Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los 32 congresos locales a no destinar en su Presupuesto de Egresos recursos al financiamiento de escuelas taurinas, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Jesús Sesma Suárez, en nombre de los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución , al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En el Partido Verde Ecologista de México, al igual que en otras tantas organizaciones políticas y de la sociedad civil, tanto del ámbito nacional como internacional, nos hemos pronunciado reiteradamente en contra de la tauromaquia, pues lejos de considerar esta práctica como algo susceptible de ser reconocido y protegido por su valor cultural, consideramos que ésta implica dolor y humillación para los toros de lidia, de los cuales se abusa para entretener a un público y/o generar algún beneficio económico.

Lamentablemente, existen algunas entidades federativas en nuestro país que mantienen un esquema de protección hacia la llamada “fiesta brava”, la cual ha llegado a ser declarada patrimonio cultural, como es el caso de los siguientes estados:

Como puede verse, el esquema de protección mencionado incluye el fomento y en algunos casos el financiamiento de diversas actividades relacionadas con la tauromaquia, por ejemplo, las escuelas de formación taurina.

Los pronunciamientos en contra de la fiesta taurina se concentran fundamentalmente en la necesidad de proteger la vida e integridad de los animales, argumento que en el Partido Verde compartimos plenamente, sin embargo, consideramos igualmente importante evitar que se sigan destinando recursos públicos al financiamiento de una actividad particularmente cruel y sangrienta como la tauromaquia y en específico las escuelas taurinas con el pretexto de que se está fomentando la cultura.

Muestra de lo anterior son los recursos destinados durante el año 2015 al financiamiento de escuelas taurinas en estados como Jalisco y Tlaxcala. En el primero se asignaron $484,000.00 pesos bajo el rubro de Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro para beneficiar a la Academia Municipal Taurina, A.C. Mientras que en el caso de Tlaxcala se destinaron $2’322,617.00 pesos en 2015 y $2’193,000.00 pesos en 2016 para el Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino. Si sumamos estas cantidades, las cuales representan únicamente un ejemplo, hablamos de casi de 5 millones de pesos que bien podrían ser utilizados para financiar otros proyectos culturales para grupos en situación de vulnerabilidad.

Cabe señalar que en muchos otros casos el presupuesto que se direcciona a las escuelas taurinas está considerado dentro del rubro de cultura, deporte e incluso de desarrollo social. Este es el caso de Aguascalientes, en donde si bien ninguna autoridad municipal sabe a ciencia cierta cuánto se ejerce para mantener a la Academia Taurina Municipal, la cual depende de la Secretaría de Desarrollo Social, se sabe que ésta recibe un presupuesto de más de un millón de pesos anuales. Así lo confirman las declaraciones del presidente de su junta directiva, Eric Berthaúd Reyes, quien estima que en 2016 se ejercerán entre un millón y un millón y medio de pesos, lo cual equivale al presupuesto que se necesita para que regrese el programa de la orquesta de la tercera edad, desaparecida a inicios del presente año por falta de recursos. 1

Ahora bien, para entender la dimensión del fenómeno es necesario señalar que de acuerdo al informe “El Niño y la Tauromaquia”, se consigna la existencia de cuarenta y cinco escuelas o academias taurinas asentadas en diferentes puntos del territorio nacional. De entre estas, las más activas son las afiliadas a la Federación Mexicana de Escuelas Taurinas, A.C. (FEMET), instancia que facilita, promueve y organiza festivales, encuentros taurinos e intercambios entre sus integrantes y con escuelas en el exterior.

A continuación presentamos una lista no exhaustiva tanto de las escuelas taurinas afiliadas a la Federación Mexicana de Escuelas Taurinas, A.C. (FEMET), como de aquellas que operan de modo independiente:

Un aspecto relevante a señalar es que muchas de las escuelas o centros de formación taurinos están vinculados a centros de poder económico y político como ganaderías, empresas promotoras de espectáculos taurinos, medios de comunicación, así como gobiernos estatales y municipales que operan, a veces en conjunto, con el ánimo de asegurar el surgimiento de nuevos toreros y/o aficionados para garantizar la reproducción del negocio que supone la tauromaquia.

Quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México defendemos la protección animal y en congruencia con esta postura, nos pronunciamos para que los Congresos locales tomen medidas a fin de evitar que sean destinados recursos públicos al financiamiento de las escuelas taurinas, toda vez que existen otros rubros a los cuales el Estado debe dar atención prioritaria en aras de cumplir con sus fines, antes que beneficiar intereses particulares.

En un contexto de austeridad y escasez presupuestal como el que hoy enfrenta nuestro país es preciso seleccionar las mejores opciones en cuanto a la relación costo-beneficio. Se trata de imprimir eficiencia y responsabilidad social al gasto público y privilegiar el bien común, suprimiendo aquellas actividades de baja prioridad que no afectan el cumplimiento de los fines del Estado.

En virtud de lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos locales de las 32 entidades federativas para que no destinen en sus presupuestos de egresos recursos públicos al financiamiento de escuelas taurinas, en virtud de que éstos deben destinarse a planes, programas y acciones que tengan como finalidad el bien común y no a beneficiar intereses particulares.

Nota

1 Véase, “Ejerce Academia Taurina el mismo presupuesto necesario para regresar la desaparecida orquesta de la tercera edad”, La Jornada Aguascalientes, 22 de mayo de 2016.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 6 de octubre de 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolín Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur a contribuir a fortalecer y garantizar el servicio de asistencia técnica y mecánica en la red de carreteras de la república, a cargo de la diputada Adriana Elizarraraz Sandoval, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Adriana Elizarraraz Sandoval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción l, 62,65 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Los servicios de asistencia y protección a los viajeros denominados Ángeles Verdes creado desde 1960, tuvo como misión proporcionar información, auxilio turístico y asistencia a los viajeros que transitan por las carreteras de mayor afluencia turística en el país. Al ser una corporación que tomó auge e importancia por su labor realizada se le otorgo una mayor estructura con capacidad para atender sus atribuciones, y se le asignaron mayores recursos presupuestales, destinados a la planeación y desarrollo de la actividad turística.

A la fecha es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaria de Turismo, oficialmente se denomina Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes, cuenta con autonomía técnica, operativa y de gestión; así mismo tiene a su cargo la prestación de servicios de información, orientación, asesoría, auxilio, asistencia telefónica y emergencia mecánica a turistas nacionales y extranjeros durante los 365 días del año.

Su capacidad de operación en los servicios que ofrece, oficialmente tiene una cobertura aproximada de 36 por ciento de atención en las carretas federales, por lo que ha realizado un recorrido total de 17 millones 507 kilómetros, cubriendo 879 de 2 mil 547 municipios, en las 32 entidades federativas y atendiendo a 134 destinos turísticos prioritarios.1

De acuerdo con los resultados de las evaluaciones y observaciones externas de la Auditoria Superior de la Federación, realizado hasta el año 3013, se estableció que dicha corporación dejo de ofrecer una seguridad razonable en el logro de los objetivos y metas en cuanto a su orientación turística y asistencia mecánica, ya que existió diferencia entre la documentación que acredita los cumplimientos de los indicadores MIR (matrices de indicadores para resultados).

De dicha auditoria, existió una diferencia en los porcentajes de turistas satisfechos que fueron asistidos por la Corporación, es decir, dicha variación porcentual se dio en relación a los vehículos atendidos y los servicios de información otorgados.2 Del año 2013 al 2015, no existe alguna otra observación realizada a la Corporación por parte de la Auditoria Superior de la Federación.

Por otro lado, en el portal de transparencia de la corporación el sector presupuestal del que depende el Servicios al Turista Ángeles Verdes corresponde a la Secretaría de Turismos, en ella, se demuestran las proyecciones en cuanto atención de servicios para los meses de septiembre a diciembre de 2016, pero sólo para la red de rutas de carreteras en las que la Corporación tiene cobertura respecto al número promedio de los servicios de asistencia mecánica otorgados.

De igual modo, el Tercer Informe de Labores de la Secretaria de Turismo 2014-2015, establece los porcentajes de atención en cuanto a atención para asistencia mecánica, dicho informe refiere que los servicios otorgados fueron en relación al reordenamiento de las rutas carreteras hacia los destinos turísticos prioritarios y pueblos mágicos, teniendo un promedio nacional de 87 kilómetros por servicio de mecánica de emergencia, situación que tuvo como efecto que este servicio aumentara en un 22.6 por ciento con relación al 2014.

Con relación a lo anterior, el servicio de atención mecánica se encuentra asignado en las zonas que se han priorizado en razón de la afluencia de vehículos, dejando de lado y sin atención mecánica el total de la red de carreteras que comprende el territorio mexicano. Por otro lado, en la prestación de los servicios ocurre que en la implementación de los operativos no se cuente con los instrumentos mecánicos que hagan satisfactorio el servicio, generando una mala precepción del programa y de la Corporación.

De igual manera, contrario a lo establecido en el tercer informe de labores de la Secretaria de Turismo, cabe destacar que al no priorizar de forma integral toda la red de carreteras, puesto que en todas existen automovilistas y turistas que viajan a distintas zonas del país, se deja en total estado de indefensión la seguridad de los individuos que transitan en el total de la vías oficiales que recorren el territorio mexicano.

El presupuesto asignado a la Secretaria de Turismo, dentro de la Clasificación del Gato Público Federal por Unidades Responsables, a la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes, se programó para el ejercicio presupuestal del 2014 la cantidad de 270.18 millones de pesos, para el 2015 se asignó 276.43 millones de pesos, existiendo un aumento del 6.25.3 Para el presupuesto aprobado para el 2016, a esta Corporación se le asignó la cantidad de 2015.68 millones de pesos, existiendo una reducción de 70.75 millones de pesos.4

Conviene hacer un análisis sobre el nivel del servicio que otorga la corporación, ya que la mayoría de lo que se destina a infraestructura para la implementación de sus servicios no se ve reflejada, debido a que cada vez se hace presente la imposibilidad para desempeñar con eficiencia sus funciones, ya que no cuenta con las herramientas necesarias que les permitan prestar los servicios adecuados.

El problema real, consiste en la prestación de los servicios que sólo están asignados a una parte de la red de carreteras, por considerarse de prioridad, y a que en los operativos del programa no se cuente con los implementos mecánicos que hagan satisfactorios el servicios, generando una mala precepción en la Corporación y del programa de auxilio vial y mecánico.

El análisis presupuestario que se hace en el punto de acuerdo, es para referenciar que existe un presupuesto asignado, lo cual no necesita ser aumentado para el ejercicio presupuestal 2017.

Dado que la Corporación se encuentra vinculada a la Secretaría de Turismo, por ser parte del ramo presupuestal, y por qué sus servicios son parte de la misma, conviene que la Dependencia amplié la cobertura de atención en toda la red de carreteras, y para que en la supervisión de los programas y operativos existan los instrumentos necesarios que sirvan para equipar a los operadores de manera técnica y con el equipo mecánico necesario, a fin de que cuenten con los implementos que les permita otorgar un servicio de calidad.

Contar con una distribución de los servicios de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes, generaría una precepción de confianza y seguridad entre los usuarios nacionales y extranjeros que utilizan la red de carreteras en todo el territorio nacional; así como, una mayor de afluencia de turistas que visitan el país, generando una mayor derrama económica durante los 365 días del año.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Turismo, para que en el ámbito de sus atribuciones contribuya a fortalecer y garantizar el servicio de asistencia técnica y mecánica en toda la red de carreteras de la República Mexicana.

Notas

1 Tercer Informe de Labores, Secretaría de Turismo 2014-2015. Página 52.

2 Auditoría de Desempeño: 13-0-21100-07-0444.

3 Prontuario del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación en México para los ejercicios fiscales 2014-2015. Página 200. http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/se/SAE-ISS-31-14.pdf

4 Prontuario del Presupuesto de Egresos de la Federación en México 2016. Página 194.
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/se_eep.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, 6 de octubre de 2016.

Diputada Adriana Elizarraraz Sandoval (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y la CFE a replicar los lineamientos y las directrices generales del convenio aplicado a usuarios deudores del servicio de electricidad en Tabasco en el resto del país, en materia de infraestructura, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Julio Saldaña Morán diputado federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Ante una situación en la década de los 30’s del siglo XX, en la que tres empresas privadas de capital extranjero llevaban las tareas de generar, distribuir y comercializar la energía eléctrica en el país, cubriendo sólo al 37% de la población, el gobierno mexicano crea la Comisión Federal de Electricidad el 14 de agosto de 1937, con objeto de organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, con vista en el beneficio del bien público.

Fue el primer paso hacia la integración del Sistema Eléctrico Nacional, posteriormente poco más de dos décadas después de su creación, con una cobertura nacional de apenas 44 por ciento de la población, el presidente Adolfo López Mateos decidió nacionalizar la industria eléctrica, el 27 de septiembre de 1960. Se adquirieron las instalaciones y bienes de compañías privadas, y fue el Estado el responsable de todos los aspectos de la industria eléctrica.

Tras la nacionalización de la industria eléctrica, dos empresas paraestatales se encargaron de la función sustantiva de generar y cubrir con este servicio todos los núcleos poblacionales del país.

Con la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009, la CFE es la encargada de brindar el servicio eléctrico en todo el país.

Finalmente, con la reforma energética de 2013, la CFE se transforma en empresa productiva del Estado, encargada de controlar, generar, transmitir y comercializar energía eléctrica en todo el país, en un marco de competencia y de apertura de mercados.

La nueva empresa productiva del Estado ha establecido como Misión:

“Prestar el servicio público de energía eléctrica con criterios de suficiencia, competitividad y sustentabilidad, comprometidos con la satisfacción de los clientes, con el desarrollo del país y con la preservación del medio ambiente”.

Formulando su Visión al 2030:

“Ser una empresa de energía, de las mejores en el sector eléctrico a nivel mundial, con presencia internacional, fortaleza financiera e ingresos adicionales por servicios relacionados con su capital intelectual e infraestructura física y comercial. Una empresa reconocida por su atención al cliente, competitividad, transparencia, calidad en el servicio, capacidad de su personal, vanguardia tecnológica y aplicación de criterios de desarrollo sustentable”.

La CFE es la empresa más grande del sector eléctrico de Latinoamérica.

La CFE tiene una cartera de más de 27 millones de clientes e incorporando anualmente un millón más.

Entre sus clientes, usuarios domésticos, comerciales, industriales y gobiernos, tiene una cartera vencida que suma de 41, 880 millones de pesos al cierre de marzo del presente año, dicha cartera está integrada en un 55% por adeudos de clientes de servicio doméstico, 10% del sector comercial, 7% del sector agrícola, 7% del sector servicios y el restante de gobiernos y organismos públicos.

El Estado de México es la primera entidad en adeudos que suman más de 11,130 millones de pesos que representa el 25.7% del total; le sigue Tabasco como el estado que mayores adeudos tiene con la empresa productiva del Estado; la falta de pago incluye entidades gubernamentales, y usuarios finales. El total es de 10,646 millones de pesos, 24.6% del total nacional, la cartera vencida en la Ciudad de México es de 6 mil 930 millones de pesos, sin adeudo por parte del gobierno local.

Particularmente en el estado de Tabasco, el gobierno federal y el gobierno del estado han suscrito un convenio para dar solución al problema de la cartera vencida. El convenio aspira a solucionar el problema que comenzó hace 20 años, y en el que del 75 por ciento de los usuarios con adeudos, (el 90% tiene adeudos menores a 23,500 pesos), bajo un esquema que fomenta la cultura del pago y donde se establecerá un esquema para reducir las tarifas de luz, que beneficie a la población de la entidad.

Una estrategia para abatir los pasivos es un programa de condonación de “Peso a peso” flexible y que beneficie a los deudores que muestren voluntad para terminar con la deuda histórica. El esquema de regularización estará dirigido a la población con adeudos acumulados hasta 23,500 pesos. En el programa por cada peso que pague el usuario de su consumo de electricidad se aplicara también un peso a cuenta de la Comisión Federal de Electricidad, del gobierno del estado y del gobierno federal para disminuir los adeudos históricos, es decir, todas las familias tabasqueñas, los comercios tabasqueños que quieran ponerse al corriente lo podrán hacer simplemente pagando su recibo de luz y de esta manera gradualmente habrá de desaparecer el adeudo.

El convenio tiene vigencia hasta octubre de 2018, con lo que los deudores tabasqueños tendrán casi tres años y medio para pagar su deuda con la CFE.

Por otro lado, para los usuarios con un adeudo mayor a 23 mil 500 pesos, la CFE habilitará una ventanilla especial donde se revisarán estos casos y se les realizará un estudio socioeconómico con la finalidad de ayudar a la población de menores ingresos.

También se incluye una medida de descuento de 15% en la tarifa, en la que serán beneficiarios los usuarios que consuman menos de 500 kilowatts al mes; descuento de 12% quienes consuman entre 500 y 800 kilowatts, y descuento de 4.5% a consumos de entre 800 y 1500 kilowatts al mes.

El convenio beneficia a 9 de cada 10 tabasqueños que tienen adeudos con la CFE.

El caso Tabasco es ilustrativo de que con voluntad política por parte del gobierno federal, el gobierno local, la CFE, así como la voluntad de pago por parte de los usuarios es posible resolver el problema de adeudos histórico al tiempo de que permite una nueva etapa en la relación entre la empresa productiva del Estado y la sociedad.

En razón de lo anterior someto a la consideración de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad que los lineamientos y directrices generales del convenio aplicado al caso de los usuarios deudores del servicio de energía eléctrica en el estado de Tabasco, se replique en beneficio de los deudores en condiciones semejantes en el resto del país.

Palacio Legislativo, San Lázaro a 6 de octubre de 2016.

Diputado Julio Saldaña Morán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a los diputados designados a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México que pidan licencia al encargo de legislador federal mientras duren la discusión y aprobación de la Constitución Política local, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Vidal Llerenas Morales, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La reforma política de la Ciudad de México constituye una de las reformas más importantes en la vida jurídica y política de nuestro país durante los últimos años. Su trascendencia, sin duda, impactará de manera considerable en el ejercicio de las atribuciones legales que se han dado sobre la base del Pacto Federal, así como en otros temas de especial relevancia como el aseguramiento de los derechos humanos y la relación de la normativa y competencias entre los distintos órdenes legales establecidos por nuestra Constitución federal.

Como cualquier proceso de adopción de una nueva constitución, la dinámica constituyente debe estar sustentada sobre una visión sólida de democracia que haga viable y efectiva la participación, discusión y consideración de las distintas voces e identidades que integran a la comunidad política que se pretende regular y representar. En el caso del proceso constituyente de la Ciudad de México, es importante que éste logre asegurar condiciones óptimas de certeza, confiabilidad y credibilidad tanto en relación con los procesos de discusión y debate, como con las personas que integran la Asamblea Constituyente.

Sin embargo, el proceso de implantación de la reforma política para la Ciudad de México y la conformación de la propia Asamblea Constituyente que debatirá el contenido de dicha Constitución no se ha caracterizado por contar con las condiciones óptimas y los niveles esenciales de democracia y aceptabilidad social. En su génesis, el proceso de conformación de dicha asamblea fue víctima de la reproducción de vicios partidistas y electoreros que durante tanto tiempo han dañado a nuestra democracia.

En efecto, la idea central de una nueva Constitución es que sea la propia gente quien decida los canales, instituciones, vías y normas que pretenden regular su vida jurídica, política y social. Ello incluye, reconocer a la sociedad como un auténtico sujeto político capaz de decidir y actuar sobre la base de sus intereses, asegurando una adecuada representación de las distintas posturas y visiones que caracterizan a una sociedad plural, como lo es la Ciudad de México, a fin de no generar condiciones que excluyan del goce y ejercicio de derechos a ciertos sectores que, aunque minoritarios, deben ser tomados y tratados bajo la misma consideración de participación.

Esta idea central se materializa en la posibilidad que debió haber tenido la población de la Ciudad de México de participar de manera libre, plural y abierta tanto para la postulación de personas que integrarían la Asamblea Constituyente, como para la elección de las y los representantes que tendrían en sus manos y voces la nueva configuración jurídico-política de la Ciudad. Es decir, las y los habitantes de la Ciudad de México debieron ver asegurado su derecho de participar democráticamente para elegir y votar de manera libre y sobre la base del respeto a su autonomía política e individual a las personas que tendrían la responsabilidad de adoptar una nueva Constitución.

Pese a ello, la situación resultó a todas luces contrarias. Las y los habitantes de la Ciudad de México no sólo vieron limitado y menoscabado ese derecho, sino que también tuvieron que verse sometidos a la imposición de constituyentes designados de manera discrecional y directa por diversas autoridades locales y, principalmente, federales. Esto es, en términos transparentes, la designación de un número considerable de constituyentes se dio sobre la base de un reparto partidista entre las distintas fracciones políticas que integran la Cámara de Diputados.

Por ejemplo, los partidos políticos PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Partido Verde designaron en total, de manera directa, a 14 constituyentes1 . Mientras que el representante del Ejecutivo federal y el jefe de gobierno del Distrito Federal designaron a 12 personas en conjunto. La Cámara de Senadores, por su parte, designó a 14 personas que discutirán y debatirán la nueva configuración constitucional de la Ciudad de México.

La situación anteriormente descrita erosiona las condiciones y perspectivas democráticas del proceso de conformación de la Asamblea Constituyente en la medida en que degradan las percepciones de legitimidad democrática y reducen los derechos de participación de las y los habitantes de la Ciudad de México para participar y decidir la configuración y regulación de su vida política. Por tal motivo, es importante que pese a las condiciones actuales que rigen a la conformación dicha Asamblea Constituyente, su operación y puesta en marcha logre rescatar niveles mínimos de legitimidad y credibilidad social, si es que tal ejercicio pretende ser exitoso para adoptar un documento que las y los habitantes de la Ciudad de México aprecien como legítimo y representativo.

De esta manera, es importante que pese a su designación arbitraria, las y los constituyentes designados por la Cámara de Diputados contribuyan a no generar ni reproducir el ambiente de arbitrariedad y clientelismo partidista que hasta ahora ha caracterizado al proceso de adopción de la nueva Constitución de la Ciudad de México. Como autoridades legislativas, tenemos una obligación social y ética de no contribuir con situaciones que desgasten el clima democrático de nuestro país, así como los procesos que deriven de nuestros esquemas sociales y políticos de participación, sobre todo de aquellos tan relevantes como el que nos ocupa.

Así, una manera para evitar la generación de mayores daños al proceso descrito, es que las y los Diputados que integran a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México soliciten una licencia a la Cámara de Diputados durante el tiempo en que desarrollen el encargo que les fue conferido, es decir, durante el tiempo que participen en la discusión y deliberación de la nueva Constitución de la Ciudad de México y hasta la promulgación de ésta.

Ello resulta congruente con el artículo 62 constitucional2 y el artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados3 . Si bien ambos artículos señalan la necesidad de que para la solicitud y otorgamiento de una licencia la comisión o empleo que se ejerza de manera adicional sea remunerada, lo cierto es que un proceso constituyente como el que se encuentra en trámite en la Ciudad de México requiere de garantías reforzadas tanto de carácter económico, como político. En esencia, la finalidad y teleología que persiguen ambas disposiciones se relacionan con la posibilidad de garantizar condiciones de imparcialidad y separación de poderes, a fin de evitar posibles conflictos de interés que puedan afectar o entorpecer un proceso político de tal relevancia, como lo es una Asamblea Constituyente.

Lo anterior, toda vez que la participación en un proceso político de tal magnitud, mas que un encargo legal, constituye una responsabilidad política fundamental que no puede verse empañada por ninguna clase de sospecha ni económica, ni política. Es claro que en condiciones normales las y los Diputados designados sirven y representan a facciones partidistas claramente identificadas en la Cámara de Diputados, sin embargo, su función dentro de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México debe ser la de servir y representar no a partidos políticos, sino a una sociedad claramente identificada que habita en la Ciudad de México, cuyos intereses, derechos y necesidades demandan imparcialidad, objetividad, compromiso, responsabilidad, ética y honestidad.

En suma, al ser un proceso esencialmente democrático, las y los constituyentes acuden y participan en él de manera honoraria, es decir, en el marco de un ejercicio cívico y ciudadano por el que no se debe servir a intereses sectoriales o partidistas como puede suceder a la luz de este tipo de designaciones. La generación de una nueva Constitución no es un encargo político partidista, por el contrario es una facultad y prerrogativa ciudadana que antecede, necesariamente, a la función que ejercen los partidos políticos. Sólo de esa manera es que se podrá garantizar que la nueva Constitución de la Ciudad de México no sea el resultado del reparto de un botín electoral-partidista alimentado por el flujo económico de un Poder que resulte intervencionista en el proceso.

En conjunción, la separación temporal del cargo garantizaría, en cierta medida, condiciones básicas de separación de poderes en beneficio del desarrollo y adopción de la nueva carta constitucional de la Ciudad de México y permitiría brindar un esquema de mayor legitimidad democrática al resultado que derive de este ejercicio político. Ello resulta congruente con lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien a lo largo de su jurisprudencia en materia de democracia y derechos políticos ha señalado que “la separación de poderes guarda una estrecha relación, no sólo con la consolidación del régimen democrático, sino además busca preservar las libertades y derechos humanos de los ciudadanos”.4

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados solicita a las diputadas y los diputados que fueron designados constituyentes a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, que soliciten licencia al cargo de legislador federal durante el tiempo que dure la discusión y aprobación de la Constitución Política de la Ciudad de México.

Notas

1 Cámara de Diputados, Boletín Número 2173. “Pleno designa a la diputada Hernández Madrid para completar integración de la Asamblea Constituyente”, disponible en:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2016/Septiembre/29/
2173-Pleno-designa-a-la-diputada-Hernandez-Madrid-para-completar-integracion-de-la-Asamblea-Constituyente

2 Los diputados y senadores propietarios durante el período de su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación o de las entidades federativas por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus funciones representativas, mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observará con los diputados y senadores suplentes, cuando estuviesen en ejercicio. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador.

3 1. Los diputados y diputadas tendrán derecho a solicitar licencia, en el ejercicio del cargo por las siguientes causas: I. Enfermedad que incapacite para el desempeño de la función; II. Optar por el desempeño de una comisión o empleo de la federación, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, por el que se disfrute de sueldo; III. Postularse a otro cargo de elección popular, cuando tal licencia sea una condición establecida en las normas internas del partido político o en las disposiciones electorales correspondientes; IV. Para desahogar trámites o comparecencias ante la autoridad competente, por procesos judiciales o jurisdiccionales, y V. Para ocupar un cargo dentro de su partido político.

