Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, la Comisión Reguladora de Energía y la CFE a considerar la reclasificación de la tarifa de electricidad en Tierra Blanca, Veracruz, a cargo del diputado Antonio Tarek Abdala Saad, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Antonio Tarek Abdala Saad, diputado a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El municipio de Tierra Blanca, Veracruz, puede ser considerado uno de los municipios más calurosos del país, donde la temperatura podría llegar incluso a los 50 grados en temporada de verano.

Por esta razón, la demanda de energía eléctrica por los 101 mil 688 habitantes de este municipio a fin de enfrentar la onda de calor se incrementa al usar aparatos eléctricos esenciales para una vida saludable, durante horas enteras en sus hogares o lugares de trabajo, por lo que el precio del servicio resulta incosteable para la población.

Reconocemos los beneficios económicos que la reforma energética ha traído a la población mexicana en lo relacionado al costo de la energía eléctrica en los hogares mexicanos.

Muestra de ello es el acuerdo 015/2014, signado por el secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado Luis Videgaray Caso, por el que se establecen las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos.

En el acuerdo se especifican que las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos serán 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F y se detalla su aplicación y cuotas aplicables mensualmente.

Para efectos del presente punto de acuerdo se transcriben lo relacionado con la tarifa 1D y 1F.

Tarifa 1D

Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 31 grados centígrados

1. Aplicación

Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC, conectadas individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, en localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 31 grados centígrados como mínimo. Estos servicios sólo se suministrarán en baja tensión y no deberá aplicárseles ninguna otra tarifa de uso general.

Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de 31 grados centígrados, cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se disponga de la información correspondiente. Se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

2. Cuotas aplicables mensualmente

Se aplicarán los siguientes cargos por la energía consumida en función de la temporada del año:

2.1 Temporada de verano

Consumo básico: $0.711 por cada uno de los primeros 175 kilowatts-hora.

Consumo intermedio bajo: $0.839 por cada uno de los siguientes 225 kilowatts-hora.

Consumo intermedio alto: $1.071 por cada uno de los siguientes 200 kilowatts-hora.

Consumo excedente: $2.859 por cada kilowatt-hora adicional a los anteriores.

2.2 Temporada fuera de verano

Consumo básico: $0.809 por cada uno de los primeros 75 kilowatts-hora.

Consumo intermedio: $0.976 por cada uno de los siguientes 125 kilowatts-hora.

Consumo excedente: $2.859 por cada kilowatt-hora adicional a los anteriores.

3. Mínimo mensual

El equivalente a 25 kilowatts-hora.

4. Temporada de verano

El verano es el periodo que comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año, los cuales serán fijados por el suministrador, definido en la Ley de la Industria Eléctrica, de acuerdo con las citadas observaciones termométricas que expida la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tarifa 1F

Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 33 grados centígrados

1. Aplicación

Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC, conectadas individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, en localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 33 grados centígrados como mínimo. Estos servicios sólo se suministrarán en baja tensión y no deberá aplicárseles ninguna otra tarifa de uso general.

Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de 33 grados centígrados, cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se disponga de la información correspondiente. Se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

2. Cuotas aplicables mensualmente

Se aplicarán los siguientes cargos por la energía consumida en función de la temporada del año:

2.1 Temporada de verano

Consumo básico: $0.595 por cada uno de los primeros 300 kilowatts-hora.

Consumo intermedio bajo: $0.741 por cada uno de los siguientes 900 kilowatts-hora.

Consumo intermedio alto: $1.804 por cada uno de los siguientes 1,300 kilowatts-hora.

Consumo excedente: $2.859 por cada kilowatt-hora adicional a los anteriores.

2.2 Temporada fuera de verano

Consumo básico: $0.809 por cada uno de los primeros 75 kilowatts-hora.

Consumo intermedio: $0.976 por cada uno de los siguientes 125 kilowatts-hora.

Consumo excedente: $2.859 por cada kilowatt-hora adicional a los anteriores.

3. Mínimo mensual

El equivalente a 25 kilowatts-hora.

4. Temporada de verano

El verano es el periodo que comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año, los cuales serán fijados por el suministrador, definido en la Ley de la Industria Eléctrica, de acuerdo con las citadas observaciones termométricas que expida la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Actualmente para el municipio de Tierra Blanca aplica la tarifa 1D, como se desprende de la lectura de esta tarifa se aplica el criterio Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 31 grados centígrados, es decir, es un criterio que no aplica para la región en donde se encuentra el municipio de Tierra Blanca.

Como lo hemos explicado, a lo largo del año y en especial en temporada de verano la temperatura mínima en el municipio de Tierra Blanca, oscila entre los 33 y 34 grados centígrados alcanzando incluso los 50 grados centígrados.

En respuesta a la demanda de la población de esta localidad es que proponemos que se reclasifique la tarifa 1D que actualmente se aplica en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, a la tarifa 1 F, en razón de que como se desprende la lectura de su característica, es una tarifa que se aplica al Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 33 grados centígrados, y con ello que la población goce de los beneficios de las cuotas aplicables a esta tarifa en temporada de verano.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Puntos de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, a considerar la reclasificación de la tarifa eléctrica que se aplica en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, a efecto de asignarle la tarifa 1F, correspondiente a localidades con temperatura media mínima en verano de 33 grados centígrados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2016.

Diputado Antonio Tarek Abdala Saad (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía a implantar campañas para incrementar el consumo de leche líquida de origen mexicano, a cargo del diputado Gerardo Federico Salas Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Gerardo Federico Salas Díaz, diputado federal integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 6 fracción I, 79, numeral 2 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Economía para que implementen campañas efectivas de consumo de la leche líquida de origen mexicano para incrementar el consumo por habitante y con ello coadyuvar a mejorar la nutrición de la población y apoyar a productores nacionales afectados por la crisis actual del sector. Bajo las siguientes:

Consideraciones

La leche es uno de los alimentos más antiguos que conoce la humanidad y aunque desde hace siglos está comprobado que es buena para los huesos e insustituible para el crecimiento de un niño, es un alimento muy completo para todos, ya que cuenta con nutrimentos básicos por contener proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales.

De acuerdo con los datos proporcionados por la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (Canilec), los nutrimientos que se encuentran en un vaso de leche son:

• Calcio: Ayuda a construir y mantener huesos y dientes fuertes. Este mineral también juega un papel importante en la función nerviosa, concentración muscular y coagulación de la sangre

• Potasio: Regula el balance de líquidos del cuerpo y mantiene la presión sanguínea normal. También es necesario para la actividad y contracción muscular.

• Fosforo: Ayuda a fortalecer los huesos y a generar energía en las células del cuerpo.

• Proteína: construye y repara el tejido muscular, fuente de energía durante el ejercicio.

• Vitamina A: (Retinol) Ayuda a mantener piel y vista saludables. Regula el crecimiento celular y ayuda a mantener la integridad del sistema inmune.

• Vitamina B2: (Riboflavina) Ayuda a convertir los alimentos en energía, un proceso crucial para el ejercicio de los músculos.

• Vitamina B3 (Niacina) importante para la formación normal de la mayoría de las enzimas en el cuerpo, apoya el metabolismo de los azucares y grasas.

• Vitamina B12 (cubalamina o cianocobalamina): ayuda a mantener las células nerviosas y glóbulos rojos saludables y es necesaria para formar el ADN

• Vitamina D (calcitrol): Ayuda al desarrollo de huesos y dientes saludables. Ayuda también a mantener niveles sanguíneos adecuados de calcio y fósforo, producción de insulina, regula la presión arterial, el desarrollo neuronal y la respuesta inmune.

Pero en la actualidad, hay gente que todavía no conoce todo lo bueno que la leche ofrece, por esta razón en 1993 una agencia de publicidad estadounidense realiza una de las mayores campañas publicitarias para promover el consumo de leche de vaca bajo el nombre de Got Milk (en español, ¿Tienes Leche?).

A partir de entonces, cientos de celebridades posaron con un “bigote de leche” lo que consiguió recuperar las ventas en Estados Unidos tras una depresión del sector lechero de 20 años. Esta campaña fue imitada en el 2004 en Chile y posteriormente en otros países latinoamericanos.

“Make mine Milk”, es otro caso de éxito, se trata de una campaña inglesa que, como el resto, utiliza celebridades para llegar a toda la sociedad, el objetivo: La leche es una opción saludable para todos los miembros de la familia1 .

Asimismo, los países de la Unión Europea recientemente han lanzado una importante campaña para promocionar sus beneficios nutricionales bajo el lema “La leche, una fuerza de la naturaleza” (Milk, a forcé of nature), La campaña incluye promociones en televisión y publicidad en revistas, entre otros medios.

Este Foro Europeo de la Leche es una organización sin ánimo de lucro que desempeña un papel vital en la conducción del desarrollo estratégico, la gestión y el intercambio de iniciativas integradas de información sobre la leche y los productos lácteos en toda Europa. La entidad fue creada en 2011 especialmente con la misión de difundir todo lo referido a los lácteos, promocionar su consumo y crear un verdadero diálogo con las principales partes interesadas. En la actualidad cuenta con siete estados miembros: Austria, Bélgica, Francia, Dinamarca, Irlanda, Países Bajos e Irlanda del Norte2 .

Todas estas iniciativas tienen como fin apoyar la producción y fortalecer la cadena productiva del sector de la leche en estos países y llevar a cabo todas las acciones de concientización sobre lo que realmente aporta la leche al cuerpo.

En México y de acuerdo a datos que proporciona la Canilec, el consumo per cápita de leche es de 340 ml. Cifra menor a la recomendada por la FAO (Food and Agriculture Organization) de 500 ml y según cifras de la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa), se cuenta con un consumo per cápita anual de leche de 106.6 litros, muy por debajo de países como Uruguay y Argentina, que registran alrededor de 234 litros por habitante, por lo que es necesario intensificar las campañas de consumo lácteo.

Hoy en día, los problemas de bajos precios de compra, rezago en la producción, masiva importación de fórmulas lácteas y falta de voluntad de parte del Gobierno Federal, tienen al borde de la quiebra a más de 250 mil productores pequeños y medianos en México.

Miles de vacas se han sacrificado a raíz de esta crisis que enfrenta el sector, esto como resultado del bajo precio al productor y porque no hay autoridad que enfrente la situación, ponga un alto y sancione a quienes violen las débiles normas existentes. Como consecuencia, estos pequeños y medianos productores, hoy se debaten en la disyuntiva de abandonar la actividad, emigrar a las ciudades o irse de “mojados” al vecino país del norte.

Aunado a esto, las grandes cadenas de tiendas de autoservicio han contribuido con los grandes industriales de la leche en una competencia desleal a los productores de leche auténtica; los industriales al producir fórmulas lácteas y los autoservicios a venderlas a los consumidores como si se tratara de leche genuina a un precio similar e incluso menor. Existe un gran fraude a los consumidores con los sustitutos de leche vendidos como tal en las cadenas comerciales.

Asimismo requiere de alternativas que permitan disminuir costos de producción y convertir al país en un sector más competitivo, llevar a cabo programas innovadores en cuanto a compras consolidadas. Es necesario evitar competencia desleal, pues cotidianamente los productores de leche en nuestro país están compitiendo con algunos productos que no tienen nada que ver con la leche, pero que se promocionan como tal.

Por tal motivo la Secretaria de Economía debe ordenar el mercado de la leche y conjuntamente con la Sagarpa y la Secretaría de Salud promover el sano consumo de dicho alimento entre la población de todas las edades, llevar a cabo campañas con éxito como las descritas anteriormente.

Hay que recordar que la leche ocupa un lugar prominente en la pirámide alimentaria, en el esquema de los cinco grupos de alimentos que forman la base de una dieta saludable y en particular, en la prevención de diversas enfermedades como la obesidad, la diabetes tipo 2 y la hipertensión, la osteoporosis, gastritis, entre otras.

El Estado mexicano no debe permitir productos análogos o sustitutos de leche y que por su contenido han propiciado un aumento en la obesidad sobre todo infantil y que nutrimentalmente no van a tener el aporte de un vaso 100% de leche. El consumo de la gente se está desviando hacia este tipo de productos, perdiendo la esencia y el sabor de la verdadera leche; de ahí la importancia de realizar campañas publicitarias dirigidas para todo tipo de público consumidor sobre las bondades de la leche.

Debemos fortalecer la estructura de nuestra ganadería lechera nacional y al mismo tiempo promover el consumo responsable e informado de la leche entre la población, generar un círculo virtuoso en donde se logre un respiro de aire fresco para nuestros productores nacionales de la leche y se solucione en buena medida los graves problemas de desnutrición y obesidad en nuestro país por no consumir leche.

Por lo anteriormente descrito, someto a esta soberanía el presente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, a la Secretaría de Salud y a la Secretaria de Economía para que implementen campañas efectivas de consumo de la leche líquida de origen mexicano para incrementar el consumo por habitante y con ello coadyuvar a mejorar la nutrición de la población y apoyar a productores nacionales afectados por la crisis actual del sector.

Notas

1 Más información sobre su campaña: www.makeminemilk.co.uk

2 Más información sobre la campaña: www.milknutritiousbynature.eu

Cámara de Diputados, a 10 de marzo de 2016.

Diputado Gerardo Federico Salas Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a implantar con sus homólogas locales un programa de deschatarrización en todas las escuelas públicas para liberarlas de mobiliario en desuso, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Considerandos

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 3° el derecho a la educación, asimismo, sus párrafos segundo y tercero señalan que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y que esa educación debe estar garantizada por el Estado, debiendo impartirse con calidad, con materiales, métodos educativos e infraestructura educativa adecuada para el desarrollo máximo de aprendizaje de los educandos.

2. El 26 de septiembre del 2013 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía llevó a cabo el primer Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, el cual reflejó un total de 232 mil 648 planteles de educación básica y especial con un número total de alumnos de 26 millones 283 mil 775; de las cuáles, según la encuesta, 152 mil 863 cuentan con bardeado o cerco completo y 18 mil 391 carecen del mismo. Del total de centros escolares, 127 mil 871 son públicos, 20 mil 86 privados y el resto son del Consejo Nacional de Fomento Educativo; de ellas, 80 por ciento de las públicas cuenta con techos de cemento y 17.2 de lámina, asbesto o cartón; asimismo, cerca de 9 por ciento de las públicas carecen de sanitarios y 5 por ciento no tiene energía eléctrica; más de 94 mil escuelas públicas tienen acceso a la red pública de agua, 4 mil 803 reciben el líquido por medio de pipas, 13 mil 676 por pozos o norias, 7 mil 45 deben acarrear y 2 mil 773 carece de este recurso.

3. Para garantizar una estancia placentera en el entorno escolar, intervienen muchos factores entre ellos el ambiente escolar físico, conformado por los materiales y la infraestructura, éstos son en sí mismos una fuente rica de información para las niñas, niños y adolescentes, puesto que influyen en su aprendizaje y desarrollo integral, constituyen un insumo básico para los procesos educativos y su ausencia, insuficiencia o inadecuación pueden significar desafíos adicionales a las tareas docentes.

De este modo, las características de la infraestructura se transforman en oportunidades para el aprendizaje y la enseñanza; por lo que es imprescindible que todas las escuelas públicas tengan características que permitan garantizar su bienestar y facilitar la realización de los procesos de aprendizaje y enseñanza.

4. El deterioro de la infraestructura y del mobiliario escolar, la precariedad de los servicios básicos, la carencia de áreas verdes y los patios pequeños para los recreos e, incluso, la falta de higiene en las instalaciones sanitarias son factores que afectan el aprendizaje de los alumnos de primarias y secundarias públicas del país, revela el Informe nacional sobre violencia de género en educación básica en México , elaborado por la Secretaría de Educación Pública conjuntamente con el Fondo de Naciones Unidas para la Niñez.

5. Contrario al texto Constitucional, un sinnúmero de escuelas públicas en el país sufren carencias y deterioro en su infraestructura y mobiliario; el material en desuso constituye un verdadero problema, ya que por años se han ido acumulando en los patios, que deberían ser de recreo, pupitres, escritorios, archiveros, etcétera, todos materiales de desecho.

Han existido esfuerzos aislados, aunque exitosos, éstos han estado desarticulados del resto de las escuelas del país; sin embargo es urgente que en todo el país se lleve a cabo un Programa de deschatarrización en todas las escuelas públicas.

Por ejemplo, en el año 2004 en la Ciudad de México la Secretaría de Educación Pública y el Museo Papalote Museo del Niño, implementaron el Programa Desalojo de Bienes en Desuso en Escuelas Básica y Normal del Distrito Federal, que tenían el propósito de vaciar bodegas o salones ocupados por mobiliario inservible; el material de desecho fue vendido por el Museo del niño, con lo cual aportó a escuelas públicas entradas gratuitas al Museo; asimismo, en octubre del 2015 la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, puso en marcha el Programa de Recolección y Acopio de Bienes Muebles en Desuso mediante el proyecto “Limpia tu Escuela”, el cual tiene como objetivo actualizar la Tarjeta de Control Global de todos los centros educativos públicos del nivel de Educación Básica. Y en octubre de 2014 la delegación Tlalpan en la Ciudad de México puso en marcha la primera etapa del programa piloto de deschatarrización en escuelas públicas de nivel básico con el retiro de casi 12 toneladas de mobiliario y material de desecho de la Escuela Secundaria Técnica 40 “Virgilio Camacho Paniagua”, liberándose más de 100 metros cuadrados del patio de la escuela.

6. Dentro de las mayoría de las escuelas públicas existe mobiliario arrumbado, almacenado; el cual ha sido sustituido por nuevo, la acumulación de estos enseres representa un riesgo permanente para la salud de los estudiantes, ya que en algunos casos se ha convertido en un nido de diversas especies nocivas, cuando en esos espacios pudiesen realizar los estudiantes actividades deportivas, artísticas, lúdicas, etcétera que mejoren sus capacidades físicas o su desarrollo personal.

Asimismo, por cuestiones de prevención de accidentes y riesgos, es imprescindible liberar a todas las escuelas del material en desuso, ya que los especialistas en Protección Civil han alertado del riesgo que el mobiliario chatarra representa para las niñas, niños y adolescentes.

7. Por lo anterior, a través de la presente proposición se urge a crear un Programa gubernamental eficiente que atienda la deschatarrización en instituciones de educación pública, en beneficio del mejoramiento de las condiciones de educación, seguridad e higiene de todas las y los estudiantes.

Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente Proposición con punto de

Acuerdo

Único . El Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a implementar conjuntamente, con las Secretarías de Educación de todos los estados de la República Mexicana, un programa de deschatarrización en todas las escuelas públicas del país, que libere a todos los planteles de mobiliario en desuso.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 10 días de marzo de 2016.

Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Salud, de Protección Civil, y de Obras y Servicios de la Ciudad de México, así como a la Conagua, a generar un plan de rescate integral de las barrancas en Álvaro Obregón, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Conforme a los datos de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), en dicha entidad existen 99 sistemas de barrancas distribuidas en 15 microcuencas, ubicadas principalmente en las delegaciones: Álvaro Obregón, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa de Morelos1 .

El artículo 5o. de la Ley Ambiental del Distrito Federal, establece el concepto “Barrancas”, el cual se entiende como la “depresión geográfica que por sus condiciones topográficas y geológicas se presentan como hendiduras y sirven de refugio de vida silvestre, de cauce de los escurrimientos naturales de ríos, riachuelos y precipitaciones pluviales, que constituyen zonas importantes del ciclo hidrológico y biogeoquímico”.

En el caso especifico de la delegación Álvaro Obregón, se cuenta con una importante red pluvial formada por sus barrancas y cañadas, favorecida por las abundantes precipitaciones que se producen en la parte alta de las montañas y por la constitución del pie de monte que es fácilmente cortado por los ríos. El gran número de escurrimientos que provienen de la Sierra de las Cruces y de una erosión remontante que se inicia en la ribera lacustre, han originado el sistema hidrológico actual, consistente en ocho subcuencas fluviales correspondientes a los ríos Tacubaya, Becerra, Mixcoac, Tarango, Tequilazco, Tetelpan, Texcalatlaco y Magdalena, entre las cuales se destacan2 :

• El río Mixcoac se ubica en la porción central de la delegación, tiene una longitud de 7 kilómetros (km) y una superficie de 37 kilómetros cuadrados (km2); con una densidad aproximada de 2.5 km de cauce por km2. Nace en los límites con el estado de México, en las laderas del Cerro de San Miguel; limita al oeste con la Cuenca del río Borracho (afluente del río Hondo) y la Barranca de Becerra; al este con las barrancas de Guadalupe y Tarango. Corre hacia el norte hasta casi llegar al convento del Desierto de los Leones, donde tuerce al noreste. Está alimentado por varios manantiales y su afluente principal es la Barranca del Muerto. En Xoco se une al río Magdalena para formar el río Churubusco. Sobre este río se construyó la presa y la primera represa Mixcoac.

