Proposiciones de urgente u obvia resolución

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implantar en las entidades federativas campañas para la detección temprana del cáncer de ovario, a cargo del diputado Salomón Fernando Rosales Reyes, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a concluir por la SCT la ampliación de Paseo de la República a la desviación a San Miguel de Allende, en la carretera federal 57, Querétaro-San Luis Potosí, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Proposiciones

• Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Ssa a reforzar las acciones de almacenamiento y administración de la reserva estratégica nacional de antivirales, promoviendo la vigilancia epidemiológica, y la promoción y prevención de la salud, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a implantar acciones de coordinación entre la federación, los estados y los municipios para reforzar y garantizar la seguridad pública en el servicio público de transporte ferroviario del país, a cargo de la diputada Adriana Elizarraraz Sandoval, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Inegi a generar una variable que aporte datos nacionales y estatales sobre la desaparición de niños y de adolescentes, y los feminicidios para diseñar políticas que atiendan dicha problemática, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCJN a pronunciarse sobre el derecho prevaleciente en la tercera sección del bosque de Chapultepec, localizada en un área de valor ambiental; y, en su caso, ejercer la facultad de atracción, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Zacatecas a detener la persecución contra propietarios de vehículos automotores de procedencia extranjera en la entidad, suscrita por los diputados Mariana Trejo Flores y Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a realizar acciones para salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores despedidos por la empresa Cotemar en Ciudad del Carmen, Campeche, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a definir un modelo educativo flexible y acorde con las necesidades de la educación básica, media superior y normal para el próximo ciclo escolar 2016-2017, a cargo del diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
• Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los congresos locales a ajustar sus códigos civiles o familiares para derogar y reformar las disposiciones que permiten a los menores de edad contraer matrimonio, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública y el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana a apoyar a Tecomán y Manzanillo, Colima, para combatir la creciente ola de violencia, a cargo de la diputada Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Puebla a implantar acciones para prevenir y sancionar los feminicidios cometidos en la entidad, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a emitir la declaratoria de emergencia y liberar los recursos del Fonden para atender diversos municipios de Veracruz afectados por el fenómeno meteorológico el 9 y 10 de marzo de 2016, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a proporcionar seguridad a los habitantes y los alcaldes de Morelos, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a considerar la aplicación del método sistémico en la orientación educativa desarrollada en el nivel secundaria, e incluir el perfil de psicoorientadores para que atiendan esta función, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Ejecutivos federal y estatales a implantar por las autoridades correspondientes sistemas de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua de lluvia en las escuelas públicas, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a reforzar sus programas de becas y demás apoyos económicos, así como mejorar su difusión y otorgamiento preferencial a los estudiantes con discapacidad, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a difundir mediante el sitio de internet Transparencia Presupuestaria la información relativa al gasto público destinado de 2001 a la fecha a los programas cuyo objetivo ha sido introducir tecnologías de la información como herramientas de la educación básica, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ajustar por la SHCP su gasto en el rubro de comunicación social y abstenerse de realizar recortes a los rubros de investigación, ciencia, tecnología y pueblos indígenas, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a redoblar esfuerzos en materia de difusión sobre las implicaciones de la muerte cerebral y la importancia de donar órganos; y simplificar los trámites inherentes a esto, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a promover una campaña nacional de educación, toma de conciencia y prevención del cáncer de ovario, a cargo de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Michoacán a reforzar las acciones para prevenir, atender y controlar el virus de influenza en la entidad, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el IFT a acordar, instaurar y emprender una campaña de difusión para dar a conocer el 911 como nuevo número nacional armonizado de los servicios de urgencia, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a difundir información relativa a la operación del programa Escuelas de Tiempo Completo respecto al número de planteles públicos beneficiados, cumplimiento de metas y objetivos, e información relativa a su eficiencia, efecto y calidad, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, la SHCP, la ASF y el gobierno de Morelos a vigilar la recaudación, el manejo, la custodia y la administración de los recursos públicos provenientes de las distintas fuentes de presupuesto e ingresos federales y estatales, a fin de elaborar un plan de rescate económico de la entidad, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a difundir e implantar instrumentos para mejorar la identificación de proyectos relativos a impulsar el desarrollo de las asociaciones público-privadas, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a efectuar acciones para inscribir al mayor número posible de agricultores michoacanos en el Programa Especial para el Campo en materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedatu a implantar acciones y políticas públicas tendentes a abatir el rezago de vivienda en Durango, a cargo del diputado Ricardo del Rivero Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el cual esta soberanía condena el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres Flores y exhorta a la SRE a efecto de que el gobierno de Honduras asegure el cumplimiento y la eficacia de las medidas cautelares otorgadas a Gustavo Soto Castro para garantizar su plena integridad y pronto retorno al país, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al jefe del gobierno de la Ciudad de México a derogar el reglamento local de tránsito porque contraviene el artículo 21 constitucional, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los congresos locales a expedir la legislación que regule la maternidad y gestación subrogadas, a fin de asegurar el interés superior de la niñez y la protección de los derechos humanos de las progenitoras, a cargo de la diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial del Sistema de Transporte Colectivo-Metro, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a vigilar el adecuado cumplimiento de las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a difundir por las autoridades respectivas el monto de la compensación y los apoyos para las cosechas de maíz correspondientes al ciclo agrícola primavera-verano de 2015, a cargo del diputado Ramón Bañales Arámbula y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura, la STPS y el INAH a revisar, analizar y, en su caso, regularizar la situación laboral de los trabajadores eventuales de ese instituto, a cargo del diputado Sergio Emilio Gómez Olivier, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno de la Ciudad de México a no modificar el valor cultural y emblemático del Paseo de la Reforma con la construcción de la línea 7 del Metrobús, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Segob y el gobierno de Veracruz que realicen acciones de coordinación tendentes a activar la declaratoria de emergencia y, con ello, destinar los recursos del Fonden para los municipios de la entidad afectados por la surada, a cargo de la diputada Lillian Zepahua García, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a elaborar por la Conapesca estrategias para ordenar el sector pesquero a escala nacional, mediante la mejora del diseño del Programa de Ordenamiento Pesquero y Acuícola, con base en las observaciones del Coneval, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a atender y difundir los medios por los cuales responda las recomendaciones de la ASF emitidas en el informe de evaluación de la política de desarrollo social en México de 2014, a cargo del diputado Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a agilizar las investigaciones de los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos, y aplicar las sanciones correspondientes, a cargo del diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a garantizar la libertad de expresión y cumplir la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Veracruz a revocar la concesión otorgada para el servicio de agua y saneamiento de los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo; y al gobierno y a los presidentes municipales del estado, a garantizar la fuente de trabajo, el respeto de los derechos laborales adquiridos y el reconocimiento del sindicato representante de los trabajadores del Sistema de Agua y Saneamiento, suscrita por los diputados Norma Rocío Nahle García, Jesús Serrano Lora y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a dar continuidad por la Cofepris a los programas de certificación de cuerpos de agua en las áreas de cosechas de moluscos bivalvos, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Constitución de la Ciudad de México se maximicen la protección, la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos, así como la mayor apertura en los instrumentos de participación ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implantar en las entidades federativas campañas para la detección temprana del cáncer de ovario, a cargo del diputado Salomón Fernando Rosales Reyes, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Salomón Fernando Rosales Reyes, diputado federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos atribuye el derecho a la protección de la salud a toda persona, estableciendo que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso de los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

El derecho a la protección de la salud que tiene toda persona, con aplicación en toda la República, lo señala el artículo 1o. de la Ley General de Salud y sus disposiciones son de orden público e interés social.

El artículo 2o. de la misma ley, señala que el derecho a la protección de la salud, contendrá lo siguiente:

I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;

III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;

IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud;

V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población;

VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y

VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud.

El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos es parte del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), mismo que busca otorgar servicios médicos de alta especialidad a las personas que no cuentan con Seguridad Social y que padecen de enfermedades de alto costo que puedan poner en riesgo su vida y patrimonio familiar, mediante la gestión de los servicios de salud a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

El Reglamento General de Salud en Materia de Protección Social en Salud establece en su artículo 99 la definición de las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, y los materiales asociados que generan gastos catastróficos será responsabilidad del Consejo de Salubridad General, estará sujeta a revisión y actualización periódica.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), refieren al cáncer como la primera causa de muerte en el mundo. Este padecimiento es de alta incidencia en nuestro País y se ubica como la tercera causa de muerte, sólo después de la diabetes y de las enfermedades hipertensivas.

De acuerdo con el censo de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el número absoluto de defunciones por cáncer se incrementó, entre los años 2004 y 2013, siendo este de 718 mil 424 personas, de las cuales 351 mil 923 casos se trataron de personas del sexo masculino; mientras que 366 mil 458 se trató de casos femeninos.

En México el cáncer de ovario representa el tercer tipo de cáncer ginecológico más frecuente en la población nacional, pero éste ocupa el segundo lugar por causa de muerte.

Históricamente se ha llamado al cáncer de ovario “el asesino silencioso”, pues no presenta síntomas o signos específicos particularmente en etapa inicial, por lo que se manifiesta en etapa avanzada, cuando las posibilidades de curación son escasas. Entre las señales más comunes que se pueden manifestar en etapa temprana pueden ser inflamación, dolor en la pelvis o en el abdomen, dificultad para ingerir alimentos o sensación rápida de llenura al comer y síntomas urinarios.

La detección del Cáncer de ovario requiere de pruebas que examinan el área de la pelvis, la sangre, los ovarios y su tejido, en el cual el médico explora el cuello uterino para descartar cualquier signo de enfermedad.

Dicho cáncer, se origina de 3 tipos de células: epiteliales, células germinales y células del estroma. Aproximadamente el 90 por ciento de los casos de cáncer de ovario son del tipo epitelial, que es la forma más frecuente de los 3 tipos histológicos y desafortunadamente una de las principales causas de muerte por cáncer del aparato reproductor femenino, al ser una enfermedad con sintomatología insidiosa e inespecífica, que lamentablemente tiene una mortalidad extremadamente alta.

Los tumores epiteliales se originan de las células que cubren la superficie externa del ovario, estos reciben el nombre de carcinomas.

El cáncer epitelial de ovario constituye de 80 a 90 por ciento de todos los tumores malignos del ovario, de estos, 5 a 10 por ciento de ellos se encuentran dentro de los síndromes hereditarios. El diagnostico puede realizarse posterior a la menopausia, la edad promedio de presentación es a los 63 años.

En 2012, se incluyó al cáncer de ovario en la cobertura del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular. Sin embargo, esta inclusión solo contempló la atención del cáncer de ovario de tipo germinal, que es el que padecen un porcentaje mínimo de las pacientes, y con ello se dejó sin cobertura a las mujeres que padecen cáncer de ovario de tipo epitelial, el de mayor incidencia en la población.

La cobertura de cáncer de ovario en el Seguro Popular ha sido parcial, pues solo incluye el de tipo germinal, que representa aproximadamente el 5% de las pacientes, por lo que se deja desprotegidas al 95% con cáncer epitelial de ovario.

Los métodos de detección de cáncer de ovario están fuera del alcance económico de la mayoría de las mujeres del país, lo que esto genera que su prevención sea casi inexistente y el tratamiento comience cuando la enfermedad se encuentra en etapas avanzadas, ocasionando con ello mayor tasa de mortalidad.

El artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud, señala el derecho que tienen todos los mexicanos a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud, siendo este un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médicos-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud.

Son importantes todos los esfuerzos que como servidores o funcionarios públicos se realicen en pro de la salud de los ciudadanos mexicanos, las Instituciones de los tres órdenes de Gobierno, están obligadas a generar mecanismos que conlleven a combatir estos padecimientos, para lograr contener y a su vez disminuir los casos de Cáncer en mujeres, en el País.

Por lo que en este sentido es importante que el sector salud lleve a cabo periódicamente la implementación de programas de campañas para la detección precoz del cáncer de ovario, en el cual se pueda dar atención primaria a dicho padecimiento, y este se reconozca como un problema de salud pública que afecta tanto a quien lo padece como a las familias y a su entorno social y laboral.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución:

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud, para que de manera periódica implemente campañas en las entidades federativas, para la detección temprana del cáncer de ovario y se les brinde atención adecuada y oportuna.

Palacio Legislativo, Ciudad de México, a 15 de marzo del 2016.

Diputado Salomón Fernando Rosales Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a concluir por la SCT la ampliación de Paseo de la República a la desviación a San Miguel de Allende, en la carretera federal 57, Querétaro-San Luis Potosí, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados Armando Rivera Castillejos, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, María García Pérez y Apolinar Casillas Gutiérrez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Ejecutivo federal, a que concluya la obra de ampliación de Paseo de la República, a la desviación a San Miguel de Allende, tramo del kilómetro 15+000 al kilómetro 28+000, situada en la carretera federal 57, Querétaro-San Luis Potosí, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, presentado por el gobierno federal incorporó como una de sus líneas de acción en materia de comunicaciones: “ampliar y construir tramos carreteros mediante nuevos esquemas de financiamiento”. En el mismo sentido, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018 estableció entre sus objetivos, estrategias y líneas de acción “contar con una red troncal carretera segura, completa y en buen estado que conecte las regiones estratégicas del país y permita disminuir los costos de transporte y tiempos de traslado”. Por su parte, el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, del gobierno federal señala en su compromiso de gobierno número 092, la obra para “Ampliar el Paseo de la República de Juriquilla a la desviación a San Miguel de Allende, en Querétaro. Con el fin de contar con una infraestructura y una plataforma logística de transportes y comunicaciones modernas que fomenten una mayor competitividad”.

Segunda. La carretera federal 57, en su tramo Querétaro-San Luis Potosí es, como su nombre lo indica, competencia del gobierno federal por cuanto a su modificación o mantenimiento. Esta vía forma parte del corredor México-Nuevo Laredo, considerado como el de mayor trascendencia nacional y comercial, por el volumen de carga y pasajeros que a diario se trasladan a través de esa vía.

Tercera. El Proyecto de Ampliación del Paseo de la República de la Carretera Federal 57, Querétaro-San Luis Potosí, del kilómetro 9+000 al 15+000 en ambos sentidos, comenzó en 2010 con una primera etapa, a cargo del entonces gobernador del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para construir el corredor vial urbano de 6 kilómetros de Jurica a Juriquilla y ampliar de 4 a 12 carriles, con una inversión federal de 257 millones de pesos, para beneficiar a 57 mil vehículos y 750 mil usuarios que transitan por la zona y se trabajó con constructores locales1 . Este tramo se concluyó en diciembre de 20102 .

La segunda etapa del proyecto, que aún está pendiente de conclusión, dio inicio en 2013 y consiste en: La ampliación de la carretera federal México 057, Querétaro-San Luis Potosí, del kilómetro 15+000 al 20+000, con una inversión que ronda los 500 millones de pesos.

“El proyecto consiste en la construcción de tres carriles laterales por sentido en el subtramo del kilómetro 15+000 al 18+000 y del kilómetro 18+000 al 20+000; en ambas secciones –Juriquilla y Santa Rosa Jáuregui. De acuerdo a las declaraciones hechas en diversos medios de comunicación, durante 2014, por entonces titular del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Querétaro la obra sería entregada a los ciudadanos a principios de 2015 y para su desarrollo el gobierno federal incorporó la participación de empresas como Constructora Urbanizadora Ixtapan SA (Cuisa).

Cuarta. No obstante la importancia de esta vía federal para los usuarios y vecinos de las zonas aledañas a la obra, no se observa una pronta conclusión de los trabajos y tampoco se tiene información oficial respecto al avance y fecha de conclusión.

Es deber ineludible del gobierno federal proporcionar información clara y accesible a los ciudadanos respecto a las tareas que desempeña, de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en este caso, con relación a un proyecto carretero de influencia nacional.

En tal sentido, es conveniente que la citada dependencia federal informe puntualmente sobre los avances de la obra, las modificaciones que se hubieran realizado, los constructores involucrados, la fecha de terminación y el monto total de recursos invertidos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar a consideración de esta asamblea la siguiente proposición de urgente y obvia resolución con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que concluya la obra de ampliación de Paseo de la República, a la desviación a San Miguel de Allende, tramo del kilómetro 15+000 al kilómetro 28+000, situada en la carretera federal 57, Querétaro-San Luis Potosí, e informe a la opinión pública de manera detallada quiénes participan en su construcción y las razones por las cuales no fue entregada en el tiempo estimado.

Notas

1http://www3.queretaro.gob.mx/sduop/obrasestrategicas.as px?q=0Uv4/vE5RX9PUwAe4mwtMRenj3v72lqK

2http://www.queretaro.gob.mx/documentos_interna1.aspx?q= vUYGbsxLnlj2JbKxdg6qNUntEchV94lD

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2016.

Diputado Armando Alejandro Rivera Castillejos (rúbrica)

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Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Ssa a reforzar las acciones de almacenamiento y administración de la reserva estratégica nacional de antivirales, promoviendo la vigilancia epidemiológica, y la promoción y prevención de la salud, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, la suscrita, diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La infección por el virus de la influenza es causada por un virus ARN perteneciente a la familia Orthomyxoviridae. Existen tres tipos de virus de la influenza A, B y C. Los virus de la influenza de tipo A son designados además por el subtipo, dependiendo de las proteínas presentes en su superficie: Hemaglutinina y Neuraminidasa (H y N respectivamente). Los actuales subtipos del virus de la influenza humana con mayor circulación en América: influenza A (H1N1), influenza A (H3N2), influenza A e influenza B1 . La influenza es una enfermedad respiratoria viral, contagiosa y aguda, cuyas manifestaciones características son fiebre, cefalea, mialgia, postración, coriza, dolor de garganta y tos. El virus de influenza tiene preferencia por las vías respiratorias superiores; pero, en los casos graves, puede llegar a afectar vías respiratorias bajas (pulmones y bronquiolos).

La mayoría de las personas afectadas se recuperan en una o dos semanas sin necesidad de tratamiento médico; sin embargo, la influenza puede provocar complicaciones graves, es por ello que las hospitalizaciones y las defunciones por influenza se dan principalmente en grupos de alto riesgo: niños de 6 meses a 5 años de edad, personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación, personal de salud y personas de cualquier edad que padezcan enfermedades crónicas como enfermedades vasculares (hipertensión), enfermedades cardiacas, diabetes, VIH/sida o que por la enfermedad o algún tratamiento se tenga comprometido el sistema inmune. El virus de la influenza se propaga rápidamente en todo el mundo mediante epidemias estacionales que se repiten anualmente, durante el otoño y el invierno en las regiones templadas.

La Organización Mundial de la Salud, OMS, estima que cada año en el mundo se presentan alrededor de mil millones de casos de influenza estacional (15 por ciento de la población mundial), entre 3 y 5 millones de casos severos y de 300 a 500 mil muertes.

Virus con potencial pandémico 2

En los últimos cien años se han producido cuatro pandemias: En 1918 ocasionada por el virus de influenza A (H1N1), la de 1957 por el tipo A (H2N2), la de 1968 por A (H3N2) y la de 2009 ocasionada por el virus de influenza A (H1N1). En la última pandemia registrada se observó que los países más afectados en Latinoamérica fueron México y Brasil.

Es posible que ocurra una pandemia de influenza cuando un virus de la influenza adquiere la capacidad de ser transmitido entre las personas de forma eficiente y sostenida y luego lo hace a nivel global. Los virus de la influenza que tienen la capacidad de provocar una pandemia se conocen como “virus de la influenza con potencial pandémico”. En general, las pandemias de influenza condicionan un incremento significativo en la demanda de consultas médicas, altas tasas de hospitalización y de muerte.

Situación en México 2015-2016

En México, la vigilancia centinela de influenza se realiza a través del sistema de Unidades de Salud Monitoras de Influenza, USMI. El total de unidades en el país es de 575 y se encuentran distribuidas en las 32 entidades federativas. Las USMI están conformados por centros de salud de primer nivel, como hospitales de segundo y tercer nivel. El objetivo de las unidades es otorgar información epidemiológica de la influenza de manera oportuna y completa, sin olvidar que este modelo de vigilancia epidemiológica no recopila los casos completos del país sino que privilegia la vigilancia virológica y la calidad de la información.

Las USMI deben notificar la ocurrencia de casos nuevos de forma inmediata (dentro de las primeras 24 horas en la plataforma Sistema de Información de Vigilancia Epidemiológica para Influenza, Sisveflu. Estas unidades tienen el siguiente esquema de muestreo:

• Casos hospitalizados y defunciones, 100 por ciento.

En su reporte del 10 de febrero del corriente, destaca lo siguiente:

• Las entidades con mayor proporción de casos confirmados a influenza son: Distrito Federal, Nuevo León, Jalisco, Sinaloa y México.

• En lo que va de la temporada alta de influenza 2015-2016, los grupos etarios con más números de casos con influenza son: el de mayores de 65, seguido del de 25 a 29 y 1 a 4.

• Se han confirmado 870 casos de influenza de los siguientes subtipos: 553 de A (H3N2), 200 de A (H1N1), 84 de B y 33 de otros subtipos.

• Se han confirmado 34 defunciones por influenza (24 por influenza A (H1N1) pdm09, 8 por Influenza A (H3N2), 1 por influenza B y 1 otros tipos).

• Durante la temporada de frío se han aplicado más de 30 millones de vacunas por todo el sector salud y en todas las entidades del país.

Marco normativo 3

Una de las principales medidas preventivas, ante una pandemia de influenza, es contar con líneas de acción de abastecimiento temprano de los antivirales (Oseltamivir y Zanamivir), lo anterior se logra con el establecimiento de reservas estratégicas nacionales, disponibles en todo momento, para garantizar la atención oportuna y adecuada en etapas tempranas de una pandemia de influenza, de tal modo que:

Con fundamento en el acuerdo por el que se instruye la constitución, almacenamiento y administración, de una reserva estratégica de insumos para la salud y equipo médico, artículo primero4 , se establece que: “la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, por conducto del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, constituirá, almacenará y administrará una reserva estratégica de insumos para la salud y equipo médico, cuyo objeto sea apoyar la continuidad de la prestación de los servicios de salud a cargo de la Secretaría de Salud, su sector coordinado y los servicios de salud en las entidades federativas, a la población que así lo requiera, en caso de emergencia, con motivo de urgencias epidemiológicas”.

Asimismo, en su artículo cuarto destaca que : “el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades será responsable de la adecuada administración de la reserva estratégica... debiendo establecer los mecanismos de coordinación... procedimientos de contratación de adquisiciones, proveedores y otras instancias públicas de salud, que le permitan, dentro del marco jurídico vigente, la rotación de aquellos insumos susceptibles de caducidad, con objeto de mantener la reserva en condiciones óptimas para los fines para los que se establece”.

Por último el artículo diez sostiene que: “el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, informará a la Titular de la Secretaría de Salud, por conducto del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en forma trimestral o cuando así lo requiera, respecto del cumplimiento del presente Acuerdo y de inmediato, respecto de las acciones y medidas que se tomen para la atención de urgencias epidemiológicas o desastres naturales.”

Por otro lado, el 22 de septiembre de 2003, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se crea el Comité Nacional para la Seguridad en Salud, el cual, en múltiples artículos señala la necesidad de incorporar estrategias ante eventuales urgencias epidemiológicas, mediante la constitución y almacenamiento de una reserva estratégica de medicamentos y suministros, entre otras acciones.

Consideraciones

El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, tiene entre sus objetivos mantener una reserva estratégica de medicamentos e insumos a nivel Federal, Estatal y Local para la atención inmediata ante el inicio de la Pandemia de influenza. Como lo describe el Plan Nacional para la Preparación y Respuesta ante la intensificación de la Influenza Estacional o ante una Pandemia de Influenza.

Para lograr el objetivo en comento se debe considerar:

• La conformación de una Reserva Federal (medicamentos e insumos).

• La conformación de reservas estatales y jurisdiccionales (medicamentos e insumos).

Con el propósito de hacer frente de manera eficiente a posibles pandemias, se tiene que verificar la disponibilidad de insumos de la reserva federal de manera trimestral.

Cabe mencionar que la Secretaría de Salud define reserva estratégica como sigue: “la existencia de insumos diversos que se encuentran en resguardos o en custodia para dar atención a la población ante una contingencia sanitaria, o pandemia que pueden ser específicos para el diagnóstico y tratamiento de la infección por el virus. Cabe destacar que en el momento en que se inicia su uso, deja de ser reserva para convertirse en insumos a consumir, situación que obliga a considerar el escalamiento de la misma conforme a la evolución de la contingencia y, en su caso, la conformación de una nueva reserva para dar respuesta a contingencias futuras de esta naturaleza y proteger de manera permanente la salud de la población, dicha reserva solo servirá para dar una respuesta inicial.”

Se destaca que dicha reserva debe considerar antivirales, inhibidores de la neuraminidasa (Oseltamivir y Zanamivir), con carácter obligatorio.

Es importante que las reservas se consoliden en un esquema eficiente y transparente que garantice el abasto de las reservas, distribución, administración de los consumos e inventario, y esta se debe mantener en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, vigencia, y seguridad de ésta.

No omito comentar, que según se señala en el Programa de Acción Específica, Atención, PAE, de Urgencias Epidemiológicas y Desastres 2013-2018, a cargo del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, uno de los objetivos es “fortalecer la capacidad de respuesta nacional para enfermedades emergentes y reemergentes, y ante eventos epidemiológicos de importancia internacional”, de tal forma que para evaluar este punto, se señala que se verificará la disponibilidad de los planes estatales que permitan establecer un adecuado nivel de preparación ante una pandemia de influenza, ligado a su vez con el objetivo del PAE de “mantener las reservas estratégicas nacionales y estatales de suministros para la atención de urgencias epidemiológicas y desastres, incluyendo los kits para la atención de la influenza”.

Por último el Plan Nacional para la Preparación y Respuesta ante la intensificación de la Influenza Estacional o ante una Pandemia de Influenza destaca lo siguiente:

• Es necesario establecer contratos anticipados para la compra de derechos de antivirales y vacunas.

• La investigación básica, epidemiológica y clínica, así como el desarrollo de nuevas tecnologías.

• Trabajar con antelación en la creación de una cultura de prevención.

Punto de Acuerdo

Único. Se envíe un respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Salud para coordinarse con todas las dependencias, instituciones y autoridades de los tres órdenes de gobierno, para que se lleven a cabo las acciones necesarias a fin de fortalecer y reforzar las acciones de almacenamiento y administración, de la reserva estratégica nacional, asegurando en todo momento el abasto oportuno de los antivirales correspondientes, con la finalidad de reducir el impacto de la enfermedad entre la población, ocasionado por el virus de la influeza. Adicionalmente, destaca la necesidad de realizar actividades de planificación y análisis de riesgo de posibles escenarios de pandemia, para estar en las mejores condiones de responder eficientemente, en cualquier momento del año, evitando la escasez del medicamento y aumentos desproporcionados en el precio.

Notas

1 Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología. “Influenza, Documento técnico”, 5 de febrero de 2014.

2 Ibíd.

3 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley General de Protección Civil, Ley General de Salud, Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Sanidad Internacional y Manual de Almacenamiento y control logístico en caso de una alerta de la Reserva Estratégica

4 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 2013.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2016.

Diputada María Guadalupe Oyervides Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a implantar acciones de coordinación entre la federación, los estados y los municipios para reforzar y garantizar la seguridad pública en el servicio público de transporte ferroviario del país, a cargo de la diputada Adriana Elizarraraz Sandoval, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita diputada Adriana Elizarraraz Sandoval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción l, 62,65 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El transporte de mercancías en México ha pasado por una serie de cambios importantes e innovadores lo que ha permitido mejorar en tiempos en la forma de transporte conforme a las necesidades de seguridad y costos en el mercado.

Una de las formas comunes de transportar mercancías es el transporte ferroviario el cual ha evolucionado conforme pasa el tiempo, de ser solo transporte de personas a ser un transporte de mercancías frecuentemente usado, este tipo de transporte mejoro los tiempos de traslados. Este tipo de transporte es uno de los más viables y al igual que todos los tipos de transporte es utilizado en transporte multimodal, ya que puede utilizar varios tipos de transporte para llegar a su destino principal. El transporte el ferroviario es uno con el menor índice de accidentes, ayuda e reducir la congestión vial, reduce la contaminación del ambiente, reduce los accidentes de circulación, es más eficiente y económico.

En México el transporte ferroviario constituye un importante elemento para el desarrollo económico, pues este medio de comunicación permite un eficiente tránsito de bienes que facilitan la corriente de mercaderías favoreciendo la economía de tiempo y trabajo y otorga la posibilidad de realizar transportes masivos.

Por tales motivos, su importancia para las grandes industrias, que se encuentran en nuestro País, resulta innegable.

Nuestro país posee una red de ferrocarriles de carga manejada por concesionarios privados que se extiende a través de la mayor parte del país, conectando los principales centros industriales con los puertos y con conexiones fronterizas.

De manera lamentable en años recientes, las empresas concesionadas han sufrido incontables actos delictivos que atentan contra su patrimonio, el de sus usuarios, y contra la prestación del servicio en sí misma.

Los efectos de esta inseguridad inhiben la inversión de futuros proyectos, pues afectan la cadena de suministros, y afectan las industrias que ya están instaladas.

La Asociación Mexicana del Transporte Intermodal (AMTI) ha establecido que la región donde se registra el mayor número de robos a trenes en el país es el Bajío, principalmente porque el crecimiento urbano ha propiciado la instalación de comunidades alrededor de las vías del tren y estos robos en los trenes de carga han afectado a las industrias instaladas en Guanajuato y Querétaro.

Las rutas que presentan robos constantes son la costa del Pacífico, desde Sinaloa hasta Hidalgo, pasando por el Valle de México; Veracruz-Perote; Celaya-Irapuato, en Guanajuato; la zona de las Juntas, en Tlaquepaque, Jalisco, y la zona metropolitana de Monterrey, en Nuevo León.

Resulta necesario atender los problemas de seguridad en las vías ferroviarias a nivel nacional para no perder las inversiones existentes de empresas, por lo que se deben realizar acciones preventivas y reforzar la vigilancia contra la delincuencia que afecta al transporte de mercancías por ferrocarril.

Es por lo anterior, que resulta apremiante que exista una coordinación entre los gobiernos Federal, Estatal y Municipal para combatir los robos a trenes de carga, con el fin de que nuestro país cuente con condiciones favorables y se otorgue la seguridad que requieren las empresas que se encuentran instaladas en nuestro país y constituya un factor para atraer más inversiones a nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación, a que en el ámbito de sus atribuciones implemente acciones de coordinación entre la federación, los estados y los municipios, que permitan reforzar y garantizar la seguridad pública en el servicio público de transporte ferroviario del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 15 de marzo de 2016.

Diputada Adriana Elizarraraz Sandoval (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Inegi a generar una variable que aporte datos nacionales y estatales sobre la desaparición de niños y de adolescentes, y los feminicidios para diseñar políticas que atiendan dicha problemática, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

1. El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, en las observaciones a los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México celebró que nuestro país ratificará la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en 2008; sin embargo, el Comité emitió su preocupación por el creciente escenario de violencia que se vive en nuestro país y que vulnera los derechos humanos primordiales en especial el derecho a la vida por desapariciones de niñas y niños mayores de 10 años, y los feminicidios de mujeres y niñas, así como de la falta de datos oficiales desagregados y la prevalente impunidad sobre este asunto.

2. Dicho Comité instó a nuestro a país a la adopción de diversas medidas de carácter urgente, entre las que destacan:

• Prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones de niñas y niños y sus padres y madres, incluyendo un análisis de las causas de estos actos violentos, como lo son la violencia armada, el crimen organizado, el tráfico de drogas, la desigualdad de género, la pobreza y la marginación.

• Recolectar datos desagregados sobre asesinatos, incluyendo feminicidios y desaparición de niñas y niños, así como también de las madres y los padres que han sido asesinados o desaparecidos y del número de hijas e hijos que han dejado.

3. La problemática de las desapariciones forzadas de niñas y niños, además de los feminicidios en nuestro país ha sido visibilizada por diversas organizaciones y, en algunos casos, se han dado esfuerzos para su atención por parte de instancias. Al respecto, en 2013 por decreto presidencial inició actividades la Unidad Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas que investiga poco más de 600 casos a nivel nacional; mientras que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación tiene un conteo de 25 mil 840 personas, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha estimado que son más de 27 mil los desaparecidos. Ese número de desaparecidos equivale a menos del 2.5 por ciento de la cantidad de personas que están reportadas como no localizadas en el registro de Gobernación.

4. Datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México y del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas en México, de cada 10 personas desaparecidas en territorio mexicano 3 son niñas, niños y adolescentes de entre los 15 y 17 años de edad, y 7 de cada 10 de éstos son mujeres. A lo anterior, se debe contemplar que el 30 por ciento del total de 23 mil 271 reportes de personas desaparecidas, 7 mil 016 corresponden a niñas, niños y adolescentes, de 0 a 17 años, desaparecidos; de los cuales se tiene la mayor incidencia de desapariciones en este rubro en el periodo de 2007 a 2014 con una cifra de 6 mil 998 casos que a la fecha se desconoce su paradero.

Es necesario resaltar que 7 de cada 10 adolescentes de 15 a 17 años desaparecidos son mujeres; es decir, que de las y los 2 mil 621 adolescentes desaparecidos, 1 mil 712 son mujeres; lo cual coincide con los reportes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, quien además ha señalado que gran parte de estas desapariciones son atribuibles al crimen organizado. Sin embargo, la representación del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia destaca que existe una cifra negra de incidencia de desaparición entre niñas y adolescentes mujeres de 14 años, donde se llega a conocer que puede ser 1.8 veces más alta que la de los niños.

5. Por otra parte, México ha emitido ocho informes consolidados a la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en los cuales una observación recurrente es sobre la invisibilización de la problemática del feminicidio ante la falta de sistematización de registros y recopilación de estadísticas desagregadas, así como de investigación que permitan generar con eficacia medidas para prevenir y hacer frente a este lamentable escenario. No atender la recomendación o mostrar desinterés siquiera en la medición de este fenómeno deja a la vista el menoscabo por la protección de las mujeres y vulnera su derecho a la vida.

6. Cifras de la Organización de las Naciones Unidas precisan que en México son asesinadas al menos 7 mujeres todos los días, es decir una cada 3.4 horas; y que e n el periodo del 2007 a 2012, México se encontraba por encima de la tasa mundial de homicidios de mujeres, en esos años se cometieron 1mil 909 en el país, cantidad que significa una tasa de 3 a 6 crímenes por cada 100 mil mujeres. Ubicando a nuestro país en la posición 23, en relación con otros países.

En un ejercicio de revisión hemerográfica, y de acercamiento de información y seguimiento de organizaciones de la sociedad civil, además de algunos registros oficiales de todas las entidades del país tenemos los siguientes datos sobre feminicidios:

• Aguascalientes , Colectiva Feminista A.C. ha documentado 133 feminicidios en 10 años; lo que representa una tasa de homicidios dolosos contra mujeres, del 16 por ciento superior que la media nacional.

• Baja California se tienen 75 feminicidios en 2013; 90 en 2014 y hasta mediados de 2015 se contabilizaban 40; anotando que de éstos 4 asesinatos se acontecieron en Tecate, 9 en Mexicali y 10 en Tijuana ubicando a esta última en el segundo lugar en feminicidios por Municipio, después de Acapulco.

• Baja California Sur , el Grupo de Investigación en Género y Violencia de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, revela que de 2007 a 2014 se cometieron 73 feminicidios, en el 51 por ciento de los casos contra mujeres de 30 a 59 años de edad. En 2007 acontecieron 11, cinco en 2008 y cinco en 2009, nueve en 2010, 10 en 2011, cinco durante 2012, 17 en 2013 y de noviembre de 2014 a mediados de 2015 se contabilizaron al menos 25.

• Campeche , el Observatorio de Violencia Social y de Género del Estado informa que en 5 años suman 53 el número de feminicidios. De estos, en el Carmen históricamente, fueron 14 del total. Campeche, 10; Candelaria con 6, Champotón 5, Hopelchén, 3, Escárcega y Calkiní, 2 cada uno.

Chiapas , el Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas A.C., registra en 2012 a 85 víctimas de feminicidio; 17 en Tapachula, nueve en Tuxtla Gutiérrez, siete en Comitán, cinco en San Cristóbal de las Casas, tres en Huixtla, tres en la Trinitaria y el resto en diversos puntos de la entidad. La menor de las víctimas tenía tan solo 10 años y la mayor de estas mujeres 85 años. De 2014 a 2015 se contabilizan cerca de 31 feminicidios, según denuncia de la actual diputada local María Concepción Rodríguez Pérez.

• Chihuahua, entre 2010 y 2014 organizaciones civiles de Chihuahua documentaron 727 presuntos feminicidios, un promedio de 182 al año, 15 por mes, cuatro a la semana. Además, en lo que va de 2015 han reportado el asesinato de 26 mujeres sólo en Ciudad Juárez.

• Coahuila , tiene un registro promedio de 100 homicidios de mujeres por año y tan sólo en 2012 ocurrieron 133, con lo que se ubicó en el cuarto lugar a nivel nacional en la incidencia de feminicidios.

• Colima , la Procuraduría General de Justicia del Estado reporta que del 2011 al 2014 se cometieron 66 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 29 fueron investigados como feminicidios. La tasa de feminicidios es de 1.2 y son 20 asesinatos por año el promedio en el Estado de acuerdo con datos de Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

• Ciudad de México , el Comité Técnico de Análisis y Evaluación del Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Feminicidio de la PGJDF en su último informe data que del 27 de julio de 2011 al 31 de marzo de 2015 se tienen 179 averiguaciones previas por feminicidio de victimas de entre 18 y 30 años de edad, y que por año las cifras son: en 2011 con 31 averiguaciones previas; en 2012 con 50, en 2013 con 46; 45 en 2014; y de enero a octubre del 2015 con 44, es decir 4.4 casos al mes.

• Durango , se encuentra entre el quinto y sexto lugar de muertes violentas a nivel nacional, según datos de Ana Güezmes García, representante en México de ONU Mujeres con cifras representativas de la problemática que en 2013 dejaron un total de 48 asesinadas.

• Estado de México , el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres muestra un total de 12,950 casos en la entidad; lo que indica una tasa de asesinatos de mujeres que sobrepasa la media nacional en un periodo de 20 años, entre 1990 y 2010, según cifras recaudadas por el periodista Humberto Padgett, coautor del libro Las muertas del Estado , publicado en 2014. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidios reporta que de 2005 a 2013 fueron asesinadas brutalmente unas 1,767 mujeres y que otras 1,500 están reportadas como desaparecidas, muchas de ellas adolescentes de entre 15 y 17 años. Los municipios con mayor número de feminicidios en 2015 son: Toluca con 2; Ecatepec de Morelos, 4; Tlalnepantla de Baz, 1; Chimalhuacán, 4; Cuautitlán Izcalli, 2; Nezahualcóyotl, 3; Chalco, 1.

• Guanajuato , activistas de distintas organizaciones de la sociedad civil han notificado 68 feminicidios en 2013; 63 en 2014 y 87 feminicidios en 2015 siendo León el municipio con mayor número de casos, aseguró la directora del centro Las Libres A.C., Verónica Cruz Sánchez.

• Guerrero , el Colectivo Nosotras difiere en estadísticas con la Fiscalía General del Estado, pues el conteo ciudadano reporta 118 feminicidios en 2014 y alrededor de 100 en 2015 lo que ubica a Guerrero en el primer lugar a nivel nacional. El Observatorio de Violencia Contra las Mujeres “Hanna Arendt”, reporta 1,293 feminicidios en los últimos diez años; siendo Acapulco el primer lugar con el 25% en el año 2005 pero llegando dolorosamente a un 50% a la fecha, seguido por Zihuatanejo y Chilpancingo.

• Hidalgo , se contabilizan 50 feminicidios de 2013 a 2015 y van seis en lo que va de 2016, según cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y de la Dirección Ejecutiva del Servicios de Inclusión Integral A.C.; y ha detectado que los municipios de mayor incidencia es Valle del Mezquital y la zona de Tizayuca.

• Jalisco , El instituto jalisciense de ciencias forenses reporta 579 mujeres asesinadas entre el 2012 y el 2015, este último año con 150 y siete en lo que va de 2016. La Coordinación de Delitos contra las Mujeres de la Fiscalía de Jalisco, reporta recurrencia de feminicidios en la capital y en los municipios de Zapopan, Ameca El Salto, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y Puerto Vallarta.

• Michoacán , de 2013 a 2015 existen registrados 1,400 casos de mujeres asesinadas; apenas 750 tipificados como feminicidios. Además, en 33 de cada 100 de las muertes de mujeres se desconoce la causa, en 28 de cada 100 se desconoce su identidad y en 65 de 100 se desconoce el lugar donde fueron asesinadas, de acuerdo con informes de la Comisión de Equidad de Género del Congreso Local.

• Morelos , tiene reporte de 686 feminicidios en 16 años, siendo 2012 el año con mayor incidencia con 92 casos; 2013 con 70; en 2014 con 54, en 2015 y 2016 con 156, y se reportan 11 casos ocurridos en lo que va de 2016. Son 17 municipios con la mayor afectación: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec. De acuerdo con la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, AC, el rango de edad de las mujeres asesinadas durante la Alerta de Violencia de Género en Morelos, fluctúa entre los 4 y los 85 años, y en datos más desagregados se tienen víctimas de entre los 21 y 30 años, con un 18.91%, seguida de un 13.51% entre 31 y 40 años; y existe un incremento de feminicidios en mujeres de 41 a 50 años y de 81 a 90.

• Nayarit , en 2011 Marcela Lagarde, ex Diputada y ex presidenta de la Comisión Especial de Feminicidios de la 59 Legislatura en la Cámara de Diputados señalaba a Nayarit como la entidad con mayor incidencia de muertes violentas de mujeres con una cifra de 40 asesinatos en ese año.

• Nuevo León , datos de la Procuraduría de Justicia estatal, ha contabilizado 14 mil 492 denuncias por violencia de género en lo que va de 2015. Mientras que la organización Artemisas por la Equidad, ha contabilizado alrededor de 661 mujeres y niñas asesinadas en el sexenio de 20016 a 2012 y 232 en lo que va de 2012 a 2016.

• Oaxaca , Consorcio para el Diálogo Parlamentario en su Informe Ciudadano sobre Feminicidio, reporta 129 homicidios contra mujeres ocurridos en 2014, ubicando a la entidad en el tercer lugar a nivel nacional. También se tienen contabilizados de 1998 a 2015 con un registro de mil 129 asesinatos, y que 418 feminicidios fueron cometidos de 2010 a 2015 y 18 en lo que va de 2016.

