Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a elaborar los proyectos ejecutivos de las obras para la recarga del acuífero de La Paz, a fin de abatir su déficit creciente y detener la salinización, así como a revisar el acuerdo de disponibilidad media anual de ese acuífero y El Carrizal, suscrita por la diputada Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Jisela Paes Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a elaborar los proyectos ejecutivos de las obras necesarias para la recarga del acuífero de La Paz, a fin de abatir el déficit creciente que presenta, para detener su salinización, así como a revisar el acuerdo de disponibilidad media anual del acuífero de La Paz y El Carrizal, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El agua es la base del desarrollo humano y fundamental para alcanzar la satisfacción de las necesidades elementales de toda sociedad. En la actualidad vivimos una época en la que su disminución en cantidad y calidad pone en riesgo las expectativas del desarrollo mundial.

En México existe preocupación fundada por la degradación de nuestros recursos hídricos, a pesar de algunos esfuerzos por mejorar su uso, remarcándose este problema en la zona norte del país.

Por sus condiciones geográficas, el agua representa para Baja California Sur el recurso natural más preciado. Así fue desde sus primeros asentamientos humanos establecidos alrededor de sus oasis, hasta hoy, en que es indispensable para continuar la construcción del estado al que aspiramos.

El crecimiento demográfico del estado de 4.5 por ciento anual, un 2.5 más elevada que la media nacional, demanda en la misma proporción el abasto de agua, por lo que su escasez pondría en riesgo el desarrollo de nuestras siguientes generaciones. Ello hace necesario la adopción de soluciones de fondo para asegurar el abasto del agua que requerimos los sudcalifornianos para seguir creciendo.

Por su situación geográfica Baja California Sur presenta características muy particulares, ya que la cordillera que lo cruza en toda su longitud forja arroyos de fuertes pendientes con cuencas pequeñas que, asociados al clima, vegetación, sobrepastoreo, deforestación, tipo de suelos, intensas lluvias generadas por ciclones tropicales, y el monzón del Golfo de California, producen un drenado rápido que desfavorece la infiltración, se generan escurrimientos súbitos que ponen en riesgo a los que habiten aguas abajo de las corrientes y gran parte del agua se integra al mar.

Resulta paradójico que seamos el estado con mayor incidencia de ciclones tropicales, que recibamos sus fuertes embates –con mayor frecuencia en los últimos tiempos, como Odile hace dos años y Newton hace unos días–, y que en unas horas esa precipitación pluvial se vaya al mar y sólo queden en tierra los daños que originan estos fenómenos hidrometeorológicos.

Las aguas superficiales no han sido aprovechadas, por lo que el agua subterránea ha constituido la principal fuente de abastecimiento para el desarrollo socioeconómico del estado, el cual está siendo extraído de los acuíferos a costa de su sobreexplotación, como ha ocurrido en el acuífero de La Paz, que comprende el valle del mismo nombre.

En la ciudad de La Paz, capital del estado, se presenta con mayor claridad el problema de la disminución creciente de la disponibilidad de agua, ya que en ésta residen más de 258 mil habitantes, con un crecimiento poblacional anual de 3.0 por ciento, la cual se abastece del acuífero de La Paz, el cual presenta desde hace varios años un creciente abatimiento de sus niveles.

Una recopilación de diversos estudios especializados, realizados al acuífero de La Paz por diferentes empresas y en distintas épocas algunos contratados por la propia autoridad federal del agua (SARH-Conagua), relacionados con su balance hidráulico, demuestran que desde 1974 ya se conocía el grave déficit de agua que sufre el valle de La Paz –entonces con una población mucho menor–, como se acredita en la siguiente tabla:

Derivado de dichos estudios, ya se tenía conocimiento de la inversión del gradiente hidráulico como consecuencia de la sobreexplotación y los efectos adversos que ello conlleva para el acuífero, lo que ha ocasionado intrusión salina por ser un acuífero costero y que el avance tierra adentro de ésta sea de 240 metros lineales por año, lo que significa que a la fecha la intrusión salina ha avanzado más de 8 kilómetros a partir de la línea de costa.

De seguir así este avance, en pocos años el agua de este acuífero no será apta para consumo humano . Una muestra de ello es que en algunos pozos en los que se bombea agua para la ciudad de La Paz, la calidad del agua excede los límites máximos de concentración de sales, conforme a la NOM-127-SSA1-1994 y en la mayoría de las tomas de agua de la ciudad los niveles señalados en la norma para consumo humano están a punto de ser rebasados.

Por todo lo anterior la intrusión salina y sus efectos son una realidad. Por eso es urgente tomar las medidas adecuadas para enfrentar este problema, a fin de cumplir con el derecho humano a la salud de los sudcalifornianos y al acceso y disposición de agua para consumo en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

El obstáculo para enfrentar el problema lo representa el estudio de disponibilidad media anual del acuífero de La Paz publicado recientemente por la Conagua, en el que se señala un pequeño déficit de 1.16 millones de metros cúbicos al año, el cual no corresponde a la realidad del mismo, como queda demostrado en la gráfica anterior.

La falta de una correcta medición de las variables del ciclo hidrológico de la cuenca de La Paz ha influido para que no se tenga información real del comportamiento del agua en dicha cuenca, ya que para su cuantificación se recurre a modelos utilizados en otros países, a veces con condiciones diferentes y alimentadas con parámetros supuestos que no corresponden a la realidad local.

Para realizar esta medición no se han considerado las características fisiográficas de nuestro estado, que están asociadas a las lluvias intensas en muy corto tiempo, debido a la influencia de los fenómenos meteorológicos denominados ciclones tropicales, los cuales generan grandes volúmenes de agua que se desplazan en poco tiempo y no son aprovechados, sino que por el contrario ponen en riesgo a la población.

Por ello, la publicación de la actualización de la disponibilidad media anual de agua en los acuíferos de La Paz (0324) y El Carrizal (0322), estado de Baja California Sur, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril de 2015, no corresponden a la realidad.

Cabe señalar que el 27 de marzo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la NOM-001-CONAGUA-2015, Conservación del recurso agua. Esta norma tiene como objeto establecer un método base para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales superficiales (unidad de medida: cuenca hidrológica) y de subsuelo (unidad de medida: acuífero), para su explotación, uso o aprovechamiento. En esta norma se dan a conocer las fórmulas para el cálculo de disponibilidad y que fueron utilizadas para la actualización de disponibilidad de aguas superficiales de las 757 cuencas hidrológicas de fecha 7 de julio de 2016; sin embargo no se aplicó para la actualización (más reciente) de disponibilidad de aguas superficiales subsuelo de los 653 acuíferos publicada el 20 de abril del 2015.

El primero (La Paz) está basado en el estudio de determinación de la disponibilidad de agua en el Acuífero La Paz, Baja California Sur (BCS) de fecha 30 de abril de 2002, el cual no cumple con lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA, Conservación del recurso agua, que establece las especificaciones y el método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales debido a que los datos analizados en el estudio corresponden al periodo 1970-1982 y la norma menciona que los elementos considerados en el balance hídrico se deben ajustar a un periodo de registro de información común y actual, asimismo menciona dicha norma que el cambio de almacenamiento en el intervalo de tiempo considerado en el balance, se determina a partir de la evolución de los niveles del agua subterránea correspondientes al mismo intervalo y de valores representativos del coeficiente de almacenamiento del acuífero.

No obstante, en el mencionado estudio el cambio de almacenamiento lo deducen a través de la ecuación de balance, además la recarga de 27.8 millones de metros cúbicos (m3) está considerada como dato y su déficit es de apenas -1.16 millones de m3, lo cual significa que se encuentra casi en equilibrio. Baste señalar que existen pozos que están extrayendo agua a 42 metros abajo del nivel medio del mar, por lo que la intrusión salina es palpable, como lo mencionan los estudios antes señalados.

El segundo (El Carrizal) se fundamenta en el estudio de determinación de la disponibilidad de agua en el Acuífero El Carrizal (0322), de fecha junio de 2009, el cual se contradice al mencionar que existen actualmente 2.22 millones de m3 de disponibilidad de agua subterránea, no obstante que en ese estudio se menciona que el cambio de almacenamiento es negativo, por lo que se trata de un acuífero sobreexplotado.

Además, el estudio señala que en el acuífero El Carrizal “las salidas subterráneas tienden a dirigirse hacia el acuífero vecino al norte La Paz, pero son ahora interceptadas por la extracción que se realiza en el área del rancho La Campana”, el cual intercepta el flujo, “por lo que no se consideran descargas naturales comprometidas”.

Esto significa que no podemos esperar que el agua que se necesitará en el futuro para abastecer a la población de La Paz, pueda ser suministrada de ese acuífero, porque en la realidad no existe tal disponibilidad, sino que por el contrario, ya está sobreexplotado y se le ha incrementado la extracción mediante el acuífero que inició operaciones a partir de este año.

Aunado a esto no debemos omitir el peligro latente de la minería a cielo abierto en la región aledaña a la Paz y la afectación que ocasionaría por contaminación en los acuíferos de Todos Santos, El Carrizal, Santiago y la pérdida de gran parte de las reservas de agua del sur del estado. No obstante ello, recientemente fueron modificadas las coordenadas que delimitan la cuenca hidrológica superficial del acuífero El Carrizal, ya que coincidentemente la zona concesionada a la minera Los Cardones queda fuera de la cuenca hidrológica de ese acuífero.

Es de fundamental importancia destacar que los datos de la publicación de la disponibilidad del agua subterránea en los acuíferos de La Paz (Déficit -1.16) y El Carrizal (disponibilidad 2.22) han sido utilizados para la programación de obras, como es el Programa Hídrico Estatal Visión 2030 realizado por la Conagua y que por ese hecho, al señalar a estos casi en equilibrio, no se consideró la necesidad del aprovechamiento de las aguas superficiales mediante obras de recarga, es decir, se partió de un diagnóstico equivocado para definir las acciones necesarias para mantener recargado el acuífero de La Paz.

Por eso necesitamos que se modifique la disponibilidad publicada para el acuífero de La Paz, por las razones expuestas, para que exista fundamento para el inicio de las obras que se requieren para salvar al acuífero de La Paz.

No obstante que la precipitación es de las más bajas del país, las lluvias que se generan son de muy alta intensidad y corta duración, se ha observado que en la parte alta de la cuenca de La Paz, en una superficie de aproximadamente 520 kilómetros cuadrados (km2), es susceptible de realizarse aprovechamientos hidráulicos, la precipitación media anual en esa zona es de 300 milímetros (mm), de los cuales 60 por ciento presenta escurrimientos cuyos coeficientes van desde 0.8 a 0.2, en promedio 0.5, lo cual representa 46.8 millones de m3 de disponibilidad de aguas superficiales, que actualmente no son aprovechados por la falta de infraestructura hidráulica.

Sin embargo, el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2016 por el que se actualiza la disponibilidad media anual de aguas nacionales superficiales de las 757 cuencas hidrológicas que comprenden las 37 regiones hidrológicas en que se encuentra dividido los Estados Unidos Mexicanos, se mencionan las cuencas de La Paz y El Carrizal, la primera con una disponibilidad de 14.202 millones de metros cúbicos y El Carrizal 4.997 millones de metros cúbicos, lo cual no corresponde tampoco a la disponibilidad real señalada en el párrafo anterior.

Esta disponibilidad que puede contribuir para abatir este déficit del acuífero de La Paz, debe aprovecharse con un manejo integral, iniciando en la parte alta de la cuenca con obras de conservación de suelos y agua, para controlar escurrimientos y erosión, en la parte intermedia con la construcción de presas de control de avenidas y almacenamiento para infiltración y en la parte del Valle de La Paz con obras de control de avenidas. Sin embargo en el Programa Hídrico Estatal Visión 2030 no se consideraron este tipo de obras.

El crecimiento de la ciudad de La Paz se ha dado hacia el sur en forma desordenada sin contemplar el drenaje pluvial ni las corrientes que cruzan las zonas que se están urbanizando, en las que se pueden presentar escurrimientos súbitos, como en el caso de huracanes, que pueden poner en riesgo a los que ahí habiten, por lo que deben realizarse obras que eviten ese riesgo, como son presas, obras de infiltración, canalización y conducción, que no se han realizado.

Además la urbanización ha traído aparejada la disminución de las posibilidades de infiltración de las aguas pluviales, restringiendo las áreas de recarga natural del acuífero y, por consiguiente, las reservas de agua dulce disponible. En un escenario extremo, ante un huracán con lluvias intensas en la parte alta de la cuenca se generarían escurrimientos súbitos que descargarían hacia las nuevas áreas urbanizadas al sur de la ciudad de La Paz, provocando fuertes inundaciones, destrucción de viviendas y riesgos para la integridad de las personas.

De acuerdo al Programa Hídrico Estatal Visión 2030 (9o. párrafo página 131) no se tienen estrategias y acciones explícitas relacionadas con el eje Asentamientos Seguros frente a inundaciones catastróficas, por lo que deberá aplicarse las estrategias y acciones del Programa Hídrico Regional Visión 2030 Península de Baja California, el cual no contempla la construcción de obras de protección y encauzamiento.

De acuerdo con estudios y análisis de especialistas en diversas materias relacionadas con el tema hidráulico de Baja California Sur, algunos de ellos integrantes de la Agrupación Ciudadana para el Ordenamiento del Agua en Baja California Sur, (ACORABCS), señalan la urgencia de realizar obras de recarga que permitan revertir la disminución de los recursos hídricos para la capital del estado, toda vez que sólo mediante este tipo de obras podrá asegurarse la dotación de agua para las siguientes generaciones.

El acuífero más deteriorado de la entidad es el de La Paz, donde vive la tercera parte de la población estatal y por eso urgen obras de control, retención, infiltración y canalización de agua de lluvia. En el año 2030, es decir, en la siguiente generación, se prevé que la ciudad de La Paz contará con 465 mil habitantes, es decir 80 por ciento más, por lo cual la demanda de agua para suministro se incrementará en esa proporción, y tenemos que prepararnos para ello.

Para la solución integral al problema hídrico en la ciudad de La Paz, a mediano y largo a plazo, consideramos necesario realizar un conjunto de obras que permitan la captación e infiltración de las aguas pluviales para la recuperación del acuífero, así como su canalización, con la finalidad de proteger a la población en general, recuperar áreas habitables y tener vías de comunicación que sean transitables los 365 días del año.

Sin embargo, en nuestro estado no existen los proyectos ejecutivos para realizar obras hidráulicas, debido a que la federación ha considerado, de acuerdo a los estudios referidos, que nuestro acuífero se encuentra casi en equilibrio, (sólo con un pequeño déficit), por lo que no han asignado recursos a estudios y proyectos ejecutivos para obras que solucionen el problema hídrico de la capital del estado.

Las obras que se consideran necesarias para dar solución integral al problema hídrico de la ciudad de La Paz, por orden prioritario, conforme los expertos, son los siguientes:

1. Presa de almacenamiento y control San Pedro

2. Presa de almacenamiento y control arroyo La Palma

3. Encauzamiento arroyos El Quemado, La Huerta, San Ramón y Cajeme

4. Encauzamiento arroyo La Palma

5. Encauzamiento arroyo Los Gatos

6. Obras de control entrada arroyos Los Gatos y La Palma

7. Presa de almacenamiento y control bajada del Molino (Acuífero El Carrizal).

8. Barrera para detener la intrusión salina con infiltración de aguas tratadas

9. Presa y obras de infiltración arroyo El Cajoncito

10. Encauzamiento arroyo el Calandrio y Demasías de la Huerta

11. Drenaje pluvial área de crecimiento Ciudad de la Paz

12. Drenaje pluvial Ciudad de la Paz

13. Obras de infiltración colonia Márquez de León

14. Presa de control y almacenamiento y obras de infiltración en arroyo La Huerta

15. Encauzamiento y obras de infiltración arroyo Los Pozos

16. Encauzamiento y obras de infiltración arroyo La Barrosa

17. Obras de conservación de suelo y agua

18. Instrumentación de las cuencas de las presas, San Lázaro, Santa Inés, Buena mujer, Ihuajil, La Higuerilla, así como las cuencas con factibilidad de construcción de presas.

Mediante estas obras y acciones, se lograría enfrentar un problema que tenemos ahora la oportunidad de solucionar.

Cabe hacer mención que existen algunos proyectos registrados en la cartera de proyectos y programas de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), relacionados con la Conagua, para el estado de Baja California Sur, que se encuentran en registro porque no se ejecutaron o bien porque no se han dado de baja, entre los que destacan los siguientes: obras de protección para minimizar riesgos de inundación en las subcuencas La Paz y arroyo Datilar, en la cuenca La Paz-Cabo San Lucas; la construcción de infraestructura de protección a centros de población en el arroyo El Calandrio, y el estudio y proyecto ejecutivo para el mantenimiento, rehabilitación y construcción de las obras de protección a Centros de Población de la Ciudad de la Paz.

El primer paso de toda obra pública, consiste en la realización de sus proyectos ejecutivos, como paso previo a su incorporación al programa de obras a cargo de la Conagua. El costo global de estos 18 proyectos ejecutivos se estima en 90 millones de pesos, cantidad que no está fuera de las disponibilidades presupuestales del gobierno federal.

Ante la disminución de recursos presupuestales, requerimos priorizar el gasto público a infraestructura para el desarrollo del país y esta inversión en obras de recarga significan eso y la oportunidad de preservar un acuífero que es fundamental para Baja California Sur, además de que la Ley de Aguas Nacionales señala que las obras de recarga son de utilidad pública.

La presente proposición busca concientizar al gobierno federal de la necesidad inaplazable de revisar la situación de los acuíferos de la Paz y del Carrizal, para que se concientice del problema y elabore los proyectos de las obras que permitan recuperarlo, antes de que sea demasiado tarde, porque de él depende el abasto de agua de una parte importante de la población de Baja California Sur y el futuro en general de esta pujante región de la entidad.

Por ello, la Cámara de Diputados debe exhortar a la Comisión Nacional del Agua, a que revise, y en su caso modifique la publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de abril de 2015, relativa a la actualización de la disponibilidad media anual de agua en los acuíferos de La Paz (0324) y El Carrizal (0322), estado de Baja California Sur, ya que los estudios que sirvieron de base para la obtención del balance del acuífero de La Paz no corresponden a la realidad, debido a que los datos analizados en dicho estudio son del periodo 1970-1982, por lo cual, no cumple con lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA, Conservación del recurso agua, que establece las especificaciones y el método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales, ya que se contradice en la aplicación de la Ecuación de Balance, porque la recarga de 27.8 millones de m3 está considerada como dato y el déficit es de apenas -1.16 millones de m3, lo cual significa oficialmente que se encuentra casi en equilibrio, cuando la realidad es que existe intrusión salina derivada de una fuerte sobreexplotación.

En el caso de El Carrizal porque el estudio presenta una contradicción grave, ya que por un lado establece que existe disponibilidad de 2.2 millones de m3, y por otro señala que el cambio de almacenamiento es negativo, lo cual indica sobreexplotación, y además no considera descarga natural comprometida, pero el estudio señala que existe una descarga natural comprometida hacia el acuífero vecino de La Paz.

Asimismo, se debe exhortar a la Comisión Nacional del Agua a que revise los estudios de la publicación del acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de las aguas nacionales superficiales de las cuencas de La Paz, región hidrológica 6 y El Carrizal, región hidrológica 3, que forman parte de las 757 cuencas hidrológicas que comprenden las 37 regiones hidrológicas en que se encuentra dividido los Estados Unidos Mexicanos, basados en mediciones reales de la propia cuenca, ya que los coeficientes referidos en la norma no corresponden a las condiciones hidrológicas de la misma.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Agua, a que junto con expertos, investigadores y usuarios de los acuíferos y cuenca hidrológica La Paz y El Carrizal, se revise y actualice la metodología y cálculo para la disponibilidad media anual, tanto de aguas de subsuelo, como de las aguas superficiales, con la finalidad de integrar otra información y variables como la infiltración de agua de mar y la salinidad, entre otros, que permitan determinar con mayor precisión la disponibilidad real y actualizada del agua de dichos acuíferos para los diversos usos. Esto en cumplimiento con lo establecido en la NOM-001-CONAGUA-2015, Conservación del recurso agua. Que establece las especificaciones y el método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua y al gobierno del estado de Baja California Sur, a que se revise conjuntamente el Plan Hídrico Estatal Gran Visión 2030, a fin de que se considere la disponibilidad de aguas superficiales de las cuencas hídricas de La Paz y Carrizal, así como de los diversos factores que inciden en dicha disponibilidad en la región y así contrarrestar el déficit en los acuíferos.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Agua, a que dentro de su Programa Operativo Anual para el ejercicio de 2017, incluya la elaboración de los 18 proyectos ejecutivos prioritarios de las obras que requiere la cuenca y el acuífero de La Paz, con el fin de permitir la recarga, aprovechar el agua de precipitaciones, proteger a la población de eventos hidrometeorológicos catastróficos, y abatir el déficit creciente que enfrenta la capital y las zonas urbanas que dependen de dichas fuentes, cuyo costo aproximado global es de 90 millones de pesos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2016.

Diputada Jisela Paes Martínez (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Consejo Nacional de Salud a promover y garantizar la aplicación de la NOM-046-SSA2-2005, “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”, a fin de que difunda los avances, retos y obstáculos en su implantación y aplicación práctica, suscrita por las diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Érika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

“La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie”.

Monstesquieu.

Las que suscriben, Laura Nereida Plascencia Pacheco y Érika Araceli Rodríguez Hernández , diputadas federales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos a esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En nuestro país cada nueve minutos una persona es víctima de abuso sexual.1 Otras fuentes consultadas señalan que en 5 años se han registrado casi 3 millones de casos de abuso sexual, lo que equivale a 600 mil por año y a 1345 al día.2

La misma fuente revela que 90 por ciento de las víctimas son mujeres, y que sólo se han iniciado en México 83 mil averiguaciones.