• El río Tequilazco nace en las laderas del cerro Pahueyxiotl, limita al noroeste con la cuenca del río Mixcoac y al oriente con la del Texcalatlaco; sigue su rumbo hacia el noreste donde se une al río Magdalena, a la altura de los Viveros de Coyoacán. Su longitud es de 15 km; capta algunos manantiales como los de San Bartolo Ameyalco y los escurrimientos de Lomas de Axomiatla, Lomas de Guadalupe y Las Águilas. Sobre este río se construyeron las presas Tequilazco y La Mina, en donde se conecta el colector del río San Ángel.

• El río Tetelpan nace en la unión de las calzadas del Desierto de los Leones y Olivar de los Padres, capta los escurrimientos de Tetelpan y el Olivar de los Padres, en donde se construyó la presa Olivar. El río Texcalatlaco nace en las laderas del cerro Campamentos y está limitado al sureste por las barrancas de Anzaldo y al norte y poniente por las barrancas Guadalupe y Tetelpan. Su dirección es al noreste y se une al río Magdalena. En su cauce se construyó la Presa Texcalatlaco.

• El río Magdalena nace en la base del Cerro de la Palma y está limitado al sureste por la cuenca del río Eslava y al noreste por las cabeceras de los ríos Mixcoac, Barranca de Guadalupe y San Ángel. Sigue una dirección hacia el noreste; tiene varios afluentes como el río Eslava y la Barranca de la Providencia o Tequilazco. Se une al río Mixcoac y forman el río Churubusco, el cual desagua en el lago de Texcoco. Además de la precipitación hay varios manantiales que lo alimentan, como el Hueyatla, Ventanas, La Rosa y Pericos. Su longitud es de aproximadamente 22 km; sobre el río se construyó la Presa de Anzaldo y a lo largo de éste corre el lindero de las delegaciones Álvaro Obregón y Magdalena Contreras.

De lo anterior, se desprende que Álvaro Obregón se constituye como la delegación que más barrancas posee, como consecuencia de su extensión territorial de 7 mil 720 hectáreas, equivalente a 6.28 por ciento de la Ciudad de México, situación que la convierte en la quinta demarcación más grande de dicha entidad.

A pesar de este hecho, las barrancas se encuentran en un inminente peligro, principalmente por la presencia de asentamientos humanos irregulares, por las pronunciadas inclinaciones que presentan las laderas, la constante humedad del lugar que ocasiona el resquebrajamiento del suelo, la formación de cárcavas y el deslizamiento del suelo que arrastra tanto cimentaciones precarias hechas de costales con arena o tierra, piedra braza y madera principalmente, hasta las cimentaciones fuertemente consolidadas hechas con materiales como concreto y acero.

De acuerdo con el Informe Ocupación Irregular y Riesgo Socioambiental en Barrancas de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal ”3 , la influencia de nuevas o más densas zonas urbanizadas circundantes al Suelo de Conservación (barrancas), ejercen también una fuerte presión. Estas zonas conllevan una excesiva extensión espacial de infraestructura y equipamiento urbano, con altos costos y finalmente ineficiencias en el funcionamiento de la ciudad; intensificando las presiones en la zona perimetral entre el Suelo Urbano y el Suelo de Conservación. Una situación similar ocurre con la expansión y densificación de los poblados rurales, actualmente en la Ciudad de México existen 36 poblados rurales en las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco y la mayor parte de ellos se ubican a menos de 10 km del límite con el área urbana (GDF-SMA, 1999) y en ellos habitan aproximadamente 534 mil 959 personas, con alrededor de 121 mil 490 viviendas (PAOT, 2010).

De igual forma, el Informe nos señala que las estrategias utilizadas para regular el crecimiento de los poblados rurales ubicados dentro del suelo de conservación, como son los programas parciales de desarrollo urbano, han visto sobrepasados sus límites, dadas las dificultades económicas y físicas para extender la infraestructura de servicios básicos urbanos, estas poblaciones presentan bajas coberturas de drenaje y agua potable.

Asimismo, resalta que los usos a los que están siendo sujetas las barrancas deterioran los atributos ecológicos de estas áreas, ya que casi todos los asentamientos se expanden usando el proceso de ocupación irregular de tipo “hormiga” intensificando así el desdoblamiento hacia las colonias cercanas, ocupando grandes superficies y dañando el ecosistema al eliminar la cobertura vegetal y cambiar el uso del suelo, lo cual conlleva a la erosión y pérdida del suelo afectando los servicios ambientales de estas zonas.

Bajo este mismo orden de ideas, el informe precisa una serie de aspectos que se han ido generando, y son motivo de que las barrancas se vean afectadas, destacando:

• La descarga de aguas residuales;

• La conformación de tiraderos clandestinos de residuos de la construcción (cascajo), lo que origina la compactación del suelo, impidiendo con esto la infiltración del agua pluvial y el desarrollo de la vegetación del lugar, actividades que en su conjunto ocasionan grandes afectaciones en la estructura funcional de las Barrancas; y

• La acumulación clandestina de cascajo y otros residuos sólidos que sirven como material de relleno para prácticas de terraceo y nivelación del terreno para fines de construcción y desarrollo inmobiliario, ocupando y degradando importantes superficies de las barrancas.

Igualmente, se tiene que considerar que las barrancas localizadas en la demarcación Álvaro Obregón con el paso de los años y bajo las condiciones de descuido en las que se han mantenido por parte de la autoridad y de la población, ha generado condiciones de riesgo, por ejemplo deslaves y derrumbes en colonias como Las Águilas, La Araña, Ave Real, Barrio Norte, Dos Ríos, Garcimarrero, Jalalpa, La Joyita, Lomas de Chamontoya, Lomas de la Era, Tepeaca, Tlacoyaque, Puente Colorado, Olivar del Conde, El Mirador, Ocotillos, Lomas de Capula y Tlacuitlalpa4 .

Es importante señalar que el gobierno de la Ciudad de México cuenta con diversos programas y medidas para la conservación y rescate de las barrancas que se encuentran en su demarcación territorial, los cuales de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente local tienen los siguientes objetivos5 :

• Protección de ecosistemas;

• Conservación, sin promover el cambio de uso de suelo;

• Restauración del valor ambiental;

• Aprovechamiento bajo un criterio sustentable y socialmente útil; y

• Participación ciudadana en el proceso de generación del programa de manejo.

Ejemplo de lo anterior, lo podemos observar en el Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos para la elaboración de programas de manejo de las áreas de valor ambiental del Distrito Federal, con categoría de barranca, publicado el 27 de noviembre de 2012 en la Gaceta de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el cual señala como su objetivo que los presentes lineamientos están enfocados a establecer directrices aplicables a los “Programas de Manejo para asegurar una adecuada regulación de conservación y preservación de los recursos naturales y beneficios ambientales que ofrecen las áreas de valor ambiental, bajo la categoría de barrancas, y con ello garantizar el derecho de los ciudadanos del Distrito Federal a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”.

Sin embargo, dichas acciones no han sido suficientes para contrarrestar los daños que se han generado y se están generando en las barrancas de Álvaro Obregón, así como reducir los riesgos para la población que habita en las zonas de riesgo localizadas en dichas zonas.

Es por esto que resulta necesario se lleven a cabo por parte de las Secretarías de Salud, de Protección Civil y, de Obras de la Ciudad de México, así como por parte de la Comisión Nacional de Aguas para que de forma coordinada, y con base en sus atribuciones, formulen un plan de rescate integral de las barrancas localizadas en la delegación Álvaro Obregón, así como campañas de información sobre los inminentes riesgos que se generan por factores naturales y de contaminación, así como por el establecimiento de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo.

Es importante que las barrancas se conserven y protejan a través de las más estrictas y planificadas acciones por parte de las autoridades. Sin embargo, también resulta importante que la sociedad participe en este fin, ya que, como se ha señalado líneas arriba, las barrancas sirven de refugio de vida silvestre, de cauce de los escurrimientos naturales de ríos, riachuelos y precipitaciones pluviales, que constituyen zonas importantes del ciclo hidrológico y biogeoquímico. Situación que contribuye al fortalecimiento de la red fluvial de la Ciudad de México.

Lo anterior, se puede lograr si se aplican acciones como:

• La intervención de especialistas en las áreas de recursos naturales, geociencias y ciencias sociales en la realización de trabajos interdisciplinarios para garantizar que los proyectos de rescate de las barrancas se lleven a cabo en forma armónica con la población.

• Considerar como prioritarios los programas para crear una conciencia que ayude a visualizar escenarios futuros en la comunidad.

• Llevar a cabo un levantamiento integral de los requerimientos de cada tramo de las barrancas para darles un tratamiento específico.

Por lo aquí expuesto y fundado, someto a consideración de este pleno la presente proposición con

Puntos e Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Protección Civil y a la Secretaría de Obras y Servicios del gobierno de la Ciudad de México, así como a la Comisión Nacional del Agua para que, en el ámbito de sus atribuciones, generen un plan de rescate integral de las barrancas en la delegación Álvaro Obregón, en el cual se considere un levantamiento integral de los requerimientos de cada tramo de las barrancas para darles un tratamiento específico.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Protección Civil y a la Secretaría de Obras y Servicios, del gobierno de la Ciudad de México, para que en el ámbito de su competencia y de forma coordinada formulen campañas de información sobre la importancia del cuidado de las barrancas y los inminentes riesgos que se generan por factores naturales y de contaminación, así como por el establecimiento de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo.

Notas

1 Nuestras Fuentes de Agua, las Barrancas y el Agua, SEDEMA, http://cuidarelagua.df.gob.mx/barrancas.html#.VtiDGvl97IW, consultado el 03 de marzo de 2016.

2 Hidrología de la Delegación Álvaro Obregón, Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, A. C., http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_content&id=4357:hid rologia-de-la-delegacion-alvaro-obregon&Itemid=110, consultado el 03 de marzo de 2016.

3 Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del DF, http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/estudios/EOT-05-2010.pdf, consultado el 03 de marzo de 2016.

4 Zonas de riesgo y Vulnerabilidad Ambiental en Barrancas de la Delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal, Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del DF, http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/estudios/EOT-06-2010.pdf, consultado el 03 de marzo de 2016.

5 Barrancas, Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/temas-ambientales/barranca s, consultado el 03 de marzo de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Gálico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet, Eduardo Francisco Zenteno Núñez.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a atender por la SEP la falta de infraestructura para niños con discapacidad en las escuelas públicas del país, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, Delfina Gómez Álvarez, Patricia Elena Aceves Pastrana, Ariadna Montiel Reyes, Sandra Luz Falcón Venegas, Jorge Tello López, Alicia Barrientos Pantoja, Modesta Fuentes Alonso, María Antonia Cárdenas Mariscal, Mariana Trejo Flores y Mario Ariel Juárez Rodríguez, diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, nos permitimos presentar a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial (BM) han señalado que la inclusión de personas con discapacidad en la educación es muy importante, entre otras razones, porque ante la menor solvencia económica de las personas con discapacidad con relación a aquellos que no la tienen, esta brecha puede ser reducida por medio del acceso a la educación. Sin embargo, no será posible alcanzar las metas de la Educación para Todos o de Enseñanza Primaria Universal, planteadas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, si no se asegura el acceso a la educación de niños y niñas con discapacidad.

El método de la educación inclusiva es un modelo pedagógico el cual responde a una serie de valores y principios, las cuales están orientadas al logro de una educación eficaz y de calidad para todos los alumnos en relación a su diversidad, sus necesidades y por último, sus condiciones de aprendizaje.

Esta inclusión debe comprender las necesidades de todos los estudiantes, sean de minorías étnicas o culturales, así como personas con discapacidad. De esta manera, se pretende que todas las personas puedan llegar a gozar de la educación sin discriminación.

Así pues, más que un deber, es una obligación que tanto las instituciones públicas o privadas, realicen sus acciones y tomen decisiones teniendo en cuenta a todas las personas en la sociedad, de manera que podamos construir una sociedad más justa y con las mismas condiciones y oportunidades para todos los miembros.

En materia educativa, sólo para ilustrarnos, México ocupa el lugar 102 de 124 en calidad de la educación, según el Foro Económico Mundial, en educación básica e infraestructura, sólo 10 por ciento de las 152 mil escuelas cuentan con certificado de calidad, 20 por ciento del total de los planteles no cuentan con agua potable y cerca de 4 mil planteles educativos no cuentan con energía eléctrica. 36 por ciento de las escuelas carece de drenaje, 10 por ciento de las escuelas no cuentan con mobiliario adecuado para alumnos y profesores. 59 por ciento de las escuelas carece de salidas de emergencia. 54 por ciento de los planteles carecen de zonas de seguridad para eventualidades.

En México del total de escuelas de educación básica públicas y privadas en el país, sólo 24 por ciento cuenta con infraestructura en rampas para personas con discapacidad y sólo 10 por ciento tiene instalaciones sanitarias habilitadas para este sector de la población1 .

Los resultados del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (Cemabe) revelan que 96 mil 130 centros educativos carecen de rampas para sillas de ruedas o personas en muletas, mientras que 102 mil 548 no disponen de adecuaciones en los sanitarios para estas personas.

Los estados de Veracruz, México, Puebla, Jalisco, Guanajuato, Guerrero y Oaxaca encabezan la lista de las entidades con menos instalaciones adecuadas para las personas con discapacidad, sobre todo aquellas con problemas para caminar.

En abril del año pasado se dio a conocer que padres de familia de Zacatecas y la organización Red de Padres con Hijos con Discapacidad en Campeche denunciaron ante los medios de comunicación locales que si bien la infraestructura escolar ya tiene muchos años, los planteles tienen la obligación de implementar las medidas necesarias para hacer la escuela más accesible.

Las carencias de infraestructura especial impide que los 565 mil niños que presentan algún problema físico o mental acudan a la escuela, lo que se traduce en que sólo 39 por ciento de los menores –alrededor de 73 mil– lo hagan, según reportó el Plan Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, publicado en marzo pasado.

De acuerdo con el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conadis), una de las razones por la que los niños de este sector no concluyen sus estudios, es precisamente la falta de accesibilidad en los planteles, a pesar de que deben contar con la infraestructura necesaria, como lo establece la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

La legislación en la materia indica que todos los edificios públicos deben contar con rampas de acceso, sanitarios acondicionados para personas en sillas de ruedas, señalamientos en lenguaje Braille para débiles visuales y cualquier otro equipamiento que se requiera en el inmueble.

De esta manera, la falta de infraestructura en las escuelas, aunado a los pocos materiales educativos y la falta de preparación de los docentes para atender a esta población, “los coloca con el peor nivel escolar, junto con el sector indígena”, así lo mencionó Aarón Flores, exfuncionario del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad en una entrevista previa.

En este contexto, datos del plan nacional indican que 45 por ciento de los 7.7 millones de mexicanos que presenta alguna discapacidad tiene, en promedio, tres años de primaria únicamente, mientras que 20 por ciento llegó a la secundaria y a la preparatoria, pero sólo 5 por ciento pudo acceder a la educación superior.

A su vez, los bajos niveles de educación se reflejan en la situación económica de estas personas. Asimismo, estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), señalan que alrededor de 2.9 millones de personas con discapacidad están en situación de pobreza, debido a que no cuentan con un empleo fijo y generalmente dependen de sus familias para subsistir.

Por lo anterior sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Educación Pública, atienda la falta de infraestructura para niñas y niños discapacitados en todas las escuelas públicas del país.

Nota

1 Obtenido de http://www.24-horas.mx/escuelas-inaccesibles-para-ninos-con-discapacida d/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2016.

Diputados: Delfina Gómez Álvarez (rúbrica), Patricia Elena Aceves Pastrana (rúbrica), Ariadna Montiel Reyes (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Jorge Tello López, Alicia Barrientos Pantoja (rúbrica), Modesta Fuentes Alonso (rúbrica), María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Jalisco a instalar el Consejo para el Desarrollo Metropolitano de la Zona Metropolitana de Ocotlán, a cargo del diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito Salvador Zamora Zamora, diputado integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Jalisco para que informe sobre la instalación del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de la zona metropolitana de Ocotlán, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Desde el año 2000 en la clasificación y número de zonas metropolitanas se reconoció como zona metropolitana a la de Ocotlán Jalisco, Zona Metropolitana que se encuentra constituida, según el grupo interinstitucional en su último informe de 2010, por los municipios de Ocotlán y Poncitlán.

2. En el año 2004 el grupo interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas, conformado por la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Población y el entonces Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, publicaron de la delimitación de las zonas metropolitanas en México, mediante la cual se reconoce la existencia de la zona metropolitana de Ocotlán, en el estado de Jalisco.

3. Fue a partir del ejercicio fiscal de 2006 que el Gobierno Federal, determinó la creación de un Fondo Metropolitano, que tiene como objetivo la realización de los estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento, orientados a promover:

a. La adecuada planeación del desarrollo regional, metropolitano y urbano; el transporte público y la movilidad no motorizada; así como del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica;

b. La sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas; así como coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica; o

c. La consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas.

Deberán estar relacionados directamente o ser resultado de la planeación del desarrollo regional, metropolitano y urbano, así como de los demás programas de ordenamiento de los asentamientos humanos en el territorio y los programas ya establecidos para la movilidad no motorizada; por lo que guardarán congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Infraestructura, el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano, así como con los programas en materia de desarrollo regional, metropolitano y urbano correspondientes; además de estar alineados con los planes estatales y municipales de desarrollo urbano comprendidos en la respectiva zona metropolitana.

4. No obstante, de estar reconocida la zona metropolitana de Ocotlán en Jalisco desde el año 2000 y contar con el reconocimiento del grupo interinstitucional desde el 2004, fue hasta el año 2011 que el gobierno federal otorgó recursos al Fondo Metropolitano de la Zona de Ocotlán por una cantidad de 23.1 millones de pesos, recursos que se han venido entregado hasta el presente ejercicio fiscal por un monto de 34.6 millones de pesos.

5. Del ejercicio fiscal del 2014 el observatorio del gasto, reporta que los fondos de ese año fueron utilizados para la rehabilitación de la avenida 20 de noviembre segunda etapa desde el puente sobre el río Zula, hasta la calle del CBTIS (laterales), en el municipio de Ocotlán con un costo de 23,164,000.00, y para la Construcción de Ciclovía e Imagen Urbana sobre Av. Francisco Zarco, desde entrada a Ocotlán hasta Centro Universitario Ciénega, 1a. Etapa, en el municipio de Ocotlán con un valor de 10,376,513.00.

6. Para 2015 el fondo destinado para la zona metropolitana de Ocotlán se utilizó para la construcción del Centro Cultural Metropolitano, primera etapa, en el municipio de Poncitlán, con una inversión de 17,340,446.00, asimismo los restantes 17,340,445.00 se utilizaron para la construcción del Circuito Vial Metropolitano “Libertad” en la Zona sur oriente de la cabecera municipal, en el municipio de Jamay, no obstante que esta última obra no fue ejecutada dentro de los municipios señalados por el grupo interinstitucional que conforman la zona metropolitana de Ocotlán.

7. A la fecha no se tiene evidencia documental que nos permita como Órgano Legislativo la determinación del cumplimiento de la Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, ya que no se cuenta con los informes que de conformidad al numeral 29 inciso h, de las propias reglas, deba remitir a este H. Congreso de la Unión, el Ejecutivo del Estado de Jalisco.

Considerandos

Primero. Que el 27 de noviembre de 2015, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de Federación para el Ejercicio Fiscal 2016.

Segundo. Que el artículo 12 del citado decreto especifica, entre otras cosas, que:

“Artículo 12. Los recursos federales que se asignan en este Presupuesto de Egresos para el Fondo Metropolitano se distribuyen entre las zonas metropolitanas conforme a la asignación que se presenta en el Anexo 20 de este Decreto y se deberán aplicar, evaluar, rendir cuentas y transparentar en los términos de las disposiciones aplicables.

Los recursos del Fondo Metropolitano se destinarán prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el financiamiento de aquéllos que no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución; los cuales demuestren ser viables y sustentables, orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano, el transporte público y la movilidad no motorizada y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y al aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas.