4 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) versus Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2013. Serie c. Número 266, párrafos 154 a 178. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) versus Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie c. Número 268, párrafos 220 a 222.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2016.

Diputado Vidal Llerenas Morales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y la SEP a suspender las acciones para terminar la operación del Programa de Educación Inicial Modalidad no Escolarizada en Jalisco, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, María Victoria Mercado Sánchez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, fracción II, numeral 2, fracciones I, II y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente

Exposición de Motivos

A principios del año a Secretaría de Educación Pública (SEP), pretende desaparecer la Modalidad No Escolarizada (MNE), servicio que se presta desde hace tres décadas en la Ciudad de México. La Modalidad no Escolarizada está integrada por la Coordinación Sectorial de Educación Preescolar y a través de ella se organizan sesiones de trabajo educativo con madres y padres de familia para darles orientación de cómo estimular el desarrollo de sus hijos.1

Y en la actualidad el Estado de Jalisco no ha sido la excepción para que igual se pretenda eliminar la Educación Inicial Modalidad No Escolarizada. Empezó a operar en 1981 en dieciséis Estados de la República, entre ellos Jalisco, donde se inició con la atención en seis municipios. Desde el año de 1997 el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) proporciona recursos al Programa para ampliar el servicio en el Estado de Jalisco. Este Programa venía operando por convenio entre la SEP y el Conafe.

La educación básica comprende dos modalidades: la Escolarizada y la no escolarizada; la primera se refiere a los Centros de Desarrollo Infantil, y la segunda, es un programa educativo comunitario, y trabaja en localidades urbano-marginadas, rurales e indígenas, con poblaciones en situación de marginación. El trabajo se realiza a través de grupos de padres y madres de familia y/o cuidadores de los menores de tres años de edad.

La educación inicial en modalidad no escolarizada en Jalisco, se da a través de la orientación a padres de familia de niños de 0 a tres años 11 meses de edad, propiciando mejores condiciones en el desarrollo en los menores en comunidades rurales e indígenas, donde se implemente el Programa y se trabaja de acuerdo a Convenio de Colaboración entre SEP y Conafe.

Este tipo de educación sirve para fortalecer lo que se denomina la primera infancia, siendo la etapa más importante de la vida del ser humano, en ese momento es cuando se hace la mayoría de conexiones cerebrales, que potencia las capacidades neurocerebrales.

Sin mencionar que es un derecho humano la educación, además en la carta magna establece:

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.2

Estos derechos los estamos coartando y dañando de manera irreparable el desarrollo de nuestros niños, no podemos justificar por ningún motivo la suspensión de un programa que atiende a los más vulnerables, como ya se ha expuesto en el contenido de esta iniciativa es una cerrazón que esto esté ocurriendo hoy en el estado de Jalisco y esperemos que no esté ocurriendo en todo el país.

En la siguiente tabla se muestran datos de la población que se atendió en el ciclo de septiembre 2014 a junio 2015:

Población indígena
Adultos: padres, madres y cuidadores: 904
Niños: 960

Población rural
Adultos: padres, madres y cuidadores: 11,059
Niños: 11,150

Población urbana marginada
Adultos: padres, madres y cuidadores: 4,627
Niños: 4,676

Total, de población atendida
Adultos: padres, madres y cuidadores: 16,590
Niños: 16,786

Actualmente se atiende en el estado de Jalisco 108 de los 125 municipios, lo cual nos indica que su cobertura es Estatal y llega a los pueblos indígenas, a las localidades más marginadas. Hay alrededor de mil noventa grupos de padres de familia interesados y por lo tanto es proporcionar el número de comunidades que se atienden.

En el estado de Jalisco se atendió a dieciséis mil adultos y dieciséis menores de edad, considerando además que el cambio en prácticas de crianza de cada adulto está impactando en la familia y por tanto en la comunidad también.

El Programa de Educación Inicial Modalidad No Escolarizada, se concibe como un sistema de apoyo a los padres de familia y miembros de la comunidad, para orientar y favorecer competencias para la práctica de crianza que permitan una formación integral de niños y niñas, desde su nacimiento hasta los tres años de edad. La metodología aplicada en el desarrollo de las sesiones busca propiciar la reflexión de las asistentes sobre diversos temas relacionados a aspectos de desarrollo personal, familiar, infantil y comunitario, y de esta forma poder así incidir en las pautas de crianza de los menores, así como en las relaciones interpersonales al interior de la familia.

El trabajo de orientación con padres de familia es una necesidad y una estrategia de acción para prevenir y subsanar problemáticas sociales y de toda índole. Es en la familia en donde se gesta, se construye patrones de conductas que llevan a la persona a potenciarse o a autodestruirse, a no saber aprovechar los propios recursos humanos con los que contamos, todo es aprendizaje.

Si se pretende desaparecer este programa se dejaría aproximadamente a diecisiete mil niños y niñas sin educación, solamente del Estado de Jalisco. Cuando una sociedad se olvida de lo importante que es la educación, está condenando a las futuras generaciones a vivir en la ignorancia, señores legisladores, en la medida en que la gente, los docentes y sobre todo los políticos, de una nación se ocupen y se preocupen por la educación de sus niños darán muestra que tanto aman a su país.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Educación Pública federal a suspender cualquier acción encaminada a detener y terminar la operación del Programa de Educación Inicial Modalidad no Escolarizada en el estado de Jalisco.

Notas

1 http://www.aldf.gob.mx/video/
comsoc-educadores-comunitarios-piden-continuar-con-modalidad-no-escolarizada—23676.html

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los seis días del mes de octubre del 2016.

Diputada María Victoria Mercado Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las entidades federativas a impulsar en el ámbito de sus atribuciones la creación de los respectivos institutos locales especializados en el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad como organismos públicos descentralizados, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del PES

La suscrita, diputada federal Melissa Torres Sandoval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción IV; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Para favorecer la defensa y protección de los derechos humanos de las personas, en junio de 2011 se dio un hecho histórico en nuestro país al ser aprobada la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que señala que todas las autoridades, dentro de la esfera de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, reconocidos en la Constitución Mexicana, así como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

El 13 de diciembre de 2006 fue aprobada la versión final del texto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, mismo que entró en vigor el 3 de mayo de 2008 en nuestro país, una vez que fue firmada y ratificada por el Estado mexicano en 2007.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha hecho especial énfasis en la obligación que tienen los Estados Partes de asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad.

Hoy en día las personas con discapacidad no gozan de una inclusión plena y efectiva en la sociedad; por lo que resulta imperante formular principios, directrices y políticas que promuevan y materialicen los derechos de las personas con discapacidad para que puedan desarrollarse adecuadamente contando con iguales oportunidades. Cuando hay un reconocimiento de la diversidad de las personas con discapacidad, surge una necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todos aquellos con ésta.

Las personas con discapacidad muchas veces están situadas en una condición de franca vulnerabilidad, no sólo por su discapacidad; la discriminación por género, origen étnico, condición socioeconómica, entre otras, agravan la desigualdad de la que son víctimas. Es indispensable tomar todas aquellas medidas que permitan reducir la brecha que existe entre las personas con discapacidad y el resto de la población; para ello es necesario brindar especial atención a los grupos que enfrentan mayores barreras para lograr incluirse plenamente en la sociedad, tales como las mujeres y los niños con discapacidad.

Los Estados parte de la Convención se comprometen a:

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;

c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad;

d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella;

e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad;

f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones de diseño universal, con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente Convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer las necesidades específicas de las personas con discapacidad, promover su disponibilidad y uso, y promover el diseño universal en la elaboración de normas y directrices;

g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible;

h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad sobre ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como otras formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo;

i) Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente Convención, a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por esos derechos.1

Con base en lo anterior, resulta indispensable, el considerar la creación de Institutos locales que estén realmente especializados tanto en la inclusión, como en el desarrollo de las personas con discapacidad; de esa manera podremos, como Estado, dar cumplimiento a los compromisos adquiridos. Si bien contamos con un organismo federal, es necesario contar con una instancia local que al estar más cerca de la población objetivo, pueda no sólo brindar la atención y asesoría que requieran, sino que cada uno de ellos, podría implementar estrategias específicas, dependiendo de las características particulares de su población.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido el modelo social de discapacidad para fundamentar su razonamiento argumentativo en el amparo en revisión 410/2012, estableciendo como premisa de todo su análisis que “la discapacidad no es una enfermedad en el ámbito jurídico”.

Para tal postulado, se basó en la siguiente argumentación:

La anterior evolución lingüística y cultural también se ha reflejado en los diversos modelos que se han empleado para estudiar el ámbito de la discapacidad. Habremos de señalar que su concepción ha ido modificándose en el devenir de los años: desde un modelo de prescindencia en el que las causas de la discapacidad tenían un motivo religioso, a un esquema denominado rehabilitador, individual o médico, en el cual el fin es normalizar a la persona a partir de la desaparición u ocultamiento de la deficiencia que tiene. En la actualidad nos encontramos en un modelo llamado social, el cual propugna que las causas de las discapacidades son sociales. Así, las personas con discapacidad pueden tener una plena participación social, pero a través de la valoración y el respeto de sus diferencias.

Por su parte la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, igualmente plantea un cambio de paradigma en el abordaje de la discapacidad, trasladándose de un modelo estrictamente médico y asistencial en la atención de las personas con discapacidad, a un modelo basado en el reconocimiento de sus derechos humanos, en el que las personas con discapacidad son sujetos con la capacidad de lograr su pleno desarrollo, mediante el ejercicio de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, para lo cual la implantación de políticas públicas apegadas a este enfoque juega un papel protagónico.

En el mismo sentido, el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, publicado el 30 de abril de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, busca asegurar la vigencia efectiva de los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral, lo que transita por su inclusión al mercado de trabajo y la dinámica social, además de impulsar, con el apoyo de los medios de comunicación y la sociedad civil, estrategias que coadyuven a transformar la actual cultura excluyente y discriminatoria en una abierta a la tolerancia y la diversidad.

Entendiendo esta lógica, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad previno en sus artículos 38 y 39 la creación del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual goza de autonomía técnica y de gestión para formular políticas, acciones, estrategias y programas derivados de dicha Ley, teniendo por objeto el establecimiento de la política pública para las personas con discapacidad, mediante la coordinación institucional e interinstitucional; así como promover, fomentar y evaluar la participación del sector público y el sector privado, en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas derivados de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y demás ordenamientos, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Para hacer más preciso su alejamiento del modelo médico-asistencialista, el 29 de marzo de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo de Sectorización que establece que el Conadis deja de ser parte de la Secretaría de Salud para formar parte de la Secretaría de Desarrollo Social.

Sin duda, un organismo que persigue los objetivos de inclusión y desarrollo de las personas con discapacidad como lo es el Conadis, debe ser replicado en las 32 entidades federativas para dar cumplimiento a los compromisos internacionales y proteger de manera más cercana los derechos establecidos en la Constitución, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en otros tratados internacionales, y alejarse de una vez y para siempre de los modelos médico-rehabilitador y asistencialista que todavía permean en todo el país.

Por lo expuesto, presento ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las entidades federativas para que, en el ámbito de sus atribuciones, impulsen la creación de sus respectivos institutos locales especializados en el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad, como organismos públicos descentralizados de su administración.

Nota

1 Artículo 4. De las Obligaciones Generales de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados, el 6 de octubre de 2016.

Diputada Melissa Torres Sandoval (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SE, la Sener, la SHCP, la Sedatu y la CFE la revisión del marco tarifario y el Programa de Mejoramiento Integral Sustentable de Vivienda, a cargo de la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Luz Argelia Paniagua Figueroa, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tengo a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía; a la Secretaría de Energía; a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Comisión Federal de Electricidad en materia de tarifas eléctricas y al Programa de Mejoramiento Integral Sustentable de Vivienda Existente, la cual se justifica al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. El pasado 25 septiembre de 2015 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS), es la agenda que definirá el rumbo hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 estados miembros de la ONU de la próxima década, toda vez que incluye temas altamente prioritarios para todos los países, como la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, un crecimiento económico inclusivo con trabajo decente para todos, ciudades sostenibles y cambio climático, entre otros1 .

Compuesta de 17 objetivos y 169 metas, la ODS es una agenda que pone la igualdad y dignidad de las personas en el centro y llama a cambiar nuestro estilo de desarrollo, respetando el medio ambiente presenta una visión ambiciosa del desarrollo sostenible e integra sus dimensiones económica, social y ambiental.

Entre los objetivos de la ODS destaca el número 7, relativo a garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos, el cual parte de la premisa de que el derecho a la energía es indispensable para garantizar un nivel de vida adecuado y para asegurar la satisfacción de otros derechos con las siguientes metas:

1. Para 2030, garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos.

2. Para 2030, aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el conjunto de fuentes de energía.

3. Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.

4. Para 2030, aumentar la cooperación internacional a fin de facilitar el acceso a la investigación y las tecnologías energéticas no contaminantes, incluidas las fuentes de energía renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructuras energéticas y tecnologías de energía no contaminante.

5. Para 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios de energía modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo2 .

Por ello, el acceso a la energía eléctrica es un derecho humano reconocido en diversos instrumentos internacionales que, de una forma u otra, de manera explícita o implícita, se refieren a éste como tal derecho humano.

II. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece que dentro de los derechos sociales de todos los mexicanos se encuentra la electricidad y la vivienda digna, que son la base del capital humanos que permite a las personas desarrollarse plenamente3 .

Por lo anterior, plantea del Plan Nacional de Desarrollo (PND) en su estrategia 4.6.2. Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país, en la que su primera línea de acción es “Impulsar la reducción de costos en la generación de energía eléctrica para que disminuyan las tarifas que pagan las empresas y las familias mexicanas”4 .

Es importante mencionar que con fundamento en el artículo 31, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15, fracción V, de la Ley de Planeación y, artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la participación de las Secretarías de Energía, Economía, y la Comisión Federal de Electricidad, revisar y clasificar las tarifas eléctricas de consumo doméstico o residencial. Por lo cual, se sugiere incluir a las secretarías faltantes en el exhorto uno.

Respecto a los apoyos y subsidios del gobierno federal para contribuir al uso de energías limpias y renovables, la Ley de Transición Energética contempla un título cuarto Del Financiamiento y la Inversión para la Transición Energética, un financiamiento por parte del estado a usuarios domésticos que instalen equipos y/o aparatos que usen energías renovables en sus hogares, y que dicho apoyo se cobre vía la facturación del suministro eléctrico o distribución de gas natural.

III. Si bien el esfuerzo realizado por el Estado mexicano en las últimas décadas ha permitido llevar el servicio de energía eléctrica –y de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía el porcentaje de viviendas con electricidad es de 97.8 por ciento y el número tomas de energía instaladas es de 31 millones 581 mil 921 (con cifras al 2011)5– , en prácticamente todas las ciudades y núcleos de población del territorio nacional cuentan con el servicio–.

Datos de la Secretaría de Energía estiman que en 2015 los sectores residencial y comercial consumieron 19 por ciento de la energía final en México. Los hogares mexicanos utilizan 74 por ciento de la energía que consumen en usos térmicos y 26 por ciento en forma de electricidad, demanda que anualmente crece a un ritmo de 0.6 por ciento. La energía solar presentó la tasa de crecimiento más alta de este sector debido principalmente al uso de esta tecnología en zonas urbanas del país. Aun así, su participación sigue siendo marginal ya que en 2014 solo representó 0.6 por ciento de la demanda.

IV. En efecto, el alto consumo de energía eléctrica se ha tornado en un asunto complejo por múltiples factores, incluido desde luego el climatológico, que obliga a las familias residentes de las zonas más cálidas del país a mantener encendidos sus aparatos de aire acondicionado en forma casi permanente desde el inicio del verano y en ocasiones más allá de que dicha estación, formalmente concluye a finales de octubre.

Por si esto fuera poco, estas viviendas se localizan en zonas del país en las que prevalecen condiciones de alta vulnerabilidad ante el cambio climático. De acuerdo con datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), citados en la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC)6 , las regiones del país más vulnerables a las ondas de calor son7 :

Grados de peligro por ondas de calor

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, “Acuerdo por el que se expide la Estrategia Nacional de Cambio Climático”, Diario Oficial de la Federación del 3 de junio de 2013, en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301093&fecha=03/06/2 013

La vulnerabilidad se define como el grado en que los sistemas “pueden verse afectados adversamente por el cambio climático”, dependiendo si éstos “son capaces de afrontar los impactos negativos del cambio climático”8 , incluyendo en esta definición a la variabilidad climática y los eventos extremos.

Esta vulnerabilidad se acentúa con la condición de pobreza en que viven miles de familias que habitan en los municipios más vulnerables a los impactos del cambio climático, como puede verse en el siguiente mapa:

Municipios más vulnerables a los impactos del cambio climático

Fuente: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, “Vulnerabilidad futura. Se presenta información sobre algunos de los temas contenidos en el Atlas Nacional de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático”, en: http://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/vulnerabilidad-futura

La vulnerabilidad climatológica y de pobreza en que se encuentran un amplio número de hogares ubicados en los municipios de alta vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático hace prácticamente imposible que este tipo de hogares puedan adquirir, así sea a través de financiamientos, la tecnología de generación de electricidad a partir de energía solar debido a los bajos salarios y a los ya de suyos exorbitantes pagos que deben realizar por consumo de energía eléctrica en prácticamente la mitad del año.

V. El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la “democracia” es un “sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.

Sin embargo, para un amplio sector de la población el servicio eléctrico se ha tornado inasequible por costoso, fundamentalmente en aquellos lugares donde las altas temperaturas hacen indispensable el uso de aparatos de aire acondicionado en las ciudades fronterizas tiene la necesidad imperante de tener aires acondicionados, toda vez que el problema básico es que las temperaturas de ciudades como Mexicali oscilan entre los 35 a 40 grados centígrados.

Es importante destacar que en la exposición de motivos a la iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que presentó el Ejecutivo federal, el 12 de agosto de 2013, establecía que uno de los objetivos de la reforma “tiene como propósito reducir los costos de producción y las pérdidas técnicas y no técnicas a fin de disminuir las tarifas eléctricas”9 .

Sin embargo, el precio no ha disminuido como puede verse los siguientes datos de la Subsecretaría de Electricidad de la Secretaría de Energía:

Como se puede observar la reducción de precios para los hogares, es mínima (-0.3 por ciento), pero para la gran industria la reducción de su tarifa es significativa (-23.0 por ciento). Lo que muestra que la reforma eléctrica no beneficia a los hogares mexicanos y mucho menos a las familias de escasos recursos.

El 3 de julio de 2016, la Comisión Federal de Electricidad emitió un boletín de prensa en la que informaba sobre “El ajuste de las tarifas para el sector industrial, comercial y doméstico de alto consumo (DAC) en el mes de julio está relacionado con los incrementos de los precios de los combustibles para generar energía eléctrica”10 .

Ejemplo de lo anterior, lo podemos encontrar en el cuarto Informe de Labores de la Secretaría de Energía, que a la letra dice:

“Por otra parte, la tarifa de uso doméstico de alto consumo (tarifa DAC) registra un incremento en julio de 2016 de 6.6 por ciento respecto al mismo mes del año pasado”11 .

Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad justifica el ajuste alcista de las tarifas eléctricas argumentando que los aumentos están relacionados con los incrementos de los precios de los combustibles para generar energía eléctrica y que, por ser insumos cuyo valor lo fijan los mercados internacionales, es inevitable realizar los ajustes cuando el valor de aquellos aumenta considerablemente12 .

VI. La información sobre los impactos climáticos históricos y las tendencias socioecológicas y socioeconómicas, da cuenta de un problema ambiental, social y económico que se agudizará por los efectos del cambio climático.

De acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (INEGCEI) durante 2011 nuestro país emitió 432.3 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) lo que equivale a 1.4 por ciento de las emisiones globales derivadas principalmente de la quema de combustibles fósiles13 . De acuerdo con estas cifras, México es el décimo segundo país con mayores emisiones del mundo14 .

En ese contexto, la adaptación debe ser un componente central de cualquier esfuerzo de combate al cambio climático. Por lo anterior, los legisladores del Grupo Parlamentario del PAN consideramos que el gobierno federal debe promover y facilitar entre la población el uso y la adopción de nuevas tecnologías, amigables con el medio ambiente, para generar energía eléctrica en el hogar y que las familias mexicanas encuentren un alivio en su ya deteriorada economía doméstica.

La adopción de tecnologías para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes limpias y renovables es congruente con los objetivos trazados en la Ley General de Cambio Climático que, en lo conducente, establece:

Artículo 33. Los objetivos de las políticas públicas para la mitigación son:

...

III. Promover de manera gradual la sustitución del uso y consumo de los combustibles fósiles por fuentes renovables de energía, así como la generación de electricidad a través del uso de fuentes renovables de energía;

Artículo 34. Para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de su competencia, promoverán el diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación asociadas a los sectores correspondientes, considerando las disposiciones siguientes:

I. Reducción de emisiones en la generación y uso de energía:

e) Fomentar la utilización de energías renovables para la generación de electricidad, de conformidad con la legislación aplicable en la materia.

Artículo 35. Con el objetivo de impulsar la transición a modelos de generación de energía eléctrica a partir de combustibles fósiles a tecnologías que generen menores emisiones, la Secretaría de Energía establecerá políticas e incentivos para promover la utilización de tecnologías de bajas emisiones de carbono, considerando el combustible a utilizar15 .

Por su parte, la Estrategia Nacional de Cambio Climático establece:

La visión de largo plazo de este instrumento rector plantea que el país crecerá de manera sostenible y promoverá el manejo sustentable y equitativo de sus recursos naturales, así como el uso de energías limpias y renovables que le permitan un desarrollo con bajas emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. También aspira a que México se vuelva un país próspero, competitivo, socialmente incluyente y con responsabilidad global que genere empleos suficientes y bien remunerados para toda su población, en particular para la más vulnerable. Propone una nación socialmente equitativa, con una economía verde, con ecosistemas y poblaciones resilientes al cambio climático y con ciudades sustentables.

Para llegar a los objetivos en adaptación y mitigación debe existir una política nacional robusta, coordinada y que apoye al desarrollo. Por ello es que la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) integra un capítulo con la identificación de los pilares de la política nacional de cambio climático. En este apartado se presentan aspectos fundamentales de dicha política: contar con políticas transversales, coordinadas y articuladas; desarrollar políticas fiscales e instrumentos económicos y financieros con enfoque climático; fomentar la investigación; promover una cultura climática en la sociedad; instrumentar mecanismos de medición, reporte y verificación (MRV) así como monitoreo y evaluación (M&E); y fortalecer la cooperación internacional16 .

Bajo este marco el pasado 22 de agosto de 2016, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) pusieron en marcha el Programa de Mejoramiento Integral de Vivienda Existente con el cual “se otorgarán créditos por hasta 50 mil pesos a tasas preferenciales a las familias que tengan ingresos de hasta cinco salarios mínimos para que compren equipos más eficientes y limpios, como calentadores solares o a base de gas, aires acondicionados, equipos de iluminación eficiente, ventanas térmicas, envolventes térmicos, películas de control solar, y por primera vez en México, la instalación de paneles fotovoltaicos en hogares de bajos ingresos”17 .

La introducción de celdas fotovoltaicas o paneles solares, como popularmente se les conoce, constituye una solución a largo plazo con beneficios en la economía de millones de mexicanos al tiempo que apuntala al país como una nación ambientalmente responsable y con una importante contribución en la mitigación de los efectos del cambio climático.

Sin embargo, en opinión de nuestro grupo parlamentario, el Programa de Mejoramiento Integral de Vivienda Existente debe ajustarse para que no sea únicamente un mecanismo de financiamiento sino, en determinados casos, un instrumento para que esta tecnología llegue a los hogares mexicanos situados en las zonas de mayor vulnerabilidad a las ondas de calor en condiciones de gratuidad.

En ese sentido se justifica que la Secretaría de Energía, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Comisión Federal de Electricidad, revisen y ajusten el Programa de Mejoramiento Integral Sustentable de Vivienda Existente a fin de que se considere la situación de alta vulnerabilidad y pobreza extrema en que se encuentran miles de familias en los municipios más cálidos del país y a ellas se les permita el acceso a esta tecnología de manera gratuita.

Queremos enfatizar que esta demanda no implica que las y los diputados federales de Acción Nacional claudiquemos en nuestra exigencia de que el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Federal de Electricidad revisen la composición tarifaria bajo la cual se cobra el consumo de electricidad y emita una tarifa preferente para las ciudades y núcleos de población ubicados en las zonas de altas y extremas temperaturas.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea, para que sea aprobado, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía y a la Comisión Federal de Electricidad a que realicen una revisión del marco tarifario bajo el cual la Comisión Federal de Electricidad cobra el consumo doméstico tomando como base el aumento en la temperatura promedio que se registra en verano.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano así como a la Comisión Federal de Electricidad, revisen y ajusten el Programa de Mejoramiento Integral Sustentable de Vivienda Existente a fin de que se considere la situación de alta vulnerabilidad y pobreza extrema en que se encuentran miles de familias en los municipios más cálidos del país y a ellas se les permita el acceso a tecnología de generación de electricidad a partir de fuentes limpias y renovables.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas, “La Asamblea General adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible “en: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general -adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/

2 Organización de las Naciones Unidas, “Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos”, en: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/

3 Gobierno de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 , México, 2013, p. 43, en: http://pnd.gob.mx/

4 Ibídem, p. 137.

5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “México en cifras. Información nacional, por entidad federativa y municipios”, en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx

6 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, “Acuerdo por el que se expide la Estrategia Nacional de Cambio Climático”, Diario Oficial de la Federación del 3 de junio de 2013, en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301093&fecha=03/06/2 013.

7 El mapa considera datos de las temperaturas máximas diarias registradas en 340 estaciones climatológicas con registros de al menos 30 años o más. El análisis de peligro se calculó con base en el percentil 90 de cada serie de datos, de los resultados obtenidos resultó que las regiones más susceptibles a las ondas de calor son la llanura costera del Pacífico, principalmente aquellos municipios que forman parte de la cuenca del Balsas, el noreste de Coahuila y norte de Nuevo León, así como gran parte de la península de Baja California y el centro de la península de Yucatán, donde obtuvieron la calificación de muy alto grado de peligro.

8 Artículo 3º, fracción XXXIV de la Ley General de Cambio Climático, Cámara de Diputados, en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_010616.pdf

9 “Iniciativa que reforma los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, 12 de agosto de 2013, en: http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2013/08/asun_2995002_ 20130814_1376494979.pdf

10 Comisión Federal de Electricidad, “Las tarifas eléctricas para el sector industrial registran en julio su primer aumento después de 18 meses consecutivos de disminuciones interanuales”, 3 de julio de 2016, en: http://saladeprensa.cfe.gob.mx/boletines/show/8370/

11 Secretaría de Energía, 4to Informe de Labores 2015-2016 , México, Secretaría de Energía, 1º de septiembre de 2016, p. 107.