• Puebla , de enero de 2014 a abril de 2015, ocurrieron 75 feminicidios, la mayor parte de las víctimas tenían entre 30 y 35 años, seguido por grupo de edad de entre 20 y 25 años, y en tercer lugar, de entre 40 y 45 años, lo anterior según registros del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr). Puebla presenta un promedio de 4.68 asesinatos de mujeres cada mes. De los casos ocurridos en 2015, seis tuvieron lugar en la capital poblana, dos en Coronango y uno en San Andrés Cholula, Tepeaca, Xicotepec, Tehuacán, Tepeyahualco, Chingnahuapan e Izúcar de Matamoros, respectivamente.

• Querétaro , durante el 2015, se han reportado como desaparecidas 208 mujeres, 67 adultas y 141 niñas de entre 11 y 17 años de edad, y se han identificado un total de 23 casos de feminicidios, de los cuales, siete corresponden a mujeres previamente reportadas como desaparecidas y localizadas sin vida entre tres y 18 días después de iniciada la denuncia, esto de acuerdo con resultados de la investigación del grupo T ?ek éi, de acuerdo con un monitoreo que realizó del primero de enero del 2015 al dos de enero del 2016.

• Quintana Roo , el Observatorio Ciudadano del Feminicidio de acuerdo con cifras oficiales de la Procuraduría indican que en 2012 se registraron 80 muertes en Quintana Roo, 14 en 2013 y en 2014 la cifra se elevó a 51, lo que representa alrededor de 7 asesinatos cada mes, la mayoría acontecidos en Benito Juárez, Cancún, Playa del Carmen y Chetumal.

• San Luis Potosí , el Informe especial sobre la situación del respeto de los derechos humanos de las mujeres, en el caso de feminicidios en San Luis Potosí, a cargo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, reporta que de junio de 2011 a marzo de 2015 se han registrado 124 homicidios de mujeres, 22 de ellos ocurrieron en siete municipios de la zona Centro, lo que representa el 56.41 por ciento; y 17 casos en la Huasteca, lo que equivale al 43.59 por ciento.

• Sinaloa , el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, indica un aumento del 110.59 % de la problemática en esa entidad. Y de acuerdo con datos de la diputada local María del Rosario Sánchez, actualmente suman 358 feminicidios, de los cuales 68 son niñas, adolescentes y jóvenes de hasta 20 años de edad, 108 son las mujeres de 21 a 30 años; 81 mujeres de 31 a 40 años de edad; 49 son mujeres entre los 41 y 50 años, además de 34 mujeres asesinadas mayores de 51 años. Activistas y defensoras de los derechos de la mujer, reportan que en 2013, fueron asesinadas 6 mujeres al mes, en 2012 casi 7 mujeres por cada mes, los dos años anteriores, 2010 y 2011, se registraron 9 por cada mes. En 2014, el promedio fue de 9 mujeres por mes.

• Sonora , la Procuraduría General de Justicia Estatal ha tipificado 19 casos de feminicidio, mientras que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio tiene registro de 52 asesinatos de mujeres de entre los 21 a 30 años, incluyendo menores de edad, y reporta que desde 2008 a la fecha, suman 357 los feminicidios en la entidad.

• Tabasco , el colectivo “encuentro por los derechos de las mujeres en Tabasco” reporta 20 asesinatos de género en 2015, y que en nueve años, de 2006 a 2015, ya suman 161 feminicidios; mientras que la Fiscalía General de Justicia únicamente ha reconocido siete casos en 2015; lo cual lleva a un promedio de dos asesinatos de mujeres por mes.

Algunos datos de la incidencia por municipio se tiene que en el Centro han ocurrido 18 feminicidios; en Cárdenas son 8; Huimanguillo 7; Cunducán 4; Tenosique 3; Tacotalpa 3.

• Tamaulipas , la Procuraduría de Justicia local integró más de 637 averiguaciones por homicidios dolosos de mujeres en 2015, sin embargo ninguno fue consignado como feminicidio. De acuerdo con la Comisión de Igualdad de Género del Congreso Local el municipio de Matamoros tiene 145 casos, seguido por Reynosa con 79, Nuevo Laredo, 76; Río Bravo, 65; Ciudad Victoria, 52; Valle Hermoso, 35; Tampico, 27; Altamira, 22; Madero, 18; San Fernando, 15; Güemez, 13; e Hidalgo, 13.

• Tlaxcala , del 2011 al 2015 se registraron 60 feminicidios de acuerdo con información del Observatorio de Violencia de Género y Trata de Personas, que presentó el Colectivo Mujer y Utopía de Tlaxcala.

• Veracruz , el fiscal general del estado ha reconocido que entre 2014 y 2015 se han cometido 109 feminicidios, mientras que el Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana ha registrado 16 muertes violentas en lo que va del año 2016 y había contabilizado 93 feminicidios tan solo entre enero y octubre del 2015, asimismo durante el 2014 se tenían registro de al menos 74 casos de este tipo; presentándose el mayor número de casos en 21 de los 212 municipios de Veracruz, principalmente en Xalapa, Puerto de Veracruz, Coatzacoalcos, Tantoyuca y la región Córdoba-Orizaba. El Colectivo Akelarre señala que la entidad ocupa el cuarto lugar nacional en casos de feminicidio y que las principales víctimas son mujeres de entre 14 y 20 años.

• Yucatán , Organizaciones de la sociedad civil Por nuestro Derechos Mujeres en Red y el Observatorio contra el Feminicidio en el Estado, junto con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio han reportado del 2008 a 2016 un registro de 72 muertes en Yucatán. La Encuesta Nacional sobre la dinámica de las Relaciones en el Hogar 2006, ubicó a Yucatán en el quinto lugar en violencia contra la mujer, incluyendo violaciones a niñas de 0 a 14 años.

• Zacatecas , el Centro de Justicia de la entidad, señala que de 2013 a 2015 se cometieron 47 asesinatos de mujeres, y que diariamente aparecen mujeres asesinadas en cada uno de sus 58 municipios, y cada 5 días desaparece una mujer entre los 14 y los 40 años de edad.

7. Como puede observarse, las cifras que se cuentan son de organizaciones sociales o de instancias internacionales, pero no existe una base de datos o una herramienta que permita contar con las estadísticas manejadas por instituciones gubernamentales y tener un diagnóstico sobre la desaparición de niñas, niños, adolescentes y los feminicidios.

8. Cabe destacar que, el 7 de abril de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declaran reformados los artículos 26 y 73, fracción XXIX-D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se crea un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica; a su vez, la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, dentro de los Subsistemas Nacionales de Información, establece el Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social, entre los cuales se propone que de sus variables exista uno que genere indicadores clave que homologuen los datos nacionales sobre la desaparición de niñas, niños y adolescentes y los casos de feminicidios en nuestro país y así poder contar con herramientas para contextualizar las acciones y políticas que atiendan de fondo esa problemática.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de esta soberanía el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica para que genere, de acuerdo a los indicadores clave del Subsistema Nacional de Información demográfica y social, una variable que aporte datos a nivel nacional y estatal sobre la desaparición de niñas, niños y adolescentes y de los feminicidios en el país, con datos desagregados que permitan diseñar y aplicar políticas que atiendan dicha problemática.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 15 días de marzo de 2016.

Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCJN a pronunciarse sobre el derecho prevaleciente en la tercera sección del bosque de Chapultepec, localizada en un área de valor ambiental; y, en su caso, ejercer la facultad de atracción, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Jesús Sesma Suárez, Lorena Corona Valdés, Lía Limón García, Arturo Álvarez Angli y Alma Lucía Arzaluz Alonso, diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El Bosque de Chapultepec es el bosque urbano de mayor extensión en América Latina, es considerado el pulmón verde más importante de la Ciudad de México ya que representa el 52% de las áreas verdes, contando con una superficie total de 686.018 hectáreas en sus tres secciones: i) 274.0864 hectáreas en la Primera Sección, ii) 168.0326 hectáreas en la Segunda Sección; y iii) 243.9041 hectáreas en la Tercera Sección.

El 13 de septiembre de 1974 se inauguró la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec y en 1992 fue decretada área natural protegida de jurisdicción local, bajo la categoría de zona sujeta a conservación ecológica.

En esta sección el eucalipto, fresno y cedro blanco, ocupan el 68% del total de especies registradas. La mayor riqueza y abundancia relativa de vertebrados se localiza en esta sección.

De las 243.9041 hectáreas que comprende su superficie, 143.81 corresponden a Barrancas Dolores y 33.9994 a Bosque Rústico.

Entre los servicios ambientales que proporcionan los recursos naturales de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec para la Ciudad de México, destacan la regulación de la temperatura y de la humedad, el control del ruido, la recarga de mantos acuíferos y la captura de los contaminantes.

Los terrenos ocupados por la denominada Tercera Sección del Bosque de Chapultepec y las depresiones aledañas, ubicados en la jurisdicción de la Delegación Miguel Hidalgo, representan, por sus características biogeomorfológicas y climáticas un reducto natural por la abundancia de su cobertura vegetal.

Derivado de ello, el 8 de junio de 1992, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto Expropiatorio del Presidente de la República donde establece una superficie de 85 hectáreas como zona prioritaria de preservación y conservación del equilibrio ecológico y se declara área natural protegida, bajo la categoría de zona sujeta a conservación ecológica. Por lo tanto, dicha superficie es un área que requiere la protección, conservación, mejoramiento, preservación y restauración de sus condiciones ambientales.

En dicha superficie de 85 hectáreas quedó comprendido un inmueble con una superficie de cuatro mil 799 metros cuadrados localizado en Montes Apalaches 525, colonia Lomas de Chapultepec, Sección Virreyes, delegación Miguel Hidalgo.

El 3 de junio de 1999, Inmobiliaria Trepi demandó al Gobierno del Distrito Federal la reversión de ese inmueble, argumentando que no se había cumplido con la causa de utilidad pública del Decreto Expropiatorio de 1992.

Ante esto, el Gobierno del Distrito Federal respondió a la Inmobiliaria que la causa de utilidad sí se había cumplido, puesto que la superficie en cuestión se conservaba como área verde.

Posteriormente el 5 de septiembre de año 2000, el Gobierno del Distrito Federal, refrendó dicho pronunciamiento.

Por lo anterior, Inmobiliaria Trepi interpuso un juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF, a efecto de que procediera el juicio de reversión. Petición que fue resuelta en sentido positivo a favor de la inmobiliaria.

La Sala Superior del mismo Tribunal confirmó la sentencia argumentando que no se había acreditado el cumplimiento de la causa de utilidad pública del Decreto Expropiatorio, por lo que ordenó al Gobierno del Distrito Federal, declarara procedente la reversión.

Ante el incumplimiento del Gobierno del Distrito Federal, Inmobiliaria Trepi promovió amparo ante el Juez 4º de Distrito en Materia Administrativa (expediente 1321/2007) que concedió el amparo, mismo que confirmó el 6º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, conminando a la administración capitalina, dar cumplimiento de la resolución judicial.

Después de nueve requerimientos del Juzgado 4º de Distrito, el Juez comisionó al actuario para que diera posesión física a Inmobiliaria Trepi del predio de cuatro mil 799 metros cuadrados, lo que sucedió el 12 de noviembre de 2012.

El 15 de noviembre de 2015 el Juez 4º de Distrito en materia administrativa ordenó a las autoridades de la Ciudad de México dar cumplimiento al amparo otorgado a la Inmobiliaria Trepi.

En cumplimiento a lo anterior, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México se encargó de levantar una malla ciclónica en el predio para delimitar el área, el pasado 26 de enero.

A la fecha, la resolución judicial sigue pendiente de cumplimiento por parte de las autoridades de la Ciudad de México.

La reversión del inmueble localizado en Montes Apalaches 525, significará la pérdida de un área verde de cerca de cinco mil metros cuadrados de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, lo cual resulta inadmisible por el valor ambiental que representa.

La reversión del inmueble localizado en Montes Apalaches 525 resulta grave si consideramos que se trata de un predio ubicado en un área de valor ambiental, la cual se define como áreas verdes en donde los ambientes originales han sido modificados por las actividades antropogénicas y que requieren ser restauradas o preservadas, en función de que aún mantienen ciertas características biofísicas y escénicas, las cuales les permiten contribuir a mantener la calidad ambiental de la Ciudad de México.

Además, la naturaleza de los suelos de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec y de las depresiones aledañas, ha hecho factible un eficiente sistema de captación y escurrimiento de agua de lluvia, por lo que, si bien no son zonas de recarga directa, sí están constituidas como zonas de captación y conducción del agua de lluvia precipitada, misma que, aguas abajo, participa importantemente en la recarga de mantos acuíferos, extendiendo, mediante ello, la influencia ambiental, que producida en las citadas depresiones, trasciende hasta el fondo del Valle de México.

El medio ambiente, como elemento indispensable para la conservación de la especie humana, tiene un carácter colectivo y, por lo tanto, se trata de un bien público cuyo disfrute o daños no sólo afectan a una persona, sino a la comunidad en general. Por lo cual, su defensa y titularidad debe ser reconocida en lo individual y en lo colectivo.1

El derecho al medio ambiente se incluyó por primera vez en nuestro sistema jurídico en 1999, en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el cual señalaba que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”.

El 8 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto al artículo 4 de la CPEUM, para quedar el párrafo quinto como sigue: .”...Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a ese derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de los dispuesto por la ley...”

El alcance individual y colectivo del derecho humano de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, como lo establece hoy la CPEUM, es el resultado de un proceso en el que tanto a nivel global como en México, se ha venido reconociendo a los elementos de la naturaleza como bienes jurídicamente tutelados, por si mismos: la biodiversidad, especies de flora y fauna, el agua, la atmósfera, ecosistemas de alto valor como los bosques y las selvas.2

Es necesario reconocer el valor tangible e intangible que el entorno ambiental provee a los seres humanos y que inciden en su calidad de vida, protegiendo tanto a las generaciones presentes como las generaciones futuras.

La relevancia del derecho al medio ambiente sano radica en que éste es un derecho que abre la puerta hacia el ejercicio de otros derechos como el derecho a la salud y a un nivel de vida adecuado.

Por su parte, el derecho de la propiedad privada es un derecho fundamental; sin embargo, el Poder Constituyente lo delimita fijando su contenido, a fin de garantizar otros bienes o valores constitucionales, como el bien común o el respeto al ejercicio de los derechos de los demás integrantes de la sociedad, en este sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó jurisprudencia, la cual establece:

Época: Novena Época
Registro: 175498
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXIII, Marzo de 2006
Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 37/2006
Página: 1481

Propiedad privada. El derecho relativo está limitado por su función social.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 14, 16 y principalmente el 27, reconoce como derecho fundamental el de la propiedad privada; sin embargo, lo delimita fijando su contenido, a fin de garantizar otros bienes o valores constitucionales, como el bien común o el respeto al ejercicio de los derechos de los demás integrantes de la sociedad. Luego, tratándose de aquel derecho, la Constitución Federal lo limita a su función social, toda vez que conforme al indicado artículo 27, el Estado puede imponer modalidades a la propiedad privada por causas de interés público o bien, podrá ser objeto de expropiación por causas de utilidad pública y, por tanto, es ella la que delimita el derecho de propiedad en aras del interés colectivo, por lo que no es oponible frente a la colectividad sino que, por el contrario, en caso de ser necesario debe privilegiarse a esta última sobre el derecho de propiedad privada del individuo, en los términos que dispone expresamente la Norma Fundamental.

Acción de inconstitucionalidad 18/2004. Diputados integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Colima. 24 de noviembre de 2005. Mayoría de nueve votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Laura García Velasco.

El Tribunal Pleno, el dieciséis de febrero en curso, aprobó, con el número 37/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciséis de febrero de dos mil seis.

Ante una colisión de derechos resulta imprescindible que nuestro máximo órgano jurisdiccional se pronuncie, porque el interés y trascendencia del asunto lo ameritan.

En consecuencia, se estima necesaria la intervención de nuestro máximo órgano jurisdiccional en el conocimiento del caso por tratarse de la posible pérdida de un predio ubicado en un área de valor ambiental y por la importancia que representan los servicios ambientales que proporcionan los recursos naturales de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec para la Ciudad de México.

Lo anterior con el propósito de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con pleno respeto al principio de división de poderes, se pronuncie respecto de qué derecho prevalece si el derecho de propiedad o el derecho humano a un medio ambiente sano.

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta, con pleno respeto al principio de división de poderes, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronuncie respecto de qué derecho prevalece si el derecho de propiedad o el derecho humano a un medio ambiente sano, respecto al juicio seguido con relación a un área verde con una superficie de 4 mil 799 metros cuadrados de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, localizada en un área de valor ambiental, en Montes Apalaches 525, colonia Lomas de Chapultepec, Sección Virreyes, delegación Miguel Hidalgo y, en su caso, ejerza la facultad de atracción.

Dado en la sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, durante el segundo periodo del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, a los 15 días del mes de marzo de 2016.

Notas

1 Indicadores sobre el derecho a un medio ambiente sano en México. Vol. 1. Colección Indicadores de Derechos Humanos. Oficina del Alto Comisionado. México, 2012. Pág. 58.

2 El derecho humano al medio ambiente en México, Diana Ponce Nava, consultado en: http://ceja.org.mx/IMG/El_Derecho_Humano_al_Medio_Ambiente_en_Mexico.pd f

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Lorena Corona Valdés, Lía Limón García, Arturo Álvarez Angli, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Gálico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Edgar Spinoso Carrera, Wendolín Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet, Eduardo Francisco Zenteno Núñez.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Zacatecas a detener la persecución contra propietarios de vehículos automotores de procedencia extranjera en la entidad, suscrita por los diputados Mariana Trejo Flores y Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputados Mariana Trejo Flores y Alfredo Basurto Román de la LXIII Legislatura e integrantes de la Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, fracción I y artículo 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados que somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo el tenor de los siguientes

Considerandos

El año 2016 en Zacatecas comenzó con una persecución abierta y sin distingo contra los propietarios de vehículos de procedencia extranjera en condiciones de irregularidad de estancia en territorio nacional. La Servicio de Administración Tributaria (SAT) instauró, a través de la Policía Fiscal, una serie de retenes a lo largo y ancho de la entidad zacatecana para revisar a todos los vehículos con placas de procedencia extranjera que circulen por las carreteras o calles de las comunidades, municipios y ciudades del estado, con esta medida, están obligando a los propietarios de los vehículos a entregarlos bajo el supuesto de contrabando de vehículos y delincuencia organizada.

Los retenes establecidos por la Policía Fiscal y con apoyo de la Policía Federal y demás cuerpos de seguridad en el estado, están violentado el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que: “Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes1 .

El SAT, con su proceder en el estado de Zacatecas y bajo el amparo de la omisión por parte de las autoridades locales, pone en tela de juicio el artículo 16 de la misma Carta Magna que rige a los Estados Unidos Mexicanos y viola este artículo constitucional que establece que: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento2 .

La Constitución establece que ninguna ley estará por encima de la Carta Magna, es por ello y, con fundamento en el trato que se les da a los ciudadanos mexicanos que poseen vehículos con placas extranjeras en el estado de Zacatecas, que se establece que es por obviedad que el SAT y las autoridades de seguridad civiles están cometiendo un acto de inconstitucionalidad, poniendo en riesgo el estado de derecho y violando el “debido proceso” en el momento de hacer las detenciones, revisiones e incautaciones de los vehículos, despojando de patrimonio a cientos de familias que han trabajado con arduo esfuerzo en los Estados Unidos de América para poder sobrevivir en el territorio nacional.

Zacatecas ocupa el segundo lugar nacional en migración hacia los Estados Unidos de América3 1 millón 800 mil zacatecanos viven del otro lado de la frontera norte4 , mientras que en el estado sólo viven 1 millón 491 mil zacatecanos5 , viven más zacatecanos en Estados Unidos de América que en todo el estado de Zacatecas.

Según informes del Banco de México, las remesas que envían los trabajadores mexicanos en el extranjero, ocupan ya el primer lugar en entrada de divisas a nuestro país, la tasa más alta del destino de esas divisas lo tiene el estado de Zacatecas, aportando a la economía nacional por la economía migrante cerca de 6 mil millones de pesos anuales, casi 30 por ciento del total del Presupuesto de Egresos del Estado, lo que significa que la economía migrante es superior a la economía local que se desarrolla en la entidad y en otras varias zonas del país.

El fenómeno de la migración de la entidad ha sido catalogado como “atípico”6 pues se da en el tenor de migración permanente con visitas al territorio nacional de manera frecuente, que es el momento en el que los “paisanos” internan los vehículos de procedencia extranjera para dejarlos en resguardo de familiares o de migrantes mismos que prolongarán su residencia o estancia en el país.

Los migrantes mexicanos no son delincuentes, los migrantes zacatecanos no son delincuentes, sin embargo son tratados como tal en el país donde trabajan y en el país donde nacieron y donde invierten sus capitales, como es el caso de México, en específico de Zacatecas.

La Secretaría de Migración del estado de Zacatecas no ha logrado insertar un trabajo óptimo para el desarrollo pleno de los derechos y la defensa de los migrantes zacatecanos en su propio territorio, pues, relatan algunos migrantes que durante su recorrido por las carreteras de Zacatecas, han sido vejados, violentados y lastimados por el personal de la Policía Fiscal y la Policía Federal en los retenes establecidos, asimismo, relatan, han sido molestados y tratados como delincuentes por traer un vehículo con placas extranjeras y, acusados de delincuencia organizada y tráfico ilegal de vehículos.

20 por ciento del total de los vehículos que circulan en Zacatecas tienen placas de procedencia extranjera, es decir, 90 mil vehículos están en estas condiciones, sin embargo, la mayoría de esos vehículos, casi 38 mil vehículos se encuentran empadronados a nivel estatal7 y regulados ante la Secretaría de Finanzas del Estado, con el fin de obtener un permiso de circulación y no ser molestados por las autoridades civiles de seguridad pública.

Los zacatecanos exigen a las autoridades que se haga valer el estado de derecho y se respete el marco jurídico que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ninguna ley se encuentra por encima de la Constitución, es necesario que el SAT y la Policía Fiscal, así como la Policía Federal, respeten las garantías de los ciudadanos mexicanos.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado con lo citado en el proemio que presentamos al pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Zacatecas a intervenir para hacer valer el estado de derecho y que cese la persecución en contra de los propietarios de vehículos automotores de procedencia extranjera en la entidad.

Notas

1 Artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente.

2 Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fragmento del Artículo.

3 http://ntrzacatecas.com/2014/01/24/zacatecas-segundo-lugar-nacional-en- migracion/

4 Unidad Académica de Estudios en el Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas, investigación del Dr. Rodolfo García Zamora.

5 Inegi 2010.

6 Doctor Miguel Esparza Flores, Director de la maestría en Economía Regional de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

7 http://ntrzacatecas.com/2016/01/18/buscan-regular-vehiculos-chocolate/c omment-page-1/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2016.

Diputados: Mariana Trejo Flores, Alfredo Basurto Román (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a realizar acciones para salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores despedidos por la empresa Cotemar en Ciudad del Carmen, Campeche, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, maestro Jesús Alfonso Navarrete Prida, realizar las acciones necesarias para salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores despedidos por la empresa Cotemar, al tenor de los siguientes

Exposición de Motivos

A principios de 1979 se constituye la empresa constructora y de servicios Cotemar, SA de CV, con capital privado mexicano. Desde su fundación ha prestado a Petróleos Mexicanos servicios relacionados con el desarrollo de campos petroleros costa fuera, utilizando embarcaciones especializadas.

Cotemar está certificada bajo la norma ISO 9001:2008 para sus actividades de negocio, asegurando así que sus procesos operativos son efectivos. Cuenta también con la aprobación del Código Internacional de Protección Marítima (International Ship and Port-Facility Security) y sus embarcaciones cuentan con la certificación ISM (International Safety Management) para sus actividades de seguridad marítima.

A consecuencia del reciente recorte presupuestal anunciado por el Gobierno Federal, la compañía Cotemar, una de las más grandes proveedoras de Petróleos Mexicanos (Pemex), despidió a dos mil 300 trabajadores, al cancelar sus contratos para operar plataformas petroleras en la Sonda de Campeche.

De acuerdo con personal de Cotemar, la anulación de los convenios con Pemex ocasionó que la empresa suspendiera la actividad en tres de sus plataformas: Safe Britannia, Safe Lancia y Safe Regency, aumentando con ello las cifras de desempleo en la isla que ya ascienden a más de 30 mil personas.

Cotemar, tenía contratos de servicios con Pemex por todo el 2016, pero la semana pasada, luego del anuncio del recorte presupuestal de 100 mil millones de pesos, le cancelaron los proyectos de este año, por ello se vio obligada a detener sus actividades en esas tres plataformas que son propiedad de la empresa Prosafe, la cual ya se llevó de México a la Safe Britannia, y a mediados de marzo sacará de aguas nacionales a la Safe Regency y Safe Lancia, las cuales se almacenarán en Estados Unidos.

El impacto de los despidos en Campeche repercute también en otras entidades como, Tabasco, Veracruz y Yucatán de donde procede la mayoría del personal que perdió su empleo.

Con el último recorte anunciado, cientos de electricistas, técnicos, maniobristas, soldadores, entre otros, se quedarán sin empleo y con pocas posibilidades de encontrar un nuevo trabajo donde ganen lo que Cotemar les pagaba; sumándose a la lista de desempleados sin liquidación y con un finiquito muy por debajo de lo que determina la ley.

Muchos firmaron su finiquito sin pensar en la liquidación, ni en una demanda laboral, con la esperanza de trabajar de nuevo en la empresa cuando se reactiven los contratos, “no demandamos porque nos candalean”; fue lo que explicaron trabajadores, que significa que no serían recontratados por la empresa a futuro.

A decir de la presidenta de la delegación Campeche de la Cámara de Comercio, Verónica Ceballos Cámara, los despidos de 2 mil 300 obreros de plataformas de Cotemar, tras terminar en forma anticipada Pemex sus contratos por los recortes presupuestales, ocasionará que se agudicen los graves problemas de desempleo en Ciudad del Carmen y la vagancia, la inconformidad social de los desocupados; tendrá como consecuencia que se dispare la delincuencia, el alcoholismo, la drogadicción y prostitución en la isla.

Considerandos

Primero. El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo y en su fracción XXII estipula que el patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. La Ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnización

Segundo. El capítulo IV “Recisión de las Relaciones de Trabajo” en la Ley Federal del Trabajo establece los derechos que tienen los trabajadores en caso de ser despedidos por causas ajenas a los mismos.

Tercero. Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece en su artículo 40 que a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde vigilar la observancia y la aplicación de las disposiciones contenidas en el Artículo 123 y otros de la Constitución Federal, así como lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos.

Cuarto. Que el artículo 537 de la Ley citada con anterioridad, dispone que el Servicio Nacional de Empleo tiene como objetivo promover y diseñar mecanismos para el seguimiento a la colocación de los trabajadores

Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y su titular maestro Jesús Alfonso Navarrete Prida, realice las acciones necesarias para salvaguardar los derechos laborales de los dos mil trescientos trabajadores despedidos por la empresa Cotemar en Ciudad del Carmen Campeche y lleve a cabo las acciones o programas necesarios con el Servicio Nacional de Empleo para facilitarles la búsqueda y su colocación en un nuevo empleo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2015.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a definir un modelo educativo flexible y acorde con las necesidades de la educación básica, media superior y normal para el próximo ciclo escolar 2016-2017, a cargo del diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Carlos Gutiérrez García, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción XI, y 62, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La más reciente reforma educativa en México, puesta en marcha desde el inicio de la presente administración, ha pasado por diversas etapas en su proceso de implementación: desde la modificación constitucional y legislativa de sus normas secundarias, hasta los más ambiciosos anuncios gubernamentales que enumeran las bondades de las estrategias o programas para su consecución.

No obstante el reconocimiento del esfuerzo y anhelos de algunas de las acciones de las autoridades educativas en turno, hasta ahora se observan claras muestras de un compromiso más orientado a hacer realidad las aspiraciones de la sociedad mexicana, así como de los agentes educativos, con el fin de cumplir con los compromisos de la reforma educativa iniciada desde el año 2012.

Así, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza observamos con interés las acciones anunciadas por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), maestro Aurelio Nuño Mayer, que posicionan a la escuela como centro de las principales transformaciones y factor indisoluble de la mejora a la calidad educativa a la que aspiramos las y los mexicanos.

Al publicar en medios electrónicos oficiales los ejes constitutivos del programa denominado “La Escuela al Centro”, consideramos pertinente que se tomen en cuenta algunas de las observaciones realizadas por las y los docentes sobre su labor educativa desde el aula.

De esta manera, teniendo como objetivo mejorar la organización de las escuelas para llevar la reforma educativa a las aulas, se abunda al señalar “un cambio en la organización de las escuelas para que todos los miembros de la comunidad se involucren activamente en su mejora continua”. De tal manera que todo el sistema educativo deba “estar al servicio de las escuelas y de sus alumnos, y brindarles el apoyo que requieren para elevar la calidad de la educación”.1 .

Para ello, desde la federación se definen seis líneas de acción a desarrollar en conjunto con las autoridades educativas locales, maestros, directores y padres de familia, entre las que se encuentran: una nueva organización con menos burocracia y más recursos para las escuelas, el fortalecimiento de los Consejos Técnicos Escolares, así como una participación social más activa y la mejora del uso del tiempo en la jornada escolar, incluyendo el retorno de las escuelas de verano.

De esas líneas, sobresale por su contenido e impacto directamente en la labor educativa de los docentes y el aprovechamiento escolar, lo concerniente a la mejora del uso del tiempo de la jornada escolar, que, en palabras del propio Titular de la SEP, consiste en permitir que

“... cada comunidad escolar pueda optar por diversas formas de organizar su calendario. Para ello, se someterá a consideración del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al artículo 51 de la Ley General de Educación para permitir modificaciones en la estructura del calendario escolar.

En ningún caso se recortará el número de horas, directores, docentes y padres de familia, sujeto a la aprobación de las autoridades educativas estatales, podrán ajustar el calendario escolar y los horarios según sus necesidades, dentro de ciertos parámetros. Las primarias y secundarias seguirán teniendo el mismo número de horas al año, pero ahora podrán escoger si quieren continuar impartiéndolas en 200 días con los horarios tradicionales o cambiar a un calendario de 185 días con jornadas más largas y de esa manera mejorar el uso efectivo del tiempo en las aulas.

Ambas modalidades se mantienen bajo los parámetros que se practican en el resto de los países de la OCDE. En promedio, los países miembros de esta organización cuentan con 185 días con 791 horas en primaria y 183 días con 907 horas en secundaria. En México, las primarias de horario regular tienen 800 horas de clases al año, las primarias de jornada ampliada mil 200 y las de tiempo completo mil 600, mientras que las secundarias llegan hasta mil 167. En todos los casos, el número de días y horas se mantendrá por encima o exactamente en el promedio de la OCDE.

En el caso de las escuelas preescolares aumentarán las horas de clase en todos los casos de 3 a 4 horas diarias para el calendario de 200 días y a 4.5 horas para el calendario de 185 días. Este cambio no solo mejorará significativamente la calidad y la equidad de la enseñanza -la evidencia internacional muestra que extender la educación temprana es crucial para un mejor desarrollo educativo en todos los niveles-, sino que también representará un apoyo importante a las madres trabajadoras de México”.2 .

Como se observa, la ya anunciada flexibilización del calendario escolar está orientada a “mejorar el uso efectivo del tiempo en las aulas” para todos los niveles de la educación básica. No obstante, a pesar de que se sustenta o respalda con indicadores internacionales, los ajustes y mejor aprovechamiento escolar no se basan solo en una mayor o menor disponibilidad del horario escolar.3

Los resultados escolares con esta medida no serán distintos a los ya ampliamente conocidos, si no se lleva a cabo una reestructuración de fondo del modelo y esquema en que se impartan los contenidos educativos que serán vistos en esos horarios escolares.

Es decir, si el modelo no permite que se cambien, se adecuen y se realicen los ajustes necesarios o “flexibilizarlos”, al igual que al calendario escolar y las reuniones de los Consejos Técnicos Escolares, también previsto en las líneas de acción anunciadas, seguiremos observando los mismos niveles de logro, independientemente de los instrumentos de evaluación utilizados.

Así, repetiremos ad infinitum los resultados actuales, en donde 9 de cada 10 de las y los alumnos en educación secundaria alcanzan apenas el nivel II de logro en matemáticas, así como 7 de ellos lograron el mismo nivel en las habilidades de lenguaje y comunicación,4 con similares resultados en educación media superior, donde se observan resultados de 8 y 6 de cada 10 en el nivel II de logro, respectivamente.5

Dichos resultados se vienen arrastrando desde las últimas evaluaciones de los Exámenes de la Calidad y el Logro Educativos (EXCALE), realizadas a los alumnos de sexto grado de primaria, durante el Ciclo Escolar 2012-2013.6

Los resultados alcanzados dan muestra de las deficiencias de un modelo educativo que urge analizarse a profundidad, pues ejemplifican su agotamiento en el cumplimiento de un objetivo sustancial: dominar un conjunto de aprendizajes esenciales al término de la educación media superior, en dos áreas de competencia: Lenguaje y Comunicación (Comprensión Lectora) y Matemáticas, sin dejar de mencionar otro tipo de competencias y conocimientos en las áreas científicas y cívico-éticas.

Resulta evidente que más horas dedicadas a la labor de enseñanza en el aula, como es nuestro caso, no garantizan mejores resultados educativos. Un error que podría conducirnos a conclusiones que distan de la realidad es asumir ejemplos de modelos altamente estresantes como el seguido en Corea del Sur, donde una generación pasó de ser uno de los países con desempeño más bajo, a uno de los países con desempeño más alto en muchos de los indicadores educativos. Sin embargo, cabe señalar que pesan sobre el mismo una de las tasas más altas de suicidio y depresión adolescente, siendo el suicidio la principal causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 24 años.7

Otro de los ejemplos citados de manera reiterada es Finlandia, país que dio un salto cualitativo en los resultados educativos después de haberse enfocado en la calidad de la enseñanza y en mejorar la equidad de los resultados, teniendo especial atención para que en cada grupo no existiesen estudiantes rezagados. La enseñanza secundaria se hizo incluyente y aunque existen los marcos y estándares nacionales del currículum, los municipios y las escuelas cuentan con una autonomía considerable que les permite adaptarlos al contexto local.8

Se pueden analizar muchos y muy variados modelos educativos que han transformado de manera positiva los resultados alcanzados. Una búsqueda en Internet puede dar cuenta de las distintas experiencias nacionales, locales y de vanguardistas espacios educativos que van desde las reducciones a la jornada escolar, la tarea a la inversa o la apropiación de conocimientos de manera vivencial mediante la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Empero, no debe ser el caso tropicalizar e implementar modelos que si bien han sido exitosos, no se ajustan al contexto nacional.

Los docentes del país reiteradamente han demandado que las políticas de mejora a la escuela tengan como punto de partida los cambios en los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que repercutirá en mejores resultados para los estudiantes.

En esta sintonía se encuentran las tareas a ser implementadas por el actual titular de la SEP y refuerzan el sentido de prioridad que se le ha asignado a la educación en el país. El mensaje es claro y compartimos dicho interés.

En Nueva Alianza consideramos que es imprescindible adoptar las medidas que sean necesarias para transitar a niveles más altos de competencia y desarrollo, centrando las acciones en las principales transformaciones educativas: la escuela y el modelo de enseñanza-aprendizaje. Por ello, resulta fundamental que así como se pretende dotar de mayor flexibilidad al calendario escolar y a las tareas y fechas de reuniones de los Consejos Técnicos Escolares, se aborde sin dilación un aspecto medular del proceso educativo que es el modelo del que derivan los planes y programas de estudio, la gestión escolar, la planeación de actividades educativas y los esquemas de evaluación.

Es menester que se ponga sobre la mesa e inicien las discusiones sobre la pertinencia del modelo, a fin de que las y los maestros del país puedan disponer de un currículo flexible; del que puedan derivar la adaptación de los propios contenidos, la planeación del tiempo de enseñanza, los métodos y materiales pedagógicos disponibles; y adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje, en función de las mismas características particulares y diferencias entre sus estudiantes.

Es decir, necesitamos un modelo educativo no enciclopedista y basado en la repetición, sino adaptable a cada estudiante, a cada grupo, a la escuela, al nivel educativo y al entorno.

Es momento de retomar esas valiosas aportaciones como un insumo deliberativo e iniciar el debate nacional sobre el modelo educativo que esperamos, tomando como base el diagnóstico que diversos sectores de la sociedad han elaborado.

Como sociedad, como legisladores y como docentes, no debemos estar satisfechos sólo con las medidas actualmente anunciadas. Asumimos nuestro papel y compromiso con la calidad educativa y el futuro de más de 31 millones de mexicanas y mexicanos que actualmente cursan la educación básica, la media superior y la formación de los futuros docentes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública para que dé inicio a un amplio e incluyente esquema de deliberaciones que orienten la definición de un modelo educativo flexible y acorde a las necesidades de la educación básica, media superior y la normal, urgiendo su implementación a partir del próximo ciclo escolar 2016-2017.

Notas

1 “La Escuela al Centro”, artículo del Secretario de Educación Pública, maestro Aurelio Nuño Mayer, disponible en https://www.gob.mx/sep/articulos/la-escuela-al-centro-19049.

2 Ídem.

3 Al respecto, sirva decir que el magisterio en México dedica más tiempo a sus labores educativas en clase que el promedio de la OCDE: “el tiempo anual neto de enseñanza entre los maestros de secundaria es en promedio de 1,047 horas, cifra mayor que entre los maestros de primaria (800 horas) y mucho mayor que el promedio de la OCDE de 694 horas. Los maestros de educación media superior pasan 838 horas enseñando (el promedio de la OCDE es de 655)”, a lo que debemos agregar que es solo en educación preescolar donde se invierte el promedio, pues en el país se imparten aproximadamente 532 horas de clase, contra las 1,001 horas que promedia la OCDE.

De manera específica, el tiempo de enseñanza en México también es mayor que en otros países de la OCDE: en Japón el tiempo que pasan los maestros de primaria en clase es de 731; los maestros de secundaria imparten en promedio 602 y en educación media superior, los promedios son de 510 horas.

México –Nota país –Panorama de la educación 2014: Indicadores OCDE . Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), Datos clave para México en Panorama de la Educación 2014. Disponible en http://www.oecd.org/edu/Mexico-EAG2014-Country-Note-spanish.pdf.

4 Con base en la información disponible para alumnos de educación Básica (Secundaria) en la evaluación PLANEA, disponible en “Ruta de Mejora Escolar. Expresión de las Decisiones en Colectivo. Ciclo Escolar 2015-2016. Educación Secundaria, Consejos Técnicos Escolares, Tercera Sesión Ordinaria”, Subsecretaría de Educación Básica, Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (SEP). México, página 8. Disponible en http://basica.sep.gob.mx/cte/3asecundaria.pdf.

5 “Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes –Planea- en la Educación Media Superior, Publicación de resultados. Primera Aplicación 2015”, página 15. Disponible en http://planea.sep.gob.mx/content/general/docs/2015/PLANEA_MS2015_public acion_resultados_040815.pdf.

6 Estimaciones realizadas con base en la información disponible sobre los resultados de las pruebas EXCALE. Disponibles en http://www.inee.edu.mx/index.php/bases-de-datos/bases-de-datos-excale/e xcale-06-ciclo-2012-2013.

7 “¿China, Corea del Sur o Finlandia?”. Rosa María Torres, Ex ministra de Educación y Culturas de Ecuador, coordinadora del Pronunciamiento Latinoamericano por una Educación para Todos. Publicado en AZ, Revista de Educación y Cultura, abril 15 de 2014. Disponible en http://www.educacionyculturaaz.com/analisis/china-corea-del-sur-o-finla ndia.

8 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2016.

Diputado Carlos Gutiérrez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los congresos locales a ajustar sus códigos civiles o familiares para derogar y reformar las disposiciones que permiten a los menores de edad contraer matrimonio, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del PRI

Francisco Saracho Navarro, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La efectiva protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, es un rubro que ha generado una gran preocupación en nuestro país, y se ha convertido en un reto que debe ser superado mediante el trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno, ya que a pesar de la protección a derechos humanos que se hace desde la Carta Magna, al numeral 2 del artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como de la vigencia de la nueva Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes aprobada en 2014, aún podemos observar que la legislación de diversas entidades federativas sigue sin ser armonizada en dichos términos, circunstancia que abre la posibilidad para fomentar diversos problemas sociales y de salud que afectan a ese sector poblacional, tanto en su presente, como a corto, a mediano y largo plazo.

En ese tenor, al ser una materia concurrente en términos de la fracción XXIX-P del artículo 73 constitucional, el papel que juega la referida Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes dentro del sistema jurídico mexicano, es muy importante, ya que a través de ella se establecerán los lineamientos mínimos sobre los cuales se debe regular, proteger, respetar y garantizar los derechos fundamentales de los menores de edad en los tres órdenes de gobierno, reflejando la política que a nivel nacional se debe seguir para tal efecto, por lo que en ese contexto, las entidades federativas deben adoptar los criterios establecidos en dicha ley general y únicamente pueden reforzar o incrementar los derechos tutelados en dicho ordenamiento, pero no pueden reducir o flexibilizar la protección realizada, lo anterior en términos de la siguiente jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dice lo siguiente:

Época: Novena Época
Registro: 165224
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXI, Febrero de 2010
Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 5/2010
Página: 2322

Leyes locales en materias concurrentes. En ellas se pueden aumentar las prohibiciones o los deberes impuestos por las leyes generales. Las leyes generales son normas expedidas por el Congreso de la Unión que distribuyen competencias entre los distintos niveles de gobierno en las materias concurrentes y sientan las bases para su regulación, de ahí que no pretenden agotar la regulación de la materia respectiva, sino que buscan ser la plataforma mínima desde la que las entidades puedan darse sus propias normas tomando en cuenta su realidad social. Por tanto, cumpliendo el mínimo normativo que marca la ley general, las leyes locales pueden tener su propio ámbito de regulación, poniendo mayor énfasis en determinados aspectos que sean preocupantes en una región específica. Si no fuera así, las leyes locales en las materias concurrentes no tendrían razón de ser, pues se limitarían a repetir lo establecido por el legislador federal, lo que resulta carente de sentido, pues se vaciaría el concepto mismo de concurrencia. En este sentido, las entidades federativas pueden aumentar las obligaciones o las prohibiciones que contiene una ley general, pero no reducirlas, pues ello haría nugatoria a ésta.

Acción de inconstitucionalidad 119/2008. Diputados integrantes de la Cuarta Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 3 de septiembre de 2009. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Fabiana Estrada Tena.