Los estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento a los que se destinen los recursos federales del Fondo Metropolitano deberán estar relacionados directamente o ser resultado de la planeación del desarrollo regional y urbano, así como de los programas de ordenamiento de los asentamientos humanos en el territorio y los programas ya establecidos para la movilidad no motorizada, por lo que deberán guardar congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, así como con los programas en materia de desarrollo regional y urbano correspondientes, además de estar alineados con los planes estatales y municipales de desarrollo urbano y de los municipios comprendidos en la respectiva zona metropolitana.

Las decisiones sobre la asignación y aplicación de los recursos del Fondo Metropolitano las tomarán los gobiernos de los estados a través de su Consejo de Desarrollo Metropolitano y deberán sujetarse para su financiamiento a criterios objetivos de evaluación de costo y beneficio, así como de impacto metropolitano, económico, social y ambiental, de acuerdo con las disposiciones del Fondo Metropolitano y las demás aplicables, tomando en cuenta la movilidad no motorizada considerada en estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos o en proceso.

Para coadyuvar en la asignación, aplicación, seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y transparencia de los recursos del Fondo Metropolitano, cada zona metropolitana deberá contar con un Consejo para el Desarrollo Metropolitano o un órgano equivalente que tendrá carácter estatal, donde las entidades federativas determinarán los mecanismos de participación de los municipios y un fideicomiso de administración e inversión, en los términos que se establezcan en este artículo, en las disposiciones del Fondo Metropolitano y en las demás aplicables.

El Consejo para el Desarrollo Metropolitano, o su equivalente, estará presidido por el gobernador o gobernadores e integrado por los representantes que señalen las disposiciones del Fondo Metropolitano. En el caso de zonas metropolitanas en territorio de dos o más entidades federativas la presidencia será rotativa y con duración de por lo menos un año, pudiendo acordar el establecimiento de una presidencia conjunta, en cuyo caso no tendrá término de duración.

Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, por conducto de sus representantes, podrán participar en las sesiones del Consejo para el Desarrollo Metropolitano postulando estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, presentando iniciativas y propuestas en el marco del objeto y fines del Fondo Metropolitano, en términos de las disposiciones aplicables al Fondo.

Dicho Consejo deberá quedar instalado a más tardar el tercer mes del año de ejercicio, salvo cuando se trate del inicio de un nuevo mandato de gobierno estatal, en cuyo caso dispondrá de hasta 30 días naturales contados a partir de la fecha de toma de posesión del cargo.

El Consejo referido en los dos párrafos anteriores o su equivalente, deberá asignar los recursos del Fondo Metropolitano exclusivamente a programas, obras y proyectos basados en un plan de orden metropolitano, acordado por el Consejo para el Desarrollo Metropolitano de la respectiva zona metropolitana, conforme a lo dispuesto en este artículo, y reportar trimestralmente, a través de la entidad federativa correspondiente, el informe del destino y aplicación de los recursos, del avance físico y financiero y de la evaluación de los resultados alcanzados, a la Secretaría y a la Cámara de Diputados, en los términos del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las demás disposiciones legales aplicables al Fondo Metropolitano.

Las entidades federativas que conforman cada zona metropolitana deberán publicar trimestralmente en sus páginas de Internet la información actualizada en la que se autoriza la asignación de recursos del Fondo Metropolitano.

Las Zonas Metropolitanas donde se asignen recursos del Fondo Metropolitano podrán aplicar parte de los recursos a la realización de un Plan de Desarrollo Metropolitano de mediano y largo plazo, así como a planes de movilidad no motorizada, los cuales serán valorados por los Consejos Metropolitanos de acuerdo a los términos que establezcan dichos Consejos, a las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano y en las demás disposiciones aplicables.

Tercero. Que el 29 de enero de 2016, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano.

Cuarto. Que el numeral 25 de las citadas Reglas señala que:

“25. Las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales en las que se delimita cada zona metropolitana, constituirán un Consejo o un órgano equivalente que tendrá carácter estatal, donde las entidades federativas determinarán los mecanismos de participación de los municipios y la constitución de un fideicomiso de administración e inversión, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.”

Quinto. Que el numeral 37 de las reglas de Operación del Fondo Metropolitano señala que:

“37. Los municipios y las demarcaciones territoriales, por conducto de sus representantes, podrán participar en las sesiones del Consejo postulando Estudios, programas y/o proyectos, y presentar iniciativas y propuestas en el marco del objeto y fines del Fondo, cuando se traten asuntos de su jurisdicción, competencia e interés, así como para conocer de los avances físicos y financieros de los programas y proyectos ejecutados.”

Sexto. Que los acuerdos del Consejo para el Desarrollo Metropolitano se deberán hacer del conocimiento entre otros a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión mediante oficio, como se señala en los numerales 29, inciso h, y 38 de las multicitadas reglas de operación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este pleno, el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al c. gobernador constitucional del estado de Jalisco para que instale el consejo para el desarrollo metropolitano de la zona metropolitana de Ocotlán, instalando dicho consejo con la participación de los municipios integrantes del mismo.

Segundo. Se publique en su portal de transparencia el destino de los recursos del fondo metropolitano de Ocotlán de los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015, detallando las actividades que se desarrollaron, así como las actas del consejo para el desarrollo metropolitano de dichos ejercicios, en los que se hayan tomado las decisiones del ejercicio presupuestal.

Dado en el Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados, a 10 de marzo de 2016.

Diputado Salvador Zamora Zamora (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex, la Semar, la SCT y la Sagarpa a modificar el acuerdo secretarial número 117, sobre medidas de seguridad en la sonda de Campeche, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 numeral 1, fracción I, así como el artículo 79 numeral 2 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el cual la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta a los titulares de Petróleos Mexicanos, de las Secretarías de Marina, de Comunicaciones y Transportes, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a modificar el acuerdo secretarial número 117, mediante el cual se establecen medidas de seguridad en la sonda de Campeche.

Exposición de Motivos

La sonda de Campeche es un área de alta biodiversidad y al mismo tiempo una región de gran actividad económica nacional que incluye puertos industriales y pesqueros, así como gran zona de explotación petrolera. Particularmente, en esta área la pesca es una actividad de vital importancia para miles de personas que en esa región dependen de ese recurso para subsistir, ya sea como pescadores independientes, empresarios, permisionarios, cooperativistas, intermediarios mercantiles o vendedores al menudeo.

Esta actividad se ha visto seriamente afectada desde la entrada en vigor del Acuerdo Intersecretarial número 117, suscrito por los titulares de Petróleos Mexicanos (Pemex) y las Secretarías de Marina (Semar), de Comunicaciones y Transportes (SCT), y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Dicho Acuerdo, tiene como objeto primordial establecer medidas de seguridad en la sonda de Campeche, derivado de los acontecimientos terroristas ocurridos en los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2011.

La referida área comprende una zona óptima de pesca de alrededor de 38 mil km2, no obstante, con el referido Acuerdo se prohibió que en una superficie de hasta 65 mil km2 los barcos camaroneros y pesqueros realicen sus actividades en las denominadas: “Áreas de Prevención y Áreas de Exclusión”, en las cuales, únicamente se permite actividades a embarcaciones involucradas con la exploración y producción petrolera.

A lo anterior, se suma la publicación en abril del 2015 del “Acuerdo por el que se da a conocer el establecimiento de épocas y zonas de veda para la captura de todas las especies de camarón en aguas marinas y de los sistemas lagunarios estuarinos de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe”, mismo, que a través de la veda impone igualmente restricciones a la pesquería de camarón rosado en el litoral del Golfo y Caribe mexicano.

Ante esta situación, a lo largo de los años tanto el gobierno federal, como los gobiernos estatales y municipales, además de Pemex, han presupuestado recursos económicos mediante fideicomisos para impulsar proyectos productivos y actividades alternas a la pesca en aras de apoyar al sector pesquero y camaronero de Campeche. Sin embargo, esas medidas solo han generado procesos administrativos complejos y tardíos, además de que no han reflejado beneficios en los ingresos de ésta industria.

Lo cierto es que hoy en día, el aprovechamiento de camarón en la sonda de Campeche se encuentra en quiebra y desplazado territorialmente por la actividad petrolera. Situación, que ha generado el reclamo permanente de los actores de la actividad camaronera de altura: Tanto los industriales de la pesca, mejor conocidos como los armadores y los propios pescadores aglutinados en el sector social, organizados en sociedades cooperativas y en la Federación de Sociedades Cooperativas, y desde luego, la flota ribereña.

Anteriormente se pescaban alrededor de 20 mil toneladas de camarón y en la actualidad únicamente 2 mil toneladas1. Incluso, en la actualidad la capacidad de procesamiento de la planta industrial del camarón es excesiva para la cantidad limitada que actualmente se captura.

Debido al contexto actual que vive el país, a las medidas de restricción mediante vedas, acuerdos gubernamentales, el exceso de normatividad administrativa, pesca ilegal, alto costo del diesel marino, contingencias ambientales, entre otros, se hace urgente tomar un conjunto de decisiones políticas, estrategias y acciones para rescatar a la industria camaronera y a miles de familias que dependen de ésta actividad.

Más aún, actualmente PEMEX está realizando investigaciones de nuevas áreas de extracción y producción en zonas pesqueras de la sonda de Campeche, situación que restringe todavía más las áreas autorizadas para realizar la pesca, dejando prácticamente sin capacidad de operación para el desarrollo de sus actividades tanto a la industria de altura, como a la pesca ribereña.

Justo el presente punto de acuerdo, plantea específicamente que dos actividades económicas que interactúan en el mar, tanto la actividad petrolera como la actividad pesquera-camaronera puedan coexistir en un mismo espacio en el desahogo potencial de sus actividades, y no afectar a un solo sector de manera unilateral, tal como sucede en otros países a fin de no afectar a un sector en particular.

Cabe mencionar, que desde que se publicó el Decreto se han presentado diversos puntos de acuerdo en ambas Cámaras del honorable Congreso de la Unión con este mismo objetivo y a la fecha no ha habido una respuesta por las autoridades correspondientes.

Por los razonamientos antes expuestos, y en aras de revertir la tendencia que vive el sector pesquero mexicano y recuperar su potencial económico en nuestro país, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta a los titulares de Petróleos Mexicanos, las Secretarías de Marina, de Comunicaciones y Transportes, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a modificar el Acuerdo Secretarial No. 117, a objeto de abrir las zonas restringidas a la pesca denominadas: “Áreas de Prevención y Áreas de Exclusión”, y además, impulsen políticas públicas tendientes a fortalecer a la industria camaronera y al sector pesquero en la sonda de Campeche.

Referencia:

1. Diario Por Esto http://www.poresto.net

Ciudad de México. 10 de marzo de 2016.

Diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a difundir los instrumentos y medios para continuar las acciones del programa integral Frontera Sur a fin de atender el fenómeno migratorio, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

1. Los migrantes que transitan por el territorio nacional tienen los derechos que les reconocen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales firmados por México, sin importar su nacionalidad ni situación migratoria. A pesar de ello, diversas acciones que han emprendido los gobiernos de nuestro país dejan mucho de qué hablar respecto a estos principios y sobre el respeto de los derechos fundamentales.

2. Un ejemplo de ello es el Programa Integral Frontera Sur, el cual es operado a través de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur y que se creó por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de julio de 2014, con un presupuesto asignado de 102 millones de pesos en el PEF 2015, de los cuales 56 millones 147 mil 873 estaban destinados para salarios y 45 millones 863 mil 870 para gasto operativo.

3. Con la estructura programática presentada dentro de la política presupuestal base cero propuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 2016, se fusionaron dos de las tres unidades administrativas en materia de migración en el programa presupuestario denominado E008 Política y Servicios Migratorios, pertenecientes a la Secretaría de Gobernación, la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur y el Instituto Nacional de Migración.

Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C. señaló en fechas recientes que lo anterior puede representar un retroceso en la atención a los migrantes y que la estructura programática presentada, lejos de garantizar que se cumpla lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo respecto a la protección de las personas migrantes, vulnera el goce pleno de sus derechos humanos.

5. Dicho Programa surgió en un panorama de crisis marcado por el alto flujo de extranjeros, la mayoría centroamericanos en situación irregular; el aumento de accidentes en el tren de carga conocido como La Bestia y casos de agresiones de grupos criminales contra los migrantes entre otras calamidades; con el objetivo de desarrollar estrategias que garantizaran la seguridad y protección de los migrantes, el combate y erradicación de grupos criminales que vulneran sus derechos, y un plan para mejorar la infraestructura del ferrocarril.

Dicho Programa tomaba como antecedentes de esta problemática lo sucedido entre 2002 y 2014, donde al menos 476 migrantes fueron mutilados por el tren, perdieron una pierna, brazos o ambas extremidades, según datos del Instituto Nacional de Migración y el Comité Internacional de la Cruz Roja en México, cifra que supone un promedio de 37 casos al año; sin embargo, existe una cifra negra de los fallecidos, los que nunca fueron hallados o simplemente fueron atendidos por otras instituciones en su ruta.

6. Entre las metas del Programa se encontraba focalizar acciones y programas de la frontera sur con 23 municipios limítrofes con Guatemala y Belice, a través de monitoreo, uso de nuevas tecnologías, patrullajes y mantenimiento de las vías; rehabilitación de espacios públicos, campañas para promocionar las vías de internación legal; clausura de giros negros, acciones contra el crimen para combatir el tráfico y la trata de personas, la operación de pandillas y otras organizaciones criminales, el fortalecimiento de las fiscalías para la atención de los migrantes; alojamiento, alimentación y atención médica primaria en el marco del programa de retorno asistido; apoyo de la Subsecretaría de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el marco del Programa Nacional de Infraestructura que consideró una inversión de 6 mil 58 millones de pesos entre 2014 y 2018, que servirían para reparar y mantener las vías ferroviarias, mejorar la conectividad y aumentar la velocidad promedio de los trenes para mitigar los problemas sociales asociados al lento paso del Tren de Carga del Istmo de Tehuantepec y Chiapas-Mayab, que cruza seis estados del sureste del país, con un recorrido de casi mil kilómetros y que al año transporta 2.5 toneladas de carga.

7. Sin embargo, la aplicación del Programa Integral Frontera Sur ha dado resultados negativos, por mencionar algunos, tenemos los siguientes:

• El informe denominado “Un camino incierto. Justicia para delitos y violaciones a los derechos humanos contra personas migrantes y refugiados en México”, presentado por la Oficina de Washington para América Latina, se da cuenta que, desde la entrada en vigor del Programa Frontera Sur, el número de operativos y verificación migratoria aumentó de manera significativa en un 73 por ciento entre 2013 y 2014, al pasar de 16 mil 182 a 27 mil 992, lo que propició también un aumento a las violaciones sobre derechos humanos.

• El reporte, titulado “Migrantes invisibles, violencia tangible”, dado a conocer por la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, precisa que con la ejecución del Programa Frontera Sur se presentó un incremento de 29 mil 04 deportaciones; al comparar datos de 2013 con los de 2014, ya que en 2013, se registraron 77 mil 395 migrantes centroamericanos deportados y en 2014 un total de 107 mil 199 entre guatemaltecos, hondureños y salvadoreños.

• El mismo informe precisa que los principales delitos y violaciones a derechos humanos cometidos por autoridades mexicanas en contra de los migrantes centroamericanos están vinculadas con robos o ataques al derecho de propiedad privada con el 76%, violaciones al derecho a la integridad física con un 17% y al derecho a la libertad personal con un 7%.

• El reporte precisa que las instituciones que cometieron las violaciones de derechos, principalmente las de violación al derecho a la propiedad privada de los migrantes son la Policía Federal (41%), la policía municipal (24%), grupo policiaco indeterminado (14%), policía estatal (12%), agentes del Instituto Nacional de Migración (6%), Ejército (1%) y entre policía judicial, Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial y la Marina concentran el 2% restante.

8. En días recientes, el titular de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, declaró que estaba en revisión el futuro del Programa Integral Frontera Sur, hecho que se suma a la nueva estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación, lo cual crea una incertidumbre sobre las acciones que debe llevar a cabo el Gobierno Mexicano para atender el fenómeno de la migración con una clara vocación de respeto a sus derechos y de no represión.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que haga del conocimiento de la población en general los instrumentos y mecanismos mediante los cuales serán continuadas las acciones y objetivos del Programa Integral Frontera Sur para atender el fenómeno migratorio, mismas que debiesen garantizar el pleno respeto a los derechos humanos con independencia de la calidad migratoria de las personas.

Dado en el salón de sesiones de la cámara de diputados, a los 10 días de marzo de 2015.

Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía expresa su reconocimiento a la Semarnat con motivo de la publicación en el DOF del acuerdo por el que se establece el nombre de Bahía de Akumal al área de refugio para la protección de las especies en Quintana Roo, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La ubicación geográfica de México, aunada a sus características orográficas y climáticas, así como a su accidentado relieve, le permiten tener una amplia gama de microclimas y ecosistemas, situándolo a nivel mundial como uno de los cinco países con mayor diversidad biológica.

El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sinanp) es el instrumento más importante que se ha impulsado en México, para la conservación de la biodiversidad biológica.

Los diputados y las disputadas del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, partimos del supuesto que detrás de la conservación hay un concepto de biodiversidad biológica y que de él se derivan los objeticos de la conservación.

El Partido Verde Ecologista de México, ha señalado en la presente Legislatura, que durante todo su ciclo de vida las tortugas marinas están expuestas al peligro de morir, la importancia de este asunto, baste recordar que presentó 3 puntos de acuerdo relativo a la protección de las tortugas marinas:

1. El pasado 15 de septiembre de 2015, la Diputada Sofía González Torres presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, a intensificar los esfuerzos de conservación de las tortugas marinas en territorio nacional, mismo que fue aprobado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fecha 15 Diciembre de 2015.1

2. Asimismo el pasado 7 de enero de 2016, el Senador Jorge Aréchiga Ávila, presentó en la Cámara Alta punto de acuerdo para que mediante un estudio se permitiera dar a conocer a la población la situación que rige en la bahía de Akumal;

3. Finalmente con fecha 3 de febrero de 2016, el diputado Arturo Álvarez Angli, presentó punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la COFEPRIS, para que coordinen acciones tendientes a la inspección, verificación y control de los huevos de tortuga que se ofertan en el país, a fin de prevenir los riesgos a la salud humana.

Para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la visión de conservar, concibe a las ANP como parte de una región determinada, lo cual supone su integración con las áreas bajo uso humano, promoviendo la conservación de la biodiversidad en intima correlación con los componentes físicos de los paisajes y con los factores económicos, culturales, demográficos y políticos del desarrollo social regional.

En este sentido, esto evidencia la necesidad de fortalecer aún más las políticas e instrumentos de conservación de manera integral y efectiva; ya que, por ejemplo a pesar de contar con 176 áreas naturales de carácter federal que representan más de 25, 617 ,251 de hectáreas, surge la necesidad de continuar fortaleciendo los instrumentos y herramientas de cohesión social así como de participación que constituyen un objetivo claro para el Partido Verde Ecologista de México, dado que las tasas de pérdida de bosques y selvas son muy alta en el país.

Queremos reconocer al gobierno federal por el establecimiento como área de refugio con el nombre de Bahía de Akumal, la porción marina ubicada frente a los poblados de San Miguel, en el municipio de Solidaridad y los poblados de Akumal, Aventuras, Bahía Príncipe, Chemuyil, Xcacel-Xcacelito y La Esperanza, todos éstos en el municipio de Tulum en el Estado de Quintana Roo.

Estamos frente a un cambio paradigmático de a conservación en la costa de los municipios de Solidaridad y Tulum, ambos en el Estado de Quintana Roo, en el cual se consideran todos los componente de un paisaje determinado como integrados. De tal suerte que esta área natural protegida conocida como Bahía de Akumal, de enorme riqueza natural por la confluencia de especies y ecosistemas que la distinguen quedará protegida particularmente lo que refiere a tortugas;2

Cada día resulta más imperativo establecer las bases de un desarrollo sustentable que permita una relación de equilibrio entre el hombre y las especies animales y vegetales. En México, el deterioro ambiental de las últimas décadas y la pesca clandestina son algunos de los problemas a los que se enfrentan las tortugas marinas, que han habitado el planeta desde hace miles de años.

Acciones como esta de parte de nuestro país hacen que siga siendo reconocido como uno de los doce países considerados como megadiversos que, en su conjunto, albergan entre el sesenta y el setenta por ciento de la biodiversidad total del planeta. Del mismo modo, el gobierno de la República al proteger este delicado ecosistema del que depende la subsistencia de especies, algunas de ellas clasificadas en algún estatus de riesgo como los quelonios a los que se ha hecho referencia o los mangles de las especies Laguncularia racemosa , Conocarpus erectus y Rhizophora mangle .