12 Ibídem.

13 Secretaría del Medio Ambiente, “Medio Ambiente en México 2013-2014”, en: http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_resumen14/05_atmosfera/5_2_2 .html

14 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, “Acuerdo por el que se expide la Estrategia...”. op.cit.

15 Ley General de Cambio Climático, Cámara de Diputados, en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_010616.pdf

16 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, “Acuerdo por el que se expide la Estrategia... op. cit.

17 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, “Boletín 255 “Programa de Mejoramiento Integral Sustentable de Vivienda” apoya la economía de familias mexicanas que perciben ingresos menores o iguales a 5 salarios mínimos, otorgando un subsidio de 50 mil pesos a pagar en 5 años mediante el cobro del recibo de luz”, en: https://www.gob.mx/sedatu/prensa/lanza-el-gobierno-de-la-republica-prog rama-para-el-mejoramiento-integral-de-vivienda-en-materia-energetica?id iom=es.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2016.

Diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al uso de glifosato y otros químicos tóxicos en las fumigaciones en la franja de derecho de vía en las carreteras y en la zona de protección o derecho de vía de tren, como entre riel, silleta clavo y traviesa de madera, a cargo del diputado Ángel II Alanís Pedraza, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Ángel II Alanís Pedraza, Diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral I, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Soberanía la proposición con punto de acuerdo.

Exposición de Motivos

La red carretera nacional, que se ha desarrollado de manera gradual a lo largo de varias décadas, comunica a casi todas las regiones y comunidades del País a través de más de 33 mil kilómetros de caminos de todo tipo. Por su importancia y características, la red carretera mexicana se clasifica en: red federal, redes estatales, caminos rurales y brechas mejoradas.

La red carretera federal es atendida en su totalidad por el gobierno federal, registra la mayor parte de desplazamientos de pasajeros y carga entre ciudades y canaliza los recorridos de largo itinerario, los relacionados con el comercio exterior y los producidos por los sectores más dinámicos de la economía nacional.

Las redes estatales cumplen una función de gran relevancia para la comunicación regional, para enlazar las zonas de producción agrícolas y ganadera y para asegurar la integración de extensas áreas en diversas regiones del país. Por su parte los caminos rurales y brechas mejoradas son vías modestas y en general no pavimentadas, su valor es más social que económico, pues proporcionan acceso a comunidades pequeñas que de otra manera estarían aisladas, sin embargo, su efecto en actividades son de calidad de vida en las mismas comunidades y son de gran trascendencia.

La red carretera posee una importancia de primer orden para nuestro País, que se destaca en el mundo por su vocación camionera y coches particulares.

En México, el organismo público descentralizado denominado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), opera 45 caminos con una longitud de 4 mil 309.9 kilómetros y 36 puentes, de los cuales 121 kilómetros corresponden a la red operada directamente por Capufe, y 4 mil 188.8 kilómetros a autopistas contratadas (3 mil 939.1 kilómetros de la Red del Fondo Nacional de Infraestructura y 249.7 kilómetros de autopistas concesionadas).

Según información oficial, estas carreteras promedian anualmente 425 millones de cruces, es decir, cerca de 1.5 millones diarios.

Otro transporte importante en México desde 1873, es el ferrocarril, al igual que las carreteras fueron un gran aliado para la movilidad del país, cumpliendo un largo sueño cuyo fundamento el progreso material de la Nación. Después de que se otorgara la primera concesión para la construcción de esta línea, habrían de transcurrir casi cuatro décadas para que el camino de hierro, de una extensión cercana a los 423 kilómetros, uniera Ciudad de México con Veracruz.

De esa manera se cumplía en parte el proyecto de instalar el novedoso medio de transporte para sustituir las mulas que recorrían una de las rutas fundamentales, estamos hablando del Ferrocarril, aunque en nuestra actualidad ya es casi extinto, sin embargo siguen existiendo líneas férreas en todo nuestro País. Y durante la época de lluvias las hierbas crecen sobre estas vías, entre el riel, silleta con clavo y traviesa de madera. Y entre la zona de protección o derecho de vía, por lo que las autoridades implementan campañas de fumigación para contrarrestar las yerbas.

Por lo anterior queda claro que las redes carreteras en nuestro país son áreas de conectividad para los Estados, así como las pocas vías férreas que quedan a lo largo de nuestro país, siendo de gran importancia por lo que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes verifica las vías de tren, mientras que en coordinación con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos tienen la obligación de mantener limpias las carreteras y vías de tren de deshierba en la franja de derecho de vía y vías de tren.

En lo que respecta a carreteras existe una Dirección General de conservación de Carreteras para que nuestras carreteras sean óptimas y seguras, sin embargo durante las etapas de fumigación en la franjas de derecho de vía, y el tratamiento de fungicidas ha coincidido la realización de ellas con abundancia de lluvias en toda la región, con el consiguiente riesgo de contaminación de las aguas, que ha corrido por las cunetas arrastrando el herbicida a otros puntos, pudiendo afectar incluso a las masas de agua de abastecimiento. También se han fumigado algunas masas de agua directamente, sobre todo arroyos y alguna charca natural.

Durante los pasados meses que coinciden en la época de lluvias en nuestro país, la Dirección General de conservación de Carreteras rociaron con herbicida las franjas de derecho de vía de la mayoría de las carreteras de México. Estas fumigaciones tan masivas no se habían conocido en años anteriores. En algunas zonas se ha afectado a pastos y cultivos colindantes. El compuesto más utilizado en este tipo de actuaciones es el glifosato. Algunas de estas fumigaciones se han llevado a cabo atravesando sin previo aviso ni señalización zonas urbanas, a pocos metros de viviendas, centros escolares y comerciales, dañando asimismo zonas verdes, con el riesgo que esto conlleva para la salud de las personas.

Los ecologistas advierten del empleo sin precedentes de este herbicida realizado por la Dirección General de conservación de Carreteras en la mayor parte de vías gestionadas por la administración Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe). Estas fumigaciones, deben ser realizadas dos veces al año fuera de la temporada de lluvias, sin embargo son realizadas durante los lluviosos meses mayo, junio, julio y agosto, no cumpliendo con los condicionantes establecidos en la normativa en vigor, pudiendo haber ocasionado consecuencias negativas sobre cultivos, fauna y vegetación próxima a las carreteras, así como haber producido la contaminación de algunas de las masas de agua de la región, con el riesgo que esto conlleva para la salud de las personas

Diversos estudios sobre el glifosato, entre los que se encuentra el de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud, el 20 de marzo del 2015, lo situó como producto “probablemente cancerígeno para humanos” y lo introduce en la lista de los productos y acciones de riesgo. Ante este riesgo, cada vez son más los países que han prohibido su distribución y uso poniendo límites al uso de herbicidas en ámbitos urbanos que contengan el glisofato.

La normativa mexicana que regula el uso de estos productos de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios, previene de su uso en carreteras y otras redes de servicios, debido al riesgo de contaminación de aguas superficiales y subterráneas. Así, solo podrían haberse usado los herbicidas “en aquellos casos o tramos en que no sea viable la utilización de medios mecánicos u otros alternativos”, con el condicionante añadido de que sea “siempre en épocas en que sea menos probable que se produzcan lluvias”. La dirección General de conservación de Carreteras ha hecho caso omiso de lo establecido en la normativa, lo cual supone, una grave irresponsabilidad, al poner en riesgo la salud de la fauna y vegetación próxima, de los ecosistemas acuáticos y, especialmente, de la ciudadanía.

Por otro lado, la Dirección General de conservación de Carreteras no ha discriminado la existencia de espacios protegidos a la hora de realizar las fumigaciones, lo cual aumenta el riesgo de afectar a especies y a hábitats amenazados

¿Qué es el glifosato? es un herbicida no selectivo de amplio espectro, utilizado con mucha frecuencia para eliminar las denominadas malas hierbas en agricultura y jardinería. Es el herbicida más vendido del mundo y el principio activo de la marca comercial Roundup. Según los ecologistas el volumen de ventas de este producto es equiparable al de la coca cola en el mercado de los refrescos. Se empezó a fabricar en los años sesenta para matar las llamadas “malas hierbas” de los cultivos agrícolas y su uso se extendió sobre todo en los cultivos transgénicos de soja, maíz y algodón. También se utiliza en el medio urbano para la eliminación de maleza en solares, parques, cunetas y vías del tren.

El glifosato, principio activo del herbicida Roundup, producto estrella de la multinacional Monsanto, fue patentado en 1974 y es actualmente el herbicida con mayor volumen global de producción -la demanda total en 2012 fue de 718.00 toneladas, con un valor de mercado de 5.4 millones de dolares- y el más utilizado en todo el mundo. Actualmente, a nivel mundial, es el principio activo de más de 750 productos y en España, en 2015, hay 125 productos distintos autorizados para su comercialización y uso.

Subyacente a su éxito ha estado el eslogan, por parte de la industria de agroquímicos, de que es biodegradable e inocuo para humanos y animales, dado que su mecanismo para matar plantas actúa sobre enzimas que no existen en animales siendo por ello seguro.

A pesar de haberse vendido como “seguro”, glifosato,diferentes científicos independientes, han observado que produce múltiples toxicidades que lo asocian a muchas enfermedades a través de sus propiedades como quelante de metales, antibiótico, disruptor endocrino, genotóxico y citotóxico, ademas de potenciar la toxicidad de otros productos al bloquear la actividad del citocromo P450, impidiendo a las enzimas CYP la detoxificación del organismo. Se observan asociaciones entre la exposición y malformaciones congénitas, cáncer, enfermedad renal y enfermedades digestivas.

En cuanto a la toxicidad ambiental, muchas especies son afectadas negativamente por la exposición al glyphosate, incluyendo anfibios, organismos acuáticos, reptiles y organismos del suelo como microbios y gusanos, a la vez que al producir una disbiosis estimula el crecimiento de hongos.

Fuera del uso agrario, las administraciones públicas lo utilizan para mantener los márgenes de las carreteras y las líneas de ferrocarril libres de vegetación al considerar que esta solución permite conseguir unos óptimos resultados tanto desde un punto de vista técnico como económico. Dado a esta alerta de emergencia emitida por la Organización Mundial de la Salud, varios países prohibieron el uso de este herbicida con glifosato, sin embargo no lo han sacado del mercado, inclusive en España está legalizado.

Algunos países prohibieron su uso en el campo, sin embargo algunas autoridades la han seguido utilizado en fumigación en la franja de derecho de vía de carreteras y la zona de protección o derecho de vía de tren. Argumentando que ya no estará en contacto con los alimentos, grave error dado que la filtración a los mantos acuíferos contamina el agua, ríos lagunas, así como por evaporación se esparce en zonas habitacionales.

En el glifosato, hubo pruebas de carcinogenicidad en humanos para linfoma no Hodgkin. La evidencia en humanos es de estudios sobre la exposición, en su mayoría agrícolas, en los Estados Unidos de América, Canadá, Suecia y publicado desde 2001. Además, hay pruebas convincentes de que el glifosato también puede causar cáncer en animales de laboratorio.

La OMS ha calificado como el más vendido del mundo, como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”.En España están autorizados 125 productos que contienen glifosato, usados en la agricultura, silvicultura y jardinería.

Greenpeace ha iniciado cuestionamientos y criticas fuertes y está recopilando firmas para pedir al Gobierno que defina su postura para prohibirlo. Iniciando una campaña en muchos países para que cada gobierno impida tajantemente el uso de este herbicida. Según sus cifras, en América Latina el uso del glifosato es alarmante. En 2014, cerca de 100 millones de hectáreas y pueblos latinoamericanos fueron rociados con este producto químico. En ese año, en Argentina se utilizaron más de 200 millones de litros de glifosato. En México, por cada mil hectáreas se utilizan 3 mil 307 toneladas de plaguicidas, el glifosato es uno de los más consumidos.

Es hora de avanzar hacia la eliminación de estas sustancias que dañan el suelo y la salud, y promover modelos de fumigación menos peligrosas para los seres humanos y sean garantía para la ecología. Por desgracia no solo el glifosato, es cancerígeno o letal para los seres humanos, todas las sustancias herbicidas utilizadas para fumigación son nocivas para la ecología, animales y ser humano.

Los grupos ecologistas confían en que la decisión de la Organización Mundial de la Salud de revisar la literatura científica y elevar el riesgo del glifosato y de las demás sustancias tóxicas en herbicidas; tenga repercusión en futuras regulaciones, por lo que como legislador he subido a tribuna para sumarme a ésta campaña e invitar a los mexicanos y compañeros legisladores a sumarse a esta exigencia contra el glifosato y todas las substancias tóxicas de herbicidas que se utilizan en fumigación en franja de derecho de vía y las vías de tren; para que el presidente Enrique Peña Nieto decrete una prohibición de urgencia y se promuevan políticas públicas para evitar el uso de agrotóxicos que ponen en riesgo el medio ambiente y la salud de las personas. Así como la eliminación total de otros fitosanitarios herbicidas tóxicos en la conservación y mantenimiento de vías y espacios públicos como son la franja de derecho de vía y las vías de tren, porque no es el único herbicida que se utiliza en estos tratamientos y que existen otros productos fitosanitarios de síntesis con efectos igual de nocivos para el medioambiente y la salud del ser humano.

Por todo ello, y ante el riesgo de que se haya producido una contaminación de las aguas con éste herbicida (glifosato) u otro material tóxico, solicito a la Comisión Nacional del Agua que lleve a cabo los análisis de agua, para determinar si se ha o no producido contaminación y, en caso afirmativo, adoptar las medidas preventivas que se estimen convenientes.

Así como también solicito publique (en base a la Ley Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) la Dirección General de conservación de Carreteras Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) y la Secretaria de Comunicaciones y Transportes toda la información relativa a las fumigaciones realizadas en la franja de derecho de vía y zona de protección o derecho de vía de tren así como entre el riel, silleta con clavo y traviesa de madera. Incluyendo cuales fueron autorizaciones, productos utilizados, dosis, plan de trabajo, etc, por si pudieran detectarse más irregularidades.

En mérito de lo anteriormente referido es que se somete a su consideración la proposición con los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al organismo público descentralizado denominado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), con la finalidad de evitar fumigaciones de herbicidas que contengan glifosato u otro herbicida con material tóxico en la franja de derecho de vía que se encuentran el todas las carreteras y zona de protección o derecho de vía de tren así como entre el riel, silleta con clavo y traviesa de madera.

Segundo . La Cámara de Diputados solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al organismo público descentralizado denominado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), se publique la información relativa a las fumigaciones realizadas durante los últimos cinco años en fumigaciones de franja de derecho de vía y zona de protección o derecho de vía de tren incluyendo cuales fueron las autorizaciones, productos utilizados, dosis, plan de trabajo.( De acuerdo a lo establecido por la Ley Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales)

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Titular de Comisión Nacional del Agua y lleve a cabo los análisis de agua, para determinar si se ha o no producido contaminación por glifosato u otro material tóxico causado por herbicidas y, en caso afirmativo, adoptar las medidas preventivas que se estimen convenientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre del 2016.

Diputado Ángel II Alanís Pedraza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, la SFP y la ASF a investigar y difundir el estado de las denuncias interpuestas contra el ex alcalde de Valladolid, Yucatán, sobre el desvío de recursos federales destinados a proyectos municipales, suscrita por los diputados Rogerio Castro Vázquez e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Rogerio Castro Vázquez, diputado federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En las elecciones de junio de 2015, primera participación electoral del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), los vallisoletanos hartos de la corrupción, el saqueo y el olvido por parte de las anteriores administraciones optaron por un cambio verdadero y le dieron su voto a Morena, quien obtuvo el triunfo, convirtiendo a la maestra Alpha Alejandra Tavera Escalante en la primera mujer en ser electa alcaldesa del municipio de Valladolid, en el Estado de Yucatán.

El 1 de septiembre de 2015, en cumplimiento con las disposiciones establecidas en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, se llevó a cabo la entrega-recepción de todas las áreas de gobierno y de la administración pública del municipio de Valladolid por parte de la administración priista de Roger Alcocer García a la hoy alcaldesa Alpha Tavera Escalante; quién en la toma de posesión señaló que trabajaría “por el bienestar de la población, olvidada por los anteriores alcaldes emanados del PRI, y donde sólo se aprovechaban de la pobreza para captar votos y conciencias”1 y se comprometió a combatir frontalmente la corrupción y la impunidad en la comuna.

Desde su primer día, la nueva alcaldesa se dedicó a revisar los estados financieros de la administración pública del Ayuntamiento de Valladolid y así como los informes entregados por la administración pasada; encontrando graves irregularidades en el manejo de los recursos públicos federales, por lo que solicitó la realización de una serie de auditorías.

Con fecha 12 de agosto de 2016, la alcaldesa del Municipio de Valladolid, en Yucatán, se presentó ante la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República para interponer tres denuncias por peculado y lo que resulte en contra de su antecesor Roger Alcocer García y quienes resulten responsables por el desvío de recursos federales del Ramo 23, por un monto que asciende a más de 25 millones de pesos, los cuales fueron otorgados al municipio de Valladolid durante la administración 2012-2015 para la ejecución de tres obras públicas. Los principales hechos de dichas denuncias se detallan a continuación:

• Biblioteca municipal en ex estación del tren (clave de proyecto - YUC14140100318524): El recurso federal otorgado para este proyecto municipal provino del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, del Fondo de Cultura 2014, asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, para lo cual se destinó un monto de 4,300,000.00ii pesos. Según consta en la denuncia, de acuerdo al estado de cuenta emitido por la institución bancaria Banorte, los movimientos de la cuenta bancaria destinada exclusivamente para el manejo de estos recursos son los siguientes:

Es decir, durante su administración Roger Alcocer retiró de dicha cuenta un monto de 4,300,775.21 pesos, y de dicho monto solo fueron aplicados únicamente para el pago de la obra 3,804,775.21 pesos del contrato número R23-FC-102-06/2014-LP, de fecha 08 de julio de 2014; suscrito por el hoy ex edil del municipio de Valladolid y de la parte contratista por la empresa Arquitectura y Edificaciones Sustentables S.A. de C.V. Dicho contrato tenía un monto total de 4,289,853.44 pesos por un plazo de 120 días naturales, mismos que se cumplieron el 05 de noviembre de 2014; adeudándose un pago por 485,078.23, y en la cuenta bancaria solo existe un saldo de.2,109.30 pesos.

Al acudir la alcaldesa Alpha Tavera Escalante junto con el director de Obras Pública y Desarrollo Urbano del Municipio al lugar de la obra el pasado 8 de agosto de 2016, se constató que en dicho lugar no se había llevado a cabo ninguna construcción, según se señala en la denuncia presentada.

• Plaza de la Jarana y Museo Regional en ex estación del tren (clave de proyecto - YUC00150100463041): Los recursos federales otorgados para este proyecto municipal provinieron del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, del Fondo de Cultura 2015, asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, para lo cual se destinó un monto de 7,000,000.00 pesos.iii Según consta en la denuncia, de acuerdo al estado de cuenta emitido por la Institución Bancaria HSBC México, S.A., los movimientos de la cuenta bancaria destinada exclusivamente para el manejo de estos recursos son los siguientes:

Es decir, durante la administración de Roger Alcocer se retiró de dicha cuenta un monto de 10,204,636.07 pesos, de un total de depósitos de 10,748,382.49, y de dicho monto solo fueron aplicados únicamente para el pago de la obra 4,608,117.51 pesos del contrato número R23-FC-102-02/2015-LP, firmado el 10 de agosto de 2015; suscrito por el hoy exalcalde del municipio de Valladolid y de la parte contratista por la empresa Arquitectura y Edificaciones Sustentables S.A. de C.V. Dicho contrato tenía un monto total de 6,998,440.81 pesos por un plazo de 90 días, mismos que se cumplieron el 08 de noviembre de 2015; adeudándose un pago por 2,390,323.30 pesos, y en la cuenta bancaria solo existe un saldo de 544,233.50 pesos.

Al acudir la alcaldesa Alpha Tavera Escalante junto con el director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio al lugar de la obra el pasado 08 de agosto de 2016, se constató que en dicho lugar no se había llevado a cabo ninguna construcción, según se señala en la denuncia presentada.

• Unidad deportiva en la colonia San Francisco (clave de proyecto - YUC00150300562660): El recurso federal otorgado para este proyecto municipal provino del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, del Fondo de Infraestructura Deportiva 2015, asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, para lo cual se destinó un monto de 7,000,000.00 pesos.iv Según consta en la denuncia, de acuerdo al estado de cuenta emitido por la institución bancaria HSBC México, SA, los movimientos de la cuenta bancaria destinada para el manejo de estos recursos son los siguientes:

Es decir, durante la administración de Roger Alcocer se retiró de dicha cuenta un monto de 10,037,865.86 pesos y de dicho monto solo fueron aplicados únicamente para el pago de la obra 5,041,367.30 pesos del contrato número R23-ID-102-01/2015-LP, firmado el 10 de agosto de 2015; suscrito por el hoy ex edil del municipio de Valladolid y de la parte contratista por la empresa Bernardo Mex Cocom. En dicho contrato se convino para la construcción de la obra pública un monto total de 6,997,084.98 pesos a un plazo de ejecución de 90 días, mismos que se cumplieron el 08 de noviembre de 2015; adeudándose un pago por 1,955,717.68 pesos, y en la cuenta bancaria solo existe un saldo de 462,753.76 pesos.

Al acudir la alcaldesa Alpha Tavera Escalante junto con el director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio al lugar de la obra el pasado 08 de agosto de 2016, se constató que en dicho lugar no se había llevado a cabo ninguna construcción, según se señala en la denuncia presentada.

Aunado a lo anterior, en los anexos del Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, que presenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante el Congreso de la Unión, se encontró que en los indicadores de gestión y avance de los proyectos arriba mencionados aparece que el municipio no reportó información sobre el avance físico y financiero de los proyectos.v En el caso del proyecto de la Biblioteca Municipal, aparece que la información reportada no había sido validada por la entidad federativa por lo que había sido eliminada.vi Lo que evidencia que hubo una falta de vigilancia en el manejo de estos recursos, de no haber sido por la denuncia presentada por la alcaldesa de Morena, ni nos hubiéramos enterado de los manejos corruptos de la administración de Roger Alcocer.

Al expediente de irregularidades de la administración de Alcocer se adicionan las anomalías que encontró la Auditoría Superior de la Federación en la auditoría que realizó a los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, del Municipio de Valladolid, Yucatán; que se encuentra en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014.vii En dicha auditoría se presenta un desplegado de irregularidades en el manejo de los recursos de este fondo, entre los cuales se destacan los siguientes:

• No se administraron los recursos del fondo en una cuenta bancaria específica, pues se transfirieron a otras cuentas bancarias un monto de 61.9 millones de pesos, de los cuales solo se reintegraron 21.0 millones;

• Al 31 de diciembre de 2014 hubo un subejercicio del 83.3% de los recursos de este fondo;

• No se reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes trimestrales, relacionados con el ejercicio, destino y resultados de los recursos del fondo;

• No se proporcionó documentación relacionada con la ejecución de 14 obras pagadas con recursos del fondo, y

• En la obra denominada “Construcción de CDC Zacialbil en la localidad de Valladolid” se pagaron conceptos de forjado de banca y suministro solar por 183.6 miles de pesos los cuales no se habían realizado al momento de la visita física.

Sin embargo, de dicha auditoria solo se derivaron observaciones que a la larga generaron 14 expedientes en los cuales se radicaron los procedimientos administrativos iniciados por el ex alcalde Roger Alcocer. Por lo tanto, el procedimiento para determinar si hubo faltas administrativas recayó en las mismas oficinas municipales del exalcalde.

La alcaldesa Alpha Tavera recibió un municipio quebrado, saqueado, sin equipos y herramientas adecuadas; minado por la corrupción y los desvíos. Además de las denuncias que dieron pie para la realización de este punto de acuerdo, la alcaldesa también ha denunciado a la administración priista de Roger Alcocer por las siguientes responsabilidades:

• Por manejo indebido de cuentas bancarias del Ayuntamiento de Valladolid, pues funcionarios de la administración priista siguieron utilizando y manejando las cuentas bancarias del municipio, del 1ro al 3 de septiembre de 2015 (después de la entrega-recepción);

• Por el incumplimiento de pagos de cuotas al ISSSTEY, y

• Por el incumplimiento del pago de las retenciones del Impuesto sobre la Renta en SAPAMV.viii

Al día de hoy, ninguno de los responsables de las irregularidades y de los actos de corrupción antes mencionados ha respondido por estos hechos. Para Morena la corrupción no se disculpa. Las disculpas solo alimentan la impunidad. La corrupción se combate y se castiga.

En un país donde se compran fiscales para que determinen el ejercicio de no acción penal a las denuncias de funcionarios públicos corruptos presentadas y en donde la impunidad es la norma, Morena seguirá comprometido con una lucha verdadera contra la corrupción. Es por esto que desde la alcaldía de Valladolid se han iniciado los actos legales correspondientes para que los corruptos reciban su castigo. Ahora exigimos a las instituciones correspondientes que hagan su trabajo y se haga justicia.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero: Se exhorta a la Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus atribuciones, a hacer público el estado que guardan las tres denuncias presentadas por la alcaldesa del municipio de Valladolid, LEP Alpha Alejandra Tavera Escalante el 12 de agosto de 2016 en contra del licenciado Roger David Alcocer García y contra quien o quienes resulten responsables por la comisión del delito de peculado.

Segundo: Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar estos hechos con la finalidad de determinar las responsabilidades que le competen en su ámbito.

Tercero: Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría del manejo de los recursos federales del Ramo 23 de Previsiones Salariales y Económicas que fueron destinados a los siguientes proyectos municipales del Municipio de Valladolid, del Estado de Yucatán de los ejercicios fiscales 2014 y 2015:

• Plaza de la Jarana y Museo Regional en Ex Estación del Tren

• Unidad Deportiva en la Colonia San Francisco

• Biblioteca Municipal en Ex Estación del Tren

Notas

1 Boffil Gómez, Luis A. (2015). “Alpha Tavera rinde protesta como primera alcaldesa de Valladolid, Yucatán”. La Jornada. 01 de septiembre. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/09/01/alpha-tavera-rinde-protes ta-como-primera-alcaldesa-de-valladolid-yucatan-4116.html

2 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014. Publicado el 03 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación.

3 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015. Publicado el 03 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación.