Desde 2010, México ocupaba el primer lugar de casos de agresiones sexuales contra mujeres al año, con 120 mil violaciones al año.3

Todos los días al revisar los diversos periódicos o revistas de las diversas entidades del país, hay notas relacionadas con la falta de una verdadera atención a las víctimas de violencia sexual, en particular la falta de aplicación de la NOM-046-SSA2-2005, “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”, la cual establece una serie de procedimientos y servicios que deberán ofrecerse obligatoriamente a las víctimas.

Sin embargo, y no obstante que la Norma es de cumplimiento obligatorio, la regla general es la inobservancia de la misma, lo que genera una serie de infracciones graves a los derechos de las mujeres que han sido violadas sexualmente.

Al respecto, el Comité de CEDAW (Comité Sobre la Convención de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres) ha recomendado al Estado mexicano, en sus informes séptimo y octavo, a:4

a) Establecer mecanismos efectivos, en los planos federal y estatal, para supervisar la aplicación de leyes sobre el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y la legislación relativa al acceso de las mujeres a los servicios de atención de salud y la educación;

b) Adoptar medidas para fomentar la denuncia de los casos de violencia contra la mujeres, como la violación, y garantizar que existan procedimientos adecuados y armonizados para investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de los actos de violencia contra la mujer;

c) Adoptar medidas para mejorar los servicios de apoyo para las mujeres y las muchachas que son víctimas de la violencia, entre otras cosas garantizado su acceso a centros de atención y refugios establecidos, y también garantizando que los profesionales de la educación, los proveedores de servicios de salud y los trabajadores sociales estén plenamente familiarizados con la norma oficial mexicana NOM-046-SSA2-2005 para la prevención de la violencia contra las mujeres y el trato a las víctimas, que estén sensibilizados sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y sean plenamente capaces de ayudar y apoyar a las víctimas de violencia, y

d) Se asegure que en todos los estados las mujeres víctimas de violencia sexual tengan acceso a servicios médicos seguros, y se vele por la debida aplicación de la norma oficial mexicana NOM-046-SSA2-2005, en particular el acceso de las mujeres que han sido violadas a anticonceptivos de emergencia.

Particularmente nos preocupa la falta de aplicación de la norma para posibilitar la interrupción legal del embarazo en los términos previstos por las disposiciones referidas, obligando a las mujeres a maternidades forzadas, lo que vulnera nuevamente sus derechos humanos.

Hay que señalar que diversas organizaciones de la sociedad civil, defensoras de los derechos humanos de las mujeres, han señalado que, en algunos casos, en las instituciones de salud, publicas y privadas, prevalecen actitudes moralinas que inhiben que la norma se aplique y por consiguiente se impida la aplicación práctica de dicha norma.5

No olvidemos que varios gobernadores de algunas entidades del país han emprendido acciones legales en contra de la aplicación de la Norma en cuestión.

De ahí que surgen diversas interrogantes que nos gustaría sean atendidas con la intención de coadyuvar en la observancia y cumplimiento de esta Norma, por ejemplo: ¿Cuáles son las situaciones de hecho que impiden que este instrumento legal se aplique? ¿Qué estudios e información tiene el Consejo Nacional de Salud sobre este problema? y ¿Cuáles serían las acciones y alternativas que promueve este Consejo para generar el cumplimiento de todas las instancias de salud del país de dicha norma?

Cabe señalar que el 27 de enero de 1995, mediante Acuerdo Presidencial, que abrogó un acuerdo previo, se reestructuró el Consejo Nacional de Salud. A partir de esa fecha el Consejo, se consolida como instancia permanente de coordinación entre la Federación y los gobiernos de las entidades federativas y se constituye como el foro principal para planear, programar y evaluar acciones que fortalezcan el proceso descentralizador.

El 27 de enero de 2009, el Consejo se refunda nuevamente definiéndose como:

“...la instancia permanente de coordinación de las instituciones públicas que conforman el Sistema Nacional de Salud; tiene por objeto la planeación, programación y evaluación de los servicios de salud en toda la República.”

Actualmente el Consejo está integrado por el Secretario de Salud Federal, quien lo preside; el Secretario de la Defensa Nacional; el Secretario de Marina; el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social; el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; el Director General del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; el Director General de Petróleos Mexicanos; el Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; y los 32 titulares de los Servicios Estatales de Salud; asimismo, el Presidente de la Red Mexicana de Municipios por la Salud participa en calidad de invitado permanente del Consejo Nacional de Salud.

De ahí que consideramos que es de la mayor relevancia conocer del propio Consejo Nacional de Salud, dada su conformación interinstitucional y de pluralidad, su opinión sobre esta grave problemática.

Es por los argumentos anteriormente expuestos, por lo que elevamos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único . Se exhorta, respetuosamente, al Consejo Nacional de Salud a promover y garantizar la aplicación de la NOM-046-SSA2-2005, “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”, y dé a conocer a la opinión pública los avances, retos y obstáculos en la implementación y aplicación práctica de la norma en cuestión.

Notas

1 Dato consultado en http://www.cic.mx/cada-9-minutos-una-persona-es-victima-de-abuso-sexual -muchas-de-ellas-son-ninos-ayudemos-a-detener-y-prevenir-este-delito/?g clid=CP_eg7rRt88CFQwvaQodlV0DBA

2 Información disponible en http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/03/15/aume nta-la-violencia-sexual-en-mexico-en-5-anos

3 http://www.excelsior.com.mx/2011/12/25/nacional/797160

4 El documento integro puede consultarse en
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/CEDAW_C_MEX_CO_7_8_esp.pdf

5 En este caso se puede analizar lo sucedido en el Congreso del Estado de Jalisco, en relación con el acuerdo El día 25 de octubre de este año. El Congreso del Estado de Jalisco aprobó un Acuerdo Legislativo mediante el cual exhortaron al Secretario de Salud y al Delegado del IMSS de la entidad “a que implementen la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, relativa a los criterios para la prevención y atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres en los términos que esta dispone, con excepción a lo que estipula el punto 6.4.2.7 en lo relativo a la ausencia de tutela y representación de menores de edad.”

Referencias

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 consultado en http://pnd.gob.mx/

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/G eneral%20recommendation%2025%20(Spanish).pdf

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

http://inmujeres.wdinamo.com/CPP/unidad2/unidad2_2-2.htm l.

http://www.cns.salud.gob.mx/contenidos/1_informaciongene ral.html

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2016.

Diputadas: Laura Nereida Plascencia Pacheco, Erika Araceli Rodríguez Hernández (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a garantizar la cobertura universal en salud de los mexicanos y supervisar el trabajo del comisionado nacional de Protección Social en Salud, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del PAN

Durante el sexenio de Vicente Fox se inició el plan piloto del Seguro Popular y representó, por primera vez en la historia mexicana, un seguro médico, público y voluntario, dirigido a poblaciones sin acceso a servicios de salud. Durante esa fase el Seguro Popular fue capaz de afiliar a más de un millón de personas entre 2001 y 2003.

Fue una de las mejores políticas públicas durante el gobierno de Felipe Calderón, porque se alcanzó la cobertura territorial total, y se garantizaba a familias que, si llegaba a enfermar alguno de sus miembros, no tendría de que preocuparse sobre cómo pagar la atención y los medicamentos.

Además de estar dirigido a las familias más pobres, también permitió que las personas que trabajaban por cuenta propia y que no estaban cubiertas por alguna institución de seguridad social, se afiliaran al Seguro Popular pagando una cuota acorde a sus ingresos.

Entre el 2006 y 2012 se garantizó a la población el acceso a un paquete de servicios de salud, que cubría 249 padecimientos y los medicamentos asociados a dichos padecimientos. Estas 249 intervenciones del paquete abarcaban las patologías más importantes del perfil epidemiológico del país.

En esos 12 años se vivió la transformación estructural más profunda de nuestro sistema de salud de las últimas décadas, y fue un motor poderoso para impulsar la equidad, la calidad y la justicia financiera con rostro humano. El 2006 terminó con casi 16 millones de personas afiliadas en el país y el 2012, poco menos de 53 millones.1

Se ha estimado que alrededor de 1.5 millones de familias en México se empobrecen anualmente a consecuencia de los gastos en que incurren para pagar servicios de salud, y esto es lo que buscaba detener el Seguro Popular. Pero las malas administraciones actuales han provocado una debacle en el servicio y el manejo de este programa de gobierno.

Actualmente son 266 las intervenciones médicas que cubre el seguro popular, pero de poco sirven las 27 nuevas acciones que se incluyeron, porque ahora escasean los medicamentos y los médicos, y los problemas administrativos han aumentado.

Pero desde hace un par de años la institución Seguro Popular resultó ser la peor evaluada en materia de salud, pues disminuyó la percepción de la población (entre 2013 y 2015) en cinco de seis rubros calificados:

1. Atención inmediata y accesible sin gastos adicionales,

2. Instalaciones y equipo adecuado,

3. Médicos suficientes y capacitados,

4. Trato respetuoso y

5. Satisfacción con el servicio,

Lo anterior, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi.1

Además, el Seguro Popular ha sido señalado por problemas de rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información sobre todo por parte de las autoridades estatales involucradas. Para dimensionar el problema de cómo afecta la mala administración del seguro popular desde hace un par de años, debemos tener en cuenta que casi el 50 por ciento del presupuesto de salud, se va para este programa; pero como se administra a través de los gobiernos estatales se han encontrado diversas anomalías a nivel central y en cada entidad federativa, como por ejemplo, compras de medicamentos a sobre precios o pago de servicios subrogados innecesarios o con pagos superiores a los establecidos por el mercado.

Durante los recorridos que he podido realizar en el interior del estado de Yucatán la queja más recurrente que escucho es hacia el Seguro Popular; muchos yucatecos tienen que invertir un dinero que no tienen en la compra de medicamentos o estudios porque en el Seguro Popular no se los dan. La salud es una de las primeras condiciones, sino es que la primera, que debe asegurar el gobierno a la población: sin salud lo demás pasa a segundo plano. Es muy triste percatarse de que hay muchas personas que podrían tener una mejor calidad de vida si fueran atendidos en cuanto a su salud como debería ser; hay tanto dolor evitable en nuestro pueblo, que no podemos dejar de señalarlo y pedir que se actúe para solucionar

Desde nuestra perspectiva hace falta que la federación respete el convenio nacional y los acuerdos con los gobiernos de los estados; es necesario que el gobierno federal sea transparente en el manejo de los recursos, sobre todo en relación a los pagos de servicios subrogados y compra de medicamentos, y se brinde la capacitación y estímulos necesarios al personal de salud para que atiendan con eficacia y respeto a la población asegurada.

Por lo anteriormente expuesto propongo los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al secretario de Salud federal, doctor José Narro Robles, al comisionado nacional de Protección Social en Salud, doctor Gabriel O`Shea Cuevas y a los titulares de los regímenes estatales de protección social en salud para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, garanticen la cobertura universal en salud de los mexicanos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al secretario de Salud federal, doctor José Narro Robles, al comisionado nacional de Protección Social en Salud, doctor Gabriel O`Shea Cuevas y a los titulares de los regímenes estatales de protección social en salud para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, ejerzan con eficiencia y transparencia los recursos destinados a la contratación de servicios subrogados y a en la compra de medicamentos y tomen las medidas conducentes para que el personal de las instituciones de salud, atiendan con eficacia y brinden un trato digno a la población asegurada.

Nota

1 Fuente: CNPSS, Secretaría de Salud. Diciembre 2013

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2016.

Diputada Kathia María Bolio Pinelo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a las denuncias sobre presuntos hechos de corrupción y desvío de recursos cometidos por los ex gobernadores de Veracruz, Chihuahua, Sonora, Colima, Nuevo León, Quintana Roo, Coahuila y Tamaulipas, así como de sus ex colaboradores, operadores y prestanombres, a cargo de la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal María Cristina Teresa García Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 numeral 1, 79 numerales 1 fracción II y 2 fracción I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable Cámara, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Consideraciones

Como todo sabemos, la situación del país sigue siendo muy delicada. Más allá de la creciente ola de violencia generalizada, inseguridad, delincuencia organizada y narcotráfico, México vive una profunda corrupción e impunidad sin precedentes, lo que ha llevado al hartazgo y rechazo de la sociedad hacia los gobernantes.

Sin duda, la complicidad de los altos funcionarios públicos con el crimen organizado y la falta de resultados de las medidas adoptadas para enfrentar estos problemas, han sido algunas de las situaciones heredadas por décadas; pero lo cierto es que durante estos últimos años a nivel federal, estatal y municipal la corrupción no tiene precedentes, así como la incapacidad mostrada por los tres Poderes de la Unión para fincar las responsabilidades penales, administrativas y políticas.

De por si preocupa que la corrupción forme parte de la cultura e idiosincrasia de los mexicanos, tanto como decir que ha irrumpido en la vida nacional que cala hasta lo más hondo de la economía, porque le cuesta al menos el 10 por ciento del producto interno bruto (PIB) –hay quien señala hasta el 20 por ciento–, equivalente por ejemplo a 925 mil 592 millones de pesos en 2015.

No en vano, en el índice de Percepción de la Corrupción 2016, elaborado año tras año por Transparencia Internacional, México obtuvo una puntuación de 35 sobre 100 y se ubicó en la posición 95 de los 174 países que integran el ranking de corrupción gubernamental.

Del mismo modo, a pesar de las reformas constitucionales en materia de transparencia y anticorrupción, publicadas el 7 de febrero de 2014 y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, publicada el 18 de julio de 2016, ambas en el Diario Oficial de la Federación, mediante la cual se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, que pretende establecer los esquemas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, México es el último lugar entre los 34 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en materia de corrupción. Conforme a los parámetros de esa organización, cuyas mediciones despiertan mayor interés como referente de la sociedad cada vez más indignada.

Pero el dato preocupante no es solamente el lugar que ocupa nuestro país en esa medición internacional, sino que cada día vamos retrocediendo más y más en relación con la medición de años anteriores, lo cual indica que estamos viviendo una crisis en todos los ámbitos.

Somos conscientes que durante los últimos años no ha existido mejoría alguna en el combate a la corrupción a nivel federal, estatal y municipal a pesar de las reformas y leyes que hemos aprobado; por el contrario, cada día se vuelve una cultura de fuerte arraigo entre los gobernantes y la población.

Por eso, no podemos ser indiferentes ante la acusación de hechos de corrupción de varios exgobernadores, considerados prófugos de la justicia, y otros que fueron beneficiados con cargos diplomáticos en el extranjero, sin que las autoridades de procuración de justicia hayan solicitado al juez, hasta ahora, ninguna orden de aprehensión en su contra a pesar de todas las evidencias que a la fecha son públicas, relacionadas con el “desfalco a las finanzas públicas locales y federales, negocios ilícitos, desvió de recursos a empresas fantasma, lavado de dinero, peculado, cohecho, defraudación fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita, presuntos vínculos con el crimen organizado, entre otros delitos federales”.

No lo dicen únicamente los medios de comunicación, lo revelan los datos de un organismo internacional y el cúmulo de evidencias que día con día son mayores, comenzando por quien ocupó la gubernatura del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa y su antecesor Fidel Herrera, seguido por los ex gobernadores de Chihuahua, César Duarte Jáquez, Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, Sonora, Guillermo Padres Elías, Colima, Mario Anguiano Moreno, Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, así como de Jorge Torres, exgobernador interino de Coahuila; Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas; Humberto Moreira, de Coahuila, entre otros gobiernos corruptos, todos ellos conocidos por la opinión pública.

Las pruebas que lo demuestran son muchas, tantas como decir que los exgobernadores dispusieron ilícitamente de millones y millones de pesos de los fondos estatales y federales para la compra de bienes muebles e inmuebles, situación que hoy hunde a los estados en un quebranto financiero y económico sin precedentes.

Más aún, estos exgobernadores dejaron sus entidades con una deuda que está convertida en una verdadera carga financiera y un lastre sin precedentes; pero como siempre tendrán que pagar los platos rotos las y los ciudadanos, situación que no debe más tolerarse ni repetirse.

Por ello, como integrantes del Poder Legislativo no podemos desatender lo que está pasando en Veracruz, Chihuahua, Sonora, Colima, Nuevo León, Quintana Roo, Coahuila, Tamaulipas, entre otros gobiernos corruptos y dejar que los exgobernadores, sigan auspiciando la impunidad y la corrupción.

Esta Cámara de Diputados reclama una investigación a fondo por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Procuraduría General de la República, a los exgobernadores de los estados antes mencionados por todo el dinero federalizado que dispusieron ilícitamente en beneficio propio y de terceros.

Asimismo, en el ámbito de sus facultades y competencias, reclama que se inicien las investigaciones correspondientes que se derivan de las múltiples denuncias en contra de los presuntos hechos de corrupción y desvío de recursos cometidos por los ex colaboradores, operadores y prestanombres de los exgobernadores antes mencionados y se aplique de manera inmediata las medidas cautelares de extinción de dominio de los bienes muebles e inmuebles que adquirieron ilícitamente con recursos públicos federalizados, porque la ciudadanía ya no tolera más que los malos servidores públicos sigan evadiendo fácilmente la justicia, mucho menos que no transparenten los recursos públicos que les fueron asignados para cumplir con el servicio público.

Esta crisis de credibilidad de las autoridades nos compromete a todas y a todos. Por ello, es tiempo de que el Poder Legislativo corresponda a la sociedad mexicana y que las autoridades administrativas y de procuración de justicia investiguen y sancionen los presuntos hechos de corrupción de los servidores públicos sin distinción de colores partidistas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en ejercicio de sus respectivas atribuciones, inicien las investigaciones en contra de los exgobernadores de los estados de Veracruz, Chihuahua, Sonora, Colima, Nuevo León, Quintana Roo, Coahuila y Tamaulipas, así como de sus ex colaboradores, operadores y prestanombres que adquirieron bienes muebles e inmuebles con recursos públicos federalizados y que además tienen ilícitamente cuentas con recursos federalizados en el sistema bancario.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones inicie las indagatorias correspondientes que se derivan de las múltiples denuncias en contra de presuntos hechos de corrupción y desvío de recursos cometidos por los exgobernadores de los estados de Veracruz, Chihuahua, Sonora, Colima, Nuevo León, Quintana Roo, Coahuila y Tamaulipas, así como de sus ex colaboradores, operadores y prestanombres , y solicite al juez de manera inmediata las medidas cautelares de extinción de dominio de los bienes muebles e inmuebles que adquirieron con recursos públicos federalizados, así como la inmovilización provisional e inmediata de fondos o activos federalizados que tienen ilícitamente en el sistema bancario.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Auditoria Fiscal de la Federación para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y de ser procedente, realice una revisión exhaustiva del ejercicio de las cuentas públicas de los estados, comenzando por quien ocupó la gubernatura del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa; seguido por los exgobernadores de Chihuahua, César Duarte Jáquez; Quintana Roo, Roberto Borge Angulo; Sonora, Guillermo Padres Elías; Colima, Mario Anguiano Moreno; Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz; y Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas, en lo todo lo que se refiere a la utilización ilícita de los recursos federales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2016.

Diputada María Cristina García Bravo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a esta soberanía a contribuir con la donación de un día de dieta al patronato del Hospital Infantil de México Federico Gómez de la Secretaría de Salud, en el marco del acuerdo sobre cáncer infantil aprobado por la Junta de Coordinación Política, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas recomendó en 1954 que los países instituyeran el “Día Universal del Niño”, para fomentar la fraternidad entre todos ellos y promover su bienestar. Así, el 20 de noviembre marca también la fecha en que la Asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989.

Es, en el artículo 24 puntos 1 y 2 de la Convención de los Derechos del Niño en donde se establece que

Artículo 24

1. Los Estados parte reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.

2. Los Estados parte asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez.

En México, la atención a la infancia ha sido un tema recurrente desde la Colonia, cuando Vasco de Quiroga, durante sus misiones realizó trabajo de atención focalizada a niños e indígenas. Sin embargo, es en el año de 1933, cuando surgió el primer proyecto para la construcción y la organización del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, el cual fue diseñado para otorgar en un primer momento servicio de 400 a 500 camas, ofreciendo hospitalización con secciones de medicina, cirugía y padecimientos mentales con lesiones orgánicas; se contaría con el departamento de convalecientes, un pabellón de pensionistas y servicios de cooperación y se atendería una población de hasta 14 años de edad.

Es diez años después, en 1943, que al ser inaugurado el hospital fue constituido como un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, y cuyo objeto social es hasta el día de hoy cumplir tres acciones:

• Proporcionar la atención médica necesaria a los niños que lo requieran.

• Fortalecer la enseñanza de la pediatría a través de los medios y canales adecuados.

• Iniciar la Investigación científica de problemas médico sociales de la niñez mexicana.

Sin duda alguna, desde su fundación, el Hospital Infantil de México, que fue el primero de los actuales Institutos Nacionales de Salud, dio inicio a la era de la modernidad del sistema de salud en México.

Por citar un ejemplo, en diciembre del año de 1943, el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, inició la publicación del Boletín Médico del Hospital Infantil que actualmente cuenta con más de 65 años de experiencia y que fue considerado por muchos años el instrumento de divulgación pediátrica de mayor prestigio en el país, Centro y Sudamérica.

Dentro de las diversas áreas de atención infantil, se encuentra la relativa al cáncer infantil. Como botón de muestra, en el año 2015, se dio atención al osteosarcoma, que es el tumor óseo más común entre la población pediátrica y tiene su origen en las células de los huesos, principalmente de las extremidades inferiores como el fémur o la tibia, aunque puede presentarse en cualquier parte del cuerpo.

