Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, el DIF y los gobernadores de las entidades federativas a reforzar las medidas dirigidas a la atención de niños y de adolescentes centroamericanos en tránsito por el territorio nacional, en coordinación con los gobiernos de Estados Unidos de América, El Salvador, Honduras y Guatemala, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Benjamín Medrano Quezada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 24 de octubre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer su informe sobre la problemática de niñas, niños y adolescentes centroamericanos en contexto de migración internacional no acompañados en su tránsito por México, y con necesidades de protección internacional.

De acuerdo con dicho documento, las detenciones de niñas, niños y adolescentes centroamericanos –en el contexto de la migración no acompañada– se duplicaron entre 2014 y 2015, al pasar de casi 11 mil a poco más de 20 mil.

Al presentar dicho informe, el presidente de la CNDH afirmó que “en la mayoría de los casos, las autoridades actúan sin determinar, considerar y proteger el interés superior de la infancia y la adolescencia, lo cual constituye en sí mismo una violación de sus derechos humanos” (consultado en http://www.jornada.unam.mx/2016/10/25/politica/003n1pol el 26 de octubre de 2016, a las 00:49 horas).

El ombudsman nacional señaló que el año pasado los estados con mayor número de detenciones de este grupo fueron Chiapas, Veracruz y Tabasco, con 43, 16 y 10 por ciento, respectivamente. Es decir, casi 70 por ciento de las capturas se realizaron en esas 3 entidades. También afirmó que cerca de 98 por ciento de los menores y adolescentes no acompañados detenidos provienen de Honduras, Guatemala y El Salvador.

El titular de la CNDH precisó ante los medios de comunicación que las cifras mencionadas sólo registran a los menores no acompañados, pues el universo total de los detenidos –entre acompañados y no–suma 36 mil 174 niñas, niños y adolescentes migrantes tan sólo en 2015, e incluso añadió que sólo 12 mil de ellos fueron canalizados a alguno de los albergues de los Sistemas Nacional, Estatales y Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, lo cual supondría que en casi 68 por ciento de los casos son detenidos en los mismos espacios y condiciones que los adultos.

La situación dada a conocer por ombudsman nacional dista de ser nueva, ya que en julio de 2014 se dio a conocer que la cantidad de niños que llegaban solos desde Centroamérica había desbordado la capacidad de atención de la Guardia Fronteriza de Estados Unidos. Más de 52 mil menores habrían sido detenidos desde octubre de 2013 al cruzar la frontera con México. La situación adquirió una gravedad tal que en Texas y Arizona, los centros de detención y las bases militares estaban saturadas y los menores permanecían hacinados a la espera de que las autoridades abrieran el proceso para devolverlos a su país.

Con independencia de lo que las autoridades competentes resuelvan hacer con las propuestas contenidas en el informe elaborado por el organismo encargado de la preservación de los derechos humanos, lo cierto es que México está ubicado en una situación desventajosa para enfrentar adecuadamente la situación aquí plantada, dada nuestra vecindad con Estados Unidos de América y el istmo centroamericano y el sellamiento de nuestra frontera, lo que nos permite afirmar que somos parte de la solución a un problema que se origina fuera de nuestras fronteras y sobre el cual nuestro margen de maniobra es reducido.

Pese a lo anterior, y a que la actual administración federal ha hecho esfuerzos formidables para enfrentar este problema, ninguna acción en defensa del interés superior de la infancia está de más, por lo que se propone exhortar a la Secretaría de Gobernación, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a los titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas a reforzar las medidas dirigidas a la atención de niños, niñas y adolescentes centroamericanos en tránsito por el territorio nacional, en coordinación con los gobiernos de Estados Unidos de América, El Salvador, Honduras y Guatemala.

Por lo expuesto elevo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a los titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas a reforzar las medidas dirigidas a la atención de niños, niñas y adolescentes centroamericanos en tránsito por el territorio nacional, en coordinación con los gobiernos de Estados Unidos de América, El Salvador, Honduras y Guatemala.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2016.

Diputado Benjamín Medrano Quezada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a iniciar el proceso de revisión y actualización de la NOM-008-SSA3-2010, para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad, a cargo del diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Elías Octavio Íñiguez Mejía, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a dar inicio al proceso de revisión y actualización de la NOM-008-SSA3-2010, para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad, al tenor de las siguientes

Exposición de motivos

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Dicha acumulación es factor de riesgo para numerosas enfermedades crónicas, entre las que se incluyen la diabetes tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemia, apnea obstructiva del sueño, artropatía, depresión, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.

Cifras de la OMS, destacan que en 2013, se reportó la existencia de 42 millones de infantes menores de cinco años con sobrepeso, lo cual posiciona a la obesidad infantil como uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI, toda vez que esta enfermedad tiende a agravarse de manera paralela al crecimiento de la persona hasta llegar a la edad adulta, asimismo sobrevendrán consecuencias de enfermedades prematuras como diabetes, enfermedades cardiovasculares, renales del hígado, entre otras cuyos tratamientos representan un gran costo e implican diversas problemáticas para personas en edad productiva en virtud de que el sobrepeso y la obesidad en conjunto con las enfermedades pueden ser incapacitantes.

Se destaca que el 65 por ciento de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad causan más muertes que la insuficiencia ponderal. Entre esos países se incluyen todos los de ingresos altos y medianos. El 44 por ciento de los casos mundiales de diabetes, el 23 por ciento de cardiopatía isquémica y el 7-41 por ciento de determinados cánceres, son atribuibles al sobrepeso y la obesidad.

En México, la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada en 2012, arrojó que para el grupo poblacional de entre 5 a 11 años de edad, la prevalencia en general es de 34.4 por ciento, de la cual 19.8 por ciento tienen sobrepeso y 14.6 por ciento obesidad, lo anterior equivale a 5 millones 664 mil 870 infantes, los adolescentes por su parte, que comprenden el grupo poblacional de los 12 a los 19 años de edad, tienen una prevalencia de sobrepeso y obesidad de 35 por ciento y finalmente 69.4 por ciento de las mujeres mayores de 40 años tienen una prevalencia de 69.4 por ciento y en el caso de los hombres la prevalencia es de 73 por ciento en sobrepeso y obesidad.

Se estima que el sector salud en México destina más de 45 mil millones de pesos anuales en atender las enfermedades relacionadas con sobrepeso y obesidad, además de generarse perdidas de cerca de 2 mil 500 millones de dólares en términos de productividad como resultado de la patología.

Entre las recomendaciones que destaca la OMS, está en primer lugar una dieta saludable, con la finalidad de mantener un peso saludable, reducir la ingesta total de grasas y sustituir las grasas saturadas por las insaturadas, aumentar el consumo de frutas, hortalizas, legumbres, cereales integrales y frutos secos, así como la reducción de la ingesta de azúcar y sal. En segundo lugar, se recomienda la actividad física regular que ayuda a mantener un cuerpo sano.

Una de las alternativas que se ha propuesto para el tratamiento y atención del sobrepeso y principalmente para atender la obesidad mórbida, es la realización de cirugías bariátricas. Se trata de un procedimiento quirúrgico efectivo realizado sobre el estómago o intestinos que ayuda a perder peso en una persona con obesidad mórbida, de acuerdo con la Guía de Referencia Rápida de la Secretaría de Salud. Para la realización de la misma, se requiere de la participación de un equipo multidisciplinario: médico internista, gastroenterólogo, cirujano general, anestesiólogo, endocrinólogo, psicólogo, nutricionista-dietista y trabajador social.

La Organización Mundial de la Salud y Guías Internacionales recomiendan que el punto de corte del índice de masa corporal debe ser mayor a 30 kg/m2. La elección sobre el tipo de procedimiento quirúrgico o el tipo de abordaje dependerá de experiencia local, tanto del cirujano como de la institución, preferencia del paciente y estratificación del riesgo quirúrgico.

Los enfermos de diabetes han logrado, después del procedimiento, dejar el consumo de fármacos debido al cambio de hábitos de alimentación y actividad física, con lo cual han mejorado notablemente su salud; y lo más importante, todos los pacientes que realmente se comprometen con el tratamiento, adquieren confianza, con la finalidad de ser candidatos óptimos y reducir riesgos durante el procedimiento.

Actualmente, no es necesario estar certificado como cirujano bariátra para practicar este tratamiento, dicha certificación es opcional. Sin embargo, el 11 de septiembre de 2009, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la práctica de la cirugía bariátrica en México, el cual estipula, en su artículo quinto, la necesidad de evaluar las competencias y habilidades de los cirujanos que realicen la cirugía bariátrica: “Se exhorta a la Academia Nacional de Medicina y a la Academia Mexicana de Cirugía para que a través del Comité Normativo Nacional de Certificación de Especialidades Médicas, el Consejo Mexicano de Cirugía General y el Consejo Mexicano de Anestesiología, incorporen a sus estándares de evaluación aquellos que midan las competencias y habilidades específicas de los cirujanos y anestesiólogos que realicen cirugía bariátrica.”

Así mismo, la reforma a los artículos 81 y 83 de la Ley General de Salud, así como la adición del artículo 272 Bis, 272 Bis 1, 272 bis 2 y 272 Bis 3 de la Ley General de Salud, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 01 de Septiembre de 2011, y la publicación, el 25 de Marzo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, de los lineamientos a los que se sujeta el Consejo Normativo Nacional de Especialidades Médicas (Conacem) y los Consejos de Especialidades, hace obligatoria la certificación para el profesional de la salud que realice procedimientos quirúrgicos de especialidad como es el caso de la cirugía bariátrica. De acuerdo a la reforma en comento, será el Consejo Normativo Nacional de Especialidades Médicas (Conacem), considerado como un organismo auxiliar de la Administración Pública Federal, el único facultado para supervisar el entrenamiento, habilidades, destrezas y calificación de la pericia que se requiere para la certificación y recertificación en las diferentes especialidades de la medicina reconocidas por el Conacem.

En este sentido, desde 2013, el Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas, AC, diseño un programa de certificación para los cirujanos bariátras, en coordinación con el Consejo Mexicano de Cirugía General, AC, y avalado por el Conacem, gracias al cual, los médicos pueden acceder a un programa de certificación con reconociendo y validez. De igual forma el Colegio ha diseñado un programa de acreditación de centros de excelencia en México, el cual avala el proceso para la realización de la cirugía bariátrica segura.

Por lo anterior, consideramos necesario regular el proceso de cirugía bariátrica, en aras de contar con certidumbre jurídica al respecto, por la salud y seguridad del paciente.

Consideraciones

1. De acuerdo al artículo 39, fracciones VI, VII, XXI y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 43 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, es facultad de la Secretaría de Salud expedir Normas Oficiales Mexicanas en el ámbito de su competencia.

2. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, las Normas Oficiales Mexicanas deberán ser revisadas cada 5 años a partir de la fecha de su entrada en vigor, debiendo notificarse al secretariado técnico de la Comisión Nacional de Normalización los resultados de la revisión, dentro de los 60 días naturales posteriores a la terminación del periodo quinquenal correspondiente.

3. La NOM-008-SSA3-2010 entró en vigor el 2 de octubre del 2010, cumpliéndose el plazo de 5 años que marca la Ley para su revisión y actualización.

4. Con fecha 18 de abril de 2016, la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional de Normalización 2016. En donde da cuenta del listado de normas oficiales mexicanas, normas mexicanas y normas de referencia, que se han determinado emitir como proyectos nuevos, actualizar o en su caso cancelar durante el presente año. En el Programa Nacional de Normalización 2016, la NOM-008-SSA3-2010, Para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad está contemplada para modificación para quedar como Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2014, Para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad, en los siguientes términos:

“Plan Nacional de Normalización 2016.

B. Temas reprogramados

B.1) Que no han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación como proyecto para Consulta Pública.

1. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2010, Para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad, para quedar como Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2014, Para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad.

Objetivo y justificación: Establece los criterios sanitarios homogéneos para regular al personal de salud autorizado para otorgar un tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad.

La justificación es adecuar y actualizar los criterios que se deben observar en materia de prevención, tratamiento y control del sobrepeso y la obesidad, así como los requisitos mínimos obligatorios que deben cumplir tanto los establecimientos donde se atiende este padecimiento, como el personal de salud autorizado para ello.

Fundamento legal: Artículos 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3o., fracción XI, 38 fracción II, 40 fracción III y XI, 41, 43, 47 fracciones I y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 3o. fracciones I, II y VII, 13 apartado A fracciones I y IX, 45, 51, 110, 111 fracción ll y 115 fracción II de la Ley General de Salud; 28 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 9o., 10, fracción I, 20, 21, 26, 27, 28, 56, 57, 58, 59, 60,62, 63, 66, 80, 81, 82 y 94 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica; 2 apartado A fracción I, 8 fracción V y 9 fracción IV Bis del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.

Fecha estimada de inicio y terminación: De enero a diciembre del 2016.

Por lo anterior, al ser el objetivo de la NOM establecer los criterios sanitarios homogéneos para regular al personal de salud autorizado para otorgar un tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad , cómo lo es la cirugía bariátrica; y uno de los propósitos que se busca alcanzar con la revisión, es adecuar y actualizar los criterios que se deben observar en materia de tratamiento y control del sobrepeso y la obesidad, así como los requisitos mínimos obligatorios que deben cumplir tanto los establecimientos donde se atiende este padecimiento, como el personal de salud autorizado para ello, es que resulta no solamente relevante, sino conducente, que la Secretaria de Salud, tome en consideración los siguientes 3 temas fundamentales durante la revisión de la Norma en mención:

a) Certificación obligatoria para los cirujanos bariátras: Incluir el tema de los centros de excelencia y el equipo multidisciplinario, es importante definir que el tratamiento quirúrgico de cirugía bariátrica debe llevarse a cabo en centros certificados, así como la obligatoriedad de la certificación para los cirujanos bariátras a través del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (Conacem).

b) Indicaciones de la cirugía bariátrica: Estipular claramente en qué casos y bajo qué características está indicada la cirugía bariátrica para la corrección del exceso de peso y la remisión de comorbilidades.

c) Vinculación con guías prácticas: Que la NOM en cuestión, este vinculada con las recomendaciones de las guías de práctica clínica internacionales y del Seguro Popular, así como con otras normas oficiales mexicanas relacionadas y complementarias.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a dar inicio al proceso de revisión y actualización de la NOM-008-SSA3-2010. Asimismo, se considera que es importante someter dicha Norma a consulta pública a través de los mecanismos dispuestos por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria Cofemer. Lo anterior, debido a que la Norma resulta obsoleta a los procesos actuales de atención al sobrepeso y la obesidad; de igual forma, de no encontrarse vigente a dichos procesos, podría traer consigo su cancelación y eventual generación de una nueva Norma.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que durante el proceso de revisión de la NOM-008-SSA3-2010 tome en consideración 3 temas fundamentales: Certificación obligatoria para los cirujanos bariátras, las indicaciones de la cirugía bariátrica y la vinculación con guías prácticas; a efecto de garantizar las mejores condiciones de seguridad y eficacia para los pacientes que se someten a dicho proceso.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2016.

Diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, a cumplir tanto los acuerdos suscritos entre autoridades federales y estatales y el movimiento mazahua el 14 de diciembre de 2006 como el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos, que obliga a desarrollar en las comunidades afectadas por los trasvases acciones de restauración, rescate y preservación de acuíferos, a cargo del diputado Tomás Octaviano Félix, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Tomás Octaviano Félix, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Desde los inicios de la construcción del proyecto hidráulico sistema Cutzamala, los habitantes de las comunidades de la región aledañas a él solicitaron a las autoridades federales, la restitución de los daños causados por las obras de construcción, así como obras de infraestructura hidráulica, eléctrica y caminos que compensaran a las comunidades por la extracción de agua de la región.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2010, en los municipios afectados por el sistema Cutzamala en el estado de México habitaban 312 mil 436 personas, parte de ellas se reconocen como pertenecientes al pueblo mazahua, situado en la región centro-occidental del territorio estatal.

La región se ha mantenido durante décadas en el rezago y la marginación con una notable ausencia de servicios básicos como son los de infraestructura para la dotación de agua potable y saneamiento, así como la preservación de sus recursos naturales, los cuales son el sustento de poco más de 27 por ciento del suministro de agua al valle de México y Toluca.

En diciembre de 2006, pobladores de los municipios referidos, se introdujeron a la Planta de Berros del Sistema Cutzamala para cerrar las válvulas de abastecimiento como medida de presión para obtener la atención de las autoridades ocasionando con ello la afectación a más de seis millones de habitantes que quedaron sin agua, por lo que los pobladores tuvieron que enfrentarse a las fuerzas públicas federales y estatales iniciando con ello un severo conflicto.

Resultado de lo anterior, el 14 de diciembre del 2006 se logró la firma de acuerdos con las autoridades federales a través de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional del Agua a través del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México así como del gobierno del estado de México y del entonces gobierno del Distrito Federal con representantes del Movimiento Mazahua, en el cual existió el compromiso de iniciar el diagnóstico y la realización de proyectos ejecutivos para la construcción de infraestructura de agua potable en Villa Victoria, Villa de Allende, Donato Guerra, Valle de Bravo, Ixtapan del Oro, Amanalco de Becerra, Santo Tomás de los Plátanos, Luvianos, Zacazonapan y Otzoloapan, a partir del 15 de enero de 2007 y terminar en abril de ese mismo año. Por ello, en 2007 se terminarían los proyectos ejecutivos de las obras que se acordaran y en 2008 se iniciarían las obras, que se concluirán en 2009.

A la fecha, campesinos, indígenas y habitantes de las comunidades vecinas del sistema Cutzamala no han visto cumplidas sus demandas y exigen legítimamente la dotación de agua potable para sus comunidades, ya que paradójicamente, éstas abastecen al valle de Toluca, municipios del valle de México y la Ciudad de México, mientras que en parte de sus localidades no cuentan con el servicio.

Cerca de 80 por ciento de las viviendas de los 10 municipios en conflicto cuentan con servicio de agua potable pero solo pueden acceder al suministro a través de tandeos de una a dos horas semanales, lo cual atenta contra el derecho al acceso y suministro de agua establecido en el artículo 4o. constitucional.

En los últimos años, a través de gestiones y manifestaciones pacíficas han buscado satisfacer sus demandas sin resultados positivos. A 10 años de lo pactado, no existe cumplimiento a los acuerdos firmados el 14 de diciembre de 2006.