4 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015. Publicado el 03 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación.

5 Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Pública y la Deuda Pública, Tercer y Cuarto Trimestre 2014. “Anexos de Finanzas Públicas”. Anexo XXIV. Informe sobre el Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas y Municipios. Carpeta Gestión de Proyectos. Disponible en:
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/
infotrim/2015/iiit/04afp/itanfp24c1_201503.rar y

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/
infotrim/2015/ivt/04afp/itanfp24c1_201504.rar Fecha última consulta: 25 de septiembre de 2016.

6 Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Pública y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2014. “Anexos de Finanzas Públicas”. Anexo XXIII. Informe sobre el Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas y Municipios. Carpeta Gestión de Proyectos. Disponible en:
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/
2014/ivt/04afp/itanfp23a1_201404.rar Fecha última consulta: 25 de septiembre de 2016.

7 Auditoría Superior de la Federación (2016). Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014. “Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 14-D-31102-14-1458-GF-792”. Disponible en:
http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2014_1458_a.pdf

8 Yucatán a la mano (2016). “Alpha Tavera denuncia a Roger Alcocer”. Yucatán a la mano. 02 de abril. Disponible en:
http://www.yucatanalamano.com/destacado/alpha-tavera-denuncia-a-roger-alcocer/

Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día seis de octubre de dos mil dieciséis.

Diputados: Rogerio Castro Vázquez, Norma Rocío Nahle García, Ernestina Godoy Ramos, Patricia Elena Aceves Pastrana, Araceli Damián González, Ariadna Montiel Reyes, Jesús Emiliano Álvarez López, Mariana Trejo Flores, María Chávez García, Roberto Guzmán Jacobo, Alicia Barrientos Pantoja, Guadalupe Hernández Correa, Irma Rebeca López López, Vidal Llerenas Morales, Mario Ariel Juárez Rodríguez, Delfina Gómez Álvarez, Sandra Luz Falcón Venegas, Blandina Ramos Ramírez, Renato Josafat Molina Arias, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, Juan Romero Tenorio, Alfredo Basurto Román, Jesús Serrano Lora, Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y la SEP a reanudar la operación del programa Alternativas de Atención de la Educación Preescolar Rural en Jalisco, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, María Victoria Mercado Sánchez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79 fracción II, numeral 2, fracciones I, II y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente:

Exposición de Motivos

En días recientes se recibieron instrucciones de la federación para suspender la operación del Programa Alternativas de Atención de la Educación Preescolar Rural, que se brinda a niñas y niños de preescolar, que residen en comunidades rurales y urbanas en situación de marginación.1

Profesores de varias instituciones preescolares informaron a los padres de familia sobre el cierre de estas escuelas en la carretera a Colotlán. En ese punto serían seis los preescolares que se quedarían sin actividad. El problema es que la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) envió un comunicado donde no aclara si se cerrarán o no los planteles.2

En más de ocho municipios del estado de Jalisco, en un promedio de ochenta escuelas que se encuentran en comunidades rurales marginadas, fueron afectadas por los recortes presupuestales, siendo los infantes los perjudicados, sin mencionar que dejarían sin empleo a muchas personas que imparten la docencia.

Siendo fundamental para el desarrollo de las niñas y los niños, que sin esta educación es casi seguro que existan más complicaciones en cuanto al desarrollo educacional ya que refuerza el proceso de construcción sobre el lenguaje, la identidad, la coexistencia, fortaleciendo las capacidades de aprendizaje.

La Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, establece en su artículo tercero:

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -federación, estados, Ciudad de México y municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

(...)

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.3

Por lo tanto el Estado debe proporcionar la educación básica a todos los niños y niñas del país. Aunque la educación preescolar no se exprese como requisito esencial para ingresar a la educación primaria, es bien sabido que no admiten a niños o niñas a la escuela primaria sin haber tenido anteriormente pasantía por la institución preescolar.

La educación es la base fundamental para el desarrollo del Estado por lo que no se puede suspender el Programa Alternativas de Atención de la Educación Preescolar Rural que surgió a partir del año de 1900, dando como alternativa a las zonas rurales y principalmente en las que se encuentran en estado de marginación. En el estado de Jalisco alrededor de ochenta escuelas que incluye aproximadamente a cuatrocientos dos técnicos becarios y treinta educadores, y que beneficia a más de cinco mil niños y niñas de la región.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita respetuosamente al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Educación Pública federal, a reanudar y no eliminar la operación del Programa Alternativas de Atención de la Educación Preescolar Rural en el estado de Jalisco ya que dejarían sin educación preescolar a más de cinco mil niños y niñas, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Notas

1 http://www.cabecera.mx/continua-en-operacion-el-programa-alternativas-d e-atencion-de-la-educacion-preescolar-rural/

2 http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=52480

3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2016.

Diputada María Victoria Mercado Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al impuesto de importación de mercancías utilizadas en los procesos productivos del sector textil y de la confección, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. Marco Jurídico.

a) Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.

Que la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (en adelante, LIGIE) es el marco jurídico que regula las tarifas de las mercancías correspondientes al pago de impuestos de importación y exportación.

b) Decreto por el que se establecen medidas para la productividad, competitividad y combate de prácticas de subvaluación de los sectores textil y de la confección.

Que el 26 de diciembre de 2014 el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se establecen medidas para la productividad, competitividad y combate de prácticas de subvaluación de los sectores textil y de la confección, en el cual instruye a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía a adoptar medidas para fomentar la productividad y competitividad en dicha industria, así como prevenir y combatir prácticas lesivas como la subvaluación.

c) RESOLUCIÓN que modifica los Anexos 3 y 4 de la diversa que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda.

Que el 06 de enero del 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en el Diario Oficial de la Federación la RESOLUCIÓN que modifica los Anexos 3 y 4 de la diversa que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda.

De acuerdo con las consideraciones de esta RESOLUCIÓN la LIGIE se actualizó a efecto de establecer una mejor calificación de las mercancías, así, se actualizaron los anexos 3 y 4 relativos a los precios estimados que son aplicables a determinadas mercancías de los sectores calzado, textil y confección.

Para el caso que nos ocupa, se estableció en el artículo segundo de esta RESOLUCIÓN, la modificación a la fracción arancelaria para los siguientes artículos:

2. Importaciones del sector Textil y de la Confección a nivel nacional.

a) Secretaría de Economía.

De acuerdo con el 4to Informe de Labores de la Secretaría de Economía 2015-2016 durante el periodo que comprende de septiembre 2015 a mayo de 2016, se importaron mercancías a México por un valor de 4,367.3 millones de dólares a través de permisos de la Regla 8ª, que representó 1.5% del total de las compras externas que realizó el país, teniendo una representación significativa la industria Textil y de la Confección, con un valor de 5.6 millones de dólares.

b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

De acuerdo con datos dados a conocer por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, el pasado 20 de abril del año en curso, en el marco del Encuentro anual con las Cámaras de la Industria Textil y del Vestido, al primer trimestre de este año (enero a marzo), en el sector textil, el 6% de las importaciones se dieron por debajo de los precios estimados, garantizándose en todos los casos el interés fiscal.

El Secretario de Hacienda precisó que la industria estaba en declive, toda vez que en 2014 presentó un crecimiento negativo del 1.7%; no obstante, para 2015 tuvo un crecimiento mayor que el resto de la economía, del orden del 6.8% por arriba de la inflación en la cadena textil y del vestido.

Así mismo en el marco de la celebración de este encuentro, el Secretario hizo el siguiente pronunciamiento:

“...Permítanme compartir con ustedes algunos anuncios: por un lado, estamos buscando modificar la tarifa de los impuestos generales de importación y de exportación, con el propósito de incluir fracciones arancelarias más específicas, para las mercancías de textil y del vestido y asignarles precios estimados que sean acordes con las características y composición...”

3. Problemática actual del sector Textil y Confección en el estado de Tlaxcala.

De acuerdo con datos del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 del estado de Tlaxcala, durante las tres décadas, la industria manufacturera ha sido el pilar del desarrollo de la entidad. Sin embargo, señala la problemática que la industria textil ha venido enfrentando en materia de innovación tecnológica, falta de crédito institucional, así como de la competencia desleal derivada del contrabando de mercancías extranjeras, entre otros factores, situación que ha impedido el desarrollo de cadenas productivas y la consolidación de pequeñas y medianas empresas.

Así, de acuerdo con datos de empresarios textileros del estado, en la actualidad, estas empresas obtienen la materia prima indispensable para su producción, a los siguientes precios:

No obstante, derivado del comportamiento errático del precio del dólar (enero $15.15 a diciembre $17.75) y que actualmente está en $19.83, el incremento en precios del trapo mutilado por fluctuación cambiaria es el siguiente:

Los precios de los proveedores, en comparación con el mecanismo de “precios estimados”, muestran la afectación en depósitos en garantía que deberán realizarse por cada importación (sin olvidar las comisiones bancarias en UDIS por adhesión a fideicomiso) que deben quedar “estáticos” afectando el flujo de efectivo para otras operaciones vitales de la empresa.

A continuación se presenta un ejemplo del IVA que debía garantizarse a su entrada en vigor, enero 2016.

Ante la modificación a la fracción arancelaria en los insumos que se describen en el sector Textil y de la Confección, los empresarios de esta industria tlaxcalteca han sufrido un impacto económico negativo en la productividad de sus empresas; toda vez que el incremento en sus insumos los ha obligado a ajustar diversos rubros y su producción, generando pérdidas para e incluso teniendo que salir del mercado, por falta de competitividad frente a productos extranjeros.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito de su competencia, valore una revisión al impuesto de importación de las mercancías denominadas “Trapos mutilados o picados” para el ejercicio fiscal de 2017, en apoyo al sector Textil y de la Confección que se han visto afectados en virtud del incremento de este impuesto a partir del mes de enero de 2016.

Segundo.- La Cámara de Diputados solicita de manera respetuosa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el ámbito de su competencia, informe a la opinión pública sobre el impacto económico y recaudatorio que ha tenido el sector Textil y de la Confección a partir del incremento del impuesto de importación a las mercancías denominadas “Trapos mutilados o picados” utilizadas como materia prima en la producción de la industria textil.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados a 6 de octubre de 2016.

Diputada Minerva Hernández Ramos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para la reforma del Estado, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El presente, diputado Felipe Reyes Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con forme a lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Que los cambios sociales, cada vez a un ritmo más acelerado, han originado numerosos esfuerzos de reforma estatal mejor conocida como “Reforma del Estado”, sobre todo en las adecuaciones necesarias que el Estado, las instituciones y la administración pública han experimentado para responder a esas transformaciones y aquellas que deben impulsarse.

Que Echebarría citaba que la reforma del Estado, dada su amplitud, puede separarse en dos categorías de reformas, institucionales y sustanciales. Las Reformas Institucionales afectan el diseño y funcionamiento de las instituciones, vale decir, la forma en que los poderes del Estado están organizados y se relacionan con el entorno para diseñar y aplicar las políticas públicas, son reformas de procesos. Las reformas institucionales pueden subdividirse en dos grandes modalidades, la reforma política y la reforma administrativa. Las reformas sustanciales se vinculan con el contenido de la acción pública, redefiniendo sus fines, objetivos y alcances.1

Que existe una visión clara y consistente sobre los ámbitos que debe esta gran reforma puntualizar como; el cambio de las instituciones políticas, sociales, económicas, jurídicas y culturales, sin embrago no existe un significado preciso para dicho termino.

Que los inicios de la Reforma del Estado, se propiciaron por la carencia de recursos provocados por la crisis económica de finales de la década de 1960, así se estableció un amplio debate sobre el tamaño de la estructura de gestión del Estado.

Que en los años de 1976-1982 la reforma administrativa de José López Portillo provocó un periodo de crecimiento explosivo del Estado. Se pensó que a través de procedimientos racionalizadores de organización y métodos de gestión podría ordenar, eficiente y responsabilizar al sector público, central y paraestatal.2

Que en el proceso reformador de López Portillo, en 1977 se promueve la constitucionalizaciòn de los partidos políticos, y su definición como entidades de interés público; se introduce el principio de representación proporcional para la conformación de la Cámara de Diputados y se crea la Comisión Federal Electoral como una entidad estatal con personalidad jurídica propia encargada de la organización de las elecciones.

Que otro gran proceso reformador surge en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, quien se plantea una reforma de Estado integral, a través de impulsar el proceso de transformación desde el punto de vista democrático, económico y social.

Que en la reforma económica y social de salinas sobresale la privatización bancaria y de empresas públicas, la apertura del mercado a la inversión extranjera y la modificación de la propiedad social en el campo.

Que se crea el Instituto Federal Electoral (IFE), como un órgano autónomo para la organización de los procesos electorales, así mismo el Registro Federal de Electores y el Tribunal Federal Electoral con capacidad jurídica. Se fijan reglas de competencia como el acceso de los partidos al financiamiento público y se abre el acceso de los partidos minoritarios.

Que con Ernesto Zedillo Ponce de León, la administración se basa en la reforma al poder judicial en la que se faculta a la Suprema Corte para que conozca de controversias constitucionales, así como un proceso de autonomía respecto al Ejecutivo, sobre todo en el ámbito de nombramientos y contrataciones de jueces.

Que los presidentes Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa, no basaron su proceso de reformas en un marco integral, si no temático, en los cuales se priorizaron trasformaciones en los temas de Reforma Laboral, en materia energética, al sistema de pensiones, fiscal, entre otras.

Que el periodo de Fox Quezada a pesar de ser el eje de la renovación política, estuvo poco apoyada en el contexto reformador y sus grandes aportaciones estuvieron en el marco de la creación de la AFI y el mecanismo laboral outsoursing.

Que nuestro país demanda una correcta Reforma del Estado, que permita concluir las tareas pendientes y necesarias para la vida económica, social, política y administrativa.

Que es momento de que la democracia nacional de resultados de igualdad, equidad y respeto irrestrictito de los derechos humanos.

Que se reconozca la lucha reformadora de nuestra sociedad como un polo de crecimiento y desarrollo nacional en favor de las mayorías.

Por lo anteriormente descrito el suscrito presenta ante esta honorable asamblea de la Comisión Permanente el siguiente.

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en términos del artículo 42 de la Ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como del numeral 1, fracción I y III del artículo 6; del numeral 2, fracción V, del artículo 79 y de los artículos 205, 207 y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para que se acuerde la constitución de una Comisión Especial para la Reforma del Estado.

Segundo. Que la Comisión Especial para la Reforma del Estado se integre por diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios con base en el criterio de proporcionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. Que la Comisión Especial para la Reforma del Estado estará vigente todo el tiempo que sea requerido para alcanzar su objetivo, mismo que no podrá exceder al 31 de agosto de 2018.

Cuarto. Que la Comisión Especial para la Reforma del Estado contara con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Notas:

1 www.diputados.gob.mx

2 www.ordenjuridico.gob.mx/

Dado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a los 6 días del mes de octubre de 2016.

Diputado Felipe Reyes Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a los instrumentos para la libertad de los presos políticos y de conciencia existentes en Oaxaca, a la anulación de las órdenes de aprehensión contra los luchadores sociales perseguidos y a la promoción de acciones para cumplir las recomendaciones de la CNDH, la CIDH, la ONU y la OEA, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González en mi calidad de Diputada Federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario MORENA, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primero.- A lo largo y ancho del país surgen y se multiplican movimientos de resistencia que se organizan para enfrentar las sistemáticas violaciones a los derechos del pueblo mexicano; luchas en defensa del territorio, por el derecho de los pueblos indígenas para crear sus propios sistemas de justicia como las policías comunitarias, contra los megaproyectos depredadores, contra la privatización del agua, contra las reformas estructurales y particularmente contra la llamada reforma educativa.

La respuesta del gobierno a las resistencias y a la organización social ha sido la represión, la criminalización de la protesta, el encarcelamiento, la tortura, la desaparición forzada y la muerte. Por eso consideramos que una tarea ineludible de esta soberanía es coadyuvar en la liberación de los presos políticos, descriminalizarlos de los falsos cargos de delincuentes con que se trata de justificar sus detenciones, y luchar en contra de la desaparición forzada, contra la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y por la defensa de los perseguidos y procesados.

Es por ello que consideramos que es indispensable hacer visibles los casos de represión y actuar a nivel nacional, hombro con hombro con las organizaciones civiles comprometidas con esta causa. Hacer nuestra su exigencia de justicia y acompañar su justa lucha por la dignidad del pueblo.

Cabe destacar en ese sentido el trabajo que viene desarrollando el Comité Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, nacido el 9 de Mayo de 2015 en la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa en el marco de la Asamblea Nacional Popular. Este Comité está comprometido en denunciar la encarcelación injusta, por medio de delitos fabricados, de todos los presos políticos, en darle a ese esfuerzo un carácter nacional y en lograr la unificación de todas las voces de quienes sienten en carne propia la injusta privación de la libertad de sus familiares, hoy presos por haber levantado la voz en exigencia de derechos, justicia y democracia.

Segundo.- Los días 26 y 27 de agosto junto con un grupo de legisladores de mi partido que integramos la Comisión de Enlace de Morena con el Magisterio Nacional, realicé una visita a Oaxaca con el objetivo de conocer los alcances de la represión que se vive allá y expresar nuestra solidaridad con la lucha magisterial, con los pobladores de Nochixtlán y en general con los presos políticos de Oaxaca.

Derivado de esta visita pudimos platicar con algunos de esos presos, de los muchos que existen allá y a los cuales hace tiempo venimos dando seguimiento y en la medida de nuestras posibilidades algún tipo de apoyo. Pero creo pertinente subrayar que la existencia de presos políticos no es un tema de partido sino un imperativo de conciencia que convoca a toda la nación.

Tercero.- Creo necesario y pertinente hacer un recuento de los que hemos podido identificar en el estado de Oaxaca.

En el penal de Santa María Ixcotel, están recluidos los presos políticos originarios del municipio de San Agustín Loxicha: AGUSTÍN LUNA VALENCIA (quien era el presidente municipal en funciones en 1996); ÁLVARO SEBASTIÁN RAMÍREZ (maestro de la sección 22), JUSTINO HERNÁNDEZ JOSÉ, ABRAHAM GARCÍA RAMÍREZ y FORTINO ENRÍQUEZ HERNÁNDEZ. Y en el Penal Federal de Mengolí de Morelos en Miahuatlán, se encuentra ZACARÍAS PASCUAL GARCÍA LÓPEZ, quien hace dos años cumplió con las dos terceras partes de su condena y continúa en prisión. Todos ellos fueron acusados de participar en un ataque reivindicado por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) el 29 de agosto de 1996, y a pesar de que testigos presenciales los vieron en la fiesta de su comunidad ese día, los seis fueron encarcelados y condenados. En la actualidad llevan alrededor de 20 años encarcelados y a cinco de ellos les quedan todavía 9 años más de prisión.

La gravedad de las violaciones ocurridas en el caso llevo a reconocer de manera tacita el carácter de presos de conciencia y el 8 de diciembre del año 2000 se aprobó la Ley de Amnistía para el Estado de Oaxaca, la cual comenzó a aplicarse a partir del 13 de diciembre de ese año, por lo que el 25 de diciembre fueron liberados físicamente entre procesados y sentenciados un total 32 presos. Aunque la Ley benefició a 54 personas, los presos que quedan aún tienen otros procesos federales y no se ha podido hacer la aplicación de dicha Ley.1 Cabe destacar que en el caso de varios de ellos se les enjuicio dos veces por los mismos delitos y por los mismos hechos, violándose flagrantemente a principios elementales del derecho.

En Santa María Ixcotel también está preso LIBRADO BAÑOS RODRÍGUEZ , líder de la Unión Cívica Democrática de Barrios Colonias y Comunidades (UCIDEBAC) de Pinotepa Nacional, detenido en 2011 y nuevamente encarcelado desde junio de 2013. A ellos hay que agregar a CÉSAR LEÓN MENDOZA , documentalista y luchador social de La Otra Oaxaca TV, encarcelado desde el 20 de noviembre de 2015 cuando cubría una marcha de apoyo a la CNTE. ÁLVARO SEBASTIÁN RAMÍREZ, integrante La Voz de los Zapotecos Xiches en Prisión y adherente a la Sexta, detenido el 15 de diciembre de 1997.

Además de ellos, desde el 17 de mayo de 2013 están presos en los Penales Federales de Jalisco y Nayarit varios miembros del Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca (FACMEO), organización fundada por profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación: DAMIÁN GALLARDO MARTÍNEZ, SARA ALTAMIRANO RAMOS, MARIO OLIVERA OSORIO, LAURO ATILANO GRIJALVA VILLALOBOS, y LEONEL MANZANO SOSA.

En Penales Federales de Nayarit y Veracruz, permanecen 25 activistas del Frente Popular Revolucionario (FPR), detenidos el 7 de junio de 2015: EDUARDO PALMA SANTIAGO, ROQUE COCA GÓMEZ, ERICK GONZÁLEZ GUILLEN, UZIEL MATÍAS HERNÁNDEZ, JOSÉ ENRIQUE ORDAZ VELASCO, JOSÉ ALBERTO ANDRÉS LOPEZ, JORGE CHONTECO JIMÉNEZ, JAVIER LÓPEZ MARTÍNEZ, JAVIER ALUZ MANCERA, HUMBERTO CASTELLANOS LÓPEZ, FELICIANO GARCÍA MATÍAS, ELEUTERIO HERNÁNDEZ BAUTISTA, SANTIAGO GARCÍA ESPINOZA, MAILON ROJAS GÓMEZ, DIBLALLIN ISLAS ROSAS, CELSO CASTELLANOS MARTÍNEZ, LUIS ENRIQUE MATÍAS HERNÁNDEZ, LUIS ENRIQUE LÓPEZ LÓPEZ, JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ CASTELLANOS, JAIME GARCÍA MATÍAS, GERMÁN GUADALUPE MENDOZA CRUZ, FELIPE LÓPEZ MORALES, EUGENIO HERNÁNDEZ GAYTAN, ERICK OMAR RODRÍGUEZ SANTIAGO y JESÚS EDUARDO SÁNCHEZ.

A los 25, todos de origen obrero y campesino, se les ha acusado de los delitos de “TERRORISMO y PORTACIÓN DE BOMBAS MOLOTOV”, siendo formalmente presos por el segundo de los delitos sin que exista ninguna prueba de ello, pues en estos, como en todos los demás casos citados, existe un común denominador: su proceso tiene serias irregularidades, sobre todo cometidas por el Ministerio Público y la Policía Judicial, y existen fuertes indicios de falta de independencia del Poder judicial en relación con el Ejecutivo. Además la mayoría se encuentra en la casi total indefensión jurídica y fueron objeto de violaciones graves a los derechos humanos, por lo que han sido denunciados ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Defensoría de Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca, Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado Naciones Unidas de Derechos Humanos.

Muchos de los casos se encuentran en seguimiento de los instrumentos de la ONU y la OEA o han sido objeto de recomendaciones de la CNDH o de la CEDH. Y hay algunos, como en el de LIBRADO BAÑOS RODRÍGUEZ , sobre el que existe ya la opinión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU con número A/HRC/WGAD/2015/19. Y otros más, sobre los que la Caravana de Observación de los Derechos de los Pueblos Indios se pronunció desde el año 2003 como violatorios de nuestra Constitución y de diversos instrumentos internacionales.

Cuarto.- Como puede desprenderse de lo anterior, este es un momento propicio para visibilizar y denunciar la realidad que padecen muchos ciudadanos recluidos en prisión injustamente, y que desde este H. Cámara de Diputados los representantes del pueblo exijamos, con toda energía, que a los presos políticos loxichas se les condonen los años de prisión que todavía les quedan. Este hecho mostraría la voluntad política del gobierno de resolver los conflictos y ayudaría a la necesaria conciliación nacional. No hablamos de condonar delitos o encubrir delincuentes, sino de aplicar la justicia, reconocer las violaciones a los derechos humanos y respetar el estado de derecho.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición, como de urgente u obvia resolución, con

Puntos de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los gobiernos Federal y del Estado de Oaxaca para que, tomando en cuenta las graves irregularidades denunciadas, sirvan de base para determinar los mecanismos para la libertad de los presos políticos y de conciencia que existen en esa entidad. Asimismo, para que se generen mecanismos que en el marco del derecho favorezcan la anulación de las órdenes de aprehensión en contra de los luchadores sociales perseguidos.

Segundo.- La Cámara de Diputados exhorta a las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, para que promuevan todas las acciones a su alcance para el cumplimiento de las recomendaciones que al respecto han emitido, y se comunique públicamente del estado que guardan.

Tercero.- La Cámara de Diputados exhorta a los todos integrantes de esta soberanía, a la Cámara de Senadores y al Congreso del Estado de Oaxaca, para que promovamos todas las acciones que, desde el marco de nuestras respectivas competencias, coadyuven a la libertad de los presos políticos y de conciencia, y la lucha contra la impunidad en relación a las graves violaciones a los derechos humanos sufridas.

Cuarto.- A las instancias de la ONU y la OEA para los derechos humanos, para que promuevan en el marco de sus competencias todas las acciones tendientes ante el Gobierno de México para el cumplimiento de las recomendaciones y compromisos asumidos por México.

Notas:

1 https://www.nodo50.org/cipo/documentos/carav3.htm

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 6 de octubre de 2016.

Diputada Araceli Damián González

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y la SCT a considerar la aplicación inmediata de tecnologías para que la línea del Metro Chalco-La Paz se construya con energía limpia renovable y opere con la mayor brevedad, a cargo de la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita Angie Dennisse Hauffen Torres, diputada del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1 fracción I, articulo 59, 76, fracción IV y articulo 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; así como en los artículos 58 y 59 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, que establecen la competencia de diputados para presentar puntos de acuerdo, someto a consideración el exhorto a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que en coordinación con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) considere la inmediata aplicación de tecnologías que permitan que la línea del metro Chalco-la Paz se construya con energía limpia renovable y opere a la brevedad; con fundamento en el artículo 4° constitucional párrafo 4to y 5to, no se debe escatimar en el recurso económico que se le asigne a esta obra pues es el estado quien debe garantizar el respeto al derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de los habitantes y de quienes se trasladan a ella para trabajar o recibir algún servicio en la Ciudad de México, esto con el fin de mejorar el servicio de transporte de los habitantes de la zona oriente, en beneficio del medio ambiente, la salud de los habitantes y de quienes se trasladan a ella para trabajar o recibir algún servicio en la Ciudad de México, con base en la siguiente:

Exposición de motivos

Hoy, la naturaleza ha mostrado síntomas de cansancio, debilidad y posiblemente derrota; ante los embates del progreso.