Según lo refiere el doctor Ramón Vaqué Vázquez, coordinador de la Clínica de Tumores Óseos del Hospital Infantil de México Federico Gómez,1 “se presenta con mayor frecuencia durante la niñez y adolescencia y en adultos mayores de 70 años. La prevalencia más alta se encuentra en pacientes entre los 15 y 19 años de edad, con un promedio de 8.6 casos por millón de habitantes cada año. Entre los 11 y 14 años se calculan alrededor de 7.6 casos por millón de habitantes anualmente y en menores de 10 años unos 2.6 casos por millón.

Al igual que otros tipos de cáncer, su causa es desconocida. Sin embargo, diversos estudios que consideran su origen como multifactorial, principalmente por alteraciones genéticas; por la presencia de algunos síndromes, como los de Li-Fraumeni, Rothmund-Thomson o el de Bloom; agentes infecciosos; factores ambientales –como la exposición a radiaciones– e, inclusive, se cree que algunos factores del crecimiento podrían estar involucrados en el desarrollo de este tipo de tumores, sobre todo en la adolescencia, que es un período de crecimiento acelerado.”

En ese sentido, en el marco del acuerdo de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados por el que todos los grupos parlamentarios nos comprometemos a garantizar la atención integral a niños con cáncer en nuestro país, es que proponemos a este pleno que cada uno de las y los diputados integrantes de esta asamblea donemos un día de dieta que será entregado al Patronato del Hospital Infantil de México “Federico Gómez” como señal de compromiso que esta soberanía tiene con la erradicación de este problema de salud infantil.

En virtud de lo aquí expuesto ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los diputados integrantes de la LXIII Legislatura a contribuir con la donación de un día de dieta al Patronato del Hospital Infantil de México Federico Gómez, de la Secretaría de Salud, en el marco del acuerdo aprobado por la Junta de Coordinación Política de esta Cámara sobre el cáncer infantil.

Dado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 10 de noviembre de 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Gálico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a enviar a la colegisladora la propuesta de dictamen para la revisión y, en su caso, ratificación del convenio sobre los trabajadores domésticos, 2011, de la OIT, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena

Concepción Villa González, diputada integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, miembro del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1o., 3o., fracción XIX, 6o., numeral 1, fracciones I, II y IV, 36 y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. En el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dispone que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna y en los Tratados Internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte; además, se ordena que la interpretación que se haga de los derechos fundamentales se haga en la forma más amplia, a favor de las personas (pro persona); también, se prohíbe toda forma de discriminación que atente contra la dignidad humana, anule o menoscabe los derechos de las personas; y, muy importante, se establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos.

De su lado, en el artículo 5o. de nuestro máximo ordenamiento jurídico se reconoce el derecho de toda persona a dedicarse a la “profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”; derecho que sólo podrá limitarse en caso de ataque a derechos de terceros, por determinación judicial o gubernativa. En este orden, en el mismo texto constitucional federal, no sólo se reconoce el derecho al trabajo sino que el constituyente consagró el derecho al trabajo digno y socialmente útil (artículo 123).

Segunda. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupacion y Empleo 2016, la población económicamente activa en nuestro país (PEA, 15 años o más) asciende a casi 53 millones de mexicanas y mexicanos. Del total de la PEA casi 51 millones cuentan con algún tipo de empleo, y de éstos, 19.3 millones son desempeñados por mujeres.1

Acorde con la fuente de datos citada, de los casi 51 millones de trabajadores ocupados, 34.8 millones son trabajadores subordinados y remunerados, y de éstos sólo 53.6 por ciento (18.6 millones) tienen “acceso a instituciones de salud como prestación por su trabajo” y sólo 18.4 millones disponen de contrato escrito. Es decir, casi 65 por ciento de las trabajadoras y los trabajadores de la población económicamente activa no goza del derecho fundamental a la salud y casi el mismo porcentaje carece de algún documento escrito para acreditar su relación laboral; lo anterior, a pesar de tener reconocido su derecho al trabajo digno.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) divide a los trabajadores ocupados (casi 51 millones) en formales e informales. Los primeros ascienden a un poco más de 21 millones y los segundos –en amplio y constante crecimiento– ascienden a 29.1 millones. Entre los empleadores de los trabajadores informales y éstos, la relación laboral “no es registrada (Inegi dixit)” ante las diferentes autoridades: fiscal, de seguridad social y las laborales, por lo cual “no pueden participar de los beneficios y garantías contractuales del derecho laboral”,2 a pesar de que generan 24.8 por ciento del producto interno bruto (PIB).

De los 29.1 millones de trabajadores informales registrados, 2 millones 343 mil 669 se corresponden con personas que desempeñan un trabajo doméstico remunerado, cifra que asciende al 8 por ciento de los trabajadores informales. De la última cifra citada casi 90 por ciento son mujeres y el restante 10 por ciento se corresponde con hombres.

En consonancia con la encuesta precisada, 32 por ciento de trabajadoras y trabajadores ganan apenas una unidad de medida de actualización (UMA), 43 por ciento entre 1 y 2 UMA; y, 75 por ciento carece de toda prestación social. Es decir, los ingresos de 75 por ciento de estas y estos trabajadores apenas alcanzan 146.08 pesos diarios.

Además, de acuerdo con datos expuestos por el diputado Enrique Rojas Orozco, del total de las mujeres que se dedican al trabajo doméstico remunerado el “48.8 por ciento tienen a su cargo más de tres hijos, en tanto que un 29.3 por ciento de ellas tienen uno o dos”.3

Tercera. En la legislación laboral vigente en nuestro país, en el capítulo XIII de la Ley Federal del Trabajo (LFT), en sus artículos del 331 al 343 se encuentran diversas disposiciones tendientes a regular las relaciones laborales entre los trabajadores domésticos y sus empleadores.

En el numeral 331 se define a los trabajadores domésticos, como quienes “prestan sus servicios de aseo, asistencia y demás propios e inherentes al hogar de una persona o familia”.4

De un análisis del capítulo XIII de la LFT, se advierte que en el artículo 333 el legislador permanente intentó regular las relaciones laborales de los trabajadores domésticos “que habitan en el hogar donde prestan sus servicios”, pero en una omisión ostentosa dejó de lado a la inmensa mayoría de los trabajadores domésticos (los denominados “de entrada por salida”), con la muletilla legal de que “no habitan en el lugar donde prestan sus servicios”.

Además, a pesar de que en el artículo 335 se establece la obligación de fijar los “salarios mínimos profesionales que deberán pagarse a estos trabajadores”, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos ha incumplido permanentemente con dicha obligación, vulnerando los derechos fundamentales de estos trabajadores.

Sentado lo anterior, es posible aseverar que el marco jurídico laboral imperante en nuestro país no prevé la posibilidad de que las y los trabajadores puedan acceder a esquemas de acceso a la seguridad social (incluyendo lo relativo a la maternidad)5 y a la vivienda propia; tampoco prevé la libertad de asociación y sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, entre otras omisiones.

De particular importancia es la omisión de hacer exigible la firma de un contrato por escrito entra las partes, donde de manera clara, explícita y transparente se fijen las condiciones mínimas de trabajo, como la dirección de lugar habitual de trabajo; el inicio y, en su caso, el final de la relación laboral; el tipo de trabajo a realizar; la remuneración y la forma de cubrirse; el horario normal de trabajo; las vacaciones; las formas de terminar la relación de trabajo; los descansos diarios y semanales, entre otras.

Cuarta. La precariedad del marco jurídico –adecuado a los estándares internacionales– y la informalidad económica a la cual se les reduce, se traduce día a día en una discriminación legalizada por diversas autoridades.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Discriminación (Inegi, 2010), las y los trabajadores domésticos sufren discriminación asociada a su género, nivel socioeconómico, estado civil o nivel educativo, derivada del no “reconocimiento de la relación laboral con sus empleadores”:6

... no están protegidas por despido a causa del embarazo, no tienen pensión ni jubilación y también se les limita el derecho a la vivienda, ya que las y los patrones están exentos de pagar aportaciones para el Fondo Nacional de Vivienda.7

La incertidumbre permanente en recibir o no los bajos salarios, el abuso verbal, el maltrato físico y psicológico (humillación), la discriminación y la ´falta´ de derechos laborales constituyen el 74% de los motivos expuestos por las y los trabajadores domésticos para seguir desempeñando ese tipo de empleo.8

De manera ilustrativa: a 23 por ciento de las y los trabajadores no se le permite salir del domicilio de trabajo cuando tienen necesidad de atender un asunto personal; casi 60 por ciento no puede hacer uso del servicio telefónico en el domicilio del empleador; más de 55 por ciento no tiene un horario fijo; más de 65 por ciento no recibe aguinaldo; más de 75 por ciento no goza de vacaciones; y, más de 90 por ciento no tiene acceso a esquemas institucionales de seguridad social.

En suma: las omisiones legales precisadas en la consideración tercera propician –con la anuencia, el prohijamiento o la complacencia de diversas autoridades, incluido el poder legislativo– el abuso físico y psicológico, la indefensión legal y la discriminación social de las trabajadoras y los trabajadores domésticos, debido a que no gozan de los derechos laborales que tienen el resto de trabajadores.

Quinta. El 16 de junio de 2011, considerando que el trabajo doméstico es infravalorado, a pesar de su importante contribución a la economía nacional y mundial, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el texto del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011, 9 conocido coloquialmente como “Convenio 189”.

Sin desconocer el amplio marco jurídico laboral existente para la generalidad de las y los trabajadores, el convenio tiene como objetivo especificar las condiciones particulares en las que se efectúa el trabajo doméstico, para dotar a estos trabajadores de las reglas mínimas necesarias para que puedan ejercer plenamente sus derechos.

Desde que fue adoptado el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011, al menos 23 Estados nacionales lo han firmado y ratificado,10 incorporándolo a su sistema jurídico. Con ello han reconocido las aportaciones económicas y sociales que se derivan de su trabajo y, lo más importante, han sentado las bases mínimas para que esos trabajadores sean sujetos plenos de derechos, como todos los demás trabajadores.

Una vez que el Convenio 189 fue adoptado en el seno de la Conferencia Internacional del Trabajo, la representación legal de nuestro país lo firmó junto a otros 182 Estados; pero, de acuerdo con nuestro marco jurídico constitucional federal, para que sea parte de la ley suprema de toda la Unión es necesario que el Senado de la República lo ratifique. Lógicamente, para que el Senado de la República esté en aptitud de ratificarlo es necesario que el titular del Poder Ejecutivo Federal envíe el proyecto de dictamen correspondiente.

Por lo anterior, someto a la consideración del honorable pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a enviar al Senado de la República la propuesta de dictamen para la revisión y, en su caso, ratificación del Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011, de la Organización Internacional del Trabajo.

Notas

1 Inegi (2016). Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Cifras durante el segundo trimestre de 2016 . Inegi, México, 1-4 páginas. Visible el 12 de agosto de 2016, en la página:

https://www.google.com.mx/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=inegi+Encuesta+Nacional+Ocupacion+E mpleo+2016+

2 Inegi (2016). “Estadísticas a propósito del Día Internacional del Trabajo (1 de mayo)” Datos nacionales. Inegi, México, página 4. Visible el 8 de septiembre de 2016, en la página:

www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/trabajo0

3 Rojas Orozco (2015). Con punto de acuerdo, relativo a la ratifcacion del Convenio 189 y la Recomendación 201 del OIT, sobre el trabajo decente para los trabajadores domésticos, a cargo del diputado Enrique Rojas Orozco, del Grupo Parlamentario del PRI. México, 2015, página 1. Visible el 5 de septiembre de 2016, en el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación: http:/sil.gobernación.gob.mx/portal

4 Ley Federal del Trabajo. Tomada de la página: www.diputados.gob.mx/Leyes Biblio/pdf/125_120615.pdf, visible el 4 de noviembre de 2016.

5 Cázares y Roberto (2016). “Ratificar Convenio 189 OIT, reto para reconocer derechos de trabajadoras del hogar. México, 2016, en diario La Jornada, 14 de septiembre de 2015, México. La reportera recoge la manifestación de Ricardo Bucio Mújica, titular de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, en el sentido de que el IMSS no considera obligatorio el inscribir a este tipo de trabajadoras en ese régimen de seguridad social, apoyado en una resolución del Poder Judicial federal, dejando al arbitrio del empleador dicha inscripción.

6 Inegi (2010). Encuesta Nacional de Discriminación (Inegi, 2010) . México. Visible el 27 de octubre de 2016, en la página:

www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id= 3021&id...108...

7 Ibíd., página 99.

8 Ibíd., página 100

9 Organización Internacional del Trabajo (2011). Texto del Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. 100 Reunión . Ginebra, junio 2011. Visible el 19 de octubre de 2016, en la página: ILC100-Inst_PIR15A-95-Sp.docx

10 International Labour Organization (2013). Ratification of C189-Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) . Information System on International Labour Standars 2013, Ginebra, página 1.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2016.

Diputada Concepción Villa González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a racionalizar y reducir en el programa operativo anual del siguiente ejercicio fiscal el gasto destinado a las actividades administrativas de embajadas y representaciones consulares, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

La economía mundial y la nacional se encuentran estancadas; los precios mundiales del petróleo han ido a la baja. Con ello, el capital de las naciones que su economía depende principalmente de la exportación de hidrocarburos es afectado. La volatilidad de los mercados financieros a escala internacional ha sumido en una profunda crisis financiera a los países en desarrollo; un claro ejemplo es México.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal de 2017, enviado por el presidente Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el país tendrá un ajuste presupuestario de 239.7 miles de millones de pesos respecto al PEF de 2016.

A decir del titular de la SHCP, José Antonio Meade Kuribreña, el recorte presupuestario programado para 2017, “se finca en una contención de los servicios personales, en un recorte y un ajuste muy relevante, como instruyó el presidente. Nuestro gasto en operación, pero tiene un sello muy federalista, con el incremento de las partidas presupuestales a las entidades y municipios y un incremento también a las aportaciones federales”.1

Sin embargo, vemos que esta postura es una falsedad, mientras que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tiene un recorte de 23.3 por ciento en el presupuesto destinado para el ejercicio de sus funciones, en el proyecto de presupuesto de 2017 para la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se ubica entre las dependencias con el menor recorte, pues se plantea que deje de recibir 123 millones de pesos, que representan 1.57 por ciento respecto a 2016.

En la distribución de recursos de la secretaría, el efecto del recorte no es parejo: la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior tiene una reducción de 7 por ciento; y la oficina de la secretaria Claudia Ruiz Massieu, un aumento de 55.

Como un ejercicio de labor periodística, el diario El Universal realizó una investigación pormenorizada del gasto ejercido por la cancillería mexicana respecto a la distribución de las oficinas que ofrecen protección consular a los mexicanos en el exterior. Me permito citar algunos de los datos más importantes arrojados por dicha investigación:

1. El embajador mejor pagado es el de Japón, donde viven 2 mil 24 mexicanos; su ingreso mensual es de 15 mil 828 dólares, unos 275 mil pesos y se trata del ex subsecretario de Comunicaciones y Transportes Carlos Almada.

2. Le sigue Luis Javier Campuzano Piña, en Noruega, con un sueldo de 13 mil 479 dólares, unos 242 mil 622 pesos mensuales. En dicho país viven 800 mexicanos.

3. El tercer lugar lo ocupa la Embajada de Brasil, representada por Beatriz Paredes Rangel. La ex gobernadora de Tlaxcala y ex presidenta del PRI mensualmente gana 12 mil 773 dólares, unos 229 mil 914 pesos, por representar a mil 776 mexicanos que radican en Brasil.

4. Luis Manuel López, embajador en Santa Lucía, recibe un pago mensual de 9 mil 101 dólares para atender a los 14 mexicanos que radican en la isla caribeña. María de los Ángeles Arriola, embajadora en Ghana, recibe 11 mil 358 dólares por representar a 18 mexicanos en la nación africana.

5. Las embajadas más caras son Estados Unidos, que para 2016 fue programado un gasto de 5 millones 982 mil 729 dólares, pero atiende a 11 millones 714 mil 500 mexicanos. Le sigue Gran Bretaña, donde viven 12 mil connacionales y cuesta 2 millones 747 mil 583 dólares. Después está Francia, con un presupuesto de 2 millones 269 mil 365 dólares anuales y atiende a 2 mil 814 mexicanos registrados.2

Estamos conscientes del importante trabajo que realiza la cancillería en favor de los connacionales residentes en el extranjero. La SRE es la dependencia encargada de la ejecución de la política exterior de México; además, entre sus atribuciones, se encuentra facultada para coordinar las acciones que realicen las dependencias del gobierno federal en el extranjero e interviene en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones de los que México sea parte.

Sin embargo, es necesario que la clase política mexicana, incluidos los servidores públicos que laboran en la SRE, ajuste sus gastos operativos de acuerdo con la realidad económica de México. Basta de sueldos exacerbados cuando 50 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza.

El presente punto de acuerdo tiene como objetivo exhortar de la manera más respetuosa a la oficina encargada de conducir la política exterior para que en concordancia con la política de austeridad, eficiente el ejercicio del gasto público asignado y con esto contribuya a que otras dependencias de la administración pública federal, como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, no tengan una reducción presupuestaria de 23.3 por ciento para el ejercicio fiscal de 2017.

Considerandos

1. Que el artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que los ejecutores de gasto son responsables de la administración por resultados, por lo que deben cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas, conforme a lo dispuesto en dicha ley y demás disposiciones generales aplicables.

2. Que el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que los ejecutores de gasto, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, deben tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las metas de los programas aprobados en el PEF.

3. Que con el propósito de avanzar en el uso transparente y eficaz de los recursos públicos, el presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, emitió el decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la administración pública federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012, así como su modificación publicada en dicho órgano oficial de difusión el 30 de diciembre de 2013.

4. Que la SRE es una de las dependencias de la administración pública federal que, de acuerdo con el PEF de 2017, es menos afectada por el recorte del gasto público, derivado de la difícil situación económica del país. Por ello propongo ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la licenciada Claudia Ruiz Massieu Salinas, secretaria de Relaciones Exteriores, para que en el programa operativo anual del siguiente ejercicio fiscal racionalice y reduzca el gasto destinado a las actividades administrativas de las embajadas y representaciones consulares.

Notas

1 Robles de la Rosa, Leticia. “$239.7 mil millones, el recorte para 2017; los estados no se apretarían el cinturón”, en Excélsior, 9 de septiembre de 2016. Disponible en
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/09/09/1115904

2 Cfr. Sánchez, Laura. “Embajadas de lujo; el costo de la diplomacia”, en El Universal, 6 de noviembre de 2016, disponible en
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/11/6/embajadas-de-lujo-el-costo-de-la-diplomacia

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2016.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir dentro de sus facultades el reglamento donde se establezcan los lineamientos generales para implantar, operar y poner en práctica la policía turística en el país, a cargo de la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada María Cristina Teresa García Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Consideraciones

Es de sobra conocida la importancia del turismo como fuente de divisas, e intercambio cultural entre los pueblos. Desde el punto de vista de la economía, al sector se le conoce como la “industria sin chimeneas”, y por cierto, muchas naciones viven del flujo de dichos ingresos.

Por muchos años, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento. Recientemente se ha demostrado y reconocido la capacidad de la actividad turística, para reducir la pobreza en países en vías de desarrollo. El potencial económico que el turismo implica, se representa en la apertura de empleos, siendo más relevantes éstos en áreas rurales y remotas, donde viven las personas bajo condiciones de pobreza.

Por ello, para México el turismo debe ser una prioridad, porque hoy en día es una fuente clave de divisas internacionales generadas desde los principales centros de atracción turística del país, con derrame de beneficios económicos en los sectores del comercio y servicios por el arribo de divisas.

En términos contables, por ejemplo, para el primer trimestre de 2016, la Secretaría de Turismo (Sectur) registró un saldo positivo para el país por 2 mil 890 millones de dólares en materia de turismo internacional, equivalente a un aumento de 12.7 por ciento del mismo periodo de 2015. En dicho periodo ingresaron al país un total de 8 millones 800 mil turistas extranjeros; es decir, 877 mil más que en el mismo periodo del año anterior.

El propio Banco de México reportó un ingreso de divisas por 5 mil 179 millones de dólares de los visitantes internacionales para el mismo trimestre de 2016, equivalente a 7.4 por ciento de crecimiento comparado al año anterior. Por su parte, el turismo fronterizo representó un aumento de 6.2 por ciento respecto a 2015, con una derrama de 187 millones de dólares.1

Lo anterior representa los ingresos propios del sector, pero en comparación con los ingresos derivados de las exportaciones petroleras tenemos lo siguiente:

“Las entradas por turismo fueron de mil 109 millones de dólares más que lo ingresado por exportaciones de petróleo y sus derivados, que acumularon 2 mil 188 millones a febrero, un desplome de 47.4 por ciento con relación a igual lapso de 2015 y el más severo desde 2009. La última vez que el turismo extranjero superó las entradas de dólares por exportaciones petroleras fue en 1999. En esa ocasión, la diferencia a favor de la industria sin chimeneas fue de 363 millones en el primer bimestre. Desde que hay registros, a partir de 1980, el turismo jamás había rebasado las exportaciones petroleras por más de mil millones de dólares”.2

Es decir, los ingresos por turismo superaron a las exportaciones del energético, en parte también por el entorno recesivo internacional en materia de precios del petróleo, y la subsecuente caída de las exportaciones de México.

Nuestro país posee vastos e importantes destinos turísticos, que le permiten captar considerables divisas y recursos como factor de desarrollo de los estados y municipios. Destacan por su atractivo turístico aquellos sitios del sureste como: Cancún, la Riviera Maya, Chichén Itzá, Tulum, Cobá, San Gervasio, Ek Balam, Palenque, entre los más visitados; en la zona centro, Teotihuacán; y en la Ciudad de México el Templo Mayor o el Museo de Antropología.

Asimismo destacan para el turismo nacional como internacional: Acapulco, Cancún, Puerto Vallarta, Los Cabos, Mazatlán, Huatulco, la Sierra Tarahumara; así como el Cañón del Sumidero, el Arco de Cabo San Lucas, el Santuario de la Mariposa Monarca. También la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Veracruz, entre otras. Están también los conocidos “pueblos mágicos”, catalogados así por sus tradiciones, festividades, etcétera, que reciben visitantes todo al año.