En ese orden de ideas se evidencia que la Semarnat incorpora en los diferentes ámbitos de la sociedad y de la función pública, criterios e instrumentos que aseguran en esta ocasión la óptima protección, conservación de la riqueza biológica de la zona marina de la Bahía de Akumal, que constituye un atractivo muy importante como es el avistamiento de tortugas marinas.

Finalmente queremos resaltar que la mejor manera de asegurar que nazcan tortugas en las playas, es con la declaración de esta área de refugio, se conservan las especies que se desarrollan en el polígono para proteger su hábitat, y se contribuye a su desarrollo sustentable.

En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados expresa su reconocimiento a la Semarnat con motivo de la publicación del acuerdo por el que se establece con el nombre de Bahía de Akumal al área de refugio para la protección de las especies que se indican, la porción marina que se señala en el estado de Quintana Roo, en el Diario Oficial de la Federación el día dos de marzo de dos mil dieciséis.

Notas

1 Ver http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2015/sep/20150915-III.html

2 Con un total de mil seiscientas cincuenta y tres hectáreas, para la protección de las especies tortuga verde (Chelonia mydas), tortuga caguama (Caretta caretta), tortuga carey (Eretmochelys imbricata); entre otras.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz De León Villard, Daniela De los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Gálico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Edgar Spinoso Carrera, Wendolín Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet, Eduardo Francisco Zenteno Núñez.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales y la ALDF a legislar en materia de establecimientos mercantiles para prohibir el cobro en estacionamientos y plazas comerciales, a cargo del diputado Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la actualidad existen alrededor de 600 centros y plazas comerciales en nuestro país y su crecimiento va en aumento debido a la inversión privada que se desarrolla en toda América Latina, a través del intercambio e influencia comercial con China y Estados Unidos.

En diez años se tiene prevista la apertura de 200 centros comerciales a nivel nacional, que generarán una derrama económica importante y la creación de miles de empleos directos e indirectos.

Sin embargo uno de los temas importantes en estos centros comerciales, es el cobro a los clientes por utilizar el estacionamiento de dichas plazas.

Resulta incongruente la existencia de dicho cobro en estas circunstancias, ya que dicho cobro, va implícito en el precio que los clientes pagan en las distintas tiendas de estos centros comerciales.

Un problema real también radica en que en muchos en los casos, los estacionamientos son concesionados y varios concesionarios no se hacen responsables por los daños o perjuicios o robos de los vehículos dentro de las instalaciones de los mismos, pero sí cobran el uso de suelo a sus consumidores o clientes.

Por ello es necesario considerar la propuesta de que el prestador del servicio se obligue a brindar el estacionamiento sin costo y sancionar por parte de la autoridad competente en la materia, a los centros comerciales que contravengan dicha disposición.

Dicho exhorto está enfocado a defender y proteger al consumidor ante la cantidad de quejas y reclamos que desafortunadamente no tienen un desenlace justo.

Vale la pena destacar que los Congresos de San Luís Potosí y Coahuila se encuentran en proceso de discusión y análisis de esta iniciativa, en beneficio de los consumidores.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto de la soberanía y de sus atribuciones constitucionales, exhorta a los Congresos Locales de los Estados de la República Mexicana y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a legislar en materia de establecimientos mercantiles, a efecto de prohibir el cobro en los estacionamientos de los centros y plazas comerciales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2016.

Diputado Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y el SAT a implantar acciones para volver más eficientes las aduanas de la frontera norte, a cargo del diputado Daniel Adrián Sosa Carpio, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Daniel Adrián Sosa Carpio, Diputado Federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 fracción I y 79 párrafos primero fracción II y segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente propuesta con punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

El paso de mercancías de un país a otro, es una actividad necesaria y continua que se lleva a cabo por medio de las aduanas, permitiendo con ello el fomento del comercio exterior y en consecuencia el desarrollo de las economías de las naciones, además de generar empleos en ambos lados de las fronteras.

Actualmente, nuestro país cuenta con 49 aduanas, de las cuales 19 se ubican en la frontera norte, 2 en la frontera sur, 17 marítimas y 11 interiores, por lo que hace a las entidades que limitan con Estados Unidos de América, tener una mayor actividad de entrada y salida de mercancías.

Datos del Inegi, mencionan que el mayor número de importaciones y exportaciones en México, se llevan a cabo en el continente Americano; siendo Estados Unidos de América el principal socio comercial de nuestro país.

Además, en aquella nación se concentra el mayor número de mexicanos que radican fuera de México, siendo las celebraciones de fin de año la época donde suelen regresar el mayor número de personas, principalmente por la vía terrestre abordo de vehículos particulares.

Al respecto, cabe señalar que son las aduanas un paso obligatorio para los connacionales, por lo que en muchas ocasiones, la capacidad de las mismas se ha visto rebasada, principalmente en la frontera norte.

De la misma forma, la gran cantidad de camiones de autotransporte que requieren trasladar mercancías de un país a otro, han reportado diversos problemas relacionados con la eficiencia de los actores que intervienen en las aduanas, lo que llega a generar retrasos e incluso pérdidas económicas a numerosas empresas que se dedican al comercio en ambos países.

Caso específico, es la aduana que se ubica en el Puente Ignacio Zaragoza en el municipio de Matamoros Tamaulipas, en la cual, se han presentado una serie de abusos por parte de sus autoridades, generando retrasos en el tránsito de las mercancías que son exportadas e importadas a territorio nacional; así como la perdida de productos que son de origen natural o de consumo alimenticio.

Tal situación, ha generado una inconformidad por parte de los ciudadanos, quienes tienen una percepción negativa respecto al trabajo administrativo de las autoridades aduanales, situación que ha provocado una serie de quejas ante distintas instituciones gubernamentales como la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

Al respecto, se solicitó una reunión con la Administración de la Aduana de Matamoros Tamaulipas, licenciada Dolores Velasco Rosas, a fin de conocer las causas de los retrasos y problemas en el paso de transportes y buscar una solución a dichos conflictos; sin embargo, después de varios intentos, no se ha logrado concretar una reunión debido a la negativa por parte de la autoridad de dicha Aduana, dejando en evidencia su falta de apertura para la búsqueda de soluciones conjuntas.

Dicha funcionaria ha sido señalada en múltiples ocasiones por diferentes actores, debido a las irregularidades en los trámites aduanales, como lo es el cobro de multas indebidas, y por los constantes abusos de autoridad cometidos por la misma administradora y por sus subordinados. Situación que ha generado un clima de descontento por parte de los usuarios nacionales y extranjeros de dicha aduana, repercutiendo negativamente en la imagen del país.

Como es sabido, la actividad comercial es uno de los principales motores para la economía de nuestro país; por ello, la importación y exportación de bienes debe llevarse a cabo con la mayor eficiencia, a fin de generar condiciones óptimas que beneficien a los diversos sectores que dependen del comercio exterior.

Por lo antes expuesto, se propone ante esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público y al titular de la Administración General de Aduanas, a que implementen acciones y medidas que permitan el buen funcionamiento de las Aduanas que se ubican en la frontera norte de nuestro país.

Segundo. Se exhorta al titular de la Administración General de Aduanas, a fin de que lleve a cabo el cambio de la titular de la administración de la aduana que se ubica en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2016.

Diputado Daniel Adrián Sosa Carpio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la instalación de paneles fotovoltaicos en las áreas de estacionamientos exteriores de esta soberanía, como fuente de energía renovable y limpia, a cargo de la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, fracción II, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

En febrero del 2015 se presentó ante la Comisión de Cambio Climático de la LXII Legislatura, un diagnóstico de desempeño ambiental de la Cámara de Diputados, el cual fue diseñado y elaborado por el Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM. Este documento contiene un reporte estadístico y un análisis detallado con el objeto de optimizar el desempeño ambiental en las instalaciones de esta honorable soberanía.

En este documento que analizó el consumo de energía, agua y diversos insumos y residuos generados en el Palacio Legislativo a partir registros recabados en el año 2014 y cuyo propósito fue conocer el impacto ambiental generado en las instalaciones a partir de dicho consumo energético y con ello contar con información para diseñar acciones específicas de mejora en cuatro ejes de acción:

• Eficiencia energética

• Gestión del agua

• Gestión de residuos

• Consumo responsable

El estudio está orientado a cumplir con el mayor número de recomendaciones propuestas en un lapso máximo de tres años considerando los cuatro ejes analizados. Por lo que la Comisión de Cambio Climático se comprometió a implementar acciones con el fin de renovar el distintivo que le fue otorgado.

Como resultado del diagnóstico, se observó que el consumo de energía eléctrica en las instalaciones de esta H. Cámara de Diputados se estima en 1,022,789.25 kilowatts hora al mes lo que representa un costo aproximado de $22,048,063.30 pesos mensuales, considerando una tarifa de media tensión según lo establecido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Hay que considerar que existe un área construida de 208,320.00 m2 que comprende 10 edificios y áreas de jardines y estacionamientos externos y subterráneos, atendiendo una población fija y flotante de aproximadamente 10,678 personas en horarios de 7:00 A.M. a 21:00 horas, 5 días a la semana.

En el estudio se identificaron los siguientes usos finales de energía eléctrica y el porcentaje de consumo que representan del consumo total: iluminación (33.8%), cómputo y cómputo misceláneo (26.5%), aires acondicionados (17.2%.), equipo de fuerza (10.8%), misceláneo (lo que considera equipos como “no brake”, televisiones, multicontactos, lámparas de emergencia, detectores de humo y que representa el 8.1%) y refrigeración (3.4%).

En la calificación de las acciones ya realizadas por la honorable Cámara para la sustitución tecnológica de equipo que consume electricidad, se puede resaltar, entre otras, el contar con 19.223 luminarias ahorradoras, lo que representa un 83% del total. Además de que casi el 100% de los monitores de computadoras utilizan la tecnología de cristal líquido (liquid crystal display) LCD.

Sin embargo, dentro de los temas que fueron evaluados para el consumo de energía eléctrica, existen cuatro en los que no hay avance y que no cuentan con programas de eficiencia o ahorro y que son:

• La promoción del uso de transporte no motorizado,

• La utilización de trabajadores en trasporte institucional o auto compartido,

• Contar con un plan de reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

• Utilización de algún tipo de energía renovable.

En rubros como el mantenimiento y operación de equipo, el avance es reducido y por ejemplo sólo 6% del equipo de cómputo (CPU’s y monitores) cuenta con sistemas de ahorro energético y sólo 2.8% es catalogado como equipo eficiente.

Para darnos una noción del impacto y la huella ecológica que representa este inmueble, se puede considerar los Gases Efecto Invernadero (GEI) que se emiten en el consumo de energía eléctrica. En específico, el diagnóstico presentó las emisiones de Dióxido de Carbono Equivalente (CO2/eq.)1

Por tipo de uso eléctrico y considerando las emisiones de CO2/eq. En toneladas por año, elaboramos un cálculo aproximado de cuantas hectáreas de bosque se requerirían para absorber estas emisiones:

Una propuesta para reducir los GEI y generar energía con fuentes fijas y renovables, es la instalación de paneles fotovoltaicos que podrían ser instalados en las áreas exteriores que ocupan los estacionamientos de la Cámara. Estos paneles podrían ser instalados en torres receptoras ubicadas en las divisiones de los estacionamientos externos del recinto legislativo, respetando la altura de los árboles.

Para evaluar las ventajas de la instalación de los paneles, realizamos un ejercicio comparativo a partir de un consumo eléctrico promedio de 10,000 kilowatts hora por bimestre. Serían necesarios aproximadamente: 148 paneles fotovoltaicos y se requerirían para ello 260 m2 de superficie. Esto permitiría producir una energía diaria fotovoltaica de 166.60 kilowatts hora. Para evaluar mejor las ventajas de la instalación de paneles, podemos decir que para poder absorber el CO2 emitido por el consumo eléctrico ordinario, no renovable y que es el que actualmente se utiliza, se requerirían 6,569 árboles extras.2

Además de la reducción en el costo de la energía eléctrica, la instalación de paneles permite colocar a la Cámara como un ejemplo concreto de acciones de eficiencia energética a partir de fuentes que reducen la huella de carbono.

Con esta propuesta, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional concreta un compromiso con los mexicanos al presentar alternativas viables para un desarrollo sustentable, con acciones cotidianas y apoyando los compromisos nacionales e internacionales en relación a la reducción de GEI y con ello reducir los efectos del Cambio Climático. Estamos cumpliendo así, con acciones concretas como la llamada iniciativa verde, es decir, la Ley de Transición Energética, recientemente ratificada por el Senado y que fue presentada por el PAN.

Por lo expuesto, se presenta la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . Se solicita a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados que instruya a las instancias competentes de este recinto parlamentario para llevar a cabo las acciones necesarias para instalar paneles fotovoltaicos en las áreas de estacionamientos exteriores, como fuente de energía renovable y limpia.

Notas

1 El dióxido de carbono equivalente corresponde a la equivalencia en dióxido de carbono (CO2) de los seis gases de efecto invernadero regulados en el Protocolo de Kioto: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, perfluorocarbonos, hidrofluorobarbonos y hexafluoruro de azufre.

2 Cálculos realizados en la siguiente página:

http://econotecnia.com/cuantos-paneles-solares-necesito. html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2016.

Diputada María de Los Ángeles Rodríguez Aguirre (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a revisar las acciones de protección consular en beneficio de mexicanos sujetos a proceso en el exterior, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, María Concepción Valdés Ramírez, Diputada Federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado en la fracción I, del numeral 1, del artículo 6o., y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como es sabido, el pasado 15 de enero del que transcurre, Humberto Moreira Valdés, ex presidente del Partido Revolucionario Institucional como ex gobernador del estado de Coahuila, fue detenido por autoridades policiales de España a su arribó al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, bajo los cargos de blanqueo de dinero y malversación de fondos durante su etapa como gobernador de su entidad. Dicha detención, se efectuó a cargo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial, órgano que asume casos criminales de especial envergadura como terrorismo, narcotráfico y entramados de desfalco; unidad que cumplimentó a petición de la Fiscalía Anticorrupción en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional de España. Según fuentes de la investigación, la justicia española ha actuado a petición de un tribunal de Estados Unidos que investiga la red de blanqueo de Coahuila.

Posterior a la detención de Moreira Valdés y su traslado correspondiente al Centro Penitenciario de Soto del Real, donde fue interrogado por el juez de guardia, José de la Mata Amaya, se decretó por él la prisión incondicional sin beneficio de fianza del indiciado.

Respecto a las reacciones e impresiones en nuestro país por la detención del Ex Presidente del Revolucionario Institucional, fueron diversas como variopintas, para la postura del Gobierno Federal de primer momento eludió hablar del tema para que posteriormente la Secretaría de Relaciones Exteriores emitiera un escueto comunicado sobre la protección y apoyo consular que recibiría Moreira; por otro lado, los respectivos Partidos de Acción Nacional y el de la Revolución Democrática emitieron similares posturas para con el beneplácito de la detención del referido, y que ello, abría la posibilidad de hacer justicia respecto a un personaje de la política de nuestro país que constantemente había sido objetado por corrupción, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, pero siempre protegido por el manto de la impunidad.

Posteriormente, tragicómicamente el indiciado fue puesto en libertad provisional bajo la caución de retirarle su pasaporte, y por ende, no poder salir de España; subsecuentemente, el 3 de febrero retorna a México como resultado de que se dictara una providencia en la que su auto de libertad de dictaminará como firme, bajo la reserva de ser llamado a declarar por parte del juez ya que el caso sigue abierto.

La liberación de Moreira Valdés y su retorno a México, se traduce en un caso más que se inscribe a miles de casos de impunidad que día a día se viven en nuestro país, un país en donde la percepción de desesperanza hacia la idea de hacer justicia forma parte solo del discurso y no de la realidad.

No obstante, la liberación de Moreira Valdés se supuso que se dio ante la hábil intervención de sus abogados y una estrategia jurídica impecable, sin embargo, hace algunos días el diario español El País reveló hace algunos días la manera en que el gobierno mexicano se volcó de manera inusitada para apoyar al político y para indagar al más alto nivel la situación de Moreira y las vías para ayudarlo, caso de ello, que la propia Procuradora General de la República, Arely Gómez, llamó a su homóloga, Consuelo Madrigal, Fiscal General del Estado, para enterarse de los pormenores. La embajada mexicana y el Servicio Exterior pusieron la maquinaria diplomática y legal al servicio del Ex Presidente del Partido Revolucionario Institucional como es sabido.

En este contexto, y en contraste al caso de Moreira Valdés, Iliana Rincón Köster, madre de Gonzalo Contreras Rincón, joven mexicano recluido en la prisión de Aranjuez, en Madrid, España, acusado y sentenciado por el supuesto delito de narcotráfico desde hace 3 años, externó literalmente lo siguiente: “me da una rabia terrible, porque comprueba que hay corrupción, impunidad y que en México las leyes, por más buenas que sean, no sirven de nada. Las influencias en México mueven al mundo, si no tienes influencias o conocidos en México puedes ser la persona más inocente y te sigues pudriendo en la cárcel”. Lo anterior, al conocer sobre la liberación de Moreira, y al denunciar nuevamente ella sobre el papel indiferente de la embajada de México en España para con el caso de su hijo.

La madre de Gonzalo Contreras, relata cómo solicitó en 2015 apoyo al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y a los titulares correspondientes de la Secretaría de Gobernación y Relaciones Exteriores, a fin, de que las instancias diplomáticas verificarán que el proceso se llevará conforme a derecho, sin embargo, la respuesta fue solamente institucional en el sentido de que el asunto en comento era llevado por Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Actualmente y ante el agotamiento de las instancias judiciales en España, la familia de Gonzalo Contreras se presentará ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, a fin, de solicitar una revisión del caso.

En el caso particular de España, el asunto de Gonzalo Contreras se viene a sumar a los más de 300 casos de mexicanos recluidos y sujetos a procesos en aquel país, según datos oficiales que presenta la cancillería mexicana; de los cuales, muchos sino es que la gran mayoría pudiesen estar en la misma situación que la de Gonzalo Contreras, es decir, sin un debido proceso. Lo anterior, sin contar a los 14 mil 479 mexicanos en cárceles del extranjero, de los cuáles, el 90 por ciento se concentra en Estados Unidos por delitos relacionados con la migración ilegal y el tráfico de drogas.

Finalmente, es para con la asistencia consular de connacionales en el exterior por parte de la cancillería, que la misma absurdamente debe ser solicitada a petición de parte para efectos de poder intervenir y proceder conforme a su normativa, lo cual, no únicamente viene a ser un desconocimiento de los derechos humanos de nuestros connacionales en otras partes del mundo, sino de no velar por parte del Estado mexicano del debido proceso al cual deben ser sujetos.

En suma, el periodista y escritor mexicano Jorge Zepeda Patterson resumió las diferencias de ambos casos en comento de la siguiente manera, al decir que: “Gonzalo fue sentenciado a nueve años de prisión y a pagar una multa de cuatro millones de euros por un crimen del que se declara inocente y por el cual ha recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Moreira, en cambio, tras unos días de detención, volvió a México y se pasea ufano clamando que su liberación es la prueba de su inmaculada inocencia”. Lo referido, en un artículo de opinión publicado por el diario español El País.

Al momento, las diversas posturas sobre el caso de Moreira Valdés han sido diversas al interior de las Cámaras de este honorable Congreso de la Unión, que van desde posturas de indignación para con la liberación del ex presidente del Revolucionario Institucional hasta el solicitar la comparecencia de las respectivas titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República.

Finalmente, respecto al caso de Gonzalo Contreras y ante la presión mediática, el asunto ha sido retomado y por primera vez el Consulado de México en Madrid retomará el caso del connacional en los próximos días para su revisión.

Por lo referido, la presente proposición con punto de acuerdo pretende ser una postura firme ante el lamentable trato diferenciado de mexicanos sujetos a procesos judiciales de carácter penal allende la frontera, así como un exhorto que permita no solo dar un trato justo sino de modificar los mecanismos y protocolos respecto a la protección consular.

Por lo expuesto y con fundamento en lo estipulado en la fracción I, del numeral 1, del artículo 6o., y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Poder Ejecutivo a revisar las acciones emprendidas por parte del personal del servicio diplomático en España para efectos de si el tratamiento del caso de Humberto Moreira Valdés se adecuó a los lineamientos de protección consular.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Poder Ejecutivo a dar seguimiento puntual al caso de Gonzalo Contreras Rincón, a fin de ser asistido antes las instancias judiciales competentes, así como revisar la responsabilidad de los funcionarios diplomáticos y consulares por la omisión en el caso en referencia conforma a la normatividad aplicable.