Los sabios ciclos naturales de rejuvenecimiento y renovación han sido exigidos al máximo. El tiempo ya no alcanza. Los ciclos naturales, La vertiginosa velocidad con que se desarrollan nuestras comunidades, han confundido la memoria de la naturaleza y la ha sometido trágicamente.

Ya no son suficientes las corrientes polares y mucho menos los cambios de estación. Hoy todo es más complicado, las combinaciones químicas y condiciones atmosféricas convierten nuestro hábitat en un laboratorio que solo los verdaderamente sabios pueden analizar, interpretar y recomendar una posible solución.

Los ciudadanos responsables participamos de las exigentes y drásticas medidas disciplinarias; resultadas de tan concienzudos estudios. Nunca actuaremos en contra de la salud de nuestros semejantes y mucho menos en el deterioro de la casa común. Acataremos y atenderemos conscientemente todas y cada una de las recomendaciones emitidas con la firme conciencia de preponderar el bienestar de las mayorías.

Sin embargo, es momento de solicitar y exigir acciones y obras tendientes a la solución de este tan contaminado problema, es momento de aplicar una política metropolitana real y resolutiva, una megalópolis con más de 20 millones de habitantes deberá contar con más de 10 polos de desarrollo, donde los ciudadanos tengan la posibilidad de desarrollarse social, cultural, económica y políticamente sin perder el hilo conductor y de comunicación entre los mismos.

Hoy contamos con concentraciones masivas de población que dependen irrestrictamente de la Ciudad de México, y está ya no tiene cabida para uno más de los que ya hoy participamos en su vida diaria, ya sea para trasladarnos de un punto a otro de la megalópolis o para recibir un servicio concentrado en este nudo de caminos.

Las aportaciones de tan nutrido grupo de contribuyentes no solo es del modo económico, más aun es en la demanda de servicios y principalmente en la aportación de contaminantes, consumo de energéticos y lo más importante desgaste en la calidad de vida de cada individuo.

El problema no solo es de pesos, es de calidad y vidas humanas. El reto es reducir al máximo el consumo de energías y esfuerzos para garantizar larga vida a nuestro ecosistema y mejor calidad a nuestros ciudadanos. Es fundamental considerar la inmediata construcción del sistema de transporte público masivo con la utilización de energía limpia renovable para reducir al máximo la cantidad de contaminantes que aporta la zona sur oriente del Estado de México a la Capital de esta Megalópolis.

Por el cual, de acuerdo en el artículo 4° constitucional párrafo 4to y 5to, no se debe escatimar en el recurso económico que se le asigne a esta obra pues es el estado quien debe garantizar el respeto al derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de los habitantes y de quienes se trasladan a ella para trabajar o recibir algún servicio en la Ciudad de México.

Por lo expuesto, los diputados ciudadanos exhortamos a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que se considere la inmediata aplicación de tecnologías que permitan que la línea del metro La Paz-Chalco se construya y opere a la brevedad con energía limpia renovable

Es por lo antes expuesto se somete a consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para que en coordinación con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) considere la inmediata aplicación de tecnologías que permitan que la línea del metro Chalco-la Paz se construya con energía limpia renovable y opere a la brevedad, esto con el fin de mejorar el servicio de transporte de los habitantes de la zona oriente, en beneficio del medio ambiente, la salud de los habitantes y de quienes se trasladan a ella para trabajar o recibir algún servicio en la Ciudad de México.

Dado en Palacio legislativo de San Lázaro 6 de octubre de 2016.

Diputada Angie Dennisse Hauffen Torres (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de San Luis Potosí a elaborar y publicar por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental el programa del plan de manejo del parque urbano Paseo de la Presa, en la capital, suscrita por los diputados María de los Ángeles Rodríguez Aguirre y Xavier Nava Palacios, de los Grupos Parlamentarios del PAN y del PRD, respectivamente

La que suscribe, diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 6. Numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados; los artículos 34, numeral 1, incisos a) y c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado libre y soberano del San Luis Potosí a elaborar y publicar, a través de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, el programa del Plan de Manejo del Parque Urbano “Paseo de las Presas” ubicado en el Municipio de la capital, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1.- Que como lo establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, las Áreas Naturales Protegidas tienen entre sus principales objetivos: el de preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, así como sus funciones, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos;

2.- Que corresponde a los Estados de la Federación el establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas previstas en la legislación local, con la participación de los gobiernos municipales;

3.- Que según lo establecido en el Reglamento de la Ley Ambiental del estado de San Luis Potosí en materia de Áreas Naturales Protegidas en su artículo 35, Fracción IV, se entiende por Parque Urbano, las áreas de uso público circunvecinas a los centros de población en las que existan sistemas naturales en buen estado de conservación o que requieran ser restaurados con el propósito de la conservación de los servicios ambientales indispensables para el bienestar familiar;

De manera general es importante recordar que un programa de Parques Urbanos tiene dos grandes objetivos:

• Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida urbana, mediante la construcción de espacios públicos en la ciudad.

• Crear un desarrollo óptimo de accesibilidad que conecta entre la mancha urbana y sus anillos periféricos, creando así un ambiente armónico entre lo natural y lo urbano.

Además, un proyecto de protección e integración urbano promueve un acceso más equitativo de la población a espacios de calidad para la recreación y el libre esparcimiento en áreas naturales protegidas en armonía con el crecimiento urbano.

4.- Que como lo precisa el “Programa Estratégico Forestal del Estado de San Luis Potosí (PEFE-SLP) 2006-2025”, el 6.9% de la superficie del Estado se encuentra dentro de Áreas Naturales Protegidas en las cuales se encuentran representados diversos tipos de vegetación, pero faltan por proteger áreas representativas como el bosque mesófilo de montaña y la vegetación acuática (humedales). Además, a pesar de la importante superficie bajo régimen legal de protección, se carece de planes de manejo que definan la política de aprovechamiento y conservación para dichas áreas, aunado a lo anterior están los problemas de extracción de recursos de manera ilegal, cambios de uso de suelo y falta de infraestructura con fines turísticos, por lo cual la pérdida de recursos aumenta continuamente.1

5.- Que el rápido crecimiento de los centros de población y en especial en la ciudad capital, demandan la construcción de obras de infraestructura social (urbanización, caminos, electrificación, entre otras). Sin las medidas necesarias para prevenir o mitigar los impactos ambientales de este crecimiento urbano, se afectan en forma directa los ecosistemas. La capital del estado, principal centro urbano de la entidad, cuenta con dos Áreas Naturales Protegidas que están bajo el resguardo del Ayuntamiento capitalino cuya declaratoria se hizo pública el 5 de junio de 1996 bajo la modalidad de Parque urbano, estas son:

“Paseo de la Presa San José”, con una superficie de 344,02 hectáreas.

Parque Urbano “Ejido San Juan de Guadalupe”, Sierra San Miguelito, con una superficie de 1,200 hectáreas.

Hasta la fecha, no se localizó en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, la publicación de los respectivos planes de manejo de los parques referidos, contraviniendo lo establecido en el artículo 41 de la Ley Ambiental del Estado.

6.- Que si consideramos que la urbanización creciente de la capital aunada a la falta de planes de manejo en las Áreas Naturales Protegidas contiguas, trae como consecuencia una falta de señalización y delimitación de las mismas ; por lo que las zonas de protección se ven ocupadas de forma ilegal. Una atención particular es el deterioro que presentan las inmediaciones de la Presa San José; caminos y linderos de la principal fuente de abasto de agua a la capital, se utilizan para el tránsito de vehículos y de personas lo que provoca problemas de contaminación y deterioro de los ecosistemas que deberían ser protegidos. Esto también ha generado que la zona de recarga de acuíferos en la cuenca, se vea reducida provocando un paulatino déficit del recurso hídrico.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí a elaborar y publicar, a través de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, el programa del Plan de Manejo del Parque Urbano “Paseo de las Presas” ubicado en el Municipio de la capital de San Luis Potosí.

Segundo. Se hace un atento exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí a realizar acciones de protección y gestión para preservar el equilibrio del ecosistema urbano industrial de la ciudad de San Luis Potosí a partir de la delimitación y señalización del Parque Urbano “Paseo de las Presas” con el fin de controlar y evitar la ocupación y actividades que dañan el entorno.

Tercero. Se exhorta a las autoridades municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí a que respeten el Área Natural protegida en modalidad del Parque Urbano “ Paseo de la Presa”, no otorgando licencias de construcción y cambios de uso de suelo de dicha zona

Notas:

1 http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/12/
189Programa%20Estrat%c3%a9gico%20Forestal%20del%20Estado%20de%20San%20Luis%20Potos%c3%ad.pdf

Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 6 de octubre de dos mil dieciséis

Diputados: María de los Ángeles Rodríguez Aguirre del PAN (rúbrica), Xavier Nava Palacios del PRD (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y la Conagua a garantizar el derecho humano al acceso, la disposición y el saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, a cargo de la diputada Ana Leticia Carrera Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Ana Leticia Carrera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Considerandos

En materia de agua, existen importantes compromisos y responsabilidades del Estado, a nivel internacional y nacional, que demandan una especial atención y coordinación de la Federación Entidades Federativas y Municipios mediante una estrategia nacional integral.

Por tratarse de un asunto de Seguridad Nacional por excelencia, y no obstante que hoy, por obviedad, es innecesario esgrimir argumentos para convencer, y sobre todo destacar la especial trascendencia del tema del agua, esta Asamblea precisa considerar que la falta de acceso a agua potable es uno de los indicadores más importantes de exclusión social, inequidad, marginación, rezago y pobreza; y constituye un serio obstáculo para el desarrollo humano y económico del país.

El acceso universal al agua potable es esencial en la lucha contra la pobreza y factor fundamental para la gobernanza . La inequidad y rezago, resultado de la carencia de este servicio público, deteriora el tejido social y magnifica la exclusión de los grupos más marginados de la población, la hace a ésta vulnerable; por ello, la provisión de agua limpia y su saneamiento constituye uno de los objetivos primordiales de muy importantes instrumentos internacionales suscritos por México en el sistema de las Naciones Unidas, aprobados por el Senado como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de Paris; este último, suscrito por nuestro país a finales de 2015 y recién aprobado por el Senado en el presente mes de septiembre, entre otros.

Los ODM se establecen en el año 2000 hacia el 2015 que fue su año objetivo, centrándose principalmente en la agenda social y estaban dirigidos a los países en desarrollo, en particular los más pobres, mientras que los ODS (Objetivos para el Desarrollo Sostenido) se aplican a todo el mundo .

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2012 conocida como Río+20 , los países acordaron establecer un grupo de trabajo para desarrollar un conjunto de objetivos resultando una recomendación de 17 objetivos de desarrollo sostenible con 169 metas , a diferencia de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) con 21 metas, considerando fundamental abordar las causas de los problemas y no solo los síntomas, y son el resultado de un proceso de negociación que involucró a los 193 Estados Miembros de la ONU.

Los Objetivos para el Desarrollo Sostenido (ODS) son de amplio alcance ya que se abordan los elementos interconectados del desarrollo sostenible: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente.

De entre estos objetivos, el primero es poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo ; el segundo es poner fin al hambre y lograr la seguridad alimentaria; el tercero es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos; el cuarto es garantizar una educación inclusiva equitativa y de calidad para todos; el quinto es la igualdad entre los géneros; el sexto objetivo es garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos ; séptimo garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos; octavo promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible y el empleo pleno; noveno construir infraestructuras resilientes promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación ; décimo reducir la desigualdad en y entre los países; el undécimo objetivo es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; objetivo 12 garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles; el objetivo13 es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, principalmente.

Aunado a lo anterior, en materia de cambio climático y su relación con el agua , es necesario considerar los compromisos relativos del Acuerdo de Paris, cuyo objeto es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en México ratificado por el Senado a principios del presente mes de septiembre.

En este instrumento internacional se determina que el cambio climático es un problema de toda la humanidad y que, al adoptar medidas para hacerle frente, las Partes deberán respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional , en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, y a la luz de las diferentes circunstancias nacionales aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del fenómeno. En un marco de transparencia de las medidas, demanda ofrecer oportunidades para la coordinación de los instrumentos y los arreglos institucionales pertinentes, a fin de aumentar la capacidad de adaptación y mitigación, y fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático, lo que constituye un desafío mundial que incumbe a todos.

Por lo anterior, ésta Soberanía debe considerar que a partir de la reforma al artículo primero de la Constitución en 2011, el Estado debe garantizar entre otros derechos humanos y en su protección más amplia, el que garantiza y asegura la disposición del agua en calidad y cantidad y su saneamiento, para consumo personal y doméstico, derecho humano preconizado por el artículo cuarto constitucional desde febrero de 2012; numeral que también establece, desde junio de 1999, el derecho humano a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar.

Así, la estrategia integral institucional que demanda la ineludible atención del problema del agua , deberá basarse en una adecuada planeación y articulación de acciones y políticas públicas definidas, sostenibles y transversales, considerando la innovación que asegure y garantice la disposición y acceso universales y el saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, así como para usos urbanos, a fin de que se logre abastecer, por los motivos y fundamentos expuestos, también a los casi nueve millones de mexicanos que ahora carecen del vital líquido , de los cuales cinco millones habitan en zonas rurales, aunque el problema también se acentúa en ciertas zonas urbanas del país notoriamente, como en nuestra Megalópolis, que constituye una de las Zonas Metropolitanas más grandes del mundo.

En estos días, el jueves 8 de septiembre del actual, el Senado creó el Grupo de Trabajo (integrado por 17 comisiones) para el Seguimiento Legislativo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con el propósito de acompañar al Gobierno en la implantación de la Agenda 2030 y cumplir con sus 169 metas en el país, cuya instrumentación requiere una estrategia nacional integral . Entre las medidas que se prevén, están la elaboración de mapeos de políticas existentes y la asignación de responsabilidades a las Secretarías de Estado; la identificación de prioridades y áreas de oportunidades de política pública; y, la creación de comisiones para la institucionalización de la aplicación de la Agenda 2030.

En consecuencia, a nivel nacional se precisa de la debida aplicación de nuestras normas que prevén la tutela de este bien jurídico , así como verificar la materialización de los objetivos acciones y estrategias de programas tales como: la Ley de Aguas Nacionales , el Programa Nacional Hídrico, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente , Normas Oficiales Mexicanas, la Ley General de Cambio Climático y la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el Programa Especial sobre esa materia, entre otros ordenamientos.

La Ley de Aguas Nacionales (LAN) , que tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sostenido, mediante la gestión sustentable de las cuencas hidrológicas y de los recursos hídricos, considera a la Gestión del Agua como el proceso sustentado en el conjunto de principios, políticas, actos, recursos, instrumentos, normas formales y no formales, bienes, recursos, derechos, atribuciones y responsabilidades, mediante el cual coordinadamente el Estado, los usuarios del agua y las organizaciones de la sociedad, promueven e instrumentan para lograr el desarrollo sustentable en beneficio de los seres humanos y su medio social, económico y ambiental, tomando en cuenta, primero.- El control y manejo del agua y las cuencas hidrológicas, incluyendo los acuíferos, por ende su distribución y administración; segundo.- La regulación de la explotación, uso o aprovechamiento del agua; y, tercero.- La preservación y sustentabilidad de los recursos hídricos en cantidad y calidad, considerando los riesgos ante la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos extraordinarios y daños a ecosistemas vitales y al medio ambiente. La gestión del agua comprende en su totalidad a la administración gubernamental del agua.

También esta ley considera a la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos como un proceso que promueve la gestión y desarrollo coordinado del agua, la tierra, los recursos relacionados con éstos y el ambiente, con el fin de maximizar el bienestar social y económico equitativamente sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales. Dicha gestión está íntimamente vinculada con el desarrollo sustentable. Y señala que para la aplicación de esta Ley, en relación con este concepto, se consideran primordialmente agua y bosque.

La LAN establece como competencia del Ejecutivo Federal la facultad de aprobar el Programa Nacional Hídrico, conforme a lo previsto en la Ley de Planeación, y emitir políticas y lineamientos que orienten la gestión sustentable de las cuencas hidrológicas y de los recursos hídricos . También la LAN declara de utilidad pública: La gestión integrada de los recursos hídricos, superficiales y del subsuelo, a partir de las cuencas hidrológicas en el territorio nacional, como prioridad y asunto de seguridad nacional ; la protección, mejoramiento, conservación y restauración de cuencas hidrológicas, acuíferos, cauces, vasos y demás depósitos de agua de propiedad nacional, zonas de captación de fuentes de abastecimiento, zonas federales, así como la infiltración natural o artificial de aguas para reabastecer mantos acuíferos acorde con las “Normas Oficiales Mexicanas” y la derivación de las aguas de una cuenca o región hidrológica hacia otras. Igualmente el restablecimiento del equilibrio de los ecosistemas vitales vinculados con el agua, entre otros.

Es importante la atribución que esta ley establece al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de proponer la política hídrica del país , y por cierto, respecto a las atribuciones que establece a la Conagua , resulta necesario y conveniente coordinarlas adecuadamente con las atribuciones de los demás órganos administrativos desconcentrados de la Semarnat, como entre otros la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y del organismo público descentralizado Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) , que precisan de una mejor y más adecuada articulación de funciones para una mayor eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos hídricos. (CONAGUA requiere de mayores controles externos de sus funciones)

Igualmente, la LAN declara que es de interés público: la descentralización y mejoramiento de la gestión de los recursos hídricos por cuenca hidrológica, a través de Organismos de Cuenca de índole gubernamental, y de Consejos de Cuenca de composición mixta, con participación de los tres órdenes de gobierno, de los usuarios del agua y de las organizaciones de la sociedad en la toma de decisiones y asunción de compromisos; la descentralización y mejoramiento de la gestión de los recursos hídricos con la participación de la Ciudad de México, los Estados y de los Municipios; y, la atención prioritaria de la problemática hídrica en las localidades con escasez del recurso , entre otros.

Asimismo, se precisa de la puntual aplicación y verificación permanente del cumplimiento de los objetivos estrategias y líneas de acción del Programa Nacional Hídrico, elaborado con fundamento constitucional previsto en los artículos 25, 26, 27 y 134 de nuestra Carta Magna y con base en la Ley de Planeación, el cual deriva del Plan Nacional de Desarrollo y es un programa sexenal de carácter especial y multisectorial.

En este programa (PNH) , se reconoce que el agua debe ser apreciada como un elemento integrador que contribuya a dar paz a los mexicanos para evitar conflictos y dar seguridad a todos; que el agua es un bien promotor del desarrollo sustentable; y, que es indispensable atender la seguridad hídrica y el derecho humano al agua y saneamiento básico, así como el apoyo objetivo y bien sustentado a la población, en el mejoramiento integral de la gestión del agua en los asentamientos humanos y en el campo. El Programa Nacional Hídrico considera articular las relaciones con entidades federativas y municipios con apoyo en una transversalidad institucional que debe madurar y perdurar, para la consecución de su objetivo global que es lograr la seguridad y la sustentabilidad hídrica en México.

Como programa especial, es un instrumento de planificación que reconoce que los retos trascienden al sector hídrico y son transversales a la mayor parte de las esferas de la Administración Pública Federal, con elementos de política y administración necesarios para articular una provechosa relación de los tres órdenes de gobierno en materia de agua mediante mecanismos como convenios, acuerdos, reglas de operación, programas especiales con incumbencia territorial determinada y proyectos y acciones específicas, que para lograr ese objetivo se asume y presenta como un sistema moderno de planificación-programación-presupuestación-ejecución y seguimiento-evaluación, que impulse al sector a alcanzar mejores niveles de desarrollo y contribución en la calidad de vida de los mexicanos, según se señala en el mismo.

El PNH identifica la problemática en tres aspectos: sobreexplotación, sobre-concesión, y contaminación de los recursos hídricos. Destaca también la importancia de los servicios de agua para los asentamientos humanos, la seguridad hídrica, y el mejoramiento y fortalecimiento de las condiciones de gobernabilidad y gobernanza de los recursos hídricos .

Establece 4 líneas de política pública: servicios de agua adecuados; agua para la seguridad alimentaria que aliente la producción suficiente de alimentos para la población; manejo responsable y sustentable del agua para orientar su uso y consumo racionales; y, reducir la vulnerabilidad ante efectos del cambio climático y las contingencias ambientales.

El PNH fija 6 Objetivos : 1.- Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua; 2.- Incrementar la seguridad hídrica ante sequías e inundaciones; 3.- Fortalecer el abastecimiento de agua y acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; 4.- Incrementar las capacidades técnicas científicas y tecnológicas del sector; 5.- Asegurar el agua para riego agrícola, energía, industria, turismo y otras actividades económicas y financieras de manera sustentable; y, 6.- Consolidar la participación de México en el contexto internacional en materia de agua.

De sus Estrategias destacan, entre otras, la de ajustar las concesiones y asignaciones a las prioridades nacionales; reducir la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático o variabilidad climática; incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado; promover los instrumentos de coordinación que propicien la certeza jurídica para garantizar el derecho humano de acceso al agua; mejorar las eficiencias de los servicios de agua en los municipios; y, sanear las aguas residuales municipales e industriales con un enfoque integral de cuenca hidrológica y acuífero.

Este programa refiere que la gestión del agua por cuencas, como la que se realiza en nuestro país, implica la participación de quienes comparten el recurso dentro de dicho ámbito territorial. También registra que la disponibilidad de agua per cápita ha disminuido de 18,035 metros cúbicos por habitante al año en 1950, a 3,982 en 2013. Igualmente registra que 35 millones de mexicanos están en situación de poca disponibilidad de agua en términos de cantidad y calidad , cifra calificada como baja por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y que, del volumen total extraído, los porcentajes de los usos del agua son: 77% para riego; 14% para uso público urbano; y, 9% para industrias autoabastecidas y termoeléctricas.

También es indispensable la aplicación de las disposiciones que en materia hídrica establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) , referidas al aprovechamiento sostenido de los recursos hídricos y la prevención y control de su contaminación.

Esta ley, marco en materia ambiental, establece principios y criterios de política ecológica general que determinan la integralidad y sustentabilidad en el aprovechamiento del vital recurso, y su protección. Tiene como objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para: garantizar el derecho de toda persona a vivir en un ambiente adecuado para su desarrollo salud y bienestar; definir los principios de política ambiental y los instrumentos para su aplicación; el aprovechamiento sustentable, la preservación y restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas; y, la prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo, entre otras bases.

La LGEEPA define importantes principios de política ambiental, que por mandato de ley deberá observar el Ejecutivo Federal, asimilados en nuestra legislación nacional como producto y evolución del Derecho Internacional Ambiental , tales como: los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen la vida y las posibilidades productivas del país; los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se asegure su productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e integridad; y, los recursos naturales no renovables (agua , aire, suelo, hidrocarburos y minerales) deben utilizarse de modo que se evite su agotamiento y la generación de efectos ecológicos adversos, entre otros.

Esta ley también establece importantes instrumentos de Política Ambiental como entre más, la planeación ambiental; el Ordenamiento Ecológico del Territorio ; instrumentos económicos; y, las normas oficiales mexicanas. Por cierto, considerando el panorama general y el sustento que aquí se expone, en relación al agua, se precisa motivar una innovada adecuación y actualizar y verificar la instrumentación y aplicación, inaplazable, por los fundamentos y motivos expuestos, de la planeación, los instrumentos económicos, y las normas oficiales mexicanas , instrumentos que resultan ahora estar en desuso, no aplicados e inobservados o ausentes, cuya debida aplicación es muy necesaria por lo antes expuesto. (Destaca la falta de NOMs que regulen la materia hídrica y los mecanismos para verificar su cumplimiento.)

Es importante también que se observe y respete el esquema de protección y preservación que presenta el Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 7 de septiembre de 2012. Igualmente es importante observar y hacer prevalecer los criterios ecológicos que esta ley marco prevé para el aprovechamiento sustentable del agua y los sistemas acuáticos; así como para la prevención y control de su contaminación.

Por lo que toca a la Ley General de Cambio Climático (LGCC) , publicada en el DOF el día 6 de junio de 2012, que dentro de sus escuetas referencias a los recursos hídricos y a lo que guarda relación directa con éstos (lo que puede constituir una importante omisión legislativa), encontramos que tiene por objeto garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de la federación entidades federativas y municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y su mitigación; reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente a los efectos adversos del fenómeno ; establecer las bases para la concertación con la sociedad, entre otros. No obstante, sí constituye y tutela bienes jurídicos involucrados directamente con los recursos hídricos como: la Adaptación.- Medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales, como respuesta a estímulos climáticos, proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño, o aprovechar sus aspectos beneficiosos; la Resiliencia .- capacidad de los sistemas naturales y sociales para recuperarse o soportar los efectos derivados del cambio climático; y, la Resistencia.- capacidad de los sistemas naturales y sociales para persistir ante los efectos derivados del fenómeno.

Esta ley también establece principios de política nacional de cambio climático como el de la Sustentabilidad en el aprovechamiento o uso de los ecosistemas y los elementos que los integran; la Integralidad y transversalidad adoptando un enfoque de coordinación y cooperación entre órdenes de gobierno, así como con los sectores social y privado para asegurar la instrumentación de la política nacional de cambio climático. La LGCC atribuye a los Municipios la facultad de formular e instrumentar políticas y acciones para enfrentar al cambio climático en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional, el Programa Nacional y el Programa Estatal en la materia y con las leyes aplicables, en las materias de: Prestación del servicio de agua potable y saneamiento; ordenamiento ecológico local y desarrollo urbano; recursos naturales y protección al ambiente de su competencia , entre otras atribuciones.

En cuanto a la Política Nacional de Adaptación frente al Cambio Climático , sustentada en instrumentos de diagnóstico, planificación, medición, reporte, verificación y evaluación, esta ley determina que tendrá por objetivos: Reducir la vulnerabilidad de la sociedad y los ecosistemas frente a los efectos del cambio climático; fortalecer la resiliencia y resistencia de los sistemas naturales y humanos; identificar la vulnerabilidad y capacidad de adaptación y transformación de los sistemas ecológicos, físicos y sociales y aprovechar oportunidades generadas por nuevas condiciones climáticas . La LGCC también establece que la federación entidades federativas y municipios deberán ejecutar acciones para la adaptación en la elaboración de las políticas, la Estrategia Nacional, el Programa y los programas en los siguientes ámbitos: gestión integral del riesgo; Recursos hídricos ; ordenamiento ecológico del territorio, asentamientos humanos y desarrollo urbano, entre otros. Esta ley considera acciones de adaptación el establecimiento de centros de población o asentamientos humanos, así como en las acciones de desarrollo, mejoramiento y conservación de los mismos; los programas hídricos de cuencas hidrológicas ; la construcción y mantenimiento de infraestructura, etc.