En octubre de 2015, como parte de las discusiones del paquete presupuestal de 2016 y a propuesta del PRD, los grupos parlamentarios que integran la Cámara de Diputados aprobaron modificaciones del artículo 231-A, para que en el párrafo se estableciera:

Los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho a que se refiere el Apartado B, fracción I, del artículo 223 de esta ley por concepto de trasvase de aguas nacionales en términos del diverso 223-Bis de la presente ley, se destinarán a la Comisión Nacional del Agua, para la realización de programas que contemplen acciones de restauración, rescate y preservación de acuíferos y cuencas de la zona o región exportadora.

Esta modificación se concibió para que las comunidades donde se extrae el agua fueran las beneficiarias directas de los ingresos que capta el gobierno federal por el pago de derechos por concepto de trasvase. El gobierno federal, a través de la Conagua, está obligado a dar cumplimiento a esa disposición y destinar esos recursos para el rescate y preservación de cuencas en las zonas donde nace o se dispone del agua trasvasada, que en el caso del trasvase implicado en el sistema Cutzamala podría beneficiar justo a las comunidades de los municipios que exigen obras de infraestructura.

Sin embargo, la Conagua ha desacatado esa disposición y a la fecha no ha diseñado ni implantado programa alguno para aplicar los recursos en las comunidades y regiones exportadoras de agua, afectando con esta omisión principalmente a Villa Victoria, Villa de Allende, Donato Guerra, Valle de Bravo, Ixtapan del Oro, Amanalco de Becerra, Santo Tomás de los Plátanos, Luvianos, Zacazonapan y Otzoloapan, los municipios tributarios del sistema Cutzamala.

Por lo expuesto y fundado sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a cumplir los acuerdos suscritos entre la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional del Agua, el gobierno del estado de México, el gobierno del entonces Distrito Federal y el Movimiento Mazahua a efecto de realizar los proyectos ejecutivos y las obras de infraestructura hidráulicas necesarios para garantizar el suministro continuo y suficiente de agua potable de la planta potabilizadora situada en la comunidad de Los Berros, municipio de Villa de Allende, México; y el derecho humano de acceso al agua en Villa Victoria, Villa de Allende, Donato Guerra, Valle de Bravo, Ixtapan del Oro, Amanalco de Becerra, Santo Tomás de los Plátanos, Luvianos, Zacazonapan y Otzoloapan.

Segundo. La Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, a cumplir las disposiciones establecidas en el segundo párrafo del artículo 231-A de Ley Federal de Derechos, a efecto de iniciar de inmediato programas que atiendan los efectos adversos de los trasvases, especialmente en Villa Victoria, Villa de Allende, Donato Guerra, Valle de Bravo, Ixtapan del Oro, Amanalco de Becerra, Santo Tomás de los Plátanos, Luvianos, Zacazonapan y Otzoloapan, todos ellos municipios tributarios del sistema Cutzamala.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2016.

Diputado Tomás Octaviano Félix (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a fortalecer el Programa de Cáncer en la Infancia y Adolescencia 2013-2018, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Jesús Sesma Suárez, en nombre de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El cáncer se ha convertido en un serio problema de salud pública en todo el mundo, tanto por la carga que su tratamiento supone para los sistemas sanitarios como por el alarmante ritmo de crecimiento de los nuevos casos registrados en los últimos años.

De acuerdo al Informe Mundial sobre el Cáncer 2014, elaborado por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), entidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) especializada en la lucha contra dicha enfermedad, se calcula que en 2012 la carga mundial de cáncer alcanzó los 14 millones de casos nuevos al año, una cifra que se prevé aumente a 22 millones anuales en las dos décadas siguientes. En el mismo periodo, se estima que las muertes por cáncer aumenten de 8.2 millones de defunciones hasta 13 millones cada año.

Ante a este panorama, el doctor Christopher Wild, director del CIIC, señala que se requieren urgentemente mayores esfuerzos en materia de prevención y detección precoz para hacer frente al alarmante aumento de la carga de cáncer a nivel mundial, pues se ha demostrado que el acceso a tratamientos eficaces y asequibles contra el cáncer, incluidos los cánceres infantiles, reduce significativamente la mortalidad, incluso en los países en desarrollo.

Es claro entonces que tanto la incidencia como la mortalidad del cáncer pueden reducirse si los gobiernos, por un lado, se comprometen a aplicar de forma efectiva medidas para proteger a sus poblaciones, implementando planes de prevención del cáncer que limiten la exposición y los comportamientos de riesgo y, por otra parte, realizan esfuerzos para garantizar el acceso oportuno a tratamientos y fármacos adecuados que permita aumentar las posibilidades de curación y supervivencia de quienes padecen esta terrible enfermedad.

Si bien el cáncer en los niños y adolescentes es una enfermedad poco frecuente1 , comparada con la tasa de incidencia en otros grupos etarios, lo cierto es que éste presenta algunas diferencias con respecto a las características del cáncer en los adultos.

En primer lugar, el cáncer es una enfermedad difícil de asimilar, no sólo por la idea ampliamente arraigada de que ésta supone una sentencia de muerte, sino porque además el tratamiento suele ser un proceso agresivo que conlleva momentos difíciles para todos, sin embargo, cuando se trata de niños, esta experiencia se vive con gran dolor, incertidumbre y miedo.

En segundo lugar, está el hecho de que el cáncer en los niños, a diferencia del caso de los adultos, es difícilmente prevenible. De acuerdo al National Cancer Institute, el cual coordina el programa nacional de cáncer en Estados Unidos y conduce la investigación, preparación profesional, prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer, no se conoce cuáles son las causas de la mayoría de los cánceres infantiles.

Cerca de 5 por ciento de todos los cánceres en los niños son causados por una mutación hereditaria (una mutación genética que puede transmitirse de padres a hijos). Las mutaciones genéticas que causan cáncer también pueden presentarse durante el desarrollo del feto en la matriz2 .

Se piensa que la mayoría de los cánceres en los niños, así como en los adultos, surgen como resultado de mutaciones en genes que causan un crecimiento celular descontrolado que derivan en la aparición del cáncer. En los adultos, estas mutaciones genéticas son a menudo el resultado de la exposición a factores ambientales (como el humo del cigarrillo, el asbesto y la radiación ultravioleta del sol). Sin embargo, ha sido difícil identificar las causas del cáncer infantil, debido en gran parte a que el cáncer en los niños es poco frecuente, y a que es difícil determinar si el niño pudo haber estado expuesto temprano en su desarrollo3 .

Atendiendo a lo anterior, en el caso del cáncer en niños y adolescentes, los gobiernos deben mostrar voluntad política para incrementar de manera progresiva los recursos destinados al financiamiento del diagnóstico temprano, así como del tratamiento oportuno y de calidad para menores de 18 años.

En México los esfuerzos en este sentido se resumen fundamentalmente en lo siguiente:

• La creación en 2004 del Consejo Nacional para la Prevención y Tratamiento del Cáncer en la Infancia y Adolescencia (Conacia), lo cual ha permitido la aplicación del Programa de Cáncer en la Infancia y Adolescencia, encaminado a favorecer el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de niñas, niños y adolescentes con cáncer en el país, así como facilitarles el acceso a los servicios de salud para incrementar la posibilidad de supervivencia, disminuir la mortalidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

• El financiamiento de los tratamientos de los casos de cáncer infantil que no cuentan con seguridad social a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

Indudablemente, estos esfuerzos han resultado en un importante avance en cuanto respecta a la lucha contra el cáncer infantil en nuestro país, razón por la cual el Programa de Cáncer en la Infancia y Adolescencia se ha convertido en un proyecto transexenal.

En este sentido, derivado de la emisión del Programa Sectorial de Salud 2013-2018, el gobierno de la república presentó el Programa de Acción Específico Cáncer en la Infancia y Adolescencia 2013-2018 , cuyo principal reto es fortalecer la atención integral, universal y gratuita de los menores de 18 años con sospecha o diagnóstico de cáncer, mediante políticas públicas y educativas que permitan la referencia temprana y tratamiento oportuno de los enfermos, con la intención de incrementar la supervivencia, disminuir la mortalidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familiares.

El programa define claramente objetivos, estrategias y líneas de acción, no obstante, consideramos que es necesario redoblar esfuerzos en dos ámbitos fundamentales: 1) garantizar la cobertura universal para todos los casos de cáncer en menores no asegurados del país; y 2) el financiamiento de gastos complementarios al tratamiento, especialmente de quienes se atienden en lugares diferentes al de su residencia, para reducir al máximo el porcentaje de abandono.

El propio programa refiere que en 2011, 85 por ciento de los casos de cáncer infantil que no contaban con seguridad social fueron financiados por el Seguro Popular. Asimismo, señala que a partir de la instrumentación del financiamiento de la atención médica oncológica en menores de 18 años y la incorporación al catálogo de financiamiento de todos los tipos de cáncer que afectan a este grupo etario, el abandono al tratamiento en las Unidades Médicas Acreditadas para la atención de menores con cáncer disminuyó de 30 por ciento en 2006, a 7 por ciento en 2012, esto de acuerdo a lo reportado por la Dirección General Adjunta de Epidemiología.

Por otra parte, el estudio Comportamiento Epidemiológico del Cáncer en menores de 18 años. México 2008-2014 , realizado por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, establece que la proporción de abandono al tratamiento entre 2000 y 2004 en pacientes sin seguridad social fue superior a 20 por ciento, a partir de 2007 y hasta 2010, con el financiamiento público de los tratamientos, se observó una reducción de esta proporción, ubicándose por debajo de 6 por ciento.

El mismo documento señala que una de las principales causas del abandono del tratamiento es el hecho de que los pacientes tengan que atenderse fuera de su lugar de residencia. Se sabe que más de 11 por ciento de los casos se encuentran en este supuesto. Tan sólo en la Ciudad de México 69 por ciento de los casos atendidos son foráneos. Las familias de quienes se atienden en lugares diferentes al de su residencia deben cubrir gastos como transporte, alojamiento y comida, lo cual no se incluye en la cobertura que ofrece el Estado y en muchos casos resultan incosteables, por lo cual constituyen un factor determinante para la continuidad del tratamiento.

Cabe señalar además, que las organizaciones de la sociedad civil representan un importante soporte para las familias de menores con cáncer, pues complementan el tratamiento financiado por el Estado a través del otorgamiento de apoyos para cubrir las necesidades asociadas al tratamiento.

En este sentido, no podemos soslayar datos aportados por organizaciones civiles con amplia experiencia en la lucha contra el cáncer infantil que nos permiten darnos una idea del rezago que se tiene en cuanto se refiere a los ámbitos señalados:

• La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) estima que el tratamiento para el cáncer infantil cuesta alrededor de 9 mil pesos semanales en promedio, lo cual significa 468 mil pesos anuales. Además, señala que cada año se registran en promedio 7 mil nuevos casos en México, de los cuales estima que 2 mil 500 son atendidos en instituciones de seguridad social; 2 mil tienen cubierto el costo de su tratamiento gracias al Sistema Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular); mientras que el resto no tiene acceso a ningún tipo de atención médica especializada.

• Por otra parte, la organización Casa de la Amistad para Niños con Cáncer señala que, ya considerando el apoyo que otorga el Seguro Popular para el tratamiento, si se desea garantizar la supervivencia del menor, es necesario invertir hasta 150 mil pesos adicionales en gastos complementarios al tratamiento.

Del análisis de lo anterior se desprende la necesidad de implementar las acciones conducentes para garantizar que efectivamente ningún niño, niña o adolescente con cáncer en nuestro país se quede sin tratamiento y, por otra parte, es también imprescindible encontrar una fórmula que permita financiar los gastos complementarios al tratamiento, especialmente de quienes se atienden en lugares diferentes al de su residencia, para reducir al máximo el porcentaje de abandono.

Por lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a fortalecer el Programa de Cáncer en la Infancia y Adolescencia (2013-2018) a fin de garantizar la cobertura universal para todos los casos de cáncer en menores no asegurados, así como el financiamiento de gastos complementarios al tratamiento, especialmente de quienes se atienden en lugares diferentes al de su residencia, para reducir al máximo el porcentaje de abandono.

Notas

1 El término cáncer infantil generalmente se utiliza para designar distintos tipos de cáncer que pueden aparecer en los niños antes de cumplir los 15 años. El cáncer infantil es poco frecuente, pues representa entre un 0.5 por ciento y un 4.6 por ciento de la carga total de morbilidad por esta causa. Las tasas mundiales de incidencia oscilan entre 50 y 200 por cada millón de niños en las distintas partes del planeta. Véase, Organización Mundial de la Salud, “Cáncer Infantil”, en: http://www.who.int/cancer/es/ (consultado el viernes 28 de octubre de 2016).

2 Véase, National Cancer Institute, “¿Cuáles son las posibles causas del cáncer en los niños?”, en: https://www.cancer.gov/espanol/tipos/infantil/hoja-informativa-ninos-ad olescentes (consultado el viernes 28 de octubre de 2016).

3 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Procuradurías de Justicia del DF y de Chiapas a investigar para esclarecer los homicidios de tres mujeres transexuales y enjuiciar a los responsables, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Vidal Llerenas Morales, en representación del Grupo Parlamentario de Morena ante la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Las personas trans, y en general las personas integrantes de la Comunidad LGBTI, (lesbianas, gays, bisexuales, trans e interseuxlaes) , constituyen un grupo en especial situación de vulnerabilidad dada su orientación sexual e identidad de género, las cuales suelen contrastar con las concepciones heteronormativas y dominantes relacionadas con el ejercicio y desarrollo de la sexualidad.

2. Las personas LGBTI suelen ser objeto de actos de violencia y discriminación alimentados por estereotipos de género que promueven su rechazo y exclusión tanto de las instituciones sociales, así como de las posibilidades para el ejercicio igualitario de sus derechos humanos; situación que atenta no sólo contra las condiciones plurales de nuestra sociedad, sino contra el propio texto constitucional en cuyo artículo primero prohíbe cualquier tipo de discriminación, a la vez que protege a todas las personas en contra de cualquier acto que menoscabe sus derechos humanos sobre la base de algún criterio discriminatorio.

3. De acuerdo con información de organizaciones de la sociedad civil, México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en el número de crímenes de odio cometidos en contra de personas integrantes de la comunidad LGBTI. De acuerdo con el informe emitido por la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia, durante los últimos veinte años se han cometido más de mil 200 crímenes en contra de personas LGBTI1 .

4. En este contexto, las personas trans se enfrentan a una situación de riesgo particular, ya que suelen ser víctimas de actos de violencia que atentan contra su dignidad y derechos humanos. De acuerdo con el informe “Violencia contra personas LGBTI” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las personas transexuales suelen ser víctimas de homicidio por armas de fuego y sus cuerpos suelen ser encontrados en lugares públicos2 . Dicha institución destaca que las personas transexuales que se dedican al trabajo sexual suelen ubicarse en una condición de riesgo reforzada en virtud de las actividades que realizan y de los estigmas y estereotipos que suelen rodear tanto a su trabajo como a su identidad de género.

5. Sin embargo, es difícil conocer a ciencia cierta los datos exactos relacionados con los homicidios cometidos en contra de personas trans. La falta de denuncia y el contexto de discriminación derivado de visiones cisnormadas hacen que muchos de los crímenes y violaciones a derechos humanos cometidos en su contra queden en las sombras y en la impunidad.

6. De manera particular, la situación de las personas transexuales en nuestro país ha presentado un incremento negativo considerable. Desde inicios de 2016 y hasta abril, en México se habían registrado tan sólo 18 casos de homicidios cometidos en contra de personas trans3 ; es decir, más de la mitad del total de homicidios cometidos durante el año anterior en contra de la misma población.

7. Desafortunadamente esta tendencia sigue creciendo. En menos de 13 días se han registrado cuatro homicidios cometidos en contra de personas transexuales4 . Dos en la Ciudad de México, uno en el municipio de Comitán, Chiapas y otro más en el municipio de Valle de Chalco. En dos de tales casos, la situación de riesgo y vulnerabilidad de las mujeres víctimas se vio reforzado por el ejercicio de las actividades que realizaban. En los sucesos ocurridos en la Ciudad de México, el caso de Paola se vio empañado por su oficio de trabajadora sexual, mientras que en el caso de Alessa, por el desarrollo de actividades asociadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, así como al trabajo sexual.

8. Estos homicidios –crímenes de odio– dañan la conformación de una sociedad plural y colocan en riesgo la articulación de un tejido social respetuoso de la diferencia. Al mismo tiempo, contribuyen a la reproducción de un clima de violencia y discriminación en contra de las personas transexuales que compromete su seguridad e integridad personal. Por ello, es importante que las autoridades competentes lleven a cabo investigaciones serias y diligentes con el objetivo no sólo de esclarecer los hechos, sino también de poner fin a la ola de violencia y discriminación que afecta, en general a las personas LGBTI, y en particular a las personas transexuales.

9. Para atender esta problemática la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal implementó el Protocolo de Actuación para la atención a las personas de la comunidad lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero e intersexuales (LGBTTTI), publicado en la Gaceta Oficial el 1 de junio de 2012, con la finalidad de atender y resolver estos casos de manera puntual, en tanto que la Procuraduría General de Justicia instrumento el Protocolo de Actuación para el personal de la Procuraduría General de la República en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género.

10. Por ello, y tomando en consideración lo señalado por el propio artículo 1o. de la Constitución, así como por los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que se exhorta a las Procuradurías Generales de Justicia del Distrito Federal, de Chiapas y del estado de México a que inicien y desarrollen, en el marco de sus respectivas competencias, investigaciones serias, efectivas, diligentes y exhaustivas sobre la base de un enfoque y perspectiva de género y derechos humanos a fin de promover y obtener mecanismos de justicia a favor de las víctimas y de sus familiares, tomando en cuenta para ello los Protocolos que se han implementado con esa finalidad.

11. Es importante que las investigaciones a desarrollar se realicen sobre la base de una debida diligencia y con la suficiente sensibilización en materia de género. Resulta fundamental que las autoridades agoten todas las líneas de investigación y analicen con detenimiento la posible comisión de los homicidios –crímenes por razones de odio–. Asimismo, tal como lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos las investigaciones deben adoptarse como un deber jurídico propio y conducir a resultados efectivos a fin de contribuir a la erradicación de la violencia transfóbica y brindar confianza a las víctimas, y en general a la sociedad, en las instituciones estatales.