El Tribunal Pleno, el quince de febrero en curso, aprobó, con el número 5/2010, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de febrero de dos mil diez.

Al respecto, podemos observar que actualmente la legislación civil o familiar de diversas entidades federativas no se ajusta a dichos criterios y atenta contra el principio pro persona y el principio del interés superior de la niñez , previsto constitucionalmente, y contraviene al artículo 45 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, puesto que contemplan la posibilidad de que los menores de edad puedan contraer matrimonio, ya sea que se permita expresamente el matrimonio entre menores de edad, o bien, que a pesar de exigir la mayoría de edad de los contrayentes, este requisito pueda ser dispensado para celebrar dicha unión, por lo que resulta importante que los ordenamientos legales locales que contengan este tipo de contenidos, sean ajustados para prohibir que los menores de edad se vean involucrados en enlaces matrimoniales, armonizándose y fortaleciendo al contenido del referido artículo 45 de la ley general de la materia, que a la letra dice lo siguiente:

“Las leyes federales y de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años.”

Ante la necesidad de reforzar la tutela de dicho precepto y complementar el trabajo legislativo ya realizado, es que durante 2015, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha recomendado a México lo siguiente:

“A la luz de la observación general N° 18. (2014) adoptada de manera conjunta con el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, el Comité recomienda al estado parte que asegure la efectiva implementación del artículo 45 de la LGDNNA, asegurando que la edad mínima para contraer matrimonio por parte de niñas y niños sea establecida en 18 años en las leyes de todos los estados. El Estado parte debe también implementar programas integrales de sensibilización sobre las consecuencias negativas del matrimonio infantil en niñas, teniendo como población objetivo a los familiares, maestros y líderes indígenas.”1

En esa coyuntura es que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, implementó la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes (ENAPEA), en enero de 2015,2 señala la necesidad de que la legislación civil o familiar en las entidades federativas, sea homologada con la Carta Magna, el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir que los menores de edad puedan contraer matrimonio, ya que la celebración de este tipo de uniones, son un factor muy importante que ha incrementado los índices de maternidad en las menores de edad, como un problema social y de salud pública,3 lo cual es un trabajo que le corresponde realizar a cada Congreso local para sumarse al espíritu de la citada ley general.

En ese sentido, la legislación de Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila de Zaragoza, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán, recientemente han sido homologadas con el texto de la Constitución Política, al numeral 2 del artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del artículo 45 de la referida Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.4

No obstante lo anterior, después de haber revisado la legislación de Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas, nos percatamos que su legislación civil o familiar, según el caso, aun no se encuentra armonizada con la Carta Magna, al numeral 2 del artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 45 de la referida Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,5 puesto que permiten expresamente que los menores de edad puedan contraer nupcias, debido a que a pesar de exigir la mayoría de edad de los contrayentes, también prevé la dispensa de tal requisito, por lo que se advierte la necesidad de realizar ajustes a su respectiva legislación, y hacer más eficaz y clara la protección de los derechos fundamentales de los menores de edad.

Sobre ese particular, es necesario destacar que en la legislación civil o familiar de algunas entidades federativas, se establece la mayoría de edad como un requisito para contraer matrimonio, sin embargo, también se prevé la figura de su dispensa para poder celebrarlo cuando los contrayentes no lo cumplan, siempre que para tal efecto, otorguen su consentimiento las personas que ejerzan la patria potestad sobre ellos o en su ausencia, lo hagan otros familiares, incluso permite que autoridades o funcionarios también lo otorguen basándose en una supuesta “causa grave”, sin definirla en su texto, lo cual es una circunstancia que queda abierta al criterio de las personas que otorguen tal consentimiento, y hace nugatorio lo preceptuado por el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y atenta contra el principio pro persona y el principio del interés superior de la niñez , puesto que se aplica la ley en perjuicio de los menores de edad, lo cual es anacrónico e inadmisible, ya que dicha legislación local propicia que indebidamente se disponga de los derechos humanos, cuyo goce y disfrute corresponde a los menores de edad, además de ser inherente a ellos por su sola condición, y al respecto Luiggi Ferrajoli establece lo siguiente:

“Que los derechos fundamentales son indisponibles quiere decir que están sustraídos tanto a las decisiones de la política como al mercado. En virtud de su indisponibilidad activa, no son alienables por el sujeto que es su titular: no puedo vender mi libertad personal o mi derecho de sufragio y menos aún mi propia autonomía contractual. Debido a su indisponibilidad pasiva, no son expropiables o limitables por otros sujetos, comenzando por el Estado: ninguna mayoría, por aplastante que sea, puede privarme de la vida, de la libertad o de mis derechos de autonomía.”6

Aunado a lo anterior, mientras la legislación local aplicable guarde la redacción que por este conducto se cuestiona, también se contraviene a uno de los principios rectores de los derechos humanos, como lo es el de la progresividad , en términos de la siguiente tesis aislada emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que a la letra dice lo siguiente:

Época: Décima
Registro: 2000129
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5
Materia(s): Constitucional
Tesis: III.4o.(III Región) 4 K (10a.)
Página: 4580

Progresividad. Cómo debe interpretarse dicho principio por las autoridades a partir de la reforma que sufrió el artículo 1o. de la Constitución federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. El principio de progresividad persigue, esencialmente, la aplicación preferente de aquel ordenamiento que contemple un mayor beneficio al gobernado respecto de sus derechos humanos, por ello las autoridades deben estar atentas a la evolución de éstos, especialmente en los tratados internacionales, pues puede suceder que exista contraposición entre un derecho humano que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el previsto en el tratado, en cuyo caso, si éste es de mayor beneficio para la persona, es el que debe aplicarse, en observancia al referido principio y acorde con los fines de justicia, equidad y solidaridad social perseguidos por el Constituyente Permanente a partir de la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.

Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con Residencia en Guadalajara, Jalisco.

Amparo directo 633/2011. Pedro Rodríguez Alcántara. 20 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretario: Nicolás Alvarado Ramírez.

La permisión legal para que los menores de edad contraigan nupcias, implica que adquieran anticipadamente obligaciones legales y morales, las cuales les obstaculizará disfrutar de derechos y situaciones de su edad, además de situarlos en una condición de desventaja a corto, mediano y largo plazo respecto de otros jóvenes que no tienen este tipo de obligaciones; debe mencionarse que además de las implicaciones referidas, al permitirse que los menores de edad puedan contraer matrimonio, se han fomentado diversos problemas de carácter social y de salud que hace a dichos menores de edad más susceptibles a sufrir embarazos prematuros, problemas de salud durante el embarazo, mortalidad materna, mortalidad neonatal, deserción escolar, transmisión intergeneracional de la condición de pobreza, falta de oportunidades para acceder a un progreso, o incluso hasta abusos o la comisión de conductas tipificadas como delitos en su perjuicio, tales como la trata de personas u otras conductas análogas a la esclavitud, lesiones, incluso poniendo en riesgo su vida.

Desafortunadamente, en muchas de las ocasiones por aspectos de carácter social o cultural, que se basan en disposiciones legales anacrónicas, son las mismas familias o las costumbres de las comunidades indígenas, quienes empujan a sus niñas, niños o adolescentes a involucrarse en ese tipo de compromisos, aunado a la discriminación por razón de género que aún se observa en nuestro país, teniendo en las niñas una mayor susceptibilidad para ser involucradas en uniones matrimoniales, lo cual como ya se ha mencionado, encuentra su respuesta en aspectos de tipo cultural que debe irse erradicando.7

Ante los argumentos y criterios planteados, así como las recomendaciones realizadas al Estado mexicano y las estrategias implementadas por éste, es que se debe exhortar a los Congresos locales para que efectúen los ajustes necesarios a su legislación con la idea de tutelar eficazmente los derechos fundamentales de los menores de edad, adoptando los más altos estándares de protección establecidos en la Carta Magna, al numeral 2 del artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de que se prohíba que menores de edad contraigan matrimonio, eliminando la posibilidad de que les sea dispensado el requisito de la mayoría de edad para tal efecto.

Por todo lo antes expuesto, los proponentes presentamos ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los Congresos locales, quienes en ejercicio de la autonomía con que está investido el régimen interior de los Estados, para que en aquellos casos en los que no se hayan realizado reformas, o en los que se han realizado, pero que no se ajustan a los más altos estándares de protección de derechos humanos, efectúen los ajustes necesarios a sus Códigos Civiles o Familiares, según sea el caso, con la finalidad de que deroguen y reformen aquellas disposiciones que permiten a los menores de edad contraer matrimonio, eliminando la posibilidad de que les sea dispensada la edad para tal efecto, lo que homologaría su legislación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al numeral 2 del artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y al artículo 45 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Notas

1 Comité de los Derechos del Niño. Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México. Disponible en:

http://recomendacionesdh.mx/recomendaciones/descargar/CD N_2015_Traducci%C3%B3n_no_oficial/pdf

2 Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes (ENAPEA), página 66, consultado 7 de marzo de 2016 en http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/55979/ENAPEA_0215.pdf

3 Ver en http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/editorial-el- universal/nacion/2016/03/8/madres-por-ignorancia, consultado el 8 de marzo de 2016.

4 Ver en http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfResultados.aspx?TPub=
2&search=codigo%20civil&t=1&c=0&x=0&l=0&u=1&r=0&p=0&o=0&b=1&rn=
2&d=-1&v=-1&m=-1&fi=&ff=&edo=-1&sort=3&a=0&page=10&rID=, consultado el 10 de marzo de 2016.

5 Ver en http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfResultados.aspx?TPub=2&search=codigo%20civil&t=
1&c=0&x=0&l=0&u=1&r=0&p=0&o=0&b=1&rn=
2&d=-1&v=-1&m=-1&fi=&ff=&edo=-1&sort=3&a=0&page=10&rID=, consultado el 10 de marzo de 2016.

6 Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil. Editorial Trotta. Trad. de Perfecto Andrés Ibáñez. 7ª ed. Madrid, 2010. Pág. 47.

7 Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas “UNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres”, consultado 7 de marzo de 2016 en

http://www2.unwomen.org/~/media/field%20office%20mexico/documentos/noticias/
llamado%20a%20la%20accion%20unete%202015_19_nov.pdf?v=1&d=20151119T225223

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2016

Diputado Francisco Saracho Navarro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública y el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana a apoyar a Tecomán y Manzanillo, Colima, para combatir la creciente ola de violencia, a cargo de la diputada Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo ante la violencia y asesinatos en el estado de Colima al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En nuestro país la seguridad pública es una obligación de los tres niveles de gobierno los cuales tienen el compromiso de salvaguardar la integridad, los derechos y propiedades de las personas así como resguardar las libertades, el orden y la paz pública.

El Estado debe realizar políticas en materia de prevención social, especial y general de los delitos así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y con base en las competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública tiene como facultades formular propuestas para los programas nacionales de Seguridad Pública, de Procuración de Justicia y de Prevención del Delito así como evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de Seguridad Pública, entre otras.

Por su parte el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana tiene como atribuciones en esta materia el desarrollar programas, políticas y lineamientos para la prevención social del delito así como impulsar el establecimiento y operación de sistemas de vigilancia y de seguimiento de los fenómenos delincuenciales locales.

La situación específica de Manzanillo y Colima

Es necesario que las estrategias de prevención y combate a la violencia, sean aplicadas a los municipios de Tecomán y Manzanillo dado el avance preocupante de la criminalidad. La situación de emergencia ha obligado que comerciantes y personas en general se resguarden a temprana hora, ocasionando pérdidas al comercio y una baja sensible al turismo en especial al Municipio de Manzanillo.

La gente de Tecomán acostumbrada al orden y tranquilidad vespertina ha renunciado a sus costumbres ante la ola de violencia que ha desatado el crimen organizado.

Campeche, Colima y Veracruz son las entidades en donde los homicidios se multiplicaron en mayor proporción en enero pasado, con alzas que van desde el 150 hasta más de 300 por ciento, de acuerdo con los datos oficiales revelados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De hecho, el incremento de asesinatos en Colima (que además ha sido sostenido en los últimos meses) ya coloca esta entidad como la segunda con la mayor tasa de homicidios, solo por debajo de Guerrero. Ambas entidades reportan por lo menos cuatro homicidios por cien mil habitantes, cuando el promedio nacional es de un caso.

Cabe señalar que hasta octubre del año pasado el número de personas asesinadas al mes en Colima no rebasaba las 20 víctimas pero desde noviembre los asesinatos no descienden de por lo menos 25 casos.

Así lo demuestra la siguiente grafica publicada en la prensa nacional:

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

Punto De Acuerdo

Primero. Se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública para que tome las medidas necesarias para apoyar a los Municipios de Manzanillo y Tecomán, Colima, para ayudar a disminuir la violencia y asesinatos que han crecido en los municipios.

Segundo. Se exhorta al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana para que dentro de sus atribuciones emita opiniones y recomendaciones, así como para que evalúe los programas implementados por las instituciones de seguridad pública que tienen lugar en los municipios de Manzanillo y Tecomán, Colima.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2016.

Diputada Eloísa Chavarrías Barajas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Puebla a implantar acciones para prevenir y sancionar los feminicidios cometidos en la entidad, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

1. En los últimos años, México ha avanzado en materia de atención y erradicación de la violencia contra las mujeres; muestra de ello fue la publicación del 14 de junio de 2012, en el Diario Oficial de la Federación, el decreto de la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que tipifica el delito de feminicidio y garantiza la investigación, persecución y sanción de los crímenes contra las mujeres, trata de personas, atención de las víctimas y reparación del daño, entre otros.

2. Entre las particularidades de la reforma, el artículo 325 del Código Penal Federal, sanciona a las autoridades que incurran en negligencia y entorpezcan la investigación de casos de feminicidio con penas de 3 a 8 años de cárcel, multas de 500 a mil 500 días de salario, destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, encargo o comisión públicos por un periodo de 3 a 10 años.

3. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en diferentes fallos sobre la responsabilidad del Estado por incumplimiento del deber de garantizar el derecho al acceso a la justicia de las mujeres, ha puesto en evidencia que las conductas dolosas de jueces, policías y fiscales impiden una investigación eficiente de los delitos denunciados y, como consecuencia, se revictimiza a las mujeres en el propio aparato penal. En la sentencia del caso Campo Algodonero1 , señala que la “ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir”.

4. Es Global, medio digital español sobre análisis y reflexión de los principales problemas sociales, señaló en agosto de 2015, que en la mayoría de los países de América Latina no existen estadísticas oficiales sobre violencia machista o de género, así que es difícil saber la evolución de este problema social. Sin embargo, las organizaciones sociales ofrecen estadísticas abrumadoras: una mujer asesinada cada 31 horas en Argentina, 15 cada día en Brasil, 2 mil al año en México. Como también son terribles la brutalidad de muchos casos: golpeada hasta la muerte, acuchillada, degollada, troceada, torturada o violada; y el hecho de que las parejas, ex parejas y familiares de las víctimas sean los culpables en la mayoría de los casos. De hecho, las latinoamericanas han impuesto el término “feminicidio” para subrayar que se mata a las mujeres sólo por el hecho de serlo; son crímenes en que hombres las matan simplemente porque se creen superiores y con el derecho de decidir sobre sus vidas. Ofrecemos aquí una panorámica de la situación del feminicidio en algunos países de América Latina y las medidas que los Estados están tomando para erradicarla.

5. En el caso de nuestro país, las pocas estadísticas existentes contabilizan en torno a 2 mil feminicidios al año. El Observatorio Ciudadano Nacional sobre Feminicidio de México, OCNF, documentó 3 mil 892 casos de mujeres asesinadas entre 2012 y 2013; de ellos, sólo 613 fueron investigados como feminicidios. Dicha organización afirma que el gobierno mexicano ha logrado avances en la creación de leyes para proteger sus derechos humanos: la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos que elevó a rango constitucional los derechos humanos que se derivan de los tratados internacionales suscritos por México, así como las recientes reformas al Código Penal Federal para tipificar y sancionar los delitos de feminicidio y de otras figuras jurídicas para garantizar a las mujeres el acceso a la justicia y combatir la impunidad.

6. Sin embargo, a pesar de lo realizado, las mujeres mexicanas continúan sin contar con un mecanismo eficaz para vivir una vida libre de violencia: El feminicidio continúa siendo una lacerante realidad. Un ejemplo de ello es el Estado de Puebla que ha registrado el asesinato de 50 mujeres en los últimos 14 meses. El 25 de febrero del presente año, cientos de personas protestaron en el Zócalo de la Angelópolis para denunciar la abundancia de los casos y exigir medidas para frenar estos crímenes. En 2015, la Fiscalía registró 37 feminicidios y en los primeros dos meses de 2016 ha contado 13 casos más.

7. El fiscal de Derechos Humanos de Puebla, reconoció en un reportaje realizado por el periódico El País, que es un tema que ocupa a la Fiscalía, pero que su incidencia todavía no es alta. De los 50 feminicidios, señaló, el 10 por ciento tienen como víctima a una mujer embarazada. Este tipo de crimen ha involucrado a parejas que debaten sobre su futura paternidad y que tras episodios de violencia terminan en homicidios de características violentas; sin embargo, recalcó que las autoridades no tienen información concluyente de que la tendencia de feminicidios sea al alza. Por su parte, la organización civil El Taller, organización que ha revisado algunos de los casos de feminicidio en la región, señala que “las instituciones por omisión y guardar silencio son cómplices de estos feminicidios. Dan el mensaje de que esos hombres tienen la libertad de matar mujeres, la sociedad ya está cansada e indignada de esto”2 .

De manera adicional, la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, reconoció que se registraron 19 asesinatos entre enero y febrero, de los cuales 13 fueron tipificados como feminicidios, durante su comparecencia ante el Congreso local a finales del mes pasado.

Aunque, por falta de unas cifras oficiales, organizaciones civiles aseguran que los casos son tres o cuatro veces mayores a los que dan a conocer las autoridades. Por ejemplo, el Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Iberoamericana Puebla y el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos coinciden en indicar que los primeros dos meses de 2016 sumaron 20 casos, siete más de los que reconoce la Fiscalía. Asimismo, en 2015, las organizaciones aseguran que se presentaron 200 casos con características de feminicidios, en tanto que las autoridades sólo reconocen 37.

En respuesta a una solicitud de información púbica, la Fiscalía General del Estado señaló que durante 2013, 12 hombres fueron consignados por el delito de feminicidio de un total de 20 casos ocurridos en dicho año; mientras que en 2014 fueron 8 y en 2015 no hay registros, a pesar que la Fiscalía admite que ocurrieron 37 feminicidios.

8. De las cifras que se han dado a conocer de los feminicidios en esa entidad, destacan seis víctimas en condición de embarazo que, de acuerdo con la Fiscalía del Estado, fueron asesinadas por sus propias parejas sentimentales para negarse a asumir su paternidad, con los siguientes casos:

- El primer caso que vio la luz en medios de comunicación del centro del país, fue el de una joven de 31 años de edad desaparecida el 20 de enero de 2014 cuando llevaba cinco meses de gestación. Fue hallada muerta el 2 de febrero de ese año, en un paraje de la delegación Tláhuac, en la Ciudad de México. Actualmente están procesados por feminicidio cuatro hombres, entre ellos el padre del hijo.

- Otro caso insólito fue el de una joven de 19 años de edad, desaparecida en agosto de 2015 con cuatro meses de embarazo. Las autoridades concluyeron que la joven fue ultimada por el padre de su hijo; sin embargo, sus restos no han sido encontrados, a más de medio año de los hechos.

- Las parejas de otras tres también fueron aprehendidas por su supuesta responsabilidad en el asesinato de estas mujeres, que tenían entre dos y cuatro meses de gestación.

- Una mujer joven de 25 años, fue el más reciente caso registrado. Primero se declaró desaparecida y poco tiempo después se dio a conocer que fue muerta a manos de su novio. Tenía dos meses de embarazo y su pareja decidió asesinarla dado que era casado y representaban una amenaza para su matrimonio.

9. De los datos expuestos, existe una preocupación alarmante por este tipo de conductas violentas que han terminado con la vida de mujeres en ese estado y que muchas más se encuentran expuestas ante las poca actividad por parte de las autoridades, por lo que se hace indispensable que el gobierno de la entidad federativa realice de manera contundente y clara acciones para detener esa ola de violencia y se detengan los feminicidios.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de esta soberanía el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Puebla para que implemente y genere acciones integrales para la prevención y sanción de los feminicidios cometidos en esa entidad, derivado de las crecientes cifras de estos delitos que se han presentado.

Notas

1 En noviembre del 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por violar derechos humanos en los casos de feminicidio sucedidos en Ciudad Juárez en contra de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, dos de ellas menores de edad, y por la violencia estatal ejercida en contra de sus familiares. La sentencia detalla la responsabilidad internacional de México.

2 La sombra del feminicidio se posa sobre Puebla. El País. Sonia Corona, Puebla, Puebla, 8 de marzo http://bit.ly/1ntJrvU

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a 15 de marzo de 2016.

Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a emitir la declaratoria de emergencia y liberar los recursos del Fonden para atender diversos municipios de Veracruz afectados por el fenómeno meteorológico el 9 y 10 de marzo de 2016, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Exposición de Motivos

Los desastres naturales constituyen una fuente significativa de riesgo social en países altamente expuestos a catástrofes naturales, presentando así pasivos contingentes de considerable magnitud para los Gobiernos de dichos países. La ausencia de mecanismos eficientes de preparación y atención de emergencias y de una adecuada planeación financiera para hacer frente a los desastres puede crear dificultades y demoras en la respuesta, lo que podría agravar las consecuencias en términos de pérdidas humanas y económicas.

En estado de emergencia por desastres naturales, los Gobiernos pueden verse obligados a utilizar fondos que habían sido previamente destinados a proyectos fundamentales de desarrollo económico, y esto, en el largo plazo, puede impactar negativamente el proceso de desarrollo y crecimiento económico de los países. Los Gobiernos son cada vez más conscientes que el riesgo fiscal derivado de desastres naturales no puede seguir siendo ignorado.

El importante crecimiento económico en algunos países en desarrollo hace que éstos se enfrenten con pérdidas económicas cada vez más importantes. Al mismo tiempo, aunque la exposición de la población y de los activos físicos a los desastres sigue en crecimiento, poca atención se dirige a la construcción de una sociedad resiliente ante fenómenos naturales adversos. Incrementos en la frecuencia y magnitud de fenómenos climatológicos extremos que se prevén debido al cambio climático puede potencialmente agravar la tendencia creciente en las pérdidas económicas causadas por desastres. En este contexto, es de suma importancia que se le dé un mayor énfasis a la gestión integral del riesgo de desastres que incluya medidas de protección financiera y aseguramiento ante desastres para poder hacer frente a estas tendencias disruptivas.

El Fondo de Desastres Naturales de México (Fonden) fue establecido a finales de los años 90’s como un mecanismo presupuestario para apoyar de manera eficaz y oportuna a la rehabilitación de la infraestructura federal y estatal afectada por desastres naturales. El Fonden fue originalmente creado como un programa dentro del Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 1996, y se hizo operacional en 1999 cuando se emitieron sus primeras Reglas de Operación.

Los recursos del Fonden originalmente se destinaban únicamente a la realización de actividades ex post de rehabilitación y reconstrucción de (i) infraestructura pública de los tres órdenes de gobierno - federal, estatal y municipal; (ii) vivienda de la población de bajos ingresos; y (iii) ciertos elementos del medio ambiente, tales como selvas, áreas naturales protegidas, ríos, y lagunas.

En la actualidad, el Fonden está compuesto por dos instrumentos presupuestarios complementarios: el Programa Fonden para la Reconstrucción y el Programa Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden), y sus respectivos fideicomisos. El instrumento original, y aún el más importante del Fonden es el Programa Fonden para la Reconstrucción. Sin embargo, en reconocimiento de la necesidad de promover ex ante el manejo proactivo del riesgo, el gobierno de México comenzó, a inicios de los años 2000, a asignar recursos específicamente destinados a actividades preventivas.

Aunque los recursos para la prevención siguen siendo significativamente menores que para la reconstrucción, el gobierno Mexicano continúa dirigiendo esfuerzos a la transición de un enfoque del financiamiento del riesgo post-desastre a la gestión del riesgo financiero ex ante a los desastres. La ejecución de los recursos financieros de los 2 instrumentos del Fonden (de reconstrucción y de prevención) se realiza a través del Fideicomiso Fonden y del Fideicomiso Preventivo, cuya institución fiduciaria en ambos casos es Banobras, un banco de desarrollo del Gobierno de México.

Es por lo anterior y con base en el reciente fenómeno natural conformado por el sistema frontal No. 44, anticipado por la Conagua mediante la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional, mediante el oficio N0 B00.8.-096, que azotó el estado de Veracruz, tengo a bien presentar este punto de acuerdo para que sea emitida la declaratoria de emergencia en diversos municipios que han sufrido grandes afectaciones en todos los ámbitos y los cuales se enlistan a continuación:

1. Atoyac
2. Camarón de Tejeda
3. Carrillo Puerto
4. Comapa
5. Huatusco
6. Ixhuatlán del Café
7. La Antigua
8. Manlio Fabio Altamirano
9. Paso de Ovejas
10. Paso del Macho
11. Puente Nacional
12. Sochiapa
13. Soledad de Doblado
14. Tenampa
15. Tepatlaxco
16. Tlacotepec de Mejía
17. Tlaltetela
18. Totutla
19. Zentla
20. Coscomatepec
21. Alpatlahuac
22. Tomatlán
23. Chocaman
24. Calcahualco

Las afectaciones que el citado fenómeno natural provoca han tomado por sorpresa no sólo a los municipios antes mencionados, sino a todo el estado de Veracruz, dejando graves daños en todos los ámbitos, sociales, económicos y familiares. La mayor parte de afectaciones se han manifestado en:

• Casas destechadas (de la población más vulnerable y marginada);

• Árboles caídos;

• Carreteras y caminos obstruidos;

• Daños severos en infraestructura eléctrica;

• Personas lesionadas (en su mayoría por objetos o árboles caídos);

• La sensible pérdida de cosechas propias de la región, tales como plátano, café, caña, etcétera;

• Incendios forestales;

• Caída de anuncios espectaculares; y

• Vehículos dañados.

Las pérdidas y afectaciones son millonarias y dada la prontitud con la que se solicita la declaratoria de emergencia, sería aventurado proporcionar una cuantificación exacta de las mismas, lo que sí es cierto, es que los hogares y familias afectados se cuentan por miles. La Secretaria de Protección Civil del estado de Veracruz se encuentra trabajando a marchas forzadas en conjunto con los municipios que han sufrido con este fenómeno natural, tratando de realizar un recuento de los daños en concreto.

Consideramos que debe ponerse con la mayor celeridad posible manos a la obra para contener las afectaciones causadas y poder brindar seguridad a los ciudadanos, ya que dicho fenómeno ha afectado, entre los días 9 y 10 de marzo del presente, a los que menos tienen y a los que se encuentran en un estado de indefensión máximo ante esta situación, dado el alto índice de marginación de muchas localidades o comunidades pertenecientes a los municipios afectados se presentan además otras complicaciones como lo son los accesos y la prontitud con la que se necesita se haga llegar la ayuda.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de emergencia en diversos municipios del estado de Veracruz, derivado del fenómeno meteorológico ocurrido los días 9 y 10 de marzo de 2016. Asimismo, se exhorta a liberar recursos del Fonden para atender oportunamente la contingencia señalada.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 15 días del mes de marzo de 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Gálico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Edgar Spinoso Carrera, Wendolín Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet, Eduardo Francisco Zenteno Núñez.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a proporcionar seguridad a los habitantes y los alcaldes de Morelos, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de lo siguiente:

Antecedentes y consideraciones

Con fecha 7 de enero del año en curso fue aprobado por el pleno de Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo por el que se condena el asesinato de Gisela Raquel Mota Ocampo, presidenta municipal de Temixco Morelos y exhortó al gobierno del estado de Morelos a reforzar y mantener la coadyuvancia y coordinación con las autoridades federales en la investigación y esclarecimiento de este crimen, para que en el ámbito de las facultades de los órganos de procuración de justicia, entre ellos la Procuraduría General de la República, se castigue con todo el rigor de la ley a los responsables de este artero crimen y así evitar que quede en la impunidad.

Sin embargo, los diputados integrantes del grupo parlamentario de Morena consideramos que no es suficiente dada la creciente e inminente crisis de inseguridad que viven los ciudadanos y ediles de esa entidad.

Nuestro país vive un deterioro social, lo cual obedece al crecimiento de la inseguridad y la ola de violencia con la cual se cometen los ilícitos como las violaciones (delitos sexuales), los robos, asaltos, secuestros y asesinatos.

Que lo anterior es pauta para decir que en materia de seguridad se está incumpliendo con lo señalado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que a la letra reza en el:

Artículo 2. La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.1

Que es un estado fuertemente golpeado por la inseguridad el de Morelos, cuyo gobernador constitucional admitió que 13 presidentes municipales han sido amenazados para que no apliquen el Mando Único, indicó que esas amenazas por parte del crimen organizado, las cuales fueron documentadas, se realizaron en los meses previos a la toma de posesión de los 33 ediles.

Por su parte presidentes municipales del estado de Morelos;

“... confirmaron que desde el asesinato de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota, han sido amenazados vía telefónica para pactar con grupos criminales, o en su caso, serán también ejecutados.

Así lo declaró el alcalde del municipio de Atlatlahuacan, Esteban Hernández Franco, quien comentó que desde el pasado sábado 2 de enero, ha recibido en tres ocasiones llamadas telefónicas de personas que dicen pertenecer al grupo criminal de Guerreros Unidos y Los Rojos.

Explicó, que en dichas conversaciones los presuntos criminales le han solicitado dinero para no atentar contra su persona y la oportunidad de designar al encargado de la Policía Municipal, o en caso contrario lo amenazan con asesinarlo.”...2

Cabe destacar que Morelos es la entidad federativa más violenta de México y Cuernavaca es la ciudad con más de 100 mil habitantes con mayores índices de inseguridad, según informó el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, mediante el estudio denominado “Ranking de la violencia en municipios y entidades federativas 2014”.

Es importante puntualizar que el Inegi presento en la edición 2015 de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad pública (Envipe) con el fin de proporcionar información sobre el grado y naturaleza de los delitos y de fortalecer la toma de decisiones sobre seguridad pública, señalando que uno de los delitos más frecuentes por cada 100,000 habitantes para la población de 18 años y más en el estado de Morelos es la extorción, y se estimó que el 63.8% de la población de 18 años y más considera a la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día a la entidad federativa, seguido como consecuencia de ello del desempleo con un 45.7% y el aumento de precios con un 30.8%, lo anterior, es consecuencia de la opinión de la población respecto de la situación actual que guarda la inseguridad pública en Morelos en comparación con los años 2011 al 2015, más preocupante es que el 73.2% de la población de más de 18 años considera que vivir en su estado es inseguro .3

Asimismo, en el informe emitido el pasado 20 de febrero de 2016, el Centro Nacional de Información dependiente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública adscritos a la Secretaria de Gobernación, se consignan cifras de inseguridad realmente preocupantes y escandalosas tales como que solamente en el mes de enero del presente año se reportaron por parte de la Fiscalía General del Estado:3,366 delitos dentro de los que destacan 37 violaciones (delitos sexuales), 2 secuestros, 57 homicidios y 1594 robos, esto resultado de las denuncias presentadas, sin embargo, México es un país donde muchos de los delitos no se denuncian, por factores como el miedo, la falta de credibilidad en las instituciones, etc., luego entonces ¿Cuántos delitos se habrán cometido en realidad tan solo en el mes de enero de 2016?

Por otro lado, el nivel de confianza que la sociedad de Morelos manifiesta respecto de las autoridades que el 77% de la población mayor a 18 años y más identifica a la Marina como la autoridad que mayor confianza inspira y enseguida el ejército con 74.7%, la policía federal con el 55.3%,4 por tanto es momento de hacer caso a la sociedad y velar por sus intereses tomando en cuenta sus opiniones.

Es momento de poner un freno a la violencia, que la ciudadanía cambie esa percepción de inseguridad que se vive en su estado, ya que un estado con violencia, es un estado condenado a la marginación, migración, al hambre y al miedo, en razón de lo anterior se estima conveniente exhortar al Secretario de Gobernación, al Secretario de la Defensa Nacional, al Gobernador del Estado de Morelos, al Comisionado Nacional de Seguridad y al Comándate de la 24 zona militar con sede en el Estado de Morelos, para que en el ámbito de sus facultades proporcionen seguridad a los habitantes del estado de Morelos y doten a los alcaldes de los treinta y tres municipios que conforman el Estado, de los elementos de seguridad que les permitan desarrollar sus actividades conforme a derecho y sin que se ponga en peligro su integridad física.

Cabe señalar que estas medidas, son un paliativo al problema, por lo que dichas instituciones deberán en coordinación y en el ámbito de sus competencias formular acciones transversales de fortalecimiento y acercamiento con personal activo de seguridad pública federal y del estado de Morelos, tomando en consideración a la comunidad de la entidad, a fin de incentivar la prevención del delito, situación que no debe pasar por desapercibida ya que pareciera que no existe ningún plan de prevención del delito eficaz, aunado a que no se toma en cuenta a la población.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de ésta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero: Se exhorta respetuosamente al Secretario de Gobernación, al Secretario de la Defensa Nacional, al Gobernador del Estado de Morelos, al Comisionado Nacional de Seguridad y al Comándate de la 24 zona militar con sede en el estado de Morelos, para que en el ámbito de sus facultades, proporcionen seguridad a los habitantes del estado de Morelos y doten a los alcaldes de los treinta y tres municipios que conforman el Estado, de los elementos de seguridad que les permitan desarrollar sus actividades conforme a derecho y sin que se ponga en peligro su integridad física.

Segundo: Se exhorta respetuosamente al Secretario de Gobernación, al Secretario de la Defensa Nacional, al Gobernador del estado de Morelos, al Comisionado Nacional de Seguridad y al Comándate de la 24 zona militar con sede en el estado de Morelos, para que en el ámbito de sus facultades formulen acciones transversales de fortalecimiento y acercamiento con personal activo de seguridad en el estado de Morelos, tomando en consideración a la comunidad de la entidad, a fin de incentivar la prevención del delito.

Notas

1 www.diputados.gob.mx

2 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ediles-de-morelos-confirman-ext orsiones-de-grupos-delictivos.html

3 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/
envipe/envipe2015/doc/envipe2015_mor.pdf

4 Ídem 3

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2016.

Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a considerar la aplicación del método sistémico en la orientación educativa desarrollada en el nivel secundaria, e incluir el perfil de psicoorientadores para que atiendan esta función, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Educación Pública a considerar la aplicación del Método Sistémico en la orientación educativa que se desarrolla a nivel de secundaría, así como incluir el perfil de psicoorientadores, para quienes les sea encomendada de esta función, así como para su optimo tratamiento, con base en las siguientes.

Consideraciones

La orientación educativa en los centros de estudio es considerada un proceso educativo que tiene como finalidad ayudar al educando a confrontar las dificultades que surgen al encarar las exigencias del medio escolar y a encontrar solución satisfactoria a los problemas de aprendizaje, para ello se trabaja en la formación de hábitos de estudio, el dominio de métodos y técnicas para el aprendizaje, y la promoción del trabajo cooperativo dentro y fuera del aula con la intervención directa de los padres.

La orientación educativa es un área que ha jugado un rol fundamental dentro de la educación básica, media superior y superior a lo largo de la historia. En México, esta área educativa es practicada, en mayor medida, en educación secundaria y preparatoria.

Es a partir de febrero de 1952, cuando la orientación se practicó en las escuelas secundarias oficiales con la creación de una oficina de Orientación Vocacional, en una fase de experimentación, atendiendo cuatro funciones: información vocacional, exámenes psicotécnicos, entrevistas y asesoramiento. Su aportación fue de gran significado en el acompañamiento del estudiante, ayudándolos en la construcción de un mejor esquema mental en la toma de decisiones vocacionales.

La reforma al plan de estudios de la educación básica secundaria de 1993, incluyó a la Orientación Educativa como una asignatura necesaria en la formación integral y fortalecimiento en la adquisición de conocimientos, actitudes y hábitos para una vida sana, una mejor relación consigo mismo y con los demás, así como una posible ubicación en el área educativa y vocacional.

A pesar de lo relevante que ha resultado este acompañamiento a la comunidad estudiantil, lo cierto es que la sociedad y las comunidades estudiantiles han cambiado, así como los problemas a los que los jóvenes se enfrentan en esta etapa de educación.

Es en esta etapa es en la cual se presenta, de manera significativa, la deserción escolar. En un estudio del Instituto Nacional para la evaluación de la Educación se revela que la tasa de deserción a nivel nacional, en secundaria, representa el 6.4%. Si bien es cierto no es la mayor, ya que en el nivel medio superior la tasa de deserción es de poco más del doble, es en la educación secundaria en donde los jóvenes van encontrando su vocación estudiantil, pero también donde se enfrentan a un mayor número de dificultades y circunstancias que van obstaculizando el desarrollo del estudiante, no solo en su calidad de educando, sino también en su calidad de miembro de una sociedad.

Recientemente se ha empezado a analizar la pertinencia de de tomar un modelo mixto en la comprensión de las complejas tareas que implican los problemas de convivencia escolar, es decir, que la tarea de orientación en los centros educativos, no solo se quede en la tarea de un Prefecto, que en gran medida se encarga solo de coordinar a los alumnos a su cargo, haciendo seguimiento de su desempeño escolar, sus hábitos de estudio, su conducta y su aprovechamiento.

El acompañamiento de un orientador con vocación sistémica, ayudaría de manera significativa, ya que este tipo de orientación toma en cuenta distintos contextos educativos donde se mira al individuo como un todo integrado; desde este enfoque se integran funciones de prevención y desarrollo. Diversos estudios indican que la orientación sistémica debe dirigirse a los escolares y a cuantos agentes participen en el proceso educativo, transcendiendo el recinto escolar. Esta nueva propuesta, se enfoca a proporcionar atención, guía y asesoría del sujeto en lo personal, escolar y vocacional, proviene de los años sesenta, y desde ahí empieza a considerarse como un conjunto de áreas y/o dimensiones.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Educación Pública a considerar la aplicación del Método Sistémico en la orientación educativa que se desarrolla a nivel de secundaría, así como incluir el perfil de psicoorientadores, para quienes les sea encomendada de esta función.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2015.

Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Ejecutivos federal y estatales a implantar por las autoridades correspondientes sistemas de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua de lluvia en las escuelas públicas, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, Francisco Javier Pinto Torres, diputado a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62 numeral 3, 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Menos de 1 por ciento de los recursos de agua dulce del mundo son de fácil acceso y, por ende, disponibles con seguridad para el consumo. De ese 1 por ciento mundial, México posee aproximadamente 0.1 por ciento del total de agua dulce disponible a nivel mundial.

Además de la escasez de los recursos de agua dulce, la distribución de los mismos es muy desigual de una región a otra.

En México, las diferencias en cuanto a la disponibilidad de agua también son muy grandes. Así, con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las zonas centro y norte de México son, en su mayor parte, áridas o semiáridas y, en consecuencia, los estados norteños apenas reciben 25 por ciento de agua de lluvia. En el caso de las entidades del sureste, es lo contrario, éstas reciben casi la mitad del agua de lluvia (49.6 por ciento). No obstante, los habitantes del sur tienen menor acceso al vital líquido, dado que no cuentan con los servicios básicos, como es agua entubada dentro de la vivienda.

En lo que respecta a la zona más densamente poblada del país, en el Valle de México, se encuentra la disponibilidad anual más baja de agua (apenas 186 metros cúbicos por habitante, m3/hab). Mientras que el caso de la zona con más alta disponibilidad de agua se encuentra la frontera sur (más de 24 mil m3/hab).

Con base en todo lo mencionado podemos observar que existen los siguientes problemas: escasez del recurso hídrico disponible con seguridad; desigual en la distribución regional del mismo; y desproporción entre la disponibilidad del recurso y la densidad demográfica.

Aunado a estos factores, en México existe un problema de explosión demográfica, lo cual reduce aún más la disponibilidad de agua. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en su informe más reciente sobre la situación ambiental en México, indica que la disponibilidad hídrica en México se ha reducido de manera importante, ya que mientras en 1950 esta era de 17 mil 742 metros cúbicos por año, en el año 2010 se reportó que la disponibilidad por habitante fue de 4 mil 90 metros cúbicos anuales.

Este volumen de 4 mil 90 metros cúbicos anuales es considerado, de acuerdo al World Resources Institute (WRI), como una disponibilidad hídrica baja; teniendo en cuenta que según el indicador de Falkenmark, una disponibilidad inferior a mil 700 metros cúbicos por habitante por año se considera como una situación de estrés hídrico.

Además, los pocos recursos hídricos disponibles con los que contamos los estamos contaminado. Según el informe Estadísticas del agua en México 2011 , en nuestro país más de 70 por ciento de los cuerpos de agua presentan algún grado de contaminación, lo que ocasiona graves problemas de disponibilidad y acceso al vital líquido.

Otro problema importante es el mal uso que se le ha dado al agua, el cual dista de ser gestionado de manera sustentable. La productividad del agua en el campo mexicano es baja, debido a que las prácticas de riego utilizan más agua de la necesaria: 90 por ciento de las tierras cultivables usan el método de riego “rodado” o por inundación, mientras que 52 por ciento de los canales de riego se encuentran construidos en tierra, con pérdidas de agua por infiltración.

Preocupados por esta crisis de agua que afecta a toda la República Mexicana, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, precursor en el tema del cuidado del agua, considera oportuno e importante que se exhorte al titular del Ejecutivo federal y a los gobernadores de los estados, para que a través de la Secretaría de Educación y sus homólogas en las entidades federativas, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sus homólogas estatales y las respectivas autoridades competentes en materia de agua potable, drenaje y saneamiento de cada localidad, implementen sistemas de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua de lluvia en las escuelas públicas, en pro de un uso y aprovechamiento sustentable del recurso hídrico que contribuya a mitigar la escasez de agua, además de permitir un ahorro en servicio de abastecimiento y el fomento de la cultura del cuidado del agua en los estudiantes.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal y a los gobernadores de los estados, para que a través de la Secretaría de Educación Pública y sus homólogas en las entidades federativas, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sus homólogas estatales y las respectivas autoridades competentes en materia de agua potable, drenaje y saneamiento de cada localidad, implementen sistemas de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua de lluvia en las escuelas públicas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2016.

Diputado Francisco Javier Pinto Torres (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a reforzar sus programas de becas y demás apoyos económicos, así como mejorar su difusión y otorgamiento preferencial a los estudiantes con discapacidad, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2; del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A pesar de realizarse constantes intentos a través de programas sociales y políticas públicas por parte de los tres niveles de gobierno, es innegable que las personas con discapacidad aún viven una situación de vulnerabilidad y que es uno de los grupos más afectados por la discriminación que restringe su acceso a una vida digna y gozar a plenitud de derechos elementales como el empleo, la salud y la educación.