Este ordenamiento constituye la integración de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático presidida por el titular del Ejecutivo federal que, entre otras, ejercerá las atribuciones de formular políticas nacionales para su mitigación y adaptación, y su incorporación en los programas y acciones sectoriales correspondientes; desarrollar los criterios de transversalidad e integralidad de las políticas públicas para enfrentar al cambio climático para que las apliquen las dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal.

Como instrumentos de planeación de la política nacional de cambio climático esta Ley General considera la Estrategia Nacional, el Programa y los programas de las Entidades Federativas sobre la materia. La Estrategia debe contener, entre otros elementos, la evaluación y diagnóstico de la vulnerabilidad y capacidad de adaptación ante el fenómeno de regiones, ecosistemas, centros de población, equipamiento e infraestructura, sectores productivos y grupos sociales. Y, el Programa, debe contener la planeación sexenal con perspectiva de largo plazo, congruente con los objetivos de la Estrategia Nacional, así como con los compromisos internacionales y con la situación económica, ambiental y social del país .

Aparejado a todo lo anteriormente expuesto, especial trascendencia implican los aspectos de transparencia y rendición de cuentas, estadísticas, y la capacidad, honestidad, eficacia y eficiencia que se logren generar en los sistemas operadores de agua en las distintas regiones del país.

Por lo anterior, y sin eludir la responsabilidad del Estado de asegurar las más indispensables condiciones de subsistencia, a fin de propiciar el bienestar general y un desarrollo equilibrado, integral y sustentable en los centros de población del país, pero sobre todo en aquellos centros de población en que los aspectos urbanos y poblacionales acusan características acentuadas de urgente y obvia atención, prioridad nacional

Por lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y a la Conagua a impulsar y materializar acciones, mediante una estrategia nacional integral , a fin de asegurar y garantizar el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible para la población, así como para usos en los servicios urbanos.

Diputada Ana Leticia Carrera Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Oaxaca a atender las necesidades médicas para salvar la vista al abogado Librado Baños Rodríguez e instalar una mesa de trabajo entre las autoridades de la entidad a fin de cumplir la recomendación sobre la detención arbitraria, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Cuitláhuac García Jiménez, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, Alfredo Basurto Román, Jesús Emiliano Álvarez López, Modesta Fuentes Alonso, Jorge Tello López, Araceli Damián González y Juan Romero Tenorio, diputados de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. El 25 de agosto de 2013 fue detenido de manera arbitraria el abogado defensor de derechos humanos, Librado Baños Rodríguez, en su domicilio en la colonia Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades (UCIDEBACC) en Pinotepa Nacional, Oaxaca, por agentes de la Policía Federal Investigadora, quienes no mostraron orden de aprehensión.

La detención fue realizada en el contexto de una incursión a la Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades (UCIDEBACC), colonia poblada por unas 200 familias de escasos recursos, cuando aproximadamente 300 militares del Ejército y la Marina, así como agentes de la Policía estatal, la Policía investigadora y la Policía municipal, allanaron las viviendas y sacaron a los habitantes violentamente de sus casas1 .

Librado Baños Rodríguez actualmente se encuentra privado de su libertad en el penal de Ixcotel, Oaxaca, y procesado bajo la causa penal número 84/2013 ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en Oaxaca, por los delitos de uso indebido de insignias y siglas de uso reservado para una corporación policial, privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro y posesión de armas de uso exclusivo del ejército.

Es importante resaltar que la detención y procesamiento del ciudadano Librado Baños Rodríguez está fuertemente motivada por su activa participación en la vida política y social de Oaxaca y por su defensa de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la región, particularmente sus derechos a la educación, la salud, la alimentación y la vivienda. Su detención respondería a intereses políticos y económicos de caciques de la región de la costa en Pinotepa Nacional.

Se trata de un caso de criminalización de los defensores y defensoras de los derechos humanos, a través de un uso indebido del derecho penal. El objeto de su detención es que sirva de intimidación a los defensores de derechos humanos, paralizando a su vez su trabajo.

Finalmente, esta detención es contraria a los artículos 3, 4, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; a los artículos 6, 7, 9, 10 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el cual es parte México; a los artículos 4, 5, 7, 15 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; a los artículos 2, 13 y 16 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y a los artículos 1, 2, 3 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Segunda. El 19 de febrero de 2015 emitió el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas2 emitió una comunicación oficial dirigida al gobierno de México sobre la detención del abogado Librado Baños Rodríguez. México no dio repuesta, según debió hacerlo en atención a diversas resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Cabe destacar que el grupo de trabajo tiene por mandato investigar los casos de privación de libertad impuesta arbitrariamente. Para evaluar las situaciones de privación arbitraria de libertad, el grupo de trabajo se remite, en el cumplimiento de su mandato, a los “métodos de trabajo revisados del grupo de trabajo”3 mismos que establecen las cinco categorías jurídicas siguientes:

“a) Cuando es evidentemente imposible invocar base legal alguna que la justifique –como el mantenimiento de una persona en detención tras haber cumplido la pena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable– (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de derechos o libertades proclamados en los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y además, respecto de los estados parte, en los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los estados afectados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de retención administrativa prolongada sin posibilidad de recurso administrativo y judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de la libertad constituye una violación del derecho internacional por motivos de discriminación basada en el nacimiento, el origen nacional, étnico o social, el idioma, la religión, la condición económica, la opinión política o de otra índole, el género, la orientación sexual, la discapacidad u otra condición, y tiene por objeto hacer caso omiso de la igualdad de derechos humanos no puede causar ese resultado (categoría V)”.

En este orden de ideas, el 13 de julio de 2015, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas emitió un documento de número A/HRC/WGAD/2015/194 , relativo al abogado Librado Baños Rodríguez el cual en su parte decisoria establece:

“Decisión

21. A la luz de lo expuesto, el grupo de trabajo concluye que el arresto y la continuada privación de libertad del señor Baños Rodríguez son arbitrarios y caen dentro de las categorías II y V de las categorías aplicadas por el grupo de trabajo para la consideración de los casos sometidos a su atención.

22. En consonancia con la opinión rendida, el grupo de trabajo solicita al gobierno de México la liberación inmediata del señor Baños Rodríguez y el otorgamiento de una adecuada reparación, incluyendo, entre otras cosas, el otorgamiento de compensación y brindarle el tratamiento médico necesario.

23. El grupo de trabajo solicita al gobierno adoptar las acciones que considere necesarias para atender las preocupaciones motivadas por el deterioro del estado de salud del señor Baños Rodríguez y continuar proveyéndole de la asistencia médica necesaria aun después de su liberación.

24. El grupo de trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha invitado a los estados a cooperar con el grupo de trabajo a través de la puesta en práctica de sus recomendaciones, incluyendo el otorgamiento de adecuada reparación a las víctimas de detención arbitraria, y manteniendo informado al grupo de trabajo de las medidas que se adopten. El grupo de trabajo busca en consecuencia la plena cooperación del gobierno de México en la efectiva y oportuna aplicación de la presente opinión , de acuerdo con sus obligaciones internacionales.”5 .

Tercera. Adicionalmente a lo anterior, el estado de salud del señor Librado Baños Rodríguez es muy delicado, dado el hecho que ha sufrido malos tratos físicos al interior de la prisión y que sufre de presión intraocular elevada, que requiere cirugía.

Así el 1o. de septiembre de 2015, debido a la negligencia médica y la agresión contra Librado por autoridades penitenciarias que se constituyen como tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes, la organización de derechos humanos Comité Cerezo México, emite la Acción Urgente AU-03-OAX—01septiembre2015 con título: Tratos crueles e inhumanos y probable tortura contra Librado Baños Rodríguez preso por motivos políticos y amenazas de muerte a Eva Lucero Rivero Ortiz.

El 16 de abril de 2016 Librado Baños manifiesta nuevamente molestias en su ojo derecho.

El 21 de abril de 2016 el encargado del Área Jurídica del Penal donde Librado se encuentra internado, manifiesta frente al visitador de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) que de acuerdo al reglamento de ellos como institución no están obligados a brindar atención medica de segundo nivel, por lo tanto, si se necesitaba de especialistas que los familiares los deben buscar de manera particular y absorbiéramos los gastos que ello genera.

El 23 de abril de 2016 la DDHPO envía un oficio solicitando la atención médica especializada urgente para Librado Baños; según el defensor especializado que atendió comunica que vía telefónica el área jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) le manifestó que no pueden proporcionar tal atención, la familiar Eva Lucero Rivero solicitó al defensor especializado que requería por escrito dicha respuesta para que en el cuaderno de antecedentes de la DDHPO quedase asentada la posición de la SSPO.

El lunes 5 de septiembre de 2016, Librado Baños Rodríguez fue intervenido quirúrgicamente en una clínica oftalmológica particular, señalando el médico tratante que se trataba de un derrame intraocular y que debía aplicársele una inyección de angiogénico, procedimiento que tiene un valor de 30 mil pesos, asimismo señaló la urgencia de colocar una válvula Ahmed en ojo derecho para lograr salvar el órgano y la poca visión que aún conserva, lo cual tiene un costo de 80 mil pesos.

El sábado 10 de septiembre de 2016 fue retirado un lente colocado en la operación anterior y se le informó a los familiares que debido a la presencia de vasos sanguíneos sangrando al interior del ojo necesitaba aplicarse otra dosis de angiogénico el 21 de septiembre y posteriormente aplicar láser en los vasos para cauterizarlos; sin embargo Librado ya no salió a esta cita médica por no contar con el recurso económico para seguir cubriendo la atención.

Por las razonas arriba expresadas, venimos a plantear ante esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Oaxaca para que instruya a la Dirección de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, a que de manera inmediata atienda las necesidades médicas para salvarle la visión al abogado Librado Baños Rodríguez, permitiendo la atención médica especializada necesaria y los tratos adecuados dentro del penal para el restablecimiento de la visión del ojo derecho.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para que instale una mesa de trabajo entre las autoridades del gobierno del estado de Oaxaca, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y la Procuraduría General de la República para que revisen la causa penal número 84/2013 llevada ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en Oaxaca, instaurada en contra de Librado Baños Rodríguez para cumplir con la recomendación A/HRC/WGAD/2015/19 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU en la que solicita al gobierno de México la liberación inmediata del señor Librado Baños Rodríguez.

Notas

1 Opiniones adoptadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 72º periodo de sesiones (20 a 29 de abril de 2015) - Num 19/2015 (México). Comunicación Dirigida al Gobierno de México 19 de febrero de 2015.
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/WGAD/2015/19&Lang=S

2 Consejo de Derechos Humanos creó el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria en 1991, a través de la resolución 1991/42. El mandato del Grupo fue ampliado por medio de la resolución 1997/50. Finalmente, el Consejo de Derechos Humanos renovó el mandato del Grupo de Trabajo a través de la decisión 2006/102, y lo amplió por medio de las resoluciones 6/4 y 15/18. http://acnudh.org/wp-content/uploads/2014/08/ES-Factsheet-WGAD-formato. pdf

3 Métodos de trabajo revisados del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=
rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSy_yeo8PPAhUR84MKHV3ND6AQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org
%2FDocuments%2FIssues%2FDetention%2FMethodsOfWork_sp.pdf&usg=AFQjCNFn0rQTfWNJ712fgKlSxcj8xyHesA

4 Opiniones adoptadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 72º periodo de sesiones (20 a 29 de abril de 2015) - Num 19/2015 (México). Comunicación Dirigida al Gobierno de México 19 de febrero de 2015.
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/WGAD/2015/19&Lang=S

5 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2016.

Diputados: Cuitláhuac García Jiménez (rúbrica), Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, Alfredo Basurto Román (rúbrica), Jesús Emiliano Álvarez López, Modesta Fuentes Alonso, Jorge Tello López, Araceli Damián González, Juan Romero Tenorio (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SCT a instruir a las concesionarias de tramos carreteros para que realicen las obras de incorporación a todas las comunidades, en especial las de Zoyatzingo, Ozumba y Tepetlixpa, México, a cargo de la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita Angie Dennisse Hauffen Torres, diputada del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la cámara de diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1 fracción I, articulo 59, 76, fracción IV y articulo 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; así como en los artículos 58 y 59 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, que establecen la competencia de diputados para presentar puntos de acuerdo, someto a consideración el exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en base a lo establecido por los artículos, 5° fracciones IV y V, artículo 8° fracción VI de la ley de caminos y puentes para que a la brevedad instruya a todas las concesionarias de tramos carreteros en el país para que se realicen las obras de incorporación a todas las comunidades que cruza dichas vías de comunicación, en especial en las comunidades de Zoyatzingo, Ozumba y Tepetlixpa en el Estado de México, quienes no son considerados en el tramo de la autopista Amecameca-Cuautla entre el kilometraje 28+400 y 51+700, , buscando con ello beneficiar a los ciudadanos de dichas comunidades a fortalecer el turismo y empleo dentro de la comunidades ante mencionadas, con base en:

Exposición de motivos

El desarrollo económico de los pueblos obedece al intercambio de mercancías y al comercio propiamente. Las culturas donde la navegación y exploraciones fueron su principal ocupación son aquellas que a la fecha dominan el mapa mundial de los negocios. Fue a través del comercio como se forjaron los grandes imperios y que conforme a la evolución y organización de las instituciones sociales hoy continúan dominando el mundo. Fueron ellos, los comerciantes; quienes globalizaron y acercaron los continentes, las culturas, las razas y a las personas.

Un ambicioso y hábil comerciante fue capaz de convencer al más radical de los señores feudales para que construyera puentes y caminos, y así gozar de los fabulosos productos que tanto disfruto. Con los recursos generados por sus ventas, patrocino los talentos de mayor ingenio para diseñar y construir los artefactos más sofisticados y especializados para la transportación rápida y masiva de todo tipo de mercancías, al tiempo de preparar profesionales de la persuasión para que con ingeniosas campañas la mayoría deseáramos y utilizáramos el sin número de mercancías ofrecidas.

Si esto fue posible hace miles de años, no entiendo porque en la actualidad existen voluntades contrarias a esta básica forma de comunicación. Voluntades que se empecinan en levantar muros, en lugar de puentes. Y no me refiero al tan llevado y traído muro de la ignorancia promovido por malos políticos y falsos profetas, doy cuenta de las actuales y múltiples carreteras financiadas con recursos públicos y entregadas a subsidiarios particulares para que además de caras y de calidad muy cuestionada, se den el lujo de no incorporar accesos y salidas a las comunidades adyacentes, mismas que son el motivo de su existencia. Coartando la posibilidad de ser visitados por el turismo consuetudinario o eventual, al tiempo de impedir a los moradores de utilizar una vía de salida rápida para la atención de contingencias o la simple utilización de un bien público.

Es por lo antes expuesto se somete a consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en base a lo establecido por los artículos, 5° fracciones IV y V, artículo 8° fracción VI de la ley de caminos y puentes para que a la brevedad instruya a todas las concesionarias de tramos carreteros en el país para que se realicen las obras de incorporación a todas las comunidades que cruza dichas vías de comunicación, en especial en las comunidades de Zoyatzingo, Ozumba y Tepetlixpa en el Estado de México, quienes no son considerados en el tramo de la autopista Amecameca-Cuautla entre el kilometraje 28+400 y 51+700, , buscando con ello beneficiar a los ciudadanos de dichas comunidades a fortalecer el turismo y empleo dentro de la comunidades ante mencionadas.

Dado en Palacio legislativo de San Lázaro6 de octubre de 2016.

Diputada Angie Dennisse Hauffen Torres (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a solucionar de manera integral y pronta por la Segob, la SHCP, Ssa y el INM la ocupación temporal de ciudadanos provenientes de Haití, Ghana, Nueva Guinea y Angola en Tijuana, Baja California, suscrita por los diputados José Máximo García López y Juan Pablo Piña Kurczyn, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado Máximo García López, así como el diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, así como los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I; 62; 76, fracción IV, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permiten poner a la consideración de esta tribuna, proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

El artículo primero constitucional reconoce de la manera más amplia el derecho de toda persona de gozar de los derechos reconocidos por el Estado Mexicano en la misma y en los instrumentos internacionales suscrito por este. Este reconocimiento implica que no sólo los nacionales gozarán de los mismos, sino también extranjeros, lo que incluye a los migrantes.

Por lo anterior, a la población migrante, con independencia de su condición jurídica en el país, le son reconocidos los mismos derechos que al resto de las personas y por ende, deben serles respetados.

El respeto irrestricto de los derechos humanos de la población migrante es uno de los principios en los que se sustenta la Ley de Migración del 25 de mayo de 2011.

Entre otros derechos que le deben ser reconocidos y respetados a la población migrante podemos enunciar los siguientes:

• Derecho a la nacionalidad.

• Derecho al libre tránsito.

• Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso.

• Derecho a la atención consular.

• Derecho a no ser discriminado.

• Derecho al asilo.

• Derecho al refugio.

• Derecho a la protección de la unidad familiar.

• Derecho a la dignidad humana.

• Derecho a no ser criminalizado.

• Derecho ser alojados en una estación migratoria.

• Derecho a un alojamiento digno.

• Derecho a no ser incomunicado.

• Derecho a un traductor.

• Derecho a no ser detenidos en albergues.

• Derecho a la hospitalidad del Estado receptor y a la solidaridad internacional.

• Respeto al derecho a la diversidad cultural y a la interculturalidad.1

En el caso que nos corresponde, el gobierno federal no está respetando el artículo 1 de nuestra Carta Magna, ya que la situación de las personas que están varadas en nuestra frontera temporalmente ha sido ignorada por completo por la autoridad.

En días pasados la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicito al Instituto Nacional de Migración la implementación de medidas cautelares ante el flujo de migrantes extranjeros en el Municipio de Tijuana, hasta el momento no se ha logrado ninguna acción concreta que mejore esta situación.

Como antecedente la Comisión Nacional de los derechos humanos se ha pronunciado en múltiples ocasiones, como en los siguientes casos:

La recomendación general número 13/2006 realizada a la Secretaría de Gobernación, Defensa Nacional, Secretaría de Marina, procurador general de la República, gobernadores de las entidades federativas y jefe de gobierno del Distrito Federal, en la que se documentó que es práctica común de los elementos policiales de distintas corporaciones federales, locales y municipales, y de los institutos armados, la realización de operativos que tienen por objeto verificar la situación jurídica migratoria de extranjeros que se encuentran en el territorio nacional, sin contar con facultades para ello, lo cual trae como consecuencia su detención administrativa ilegal, remisión a la autoridad migratoria y posterior aseguramiento por parte del Instituto Nacional de Migración (INM). Por tal motivo se emitió recomendación en la que, entre otras cosas, se estipuló que se debía instruir al INM para que al recibir a los migrantes que son puestos a su disposición por autoridades federales, estatales y municipales, que en los casos en que tengan conocimiento de que son efectuadas verificaciones migratorias ilegales, den vista a las autoridades competentes para que se deslinde la responsabilidad administrativa en que se haya incurrido. Asimismo, que en los casos en que se solicite la colaboración de alguna autoridad federal, estatal o municipal, en la realización de actos de verificación migratoria, se observen las formalidades establecidas en la legislación aplicable. Y en caso de que autoridades incurrieran en actos constitutivos de delito, en agravio de los extranjeros, se formulara la denuncia respectiva ante el Ministerio Público competente.

Recomendación número 22/2015, emitida a la PGR y al Gobernador del Estado de Chihuahua, con motivo del fallecimiento de una niña de nacionalidad ecuatoriana en un albergue de Ciudad Juárez, en la que entre otras cosas se estableció la reparaciónn del daño que incluyera la indemnización y la atenciónn psicológica necesaria, así como la impartición a los elementos de la Procuraduríaa Auxiliar de Asistencia Jurídica y Social del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua un curso de capacitación obligatorio sobre los derechos de los NNA en migración no acompañados y su deber especial de protección.

Recomendación 0023/2004, ya que el 14 de junio de 2002 un grupo de 23 migrantes que intentaban ingresar de manera indocumentada a Estados Unidos de América a bordo de un vehículo tipo Suburban fue descubierto por elementos del Ejército Mexicano, quienes les ordenaron que se detuvieran; sin embargo, el conductor de la camioneta no sólo no se detuvo, sino que aumentó la velocidad y, en consecuencia, el personal militar disparó sus armas de cargo en contra del vehículo en el cual viajaban; hiriendo a varios migrantes. Entre otras cosas, se recomendó iniciar averiguación previa en contra el personal militar que participó en dicha operación, así como una capacitación para dicho persona en materia de derechos humanos.

México es el principal corredor migrante del mundo por su cercanía territorial con Estados Unidos de América a partir de los últimos días de mayo del presente año en Baja California específicamente en el municipio de Tijuana se observó la llegada de aproximadamente mil ciudadanos provenientes de Haití, Ghana, Nueva Guinea y Angola, los cuales llegaron a Tijuana vía terrestre, aérea y marítima, este éxodo de migrantes haitianos y africanos hacia Baja California tiene la intención de internarse a Estados Unidos y solicitar asilo político y visas humanitarias a ese país, lo cual han intentado a partir de esa fecha sin ninguna suerte, ya que numerosas solicitudes les han sido negadas por la autoridad migratoria del país vecino.

Según datos de las autoridades en mayo se canalizaron aproximadamente a 400 migrantes a los diferentes albergues de la ciudad, hasta el presente mes de septiembre han llegado aproximadamente 4 mil migrantes, situación en extremo delicada sin ninguna previsión ni apoyo por parte del gobierno federal.

El problema con la saturación de albergues en Tijuana no sólo es en términos de espacio, desde hace varia semanas hay largas filas en cada uno de los albergues para obtener alimentos, ya que también se alberga a los migrantes latinoamericanos, muchos de los migrantes ya no alcanzan a comer y se quedan esperando por horas, ya que los alimentos en los albergues no están siendo suficientes para este gran número de migrantes, así como para obtener una cama donde dormir, los albergues se encuentras rebasados en su capacidad total y familias completas de migrantes no alcanzan camas y se ven en la necesidad de dormir en las calles en condiciones anti higiénicas y sobre todo inhumanas.

Esto también se convierte en un problema de salud pública grave por lo que es importante que la autoridad federal sanitaria tome cartas urgentes en el asunto, llevando jornadas de servicios médicos, psicológicos y vacunación, así como implementando protocolos de salud para atender a estos grupos vulnerables de migrantes tan extensos, ya que de no contar con atención médica, esta situación se puede agravar y el contagio de enfermedades y epidemias puede terminar en un desastre social.

Todos los albergues están al 100 por ciento de su capacidad, y la sociedad civil es quien más está aportando y apoyando por medio de donaciones.

Por lo que resulta una necesidad imperante de habilitar más albergues para otorgarles asilo y atención urgente, mientras se define por parte de la autoridad migratoria en Estados Unidos la respuesta de solicitud de asilo político, visas humanitarias, así como los permisos de internación.

Sin embargo en 2014 el gobierno federal elaboró un programa especial en materia migratoria, a través del cual se establecen las prioridades nacionales en el tema migratorio que se plasman en 5 objetivos, 26 estrategias, 195 líneas de acción y 11 indicadores. El Programa Especial de Migración 2014-2018 (PEM), publicado el 30 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, siguió la metodología y dice estar alineado con el ejercicio de planeación democrática del desarrollo nacional 2013-2018, pero lo sorprendente es que ninguno de los 5 objetivos se llevan a cabo y que dicho programa no tiene relación con el Fondo de Apoyo a Migrantes, ya que el mencionado programa no cuenta con presupuesto, hasta esta fecha no se le ha asignado recurso alguno, y ha pasado desapercibido por el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el PEM en su estrategia 1.5.3. establece: “Promover la aplicación de presupuestos etiquetados para la atención del fenómeno migratorio a través de un anexo presupuestal”, ya pasaron dos años y hasta el momento no existe ningún anexo presupuestario para migrantes, ni se distinguen recursos etiquetados en el PEF, incluso en su calidad de Secretario de Relaciones Exteriores , el hoy secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, apoyo su creación, lo cual es una gran falta de congruencia política.

El PEM es el principal documento de política pública en materia migratoria, y no se le destina ningún recurso, con lo cual el gobierno federal deja entrever su poca disposición para resolver los problemas migratorios que tanto afectan la frontera norte de nuestro país.

Cabe destacar que el Fondo de Apoyo al Migrante no prevé la situación que atraviesa el municipio de Tijuana con este grupo vulnerable de migrantes, y además el presupuesto destinado de 300 millones de pesos para 2016 no ha sido liberado.

Tanto los lineamientos del Programa especial para migrantes como el Fondo de Apoyo al Migrantes tienen su origen en el Plan Nacional de Desarrollo, el cual emana de la constitución y es el documento máximo rector de toda la administración federal en el cual se plantean las necesidades y soluciones de una administración, por lo que es inverosímil que se haya planteado la creación de un programa al que nunca se le asignaron recursos, y que al día de hoy es urgente aplicar dada la crisis humanitaria que se vive en la frontera norte de nuestro país.

Es responsabilidad del gobierno federal encontrar una solución para ordenar el tránsito de estos migrantes a través del territorio nacional otorgándoles oficios de salida para el abandono del territorio nacional o que estas personas tengan una estancia temporal digna ya que entre ellos se encuentran mujeres, niños y adultos mayores y el quedarse en situación de calle temporalmente no resulta una opción segura ni viable para el municipio de Tijuana y sus habitantes.

No podemos tener autoridades que defiendan causas dependiendo de la cadena que administren, el compromiso debe ser legítimo y no coyuntural, cuestiones que sin duda, hoy son el reflejo de la deficiente política exterior, económica y hacendaria, el cambio de timón no debe ser solo de nombre, también debe serlo de fondo.

El gobierno federal está obligado a respetar los derechos humanos de todos los migrantes en su paso por nuestro territorio, a darles una estancia digna pero sobre todo que esa estancia no afecte el desarrollo económico de Baja California, ni de ningún otro estado de nuestro país.

Asimismo es importante que la voz de México sea ejemplo ante la comunidad internacional sobre el trato digno hacia los migrantes esto nos legitimara para poder exigir el mismo trato digno de nuestros connacionales en el extranjero, el actuar de otra forma equivale a abandonar en su lucha a nuestros migrantes.

Es claro el abandono de la agenda migratoria por parte del gobierno federal tanto para los migrantes nacionales como extranjeros, las autoridades los han dejado a su suerte y lo único que se refleja al exterior es incongruencia y falta coordinación entre las instancias del gobierno.