12. De igual forma, se exhorta a las Comisiones de Derechos Humanos de carácter nacional y local en los respectivos estados, en pleno respeto de su autonomía, así como al Consejo Nacional y de la Ciudad de México para Prevenir la Discriminación para que en el marco de sus competencias adopten las medidas reforzadas de protección, prevención y promoción de los derechos humanos de la población LGBTI, y en particular de las víctimas directas e indirectas de las violaciones cometidas durante los últimos días, a fin de prevenir la repetición de este tipo de actos y evitar conductas y actitudes que re victimicen a las personas involucradas y a la comunidad trans, especialmente aquella que se dedican al trabajo sexual.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las Procuradurías Generales de Justicia del Distrito Federal, del estado de Chiapas y del estado de México a realizar una investigación pronta, exhaustiva, imparcial, efectiva y diligente a fin de esclarecer los hechos y enjuiciar a las personas responsables de los homicidios cometidos en contra de tres mujeres transexuales

Segundo. Se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México; a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Chiapas y a la Comisión de Derechos Humanos del estado de México, sobre la base del principio de autonomía que les rige, a fin de que emitan las medidas necesarias que coadyuven al esclarecimiento de los hechos, a la protección de las personas vinculadas en calidad de testigos, así como para el otorgamiento y seguimiento de medidas de prevención a favor de la comunidad LGBTI y en especial de la población trans.

Notas

1 Véase Informe Crímenes de Odio por Homofobia emitido por la Comisión Ciudadana Contra Crímenes de Odio por Homofobia, disponible en http://www.letraese.org.mx/proyectos/proyecto-1-2/

2 CIDH, Violencia contras Personas LGBTI , OAS/Ser.L/V/II.rev.2, Doc. 36, 12 noviembre 2015, pág. 91

3 Proyecto de Investigación TvT (2016). “Resultados del Observatorio de Personas Trans Asesinadas: actualización IDAHOT 2016” Sitio web del proyecto TvT: http://transrespect.org/es/trans-murder-monitoring/tmm-resources

4 Animal Político, “Asesinan a Alessa Flores, una activista trans y trabajadora sexual, en la CDMX”

http://www.animalpolitico.com/2016/10/alessa-flores-acti vista-trans-cdmx/

Link del cuarto asesinato:

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/edomex/ 2016/10/15/matan-joven-transexual-en-chalco

Link del Protocolo de la PGR

http://www.pgr.gob.mx/que-es-la-pgr/PGR_Normateca_Sustan tiva/ProtocolodeActuacionLGBTI.pdf

Dado en el recinto de la Cámara de Diputados, a 3 de noviembre de 2016.

Diputado Vidal Llerenas Morales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y el comisionado nacional de Seguridad a cumplir en las políticas, los programas y las acciones tendentes a garantizar la seguridad pública de la nación y de sus habitantes los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Marbella Toledo Ibarra, diputada federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con el doctor en Ciencias Políticas Jar Cosuelo, al interior de un estado democrático, la policía es el único organismo público facultado, en circunstancias excepcionales, para requerir de manera coactiva una determinada conducta por parte de las personas que habitan en dicha sociedad, mediante la aplicación inmediata de un amplio rango de fuerza que se extiende desde la mera presencia, hasta la fuerza física propiamente como tal, en sus diversos grados, cuya cúspide se encuentra representada por la fuerza letal.1

Por tal razón, el profesor titular en la Universidad Carlos III de Madrid, Eduardo González Calleja, ha señalado que “el uso de la fuerza física es el rasgo más destacado de la actividad policial” y ha sido definida como “la función de la que aparecen investidos ciertos miembros de un grupo para, en nombre de la colectividad, prevenir y reprimir la violación de ciertas reglas que rigen el grupo, si es necesario mediante intervenciones coercitivas que aluden al uso de la fuerza”.2

Sobre este mismo tema, el doctor Juan Bustos Ramírez, señala que una acción de fuerza por lo general implica, a lo menos, la restricción temporal o suspensión del ejercicio de algún derecho, dicho ejercicio tiene un carácter eminentemente extraordinario, debido a que para dicha suspensión no ha mediado la intervención previa de un órgano de carácter jurisdiccional.3 En este punto, vale la pena reflexionar sobre el uso de la “fuerza no física”,4 dado que su empleo, no suele afectar directamente la integridad corporal de quien la sufre, la discusión entonces, en lo que respecta al presente acuerdo parlamentario, se centra en el adecuado uso de la fuerza física.5

El debate que gira en torno a este tema no es menor, al respecto Giacomo señala que existe una amplia gama de experiencias, desde aquellas que cuentan con una posición teórica de respaldo hasta aquellas que, en la práctica, se resuelven a través de la experiencia que los agentes pueden adquirir en el ejercicio cotidiano de sus funciones,6 éste ha sido el caso mexicano en una vasta generalidad de nuestro país.

Bajo este sendero de ideas, podemos concluir que la prevención de actos de tortura por parte de la policía se encuentra íntimamente vinculado a la determinación de lo que debe entenderse por un adecuado uso de la fuerza: para ello se deben tomar en cuenta los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.

Lo anterior, en razón de que los citados Principios Básicos, fueron formulados por las Naciones Unidas (ONU) para asistir a los Estados Miembros en sus actividades destinadas a asegurar y fomentar el papel que corresponde a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, debiendo ser tenidos en cuenta y respetados por los gobiernos en el marco de sus respectivas legislaciones y prácticas nacionales.

Así?, la adopción de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, permite sostener que el uso de la fuerza corresponde al de una policía moderna y profesionalizada, caracterizada por un importante nivel de preparación profesional y por criterios de legitimidad, transparencia, control y eficiencia de su actuación, cuya realización contribuirá? de mejor forma a garantizar que el ejercicio de la fuerza se mantendrá? dentro de la esfera del derecho y de la justicia. A contrario sensu, el uso desmedido de la fuerza pública agudiza la crisis de inseguridad, que justamente, se trata de combatir.

Nuestro país, guarda una deuda para con los mexicanos, el empleo desmedido de la fuerza física por parte del Estado, las cicatrices que dejaron en nuestras memorias las ejecuciones extrajudiciales cometidas en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014;7 la represión en contra de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, el 9 de julio de 2014, que costara la vida de un niño de 12 años y dejara más de 40 lesionados, al menos 4 de gravedad;8 o la desaparición forzada de 43 estudiantes y el asesinato de 6 personas más, cometidos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014;9 o el enfrentamiento en Nochixtlán, Oaxaca, suscitado el 19 de junio de 201, en donde según el Gobernador del Estado, Gabino Cué y el Comisionado General de la Policía Federal, Enrique Galindo, el “operativo” dejó al menos ocho muertos y 108 heridos.10

La tortura, merece una nota aparte, pues de acuerdo con la publicación “La tortura en México: una mirada desde los organismos del sistema de Naciones Unidas”, publicada por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este crimen de lesa humanidad, es una práctica generalizada en México. Ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, y con fi­nes de castigo e investigación.

En todos estos casos, existió un uso desproporcionado de la fuerza pública, que se agrava a la luz de lo previsto por el artículo 7, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,11 por lo que resulta conveniente su transcripción;

“Artículo 7

Crímenes de lesa humanidad

1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinato;

b) Exterminio;

c) Esclavitud;

d) Deportación o traslado forzoso de población;

e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;

f) Tortura;

g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;

h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;

i) Desaparición forzada de personas;

j) El crimen de apartheid;

k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

2. A los efectos del párrafo 1:

a) Por “ataque contra una población civil” se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política;

b) El “exterminio” comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población;

c) Por “esclavitud” se entenderá el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños;

d) Por “deportación o traslado forzoso de población” se entenderá el desplazamiento forzoso de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional;

e) Por “tortura” se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas;

f) Por “embarazo forzado” se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional. En modo alguno se entenderá que esta definición afecta a las normas de derecho interno relativas al embarazo;

g) Por “persecución” se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad;

h) Por “el crimen de apartheid” se entenderán los actos inhumanos de carácter similar a los mencionados en el párrafo 1 cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen;

i) Por “desaparición forzada de personas” se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.

3. A los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término “género” se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El término “género” no tendrá más acepción que la que antecede.”

Con base en lo establecido en el instrumento internacional,12 es inconcuso concluir que el Estado mexicano, en las acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes, ha perpetrado crímenes de lesa humanidad; evidenciado además que las Instituciones encargadas de las Seguridad Pública de nuestro país no cuenta con los estándares mínimos para el ejercicio de la fuerza.

Por estas razones, la Bancada de los Ciudadanos, con la finalidad de erradicar los abusos en el uso de la fuerza pública de las instituciones de seguridad pública del Estado mexicano, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía popular, el siguiente

Acuerdo Parlamentario

Único. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto a los órdenes de gobierno y esferas de competencia, hace un atento y respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong; y al titular del Comisionado Nacional de Seguridad, licenciado Renato Sales Heredia, para que en las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes, se cumpla con los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de hacer cumplir la ley, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.

Notas

1 Jar Couzelo, Gonzalo. El papel de la policía en una sociedad democrática. 1999

2 González Calleja, Eduardo. “Sobre el concepto de represión”. Hispania Nova. Revista de historia contemporánea número 6, España, 2006.

3 Bustos Ramírez, Juan. Las funciones de la policía y la libertad y seguridad de los ciudadanos. Nuevo Foro Penal, número 32, 1986

4 Varenik, Robert O. (2005) Accountability p.154. Sistema policial de rendicio?n de cuentas. Instituto para la Seguridad y la Democracia AC, – Centro de Investigación y Docencia Económicas, México DF, 2005.

5 Ibídem

6 Barleta, Giacomo. “Evolución de la imagen de la policía y nuevos condicionantes”. Harlax. Número 6. 1992

7 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recomendación 51/2014.

8 http://www.angulo7.com.mx/2016/09/20/autoritarismo-represion-sello-del- gobierno-rmv-fosyppue/

9 http://www.gob.mx/pgr/acciones-y-programas/expediente-caso-iguala

10 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/si-hubo-armas-al-final-del-oper ativo-confirma-enrique-galindo.html

11 El texto del Estatuto de Roma que se distribuyó como documento A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998, enmendado por los procèsverbaux de 10 de noviembre de 1998, 12 de julio de 1999, 30 de noviembre de 1999, 8 de mayo de 2000, 17 de enero de 2001 y 16 de enero de 2002. El Estatuto entró en vigor el 1º de julio de 2002.

12 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Artículo 7.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2016.

Diputada Marbella Toledo Ibarra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados condena el ataque perpetrado contra la sinagoga Agudas Ajim, en la Ciudad de México, y expresa su solidaridad y reconocimiento a la comunidad judía mexicana, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Benjamín Medrano Quezada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El periodista Humberto Mussachio denunció en su columna publicada pasado 20 de octubre que durante la madrugada del viernes 14 de octubre, varios desconocidos penetraron ilegalmente en la sinagoga Agudas Ajim, en la colonia Condesa, templo donde causaron daños y dejaron pintas contra los judíos.1

El diario israelí Jerusalem Post, en la edición del 25 de octubre, informó que un grupo de vándalos quebró cristales y pintó grafitis antisemitas en la referida sinagoga durante dos ataques. Los responsables habrían usado pintura roja, simulando sangre, con la cual habrían escrito la palabra perros y la letra A estilizada, que distingue a los grupos anarquistas.2

Tales hechos se habrían registrado probablemente como reacción al voto de México en la UNESCO con relación al estatus que guardan los lugares santos de Jerusalén.

Con independencia del irrenunciable ejercicio que tiene el presidente de la República sobre la conducción de nuestra política exterior, y suponiendo sin conceder que los referidos ataques hubieran sido una reacción al sentido de la votación de México en la UNESCO, lo que resulta indiscutible es que el ataque a la sinagoga no puede pasar desapercibido pues constituye una muestra grave de odio que pone en peligro la sana convivencia entre los mexicanos y un menoscabo a la libertad religiosa consagrada en la Constitución de la República que perjudica la imagen de México ante el mundo.

El antisemitismo, actitud de odio intolerable en una sociedad democrática como la nuestra, constituye un agravio en contra de una comunidad cuyo peso dentro de nuestra demografía contrasta con sus valiosas aportaciones en los campos de la ciencia, las artes, las finanzas, el comercio, la empresa y el servicio público.

No necesitamos agregar la intolerancia a los problemas que nos aquejan. Quienes desde el anonimato ofenden a sus semejantes no merecen gozar de los derechos que la Constitución les otorga y deben ser sancionados con ejemplaridad y de la manera más severa posible.

Por lo expuesto elevo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados condena enérgicamente el ataque perpetrado contra la sinagoga Agudas Ajim, en la Ciudad de México, y expresa su solidaridad y reconocimiento a la comunidad judía mexicana.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al jefe del gobierno de la Ciudad de México a efecto de que sean investigados los hechos relatados en el resolutivo precedente y sancionados ejemplarmente los responsables de su comisión.

Notas

1 Consultado en

http://www.excelsior.com.mx/opinion/humberto-musacchio/2 016/10/20/1123419 el 25 de octubre de 2016, a las 10:25 horas.

2 Consultado en

http://www.jpost.com/Diaspora/Mexican-synagogue-vandaliz ed-twice-after-Jews-lobbied-against-UNESCO-vote-470814 el 25 de octubre de 2016, a las 10:25 horas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2016.

Diputado Benjamín Medrano Quezada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la prevención de las enfermedades cardiovasculares, cargo del diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Elías Octavio Íñiguez Mejía, diputado de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son un grupo heterogéneo de enfermedades que afectan tanto al sistema circulatorio como al corazón, de ahí se deriva su nombre (cardiovascular), entre las cuales podemos mencionar a: arteriosclerosis, angina de pecho, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, infarto agudo de miocardio (IAM), insuficiencias cardiacas, enfermedad cerebrovascular, trombosis arterial periférica, entre otras.

Se calcula que en 2012 murieron por esta causa 17.5 millones de personas, lo cual representa 31 por ciento de todas las muertes registradas en el mundo. De estas muertes, 7.4 millones se debieron a la cardiopatía coronaria, y 6.7 millones, a los AVC. Más de tres cuartas partes de las defunciones por ECV se producen en los países de ingresos bajos y medios.

De los 16 millones de muertes de personas menores de 70 años atribuibles a enfermedades no transmisibles, 82 por ciento corresponden a los países de ingresos bajos y medios y 37 por ciento se deben a las ECV.

En México, este grupo de enfermedades constituye un problema de salud pública, y al igual que ocurre en otros países del mundo, es el resultado de esta escalada epidemiológica; las enfermedades del corazón constituyen la primera causa de muerte y anualmente ocurren cerca de 70 mil defunciones por este motivo y 26 mil por enfermedades cerebrovasculares. Se presentan 44 mil 70 muertes por enfermedad isquémica del corazón siendo 24 mil 102 hombres y 19 mil 965 mujeres.

Otras enfermedades, como la hipertensión arterial, dislipidemias y obesidad, son factores de riesgo que elevan la probabilidad de presentar estos padecimientos, específicamente enfermedades isquémicas del corazón y enfermedades cerebrovasculares.

México ha logrado una disminución de las enfermedades infecciosas, a través de mejorar la salud materno infantil entre otras acciones y esto se ve reflejado en un aumento de la esperanza de vida, la cual se sitúa actualmente en los 75 años, esto se traduce en un envejecimiento de la población y por ende a una mayor exposición de los factores de riesgo.

Si bien el incremento en las cifras de población con enfermedades cardiacas ha ido en aumento debido al crecimiento de la población de más de 60 años –ya que la prevalencia de padecimientos cardiovasculares es frecuente en los adultos mayores– la obesidad y sus factores asociados, la diabetes y la hipertensión, ganan terreno como el principal factor de riesgo cardiovascular.

La mayoría de las complicaciones pueden prevenirse actuando sobre factores de riesgo comportamentales, como el consumo de tabaco, el alcoholismo y la adicción a sustancias prohibidas, las dietas malsanas y la obesidad, la inactividad física o el consumo nocivo de alcohol, utilizando estrategias que abarquen a toda la población.

Se estima que cada año la enfermedad isquémica crónica cuesta a la Secretaría de Salud mil 220.8 millones de pesos, mientras que al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuesta 8 mil 209.5 millones de pesos1 . La insuficiencia cardiaca cuesta cada año al sistema de salud mexicano 7 mil 556 millones; el infarto al miocardio 22 mil 903; la fibrilación auricular 8 mil 111 millones.

Además de la carga económica directa por la prestación de la atención médica, las enfermedades cardíacas producen una carga financiera a los individuos que presentan la enfermedad y al hogar de los mismos. Por cuestión de disminución de ingreso por ausentismo laboral, la insuficiencia cardiaca provoca una carga financiera anual a los hogares de 19 mil 457 millones de pesos; el infarto al miocardio 16 mil 145 millones de pesos; la fibrilación auricular 246 millones de pesos. Por otro lado, a causa de la muerte prematura y discapacidad de las anteriores tres enfermedades cardiacas, se calcula que el gobierno mexicano ha dejado de recibir cada año 5 mil 815 millones de pesos en impuestos.

Debido a la alta prevalencia y alta carga financiera de las enfermedades cardiacas se sugiere que las instituciones de salud mexicana mejoren la detección temprana de estas enfermedades, así como su diagnóstico y tratamiento oportuno. Lo que se considera son acciones costo-efectivas ya que de esta manera se evitarán o retrasarán las complicaciones de las enfermedades cardiacas, que son fases más costosas de la enfermedad.

Con el objetivo de mejorar las estadísticas de las enfermedades cardiacas, distintos actores han puesto en marcha registros de los individuos que presentan alguna enfermedad cardíaca. Los casos más representativos son: a) el Registro Mexicano de Fibrilación Auricular (Remefa) desarrollado por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, el IMSS y Sanofi-Aventis; b) Registro Nacional de Síndromes Coronarios Agudos (Renasca) del IMSS y c) Registro Nacional de los Síndromes Isquémicos Coronarios Agudos (Renasica) de la Sociedad Mexicana de Cardiología.