Sin embargo, en la actualidad las actividades de los servicios turísticos se han visto afectadas por la delincuencia organizada y el clima de inseguridad generada en los últimos años, lo que afecta, sin duda, a esta actividad.

Imperan las agresiones contra turistas tanto nacionales como internacionales, así como los atentados intencionales a las instalaciones turísticas y del patrimonio cultural o natural por parte de la delincuencia organizada. Dicha situación ha ocasionado llamados desesperados de algunos gobiernos estatales y municipales.

Como es debido en materia de seguridad pública, al estado le compete garantizar la seguridad de los individuos, sean nacionales o extranjeros. Lograrlo redundará en una buena imagen para nuestro país en el mundo.

Para lo anterior, es claro que compete a las autoridades federales adoptar las medidas legislativas y reglamentarias pertinentes para brindar dicha protección a las y los turistas, fortaleciendo algunos esfuerzos importantes de algunas autoridades estatales y municipales que ya han respondido al reto.

La creación de la figura de la Policía Turística en varias entidades o municipios trata de responder al reto, pero no se cuenta con el respaldo legal para su implementación.

De ahí el presente y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal para que realice lo pertinente y se instrumente reglamentariamente la operación de la Policía Turística; siempre con el fin de garantizar la seguridad de los visitantes nacionales y extranjeros en términos de emprender acciones preventivas para proteger al turismo de cualquier amenaza de riesgo.

Cabe citar al puerto de Acapulco en donde se ha creado la Policía Turística, con el propósito de brindar seguridad, información y orientación al turismo nacional e internacional, así como la prevención del delito y el combate a la delincuencia. Tomando en cuenta que es conocida la situación de violencia y amenazas crecientes contra los ciudadanos, así como la estela de muerte de decenas de guerrerenses. Por eso, se ha impulsado a sus autoridades a la creación de la figura en comento.

Hay otros esfuerzos importantes en entidades como: la Ciudad de México, Monterrey, Cuernavaca, Oaxaca, Puebla, Guanajuato, Chihuahua. Así también, en localidades como Mérida, Los Mochis, El Maviri, Topolobampo, Ahome, Tepoztlán, Playa del Carmen, Caborca, Acapulco y La Paz. En todos ellos se ha creado una Policía Turística, siempre con pocos elementos y limitados recursos.

En algunos países ya opera la Policía Turística. Son los casos de Colombia, Guatemala, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Nicaragua y Madrid. Sin embargo, nuestro país no cuenta con dicha figura legalmente constituida.

Mención especial merece la presente propuesta de punto de acuerdo, tomando en cuenta que la creación de la Policía Turística a nivel federal no tendrá impacto presupuestal, en la medida que se propone como una especialidad de la propia Policía Federal, en materia de capacitación.

Sin duda, se trata de la máxima de cuidar la vida de los turistas, tanto en ciudades, playas, zonas arqueológicas, etcétera, objetivo de los visitantes para brindarles un entorno seguro.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que dentro de sus facultades emita el reglamento correspondiente, donde se establezcan los lineamientos generales para la implementación, operación y puesta en práctica de la Policía Turística en el país.

Notas

1 Fuente: Notimex. “Crece 12.7 por ciento ingreso de divisas por turismo: Sectur”. 29 de mayo 2016.

2 “Rebasan los ingresos del turismo a los petroleros”. Datos de El Universal , en: http://eluni.mx/2638QyU.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2016.

Diputada María Cristina García Bravo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Conacyt a establecer programas específicos orientados a la investigación biomédica del cáncer infantil con objeto de conocer a profundidad sus causas y comportamiento, dada su importancia para aumentar la sobrevida de los pacientes y la calidad de vida durante el tratamiento, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el cáncer es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial, lo más alarmante es que año con año el número de casos se multiplica atacando a todos los sectores de la población.

Según datos del Instituto Nacional de Cancerología, en México se registran 160 mil nuevos casos de cáncer cada año, 80 mil defunciones y aproximadamente el 70 por ciento de los casos se diagnostican en etapas avanzadas, lo que complica el tratamiento e impacta directamente en la disminución de la esperanza de vida de las personas que padecen dicha enfermedad.

En las últimas décadas este padecimiento ha afectado a un sector muy vulnerable de la población, los niños y adolescentes; se estima que anualmente en México existen entre 5 mil y 6 mil casos nuevos de cáncer en menores de 18 años, registrándose por su parte un promedio anual de 2,150 defunciones por cáncer infantil en la última década, situándose como la principal causa de muerte en menores de entre 5 y 14 años.

El panorama se complica ya que tratándose de cáncer en niñas, niños y adolescentes, no se conoce cuáles son las causas que lo originan; cerca del 5 por ciento de todos los cánceres infantiles son ocasionados por una mutación hereditaria. Las mutaciones genéticas que originan el cáncer también pueden presentarse durante la etapa de desarrollo del feto.

A diferencia del cáncer en los adultos, se piensa que la mayoría de los cánceres en los niños surgen de mutaciones en genes que causan crecimiento celular descontrolado que derivan en la aparición del cáncer; en los adultos dichas mutaciones genéticas son resultado de la exposición a factores ambientales, como la constante exposición al sol, una mala alimentación o el abuso de sustancias nocivas para la salud como el cigarrillo y alcohol. Sin embargo tratándose del cáncer en los niños ha sido difícil identificar las causas, ya que es complicado determinar en qué etapa de su crecimiento lo desarrollan.

Derivado de lo anterior, se desprende que el cáncer en los niños es difícilmente prevenible, pues no se trata únicamente de implementar programas de prevención que limiten la exposición a factores de riesgo. El cáncer es curable si se detecta a tiempo, lamentablemente el 75% de los casos se diagnostica en etapas avanzadas, lo que no sólo incrementa considerablemente el tiempo y costo de los tratamientos, sino que disminuye el índice de sobrevida de los pacientes.

La detección temprana y un tratamiento eficaz es la clave y factor determinante para estar en condiciones de salvar la vida del infante, por ello es importante estar alerta sobre posibles signos y síntomas de la enfermedad e ingresar a los niños al tratamiento a la brevedad. El padecimiento de cáncer es sumamente desgastante para el paciente y la familia; se somete a los niños a tratamientos agresivos e invasivos, de ahí la necesidad de buscar nuevas estrategias que aumenten la calidad de vida del paciente durante el proceso de su tratamiento.

Ante el aumento de los casos del cáncer infantil en México se requiere explorar terrenos que aporten nuevas estrategias para hacerle frente a este grave problema de salud pública, es por ello que apostar a la investigación en el ámbito de las ciencias de la salud nos llevará a profundizar en el conocimiento y entendimiento del comportamiento de los mecanismos moleculares, bioquímicos, celulares, genéticos y epidemiológicos del cáncer, así como establecer las estrategias para su prevención y adecuado tratamiento.

Para ello, en el ámbito de la investigación biomédica se incluyen disciplinas clínicas, investigación en nuevos fármacos y desarrollos terapéuticos, impactando directamente en el desarrollo de la investigación en salud pública y servicios de salud.

La medicina, la biología, la bioquímica, la biología molecular, la genética y otras ciencias y disciplinas de la salud, trabajan conjuntamente y aprovechan las correlaciones resultantes para aumentar el conocimiento sobre el comportamiento de la enfermedad y su desarrollo, para estar en condiciones de encontrar nuevos métodos de tratamiento y detección que aporten mayor calidad de vida al paciente

Derivado de lo antes expuesto, es necesario dirigir nuestra atención y esfuerzos a incentivar la investigación científica como base fundamental para el desarrollo de nuevos tratamientos contra el cáncer que sean personalizados, más efectivos y con menos efectos adversos. El diseño de nuevos métodos terapéuticos o de diagnóstico requiere del estudio de los procesos moleculares y biológicos que generan la iniciación del cáncer, los factores genéticos y ambientales relacionados con la enfermedad, los procesos de control de la muerte celular, de la invasión de tejidos y la relación que existe entre el sistema inmune y el cáncer, entre otros procesos biológicos que requieren atención para avanzar en la investigación en contra de la enfermedad.

Los resultados que se buscan obtener al establecer programas específicos de investigación biomédica serán obtener un beneficio directo para los pacientes que se encuentren bajo tratamiento, así como la obtención y acumulación de información que permita una mejor comprensión de los procesos biológicos relacionados a las respuestas inmunes contra el cáncer y faciliten el diseño de nuevas estrategias para el desarrollo de herramientas terapéuticas menos agresivas y de diagnóstico

En este sentido, resulta de suma importancia encaminar nuestros trabajos a la generación de nuevos programas de investigación científica en el ámbito de las ciencias de la salud. Es claro que el gobierno de la república ha realizado importantes esfuerzos con el propósito de apoyar a los niños y jóvenes que padecen esta terrible enfermedad, pero aún se tiene que trabajar en áreas específicas para poder hacerle frente a los retos que trae consigo este padecimiento, y sobre todo brindarle a los infantes mayor calidad de vida durante su tratamiento; por lo anterior la investigación biomédica constituye un instrumento clave para incrementar el bienestar y mejorar la expectativa de vida de los menores.

Es por ello que en el Partido Verde trabajamos para generar las condiciones que permitan encontrar nuevas alternativas para el tratamiento y detección del cáncer en las niñas, niños y adolescentes; pues ante la realidad que implica considerar al cáncer como un problema de salud pública en nuestro país, resulta por demás fundamental aumentar la investigación e invertir en la capacitación de profesionales con el objetivo de potenciar los estudios de biomédica en cáncer.

Por lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que establezca programas específicos orientados a la Investigación Biomédica del cáncer infantil con objeto de conocer a profundidad sus causas y comportamiento, dada la importancia que tiene para aumentar la sobrevida de los pacientes y la calidad de vida durante el tratamiento.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Gálico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFT a difundir las razones por las cuales se autorizó a las operadoras de telefonía móvil Telcel y Movistar para cambiar los paquetes tarifarios ofrecidos a los usuarios donde restringen las redes sociales, suscrita por los diputados Renato Josafat Molina Arias y Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El diputado Renato Josafat Molina Arias y la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 6 y 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución , al tenor de la siguientes

Consideraciones

Una red social digital es una estructura social compuesta por un conjunto de actores, los cuales pueden ser individuos u organizaciones que están relacionados de acuerdo a algún criterio; los sujetos que forman parte de ella no tienen una relación presencial sino virtual a través de Internet.

Las investigaciones han mostrado que las redes sociales constituyen representaciones útiles en muchos niveles, desde las relaciones de parentesco hasta las relaciones de organizaciones a nivel estatal, desempeñando un papel crítico en la determinación de la agenda política y el grado en el cual los individuos o las organizaciones alcanzan sus objetivos o reciben influencias, además de ser un medio de comunicación de igual forma son un medio para que los usuarios puedan tener acceso a información de diversas materias como lo es educativa, cultural, política, económica, deportiva, entre otras.

A través de los años, las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación fundamental a nivel mundial; son el principal medio de interacción vía internet en cualquier parte del mundo; tal es el caso que en México, el 80.5 por ciento de los usuarios de estas redes ingresan a diario a sus cuentas, de acuerdo con la encuesta: ¿qué tan conectado está México?, realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE).

Según un reportaje realizado por Forbes, “en el país, 51 por ciento de la población cuenta con acceso a internet, que equivale a 53.9 millones de usuarios potenciales, muestran cifras de la Asociación Mexicana de Internet (Amipci).

Las redes sociales encabezan la lista de los contenidos que más consultan en la red los mexicanos, con 19.8 por ciento, seguido de tareas, información académica y educativa, con 17.4 por ciento; información y artículos sobre temas variados, con 11.6 por ciento, mientras que las noticias en general y cuestiones de trabajo, con 10.6 y 6.8 por ciento, respectivamente.

Así mismo podemos encontrar que México es el país latinoamericano con mayor índice de usuario de las redes sociales a nivel mundial.

Estas redes sociales son visitadas a través de dispositivos móviles, lo que significa que la población mexicana utiliza los servicios ofertados por las diversas compañías de telefonía móvil, referentes a éstas.”1

Durante muchos años, en México existían altos precios y una oferta reducida en los distintos mercados de telecomunicaciones, además de una baja calidad en los servicios, como resultado de esto se aprobó la reforma de telecomunicaciones siendo uno de sus objetivos lograr la reducción de los costos de los servicios de telecomunicaciones para la sociedad mexicana, contar con más ofertas y buscar que los servicios se tradujeran en un beneficio concreto para la población; se contempló el supuesto derecho de las audiencias, que incluía entre otros, acceder a contenidos que promuevan la formación educativa, cultural y cívica, así como la difusión y acceso a información imparcial, objetiva y oportuna, así como mantener comunicación entre los usuarios y fortalecer los derechos relativos a la libertad de expresión, derecho a la información y establecer el derecho al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.

Con la llegada de la empresa AT&T Comunicaciones Digitales, S de RL de CV, la cual es una empresa mexicana subsidiaria de la compañía estadounidense AT&T, la competencia en el ramo de telefonía móvil se formó muy reñida, motivo por el cual las operadoras Radio móvil Dipsa, SA de CV (Telcel), y Telefónica Móviles México, SA de CV (Movistar) comenzaron a ofertar servicios ilimitados, tanto en planes de pospago como de prepago, los cuales incluían llamadas, mensajes de texto y redes sociales ilimitadas. Sin embargo, meses después de estos cambios en beneficio de los usuarios, dichas operadoras han cambiado nuevamente sus planes, limitando así las redes sociales a sus nuevos consumidores; el Centro de Atención de Telcel especificó que los nuevos clientes o quienes renueven sus contratos tendrán un monto limitado de megabytes para usar en redes sociales sin que esto se descuente de la bolsa de datos contratada, perjudicando así a los usuarios en sus derechos reconocidos en nuestra Carta Magna; los cuales son el derecho a la comunicación y el derecho humano de acceso a la información, ya que el contenido más compartido y difundido en México son noticias, con lo que es claro que, los mexicanos encuentran en las redes sociales una alternativa de información frente a lo que se presenta en los medios tradicionales.

Desde junio del presente año, según información consultada en el centro telefónico de atención a clientes, Telcel ha dejado de ofrecer redes sociales ilimitadas en sus planes, por su parte, Movistar también ha aplicado los mismos cambios que Telcel, limitando la navegación en redes sociales de sus planes, con la diferencia de que todos, desde el más económico al más caro, tiene un límite de 2 GB para navegación en las redes sociales WhatsApp, Facebook, Messenger y Twitter.

Las acciones llevadas a cabo por dichas compañías, constituyen prácticas monopólicas, ya que el porcentaje de usuarios que concentran ambas empresas es mayor al 50 por ciento; según Forbes, Telcel actualmente cuenta con 70.6 por ciento, mientras que Movistar cuenta con 18.7 por ciento de participación de mercado, concentrando entre éstas el mayor número de usuarios de telefonía móvil.2

Por lo anterior es conveniente recordar que dentro de las obligaciones que tiene el estado se encuentra el garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet, para tales efectos el Estado deberá establecer condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios, así mismo evitar que existan prácticas monopólicas dentro del país, ya que es primordial velar por los derechos de los ciudadanos, apoyando su economía y defendiendo en este caso los intereses de los usuarios de telecomunicaciones, garantizando su derecho y acceso a la comunicación e información.

Así en el segundo párrafo del artículo 6o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se dispone que

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

Para garantizar dicho derecho el Estado cuenta con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que conforme a la disposición constitucional:

Artículo 28, párrafo décimo quinto:

Es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución.”

Artículo 28, párrafo décimo sexto:

El Instituto Federal de Telecomunicaciones será también la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades que este artículo y las leyes establecen para la Comisión Federal de Competencia Económica y regulará de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondrá límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, y ordenará la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos límites, garantizando lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución.”

Sin dejar de mencionar las atribuciones con las que cuenta el IFT previstas en el artículo 15 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, entre los que se encuentra lo previsto en la fracción XXIV:

“Autorizar, registrar y publicar las tarifas de los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión en los términos de esta Ley, y cuando los títulos de concesión lo prevean, así como cuando se trate de medidas establecidas a los agentes económicos preponderantes o con poder sustancial”

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta asamblea, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al IFT a difundir las razones por las que se autorizó a las operadoras de telefonía móvil, Telcel y Movistar a realizar cambios en los paquetes tarifarios que ofrecen, en donde restringen las redes sociales, ya que con dicha modificación resultan perjudicados los usuarios en sus derechos humanos, de acceso a la información y a la comunicación consagrados en nuestra Carta Magna en su artículo 6, segundo párrafo.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al IFT para que haciendo uso de la facultad que le confiere la fracción XXVII del artículo 15 de la LFTR, supervise y verifique que no existan prácticas monopólicas por parte de las operadoras de telefonía móvil, Telcel y Movistar; a fin de garantizar que dichas operadoras no perjudiquen a los usuarios en sus derechos humanos; acceso a la información y comunicación con las modificaciones realizadas a sus paquetes tarifarios respecto a redes sociales.

Notas

1 http://www.forbes.com.mx/mexico-primer-lugar-en-penetracion-social-medi a/#gs.qtna5gA

2 http://www.forbes.com.mx/virgin-mobile-avanza-hacia-el-millon-de-client es-en-mexico/#gs.fXTKNQc

Palacio Legislativo, a 10 de noviembre de 2016.

Diputados: Renato Josafat Molina Arias, Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Veracruz a incluir en su plan de trabajo programas en materia ambiental y de salud para prevenir y atender la insuficiencia renal crónica, a cargo del diputado Daniel Ordóñez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Daniel Ordóñez Hernández, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción V, con relación al 62, numeral 3, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a incluir en su plan de trabajo, programas en materias ambiental y de salud, mediante las cuales se prevenga y se atienda la insuficiencia renal crónica, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El Estado de Veracruz padece un problema de salud grave, debido a la contaminación en los mantos freáticos y pozos, así como del Rio Blanco; el uso exacerbado de pesticidas y plaguicidas altamente tóxicos, aunado a los ineficientes servicios de salud públicos y privados, han generado en los habitantes enfermedades “que derivan en” insuficiencia renal crónica (IRC), la cual ha alcanzado índices tan altos, que ya se habla de una epidemia.

La hidrografía de Veracruz, por la posición geográfica en la que se encuentra, contiene el 35% de las aguas superficiales del país, dentro de las 6 regiones hidrológicas,1 se componen de 17 ríos2 que se encuentra a lo largo de todo el estado.

En Eradicating Ecocide , se ha definido al ecocidio como: el daño extenso, la destrucción o la pérdida de uno o más ecosistemas de un territorio dado, ya sea por intervención humana o por otras causas, a un grado tal que el disfrute pacífico por los habitantes de ese territorio se vea gravemente limitado, ahora o en el futuro.3

La anterior definición se contextualiza con un reporte realizado por Lorenzo M. Bozada,4 éste revela que todo el estado de Veracruz se ha ido contaminando y acabando con los ríos naturales, esto es un ecocidio, que no ha sido atendido por las autoridades, ha estado impune.

Según ese reporte, la problemática ambiental, sobre todo al sur del estado, es alarmante.

La contaminación del agua (debido principalmente a los derrames de hidrocarburos y acumulación de metales pesados), sobre todo en la región de Coatzacoalcos-Minatitlán, se ha convertido en una constante que las autoridades no han podido controlar, ni menos erradicar; resalta la presencia de compuestos de mercurio y plomo hallados en organismos pertenecientes a la región.5

Por ende, el hecho de que la mayoría de los ríos y lagos se encuentren contaminados, coloca a los habitantes en una situación de riesgo, pues tanto el agua y los alimentos que se consumen como el agua utilizada para riego que se utiliza, no se encuentran en estado óptimo, esto se refleja en las enfermedades que genera en la población.

En éste sentido, la proliferación de padecimientos como IRC, representan ya niveles alarmantes pero contradictoriamente, también han exhibido un exasperante desinterés de las autoridades de todos los niveles.

Para entender la problemática, se exponen los siguientes criterios básicos:

La Fundación Renal Iñigo Álvarez de Toledo,6 con prestigio internacional en el tratamiento e investigación sobre padecimientos de los riñones define a la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) como una enfermedad que se caracteriza por el deterioro progresivo de la función renal que tiene como consecuencia que el riñón pierde la capacidad de producir orina, y a su vez de eliminar las toxinas de la sangre, entre otras funciones que son necesarias para la vida .7

En términos técnicos, la Unidad de Proyectos Especiales de la Universidad Nacional Autónoma de México, establece que un paciente tiene Insuficiencia Renal Crónica cuando presenta un filtrado glomerular menor al 60ml/min/1,73 m2, resultante de anormalidades estructurales o funcionales del riñón, durante al menos tres meses.

Dicha institución también señala de la IRC: es “la presencia de daño renal con una duración igual o mayor a tres meses, caracterizado por anormalidades estructurales o funcionales con o sin descenso de la tasa de filtración glomerular (TFG) a menos de 60ml/min/1.73m2”.8

Las causas que producen IRC, son diversas, dentro de las principales podemos encontrar, diabetes mellitus e hipertensión arterial, en este mismo sentido, basta recordar que cifras de Inegi 2014,9 revelan que las primeras causas de mortalidad en el estado al año son:

1. Enfermedades del corazón, con 8 mil 105

2. Diabetes Mellitus, con 6 mil 572

3. Tumores malignos 5 mil 488 (del hígado y de las vías biliares intrahepáticas)

Es importante de mencionar el caso específico de Tierra Blanca, el cual de acuerdo con la Secretaria de Salud del Estado de Veracruz entre los años 2008 y 2012 se presentaron 265 defunciones por Insuficiencia renal”10

La creación de una política preventiva para este tipo de padecimiento es necesaria, Veracruz, se encuentra rodeado de ríos, el agua es un elemento vital, la problemática entorno a la misma no es de menor atención, el llamado a la autoridad para ejercer acciones en pro de los veracruzanos es una obligación, y es un deber.