El párrafo quinto del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Asimismo, el artículo tercero de la Carta Magna señala que todo individuo tiene derecho a recibir educación.

Asimismo, cabe señalar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la cual México es parte, reconoce el derecho a la educación bajo tres importantes enfoques: no discriminación, igualdad de oportunidades y asegurar la educación inclusiva a todos los niveles.

Por esta razón, es de llamar la atención que solo el 46.5 por ciento de la población con discapacidad de 3 a 29 años de edad asiste a la escuela, porcentaje inferior al de la población sin discapacidad (60.5 por ciento);1 asimismo, y de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 (ENADID), el 23.1 por ciento de la población con discapacidad no tiene instrucción, cifra considerablemente más alta que la que se observa entre las personas sin discapacidad (4.8 por ciento).

Tomando en consideración lo anterior, es fundamental contribuir en la formulación de escenarios educativos inclusivos y en la creación y promoción de herramientas que eviten la deserción de los estudiantes en las escuelas, a fin de garantizar el derecho humano a la educación de las personas con discapacidad.

Uno de los motivos por los cuales muchas personas con discapacidad no continúan con sus estudios es por la falta de recursos económicos para poder estudiar, principalmente porque los gastos en salud dentro de la familia aumentan, y esto se ve reflejado en la Encuesta Nacional de Percepción de Discapacidad en Población Mexicana de 2010 (ENPDIS 2010) la cual demuestra que el gasto en salud de los hogares donde habita una persona con discapacidad aumenta en un 188 por ciento.

Desgraciadamente, y validando lo anterior, persisten casos de personas con discapacidad que por insolvencia deciden dejar de estudiar o, en el caso de las niñas, niños y adolescentes, los padres o tutores deben decidir entre cubrir las necesidades básicas de los infantes o solventar los gastos que representa el acceso, permanencia y conclusión del nivel de educación del menor en una institución del Sistema Educativo Nacional debido a que muchas de estas familias enfrentan condiciones económicas y sociales que les impiden ejercer el derecho a la educación de los menores.

Esta realidad se ve reflejada en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 20122 donde se indica que los hogares con personas con discapacidad reportan porcentajes más altos de gasto en alimentos, vivienda y sobre todo en cuidados a la salud, al tiempo que reportan un gasto menor en educación, transporte, vestido y calzado.

Con base en el artículo 54 de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes es obligación de las autoridades de los tres niveles de gobierno implementar medidas de nivelación e inclusión y realizar acciones afirmativas a fin de promover el respeto a la evolución de las facultades de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Asimismo, el artículo 57 de la norma en comento, señala que los infantes tienen derecho a una educación de calidad y basada en un enfoque que garantice el respeto a su dignidad humana.

Una herramienta oportuna y homogénea que ha permitido a generaciones de estudiantes mexicanos concluir sus estudios es la beca o apoyo económico; que es otorgada por Instituciones como la Secretaría de Educación Pública (SEP) con el objetivo de impulsar y estimular el desarrollo académico de la población estudiantil y que les ha permitido mejorar su calidad de vida.

En este orden de ideas, es indispensable que la SEP tenga a bien fortalecer y realizar una mayor difusión de sus programas de becas y apoyos económicos, que por ley deben desarrollar, como se establece en la fracción VIII, articulo 33 de la Ley General de Educación para combatir la deserción escolar de las personas con discapacidad. Es fundamental para la integración y desarrollo de las personas con discapacidad brindarles los apoyos y herramientas necesarios que promuevan la igualdad de oportunidades, que estimulen su crecimiento educativo y logren un impacto positivo en su calidad de vida.

Sin lugar a dudas, realizar acciones que promuevan la inclusión de las personas con discapacidad y coadyuven a impulsar su derecho a la educación permitirá mejorar su calidad de vida, objetivo principal de la Ley General para la inclusión de las personas con Discapacidad, que también establece una serie de atribución a la SEP para promover el derecho a la educación de las personas con discapacidad, al tiempo que le solicita establecer un programa nacional de becas educativas y becas de capacitación para personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional.

La discapacidad es una condición y no una barrera infranqueable para que las personas puedan gozar de sus derechos humanos elementales, luego entonces, el derecho a la educación no debería estar condicionado a la situación económica y social de una persona o de su familia. Por ello, es labor de todos los niveles de gobierno tomar medidas de nivelación e inclusión a favor de las personas con discapacidad, que les permitan desenvolverse y desempeñarse de la mejor manera posible durante su vida académica.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a realizar las acciones necesarias y suficientes para reforzar, y perfeccionar la difusión, de sus programas de becas y demás apoyos económicos en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional preservando los principios de perspectiva de género, del interés superior de la niñez y de inclusión de las personas con discapacidad; esto, con la finalidad de combatir la deserción escolar de las personas con esta condición.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública a considerar dentro de sus reglas de operación la preferencia en la entrega de becas y demás apoyos económicos a estudiantes que enfrenten condiciones económicas, sociales y de discapacidad que no les permitan gozar de su derecho a la educación.

Notas

1 “Estadísticas a propósito del... Día Internacional de las Personas con discapacidad (3 de diciembre)”; Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); publicado el 1 de diciembre de 2015; consultado el 23 de febrero de 2016;

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/dis capacidad0.pdf

2 “Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad”; Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); publicado el 3 de diciembre de 2013; consultado el 23 de febrero de 2016; http://www.conadis.gob.mx/doc/contenidos/inegi_2012.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2016.

Diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Exaltación González Ceceña, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, a tenor de las siguientes.

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado debe garantizar los derechos humanos reconocidos ésta y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, así como velar por las garantías individuales, y los derechos humanos.

Entre esos derechos, se encuentra la libertad de expresión que está señalada en el artículo 6o. de la Carta Magna y el cual señala que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa,...”1 . Asimismo, el artículo 7o. señala que “es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. Por ello, no se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos e impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.2

Asimismo, el derecho a la información se encuentra en los artículos 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos3 en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos4 .

Así, tanto en lineamientos nacionales como internacionales se establece la actividad periodística como un aspecto importante para nuestra democracia, y que para su consolidación es necesario sea protegido y respetado por las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Sin embargo en nuestro país el ejercicio de la actividad periodística está siendo afectado y diversas organizaciones nacionales como internacionales, han señalado que el Estado mexicano incumple su obligación de garantizar y hacer que se respete el derecho a la libertad de expresión.

De acuerdo al “Informe Libertad de Prensa 2015”, divulgado por Freedom House, en nuestro país las condiciones referentes al libre ejercicio de los periodistas y de los medios de comunicación se han visto deterioradas en los últimos años.

La Relatoría Especial fue creada para promover la conciencia por el pleno respeto del derecho a la libertad de expresión e información en el hemisferio, en consideración al papel fundamental que este derecho tiene en el fortalecimiento y desarrollo del sistema democrático y en la denuncia y protección de los demás derechos humanos.5

Durante la Segunda Cumbre de las Américas, los Jefes de Estado y de Gobierno reconocieron el papel fundamental que tiene el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, y manifestaron su satisfacción por la creación de la Relatoría Especial. Durante la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada en Quebec, Canadá, los Jefes de Estado y de Gobierno ratificaron el mandato de la Relatoría Especial y se comprometieron a apoyarla y asistirla. Asimismo, en distintas oportunidades, la Asamblea General de la OEA ha manifestado su respaldo a la labor de la Relatoría Especial y le ha encomendado el seguimiento o análisis de algunos de los temas a que se refiere el derecho a la libertad de expresión.

De la misma manera, desde su origen la Relatoría Especial ha contado con el respaldo de las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación los periodistas, y principalmente las personas que han sido víctimas de violaciones a su derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Ellos, a su vez, han visto en esta Oficina un apoyo importante para el restablecimiento de las garantías necesarias para el ejercicio de sus derechos o para asegurar las justas reparaciones que amerita su situación.

El organismo Freedom House considera a nuestro país como uno de los 65 “no libres” para ejercer el periodismo, comparándolo con otros Estados como: Rusia, China, Honduras, Corea del Norte, Irán, o Siria.6

Sin duda alguna el ejercicio del periodismo en nuestro país y a lo largo de los últimos diez años ha empeorado paulatinamente debido al aumento de víctimas7 .

La violencia que sufren los periodistas redunda de manera negativa en nuestro estado de derecho, porque se vulneran los derechos de las víctimas, se les impide transmitir y expresar sus ideas, e informar; viven atemorizados, y prefieren el silencio que repercute negativamente sobre todos los mexicanos ya que se obscurecen los actos violatorios de derechos humanos, los actos de impunidad y de corrupción.

En todas las entidades del país se conoce el tema de las agresiones en contra de periodistas y de los medios de comunicación. Existen semejanzas en las agresiones, pero el nivel de peligro varia conforme se “afectan” intereses, o la “reputación” de algunas personas.

El ejercicio del periodismo se ha vuelto una profesión de alto riesgo, y el Estado mexicano tiene la indelegable responsabilidad de proteger su libre ejercicio, a través de las medidas pertinentes y concretas para que el periodismo se siga efectuando de manera libre, y segura.

Tal es el caso la “Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de junio de 2012;8 y que tiene por objeto velar por el interés social, y establecer la cooperación entre la federación y las entidades federativas para implementar y operar las medidas de prevención, medidas preventivas y medidas urgentes de protección que garanticen la vida integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

Sin embargo, a pesar de esta herramienta jurídica siguen presentándose agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación en nuestro país, dejando en la incertidumbre a la libertad de expresión.

En México, un periodista es agredido cada 26.7 horas tan sólo en 2014 se registraron 326 ataques contra comunicadores y 5 reporteros fueron asesinados presumiblemente por realizar su labor. En regiones como Tamaulipas o Chihuahua, la autocensura es la única defensa ante los embates criminales aun que en el resto del país la mayoría de las agresiones provienen desde el poder. En realidad es que nos encontramos en uno de los peores panoramas con relación a la expresión de la libertad de prensa y el derecho a la información de los últimos 7 años.

Así, lo documento el informe “Estado de Censura” elaborado por el Artículo 19 y presentado el 24 de marzo de 2015, se reportó un alto índice de incremento de agresiones a periodistas en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Es un hecho que la violencia para los periodistas en México se incrementa de manera preocupante; la impunidad es general y crónica cercana a 90 por ciento de acuerdo Freedom House en México.

Así mismo refiere que impunidad y violencia golpean la libertad de expresión en México y que en la última década, tanto periodistas como medios de Comunicación han sufrido una fuerte escalada de ataques que se han incrementado significativamente a tal punto que hace varios años el país no se ubicaba en los primeros lugares en el mundo por los asesinatos, desapariciones y agresiones a periodistas.

Para silenciar a los periodistas se recurre a la violencia, mientras tanto, la respuesta del Estado mexicano ha sido la indolencia y la simulación. Asimismo se ha documentado la participación de funcionarios públicos a periodistas y medios de comunicación. No olvidemos que el gobierno mexicano debe intervenir directamente en la defensa de la libertad de expresión, su actuar no debe ser pasivo o meramente contemplativo, al contrario, debe abstener de actuar de tal manera.

La respuesta del Estado mexicano ha sido insatisfactoria y pobre y tampoco emplea mecanismos que garanticen su derecho al periodista para que pueda realizar su labor con libertad e independencia.

El Estado mexicano es el centro de comisiones internacionales y blanco de sus señalamientos, esto denota inquietud por parte de la comunidad internacional y nacional, ya que las agresiones contra los periodistas empeoran día con día. Pero tal parece que no importan los compromisos internacionales adquiridos, menos aún los señalamientos de la ONU o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de ello el Estado mexicano sigue tolerando la violación sistemática de los derechos humanos de aquellos que ejercen la profesión del periodismo en cualquiera de sus facetas. Ante esto debemos reconocer que lo que está pasando en nuestro país debilita el Estado de Derecho y nos impere a la barbarie.

Finalmente, es necesario y vital para que se mantenga el estado de derecho, fortalecer la aplicación metódica de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y para ello debemos abocarnos escrupulosamente, hasta que se acabe la comisión de atrocidades en contra de los periodistas. Esto es urgente, los mexicanos, las victimas fallecidas, la democracia y el deber de garantizar el goce de los derechos humanos nos exigen que actuemos.

Para ello, es de imperiosa necesidad que esta Cámara de Diputados, se pronuncie por medio de la creación de esta comisión especial, con relación a las preocupaciones expresadas con antelación, y dar seguimiento a los asuntos de agresiones a periodistas y medios de comunicación con el fin de coadyuvar en el ejercicio pleno de la libre expresión en nuestro país.

Se deberá laborar y coadyuvar con el Poder Ejecutivo y con la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República, en función de dar seguimiento a las agresiones y delitos perpetrados en contra de los periodistas y medios de comunicación, así, como a los defensores de los derechos humanos.

Por lo expuesto, solicito a la Junta de Coordinación Política de la LXIII Legislatura y al pleno de esta Cámara de Diputados que ante la gravedad de las violaciones ya comentadas, se considere el presente punto de acuerdo para llevar a cabo la creación en la LXIII Legislatura de la comisión especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, así como a los defensores de derechos humanos.

Con fundamento en los artículos 205, 207 y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política de esta LXIII Legislatura y al pleno de esta Cámara de Diputados, crear la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos.

Segundo. La Comisión Especial tendrá como objeto dar seguimiento a las agresiones a periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos, así como coadyuvar con las autoridades de los tres órdenes de gobierno y con organizaciones de la sociedad civil.

Tercero. La Comisión Especial estará integrada por diputados designados por los Grupos Parlamentarios de la LXIII Legislatura y de acuerdo a los criterios de pluralidad y proporcionalidad.

Cuarto. La comisión especial tendrá vigencia durante la LXIII Legislatura.

Notas

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Artículo 6o.)

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Artículo 7o.)

3 Declaración Universal de los Derechos Humanos. (Artículo 13.)

4 Convención Americana de los Derechos Humanos. (Artículo 13.)

5 www.oas.org/es/cidh/expresion/index.asp

6 www.freedomhouse.org/report/freedom-press/freedom-press-2015

7 Informe sobre la libertad de expresión y prensa en México Estado de las recomendaciones emitidas a México en camino a la sesión 17 del Examen Periódico Universal de Naciones Unidas Centro Jurídico por los Derechos Humanos/Freedom House México (coordinadores), julio, 2013, página 4:

8 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5256053&fecha=25/06/2012

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2016.

Diputado Exaltación González Ceceña (rubrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a difundir mediante el sitio de internet Transparencia Presupuestaria la información relativa al gasto público destinado de 2001 a la fecha a los programas cuyo objetivo ha sido introducir tecnologías de la información como herramientas de la educación básica, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Cristina Ismene Gaytán Hernández, Diputada Federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Desde el 2001 el gobierno federal, en ese entonces al frente de Vicente Fox, inicio la operación del denominado programa “Enciclomedia”, el cual fungía como una herramienta didáctica que relacionaba los contenidos de los libros de texto gratuito con el programa oficial de estudios y diversos recursos tecnológicos como audio y video, a través de enlaces hipermedia que conducen al estudiante y al maestro a un ambiente más atractivo de aprendizaje.

Su objetivo general era contribuir a la mejora de la calidad de la educación que se imparte en las escuelas públicas de educación primaria del país, e impactar en el proceso educativo y de aprendizaje de los alumnos.

2. La implementación de Enciclomedia presentó resultados insatisfactorios relacionados principalmente con falta del seguimiento en el proceso de capacitación de los docentes, las deficiencias en los sistemas de control presupuestal para acreditar la justificación y comprobación del ejercicio de los recursos, y la carencia de evaluaciones sobre el funcionamiento del programa.

Además no contó con indicadores para evaluar el mejoramiento en la calidad de la educación, ni para medir el impacto en el aprendizaje de los alumnos, y solo alcanzo un impacto del 65% respecto a las aulas de 5o. y 6o. grados de primaria.

3. En su origen el programa de Enciclomedia estaba dirigido para alumnos de 5o. y 6o. grado de primaria y secundaria, sin embargo en 2007 se canceló para secundaria por falta de recursos, y porque el modelo pedagógico propuesto no era adecuado para ese nivel educativo.

4. En 2008 comenzó como prueba piloto, el programa denominado “Habilidades Digitales para Todos”, el cual consistió en modernizar, optimizar y ampliar el uso de los equipos con los que contaban las escuelas, principalmente las aulas “Enciclomedia”, además de proporcionar software educativo, conectividad y las adecuaciones electicas necesarias para su aplicación. En 2009 inicio la operación formal del “Programa Habilidades Digitales para Todos” y desaparece el “Programa de Encliclomedia”.

En 2012 se presupuestó 1,800 millones de pesos para “Habilidades Digitales”, sin embargo el entonces secretario de Hacienda retuvo los recursos del programa.

5. Para 2013 desaparece el “Programa de Habilidades Digitales para Todos” y se incluye el “Programa de Laptops para niñas y niños que cursan 5o. y 6o. grados de primaria”, el cual consiste en dotar de una computadora portátil a cada niño que cursen dichos grados escolares.

6. El Programa para la compra de Laptops funcionó con ese nombre hasta el 2014, ya que para el presupuesto de egresos de la federación 2015 se incluye el denominado “Programa de Inclusión y Alfabetización Digital”, el cual consta de dotar de dispositivos electrónicos, específicamente tabletas, a estudiantes de quinto grado de primaria, su objetivo principal es dotar de dispositivos electrónicos y de bienes que conformarán la solución de aulas como otras herramientas gratuitas para la escuela, los maestros, los estudiantes y las familias, en favor del aprendizaje durante el ciclo escolar.

7. Desde el 2001 al 2016 se han destinado recursos al tema del uso de las tecnologías de la información dentro de la educación, por un total de 59,218.84 millones de pesos, sin que dichos recursos hayan incidido en la mejora del nivel educativo de los alumnos de educación básica.

Consideraciones

A. Enciclomedia funciono durante 8 años, en los que se gastaron 43,421.93 millones de pesos, siempre cuestionado por los resultados que nunca fueron medidos por la Secretaria de Educación Pública (SEP), de tal manera que el 12 de abril del 2007 se aprobó la creación de una subcomisión en la Cámara de Diputados para dar seguimiento a todo lo relativo al programa.

B. Al respecto uno de los resultados más relevante arrojados por la subcomisión, es que la SEP correspondiente a la administración de Vicente Fox no realizó estudio alguno de costo-beneficio que justificara la erogación millonaria para la renta de aulas Enciclomedia como la mejor opción para elevar los niveles de calidad de los aprendizajes de los alumnos de 5o. y 6o. grados.

C. Además se constató que el programa de Enciclomedia opero durante 8 años sin contar con indicadores para medir la eficiencia y eficacia, además del grado de avance de los objetivos del programa.

D. Como resultado de las reuniones de trabajo entre los entonces responsables del programa y miembros de la subcomisión, los responsables señalaron que el entonces Presidente Vicente Fox había dado la indicación de implementar el programa Enciclomedia de manera masiva en más de 165,000 aulas de primaria en el país, lo que precipito el proceso de implementación lo que violento los procesos de contratación debido a que tuvieron que implementar una estrategia paralela a la establecida por ley debido a la premura.

Al ser uno de los programas estrella de la administración se dio la indicación de ejecutar el programa sin contar con la debida planeación, provocando gastos excesivos y cero incidencias en el nivel educativo de los alumnos.

E. La subcomisión concluyó que independientemente de los problemas y las diversas irregularidades que envuelven el proceso de diseño, implementación y operación del programa era necesario proteger la millonaria inversión que ya el gobierno había erogado, y aprovecharla para garantizar la continuidad del funcionamiento de las aulas de Enciclomedia con el único propósito de no afectar a los alumnos y docentes que ya contaban en ese entonces con las aulas.

F. Como se especifica en los antecedentes, el Gobierno Federal al frente de Felipe Calderón desapareció lo que fuera el programa estrella de la anterior administración, y los sustituyó por el Programa denominado Habilidades Digitales para Todos (PHDT). Sin embargo desde el inicio de la operación del PHDT no se definieron los criterios y aspectos técnicos requeridos para el equipamiento y conectividad del programa lo que origino atraso en la implementación y por ende incumplimiento en las metas y objetivos establecidas desde el inicio, y la igual que el programa Enciclomedia, no contó con mecanismos de control y supervisión que garantizaran la correcta operación del programa, y la contribución del programa la mejora del aprendizaje de los estudiantes.

G. Debido a las consistentes fallas, y por un cambio en la administración del Gobierno Federal, para el Presupuesto de Egresos de la federación 2013 desaparece PHDT y se incluye el Programa Laptops para niños de 5° y 6° de primaria.

Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública de 2013, año en que se implementa por primera vez el programa de laptops, la ASF verificó la gestión financiera del presupuesto asignado al programa, así como el impacto y aprovechamiento de los alumnos de educación básica, de la cual se desprenden que no se acredito que la SEP haya exigido a los estados de Colima, Sonora y Tabasco, a que dieran cumplimiento con lo estableció en los Convenios de coordinación, ya que no entregaron las evidencias documentales para comprobar que se entregaron los 240,000 equipos. Lo cual significa que la SEP carece de mecanismos de control y supervisión para comprobar que realmente los equipos que fueron adquiridos, se entregaron a cada uno de los beneficiarios. Tampoco contó con mecanismos para supervisar y dar seguimiento de los estados físicos y funcionales de los equipos.

H. En concatenación con el inciso anterior, la ASF realizo visitas de campo a diversas escuelas de los estados en los que se entregaron equipos de cómputo para verificar el impacto y aprovechamiento de uso de las laptops, entre los resultados más importantes destaca:

• Existen muchos equipos descompuestos, debido a la mala calidad del sistema operativo, lo que ha originado que los alumnos cambien de sistema operativo por su propia cuenta, que dejen de llevarlas a la escuela y se reúnan en equipo con otros compañeros.

• Existe desconocimiento por el alumnado del número de soporte, además los pocos que saben del número al intentar marcar no reciben respuesta alguna dado que no les contestan.

• Solo existe un centro de atención en el Estado.

• Muchas de las laptops se bloquean debido a fallas en el sistema, os e vuelven lentas, solo funcionaron un año, o ya no quisieron encender.

I. Al igual que los programas que antecedieron el Programa Laptops para niños de 5o. y 6o. de primaria la SEP no proporcionó evidencia que acredite contar con información verificable que sustente la cantidad de alumnos que resultarían beneficiados con este programa, porqué seleccionó a los estados de Colima, Tabasco y Sonora para la primera entrega de laptops, vigencia y cobertura del programa, además de que no proporciona información que demuestre el beneficio que la población obtuvo de los bienes adquiridos con los recursos ejercidos en el programa, ni de la medición de su impacto en la educación básica.

J. Tampoco existe información de los beneficios esperados y los alcanzados, ni de la proyección de los recursos que requiere para su continuidad, ya que de conformidad con la información proporcionada por la SEP, existen 90,252 escuelas primarias públicas a nivel nacional, con una matrícula de 2,406,414 alumnos inscritos a 5to grado, por lo que si el programa prevé como estrategia otorgar equipos de cómputo a dichos alumnos a nivel nacional, se tendría que realizar una inversión anual de alrededor de 8,000 millones de pesos, considerando el costo promedio de las laptops que adquirió en 2013.

Es necesario destacar que desde el 2001 se han invertido miles de millones de pesos (sin tener la cantidad exacta debido a la falta de confiabilidad de la información proporcionada por la SEP para medir el avance y el cumplimiento de las metas en materia de equipamiento de las escuelas públicas con tecnologías de la información) 1 para implementar tecnologías de la información dentro de la educación básica de la población sin obtener el éxito esperado.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sean aprobados de urgente y obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados, exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a hacer del conocimiento público a través del denominado sitio de internet “Transparencia Presupuestaria” la información relativa al gasto público destinado a programas cuyo objetivo ha sido introducir tecnologías de la información como herramientas en la educación básica, desde el 2001 a la fecha, como: “Enciclomedia”, “Habilidades Digitales”, “Laptops para niñas y niños de 5o. y 6o. de primaria”, “Programa de Inclusión y Alfabetización Digital”, y “Programa de Inclusión Digital”.

La información señalada en el párrafo anterior deberá contener elementos mínimos como desglose por año de: destino de gasto, gasto por clasificación funcional, programas y proyectos de inversión, proyectos para la presentación de servicios, y el grado de retorno social obtenido a través de los programas implementados.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados, exhorta al titular Secretaría de Educación Pública a que haga del conocimiento público cómo atendió o por qué no atendió la recomendación de la ASF durante la revisión de la Cuenta Pública 2012, respecto a elaborar un análisis sobre las causas por las que no se han alcanzado las metas establecidas en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, y con ello tomar las medidas para alcanzar las metas y lograr elevar la calidad del aprendizaje de los alumnos de educación básica.

Nota

1http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Documentos /Auditorias/2012_0383_a.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2016.

Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ajustar por la SHCP su gasto en el rubro de comunicación social y abstenerse de realizar recortes a los rubros de investigación, ciencia, tecnología y pueblos indígenas, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de lo siguientes

Antecedentes y consideraciones

Es lamentable pensar que en el país la pobreza se agudiza, el desempleo crece y la desigualdad social se marca cada día más, los bajos salarios como causa de terribles errores administrativos, falta de planeación estratégica, aunado a los factores económicos externos y las consecuencias de ser una mala copia de modelos económicos de otros países, sin que tengamos identidad propia en la economía nacional, son apenas algunos de los problemas que enfrentamos como país.

Las políticas económicas impuestas consecuencia de los modelos económicos neoliberales adoptados por más de 30 años, nos tienen subyugados a un deterioro masivo en la economía nacional.

En tanto el secretario de Hacienda y Crédito Público se limita a inducir el despido masivo de trabadores del estado violando con ello el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que siquiera haya una planeación estratégica por parte del Ejecutivo federal.

Creíamos que no había cosa peor que dejar sin trabajo a más de quince mil trabajadores, sin embargo, sí se pudo y el secretario de Hacienda y Crédito Publico anunció recientemente el recorte presupuestal por más de 132, 301.6 millones de pesos, en los siguientes rubros y cantidades:

Cabe destacar que a pesar de los recortes anunciados, la Presidencia de la Republica sigue con el dispendio y los gastos exorbitantes, como ejemplo tenemos que en lo que va de los tres años el titular del Ejecutivo federal, en comunicación social, han gastado más de 14 mil 400 millones de pesos.

Cifra que si se dejará verdaderamente de gastar en promover la deteriorada imagen del titular del Ejecutivo federal alcanzaría para abstenerse de hacer los recortes presupuestados en educación, investigación y seguridad de los trabajadores del estado por decir lo menos.

En razón de lo anterior, resulta absurdo que se pretendan realizar recortes a la educación, a la investigación, a los pueblos indígenas, siendo que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece en su artículo 21, fracción III, inciso a) subinciso i), que los ajustes presupuestarios se deberán hacer en primer lugar en el rubro de comunicación social, cito:

“Artículo 21. En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, el Ejecutivo federal, por conducto de la secretaría, podrá aplicar las siguientes normas de disciplina presupuestaria:

I. La disminución de alguno de los rubros de ingresos aprobados en la Ley de Ingresos, podrá compensarse con el incremento que, en su caso, observen otros rubros de ingresos aprobados en dicha ley, salvo en el caso en que estos últimos tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal o conforme a éstas se cuente con autorización de la secretaría para utilizarse en un fin específico, así como tratándose de ingresos propios de las entidades de control directo. En caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener la relación de ingresos y gastos aprobados o ésta resulte insuficiente, se procederá en los términos de las siguientes fracciones;

II. La disminución de los ingresos del gobierno federal, asociada a menores ingresos petroleros, así como a una menor recaudación de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que no tengan fin específico, por debajo de los estimados para la Ley de Ingresos, se podrá compensar con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios en los términos de las reglas de operación que emita la secretaría. En caso de que, conforme a lo previsto en dichas reglas, se llegue al límite de recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios sin poder compensar dicha disminución, se procederá a compensar con los recursos de la Reserva del Fondo y a reasignar el gasto correspondiente a la fracción III, inciso a), subincisos i) a iii) del presente artículo, a gasto de inversión en infraestructura, programas de empleo temporal y programas de estímulo que determine el Ejecutivo federal, el cual deberá reportar en el informe trimestral correspondiente las reasignaciones de gasto realizadas. En caso de que el uso de la Reserva del Fondo no sea suficiente, se procederá con los ajustes a que se refiere la fracción III del presente artículo.

Párrafo reformado DOF 13-11-2008, 11-08-2014

La disminución en la Recaudación Federal Participable con respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos, se podrá compensar con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas de acuerdo con sus respectivas reglas de operación.

Reforma DOF 11-08-2014: Derogó de esta fracción el entonces párrafo tercero

III. La disminución de los ingresos distintos a los que se refiere la fracción II de este artículo se compensará, una vez efectuada en su caso la compensación a que se refiere la fracción I, con la reducción de los montos aprobados en los presupuestos de las dependencias, entidades, fondos y programas, conforme a lo siguiente:

a) Los ajustes deberán realizarse en el siguiente orden:

i) Los gastos de comunicación social;

ii) El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población;

iii) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias, y

iv) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias y entidades.

En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para compensar la disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales;

b) En el caso de que la contingencia represente una reducción equivalente de hasta 3 por ciento de los ingresos por impuestos a que se refiera el calendario de la Ley de Ingresos, el Ejecutivo federal enviará a la Cámara de Diputados en los siguientes 15 días hábiles a que se haya determinado la disminución de ingresos, un informe que contenga el monto de gasto programable a reducir y la composición de dicha reducción por dependencia y entidad;

c) En el caso de que la contingencia sea de tal magnitud que represente una reducción equivalente a un monto superior a 3 por ciento de los ingresos por impuestos a que se refiera el calendario de la Ley de Ingresos, el Ejecutivo federal enviará a dicha Cámara en los siguientes 15 días hábiles a que se haya determinado la disminución de ingresos, el monto de gasto a reducir y una propuesta de composición de dicha reducción por dependencia y entidad.

La Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en un plazo de 15 días hábiles a partir de la recepción de la propuesta, analizará la composición de ésta, con el fin de proponer, en su caso, modificaciones a la composición de la misma, en el marco de las disposiciones generales aplicables. El Ejecutivo federal, con base en la opinión de la Cámara, resolverá lo conducente de acuerdo a las prioridades aprobadas en el presupuesto informando de ello a la misma. En caso de que la Cámara no emita opinión dentro de dicho plazo, procederá la propuesta enviada por el Ejecutivo federal.

Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos deberán coadyuvar al cumplimiento de las normas de disciplina presupuestaria a que se refiere el presente artículo, a través de ajustes a sus respectivos presupuestos, observando en lo conducente lo dispuesto en la fracción III. Asimismo, deberán reportar los ajustes realizados en los informes trimestrales y la Cuenta Pública.3

Más allá de que el citado artículo señalé que el Ejecutivo federal, por conducto de la secretaría, podrá aplicar normas de disciplina presupuestaria que refiere, lo cierto es que no sigue el orden de prelación referentes al ahorro, a los gastos de comunicación social, a los gastos administrativos no vinculados directamente a la atención de la población y a los gastos en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias.

De igual manera, el titular del Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico violan con los recortes mencionados, lo establecido por el último párrafo del artículo de 58 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que señala que no se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; las erogaciones correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas y la Atención a Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos establecidos en la ley y con la opinión de la Cámara de Diputados.

De lo anterior se desprende, que el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará recortes al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y a los Pueblos Indígenas situación que es a todas luces violatoria del artículo en mención.

No es posible que mientras el Ejecutivo federal gaste en su imagen sin hacer recortes y sí proponga recortes a los rubros mencionados en contravención a lo establecido por las fracciones II y III del artículo 21, así como al último párrafo del artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En razón de lo anterior, es de exhortar al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ajuste su gasto en el rubro de comunicación social y se abstenga de realizar recortes a los rubros de investigación, ciencia, tecnología y pueblos indígenas, así como para que den cabal cumplimiento al orden de prelación señalado en la fracciones II y III inciso a) subinciso i), del artículo 21 y último párrafo del artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ajuste su gasto en el rubro de comunicación social y se abstenga de realizar recortes a los rubros de investigación, ciencia, tecnología y pueblos indígenas, así como para que den cabal cumplimiento al orden de prelación señalado en las fracciones II y III del artículo 21 y último párrafo del artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Notas

1 http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-de-prensa-020-2016?idiom=es-MX

2 http://www.animalpolitico.com/2014/05/
primer-ano-de-pena-sin-cambios-sustantivos-en-el-uso-de-publicidad-oficial/
#!kalooga-17195/~%22Enrique%20Pe%C3%B1a%20Nieto%22%20~mil%5E0.75

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfprh.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2016.

Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a redoblar esfuerzos en materia de difusión sobre las implicaciones de la muerte cerebral y la importancia de donar órganos; y simplificar los trámites inherentes a esto, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno de la República a redoblar esfuerzos en materia de difusión e información a la población, sobre las implicaciones de la muerte cerebral y la importancia de la donación de órganos por parte de donantes muertos, y a fortalecer esfuerzos para que, dentro del marco de sus atribuciones, se simplifiquen los trámites administrativos, procedimientos y sus tiempos con la finalidad de incrementar las posibilidades para que las familias de donantes fallecidos, reafirmen la intención de donar los órganos de su familiar, con base en las siguientes

Consideraciones

Anualmente se realizan millares de trasplantes de órganos en todo el mundo, evitando muertes y mejorando la calidad de vida de millones de personas.

En los últimos 60 años, la tecnología, la técnica y la ciencia médica han avanzado lo suficiente, desde aquél incierto intento exitoso de 1954, cuando se realizó el primer trasplante de riñón entre gemelos idénticos, hasta los casi 113 mil trasplantes que se registraron, durante 2009, en todos los continentes.

En esta lógica, nuestro país también ha realizado esfuerzos institucionales importantes en materia de trasplantes y difusión de una cultura de donación, hecho que permitió que en los últimos siete años, lográramos pasar de 4 mil 580 trasplantes anuales, en 2007, a 12 mil 95 en el año 2015.

No obstante ello, desde 1972 la dinámica de donación en nuestro país ha tendido a aumentar la diferencia entre donantes vivos frente a donantes muertos, registrando el año pasado mil 960 donaciones de personas vivas, frente a 810 donaciones de personas fallecidas.1

Dicha tendencia resulta alarmante por el desperdicio potencial que se infiere sobre las oportunidades de donaciones de fallecidos. Es decir, en términos de salvar vidas con el menor impacto posible, lo deseable sería que aumentara la donación, aún más y que esta donación de órganos se originara principalmente en personas fallecidas.

En esta lógica deseable, las autoridades encargadas de trasplantes en países de América Latina y Europa han logrado que además de aumentar de manera sostenida la tasa de donación de órganos, en sus países, se aprovechen mayoritariamente los órganos de personas muertas, frente a los de personas vivas. Así, se puede observar que de los mil 773 pacientes argentinos que recibieron órganos en su país durante 2015, mil 370 fueron de donantes fallecidos frente a 403 de donantes vivos;2 en Chile, de todas las donaciones realizadas en la década pasada, el 68 por ciento fue de donantes muertos y el 32 por ciento de donantes vivos;3 en Colombia, la proporción durante 2015 rondó el 80 por ciento de donantes cadavéricos, frente a un 20 por ciento de donantes vivos;4 en Ecuador, entre los 103 registros de 2014, 82 provenían de cadáveres y 21 de donantes vivos,5 o en los Estados Unidos de América, donde en 2010 se realizaron 28 mil 662 trasplantes de órganos de los cuales sólo 6 mil 500 fueron trasplantes de donantes en vida.

De este modo, al contrastar los esfuerzos institucionales y sus resultados, frente a los resultados que se generan en otros países con respecto al aprovechamiento de donantes fallecidos, resulta necesario hacer un llamado a redoblar los esfuerzos que realiza la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Trasplantes para realizar las acciones que sean necesarias, orientadas a fomentar el aprovechamiento de órganos de donantes muertos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno de la República a redoblar esfuerzos en materia de difusión e información a la población, sobre las implicaciones de la muerte cerebral y la importancia de la donación de órganos por parte de donantes muertos, y a fortalecer esfuerzos para que, dentro del marco de sus atribuciones, se simplifiquen los trámites administrativos, procedimientos y sus tiempos con la finalidad de incrementar las posibilidades para que las familias de donantes fallecidos, reafirmen la intención de donar los órganos de su familiar.

Notas

1 Centro Nacional de Trasplantes, Reporte Nacional de Donaciones y Trasplantes 2015, Secretaría de Salud.

2 Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante, Memoria 2015. Disponible en:

http://www.incucai.gov.ar/files/docs-incucai/Materiales/ informes-estadisticos/19-memoria_2015.pdf

3 Instituto de Salud Pública de Chile, Registro Nacional de Trasplante de órganos. Información disponible en

http://www.ispch.cl/sites/default/files/documento/2010/0 4/Estad%C3 por cientoADstica%20TX2010-dic.pdf

4 Hasta el primer semestre de 2015, el Instituto Nacional de Salud de Colombia reporta que el 84 por ciento de las donaciones provenían de cadáveres y el 16 por ciento de donadores vivos. Véase la información del Instituto Nacional de Salud, disponible en http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Red-Nacional-Laboratorios/Estads ticas/INFORME por ciento20RED%20DONACION por ciento20Y%20TRASPLANTES%20I%20SEM%202015.pdf

5 Ministerio de Salud Pública, Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. Información
disponible en http://www.donaciontrasplante.gob.ec/
indot/wp-content/uploads/downloads/2015/02/INFORME_ESTADISTICO_INDOT_GESTION_2014.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2016.

Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a promover una campaña nacional de educación, toma de conciencia y prevención del cáncer de ovario, a cargo de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, María Eugenia Ocampo Bedolla, diputada a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a promover una campaña nacional de educación, concientización y prevención de cáncer de ovario, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En años recientes hemos conocido, por estadísticas presentadas en diversos medios de divulgación científica, el alarmante aumento del cáncer de ovario en la población femenina de diferentes edades. Sabemos desde hace décadas que casi todos los tipos de cáncer son curables, si son detectados en etapas tempranas. Es por ello que los esfuerzos de las instituciones de salud mexicanas han enfocado sus esfuerzos en divulgar y promover la prevención y los análisis que detecten varios tipos de cáncer, específicamente aquéllos que afectan a la mujer, como lo son el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino.

Todos esos esfuerzos son, sin duda, necesarios; sin embargo, en esta ocasión quisiera hacer hincapié en el cáncer de ovario, el cual fue clasificado en la vigésimo novena Reunión Anual del Instituto Nacional de Cancerología (2014) como el “asesino silencioso”. La incidencia de mortalidad en 2011 fue de 5 muertes diarias por este padecimiento, mismo que en ese año cobró la vida de 2 mil mujeres. Ya para 2015 se presentaron aproximadamente 4 mil 500 casos nuevos de cáncer de ovario en México, es decir 12 diagnósticos diarios y 7 muertes diarias por este mal.

Los factores más importantes para que se haya dado este crecimiento, tanto de la enfermedad como de la mortalidad, se derivan en su mayoría de la dificultad que representa para los médicos identificar los síntomas. Según investigadores del Instituto Nacional de Cancerología (Incan), es una enfermedad con sintomatología insidiosa e inespecífica, es decir lamentablemente 70 por ciento de las pacientes con cáncer de ovario son diagnosticadas cuando éste se ha extendido fuera de la pelvis y cuando los síntomas ya son fuertes en la parte abdominal y se presentan infecciones urinarias o micciones frecuentes, fatiga crónica imposibilitante y estreñimiento significativos. Es en esta etapa donde muchas mujeres llegan a atenderse, pero desafortunadamente estos síntomas suelen indicar una fase avanzada del proceso. En estos casos, sólo de 5 al 20 por ciento logra llegar a una supervivencia de 5 años o menos.

El riesgo de la equivocación en el diagnóstico es aproximadamente de 30 por ciento, en donde los doctores en México diagnostican a las pacientes con síndrome de intestino irritable, estrés, gastritis e incluso depresión meses antes del diagnóstico de cáncer de ovario.

Ahí radica la importancia de la cultura de la prevención, de la educación y de la divulgación de la gravedad de esta enfermedad. Al día de hoy, las mujeres que podrían padecerla no encuentran en nuestras instituciones mexicanas de salud el diagnóstico correcto. Lo anterior se debe a que este cáncer no puede ser detectado con un papanicolaou, pues se requiere de dos pruebas específicas que confirmen un diagnóstico positivo del cáncer de ovario: la prueba de antígeno CA 125 y el ultrasonido transvaginal , estudios que hoy en día no se encuentran en ninguno de los catálogos de estudios diagnósticos de los sistemas de salud como lo son Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o Seguro Popular.

Con estos datos, no queda duda de lo peligroso y silencioso que es este cáncer, mismo que refleja una alta peligrosidad para la población femenina mexicana. Si bien afecta a aquellas mujeres mayores de 40 años y con factores de riesgo e historia familiar de cáncer de ovario, también puede afectar a mujeres de entre 20 y 30 años en 5 por ciento de los casos.

Cabría preguntarse: ¿qué hemos hecho para paliar este mal que aqueja a nuestras mujeres?, ¿qué medidas de urgencia se han tomado para informar a nuestra población de lo silencioso y mortal de este cáncer?

Aunque esté comprobada la peligrosidad, su alta mortalidad y el avance alarmante que tiene esta enfermedad, no existe una campaña nacional de educación y prevención que les dé a las mujeres mexicanas la información clara de lo importante que son las revisiones periódicas.

Recientemente, un caso de todos los que se dan a diario en México, cobró fuerza con una campaña en redes sociales y le dio voz a este cáncer a través de la campaña #SiTienesOvarios , abanderada por la periodista Mariana Escobedo, quien, tras un mal diagnóstico de gastritis y hasta después de un mes, logró un diagnóstico preciso del cáncer de ovario. En diferentes entrevistas y dentro de esta campaña, ha relatado lo difícil que fue el diagnóstico y darse cuenta de que no existe en los sistemas de salud la información certera, pues ni siquiera los médicos que promueven los análisis necesarios sospechan, mínimamente, de esta enfermedad en las pacientes. A esta campaña se han sumado importantes personalidades del gremio periodístico e importantes personalidades que le han dado fuerza, lo que nos muestra la importancia de esta demanda que exclama la sociedad civil y que nosotros como legisladores debemos atender.