Tercero. Se recomienda respetuosamente a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Poder Ejecutivo a revisar los mecanismos de protección consular a fin de brindar dicha asistencia, asegurar el respeto de sus derechos, evitar daños y perjuicios en sus personas o intereses, y evitar injusticias o arbitrariedades por parte de autoridades extranjeras, esto, en base a los diversos casos de mexicanos sujetos a procesos allende la frontera.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2016.

Diputada María Concepción Valdés Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al otorgamiento de recursos humanos y materiales a la clínica de San Juan Comaltepec, Oaxaca, a cargo de la diputada Modesta Fuentes Alonso, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Modesta Fuentes Alonso, diputada de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

Mejorar las condiciones de salud de la población, implica ofrecer servicios efectivos, seguros, sensibles a la multiculturalidad nacional y que respondan a las expectativas de los pacientes.

Los pueblos indígenas habitan en las regiones de mayor riqueza biológica y cultural y son los depositarios de la identidad nacional y la más profunda y diversa de nuestra riqueza nacional; por ello, “el combate al rezago social de los pueblos y las comunidades indígenas representa una de las áreas de política pública de mayor relevancia para el desarrollo armónico de México.”1

En éste orden de ideas, sólo el 20% de los indígenas está afiliado al Seguro Popular de Salud y sólo 9% cuenta con acceso a servicios del IMSS-Oportunidades.

El gobierno federal en coordinación con las entidades federativas y los municipios tiene la responsabilidad de promover el desarrollo humano sustentable para el desarrollo de las capacidades de los pueblos y las comunidades indígenas, buscando dar sentido a una relación basada en el respeto y el reconocimiento a sus derechos, así como a las acciones que susciten una participación comunitaria de mayor peso y decisión; por lo tanto, se fomentarán actividades que promuevan un círculo virtuoso de cambio no por la acción gubernamental, sino por la propia iniciativa de los pueblos indígenas.2

Mejorar las condiciones de salud de los pueblos indígenas ha sido una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde muy diversos foros, reiteradas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a partir de los resolutivos emanados de la reunión sobre Pueblos Indígenas y Salud celebrada en Winnipeg, Canadá en 1993.

Sin embargo, la situación de salud que viven en la actualidad los pueblos originarios es grave y se refleja ante un sistema de salud cada vez más deficiente e ineficaz.

Además, la corrupción no es lo único que se vive en los Servicios de Salud de los Estados de la República, también es tangible la desorganización, la desatención, el desabasto de medicamentos y la falta de especialistas para brindar un servicio de calidad a la población.

En el estado de Oaxaca, el sistema de Salud está en crisis, pues más de 10 millones 600 mil pesos del sistema de salud de Oaxaca podrían haberse ejercido irregularmente, lo que constituiría un daño patrimonial para la hacienda pública. El probable perjuicio a las arcas federales es el resultado de un control deficiente de los recursos a través de las cuentas donde es depositado el presupuesto millonario, revela el órgano fiscalizador del país.3

A decir de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a través de la auditoría financiera y de cumplimiento 13-A-20000-14-0780, el gobierno de Oaxaca “no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.

La ASF también documentó un posible daño a la Hacienda Pública de 842 mil 472 pesos, “por no haber transferido la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca en su totalidad los rendimientos financieros generados del fondo a los Servicios de Salud de Oaxaca”.

Oaxaca se encuentra ubicado en el llamado triángulo de la miseria , en donde el diagnóstico en salud para el estado no es nada satisfactorio. La prensa local da cuenta de muertes maternas por negligencia y los sistemas de evaluación de un foco rojo en la nutrición de sus pobladores, principalmente de los niños.

Cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social muestran que el 43.1 por ciento de la población no son derechohabientes a servicios de salud, uno de los principales indicadores de rezago social.

En nuestro país, 68.5 millones de personas tampoco tienen acceso a la seguridad social. En éste sentido, las entidades más rezagadas con Chiapas, con un porcentaje de 82.4%; Oaxaca, con 79.7%, y Guerrero, con 79.7% de la población sin este servicio.

En el área de la salud, 25.5% de la población carece de acceso a los servicios básicos de salud y no cuenta con una institución pública o privada que les garantice la atención médica.

En este contexto, concretamente en San Juan Lealao, en el municipio de San Juan Comaltepec, Oaxaca se vive una situación crítica, ya que los habitantes cuentan con una clínica que está en malas condiciones, pues no cuenta con los recursos humanos ni materiales necesarios para atender a la población.

Según datos de la Secretaría de Desarrollo Social en el año 2010, el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud, en el municipio en comento, fue de 38.3%, equivalente a 883 personas.

La carencia por acceso a la seguridad social afectó a 96% de la población, es decir 2,216 personas se encontraban bajo esta condición.

Ante la falta de médicos en la clínica, habitantes de la localidad no tienen la posibilidad de tener acceso a los tratamientos necesarios para tratar sus enfermedades; los adultos mayores requieren de seguimiento a los padecimientos propios de su edad, mientras que los niños con desnutrición no pueden ser tratados.

Esta falta de atención médica constituye una violación al derecho a la salud, lo cual adquiere una relevancia y característica importante al conjugarse una serie de elementos que han hecho que nuestros pueblos originarios sean vulnerados social, económica y políticamente, en condiciones de desigualdad e inequidad en relación con el resto de la población, lo que ha conllevado a un grave discriminación y violaciones a sus derechos.

En nuestro país el Sistema de Salud enfrenta grandes retos ya que se necesita mejorar la calidad de los servicios para que la atención sea heterogénea entre las entidades federativas y municipios.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud, en coordinación con el titular del Gobierno de Oaxaca y el Presidente Municipal del municipio de San Juan Comaltepec, Oaxaca, para que doten de recursos humanos y materiales a la clínica del mencionado municipio.

Notas

1 Cfr. http://salud.chiapas.gob.mx/doc/biblioteca_virtual/programas/Atencion_S alud_Pueblos_Indigenas_Mexico.pdf

2 1 Plan Nacional de Desarrollo2007-2012, grupos prioritarios, 3.4 Pueblos y comunidades indígenas. http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/index.php?page=pueblos-indigenas

3 Obtenido de http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2015/07/29/sist ema-de-salud-de-oaxaca-desorden-administrativo-dano-al-erario/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo del 2016.

Diputada Modesta Fuentes Alonso (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a disponer instrumentos de consulta pública directa y otros orientados a mejorar la transparencia en materia de trasplantes, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Salud a considerar disponer mecanismos de consulta pública directa y otros mecanismos orientados a mejorar las condiciones de transparencia, con base en las siguientes

Consideraciones

Entre los retos que enfrenta nuestra generación en materia de salud se encuentran aquellos relacionados directamente con el aumento en la esperanza de vida, el sedentarismo, la mala alimentación, los excesos y el estrés que han deteriorado significativamente la calidad de vida de las personas. Estos problemas, generalmente se manifiestan vinculados a padecimientos crónicos como la diabetes, enfermedades renales o hepáticas, problemas cardiovasculares, entre otros. Asimismo, este tipo de retos también agobian a personas por situaciones congénitas, accidentes o circunstancias laborales que pueden derivar en dichos males.

Sin importar el origen de los padecimientos, nuestro tiempo encuentra una gran gama de soluciones que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de un amplio porcentaje de las personas que presentan dichas enfermedades, o inclusive otro tipo de obstáculos a sus capacidades visuales y de interacción social como podría ser la pérdida funcional de un órgano, un miembro o una extremidad1 .

Entre las soluciones que ha planteado la técnica médica, está la vía del trasplante. Sin embargo, el desarrollo de un sistema nacional de trasplantes requiere de una gran cantidad de elementos que van desde los aspectos presupuestales y la cultura de donación, hasta mecanismos administrativos y hospitalarios que hagan viable el aprovechamiento de órganos de donantes, vivos y muertos, en favor de la prolongación de la vida y el mejoramiento de la calidad de ésta. Para ello, el Estado mexicano, entendido como sociedad civil, sector público y sector privado, ha hecho esfuerzos importantes pero que a la luz de la información pública, aparentemente resultan insuficientes y de un alcance poco claro.

En este sentido, al comparar la información pública que ofrece la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), frente a la información que presentan investigaciones académicas, otras instancias de la Secretaría de Salud y sistemas de control de trasplantes en otros países, aparentemente nuestro sistema ofrece información incompleta o cuestionable. Por ejemplo, mientras el Cenatra, en su reporte 2015, maneja pocos datos de los cinco hospitales punteros en algunos tipos de trasplantes, en otros países la información de los hospitales y los trasplantes realizados anualmente, abarca la totalidad de sus eventos, un porcentaje de éxito por caso y la totalidad de los centros hospitalarios involucrados.

Otro ejemplo está en la cifra de pacientes en espera de trasplante de riñón, cuyos casos reportados por el Cenatra en 2015 sumaban 12 mil 95 personas en espera, casi el doble de los 7 mil 240 reportados en 2010 pero sólo la décima parte de los 120 mil casos que un estudio publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en 2010, que estimaba dentro del espacio de la insuficiencia renal crónica con necesidad de sustitución de riñón. Asimismo, en el caso de países como Argentina, Chile, China o los Estados Unidos de América existen datos públicos más detallados sobre la situación de sus respectivos sistemas de trasplantes.

Al contrastar estos datos, se puede suponer por lo menos tres condiciones probables que explican la diferencia y ausencia de información pública que hay en nuestro país: a) Un deficiente sistema de comunicación institucional; b) Un desorden no intencional en el que se privilegia la forma sobre el fondo, desperdiciando recursos económicos y humanos, y/o c) La creación de un mercado gris (origen legal pero con elementos de ilegalidad) en el que una minoría lucra con el desorden del sistema, creando un sistema de privilegios y en perjuicio de una mayoría de pacientes que día con día ven mermada su calidad de vida y su capacidad económica.

Desafortunadamente, con la información disponible no es posible discernir cuál de estas condiciones es el problema de origen o si se conjuga más de una. Únicamente la transparencia puede despejar las dudas.

La cultura de donación de órganos en nuestro país ha venido tomando mayor importancia y ahora es común que las personas manifiesten su deseo de donar, en caso de accidentes u otro mal. Pero esta responsabilidad social debe ser acompañada de información accesible y confiable que, además, incentive la cultura de donación.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Salud a considerar disponer mecanismos de consulta pública directa, al Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes (SIRNT). Asimismo, se le exhorta de manera respetuosa para considerar que el Centro Nacional de Trasplantes añada en el Reporte Nacional sobre Donaciones y Trasplantes que anualmente se pública, datos sobre los criterios y la manera en que se integra, a nivel nacional, la información sobre procuración y recepción de órganos; incluir la información sobre la totalidad de los hospitales donde se realizan los trasplantes y cuáles son los resultados en cuanto a número y éxitos, y abundar sobre los criterios que definen a sus variables.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Salud para redoblar los esfuerzos orientados a mejorar la coordinación que realiza el Centro Nacional de Trasplantes, dentro del Sistema Nacional de Trasplantes, sobre los ejes de la transparencia, la rendición de cuentas, la difusión de cultura de trasplante y el desarrollo de mejores controles que eviten la opacidad que actualmente caracteriza a las actividades relacionadas con los trasplantes.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Salud para aumentar esfuerzos orientados a conocer e implementar las mejores prácticas internacionales en materia de trasplantes.

Nota

1 En Latinoamérica se ha efectuado un trasplante de extremidades.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2016.

Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a incluir en las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano de 2016 tanto disposiciones a fin de que las entidades federativas garanticen la participación de los municipios de las zonas metropolitanas como considerar instrumentos para su integración en las votaciones donde se tomen las decisiones en el Consejo de Desarrollo Metropolitano, a cargo de la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 6, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en las reglas de operación del Fondo Metropolitano para el ejercicio fiscal 2016, contemplen las disposiciones necesarias para que las entidades federativas garanticen la participación de los municipios que integran las zonas metropolitanas, y consideren los mecanismos necesarios para su integración en las votaciones donde se tomen las decisiones en el Consejo de Desarrollo Metropolitano, a fin de que las entidades federativas hagan efectivas las propuestas municipales, de acuerdo al proyecto o los proyectos en común, que se diseñen para asignar el fondo metropolitano, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. En el 2010, la delimitación de los municipios y las demarcaciones territoriales de las zonas metropolitanas a las que se han canalizado los recursos del Fondo Metropolitano está definida en el documento denominado “Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2010”, emitido por el grupo interinstitucional conformado por Sedesol-Inegi-Conapo, quien definió la integración de los municipios de las 59 zonas metropolitanas reconocidas en el país, con base a la cartografía geoestadística, los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010, y en los programas publicados de ordenación y desarrollo urbano de zonas conurbadas y zonas metropolitanas correspondientes, sin embargo, el mencionado grupo no tiene facultades para definir la participación de los municipios al interior del Consejo de Desarrollo Metropolitano que corresponda.

2. Mediante oficio CPCP/ST/096/15, de fecha 21 de octubre de 2015, fue turnada a la Presidencia de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, por la Secretaria Técnica de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados, copia del punto de acuerdo único de la Cámara de Senadores, donde exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016 garantice la participación de los municipios que integran las zonas metropolitanas, respecto que sea considerado en las votaciones donde se tomen las decisiones en el Consejo de Desarrollo Metropolitano, a fin de que las entidades federativas hagan efectivas las propuestas municipales, de acuerdo al proyecto o los proyectos en común que se diseñen para asignar el fondo metropolitano, mismo que fue turnado a la Cámara de Diputados el 13 de octubre de 2015.

3. Que al analizarse y aprobarse el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, no fue posible establecer en el decreto correspondiente lo solicitado y exhortado por parte del Senado de la República, siendo publicado el pasado 27 de noviembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, donde además sólo fueron asignados recursos financieros a 47 zonas metropolitanas de las 59 reconocidas en el documento del grupo interinstitucional.

4. Que el pasado 29 de enero de 2016, fueron publicadas las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, donde se establece que los recursos del Fondo Metropolitano se administrarán en las entidades federativas a través de los fideicomisos de administración e inversión.

II. Considerandos

Primero. Que la Comisión de Desarrollo Metropolitano es competente para conocer el Punto de Acuerdo de la Cámara de Senadores donde exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016 garantice la participación de los municipios que integran las zonas metropolitanas, respecto que sea considerado en las votaciones donde se tomen las decisiones en el Consejo de Desarrollo Metropolitano, a fin de que las entidades federativas hagan efectivas las propuestas municipales, de acuerdo al proyecto o los proyectos en común que se diseñen para asignar el fondo metropolitano de conformidad con lo dispuesto por los artículos los artículos 39 numerales 1 y 2 fracción XVII, y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Segundo. Que la Constitución Política de los Estados Mexicanos, en el artículo 115, fracción VI, determina que “Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia”.

Tercero. Que el artículo 122 constitucional, en su apartado C, establece que la federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones territoriales, y los estados y municipios conurbados en la zona metropolitana, establecerán mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios públicos, en términos de la ley que emita el Congreso de la Unión; además señala que para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley establecerá? las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá? acordar las acciones en materia de asentamientos humanos; protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; transito; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, y seguridad pública.

Cuarto. Que los incisos a), b) y c) del mismo artículo 122, mencionan que la ley que emita el Congreso de la Unión establecerá la forma en la que se tomarán las determinaciones del Consejo de Desarrollo Metropolitano, mismas que podrán comprender la delimitación de los ámbitos territoriales y las acciones de coordinación para la operación y funcionamiento de obras y servicios públicos de alcance metropolitano; los compromisos que asuma cada una de las partes para la asignación de recursos a los proyectos metropolitanos; y la proyección conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas y de prestación de servicios públicos.

Quinto. Que no obstante lo anterior, en tanto el Congreso de la Unión no emita la Ley que establece el propio artículo 122, la materia encuentra sustento en la Ley General de Asentamientos Humanos, cuyo artículo 12, en el párrafo tercero de la fracción VI, establece que la Federación y las entidades federativas podrán convenir mecanismos de planeación regional para coordinar acciones e inversiones que propicien el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos ubicados en dos o más entidades, ya sea que se trate de zonas metropolitanas o de sistemas de centros de población cuya relación lo requiera, con la participación que corresponda a los municipios de acuerdo con la legislación local, acotando así la participación de los mismos a lo establecido en la normatividad emitida por las entidades federativas.

Sexto. Que el artículo 12 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2015, establece en general la forma de distribución entre las zonas metropolitanas de los recursos federales que se presentan en el Anexo 20 de dicho decreto, estableciendo además el destino prioritario de los recursos del Fondo Metropolitano.

Séptimo. Que el mismo artículo 12, en su tercer párrafo, establece que los estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento a los que se destinen los recursos federales del Fondo Metropolitano deberán estar relacionados directamente o ser resultado de la planeación del desarrollo regional y urbano..., además de estar alineados con los planes estatales y municipales de desarrollo urbano y de los municipios comprendidos en la respectiva zona metropolitana. Por lo que consideramos que es determinante la participación efectiva del conjunto de los municipios pertenecientes a las zonas metropolitanas en las decisiones de la asignación del Fondo Metropolitano y aprobación de los proyectos.

Octavo. Que en el párrafo cuarto del mismo artículo 12, señala que las decisiones sobre la asignación y aplicación de los recursos del Fondo Metropolitano las tomarán los gobiernos de los estados a través de su Consejo de Desarrollo Metropolitano y deberán sujetarse para su financiamiento a criterios objetivos de evaluación de costo y beneficio, así como de impacto metropolitano, económico, social y ambiental, de acuerdo con las disposiciones del Fondo Metropolitano y las demás aplicables, por lo que se considera relevante dirigir el exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en términos de sus facultades, en las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano para el ejercicio fiscal 2016, contemplen las disposiciones necesarias para que las entidades federativas garanticen la participación de los municipios que integran las zonas metropolitanas, y consideren los mecanismos necesarios para su integración en las votaciones donde se tomen las decisiones en el Consejo de Desarrollo Metropolitano, a fin de que las entidades federativas hagan efectivas las propuestas municipales, de acuerdo al proyecto o los proyectos en común, que se diseñen para asignar el fondo metropolitano.

Noveno. Que en el mismo artículo 12 señala que para coadyuvar en la asignación, aplicación, seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y transparencia de los recursos del Fondo Metropolitano, cada zona metropolitana deberá contar con un Consejo para el Desarrollo Metropolitano o un órgano equivalente que tendrá carácter estatal, donde las entidades federativas determinarán los mecanismos de participación de los municipios y un fideicomiso de administración e inversión, en los términos que se establezcan en este artículo, en las disposiciones del Fondo Metropolitano y en las demás aplicables. En ese sentido, consideramos relevante en esta Comisión que las Reglas de Operación contengan líneas generales para las entidades en el sentido de que los mecanismos de participación, garanticen la inclusión de los municipios en las votaciones para tomar decisiones sobre la aprobación de proyectos.

Décimo. Que además de lo señalado, que en términos del mismo artículo 12, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, por conducto de sus representantes, podrán participar en las sesiones del Consejo para el Desarrollo Metropolitano postulando estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, presentando iniciativas y propuestas en el marco del objeto y fines del Fondo Metropolitano, en términos de las disposiciones aplicables al Fondo.

Undécimo. Que en las disposiciones de Reglas de Operación publicadas por el Ejecutivo Federal el pasado 29 de enero de 2016, se apegan de manera general a los establecido por el artículo 12, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, y que en cuanto a la participación de los municipios en las decisiones y administración del Fondo Metropolitano, en los numerales 6, 8, 9 y 23, se establece la alineación entre los diferentes planes de desarrollo urbano; que la población municipal es la población objetivo; que incluye al municipio como el centro de la definición misma de desarrollo metropolitano; así como el reconocimiento de los municipios como instancia ejecutora del gasto; lo que le brinda de facto al municipio, el estatus de actor fundamental del desarrollo metropolitano, siendo de suma importancia que se les integre como instancias decisoras sobre el destino del gasto e integrantes dentro del Consejo, del Comité y Subcomités correspondientes de Desarrollo Metropolitano.

Duodécimo. Que en el Capítulo VII., inciso A), numeral 25, de las Reglas de Operación en comento, relativo a la coordinación y el Consejo para el Desarrollo Metropolitano, se establece que las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las demarcaciones territoriales en las que se delimita cada zona metropolitana, constituirán un Consejo o un órgano equivalente, sin embargo, acota que “...las entidades federativas determinarán los mecanismos de participación de los municipios...”, situación que afecta a los municipios como instancias directamente interesadas e involucradas en los proyectos de Desarrollo Metropolitano, al no hacerse la precisión necesaria para que los Consejos correspondientes garanticen la participación de aquellos que integran las zonas metropolitanas, y consideren los mecanismos necesarios para su integración en las votaciones donde se tomen las decisiones, a fin de hacer efectivas las propuestas municipales que sean factibles, de acuerdo al proyecto o los proyectos en común, que se diseñen para asignar el fondo metropolitano.