Aunado a las medidas que deben ser tomadas para prevenir, también se debe considerar la atención y seguimiento a este problema, mediante la implementación más y mejores servicios de salud, pues requiere que sea atendido de manera urgente pues, la IRC no tiene marcha atrás; Es una enfermedad grave y muchas ocasiones encuentra entre las soluciones el trasplante de riñón.

Los veracruzanos necesitan de buenos gobiernos, que trabajen por la estabilidad del Estrado pero sobre todo por la salud de sus habitantes, desafortunadamente, no ha sido así; a la fecha de presentación de la propuesta de mérito, poco o nada se hace para prevenir, tratar y erradicar la problemática planteada.

Por otra parte, derivado del proceso electoral 2015-2016, mediante el cual se eligió nuevo gobernador para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los ciudadanos no sólo eligieron sino que, como resultado de un vuelco histórico para la entidad, se eligió como Gobernador a Miguel Ángel Yunes Linares, postulado por un partido distinto al que por varias décadas asumió esa responsabilidad.

Entre las evidentes obligaciones que con la ciudadanía tiene, le corresponderá asumir la protección de sus derechos fundamentales, incluyendo la vida, la salud, un entorno ambiental sustentado y sustentable y sobre todo, un buen gobierno; en tal virtud, es procedente el punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero. Que de lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción V, con relación al 62, numeral 3, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados se desprende la facultad del suscrito para presentar la propuesta de mérito y la facultad de la respectiva comisión y del pleno para aprobarlo;

Segundo . Que derivado de la problemática planteada en el capítulo que antecede, en materias ambiental, de salud y preservación de la vida de los ciudadanos, se hace evidente la urgencia por realizar acciones mediante las cuales se prevenga y atienda la insuficiencia renal crónica;

Tercero . Del contenido de los artículos constitucionales 115, 116, fracción I, 120, con relación a cuarto párrafo del artículo 4 se desprende el derecho humano de toda persona a la protección de la salud en tanto que, es obligación de las entidades y la federación determinar el grado de participación o concurrencia para garantizar ese derecho;

Cuarto . Del proceso electoral 2015-2016, mediante el cual se eligió nuevo gobernador para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y toda vez que la fecha de asunción como gobernador del candidato electo Miguel Ángel Yunes Linares, será el próximo uno de diciembre de dos mil dieciséis, se desprende entonces la procedencia de solicitar al gobernador electo referido la instauración de planes y programas en los términos antes citados;

Por lo anterior, se solicita al pleno de este órgano legislativo, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a incluir en su plan de trabajo, programas en materias ambiental y de salud, mediante las cuales se prevenga y se atienda la insuficiencia renal crónica.

Notas

1 Región Balsas, Región Pánuco, Región Tuxpan Nautla, Región Coatzacoalcos, Región Grijalva Usumacinta.

2 Informe de la Secretaria de Salud del Estado de Veracruz

3 Documento disponible en la dirección de internet: http://eradicatingecocide.com/wp-content/uploads/2012/06/Preguntas-frec uentes-sobre-la-Ley-de-ecocidio.pdf

4 Investigador de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz

5 Periódico La Jornada, versión en línea
http://www.jornada.unam.mx/2012/07/30/eco-c.html [Consultado: lunes 31 de octubre]

6 La Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo (FRIAT) es una Fundación privada, española, sin ánimo de lucro. Dedicada a la investigación y atención integral a pacientes con insuficiencia renal. Fomenta la investigación nefrológica para la prevención y curación de las enfermedades del riñón a través del Instituto de Investigación Reina Sofía (IRSIN). Además, desarrolla programas de prevención de la enfermedad renal, fomento del trasplante y cooperación al desarrollo.

7 Definición disponible en la dirección de internet:
https://www.friat.es/la-enfermedad-renal/insuficiencia-renal-cronica/

8 Venado Estrada y Aida, Moreno López, José, “Insuficiencia Renal Crónica”, Unidad de Proyectos Especiales, UNAM, Versión electrónica, disponible en: http://www.facmed.unam.mx/sms/temas/2009/02_feb_2k9.pdf [Consultado: Miércoles 2 de Noviembre]

9 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, versión en línea, disponible en:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/tabulados/
ConsultaMortalidad.asp [Consultado: Miércoles 2 de Noviembre]

10 Salud Renal, sitio web disponible en: http://saludrenal.mx/noticias/3144-tierra-blanca-poblacion-con-mayor-nu mero-de-muertos-por-insuficiencia-renal-cronica.html [Consultado: Miércoles 2 de Noviembre]

Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, México, a siete de noviembre de dos mil dieciséis.

Diputado Daniel Ordóñez Hernández

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las instituciones de salud estatales a realizar campañas informativas sobre detección temprana del cáncer infantil e integrarse a los esfuerzos realizados al respecto por la federación, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La atención de los padecimientos derivados de las enfermedades que aquejan a los seres humanos obliga a los Estados a diseñar políticas públicas en el ámbito de la salud, enfocadas en el cuidado y mejoramiento de las condiciones de salubridad de la población.

Para la planeación y ejecución de dichas políticas se requiere de un respaldo institucional suficiente para atender la demanda social de servicios de salud, de manera que es previsible el surgimiento de áreas especializadas que atiendan específicamente esta sector de la estructura gubernamental, respondiendo a una de las obligaciones del Estado.

En este orden de ideas, dependiendo de la organización política y social de las naciones, la atención de los problemas de salud es responsabilidad de figuras diversas, dependiendo de las técnicas y financiamiento que utilicen para tal fin.

La totalidad de las instituciones que velan por el cuidado de la salud conforman un sistema de salud, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) que define dicho concepto de la siguiente manera (OMS, 2016):

Un sistema de salud engloba todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo principal objetivo es llevar a cabo actividades encaminadas a mejorar la salud.

La mayoría de los sistemas de salud nacionales comprenden el sector público, privado, tradicional e informal. Las cuatro funciones principales de un sistema de salud se han definido como: la provisión de servicios, la generación de recursos, la financiación y la gestión.

Existe una serie de pactos y tratados internacionales que justifican los esfuerzos de los países por atender el tema de salubridad en sus territorios, ejemplo de ello es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 12 reconoce el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel de salud física y mental, así como las medidas que deben adoptar los Estados parte para mejorar los mecanismos de prevención y tratamiento de enfermedades epidémicas, endémicas o de cualquier índole y la creación de condiciones que aseguren a la población el acceso a los servicios médicos en caso de enfermedad.

En México se ha consagrado el derecho a la salud en el artículo 4º, en el sentido del origen del cual parten las bases y modalidades de acceso a los servicios de salud a través de la Ley, del mismo modo que establece que se tomarán las previsiones necesarias para la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.

A partir de la disposición constitucional anterior, se deriva el marco jurídico e institucional que conforma al sistema de salud mexicano, el cual se divide en los sectores público y privado. El primero comprende a las instituciones que prestan servicios de seguridad social auspiciados por el gobierno, que son: Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Petróleos Mexicanos, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y otros que prestan servicios a los trabajadores del sector formal de la economía, y a las instituciones que protegen o prestan servicios a la población sin seguridad social, dentro de las que se incluyen el Seguro Popular de Salud, la Secretaría de Salud, los Servicios Estatales de Salud y el Programa IMSS-Prospera (Gómez Dantés, 2011).

En este orden de ideas, queda manifestado que la responsabilidad de la atención de las necesidades de salud pública requieren de la participación de la federación y de las entidades que la conforman, dando lugar a la corresponsabilidad en la ejecución de políticas públicas en esta materia.

Existen padecimientos que por su gravedad y notoria prevalencia sobre otras enfermedades, ya sea por su alto grado de mortalidad o por el porcentaje de casos que se presentan, se les considera como temas prioritarios para el sector salud.

Uno de los padecimientos que mayor notoriedad ha tomado en México y el mundo es el cáncer infantil, el cual ocupa el primer lugar en las causas de muerte en el segmento poblacional de niños y jóvenes de 5 a 14 años de edad, causando la muerte de dos mil niñas y niños cada año. (SSA, 2014, pág. 13).

En términos más específicos, el cáncer en México se encuentra reportado entre las principales causas de mortalidad para los grupos de 1 a 4 años y de 5 a 14 años de edad: para el grupo de 5 a 9 años de edad, el cáncer es la principal causa de muerte; para el grupo de 10 a 14 años de edad, es la segunda causa de muerte, únicamente precedida por accidentes (SSA, 2014, pág. 28).

El artículo 4o. constitucional antes citado incluye un párrafo que versa específicamente acerca del derecho a la satisfacción de las necesidades de salud, alimentación, educación y sano esparcimiento, destacando así medidas especiales para atender áreas de desarrollo integral vitales para la protección de una población que se considera como vulnerable, debido a características sociales, personales o culturales que representan desventajas que abonan en los procesos de exclusión y segregación.

Para atender la problemática del cáncer infantil, el gobierno federal ha dado seguimiento a una serie de acciones que han permitido atender a la población afectada, entre las que se cuenta la asignación de 420 millones de pesos para la atención del cáncer infantil en 2014, la validación por parte del por el Consejo de Salubridad General de los Protocolos Técnicos de Atención y la Creación del Programa de Cáncer en la Infancia y Adolescencia, este último con el fin de implementar políticas dirigidas a incrementar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familiares, limitar los daños causados por la enfermedad y su tratamiento, y optimizar los recursos de gastos catastróficos (Kuri, 2015).

Con éstas y otras medidas se ha podido contener el avance del cáncer infantil, siendo comprobada la efectividad de la detección temprana, ya que las posibilidades de sobrevivir al cáncer en sus etapas iniciales sobrepasa el 80%, caso contrario al detectarse el cáncer en etapas avanzadas que muestra una esperanza de vida del 20% (SSA, 2014, pág. 26).

Como se mencionó, las instituciones de seguridad social para los trabajadores de los gobiernos estatales forman parte del sistema de salud en México, siendo columna vertebral de la atención de los padecimientos que afectan a la población que vive dentro de cada una de las entidades federativas.

Nuestro trabajo como legisladores nos ha permitido conocer las deficiencias de las áreas de salud estatales, por lo cual no sería coherente solicitar que atiendan casos de cáncer infantil cuando la infraestructura y el número de especialistas escasean en el territorio nacional.

Se estima que en nuestro país se presentan alrededor de 5,000 casos nuevos anualmente, lo cual rebasa la capacidad de atención del sistema de salud, siendo la detección temprana una medida que debe ser aplicada y fomentada por las instituciones de salud, considerando a las autoridades locales como medios de socialización de información que por sus condiciones geopolíticas cuentan con canales de comunicación más rápidos y efectivos.

Es en este sentido que la presente propuesta apela a las autoridades locales para que, en el ámbito de sus atribuciones, se sumen a las acciones que desde el gobierno federal se han impulsado desde la Secretaría de Salud Federal.

En virtud de lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El pleno de esta honorable Cámara de Diputados, respetuosamente exhorta a las instituciones de salud estatales para que realicen campañas informativas referentes a la detección temprana del cáncer infantil y se integren a los esfuerzos realizados por la federación en este sentido, toda vez que esta medida permitirá que se atienda con oportunidad a personas menores de 18 años de edad, salvando miles de vidas al año.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de noviembre de 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Sara Paola Galico Félix Díaz, Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolín Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a emitir alerta de género para Tijuana, Baja California, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena

El proponente, diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracciones II y III, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La violencia en Tijuana, Baja California, se ha vuelto un tema cotidiano y aparentemente nos asombramos cada vez menos de lo que sucede a nuestro alrededor. Es común ver noticias en la entidad sobre asaltos, riñas, secuestros y muertes. Aunque hay una abundante producción sobre el tema, se requiere entender las particularidades del fenómeno en el ámbito regional e incluso local, pues ello contribuye a determinar las particularidades del fenómeno de la violencia.

Las muertes violentas en las mujeres de la ciudad de Tijuana, Baja California, es una de las manifestaciones más evidentes de la situación que prevalece en la región fronteriza, con relación a la violencia.

El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP) presentó su informe sobre incidencia delictiva de enero a julio de 2016 con datos alarmantes y un exhorto al Gobierno estatal y federal para que se fortalezca la seguridad en la entidad, ante la cifra de homicidios, robos de automóvil y secuestros.

Con 487 homicidios cometidos en Tijuana en el periodo documentado por el CCSP, se registra un aumento de 38 por ciento respecto al mismo periodo en 2015, en que fueron 353 las muertes.1

El CCSP ha documentado que se registraron 618 homicidios durante los primeros 11 meses del 2015, un aumento de 34 por ciento en comparación con 2014.

Indudablemente hay un incremento de homicidios de mujeres a nivel nacional y se considera que los avances en materia legislativa, política, jurídica y sociales buscan eliminar de manera eficaz las situaciones que afectan el libre desempeño, ejercicio y respeto de los derechos de las mexicanas.

En el estado de México la Secretaría de Gobernación ya ha tomado cartas en el asunto, al emitir el 10 de julio de 2015 una alerta de violencia de género para 11 de los 114 municipios de la entidad. Asimismo, el 8 de agosto de 2015 se decretó alerta de género para 8 de los 33 municipios del Estado de Morelos. Este año el pasado 27 de junio el secretario de Gobernación emitió alerta para 14 municipios de Michoacán.

Hoy toca poner los ojos en Tijuana, donde en lo que va de año van más de 40 asesinatos de mujeres2 .

La violencia contra las mujeres, debido a su condición de género, se da en todos los ámbitos y por parte de agresores diversos, desde la pareja y familiares hasta desconocidos y es un fenómeno extendido con características y matices diferentes. La violencia de género es apenas reconocida como la realidad del maltrato que sufren las mujeres, es un estigma social tan grave y de múltiples aristas que en muchas ocasiones no se hace público.

En las últimas décadas el problema ha trascendido, para convertirse en un tema de derechos humanos prioritario en las agendas políticas, en los discursos públicos y, por lo tanto, se buscan soluciones. Hoy en día se revaloran las expresiones de maltrato hacia las mujeres como un gesto de resistencia ante la desigualdad y el abuso del poder, elecciones individuales o facetas inevitables de la vida, pero también como simiente para la construcción de nuevas y equitativas formas de relación entre las parejas.

En 19793 la Organización de las Naciones Unidas fue el primer organismo internacional que detectó y reprobó la gravedad de la violencia contra las mujeres y reconoció explícitamente que esta situación en el entorno familiar es el crimen encubierto más frecuente en el mundo, y aprobó en 1980 la Convención para Erradicar la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW).

En la Convención de Belén Do Pará, Brasil de 19944 , la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos adopta la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

En la IV Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre las mujeres que se celebró en Beijing en 19955 , se declaró que la violencia que enfrentan constituye un gran obstáculo para el logro de objetivos globales de equidad, desarrollo y paz. Subraya que esta situación menoscaba o anula el goce de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de la mujer, dando un realce a anteriores enfoques como el de la justicia penal y la salud pública, para abordar y frenar todas las formas de agresión contra ellas.

Para atender la problemática en el país, el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia6 (LGAMVLV); que en el artículo 21 define la violencia feminicida de la siguiente manera:

Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

Hay que tomar en cuenta que el feminicidio se refiere a todo un proceso que inicia con actos violentos que van desde el maltrato emocional y psicológico, los golpes, los insultos, la tortura, la violación, la prostitución, el acoso sexual, el abuso infantil, el infanticidio de niñas, las mutilaciones genitales, la violencia doméstica y toda política que derive en la muerte de las mujeres, tolerada por el Estado.

Una investigación realizada en 2014 por El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados señala que:

• En el país en 2012 la tasa de homicidios de mujeres fue de 4.6 muertes por cada 100 mil

• Hay entidades que superan por mucho a la media del país, como lo son Chihuahua, estado de México o Guerrero.

• El mayor número de homicidios lo tiene el Estado de México (388), Chihuahua (269) y Guerrero (237).

• Los grupos de edad en donde se registran más muertes de mujeres por homicidio a nivel nacional son en las de las mujeres jóvenes, en el grupo de 20 a 29 años.

• 35 por ciento de los homicidios de mujeres correspondieron a mujeres que se encontraban activas económicamente dentro del mercado laboral.

• En 68.2 por ciento de los homicidios de las mujeres que sí registraron información sobre la existencia de parentesco del homicida con la víctima; por el cónyuge o esposo, el padre o la madre o por sus descendientes.

Asimismo el artículo 22 de la LGAMVLV define la alerta de violencia de género así:

Es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.

En 2013 se reformó el Reglamento de la LGAMVLV, para establecer un nuevo proceso de emisión de la alerta de violencia de género, con el objetivo de hacer efectiva esta figura jurídica y proteger los derechos humanos de las mujeres, mediante acciones que los gobiernos deben tomar, una vez que se ha determinado que existe una situación de violencia que lo amerita y que hay que hacer más allá de lo que habitualmente hacen en esta materia.

La solicitud de alerta de violencia de género puede ser presentada por los organismos de derechos humanos internacionales, nacional o de las entidades federativas, así como las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas.

La declaratoria de alerta de violencia de género tiene como fin, detenerla y erradicarla, a través de acciones gubernamentales de emergencia, conducidas por la Secretaría de Gobernación en el ámbito federal y en coordinación con las entidades federativas y los municipios.

Enseguida se transcribe el artículo 23 de dicha ley:

Artículo 23. La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que se deberá:

I. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo;

II. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida;

III. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres;

IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, y

V. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar.

Se trata pues de un mecanismo protector de los derechos humanos de las mujeres en un contexto de violencia. Es un mecanismo emergente de intervención del Estado.

El proceso de evaluarla, declararla e implantarla involucra a la sociedad civil como peticionaria; a la academia como participante en el grupo de trabajo que analiza el caso y emite la recomendación, al gobierno estatal que debe de responder con información a la solicitud y luego cumplir con las recomendaciones en seis meses o someterse a la alerta de violencia de género y a lo largo del proceso, a instancias federales de quien dependen en gran medida la transparencia y efectividad del mecanismo. Podemos decir, que en el papel, es una figura jurídica ejemplar que permitiría de manera conjunta solucionar el problema. Sin embargo, la realidad es otra.

Hasta la fecha la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres7 , organismo a cargo del mecanismo de alerta de violencia de género contra las mujeres (AVGM), cuenta con 15 solicitudes más de declaratoria.

Nuevo León. La solicitud fue presentada 13 de enero de 2012 por Arthemisas por la Equidad.

Guanajuato. La solicitud se presentó en 2012, 2013 y 2014 por “Las Libres, AC”.

Chiapas. La solicitud fue presentada el 25 de noviembre de 2013 por el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas.

Michoacán. La solicitud se presentó el 19 de diciembre de 2014 por la organización Humanas sin Violencia.

Colima. La solicitud se presentó el 22 de diciembre de 2014 por el Centro de Apoyo a la Mujer Griselda Álvarez, la Comisión de Derechos Humanos del estado de Colima y la Fundación Ius Género.

Baja California. La solicitud se presentó el 27 de enero de 2015 por la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos.

Sonora. La solicitud se presentó el 25 de mayo de 2015 por Manitas por la Equidad y No Violencia, AC, y Alternativa Cultural por la Equidad de Género, AC.

Veracruz. La solicitud se presentó el 9 de septiembre de 2015 por Equifonía Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres, AC.

Querétaro. La solicitud se presentó el 29 de octubre de 2015 por Salud y Género Querétaro, AC, y Desarrollo Comunitario para la Transformación Social, AC.

San Luis Potosí. La solicitud se presentó el 23 de noviembre de 2015 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí.

Quintana Roo. Solicitud presentada en diciembre 2015 por el Consejo estatal de Mujeres de Quintana Roo.

Oaxaca. Se presentó el 25 de febrero de 2016 por Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca.

Puebla. Solicitud presentada el 11 de marzo de 2016

Sinaloa. Solicitud presentada el 11 de marzo de 2016 por el Colectivo de Mujeres Sinaloenses

Tabasco. Solicitud presentada el 23 de marzo de 2016 por el Comité de Derechos Humanos de Tabasco

Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita al titular de la Secretaría de Gobernación tenga a bien considerar de manera urgente la emisión de alerta de género para Tijuana, Baja California, debido al alto número de muerte de mujeres que se reportan en el municipio de la entidad.

Notas

1 http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/se-incrementa-tasa-de-homicid ios-en-tijuana-1471790532

2 http://noticias.entravision.com/el-paso/2016/09/20/van-40-mujeres-asesi nadas-en-tijuana-en-2016/

3 Panorama de Violencia contra las mujeres INEGI 2011

4 http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html

5 http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf

6 Publicada en Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero 2007

7 http://www.conavim.gob.mx/en/CONAVIM/Informes_y_convocatorias_de_AVGM

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2016.

Diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reconocer el contenido del Informe sobre la situación de los derechos humanos en México, presentado por la CIDH, e implantar lo necesario para fortalecer los esfuerzos por protegerlos y garantizarlos, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Olga Catalán Padilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos en la sentencia del caso Campo Algodonero vs . México, manifestó que “la violencia contra la mujer es un drama con varias dimensiones y expresiones. Es, sin duda, una de las manifestaciones persistentes de discriminación más extendidas en el mundo, que se refleja en un abanico que va desde expresiones sutiles y veladas hasta situaciones cruentas y violentas”.

El pasado 2 de marzo la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos dio a conocer su informe sobre la “situación de los derechos humanos en México”, este documento de 242 páginas hace especial énfasis en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia e impunidad, y la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en el país, como es el caso de las mujeres y niñas. México, que dice el informe, atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años.

La respuesta conjunta de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría y la Cancillería, ha sido la descalificación del informe, de sus fuentes de información y de sus conclusiones.