El derecho a la salud es una de las garantías individuales consagradas en el artículo 4o. constitucional y que el Estado mexicano debe mantener como principal bandera. Si bien este llamado inició con la causa de Mariana Escobedo, es hoy ya una demanda de las mujeres mexicanas el contar con el acceso a pruebas específicas que detecten a tiempo esta enfermedad.

Como legisladores no podemos dejar que este padecimiento siga invisible a los ojos de nuestras instituciones de salud, ya que a nosotros nos compete directamente promover que la ley se cumpla a cabalidad y que se proteja a las mujeres que padecen este silencioso mal.

En virtud de lo antes expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homólogas estatales, para que los sistemas de salud cuenten a la brevedad en sus catálogos de diagnóstico, con las pruebas necesarias para la detección oportuna del cáncer de ovario, como lo son el antígeno CA 125 y el ultrasonido transvaginal .

Segundo. Se exhorta urgentemente a la Secretaría de Salud para que promueva una campaña nacional de educación, concientización y prevención del cáncer de ovario, con la finalidad de informar y crear conciencia sobre la situación real del cáncer de ovario en México; así como, la promoción gratuita de las pruebas existentes para la detección oportuna del cáncer de ovario.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2016.

Diputada María Eugenia Ocampo Bedolla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Michoacán a reforzar las acciones para prevenir, atender y controlar el virus de influenza en la entidad, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Alfredo Anaya Orozco, diputado federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La influenza es una enfermedad respiratoria viral, contagiosa y aguda cuyos orígenes datan de 1918, fecha en la cual se desencadenó una pandemia en España con lamentables consecuencias para toda la humanidad.

Como bien es sabido, en abril de 2009 surgió una nueva gripe viral: la influenza AH1N1, que cobró la vida de 200 mil personas a nivel mundial, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De octubre de 2015 a febrero de 2016, la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud reportó que en México se registraron 1,290 casos de Influenza.

Al 7 de marzo de 2016, la misma dependencia federal informó que se tienen contabilizados 4 mil 121 casos de personas infectadas por influenza en general, con un saldo de 149 muertes, mientras que por AH1N1, son mil 519 los casos y 111 las defunciones documentadas.

Cabe señalar que el Gobierno de la República ha actuado de manera oportuna y diligente para enfrentar esta contingencia sanitaria, instrumentando múltiples acciones tendientes a prevenir la infección entre la población, garantizar el abasto de medicamentos y vacunas, y atendiendo las recomendaciones emitidas por la OMS.

Hoy en día, las instituciones públicas del sector salud cuentan con el abasto de medicamento necesario para tratar la enfermedad.

Además, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) habilitó un número telefónico (01800 033 5050), el cual orienta a la población las 24 horas del día sobre los sitios en donde se puede obtener el medicamento.

Por otra parte, las Secretarías de Salud y de Educación Pública acordaron reforzar las medidas preventivas y de promoción de salud por medio de las siguientes acciones:

1. Organizar filtros escolares al ingreso a los planteles con el propósito de detectar alumnos que presenten fiebre y síntomas de enfermedad respiratoria, con el objeto de canalizarlos a su domicilio para que reciban la atención médica procedente.

2. Nombrar al director de cada plantel como el responsable de la organización del filtro escolar que, junto a la detección de alumnos con fiebre y problemas respiratorios, deberá incluir el reforzamiento de las medidas de higiene y saneamiento en el plantel, al igual que la difusión de mensajes de promoción de la salud.

3. Difundir en los padres de familia las siguientes recomendaciones:

– Llevar a sus hijos enfermos a consulta y evitar la automedicación.

– Evitar que los niños enfermos asistan a lugares concurridos y que se expongan a cambios bruscos de temperatura.

– Fortalecer la alimentación de sus hijos con frutas y verduras y asegurar que ingieran líquidos de forma conveniente.

– No exponer a los niños al humo del cigarro y tomar medidas para procurar que no se contagien otros miembros de la familia.

4. Reafirmar que hasta el momento no se justifica la suspensión de actividades en las escuelas.

Ante las acciones emprendidas por el gobierno federal, es necesario que los gobiernos de las entidades acompañen estos esfuerzos para garantizar el derecho a la salud de la población en todo el país.

Bajo este tenor, el pasado 7 de marzo de 2016, la Secretaría de Salud del estado de Michoacán reconoció que habían aumentado de manera considerable los casos de influenza AH1N1, N3N2 y B en la entidad, sumando hasta esa fecha 148 casos confirmados, es decir, el doble con respecto al último reporte.

De esta manera, Michoacán se ha convertido en una de las entidades con mayor tasa de contagio en toda la República Mexicana.

Ante este escenario, es preciso hacer un llamado respetuoso al gobierno de la entidad para que refuerce las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención y atención de este problema de salud pública que afecta a los michoacanos.

En ese sentido, vale la pena apuntar que nuestra legislación en materia sanitara determina la concurrencia entre los tres niveles de gobierno para garantizar el derecho a la salud de los mexicanos reconocido en el artículo 4º Constitucional.

El artículo 134 de la Ley General de Salud establece que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las diversas enfermedades transmisibles, entre ellas la Influenza epidémica.

De esta manera, queda claro que la atención de la influenza no es una responsabilidad exclusiva del Gobierno Federal, como algunas veces pareciera sugerirse, sino que se trata de una responsabilidad compartida en la que los gobiernos de las entidades tienen que cumplir con la parte que les corresponde.

Como el propio Secretario de Salud ha afirmado, el Dr. José Narro Robles, en ninguna entidad de la República el virus se encuentra fuera de control, no obstante, ante el repunte de contagios en Michoacán, resulta apremiante que las autoridades sanitarias de la entidad intensifiquen las acciones para evitar una mayor propagación del virus.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, a reforzar las acciones para prevenir, atender y controlar el virus de Influenza en la entidad.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del estado de Michoacán de Ocampo a dar a conocer a la opinión pública, las acciones emprendidas para prevenir y atender el virus de Influenza en la entidad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 10 de marzo de 2016.

Diputado Alfredo Anaya Orozco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el IFT a acordar, instaurar y emprender una campaña de difusión para dar a conocer el 911 como nuevo número nacional armonizado de los servicios de urgencia, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Marco Antonio Gama Basarte, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y la fracción II del numeral 1 y las fracciones I y II del numeral 2, todas del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El día 27 de noviembre de 2014, el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, dio a conocer en la sede del Palacio Nacional un decálogo con medidas específicas destinadas a mejorar la seguridad, la justicia y el estado de Derecho en nuestro país, ello, como respuesta a los lamentables acontecimientos sucedidos los días 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, mismos que evidenciaron los rezagos y retos que en materia de seguridad pública y derechos humanos enfrentamos como Nación.

El presidente de la República señaló en esa ocasión la necesidad de definir un número único armonizado a nivel nacional para la recepción de las llamadas de emergencia, enfatizando la idoneidad de implementar la operatividad de dicho número con base en la coordinación de todos los servicios de rescate, la eficacia e inmediatez de respuesta de los cuerpos de auxilio y a través de un número notoriamente reconocido en el ámbito internacional, por ello señaló:

“Cuarta: Se acelerará el establecimiento de un número telefónico único para emergencias, a nivel nacional, que permitirá a los mexicanos contar con un medio eficaz, para pedir auxilio en casos de urgencia. Se buscará que este número sea el 911 por ser el más reconocido a nivel mundial.”

Lo anterior, desde luego representa una serie de esfuerzos logísticos y técnicos que involucra a diversos órganos de seguridad pública federal, estatal y municipal, así como organismos no lucrativos de interés social de socorro, etc.; requiere además, la coordinación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (en adelante IFT) como organismo facultado por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a fin de emitir las disposiciones administrativas de carácter general relativas a las obligaciones de los Concesionarios de telecomunicaciones y Autorizados que versen sobre la colaboración con la justicia y la implementación de un número único de emergencias, por lo que se trata entonces de un reto significativo.

Segunda. A fin de dar cumplimiento a lo presentado por el Presidente de la República en noviembre de 2014, el Pleno del IFT publicó un Acuerdo el día 2 de diciembre del año 2015 en el Diario Oficial de la Federación en el que se expiden los Lineamientos de Colaboración en Materia de Seguridad y Justicia y se modifica el Plan Técnico Fundamental de numeración;1 éste importante acuerdo normaría en su capítulo IX las pautas que debería seguir el procedimiento de homologación del número de emergencias.

Actualmente, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ya contempla el número único en la fracción IX de su artículo 190, así como el artículo 111 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin embargo, se necesitaba del acuerdo publicado por el IFT para iniciar las adecuaciones técnicas necesarias para la operatividad de la geolocalización de las llamadas bajo un número único, los protocolos de enlace a los cuerpos de rescate correspondientes más cercanos y con ello cumplir con la inmediatez propuesta por el Ejecutivo Federal.

Es muy importante señalar que el acuerdo publicado, además de establecer de manera oficial al 911 como nuevo número único de emergencias, faculta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (en adelante SESNSP) a proveer los medios para la operación de este nuevo número, a nivel nacional, a partir de la entrada en vigor del acuerdo, con fecha 1 de enero del año 2016, según lo dispone el artículo Primero transitorio:

“Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de los dispuesto en los transitorios siguientes ”

Tercera. En diciembre de 2015, durante la trigésima novena sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el titular del SESNSP, Maestro Álvaro Vizcaíno Zamora señaló que la transición se daría en 10 entidades en una primera etapa que abarcaría el primer trimestre del año 2016, seguido de una segunda etapa en la que se extendería a otros 10 estados en el mismo lapso de tiempo y finalmente a los restantes en el tercer trimestre del año.

Si bien es cierto, lo anterior es congruente con lo manifestado por el IFT en relación a que la transición se daría de manera gradual y bajo los tiempos establecidos por el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,2 a la fecha no se cuenta con mayor información en relación a cuáles son las entidades federativas seleccionadas por cada etapa, no se han manifestado los criterios específicos que se priorizaron para la designación de cada demarcación federal por etapa, no se ha presentado un plan oficial o agenda de operatividad a nivel nacional, ni la forma en la que comenzará a funcionar en cada una de los estados de la República el número 911.

Al día de hoy, con plena vigencia del acuerdo del IFT, siguen existiendo una gran variedad de códigos telefónicos dedicados a la recepción de llamadas de emergencia en todo el país, situación que podría propiciar desorden si no se avanza en la puesta en marcha del número único.

En el Distrito Federal por ejemplo, sigue sin funcionar en lo absoluto el 911 devolviendo un tono de ocupado y en otras entidades como en San Luis Potosí, se continúan difundiendo una multiplicidad de códigos telefónicos tradicionales:

Es necesario hacer del 911 una realidad en México, verificar sus alcances, conocer el estado que guarda su implementación y su avance durante el primer trimestre del presente año, pues como lo ha expresado el Ejecutivo Federal, significa un elemento esencial para fortalecer la seguridad y asegurar el acceso a la justicia en nuestro país.

Además, resulta prudente revisar el correcto funcionamiento de la transición y asegurar que se comunique oportunamente a las unidades de rescate de las fechas de inicio del nuevo número en su demarcación territorial, que se capacite a los operadores en los centros de recepción de llamadas de emergencia, que el SESNSP informe del avance alcanzado en la operatividad y en la disponibilidad de las tecnologías necesarias, así como de los obstáculos presentados en cada entidad, y con ello conocer un balance real de la actual eficiencia mostrada por el 911.

Se trata también de disminuir en la mayor medida los riesgos de crear confusión en la sociedad en cuanto al número que ha quedado definido, y al mismo tiempo, reforzar la confianza de la sociedad al generar una herramienta que verdaderamente acerque los servicios de socorro mediante la marcación de un solo número fácilmente identificable.

En el mismo sentido, es muy importante que el SESNSP, como autoridad encargada de la implementación del nuevo número 911, organice e impulse una campaña de difusión pública en aquellos estados de la República en los que ya sea posible comenzar a prestar el servicio bajo los nuevos criterios y así se brinde certeza a la sociedad.

Finalmente, es fundamental retomar el espíritu de tan importante transición en materia de seguridad pública y construir los medios que le den seguridad a la sociedad en momentos críticos como lo es una llamada de emergencia, contar finalmente con el número 911 permitirá otorgar prontitud y eficacia a la respuesta de los cuerpos de auxilio y su funcionalidad debe realizarse indudablemente bajo principios de publicidad y transparencia para la población.

En mérito de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a que acuerden, instrumenten y emprendan, en el ámbito de sus respectivas competencias, una campaña pública de difusión a fin de dar a conocer el nuevo número único armonizado a nivel nacional de los servicios de emergencia 911 en las entidades federativas que cuenten con los medios logísticos y tecnológicos para operarlo.

Segundo. Se exhorta al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Maestro Álvaro Vizcaíno Zamora, a que instrumente medidas para informar al público en general, a través de su página electrónica de comunicación las medidas adoptadas y los avances obtenidos a la fecha en relación a la instalación y operatividad del número único armonizado a nivel nacional de los servicios de emergencias 911 en todas las entidades federativas de la República, para el efecto de que los habitantes, usuarios del servicio, tengan pleno conocimiento de la habilitación de éste número de emergencia en su comunidad.

Notas

1 Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto de Telecomunicaciones expide los Lineamientos de Colaboración en Materia de Seguridad y Justicia y modifica el plan técnico fundamental de numeración, publicado el 21 de junio de 1996. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de diciembre del año 2015

Consultado en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5418339&fecha=02/12/2 015

2 El Instituto Federal de Telecomunicaciones determinó en el segundo párrafo del artículo trigésimo sexto del acuerdo:

“Trigésimo Sexto.- ...

...será el Secretariado Ejecutivo quien adopte las medidas necesarias para la armonización de los servicios y quien defina e implemente de forma gradual y ordenada el cambio del código de servicios especiales 066 al Número 911 en sus centros de atención de llamadas.”

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2016

Diputado Marco Antonio Gama Basarte

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a difundir información relativa a la operación del programa Escuelas de Tiempo Completo respecto al número de planteles públicos beneficiados, cumplimiento de metas y objetivos, e información relativa a su eficiencia, efecto y calidad, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Cristina Ismene Gaytán Hernández, diputada federal, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En 2007, por iniciativa del entonces Presidente de la Republica Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, surge el “Programa Escuelas de Tiempo Completo” cuyo propósito de origen fue establecer escuelas de tiempo completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural; cuyo funcionamiento aún se encuentra vigente hasta el ejercicio fiscal 2016.1

Las reglas de operación prevén que en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria se impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos del alumnado.

2. Dicho programa se fundamenta en las observaciones realizadas por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en ingles), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), en cuanto a la calidad de la educación,2 la premisa es que: ampliar las horas de clase y los tiempos de enseñanza facilitan el fortalecimiento de la calidad educativa, elevando los niveles de conocimiento y desempeño de los alumnos.

Los tres organismos internacionales identifican y comparten que los puntos de referencia claves para mejorar la calidad de la educación en México son: la duración de la jornada escolar, el número de días de trabajo efectivo del calendario escolar anual, el uso efectivo del tiempo escolar en actividades con sentido educativo, así como el reconocimiento de las necesidades sociales relacionadas con los diversos cambios en la estructura familiar (madres trabajadoras, familias uniparentales, entre otros).

3. Bajo este tenor el “Programa Escuelas de Tiempo Completo” inició su operación en el ciclo escolar 2007-2008 beneficiando alrededor de 130 mil alumnos de 500 escuelas de educación primaria.3 Para los siguientes años fue aumentando las escuelas beneficiadas conforme lo siguiente:

4. De conformidad con cálculos de la Auditoria Superior de la Federación, la meta establecida en el Acuerdo 5924 por el que se establece la “Articulación de la Educación Básica” , de incorporar en 2025 a la totalidad de escuelas de educación básica, se cumpliría en 179.2 años; mientras que, si se consideran las 219,982 escuelas de educación básica proyectadas a 2025, la meta se cumpliría en 198.2 años.5

“Artículo Octavo.- La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y las autoridades educativas locales, en sus respectivos ámbitos de competencia, promoverán y apoyarán el incremento del número de Escuelas de Tiempo Completo con base en las características descritas en el Artículo Segundo del presente Acuerdo, como un atributo que requiere la escuela para responder a las exigencias del currículo, y lograr una ampliación de cobertura de 17 000 escuelas en el 2015; 62 000 en el 2021, y la totalidad de escuelas en el 2025.”

Asimismo, el número de escuelas que se requiere incorporar anualmente para cumplir con la meta de 2025, es de 14,845 escuelas, considerando las 199,442 escuelas existentes en 2012, y de 16,425 escuelas, considerando las 219,982 escuelas proyectadas a 2025.

5. En el ciclo escolar 2011-2012, en el nivel de primaria, el logro educativo en la asignatura de matemáticas de las escuelas beneficiadas por el PETC fue de 570.6 puntos, inferior en 0.3% al registrado por las escuelas no beneficiadas (572.5 puntos); mientras que, en español, el logro educativo de las escuelas beneficiadas fue de 546.1 puntos, resultado superior en 0.1% al obtenido por las no beneficiadas (545.3 puntos). En secundaria, el logro educativo en matemáticas de las escuelas beneficiadas fue de 547.5 puntos, inferior en 0.7% al de las no beneficiadas (551.2 puntos); en español, el logro alcanzado por las escuelas beneficiadas fue de 489.5 puntos, superior en 1.0% al de las no beneficiadas (484.4 puntos).6 Esto significa que, a nivel primaria, en las asignaturas de matemáticas y español, no hay evidencia que sugiera que el programa está influyendo en el logro educativo de los alumnos de éstas. En secundaria, en la asignatura de matemáticas, el logro educativo de las escuelas beneficiadas es menor que el resultado obtenido en las escuelas no beneficiadas, y en español el logro educativo de las escuelas beneficiadas es mayor que el logro educativo de las escuelas no beneficiadas.

Consideraciones

A) En este contexto, el Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) inició su operación en octubre de 2007 como respuesta a la recomendación de la UNESCO y a los compromisos establecidos en el PND 2007-20127 vigente en ese momento, como una alternativa pedagógica que prolonga la estancia de los educandos y docentes en la escuela, con la finalidad de favorecer el desarrollo de las competencias definidas en los planes y programas de estudio para la educación básica.

B) El programa estableció como objetivo el de mejorar las oportunidades de aprendizaje reflejadas en el logro académico de los alumnos de las escuelas públicas de educación básica, mediante la ampliación de la jornada escolar.

C) Desde el 2010 al 2016 se han asignado recursos públicos por 46,467.79 millones pesos, sin que dicho programa tenga un impacto favorable en el nivel educativo de los alumnos.

D) Durante la Revisión de la Cuenta Pública 2012 la Auditoria Superior de la Federación realizó visitas de campo a tres escuelas beneficiadas por el Programa Escuelas de Tiempo Completo, cuyos resultados principales fueron que las tres escuelas tenían un horario escolar diferente; el personal directivo, docente y de apoyo no recibió cursos de capacitación o actualización sobre la forma en la que se debe operar el programa, ni de cómo implementar las líneas de trabajo de la propuesta pedagógica.

Además, dieron por enterada a la Auditoria que las escuelas no recibieron ninguna visita de seguimiento ni de acompañamiento que orientara al personal directivo y docente en la operación y en el desarrollo académico de las líneas de trabajo de la propuesta pedagógica.

Para la revisión de la Cuenta Pública 2013 8 la entidad de fiscalización superior realizó 28 auditorías9 y 10 con el objetivo de fiscalizar los recursos transferidos a las entidades federativas a través del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, así como el cumplimiento de metas y objetivos. Entre los principales resultados destaca que:

• El programa no cuenta con un marco normativo adecuado para regular sus operaciones, en virtud de que registra vacíos y ambigüedades cuya principal consecuencia es que los recursos no sean devengados de manera correcta, lo que es en detrimento de la fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.11

• El control interno del programa presenta deficiencias lo que no permite que se lleve a cabo un adecuado apoyo en su gestión y en la detección de debilidades e irregularidades.

• La mayoría de las entidades no remiten información sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos del programa, lo cual se traduce en opacidad.12

• El programa no cuenta con indicadores que permitan evaluar de manera exhaustiva los avances programados.

E) En concatenación con lo arriba señalado y abonando en las deficiencias, derivado de la auditoria número 12-0-11100-07-0291 correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 2012, la ASF realizó una recomendación a la Secretaria de la Educación Pública para que la dependencia elaborará un estudio sobre la factibilidad de lograr que para el año 2025 la totalidad de las escuelas de educación básica sean de tiempo completo, con la finalidad de que se realicen las adecuaciones necesarias a la meta establecida, ya que si consideramos los avances que ha mostrado el programa conforme las evaluaciones que hasta el momento se tienen, la meta no se podría cumplir sino hasta dentro de 198.2 años.

F) El pasado 25 de enero del año en curso, el Secretario de Educación Pública anunció el denominado “Plan Escuelas al Centro”, groso modo explicó que entregaran más recursos a las escuelas, a través de los programas de Reforma Educativa y Escuelas de Tiempo Completo, y por ello en el próximo ciclo escolar se pasará de 50 mil a 75 mil escuelas que recibirán trasferencias de dinero para pagar gasto corriente; además de dar un mejor uso a la jornada escolar por lo que el objetivo es tener un calendario más flexible, por lo que enviara una iniciativa al Congreso de la Unión para reformar el artículo 51 de la Ley General de Educación, la propuesta es mantener el mismo número de horas de clases (900 en escuelas primarias de horario regular y 1,600 en escuelas de tiempo completo) y que se permita que cada comunidad escolar decida si quiere impartirlas en 200 o 185 días al año.13

Hoy, el actual Secretario de Educación Pública y equipo de colaboradores, habrán observado el adecuado: el ejercicio de recursos en todos los programas que se han implementado de 15 años a la fecha; el cumplimiento de los objetivos y metas de esos programas; desarrollo educacional de los alumnos acorde con lo gastado; eficacia y eficiencia en la transparencia y rendición de cuentas de los recursos económicos; se ha aprendido a través de todos los tropiezos que se tienen en educación en nuestro ya lastimado país.

Como lo observan sexenio tras sexenio solo se cambia de nombre en los programas y los resultados son los mismos.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Honorable Cámara de Diputados, exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública que haga del conocimiento público la información relativa al número de escuelas beneficiadas al 2015 por el programa, así como las características de las escuelas beneficiadas sobre su tipo de organización, el contexto en el que operaron (urbano, urbano marginal, rurales, indígenas o migrantes) y el nivel de resultados educativos. Asimismo, cual número de alumnos que permanecieron en la escuela durante toda la jornada de tiempo completo, con la finalidad de conocer el número efectivo de alumnos beneficiados por el programa.

Segundo. La Honorable Cámara de Diputados, exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública hacer del conocimiento público si la recomendación de la ASF fue atendida; asimismo publique las adecuaciones necesarias a la meta del programa que se establecieron en un inicio, y si no las ha realizado, haga público el motivo.

Tercero. La Honorable Cámara de Diputados, exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública hacer del conocimiento público las acciones llevadas a cabo para capacitar al personal docente y el avance que ello significa respecto a la totalidad de la plantilla de personal docente, y cuántas escuelas cuentan con la infraestructura para funcionar como escuelas de tiempo completo, y cuántas se pretenden adecuar y en qué tiempo.

Cuarto. La Honorable Cámara de Diputados, exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública haga del conocimiento público si cuenta con evidencia documental que pruebe que el “Programa Escuelas de Tiempo Completo” está influyendo en el logro educativo de los alumnos de éstas, es decir, si el logro educativo de las escuelas beneficiadas es mayor que el resultado obtenido en las escuelas no beneficiadas.

Notas

1 Ya que de conformidad con el documento denominado “Estructura Programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2016” consultado en el link

http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/
programacion_16/1_av_PyP_Inv_ene_may_2015.pdf, se contempla dicho programa con la clave presupuestaria S221.

2 UNESCO: Declaración de Cochabamba, y Recomendaciones Sobre Políticas Educativas al Inicio del Siglo XXI” en 2001; OCDE: “Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) 2012-Resultados” y OEI: “Miradas sobre la Educación en Iberoamérica, 2021, metas educativas” realizado en 2012.

3 http://basica.sep.gob.mx/dgdgie/cva/sitio/pdf/evaluacio nesext/PETC/2011/informe11petc.pdf fecha de consulta 28 enero 2016.

4 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de Agosto de 2011.

5 Se refiere a los cálculos realizados por la ASF para la auditoria número 12-0-11100-07-0291. Revisión de la Cuenta Pública 2012.

6 http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Documentos /Auditorias/2012_0291_a.pdf

7 Durante la administración de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

8 Es importante mencionar que se contempla una auditoria de desempeño para el Programa Escuelas de Tiempo Completo dentro del Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, resultados que se conocerán hasta el 20 de febrero del presente año.

9 Las auditorías practicadas por la ASF fueron 28 a los estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, a la Secretaría de Educación Pública y a la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.

10 Los resultados de las auditorias se presentan en términos generales a través de un Informe “Programa Escuelas de Tiempo Completo”

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/
2013_MR-ESCUELAS%20DE%20TIEMPO%20COMPLETO_a.pdf fecha de consulta 28 enero 2016.

11 En 26 estados se observaron recursos no devengados ni reintegrados a la TESOFE por 2,132.9 millones de pesos.

12 Durango y Zacatecas realizaron pagos a personal no localizado; por otra parte Sinaloa pago 2.2 millones de pesos a trabajadores con más de una plaza y recibieron apoyo del programa en cada una de ellas.

13 Comunicado Secretaria de Educación Pública

https://www.gob.mx/7prioridadessep/articulos/comunicado- anuncia-nuno-mayer-plan-escuela-al-centro.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2016.

Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, la SHCP, la ASF y el gobierno de Morelos a vigilar la recaudación, el manejo, la custodia y la administración de los recursos públicos provenientes de las distintas fuentes de presupuesto e ingresos federales y estatales, a fin de elaborar un plan de rescate económico de la entidad, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de lo siguiente:

Antecedentes y Consideraciones

Que nuestro país vive un deterioro alarmante del tejido social, lo cual obedece al crecimiento de la inseguridad y la ola de violencia con la cual se cometen los ilícitos como los robos, asaltos, secuestros, violaciones y asesinatos.

Que un estado fuertemente golpeado por la inseguridad es el de Morelos, en el cual el gobernador constitucional admitió que la delincuencia organizada exigió a los alcaldes que cumplan al asumir su encargo con rechazar el Mando Único y dejar que los delincuentes impusieran entre otros al director de Policía Municipal, entregaran los contratos de la obra pública y accedieran a pagar una renta mensual y en efectivo equivalente a 10 por ciento del presupuesto municipal.1

“...El gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido, reconoció que 13 alcaldes de la entidad recibieron amenazas de la delincuencia organizada antes de tomar protesta, y sostuvo que el móvil del asesinato de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota, tiene su origen en la intención de “instalar un ambiente de terror” en la entidad.

En una declaración de prensa el gobernador sostuvo que los presidentes municipales electos, la delincuencia les exigió rechazar el mando único y permitir designar a los directores de seguridad; entregarles los contratos de obra pública, pagar “una renta mensual” en efectivo, equivalente a 10 por ciento del presupuesto de cada alcaldía; y a otros más el control absoluto de espectáculos artísticos y palenques .” ... 2

Por su parte, los presidentes municipales del estado de Morelos;

“... confirmaron que desde el asesinato de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota, han sido amenazados vía telefónica para pactar con grupos criminales, o en su caso, serán también ejecutados.

Así lo declaró el alcalde del municipio de Atlatlahuacan, Esteban Hernández Franco, quien comentó que desde el pasado sábado 2 de enero, ha recibido en tres ocasiones llamadas telefónicas de personas que dicen pertenecer al grupo criminal de Guerreros Unidos y Los Rojos.

Explicó, que en dichas conversaciones los presuntos criminales le han solicitado dinero para no atentar contra su persona y la oportunidad de designar al encargado de la Policía Municipal, o en caso contrario lo amenazan con asesinarlo.”...3

Derivado de lo anterior, es importante compartir con el pleno de esta Cámara de Diputados la preocupación no solo por el detrimento social que vive el estado, los paupérrimos sueldos, la falta de inversión, sino también por el destino de los recursos públicos tanto federales como locales, ya que están próximos a parar en manos del crimen organizado de la entidad.

La crisis de inseguridad en el estado, ha ocasionado que empresas y negocios cierren operaciones, generando desempleo y por consiguiente hambre, por lo que no podemos ni debemos permitir que el crimen organizado se enquiste como un cáncer en los órganos de gobierno y mucho menos el sistema político mexicano, no debemos olvidar casos como el de Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas, acusado de recibir sobornos del Cártel del Golfo; Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, actualmente está preso en Estados Unidos por lavado de dinero, narcotráfico y conspiración para introducir drogas a Estados Unidos; Pablo Salazar Mendiguchía, exgobernador de Chiapas, acusado de peculado y asociación delictuosa; Narciso Agúndez Montaño, exgobernador de Baja California Sur, acusado de peculado por más de 52 millones de pesos, la lista es aún mucho más larga en presidentes municipales y diputados locales.4

Muchos de esos procesos se encuentran abiertos y tienen el derecho que la ley les brinda para demostrar su inocencia, sin embargo, el daño al estado de derecho y el quebranto al erario público está hecho.

No debemos ser un país con poca memoria, debemos voltear a la historia para mejorar nuestro presente y proyectar nuestro futuro, México merece gobiernos justos, pero también el estado debe proveer a los gobernantes de los medios idóneos para desarrollar sus actividades y marcar las directrices a seguir para blindar los recursos del estado, ante la posible penetración de la delincuencia organizada en las arcas y en los destinos de su aplicación.

Debemos generar las condiciones de seguridad financiera para que los recursos públicos del estado no sean utilizados contra el propio estado por el crimen organizado.

Es por ello que ante las lamentables declaraciones de los ediles de la entidad, se debe señalar la impostergable necesidad de exhortar al Secretario de Hacienda y Crédito Público; a la Auditoría Superior de la Federación y al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, para que en el ámbito de sus facultades instrumenten las acciones necesarias con el fin de vigilar de manera puntual la recaudación, manejo, custodia y administración de los recursos federales y locales en el estado de Morelos, para que los mismos no puedan de ninguna manera llegar a manos de la delincuencia organizada en el estado de Morelos y se ejerzan de manera transparente en beneficio de la ciudadanía del estado que tanto lo necesita.

Consecuencia de lo antes fundado de igual manera es de exhortarles a realizar y ejecutar de manera conjunta un plan de rescate económico del estado, formulando acciones transversales de fortalecimiento de las empresas del estado de Morelos a fin de incentivar la inversión, el desarrollo y la productividad en el mismo.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de ésta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero: Se exhorta respetuosamente secretario de Hacienda y Crédito Público; a la Auditoría Superior de la Federación y al Gobernador Constitucional del estado de Morelos para que en el ámbito de sus facultades instrumenten las acciones necesarias con el fin de vigilar de manera puntual la recaudación, manejo, custodia y administración de los recursos federales y locales en el estado de Morelos para que se ejerzan de manera transparente y en beneficio de su ciudadanía, y que los mismos no puedan de ninguna manera llegar a manos de la delincuencia organizada en dicha entidad.

Segundo: Se exhorta respetuosamente al secretario de Hacienda y Crédito Público y al Gobernador Constitucional del estado de Morelos a realizar y ejecutar de manera conjunta un plan de rescate económico del estado, formulando acciones transversales de fortalecimiento de las empresas del estado de Morelos a fin de incentivar la inversión, el desarrollo y la productividad en el mismo.

Notas

1 http://www.sdpnoticias.com/local/morelos/2016/01/11/amenazaron-a-13-edi les-para-que-no-aplicaran-mando-unico-graco-ramirez

2 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/01/11/
alcaldes-de-morelos-fueron-amenazados-por-criminales-graco-7837.html

3 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ediles-de-morelos-confirman-ext orsiones-de-grupos-delictivos.html

4 http://enfoqueoaxaca.com/opinion/pasando-lista-de-presente-50/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2016.

Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a difundir e implantar instrumentos para mejorar la identificación de proyectos relativos a impulsar el desarrollo de las asociaciones público-privadas, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, Luis Alfredo Valles Mendoza, diputado de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 45, numeral 6, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el marco de sus atribuciones promueva, difunda e implemente mecanismos que mejoren la identificación de proyectos que requiere el país, con el fin de impulsar el desarrollo de las asociaciones público privadas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Actualmente, la situación de las finanzas públicas en México es preocupante. La abrupta caída del precio del barril de petróleo, una baja recaudación tributaria con respecto al producto interno bruto (PIB) y una creciente deuda pública nacional y subnacional, provoca que los recursos disponibles para la ejecución de proyectos gubernamentales de infraestructura sean escasos. En este contexto, el esquema de asociaciones público privadas (APP) constituye una buena alternativa para alcanzar los niveles de inversión necesarios para satisfacer las necesidades de infraestructura de un país que busca incrementar sus niveles de desarrollo y bienestar económico y social.

Recordemos que el diseño de asociaciones público-privadas busca incrementar los recursos disponibles gubernamentales para el desarrollo de infraestructura, al incorporar a inversionistas privados en el diseño, construcción, equipamiento, financiamiento, operación y mantenimiento de infraestructura pública, con el objeto de obtener ciertas ventajas, como la reactivación de la inversión y la generación de empleos.

A partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley de Asociaciones Público Privadas, se funda como objetivo el regular los esquemas para el desarrollo de proyectos de asociaciones público privadas, así como la relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al usuario final, y en los que se utilice infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el país.

Según el Programa para el Impulso de Asociaciones Público Privadas en Estados Mexicanos (PIAPPEM) y el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) del Banco Interamericano de Desarrollo, entre los años 2003-2012 ha habido menos actividad subnacional en el espacio de las APP, ya que sólo fueron poco más de 20 asociaciones de este tipo.

Para 2013 se presentaron 11 proyectos de APP ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de los cuales sólo dos se aprobaron bajo este esquema y fueron: un hospital y un acueducto. Posteriormente, en 2014, existieron más de 30 asociaciones público privadas y son las que se encuentran en cartera. Sin embargo, son pocos los proyectos, en comparación con el resto de países, como Colombia, Chile y Perú quienes han tenido una superioridad numérica en el número de proyectos y que han culminado de manera satisfactoria.

Por su parte, la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que, entre 2014 y 2015, se han presentado alrededor de 30 proyectos, de los que sólo cinco han sido concretados. Como bien lo expresamos en el párrafo anterior, la cifra resulta mínima en comparación con otros países que usan el mismo esquema.

Para Mario Salazar Lazcano, presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), 2015 fue un año perdido para las asociaciones público privadas, tomando en cuenta que aún no se ha logrado impulsar y desarrollar plenamente a esta figura. Aunado a lo anterior, encontramos como obstáculos la incapacidad administrativa, el marco legal y regulatorio, el diseño de los contratos y algunas cuestiones financieras, además de la debilidad institucional, la poca atracción y la falta de transparencia y opacidad que inhiben la participación del sector privado de inversión.

Actualmente, para impulsar a las APP es importante tener una amplia cartera de proyectos, donde la SHCP identifique qué proyectos requiere el país, y que la Unidad de Inversiones de la secretaría sitúe la posibilidad de que los inversionistas los usen.

La SHCP tiene el deber de considerar que en las empresas los incentivos son casi siempre comerciales y su dinámica de decisiones es más rápida, contrario a la dinámica con que trabaja el gobierno que cae generalmente en la lentitud de decisiones y sus incentivos son distintos.

En Nueva Alianza estamos convencidos de que un crecimiento económico vigoroso y sostenido es la base de un desarrollo capaz de resolver grandes problemas económicos. Si bien el crecimiento debe estar basado en las actividades productivas de los particulares, reconocemos la importancia de las asociaciones público privadas. De ahí que nuestra propuesta está encaminada a exhortar a la SHCP para que promueva, difunda e implemente mecanismos que mejoren la identificación de proyectos que requiera el país, con el fin de impulsar el desarrollo de las asociaciones público privadas.

En virtud de lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el marco de sus atribuciones promueva, difunda e implemente mecanismos que mejoren la identificación de proyectos que requiere el país, con el fin de impulsar el desarrollo de las asociaciones público privadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2016.

Diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a efectuar acciones para inscribir al mayor número posible de agricultores michoacanos en el Programa Especial para el Campo en materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Alfredo Anaya Orozco, diputado federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 9 de diciembre de 2002, en esta misma soberanía fue aprobada la Ley de Energía para el Campo, reglamentaria de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2012.

El objetivo fijado en este instrumento legal consistió en coadyuvar al desarrollo rural del país, estableciendo acciones de impulso a la productividad y competitividad, así como medidas de apoyo tendientes a reducir las asimetrías con respecto a otros países.

De esta manera, la energía eléctrica quedó plasmada en la ley como uno de los energéticos agropecuarios que el Estado mexicano se encuentra obligado a garantizar con condiciones especiales para los productores; ello no solo porque constituye un insumo fundamental para las labores del sector primario de la economía, sino también porque representa un porcentaje importante del costo de las actividades desarrolladas por los productores.

Con fundamento en la Ley de Energía para el Campo, en el año 2005 se creó el Programa Especial para el Campo en Materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola (PEUA), por medio del cual se otorgan estímulos y tarifas preferenciales para los productores agrícolas del país.

De acuerdo con el artículo 4º de este ordenamiento, tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos de la Federación deben incluir las previsiones necesarias para atender la operación de este programa.

Así, el Programa Especial para el Campo en Materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola es una de las herramientas con las que cuenta el Gobierno Federal para apoyar a los productores agropecuarios, tomando en cuenta las asimetrías persistentes que los mantienen en desventaja en comparación con otras economías del mundo.

A lo anterior hay que sumar que hoy en día, la disminución de los precios internacionales de las materias primas y la volatilidad cambiaria, han traído consigo nuevos desafíos para los productores agrícolas mexicanos y, particularmente para los productores de Michoacán, quienes como consecuencia del incremento del dólar, han tenido que destinar más recursos para maquinarias, insecticidas y otros insumos para el desarrollo de sus actividades.

De ahí la necesidad de reforzar y brindar mayores facilidades para hacer efectivos los mecanismos de fomento a la actividad agrícola en el país, como es el caso del Programa Especial para el Campo en Materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola.

Bajo este tenor, es de reconocer que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), recientemente concedió una prórroga para que más productores se inscriban en dicho programa, con la finalidad de que sigan gozando de la cuota energética correspondiente, en términos de la Ley de Energía para el Campoi.1

Aprovechando la disposición y sensibilidad mostradas por el Gobierno de la República, proponemos exhortar respetuosamente a la Sagarpa para que intensifique las acciones para inscribir al mayor número de productores en el PEUA, con la finalidad de que sean beneficiados con las tarifas y estímulos previstos en la Ley.

Adicionalmente y, con la finalidad de conocer las acciones emprendidas por el Gobierno del estado para apoyar a los productores agrícolas michoacanos, propongo solicitar a la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentaria de Michoacán, que informe a esa soberanía sobre los programas implementados en lo que va de la administración para incrementar la productividad y proteger el ingreso de los hombres y mujeres del campo en la entidad.

Sin duda alguna, desarrollo rural nacional y regional es una responsabilidad compartida que demanda el compromiso de los tres niveles de gobierno.

A través de estas acciones, el que suscribe el presente punto de acuerdo manifiesta su compromiso de proteger a los productores agrícolas de Michoacán, en el contexto de una situación que amerita la mayor atención por parte de los diferentes niveles de gobierno.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a llevar a cabo las acciones necesarias para inscribir al mayor número posible de agricultores del estado de Michoacán en el Programa Especial para el Campo en Materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentaria del estado de Michoacán de Ocampo, informe a la opinión pública, las acciones emprendidas en lo que va de la actual administración para incrementar la productividad y proteger el ingreso de los hombres y mujeres del campo en la entidad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 15 de marzo de 2016.

Diputado Alfredo Anaya Orozco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedatu a implantar acciones y políticas públicas tendentes a abatir el rezago de vivienda en Durango, a cargo del diputado Ricardo del Rivero Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Ricardo del Rivero Martínez, Diputado Federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 numeral 1, fracción I, 79 numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La necesidad de tener una vivienda, un lugar seguro donde vivir, ha sido desde el principio de los tiempos, una necesidad apremiante para el ser humano. En nuestra Constitución, el derecho humano a la vivienda se encuentra consagrado en el párrafo sexto del artículo 4o., que señala el derecho de toda familia al disfrute de una vivienda digna y decorosa.

En esta Cámara de Diputados, hemos luchado por que cada familia, cada persona, tenga ese derecho. Apoyamos en la creación de programas, en la asignación de recursos, así como en la vigilancia del uso de los mismos.

En Durango, durante la presentación del Plan Estatal de Desarrollo 2011 - 2016, la actual administración encabezada por Jorge Herrera Caldera, enalteció como sus obligaciones básicas: seguridad, salud, educación y vivienda,1 comprometiéndose a que, a través de la “unidad, visión y actitud” se tendría un gobierno que sirviera a la ciudadanía más que a sus intereses particulares y que se trabajaría con menos para dar más.

No obstante, el estado, no ha logrado despuntar tanto como se había advertido y aún cuando se han obtenido avances milimétricos, no han sido suficientes, porque se han visto opacados por temas como la “corrupción”, que a voz del 89.6 por ciento de la población, consideran que es una práctica muy frecuente en el estado.2

Uno de los tópicos que fue descollado como premisa exigida, es el concerniente a la atención del rezago de “vivienda” que impera en el estado. Con base a la información vertida en el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda 2.0 de la Comisión Nacional de Vivienda, el atraso habitacional por número de hogares al 2014, el estado de Durango reporta lo siguiente:

Tan sólo en el 2011, en el estado, se contabilizaban más de 14 mil 500 familias con viviendas hechas de materiales frágiles (cartón, hule o madera) y de ese total, cerca de mil 500 correspondían a la capital de estado.

En el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2016 de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), se detalla que el Mezquital, es el municipio de mayor insuficiencia porcentual dentro de la entidad en la distribución acumulada de la carencia por calidad y espacios en la vivienda, seguido de Pueblo Nuevo, Durango, Gómez Palacio y Lerdo.

Adicionalmente, en el estado se han presentado problemas que no abonan favorablemente en minimizar de forma eficaz el problema del histórico rezago habitacional prevaleciente y que son producto de la inconsistencia de resultados de la administración estatal:

• Desplazamiento interno forzado,

• Pérdidas de empleo,

• Cartera vencida,

• Anomalías en el trámite y entrega de escritura para amparar la propiedad.

A inicios del 2016, el titular del Instituto Municipal de Vivienda (Inmuvi) de Durango, Alfonso Mercado Chávez, destacó que la administración de la capital, cerraría con 50 mil acciones de vivienda4 y que esto sería posible por el apoyo conjunto del estado y del gobierno federal. Declaraciones que reflejan el aislado compromiso que tiene la administración estatal con los municipios que cuentan con mayor carencia y se exhibe, una entrega inequitativa de los apoyos que deben favorecer a la población indistintamente.