El Remefa se inició en el año 2014, registrando a mil 193 pacientes con fibrilación auricular; la iniciativa no ha publicado información sobre la actualización del registro en los años 2015-2016, del mismo modo el Renasca no ha informado sobre datos actuales más allá de 2010. Solamente el Renasica se ha mantenido parcialmente actualizado al publicar el reclutamiento de pacientes durante el año 2014.

Se reconoce que la información aportada por los registros mencionados anteriormente fueron de utilidad para los tomadores de decisión, sin embargo, los registros presentan varias áreas de mejora; la principal se refiere a la desactualización de la información (ninguno de los registros presentan información de 2015); la segunda tiene que ver con la desarticulación de los registros, pues los esfuerzos son aislados, sin intercambio de información además de que el financiamiento no es sostenido, por lo que el registro de los individuos no presentan continuidad.

Se sugiere que en México exista un registro consolidado, sostenido y con seguimiento de las personas que presentan enfermedades cardiacas, ya que esto permitirá generar información clave a los médicos con el fin de mejorar el tratamiento médico que se otorga a estos pacientes; por otro lado, generará información clave para el desarrollo de políticas públicas en salud.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de sus facultades, implemente acciones y programas para la prevención, detección oportuna, tratamiento efectivo y disminución de las enfermedades cardiovasculares en México.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud, en coordinación con las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el ámbito de sus facultades, creen el Registro Nacional para Pacientes con Enfermedades Cardiovasculares.

Nota

1 Figueroa-Lara A, González-Block MA, Alarcon-Irigoyen. Medical Expenditure for Chronic Diseases in Mexico: The Case of Selected Diagnoses Treated by the Largest Care Providers. PLoS One. 2016 Jan 8;11(1):e0145177.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2016.

Diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a realizar por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud diversas acciones en materia de cáncer infantil, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados someten a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Según la Organización Mundial de la Salud, el término “cáncer infantil” generalmente se utiliza para designar distintos tipos de cáncer que pueden aparecer en los niños antes de cumplir los 15 años. Asimismo, refiere que la mayoría de los cánceres infantiles inicialmente presentan signos y síntomas inespecíficos, lo que puede hacer que se detecten en fases ya muy avanzadas.

Existen diferentes tipos de cánceres en los niños, siendo los principales:

• Leucemia linfoblástica aguda : tumor líquido o cáncer en la sangre que comienza en la médula ósea y se disemina por el torrente sanguíneo.

• Sarcoma de Ewing: tumor óseo más común. A menudo afecta la cadera, los muslos, la parte superior de los brazos y las costillas.

• Tumores cerebrales : es básicamente una bola formada por células enfermas que se unen.

• Rabdomiosarcoma : tumor formado por células cancerosas en el músculo.

• Enfermedad de Hodgkin : cáncer del sistema inmunitario.

• Tumor de Wilms: cáncer de riñón.

• Retinoblastoma : comienza en la retina, una capa delgada de tejido que cubre la parte trasera del ojo y permite que una persona vea.

• Tumores de las células reproductoras .

• Osteosarcoma: cáncer de los huesos.

La referida Organización Mundial de la Salud, señala también que a nivel mundial el cáncer infantil es poco frecuente, pues representa entre 0.5 y 4.6 por ciento de la carga total de morbilidad por esta causa, con una incidencia que oscila entre 50 y 200 por cada millón de niños.

En nuestro país, el cáncer es la principal causa de muerte en personas de entre 5 y 14 años, con un promedio anual de 2 mil 150 muertes en la última década y con una incidencia anual de entre 5 mil y 6 mil casos en menores de 18 años.

Para su atención integral existen diversos programas a nivel nacional, por un lado están los servicios de seguridad social en las diferentes instituciones siendo las principales el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); mientras que por el otro, se encuentra el sector poblacional que no cuenta con ninguno de estos servicios y que son atendidos en los hospitales, clínicas e institutos dependientes de la Secretaría de Salud, con un presupuesto otorgado por el Seguro Popular.

Los tratamientos y cuidados son el elemento indispensable para la atención y cura de esta enfermedad, sin embargo, existen servicios que no siempre pueden ser cubiertos por dichas instituciones, tales como el alojamiento, el traslado e incluso ciertos estudios clínicos que no se encuentran contemplados dentro de la cobertura, refiriéndonos específicamente a las instituciones dependientes de la Secretaría de Salud.

La enfermedad debe ser tratada de manera integral, y parte fundamental de ello son los médicos especialistas en pediatría oncológica.

Al respecto, según el estudio Comportamiento Epidemiológico del Cáncer en menores de 18 años. México 2008-2014 , realizado por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia), dependiente de la Secretaría de Salud, señala que en 2014, para brindar atención a los 23 mil casos existentes el sistema de salud contaba con 180 oncólogos pediatras, lo cual representa un déficit en cuanto a los recursos humanos disponibles para la atención del cáncer infantil, pues a cada especialista en nuestro país le correspondería atender 127 casos, mientras que los estándares internacionales recomiendan 2 especialistas por cada 50 pacientes.

Dicha situación refleja un obstáculo importante para la optimización en el tratamiento del cáncer infantil, pues la falta de médicos especialistas impide garantizar la cobertura total de atención a niños con cáncer.

Consideramos importante que esta situación cambie, pues es gracias a la especialización que se logrará aumentar la calidad en los servicios médicos necesarios para dar atención al total de las niñas, niños y adolescentes enfermos de cáncer.

El especialista en oncología pediátrica tiene un papel muy importante en el tratamiento integral del niño con cáncer, y de su actuación va a depender en muchos casos, la supervivencia y calidad de vida futura. La complejidad de los tratamientos oncológicos es cada vez mayor por lo que es necesario que los cirujanos pediátricos tengan una formación específica en cirugía del cáncer infantil, estén familiarizados con las nuevas terapias y trabajen multidisciplinarmente con el resto de equipos médicos. Resulta igualmente necesario promover la formación de otros profesionales de la salud con especialidad en la atención a los niños con cáncer pues son diversos los cuidados específicos derivados de la toxicidad del tratamiento, de las complicaciones que puedan surgir por la propia enfermedad y fundamentalmente de la gran vulnerabilidad de estos pacientes.

Actualmente la Secretaría de Salud cuenta con una Dirección General de Calidad y Educación en Salud, organización rectora con enfoque integrador y de desarrollo que con equidad y transparencia conduce la política nacional en materia de calidad y seguridad en la prestación de servicios de salud, la formación, capacitación y desarrollo del capital humano para la salud, así como la actualización del marco normativo de la atención médica y asistencia social.

Encontrándose dentro de sus atribuciones, la participación en la formación y el desarrollo de los recursos humanos para la salud del Sistema Nacional de Salud en un marco de colaboración entre las instituciones de los sectores salud y educativo, a través del establecimiento de estrategias para fortalecer las competencias de los profesionales de la salud y propiciar su capacidad de respuesta ante las necesidades de salud de la población con la incorporación de tecnologías de la información; así como la promoción de la investigación en sistemas de salud.

En virtud de ello, y atendiendo a la problemática que representa no contar con los especialistas en pediatría oncológica suficientes para atender a la totalidad y creciente tasa de niños enfermos de cáncer, consideramos oportuno someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que a través de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, fomenten la especialización en pediatría oncológica en los médicos, derivado del déficit de éstos en nuestro país, y cuyo objetivo sea homologarla al promedio establecido en los estándares internacionales.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que a través de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, celebre los convenios de colaboración correspondientes con las instituciones educativas públicas o privadas, a efecto de que fomenten la investigación respecto de nuevos tratamientos para el combate al cáncer infantil.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que exhorta a Capufe a realizar acciones para retirar la caseta de cobro Compostela, en el kilómetro 31.600 de la carretera Compostela-Chapalilla, Nayarit, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado Moisés Guerra Mota, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En nuestro país una gran cantidad de transporte de carga, así como de traslados familiares y de negocios se hacen por carretera, no en vano las administraciones estatales y federal dedican una buena parte de sus recursos de inversión a la construcción y mantenimiento de infraestructura vial.

Asimismo, los municipios llevan a cabo importantes gastos de inversión para dar mantenimiento y ampliar la red de carreteras alimentadoras y caminos rurales, por donde inician los viajes por tierra en las diferentes regiones que conforman el territorio nacional.

Sin embargo y derivado en múltiples ocasiones de las condiciones económicas por las que atraviese nuestro país, o bien porque las condiciones económicas o técnico financieras no demuestran posibilidades adecuadas para que la inversión en una vía carretera se haga con recursos públicos, es que se acostumbra llevar a cabo esquemas de concesiones a particulares para que estos arriesguen un capital financiero a cambio de una contraprestación.

De acuerdo con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la red carretera nacional, 143 vías de comunicación corresponden a autopistas concesionadas.

Dichas concesiones han sido otorgadas a distintas compañías con experiencia en la materia como PINFRA, la cual opera 5 de las 10 autopistas más caras del país como son: México-La Marquesa, San Martín Texmelucan-Tlaxcala, Guadalajara-Tepic, Armería-Manzanillo y la Durango-Mazatlán. Así por el estilo otras empresas cobran tarifas consideradas dentro de las más caras del mundo.

Por su parte, dentro de la red de carreteras consideradas como pertenecientes a la red propia de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) se encuentra la Chapalilla-Compostela, carretera construida desde el año 1973 y que hasta la fecha, 43 años después, aún mantiene una caseta de cobro.

Al respecto habría que considerar que el esquema de financiamiento para el diseño, construcción y mantenimiento de dicha vía, estuviera resuelto a lo largo de casi medio siglo de existencia.

La carretera Chapalilla-Compostela es una vía de comunicación que se encuentra en tales condiciones de justifican la existencia de mantenimiento y riesgo para las familias, que no justifica la existencia de una caseta de cobro, que cobra además desde 35 hasta 185 pesos para el paso de automóviles y vehículos de carga.

La realidad de esta vía de comunicación es la de una carretera de dos carriles, estrecha, insegura, peligrosa y que cuando recibe esporádicamente algún tipo de mantenimiento, se afecta gravemente a los usuarios de la misma pues se les obliga a dar un rodeo muy largo hasta encontrar otras vías de comunicación o bien a soportar muchas horas varados en el tránsito, poniendo en riesgo la tranquilidad de las familias y generándole a las empresas de la región notables incrementos en los costos de transportación.

Por lo anteriormente expuesto es que se somete a la consideración de la asamblea el siguiente exhorto con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a realizar las acciones necesarias para retirar la caseta de cobro Compostela, ubicada en el kilómetro 31.600 de la carretera Compostela- Chapalilla en el estado de Nayarit.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2016.

Diputado Moisés Guerra Mota (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a las inmunodeficiencias primarias, a cargo del diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Elías Octavio Íñiguez Mejía, diputado de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. Las Inmunodeficiencias Primarias (IDP) afectan a más de 200 mil personas en México, cada año 2.7 millones de niños y niñas nacen en nuestro país, y de estos 1 de cada 500 presenta una inmunodeficiencia primaria y 1 de cada 8 mil pueden morir por una de estas enfermedades.

2. En el mundo afectan a más de 10 millones de personas. A pesar de esto, apenas se les empieza a prestar atención como un problema de salud.

3. Las IDP son causadas por un defecto en el funcionamiento del sistema inmune debido a una alteración genética. Se han descrito más de 250 diferentes tipos de IDP que varían mucho en su gravedad. Las personas que tienen una Inmunodeficiencia Primaria cursan con infecciones que con frecuencia son recurrentes, persistentes y crónicas y que pueden llevar a daño permanente en los tejidos afectados o incluso causar la muerte si no se diagnostican y tratan de manera apropiada. Sin embargo, no es la única manifestación, ya que se pueden presentar con otros síntomas, suelen iniciar en la infancia temprana, también pueden presentarse en niños más grandes, incluso en adultos.

4. Los problemas que se presentan en las enfermedades genéticas como las inmunodeficiencias han generado retos para la investigación en inmunología para desarrollar mejores técnicas de diagnóstico y tratamientos innovadores. Existen resultados prometedores para las personas con IDP mediante el uso de inmunoglobulina intravenosa, trasplante de células progenitoras hematopoyéticas (médula ósea), remplazo enzimático y proteínas obtenidas por ingeniería genética como el interferón gamma. El resultado de la investigación científica en este campo de la inmunología está generando progreso y beneficio para muchas otras personas que tienen enfermedades como cáncer, SIDA, asma, enfermedades autoinmunitarias y un amplio rango de enfermedades pulmonares y alérgicas.

5. Alrededor de 350 niñas y niños al año sufren una forma grave de inmunodeficiencia primaria y sólo 80 a 100 niñas y niños se reportan cada año, de ellos el 50 % requieren tratamiento con inmunoglobulina (IgG) durante toda su vida.

6. Las infecciones recurrentes pueden requerir el uso de antibióticos los cuales pueden ayudar a prevenir el daño causado por las infecciones crónicas, mejorando las probabilidades de que la persona afectada sobreviva a largo plazo y mejore su calidad de vida.

7. Otro tratamiento importante en cerca del cincuenta por ciento de las IDP es el reemplazo de anticuerpos con inmunoglobulina aplicada por vía intravenosa o subcutánea que es el tratamiento de elección para las enfermedades donde no se producen suficientes anticuerpos o se producen con mala calidad.

8. El Seguro Popular cubre el tratamiento señalado en el párrafo anterior únicamente hasta los 6 años de edad, dejando desprotegida a esta población, con las graves consecuencias vitales que la suspensión de su tratamiento puede ocasionar.

9. En los casos en que las niñas y los niños no cuentan con seguridad social, no reciben ni siquiera este tratamiento, salvo en centros altamente especializados que, por la demanda que tienen, se encuentran saturados.

10. Las inmunodeficiencias primarias (IDP) son poco conocidas por la población. Su desconocimiento genera que la demanda de atención sea poco frecuente, por lo que es necesario dar a conocer este tipo de enfermedades dentro de la sociedad para poder contar con un diagnóstico oportuno que le otorgue calidad de vida a las personas que las padecen.

11. Ahora bien, al incrementar la difusión de la inmunodeficiencias primarias se incrementaran los costos de atención por parte del Sistema Nacional de Salud porque no habrá gastos innecesarios generados por el abuso de medicamentos que sólo se destinan a tratar síntomas, pero que no atienden de raíz el problema, situación que se agrava con las altas tasas de hospitalización, por lo que se considera viable que se considere ingresar dichas inmunodeficiencias en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que lleve a cabo programas y acciones para la debida atención de las inmunodeficiencias primarias en todo el país.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud, al Consejo de Salubridad General y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, para que, en el ámbito de sus facultades, incorporen las inmunodeficiencias primarias en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2016.

Diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la CFE a revisar las tarifas en la zona Vallarta, correspondiente a Nayarit y Jalisco, por los constantes incrementos de la temperatura media, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado Moisés Guerra Mota, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como es bien sabido, el cambio climático en el mundo, se ha vinculado directamente con aumentos constantes en la temperatura media del planeta. desde el inicio de la era industrial y en diferentes partes del mundo, ha provocado efectos diferenciados como son sequías, inundaciones, tornados y huracanes de proporciones descomunales, los cuales en ocasiones llegan a arrasar las actividades económicas y los centros poblacionales causando infinidad de afectaciones a las actividades humanas.

Pero al mismo tiempo, el cambio climático, en su faceta más sensible y que es precisamente la del incremento de las temperaturas, es la que más afecta de manera inmediata a las personas, pues no sólo reduce su capacidad productiva debido a que el calor generado en el entorno reduce su capacidad de trabajo, sino que también tiene afectaciones económicas directamente visibles en el ingreso disponible de las familias.

En el caso de nuestro país, la temperatura media ha venido incrementándose de manera constante, de acuerdo con los reportes de la Comisión Nacional del Agua, desde la década de los años 30 del Siglo XX, debido al creciente proceso de industrialización, desertificación y en el caso de las grandes urbes; de emisiones de gases de efecto invernadero.

En distintas entidades federativas de la República, particularmente en aquellas en el norte del país y el centro norte del altiplano, el incremento de la temperatura media ha sido de hasta 5 grados centígrados en periodos de 10 años, conforme lo registra la citada Comisión Nacional del Agua.

Por ejemplo, en el caso del estado de Baja California, los municipios de Ensenada, Mexicali o Tecate, han experimentado importantes incrementos en la temperatura promedio en los últimos 10 años.

La misma Ciudad de México, también ha visto un notable incremento en su temperatura promedio, existiendo ocasiones en que el termómetro supera los 30 grados centígrados.

La población que habita en los municipios donde el cambio climático y el calentamiento del medio ambiente incide con mayor fuerza, generalmente perciben una merma en sus ingresos disponibles, toda vez que deben de hacer frente a temperaturas consideradas por ellos mismos como “insoportables” con sus propios recursos.

Las familias, muchas de ellas de escasos recursos, se ven en la necesidad de adquirir algún tipo de equipamiento que les provea refrigeración artificial para poder estar al interior de sus viviendas o centros de trabajo y no sofocarse mientras llevan a cabo sus actividades, ya sean estas productivas, lúdicas, familiares o de otro tipo.

En municipios como Bahía de Banderas en el estado de Nayarit, la situación no es menor para las poco más de 121 mil personas que lo habitan, pues están experimentado incrementos constantes en la temperatura media de la zona, lo que se confirma con información de la estación de medición climatológica “Las Gaviotas” dependiente del sistema meteorológico nacional.

El aumento de la temperatura en la región de Bahía de Banderas, es decir; el municipio del mismo nombre y las zonas aledañas, está teniendo un impacto directo en la economía de las familias, pues al utilizar equipos de refrigeración durante más tiempo e intensidad, resulta en el consumo de una mayor cantidad de kilowatts/hora y en consecuencia la Comisión Federal de Electricidad, los cataloga como usuarios a los que les corresponde aplicar la Tarifa de Alto Consumo (TAC), para la que el porcentaje de aportación federal disminuye notablemente y deja al consumidor final un pago mucho más elevado. En la gran mayoría de los casos, este pago es desproporcionado para el verdadero nivel socioeconómico de las familias.

El caso especial de Bahía de Banderas, amerita la revisión de las tarifas que la Comisión Federal de Electricidad asigna a los usuarios domésticos, para que esta baje a un nivel que sea “pagable” por las familias del municipio. Es muy importante que para ello, la propia Comisión tome en cuenta la información climática generada por la citada estación “Las Gaviotas” y corrobore como la temperatura se ha incrementado gradual pero constantemente en los últimos 5 años, alcanzando en muchas ocasiones, temperaturas muy por encima de los 30 grados centígrados, por ejemplo cuando en el años 2013 superó los 32 grados centígrados y a la fecha, la temperatura no cede en la región.