Decimotercero. Que el numeral 28 de las multicitadas Reglas de Operación establece que “el Consejo será el órgano colegiado que defina los objetivos, prioridades, políticas y estrategias para el desarrollo de cada zona metropolitana; y una instancia de interés público y beneficio social que apoyara? la planeación, promoción y gestión del desarrollo metropolitano y regional; y contribuirá? a una adecuada coordinación intergubernamental para la ejecución de la Cartera en las zonas metropolitanas”, por lo que se entiende deberá coordinar también la participación efectiva de los municipios y no sólo dejar la decisión a las entidades federativas de una manera unilateral.

Décimocuarto. Que los numerales 37 y 47, de las propias Reglas de Operación señala, que los municipios “podrán” participar en las sesiones del Consejo postulando estudio, programas, etcétera, además de que los limita a que asistan a las sesiones solo con voto, situación que los excluye como actores fundamentales de las decisiones en el Consejo en los temas que les compete y afecta; por lo que es necesario adecuar esta disposición de manera tal que sea vinculatoria, es decir, que “deberán” participar en las distintas instancias decisoras no sólo con voz, sino con voto, toda vez que son los representantes más cercanos de los habitantes de las zonas metropolitanas, que son a quienes van dirigidas las políticas públicas.

Decimoquinto. Que en el artículo 29 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, en su fracción II, establece que la Cámara de Diputados, a través de la comisión ordinaria que en razón de su competencia corresponda, emitirá opinión sobre las reglas de operación publicadas por el Ejecutivo Federal en los términos del artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a más tardar el 31 de marzo.

Decimosexto. Que se dirige el exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, considerando que el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la propia Secretaría, con fundamento en los artículos 1, 75 y 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 23, fracción I, inciso c), y 105 de su Reglamento; 12 y 29 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, y 62 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es quien integra o modifica anualmente las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano y las publica en el Diario Oficial de la Federación.

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano para el ejercicio fiscal 2016, contemplen las disposiciones necesarias para que las entidades federativas garanticen la participación de los municipios que integran las zonas metropolitanas, y consideren los mecanismos necesarios para su integración en las votaciones donde se tomen las decisiones en el Consejo de Desarrollo Metropolitano, a fin de que las entidades federativas hagan efectivas las propuestas municipales, de acuerdo al proyecto o los proyectos en común, que se diseñen para asignar el Fondo Metropolitano.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que derivado de la reforma constitucional al artículo 122, específicamente al inciso C, se hagan las modificaciones necesarias a las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano para el ejercicio fiscal 2016, a fin de garantizar la participación deliberativa de los municipios dándoles voz y voto en el Consejo de Desarrollo Metropolitano, incluyendo los municipios conurbados a la Ciudad de México en los términos del citado artículo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2016.

Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Profeco a instruir a la delegación Guerrero para que realice operativos a fin de prevenir y, en su caso, sancionar aumentos no autorizados del precio de la tortilla, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Uno de los productos de mayor consumo para los mexicanos es el maíz, con el cual se produce la tortilla. La tortilla de maíz es un alimento indispensable para las familias mexicanas y sin lugar a dudas de vital importancia para los guerrerenses. Nuestro país desde el inicio del año ha enfrentado una serie de problemas financieros que han originado un considerable incremento en la paridad del peso contra el dólar, lo que tiene repercusiones económicas en los precios de diversos productos de importación.

Aunado a esta problemática, el precio internacional del barril del petróleo de la mezcla mexicana se han reducido significativamente, además cabe destacar que para enfrentar esta serie de problemas el Gobierno Federal ha anunciado un recorte al gasto público.

Es evidente que estos problemas financieros y económicos podrían tener impacto en el incremento de los precios de los productos de la canasta básica, y también de los productos que se derivan del maíz.

En el estado de Guerrero, los industriales de la masa y la tortilla han anunciado para finales del mes de marzo un incremento en el precio de la tortilla argumentando que la producción de maíz en la entidad se vio seriamente disminuida, lo anterior por la escases de lluvia que trajo consigo la pérdida de la cosecha, lo que los orilla a adquirir maíz en las entidades federativas del norte del país, que incrementa el producto por el flete de dicho producto.

Por su parte el titular de la Sagarpa ha señalado que no existe ningún elemento para considerar el aumento del precio de la tortilla ya que para el año 2014-2015 se cerró con una producción de 25.3 toneladas de maíz blanco y amarillo, además de que no se ha incrementado los precios de la gasolina ni la luz eléctrica, elementos que son indispensable para el incremento de los productos. Ante posturas divergentes entre autoridades y productores de la masa y la tortilla, en el Estado de Guerrero, en algunas regiones ya se reciente el incremento, y se prevé que se haga en todas las regiones, incluyendo la región de la montaña que es de las zonas más pobres no sólo del país sino de Latinoamérica.

Por ello, es de suma importancia que el titular de la Profeco instruya al personal de la Delegación en Guerrero a efecto que realicen operativos de revisión en las diversas tortillería de la entidad para cerciorarse de que no existan incrementos del precio de la tortilla que no hayan sido legalmente autorizados y en caso de existir irregularidades se inicien los procedimientos necesarios para efecto de aplicar las sanciones que conforme a derecho procedan.

Por lo anteriormente expuesto, y en atención a nuestras obligaciones constitucionales y convencionales para favorecer la protección de los derechos; presento la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, con pleno respeto a la División de Poderes, exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor para que instruya a la delegación de la Profeco en el estado de Guerrero, a efecto de que realicen operativos de revisión en las tortillerías de la entidad con el objetivo de que no existan aumentos en los precios de la tortilla que no estén autorizados y en caso de irregularidades apliquen los procedimientos legales para efecto de imponer las sanciones que conforme a derecho procedan.

Diputado Victoriano Wences Real (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a garantizar con la participación de los tres niveles de gobierno la implantación de medidas sanitarias y de protección civil para prevenir y atender el brote epidemiológico de influenza, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado José Máximo García López, así como los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I; 62; 76, fracción IV y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, nos permitimos poner a la consideración de esta tribuna, proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

Los primeros dos meses del año han marcado una de las épocas más duras de las que México tenga memoria en materia de salud pública, con diversos eventos globalizadores que han generado gran atención en la vida nacional y del gobierno federal al fomentar su protección sanitaria, como se establece en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en concreto hacia los grandes temas de pandemias originadas por nuevos virus propagados por el insecto identificado como factor infectocontagioso del ébola, el chicungunya, el dengue y el zika, así como las medidas de previsión de riesgos a operar que, México comprometió efectuar ante la Asamblea Mundial de la Salud en el 2015.

Sin duda los riesgos de contraer toda clase de enfermedades con motivo de la evolución de los virus de toda clase cada vez es más inminente, lo cual se agrava por causas como el cambio climático, y es precisamente donde se orientan las acciones del fomento a la salud, pero no se ha visto así tal dinámica en el contexto de la influenza, porque aunque se saben sus riesgos, las medidas de prevención generadas para reducir los focos de contagio se limitan a las adoptadas con base a la experiencia del 2009, subestimando el grado de importancia que debe dársele, sus alcances y estrategias actuales de combate, logrando generar un importante cumulo de infectados y fallecidos en todo el país.

Es de exponer que según los informes de la Secretaría de Salud, durante la primera semana de marzo se han registrado un total de 4121 casos de influenza con 149 defunciones en la Ciudad de México, Jalisco, Puebla y el Estado de México, así mismo de la Ah1N1 ya existen 1519 enfermos de los que 111 murieron; lo cual es una aparente tasa menor de cuadros para la temporada de bajas temperaturas, situación que conforme a los resultados esperados, están dentro de las cifras pronosticadas –asevera el doctor Narro Robles.

Sin embargo impera una gran laguna de hechos irresponsables con el fomento a la salud que es importante dar solución, por resultar prácticas basadas en excesos de confianza que deben reencausarse, la mayoría ignora la existencia de tres tipos de virus de influenza; las A, B y C, adicionales a la AH1N1 detectada en 2009, sin que esta información sea del dominio público, siendo necesario e indispensable difundir sus tipos y alcances, sin limitarse a hablar en términos de una influenza estacional de la que los habitantes no saben qué hacer frente a este mal.

El virus A presenta una sintomatología causada por contagio, sus consecuencias y reacciones conllevan con facilidad a vulnerar la salud hasta perder la vida. El virus B es circulante en el ambiente con altas propensiones al progreso y mermas considerables al organismo. Finalmente la C causa dolencias respiratorias con largos periodos de recuperación.

Por lo anterior, resulta exigible al gobierno federal que en uso de sus facultades previstas en los artículos 3 fracción I, II, II Bis., XII, XXIV, 4 fracciones I, II, III, 25, 17 fracción III de la Ley General de Salud a tomar cartas en el asunto y no solo hallemos campañas gestadas por el sector privado que a lo largo del país se dan a través de las empresas de comunicación de medios y han levantado la voz para invitarnos a “no saludar ni de mano, ni de beso. . .”, como medida preventiva de salud, sin que el gobierno federal pronuncie algo, cuando es su deber público hacerlo.

No es posible pensar como lo asumen las autoridades, que la ola de influenza no tiene una categoría de epidemia siendo que debe abordarse con la misma seriedad de padecimientos como el Zika por señalar alguno, basándose en las cifras referidas para adoptar programas de solución y acompañarlas de declaraciones como las del Director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, doctor Cuitláhuac Ruiz Matus quien sostiene “se espera el registro más alto de casos de influenza de la temporada esta semana y vendrán más para después ir descendiendo la tasa hasta la segunda semana de abril”, habida cuenta que en las farmacias de México no es un medicamento de fácil acceso, ni obtención.

Un factor de mayor riesgo para el aumento de casos de la influenza es la evidente opacidad que el gobierno ha fomentado para que se pueda contar con el Oseltamivir o Tamiflu, aun cuando las autoridades sanitarias sostienen que hay las dosis suficientes y el abasto necesario para su consumo, haciendo del evento una predicción de que no será atendida la necesidad del antídoto sino hasta el próximo reporte epidemiológico de influenza a fines del 2016, lo cual también confirma el Dr. Ruiz Matus en sus declaraciones en una evidente demostración de que el gobierno federal no ha sido capaz de detectar la magnitud de la propagación de la influenza, ni la extensión de su gravedad .

Es evidente el estado de falta de control de la influenza en México, porque las autoridades parten solo de la base de conteo de casos de muertes registradas o ingresadas en nosocomios, de los que se tiene información por esos hechos, pero no podemos decir que sean los únicos, lo cual es una falta de cumplimiento a los acuerdos que se empeñaron ante la Organización Mundial de la Salud, así como la población toda vez que en un plano real de los eventos la influenza es una enfermedad de atención especializada y esta clase de padecimientos no son cubiertos por los beneficiarios del Seguro Popular, que en una gran proporción de personas solo a esta atención médica en el su poder adquisitivo les permite tener acceso, en tal sentido no se están dando los resultados que necesitan.

Con motivo de todo lo anterior, promuevo formalmente que esta representación política popular de manera urgente exhorte al gobierno federal para que no solo con paliativas políticas de coyuntura resolver el problema, sea con la aplicación de vacunas ya agotadas, aliviar la escasez de Tamuflu con 52 mil dosis o proveer de 33 mil dosis más en todo el país, como lo pronostica el Secretario de Salud; que tomando en cuenta los datos del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática hasta el 2010, éramos un total de 112 337 millones de habitantes que seis años creció y no podemos afirmar que las medidas de solución que se pronostica le ganen la batalla a la influenza, máxime que existe una gran comunidad de personas mayores a los sesenta y menores a cinco años en situación de vulnerabilidad de los cuales solo una cantidad paupérrima aspira a filtrarse en el embudo de la inmunidad de la influenza, sin que los restantes tengan expectativa mayor.

Lo anterior hace impostergable operar acciones del orden de la protección civil en las que la Secretaría de Gobernación debe involucrarse para dotar intervenciones de previsión, tratamiento y control de riesgos por contagios con base a lo ordenado en el artículo 27 fracción XXXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, adoptar soluciones ante el marco de riesgos existente de crecimiento de la epidemia en coordinación con la Secretaría de Salud; la cual en atención a lo previsto en los artículos 96 fracción III, 134 fracción II, 136 fracción II, 140, 141 y 148 de la Ley General de Salud principalmente, de mera conjunta tendrán que dar curso a estrategias sanitarias que el Presidente de la República debe ordenar establecer para afrontar los casos de influenza, erradicar las células de riesgos de propagación y contagio que en las próximas semanas se registrarán, en ejercicio de lo previsto en los artículos 4 fracción II, 5, 7 fracciones II y VII de la Ley General de Protección Civil, ordenamiento que legitima lo solicitado de forma trasversal con la participación de los tres niveles de gobierno para resolver no solo una demanda de salud, sino una necesidad de toda la República.

Es fundado atender en la forma propuesta el caso porque no debemos olvidar que la influenza es una enfermedad infecciosa que nació en 1947, a partir de esa época la Red Mundial de Vigilancia Epidemiológica recomienda a la Organización Mundial de la Salud que el contenido de la vacuna evolucione cada año, porque el virus muta, se fortalece y repercute en su efectividad inmunológica; así mismo las Organizaciones Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud de manera continua apoya a los países para fortalecer sus sistemas de vigilancia epidemiológica, por lo tanto México es un involucrado en el compromiso de contar con un Plan Nacional de Preparación y Respuesta en el tema, del cual no logramos ver los alcances de su existencia.

Es el momento de dar soluciones a las necesidades de la sociedad de las 32 entidades federativas en el contexto de la influenza, porque es un problema de salud pública, epidemiológico y cíclico, que ha dado grandes reveses a las comunidades además de los casos reportados en las noticias, los casos de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Chiapas, Tabasco, Chihuahua, Tamaulipas, o Baja California en este último con varias personas fallecidas en el Hospital General de Tijuana, por citar algunos, y no podemos dar la espalda o cegarnos a la dimensión del fenómeno que va en aumento, por estas circunstancias invito a esta Honorable Asamblea a que asumamos un papel activo y logremos que las autoridades responsables intervengan de manera tangible en las estrategias por emitir y fomentar el bienestar a las mexicanas y mexicanos.

Resolutivos

Primero: La honorable Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que garantice en todo el país implementar inmediatas medidas sanitarias y de protección civil con la participación de los tres niveles de gobierno para una eficiente previsión y atención del presente brote epidemiológico de influenza.

Segundo: El jefe del Poder Ejecutivo Federal tome las previsiones necesarias atento lo dictado.

Dado el 10 de marzo de 2016.

Diputado José Máximo García López

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa y el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a realizar acciones a fin de hacer efectivo el derecho a la salud y elaborar medicamentos a base de marihuana para atender el síndrome de Lennox-Gastaut, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD

El diputado federal Rafael Hernández Soriano integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracciones III y IV, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en los siguientes:

Antecedentes

En septiembre de 2015, a través de los medios de comunicación hemos sido informados del caso de la niña Graciela Elizalde Benavides, nacida en Monterrey, Nuevo León y quien actualmente cuenta con 8 años. Desde pequeña, esta menor de edad fue diagnosticada de una forma grave de epilepsia infantil no común que es conocida como síndrome de Lennox-Gastaut (LGS). Y que entre las consecuencias más notables son las convulsiones –ella solía tener hasta 400 convulsiones diarias– las cuales es muy probable que persistan hasta que sea adulta. Los pacientes con LGS también sufren de deterioro cognitivo moderado o grave.

En el caso de Grace, las probables opciones de tratamiento de LGS son limitadas. Sus padres habían hasta septiembre pasado, consultado a diversos médicos y probado muchos tratamientos y medicamentos para controlar la epilepsia, pero ninguno había logrado disminuir sus crisis convulsivas.

Incluso los médicos del Hospital Infantil de México le practicaron una callosotomía, cirugía que consiste en cortar tres cuartos del cuerpo calloso del cerebro, con el objetivo de controlar las crisis generalizadas. Cabe señalar que uno de los muchos medicamentos que ha probado atrofió su cuerpo. Todas las medidas resultaron inútiles para Graciela, y por ello, sus padres decidieron acudir al cannabidiol, una sustancia que relaja los músculos del cuerpo.

En la búsqueda de soluciones para el mal de la menor de edad, se localizó información donde se señalaba que en Estados Unidos, Canadá, España, Uruguay y Brasil, muchos niños y niñas con esta enfermedad han sido tratados con medicamentos a base de cannabidiol (CBD) y tetrahidrocannabinol (THC), el medicamento más común que se comercializa actualmente es un aceite derivado de la planta de cannabis sativa. En diversos estudios más de 84 por ciento de los pacientes han visto mejorías notorias y los efectos negativos han sido nulos.1

Los padres de Grace han llegado al extremo de recurrir al recurso del amparo para poder conseguir el medicamento prescrito por el médico, ellos se han visto obligados a buscar protección de la justicia federal y con la sentencia del juez tercero de distrito en materia administrativa, se ordenó a las autoridades federales permitir a los padres de Grace la importación del medicamento elaborado a base de THC y CBD.

Gracias a ese medicamento, la pequeña Grace ha podido aliviar los constantes episodios epilépticos que sufría antes de someterse al tratamiento a base de marihuana.

El propio juez que ordenó la importación del medicamento señalo que:

Con esta medida cautelar no se afecta el interés social ni el orden público, pues la sociedad ha manifestado su permanente interés en que se proporcione a los niños los satisfactores, cuidados y asistencia necesarios para lograr su sano crecimiento y desarrollo pleno”, afirmó el juez en su resolución del 18 de agosto de 2015.2

Otra acción realizada por los progenitores de la pequeña, fue la reunión que sostuvieron tanto con la entonces Secretaria de Salud, Mercedes Juan, como con el titular de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, Mikel Arriola, a quienes mostró pruebas de que ninguno de los tratamientos disponibles en México había ayudado a mejorar las condiciones físicas de la niña. Externó que de facilitar la importación del producto expresamente sería para consumo personal de Grace.

Por su parte, las autoridades mexicanas explicaron que no se trata de generalizar la importación de marihuana con fines medicinales, sino que es una medida de excepción dada la situación que aqueja a la pequeña.

De esta forma, Grace Elizalde se convierte en la primer paciente en México que recibe legalmente un tratamiento médico con base en la mariguana, recibiendo una dosis de cannabidiol o CBD y tetrahidrocannabinol THC, un jarabe con aceite de esta planta, el cual se comercializa en Estados Unidos.

Los resultados fueron visibles después de dos meses, por lo que la pequeña estuvo en constante monitoreo médico para definir si se le aumentaba la dosis, que es de .25 mililitros dos veces al día, haciendo de esta forma realidad sus derechos, el derecho de una niña a la salud. Para ello, la familia Elizalde Benavides inició una batalla legal para poder suministrarle el medicamento, ya que no está aprobado por las autoridades de salud en México. Las opiniones profesionales se dividían entre quienes sostenían que es una esperanza para reducir las convulsiones de la pequeña y quienes manifestaron que no serviría de nada.

Sin embargo y tras los resultados, al parecer la razón se encontraba en el terreno de los primeros. En México probablemente existen cientos de personas con padecimientos y enfermedades que, al igual que Graciela, ven su derecho constitucional a la salud obstruido por las consideraciones de las autoridades de salud. Para cambiar esto, es necesario que esos casos se hagan visibles, y que por parte de las autoridades mexicanas se permita la investigación médica en el país.

El síndrome de Lennox-Gastaut pertenece al grupo de encefalopatías epilépticas graves de la infancia y cuenta con una incidencia de uno por cada millón de personas. Al tratarse de un caso único, generó desconocimiento e incluso incomprensión en su entorno, el padecimiento de la menor de edad ha deteriorado su calidad de vida. No habla, no camina, usa pañal y encima están las crisis convulsivas.

Por ello, Saúl Morales, médico tratante de Grace, explicó que el producto del cannabidiol podría mejorar la salud de aproximadamente 50 mil niños que están en la misma situación de la pequeña. Además indicó que, “el caso de Grace abre la puerta para que otros niños en condiciones similares que han sido tratados oportunamente y que no hemos tenido la suerte de curarlos con los tratamientos convencionales con los que contamos en México puedan ser beneficiados con tratamientos alternativos como el cannabidiol”. Recalcó que el uso de productos derivados de la mariguana debe ser controlado por expertos, por lo que: “Hago un llamado a las autoridades mexicanas. Por un lado al grupo de la Secretaría de Salud y a la Cofepris para que abra la posibilidad de hacer investigaciones en México sobre este producto y otros más”.3

Existen diversos medicamentos para tratar este tipo de padecimientos, sin embargo el costo es considerablemente elevado ya que el gasto anual asciende a diez mil dólares anuales.