Es evidente que la distribución de apoyos de vivienda en este 2016, estará focalizada para atender zonas electoralmente estratégicas ahora que dio inicio el proceso para renovar gobernador, 39 alcaldías y 25 diputaciones locales, mientras que en la zona indígena se continuará con la simulación y los apoyos a cuenta gotas.

El delito es definido como el acto u omisión que sancionan las leyes penales (artículo 7 del Código Penal Federal).

Un delito electoral es la conducta que daña o afecta el interés público federal previsto en las leyes federales.

Mientras que los delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto, que debe ser universal, libre directo, personal, secreto e intransferible.

Condicionar un programa social a cambio del voto o la abstención del mismo, así como presionar a otro a asistir a eventos proselitistas, son algunos de los delitos electorales más comunes, según la Fepade.

En 2006, la organización nacional Comité Conciudadano de Seguimiento del Proceso Electoral reveló que Durango es uno de los estados que presentan mayor incidencia en compra y coacción del voto. Además de Durango, los estados donde hay más anomalías de este tipo son Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Tlaxcala, México, Sinaloa y San Luis Potosí.

Para la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en Durango, se mantienen 36 expedientes abiertos, 4 contra funcionarios públicos, por el uso indebido de recursos destinados a programas sociales.

Ante esto, es que solicitamos se ejecuten las medidas necesarias a fin de vigilar puntualmente la distribución y ejecución de las acciones de vivienda destinadas al estado de Durango, esto con el objetivo de evitar que sean usadas con fines electorales y que prevalezca la equidad en la correcta aplicación de los recursos.

Es en ese sentido que en el Partido Acción Nacional, estamos a favor de una correcta y transparente aplicación de los recursos, anteponiendo siempre el bien común sobre cualquier interés que afecte el desarrollo integral de las localidades, y se permita con esto, atender efectivamente el histórico rezago habitacional que predomina en el estado de Durango y que el gobierno del estado, no ha podido o no ha sabido afrontar.

Por lo antes expuesto es que someto a la consideración de esta honorable asamblea:

Proposición con punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Federal y al Titular de la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango, a que conforme a sus atribuciones legales implementen acciones y políticas públicas tendientes a abatir el rezago de vivienda en el estado de Durango.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Titular del Instituto Nacional Electoral y al Titular de Instituto Estatal Electoral de Durango (IEPC), a garantizar el respeto a los principios de equidad e imparcialidad en el proceso electoral del estado Durango y evitar que programas y proyectos se desvíen con fines político-electorales.

Notas

1 Editorial. “Habemus Plan Estatal de Desarrollo para Durango “. 15 de marzo 2011. [en línea], [Fecha de consulta 27 de febrero 2016]. Disponible en: http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/305344.habemus-plan-estatal- de-desarrollo-para-durango.html

2 Inegi. Resultados de la segunda Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) 2013. 16 junio 2014. Hoja 45. [en línea], [Fecha de consulta 27 de febrero 2016]. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/espe ciales/encig/2013/doc/encig2014_06.pdf

3 Gaucín, Rosy. 14 mil familias viven en casas de cartón. El Siglo de Torreón. 6 de diciembre 2011. [en línea], [Fecha de consulta 2 de marzo 2016]. Disponible en:

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/684410.14-mi l-familias-viven-en-casas-de-carton.html

4 Sarabia, Maha. Cerrará administración municipal con 50 mil acciones de vivienda. Enlace. Magazine. 9 de febrero 2016. [en línea], [Fecha de consulta 27 de febrero 2016]. Disponible en: http://enlaceconexionentreculturas.com/11642-2/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.

Diputado Ricardo del Rivero Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual esta soberanía condena el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres Flores y exhorta a la SRE a efecto de que el gobierno de Honduras asegure el cumplimiento y la eficacia de las medidas cautelares otorgadas a Gustavo Soto Castro para garantizar su plena integridad y pronto retorno al país, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Rafael Hernández Soriano, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. Garantizar la seguridad de defensores y defensoras de derechos humanos y ambientalistas es un tema que ha cobrado prioridad en el mundo durante los últimos años debido a que, lamentablemente, el desarrollo de sus actividades se ha visto grave y crecientemente afectado en diversos países por amenazas, intimidaciones, actos de hostigamiento, detenciones arbitrarias, interposición de acciones legales infundadas, asesinatos y otras formas de agresión.

Las y los defensores de derechos humanos y activistas ambientales son actores claves para la existencia misma de toda sociedad democrática, la construcción de un Estado de Derecho y la defensa y el ejercicio efectivo de los derechos humanos.

En virtud de lo anterior, los Estados tienen la obligación de adoptar todas las medidas de protección tendientes a garantizar la seguridad personal de las y los defensores de los derechos humanos, a efecto de que puedan desempeñar su actividad según lo establecido en instrumentos internacionales.

Segunda. No obstante lo anterior, el pasado 3 de marzo fue asesinada Berta Cáceres Flores, una prominente activista de derechos humanos y defensora del medio ambiente de Honduras. Cáceres era líder de la comunidad indígena lenca y una defensora de los derechos humanos en ese país. De acuerdo con fuentes locales, los asesinos entraron a la fuerza en su vivienda para cometer el crimen.

Berta Cáceres organizó una lucha contra la construcción de la represa de Agua Zarca, en el Río Gualcarque, que es considerado sagrado para las comunidades indígenas y de vital importancia para su supervivencia. Su oposición a la referida construcción, donde grandes transnacionales y corporaciones financieras tenían intereses, le originó constantes amenazas para ella y su familia. La lucha que emprendió Cáceres le valió que en el 2015 fuera galardonada con el Premio Goldman, uno de los máximos reconocimientos por la defensa del medio ambiente.

Tercera. En el artero ataque a Berta Cáceres fue herido el mexicano Gustavo Castro Flores. El nacional es un testigo clave para el esclarecimiento del homicidio de la activista hondureña. Recientemente, el relator especial de Naciones Unidas para la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, demandó al gobierno hondureño la protección para el activista mexicano Gustavo Castro.

Cuarta. En este contexto, frente a la investigación sobre el homicidio de Berta Cáceres Flores, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que, a través de la embajada en Honduras, ha solicitado de manera oficial se permita a Gustavo Castro retornar a México lo antes posible y continuar colaborando con el proceso de investigación.

Más aún, según el boletín signado con el 093 del 10 de marzo de 2016,1 la Cancillería precisa que:

1. El gobierno de México, a través de su Embajada en Honduras, mantiene contacto permanente con el señor Castro Soto y le brinda el apoyo y la protección consular a la que tiene derecho bajo la legislación mexicana y la Convención de Viena de Relaciones Consulares, siempre con pleno respeto a las leyes hondureñas.

2. El gobierno de Honduras, de conformidad con sus obligaciones y responsabilidades, ha asegurado que está adoptando todas las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad del testigo. La Embajada de México ha solicitado oficialmente al Gobierno de Honduras que detalle el alcance de las medidas adoptadas y seguirá velando por su pleno cumplimiento. También pidió que se permita al señor Castro retornar a México lo antes posible, desde donde seguirá colaborando con el proceso de investigación como lo prevé la propia normatividad hondureña y el acuerdo vigente entre ambos países para facilitar la asistencia jurídica mutua en materia penal.

3. Cabe destacar que desde que ocurrió el ataque, el connacional ha mostrado plena disposición para colaborar con la Fiscalía en todos los requerimientos que le han solicitado, con el fin de contribuir a esclarecer los hechos y encontrar a los responsables.

4. El gobierno de México tiene plena confianza en el compromiso de las autoridades hondureñas para realizar las investigaciones pertinentes, a fin de presentar ante la justicia a los responsables de estos hechos y proteger al testigo en el proceso penal, con apego a los derechos humanos y protocolos internacionales aplicables.

5. La Embajada de México en Honduras, seguirá brindando toda la protección consular que el señor Castro requiera hasta su retorno a nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de se somete a la consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión condena el artero asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres Flores y hace votos para que de manera imparcial, expedita y apegado a derecho, se lleve a cabo una amplia y profunda investigación que lleve a los responsables intelectuales y materiales ante la justicia y no quede impune tan atroz crimen.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que por las vías diplomáticas y administrativas, el gobierno de Honduras asegure el cumplimiento y eficacia de las medidas cautelares otorgadas a Gustavo Soto Castro a efecto de que garanticen su plena integridad, así como para que agilice los trámites que correspondan para su rápido retorno al país.

Nota

1 Secretaría de Relaciones Exteriores, ver:
http://www.gob.mx/sre/prensa/situacion-en-honduras-del-nacional-mexicano-gustavo-castro-soto, 12 de marzo de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2016.

Diputado Rafael Hernández Soriano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al jefe del gobierno de la Ciudad de México a derogar el reglamento local de tránsito porque contraviene el artículo 21 constitucional, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González, en mi calidad de diputada federal de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primero . Que el 17 de agosto de 2015, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal expidió y ordenó la publicación, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal

Segundo. Que el 15 de diciembre de 2015, luego de 120 días hábiles de su promulgación, el texto de dicho reglamento entró finalmente en vigor, destacándose un incremento notable tanto en el monto de las multas como en su número.

De acuerdo con estimaciones de la propia Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal personal autorizado y equipo especializado a su cargo aplican, en promedio al día, 20 fotomultas por hora a aquellos automovilistas que han rebasado los límites de velocidad establecidos en las diferentes calles y avenidas.

Tercero. Tomando en cuenta lo anterior, el nuevo Reglamento resulta a todas luces inconstitucional porque viola el Derecho Humano de los habitantes de esta Ciudad consistente en que las infracciones administrativas deben de ser alternativas, es decir, deben de permitir elegir al infractor entre la multa o el trabajo a favor de la comunidad, como lo ordena nuestro artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Artículo 21.

...

Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.

Pero además porque claramente señala ese mismo artículo que:

Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso.

Con base en esta cita, se acredita que las infracciones a los Reglamentos gubernativos, deben de contemplar infracciones alternativas, es decir, multa o trabajo a favor de la comunidad y también tomar en cuenta la situación socioeconómica del multado.

Por tanto, el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal tendría que contemplar ambas consideraciones, y sin embargo no lo hace, por lo que incumple con el artículo 21, debido a que exclusivamente contempla sanciones consistentes en multas, pero no contempla trabajo a favor de la comunidad, ni tampoco contempla que si el infractor es jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día, ni que la multa para los trabajadores no asalariados, no puede exceder el equivalente a un día de su ingreso. Es decir, que excluye a las personas que carecen de recursos económicos.

Cuarto. El Reglamento de Tránsito del Distrito Federal es inconstitucional también porque contiene multas excesivas debido a que contempla sanciones con multas que alcanzan las 600 veces de Unidad de Cuenta de la Ciudad de México, que en pesos mexicanos y de acuerdo con el valor de la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México de 2016 ($71.68), es el equivalente a $43,008.00.

Además y en comparación con el anterior Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, las multas del acto reclamado son excesivas, porque algunas se incrementaron hasta un 700%, es decir, actualmente las multas que contempla el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, son 700% más costosas que las que contemplaba el anterior Reglamento. Con lo cual, queda plenamente acreditada la inconstitucionalidad del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, ya que contempla multas que se propasan y van más adelante de lo razonable.

Tan es así que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció hace unas semanas la condonación total de la primera infracción que se imponga a los automovilistas, así como 80 por ciento del valor de las multas siguientes, siempre y cuando su pago sea dentro de los 10 días naturales a partir de la notificación.1 Esto, no obstante como una concesión, cuando lo que se requiere es la corrección de la Ley. Toda vez que siguiendo el principio de que ley que no se aplica es una ley nula, que es lo que va a pasar si en los hechos se va a “perdonar” la primera multa y se van a reducir en un 80% las multas subsecuentes, es decir que por tanto no hay ya las tales penas.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al ciudadano jefe de Gobierno de la Ciudad de México para que en ejercicio de sus facultades derogue el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, por contravenir el párrafo quinto del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Nota

1 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/se-condonara-primera-multa-y-ha bra-descuento-del-80-mancera.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2016.

Diputada Araceli Damián González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los congresos locales a expedir la legislación que regule la maternidad y gestación subrogadas, a fin de asegurar el interés superior de la niñez y la protección de los derechos humanos de las progenitoras, a cargo de la diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Juana Aurora Cavazos Cavazos, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los honorables congresos estatales de la República Mexicana y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a asegurar el interés superior de la niñez y la protección de los derechos humanos de las madres gestantes sustitutas y de las madres subrogadas

Consideraciones

Vivir y desarrollarnos en un mundo globalizado ha generado el intercambio de experiencias y conocimientos que ofrecen nuevas oportunidades de desarrollo e interacción del ser humano. Principalmente, estos cambios han impactado en los sectores tecnológico, de comunicaciones, producción y en la medicina.

Siendo el derecho la rama que busca regular y limitar el alcance de tales cambios y nuevas formas de desarrollo e interacción a fin de asegurar la armónica y sana convivencia de los seres humanos en sociedad, es que resulta indispensable que las nuevas conductas sean reguladas y contempladas en el marco jurídico. Así, el derecho cobra relevancia buscando establecer los parámetros que posibiliten una adecuada convivencia y garanticen el bien común como fin último del Estado.

Indudablemente, el desarrollo tecnológico y científico ha generado asombrosos avances y cambios en la medicina. Gracias a ello ha sido posible conocer y generar gran número de procedimientos que permiten conocer el porqué de muchas enfermedades, descubrir nuevos tratamientos y los efectos en la salud de diversos agentes presentes en el entorno.

En este contexto, uno de los sectores más beneficiados por los adelantos en el campo de la medicina son las personas que padecen problemas de infertilidad. Y es que, factores como el bajo recuento de espermatozoides o la baja movilidad de los mismos, las anomalías genéticas en los cromosomas o genes y factores externos como obesidad, sobrepeso, malos hábitos alimenticios, consumo de alcohol, tabaco, drogas e incluso el estrés y la contaminación, han mermado la capacidad reproductiva de hombres y mujeres, dificultando la posibilidad de concebir.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, OMS, la infertilidad es una enfermedad del sistema reproductivo definida como “la imposibilidad de lograr un embarazo clínico después de 12 meses o más de relaciones sexuales sin protección regular”. De acuerdo a la propia OMS, la infertilidad acarrea afectaciones en la salud física, emocional, mental, psicológica y social en la pareja; convirtiéndose en una causa grave de depresión que conlleva sentimientos de culpa, miedo e inclusive pensamientos suicidas.

Según una publicación de 2013, esta enfermedad afecta aproximadamente a 10 por ciento de las parejas en edad reproductiva; es decir, aproximadamente 80 millones de mujeres en el mundo1 . Dicha tasa resulta más elevada en los países europeos alcanzando entre 15 y 17 por ciento de la población.

A fin de atacar las consecuencias de esta enfermedad, puesto que no en todos los casos es posible curarla, los avances científicos y tecnológicos han desarrollados medios de reproducción asistida.

Las técnicas de reproducción asistida, consisten en todos los tratamientos o procedimientos que incluyen la manipulación tanto de ovocitos como de espermatozoides o embriones humanos para el establecimiento de un embarazo. Esto incluye, mas no está limitado, a la fecundación in vitro, la transferencia de embriones, la transferencia intratubárica de gametos, de zigotos, de embriones la criopreservación de ovocitos y embriones, la donación de ovocitos y embriones y el útero subrogado2

Específicamente la maternidad o vientre subrogado, sustituto, maternidad biológica, renta de útero o cualquier otra denominación empleada para este procedimiento, consiste en realizar una fecundación extracorpórea en la cual, el óvulo puede ser de la pareja contratante o de la misma mujer que subroga su vientre.

Para la OMS, la maternidad subrogada es un método que consiste en que una mujer lleve adelante un embarazo acordando previamente, después del cual ella entregará al bebé a la o las personas que pagan la contraprestación.

Resulta impensable dejar de lado que a partir de los años setenta las técnicas enfocadas en facilitar la procreación (en sus distintas modalidades) han tenido un gran auge y que sus consecuencias e implicaciones requieren el desarrollo de una reglamentación eficaz en el sistema jurídico vigente. Indudablemente, no sólo el derecho se ve trastocado por la expansión de tales técnicas, también se alteran las relaciones sociales, las normas éticas y los derechos humanos y sociales.

Actualmente, la subrogación de vientres es una práctica empleada y un gran número de mujeres mexicanas aceptan suscribir un contrato que implica la obligación de prestar su cuerpo para que les sea implantado un embrión ajeno y llevar dicho embarazo a término, recibiendo por ello una contraprestación económica mensual. Esta práctica, con gran auge en países europeos genera un fuerte gasto para los contratantes, quienes acuden a clínicas o agencias especializadas para llevarlo a cabo.

Estas clínicas o agencias que ofrecen los servicios de fecundación también no sólo se encargan de realizar el proceso de inseminación, sino también de buscar a las madres que alquilarán su vientre para la gestación.

Indudablemente muchas son las interrogantes que surgen a partir de la subrogación de vientres, sin embargo los riesgos y complicaciones físicas, biológicas, obstétricas, sociales y psicológicas deben ser prevenidos y evitados. No obstante que estas técnicas se realizan bajo la responsabilidad de la subrogante, de los médicos que la realizan y del establecimiento que ofrece y pacta los servicios, el riesgo de transmisión de infecciones y virus, enfermedades y síndromes es sumamente alto para las mujeres y las niñas o niños; ello sin mencionar las implicaciones legales respecto al proceso de patria potestad, maternidad, paternidad, reconocimiento, etcétera.

A pesar de que el más alto índice de infertilidad se presenta en los países europeos; en Alemania, Italia, Francia, España, Bulgaria y Portugal la subrogación de vientres ha sido prohibida y en algunos otros países sólo es permitida cuando la subrogación no implique un pago o contraprestación económica para la madre sustituta. Ante tales impedimentos, quienes desean realizar dicho procedimiento acuden a países como Rusia, India, Grecia, Ucrania o México para realizar la contratación de un vientre; lugares en los cuales no sólo se encuentra permitido, sino que también implica un costo sensiblemente menor al que se cobra en Estados Unidos por el mismo procedimiento.

Al respecto, Sam Everingham, director de la organización sin fines de lucro Families Through Surrogacy menciona que “si bien los gastos por contratar un vientre de alquiler varían de país en país, los costos en India tienden a ser los más bajos en el mundo seguido por México y Nepal. Pudiendo alcanzar 50 mil dólares y 80 mil dólares, en India y México respectivamente”3 .

Considerando tal diferencia económica, las agencias encargadas de la búsqueda de vientres sustitutos mencionan que México es el país más accesible del mundo frente al tema de la gestación subrogada; ante lo cual vale la pena reflexionar si dicha accesibilidad se encuentra relacionada con la necesidad económica de la población, la ignorancia y la existencia de grandes vacíos legales en la regulación de la materia.

Como bien menciona Adrián Rodríguez Alcocer, abogado del Early Institute y especialista en la materia, “la maternidad subrogada se ha convertido en un negocio altamente rentable, que crea redes de explotación, condiciones que prevalecen en México, ya que no existen leyes suficientes que lo impidan y cuando las hay no se cumplen”. Por su parte, Marcel Bartolino Esparza, director de Asuntos Públicos del mismo instituto mencionó que “lejos de hacer un avance en la lucha por el respeto a los derechos de las mujeres, existe un atentado contra la igualdad y progreso de los mismos por estar siendo instrumentalizadas”4 . En este mismo orden de ideas Ardían Rodríguez, abogado de Think Action Development refirió “es lamentable que en nuestro país se dé la práctica de reclutar mujeres que viven en zonas rurales de Tabasco y Chiapas para que renten su vientre, sin que exista una ley que las proteja”5 . En el mismo sentido, el subdirector de Medicina de Reproducción Humana del Instituto Nacional de Perinatología, Julio de la Jara, ha mencionado la urgente necesidad de legislar la práctica de maternidad subrogada para vigilar y controlar a las compañías extranjeras que ofrecen este servicio en el país y frenar los altos riesgos que enfrentan las mujeres subrogantes.

Al respecto, es necesario acotar que en México, a nivel federal la figura de maternidad subrogada, no se encuentra regulada, pues sólo en 3 entidades federativas se hace referencia a ella. En Coahuila, esta técnica de reproducción asistida se encuentra expresamente prohibida, mientras que Tabasco y Sinaloa contemplan la figura de maternidad subrogada, en sus respectivos Códigos Civiles. Estas legislaciones, resultan ser vagas e imprecisas pues abren la posibilidad de mercantilizar la gestación subrogada y trasgredir los derechos humanos de las mujeres mexicanas y los niños y niñas.

El acceso a la reproducción asistida implica el ejercicio de una serie de derechos humanos, entre ellos, el derecho a fundar una familia, a la igualdad, a la no discriminación, a la autonomía reproductiva, a la salud y a beneficiarse del progreso científico, todos ellos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales que México ha ratificado; sin embargo, la omisión en su regulación ha provocado el mal uso y abuso de esta técnica de reproducción.

Ante este escenario, queda de manifiesto, que independientemente de las opiniones que se tengan respecto a la maternidad subrogada, en este Congreso de la Unión no podemos mantenernos ajenos a su existencia y práctica cotidiana. La realidad que enfrentan miles de mujeres en México obliga a actuar en el ámbito de nuestras facultades para asegurar el respeto irrestricto de los derechos humanos y la protección de las mexicanas y los mexicanos, con pleno respeto a la libertad y soberanía de las entidades federativas.

Dejando de lado los juicios valorativos y pugnando por la defensa irrestricta de los derechos fundamentales, es importante, que en las entidades federativas, que permiten la subrogación de vientres, bajo esta figura o cualquier otro nombre que adopte, se establezca un sistema integral que norme su realización y garantice la protección ante cualquier riesgo físico, biológico o mental e incluya la regulación de conceptos como paternidad, filiación, patria potestad, tutela adopción, nacionalidad; entre otras figuras que requieren ser consideradas y acotadas.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los honorables Congresos de los Estados Libres y Soberanos de Tabasco y Sinaloa para que, sin perjuicio de su soberanía, realicen las modificaciones, derogaciones y adiciones pertinentes a sus Códigos Civiles a fin de expedir la legislación que regule la maternidad subrogada y la gestión subrogada, respectivamente, incluyendo los derechos de las madres gestantes sustitutas, madres subrogadas y contratantes; así como los derechos de niñas y niños concebidos mediante éstos métodos de reproducción asistida.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los honorables congresos de las entidades federativas no mencionadas en el punto anterior a pronunciarse y legislar sobre la maternidad subrogada. Estableciendo la regulación basta y suficiente para evitar que, en caso de no existir prohibición expresa, su práctica vulnere los derechos humanos de las mujeres subrogantes, los contratantes y niñas y niños concebidos mediante éstos métodos de reproducción asistida.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud. Datos del Observatorio mundial de la salud. Estadísticas. Consultado en:
http://www.who.int/gho/publications/es/

2 Glosario de Terminología en Técnicas de Reproducción Asistida (TRA. Versión revisada y preparada por el International Committe for Monitoring Assited Reproductive Technology (ICMART) y la OMS (Organización Mundial de la Salud) Santiago, Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, 2010,p.7.Disponble en http://bit.ly/XXTRPZ.

3 Villanueva, Claudia. “Debate mundial por vientres de alquiler”. Excélsior, 28/03/2015. Consultado en:
http://www.excelsior.com.mx/global/2015/03/28/1015958

4 Cámara de Diputados. Presentación del libro Maternidad subrogada: explotación de mujeres con fines reproductivos. 16 de marzo de 2015.

5 Marina, Sandra. Vientres en renta, dignidad amenazada. 5 de febrero de 2014. Consultado en:

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2016.

Diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial del Sistema de Transporte Colectivo-Metro, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados y en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con los artículos 6o., fracción I, y 79, numeral 2, fracción I, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Que la Ciudad de México es una de las urbes más habitadas en el mundo, la cual cuenta con una población de casi nueve millones de personas repartidas en dieciséis delegaciones políticas.

Que la capital del país requiere de un sistema de transporte eficiente que permita la movilidad de estas personas en su interior.

Que bajo una premisa semejante y con un índice de crecimiento poblacional acelerado, fue que el 4 de septiembre de 1969 se inauguró el Sistema de Transporte Colectivo (Metro), el cual al día de hoy cuenta con 12 líneas, con un total de 195 estaciones, de las cuales, 184 se encuentran en el Distrito Federal y 11 en el Estado de México.

Que a lo largo y ancho de las instalaciones del Metro, existen diversos cortos circuitos, caídas de escaleras fijas, escaleras eléctricas descompuestas, luminarias, ventiladores y trenes que no sirven, entre otros percances que merman la calidad del servicio e incluso provocan lesiones y muertes en los usuarios del sistema.

Que históricamente, el Sistema de Transporte Colectivo, ha tenido varios accidentes y tragedias entre los que se encuentran:

• 20 de octubre de 1975: 31 personas perdieron la vida cuando por un presunto error del conductor, dos convoyes del metro chocaron en la estación Viaducto.

• 9 de febrero de 1994: la actriz Judith Velasco, se aventó a las vías del metro en la estación División del Norte de la línea 3, después que cayera en una profunda depresión por no tener trabajo.

• 24 de mayo de 2009: una chica que comenzó a marearse y cayó a las vías del metro, después otro hombre es captado cuando súbitamente pierde el conocimiento y cae.

• 18 de septiembre de 2009: un hombre trastornado, desencadenó un percance que terminó en tragedia. Todo comenzó cuando el varón ingresó con un arma de fuego en uno de los vagones del tren que se detuvo en la estación Balderas de la línea 1. El sujeto apuntó contra varios pasajeros, al mismo tiempo que lanzaba consignas contra el gobierno y decía que actuaba en nombre de Dios; acto seguido, otro pasajero intentó quitarle la pistola, pero en su intento fue baleado.

• 12 de febrero de 2010: Un aficionado del equipo de futbol soccer América, arroja a un policía a las vías del tren.

• 27 de septiembre de 2010: Francisco de la Cruz Mijangos, un conductor de uno de los trenes del metro de la línea 8, abrió las puertas equivocadas, afortunadamente no pasó a mayores y nadie resultó herido.

• 6 de marzo de 2011: autoridades del metro hallaron a una persona muerta en la estación Santa Anita de la línea 8.

• 14 de octubre de 2011: hubo una explosión de petardos en la estación Iztacalco de la Línea 8, en la que estuvieron implicados alumnos del plantel de Colegio de Bachilleres N° 3.

• 23 de enero de 2013: un pasajero se avienta a las vías del metro en la estación Constituyentes de la línea 7.

• 18 de diciembre de 2014: un convoy del Metro descarriló en el área de talleres de la terminal El Rosario y uno de los carros derribó el muro de contención y quedó volando a un costado de una vivienda, sin que hubiera personas heridas.

• 25 de marzo de 2015: un cortocircuito ocasionado por un objeto metálico que fue arrojado a las vías del tren provoca humo y que los cuerpos de bomberos se movilizaron en la estación Hidalgo de la línea 2 del sistema de transporte colectivo.

• 7 de abril de 2015: una persona intenta suicidarse en la estación Nativitas del Sistema de Transporte Colectivo.

• 4 de mayo de 2015: dos trenes chocaron en la estación Oceanía de la línea 5 del metro ocasionando 12 heridos. Dicho percance ocurrió cuando uno de los trenes se encontraba detenido en la estación Oceanía y fue impactado por el convoy que salió de la estación de terminal aérea Aparentemente el accidente fue provocado por que el conductor del convoy y trasero no atendió la solicitud de cambio de piloto automático a Manuel que se le hizo desde el centro de mando de la estación terminal aérea lo que provocó el impacto a casi 32 kilómetros por hora.

• 5 de mayo de 2015: un trabajador que labora en el traslado del tren siniestrado un día antes murió al caer del techo de la unidad.

• 9 de diciembre de 2015: una persona se suicidó en la estación Pino Suárez, deteniendo el servicio por varias horas, las autoridades del STC, arguyeron fallas técnicas.

• 19 de diciembre de 2015: una escalera en la estación Nativitas se desprendió parcialmente dejando tres heridos a partir de presidente se decretó que 42 escaleras de ocho distintas estaciones de la línea 2 debían ser cambiadas por peligro de sufrir el mismo tipo de daño.

• 7 de enero de 2016: una persona de 60 años, se suicida en el metro hidalgo de la línea 2.

• 8 de febrero de 2016: un hombre alcoholizado intenta suicidarse en dos ocasiones en la estación Ermita de la línea 12.

Que es preciso tener en cuenta que por sus líneas tan sólo en 2011 se movían alrededor de 7.6 millones de pasajeros diariamente y dada las problemáticas y accidentes que últimamente han aquejado a este servicio, específicamente en lo que tiene que ver con la línea 12, la llamada “Línea Dorada”, que después del escándalo de corrupción y desvío de recursos, ha dejado una estela negativa en la percepción ciudadana.

Que el 7 de diciembre de 2013 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Acuerdo por el que se emite Resolución que determina el importe de la tarifa aplicable al Sistema de Transporte Colectivo (Metro), en él, se da a conocer el aumento de la tarifa del boleto de acceso al Metro; adicionalmente se crea el fideicomiso maestro que se encargará según el citado acuerdo, de recibir y administrar los recursos provenientes del incremento de $2.00 (dos pesos 00/100 moneda nacional) respecto de la tarifa anterior, vigilando que se destinen a atender los requerimientos de rehabilitación, actualización, sustitución y mantenimiento del material rodante e instalaciones fijas que el Sistema de Transporte Colectivo opera para beneficio de los usuarios.

Que es tarea fundamental transparentar las acciones y los recursos que maneja el Sistema de Transporte Colectivo (Metro), prospectar estudios en vía de mejorar el servicio, así como verificar el grado de avance de los compromisos elaborados por la dirección del organismo, en aras de aprovechar de manera eficiente el aumento a la tarifa de acceso realizado en 2013, entre los que se encuentran:1

• Compra de 57 trenes nuevos para las líneas 1 y 12.

• Renovación integral de la línea 1 y remodelación de las estaciones con la asesoría del metro de parís.

• Mantenimiento mayor a los 45 trenes de la línea 2.

• Reparación de 105 trenes que están fuera de servicio.

• Mejorar los tiempos de recorrido de trenes en las líneas 4, 5, 6 y B mediante el cambio del sistema de tracción – frenado obsoleto a un lote de 85 trenes.

• Incorporación de 1,200 policías más para fortalecer la seguridad del metro.

• Renivelación de vías en la línea A.

• Reincorporación de siete trenes férreos a la línea a sustitución de 62 escaleras electromecánicas en diversas estaciones de la red del STC.

• Sustituir 50 escaleras eléctricas por nuevas en las líneas 1, 2, y 3, debiéndose haber sustituido la gran mayoría entre 2014 y 2015.

• Adquisición de 3,705 ventiladores para salón de pasajeros y 258 motocompresores.

• Compra de un nuevo sistema de radiocomunicación para trenes, estaciones y personal operativo para incrementar la seguridad de los usuarios.

• Modernización del sistema de torniquetes y generalización del uso de la tarjeta recargable en la red del STC.

• Mejorar los tiempos de traslado de los usuarios.

• Erradicar a los vendedores ambulantes.

Que tanto la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, como la Cámara de Diputados LXII Legislatura tuvieron comisiones especiales relativas al tema en las que no se lograron desentrañar todos los problemas del STC, en virtud de que eran grupos conformados para asuntos específicos.

Por lo anterior, se vuelve fundamental la creación de una Comisión Especial que se encargue de analizar, investigar estudiar y dar respuestas a las problemáticas que aquejan a las diversas líneas de este servicio colectivo, así como dar seguimiento al buen manejo del presupuesto asignado al Sistema de Transporte Colectivo, y los recursos ingresados al Fideicomiso Maestro creado en el marco del aumento de la tarifa del STC.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me sirvo someter a consideración del pleno de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita atentamente a la Junta de Coordinación Política, que en uso de sus atribuciones, proceda a llevar a cabo el Acuerdo de creación de la Comisión Especial del Sistema de Transporte Colectivo (Metro)

Segundo. Los objetivos de la Comisión Especial del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) serán:

• Investigar, analizar, estudiar y dar propuestas de solución a los problemas surgidos en este importante sistema de transporte de la CDMX, entre los que se encuentran accidentes en las líneas 1, 3, 5, 6 y 9.

• Proponer soluciones al Gobierno de la Ciudad de México y al Sistema de Transporte Colectivo, con el objetivo de mejorar la movilidad de los usuarios y lograr que el Metro sea un transporte de mayor eficiencia y calidad.

• Dar seguimiento a las distintas problemáticas de la línea 12, suscitadas a partir de su planeación, construcción, apertura, cierre de las estaciones y su reciente reapertura, así como los problemas financieros derivados de la ejecución del proyecto.

• Dar seguimiento a los problemas de inseguridad, presencia de vendedores ambulantes, en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo y proponer soluciones con el fin de erradicar su existencia.

• Dar seguimiento a los recursos operados por el Fideicomiso Maestro, el cual fue creado a fin de cumplir con los compromisos de acciones correctivas planteadas desde el Gobierno del Distrito Federal y la dirección del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) de la Ciudad de México.

• Dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos realizados por la dirección general del Sistema de Transporte Colectivo, con la finalidad de mejorar la calidad en el servicio.

• Dar seguimiento al uso y destino de los recursos que ingresan al Sistema de Transporte Colectivo (Metro), vía espacios de publicidad y locales comerciales dentro de sus instalaciones.

• Dar seguimiento al proceso pendiente del Gobierno Federal en contra del STC Metro y el Gobierno de la Ciudad de México ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por presuntamente no haber comprobado el uso de 489 millones de pesos en la construcción de la Línea 12 del Metro.

• Dar seguimiento a los proyectos de construcción y ampliación de nuevas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (Metro).

Tercero. La Comisión Especial del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) estará formada por quince integrantes que serán elegidos con los criterios de pluralidad y proporcionalidad que determine la Junta de Coordinación Política.

Cuarto. El Acuerdo de creación de la Comisión Especial del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), iniciará su vigencia a partir del día de su aprobación por parte del Pleno de la Cámara de Diputados y estará vigente hasta la conclusión de la presente legislatura.

Quinto. La Comisión Especial del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), deberá presentar informes de sus trabajos ante la Junta de Coordinación Política, cada que le sean requeridos por dicho órgano de gobierno, además de aquellos que deba rendir por disposición del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Sexto. La Comisión Especial del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), contará con los recursos técnicos y financieros que le provea el Comité de Administración de la Cámara de Diputados, a efecto de poder llevar a cabo las tareas que se le encomienden para el cumplimiento de su objeto.

Nota

1 Sistema de Transporte Colectivo. (Agosto 2014.) Fideicomiso Maestro del Metro. Consultado en: Octubre 27, 2015, de STC (Metro) Disponible en: http://www.metro.df.gob.mx/imagenes/organismo/fideicomiso/informe11comp romisos.pdf

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de marzo de 2016.

Diputado Santiago Torreblanca Engell (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a vigilar el adecuado cumplimiento de las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Norma Xóchitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante las últimas décadas, el papel social de las mujeres como amas de casa y encargadas del cuidado de sus hijas e hijos se ha transformado, teniendo como consecuencia que un número cada vez mayor se incorpore al mercado laboral para contribuir al sustento de sus hogares. Prueba de ello es que de 2005 a 2015 la población económicamente activa femenina mayor de 14 años creció en 24.6 por ciento (de 16.3 millones en el tercer trimestre de 2005 a 20.3 millones en el tercer trimestre de 2015, Inegi).

Sin embargo, para las madres y padres solos de niñas y niños pequeños, la decisión de ingresar al mercado laboral depende en buena medida de la disponibilidad de alternativas viables de cuidado infantil, que les permitan contar con el tiempo necesario para obtener y mantener un empleo, o bien, para estudiar o capacitarse.

En 2015, la participación de las mujeres en el mercado laboral fue más alta en los grupos de menores ingresos que en los de ingresos más elevados. De las mujeres ocupadas, para el tercer trimestre de 2015, 47.8 por ciento recibió entre 1 y 2 salarios mínimos, mientras que sólo 4.9 obtuvo más de 5 salarios mínimos. Asimismo, 73.9 de las mujeres mayores de 14 años que forman la población ocupada tenía por los menos un hijo nacido vivo. Destaca que 65.0 de esta población son casadas (ENOE, tercer trimestre de 2015, Inegi). Lo anterior es una muestra de la necesidad de las mujeres de bajos ingresos de incorporarse al mercado de trabajo, así como de continuar obteniendo capacitación para mejorar su productividad, ingreso y, por ende, el bienestar económico de la familia.

Aunado al papel relevante de las mujeres como sustento del hogar, también se reconoce la necesidad de apoyar a los hogares uniparentales encabezados por hombres, con el objetivo de fortalecer la visión de equidad de género del Programa.

Adicionalmente, según las cifras del Censo de Población y Vivienda de 2010, de los poco más de 28.6 millones de hogares registrados en el país, 17.2 millones se forman por el jefe o cónyuge hombre con hijos y representan 60.1 por ciento del total. En hogares en donde habita el padre, 95.6 se forma por la pareja (padre y cónyuge) con hijos, 2.2 sólo por el padre con los hijos, y 2.2 por el padre, sus hijos y otros integrantes como nietos, yernos, nueras, madre o padre, hermanos y sobrinos, principalmente. De ello se desprende que éstos también requieren de los servicios de cuidado y atención infantil, para las niñas o niños bajo su cuidado.

El Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras contribuye al cumplimiento del objetivo 2.4 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que establece como prioridad el ampliar el acceso a la seguridad social. De igual forma sus acciones se alinean a la Estrategia 2.4.1 que busca proteger a la sociedad ante eventualidades que afecten el ejercicio pleno de sus derechos sociales.

En cuanto a las prioridades sectoriales, el programa se alinea con el objetivo 3 del Programa Sectorial de Desarrollo Social, que tiene como propósito dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza, así como a la estrategia 3.1, que establece facilitar el acceso a servicios de cuidado y atención infantil a las madres y padres solos que buscan empleo, trabajan o estudian, para que puedan acceder y permanecer en el mercado laboral o continúen sus estudios.

Sin embargo, en el convenio de concertación se prevé que las estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras es un programa que apoya, a las madres que trabajan, buscan empleo o estudian y a los padres solos con hijas e hijos o niñas y niños bajo su cuidado los cuales tiene una edad, entre un año y hasta un día antes de ingresar en el sistema de educación preescolar, kínder o jardín de niños, es decir después de los cuatro años de edad.

Asimismo, se establece la edad entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6 años) en caso de niñas(os) con alguna discapacidad, a través de subsidios que les permitan acceder a los servicios de cuidado y atención infantil. Edad límite y requisito para poder ser beneficiado, con el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Solteras.

Ello contraviene lo previsto en el objetivo 2.4 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que establece como prioridad ampliar el acceso a la seguridad social, así como el objetivo 3 del Programa Sectorial de Desarrollo Social, que tiene como propósito dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza, ya que en dicho convenio se establece un límite de edad como requisito para poder ser beneficiado por dicho programa, lo cual perjudica, el desarrollo de las actividades que tienen que desplegar, las madres solteras, para poder brindar una estabilidad a su hogar y a su familia.

Por ello es preciso mencionar lo que establece la declaratoria de los derechos de los niños, en sus artículos 3o. y 7o., ya que prevé que los niños tienen derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social y llegar a ser un miembro útil de la sociedad.

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres.

El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho.

A la luz de lo anterior, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el título segundo, capítulo décimo primero, artículo 57, fracción VI, solicita la adecuación de los sistemas educativos para garantizar la permanencia de los pequeños.

Es decir, impera la necesidad de aplicar correctamente las reglas de operación del programa de estancias infantiles para apoyo a madres solteras, puesto que es de suma importancia que se adecuen las mismas, a la realidad y sobre todo a las necesidades de las madres y padres solteros, o de aquellas parejas en donde ambos, tienen que salir a emprender acciones laborales, con el fin de brindar estabilidad y seguridad económica a su hogar, para satisfacer las necesidades alimentarias de sus hijos, que comprenden no solo alimentos, sino vestido, educación y brindarles ratos de sano esparcimiento.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al secretario de Desarrollo Social a vigilar el adecuado cumplimiento de las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, y que dichas reglas de operación no se contrapongan con lo establecido en el convenio de concertación, en aras del interés superior del niño.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2016.

Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a difundir por las autoridades respectivas el monto de la compensación y los apoyos para las cosechas de maíz correspondientes al ciclo agrícola primavera-verano de 2015, a cargo del diputado Ramón Bañales Arámbula y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Ramón Báñales Arámbula, Martha Lorena Covarrubias Anaya, Hugo Daniel Gaeta Esparza, Laura Valeria Guzmán Vázquez, José Luis Orozco Sánchez Aldana, Laura Nereida Plascencia Pacheco, Francisco Javier Santillán Oceguera, Rafael Yerena Zambrano y J. Jesús Zúñiga Mendoza, diputados federales, integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 79 numeral 1, fracción II, numeral I y II y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

1. La Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca), fue creado como órgano administrativo desconcentrado de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, con el propósito de contar con un organismo para el impulso a la comercialización de la producción agropecuaria en beneficio de los productores del campo, de frente a la apertura internacional y la liberación de los mercados.

En un inicio, Aserca buscó cubrir el ámbito del fortalecimiento de la comercialización, mediante apoyos fiscales, fomento de mecanismos de mercado y diseño de esquemas de negociación, así como uso de coberturas de riesgos de precios, generación y difusión de información de mercados y promoción de exportaciones. Se le encomendó operar y administrar el Programa de Apoyos Directos al Campo.

El 12 de abril de 1996 se establecieron entre otras finalidades de Aserca:

• Fortalecer programas para la comercialización de productos agropecuarios.

• Otorgar apoyos directos al campo.

• Desarrollar el padrón de predios y superficies, así como de productores.

• Actuar como mediador en las negociaciones entre productores y compradores.

El 25 de abril de 2012, se establece como órgano administrativo desconcentrado a la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios.

2. De acuerdo al Reglamento Interior de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios publicado en el diario oficial de la federación el 22 de diciembre de 2014. Corresponde el despacho, entre otros de los siguientes asuntos:

• Capacitar y educar a los productores agropecuarios y pesqueros, para que, organizándose, logren vender mejor.

• Fortalecer el ingreso de los productores agropecuarios y pesqueros.

• Proporcionar apoyos y servicios de manera oportuna y eficaz a los integrantes de las cadenas agroalimentarias.

• Promover la capitalización del sector productivo rural.