Como ha sido expuesto, el aumento en el costo de la tarifa eléctrica, producto de un mayor uso de equipos refrigerantes, deja una menor cantidad de ingresos disponibles a las familias y en consecuencia, reduce su capacidad de ahorro e inversión en otros rubros como educación, alimentación y ocio.

En virtud de lo anterior, es que me permito proponer al pleno de esta asamblea, el siguiente exhorto con

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a revisar las tarifas del pago por concepto de suministro de energía eléctrica en la zona Vallarta correspondiente a los estados de Nayarit y Jalisco, derivado de los paulatinos pero constantes incrementos en la temperatura media de la región.

Diputado Moisés Guerra Mota (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Sedesol a fin de que en los criterios y requisitos para elegir a las familias que ingresan o reingresan en el programa de inclusión social Prospera se confiera prioridad a las que tengan uno o más integrantes con discapacidad, suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios y el diputado independiente

Quienes suscriben, Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, Claudia Edith Anaya Mota, Juana Aurora Cavazos Cavazos, María del Rocío Rebollo Mendoza, Otniel García Navarro, Oscar García Barrón, Pedro Luis Noble Monterrubio, Pablo Bedolla López, Pedro Alberto Salazar Muciño, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Yulma Rocha Aguilar, Francisco Lauro Rojas San Román, Cristina Sánchez Coronel, Fernando Uriarte Zazueta, Edith Yolanda López Velasco, Benjamín Medrano Quezada, María Gloria Hernández Madrid, Nora Liliana Oropeza Olguín, Alfredo Bejos Nicolás, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, Enrique Rojas Orozco, Matías Nazario Morales, María Angélica Mondragón Orozco, Vitalico Cándido Coheto Martínez, Yarith Tannos Cruz, Francisco Escobedo Villegas, Liliana Ivette Madrigal Méndez, María Ávila Serna, Lorena Corona Valdés, Lía Limón García, Adriana Sarur Torre, Paloma Canales Suárez, Jorgina Gaxiola Lezama, Lucia Virginia Meza Guzmán, María Elida Castelán Mondragón, J. Guadalupe Hernández Alcalá, Isaura Ivanova Pool Pech, Juan Fernando Rubio Quiroz, Armando Soto Espino, Olga Catalán Padilla, Jesús Salvador Valencia Guzmán, Ana Leticia Carrera Hernández, Araceli Saucedo Reyes, Maricela Contreras Julián, Rafael Hernández Soriano, Manuel de Jesús Espino, María Victoria Mercado Sánchez, Moisés Guerra Mota, Jonadab Martínez García, Marbella Toledo Ibarra, Refugio Trinidad Garzón Canchola, René Cervera García, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Lorena Alfaro García, María Verónica Agundis Estrada, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Lilia Arminda García Escobar, Hugo Alejo Domínguez, Federico Döring Casar, Genoveva Huerta Villegas, Arlette Muñoz Cervantes, Kathia Bolio Pinelo, Claudia Sánchez Juárez, María Luisa Sánchez Meza, José Máximo García López, Luis Fernando Mesta Soule, Karina Padilla Ávila, Patricia García García, Guadalupe González Suástegui, Agustín Rodríguez Torres, Cristina Jiménez Márquez, Mariana Arámbula Meléndez, Gretel Culin Jaime, Jisela Paes Martínez, Juan Blanco Zaldívar, Eloísa Talavera Hernández, Juan Corral Mier, Santiago Torreblanca Engell, Sasil de León Villard, Rosalinda Muñoz Sánchez, María Isabel Maya Pineda, Iveth Bernal Casique, Ángel García Yáñez, Érika Briones Pérez, María Bárbara Botello Santibáñez, María del Rosario Rodríguez Rubio, Ximena Tamariz García, Javier García Guerrero, Sara Latife Ruiz Chávez, Cecilia Guadalupe Soto González, Tania Arguijo Herrera, Karen Hurtado Arana, Julio Saldaña Morán, Lluvia Flores Sonduk, Elida Castelán Mondragón, Adriana Terrazas Porras, Juan Antonio Meléndez Ortega, Ana Georgina Zapata Lucero, Brenda Borunda Espinoza, Liliana Oropeza Olguín, Emma Margarita Alemán Olvera, Juan Pablo Piña Kurczyn, Ximena Tamariz García, Gabriela Ramírez Ramos, Angélica Maya Marín, Jacqueline Nava Mouett, Rocío Matesanz Santamaría, Gabriel Casillas Zanatta, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Yahleel Abdala Carmona, Timoteo Villa Ramírez, David Mercado Ruiz, Ricardo Ramírez Nieto, Hugo Éric Flores Cervantes, Ana Guadalupe Perea Santos, Alejandro González Murillo, Norma Edith Martínez Guzmán, Abdies Pineda Morín, Alfredo Ferreiro Velazco, Gonzalo Guízar Valladares, Melissa Torres Sandoval, Erika Arroyo Bello, Ana María Boone Godoy, Francisco Saracho Navarro, María Guadalupe Oyervides Valdez, Adolfo Mota Hernández, Lillian Zepahua García, Marco Antonio Aguilar Yunes, Araceli Guerrero Esquivel, Erika Rodríguez Hernández, Carolina Monroy del Mazo, Miriam Dennis Ibarra Rangel, Olga María Esquivel Hernández, María del Carmen Pinete Vargas, José de Pilar Córdova Hernández, Jesús Sesma Suarez, José Refugio Sandoval Rodríguez, Gloria Himelda Félix Niebla, Georgina Trujillo Zentella, Rosa Elena Millán Bueno, Carmen Salinas Lozano, Mirna Isabel Saldívar Paz, Carmen Campa Almaral, Luis Manuel Hernández León, Angélica Reyes Ávila, Francisco Javier Pinto Torres, Mariano Lara Salazar, María Eugenia Ocampo Bedolla, Karina Sánchez Ruiz, Carlos Gutiérrez García, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, Araceli Damián González, Ernestina Godoy Ramos, Roberto Guzmán Jacobo, Alicia Barrientos Pantoja, Modesta Fuentes Alonso, Norma Xóchitl Hernández Colín, Concepción Villa González, Delfina Gómez Álvarez, Sandra Luz Falcón Venegas y Blanca Margarita Cuata Domínguez; diputadas y diputados federales integrantes de diversos Grupos Parlamentarios y el diputado federal independiente, Manuel Jesús Clouthier Carrillo, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2; del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La discapacidad no es una barrera infranqueable para que las personas puedan gozar de sus derechos humanos elementales, luego entonces, el bienestar de las personas y ejercer sus derechos fundamentales no debería estar condicionado a la situación económica y social de una persona o de su familia. Por ello, es labor de todos los órdenes de gobierno tomar medidas de nivelación e inclusión a favor de las personas con discapacidad, que les permitan desenvolverse, desempeñarse de la mejor manera posible, mejorar su calidad de vida y lograr sus metas personales y familiares.

A pesar de realizarse constantes intentos a través de programas sociales y políticas públicas por parte de los órdenes de gobierno, es innegable que las personas con discapacidad aún viven una situación de vulnerabilidad y que es uno de los grupos más afectados por la discriminación que restringe su acceso a una vida digna y gozar a plenitud de derechos elementales como el empleo, la salud y la educación.

El párrafo quinto del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Asimismo, el artículo 54 de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes señala que es obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno implementar medidas de nivelación e inclusión y realizar acciones afirmativas a fin de promover el respeto a la evolución de las facultades de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

En este mismo sentido, en 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual promueve la inclusión y el respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad, al tiempo que mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para ello.

En la fracción II, artículo 21 de la supra mencionada ley, se señala como una acción de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) el establecer programas para la prestación de servicios de asistencia social para personas con discapacidad en situación de pobreza, abandono o marginación, luego entonces es impórtate, en un primer término, fortalecer los programas actuales de la Sedesol, como el programa de inclusión social Prospera.

Prospera es una de las herramientas más importantes de la actual administración federal para mejorar la calidad de vida de los sectores menos favorecidos, transformar la realidad de miles de familias mexicanas y reducir los índices de pobreza dentro de nuestro país, a través de apoyos económicos para la alimentación y educación, y la incorporación de sus beneficiarios al seguro popular desde mayo de 2016, a fin de mejorar sus condiciones de salud.

Pese a estos esfuerzos, es de llamar la atención que sólo 46.5 por ciento de las personas con discapacidad de 3 a 29 años de edad asiste a la escuela, porcentaje inferior al de las personas sin discapacidad (60.5 por ciento)1 ; de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 (Enadid), 23.1 por ciento de la población con discapacidad no tiene instrucción, cifra considerablemente más alta que la que se observa entre las personas sin discapacidad (4.8 por ciento).

Asimismo, no debe escapar de nuestra atención que los gastos en salud dentro de las familias aumentan cuando en el hogar hay un integrante con alguna discapacidad, esto se ve reflejado en la Encuesta Nacional de Percepción de Discapacidad en Población Mexicana de 2010 (Enpdis 2010) la cual demuestra que el gasto en salud de los hogares donde habita una persona con discapacidad aumenta en 188 por ciento.

Esta realidad se ve reflejada en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 20122 donde se indica que los hogares con personas con discapacidad reportan porcentajes más altos de gasto en alimentos, vivienda y sobre todo en cuidados a la salud, al tiempo que reportan un gasto menor en educación, transporte, vestido y calzado.

Por lo anterior es importante destacar los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía donde señalan que del total de la población de 15 años y más con discapacidad, 32 por ciento no recibe dinero; y quienes tienen un ingreso los perciben a través de su trabajo (40.2 por ciento), los programas sociales del gobierno (39 por ciento), por jubilación o pensión (21.6 por ciento) y por ayuda de personas que viven en el país (12.9 por ciento)3 .

Aunado a lo anterior, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollos Social (Coneval) señala, que la población con discapacidad que tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar registró un incremento, al pasar de 56.5 por ciento (2012) a 60.3 por ciento (2014); es decir, 4.6 millones de personas con discapacidad no contaron con el ingreso suficiente para adquirir la canasta de alimentos, bienes y servicios básicos durante 20144 .

La UNESCO5 estima que alrededor de 40 de los 115 millones de niños y niñas que están fuera de la escuela en el mundo tengan alguna discapacidad. Y que solamente 2 por ciento de los niños y niñas en esta situación consiguen concluir sus estudios. La tasa mundial de alfabetización de personas adultas con discapacidad llega apenas a 3 por ciento, y a 1 por ciento en el caso de las mujeres con discapacidad (PNUD, 1998).

En este orden de ideas, es indispensable que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca y realice una mayor difusión de sus programas de apoyos económicos. Es fundamental para la integración y desarrollo de las personas con discapacidad brindarles los apoyos y herramientas necesarios que promuevan la igualdad de oportunidades y logren un impacto positivo en su calidad de vida.

Si bien los criterios de elegibilidad de Prospera están dirigidos a priorizar a los hogares con mujeres en edad reproductiva y con integrantes menores de 22 años por la importancia de mejorar la calidad de vida de la población económicamente activa a fin de detonar la productividad de nuestro país; es igualmente importante incluir dentro de los mismos a las personas con discapacidad debido a que son un grupo poblacional que puede enriquecer y mejorar sus capacidades.

Como se mencionó anteriormente, los gastos de las familias que tienen un integrante con discapacidad se elevan exponencialmente por lo que se vuelve imperante recibir un apoyo económico extra al ingreso familiar para lograr atender las necesidades básicas de una persona con discapacidad.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2; del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que dentro de los criterios y requisitos para elegir a las familias que ingresan o reingresan al programa de inclusión social Prospera, en las reglas para tal propósito se priorice a las familias donde uno o más integrantes tenga algún tipo de discapacidad.

Notas

1 Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas con discapacidad (3 de diciembre); Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); publicado el 1 de diciembre de 2015; http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/discapacidad0.pdf

2 Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas con discapacidad; Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); publicado el 3 de diciembre de 2013; http://www.conadis.gob.mx/doc/contenidos/inegi_2012.pdf

3 Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas con discapacidad (3 de diciembre)”; Instituto Nacional de Estadística y Geografía; publicado el 1 de diciembre de 2015; http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/discapacidad0.pdf

4 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollos Social. Informe de pobreza en México, 2014. México, DF, Coneval, 2016.

5 http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol4-num2/art4_htm.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2016.

Diputados: Alicia Guadalupe Gamboa Martínez (rúbrica), Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica), Jorge Carlos Ramírez Marín, Juana Aurora Cavazos Cavazos (rúbrica), Marcela González Salas y Petricioli, María de la Paz Quiñones Cornejo, María del Rocío Rebollo Mendoza (rúbrica), Otniel García Navarro (rúbrica), Óscar García Barrón (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Pablo Bedolla López (rúbrica), Pedro Alberto Salazar Muciño (rúbrica), Noemí Zoila Guzmán Lagunes (rúbrica), Yulma Rocha Aguilar (rúbrica), Adriana del Pilar Ortiz Lanz, Maricela Serrano Hernández, Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Cristina Sánchez Coronel (rúbrica), Héctor Javier Álvarez Ortiz, Telésforo García Carreón, Fernando Uriarte Zazueta (rúbrica), Alfredo Anaya Orozco, Edith Yolanda López Velasco (rúbrica), Benjamín Medrano Quezada (rúbrica), María Gloria Hernández Madrid (rúbrica), Guadalupe Chávez Acosta, Nora Liliana Oropeza Olguín (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Enrique Rojas Orozco (rúbrica), Matías Nazario Morales (rúbrica), María Angélica Mondragón Orozco (rúbrica), Ignacio Pichardo Lechuga, Vitalico Cándido Coheto Martínez (rúbrica), Yarith Tannos Cruz (rúbrica), Francisco Escobedo Villegas (rúbrica), Liliana Ivette Madrigal Méndez (rúbrica), Juan Antonio Meléndez Ortega (rúbrica), María Ávila Serna (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Lía Limón García (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Yaret Adriana Guevara Jiménez, Paloma Canales Suárez (rúbrica), Jorgina Gaxiola Lezama (rúbrica), Manuel Jesús Coluthier Carrillo (rúbrica), Lucia Virginia Meza Guzmán (rúbrica), María Elida Castelán Mondragón (rúbrica), J. Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Karen Orney Ramírez Peralta, Isaura Ivanova Pool Pech (rúbrica), Juan Fernando Rubio Quiroz (rúbrica), Armando Soto Espino (rúbrica), Olga Catalán Padilla (rúbrica), Jesús Salvador Valencia Guzmán (rúbrica), Ana Leticia Carrera Hernández (rúbrica), Araceli Saucedo Reyes (rúbrica), Maricela Contreras Julián (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), Manuel de Jesús Espino (rúbrica), María Victoria Mercado Sánchez (rúbrica), Moisés Guerra Mota (rúbrica), Jonadab Martínez García (rúbrica), Marbella Toledo Ibarra (rúbrica), Refugio Trinidad Garzón Canchola (rúbrica), René Cervera García (rúbrica), María Guadalupe Cecilia Romero Castillo (rúbrica), Lorena Alfaro García (rúbrica), María Verónica Agundis Estrada (rúbrica), Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Lilia Arminda García Escobar (rúbrica), Hugo Alejo Domínguez (rúbrica), Federico Döring Casar (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Arlette Muñoz Cervantes (rúbrica), Kathia Bolio Pinelo (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), María Luisa Sánchez Meza (rúbrica), José Máximo García López (rúbrica), Luis Fernando Mesta Soule (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica), Patricia García García (rúbrica), Guadalupe González Suástegui (rúbrica), Agustín Rodríguez Torres (rúbrica), Cristina Jiménez Márquez (rúbrica), Mariana Arámbula Meléndez (rúbrica), Gretel Culin Jaime (rúbrica), Jisela Paes Martínez (rúbrica), Juan Blanco Zaldívar (rúbrica), Eloísa Talavera Hernández (rúbrica), Juan Corral Mier (rúbrica), Santiago Torreblanca Engell (rúbrica), Sasil de León Villard (rúbrica), Rosalinda Muñoz Sánchez (rúbrica), María Isabel Maya Pineda (rúbrica), Iveth Bernal Casique (rúbrica), Ángel García Yáñez (rúbrica), Érika Briones Pérez (rúbrica), María Bárbara Botello Santibáñez (rúbrica), María del Rosario Rodríguez Rubio (rúbrica), Ximena Tamariz García (rúbrica), Javier García Guerrero (rúbrica), Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica), Cecilia Guadalupe Soto González (rúbrica), Tania Arguijo Herrera (rúbrica), Karen Hurtado Arana (rúbrica), Julio Saldaña Morán (rúbrica), Lluvia Flores Sonduk (rúbrica), Elida Castelán Mondragón (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica), Brenda Borunda Espinoza (rúbrica), Liliana Oropeza Olguín (rúbrica), Emma Margarita Alemán Olvera (rúbrica), Juan Pablo Piña Kurczyn (rúbrica), Ximena Tamariz García (rúbrica), Gabriela Ramírez Ramos (rúbrica), Angélica Maya Marín (rúbrica), Jacqueline Nava Mouett (rúbrica), Rocío Matesanz Santamaría (rúbrica), Gabriel Casillas Zanatta (rúbrica), Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Timoteo Villa Ramírez (rúbrica), David Mercado Ruiz (rúbrica), Ricardo Ramírez Nieto (rúbrica), Hugo Éric Flores Cervantes (rúbrica), Ana Guadalupe Perea Santos (rúbrica), Alejandro González Murillo (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), Abdies Pineda Morín (rúbrica), Alfredo Ferreiro Velazco (rúbrica), Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Érika Arroyo Bello (rúbrica), Ana María Boone Godoy (rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), María Guadalupe Oyervides Valdez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Lillian Zepahua García (rúbrica), Marco Antonio Aguilar Yunes (rúbrica), Araceli Guerrero Esquivel (rúbrica), Érika Rodríguez Hernández (rúbrica), Carolina Monroy del Mazo (rúbrica), Miriam Dennis Ibarra Rangel (rúbrica), Olga María Esquivel Hernández (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica), José de Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Jesús Sesma Suarez (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Gloria Himelda Félix Niebla (rúbrica), Georgina Trujillo Zentella (rúbrica), Rosa Elena Millán Bueno (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Mirna Isabel Saldívar Paz (rúbrica), Carmen Victoria Campa Almaral (rúbrica), Luis Manuel Hernández León (rúbrica), Angélica Reyes Ávila (rúbrica), Francisco Javier Pinto Torres (rúbrica), Mariano Lara Salazar (rúbrica), María Eugenia Ocampo Bedolla (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), Carlos Gutiérrez García (rúbrica), Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica), Araceli Damián González (rúbrica), Ernestina Godoy Ramos (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Alicia Barrientos Pantoja (rúbrica), Modesta Fuentes Alonso (rúbrica), Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica), Concepción Villa González (rúbrica), Delfina Gómez Álvarez (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica) y Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a construir en el marco de su competencia el libramiento vial en la cabecera municipal de Atizapán con dirección a Nicolás Romero, en conexión con la autopista Atizapán-Atlacomulco, a cargo de la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, diputada federal integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción I y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a que, en el marco de sus competencias, lleve a cabo la construcción del libramiento vial en la cabecera municipal de Atizapán con dirección a Nicolás Romero, en conexión con la autopista Atizapán-Atlacomulco, al tenor de los siguientes considerandos

Antecedentes

La construcción del tramo de la autopista Atizapán-Atlacomulco es un proyecto que pretende conectar al valle de México con el occidente del país. Entre los beneficios de la obra destaca la consolidación del estado de México como un importante centro logístico del país, debido a que el escenario económico que se configuraría con las conexiones carreteras atraería a la inversión nacional y extranjera.