Puntos de Acuerdo

Primero: El honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Gobernación para que se designen los fondos necesarios para la atención urgente de la ocupación temporal de migrantes en el municipio de Tijuana, Baja California de acuerdo a la facultad que tiene conferida la Secretaría de Gobernación y que se encuentra aterrizado en el Programa Especial de Migración 2014-2018.

Segundo: Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico realice la reasignación o asignación de los recursos por ejercer del Fondo de Apoyo a Migrante de recursos al Programa Especial de Migración para el caso concreto de los migrantes provenientes de Nueva Guinea, Ghana, y Haití varados en el municipio de Tijuana, Baja California.

Tercero: Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico libere inmediatamente el recurso de 300 millones de pesos programado para 2016 del Fondo de Apoyo al Migrante.

Cuarto: Que la Secretaría de Salud implemente un protocolo urgente de atención y vacunación en los albergues y calles para migrantes del municipio de Tijuana, Baja California.

Palacio Legislativo federal, a 20 de septiembre de 2016.

Diputados: José Máximo García López (rúbrica), Juan Pablo Piña Kurczyn.

Con punto de acuerdo, relativo al cumplimiento de la resolución emitida en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1314/2016-v, por la que se concede la suspensión provisional a efecto de que se siga ejercitando el programa social Comedores Públicos, referente al comedor comunitario 306, Estrella, de Fresnos 3, colonia San Andrés Tomatlán, Iztapalapa, a cargo del diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Renato Josafat Molina Arias, diputado del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 6 y 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El Programa Comedores Comunitarios surge en 2009 como una respuesta gubernamental local ante la crisis económica que inició a finales de 2008, situación que no ha mejorado, presentándose un deterioro del poder adquisitivo de la población hasta la fecha.”

2. El Programa Comedores Comunitarios se integra al Sistema para la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Ciudad de México y ofrece comidas completas a bajo costo, con calidad nutricional y culturalmente aceptables para la población usuaria; en concordancia con los postulados internacionales y constitucionales para contribuir a garantizar el derecho a la alimentación, e incidir en la calidad de vida y el bienestar de las personas en condiciones de vulnerabilidad.

3. El objetivo general del programa es “fortalecer, consolidar y ampliar los procesos de organización, participación y construcción de ciudadanía en el ejercicio del derecho a la alimentación con alternativas alimentarias, sanas, equilibradas y accesibles al alcance de cualquier persona que habite o transite en la Ciudad de México, mediante la operación de Comedores Comunitarios ubicados preferentemente en unidades territoriales clasificadas preferentemente como de muy alta marginación, así como alta y media en aquellas zonas que tienen condiciones socio-territoriales de pobreza, desigualdad y conflictividad social, bajo los principios de equidad social y de género. Se busca contribuir a garantizar el derecho a la alimentación de las personas.”

4. Como objetivos específicos se mencionan:

- Consolidar los procesos de organización y participación ciudadana en el ejercicio del Derecho a la Alimentación, bajo los principios de equidad social y de género; así como fomentar la cohesión y solidaridad social mediante la instrumentación de mecanismos de participación ciudadana en la operación, seguimiento y evaluación del desempeño de los comedores comunitarios.

- Garantizar la operación de los comedores comunitarios instalados en los Ejercicios Fiscales de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 mediante el abastecimiento de insumos no perecederos suficientes para preparar comidas completas de acuerdo a su promedio diario de distribución durante el ejercicio fiscal 2015.

- Apoyar la economía familiar de las personas que asisten a los comedores comunitarios posibilitando el acceso a una alimentación con calidad e higiene a costos accesibles.

- Promover una cultura de la alimentación adecuada, saludable e inocua, para mejorar los hábitos alimentarios.1

5. El lunes 2 de mayo del presente año tuvo lugar la reapertura el Comedor Comunitario identificado con el número y nombre 306, “Estrella”, en su nueva ubicación: calle Fresnos, manzana 9, lote 10, antes número 3 entre Próspero García y cerrada Fresnos, Pueblo de San Andrés Tomatlán, código postal 09870, delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México.

6. Desde el día de la reapertura se han proporcionado en promedio 218 raciones diarias de comidas con cuota de diez pesos, haciendo un total a la fecha de aproximadamente 16 mil 350 raciones, beneficiando a las y los usuarios, vecinos de los pueblos de San Andrés y Santa María Tomatlan así como de las colonias Carmen Serdán, Estrella Culhuacán, entre otras, todas de la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México.

7. Derivado de que el Comedor Comunitario 306, “Estrella”, proporciona un servicio de calidad e higiene para los usuarios de las colonias referidas en el párrafo anterior, les fue otorgado un reconocimiento por el Gobierno de la Ciudad de México, por coadyuvar en el Derecho Humano a la Alimentación.

8. Con fecha 12 de agosto del presente año la ciudadana Petra García Valverde (integrante del Comité de Administración del Comedor Comunitario 306, “Estrella”) se presentó en las oficinas de la Dirección General de Igualdad y Diversidad de la Ciudad de México y funcionarios de esta dependencia, le informaron que (i) el comedor comunitario lo cambiarían de domicilio, (ii) que tenían que cerrar el comedor comunitario ubicado en calle Fresnos, manzana 9, lote 10, antes número 3 entre Próspero García y cerrada Fresnos, Pueblo de San Andrés Tomatlan, código postal 09870, delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México, Distrito Federal, (iii) dejaran de dar el servicio y (iv) que el Gobierno de la Ciudad de México les cancelaría la entrega de los insumos. Todo lo anterior sin causa justificada.

9. Es importante mencionar que el comedor comunitario anteriormente se ubicaba en: calle Agrario número 22, colonia Estrella Culhuacan, delegación Iztapalapa, código postal 09800, y el mismo fue cerrado por el gobierno de la Ciudad de México, por no cumplir con las reglas de operación del programa.

10. Con fecha 16 de agosto del año en curso, los beneficiarios del programa social “Programa Comedores Públicos” usuarios del comedor comunitario 3016 “Estrella”, solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, de los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social entre otras autoridades, admitiéndose la demanda de amparo indirecto siendo radicada en el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, en la Ciudad de México, bajo el expediente 1314/2016.

11. Los actos que reclaman las y los beneficiarios del programa social “Programa Comedores Públicos” usuarios del comedor comunitario 306 “Estrella” fueron (i) el inminente cambio de domicilio del Comedor Comunitario 306, (ii) la inminente suspensión del suministro de insumos no perecederos, necesarios para cumplir con el programa social “Programa Comedores Públicos” y (iii) la inminente baja del programa social “Programa Comedores Públicos” del Comedor Comunitario 306.

12. Con fecha 17 de agosto de 2016 la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México determinó la baja del Comedor Comunitario 306, “Estrella”, ubicado en calle Fresnos, manzana 9, lote 10, antes número 3 entre Próspero García y cerrada Fresnos, pueblo de San Andrés Tomatlán, código postal 09870, delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México, lo anterior sin causa justificada.

13. Derivado de la determinación de dar de baja el Comedor Comunitario 306 (Estrella), Dirección General de Igualdad y Diversidad Social de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de la Ciudad de México, retiraron los insumos necesarios, los cuales comprendían: arroz, frijol, aceite, tortillas, agua, amaranto, atún, sal, sopas, lentejas, galletas, entre otras cosas necesarias para el funcionamiento de dicho comedor. Por lo que con esta determinación las autoridades ya mencionadas no están garantizando de forma alguna lo establecido en nuestra Carta Magna con relación al derecho humano a la alimentación de los beneficiarios del Programa Comedores Públicos.

14. En fecha 7 de septiembre de 2016 el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, concedió la Suspensión provisional solicitada por las y los beneficiarios del programa social “Programa Comedores Públicos” usuarios del comedor comunitario 306 “Estrella”, por lo que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y el efecto para el cual se solicitó la suspensión, ésta se otorgó con la finalidad de que se siga ejercitando el programa social “Programa Comedores Públicos”, referente al comedor comunitario 306 “Estrella” ubicado en calle Fresnos, número 3, colonia San Andrés Tomatlán, delegación Iztapalapa en esta ciudad para que dicho comedor no sea reubicado, ya que con lo anterior se garantiza el derecho humano a la alimentación a través de raciones de alimento nutritivo, suficiente, y de calidad ya que considerando la situación socio-económica de sus usuarios, se trata de personas que viven, trabajan o transitan por unidades territoriales consideradas como de media, alta o muy alta marginación.

15. Que dicha resolución le fue notificada a las autoridades responsables de los actos reclamados en fecha 19 de septiembre del año en curso y a la fecha el Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social sin que hayan dado cumplimiento a la suspensión provisional que obra en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1314/2016-V.

Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta asamblea, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, al secretario de Desarrollo Social y al director general de Igualdad y Diversidad Social de la Ciudad de México para que no suspendan el programa social “Programa Comedores Públicos”, en el comedor comunitario identificado con el número y nombre 306 “Estrella” ubicado en calle Fresnos, número 3, colonia San Andrés Tomatlán, delegación Iztapalapa en esta ciudad, toda vez que el citado comedor cumple con las reglas de operación del referido programa, y con el mismo se coadyuva a garantizar el derecho humano previsto en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna que a la letra dice: “...Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará...”.

Segundo. La Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al jefe del gobierno de la Ciudad de México, al secretario de Desarrollo Social y al director general de Igualdad y Diversidad Social de la Ciudad de México para que a la brevedad den cumplimiento a la suspensión provisional que obra en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1314/2016-V, radicado en el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, en la Ciudad de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2016.

Diputado Renato Josafat Molina Arias (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la colegisladora a dictaminar la minuta con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de violencia y acoso escolares, remitida a ella el 29 de abril de 2013, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta al Senado de la República a que dictamine la minuta enviada por la honorable Cámara de Diputados, referentes al acoso y violencia escolar, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la legislatura LXII se turnó al Senado de la República la siguiente minuta:

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de violencia y acoso escolar; turnada al Senado de la República el 29 de abril de 2013. La cual pretende reformar los artículos 14, fracción XIII, recorriéndose en su orden la actual; 49, primer párrafo; 69, inciso n); 70, incisos l) y m) y se recorre el subsecuente; 75, fracciones XV y XVI, se adicionan las fracciones XVI y XVII al artículo 33; un inciso ñ) al artículo 69; una fracción XVII al artículo 75; se crean la Sección 1, denominada Disposiciones Generales, que comprende los artículo 32 a 36 y la Sección 2 denominada De la Seguridad Escolar, que comprende los artículo 36A al 36K, del Capítulo Tercero, De la Equidad en la Educación, todos de la Ley General de Educación.

La minuta antes mencionada, está compuesta por tres iniciativas que pugnan por prevenir, evitar y eliminar la violencia y el acoso escolar.

En nuestro país la violencia con la que vivimos a diario y la precaria falta de programas dedicados a corregir el problema, han ocasionado que México ocupe primer lugar en acoso escolar a nivel Internacional.1

El acoso escolar es una forma de violencia que sucede dentro o fuera de la escuela entre los alumnos y puede darse de manera física, verbal, psicológica o social, e incluso con el uso de medios digitales de comunicación, como lo son las redes sociales.

El permitir que este problema siga creciendo, sin que se tomen las medidas necesarias para erradicarlo, pone en peligro la salud e integridad de los menores afectados.

Resulta muy fácil identificar a un pequeño o adolescente que está siendo víctima de acoso, puesto que es más tímido, inseguro, con baja autoestima y con muy pocos o ningún amigo. Es demasiado importante poner atención; si la víctima está triste, enojada la mayor parte del tiempo sin razón alguna, desaparece su material escolar o tiene cambios de actitud muy palpables, seguramente sufre de este problema.2

Ante esta problemática mantener la comunicación familiar constante resulta muy importante; es necesario estar al pendiente de nuestros niños y adolescentes y hacerles ver que ellos no son el problema, así como tampoco hacerlos sentir culpables por lo que están pasando, en esos momentos es cuando ellos deben darse cuenta de que no están solos y que pueden superar cualquier adversidad con apoyo de su familia.

La asesora en pedagogía Leticia Mondragón opina que existen programas para abatir el acoso escolar en las escuelas, algunos con más resultados que otros; sin embargo, la solución se debe dar en conjunto: padres de familia, escuela y gobierno, cada uno haciendo lo que le corresponde. Ella señala que el lugar ideal para que un niño sea víctima de acoso o parte de él es en el hogar, si ellos ahí no reciben apoyo, ni son protegidos, y por el contrario son tratados con indiferencia, humillación y en un ambiente hostil, proyectarán todo ese conjunto de sentimientos en la escuela y después en la sociedad madura.3

Como una solución a nuestro grave problema de acoso escolar resulta viable analizar el tomar y adaptar ideas de medidas que han resultado exitosas en otros países para combatir el acoso escolar.

Finlandia, a través de su programa “Kiva” ha logrado reducir entre 79 y 89 por ciento el acoso escolar en el 90 por ciento de sus escuelas. El éxito del programa es gracias a que es integral, es decir, involucra a maestros, testigos, compañeros, víctimas y victimarios, los cuáles asisten a clases especiales y obligatorias en dónde aprenden lo perjudicial de tal conducta, sus orígenes y secuelas, encaminada a propiciar un conjunto de ideas y soluciones donde todos están involucrados.4

Entre los beneficios del programa está el bienestar escolar, motivación por el estudio, y de igual forma disminuye la ansiedad y la depresión; tiene como finalidad tomar conciencia de lo importante de las tareas en conjunto y comprender los sentimientos que experimenta otra persona, así como salvaguardar y apoyar a la víctima.5

Con indignación encontramos que uno de cada seis suicidios en México son provocados por acoso escolar en un rango de los 10 a los 13 años. 6 Datos de OCDE revelan que el año pasado casi 19 millones de los 26 millones de alumnos en el país habían sufrido de algún tipo de violencia en la escuela.7

De acuerdo a datos proporcionados por el INEE (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación) en la Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y Aprendizaje (ECEA) 2014, en escuelas primarias de México hay condiciones físicas y psicológicas que vulneran los derechos de los niños. El 11 por ciento reportó coscorrones, pellizcos, nalgadas u otra agresión física, 5 por ciento manifestó ser castigado por hablar su lengua materna incluso en escuelas indígenas, etcétera.8 Dicha evaluación mostro una vez más el abandono que viven las escuelas y la falta de valores que se han ido depreciando cada vez más.

El año pasado, Héctor, un niño de 12 años en Cd. Victoria Tamaulipas fue columpiado antes de ser lanzado contra la pared por varios de sus compañeros, Héctor permaneció en coma y después falleció. Días después la SEP creó un programa piloto contra el bullying,9 pero a pesar de todas estas medidas siguen repitiéndose estos actos violentos que lastiman y empobrecen la seguridad de la niñez y adolescencia en México.

Cabe mencionar un caso reciente; Miguel Ángel, un menor de 11 años de edad, perteneciente a la primaria de Opopeo, en el municipio de Salvador Escalante de Uruapan Michoacán, fue golpeado por sus compañeras, quedando inconsciente y posteriormente perdió la vida a consecuencia de la violencia escolar a la que estuvo expuesto, y como este caso muchos han pasado y seguirán presentándose si no se actúa con rigidez en la implementación de un proyecto bien cimentado.10

Gracias a lo anteriormente dicho, es de vital importancia darle agilidad al tema y conformar una ley bien sustentada que proteja y ayude a detectar, prevenir y erradicar la violencia y el acoso escolar con la que se vive en las escuelas del país. No se debe minimizar la importancia y dejar correr más tiempo, ahora es el momento en que se exhorta al Senado de la República a realizar lo más pronto posible estás modificaciones para coadyuvar a la erradicación del sufrimiento y dolor en las victimas y poder crear un sano desarrollo de la niñez y adolescencia en México.

Considerandos

El inciso C del numeral II del artículo 3 constitucional indica que la educación que imparte el Estado deberá contribuir a la convivencia humana, por lo cual es responsabilidad del Estado llevar a cabo acciones para que así sea.

La minuta enviada al senado es el resultado del análisis de tres iniciativas sobre la prevención y control de la violencia y el acoso escolar.

Una de ellas es la de la diputada María del Rocío Corona Nakamura es por diversas disposiciones de la Ley general de Educación, la cual propone que se garantice la seguridad y convivencia escolar para prevenir y controlar el acoso y violencia escolar por parte de las autoridades educativas del país federales y locales, al mismo tiempo pide que los padres de familia tengan el compromiso de inculcar desde el seno familiar una cultura de respeto, tolerancia y convivencia escolar. De la misma manera plantea que se establezcan en las escuelas de educación básica medidas para la generalización de una cultura de convivencia, respeto y tolerancia escolar. Por estas razones se debe dar a la brevedad el seguimiento correspondiente a dicha minuta.

La otra iniciativa es a cargo de la diputada María Isabel Ortiz Mantilla, que reforma los artículos 33 y 49 de la Ley General de Educación con el fin de establecer que las autoridades educativas implementen acciones y programas para atender el acoso escolar. La cuál tiene como objeto prevenir, detectar, atender el acoso escolar o cualquiera otra forma de acoso o maltrato ya sea físico o psicológico hacia los estudiantes por parte de las autoridades educativas con el firme propósito de generar una educación libre de violencia.

La tercer iniciativa es de la diputada Marina Garay Cabada que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación resulta de gran importancia pues busca facultar a la autoridad educativa federal para exponer programas contra la violencia, acoso escolar y cualquier forma de intolerancia que afecte la integridad o la dignidad de la persona. Así también pretende facultar a las asociaciones de padres de familia para participar en la elaboración de programas de difusión de los menores orientados a prevenir y corregir cualquier práctica de violencia o acoso escolar.

Durante la presente legislatura en el Senado de la República se aprobó una minuta sobre acoso y violencia escolar, referente a la Ley General de Salud la cual menciona:

Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6º y 66 de la Ley General de Salud, en materia de acoso y violencia escolar.

La cual se aprobó el 18 de noviembre de 2015 y fue enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial. Esto es un gran avance. Sin embargo se requiere implementar medidas de prevención como las que se plantean en la minuta, para poder garantizar la seguridad en la educación de las niñas, niños y adolescentes.

La propuesta de la minuta vela por el interés superior de la niñez, por lo que es necesario no dejar pasar más tiempo.

Por lo antes expuesto se exhorta al Senado de la República a dar prioridad a esta minuta, ya que cada día que pasa se corre el riesgo de perder más vidas de niños, niñas y adolescentes que son víctimas del acoso y violencia escolar.

Por lo que, se somete a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta al Senado de la República a que dictamine la minuta de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de violencia y acoso escolar; turnado al Senado de la República el 29 de abril de 2013.

Notas

1 “México es el primer lugar de bullying a escala internacional”. Milenio. 23 de mayo de 2014.
http://www.milenio.com/politica/Mexico-primer-bullying-escala-internacional_0_304169593.html

2 “Bullying daña salud mental de niños y adolescentes”. Informador. Mx. 03 de abril 2016.
http://www.informador.com.mx/suplementos/2016/659191/6/bullying-dana-salud-mental-de-ninos-y-adolescentes.htm

3 “Todos contra el bullying”. Milenio. 6 de agosto 2015.
http://www.milenio.com/tendencias/Regreso_a_clases-bullying-prevenir_acoso-tendencias_0_566943533.html

4 “Todos contra el bullying”. Milenio. 6 de agosto 2015.
http://www.milenio.com/tendencias/Regreso_a_clases-bullying-prevenir_acoso-tendencias_0_566943533.html

5 “Finlandia contra el acoso escolar”. Fórum Libertas.Com. Diario Digital 28 de enero 2016.
http://www.forumlibertas.com/finlandia-contra-el-acoso-escolar/

6 “México ocupa el primer lugar a nivel internacional en bullying”. Excélsior 10 de septiembre 2015.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/09/10/1045113

7 Idem

8 “El INNE reporta datos sobre evaluación de “bullying en escuelas”. Informador. Mx 24 de noviembre 2015
http://www.informador.com.mx/mexico/2015/628420/6/el-inee-reporta-datos-sobre-evaluacion-de-bullying-en-escuelas.htm

9 “Una muerte por bullying destapa la violencia es las aulas mexicanas”. El País 07 de marzo 2015 .
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/03/08/actualidad/1425773064_545892.html

10 “Investigan bullying en muerte de menor en Michoacán”. Informador.Mx 29 abril 2016.

http://www.informador.com.mx/mexico/2016/658568/6/invest igan-bullying-en-muerte-de-menor-en-michoacan.htm

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2016.

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP a investigar y transparentar algunos procesos de contratación pública, promover la desconcentración de los contratos de la administración e impulsar orientaciones generales para mejorar la calidad de los contratos públicos, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González, en mi calidad de diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. La contratación pública acumula un relieve económico de envergadura en las sociedades contemporáneas. En la OCDE, los recursos financieros que se ponen en circulación como resultado de los procesos de contratación gubernamental representan el 15% del PIB. Esta actividad es parte central del ejercicio de gasto de un gobierno y ocupa un lugar neurálgico en cualquier sistema económico. Las inversiones que realiza el sector público a través de sus procesos de contratación estimulan la demanda agregada, impulsan el consumo interno y generan empleo y crecimiento. Pero más allá de su indiscutible relevancia económica, la contratación del gobierno tiene la característica de comprometer multimillonarios recursos públicos generados por las contribuciones de los ciudadanos al sistema fiscal.

El carácter público de los recursos que se movilizan como resultado de la contratación del gobierno redobla las necesidades de transparencia y rendición de cuentas en su manejo. La corrupción y el nepotismo, además de ser una lacra moral y ética, causan un conjunto amplio de distorsiones financieras que perjudican el crecimiento económico y el bienestar general de la población. Y es que la corrupción implica una asignación ineficiente del gasto público, causa efectos distributivos regresivos y perjudica la productividad general de la economía.1

Frecuentemente el fenómeno de la corrupción se genera en los espacios de contacto e intercambio entre el sector privado y el sector público. La contratación pública es, como se sabe, el escenario privilegiado de relaciones entre actores privados y actores públicos. Además, estas relaciones contractuales entre el gobierno y las corporaciones privadas implican habitualmente, como contraprestación, el traslado de montos de dinero público a manos privadas Todo ello, al margen del entorno regulatorio, genera una estructura de incentivos para el desarrollo de bolsas de fraude, malversación de recursos y tráfico de influencias.

Segunda. De acuerdo al índice de percepción de la corrupción que elabora la Organización No Gubernamental Transparencia Internacional, México ocupa el lugar noventa y cinco a escala global, muy por debajo de varios países latinoamericanos, siendo el último entre los que componen la OCDE.2 Según las estimaciones del Foro Económico Mundial, la corrupción cuesta a México hasta el 10% del PIB, lo que ubica al país entre los más afectados por este tipo de prácticas.3 El desvío de recursos públicos supone un grave lastre al crecimiento de la economía mexicana, lo que enfatiza la urgencia de erradicar la corrupción como elemento central de cualquier estrategia de desarrollo. Según INEGI, en 2014, más del 26% de la población mexicana consideró la corrupción como uno de sus tres principales problemas.4

La crítica situación en materia de corrupción impulsó al gobierno a emprender un proceso de actualización legislativa que culminaría con la promulgación, el 18 de Julio del 2016, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Esta norma busca configurar desde una perspectiva integral una nueva institucionalidad de lucha contra la corrupción en México. Además de crear nuevas regulaciones, se otorgan competencias renovadas a algunas instituciones ya existentes, como la Auditoría Superior de la Federación.

Tercera. La aprobación del sistema nacional anticorrupción ha sido reivindicado por el gobierno mexicano como el inicio de una etapa de regeneración democrática y de integridad pública. Este discurso no se corresponde con la concentración de la contratación pública que se ha venido agudizando a lo largo de los últimos años, cuestión que ha sido denunciada en varios trabajos de investigación. Como ha denunciado un extensa indagación de la Revista Proceso, “en menos de cuatro años ocho empresarios del estado de México han diversificado sus negocios a prácticamente todas las áreas donde el gobierno asigna contratos ”; dinámica que atenta contra la lógica económica de la especialización.5 Entre los empresarios más beneficiados por el ejecutivo se encuentran Carlos Hank Rhon, David Peñaloza Ananís, Juan Armando Hinojosa Cantú, Carlos Peralta Quintero y otros. Algunos de estos empresarios han sido señalados como integrantes del denominado “Grupo de Atlacomulco”; el cual se ha identificado como un relevante espacio de poder e influencia no institucionalizado cercano al PRI. Según el sitio Compranet y el portal de obligaciones de transparencia, entre este reducido grupo de empresarios mexiquenses acumulan más de 11 mil millones de pesos en contratos públicos repartidos entre sus más de 150 empresas.6

Cuarta. Uno de los empresarios más beneficiados por la contratación pública es Juan Armando Hinojosa Cantú, que estuvo en el epicentro de la polémica pública por regalar al presidente Peña Nieto la denominada “Casa Blanca”.7 Hijosa Cantú iba a participar en el proyecto hidráulico del acueducto de Monterrey, previo a que el mismo fuera cancelado por el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. De una forma análoga, también se canceló la licitación del tren México-Querétaro que había beneficiado a un consorcio empresarial del cual Hinojosa Cantú era miembro. Como es conocido, la cancelación de esta última licitación, quizá por casualidad, ocurrió sólo dos días antes de la publicación del escándalo de la Casa Blanca. No obstante, una compañía del mencionado empresario obtuvo un contrato de 1.8 millones de pesos para fabricar lonas propagandísticas de la misma reforma educativa que ha generado un conflicto social en México que ya se ha cobrado vidas. El donante de la casa blanca a Peña Nieto es también adjudicatario de “la operación del hospital de alta especialidad de Zumpango y de la remodelación del hangar presidencial por 1000 millones de pesos ”.8 Resulta especialmente grave que en el campo de la aviación, tan sólo en dos años de administración de Peña Nieto, “la empresa propiedad de Hinojosa Cantú, de ser casi inexistente, quintuplicó sus contratos federales hasta alcanzar los 67 millones de pesos ”.9

Se ha acreditado que el promotor mexiquense ha obtenido, desde el inicio del actual sexenio, 60 mil millones de pesos en contratos públicos.10 Resulta llamativo que una misma persona, a la sombra de la contratación pública, haya podido diversificar espectacularmente y en poco tiempo sus actividades económicas. Hinojosa Cantú ha obtenido contratos públicos en infraestructuras civiles, en proyectos hidráulicos, en el ámbito de la aviación, en publicidad, en operación de hospitales y en otros sectores. Si a ello se le añaden los vínculos directos que han sido acreditados entre Peña Nieto y este empresario las sospechas de corrupción y nepotismo son inevitables. Resulta especialmente grave que la sombra de las malas prácticas en materia de contratación incluya también al sector de la salud, ya que ello afecta de lleno a un derecho humano reconocido por la Constitución Mexicana y por diversos tratados internacionales.