3. La agencia Aserca en su carácter de Unidad Responsable del Programa, que tiene como objetivo específico contribuir al ordenamiento y desarrollo de mercados y con ello asegurar la comercialización de varios productos, entre ellos el Maíz, dio a conocer a los Productores el monto de compensación de bases, del incentivo a la inducción productiva así como los montos de incentivos a problemas específicos de comercialización, ambos del ciclo agrícola primavera-verano 2014 (PV/2014), del maíz , del componente incentivos a la comercialización.

De acuerdo a la Agencia, antes citada, en la cosecha del ciclo Agrícola Primavera-Verano 2014 se otorgaron incentivos por compensación de bases e incentivo a la inducción productiva para administración de riesgos y compensación de bases en agricultura por contrato en maíz, destacando los apoyos directos a los productores de maíz, el cual contó con un apoyo de $407.86 peso por Tonelada de compensación de bases (maíz blanco y amarillo ).

Sobre la compensación de bases se tiene como dato que traer una tonelada de maíz de Estados Unidos a México cuesta entre $66 y $110 dólares (información de la industria y de productores), se considera que al pagar $44 dólares es necesario una compensación de base promedio de $24 dólares, lo cual permitiría a los pequeños productores obtener ingresos suficientes de acuerdo a lo invertido.

4. En la cosecha del 2015, la Agencia no ha dado a conocer los montos de la compensación de bases, del incentivo a la inducción productiva así como los montos de incentivos a problemas específicos de comercialización, ambos apoyos para el ciclo Agrícola Primavera-Verano para la cosecha pasada correspondiente al 2015.

5. Ahora para el año 2016, no sabemos cuál es el monto de la compensación de bases, del incentivo a la inducción productiva así como los montos de incentivos a problemas específicos de comercialización, puesto que la Agencia en las Reglas de Operación de este año, no maneja cifra, así como tampoco maneja las fechas para el otorgamiento de los apoyos.

6. Es por ello que solicitamos se exhorte al Ejecutivo federal , en especial a la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para:

a) Que la institución emita el pago a los Productores que aún no han recibido el apoyo del ciclo agrícola primavera-verano 2014;

b) Que la Agencia siga por lo menos hasta el año 2018 con un apoyo de compensación de bases mínimo de $407.86 pesos por tonelada, similar al del año pasado.

c) Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios Que la apertura de la ventanilla sea con más anticipación y por un periodo más amplio;

d) Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios Que continúen los apoyos de compensación de bases , del incentivo a la inducción productiva así como los montos de incentivos a problemas específicos de comercialización, y que sea 100% al Productor, dando prioridad a los pequeños productores que son los más vulnerables de las comunidades rurales.

e) Que se cuente con el precisamente como un incentivo cuando hay problemas específicos de comercialización; y

f) Que los pequeños productores cuenten con un apoyo del 100% de la cobertura PUT.

Por lo anteriormente expuesto y fundado,

Ponemos a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorte a la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que se dé a conocer a la opinión pública, el monto de la compensación de bases, del incentivo a la inducción productiva así como los montos de incentivos a problemas específicos de comercialización, para la cosecha pasada correspondiente al ciclo agrícola primavera-verano 2015 de maíz.

Segundo . Se exhorte a la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para :

a) Que la institución emita el pago a los Productores que aún no han recibido el apoyo del ciclo agrícola primavera-verano 2014;

b) Que la Agencia siga por lo menos hasta el año 2018 con un apoyo de compensación de bases mínimo de $407.86 pesos por tonelada, similar al del año pasado.

c) Que la apertura de la ventanilla sea con más anticipación y por un periodo más amplio;

d) Que continúen los apoyos de compensación de bases , del incentivo a la inducción productiva así como los montos de incentivos a problemas específicos de comercialización, y que sea 100% al Productor, dando prioridad a los pequeños productores que son los más vulnerables de las comunidades rurales.

e) Que se cuente con el precisamente como un incentivo cuando hay problemas específicos de comercialización; y

f) Que los pequeños productores cuenten con un apoyo del 100% de la cobertura PUT.

Palacio Legislativo, a 15 de marzo del 2016.

Diputados: Ramón Báñales Arámbula (rúbrica), Martha Lorena Covarrubias Anaya (rúbrica), Hugo Daniel Gaeta Esparza (rúbrica), Laura Valeria Guzmán Vázquez (rúbrica), José Luis Orozco Sánchez Aldana (rúbrica), Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica), Francisco Javier Santillán Oceguera (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), J. Jesús Zúñiga Mendoza.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura, la STPS y el INAH a revisar, analizar y, en su caso, regularizar la situación laboral de los trabajadores eventuales de ese instituto, a cargo del diputado Sergio Emilio Gómez Olivier, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Sergio Emilio Gómez Olivier, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, que tiene como objetivo exhortar a la Secretaría de Cultura, al INAH, y secretarías implicadas, a tomar acciones a fin de eliminar la contratación irregular de los profesionistas y trabajadores a su cargo, con base en las siguientes

Consideraciones

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) es un organismo descentralizado de la Secretaría de Cultura, dedicado a la investigación, conservación y difusión del patrimonio cultural y a la formación de especialistas en ciencias antropológicas como: antropólogos físicos y sociales, etnólogos, lingüistas, historiadores, restauradores y arqueólogos. Tiene a su resguardo más de 120 museos y 181 zonas arqueológicas abiertas al público, además de 29 mil zonas arqueológicas registradas, aunque se calcula la existencia de 200 mil; además de 110 mil monumentos históricos.1 Estas cifras hacen evidente la necesidad de una gran cantidad de investigadores y personal que puedan cubrir con las responsabilidades que les tienen encomendadas.

El personal con que cuenta el INAH era en 2013 de 7477 empleados,2 de los cuales 4726 son de base, distribuidos de la siguiente forma:

1. Administrativos, técnicos, manuales y de servicios, 3501

2. Investigadores, 872 (896 actualmente) distribuidos en las diferentes disciplinas.

3. Arquitectos 189

4. Restauradores 164

Mandos medios (personal de confianza) 532

Eventuales en áreas sustantivas y administrativas 1041

Eventuales en proyectos de investigación 1178

Estos últimos 2229 trabajadores eventuales no documentados y contratados al margen de la ley3 son el motivo de esta proposición.

A simple vista se observa que es mayor el número de investigadores eventuales, que los que tienen base en el INAH. Esta situación irregular ha provocado que el instituto se esté haciendo viejo, el ritmo de reemplazo de personal no ha sido el adecuado al tamaño del crecimiento del patrimonio descubierto, como consecuencia, esta situación le ha quitado efectividad y capacidad de respuesta al INAH.

Este es un atento llamado a las autoridades correspondientes para que resuelvan un añejo problema que atañe directamente al INAH y al conjunto de trabajadores eventuales que este instituto ha contratado durante décadas de manera irregular. Hablo específicamente de los trabajadores eventuales del INAH que laboran bajo diferentes figuras contractuales como: salarios compactados, por obra y tiempo determinado, de proyecto o “apoyo a confianza”, mismos que suprimen casi todos los derechos que establece la Ley Federal del Trabajo.

Esta situación afecta a casi la mitad de la planta de profesionistas que sacan adelante la investigación en dicha institución y que colaboran en muchas ocasiones bajo situaciones de alto riesgo. Todos esos grandes proyectos y hallazgos arqueológicos que se han realizado y actualmente se llevan a cabo en toda la República, de los cuales las autoridades han hecho gran alarde, y difundido nacional e internacionalmente, fueron y están realizados en buena medida por arqueólogos que están bajo este tipo de contratación irregular.

En el mejor de los casos, cuentan con algún tipo de contrato, que sólo les asegura su salario y su respectivo descuento del ISR, las “contrataciones”, nunca exceden de cinco meses y medio, para evitar crear antigüedad y poder acceder a una base,4 además:

1. No hay ningún tipo de seguridad social ni para el contratado ni para sus familias

2. No hay derecho a vacaciones

3. No tienen ninguna adscripción ni beneficio a préstamos, créditos del ISSSTE, etcétera.

4. Se obliga a firmar un contrato en el cual se especifica que renuncian a cualquier tipo de prestación y no pueden recurrir a ninguna instancia para reclamar sus derechos

5. No se da copia del mismo, evitando con esto se pueda presentar alguna demanda ante tribunales.

6. El aguinaldo se da de manera discrecional, calculado de manera diferente en cada centro de trabajo y en muchos casos no se entrega.

7. No se proporciona seguro de vida a pesar de que muchos laboran en condiciones de riesgo.

8. No se proporciona ropa de trabajo ni de protección

9. El pago de los salarios puede retrasarse hasta tres meses sin ninguna explicación.

10. No hay derechos por maternidad ni lactancia para las mujeres

Por otro lado existe la llamada subcontratación, mediante la cual se triangula la relación legal y laboral, siendo el INAH el único intermediario que puede proveer el personal profesional, ocurre que en ocasiones, las menos, la empresa (ICA, CFE, PEMEX, etcétera) cumple parcialmente con los derechos de los trabajadores que la Ley del Trabajo contempla; sin embargo, son más las situaciones en que ni el INAH ni la empresa cumplan con los requisitos de Ley, o sólo lo hagan parcialmente.

Las autoridades pretextan que los trabajadores eventuales no realizan actividades permanentes, esto es falso, en vista de que ellos realizan el mismo trabajo que el personal de base de la institución, pero sin contar con las condiciones del mismo; la única diferencia, es que su contratación no es continúa, pero si consecutiva, es decir laboran en proyectos que en ocasiones duran años, pero con interrupciones de medio mes a mediados o fin de cada temporada, todo esto con la finalidad de que no generen antigüedad.

El INAH como instituto descentralizado del gobierno no debería de contratar al margen de la normatividad. Es a todas luces injusto e ilegal ver como se les niega a estos profesionistas y demás personal de apoyo, los derechos básicos laborales mencionados anteriormente; además de vivir con el constante temor de sufrir represalias laborales, sobreentendiendo que no deben pedir o exigir sus derechos pues podrían ser sujetos de un veto laboral por ser “conflictivos y exigentes”. Esta arbitraría relación laboral, en la cual, estos investigadores y trabajadores contratados quedan en estado de indefensión total, atenta contra los derechos humanos y laborales de estos profesionistas.

Al hablar de que es imperativo respetar los derechos humanos, que estos trabajadores ven vulnerados, lo hago en el sentido de lo dicho por el artículo 9, fracción IV de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación , que entre sus apartados define como discriminación “el establecer diferencias en la remuneración, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales”. En razón de las consideraciones ya mencionadas, encontramos condiciones de desigualdad entre trabajadores de la misma categoría (trabajadores de base y eventuales), situación que afecta sus derechos humanos y laborales. El Estado tiene la obligación de procurar que los derechos humanos sean respetados, protegidos y garantizados, de conformidad con los principios de universalidad, igualdad y no discriminación, previniendo, investigando, sancionando y reparando las faltas u omisiones que atenten contra estos básicos derechos, en los términos que establezca la ley.

¿Por qué se dan esas situaciones? En principio por las políticas de adelgazamiento del Estado, mismas que retrasan –aún por décadas– la creación de nuevas plazas en determinados sectores gubernamentales, argumentando una crisis económica.

El principal recurso que tiene la institución es su capital humano, que sin embargo se dilapida y desperdicia; las escuelas egresan nuevas generaciones de investigadores sociales, contratados en el mejor de los casos de manera ilegal, teniendo al desempleo o subempleo como su única alternativa; hay profesionales de las ciencias antropológicas que trabajan de taxistas, guías de turistas, vendedores y en el mejor de los casos de profesores, desperdiciándose años de estudios en su preparación, hecha por cierto, con recursos del estado.

El trabajo legal que hay que hacer, es para que se aplique la Ley Federal del Trabajo, así como lo hacen las demás dependencias federales, de tal manera que no solo el INAH, sino cualquier institución que ocupe a estos investigadores sociales en México, pueda contratar a estos profesionistas bajo las condiciones de Ley y de esa manera transformar este noble trabajo que tanta proyección mundial ha dado a México.

Esta demanda va dirigida a transformar esta situación laboral, para obtener un trabajo decentemente remunerado, para que se hagan válidas las mínimas garantías legales y de prestaciones laborales que durante décadas se han negado. Simplemente buscamos que se aplique la Ley vigente en la materia, como sucede en todo estado de derecho.

Estamos conscientes de la situación económica y presupuestal por las que atraviesa nuestra nación, también reconocemos que estamos en un proceso de reestructuración del sector cultura, pero no debemos plantearnos otra nueva realidad, sin reivindicar antes los derechos de estos trabajadores ignorados por tanto tiempo.

Por lo expuesto y fundado someto a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones, revisen y analicen la situación laboral de los trabajadores eventuales del INAH y, en su caso, instrumenten las medidas necesarias para su regularización.

Notas

1 INAH Coordinación Nacional de Recursos Humanos. Es de mencionar la falta de claridad en cuanto al número de personal que constituye al INAH, en (www.inah.gob.mx/academia/investigación) nos dice que cuenta con 400 académicos, esta cifra contrasta con la de 896 que da Recursos Humanos del INAH.

2 Informe de Labores INAH, 2013, últimos datos fidedignos que da la institución, todavía no se cuenta con el informe correspondiente a 2014 y en consecuencia el respectivo al año en curso.

3 Alcalde Justiniani Arturo “Los indocumentados del INAH”, en La Jornada , 27 de agosto de 2011.

Yanireth Israde. “75 Aniversario del INAH (entrevista a Gustavo A. Ramírez)” en: RMA . 10 de junio de 2014

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/0 3/30/los-contratados-en-el-inah-condiciones-laborales-indignas-en-el-75 -aniversario-del-instituto/

Red Mexicana de Arqueología (remarq.ning.com/fórum/topics/situación laboral de)

4 La información obtenida en cuanto al tipo de contratos que se elaboran, provienen de diversos arqueólogos eventuales que me lo han comentado, de información que viene de las fuentes mencionadas en las notas y de un ex secretario de los trabajadores académicos del INAH, que por el momento me pidió reservara su nombre, para evitar represalias. Por desgracia no pude obtener ninguna copia de alguno de los contratos, en vista de que las autoridades del INAH, no les proporcionan la copia correspondiente a los trabajadores en cuestión, acto de por sí, también irregular.

Diputado Sergio Emilio Gómez Olivier (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno de la Ciudad de México a no modificar el valor cultural y emblemático del Paseo de la Reforma con la construcción de la línea 7 del Metrobús, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo. Lo anterior, en atención de las siguientes

Consideraciones

El 8 de marzo de 2016, el periódico Reforma publicó lo siguiente:

“La destrucción deliberada del patrimonio cultural debe considerarse como una violación de los derechos humanos –dijo la relatora de Naciones Unidas para los Derechos Culturales, Karima Bennoune”.

“El patrimonio cultural concierne a todos los derechos humanos por lo que su destrucción deliberada es una violación de los mismos... no se puede separar el patrimonio cultural de la propia gente y sus derechos, porque no sólo son objetos, sino que son objetos con los que la gente tiene una larga relación”.

A su juicio, el patrimonio cultural es necesario para la dignidad humana y para el correcto desarrollo de una serie de derechos humanos, como la libertad de expresión, de pensamiento, de culto y religión.

También, se publica dentro el reportaje de Judith Amador Tello, en la revista Proceso edición 2053, titulado “Urbanicidio, el Metrobús en el Paseo de la Reforma”. En el reportaje se refiere a la opinión del denominado Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura (Grecu), quienes reprueban la posibilidad de que se habilite una línea del Metrobús sobre el Paseo de la Reforma, y menciona las violaciones a diversas disposiciones que en seguida mencionaré como sustento para el presente punto de acuerdo.

Por otro lado, en El Financiero , con relación a la rueda de la fortuna que ahora brinca de un lugar a otro para ver en dónde no causa revuelo su colocación, Salvador Camarena dice en su artículo publicado el 8 de marzo:

“No nos hagamos bolas, el tema sustancial de la nueva polémica fresa de la Ciudad de México no es la rueda de la fortuna, ni siquiera la ubicación de la misma. La materia realmente en cuestión es la forma en que toma decisiones la autoridad capitalina...”

La Ciudad de México está en riesgo de ser víctima de daños irreparables, tanto al patrimonio intangible, como al patrimonio artístico. La pretensión del jefe de gobierno de la Ciudad de México de imponer una línea del Metrobús por el Paseo de la Reforma, atenta flagrantemente contra la identidad de nuestra ciudad.

La Ley Federal sobre Monumentos y Zona Arqueológicos, Artísticos e Históricos, señala en su artículo 33 que “son monumentos artísticos aquéllos que revistan un valor estético relevante que representen alguna corriente artística o algún grado de innovación”.

Lamentablemente, en el caso del Paseo de la Reforma, no hay declaratoria de bien artístico, por lo que correspondería al Instituto Nacional de Bellas Artes, hacer lo conducente de acuerdo con lo que establece el artículo 34 Bis de la ley antes referida, que señala que en el caso de que haya un riesgo que pueda dañar muebles o inmuebles con valor artístico relevante, el Instituto Nacional de Bellas Artes podría emitir una declaratoria provisional.

Pero tomando en cuenta que los artículos arriba referidos son del ámbito federal, nos podemos remitir a las normas locales de la Ciudad de México, las cuales también contemplan la protección de bienes artísticos relevantes, como lo señala la Ley de Fomento Cultural para el Distrito Federal, que si se observan, contravienen la pretensión del jefe de gobierno para la instalación de la línea 7 del Metrobús.

La propia ley define con claridad lo que se considera patrimonio cultural intangible de la siguiente manera: “Patrimonio Cultural Intangible: todo producto cultural, tanto individual como colectivo, que tiene un significado o valor especial o excepcional para un grupo social determinado o para la sociedad en general, que, no obstante poseer una dimensión expresamente física, se caracteriza fundamentalmente por su expresión simbólica y, por ende, se reconoce como depositario de conocimientos, concepciones del mundo y formas de vida”.

Y establece que la instancia responsable para la preservación del patrimonio cultural tangible e intangible, es la Secretaría de Cultura, instancia que para tal efecto está facultada para elaborar las declaratorias de patrimonio cultural que, en su momento, expida el jefe de gobierno a través del decreto correspondiente.

Para no dejar toda la responsabilidad al Poder Ejecutivo en la Ciudad de México, la misma ley establece que es posible la participación de la sociedad a través de un Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural del Distrito Federal, entre cuyas funciones está la de recomendar a la Secretaría de Cultura que se elaboren las declaratorias que se requiera para la protección del patrimonio cultural de la Ciudad de México.

Independientemente de lo anterior, la Ciudad de México cuenta con la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal, que señala claramente que “la salvaguarda del patrimonio corresponde a las autoridades e instituciones públicas y privadas, para lo cual deberán conservar y acrecentar el Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal con sus valores como patrimonio cultural y como testimonio histórico universal”.

El Grupo Parlamentario de Morena considera que tenemos suficientes ordenamientos en el ámbito local y federal como para tener que recurrir a los acuerdos internacionales y mucho menos para acudir a la Corte Internacional de Justicia para resolver un asunto de esta naturaleza. Como dice Salvador Camarena en El Financiero , el problema está en la manera en que se toman las decisiones.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Esta representación nacional, con pleno respeto de sus atribuciones, exhorta a la persona titular de la jefatura del gobierno del Distrito Federal, a que observe las disposiciones normativas aplicables en materia de conservación del patrimonio cultural para no alterar el valor estético e histórico del Paseo de la Reforma con la imposición de una línea del Metrobús.

Segundo. Esta soberanía solicita, con pleno respeto de sus atribuciones, al Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural del Distrito Federal a que, conforme a lo que dispone la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal, realice recomendación a la Secretaría de Cultura para que se considere el Paseo de la Reforma para la emisión de una declaratoria de patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2016.

Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Segob y el gobierno de Veracruz que realicen acciones de coordinación tendentes a activar la declaratoria de emergencia y, con ello, destinar los recursos del Fonden para los municipios de la entidad afectados por la surada, a cargo de la diputada Lillian Zepahua García, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Lillian Zepahua García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6o., numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable Cámara, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación y al gobierno del estado de Veracruz Llave, realicen las acciones de coordinación tendientes a activar la declaratoria de emergencia como consecuencia de la surada en el mismo estado, con base en los siguientes:

Antecedentes

1. El estado de Veracruz está conformado por 212 municipios agrupados en 10 regiones administrativas. Es una angosta franja de tierra ligeramente curvada, que se extiende de noroeste a sureste al centro del Golfo de México, en un territorio de 71 mil 820 kilómetros sobre 745 kilómetros de litoral costero. Por su territorio escurre más del 30 por ciento del agua superficial del país; y, aunque gran parte del territorio veracruzano está constituido por planicies, parte de él está atravesado por una cordillera neovolcánica, en la que se encuentran grandes montañas y volcanes, dos de ellos activos: el San Martín Tuxtla y el Pico de Orizaba que, con 5 mil 675 metros sobre el nivel del mar, es el más elevado de México y uno de los últimos glaciares del territorio nacional. Prácticamente posee todos los climas: cálido en el trópico húmedo, frío en la región montañosa, seco en Perote y en el lado oeste de la región huasteca.

Todo ello hace que el Estado a lo largo de todo el año esté expuesto a la ocurrencia de múltiples fenómenos perturbadores, naturales o propiciados por la acción humana –sismos, inundaciones, heladas, sequias, incendios forestales, colapso de laderas, fugas de sustancias peligrosas y accidentes o disturbios en grandes concentraciones de población– que no pocas veces han desembocado en grandes desastres.1

2. Por su ubicación geográfica y geológica, Veracruz posee una riqueza natural y capital productivo. Pero también estas maravillas de la naturaleza, al entrar cada vez en mayor contacto con la población, por la exposición de los asentamientos humanos, los bienes y sistemas, los torna vulnerables y a mayor vulnerabilidad, mayor exposición y por tanto mayor riesgo, identificándose mayor riesgo en regiones del territorio veracruzano: el caso de elevaciones de relevancia como el Pico de Orizaba; sierras y cadenas montañosas que incluyen volcanes extintos como el Cofre de Perote y los cerros de Mazazontipan en la región de Ixhuacán de los Reyes, Tzacalecochapa en la Sierra de Zongolica y Jacales en la zona de Huayacocotla.

Prácticamente el estado está expuesto a todo tipo de efectos de fenómenos hidrometeorológicos, ya que la hidrología se conforma de 20 cuencas, 12 de ellas principales y 8 secundarias por las que escurre aproximadamente la tercera parte del agua fluvial en todo el país.

Particularmente, el estado de Veracruz se encuentra afectado por el fenómeno de la Surada, consistente en la afectación por rachas intensas de vientos generados por la existencia confluyente de tormentas invernales y frentes fríos en aguas del Golfo de México, alcanzando rachas de vientos de más de cien kilómetros por hora ocasionando a su paso, caída de ramas, árboles, anuncios espectaculares, viviendas y lluvias de aisladas a moderadas.

3. Se le llama surada al viento templado predominante del sur que se presenta en las regiones de Córdoba-Orizaba y cuenca baja del río Coatzacoalcos en un ambiente cálido y baja humedad relativa, por ende, de alto riesgo para la generación de incendios forestales, pastizales y basureros.

La afectación provocada por este fenómeno ya es perceptible y en ese sentido, la autoridad de Protección Civil del Estado ha emitido la denominada “Alerta Gris”, a fin de mantener informada y al tanto a la población civil acerca de los riesgos y las medidas de seguridad que deberán tomar por este fenómeno.

La amplia circulación de la tormenta invernal número 11 asociada con el frente frío No. 45 que se ubican en el norte y centro del país, mantienen el evento de Surada en el centro, oriente y sureste del país, misma que alcanzó esta madrugada rachas del orden de 105 kilómetros/hora en la parte alta de Mariano Escobedo, 80 kilómetros/hora en Los Tuxtlas y Perote, y de 70 kilómetros/hora en Orizaba y parte baja de la cuenca del río Coatzacoalcos, esperándose que durante este día continúe este evento aún con rachas de 80 a 100 kilómetros/hora por intervalos, sin descartar algunas mayores, siendo menores en las zonas costera norte, centro y región de Xalapa donde las rachas podrían superar los 50 kilómetros/hora.

Por su parte, la Secretaría de Protección Civil ha recomendado a la población a seguir extremando las precauciones ante la probabilidad de destechamiento de viviendas, caída de árboles, ramas y espectaculares, incluso que objetos mal colocados caigan o salgan disparados siendo un peligro para la población. Asimismo continuará el ambiente cálido y seco con temperaturas diurnas elevadas, por lo que se recomienda no exponerse por periodos prolongados a los rayos solares así como mantenerse hidratado, vestir en tonos claros y de manga larga y utilizar gorra, sombrero o sombrilla, así como evitar acciones que puedan originar incendios forestales, pastizales y basureros,

Hacia la tarde del miércoles 9 de marzo y primeras horas del jueves 10, un evento de Norte de corta duración podría registrar velocidades de 30 a 40 kilómetros/hora con algunas rachas de 50 a 60 kilómetros/hora principalmente en la costa norte y menores en la parte central, favoreciendo un ligero descenso de la temperatura diurna e incremento del potencial de lluvias con tormentas debido al paso del frente frío número 45.

Considerandos

Primero. Que el estado de Veracruz y sus habitantes han tenido múltiples experiencias donde han comprobado que los avances científicos y tecnológicos, sumados a un plan operativo en el que se involucra a las comunidades en riesgo en su preparación e instrumentación, permiten tomar medidas para convivir con los peligros y riesgos.

Segundo. Por la gran cantidad de peligros y riesgos ocasionados por fenómenos como el de la surada, el estado de Veracruz, a lo largo de todo el año, está expuesto a la ocurrencia de múltiples fenómenos perturbadores, naturales o propiciados por la acción humana, incrementando su vulnerabilidad las zonas de municipios donde habitan familias de condiciones económicas precarias.

Tercero. Que según información periodística, unos 40 municipios resultaron con diversas afectaciones a causa de la surada. En este sentido, indicó la Secretaria de Protección Civil, Yolanda Gutiérrez Carlín que las temperaturas afectaron la zona centro, en donde los efectos del viento provocaron destechamientos, caída de árboles y daños a las instalaciones de energía eléctrica, aunque hasta el momento existe saldo blanco.

Cuarto. Que con datos de la Secretaría de Protección Civil del Estado y de conformidad con los reportes y pronósticos para las próximas 24 horas, se prevé que dicho fenómeno continúe:

Quinto. Que las diputadas y diputados federales, preocupados por la situación que padecen los veracruzanos con motivo del fenómeno de la surada, hacemos un respetuoso exhorto a las autoridades federales y del estado de Veracruz, para que conforme a sus atribuciones, implementen los mecanismos de coordinación a fin de que se salvaguarde la vida de las personas y se activen los protocolos a fin de realizar la declaratoria de emergencia.

Para ello, que a la brevedad se avoquen a la tarea de integrar todos y cada uno de los requisitos a que hacen referencia las Reglas de Operación respectivas, involucrando a las autoridades técnicos y científicos, para que elaboren la propuesta técnica correspondiente, así como integren los requisitos que establecen los contenidos de las referidas reglas.

Por las consideraciones expuestas, propongo al pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Secretaría de Gobernación y al gobierno del estado de Veracruz Llave activen los protocolos y mecanismos correspondientes a fin de que se realice la declaratoria de emergencia y con ello, se destinen los recursos del Fonden, en los municipios donde hubo afectaciones.

Nota

1 http://issuu.com/uliseszl64/docs/zongolica_b619b9abf343 36

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 10 de marzo de 2016.

Diputada Lillian Zepahua García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a elaborar por la Conapesca estrategias para ordenar el sector pesquero a escala nacional, mediante la mejora del diseño del Programa de Ordenamiento Pesquero y Acuícola, con base en las observaciones del Coneval, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Wenceslao Martínez Santos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a la atención de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, a elaborar las estrategias atinentes con el fin de ordenar el sector pesquero a nivel nacional, particularmente mejorar el diseño del Programa de Ordenamiento Pesquero y Acuícola con base en las observaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y evaluar la condición de los recursos pesqueros y acuícolas para incidir en un aprovechamiento sustentable de los mismos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El sector pesquero en México se encuentra transitando por un camino sinuoso y pletórico de vericuetos en la actualidad que amenazan directa y literalmente el equilibrio en las costas y los litorales del país; ya que los acaecimientos económicos, sociales y políticos, producto de la falta del ordenamiento en el sector se encuentran haciendo estragos en la vida diaria de las comunidades ribereñas.

Es perentorio hacer mención que este problema no sólo afecta a nuestro país, sino al mundo entero, ya que la industria de la acuacultura y la pesca ha ido creciendo de manera exponencial en los últimos años, y los recursos del mar sufren una sobreexplotación sin precedentes llevando al borde de la extinción a miles de especies y acabando con otras tantas.

La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable considera el ordenamiento pesquero como el “Conjunto de instrumentos cuyo objeto es regular y administrar las actividades pesqueras, induciendo el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, basado en la disponibilidad de los recursos pesqueros, información histórica de niveles de extracción, usos y potencialidades de desarrollo de actividades, capacidad pesquera o acuícola, puntos de referencia para el manejo de las pesquerías y en forma congruente con el ordenamiento ecológico del territorio”.

Asimismo, reconoce a los programas de ordenamiento como instrumentos de política pesquera que deberán contener por lo menos la delimitación del área donde se aplicará el programa, la relación actualizada de usuarios, la descripción del o los recursos objeto de aprovechamiento y los planes de manejo publicados.

Sin embargo y pese a los esfuerzos realizados, los resultados son exiguos, ya que la Cámara de Diputados aprobó 40 millones de pesos (mdp) para el Programa de Ordenamiento Pesquero y Acuícola Integral y Sustentable en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal de 2016, teniendo una reducción significativa respecto al PEF 2015 que fue de 56.3 mdp.

Debido a este problema mundial la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) planteó en el Código de Conducta para la Pesca Responsable la necesidad toral del ordenamiento de la actividad pesquera como una condición sine qua non para lograr una pesca sostenible en los mares del mundo. Se debe hacer mención expresa de que fue uno de los países protagonistas en la promoción y aprobación de dicho código en Cancún en 1992.

La importancia neurálgica de que un estado cuente con el ordenamiento pesquero adecuado debe anclarse necesariamente en una estrategia institucional que corresponsabilice a los tres niveles de gobierno y a la división de poderes, ya que es en la zona costera donde la problemática de los humedales (estuarios, playas, marismas, manglares, etcétera) y su permanencia como ecosistemas clave para la reproducción y crianza de muchas especies acuáticas de la costa marina se ha incrementado exponencialmente a los largo de los años.

Con base en lo anteriormente expuesto se considera fundamental circunscribir qué es exactamente lo que debe ordenarse en cuanto al ordenamiento pesquero se refiere, así como para qué. De acuerdo con los principales actores del sector, los principales problemas de la pesca en México se delimitan básicamente en tres:

• La sobreexplotación de los recursos,

• La sobrecapitalización de la actividad y

• El conflicto social.

Ahora bien, estos tres principales problemas son resultado directo, en su mayor parte, de la aplicación gubernamental de un excesivo esfuerzo pesquero que se ha dirigido históricamente a incidir principalmente en la pesca, y no en todos los demás factores que llegan a afectar el sector, tales como la evolución natural de los ecosistemas, los cambios en flujos de las corrientes y en las barreras de salinidad, el aire, el calentamiento global, la devastación humana, la depredación, etcétera. Con este argumento lo que se desea clarificar es que el papel primordial del correcto ordenamiento es mantener este esfuerzo en un nivel que evite la sobreexplotación y no se dañe el recurso; que no resulte en problemas económicos (la sobrecapitalización y otros), y, finalmente, que evite los conflictos entre productores. Pero se debe también evitar el uso de sistemas de pesca nocivos para otras especies y el lecho marino. Se ordena entonces: cuánto se pesca, por cuántos, cómo y dónde.

El esfuerzo pesquero proviene no sólo de los pescadores legalmente reconocidos, sino también de los ilegales. Así, en cuanto a los primeros, habrá que regular su número y, de los segundos, evitar su operación y llevarlos a la vía de la legalidad a través de registros eficientes. Y en estas dos ingentes acciones radica la dificultad y el fondo del problema.

Uno de los problemas que no ha permitido el ordenamiento pesquero no sólo en México, sino en el mundo entero; es que para los órganos gubernamentales atinentes dicho ordenamiento es un problema mayormente administrativo en el cual las actividades de registro, emplacamiento de embarcaciones, así como la credencialización, censos de pescadores, etcétera, por sí mismos, constituyen el ordenamiento. Así, toda aquella pesquería que cumpla con esos requisitos será una pesquería ordenada administrativamente.

Para muestra existe el estudio Evaluación sobre el diseño del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, elaborado y presentado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) el año pasado, en el cual se encuentra el componente de ordenamiento pesquero, del cual se comenta lo siguiente:

• “En el caso de los indicadores “Porcentaje de proyectos que contribuyen al ordenamiento pesquero y/o instrumentos de política pública” y “Porcentaje de Unidades de Producción acuícola censadas sujetas a proyectos de ordenamiento acuícola” se identificó que las metas anuales quedaron 20 y 15 por ciento por debajo respectivamente. Se sugiere, por lo tanto, verificar si los plazos y recursos humanos y financieros con los que cuenta el programa son suficientes para alcanzar dichas metas o si su pobre desempeño obedece a otro tipo de factores.”

• “Porcentaje de proyectos que contribuyen al ordenamiento acuícola y/o instrumentos de política pública, no especifican su vinculación oficial o institucional, sino que soló mencionan procedimientos genéricos. Por ejemplo, el indicador correspondiente al componente 7: “número de estudios realizados: resultados de los estudios realizados; número de estudios programados: número de estudios programados”, por lo tanto, se recomienda que en todos los casos se exprese su vinculación oficial o institucional.”

• “Proyectos que contribuyen al ordenamiento acuícola y/o instrumentos de política pública”, no está claramente especificada. Es decir, existe ambigüedad en su redacción, ya que la segunda sección de la oración –y/o instrumentos de política pública– puede funcionar como parte del predicado o como sujeto. En el último caso la propuesta para mejorar su redacción es: “Proyectos y/o instrumentos de política pública que contribuyen al ordenamiento acuícola”, mientras que en el primero se recomienda separar las actividades para no generar confusión 8.1; “Proyectos que contribuyen al ordenamiento acuícola”, y 8.2, “Proyectos que contribuyen a instrumentos de política pública”. Además el indicador 8 de actividad resulta complejo, ya que pretende medir dos variables que no necesariamente se encuentran relacionadas. Por lo tanto se recomienda construir indicadores diferentes para cada una de las actividades”.

Es evidente que nadie podría refutar la importancia de contar con registros actualizados y pormenorizados de los pescadores, así como con el control adecuado de las embarcaciones dedicadas a la pesca. Sin embargo. Un correcto registro de pescadores y/o de embarcaciones es insuficiente para los años que ha llevado el intento del ordenamiento.

Otro de los grandes cuestionamientos que necesariamente debe ser abordado en el tema tratado es sin duda alguna cómo deben las autoridades limitar o controlar el acceso a los recursos pesqueros, ya que ésta es una de las grandes preguntas que deben ser resueltas cuando se trata de los bienes de uso común y libre acceso, como lo son los pesqueros. Una de las formas jurídico-administrativas más socorridas en nuestro país ha sido consuetudinariamente la de los permisos y concesiones “con la finalidad de otorgar seguridad jurídica a todos aquellos dedicados a la explotación de la fauna marina”.

Es imperante hacer pública toda la información actualizada relativa a los permisos y concesiones y evitar la discrecionalidad en su otorgamiento, junto con el Registro Nacional de Pesca (RNP), donde se incluya también la información de la flota.

El ejemplo más claro de los efectos causados por el desorden pesquero es la pesquería del camarón (junto con la de abulón y tiburones costeros) donde se muestra de manera más palmaria el deterioro del recurso. Según las investigaciones del Instituto Nacional de la Pesca, éste ya muestra signos rotundos de sobreexplotación. Se trata de la pesquería más importante del país en valor económico1 .

Y debemos apuntalar que sólo nos referimos a la pesca legal. Pero la manifestación más cruda de la problemática la constituye la pesca ilegal que rebasa la capacidad de monitoreo y respuesta de las autoridades estatales y federales. Aquí lo que asombra es la dimensión del fenómeno: ejemplos abundan en cualquiera de los estados costeros: Sinaloa, Nayarit, Laguna Madre en Tamaulipas, el sur de Sonora y más.

Es en estos ejemplos fatídicos para la pesca en nuestro país donde queda de manifiesto la insuficiencia del personal de inspección y vigilancia para, cuando menos, frenar un poco la pesca ilegal pese a los exiguos esfuerzos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) para contrarrestarlos.

Por lo que hace a la flota mayor de alta mar, ésta no constituye problema alguno. Es mucho más fácil para las autoridades controlarla; casi en su totalidad pertenece a los armadores y su número es muy pequeño comparado con la enorme cantidad de embarcaciones menores.

Así pues, el gran problema del ordenamiento pesquero, con todo y sus dificultades seguirá siendo la corrupción y la parcialidad cuando se trata de beneficiar a unos cuantos.

Por ello se colige que:

• Existen pocos recursos para el ordenamiento pesquero, de acuerdo a las asignaciones aprobadas al programa en 2015 y 2016 y a la falta de cumplimiento de metas presentadas por el Coneval.

• No está bien diseñado el programa de ordenamiento pesquero para cumplir con sus objetivos, indicadores y metas establecidas, con base en el documento de evaluación del Coneval de 2015.

• Que se requiere fortalecer la parte de información entre entidades federativas y el gobierno federal, como con las instituciones de investigación para lograr el objetivo que establece el programa sectorial en comento de evaluar la condición de los recursos, como para incidir en mejores planes de ordenamiento que contempla la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, a elaborar las estrategias atinentes con el fin de ordenar el sector pesquero a nivel nacional, particularmente mejorar el diseño del Programa de Ordenamiento Pesquero y Acuícola con base en las observaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y evaluar la condición de los recursos pesqueros y acuícolas para incidir en un aprovechamiento sustentable de los mismos.

Segundo. Se exhorta a los gobiernos estatales con el fin de coadyuvar con el gobierno federal, para facilitar los elementos de información e investigación necesarios que permitan concretar el ordenamiento pesquero en sus entidades.

Nota

1 http://www.greenpeace.org/mexico/es/Campanas/Oceanos-y-costas/Que-amena za-a-nuestros-oceanos/Sobrepesca/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2016.

Diputado Wenceslao Martínez Santos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a atender y difundir los medios por los cuales responda las recomendaciones de la ASF emitidas en el informe de evaluación de la política de desarrollo social en México de 2014, a cargo del diputado Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El primero de diciembre de 2012, a unas horas de haber iniciado su mandato, el presidente Enrique Peño Nieto, dirigió un mensaje a la nación en el que reconocía y mencionaba: “Estamos en pleno siglo XXI. México ha logrado avances en diversos sectores, pero es indignante, es inaceptable que millones de mexicanos padezcan aún de hambre”.

En concordancia, el 21 de enero de 2012, promulgó el decreto por el que se estableció el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, que entre sus consideraciones señalaba:

• Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4, el deber que tiene el estado de implementar las medidas necesarias para garantizar el derecho de toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad;

• Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual nuestro país forma parte desde 1981, establece que los estados parte reconocen el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, debiendo adoptar las medidas necesarias para mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos;

• Que en relación con dicho instrumento internacional, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, emitió la Observación General número 12, en la que establece que el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla;

• Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que nuestro país es parte desde 1995, establece que toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual;

• Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el derecho a la alimentación es indispensable para asegurar el acceso a una vida digna y para ello no sólo se debe atender a la entrega de alimentos, sino que es necesario valorar su accesibilidad, disponibilidad y sostenibilidad, con objeto de determinar si cumple los requerimientos básicos;

• Que desde el 16 de octubre de 1945, México suscribió la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, por virtud de la cual las naciones se comprometieron a promover el bienestar común, con el fin de elevar los niveles de nutrición y las normas de vida de los pueblos bajo su respectiva jurisdicción, así como lograr una mayor eficiencia en la producción y distribución de los productos alimenticios y agrícolas;

• Que la Ley General de Desarrollo Social establece que la Política Nacional de Desarrollo Social tiene, entre otros objetivos, el de propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades y, entre tales derechos, se encuentra el de la alimentación;

• Que en el mismo ordenamiento se establece que el Sistema Nacional de Desarrollo Social es un mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, coordinación y concertación del gobierno federal, de las entidades federativas, de los municipios y de los sectores social y privado, que tiene por objeto integrar su participación en el cumplimiento de los objetivos, estrategias y prioridades de la política nacional de desarrollo social, así como fomentar la participación de las personas, familias y organizaciones en el desarrollo social, entre otros;

• Que la coordinación del Sistema Nacional de Desarrollo Social corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social con la concurrencia de las dependencias, entidades y organismos federales, de los gobiernos municipales y de las entidades federativas, así como de las agrupaciones civiles y sociales, para lo cual coordinará y promoverá la celebración de convenios y acuerdos de desarrollo social;

• Que de conformidad con el artículo 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el estado debe establecer las medidas para procurar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional, con objeto de contribuir a la seguridad alimentaria;

• Que el Estado mexicano ha desplegado en años anteriores recursos cuantiosos para atender la problemática alimentaria del país y, a pesar de ello, ha persistido en México una alta incidencia de personas que experimentan situaciones de hambre, particularmente entre la población más pobre, lo cual tiene efectos negativos en el desarrollo físico y mental de las personas y limita notablemente la calidad de vida de las mismas, afectando en la práctica el acceso generalizado a los derechos sociales y a la justicia social;

• Que en pleno siglo XXI, a pesar de haber logrado avances importantes en diversos ámbitos, resulta inaceptable que millones de personas padezcan hambre, por lo que es una prioridad de la política social del gobierno de la República lograr que las familias mexicanas tengan un piso básico de bienestar;

• Que es necesario asumir un enfoque integral que conjunte los esfuerzos que en materia de desarrollo social llevan a cabo los tres órdenes de gobierno, a fin de salvaguardar el derecho constitucional en materia alimentaria;

• Que la estrategia a implementar requiere de acciones transversales, concretas y coordinadas en otros rubros que igualmente inciden en el problema de carencia alimentaria, como son la educación, salud, seguridad social, vivienda e ingreso de las familias, pues en todo caso, el derecho constitucional a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad no se satisface en la distribución de alimentos, sino que requiere de acciones integrales que coadyuven de manera amplia al abatimiento de la pobreza;

• Que es necesario contar con mecanismos que permitan, desde una perspectiva ciudadana, dar seguimiento a las acciones que se emprendan en los tres órdenes de gobierno para erradicar el hambre, para lo cual se promoverá la creación de comités comunitarios integrados por los propios beneficiarios de los programas sociales, con el propósito de supervisar el cumplimiento de sus objetivos y garantizar la transparencia en su ejecución;

• Que con base en los estudios y diagnósticos elaborados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la población objetivo de los programas de desarrollo social para abatir y erradicar el hambre se conforma por aquellas personas que se encuentran en situación de pobreza extrema y presentan carencias de acceso a la alimentación, cuya contabilización se encuentra en permanente actualización por parte de las instancias competentes;

• Que uno de los objetivos fundamentales de cualquier gobierno es garantizar el acceso al derecho universal de la alimentación y, por ello, es preciso que los recursos del estado lleguen de manera directa y sin condicionante alguna a la población que más los necesita y sean ejercidos con base en reglas de operación y transparencia que permitan su evaluación y la rendición de cuentas, y

• Que es el firme propósito del gobierno de la República dar resultados en el corto plazo para garantizar a la población el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, a través de acciones coordinadas, eficaces, eficientes y transparentes con un alto contenido de participación social; nuestra prioridad es que ningún mexicano padezca hambre.