En ese sentido, el gobierno del estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas y la Dirección General de Vialidad de la Secretaría de Comunicaciones, impulsó la construcción del libramiento vial en la cabecera municipal de Atizapán con dirección a Nicolás Romero. De acuerdo con el acta de la quinta sesión ordinaria del Comité Interno de Obra Pública del estado de México, el trazo del libramiento está constituido por las avenidas Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos (México Nuevo).

La obra constituye una vía de comunicación que permite que los automovilistas que circulan en dirección a Nicolás Romero eviten el paso por la zona urbana de la cabecera municipal de Atizapán, con lo que los habitantes ahorrarían tiempo en su traslado. El libramiento permitirá a los más de 33 mil vehículos que circulan diariamente a través del centro de Atizapán disminuir el tiempo de recorrido de los 5.9 kilómetros de 50 minutos a la mitad, ya que se estima que podrán circular a una velocidad de 70 kilómetros por hora en lugar de los 25 en que actualmente lo hacen.

Conforme al informe de Transparencia Mexicana, organización que fue invitada por los Poderes Ejecutivo y Legislativo del estado de México para fungir como observador ciudadano con la finalidad de dar seguimiento y asesoría en los procedimientos de licitación, se sabe que el proyecto libramiento de la cabecera municipal de Atizapán de Zaragoza con dirección a Nicolás Romero fue inscrito bajo el esquema de proyectos para prestación de servicios, con el cual se propone obtener el Servicio de Disponibilidad Vial, lo cual implica el financiamiento, diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento de las instalaciones de la obra.

El libramiento se inicia en la intersección de boulevard Calacoaya y el boulevard Adolfo López Mateos, y termina al norte en el cruce con la carretera a Atizapán, teniendo como enlace la vía Doctor Jorge Jiménez Cantú. De este modo, tendrá una longitud de 6.8 kilómetros subdivididos en tres tramos: uno de 2.7 kilómetros (paralelo a la Autopista Atizapán-Atlacomulco-Guadalajara), otro ya existente de 0.9 kilómetros (vía Doctor Jorge Jiménez Cantú) y un tercero de 3.2 kilómetros (que finaliza en la intersección con el camino Atizapán de Zaragoza-Nicolás Romero).

En el citado informe de Transparencia Mexicana se hace una descripción de los tramos en los que se divide la obra:

El tramo 1 con una longitud de 3.07 kilómetros, inicia en la intersección de boulevard Calacoaya y el boulevard Adolfo López Mateos, en esta intersección se construirá un distribuidor para permitir los movimientos vehiculares de acceso y salida a este libramiento, además se construirán calzadas paralelas al trazo de la autopista Atizapán-Atlacomulco-Guadalajara en dos cuerpos laterales fuera del derecho de vía de la autopista Atizapán-Atlacomulco-Guadalajara, y que continúa hacia el suroeste hasta conectarse con la vía Doctor Jorge Jiménez Cantú, que constituye el acceso a Chiluca, Valle Escondido y Sayavedra, con una longitud de 3.07 kilómetros, considerando alumbrado en toda la longitud así como señalamiento horizontal y vertical. La sección tipo para este tramo I se considera con dos cuerpos de 10.5 metros cada uno para albergar tres carriles de circulación por cuerpo de 3.50 metros cada uno y acotamiento de 2.50 metros de ancho en la parte exterior, considerando alumbrado en toda la longitud así como señalamiento horizontal y vertical, se construirá además en este tramo un paso superior vehicular, en el cuerpo ubicado en el lado sur que permitirá el flujo continuo de vehículos hacia la vía Doctor Jorge Jiménez Cantú.

El tramo 2 con una longitud de 2.15 kilómetros, comprende la vía Doctor Jorge Jiménez Cantú, la cual cuenta actualmente con dos cuerpos de aproximadamente 17.50 metros de ancho cada uno, con una faja separadora de ancho variable, los cuales a su vez cuentan con tres carriles de circulación por sentido en su sección principal, y se pretende la construcción de ampliaciones laterales de 7 metros de ancho para obtener cinco carriles de circulación en ambos sentidos; en este tramo se contempla también la construcción de un entronque, que permitirá el flujo de vehículos en ambos sentidos hacia el Tramo 3, se considerará la conservación y mantenimiento de la vialidad existente.

El tramo 3 con una longitud de 4.6 kilómetros, inicia en la vía Doctor Jorge Jiménez Cantú hasta intersectar con la carretera a Atizapán, hacia el norte de manera sensiblemente paralela a la autopista La Venta-Chamapa-Lechería. La sección tipo para este Tramo 3, se considera con dos cuerpos de 7 metros cada uno para albergar dos carriles de circulación por cuerpo de 3.5 metros cada uno y acotamiento de 2.5 metros de ancho cada uno, además se incluye en este tramo la construcción de un entronque, que permitirá el flujo de vehículos en ambos sentidos hacia este tramo, procedentes de la carretera a Atizapán en dirección hacia la Vía Doctor Jorge Jiménez Cantú, considerando alumbrado en toda la longitud así como señalamiento horizontal y vertical.

La vialidad en comento no sólo es importante para el municipio de Atizapán, sino que constituye una vía de comunicación terrestre de gran importancia para el estado de México debido a la conexión que puede permitir con otras zonas económicas del país. Por esa razón, el gobierno estatal encabezado entonces por el hoy presidente de la República asumió dicha construcción como uno de sus compromisos1 e hizo pública la cantidad de recursos que se dispondrían: 200 millones de pesos para las obras de mejoramiento y modernización de vías de comunicación, entre las que se encuentra el libramiento motivo de este exhorto.

A pesar de que el proyecto de la obra fue presentado desde 2007 y retomado nuevamente en 2011, todavía no se ha concluido. Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el presente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al gobierno del estado de México a que, en el marco de sus competencias, lleve a cabo la construcción del libramiento vial en la cabecera municipal de Atizapán con dirección a Nicolás Romero, en conexión con la autopista Atizapán-Atlacomulco.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2016.

Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a hacer posible el cumplimiento del objetivo 3.3 de su plan sectorial, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Claudia Sofía Corichi García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a hacer posible el cumplimiento del Objetivo 3.3. del Plan Sectorial de la misma instancia, “impulsar la educación inicial en las diversas modalidades que brindan este servicio con especial énfasis en aquellas que favorezcan a los grupos vulnerables”, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) “Lo que ocurre con los niños y niñas en los primeros años de vida tiene una importancia fundamental tanto para su bienestar inmediato como para su futuro. Si en los primeros años de vida un niño recibe el mejor comienzo, probablemente crecerá sano, desarrollará capacidades verbales y de aprendizaje, asistirá a la escuela y llevará una vida productiva y gratificante. Sin embargo, a millones de niños y niñas alrededor del mundo se les niega el derecho a alcanzar todas sus posibilidades.”1

II. La primera infancia es la etapa de la vida en la que el cerebro se desarrolla con más rapidez, el periodo comprendido entre los 0 y los 5 años es considerado clave para el desarrollo de capacidades físicas, cognitivas y no cognitivas que son determinantes para la salud, el aprendizaje, la sociabilidad, la productividad y el éxito en el corto, mediano y largo plazo. Si no aseguramos que en estos primeros años de vida niños y niñas accedan a un cuidado, nutrición, salud y estimulación adecuada y suficiente, entonces estaremos limitando el desarrollo de sus capacidades de manera irreversible.

III. “Un bebé que pasa sus primeros años de vida en condiciones adversas, sin acceso efectivo a sus derechos, verá severamente limitado su potencial. Es probable que enfrente dificultades para aprender y continuar en la escuela, y consecuentemente tendrá pocas oportunidades de generar un ingreso digno. Aunado a ello, tendrá más probabilidades de sufrir enfermedades crónicas en la vida adulta (como obesidad, hipertensión y diabetes), lo que significa más gasto en salud y menos productividad. En algunos casos también podría tener una mayor propensión a actividades criminales. Todo ello significa una mayor vulnerabilidad y más riesgo de caer en pobreza; así como una creciente desigualdad que tiene su origen desde el nacimiento. También significa un mayor gasto público destinado a actividades remediales y correctivas y un menor potencial de crecimiento económico debido al potencial perdido.”2

IV. El profesor James J. Heckman, Premio Nobel de Economía, demostró que invertir en los primeros años de la vida, genera un altísimo retorno social, alcanzando una tasa de 7 a 10 por ciento anual gracias a mejores resultados en educación, salud, autocuidado, sociabilidad, productividad y menor actividad criminal a lo largo de toda la vida. Esta evidencia económica indica claramente que los gobiernos deberían invertir prioritariamente en esta etapa de la vida, máxime en contextos de escasez de recursos públicos.

V. En México según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), existen cerca de 13 millones de niños y niñas en primera infancia, hablamos de poco más de 10 por ciento de la población del país. De ellos 38 por ciento tiene anemia, 18 por ciento carecen de registro de nacimiento, 16 por ciento vive en condiciones de hacinamiento, 56 por ciento vive en pobreza, y cada dos días muere uno de dos niños o niñas por homicidio o maltrato. Esto a pesar de que el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño señala la obligatoriedad de los estados parte a asignar el máximo de los recursos disponibles para que se realicen los derechos de todos los niños y niñas.

VI. Estos problemas pueden prevenirse, y el potencial nacional puede desarrollarse; lo que necesitamos para lograrlo es invertir más y mejor en la primera infancia. Por desgracia, en México se invierte relativamente poco en los primeros años de vida, y además no existe una política integral para el desarrollo de la primera infancia que garantice que todos los niños alcancen su pleno potencial.

VII. El Programa Sectorial 2013-2018 toma con mucha seriedad la importancia de la educación inicial en la formación de las capacidades de las personas y plantea como objetivo:3

Objetivo 3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.

3.3. Impulsar la educación inicial en las diversas modalidades que brindan este servicio con especial énfasis en aquéllas que favorezcan a los grupos vulnerables.

Líneas de acción

3.3.1. Difundir la importancia de la educación inicial como una etapa que tiene profundos efectos en el desarrollo físico, intelectual y emocional de las personas.

3.3.2. Establecer una política nacional que promueva y facilite la educación en la primera infancia.

3.3.3. Revisar los instrumentos normativos para favorecer la pertinencia y la calidad de la educación inicial.

3.3.4. Impulsar el desarrollo de esquemas de apoyo pedagógico que fortalezcan a las instituciones que ofrecen educación inicial.

3.3.5. Desarrollar una oferta de materiales impresos, audiovisuales y en línea destinada al apoyo de los agentes educativos que ofrecen educación inicial.

3.3.6. Impulsar los modelos de trabajo comunitario con madres y padres de familia para ofrecerles herramientas que contribuyan a la mejor educación de sus hijos.

VIII. Si bien los objetivos y acciones en favor de la educación inicial están claramente descritas en el programa sectorial, sin embargo en 2016 el Programa de Fortalecimiento a la Educación Inicial y Desarrollo Infantil aparecía adscrito a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP), espacio que no tiene como vocación la construcción de la política pública que describe el Programa Sectorial. El PEF 2017 no consideró este programa.

IX. Se necesitan poco más de mil millones de pesos en el presupuesto de 2017, para cubrir las necesidades que demanda la primera infancia en nuestro país, sin embargo la propuesta del Ejecutivo pretende cortar –como en años anteriores– con programas como el de fortalecimiento a la educación temprana y desarrollo infantil, o el de prevención y control de enfermedades, lo que impactaría a millones de niños y niñas si se materializa so pretexto de los recortes al gasto público.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a hacer posible el cumplimiento del Objetivo 3.3. del plan sectorial de la misma instancia: “impulsar la educación inicial en las diversas modalidades que brindan este servicio con especial énfasis en aquéllas que favorezcan a los grupos vulnerables”.

Notas

1 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia División de Comunicaciones, Nueva York, NY 10017, Estados Unidos www.unicef.org/spanish

2 Con información de Un Kilo de Ayuda. 2016

3 Programa Sectorial de Educación 2013-2018, Secretaría de Educación Pública, México, 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2016.

Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivos locales a implantar campañas de toma de conciencia para erradicar las llamadas falsas a los servicios de urgencia, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado José Hernán Cortés Berumen, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 27 de noviembre de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que se establecería el 911 como el nuevo número telefónico para emergencias a nivel nacional, como parte de las diez medidas para “mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho”. El principal argumento a favor del cambio de número del 066 al 911 es que de esta manera los mexicanos podrán contar con un medio eficaz para pedir auxilio en casos de emergencia y este número (911) es el más reconocido a nivel mundial.

De este modo el número único permitirá facilitar la coordinación de las autoridades y establecer un menor tiempo de respuesta ante cualquier emergencia. Con la entrada en operación del 911, México se suma a otros países que ya opera con el número de emergencia y auxilio en el continente, como Estados Unidos, Canadá, Colombia, Argentina, Ecuador y Costa Rica.

A partir del día 3 de octubre de 2016 entró en funcionamiento este número único de atención a llamadas de emergencia. El 911 servirá como sustituto de otros números de emergencias como el 066 o el 088.

De acuerdo a información de la Secretaría de Gobernación, dicha medida entra en práctica en 16 entidades del país Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Será hasta principios del 2017, cuando se implemente en el resto de la República Mexicana.

Este número único de llamadas de emergencia homologa el número en los tres órdenes de gobierno para hacer un llamado ante una situación de peligro médico, de seguridad y/o protección civil.

De acuerdo a la Real Academia Española, emergencia significa “Situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata”1 ante esto, la autoridad se encuentra obligada a actuar en el momento y enviar los servicios de emergencia al llamado.

Estos son los puntos clave de cómo funcionará este número de emergencia:2

1. El 911 atenderá emergencias médicas, de seguridad y protección civil y los ciudadanos podrán acceder a la línea desde teléfonos móviles o fijos.

2. El 911 brindara auxilio en casos de emergencias médicas, de seguridad, de protección civil y ofrecerá atención especial a mujeres en caso de violencia.

3. Estará disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

4. 200 supervisores y 3 mil operadores recibirán las llamadas en 194 centros de atención de emergencias (109 son estatales y 85 municipales) instalados en las 16 entidades federativas donde hoy inició el servicio.

5. Las entidades en las que ya funciona el 911 son: Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Puebla y Zacatecas. (1era etapa)

6. En el resto de la República, el 911 entrara en vigor el 9 de enero de 2017 (2da etapa)

7. Los Centros de Atención de llamadas de emergencia estarán coordinados con estaciones de policía estatales, municipales, agrupaciones de seguridad, de salud, de protección civil y de asociaciones ciudadanas, quienes se coordinarán con Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (Segob).

8. Los centros cuentan con protocolos de emergencias y están coordinados con el Instituto Nacional de las Mujeres, con la Cruz Roja Mexicana, con el Escuadrón de Rescate de la Ciudad de México, con el Sistema Nacional de Protección Civil y con el H. Cuerpo de Bomberos.

9. Se podrán enviar mensajes de texto SMS para solicitar cualquier apoyo y la respuesta se proporcionará exactamente de la misma forma.

10. Las compañías telefónicas deberán habilitar en todos los teléfonos la marcación o envío de mensajes de texto de forma gratuita al 911.

Para el funcionamiento del 911 se creó el Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia que considera 242 tipos de incidentes que deberán ser atendidos por los servicios; 50 de seguridad, 36 médicos, 30 de protección civil, 18 de servicios públicos y ocho de carácter improcedentes. De acuerdo a la página oficial del 911,3 los responsables de responder las llamadas telefónicas fueron preparados en el área sicológica por la Universidad Autónoma de México, además de que cuentan con la capacitación para brindar los primeros auxilios vía telefónica en las 11 situaciones médicas más frecuentes.

Es decir, el recurso humano que se empleará para la operatividad de este sistema no es cosa menor, se trata de personas altamente capacitadas que podrán brindar seguridad a la población mexicana, por lo que resulta decepcionante pensar en malgastar dichos recursos en situaciones que no lo requieren.

En este tenor es importante destacar que este número de emergencia constituye un esfuerzo no sólo operativo, sino económico de la fuerza del estado, por lo que resulta alarmante que de acuerdo a las cifras brindadas por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Álvaro Vizcaíno Zamora, 9 de cada 10 llamadas de emergencia que se hacen en el País resultan falsas o improcedentes, lo que significa alrededor de 9 millones de llamadas mensuales.