Ante la falta de autocrítica de nuestras autoridades federales que los mantiene alejados de la realidad del país, es necesario asumir las observaciones de los organismos internacionales con madurez para corregir lo que sea verdad y no rasgarse las vestiduras por lo que sea mentira.

Es menester reconocer que efectivamente el país se encuentra ante un problema en materia de seguridad y violencia, independientemente del calificativo que pudiera dársele de grave o muy grave. Es también importante establecer que a las autoridades se les han dado las herramientas a través de un marco jurídico sólido; sin embargo, mientras la impunidad y la corrupción sigan siendo el común denominador en la procuración de justicia, no se logrará un avance fundamental en materia de derechos humanos.

De acuerdo al Informe y citando como fuente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se registra un porcentaje más alto de mujeres víctimas frente a hombres víctimas en los delitos de violación simple (82 por ciento), trata de personas (81 por ciento), abuso sexual (79 por ciento), violencia familiar (79 por ciento), violación equiparada (71 por ciento), otros delitos contra la familia (56 por ciento), y otros delitos contra la libertad y seguridad sexual (83 por ciento)

Según el Inegi, entre 2013 y 2014 siete mujeres fueron asesinadas diariamente en México. En el 2012 la tasa de homicidios de mujeres fue de 4.6 muertes por cada 100.00; de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), 1.235 mujeres fueron víctimas de asesinato por ser mujer de enero de 2010 a junio de 2011, registrándose el mayor número en Estado de México (320), Tamaulipas (169) y Sinaloa (168). El estudio indica que el 41 por ciento (500 casos) de las víctimas tendrían entre 11 y 30 años de edad, el 35 por ciento (440 casos) entre 31 a 50 años de edad, y el 13 por ciento (163 casos) más de 50 años de edad. El OCNF documentó que entre enero de 2012 y diciembre de 2013 fueron asesinadas 3.892 mujeres en México, y solamente el 15.75 por ciento (613) fueron investigados como casos de violencia basada en el género o “feminicidios”. La mayoría de estos casos queda en la impunidad. La CIDH no cuenta con cifras más recientes sobre los homicidios de mujeres basados en el género en el país. Es preocupante además que no contemos con cifras oficiales por considerar que la información afectaría políticamente al gobernante en turno, o como en el caso del estado de México, que considera que hay problemas más importantes que atender.

A pesar de que organizaciones de la sociedad civil solicitaron la activación del Mecanismo de Alerta de Género en once ocasiones, solo en dos fueron aprobadas tras 15 meses de presentada la solicitud, el 31 de julio de 2015 se declaró para once municipios del estado de México y el 10 de agosto de 2015 para ocho municipios del estado de Morelos; otra fue declarada improcedente (Guanajuato) debido a la respuesta del gobierno estatal para atender las recomendaciones y propuestas realizadas por el grupo de trabajo; y las solicitudes restantes están en proceso dentro de los plazos establecidos; sin embargo, las acciones han resultado insuficientes ya que los delitos de género, siguen en aumento y no existen acciones sustantivas que prevean en el corto plazo acabar con este flagelo.

En cuanto a los derechos de las mujeres la CIDH recomienda al Estado mexicano:

1. Implementar y fortalecer medidas, incorporando la perspectiva de género, para cumplir con el deber de actuar con debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y discriminación contra las mujeres, incluyendo esfuerzos concretos para cumplir con las obligaciones de prevención, investigación, sanción y reparación de violaciones de los derechos humanos de las mujeres; ello comprende la capacitación y monitoreo de las autoridades encargadas desde la investigación – incluyendo los servicios de salud y en el ámbito de la justicia.

2. Adoptar las medidas necesarias para prevenir, castigar y erradicar hechos de violencia sexual y otras formas de violencia, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad en contra de las mujeres, especialmente aquellas privadas de libertad;

3. Implementar protocolos homologados por parte de las autoridades de procuración de justicia para los delitos relacionados con violencia contra las mujeres, así como una debida supervisión sobre su implementación. Organización de los Estados Americanos | OEA Capítulo 6 Conclusiones y recomendaciones | 237

4. Adoptar políticas públicas destinadas a reestructurar los estereotipos sobre el rol de las mujeres en la sociedad y promover la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios que impiden su acceso a la justicia, incluyendo programas de capacitación y políticas integrales de prevención de la violencia contra las mujeres;

5. Diseñar e implementar políticas culturalmente adecuadas, con la participación de mujeres indígenas, y aplicando un enfoque comprehensivo y holístico, que tengan como objetivo la prevención, investigación, sanción y reparación de actos de violencia y discriminación cometidos en su contra.

En cuanto a las niñas, niños y adolescentes, la CIDH insta al Estado mexicano a:

1. Elaborar protocolos de actuación de la policía respecto de las intervenciones con niños, niñas y adolescentes con el fin de asegurar la protección de sus derechos.

2. Implementar y fortalecer medidas para cumplir con el deber de actuar con debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, incluyendo esfuerzos concretos para cumplir con las obligaciones de prevención, investigación, sanción y reparación de violaciones de los derechos humanos y considerar los agravantes correspondientes dada la edad de la víctima.

Desde la más alta tribuna del país hago un llamado al titular del Ejecutivo para que reconozca el contenido del informe sobre la situación de los derechos humanos en México, se haga un análisis de las recomendaciones ahí expuestas y se apliquen las soluciones a fin de corregir el rumbo, con el objeto de mejorar y consolidar la defensa de los derechos humanos de los mexicanos a fin de construir un estado de derecho sólido y garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta asamblea, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal reconozca el contenido del informe sobre la “Situación de los Derechos Humanos en México”, presentado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos; para que, a través de las instancias correspondientes implemente lo necesario para fortalecer los esfuerzos por proteger y garantizar los derechos humanos en el país, con énfasis en una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer, atendiendo de manera puntual las recomendaciones al respecto vertidas en dicho informe.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2016.

Diputada Olga Catalán Padilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a intensificar los esfuerzos en la implantación de jornadas escolares ampliadas en más planteles escolares, con objeto de fomentar y ejecutar la enseñanza del idioma inglés y computación como herramientas indispensables en la formación de los niños, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Ante las exigencias del mundo globalizado, los gobiernos deben, además de garantizar la educación de calidad, ponderar una educación integral y moderna, que incorpore a los planes de estudio nuevos temas encaminados a crear una cultura que nos permita alcanzar mejores oportunidades, mayor equidad, crear mejores empleos, promover la igualdad de oportunidades y, sobre todo, establecer el acceso al conocimiento como un canal para la conformación de una sociedad capaz y competitiva.

En la búsqueda de esta mejor preparación para los educandos, el Partido Verde ha venido impulsando que las materias de inglés y computación se fortalezcan para tener mayor peso en la currícula escolar, ello en virtud de que estudiantes con conocimientos de inglés y un mejor dominio de los programas computacionales serán más competitivos y tendrán más y mejores herramientas de estudio y trabajo.

La educación pública en México se enfrenta a grandes retos que si se encaran correctamente pueden traducirse en resultados positivos. Para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México este tema es de gran relevancia para el crecimiento social y económico del país, pues sin una educación de calidad no podremos abatir los graves problemas a los que actualmente nos enfrentamos, la violencia, la desigualdad y la pobreza, por ejemplo; fenómenos ocasionados, entre otros factores, por el estancamiento y la falta de adecuación de los sistemas de enseñanza.

En el tema del desarrollo de habilidades para los retos del siglo XXI, es trascendental asegurar que en los contenidos de la educación se reflejen las tendencias y demandas del mercado laboral, el cual es cada vez más global y competitivo.

Para nuestro grupo parlamentario la educación constituye el cimiento en el que descansa necesariamente el proyecto de desarrollo nacional que los mexicanos requerimos para acceder a más oportunidades de prosperar. Para lograr nuestros objetivos, además del trabajo en materia legislativa se requiere impulsar el incremento en el presupuesto para el ámbito educativo orientado a aumentar la cobertura, la equidad, la calidad, la exigibilidad del derecho a la educación, la revaloración de los maestros, la transparencia y la rendición de cuentas.

Estamos convencidos de que se debe contribuir al fortalecimiento del sistema educativo nacional a través de proveer un marco jurídico adecuado a las condiciones actuales tanto económicas y sociales del país, vinculando y articulando esta tarea legislativa con todos los actores que confluyen en este sector en aras de asegurar que las niñas, niños y adolescentes de México tengan satisfecho su derecho a la educación de manera progresiva a través de la optimización de los recursos públicos disponibles.

Los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA),1 concluyeron que a México le tomaría más de 25 años alcanzar el nivel promedio de los 34 países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en matemáticas y más de 65 años en lectura, pues actualmente un estudiante mexicano con el más alto rendimiento apenas logra obtener el mismo puntaje alcanzado por un alumno promedio en Japón, ubicado entre los diez países con mejores resultados.

Del total de los alumnos mexicanos, 55 por ciento no alcanza el nivel de competencia básico en matemáticas, lo mismo ocurre con 41 por ciento en lectura y 47 por ciento en ciencias, lo cual implica un retroceso en comparación con los resultados de 2009, última vez que se aplicó la prueba.

México se halla en último lugar entre los países miembros de la OCDE y en el sitio 53 de entre las 65 naciones que participan en la prueba PISA, superando únicamente a Montenegro, Uruguay, Costa Rica, Albania, Brasil, Argentina, Túnez, Jordania, Colombia, Qatar, Indonesia y Perú.

Por otra parte, uno de los temas más relevantes a superar en el imaginario colectivo es la falsa creencia de que quien no paga no merece una educación de calidad. Esta situación ha provocado que muchos padres de familia prefieran enviar a sus hijos a escuelas particulares pensando que serán por mucho mejores que las escuelas públicas, sin embargo, para el Partido Verde está claro que la educación debe ser de calidad, con independencia de que ésta sea de paga o gratuita, y una educación de calidad incluye necesariamente el conocimiento satisfactorio de una lengua extranjera y de las habilidades informáticas.

Por todo lo anterior, impulsamos un cambio en la política nacional, en donde se reconozca que en México uno de los principales problemas no sólo es la cantidad de recursos disponibles para la educación, sino la aplicación que se les da a éstos.

Nuestra convicción es luchar por un gobierno que garantice una educación de calidad y promover el acceso de todos los estudiantes que cursan la educación obligatoria en nuestro país de más y mejores clases de inglés y computación, que les permita contar con una preparación integral que facilite su incorporación exitosa a la actividad productiva.

En este contexto, consideramos que el programa Escuelas de Tiempo Completo, cuya finalidad es fortalecer el aprendizaje de los educandos, ha representado un importante impulso a la calidad de la educación pública en nuestro país a través de la ampliación de las oportunidades para desarrollar las habilidades y competencias de millones de niñas y niños mexicanos en diferentes ámbitos.

Actualmente, operan en México 24 mil 250 escuelas bajo esta modalidad, en beneficio de 3.6 millones de alumnos. Las escuelas de tiempo completo brindan el servicio educativo durante una jornada extendida de entre 6 y 8 horas. En este sentido, consideramos relevante que la Secretaría de Educación Pública realice las acciones conducentes para que la implementación de jornadas escolares ampliadas llegue a más escuelas con el objetivo de incentivar y ejecutar la enseñanza del idioma inglés y computación, como herramientas indispensables en la formación educativa de nuestras niñas y niños.

Además, en cuanto a la enseñanza del inglés, la Secretaría de Educación Pública asegura la calidad de los aprendizajes en educación básica mediante el fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje, gracias al Programa Nacional de Inglés. A nivel superior, la iniciativa #Proyecta100mil beca a estudiantes mayores de 18 años para estudiar cursos intensivos de inglés en centros certificados en los Estados Unidos.

Finalmente, en materia de enseñanza de computación, @prende 2.0, estrategia presentada recientemente por el secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, promoverá la creación con 3 mil aulas de medios en todo el país que contarán con hasta 30 computadoras conectadas a internet de banda ancha, y aprovechará 1.9 millones de laptops y tabletas electrónicas entregados a estudiantes de educación básica entre 2012 y 2015.

Por ello, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a efecto de que intensifique los esfuerzos en la implementación de jornadas escolares ampliadas en más planteles escolares, con el objetivo de incentivar y ejecutar la enseñanza del idioma inglés y computación, como herramientas indispensables en la formación educativa de nuestras niñas y niños.

Nota

1 Las pruebas de PISA son aplicadas cada tres años. Examinan el rendimiento de alumnos de 15 años en áreas temáticas clave y estudian igualmente una gama amplia de resultados educativos, entre los que se encuentran: la motivación de los alumnos por aprender, la concepción que éstos tienen sobre sí mismos y sus estrategias de aprendizaje. Cada una de las tres evaluaciones pasadas de PISA se centró en un área temática concreta: la lectura (en 2000), las matemáticas (en 2003) y las ciencias (en 2006); siendo la resolución de problemas un área temática especial en PISA 2003. El programa está llevando a cabo una segunda fase de evaluaciones en el 2009 (lectura), 2012 (matemáticas) y 2015 (ciencias).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Gálico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, los congresos locales y la Semarnat a crear confinamientos para residuos peligrosos, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena

El proponente, diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, numeral I, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La producción de residuos peligrosos en nuestro país ha sido, hasta el día de hoy, una consecuencia inevitable de nuestro estilo de vida y de producción industrial.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en el artículo 1o., garantiza el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar; y la misma ley, en el artículo 3o., fracción XXXIII, define a los residuos peligrosos como “aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que le confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio y por tanto, representan un peligro al equilibrio ecológico o el ambiente”;

El desarrollo industrial genera indudablemente residuos peligrosos, y su minimización o reciclaje son sin duda, dos recursos indispensables, no obstante, siempre resultará un desecho final que necesite ser neutralizado y posteriormente confinado.

La disposición sin control de estos residuos provoca una grave contaminación de suelos, agua y atmósfera. Por otro lado, el tratamiento y confinamiento controlado son opciones que pueden llevarse a cabo con alta tecnología para prevenir daños al medio ambiente y a la salud. El control de este tipo de residuos es una función de la federación según la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, sin embargo, esta ley marca también una corresponsabilidad entre los tres niveles de gobierno para promover la construcción de infraestructura y fomentar el diseño de mejores instrumentos para controlar debidamente los residuos peligrosos.

Cada año se generan en México alrededor de 40 millones de toneladas de residuos, de las cuales, 35.3 millones corresponden a residuos sólidos urbanos (RSU) y se estima que entre 5 y 6 millones de toneladas a residuos peligrosos (RP). La problemática asociada con los RP presenta dos grandes líneas: por un lado, la que se refiere a la presencia de sitios ya contaminados que requieren una solución; y por otro, la que se orienta a prevenir la contaminación proveniente de las fuentes en operación que los generan. La disposición inadecuada de los residuos peligrosos provoca diferentes afectaciones a los ecosistemas.

En el país hay 635 lugares contaminados, sobre todo por el mal manejo de residuos peligrosos, 95 por ciento de los cuales no ha sido atendido, de acuerdo con el Sistema de Sitios Contaminados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).1

Los residuos peligrosos que no son manejados adecuadamente representan un importante desafío para el equilibrio del ambiente y la salud humana, ya que en la gran mayoría de las veces acaban en el drenaje municipal, barrancas, tiraderos clandestinos o a cielo abierto, bodegas de empresas, o cualquier otro lugar que no cuenta con las especificaciones técnicas necesarias.

El adecuado manejo de los residuos peligrosos requiere de infraestructura y tecnologías especializadas que aseguren la integridad de los ecosistemas y sobretodo la salud de la población.

Alrededor de 900 tiraderos clandestinos operan en los municipios del valle de México y cada uno genera diariamente más de una tonelada de basura; y es arrojada por los ciudadanos y comercios en estos tiraderos clandestinos alrededor del 10 por ciento de la basura de 15 municipios, lo que significa que cada día van a parar a la vía pública mil 200 toneladas de desechos.

El mayor número de tiraderos de gran volumen se ubican en los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, Huixquilucan, Coacalco, Tultitlán, Izcalli y Cuautitlán, entre otros.

México genera anualmente 8 millones de toneladas de residuos peligrosos, siendo ésta una cifra obsoleta y subvaluada pues data de 1994, enfrentando con ello un rezago de información con respecto a la generación actual de este tipo de desechos que repercute indirectamente en el deterioro ambiental de país; México procesa al año únicamente el 7 por ciento de los residuos peligrosos que genera, pues no cuenta con la tecnología adecuada para tratar o eliminar adecuadamente dichos desechos.2

El manejo de los residuos peligrosos necesita de una serie de acciones en conjunto de todos los actores involucrados en esta problemática. A nivel nacional es necesario contar con varias plantas de confinamiento especial que puedan garantizar la disposición final de estos residuos sin tener que viajar y sobre todo, que esto no ocasione daños al ambiente o la salud pública; y, al mismo tiempo llevar a cabo una reducción en la generación de este tipo de desechos, cambiar a insumos ambientalmente amigables y hacer una transformación en los procesos de producción para incrementar la reutilización, reciclado y recuperación de parte de los materiales y residuos generados.

El 8 de octubre de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la nueva Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos en la cual se dan lineamientos para el uso y destino de los residuos peligrosos y de manejo especial en nuestro país, pero la responsabilidad en la disposición correcta de estos les corresponde a industria, gobierno.

La clasificación de los residuos peligrosos de acuerdo a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos es la siguiente:

Corrosivos: ácidos fuertes, bases fuertes, fenol, bromo, hidracina (destapa caños).

Explosivos: Peróxidos, cloratos, percloratos, ácido pícrico, trinitroluceno, (TNT).

Inflamables. Hidrocarburos aromáticos, alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas.

Reactivos: Nitratos, metales alcalinos, metil isocianato, magnesio, cloruro de acetileno.

Tóxicos: Cianuros, arsénico y sales, plomo, anilina, plaguicidas.

Biológico-Infecciosos: Sangre, muestras biológicas (orina, excremento), Jeringas, tejidos, órganos y partes que se extirpan o remueven.

Por otra parte, los residuos biológico-infecciosos, son una fuente potencial de agentes patógenos que producen serias enfermedades como la hepatitis, el VIH-Sida, la tuberculosis o la meningitis.

Durante la década de 1990 varios confinamientos fueron cerrados y algunos proyectos cancelados antes de comenzar, debido al rechazo público y a una serie de irregularidades que agravaron la oposición civil organizada. Como consecuencia, el proyecto de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de construir una red de Centros integrales de manejo ambiental de residuos industriales (Cimari), no ha sido implementada a cabalidad, solo trabaja en Saltillo Coahuila.3

En los últimos años ha habido nuevos proyectos para la construcción de este tipo de instalaciones, sin embargo, han enfrentado múltiples obstáculos a causa de la falta de instrumentos que faciliten la colaboración entre ciudadanos, autoridades locales y autoridades federales que permita el establecimiento de acuerdos.

Por las consideraciones vertidas y en congruencia con el compromiso adquirido con los ciudadanos mexicanos, expongo a su consideración los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a realizar confinamientos para residuos peligrosos con tecnología de punta.

Segundo: Se exhorta al Ejecutivo federal, y a los congresos estatales que coadyuven con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que se implementen medidas y programas para el manejo efectivo y reducción en la generación de los recursos peligrosos.

Notas

1 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/09/11/hay-635-sitios-contaminad os-por-mal-manejo-de-residuos-peligrosos-semarnat-8512.html

2 http://www.partidoverde.org.mx/2016/residuos-solidos-2012-2016

3 http://www.vanguardia.com.mx/articulo/alojaria-el-cimari-400-tons-diari as

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2016.

Diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades educativas federales y locales a efecto de que, en sus respectivos ámbitos de competencias, incluyan en los planes de estudio de los diversos tipos educativos la materia de educación ambiental, como un elemento esencial para la interacción armónica e integral del individuo y la sociedad con el medio, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El estudio de la relación entre el hombre y el medio ambiente, así como de las externalidades de la misma no es una tarea reciente, si bien es cierto que hoy en día existe mayor vigilancia y participación de las autoridades para dar atención a la problemática ambiental, lo cierto es que el análisis de las acciones del hombre en contra de su medio natural y de las consecuencias negativas en este encuentran sus orígenes desde la civilización agrícola de Egipto.

Al paso de los años, la preocupación por la degradación de nuestros recursos naturales fue generalizándose, de tal suerte que los primeros trabajos para tratar este problema se dieron en los años 70, cuando las Naciones Unidas convocan a una conferencia en Estocolmo sobre el medio ambiente, con la participación de 110 países, cuyo objetivo era elaborar un plan de acción práctico mundial, dando origen a la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente.

Esta declaración contiene 109 recomendaciones que pueden agruparse en 5 grandes rubros:

1. Aspectos ambientales del manejo de los recursos naturales;

2. Planificación y administración de los asentamientos humanos para el mejoramiento ambiental;

3. Identificación de los principales contaminantes y su control;

4. Aspectos educacionales, socioculturales y de información respecto a los asuntos ambientales; y

5. Medio ambiente y desarrollo.

De igual manera, dicha conferencia le dio origen al Día Mundial del Medio Ambiente y consecuentemente se adoptó un nuevo concepto de educación ambiental; al respecto, en nuestro país, fue en el mandato del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, cuando se creó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, como una alternativa de atención a la problemática ambiental.

Muestra de la intención de atender prioritariamente la afectación a nuestro medio ambiente, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, se refirió que las soluciones de la problemática ecológica dependen en gran medida de la participación activa y consciente de todos los sectores de la población, por lo que era necesario ejecutar acciones en materia de educación ambiental, a través de un proceso continuo y permanente que se inicie en los grados preescolares y siga a lo largo de las diferentes etapas del sistema educativo.

Otro ejercicio fue el que implementó la Comisión Nacional de Ecología en 1987, dirigiendo sus principales trabajos a la educación ambiental, a través del fortalecimiento de las acciones para promover la conciencia ecológica con la participación de la comunidad docente, desarrollando talleres en materia de conservación de los recursos naturales, especialmente en la reforestación.