Asimismo, el citado decreto señala en su artículo segundo lo siguiente:

“Artículo Segundo. La Cruzada contra el Hambre tiene los objetivos siguientes:

I. Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación;

II. Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez;”

Como se ha mencionado, el Estado mexicano suscribió la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, (FAO por sus siglas en inglés) la agencia de las Naciones Unidas que conduce las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre.

En 1992 la FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS) convocaron la Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN), la primera dedicada exclusivamente a abordar los problemas nutricionales a nivel mundial. En esta conferencia, celebrada en Roma, participaron representantes de 159 países y la Comunidad Europea, 15 organizaciones de las Naciones Unidas y 144 organizaciones no gubernamentales. Uno de los resultados más importantes de la CIN ha sido la preparación de planes nacionales de acción para la nutrición (PNAN) en gran parte de los países miembros.

En 1996 se celebró, en Roma, la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (CMA) como respuesta a la persistencia de la desnutrición generalizada y la creciente preocupación por la capacidad de la agricultura para cubrir las necesidades futuras de alimentos. Con representantes de 185 países y de la Comunidad Europea, la Cumbre reunió a unos 10 mil participantes, incluyendo organizaciones intergubernamentales (OIG) y organizaciones no gubernamentales (ONG). Durante la CMA se fijó por primera vez una meta cuantitativa respecto de la reducción del hambre. La Declaración de Roma, adoptada durante la CMA, estableció el objetivo de reducir a la mitad el número de personas subnutridas en todo el mundo para 2015.

Después de la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en 2000, en la que se establecieron los 8 Objetivos del Milenio, y ante la lentitud con la que se avanzaba en los objetivos relacionados con la erradicación del hambre, la FAO convocó en 2002 a la Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después. En ella se confirmaron los compromisos ya establecidos en 1996 y 2000 (Representación de la FAO en México, 2009).

En septiembre de 2015, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con fecha de cumplimiento el año 2030; el segundo de los 17 objetivos acordados por 193 acciones, entre las que se encuentra México, señala:

“Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.”

Algunos datos que se señalan como alarmantes en este sentido son:

• La gran mayoría de las personas con hambre vive en países en desarrollo, como México y es donde 12,9 por ciento de la población de estos países la que se encuentra subalimentada.

• La nutrición deficiente provoca casi la mitad (45 por ciento) de las muertes de niños menores de 5 años en el mundo; 3,1 millones de niños al año.

• En el mundo, 1 de cada 4 niños padece retraso del crecimiento. En los países en desarrollo la proporción puede ascender a 1 de cada 3.

• En el mundo en desarrollo, 66 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria acuden a clase hambrientos.

En ese sentido, los ODS, plantean como algunas de las metas del objetivo señalado:

• Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.

• Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad.

Con este marco global, se llevó a cabo del 29 de febrero al 3 de marzo del presente año, en la Ciudad México, la 34 Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. En el acto inaugural, el doctor José Graziano da Silva, representante de la FAO en México, indicaba que:

“...así como existen diferencias de México, hay también disparidad en el resto de América Latina y el Caribe; alrededor de 34 millones de personas sigue sufriendo de hambre en la región, que es la mayor exportadora neta de alimentos de todo el mundo.”

En el mismo acto, el presidente Enrique Peña Nieto señalaba:

“Somos la única región del mundo que alcanzó las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Logramos reducir a menos de la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre, al pasar de 15.3 por ciento en el trienio 1990-1992, a 6.1 por ciento en el trienio 2012-2014.

De igual forma, cumplimos las metas de la Cumbre Mundial de la Alimentación, al disminuir la subalimentación en más de nueve puntos porcentuales, al reducirla de 14.7 por ciento, a principios de los 90, a 5.5 por ciento, a mediados de esta década.

En el caso particular de México, desde el inicio de esta administración, asumimos un firme compromiso para combatir esta condición inaceptable.

Por ello, diseñamos y pusimos en marcha la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH), una estrategia transversal que conjunta los esfuerzos de diversas dependencias del gobierno de la República para atender a la población en pobreza extrema alimentaria.

A prácticamente tres años de su inicio, puedo dar cuenta de algunos resultados.

Más de 746 mil personas tienen acceso a una adecuada alimentación en algunos de los casi ocho mil comedores comunitarios, instalados en las comunidades más vulnerables.

Más de 580 mil familias pueden adquirir productos básicos a precios preferentes con la denominada tarjeta Sin Hambre.

Adicionalmente, cerca de siete millones de familias están afiliadas al Programa de Inclusión Social Prospera, que ahora ofrece créditos, apoyo y asesoría para proyectos productivos, así como becas universitarias.

Si bien estos avances son relevantes, no podemos ignorar que en la región, de acuerdo con las más recientes cifras de la FAO, aún hay 34 millones de personas que padecen hambre.”

Para el contexto mexicano, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), señala en su Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014 que en 2014 el porcentaje de la población que padecía pobreza alimentaria era de 23.4 por ciento, es decir, 28 millones de mexicanos, casi 4 millones más (21.7 por ciento) que en 2008.

Diversas organizaciones de la sociedad civil integradas en el denominado frente Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, estiman que en 2015 seiscientos mil personas más se sumaron a la población en situación de pobreza alimentaria.

El citado frente, también ha señalado que en los resultados intermedios de la Cruzada, los municipios evaluados presentan una disminución de 57.5 por ciento en la carencia alimentaria. Aunque todos los beneficiarios reciben programas para mejorar su alimentación, el 42.5 por ciento aún reporta carencia alimentaria.

En ese sentido, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala en el dictamen de los resultados del informe de evaluación de la política de desarrollo social en México 2014 que:

“En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en razón de las deficiencias en el diseño, en la focalización y en la coordinación de acciones de los programas implementados en el marco de la CNcH, la Sedesol no acreditó el cumplimiento del objetivo de la estrategia de abatir el hambre, y de los siete indicadores que definió la dependencia en 2014 para evaluar el mejoramiento del ingreso y la atención de las carencias sociales de la población en pobreza extrema alimentaria, no definió metas, ni acreditó sus resultados. Asimismo, la Sedesol no reportó el avance en el cumplimiento del indicador “Disminuir a un valor igual a cero los 7.0 millones de mexicanos en situación de pobreza extrema de alimentación para 2018”, sin que acreditara las causas.

Las recomendaciones de la ASF están enfocadas principalmente en que la Sedesol perfeccione el diseño de la CNcH; focalice con precisión a su población objetivo, y coordine las acciones de los programas implementados en el marco de la estrategia para abatir la condición de pobreza extrema alimentaria.”

La auditoría de desempeño 14-0-20100-07-0226 emitió 31 recomendaciones a la Secretaría de Desarrollo Social, identificadas con los numerales 14-0-20100-07-0226-07-001 al 14-0-20100-07-0226-07-031.

Por lo anteriormente expuesto me permito someter al pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social, para que atienda, y haga públicos los medios por los que dé respuesta a las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación emitidas en su informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2016.

Diputado Miguel Alva y Alva (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a agilizar las investigaciones de los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos, y aplicar las sanciones correspondientes, a cargo del diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, diputado federal por el estado de Puebla del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a diversas autoridades para que agilicen las investigaciones, se apliquen las sanciones correspondientes a los culpables e informen a la opinión pública sobre las pérdidas que los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos opetroquímicos y demás activos han generado para Pemex, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El valor del robo de gas licuado de petróleo (LP) a Petróleos Mexicanos en el país es de casi 16,000 millones de pesos anuales, ya que en volumen superó 15 por ciento y casi alcanza 20 por ciento de las ventas de todo el país, han denunciado industriales del rubro.

El valor del gas robado sería muy similar al del robo de combustibles líquidos a Pemex, que según fuentes de la estatal se estima en alrededor de 50 millones de pesos diarios –más de 18 mil millones de pesos al año1 , producto de una sangría de 27 mil barriles diarios de carburantes destilados (gasolina y diésel), esta última cifra revelada en septiembre de 2015 por Miguel Tame, responsable del área de Refinación de Pemex.

En lo que va de esta administración a nivel federal, se ha priorizado la transparencia y el acceso a la información pública, brindando mayores facultades al Instituto de la materia a fin de que la ciudadanía pueda estar mejor informado. En este ánimo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Inai, pidió a Pemex informar cuánto combustible le han robado entre 2012 y 2015, sin embargo la paraestatal indica no tener el dato solicitado, aunque puede informar sobre la cantidad de tomas clandestinas encontradas en ese periodo y el producto que ha sido asegurado por las autoridades.

Pemex informó que se diseña y supervisa un sistema estratégico de salvaguardia, relacionado con el robo de hidrocarburos al interior de todos sus organismos subsidiarios. Por tanto, se concluye que conoce las estadísticas de los volúmenes de combustible transportado y perdido por cualquier motivo, incluidas las tomas clandestinas.

Si bien es cierto que el robo de combustible es una problemática en todo el país, en el caso particular que nos ocupa, el robo de éste en Puebla repuntó al inicio del presente gobierno estatal, al pasar de una toma clandestina hallada por semana a un total de seis en el mismo periodo de tiempo, refieren cifras oficiales proporcionadas por el sitio poblano LadoBe 2 , que cita información de Petróleos Mexicanos.

Del total, 48 tomas clandestinas fueron ubicadas en el municipio de Tepeaca, donde el Ejército Mexicano detuvo a funcionarios de la administración Moreno Valle por el presunto delito de robo de combustible. Se trató del director general de la Policía Estatal Preventiva, y del jefe del Grupo de Operaciones Especiales, Goes.

El secretario de Seguridad Pública de Puebla, fue involucrado en la red por los detenidos, que fueron sus subordinados directos.

Fueron encontradas mil 157 tomas clandestinas en los ductos que pasan por Puebla. La mayoría de dichas tomas se sitúan en Tepeaca, Quecholac, Acatzingo, Acaje y Amozoc. Los puntos localizados por Pemex abarcan un total de 32 municipios poblanos.

Como se aprecia esta situación ha ido en aumento, lo anterior representa pérdidas económicas millonarias, para todos los poblanos. Cada vez que roban combustible, no solo cometen un delito; también ponen en peligro la seguridad nacional, pues se genera mayor riesgo de fuga o incendio que expone a la gente que vive en comunidades aledañas a las instalaciones de Pemex.

Al respecto podríamos preguntarnos quién es el responsable de garantizar la seguridad en materia de hidrocarburos, y la Ley de Petróleos Mexicanos nos lo aclara con lo que dispone el artículo 46, fracción IX, referente a las facultades del Director General:

Artículo 46.- Corresponden al Director General la gestión, operación, funcionamiento y ejecución de los objetivos de Petróleos Mexicanos, sujetándose a las estrategias, políticas y lineamientos aprobados por el Consejo de Administración. Al efecto, tendrá las funciones siguientes:

I. a VIII. ...

IX. Instrumentar y administrar los sistemas de seguridad de los bienes e instalaciones de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y, en su caso, empresas filiales, en coordinación con las dependencias competentes de los tres órdenes de gobierno;

X a XVII. ...

De la simple lectura del artículo citado podemos observar que la atribución sobre los sistemas de seguridad de Pemex, si bien es facultad del Director General, se ejerce en coordinación con las dependencias competentes de todos los órdenes de gobierno y no sólo a nivel federal sino estatal.

Aunado a lo anterior, con el ánimo de establecer sanciones más estrictas para aquellos que cometen el delito de robo de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos y en un esfuerzo conjunto de todas las fuerzas políticas representadas en nuestro País, el 12 de enero pasado el ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, en la que establece sanción con pena de 15 a 25 años de prisión y multa de 15 mil a 25 mil días de salario mínimo vigente en el lugar de los hechos a quien: I. Sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley. II. Aproveche hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.

Por su parte el artículo 9 de la citada ley establece a los sujetos a quienes sanciona:

Artículo 9. Se sancionará a quien:

I. Compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice o negocie hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.

II. Resguarde, transporte, almacene, distribuya, posea, suministre u oculte hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.

III. Altere o adultere hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 79 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades para que en el ámbito de sus atribuciones, agilicen las investigaciones, se apliquen las sanciones correspondientes a los culpables e informen a la opinión pública sobre las pérdidas que se han generado para Pemex.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Puebla brinde un informe público y pormenorizado sobre el avance de las investigaciones relacionadas con funcionarios públicos de la entidad, presuntamente relacionados con bandas dedicadas al robo de combustible, y coadyuve con los municipios y la federación para prevenir y erradicar este ilícito en el estado.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del Estado de Puebla para que en el ámbito de sus atribuciones agilicen las investigaciones y se apliquen las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables de los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos en el estado de Puebla.

Notas

1 http://www.newsjs.com/mx/piden-a-pemex-informe-de-combustible/

2 http://ladobe.com.mx/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2016.

Diputado Víctor Manuel Giorgana Jimenez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a garantizar la libertad de expresión y cumplir la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Exaltación González Ceceña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el país es de vital importancia garantizar el derecho humano a la libertad de expresión, máxime cuando sus autoridades lo han señalado, tanto a nivel nacional e internacional, como un país, plural y democrático, y, principalmente, porque así lo establecen la Constitución Política y diversos instrumentos internacionales de los cuales nuestro país es parte.

En el artículo 1o., la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza a todas las personas el disfrute de los derechos humanos reconocidos en ella, así como los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma Constitución lo establezca.1

Por tanto, las normas referentes a los derechos humanos se deben interpretar conforme a la Constitución y los tratados internacionales de la materia, es decir todas las autoridades, dentro del ámbito de sus funciones y competencias, están obligadas no solo a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, además a prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones.

El artículo 6o. de la Constitución Política reconoce: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa...” Y el artículo 7o. señala: “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio”. Por ello, no se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos e impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.2

Por su parte, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

De acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, los Estados signatarios se comprometen a consolidar de manera institucional y democrática un régimen de libertad personal y de justicia social, basada en el respeto de los derechos esenciales del hombre y en su artículo 13 establece: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras...” y por cualquier medio y que su ejercicio no debe estar sujeto a previa censura, salvo lo que establezca la ley.3

Pero ésos no son los únicos tratados internacionales que consagran el derecho humano a la libertad de expresión, también contamos con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 19 y 20), la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 13) y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo IV).4

De acuerdo con la normatividad internacional referente a la protección de los derechos humanos, el Estado mexicano respondió a una de sus obligaciones garantizando el derecho humano a la libertad de expresión al constituir la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012.5

Dicha ley establece y regula una obligación ineludible del Estado mexicano al cual corresponde garantizar responsablemente lo establecido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales en que el Estado mexicano es parte en materia de protección de libertad de expresión.

A través de ella se establece la creación de mecanismos de protección para todas las personas “cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen”, garantizándoseles su integridad y el derecho humano a la libertad de expresión.

No obstante lo anterior, de acuerdo con el informe estadístico de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión dado a conocer en septiembre de 2015, de 2000 a septiembre de 2015 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó 90 homicidios de periodistas, y por su parte, la fiscalía especial reportó 103 homicidios cometidos contra integrantes del gremio periodístico.

En dicho informe estadístico se señala a Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas y Guerrero con más reportes de homicidios contra periodistas, siendo el más reciente el cometido contra Anabel Flores en Veracruz.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR señala que se han aplicado una serie de medidas cautelares de carácter ministerial, pero la realidad del país demuestra que no han sido suficientes ni eficaces para garantizar la protección de periodistas en el país.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 89 por ciento de los homicidios perpetrados contra periodistas no se resuelve, convirtiendo a México como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.

De acuerdo con el informe Libertad de prensa 2015, divulgado por Freedom House, en el país las condiciones referentes al libre ejercicio de los medios de comunicación se han visto deterioradas a partir de 2014.

El organismo Freedom House considera a nuestro país como uno de los 65 “no libres” para ejercer el periodismo, comparándolo con Rusia, China, Honduras, Corea del Norte, Irán o Siria.6

En el informe Periodistas desaparecidos en México. La desaparición y desaparición forzada de quienes ejercen la libertad de expresión en México, presentado por Article 19 (Artículo 19), organización creada en 1987 y encargada de promover destaca una vez más y se demuestra el contexto generalizado de las desapariciones que afectan negativamente el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión en el país.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno en el ámbito de su competencia a garantizar la libertad de expresión y dar cumplimiento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a garantizar de manera plena la libertad de expresión y seguridad a defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación.

Notas

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 1o.).

2 Artículos 6o. y 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José (artículo 13).

4 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 19 y 20), Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 13) y Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo IV).

5 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5256053&fecha=25/06/2012

6 www.freedomhouse.org/report/freedom-press/freedom-press-2015

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2016.

Diputado Exaltación González Ceceña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Veracruz a revocar la concesión otorgada para el servicio de agua y saneamiento de los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo; y al gobierno y a los presidentes municipales del estado, a garantizar la fuente de trabajo, el respeto de los derechos laborales adquiridos y el reconocimiento del sindicato representante de los trabajadores del Sistema de Agua y Saneamiento, suscrita por los diputados Norma Rocío Nahle García, Jesús Serrano Lora y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Norma Rocío Nahle García, Jesús Serrano Lora, Mario Ariel Juárez Rodríguez y Sergio René Cancino Barffuson, diputados integrantes de la LXIII Legislatura y miembros del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I; 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

En vista de la reforma anunciada sobre la Ley General de Aguas en junio de 2014, se celebraron varios foros conjuntos de organizaciones civiles, la academia, especialistas en la materia y el Congreso. La conclusión, traducida en una propuesta ciudadana de Ley de Aguas1 fue que la Comisión Nacional del Agua, autoridad única sin contrapesos, responsable por el manejo sustentable de las aguas nacionales desde 1989, ha sido extremadamente vulnerable a presiones por parte de intereses: agroexportadores, empresas mineras, inmobiliarias, embotelladoras, industrias contaminantes, empresas mineras e inversionistas en megaobras hidráulicas. A nivel estatal y municipal se promueve la urbanización de zonas de recarga y planicies de inundación y se construyen plantas de tratamiento inoperables; se distribuye agua según criterios políticos o económicos, sin eficacia ni transparencia en el uso de recursos públicos, y se concesionan los sistemas a empresas extranjeras que han sido descalificadas en sus propias países2 .

La ciudad de Veracruz ha mostrado un crecimiento constante en los últimos años. Los residentes aumentaron de 150 mil a 750 mil Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Ante este hecho el alcalde Ramón Poo Gil, declaró que se requieren garantías para el abasto del agua, la demanda del servicio para nuevas colonias, o sea, un sistema que permita resolver los problemas financieros y operativos. El sistema de abastecimiento y potabilización del agua en la ciudad está rebasado.

Un estudio realizado por el Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano Veracruz explica que el actual abarca 70 por ciento de las necesidades de la población. Se corroboraron deficiencias en la medición del consumo domiciliario y comercial y se identificó una sobrexplotación del acuífero3 . Respecto del líquido residual, sólo se da tratamiento a 59 por ciento de dichas aguas y las plantas tratadoras tienen una eficiencia de 40 por ciento. En el terreno operativo, la ineficiencia comercial genera altos costos para los usuarios y altos pasivos para el sistema actual. Finalmente, se calculan pérdidas de 60 por ciento relacionadas con fugas en la red, tomas clandestinas y agua no contabilizada.

El SAS acumuló una deuda de 33 millones de pesos, y la solución fue iniciar una licitación para dejar en manos de empresas privadas las deudas ya generadas y la distribución del agua que manejaba Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano (SAS).

El SAS, el 18 de febrero de 2015, emitió la convocatoria pública4 , para el proceso de licitación internacional (LPI-SAS-DAF-001/15) para la selección de un socio inversionista-operador, con experiencia y recursos económicos suficientes que le permitan formar parte de la empresa mixta de participación público-privada que constituirá este organismo público descentralizado bajo la modalidad de Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI).

Derivado de la licitación y de la evaluación realizada por el comité, el 9 de junio de 2015, el órgano de gobierno del SAS, emitió la resolución correspondiente, en la que manifestó que la propuesta presentada por el consorcio integrado por Odebrecht Ambiental, SA y Aguas de Barcelona Interagbar de México, SA de CV.

En el caso de Odebrecht5 se le acusa de tener una red de blanqueo en Panamá a través de entidades financieras, en septiembre de 2015, fue condenada judicialmente por someter a trabajadores a condiciones de esclavitud en una planta de azúcar y etanol que construye en Angola; y su presidente, Marcelo Odebrecht, poderoso empresario brasileño, fue condenado a 19 años y cuatro meses de cárcel por corrupción, lavado de dinero y asociación criminal por el multimillonario fraude a Petrobras. Por otro lado, la española que opera actualmente en la ciudad de Saltillo, ha sido acusada por organizaciones sociales de alzas ilegales en sus tarifas por al menos siete veces, por encima del precio del consumidor, así como cobros ilegales de reconexión y violaciones a leyes ambientales por sobreexplotación de mantos acuíferos.

La empresa brasileña ha gozado del favoritismo del gobierno de Veracruz para quedarse con importantes obras en el nuevo Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano (SAS), organismo que brinda agua a más de 700 mil habitantes de la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río-Medellín.

No sólo eso, Odebrecht también recibió importantes contratos para desarrollar el proyecto Etileno XXI en el sur de Veracruz, e inversiones en el proyecto terciario del Golfo de México en Chicontepec al norte de la entidad, además de esperar la reactivación del proyecto de construcción de una hidroeléctrica en la zona ecoturística de Jalcomulco, pese a la oposición de los comuneros.

El grupo brasileño y el gobierno de Duarte, que estuvo representado por la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), firmaron en 2011 documentos para establecer una sociedad empresarial con objeto de captar y almacenar agua proveniente del río La Antigua a través de una de sus ramificaciones, el río Los Pescados.

El proyecto fue detenido por vigilancia permanente de 250 habitantes de siete municipios veracruzanos y activistas de organizaciones civiles que bloquearon el paso de la maquinaria pesada hacia la parte baja del río Los Pescados.

El director del SAS de Veracruz presentó el 10 de junio al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS) quien se iba a encargar de la operación y servicio de agua.

La empresa mixta MAS, funciona como una sociedad público/privada para que el Órgano de Gobierno siga controlando las tarifas y la infraestructura, suplirá a SAS gracias a una concesión de 30 años y tendrán una inversión de arranque de 10 mil millones de pesos.

Tello Allende, director de SAS Veracruz, refirió que se constituye un fideicomiso con trabajadores de SAS y representantes de MAS para garantizar la transparencia de los recursos. Asimismo, indicó que se mantendrán las tarifas del agua y se mejorará el servicio.

El 31 de agosto MAS debió iniciar las operaciones en Veracruz y Medellín, con la promesa de que se agregaría drenaje para 32 mil familias, se realizaría el tratamiento de aguas residuales en 100 por ciento y habría una recuperación de 30 millones de metros cúbicos de agua por año.

Actualmente el panorama de este cambio es muy desalentador y en agravio a los trabajadores. El Grupo MAS, patrón sustituto en este caso, declara que no asumirá la responsabilidad de los trabajadores, no quiere reconocer al Sindicato de Trabajadores José Azueta, ni su contrato colectivo, ya que esto les generaría gastos de 130 por ciento.

MAS declara que este sindicato es de la empresa SAS y que ellos contratarán a otros trabajadores con salario y prestaciones menores. Declara también que ya tienen un nuevo sindicato integrado por 29 personas con reconocimiento de la Secretaría del Trabajo. Todo esto totalmente ilegal porque no se puede desconocer la relación laboral existente.

A casi un año de haberse dado la concesión a Grupo MAS, la empresa no ha invertido lo prometido y sí a cambio, aseguran los trabajadores, ha hecho gastos dentro de esta empresa mientras el alcalde insiste en la defensa de la empresa, de que “ahora sí ya vienen a invertir”.

Por su lado, los más de mil trescientos trabajadores sindicalizados y 400 de confianza, declaran que existe temor por la probable pérdida de su fuente de trabajo que afectaría a más de mil 700 familias veracruzanas al negarles su derecho a un trabajo digno y a la libertad de asociación, violando nuestra ley federal de trabajo y todos los acuerdos y convenios internacionales vigentes.

De acuerdo al artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, la empresa Grupo MAS “patrón sustituto”; como nuevo empleador, está obligado a respetar las condiciones de trabajo vigentes con el empleador anterior, el cual a su vez opera como responsable solidario por seis meses.

“Artículo 41. La sustitución de patrón no afectará las relaciones de trabajo de la empresa o establecimiento. El patrón sustituido será solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la ley, nacidas antes de la fecha de la substitución, hasta por el término de seis meses; concluido éste, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón. El término de seis meses a que se refiere el párrafo anterior, se contará a partir de la fecha en que se hubiese dado aviso de la substitución al sindicato o a los trabajadores.”

Con base en lo anterior, se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Congreso del Estado de Veracruz para que en el ámbito de sus atribuciones, revoque la concesión otorgada a Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, SAPI, de C.V. y que el estado retome el uso, administración y comercialización del agua de los municipios de Veracruz y Medellín del Bravo.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa y a los presidentes municipales de Medellín de Bravo, Luis Gerardo Pérez Pérez y al de Veracruz, Ramón Poo Gil, a garantizar la fuente de trabajo, el respeto a los derechos laborales adquiridos y el reconocimiento del sindicato representante de los trabajadores del Sistema de Agua y Saneamiento de estos municipios.

Notas

1 Propuesta Ciudadana Ley General de Aguas 22 junio 2015

2 <en este caso son dos trasnacionales

3 La Jornada , 10 de junio 2015

4 Gaceta Legislativa Congreso de Veracruz, 20 de agosto 2015, Pag. 2

5 http://www-imagendelgolfo.com.mc/resumen.php?id=41070821

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2016.

Diputados: Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Jesús Serrano Lora (rúbrica), Mario Ariel Juárez Rodríguez, Sergio René Cancino Barffusón.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a dar continuidad por la Cofepris a los programas de certificación de cuerpos de agua en las áreas de cosechas de moluscos bivalvos, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Wenceslao Martínez Santos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en al artículo 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados; los artículos 34, numeral 1, incisos a) y c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la atención de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para que lleve a cabo los trabajos atinentes con el fin de dar continuidad a los programas de certificación de cuerpos de agua en las áreas de cosechas de moluscos bivalvos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 70% de la superficie de la Tierra es agua, pero sólo el 2.5% de toda esa agua es dulce, la demás es agua de mar y no es posible consumirla. Tres cuartas partes de ese 2.5% están congeladas en los icebergs. Es decir que sólo el .01% del agua dulce que existe en el planeta es aprovechable para consumo humano.

En México, 70% del agua que cae de las lluvias regresa a la atmósfera por evado-transpiración, 84% del líquido que queda disponible escurre superficialmente y el resto se incorpora a los mantos acuíferos.

Mientras que en la frontera sur la disponibilidad promedio es mayor a 155 kilómetros cúbicos, en la región del río Bravo no llega a los 15 kilómetros cúbicos, y en Baja California es inferior a los 5 kilómetros cúbicos.

El uso de agua predominante en nuestro país es agrícola, ya que en la actualidad 78% del agua extraída se utiliza para el riego de 6.3 millones de hectáreas; le sigue el uso público urbano, con 11.5%, y el industrial con 8.5%.

Ahora bien, en lo que refiere al tema de la acuacultura, la escasa disponibilidad de agua dulce en gran parte del territorio, que ha sido determinante en el escaso desarrollo de actividades productivas en la zona costera por un lado, ha permitido, por el otro, que sus cuerpos de agua costeros y sus humedales asociados, caracterizados por su alta productividad natural se hayan mantenido libres de contaminación y otros estresores antrópicos.

En este sentido, dada la amplitud, diversidad, productividad y calidad del agua de los litorales y lagunas costeras, como por ejemplo en el Estado de Baja California, la acuacultura se reconoce como una actividad de importancia estratégica para el desarrollo económico, social y regional en el estado, favoreciendo la diversificación productiva y la creación de fuentes de trabajo permanentes.

Por ello es toral el contexto que incide en los cuerpos de agua utilizados para el cultivo y la cosecha de moluscos en nuestro país. En el caso específico de Baja California, la costa del Océano Pacífico de la Península se localiza en el Ecosistema de la Corriente de California; una de las regiones de surgencias costeras con mayor productividad primaria por unidad de área a nivel mundial. Resultados específicos demuestran que las aguas de surgencia, caracterizadas por su alto contenido de nutrientes pueden ser transportadas hacia el interior de las lagunas costeras bajacalifornianas por efecto de la marea. Tales condiciones favorecen que estos sistemas operen con excedentes en su producción primaria, convirtiéndolos en sistemas exportadores de fitoplancton, lo que representa un recurso potencialmente aprovechable a través del cultivo de moluscos filtro alimentadores, cuyo desarrollo representa una de las alternativas más viables para la diversificación productiva y generación de empleos permanentes en zonas con serias limitantes naturales para su desarrollo, derivadas principalmente de la escasez de agua.

Este hecho no solo ha favorecido el asentamiento natural de especies como el mejillón mediterráneo (Mytilus galloprovincialis), la almeja blanca (Chione sp.) y la almeja garra de león (Lyropecten subnodosus), sino que establece condiciones muy favorables para la introducción de especies que se cultivan en el mediterráneo europeo, Japón y en la costa pacífica de Estados Unidos de América, como lo son el ostión del Pacífico (Crassostrea gigas), ostión kumamoto (Crassostrea sikamea), y la almeja Manila (Tapes philippinarum).

Si a la anterior circunstancia se agrega la cercanía con uno de los mercados más importantes como es la costa occidental de Estados Unidos que incluye a los Estados de California, Oregon y Washington, resulta evidente el enorme potencial que se posee.

Ahora bien, teniendo presente la importancia que tiene, no sólo el cultivo de moluscos bivalvos para las zonas costeras de nuestro país, sino el adecuado ambiente para que ello se lleve a cabo de una forma que les permita comercializarse al interior y hacia el exterior del país; se hace evidente que la importancia que revisten los programas de certificación de cuerpos de agua en México es una acción sustantiva para que la producción y comercialización de estas especies prolifere y derrame beneficios directos e indirectos para los trabajadores del sector.

De acuerdo con el Programa de Acción Específico de Protección contra Riesgos Sanitarios 2013-2018, los moluscos bivalvos (ostiones, almejas y mejillones) por su mecanismo de alimentación acumulan los contaminantes presentes en las aguas donde se desarrollan, razón por la cual pueden contener patógenos como Salmonella sp, Vibrio cholerae, V. parahaemolyticus, norovirus y virus de la hepatitis A, o sustancias tóxicas como biotoxinas marinas, y convertirse en un riesgo para la salud pública, situación en la cual influye que habitualmente se consumen crudos o poco cocidos. Por lo anterior, para su control sanitario se necesitan disposiciones específicas diferentes a otros productos de la pesca, entre ellas la clasificación sanitaria de las áreas de cosecha.

El Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos Bivalvos (PMSMB) es un mecanismo de coordinación interinstitucional para controlar la calidad sanitaria de los moluscos bivalvos, con el fin de salvaguardar la salud pública y apoyar a las exportaciones: Se conforma a nivel Federal por diversas autoridades (Ssa, Sagarpa, Semarnat, Semar), coordinadas por la Secretaría de Salud a través de la Cofepris, para definir los lineamientos técnicos a nivel nacional necesarios para conseguir sus objetivos.

Todos los cosechadores y procesadores que quieran ser certificados por el PMSMB deberán cumplir con lo indicado en el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, la NOM-242-SSA1-2009, Productos y servicios. Productos de la pesca frescos, refrigerados, congelados y procesados. Especificaciones sanitarias y métodos de prueba; NOM-128-SSA1-1994, Bienes y Servicios que establece la aplicación de un Sistema de Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos en la planta industrial procesadora de productos de la pesca; así como con las disposiciones establecidas en la Guía Técnica (última revisión, 2009) y sus anexos.

En virtud de lo anterior resulta indispensable que la certificación sea efectiva y que tenga completa correspondencia con las disposiciones internacionales, porque los moluscos bivalvos son productos de importación sujetos a las reglas impuestas por otros países, como la Food and Drug Administration en Estados Unidos. La falta de efectividad en las acciones de certificación podría acarrear grandes pérdidas económicas para los productores.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para que lleve a cabo los trabajos atinentes con el fin de dar continuidad a los programas de certificación de cuerpos de agua en las áreas de cosechas de moluscos bivalvos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2016.

Diputado Wenceslao Martínez Santos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Constitución de la Ciudad de México se maximicen la protección, la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos, así como la mayor apertura en los instrumentos de participación ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II; y numeral 2 fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Por la tradición centralista del país, el DF –ahora Ciudad de México- ha sido un lugar clave de la vida política de México al ser el espacio en donde se encuentran asentados los poderes federales, por lo que en la capital de país se han gestado decisiones sumamente relevantes para la vida política nacional.

Anteriormente, las autoridades políticas eran designadas por el Ejecutivo, a fin de evitar dificultades entre las autoridades locales y federales que compartían un mismo espacio territorial.1 Sin embargo, después de las cuestionadas elecciones de 1988, fue evidente la necesidad de establecer cambios institucionales que respondieran a la creciente demanda por la democratización del sistema político mexicano, tras una histórica votación en la que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) obtuvo menos del 30 por ciento de la votación en el Distrito Federal, lo que constituyó una clara muestra de la exigencia capitalina por una mayor apertura política.2

A pesar de esta primera gran victoria en contra del régimen político, en las elecciones de 1991 el PRI obtuvo un avance considerable en todo el territorio nacional. Lo anterior tuvo consecuencias importantes para contener el avance de la oposición y de la reforma política del D. F., por lo que el PRI pudo introducir una serie de restricciones para aplazar la posibilidad de que la ciudadanía capitalina participara en la elección de sus gobernantes y tener una verdadera discusión del estatus jurídico del D.F.

En la década de los años noventa coincidieron, por un lado, el debilitamiento del aparato corporativo clientelar del PRI y, por el otro, el fortalecimiento de la demanda por la ampliación de los derechos de los capitalinos misma que ha sido una de las banderas de la oposición de izquierda.

El movimiento democratizador que permitió impulsar las reformas que han abierto las puertas a la participación de la ciudadanía en la elección directa de sus autoridades, no responde a ningún otorgamiento o concesión del PRI a la oposición, por el contrario, desde sus inicios ha sido un proceso de pérdida de control para dicho partido.

Las reformas políticas, sobre todo la de 1996, impactaron de manera importante las estructuras gubernamentales y de representación de la Ciudad de México. Los cambios introducidos posibilitaron que el Jefe de Gobierno de la Ciudad sea electo por la ciudadanía, con lo que terminó la época de los Regentes nombrados por el Ejecutivo federal como una atribución exclusiva.

De forma paralela, a partir de 1993 se consolidó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como órgano de gobierno con facultades legislativas que dejaron de ser meramente reglamentarias pero, a pesar de lo anterior, se mantuvo como asunto pendiente el status de D. F. como el estado 32 de la República.

Tan pronto como iniciara el mandato de Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno que encabezara José Agustín Ortiz Pinchetti, se iniciaron de manera inmediata las gestiones con las fuerzas políticas representadas en la ALDF y el Congreso de la Unión, así como con el propio Ejecutivo Federal.

Las acciones estaba encaminadas a lograr la llamada Reforma Política y Jurídica del Distrito Federal, a fin de tenerla lista a finales del año 2002, para evitar que el proceso electoral del año 2003 afectara las negociaciones.

Los plazos se cumplieron y la iniciativa de reforma llegó a la Cámara de Senadores3 para su aprobación, lo que nunca sucedió por motivos meramente políticos.

En el año 2010, el entonces Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, decidió impulsar una reforma política para el Distrito Federal que, bajo la forma de Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, impulsó la creación de un estatuto constitucional dictado por la Asamblea Legislativa. Esta propuesta fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados e incluso fue respaldada por un grupo de senadores, sin embargo el proceso también se vio entorpecido por dilaciones injustificadas que cancelaron toda posibilidad de aprobación en la Cámara alta.

Como es evidente, la lucha por la transformación jurídica de la capital del país mediante una reforma política plena e incluyente no es un tema de moda o una mera ocurrencia, por el contrario, ha sido una lucha histórica impulsada desde hace más de treinta años.

Es por ello que no podemos dejar de ser vigilantes del cumplimiento pleno del Decreto mediante el cual se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma política de la Ciudad de México, publicado el día 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Mediante reformas a los artículos 41, 43, y 122, se reconoce el carácter soberano de la Ciudad de México, al señalar que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Ciudad de México, en lo que toca a su régimen interior; que se considera a la Ciudad como parte integrante de la Federación y se establece que es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa.

Sin embargo, la reforma política se encuentra lejos de ser perfecta o plenamente democrática, pues una de sus graves fallas reside en que el Constituyente será electo por la ciudadanía tan sólo en un 60 por ciento, dejando el resto a la imposición de las Cámaras del Congreso de la Unión, del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, e incluso del Presidente Enrique Peña Nieto.

Además, a diferencia de cualquier constituyente en nuestro país, el artículo transitorio séptimo, en su penúltimo párrafo, señala que es facultad exclusiva del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México elaborar y remitir el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, para su discusión y -en su caso-, modificación, adición y votación por la Asamblea Constituyente. Esto significa que el Constituyente en realidad será solamente una oficialía de partes que de trámite a la propuesta del Jefe de Gobierno y pueda modificar o adicionar un proyecto ya existente.

Para dar cumplimiento a este transitorio se ha convocado a un Grupo de Trabajo presidido por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien será suplido en sus ausencias por el Comisionado para la Reforma Política de la Ciudad de México. Dicho grupo deberá aportar, “desde su perspectiva y su experiencia, las propuestas, comentarios, observaciones y reflexiones que enriquezcan y confieran al proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México un carácter democrático, progresista, incluyente, ciudadano y plural.”4

Con este fin, integrantes de la Comisión Redactora han anunciado que retomarán los planteamientos de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad,5 que como ya hemos mencionado fue la propuesta de Marcelo Ebrard como base para la conformación de la Constitución del Distrito Federal.

Pero también deben ser retomados y protegidos los derechos sociales que se han garantizado en la Ciudad de México, y no debe desperdiciarse la oportunidad histórica que en otras constituciones no se ha garantizado, que es la salvaguarda plena de los derechos humanos en la capital del país.

Temas como la pensión universal para personas adultas mayores, la interrupción legal del embarazo, el matrimonio civil igualitario y el cambio de identidad jurídica para personas transgénero entre otros, no deben someterse a discusión, sino que deben garantizarse y fortalecerse en la nueva Constitución de la Ciudad de México.

De igual manera, es necesario implementar en el cuerpo constitucional temas de profunda relevancia, como la transparencia, la rendición de cuentas y la obligatoriedad de someter a consulta ciudadana los proyectos que impactan a la sociedad.

Debido a que esta Constitución por su nacimiento no garantiza la participación democrática plena de la ciudadanía, es necesario que los pocos espacios en los que pueden tener participación sean preservados y respetados, sin que se imponga ninguna agenda personal o partidista por encima del interés público que representan la ciudadanía.

Por ello, es importante que las reuniones y deliberaciones que realice el Grupo de Trabajo sean ampliamente difundidas, y que se garanticen los mecanismos para que quienes deseen participar y aportar propuestas a las mismas puedan hacerlo de manera oportuna. Será necesario que exista un procedimiento claro, transparente y público para la sistematización de las mismas.

Ante la relevancia que puede alcanzar esta Constitución de la Ciudad de México, no sólo para quienes habitamos la capital sino como estandarte de protección de derechos y libertades a nivel nacional, es necesario que existan verdaderos mecanismos de participación y apertura a la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil, a fin de garantizar el cumplimiento pleno de lo establecido por el transitorio séptimo del Decreto que mandata al Jefe de Gobierno a conocer las propuestas y opiniones de la ciudadanía y de las organizaciones políticas, civiles y sociales de la Ciudad de México, para la elaboración de una Constitución digna que empodere a la ciudadanía.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta:

Primero. Al jefe de Gobierno de la Ciudad de México y al comisionado para la Reforma Política del Distrito Federal, para que en cumplimiento del mandato constitucional para presentar el proyecto de Constitución de la Ciudad de México, maximicen la protección, promoción, respeto y garantía de los derechos humanos, de acuerdo a los más altos estándares internacionales, y de acuerdo a los principios contenidos en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. Al secretario técnico y al secretario ejecutivo del “Grupo de Trabajo que apoyará al jefe de Gobierno de la Ciudad de México en la elaboración del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México”, a que garanticen la mayor apertura en los mecanismos para participación de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil; asimismo, para que los trabajos se desarrollen con la máxima publicidad, y para que el procedimiento de sistematización de las propuestas se lleve a cabo de forma transparente, y que las opiniones ciudadanas y de las y los integrantes del grupo de trabajo sean incluidas en la redacción del proyecto de la Constitución de la Ciudad de México.

Notas

1 Peschard, Jacqueline (1997) “La reforma política del Distrito Federal después de 1994”, en Lucía Álvarez, Participación y democracia en la Ciudad de México. México: La Jornada /CIICH-UNAM, pp. 215-233.

2 Molinar, Juan y Gutiérrez, Arturo (1997) “Partidos políticos y cambio institucional en el DF”, en Lucía Álvarez, Participación y democracia en la Ciudad de México. México: La Jornada /CIICH-UNAM, pp. 195-214.

3 Adjunta al oficio número DGLP-58-II-3-573 de fecha 14 de diciembre de 2001

4 Acuerdo disponible en el enlace

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Ciuda d%20de%20Mexico/wo110305.pdf

5 Información disponible en el enlace http://www.sede-mx.com/2016/02/16/carta-de-la-cdmx-sera-base-para-la-co nstitucion/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de marzo de 2016.

Araceli Damián González (rúbrica)