Vizcaíno Zamora ha declarado que durante el primer semestre de 2016, los centros de atención de emergencia del país recibieron 58 millones 924 mil 507 llamadas, de las cuales, 52 millones 828 mil 320 llamadas, es decir, el 90 por ciento del total, fueron improcedentes. Cabe resaltar que en voz del propio Secretario, el mayor incremento en llamadas falsas se da durante los periodos vacacionales escolares.4

En consecuencia y apelando a que el buen uso de los servicios de emergencia no es sólo una tarea de la autoridad, sino de la conciencia social que se pueda crear en la comunidad, acerca del costo que tiene una llamada falsa, no sólo en términos económicos, sino la distracción del personal operativo que pudiera estar atendido verdaderas emergencias, resulta fundamental la implementación de campañas de comunicación social que concienticen a la población sobre la optimización del uso del nuevo 911, además de que las autoridades educativas coadyuven con la familia para la propia conciencia de los más pequeños.

Por lo anteriormente expuesto esta honorable Cámara de Diputados extiende el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta atenta y respetuosamente a los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas, a implementar a través de sus áreas de comunicación social, campañas de concientización en medios de comunicación, para el buen uso del número de emergencia 911.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta atenta y respetuosamente a los Ejecutivos de las entidades federativas, para que soliciten a las Secretarías de Educación, implementar programas educativos en las escuelas de nivel básico para el buen uso del número de emergencia 911.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las Legislaturas locales a prever dentro de sus ordenamientos el establecimiento de sanciones pecuniarias a quien o quienes hagan llamadas falsas a los servicios de emergencia.

Notas

1 http://dle.rae.es/?id=EiX5X40

2 http://www.animalpolitico.com/2016/10/funciona-911-numero-emergencias/

3 http://www.gob.mx/911

4 www.mural.com

Palacio de San Lázaro, en la Ciudad de México, a 3 de noviembre 2016.

Diputado José Hernán Cortés Berumen (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades ambientales de los tres niveles de gobierno a ejecutar diversas acciones en el marco de la celebración del Día Mundial de la Ecología, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El párrafo quinto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de toda persona a gozar de un medio ambiente sano para su correcto desarrollo y bienestar, siendo el Estado quien deberá garantizar el respeto a este derecho.

En el ámbito internacional, nuestro país ha asumido diversos compromisos los cuales tratan de establecer e impulsar la armonización de distintos marcos jurídicos locales, por medio de los cuales se pueda garantizar a las generaciones presentes y futuras el disfrute de un medio ambiente sano y adecuado en el cual puedan vivir plenamente.

En este sentido y desde la Conferencia de Estocolmo de 1972, fecha en la que se comenzaron a discutir los problemas medio ambientales vinculados al hombre y su influencia en los diversos ecosistemas, nuestro país ha estado inmerso en los distintos foros internacionales tratando de incidir e incluir en los diversos tratados y acuerdos, temas como la protección de la biodiversidad, el desarrollo sostenible y la participación de las mujeres indígenas en la protección del medio ambiente, entre muchos otros tópicos.

Es innegable afirmar que vivimos en un mundo con recursos finitos, con ecosistemas delicados y con una especie potencialmente peligrosa y depredadora, nos referimos a la especie humana.

Los seres humanos somos una especie relativamente joven, pero que al contar con rasgos evolutivos únicos, hemos sabido dominar el arte de modificar y controlar nuestro ambiente a voluntad, lo anterior ha significado nuestra expansión por todo el globo terráqueo, generando un desequilibrio catastrófico en todos los niveles de los distintos biomas.

Actualmente somos aproximadamente unos 7 mil 500 millones de personas que habitamos el planeta tierra y cada 10 segundos ocasionamos que se pierda una especie viviente y se eliminen el equivalente a 5 canchas de futbol de superficie natural, nos hemos convertido en seres inconscientes que ponderamos los recursos económicos por encima de la preservación ambiental y los beneficios de nuestro medio natural.

Para contrarrestar los efectos de nuestra especie y armonizar nuestra relación con el medio ambiente es que surgió la Ecología, su objeto radica en estudiar las interrelaciones entre los individuos y el medio que les rodea.

La historia de esta disciplina comienza con Ernst Häckel, un discípulo de Darwin, quien utilizó el término de ecología por primera vez en 1869, refiriéndose a las interrelaciones de los organismos con su medio. Tomó el nombre de la palabra griega OIKOS que significa “casa”.

Tenemos entonces que es a mediados del siglo XIX cuando surge una disciplina la cual 150 años después tiene el potencial de salvar nuestros ecosistemas, la ecología nos ha demostrado que podemos ser capaces de vivir en armonía con nuestro entorno, siempre y cuando seamos capaces de cumplir con ciertos objetivos, tales como:

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo;

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible;

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades;

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos;

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas;

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos;

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos;

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos;

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación;

10. Reducir la desigualdad en y entre los países;

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles;

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles;

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos;

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible;

15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica;

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles, y

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

No cabe duda que tenemos un enorme reto por delante, pero confiamos que con el trabajo coordinado y comprometido podemos ser capaces de garantizarles a las generaciones futuras menos problemas y mejores condiciones de vida.

En consonancia con lo anterior, es que conmemoramos cada primero de noviembre el Día Mundial de la Ecología, mismo que nos sirve de recordatorio a todos los habitantes del planeta, de la trascendencia de conocer y valorar las relaciones existentes entre los seres vivos y su medio ambiente, y con ello concientizarnos respecto de la importancia de establecer una relación armónica con nuestro ambiente.

En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las autoridades ambientales de los tres niveles de gobierno para que en el marco del Día Mundial de la Ecología, ejecuten acciones que busquen cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de esta manera se contribuya a generar una relación armoniosa, responsable y respetuosa entre los seres humanos y su medio ambiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a elaborar en el ámbito de su competencia un protocolo nacional que señale las acciones por implantar para detectar, canalizar, atender, prevenir y sancionar los casos de menores de edad víctimas de abuso sexual, a cargo de la diputada Mariana Arámbula Meléndez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Mariana Arámbula Meléndez, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y II, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A pesar de los grandes avances logrados desde la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, aun no se ha logrado un mundo justo y con plena protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es de destacar que desde la entrada en vigor de dicha Convención, las niñas, niños y adolescentes son reconocidos como sujetos de derecho, no solamente como objetos de protección.

“De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con los resultados de la Encuesta Intercensal 2015, en México residen 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, lo que en términos relativos representa 32.8 por ciento de la población total y en cada uno de ellos se identifican necesidades y derechos en momentos muy particulares de su desarrollo. El número de niños ha aumentado ligeramente en las últimas décadas aunque su participación porcentual ha disminuido: en 1990 el número de niños ascendía a 37.1 millones y su proporción respecto del total era de 45.7 por ciento.

Las niñas y niños transitan por varias etapas en las que se identifican necesidades básicas que garantizan su pleno desarrollo. Los primeros años de vida resultan cruciales en la sobrevivencia del niño, por lo que cumplir los cinco años de edad es un logro importante, sobre todo para aquellos que enfrentan un contexto de pobreza, desnutrición y un medio ambiente poco adecuado para su salud. Después de esta edad, asistir a la escuela y recibir una educación de calidad resulta esencial para desarrollar sus potencialidades y ampliar las oportunidades que permitan mejorar su calidad de vida. Datos de la Encuesta Intercensal 2015 señalan que el número de niños menores de cinco años asciende a 10.5 millones, 22.2 millones se encuentran en edad escolar (cinco a 14 años), en tanto que 6.4 millones son adolescentes de 15 a 17 años los cuales requieren de una atención integral en materia de educación, salud e integración social que cumpla las demandas específicas de este grupo que se prepara para integrarse a la vida adulta.”1

La misma publicación muestra que en México, el Módulo de Trabajo Infantil (MTI) en 2013, la tasa de ocupación de la población de 5 a 17 años es de 8.6 por ciento, que corresponde a 2.5 millones de niñas, niños y adolescentes que realizan alguna actividad económica; de ellos, 67.4 por ciento son niños y 32.6 por ciento son niñas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 40 millones de niños y niñas menores de 15 años alrededor del mundo sufren algún tipo de violencia,2 en México las cifras aumentan cada año en este caso un niño puede sufrir maltrato físico, psicológico, abandono grave, abuso sexual entre otros. El abuso sexual infantil puede incluir contacto sexual, aunque también actividades sin contacto directo como el exhibicionismo, la exposición de niños o niñas a material pornográfico, el grooming (acoso sexual cibernético) o la utilización o manipulación de niños o niñas para la producción de material visual de contenido sexual.

De los casos que más nos preocupan es el tema de abuso sexual infantil pues es una de las formas más graves de violencia contra la infancia y conlleva efectos devastadores en la vida de los niños y las niñas que lo sufren.

En 2016 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en un comunicado de prensa alerta sobre el repunte de denuncias recibidas por abuso sexual en escuelas, especialmente contra niñas, durante los últimos tres años. Ante ello, este organismo nacional hace un llamado a las autoridades y la sociedad para generar un esquema preventivo, suficientemente sólido para erradicar conductas aberrantes en los centros escolares.

El abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes en planteles educativos no es exclusivo de un nivel escolar y se presenta lo mismo en escuelas públicas que privadas, mediante distintas modalidades que abarcan, entre otras, violación, tocamientos, lenguaje impropio e insinuaciones3 .

Por otro lado, a estas cifras y datos se suman hechos recientes que fueron objeto de una recomendación de la CNDH, y que muestran la vigencia de estas conductas dolosas en contra de niñas y niños, y la enorme vulnerabilidad en la que se encuentran frente a quienes deberían cuidar de ellos. La CNDH emitió la Recomendación 03/2016, dirigida al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por hechos ocurridos en 2012 consistentes en la violación a los derechos humanos a la integridad personal, el normal desarrollo psicosexual, la legalidad y la seguridad jurídica, en agravio de dos niñas y un niño, atribuibles al personal adscrito a una guardería de dicho instituto4 .

Es doloroso reconocer que hoy en día persiste la violencia hacia los menores de edad, y que además es poco atendida, a pesar de que desde hace muchos años existen en México instituciones encargadas de velar por la seguridad y el bienestar de los niños.

Es imperdonable que en nuestros país existan casos como el de Dafne, de Veracruz, el del extranjero canadiense en Guerrero o el del restaurante en Tabasco, sólo por mencionar algunos, en donde un menor de edad está sufriendo abuso sexual y no estemos haciendo absolutamente nada para prevenirlos.

Actualmente una de las principales instituciones para atender a las niñas y niños víctimas de la violación de sus derechos es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), organismo descentralizado de la administración pública federal, encargado de proponer políticas públicas en materia de atención, asistencia, protección, acceso a justicia y a la reparación de personas en situación de víctimas.

Dentro de las facultades de dicha comisión está la de elaborar protocolos generales de actuación para la prevención, atención e investigación de delitos o violaciones de los derechos humanos, que en este caso, es la atención de los niños mexicanos.

Además de esta comisión ejecutiva están las creadas a través de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Por eso resulta imprescindible asegurar su adecuada implementación y garantizar que los nuevos mecanismos e instituciones previstos por la misma, cuenten con las condiciones y recursos humanos, técnicos y financieros para operar de manera eficiente, por ejemplo, el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y, las Procuradurías de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Estos organismos son indispensables en la tarea de protección de la infancia, por lo que su participación en la instrumentación de un Protocolo de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual es de suma importancia.

Se considera que una mínima parte de la violencia que reciben las niñas, los niños y los adolescentes es la que se denuncia, se documenta o es conocida oficialmente. Ciertamente el interés superior de la niñez ha sido incorporado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para una mayor protección de dichos derechos se expidió la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; sin embargo, persisten el maltrato familiar, el social y el institucional hacia este grupo vulnerable de la población. De ahí la necesidad de que se invierta en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y de que existan recursos para que organismos como los mencionados puedan operar y se instrumenten acciones como el protocolo objeto de este exhorto.

Además, si bien es cierto que han existido avances en la armonización del marco legal con las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, aunque aún nos falta mucho por modificar pues siguen pendientes de cumplir diversas recomendaciones y observaciones finales que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas le ha hecho a nuestro país.

Estos elementos, entre otros, son los que provocan que niñas, niños y adolescentes continúen esperando el pleno reconocimiento del respeto por su dignidad e integridad física, y la asignación de recursos en acciones para prevenir toda forma de violencia contra ellos.

Por todo ello, y ante la gravedad del problema y la responsabilidad del Estado mexicano de garantizar los derechos de todas las niñas y los niños, es urgente que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, formule un protocolo nacional que señale las acciones a implementar para detectar, canalizar, atender, prevenir y sancionar los casos de menores de edad víctimas de abuso sexual.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a efecto de que, en el ámbito de sus competencias, elabore un protocolo nacional que señale las acciones a implementar para detectar, canalizar, atender, prevenir y sancionar los casos de menores de edad víctimas de abuso sexual.

Notas

1. http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/ni por cientoC3 por cientoB1o2016_0.pdf

2 Consultado en: http://www.unicef.org/spanish/protection/index_violence.html

3http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2016/C om_2016_071.pdf

4 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Coordinación General de Comunicación y 4 Proyectos. Comunicado de Prensa CGCP/043/16. Ciudad de México, a 17 de febrero de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2016.

Diputada Mariana Arámbula Meléndez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a implantar diversas acciones relacionadas con la construcción de un desarrollo inmobiliario en Baja California Sur, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Recientemente se dio a conocer en medios de comunicación la construcción de un proyecto inmobiliario en Todos Santos, Baja California Sur, provocando la preocupación de los pobladores por la probable existencia de daños ambientales.

En dicha población se carece de la mayoría de los servicios y la actividad preponderante es la pesca; eso hasta hace no más de 2 años que empezaron a construirse desarrollos hoteleros en playa Punta Lobos, con lo que supuestamente darán paso a la construcción de uno de los proyectos más grandes de la zona denominado “Tres Santos”, con 414 hectáreas en donde se desarrollarán casas, una universidad, áreas comerciales, huertos orgánicos, 3 hoteles, una granja, un club deportivo y una planta desalinizadora, a cargo de la empresa Mira Companies y cuya inversión supuestamente ascenderá a 6 mil millones de pesos.

Las construcciones iniciaron en el año 2015 y la principal preocupación de los pobladores, es que se encuentra sobre un acuífero que en los últimos años ha presentado problemas de déficit de agua, denunciando también una supuesta extracción ilegal de más de 30 litros por segundo de agua subterránea a pesar de haberse hecho público que la empresa encargada del desarrollo inmobiliario sí pagó derechos de conexión a la red de agua potable del Municipio, sin embargo, que sólo se hizo durante la primera etapa de construcción del mega proyecto.

Otra problemática evidenciada resulta de la revisión de las concesiones de las cooperativas pesqueras, mismas que se encuentran proyectadas en medio del mar, por lo que el entonces delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de dicha Entidad, supuestamente aceptó abiertamente la existencia de un error en la medición, invitando a las cooperativas y a la empresa encargada del desarrollo Tres Santos a llegar a un acuerdo.

Por último, las cooperativas pesqueras refieren sentirse vulnerables ante dicha situación sumado a los acontecimientos ambientales que en 2015 disminuyeron la superficie de playa, mermando con ello el espacio de trabajo de dichos pescadores, situación que queda fuera del dominio de cualquiera de los actores.

Dicha problemática ha obligado tanto la cooperativa de pescadores como la empresa ha entablar una mesa de diálogo para intentar encontrar un acuerdo que beneficie a ambas partes, sin embargo, éste no ha podido consolidarse.

Es un hecho que la situación deja en evidencia las probables inconsistencias en la construcción del desarrollo inmobiliario Tres Santos en Baja California Sur, sin embargo no podemos señalar a cargo de quién se encuentran las mismas, pues si bien, existen un sector –cooperativas pesqueras– que manifiesta se han vulnerados sus derechos, lo cierto es que la empresa constructora también afirma contar con las autorizaciones correspondientes para el desarrollo de las actividades que ejecuta en la zona.

Por todo ello, consideramos oportuno someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de que realice una investigación que permita esclarecer la problemática originada por la aparente autorización de la construcción de un desarrollo inmobiliario denominado Tres Santos en el estado de Baja California Sur, en perjuicio de cooperativas pesqueras que desarrollan una de las actividades económicas preponderantes de la zona, en la misma superficie supuestamente otorgada en concesión, autorización o permiso a la empresa Mira Companies.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que derivado de la investigación realizada, de existir, revise los documentos administrativos emitidos a efecto de que se garantice que la construcción del referido desarrollo inmobiliario se apegue a las respectivas autorizaciones y al cumplimiento de las leyes ambientales aplicables.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que, de ser el caso, revise y regularice las concesiones de las cooperativas pesqueras que denunciaron errores técnicos en la proyección de coordenadas geográficas ubicadas dentro del mar.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 días del mes de noviembre del año 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolín Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir los reglamentos correspondientes a las Leyes Orgánicas de los Institutos Nacionales de Antropología e Historia, y de Bellas Artes, a cargo del diputado Santiago Taboada Cortina, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Santiago Taboada Cortina, diputado federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Sin duda, la protección, conservación, fomento y difusión del patrimonio cultural, en todas sus modalidades, es una de las actividades sustanciales del Estado mexicano en esta materia. En particular, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos, como lo establece el artículo 2o., de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, sobre todo si consideramos que los últimos gobiernos han venido impulsando programas de turismo cultural en los que ha costado desarrollar criterios de sustentabilidad y aprovechamiento del patrimonio cultural, que en algunos acasos han quedado solo en una explotación del mismo.

Por su parte el Instituto Nacional de Antropología e Historia es el organismo del gobierno federal fundado en 1939, para garantizar la investigación, definiciones técnicas, protección y difusión del patrimonio prehistórico, arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de México, por lo que no omito reconocer que su creación ha sido fundamental para preservar nuestro patrimonio cultural de nuestro país.

Del mismo modo, tanto el Instituto Nacional de Antropología e Historia como el Instituto Nacional de Bellas Artes son los custodios por determinación de ley, del patrimonio arqueológico, prehispánico, histórico y artístico de la nación mexicana.

Por su parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene como misión investigar, conservar y difundir el patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de la nación con el fin de fortalecer la identidad y memoria de la sociedad que lo detenta. En su visión reconoce tener plena facultad normativa y rectora en la protección y conservación del patrimonio cultural tangible e intangible, y se encuentra a la vanguardia gracias a su nivel de excelencia en investigación y en la formación de profesionales en el ámbito de su competencia. Asimismo, sus actividades tienen alto impacto social, pues junto con los diferentes niveles de gobierno y sociedad participa en la toma de decisiones para la conservación y conocimiento del patrimonio, y de la memoria nacional.