La educación ambiental está dirigida a la construcción del conocimiento y su comunicación, por lo cual representa un reto importante para el educador que debe desarrollar las mejores técnicas pedagógicas para que los estudiantes logren relacionar los nuevos conocimientos con aquellos que ya tienen y no habían sido apreciados como parte de una cultura ambiental.

La formación de una cultura de respeto hacia cualquier manifestación de vida existente en nuestro entorno, exige hacer análisis y evaluaciones que permitan conocer los mecanismos que pongan un alto al deterioro de los recursos ambientales ya impactados, las técnicas de recuperación de éstos y las acciones y programas que garanticen la conservación futura del mayor número de recursos naturales aún existentes en nuestro planeta.

Al respecto, María Elena Febres-Cordero, en su obra La Gestión Ambiental: bases conceptuales de la educación para un desarrollo sostenible , refiere que la “tendencia pedagógica para el Desarrollo Sustentable debe ser la de promover una cultura de paz, alentar procesos sociales integradores, favorecer el uso de tecnologías no agresivas con el ambiente, apuntalar la justicia social y disminuir sostenidamente la pobreza”; de lo que se entiende que no se requiere de elementos técnicos estrictos que nos lleve a pensar que como personas y estudiantes comunes no se puedan comprender, se habla más de la generación de la conciencia y la integración de todos los grupos poblacionales en la ejecución de estrategias para mejorar nuestro entorno natural.

No obstante, ello no significa que no deban considerarse los elementos tradicionales dentro del proceso educativo, tales como los planes de estudio, los libros de texto, los materiales didácticos y todos aquellos materiales que abonen a la impartición de conocimientos en materia de educación ambiental.

Sin duda, las acciones que se han desarrollado a lo largo de la historia establecieron bases sólidas para el diseño y ejecución de políticas públicas que exalten la importancia de la educación ambiental como una herramienta indispensable para combatir la degradación de nuestro medio natural.

Al paso de las décadas, el daño y deterioro de nuestros ecosistemas se tornan mucho más graves y urgentes de atender, ello, debido al acelerado crecimiento poblacional que trae consigo el crecimiento de las zonas urbanas y por ende la desaparición de espacios verdes, así como el aumento en la generación de residuos y contaminantes.

No somos omisos a los logros alcanzados, cada vez somos más las personas preocupadas e interesadas por hacer algo que beneficie al entorno, no obstante, es una realidad innegable que las acciones implementadas por nuestras autoridades se han quedado cortas, no por falta de capacidad, sino por la falta de conciencia y participación social.

Es lamentable seguir observando la indiferencia de personas que aseguran no tener en sus manos la implementación de acciones que aunque parecen mínimas o insignificantes, la suma de ellas impactaría de manera positiva en la conservación de los recursos naturales con los que aún contamos.

Parte indispensable en la toma de conciencia es la disponibilidad de información, para ello resulta indispensable integrar a los contenidos de los planes y programas educativos, la materia de educación ambiental, ello, convencidos de que es una herramienta necesaria para desarrollar conocimientos básicos en materia ecológica.

Actualmente nuestro sistema educativo ha evolucionado, de tal forma que hoy dos derechos humanos tan elementales como la educación y el derecho a un medio ambiente sano se fusionan para el cuidado de nuestro entorno y especialmente para beneficio de las personas.

La política educativa actual ha mostrado un grado de inclusión al tema ambiental verdaderamente innovador y significativo para lograr poner un alto a las afectaciones ambientales, ejemplo de ello es la introducción de la materia ambiental dentro de los fines de la educación en la Ley General de Educación, tal y como se señala en los siguientes preceptos jurídicos:

Artículo 7o . La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. a X. [...]

XI. Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad. También se proporcionarán los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales;

XII. a XVI. [...]

Para lograr lo anterior, la referida Ley General establece igualmente que la encargada de la determinación para toda la República de planes y programas de estudio de la educación básica, normal y demás para la formación de maestros de educación básica es la Secretaría de Educación, tal y como se cita en el siguiente artículo:

Artículo 48. La Secretaría determinará los planes y programas de estudio , aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica , de conformidad a los principios y criterios establecidos en los artículos 7 y 8 de esta Ley.

Para tales efectos la Secretaría considerará las opiniones de las autoridades educativas locales, y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia , expresadas a través del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación a que se refiere el artículo 72, así como aquéllas que en su caso, formule el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Cuando los planes y programas de estudio se refieran a aspectos culturales, históricos, artísticos y literarios, la Secretaría de Cultura propondrá el contenido de dichos planes y programas a la Secretaría a efecto de que ésta determine lo conducente, conforme al párrafo primero de este artículo.

Las autoridades educativas locales, previa consulta al Consejo Estatal Técnico de Educación correspondiente, propondrán para consideración y, en su caso, autorización de la Secretaría, previa opinión de la Secretaría de Cultura, contenidos regionales que -sin mengua del carácter nacional de los planes y programas citados- permitan que los educandos adquieran un mejor conocimiento de la historia, la geografía, las costumbres, las tradiciones, los ecosistemas y demás aspectos propios de la entidad y municipios respectivos.

La Secretaría realizará revisiones y evaluaciones sistemáticas y continuas de los planes y programas a que se refiere el presente artículo, para mantenerlos permanentemente actualizados. En el caso de los programas de educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica serán revisados y evaluados, al menos, cada cuatro años, y deberán mantenerse actualizados conforme a los parámetros y perfiles a los que se refiere la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Los planes y programas que la Secretaría determine en cumplimiento del presente artículo, así como sus modificaciones, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano informativo oficial de cada entidad federativa y, previo a su aplicación, se deberá capacitar a los maestros respecto de su contenido y métodos.

El pasado 20 de julio de 2016, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer el “Modelo Educativo 2016”, mismo que surge ante la necesidad de hacer compatible el modelo educativo vigente en nuestro país con los retos actuales y las demandas de un mundo globalizado.

Dicho Modelo Educativo 2016 reorganiza los principales componentes del sistema educativo para garantizar una educación de calidad basada en 5 ejes:

1. Escuela al Centro: Este enfoque implica desarrollar mecanismos institucionales que permitan a las autoridades educativas conocer y atender, con oportunidad y pertinencia, las necesidades de las escuelas. En otras palabras, el modelo busca crear una escuela renovada y fortalecida que cuente con una organización, recursos, acompañamiento, infraestructura, docentes y servicios que conviertan las aulas en auténticos espacios de aprendizaje.

2. Contenidos: La selección de los contenidos básicos que integran el currículo nacional debe ser resultado de una visión multidisciplinaria en la que participen docentes, investigadores y especialistas en didáctica. Esta definición debe tener como base el diálogo sobre lo deseable y lo posible, aquello fundamental que debe ser común y el aliento a la mejora de la calidad.

3. Maestros: Para lograr la transformación de la educación, además de una nueva gestión del sistema educativo que permita llevar el planteamiento curricular a las aulas, se requiere de una revisión de la formación y el desarrollo profesional docentes. La profesionalización de los maestros debe comenzar desde su formación inicial y ser un continuo durante toda su vida laboral.

4. Inclusión y Equidad: En materia de inclusión, es necesario crear las condiciones para garantizar un acceso efectivo a una educación de calidad y reconocer las distintas capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos. En materia de equidad, es preciso redoblar esfuerzos para destinar mayores recursos educativos a la población en condiciones de vulnerabilidad o desventaja. Esto es fundamental para que respuestas diferenciadas a necesidades diversificadas contribuyan a eliminar las barreras que limitan el acceso a la educación, el aprendizaje y la participación.

5. Gobernanza: El principio de autoridad que rige la gobernanza del sistema educativo se encuentra alimentado por valores éticos, jurídicos y políticos, que parten de la escuela hasta alcanzar la más alta jerarquía. Los principales valores que lo nutren son el respeto, la confianza, la honestidad y la responsabilidad. En materia de división de responsabilidades, esto supone que el maestro, el director, los padres de familia y el supervisor el modelo educativo 2016 deben dividir y compartir atribuciones, así como dar cuenta del cumplimiento de las obligaciones que a cada uno corresponden.

En el caso que nos ocupa, son los contenidos los elementos de mayor relevancia para dar viabilidad al modelo de forma integral; en este sentido, celebramos la integración de la materia ambiental como uno de sus ejes prioritarios tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Lo anterior, sin duda, habla del interés del Gobierno de la República para desarrollar acciones que se adecuen a las demandas actuales de la situación ambiental por la que atravesamos, sin embargo, consideramos que se requiere de la inclusión obligatoria de la materia de educación ambiental en los planes de estudios de los diferentes niveles educativos que comprenden la educación básica, garantizando con ello el fortalecimiento de una de las reformas estructurales más importantes en nuestro país, la reforma educativa y con ello, abonando a la generación de conciencia, responsabilidad y respeto hacia nuestro medio ambiente.

Por todo ello, consideramos oportuno someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades educativas Federal y Locales, a efecto de que en sus respectivos ámbitos competenciales, incluyan en los planes de estudio de los diversos tipos educativos, la materia de Educación Ambiental como un elemento esencial para la interacción armónica e integral del individuo y la sociedad con el medio ambiente.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de noviembre del año 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Sara Paola Galico Félix Díaz, Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolín Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a implantar acciones anticorrupción en materia de asignación de concesiones de explotación de agua para la industria minera, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Mariana Trejo Flores, de la LXIII Legislatura Federal e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados que somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

La minería es una de las industrias más contaminantes y riesgosas que se desarrollan en el territorio nacional. Algunos investigadores, expertos en materia minera, han alertado a la sociedad mexicana del alto nivel de riesgo para la población y para el ecosistema donde se localizan los centros extractivos mineros bajo la modalidad de cielo abierto.

Las autoridades competentes no han establecido un lineamiento de acción que permita trabajar directamente en el control de riesgo y daños actuales y futuros que la industria minera a cielo abierto ocasiona. Quizá el marco legal mexicano ha omitido establecer un claro lineamiento para ordenar y regular los procesos extractivos en aras de que las reformas estructurales funcionen, sin embargo, las modificaciones al artículo 27 constitucional, establecieron un campo de acción para el desarrollo de actividades mineras menos reguladas, aunque tazadas con impuestos novedosos, siguen siendo industrias poco reguladas, exhibiendo con ello la falta de carácter de la legislación mexicana en pro de una aceptación internacional como destino de inversiones 1

La vulnerabilidad legal y los vacíos actuales (ibídem), permiten que la industria minera pueda operar bajo esquemas de producción acelerada para agotamiento rápido de yacimientos dejando externalidades2 que irradian el contexto regional en materia económica, natural y social. La problemática de la explotación minera intensiva a cielo abierto genera altos costos para la nación que los recibe como enclaves económicos en la era del neo-extractivismo colonial.3 La pérdida del valor del suelo, esterilización de la tierra, daños al paisaje y contaminación de tierra, así como de aire y agua, son los principales problemas que enfrentamos con la industria minera, es por ello que en países de primer mundo han modificado las leyes para que no puedan operar las minas a cielo abierto en sus territorios.

El suelo es un recurso natural que corresponde a la capa superior de la corteza terrestre. Contiene agua y elementos nutritivos que los seres vivos utilizan. El suelo es vital, ya que el ser humano depende de él para la producción de alimentos, la crianza de animales, la plantación de árboles, la obtención de agua y de algunos recursos minerales, entre otras cosas. En él se apoyan y nutren las plantas en su crecimiento y condiciona, por lo tanto, todo el desarrollo del ecosistema. Lastimar, herir o asesinar al suelo con estos procesos de extracción es poner en riesgo la continuidad de la vida sobre él y bajo de él.

La minería a cielo abierto en México, está utilizando la lixiviación de los minerales con agua cianurada para la obtención de minerales por flotabilidad y separación en proceso de lavado. Se utiliza el cianuro por ser uno de los procesos químicos más baratos bajo el supuesto de que nadie tocará el agua contaminada con el mineral no metálico y los metales pesados necesarios, que desde la Ley Minera, tendrían que ser depositados en la presa de jales y contención para su tratamiento, sin embargo, la OMS ha reiterado que el uso del cianuros es mortal para los humanos así como para vegetales y animales que lleguen a estar en contacto o exposición, así como la ingesta del mineral.

La lixiviación cianurada requiere de gran cantidad de agua para la disolución y el proceso de lavado, se estima que por cada tonelada de mineral se requieren hasta 5 mil litros de agua, lo que equivaldría en promedio para una mina a cielo abierto que remuele 50 mil toneladas de roca diarias, un total de 250 millones de litros de agua a diario.

Una mina a cielo abierto consume el total del agua de una ciudad de 2 millones de habitantes, sin embargo, por la cianuración del agua y los malos manejos ambientales que son omisos por parte de la Semarnat y la Conafor, el agua contaminada con plomo, mercurio, cianuro y otros metales pesados, se ha filtrado a los mantos freáticos subterráneos y está siendo consumida por seres humanos, como es el caso de Zacatecas, Fresnillo, Guadalupe, Saltillo, Torreón, Calera, Vetagrande, Pánuco, Sabinas, Piedras Negras, y una gran cantidad de ciudades que se suman a la lista. Las ciudades antes mencionadas, tienen la característica de estar en estrés hídrico, lo cual, sin duda, obliga a que los habitantes consuman el agua contaminada como forma de subsistencia.

En toda la República Mexicana, con la operación de toda la industria minera a cielo abierto se remueven 1 millón 700 mil toneladas de roca diarias, medio millón, que para lixiviarlas con cianuro se requieren 8 mil 500 millones de litros de agua, equivalentes a lo que requieren 57 millones de habitantes a diario para consumo hídrico promedio.4

Anualmente, la industria minera a cielo abierto contamina y desperdicia 3 billones 102 mil 500 millones de litros de agua potable para la lixiviación con cianuro.

“Para el caso de Zacatecas, 16 empresas mineras consumen más agua que toda la población del estado. Esta afirmación, considerada ya de por sí alarmante por el investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Federico Guzmán, se agrava aún más si se advierte que únicamente una de estas unidades mineras, Peñasquito de la compañía canadiense Goldcorp, requiere anualmente un volumen del vital líquido que iguala a lo que necesita el 80 por ciento de la población.

Estos comparativos del consumo de agua fueron elaborados por el investigador en su tesis doctoral, presentada recientemente y llamada “Economía política del despojo territorial. Megaminería a cielo abierto en Zacatecas bajo el capital global 1982-2014”.

Guzmán recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que debería cubrirse un rango de entre 50 y 100 litros diarios de agua por persona, lo que representaría 36.5 metros cúbicos de agua cada año.

Teniendo en cuenta que la megaminería en Zacatecas tiene concesionados 55.7 millones de metros cúbicos anuales, al hacer la proporción, el académico señala que con este volumen concesionado se podría dar abasto a un millón 528 mil 247 personas. Con base en la población que la entidad registró en el Censo del año 2010, precisa, esta cifra representa el 102 por ciento de los habitantes del territorio zacatecano.

La empresa Goldcorp y su proyecto Peñasquito, ubicado en el municipio de Mazapil, consume 80 por ciento del agua que tienen concesionadas las 16 empresas mineras que operan en Zacatecas.

Los 43.9 millones de metros cúbicos que consume esta unidad de los acuíferos de la entidad y, por tanto, la elevada cantidad de líquido que requiere para continuar desarrollando sus trabajos, dice el académico, explica por qué pagó 2 mil millones de pesos aproximadamente al ayuntamiento de Saltillo para obtener el trasvase de 500 litros por segundo de agua municipal tratada durante 19 años.

Esto, puntualiza Guzmán, implica que no sólo esté consumiendo de manera desproporcionada el agua del subsuelo zacatecano, sino que también empieza a explotar el líquido de otras entidades vecinas.5

Con lo anterior se evidencia la necesidad de establecer lineamientos que regulen y normen los lineamientos establecidos en el: ACUERDO por el que se aprueba el Programa de Desarrollo Minero 2013-2018. DOF: 09/05/2014. El acuerdo contiene lo siguiente:

Que el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el Estado garantizará que el desarrollo nacional fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, por medio de la competitividad, el fomento al crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

Que el artículo 26, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , dispone que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía, para la independencia y democratización política, social y cultural de la Nación.

Que dicho precepto constitucional establece que habrá un Plan Nacional de Desarrollo, al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

Que el 20 de mayo de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual establece los objetivos nacionales, estrategias y prioridades que regirán la actuación del Gobierno Federal, y prevé como premisa básica, para el avance integral del país, al desarrollo humano sustentable, orientando la actuación gubernamental en torno a cinco metas nacionales: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global.

Que en el Plan Nacional de Desarrollo la meta nacional México Próspero considera entre sus objetivos desarrollar los sectores estratégicos del País y garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo. Estos objetivos establecen como estrategias promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector minero, impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas e implementar una mejora regulatoria integral.

Que el 16 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se aprueba el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018, en el cual, se establecen los objetivos, indicadores y metas, así como las estrategias y acciones para consolidar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas, y Que la fracción II del artículo 7 de la Ley Minera, reglamentaria del artículo 27 constitucional , establece que es atribución de la Secretaría de Economía elaborar y dar seguimiento al programa sectorial de minería, el cual debe ser congruente con las Metas Nacionales y los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013 2018, así como con lo establecido en el Programa de Desarrollo Innovador 2013 2018. De esta manera, se contribuirá a mantener el dinamismo y la competitividad del sector en un ambiente de volatilidad en los precios internacionales.6

El artículo 4 constitucional en sus párrafos quinto y sexto a un medio ambiente sano y al acceso a agua potable. El acuerdo emanado de leyes generales se está poniendo por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es por ello que se hace este llamamiento al cumplimiento de la ley y de las responsabilidades del estado con la nación y la ciudadanía.

Por lo anteriormente expuesto e invocado en el proemio, que se pone a consideración del pleno de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura federal exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a implementar acciones de combate anticorrupción y transparencia en la asignación de concesiones de explotación de agua para uso exclusivo de la explotación minera a cielo abierto y, en caso de existir anomalías en el uso, saneamiento y asignación de concesiones del agua, se finquen responsabilidades concernientes en contra de quien resulte responsable.

Notas

1 Licenciado Miguel Vargas Mendoza; especialista en minería y economía ambiental por la Universidad Autónoma de Zacatecas, Unidad Académica de Economía.

2 Una externalidad es una situación en la que los costes o beneficios de producción y/o consumo de algún bien o servicio no se reflejan en su precio de mercado. En otras palabras, son externalidades aquellas actividades que afectan a otros sin que estos paguen por ellas o sean compensados.

3 Licenciado Miguel Vargas Mendoza; La colonización del neo-extractivismo. Universidad Autónoma de Zacatecas.

4 Licenciado Miguel Vargas. Calculando el daño. Universidad Autónoma de Zacatecas, Unidad Académica de Economía, ensayos de posgrado.

5 Alfredo Valadez y Raquel Ollaquindia, La Jornada y La Jornada Zacatecas, 3 de noviembre de 2016.

6 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5344070&fecha=09/05/2 014

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2016.

Diputada Mariana Trejo Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a reestructurar el Programa Nacional de Becas para orientar un porcentaje de éstas al apoyo de estudiantes de las comunidades con mayor marginación, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las metas nacionales que se ha planteado la actual administración en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es un México con Educación de Calidad, que tiene como propósito garantizar el derecho a la educación de calidad para todos los mexicanos a través de la implementación de políticas públicas dirigidas al fortalecimiento de la relación entre los niveles educativos a fin de que se vinculen con el quehacer científico, el desarrollo tecnológico y el sector productivo, con objeto de generar un capital humano altamente capacitado, así como poder transitar hacia una sociedad del conocimiento.

Contar con un sistema educativo fortalecido y de calidad que pueda estar al alcance de todas las niñas, niños y adolescentes será un instrumento que ayude a superar las altas desigualdades que padecen millones de mexicanos y favorezca un panorama de oportunidades al alcance de todos.

Un México que logré alcanzar altos estándares de calidad en su sistema educativo será reflejo de un gobierno comprometido con la igualdad de oportunidades y el despliegue de un proyecto innovador que sea fuente del desarrollo nacional. La educación de calidad será la base que garantizará el derecho de todos los mexicanos para elevar su nivel de vida y contribuir al progreso nacional a través del desarrollo y aplicación de sus habilidades, conocimientos y capacidad innovadora, favoreciendo valores éticos y cívicos que generen una ciudadanía responsable y solidaria.

La educación pública, laica y gratuita representa un patrimonio de gran valor que los mexicanos hemos fortalecido a lo largo del tiempo, bajo este tenor y de cara a los nuevos retos que enfrena nuestra nación resulta indispensable fortalecerlo y vigorizarlo a través de cambios y adecuaciones que permitan llevar a cabo los propósitos dirigidos al beneficio de las niñas, niños y jóvenes en todos los ámbitos geográficos y sociales de nuestro país.

La educación de calidad, además de ser una necesidad imperiosa, es una demanda social inaplazable que debe estar al alcance de todos los mexicanos, garantizando su estancia a lo largo del proceso educativo con el objetivo de concluir todas las etapas del mismo; es por ello que resulta preocupante que, de acuerdo a estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) del ciclo escolar 2012-2013, el acceso inicial a las escuelas está cubierto para la población de 5 a 12 años, pero existe un número importante de niños de 3 años y de 13 a 17 años que están excluidos del sistema educativo.

Bajo este orden de ideas, dichas estimaciones señalan que al inicio del ciclo escolar 2012-2013 el 60 por ciento de los niños de 3 años, aproximadamente 1.3 millones no se inscribió a preescolar y tampoco lo hizo el 12 por ciento de la población de 4 años, poco más de un cuarto de millón de niños. La no inscripción a las escuelas se agudiza de forma creciente con la edad, a los 13 años es de 7 por ciento, pero aumenta significativamente hasta alcanzar 46.7 por ciento para quienes tienen 17 años. En números absolutos, aproximadamente 4.8 millones de niños de entre 3 y 4 años y entre 13 a 17 años no se inscribieron a los ciclos escolares que les correspondían.