Por otra parte, debe señalarse que en muchos casos las familias que enfrentan la enfermedad de alguno de sus miembros también sufren los altos costos del mismo y la imposibilidad de tramitar la importación del medicamento, por lo que deben de contratar a un agente aduanal.

Por ello, es indispensable construir el andamiaje jurídico necesario y las acciones que incuben la legalización y el uso terapéutico de la marihuana, lo que implica también permitir la investigación, importación y elaboración de medicamentos, ya que con ello se brindaría atención a una gama de enfermedades que se atienden en la actualidad con derivados de la marihuana, entre ellas; el cáncer, alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica, entre otras.

Por lo anterior, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud a permitir la investigación, importación y elaboración de medicamentos, para la atención médica del síndrome de Lennox-Gastaut y a realizar las acciones conducentes para hacer efectivos el derecho a la salud y a una vida digna para muchas personas que como la niña Graciela Elizalde Benavides necesitan medicamentos a base de marihuana.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a realizar en coordinación con las dependencias federales correspondientes las acciones conducentes para hacer efectivos el derecho a la salud y a una vida digna de la niña Graciela Elizalde Benavides y de los niños que como ella necesitan tratamiento para disminuir la epilepsia refractaria.

Notas

1 www.porgrace.org.mx/la-historia.html

2 http://www.telemundo47.com/noticias/mexico/Una-nina-epilepsia-primera-mexicana-en-

3 http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/grace-hace-historia

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2016.

Diputado Rafael Hernández Soriano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno de la Ciudad de México a destituir al director general del Servicio de Transportes Eléctricos por deficiente desempeño del encargo, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Las y los suscritos diputados, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La historia de la movilidad en la Ciudad de México no podría entenderse sin el transporte eléctrico; así, cuando en 1900 se inauguró la primera línea de tranvía eléctrica que corría de Chapultepec a Tacubaya, se reconoció que se trataba de un sistema tecnológicamente avanzado que traería grandes beneficios para la creciente ciudad, el 30 de diciembre de 1955 se decretó la Ley de la Institución Descentralizada de servicio público “Servicio de Transportes Eléctricos del DF” la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1956. En el artículo 2° de dicho ordenamiento se mencionan como objetos del organismo:

“a) La administración y operación de los sistemas de los transportes eléctricos que fueron adquiridos por el Departamento del Distrito Federal;

b) La operación de otros sistemas ya sean de gasolina o diésel, siempre que se establezcan como auxiliares de los sistemas eléctricos; y

c) El estudio, proyección, construcción y en su caso operación de nuevas líneas de transportes en el Distrito Federal.”

Por su parte Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, señala tener como misión y visión institucionales las siguientes:

“Misión: Brindar a nuestros usuarios una alternativa de transportación no contaminante, segura, confiable y oportuna, que satisfaga con eficiencia y de manera económica las necesidades de traslado hacia los diversos puntos que cubre la red en operación de Trolebuses y Tren Ligero, bajo criterios de transparencia y honestidad, en un marco de respeto a la equidad de género.

Visión: Transformar a la Entidad en un organismo que proporcione un servicio de transportación con altos estándares de calidad y eficiencia, enfocado en consolidar una red de corredores Cero Emisiones, en el caso de la modalidad de Trolebuses, y un servicio tecnológicamente avanzado en el caso del Tren Ligero, coadyuvando a incrementar los índices de movilidad urbana en un marco de respeto al medio ambiente.”1

Sin embargo, a 116 años de la puesta en marcha del primer tranvía eléctrico, este sistema de transporte se encuentra en franca decadencia, producto del olvido y desatención de que ha sido objeto por parte de las autoridades, así los objetos no son cumplidos, la misión no es atendida y la visión no es alcanzada. La falta de recursos y de mantenimiento a las unidades que prestan el servicio son evidentes y en muchos casos se han presentado percances que han puesto en riesgo la vida y la integridad de los usuarios y de los propios trabajadores.

Así, por mencionar algunos casos: en enero de 2014 un conato de incendio se registró por una falla eléctrica en un trolebús de la línea que corre por la avenida Félix Cuevas; en febrero de 2014 el incendio de cables del tren ligero afectó el servicio; en marzo de 2014 un trolebús presentó una falla mecánica, ocasionando que el operador perdiera el control de la unidad impactándose contra un poste en el cruce del Eje Central Lázaro Cárdenas y Estafetas, colonia Postal, Delegación Benito Juárez, resultando lesionadas más de 30 personas; en abril de 2014 un trolebús ocasionó daños en la avenida San Luis Potosí esquina Jalapa, en la colonia Roma, ya que el transporte jaló unos cables de energía eléctrica y derribó un poste, afectando un muro que pertenece al estacionamiento de una escuela primaria; para noviembre de 2014 una unidad del trolebús perdió una llanta trasera causando daños a otro automóvil en el eje central a la altura de la colonia Álamos; en agosto de 2015 otra unidad de trolebús se incendió en la colonia Doctores, poniendo en riesgo a los casi 50 pasajeros; en diciembre de 2015 se descarriló el Tren Ligero, el incidente ocurrió antes de llegar a la estación Textitlan, lo que evidencia la falta de mantenimiento a la infraestructura de todas las vías.

El propio Eduardo Venadero ha reconocido que “la flotilla del trolebús consta de 320 unidades, de las cuales 100 poseen problemas electromecánicos que impiden su funcionamiento...”2 así la falta de refacciones tiene varadas un importante número de unidades, lo que ha impactado negativamente a los usuarios del servicio, que sólo en el caso del corredor cero emisiones 1 en el Eje Central Lázaro Cárdenas se estima tiene más de 100 mil por día. Otra realidad es que el número de líneas disminuyera en 55 por ciento, ya que en el año 2006 existían 18 rutas de trolebús que cubrían 416 kilómetros; mientras que en este año 2015 sólo operan ocho rutas que apenas abarcan 203 kilómetros, el servicio perdió presencia en dos delegaciones, una de ellas Iztapalapa la más poblada de la ciudad, afectando así a miles de personas que empleaban este medio de transporte. En los hechos las autoridades están llevando al Servicio de Transportes Eléctricos a su extinción.

Este descuido se explica en gran medida a la insensibilidad del Director General del Servicio de Transportes Eléctricos y a que éste se ha venido dedicando a ser operador político del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México, así vasta señalar que en abril del año pasado, Eduardo Venadero solicitó licencia temporal para separase de su cargo, para poder participar activamente en la campaña electoral del Partido de la Revolución Democrática, tratándose de un caso atípico que nunca antes se había presentado en la vida del Servicio de Transportes Eléctricos, cuyos trabajadores denunciaron el desvío de recursos del organismo descentralizado a las actividades político – electorales para favorecer la campaña del PRD, así denunciaron que vehículos del Servicio de Transportes Eléctricos fueron utilizados durante el periodo de campaña y el día de la jornada electoral el 7 de junio de 2015, vehículos que fueron operados por los policías auxiliares. También denunciaron el resguardo de despensas en las Subestaciones de San Andrés y San Borja, mientras que las oficinas generales ubicadas en San Andrés Tetepilco, delegación Iztapalapa después de las 7:00 pm, se convertían en oficinas del PRD para ese proceso electoral.

Sin mayor recato y problema Eduardo Venadero retomó nuevamente el cargo de director general del Servicio de Transportes Eléctricos el día 25 de junio de 2015, día en el que sucedió un hecho por demás reprobable y preocupante:

Aproximadamente a las 10.30 am., se realizó un mitin sin aparente convocatoria en los patios del organismo con asistencia de trabajadores y gente extraña al Servicio de Transportes Eléctricos, en donde en forma anti estatutaria, el Presidente de la Comisión de Fiscalización y Vigilancia del Sindicato “Alianza de Tranviarios de México”, fue forzado a convertir este mitin en Asamblea Judicial, imperando el caos y el desorden, bajo intimidación, gritos, agresiones y demás groserías, piden la renuncia del Secretario General, Benito Bahena y Lome, así como de dos integrantes más del Comité Central Ejecutivo: Gerardo Martínez, Secretario del Interior y Rubén Darío Bahena Robles, Secretario de Prensa y Previsión Social.

El secretario general fue conducido a su oficina en donde le entregaron un documento, del cual nunca supo su verdadero contenido y bajo amenazas lo obligaron a firmar, para posteriormente bajo lujo de violencia y empujones despojar al secretario de sus oficinas de la Secretaria General ubicada en las instalaciones del Servicio de Transportes Eléctricos del DF, ubicadas en Municipio Libre número 402, colonia San Andrés Tetepilco, Delegación Iztapalapa, Código Postal 09440.

Para concluir este acto orquestado con antelación, el C. Eugenio Rangel García se autonombra Secretario General Interino y agradece a los funcionarios del Servicio de Transportes Eléctricos el apoyo para la realización de ese evento. Ante estos hechos se presentaron diversas denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Unos días después las personas que generaron este hecho de violencia convocaron a una Asamblea Extraordinaria para presentar a un Comité Central Ejecutivo Interino figura no prevista de los estatutos del propio sindicato, a partir de ese momento se realizan en diversas fechas mítines de campaña de quienes desde la ilegalidad buscaban ser la nueva dirigencia sindical, mítines realizados en horarios de trabajo con la participación de trabajadores sindicalizados, pero también trabajadores de confianza. Fue tal la intromisión del Director del Sistema de Transportes Eléctricos en estos hechos que el día 31 de julio de 2015 apoyó en la realización de un cierre de campaña dentro de las instalaciones del Servicio, específicamente en el galerón del taller de la Primera División, así permitió el acceso a un camión con una banda musical y otorgó permisos para abandonar las áreas de trabajo autorizándoles para acudir a dicho evento.

El 26 de agosto de 2015 con la autorización de la administración del organismo, se efectúa la primera asamblea general electoral en toda la historia de la Alianza de Tranviarios, para lo cual nuevamente se otorgaron permisos al personal de base, de confianza y de extracción sindical, todo en horario de trabajo. Con la asistencia de los dos turnos de trabajadores se realizó la mencionada asamblea general en el domicilio de la empresa, con lo que se afectó gravemente a la ciudadanía por falta de trolebuses, ya que de 90 unidades solo dieron servicio 35 unidades al día, mientras que en el Tren Ligero Mexicano, se redujo de 18 corridas a 12, con solo 15 operadores dando servicio de los 35 que se tienen al día. No se atendieron, además, los reportes de emergencia de carros averiados.

El día 31 de agosto de 2015, tuvo lugar un evento convocado para celebrar la supuesta toma de Protesta del nuevo Comité Central Ejecutivo, el cual se realizó aproximadamente a las 4.00pm en las instalaciones del Servicio de Transportes Eléctricos del D.F. en dicho evento quien se ostentaba como secretario General el C. Eugenio Rangel García, agradeció en todo momento al Lic. Eduardo Venadero Medinilla, el apoyo recibido para la realización del evento; aquí es importante hacer mención que todos estos eventos no fueron realizados con dinero o fondos de la organización sindical, porque la Secretaria de Finanzas, nunca emitió o extendió ningún recurso para este fin.

El 4 y el 23 de septiembre de 2015 el C. Eugenio Rangel García convocó a marchas mítines a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para exigir la toma de nota que nunca se les otorgó, el problema se presentó porque nuevamente se autorizó a toda la base trabajadora a salir, faltar a sus labores o incluso abandonar las instalaciones en horario de trabajo para asistir a dichos mítines, afectando nuevamente la adecuada operación de las distintas áreas del Servicio de Transportes Eléctricos.

Por todos estos hechos se presentó una queja ante la Contraloría General de la Ciudad de México.

Es importante señalar que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje reconoció como Comité Central Ejecutivo de la Alianza de Tranviarios de México para el periodo sindical 1 de septiembre de 2015 a 31 de agosto de 2019 al que tiene como Secretario General al C. Benito Bahena y Lomé, al expedir la correspondiente toma de nota, no obstante el Director General del Servicio de Transportes Eléctricos se ha negado a realizar este reconocimiento, para ello, el grupo que indebida e ilegalmente pretende apoderarse de la organización Sindical, con apoyo del Director General del organismo, promovieron varios juicios de Amparo, los cuales se radicaron ante el Juzgado Octavo de Distrito en la Ciudad de México, en materia de trabajo, los cuales fueron sobreseídos y resueltos de manera definitiva, el día 11 de febrero del presente año.

Finalmente el 9 de febrero de 2016, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje aprobó un convenio que elevó a la categoría de laudo en el cual se le ordena al Director General del Servicio de Transportes Eléctricos recibir y reconocer formalmente a la representación sindical de la Alianza de Tranviarios de México, otorgarle las facilidades para cumplir su función de gestión y hacerle entrega de las oficinas sindicales.

No obstante el 24 de febrero de 2016, fecha señalada para que se cumplimentara el laudo, un grupo de aproximadamente 200 personas impidió el ingreso del personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y de la representación sindical legalmente reconocida a las instalaciones del Servicio de Transportes Eléctricos, con lo que el mencionado cumplimiento no se verificó, incluso los abogados representantes del director general del Servicio de Transportes Eléctricos manifestaron expresamente su oposición al cumplimiento del laudo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Las y los trabajadores del Servicio de Transportes Eléctricos han denunciado que paralelamente a estos acontecimientos, se ha puesto en riesgo la estabilidad laboral y emocional de la base trabajadora, debido a que sus “métodos de convencimiento” y “sus argumentos” para el supuesto “apoyo a la disidencia” son la intimidación, el acoso y la violencia con aquellos trabajadores que no están de acuerdo con Venadero - Rangel, llegando hasta sus propias áreas de trabajo, violando con ello el protocolo interno para la prevención, atención y sanción de la violencia, discriminación y hostigamiento y acoso sexual, en el cual se ordena entre otros aspectos atender a las víctimas de violencia laboral o mobbing.

El pasado 7 de marzo se dio a conocer por un diario de circulación nacional, una grabación, por demás preocupante, se trata de una conversación entre funcionarios del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, en la cual se detalla el inicio de una ofensiva y el montaje de expedientes por robo y desvío de recursos contra el presidente de Morena en la Ciudad de México, Martí Batres, y el líder del Sindicato de Tranviarios, Benito Bahena:

“Así lo revela el subgerente de Planeación del Transporte del STE, Juan Carlos Erazo, en la grabación de una reunión que sostuvo con un grupo de tranviarios el 20 de febrero, audio del cual Reforma tiene copia.

“‘Aquí con Lalo (Venadero, director general del STE) la línea es con todo. Ya, con todo a estos cuates, así con todo. Viene una contraofensiva muy fuerte contra Benito Bahena y contra Martí Batres (...) A Batres le van a sacar un expediente de robo y a Benito Bahena de desvío de recursos. Y lo van a entambar a Benito Bahena”, se escucha.

Erazo también advierte a los trabajadores que la orden de la Dirección del STE es hacer una “limpia” de quienes apoyan a Bahena; incluso, asegura que la línea viene desde la Jefatura de Gobierno.

Agrega que esta ofensiva se inscribe en la pugna por la elección de la Asamblea Constituyente.3

De esta forma resulta evidente el involucramiento del Director General del Servicio de Transportes Eléctricos en asuntos internos sindicales, lo que constituye una clara violación a los principios de libertad sindical establecidos en los Convenios 87, 98, 135 y 151 de la Organización Internacional del Trabajo.

De igual forma con este involucramiento se han violado e inobservado diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, entre ellas las obligaciones previstas en el artículo 47 de la citada ley establecidas para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, destituya al Lic. Rubén Eduardo Venadero Medinilla del cargo de Director General del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México por la desatención de sus obligaciones al frente de dicho organismo lo que ha ocasionado graves deficiencias en su operación derivadas de la falta de mantenimiento. Así como por su involucramiento en la vida sindical interna del Servicio de Transportes Eléctricos y por su desacato al laudo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de fecha 9 de febrero de 2016, por el que se le ordena recibir y reconocer formalmente a la representación sindical de la Alianza de Tranviarios de México, otorgarle las facilidades para cumplir su función de gestión y hacerle entrega de las oficinas sindicales.

Segundo. Se solicita respetuosamente al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, provea lo necesario a efecto de se cumpla debida y cabalmente al laudo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, referido en el resolutivo anterior.

Tercero. Se solicita respetuosamente al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, instruya a los titulares de la Procuraduría General de Justicia y de la Contraloría General ambos de la Ciudad de México, para que se agoten las investigaciones iniciadas con motivo de las denuncias presentadas contra el ciudadano Eduardo Venadero Medinilla y se deslinden, en su caso, las correspondientes responsabilidades penales y administrativas.

Cuarto. Se solicita respetuosamente al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, fortalecer el Servicio de Transportes Eléctricos, proporcionando el mantenimiento necesario a todas las unidades de trolebús y del tren ligero, para mejorar el servicio otorgado a las y los usuarios de estos medios de transporte; así mismo para que se restablezca el servicio de las rutas de trolebús que fueron suspendidas; ya que dicha suspensión que afecta a miles de usuarios de las delegaciones Tlalpan, Iztapalapa, Tláhuac, Benito Juárez, Iztacalco, Gustavo A. Madero, Coyoacán, Tláhuac.

Notas

1 http://www.ste.cdmx.gob.mx/index.html?page=2

2 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2016/01/9/mandan-al-taller-100-unidades-del-trolebus

3 http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/
default.aspx?id=786125&md5=7 dcc1 f318b 15e66e3439cd7170cb4c53&ta=Odfdbac11765226904c16cb9ad1 b2efe#ixzz42Kk4G8p1

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, a 10 de marzo de 2016.

Diputados: Jesús Emiliano Álvarez López, Mario Ariel Juárez Rodríguez, Renato Josafat Molina Arias (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ALDF a eliminar del Código Penal para el Distrito Federal el artículo 287, relativo a los ultrajes contra la autoridad, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Claudia Sofía Corichi García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo por el que la honorable Cámara de Diputados exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a eliminar del Código Penal para el Distrito Federal el capítulo V, artículo 287, referente a los ultrajes a la autoridad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el delito de ultraje contra una autoridad del Código Penal para la Ciudad de México, que se sanciona con penas de entre seis y 24 meses de prisión, así como con multas de hasta 100 días de salario.

II. El pasado lunes 7 de marzo, por nueve votos a dos, el pleno de ministros declaró inconstitucional el artículo 287 del Código Penal de la Ciudad de México, endurecido en 2012 por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

Los ministros consideraron que este precepto viola el principio de exacta aplicación de la ley penal, en su vertiente de taxatividad, ya que el tipo penal no es suficientemente claro al establecer las conductas prohibidas, y por tanto la sociedad no podría saber en qué momento podría o no estar incurriendo en un delito.

La SCJN resaltó que no valida las agresiones físicas que pudiesen cometerse contra las autoridades con motivo o en ejercicio de sus funciones, así como tampoco que comparta o aplauda las agresiones verbales contra funcionarios.

Explicó que en lo que se refiere a los altercados físicos, hay previsiones contenidas en el artículo 130 del Código Penal para la Ciudad de México, mientras que las agresiones verbales pueden ser sancionadas o corregidas con medidas administrativas.

III. Los ministros resolvieron conceder los amparos directos en revisión promovidos por dos personas que en su momento fueron procesadas y condenadas a este delito, durante un desalojo de un grupo de ambulantes de la delegación Xochimilco y una detenida durante las manifestaciones del 2 de octubre de 2013 en la capital del país.

IV. Seis de los ministros consideraron que esa disposición viola el principio de taxatividad de la ley penal; es decir, no deja claro qué conductas deben considerarse como ultraje a la autoridad. Otros dos ministros de la mayoría, José Ramón Cossío y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, incluso consideraron que vulnera el derecho a la libre expresión.

Otro grupo de ministros incluso estimó que es un término violatorio sobre todo de la libertad de expresión.

V. En 2012, cuando se incrementaron los enfrentamientos entre policías y manifestantes, la Asamblea Legislativa modificó el Código Penal local para fijar una sanción de dos años de prisión, en lugar de la pena de 90 a 180 días de semilibertad.

VI. La declaración de la inconstitucionalidad de este artículo, supone un llamado a los legisladores de esta ciudad para corregir dicho apartado dentro del Código Penal, así como a tomar previsiones y acciones para el ejercicio pleno de la libertad de expresión.