Además es responsable de más de 110 mil monumentos históricos, construidos entre los siglos XVI y XIX, y 29 mil zonas arqueológicas registradas en todo el país, aunque se calcula que debe haber 200 mil sitios con vestigios arqueológicos de las cuales 181 están abiertas al público. Además tiene una amplia red de 120 museos en el territorio nacional divididos en categorías, obedeciendo a la amplitud y calidad de sus colecciones, su situación geográfica y el número de sus visitantes.

No puedo dejar de mencionar los museos nacionales, regionales, locales, de sitio, comunitarios y metropolitanos, así como los importantes acervos documentales que resguardan la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, y el Sistema Nacional de Fototecas y reconocemos que el patrimonio cultural que resguarda es la columna vertebral del turismo cultural del país, ese binomio que nos hizo volver a la lista de los diez países más visitados del mundo.

Consideraciones

1. Que para el cumplimiento de su misión, visión y objetivos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia cuenta con una Ley Orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1939, sin que hasta el momento haya sido publicado su reglamento por parte del Ejecutivo federal.

2. Que el Instituto Nacional de Bellas Artes es el organismo cultural del gobierno responsable de estimular la producción artística, promover la difusión de las artes y organizar la educación artística en todo el territorio nacional.

3. Que el Instituto Nacional de Bellas Artes fue creado mediante decreto presidencial del entonces presidente Miguel Alemán Valdés, y tiene como misión la de preservar y difundir el patrimonio artístico nacional, así como difundir y promover la creación de las artes e impulsar la educación e investigación con la participación de los tres niveles de gobierno y de la sociedad para mejorar la calidad de vida de los mexicanos.

4. Que tiene bajo su responsabilidad el reconocido Centro Nacional Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam), encargado de la preservación del patrimonio artístico nacional a través del fortalecimiento y actualización de los sistemas y mecanismos de catalogación, registro, conservación y restauración, tanto en los aspectos normativos, como en los técnicos y de gestión. Asimismo, de una cantidad importante de grupos artísticos de gran reconocimiento nacional e internacional, museos, galerías, escuelas y centros culturales. Y que de la misma manera que el patrimonio arqueológico, prehispánico, e histórico, el patrimonio artístico que el INBA resguarda y promueve, es también fundamental para el desarrollo del turismo cultural del país.

5. Que para el cumplimiento de sus fines, el Instituto Nacional de Bellas Artes cuenta con una Ley Orgánica vigente desde el 31 de diciembre de 1946, sin que hasta el momento haya sido publicado su reglamento por parte del titular del Ejecutivo federal.

6. Que contamos ya con una Secretaría de Cultura aprobada por este mismo pleno, y la Comisión de Cultura y Cinematografía que me honro en presidir, tiene la encomienda de diseñar, impulsar y presentar ante ustedes una Ley de Cultura que garantice el derecho de acceso a la cultura y el ejercicio de los derechos culturales. Esta ley es parte central de la agenda legislativa de los partidos representados en esta Cámara. Representa el tercer paso natural de la reforma cultural que comenzó en 2009 con el establecimiento en la Constitución del derecho de acceso a la cultura y que continuó con la aprobación de la Secretaría de Cultura, por lo que toca ahora abrir paso a la aprobación de la ley que materialice esta importante reforma.

7. Que no podemos avanzar y terminar con esta reforma cultural, encaminada a establecer un orden en lo jurídico y administrativo del ahora sector cultural, teniendo pendiente la aprobación de los reglamentos de las leyes orgánicas de los institutos nacionales de antropología e historia y bellas artes, respectivamente. Por lo que considero, en mi calidad de legislador, que es el momento idóneo para poner al día las instituciones culturales del país y garantizar así, tanto el acceso a los bienes y servicios culturales como la protección, conservación y difusión de los mismos.

Con base en lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo, a expedir los reglamentos correspondientes a las Leyes Orgánicas del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Instituto Nacional de Bellas Artes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2016.

Diputado Santiago Taboada Cortina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ISSSTE a implantar un programa de vales de medicinas en otras entidades federativas del país para dar abasto a los derechohabientes, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Organización Mundial de la Salud establece que el goce del grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano.

En este sentido el derecho a la salud incluye el acceso a una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria. A pesar de lo anterior, aproximadamente 150 millones de personas en todo el mundo se encuentran cada año en una situación financiera catastrófica y 100 millones de personas se ven empujadas a vivir por debajo del umbral de la pobreza debido a sus gastos sanitarios.

Lo anterior es lamentable ya que el derecho a la salud implica que los Estados creen las condiciones que permitan que todas las personas puedan vivir lo más saludablemente posible.

El derecho a la salud está consagrado en tratados internacionales y regionales de derechos humanos y en las constituciones de países de todo el mundo.

En nuestro país el derecho a la salud está plasmado en el párrafo cuarto del artículo 4o. constitucional.

A pesar de lo anterior uno de los problemas más comunes de la sociedad en México, es la inequidad en el acceso de la población a los servicios de salud y si bien el gobierno ha destinado importantes recursos para atajar este problema los cierto es que todavía persisten obstáculos en la consolidación de un sistema que haga efectivo el derecho a la salud de las y los mexicanos establecidos en nuestra constitución y en múltiples tratados internacionales.

En este sentido, tenemos que la gran mayoría de la población, unos 96 millones es atendida por el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular, de lo anterior podemos inferir que un gran alto porcentaje de la población mexicana cuenta actualmente con un esquema de atención financiera para la atención de la salud. Sin embargo lo anterior no implica que el total de esta cifra cuente con una atención oportuna, de calidad y con abasto de medicamentos a precios bajos.

El acceso a los medicamentos tiene un alto impacto sobre los servicios, ya que son un insumo básico del proceso terapéutico.

El uso racional de medicamentos requiere un abasto suficiente, oportuno y económicamente accesible de medicamentos para toda la población y es un objetivo fundamental de los sistemas nacionales de salud.1

Sin embargo, en México aún existen poblaciones que carecen de acceso oportuno y suficiente a las medicinas. El desabasto de medicamentos ha sido un problema constante, debido a las crisis económicas, la desorganización y la falta de transparencia del sector.

Por lo anteriormente expuesto y debido al preocupante desabasto de medicamentos en las clínicas del ISSSTE, el legislador Pablo Escudero –del Partido Verde– presentó en 2010 el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4o., 6o.,28 y 214 con la finalidad de incluir dentro de los préstamos sociales de los derechohabientes del ISSSTE a los vales de medicina, asimismo, se buscaba definir a los vales de medicina como documento consistente en un recetario oficial, cupón, o documento electrónico expedido por el Instituto a favor del derechohabiente, para ser canjeado por los medicamentos y agentes terapéuticos recetados por el médico tratante en las farmacias del sistema Súper ISSSTE.

Desafortunadamente la iniciativa no prospero, pero sentó un valioso precedente para que años después se implementara un sistema similar al propuesto por el legislador

Con el antecedente antes referido, se diseñó el Programa de Vales de Medicinas, mismo que arrancó a partir del 15 de marzo de 2015, el referido programa surge por la necesidad de asegurar el surtimiento de recetas a los derechohabientes del ISSSTE y así no interrumpir su tratamiento médico.

Cuando un medicamento del cuadro básico no esté disponible en una farmacia del ISSSTE, se entregará al derechohabiente un vale por la medicina que no pudo recibir. El vale podrá hacerse efectivo el mismo día o dentro de los seis días posteriores en uno de los Centros de Canje que el ISSSTE habilitará para este fin.

La emisión de vales solo está contemplado para 348 claves de medicamentos que no incluyen medicamentos controlados, de programas u hospitalización y el listado puede ser consultado en los documentos anexos de este curso.

Para canalizar el flujo adecuado y suficiente de medicamentos, se instrumentó la apertura de cuatro centros de canje en la Ciudad de México, para dar cobertura a una población potencial de 3’247,193 de derechohabientes, equivalente al 25 por ciento de la población amparada.

Desde el inicio del programa en marzo de 2015 y al 15 de agosto de 2016, se han canjeado 2,888 vales, beneficiando de manera directa a 2,548 derechohabientes.

Es pertinente mencionar que los centros de canje están ubicados en ubicaciones estratégicas para maximizar cobertura a derechohabientes y asegurar que los desplazamientos sean menores según la ubicación de las 54 farmacias de la Ciudad de México.

Los centros de canje implementados en la capital solo constituye la punta de lanza de un programa mucho mayor, ya que estamos hablando de una institución que atiende a un universo de casi 13 millones de derechohabientes y la cual al mes de junio de este año había entregado casi 19 millones de recetas, entregándose en el mismo periodo casi 73 millones de medicamentos.

El siguiente paso consiste en la ampliación del programa “Vales de Medicinas” a las entidades vecinas de la zona metropolitana.

Consideramos que el estado de México es el escenario ideal para su consiguiente aplicación tanto por su elevado padrón de beneficiarios y por la escasez y desabasto de medicamentos.

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, alrededor de 15 millones 500 mil personas habitaban en el estado de México, de estos 15 millones 26 por ciento no contaba con protección en salud, 33.4 por ciento recibía protección del Seguro Popular, 32.3 por ciento lo recibía del IMSS y 6 por ciento estaba protegida por el ISSSTE.

Lo anterior nos arroja que 930 mil personas en el estado de México eran derechohabientes del ISSSTE en el 2012, es decir, tenemos casi un millón de personas que podrían resultar beneficiadas por la implementación del programa en dicha entidad federativa.

En cuanto a la prescripción, surtimiento y pago de bolsillo de medicamentos la Ensanut 2012 concluyo que el surtimiento completo de medicamentos recetados sigue siendo un reto para alcanzar la cobertura universal de servicios de salud en México. Aunque este surtimiento completo en las unidades de la Secretaría de Salud en el estado de México mejoró entre 2006 y 2012, más de la tercera parte de sus usuarios todavía tuvo que pagar de su bolsillo los medicamentos recetados.

Por lo anteriormente expuesto, el Partido Verde considera prioritario que el programa de “Vales de Medicina” del ISSSTE sea implementado en el estado de México, la aplicación de dicho instrumento redundará en la salud y en el bolsillo de las y los mexiquenses.

En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que implemente el Programa de Vales de Medicinas en otras Entidades federativas del país con la finalidad de dar abasto a la población derechohabiente.

Nota

1 Wirtz VJ, Reich MR, Hernández AM. Investigación para sustentar políticas farmacéuticas (editorial). Salud Pública, México 2008; 50 supl 4:S427-S428.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Gálico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS a extender la cobertura del programa Tu Receta es Tu Vale en sus unidades de medicina familiar de dicha institución que se encuentren en otras entidades federativas, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracciones II, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Organización Mundial de la Salud refiere como uno de los derechos fundamentales el goce máximo de salud, mismo que debe encontrarse al alcance de todo ser humano, sin distinción, considerando que la atención sanitaria debe ser oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria.

Lo anterior debe ser tutelado por el Estado, de manera que las instituciones de gobierno provean las condiciones que permitan a toda persona a vivir de manera saludable. Sin embargo, alrededor del mundo existen aproximadamente 150 millones de personas que, a causa de los gastos que les generan diversos padecimientos, se encuentran en situación financiera catastrófica, y 100 millones más caen en condiciones por debajo del umbral de pobreza debido a sus gastos sanitarios.

En contraposición, organismos internacionales y países mantienen una lucha constante contra el rezago en materia de salud, realizando actividades cuyas medidas generales se encuentran plasmadas en tratados internacionales y regionales.

Atendiendo la exigencia social y el principio de convencionalidad, en el artículo 4º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) desde 1983 se estableció que la protección de la salud es un derecho al cual deben acceder todas las personas, fortaleciéndose lo anterior al indicarse la correspondencia con el artículo 73, fracción XVI del mismo ordenamiento, dado que fundamenta que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, al mismo tiempo que establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad.1

Al tratarse de un tema de interés público y de observancia nacional, se requiere de una serie de medidas gubernamentales enfocadas en dar solución a las necesidades sociales en materia de servicios de salud.

En este sentido, la Ley General de Salud define las directrices rectoras que deben considerarse para cumplir con el objetivo referido, de manera específica en su artículo 27, en donde se describen a los servicios básicos de salud, indicando tres rubros en particular: educación para la salud, la prevención y control de enfermedades transmisibles de atención prioritaria, las enfermedades no transmisibles de mayor frecuencia, accidentes y la atención médica integral.2

El tema que origina este punto de acuerdo tiene como base lo estipulado en la fracción III del artículo mencionado en el párrafo precedente, el cual se cita a continuación:

III. La atención médica integral, que comprende la atención médica integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias.

Para lograr que los pacientes reciban una atención de calidad, es necesario considerar todas las acciones que se relacionan con el tratamiento de las enfermedades, desde su ingreso y diagnóstico en las instituciones de salud, oferta de medicamentos y rehabilitación para su recuperación en el menor tiempo posible.

En nuestro país se han realizado diversas acciones por las instituciones encargadas del tema de salud pública, contándose entre ellas: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Seguro Popular (SP), así como los sistemas de protección de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar), sin soslayar que las entidades federativas cuentan con instituciones propias de seguridad social que brindan atención a nivel local.

De acuerdo con el último levantamiento de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para 2010 el porcentaje de derechohabientes registrados para ese año ubicaron al IMSS en primer lugar, al Seguro Popular en segundo y al ISSSTE en tercero, en función del porcentaje de distribución de personas inscritas en los correspondientes padrones, de acuerdo a la siguiente tabla:3

Institución Porcentaje de

derechohabientes

IMSS 48.8

Seguro Popular 36.2

ISSSTE 9.9

Otras instituciones 5

PEMEX, SDN o SM 1.5

Total 101*

Si bien se ha avanzado en los mecanismos de atención a la salud de los derechohabientes, ha sido necesario implementar medidas alternativas para subsanar las deficiencias del sistema médico público, siendo una de las propuestas la implementación del programa impulsado por el Partido Verde Ecologista de México para atender el problema de desabasto en las farmacias del gobierno por medio de la entrega de vales de medicina a los pacientes que no pudieran surtir sus recetas en dichos establecimientos.

El gobierno federal no fue omiso al señalamiento, ante las evidencias que demostraban que los mexicanos continuaban gastando cantidades excesivas de recursos monetarios ante la eventualidad de que algún familiar o ser cercano se enfermara, prefiriendo la atención del padecimiento en instituciones privadas, entre ellas las farmacias que integran consultorios como parte de su oferta (que de acuerdo a la Cofepris suman alrededor de 10,000 y atienden al 7 por ciento de la población mexicana).

Ante esta situación, se implementó el programa “Tu Receta es Tu Vale”, operado por el IMSS a partir del mes de marzo de 2015 el cual consiste en otorgar un vale electrónico a los derechohabientes cuando algún medicamente no esté disponible en la farmacia de la Unidad de Medicina Familiar que les corresponda. Este programa se implementó en su primera fase en 48 Unidades de Medicina Familiar del primer nivel y los 12 Hospitales Regionales y de Zona de las Delegaciones correspondientes al Distrito Federal.

El respaldo otorgado a dicho programa para su abasto se concentre en la habilitación de un Centro de Canje de Vales de Medicamentes en el que se surte el 100% de las 376 claves que se consumen en primer y segundo nivel, llegando a cubrir el 98% de los medicamentos recetados, lo cual resultó en la disminución de quejas por desabasto en la Ciudad de México hasta en un 90%.4

El éxito del programa ha generado el interés de las autoridades del IMSS para fijarse la meta de instrumentar el programa de manera gradual en otras ciudades del país, considerándose incluir la entrega de vales en el Estado de México, por tratarse de la entidad con mayor población de la Federación.

De ampliarse el programa de vales de medicina, se lograría fortalecer el surtimiento de los medicamentos recetados vía IMSS en el Estado de México, donde hasta 2012, la encuesta Nacional de Salud y Nutrición de ese año5 indicó que 84.6% de los derechohabientes a quienes les recetaron medicamentos, consiguieron todos los medicamentos en la institución referida. En contraste, el 12.5% de los usuarios del IMSS solventó la adquisición de medicamentos, ubicándose la mediana de gasto en 280 pesos.

El señalamiento que se hace en este punto de acuerdo cuenta con un antecedente similar en dicha entidad, dado que el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) opera relacionado un programa similar, el cual se encuentra activo en el servicio de farmacia para derechohabientes ubicado en las unidades médicas de dicha institución, y que cuenta con una sencilla regla de operación, la cual se transcribe tal como se menciona en el portal virtual de dicha institución:

Trámite a seguir: [...]

• Si en la farmacia de la unidad médica no se dispone de alguno de los medicamentos prescritos y tiene contemplado el servicio de subrogación de medicamentos en farmacias externas; el personal de la farmacia le proporcionará un vale para canjearlo en la farmacia o centro comercial indicado.6

De esta manera, se observa la intención del sector salud estatal para privilegiar la atención a los derechohabientes al permitirles continuar con sus tratamientos sin que la existencia de medicamentos se convierta en un problema, de manera que el apoyo de la federación por medio del IMSS y el programa “Tu Receta es Tu Vale” redundará en el fortalecimiento de la atención médica para los pacientes que se atienden en la entidad más poblada del país.

En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social para que extienda la cobertura del programa “Tu Receta es Tu Vale” en las Unidades de Medicina Familiar de dicha institución que se encuentren en otras Entidades federativas.

Notas

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4°. Recuperado el 28 de octubre de 2016, de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150816.pdf

2 Ley General de Salud, artículo 27, fracciones I a III. Recuperado el 28 de octubre de 2016, de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_010616.pdf

3 Fuente: http://www.beta.inegi.org.mx/temas/derechohabiencia/

* La suma de los porcentajes puede ser mayor a cien por la población que es derechohabiente en dos o más instituciones.

4 Instituto Mexicano del Seguro Social. Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del IMSS 2014-2015. México, 2015, pág. 248. Recuperado de

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/20 142015/21-InformeCompleto.pdf

5 Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados por entidad federativa: Estado de México. México, 2012, pág. 98-99. Recuperado de http://ensanut.insp.mx/informes/EstadoMexico-OCT.pdf

6 ISSEMyM. Servicio de farmacia. Gobierno del Estado de México, 2015. Recuperado de

http://www.issemym.gob.mx/tu_salud/servicio_de_farmacia

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolín Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.


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