidades de acceder a un microcrédito y al exentarlos del pago del ISR se reducirán las posibilidades de fracaso, con ello se busca que se creen trabajos formales y socialmente utilices para la sociedad.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción XV, pasando la actual fracción XV a ser la XVI del artículo 9 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, y se adiciona una fracción XXX del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Primero. Se reforma la fracción XV, pasando la actual fracción XV a ser la XVI del artículo 9 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 9. La Junta Directiva tendrá las siguientes facultades indelegables:

I. a XIV. ...

XV. Elaborar políticas públicas y programas sociales que otorguen a jóvenes recién egresados del nivel superior microcréditos que tengan como objetivo el autoempleo y planes de negocio, y

XVI. Las demás que, con el carácter de indelegables, se le atribuyan en los términos de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y otras disposiciones legales aplicables.

Segundo. Se adiciona una fracción XXX del artículo 93 de la Ley de Impuesto sobre la Renta.

Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos, para quedar como sigue:

I. a XXIX. ...

XXX. Los percibidos con motivo de la fracción XV del artículo 9 de la Ley de Juventud y Deporte.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, los propuestos estatales, municipales y de la Ciudad de México destinarán los recursos necesarios para hacer cumplir lo estipulado en el presente decreto.

Notas

1 Cfr. “Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Juventud (15 a 29 años) 12 de agosto1” en Inegi, [en línea]. Consultado el 23/08/2016. Disponible en http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/juventud2016_0.pdf

2 Ibídem.

3 Véase “Al día: las cifras hablan, Día Internacional dela Juventud”, número 59, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, [en línea]. Consultado el 23/08/2016. Disponible en http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/ad/AD59.pdf

4 Fuente: Estadísticas a propósito de día Internacional de la Juventud (15 a 29 años) 12 de agosto1” en Inegi, [En línea]. Consultado el 23/08/2016. Disponible en http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/juventud2016_0.pdf

5 Cfr. Tercer Informe de Labores de la Secretaria de Educación Pública 2014-2015; pp. 21.

6 Cfr. 4to Informe de Labores de la Secretaria de Educación Pública 2015-2016; pp. 133.

7 “Beneficios de la Reforma Laboral”, Gobierno de la República [en línea]. Consultado el 23/08/2016.

Disponible en http://reformas.gob.mx/reforma-laboral/beneficios

8 Estadísticas a propósito de día Internacional de la Juventud (15 a 29 años) 12 de agosto1” en Inegi, [En línea]. Consultado el 23/08/2016. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/juventud2016_0.pdf

9 “Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Conjunto de datos: Población desocupada” en Inegi, [En línea]. Consultado el 23/08/2016. Disponible enhttp://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_ colores.asp?c=

10 “El empleo informal en México: situación actual, políticas y desafíos”, Programa de Promoción de la Formalización en América Latina y el Caribe, Organización Internacional del Trabajo (2014), [en línea] consultado el 26/09/2016, disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-americas/—-ro-lima/documents/ publication/wcms_245619.pdf

11 “Microcréditos del Gobierno Federal 2009-2012”, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, [en línea], consultado 26/09/2016, disponible en:

http://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/Publicaciones%20oficiales/
EVALUACION_MICROCREDITO _2009_2012.pdf

12 Ídem.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 29 días del mes de septiembre de 2016.

Senador David Monreal Ávila (rúbrica)


Iniciativas de ley o decreto de las legislaturas de los estados

Del Congreso de Nuevo León, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presente­

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le comunicamos que en sesión ordinaria celebrada el 12 de septiembre del presente año, la LXXIV Legislatura al honorable Congreso de Nuevo León, tuvo a bien aprobar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de lo anterior acompañamos al presente copia del dictamen presentado por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales; y del acuerdo número 412 aprobado con fecha 12 de septiembre de 2016, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

Sin otro particular aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Monterrey, NL, a 12 de septiembre de 2016.


Diputada Laura Paula López Sánchez (rúbrica)

Primera Secretaria

Diputada Liliana Tijerina Cantú (rúbrica)

Segunda Secretaria


El honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, LXXIV Legislatura, en uso de las facultades que le concede el artículo 63 de la Constitución Política local, expide el siguiente

Acuerdo número 412

Artículo Primero. Es de aprobarse y se aprueba la minuta con proyecto de decreto enviada a este Congreso del Estado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para queda como sigue:

Minuta
Proyecto de Decreto

Por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 11. ...

Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulara sus procedencias y excepciones.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Envíese a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para su conocimiento y para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo tanto envíese al Ejecutivo del estado, para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su capital a los doce días del mes de septiembre de dos mil dieciséis.

Diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez (rúbrica)

Presidente

Diputada Laura Paula López Sánchez (rúbrica)

Primera Secretaria

Diputada Liliana Tijerina Cantú (rúbrica)

Segunda Secretaria


Inklusion
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