Quinta. Otro caso sobresaliente de un hombre de negocios particularmente agraciado por las licitaciones del actual ejecutivo es Carlos Peralta Quintero, quien es propietario de más de 25 compañías. Este empresario suministró tablets para la Secretaría de Educación Pública por valor de 208 millones de pesos. Peralta, además, cuenta con 58 permisos para disímiles actividades económicas, “desde aduanas hasta el manejo de materiales peligrosos y prototitpos normados” Además, Peralta posee la ganadería Pestejé, que, con un permiso de agua por 436 mil metros cúbicos anuales, consume lo mismo que toda la población del municipio de Jocotitlán en el Estado de México, en el cual se encuentra ubicado dicho negocio.11

De mayor calado social resulta la implementación por parte del IMSS de guarderías subrogadas, figura mediante la cual el Instituto inicialmente se comprometió a remunerar en 2014 a la empresa “Convivencia y Educación Infantil”, de Carlos Peralta, un pago de menos de 2500 pesos mensuales por niño. Sin embargo, la cuota unitaria por niño que actualmente abona el IMSS supera los 3000 pesos, lo que supone un incremento en el costo del contrato de aproximadamente el 20% en sólo dos años. Además, esta guardería que opera en el estado de México se adjudicó al mencionado empresario mediante la fórmula de adjudicación directa.12

Sexta. Entre otros muchos casos, destaca la adjudicación de la obra del tren México -Toluca a la constructora Península, perteneciente a Carlos Hank Rhon. La fase inicial del proyecto está valorada en más de 10 mil millones de pesos. Como es conocido, el padre de este conocido empresario mexiquense fue un destacado dirigente del PRI en el Estado de México, ocupando incluso la gubernatura de aquella entidad federativa. Hank Rhon también participa en uno de los proyectos de infraestructuras destacados del sexenio, el nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México.13 Además, este empresario ha vendido seguros al gobierno mexicano por un valor superior a 200 millones de pesos.14 También en el sector turístico Hank Rhon ha colaborado con el gobierno a través del Hotel Secrets Playa Mujeres, inaugurado por la entonces secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu.

Aparte de sus vínculos con el PRI, la prensa ha publicado que el empresario estaría envuelto en una investigación por blanqueo de dinero que en 2015 realizaba el departamento de Justicia de Estados Unidos. Según publica el diario “El Financiero”, “las autoridades estadounidenses pidieron a Citigroup proporcionar información sobre las cuentas vinculadas a cuatro empresas afiliadas al mayor de los hermanos Hank Rhon. ”15 Además, en febrero del 2016, Hank Rhon fue acusado por el “International Consortium of Investigative Journalists” de presuntas evasiones de impuestos entre 2005 y 2007.16 Aunque el empresario nunca ha enfrentado procesos penales en México, si ha sido condenado por la Reserva Federal de Estados Unidos a pagar una multa de 40 millones de dólares por haber falseado reportes respecto a la adquisición de un banco en Texas.17

Según el Diario el Universal , Hank Rhon- que ha sido señalado incluso como uno de los fundadores del grupo de Atlacomulco- habría sido beneficiario de contratos públicos por valor de más de 9 mil millones de pesos.18 Ante la situación descrita, es necesario que la Secretaría de la Función Pública explique las razones por las que un empresario con probados vínculos con el PRI y señalado por malas prácticas económicas y por presunto fraude fiscal resulta tan beneficiado en los procesos de contratación pública.

Séptima. Resulta urgente que la secretaría de la función pública y el resto de instituciones implicadas revisen y transparenten los procesos de contratación señalados, persiguiendo concretar, como mínimo, los siguientes objetivos:

a) Desconcentración de los adjudicatarios de la contratación pública, persiguiendo una diversificación de los beneficiarios de los convenios entre el ejecutivo y el sector privado

b) Inclusión de cláusulas sociales, económicas y democráticas en los pliegos de contratación pública; por ejemplo para privilegiar los contratos con la pequeña empresa o con las vinculadas a la economía social; y evitar contratar con corporaciones acusadas de fraude y corrupción.

c) Promoción de formatos competitivos de contratación y exclusión, en la medida de lo posible, de la modalidad de adjudicación directa

d) Reducción de los costes globales de los contratos y de las compras realizadas por la administración, en línea con el objetivo de austeridad y de manejo eficiente de los recursos públicos. La Secretaría de la Función Pública debería construir un indicador que se actualice cada año y que permita valorar la eficiencia de la contratación pública, persiguiendo alcanzar una mejor relación entre el financiamiento erogado y el beneficio social de los compromisos.

e) Vigilancia, control y supervisión reforzada sobre aquellos procesos de contratación que incluyan a empresarios señalados por corrupción, nepotismo, tráfico de influencias o vínculos directos con el ejecutivo o con el PRI.

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar y a transparentar los procesos de contratación pública enumerados, coadyuvando a esclarecer las posibles responsabilidades penales o administrativas derivadas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública a promover, en el ámbito de sus competencias, una desconcentración y diversificación de los beneficiarios de los contratos de las administraciones públicas.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública a establecer, en el ámbito de sus competencias, orientaciones generales en materia de contratación pública para mejorar su eficiencia y calidad en términos democráticos, sociales y económicos.

Notas

1 Vázquez Repiso J.A (2010) “El impacto económico de la corrupción”, Pluralidad y Consenso , p. 25-30.

2 Expansión (27 de Septiembre de 2016) “México estancado en el índice de percepción de la corrupción”, disponible el 29 de Septiembre de 2016 en

http://expansion.mx/economia/2016/01/27/mexico-se-estanc a-como-el-pais-mas-corrupto-de-la-ocde

3 Forbes (30 de Septiembre de 2016) “La corrupción cuesta a México entre un 2 y un 10% del PIB”, disponible el 30 de Septiembre de 2016 en http://www.forbes.com.mx/10-maneras-de-luchar-contra-la-corrupcion/#gs. ok9wuOE

4 Inegi (2015) Estadísticas a propósito del día internacional contra la corrupción (8 de Diciembre) disponible el 30 de Septiembre de 2016 en http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/usieg/comunicados/seg_pub_jus. pdf

5 Rodríguez García A. (2016) “Las fortunas mexiquenses del peñanietismo”, 18 de Septiembre del 2016, Revista Proceso , Nª 2081, p. 6.

6 “Compranet” https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html y “Portal de Obligaciones de Transparencia” http://portaltransparencia.gob.mx/buscador/search/search.do?method=begi n

7 Aristegui, N. (2015). La casa blanca de Enrique Peña Nieto (investigación especial).

8 Rodríguez García A. (2016) “Las fortunas mexiquenses del peñanietismo”, 18 de Septiembre del 2016, Revista Proceso , Nª 2081, p. 10

9 Ídem, p. 10

10 ídem p. 10

11 Ídem p. 10

12 Contrato de prestación de servicios entre el IMSS y Convivencia y Educación Infantil, disponible el 2 de Octubre del 2016 en http://aplicaciones.imss.gob.mx/guarderias/principal.htm?identificador= 16-05-U-0900-0900000b802027eb

13 Rodríguez García A. (2016) “Las fortunas mexiquenses del peñanietismo”, 18 de Septiembre del 2016, Revista Proceso , Nª 2081, p. 7.

14 Ídem, p. 10

15 Maldonado M. (2015) “Los polémicos hermanos Hank Rhon”, El Financiero, 18 de Agosto del 2016, disponible el 30 de Septiembre del 2016 en http://www.elfinanciero.com.mx/blogs/historias-de-negoceos/los-polemico s-hermanos-hank-rhon.html

16 Ídem

17 Ídem

18 Saúl L. y Martín Borregón E. (coord.) (2016) “Los contratistas del poder”, El Universal , disponible el 30 de Septiembre de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2016.

Diputada Araceli Damián González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Jalisco a implantar acciones para disminuir la inseguridad pública en la entidad, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Rosa Alba Ramírez Nachis, integrante de la LXIII Legislatura por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La inseguridad pública es uno de los grandes pendientes de los gobiernos para con la ciudadanía, y es por hoy una de las principales demandas de la propia sociedad para sus gobernantes. Teóricos de la ciencia política han resumido que el génesis del propio estado lo está en conservar la integridad de los individuos que le conforman; habrá que recordar a John Locke quien parte de la premisa de que el hombre es el lobo del hombre para desarrollar su teoría política, sobre la necesidad de instaurar al estado como protector de los derechos ciudadanos, o de Rousseau quien considera que el ciudadano al realizar el pacto social, lo hace inducido por la propia necesidad de garantizar su bienestar, no obstante que con ello se restrinjan sus libertades naturales, estableciendo a los gobiernos y las leyes como instrumentos para tal fin.

Sin embargo, las anteriores teorías chocan con las diversas realidades en las que los gobiernos en los ámbitos nacional, local o regional muestran su incapacidad para hacer posible que la sociedad o sociedades para las cuales gobiernan tengan las elementales condiciones de seguridad que permitan el crecimiento de la economía, el desarrollo del sector industrial y la sana armonía que permita además del desarrollo personal, el esparcimiento familiar, entre otras cosas.

Así, en la medida en que la delincuencia de manera organizada o no, se ha hecho presente de forma manifiesta en las megalópolis, ciudades y pequeñas comunidades; la tranquilidad de estas se ve quebrantada por el aumento de delitos, como lo son el robo, fraude y secuestro entre otros, que se convierten en clara manifestación de la inseguridad que vivimos día con día; la sana convivencia entre los ciudadanos y sus familias deja de llevarse a cabo como se efectuaba antaño, tomándose en su lugar acciones de prevención y restricción con el fin de evitar ser víctimas de la delincuencia.

En el cuadro siguiente se muestran, de acuerdo con la recién publicada Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016, los tres delitos que con más frecuencia se cometen por entidad federativa.

Incidencia delictiva

Los tres delitos más frecuentes por entidad federativa en 2015:

Jalisco es una de las entidades donde el aumento de la incidencia delictiva ha puesto en jaque a las autoridades y roto la tranquilidad de la ciudadanía. Hasta hoy, la falta de logros reales se manifiesta en la violencia generada en las diferentes regiones del estado. Sin embargo, el fenómeno delictivo es mayor en la zona metropolitana de Guadalajara, compuesta por el propio municipio de Guadalajara, Tonalá, Tlajomulco, Tlaquepaque y Zapopan, donde se estima que habita 60 por ciento de la población de Jalisco.

La entidad cuenta con una población de 7 millones 844 mil 830 habitantes, 6.6 por ciento del total del país, de acuerdo con los datos del último censo, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.1

La gráfica siguiente muestra la percepción de inseguridad que se da en las diferentes entidades federativas de nuestro país, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de sobre Seguridad Pública, publicada por el Inegi el 27 de septiembre de 2016:

Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2016, página 14.

El propio Inegi refiere que la zona metropolitana de Guadalajara a 2013 alcanzó una población de 4 millones 641 mil 511 habitantes distribuidos en los municipios señalados; es decir, en una superficie de 2 mil 734 kilómetros cuadrados, esta cantidad arroja una densidad poblacional de mil 622 habitantes por kilómetro cuadrado. Guadalajara es el municipio más poblado, con cerca de 1.5 millones de tapatíos.2

Este crecimiento poblacional habla desde luego de la gran problemática que enfrenta esta zona metropolitana en cuanto a la capacidad de respuesta de los gobiernos municipales y el gobierno estatal para hacer frente a los grandes retos que enfrentan en diferentes frentes. Veamos aquí algunas cifras a nivel estatal:

La tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes es uno de los principales indicadores que se genera con las encuestas de victimización y que se conoce también como “prevalencia delictiva”. Para el caso de Jalisco, en 2014 el número de víctimas fue de 31 mil 375; y para 2015, de 33 mil 800, lo que representa un aumento de 7.7 por ciento en la tasa de victimización.

Se llevaron a cabo 2 mil 391 intervenciones realizadas por las corporaciones estatales, de las cuales 66 por ciento correspondió a presuntos delitos del fuero federal; 31.2, a presuntos delitos del fuero común; y 2.8, a presuntas infracciones.

El número de presuntos delitos del fuero común registrados fue de 746 en 2013 en las intervenciones de la policía estatal y mil 578, los correspondientes al fuero federal.3

De acuerdo a la organización Observatorio Ciudadano, entre los delitos de mayor incidencia en la entidad, se encuentra el robo con violencia y el robo de vehículos, así como el robo a negocios y a casa habitación.4 Ello sitúa a Jalisco como una entidad con alto índice de violencia delictiva.

La Envipe estima que “en 2015 se denunció 10.5 por ciento de los delitos, y para los cuales el Ministerio Público inició averiguación previa o carpeta de investigación en 59.6 por ciento de los casos”.5

En 2015 se inició averiguación previa en 6.3 por ciento de los delitos. Lo anterior representa 93.7 por ciento de delitos donde no hubo denuncia o no se inició averiguación previa.6

La falta de logros en el abatimiento de los índices delictivos refiere desde luego una falta de compromiso político de las autoridades con la sociedad, aunque también habla de actos de complicidad cuando por incapacidad o negligencia se ha permitido el avance de la delincuencia que ha permitido el debilitamiento de las instituciones que se encargan de combatirle.

Podemos desde luego hablar de una cultura que sea ha generado en todos los órdenes de gobierno y que permea ya a sectores de la población. Esta cultura es la de la impunidad, la de no ocurre nada porque la inacción e incapacidad de las autoridades en la impartición de justicia es tal que los delitos sancionados son mínimos frente al caudal de denuncias que se presentan ante el Ministerio Publico.

Además, hoy podemos ver al sector de la delincuencia organizada infiltrar los cuerpos de policías con el consecuente debilitamiento de estas corporaciones, y presumiblemente a los órganos de impartición de justicia.

Las administraciones de filiación priista y panista que han presidido el gobierno estatal, en su combate a la delincuencia, se han circunscrito a aumentar el número de elementos policiacos, unidades móviles, circuitos de video vigilancia, etc., es decir no existe un verdadera planeación de estrategias encaminadas al combate de la delincuencia que permitan contener y en su caso abatir el índice delincuencial de manera real.

En nuestra opinión, tal parece que lo que más importa es ejercer el gasto destinado a seguridad que el de establecer políticas ordenadas que permitan dar un carácter de integralidad a las acciones del gobierno, no existen para ser concretos políticas públicas en materia de seguridad pública que tengan la suficiencia para combatir a la delincuencia, provenga esta de donde provenga.

Por lo expuesto presento ante esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo de Jalisco a ejecutar nuevas estrategias que incidan en la disminución de la inseguridad pública en la entidad.

Notas

1 Inegi en http://www.inegi.org.mx México, 2016.

2 Ibídem.

3 Conoce-Jalisco ttp://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/c ontenidos/espanol

4 Observatorio Ciudadano en http://onc.org.mx/tendencia-por-entidad-federativa/jalisco/

5 Enavipe 2016, Instituto Nacional de Geografía y Estadística, México, 2016.

6 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2016.

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 8 de octubre, aniversario de la conversión de territorio a estado libre y soberano de Baja California Sur, a cargo de la diputada Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN

Aprovecho este espacio, desde la tribuna donde se encuentra representada la pluralidad política de la nación mexicana, para conmemorar el XLII Aniversario de la Conversión de Territorio a Estado de Baja California Sur, y para reflexionar sobre los retos y las perspectivas que este proceso abrió a miles de sudcalifornianos.

Un somero análisis de la historia política de Baja California Sur, transformada de territorio federal en estado libre y soberano, el 8 de octubre de 1974, nos muestra que lograr la categoría política que homologara a nuestra media península con las entidades federativas de la República Mexicana, fue uno de los más caros ideales que motivó a la acción a muchos hombres y mujeres destacados de nuestra tierra porque significaba ganar ciudadanía, teniendo en la autodeterminación política el motor para el desarrollo, el bienestar social y la justicia.

Es oportuno destacar que el territorio que desde hace cuarenta y dos años es el Estado de Baja California Sur ha resistido -desde su descubrimiento oficial, por la Corona Española, unos años después de la conquista de México- la codicia, el abandono y el centralismo asfixiante, las acometidas de filibusteros aventureros, hasta la invasión norteamericana de 1847-1848; y de todos estos sucesos, muchos de ellos cruentos, ha salido airosa, más mexicana, más decidida, porque su gente resistió todas estas afrentas, a veces con las armas en la mano, guiados por un profundo sentimiento nacionalista y un valor a toda prueba.

De este pasado histórico, Don Miguel León Portilla, defensor y amante de la historiografía de nuestra península ha expresado que si el ejemplo de los sudcalifornianos en defensa de su territorio hubiese sido similar en todo el territorio nacional, la mutilación de más de la mitad del norte mexicano no se hubiera logrado por el invasor en 1847, porque en Baja California Sur, en aquellos años, el diez por ciento de su población se levantó en armas contra el ejército norteamericano y supo derrotarlo, y aún más, firmado el Tratado de Paz de Guadalupe-Hidalgo, siguió luchando.

Después de estas épocas convulsas, lograr y ejercer la ciudadanía plena tampoco fue fácil para los sudcalifornianos, porque tuvieron que luchar cívicamente con denuedo e intransigencia para que sus demandas de atención a la incomunicación y el olvido en que se encontraban fueran satisfechas.

Allá se luchó primero para que las autoridades designadas desde del gobierno central fueran nativas o con arraigo; después para separar el mando civil de lo militar en la Jefatura del Distrito y luego del Territorio Sur; luego, para restituir la vida municipal y lograr las condiciones de infraestructura para el desarrollo, para después transformarnos en estado libre y soberano, porque queríamos que las autoridades y representantes populares fuesen nombradas por voto libre, directo y secreto de los ciudadanos y no por decisiones unilaterales y ajenas a nuestra idiosincrasia.

Los tiempos cambiaron y la potencialidad de nuestro desarrollo económico, con el turismo, la pesca y la agricultura como base, permitió que se avanzara bajo el liderazgo de Agustín Olachea, Bonifacio Salinas Leal y Hugo Cervantes del Río, para que en los años setentas del siglo pasado se alcanzara la suficiencia económica y política que permitiera concretar esta añeja aspiración, argumentando la necesidad de darle a los ciudadanos sudcalifornianos el estatus constitucional y político de igualdad con las entidades federativas.

Cuarenta y dos años han pasado de este hecho histórico; la población ha crecido y el desarrollo económico y social se ha abierto paso en Baja California Sur. En lo político, mediante el sufragio universal se abrió en los albores del siglo XXI la alternancia en municipios y gobierno del Estado, y la madurez ciudadana ha castigado a los malos gobiernos y premiado con la permanencia a los que le cumplen; culturalmente somos una comunidad donde la migración de connacionales ha permeado el tejido social, lo que debe estimular a las instituciones públicas a fortalecer la identidad regional y nacional, a través de la educación, la cultura y las artes.

Rendimos también en esta misma fecha homenaje a los primeros gobernantes del nuevo Estado, bajo cuya guía maestra se construyeron las instituciones públicas que han sido la base del progreso y bienestar de la entidad. De manera especial al primer Gobernador Constitucional elegido por los sudcalifornianos, el Licenciado Ángel César Mendoza Arámburo.

Recordemos siempre el 8 de octubre de 1974, porque en esta fecha se logró un profundo anhelo de los sudcalifornianos, al publicarse en el Diario Oficial de la Federación, el decreto de reforma constitucional que dio a Baja California Sur y a Quintana Roo, el estatus jurídico-político de entidades federativas.

El Estado al que represento en esta Cámara de Diputados tiene el orgullo de que la occidentalización de la cultura, consistente en la fundación de misiones, presidios y pueblos, partió de su territorio, en un recorrido de poco más de dos mil kilómetros, desde la ahora ciudad y puerto de Loreto, la Primera Capital de Las Californias, pasando por el ahora floreciente Baja California, hasta llegar al Estado de California.

Por ello, es muy grato enaltecer este recordatorio histórico, por las diversas implicaciones que tiene, desde el conocimiento del pasado regional, para que los sudcalifornianos sigamos avanzando en la construcción de la autodeterminación que haga a nuestra comunidad más fuerte y participativa ante el Pacto Federal, para ampliar los senderos del desarrollo, el bienestar y la calidad de vida a los que los sudcalifornianos tenemos derecho.

Hoy, respetuosos de las diferencias políticas, de la diversidad cultural, de las corrientes de opinión y de los intereses particulares que caracterizan a las sociedades democráticas y modernas, en Baja California Sur nos une el pasado común y los esfuerzos que se están haciendo para que sigamos ascendiendo en la ruta del progreso, elevar la calidad de vida y consolidar la armonía social.

Baja California Sur, con cuarenta y dos años formando parte de la gran nación mexicana, sigue insistiendo en mejores condiciones para desarrollarse, teniendo en el estado de derecho la base de la convivencia, para que la fuerza individual y social se encaucen respetando derechos constitucionales, preservando la sustentabilidad de nuestros recursos naturales, defendiendo el agua, la vida humana y la salud pública.

En el marco de la centralización que vive la nación, Baja California Sur enfrenta una nueva amenaza de quienes ambicionan sus recursos naturales, sin importarles el daño ambiental que causen, de los que buscan sus mantos hídricos para megaproyectos personales, de los barcos foráneos que explotan sin límites nuestros litorales, en perjuicio del pescador ribereño, o por la continua creación de áreas naturales protegidas o refugios pesqueros que sólo nos limitan pero no nos proporcionan los beneficios que debieran correspondernos.

Ante esos retos debemos levantar unidos la voz, para exigir un mejor trato de la Federación, como lo hicieron en su momento los sudcalifornianos del Frente de Unificación Sudcaliforniano de 1945 y 1965, el Movimiento Pro-Derechos Cívicos del Territorio de Baja California también en 1965, el Movimiento Loreto 70 y los movimientos cívicos que han representado la esencia democrática y libertaria de los sudcalifornianos.

Baja California Sur necesita de todos: mujeres y hombres, niños, jóvenes, adultos, para mejorar lo que tenemos y garantizar un mejor futuro, en el proyecto de Estado en el que nos ha unido nuestro Gobernador de la entidad, el Licenciado Carlos Mendoza Davis.

En esta tarea, no debemos escatimar esfuerzos en todos los espacios, en cualquier lugar y trinchera; actuemos ahora y siempre con renovados bríos, con reciedumbre, responsabilidad y decisión, para arribar a la Baja California Sur del orgulloso presente que hemos alcanzado y sobre todo del promisorio futuro que anhelamos para nuestros hijos.

Muchas gracias.

Con motivo del 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Este 10 de octubre de 2016, habrá de celebrarse el Día Mundial de la Salud Mental, conmemoración que busca hacer conciencia sobre la importancia de estar libre de cualquier patología de orden mental. La Organización Mundial de la Salud define a la salud mental de la siguiente manera:

“La salud mental abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con el componente de bienestar mental incluido en la definición de salud que da la OMS: «un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades»”.1

La enfermedad mental no es percibida en muchas ocasiones, sin embargo el daño que causa lo es como el de cualquier enfermedad física; incidiendo en la productividad de las empresas, en el desempeño escolar y en la convivencia familiar, ya que es una enfermedad que no solo afecta a personas con trastornos de orden psiquiátrico que los ha llevado a perder su consciencia con la realidad y que permanecen recluidos en centros de salud para su atención, o que vagan por las calles, las deficiencias en el orden mental abarcan también a miles y miles de personas que padecen de stress, depresión, entre otras manifestaciones de quien carece de una salud mental efectiva, por lo tanto es un problema que marca a las sociedades modernas, en donde el dinamismo que imprime el modelo económico de producción hace que la tranquilidad que se manejaba en décadas pasadas se sustituya por un modelo en donde el ritmo de vida hace que el organismo se vea afectado por todo aquello que percibe y en el que se involucra cotidianamente.

Esta es enfermedad que se contrapone con la promoción del bienestar en general, por lo que la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos es necesaria para el buen desempeño de las personas que padecen de patologías de orden mental.

En consecuencia la atención de los trastornos mentales debe ser por lo tanto una de las prioridades del sector salud en México, y debe atender a las necesidades que se presentan en la actualidad, enfocándose desde lo más vasto del conocimiento científico y cuidando los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental, pero al mismo tiempo que estos y sus familias sientan la debida confianza en la lucha contra el estigma, el aislamiento y la discriminación, alentándoles a encontrar ayuda en los programas que el estado promueva a través de los sistemas de salud y seguridad social con los que cuenta, buscando a la par abrir espacios de participación a las instituciones de salud del sector privado, así como, la participación de las instituciones educativas de nivel superior del país, para que de manera coordinada, bajo la rectoría del estado, se busque atender la demanda de servicios de salud mental existente en el país, en estos momentos en que por razones de la llamada “disciplina fiscal” se pretende reducir el presupuesto al sector salud en aproximadamente 10,82% en comparación a lo que se aprobó para el año 2016.2 Año en el que también se aplicó una disminución al presupuesto de este mismo sector.

Lo cual significa desde luego un acto de tremenda inconsciencia social por parte del gobierno de Peña Nieto para con los más desvalidos y necesitados del país, aquellos que de no ser por los servicios médicos públicos dejarían de atenderse. Este presupuesto regresivo y lo es porque afecta a los más pobres como ya se dijo, pero no solo afecta al sector salud afecta al crecimiento y desarrollo económico y social del país. ¿En dónde queda el derecho de los millones de mexicanos a gozar de servicios de salud, establecidos en la constitución?

El argumento de que los recortes obedecen a evitar catástrofes financieras mayores queda en entre dicho cuando a los grandes corporativos empresariales se les ha condonado parte de sus adeudos con el fisco, y cuando el gobierno sigue sin trasparentar de manera real y efectiva el ejercicio del gasto publico. Muchos analistas financieros lo han dicho se gasta mal, sin planeación, pero si con claros objetivos personalistas, y de grupo, como siempre lo ha hecho el viejo régimen político que lucra y medra con los derechos de los mexicanos.

Desde luego la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental debe ser una oportunidad para hacer un llamado a las autoridades sanitarias a esforzarse por dar más y mejor atención con menos recursos a quienes padecen esta enfermedad y todas aquellas enfermedades a las que hoy da cobertura el sistema de salud y que se ven en riesgo por estos adversos recortes; pero al mismo tiempo es un reclamo a la cerrazón, y visión miope del gobierno federal. Cancelar recursos al sector salud es cancelar el progreso y desarrollo de México.

Notas

1 Salud mental en http://www.who.int/topics/mental_health/es/.

2 Mas recortes en salud para el 2017, en

http://eluniversal.com.mx/blogs/fundar/2016/09/30/mas-re cortes-en-salud-para-el-2017

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica p.a)


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