Aunado a la problemática antes expuesta, uno de los temas que también requiere atención y pronta acción es lo correspondiente a los niveles de deserción escolar que se presenta en los menores, de acuerdo con cifras del Inegi y de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al segundo trimestre del 2011 la población total en el grupo de edad de 15 a 17 años alcanzaba los 6.8 millones, de los cuales 1.9 millones de niños habían dejado de asistir a la escuela derivado de la falta de incentivos y recursos económicos para seguir estudiando, situación que se agrava en los menores que viven en las comunidades más vulnerables y marginadas del país.

Preocupa que los análisis realizados a los datos señalados por la Secretaría de Educación Pública sobre deserción educativa por cada uno de los niveles, así como estudios publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico demuestran que existe una relación directa entre la pobreza y la deserción escolar, ya que la mayoría de las estadísticas señalan la falta de recursos económicos como la principal causa de deserción, por ello resulta necesario no sólo contar con planteles e impartir en ellos una educación de calidad, sino también establecer programas nacionales de apoyo económico a la población de escasos recursos y con alto de grado de marginación.

En México la mayoría de los indígenas vive en localidades rurales, pequeñas y aisladas; los problemas educativos que se presentan en dichas comunidades con escasos recursos, además de ser dificultades de tipo pedagógico, se ven altamente relacionados con problemas más graves que quedan completamente fuera de la posibilidad de que la escuela pueda intervenir, como son la inseguridad, la falta de fuentes de trabajo y la alimentación.

Cada uno de ellos es, tal vez en gran escala, lo que debería de transformase primero y luego ver la situación docente y la de los alumnos, que muchas de las veces tienen que abandonar la escuela para dedicarse a las labores del campo, actividad donde muchos padres ven la única vía para poder sobrevivir y estar en condiciones de satisfacer las necesidades básicas de la familia.

La inequidad que de aquí se desprende se extiende a lo largo de todo el país, ya que el acceso a los diferentes niveles del sistema educativo nacional es más limitado en las zonas rurales y marginadas que en las urbanas. Los desplazamientos que tiene que hacer un niño para llegar a su centro de estudio llegan a ser muy largos y difíciles, sumando a ello las problemáticas de tipo social y económico que tiene que enfrentar.

Es por ello que debemos poner más atención en este sector, la educación es un derecho humano que debe estar al alcance de todos los mexicanos, es imperante garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo nacional y no permitir que factores económicos intervengan y sean la causa de que miles de niños abandonen su formación educativa, es por ello que en el Partido Verde trabajamos para ampliar las oportunidades de acceso a la educación, permanencia y avance en los estudios a todas las regiones y sectores de la población; para ello es imprescindible incrementar los apoyos a niñas, niños y jóvenes en situación de desventaja y vulnerabilidad.

En este sentido, resulta de suma importancia apuntalar económicamente a los estudiantes y sus familias. Es sabido que el Gobierno de la República ha realizado importantes esfuerzos con el propósito de apoyar a los niños y jóvenes en situación de desventaja, pues durante el ciclo escolar 2013-2014, según el segundo Informe de Labores de la Secretaría de Educación Pública, se otorgaron 7.6 millones de becas para alumnos de escuelas públicas en todo el país, lo cual implica que actualmente 3 de cada 10 estudiantes recibe algún tipo de apoyo para continuar su formación académica.

Además, los criterios de priorización del Programa Nacional de Becas permiten focalizar estos apoyos a hogares con cierto perfil pues toman en cuenta factores como el ingreso mensual per cápita del hogar, la residencia en alguno de los municipios incluidos en el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre y, sobre todo, se da prioridad a aspirantes provenientes de municipios rurales, indígenas de alto y muy alto índice de marginación, establecidos por el Consejo Nacional de Población o su equivalente estatal en contextos urbanos marginados.

No obstante lo valioso de dichos esfuerzos, éstos no han sido suficientes para conjurar el riesgo de que un cierto sector de niños y jóvenes mexicanos abandonen sus estudios por no contar con todos los elementos necesarios para garantizar su permanencia en la escuela.

Por lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública realice una reestructuración en el Programa Nacional de Becas con objeto de orientar un porcentaje de las mismas a apoyar a los estudiantes de comunidades con más alto grado de marginación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Gálico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a revisar las Cuentas Públicas de 2014 y 2015 en el gasto de salud para Veracruz ejecutado por la Ssaver, debido a irregularidades no detectadas en contratación de empresas fantasma durante la primera fiscalización, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Antecedentes

El gobernador constitucional con licencia y prófugo de la justicia, del estado de Veracruz, en la actualidad se ha visto involucrado y evidenciado en una serie de irregularidades cometidas durante su gestión como titular del Ejecutivo del estado.

La corrupción en la entidad, el tráfico de influencias, la impunidad y el desvío de recursos han sido los principales problemas que ha enfrentado Javier Duarte de Ochoa durante su periodo como gobernador. La sociedad veracruzana vive en un clima de incertidumbre y desamparo por parte de las instituciones del gobierno estatal, donde el crimen, la violencia, la corrupción, la pobreza y el desdén se han caracterizado por tomar partida importante en estos últimos seis años.

Juan Manuel Portal Martínez, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entregó durante el mes de febrero del año 2016 a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el informe de la Cuenta Pública 2014, donde se detectaron irregularidades en el estado de Veracruz por el orden de los 14 mil millones de pesos sin solventar y, con la sospecha de haber sido desviados de su etiquetación de gasto. En suma, Veracruz, desde el 2011, acumula irregularidades financieras, observadas por la Auditoría Superior de la Federación por un monto aproximado a los 35 mil millones de pesos, siendo este estado el que mayores irregularidades financieras presenta a nivel nacional, según los reportes de la ASF como se presenta a continuación:

El documento muestra también un tabulador con lo que denomina “monto de las acciones con impacto económico” en las que ha incurrido cada estado, y en las que aparece Veracruz en primer lugar, con 14 mil millones de pesos pendientes de solventar en 2014 y, desde 2011, 35 mil 421. Le sigue Michoacán, con ocho mil 89 millones de pesos con observaciones en 2014, y 28 mil 477 desde 2011; Jalisco, con cifras de seis mil 772 y 21 mil 938, respectivamente, y estado de México, con gastos anómalos por dos mil 482 millones en 2014 y, en los últimos cinco años, por 17 mil 381.

Al describir la problemática denominada “Opacidad en el manejo de los recursos”, la ASF reporta que las entidades suelen cambiar los fondos que reciben de la federación a otras cuentas bancarias que terminan financiando otras actividades.

Si el gobernador ha cometido algún delito y éste es comprobado, las instituciones de nuestro gobierno y las leyes deben de hacer su trabajo y dar el cauce correspondiente con forme a derecho.

Por todo lo anterior, si el gobernador de Veracruz ha cometido algún delito y éste es comprobado, las instituciones de nuestro gobierno y las leyes deben hacer su trabajo y dar el cauce correspondiente conforme a derecho.

Por lo anteriormente expuesto y lo invocado en el proemio, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

El ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, firmó un contrato por 11 mil millones de pesos, que tiempo después puso en jaque a la Secretaría de Salud de Veracruz y en riesgo a más de 100 mil pacientes.

El ex gobernador decidió concesionar los servicios especializados de mayor demanda en once hospitales estatales, y con el aval de los diputados locales, otorgó el contrato por 11 años a la empresa Finamed SA de CV. El 29 de septiembre de 2008 se firmó el contrato que se convirtió en un pleito en los juzgados que inició con el reclamo de pagos pendientes de la empresa y se convirtió en un intento de expropiación de los equipos médicos de la Secretaría de Salud, pero el proceso judicial 24 meses ventiló una serie de irregularidades como el cobro de facturas dobles, anomalías contractuales e irregularidades en el servicio y la atención por parte de la empresa. A los cinco años de la firma del contrato, el negocio se convirtió en un dolor de cabeza para la Secretaría de Salud, cuando aparecieron hojas duplicadas de pago por servicio, con la firma de directores de hospitales, y con un costo 30 por ciento arriba del mercado. Pablo Anaya Rivera, primer titular de la Secretaría de Salud, aparentemente identificó el problema y presentó observaciones a los órganos de control interno.

En 2013, Finamed ya había recibido mil 93 millones de pesos , pero había saldos por cubrir, así que reclamó el pago inmediato por 595 millones de pesos , y para asegurarse el recurso, la empresa amenazó con retirar sus equipos y dejar de prestar los servicios complementarios de cirugía cardiovascular y hemodinamia, quirófanos, imagenología y hemodiálisis en once hospitales.

Según los cálculos de la Secretaría de Salud, unos 100 mil veracruzanos estaban en riesgo, pues recibían los servicios especializados de Finamed en Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, Veracruz, Río Blanco, Yanga, Tierra Blanca, San Andrés Tuxtla, Coatzacoalcos, el Centro de Especialidades Médicas de Xalapa y el Hospital Civil , también en la capital del estado.

Por si esto no fuera suficiente el 14 de septiembre de 2015, el diario Reforma hace del conocimiento público que a siete años del arranque de la construcción y con una inversión de más de 200 millones de pesos, la torre pediátrica de Veracruz se encuentra abandonada y la Secretaría de Salud en la entidad no tiene fecha para concluirla.

Se trata de un proyecto iniciado en 2008, durante el final de la administración del ex gobernador Fidel Herrera, en el cual se anunció una inversión de 275 millones de pesos.

Como lo reflejan las notas de diferentes estados como Guerrero, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Guanajuato, Puebla y Zacatecas, se han visto afectados por desvío de recursos, corrupción y concesiones otorgadas a empresas favoritas, abonan a la precariedad en la que se encuentra el sector salud.

En este contexto en donde las concesiones y los servicios son entregados a las empresas privadas, la pregunta obligada es ¿y todo el personal que está a cargo de la Secretaría de Salud? ¿Y las partidas presupuestarias para el pago por sus servicios?, ¿no debería de pensarse en un mejor control y monitoreo de la ejecución de los recursos antes de pensar es su privatización?

Para Morena, el tema del desvío de recursos y el combate a la corrupción que se ejerce no sólo en el sector salud, en todos los sectores públicos, no puede seguir impune, nuestro grupo parlamentario, desde inicios de esta legislatura, ha abanderado el tema de la Austeridad Republicana, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, tenemos comprobado que con poco hemos logrado grandes avances.

En este sentido estamos dando la lucha por erradicar estas prácticas corruptas, una adecuada administración de los recursos federales permitirá un gobierno con mayor eficiencia, eficacia y una adecuada rendición de cuentas. Mientras no haya un control por parte del estado en la ejecución de los recursos federales, el Ejecutivo federal no quitará el dedo del renglón sobre la latente privatización de los servicios de salud, considerando equivocadamente que éste es el mejor camino para resolver la demanda de la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto e invocado en el proemio, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión instruye a la Auditoría Superior de la Federación para que, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, dentro del marco de la revisión de la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal de 2014-2015, fiscalice y audite todos los contratos de servicios financiados por la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz en virtud de las múltiples denuncias de desvió de recursos, corrupción y robo en la entidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2016.

Diputada Mariana Trejo Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a garantizar la seguridad de los habitantes ante el incremento de la tasa delictiva y la inseguridad prevaleciente en toda la entidad, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Mariana Trejo Flores, de la LXIII Legislatura federal e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados que somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Antecedentes

El estado de México es la segunda entidad federativa de mayor importancia en la República Mexicana. Las cifras indican que la entidad mexiquense aporta el 9% del total del PIB Nacional, lo que le coloca en el segundo puesto a nivel nacional, solo por debajo de la Ciudad de México y por encima de Nuevo León, Jalisco y Veracruz.

Tiene una población de 15 millones 180 mil habitantes, según cifras del Inegi para el 2015. La mayor parte de la población se concentra en la zona denominada como Megalópolis en conjunto con la CDMX.

Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán son sus principales centros urbanos, concentrando en éstas ciudades el 40% del total de la población del estado.

Análisis de la Secretaría de Seguridad Pública, revelan que el estado de México, es la entidad donde se cometen más delitos del país con un total de 240, 833 delitos denunciados ante el ministerio público en 2014.1

El Inegi revela que en México sólo el 90% de los delitos son denunciados por temor a represalias, por temor a las autoridades y por la corrupción imperante en las instituciones de justicia y de seguridad pública, en especial las del estado de México. La entidad ha puesto en marcha programas especiales de denuncia a través de medios tecnológicos, sin embargo la sociedad desconfía en estos mecanismos de denuncia debido a la incapacidad de las autoridades para resolver las problemáticas de seguridad de la entidad mexiquense.

Con los datos de Inegi sobre la encuesta de seguridad pública y que sólo se denuncia el 10% de los delitos cometidos en la entidad; en el estado de México se cometen más de 2 millones 483 mil delitos anuales,2 200 mil 694 delitos mensuales y 278 delitos por hora y, se cometen 46 delitos cada 10 segundos.

“El estado de México ocupa la tasa de prevalencia más alta de delitos como robo calificado, asalto con violencia, violación, secuestro, robo a casa habitación, acoso sexual, lesiones, extorsión, timo, robo de vehículos, venta de artículos robados y extorsión por parte de los cuerpos de seguridad.

Los homicidios en el estado de México arrastran una tendencia en ascenso desde hace años incluso. La semana pasada, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública apuntaron que 237 asesinatos ocurrieron durante junio en la entidad, seis más que en el mismo periodo del 2015”.3

El pasado 21 de julio, el Gobernador Eruviel Ávila Villegas ofreció una alianza entre la policía y la ciudadanía. De esta cuenta, propuso la creación de consejos municipales de seguridad, que puedan interconectarse. Sin embargo, en marzo el Gobernador impulso la llamada “Ley Atenco”, que criminaliza la protesta social y permitía el uso de armas contra civiles. Y aunque fue aprobada por el Congreso local, el mismo Ávila Villegas tuvo que pedir su inconstitucionalidad, concedida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a las críticas a nivel nacional.

El miedo es lo que ahora prevalece al momento de exigir derechos en el estado de México, han referido activistas.4

La seguridad en el estado de México se ha salido de control. La sociedad clama poner un alto a feminicidios, secuestros, extorsiones, robos y asesinatos. Es por eso que este documento va dirigido al gobernador de la entidad, para que en medida de sus posibilidades; ejerza su autoridad y establezca que el estado de derecho y la seguridad imperen en el territorio mexiquense.

Por lo anteriormente expuesto he invocado en el proemio, someto a consideración de éste pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura Federal exhorta al ciudadano Eruviel Ávila Villegas, gobernador constitucional del estado de México a implementar las acciones necesarias para combatir frontalmente la criminalidad imperante en los municipios de la entidad a través del fortalecimiento de la lucha contra la corrupción en los cuerpos de seguridad pública y el desplazamiento de efectivos de seguridad en operativos permanentes.

Notas

1 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/edomex-entidad-donde-se-registr a-la-mayor-cantidad-de-delitos-snsp.html

2 Cálculos propios con las tasas de prevalencia e información del Inegi.

3 http://www.sinembargo.mx/26-07-2016/3071794

4 http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2016/09/mensual-junio-digital.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2016.

Diputada Mariana Trejo Flores (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

“Una buena salud es un deber para ti mismo, para tus contemporáneos, para tus herederos y para el progreso del mundo”.

Gwendolyn Brooks

La salud de las sociedades siempre ha sido reflejo de las formas de vida adoptadas por los individuos, con ello me quiero referir a los hábitos que evidentemente cambian de un tiempo a otro, así las enfermedades que padecen los individuos cambian con el tiempo.

Tal es el caso de la Diabetes, que en un periodo que va de 1980 a 2014 el nivel mundial de personas con esa enfermedad ha aumentado de 4.7 a 8.5 por ciento según datos de la Organización Mundial de la Salud1 . La duplicación de las personas, pasar de 108 millones a 422 millones que tienen dicha enfermedad, es preocupante debido a que gran porcentaje de ellas deriva su enfermedad como consecuencia de la obesidad.

Llegando a este punto, la obesidad y la diabetes resultan tener un alto costo no sólo como capital social, también como gasto del estado en la atención al gran porcentaje de personas que padecen dicha enfermedad. Tan sólo en México el costo anual de la atención de la diabetes para el año 2012 fue de 3 mil 872 millones de dólares según la Encuesta Nacional de la Salud y Nutrición, que representa la atención de 10.6 millones de personas con Diabetes2 .

El aumento en el desarrollo de la diabetes ha dependido del desequilibrio de los dos factores de salud: los hábitos alimenticios y del tiempo dedicado a la realización de actividades físicas. En el primer rubro México es el cuarto consumidor mundial de comida chatarra y primero en América Latina, llegando a consumir hasta 212 kilogramos de comida chatarra al año individualmente, según cifras de la Organización Panamericana de la Salud.3

En cuanto a las actividades físicas, un estudio publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para el año 2009 dio por resultado que los mexicanos ocupaban 48 por ciento de su tiempo libre en ver televisión, en contraste sólo dedicaban 5 por ciento a la realización de alguna actividad física4 . Como podemos apreciar, el aumento de la diabetes sólo es un reflejo de malos hábitos, donde el desequilibrio en el desarrollo de la vida inclina a las personas a descuidar su salud, a incrementar el consumo de comidas chatarra y, a su vez, a invertir poco tiempo en la realización de alguna actividad física.

Al respecto, hay que ser muy conscientes que enfermedades como la diabetes, causadas por la desatención de la salud, debido a que han ido en incremento, es decir, enfermedades como la diabetes, la obesidad y la desnutrición que teniendo un gran impacto económico y más preocupante aun, un gran impacto en la niñez, que al formarse en los mismos hábitos son condenados a sufrir tales enfermedades.

El papel del estado y del gobierno es claro respecto a incentivar la adopción de hábitos distintos, con el aumento al impuesto de comidas chatarra y bebidas azucaradas, se pretende incidir en el aumento de la calidad de vida así como una disminución de estas tendencias. Sin embargo es necesario repensar que el problema no se deriva únicamente de la mala alimentación, también, de hábitos de recreación y cuidado del cuerpo.

En estos tiempos se hace necesaria la adopción de programas y propuestas integrales que promocionen mejores hábitos de vida, a fin de reducir enfermedades propagadas debido al descuido de las personas.

Notas

1 Datos obtenidos del Enlace URL: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/

2 Datos obtenidos del Enlace URL: http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf

3 http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=33205#. WCJwhi3hCUk

4 Datos obtenidos de la OCDE, pagina URL:
http://www.oecd.org/centrodemexico/48porcentajedesutiempolibrededicanlosmexicanosaverlatelevision.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2016.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con motivo del 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

“Ojo con la diabetes; ve por tu salud”

Este 14 de noviembre habrá de conmemorarse el “Día Mundial de la Diabetes”, esta enfermedad es uno de los flagelos de la humanidad; lamentablemente nuestro país se encuentra entre los primeros lugares de países con obesidad, pero más grave aún es que la niñez mexicana sea obesa, condición que es uno de los detonantes de esta pandemia.

Auspiciada por la Organización Mundial de la Salud, esta celebración tiene su origen en el año de 1991. Escogiéndose este día por ser la fecha de nacimiento de Frederick Banting, quien junto con Charles Best, descubrió la insulina, que es la hormona producida por las células beta del páncreas en respuesta al aumento de los niveles de glucosa en la sangre.i

De acuerdo a información que proporciona la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en “los adultos mexicanos se observa una prevalencia de obesidad abdominal del 64.5 por ciento en hombres y 82.8 por ciento en mujeres.”ii Lo que coloca a la población en los mismos porcentajes de riesgo, por lo que es conveniente desarrollar una cultura que mejore la calidad de la alimentación a fin de establecer una ingesta de alimentos balanceados que permitan abatir los altos índices de obesidad en el país, amén de evitar el sedentarismo y propiciar el ejercicio, de esta manera tendremos mentes sanas y cuerpos sanos. Recordemos que una de cada cinco muertes en el país es causada por la diabetes.

De acuerdo a información generada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) se señala que “los costos de atención médica por obesidad y padecimientos relacionados, fluctúa entre los 82 mil y 90 mil millones de pesos anuales, cantidad que para 2017 podría elevarse hasta los 202 mil millones de pesos.”iii

Por lo anterior, es propicio hacer un llamado a las autoridades sanitarias en los tres niveles de la Administración Pública para redoblar acciones e incidir en el abatimiento de los índices de obesidad que están generando entre otros factores diabetes en nuestro país; con mayores campañas de concientización, menos comida chatarra y mejor nutrición, menos vida sedentaria y más actividad física.

En esta fecha, que nos hace recordar el reto que en materia de salud enfrentamos como sociedad, es justo hacer un reconocimiento a los trabajadores de la salud que en sus diarias labores suman esfuerzos por abatir la diabetes en sus diferentes tipos, vaya nuestro reconocimiento especialmente a quienes laboran en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” y al voluntariado del Circulo Azul quienes bajo el lema de “Unidos por la diabetes”, vienen realizando acciones para la atención de los pacientes con esta enfermedad, estamos conscientes que la suma de esfuerzos encaminados a propósitos tan nobles, no solo engrandecen al ser humano, nos engrandecen como nación.

Notas

i Historia de la diabetes, enhttp://fmdiabetes.org/dia-mundial-la-diabetes-2016/ consulta hecha 8 nov. 16

ii Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012

http://ensanut.insp.mx/doctos/ENSANUT2012_Sint_Ejec-24oc t.pdf consulta 8 nov de 2016.

iii Siete de cada diez mexicanos...

http://planoinformativo.com/nota/id/488536/noticia/siete -de-cada-diez-mexicanos-tiene-sobrepeso consulta 8 nov de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2016.

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)


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