El uso de este tipo penal y de otros de similar naturaleza, no sólo supone un problema jurídico, sino también responde a una lógica política que plantea responder al descontento social a través de la represión, negando el ejercicio de los derechos humanos de la población.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a legislar con el objeto de eliminar del Código Penal para el Distrito Federal, el capítulo V, artículo 287, que refiere los ultrajes a la autoridad: “Al que ultraje a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de veinte a cien días de salario”, por haber sido declarado inconstitucional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2016.

Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a promover e implantar políticas protectoras de niños migrantes, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena

El proponente, diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Es bien sabido que la falta de desarrollo económico, social y político forman parte de los principales impulsores para la migración de países centroamericanos hacia Estados Unidos de América y Canadá, en los últimos años esto ha dado lugar a un incremento de la migración de tránsito que recorre el territorio nacional, de la frontera sur hacia la frontera norte, en busca de mejores condiciones económicas.

Actualmente México enfrenta uno de los mayores desafíos en materia de política migratoria, la migración de menores de edad, los niños, niñas y adolescentes internacionales deciden viajar solos para cruzar la frontera de Estados Unidos en primer lugar por el deseo de reunirse con sus familiares, en segundo término para mejorar su nivel de vida a través del desempeño de un trabajo y, otros simplemente para escapar de la violencia familiar o de la explotación sexual a que son sometidos.

Cada año alrededor de 40 mil niños y niñas que migran son repatriados desde Estados Unidos a México, de éstos, 18 mil viajan solos, esto de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración.

Según la Secretaria de Gobernación durante 2015, el número de niños y adolescentes migrantes llevados ante la autoridad mexicana se incrementó 54.6 por ciento, respecto el año previo y mucho más respecto del registro de 2011 a 2013.

Honduras, Guatemala y El Salvador concentran 98 por ciento del total de los menores migrantes detenidos por las autoridades migratorias mexicanas. Una tercera parte son niñas.

En 2011, por ejemplo, fueron 3 mil 320 jóvenes de entre 12 y 17 años de edad presentados ante la autoridad;

En 2015, durante los primeros diez meses el nivel era ya de 18 mil 183 menores de edad.

2015 cerró con 35 mil 704 presentados y 28 mil devueltos por retorno asistido.

Los nacionales de Guatemala son el grupo mayoritario del flujo total, a diferencia de los últimos meses de 2014, cuando predominaban los hondureños. Sin embargo, de los que viajaban solos hacia el norte (sin el acompañamiento de un familiar adulto), sobresalen los menores guatemaltecos.

De enero a octubre de 2015, la Unidad de Política Migratoria de la Secretaria de Gobernación reportó el crecimiento sostenido de los niños y adolescentes guatemaltecos; en ese momento ya había superado en 76 por ciento todo el recuento de 2014.

El número de ciudadanos extranjeros irregulares presentados pasó de 127 mil 332 en 2014 a 191 mil 172 en 2015. De éstos, 3 mil 416 fueron deportados (por violar las leyes mexicanas) y 123 mil 985 tuvieron el llamado retorno asistido.1

El número de casos de niños, niñas y adolescentes extranjeros que migraban sin la compañía de un adulto y fueron detectados por autoridades migratorias mexicanas aumentó un 333 por ciento de 2013 a 2015 (5 mil 596 y 18 mil 650 casos respectivamente), por lo que esta problemática requiere toda la atención para garantizar que sus derechos sean respetados.

El 97 por ciento de los niños migrantes en 2015 provenía de Honduras (27.4 por ciento), Guatemala (49.6 por ciento) y El Salvador (20.5 por ciento). La mayoría de ellos eran adolescentes de entre 12 y 17 años. En el mismo año hubo más de 11 mil eventos de repatriación de niñas, niños y adolescentes migrantes mexicanos desde Estados Unidos. De ellos el 84 por ciento (9 mil 841) viajaban sin la compañía de un adulto.

Antes que migrantes, los niños y niñas son personas con derechos que deben ser respetados, sin importar su nacionalidad, situación migratoria, raza, etnia, sexo o religión.2

Particularmente en las fronteras, el interés que ha despertado la participación de niños y adolescentes en la migración internacional, hace necesario su seguimiento y un análisis de mayor profundidad, que hasta ahora es limitado debido a la ausencia de cifras estadísticas confiables. Esto hace necesario mejorar los operativos de levantamiento de la información y recurrir al apoyo de organizaciones no gubernamentales y asociaciones que atienden las necesidades de esos migrantes para procurar una mejor aplicación de los instrumentos de captación y atención.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “profunda preocupación” por la situación de las niñas y niños migrantes no acompañados que están llegando a la frontera sur de Estados Unidos. La CIDH hizo un llamado a las autoridades estadounidenses para que tomen en cuenta que solo son niñas y niños”.

Son aterradoras las cifras que arroja la CIDH, en donde hace constar que se han registrado más de 100 denuncias de abuso físico, verbal y sexual por parte de los agentes en contra de las niñas y niños detenidos.

Muchos de los niños que se mantienen detenidos en Estados Unidos sufrieron diferentes abusos, los que incluyen falta de comida y alimentos, condiciones insalubres en sus celdas, falta de mantas, ropa y colchones limpios y adecuados. Es decir, que los niños migrantes de este país o de cualquier otro que llegan a Estados Unidos sufren violencia durante la detención y son maltratados durante su estancia en los centros de migración.

En el caso de los menores mexicanos éstos son entregados en la frontera al Instituto Nacional de Migración, este, los traslada a refugios temporales del DIF mientras familiares son contactados y si se prolonga su estancia pernoctan en una red de albergues de migrantes destinados para menores de edad, según el informe presentado por la CIDH.

Los niños y niñas pueden sufrir graves violaciones a su integridad física y a sus derechos humanos en su intento por cruzar la frontera sin compañía, en su paso por México, pueden sufrir accidentes (asfixia, deshidratación, heridas); ser enganchados a redes del crimen organizado; ser sometidos a explotación sexual o laboral; sufrir maltrato institucional en el momento de la repatriación o perder la vida en el momento del cruce, entre muchas otras cosas, por lo que la protección de sus derechos debe ser prioridad para las autoridades migratorias en México, es fundamental asegurar que estos niños y niñas reciban un trato digno por parte de las autoridades, que les sean respetados sus derechos y les sea garantizada la reunificación familiar.

Hagamos un llamado a las autoridades para que fomenten la atención, protección, educación y las oportunidades de preparación para la vida activa que necesitan con tanta urgencia y así poder ponerle fin a la migración de menores, creando un mejor ambiente para su desarrollo, tanto físico como mental.

Necesitamos medidas firmes de coordinación y cooperación a través de las fronteras, por parte de los funcionarios de aduanas y de los encargados de hacer cumplir la ley, necesitamos implementar algún tipo de convenio entre las naciones coadyuvar con ellos para así poder dar la protección a los derechos de los niños y migrantes en general, informar a las personas que podrían estar en contacto con estos pequeños, concientizarlas de que son sólo niños y niñas, aleccionarlos para actuar con calidad humana en caso de tener contacto con un menor inmigrante, esto para para proteger sus derechos, y así evitar que sean violentados.

Tenemos una enorme responsabilidad, debemos tener en cuenta los diversos factores y consecuencias que tiene la migración infantil, las autoridades mexicanas responsables de la regulación del flujo migratorio, deben implementar de forma urgente, en el marco de la Política Nacional de Migración, acciones para evitar que más menores se expongan para querer cruzar la frontera, y en el caso en que las niñas, niños y jóvenes crucen por el territorio nacional hacia Estados Unidos, que atiendan y protejan en todo momento la integridad de los menores y siempre se vele por sus derechos humanos.

Por lo motivado y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a coadyuvar con los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador, para que se apliquen eficientemente las políticas de protección de menores y garantizar la seguridad en la migración de los infantes.

Segundo. Se exhorta al Instituto Nacional de Migración a realizar estadísticas confiables de los niños migrantes nacionales e internacionales, para tener la base para ejecución de políticas públicas adecuadas.

Tercero. Asegurar que estos niños y niñas reciban un trato digno por parte de las autoridades, y les sean respetados sus derechos humanos conforme a la legislación vigente en la materia.

Notas

1 http://www.jornada.unam.mx/2016/02/29/politica/004n2pol

2 http://www.unicef.org/mexico/spanish/17043.htm

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2016.

Diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua, la CAEM y Sapase a efectuar acciones conjuntas para solucionar el desabasto de agua potable en Ecatepec, México, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Las diputadas y diputados federales que suscriben de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Antecedentes

El municipio de Ecatepec cuenta con una población de más de dos millones de habitantes y se divide en 8 pueblos, 6 ejidos, 12 barrios, 163 fraccionamientos y 359 colonias, según el bando municipal vigente publicado el 22 de enero de 2014.

Al menos el 80 por ciento de sus habitantes padece del suministro de agua. El principal cuerpo de agua con que cuenta el municipio, es él depósito de evaporación solar “El Caracol”. Dentro del patrimonio hidrológico, no existen arroyos continuos, sólo los que se forman gracias a la temporada de lluvias y bajan por los relieves orográficos, al norte se localiza el “Arroyo de Piedra”, al oeste los arroyos “La Riconada”, “El Águila, “San Andrés de la Cañada, “La Guiñada” y “La Cal”; el “Río de los Remedios” es el único con que cuenta el municipio y cuya longitud demarca el límite territorial con el DF, y el acueducto de San Pedro Atzompa, así mantos acuíferos subterráneos son también parte del patrimonio de Ecatepec.

Los conflictos y las actividades de protesta que se han generado en los círculos sociales que se han organizado en las colonias donde se han incrementado los asentamientos humanos más recientes y las demandas son mayoritarias, aunado a las colonias más antiguas de la localidad donde la infraestructura ya está muy deteriorada. Cabe señalar que el mal suministro del agua que otorga el gobierno a dichas comunidades es muy carente de programas integrales de obras hidráulicas que coadyuven a resolver las carencias, trayendo consigo acontecimientos muy fuertes de enfrenamientos sociales con las comunidades

La disminución de la distribución del agua se redujo por la falta de infraestructura que permite distribuir más y mejor él liquido en el municipio. Además que en fechas recientes se preparó un programa para limpiar el sistema Cutzamala que es la principal fuente de abastecimiento en el municipio.

En las colonias El Parque y Xochitenco por mencionar algunas, el servicio es irregular, se suspendió totalmente el 24 de diciembre del año pasado, y fue hasta el 27 de enero de este año que se reanudó, es decir, más de un mes sin recibir agua. El problema se repite en colonias como Ampliación Tulpetlac, Xochitenco, El Parque Tulpetlac, el Ostor, Texalpa y muchas más, donde el agua les llega cada mes pero por sólo un día. Ante esta situación, la gente opta por pedir pipas de agua al municipio, sin embargo, las solicitudes tienen que ser con una semana de anticipación, tiempo que tarda en llegar una pipa. Sin embargo, pese a que no les llega el agua, deben mostrar el recibo pagado del líquido que supuestamente reciben, por lo que si no lo muestran, no los surten de agua las pipas del municipio. Hay quienes optan por comprar pipas de agua a empresas particulares.

Otras de las principales causas del desabasto del vital líquido es la pérdida del más del 40 por ciento de agua potable en fugas, lo que ha hecho que en los últimos 15 años Ecatepec sea el municipio del estado de México con mayor déficit de abasto.

Para la distribución del agua potable en Ecatepec de Morelos es menester el mantenimiento de las redes hidráulicas, pozos profundos, sistema Cutzamala y ramal Los Reyes-Ecatepec, así como la construcción de más pozos profundos y tanques de agua de almacenamiento. Ello debe realizarse mediante estudios de diagnóstico científico que permitan el desarrollo tecnológico encaminado hacia una actitud de prevención, planeación y manejo autosuficiente, que consiste en la búsqueda de acciones correctivas en relación con el estudio de las causas del impacto ambiental.

Por todo lo anterior, se solicita que se apruebe el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua, Comisión del Agua del Estado de México y a el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec para que de forma conjunta hagan todas las acciones pertinentes para solucionar el gran desabasto de Agua potable que están sufriendo los habitantes del municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2016.

Diputados: Delfina Gómez Álvarez (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica), Jesús Serrano Lora, Blandina Ramos Ramírez (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Conade a emprender acciones que permitan la adecuada coordinación con la Federación Internacional de Natación y el Comité Olímpico Mexicano para garantizar la participación nacional en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil, a cargo del diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Renato Josafat Molina Arias, de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Un nuevo enfrentamiento entre la Federación Internacional de Natación (Fina), el Comité Olímpico Mexicano (COM) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) se ha dado a conocer a la opinión pública:

Las hostilidades iniciaron nuevamente el 22 de febrero del presente año cuando Rommel Pacheco, ganador de la medalla de oro, en la Copa Mundial de Clavados en Río de Janeiro, Brasil entonó el Himno Nacional Mexicano a capela y se le impidió vestir el uniforme de la selección nacional mexicana, por lo que tuvo que portar una camiseta con la figura de Popeye el marino.

Hasta el momento no se sabe si se encuentra en riesgo la participación de nadadores, clavadistas y demás atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro o bajo qué condiciones la Fina les permitirá participar.

El año pasado la Conade y la Federación Mexicana de Natación (FMN) renunciaron a organizar los Campeonatos Mundiales de Natación, como resultado del recorte al gasto público anunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a consecuencia de la caída de los precios del petróleo.

Debido a que no cumplió con las obligaciones contractuales por la cancelación del Campeonato Mundial que debía celebrarse en Guadalajara en 2017 la Fina decidió sancionar a la Federación Mexicana de Natación suspendiéndola temporalmente de toda competencia, adicionalmente los deportistas mexicanos no podrán hacer uso de la Bandera y el Himno Nacional y en su lugar competirán con la bandera y el himno de la Fina.

El 23 de febrero, Alfredo Castillo titular de la Conade manifestó, en el estilo que lo ha caracterizado como funcionario público, que la Fina intenta extorsionar a México y actúa mediante el chantaje y la represión.

Castillo Cervantes señaló que la Federación Mexicana de Natación acudió al Tribunal de Arbitraje Deportivo para aclarar las sanciones por suspender el Campeonato Mundial y en respuesta la Federación Internacional chantajeo a México con no ondear su bandera y amenazó con marginarlo de Juegos Olímpicos si no pagaban cinco millones de dólares de penalización.

Una semana después, el 2 de marzo, el titular de la Conade acusó al COM de “manipular información al dar lista de deportistas que irán a Juegos Olímpicos, cuando el proceso de clasificación está inconcluso”. Castillo Cervantes afirmó en su cuenta de Twitter que “hay disciplinas donde se clasifica por equipos y el COM ya está dando nombres por encima de entrenadores y la propia federación”. Y en otro mensaje afirmó: “Hay casos donde falta el selectivo nacional, porque se obtuvo la plaza olímpica, pero no está personalizada. Todo esto genera confusión”.

En respuesta el COM decidió cerrar las instalaciones acuáticas del Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM), señalando que por la falta del subsidio gubernamental desde hace un año atraviesa por una crisis financiera, que le impide operar la fosa de clavados y la alberca, las cuales requieren fuerte inversión para su mantenimiento.

Al parecer el enfrentamiento entre los responsables del deporte en México no terminará pronto.

Las acciones emprendidas por el titular de la Conade para terminar con el despilfarro, el desvío y la falta de comprobación de los recursos federales por los presidentes de las federaciones deportivas nacionales ha crispado la vida de las organizaciones deportivas a escasos meses de los Juegos Olímpicos en Brasil.

La atención de los problemas administrativos ha sido más importante que las necesidades de los atletas y deportistas.

Por lo expuesto anteriormente someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Por el que se exhorta al titular de la Conade para que emprenda acciones urgentes que permitan una adecuada coordinación con la Federación Internacional de Natación y el Comité Olímpico Mexicano con el objetivo de garantizar una presencia digna y evitar condicionamientos a la participación de los deportistas nacionales en los próximos Juegos Olímpicos a celebrarse en Río de Janeiro, Brasil.

Segundo. Que la Conade cumpla con las obligaciones de transparencia y divulgue conforme al principio de máxima publicidad el estado actual de la demanda que interpuso la Federación Internacional de Natación (Fina) por el supuesto incumplimiento con las obligaciones derivadas del Acuerdo mediante el que se designa a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, como sede del 17o. Fina Worldchampionship 2017, así como el contenido de dicho acuerdo.

Tercero. De a conocer si es cierto que no ha entregado los recursos correspondientes al Comité Olímpico Mexicano y en su caso señale las razones que lo motivaron.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2016.

Diputado Renato Josafat Molina Arias (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a conducirse con respeto y estricta sujeción a sus funciones, contenidas en la Ley Orgánica Municipal del estado, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputado de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde que asumió funciones como presidente municipal de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el señor Marco Cancino González ha presidido una administración inundada en críticas y cuestionamientos por parte de amplios sectores de la ciudadanía chiapaneca y sancristobalense. Elegido en un proceso electoral marcado por el derroche descarado de recursos públicos y una agresiva campaña de coacción al voto basada en el uso ilegal de programas sociales y el reparto indiscriminado de despensas, materiales para la construcción, artículos escolares e incluso pagos en efectivo1 , el alcalde emanado de las filas del Partido Verde Ecologista de México ha sido responsable de acciones controversiales entre las que destacan su decisión de tomar protesta en el cargo en fechas contrarias a las previstas en el artículo 69 de la Constitución Política del Estado de Chiapas o cuando instruyó la creación, a todas luces ilegal y arbitraria, del Instituto de la Fe2 , en contravención con la garantía de laicidad del estado dispuesta en el artículo 130 constitucional.

Pese a lo contrastante de estos actos, lo cierto es que en todos ellos subyace una conducta alarmante e inconcebible: el profundo desdén que un representante público siente no sólo contra el pueblo al que sirve sino incluso contra la propia ley, así como la riesgosa egolatría de quien asumiéndose ungido como único soberano, se cree inmune a sujeción de auditoría alguna.

Desde semejante convicción autócrata, Marco Cancino González, con el afán de asirse del control absoluto de las decisiones sobre el rumbo de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, ha hecho lo posible para impedir la realización de cabildos abiertos, cuya existencia garantiza el artículo 34 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, que versa: “el cabildo es la forma de reunión del ayuntamiento (...); sus sesiones serán ordinarias, extraordinarias o solemnes; según el caso y serán públicas ”.

Así, desde el pasado 3 de noviembre de 2015, el alcalde consiguió que la mayoría de regidores y regidoras acordara suspender las sesiones públicas, impidiendo la presencia y participación ciudadana3 . Esto ha implicado una violación sistemática de los derechos de acceso a la información, de petición y audiencia pública garantizados en los artículos 6o. y 8o. de nuestra Carta Magna, menoscabando principios constitucionales elementales, pues no ha hecho más que coartar, sin justificación alguna, la capacidad que ciudadanas y ciudadanos tienen de ser partícipes de los procesos de toma de decisiones sobre los asuntos públicos. Cuando las decisiones se toman sin sustento, representan actos arbitrarios que no encuentran justificación en el voto mayoritario.

Bajo el amparo de este esquema de opacidad institucional, el ayuntamiento ha perpetrado gravísimas faltas contra el orden democrático y el estado de derecho, resquebrajando los canales de expresión y participación al que por ley ciudadanos y ciudadanas tienen acceso, al mismo tiempo que ha alentado el autoritarismo de un edil que, soberbio frente a la voluntad de las multitudes, se admite como única voz autorizada para determinar el destino de una ciudad que cree, le sirve y pertenece. Con la insolencia y codicia que caracteriza a los corruptos se han consentido, por ejemplo, múltiples violaciones a las atribuciones previstas para los ayuntamientos en el artículo 36 de la Ley Orgánica Municipal, permitiendo que el presidente municipal ejercite, por encima de síndico y regidores, un poder incontestable en la toma de decisiones de todo lo concerniente a la administración del municipio.

Debemos hacer énfasis en que el cabildo abierto, en tanto espacio decisivo para el ejercicio pleno de la democracia, es resultado de largas luchas en favor del reconocimiento de la participación popular sobre los asuntos públicos, la autonomía municipal y el respeto a los derechos humanos individuales y colectivos. Presentes desde el periodo colonial, los cabildos abiertos representan un rasgo histórico insustituible de las formas en que este país se ha hecho ejercicio del poder en el ámbito de lo local. Desde entonces, los cabildos abiertos atribuían a los vecinos de una ciudad o villa el derecho a deliberar sobre cuestiones que abarcaban desde lo judicial y administrativo hasta lo político, constituyendo eficaces mecanismos de expresión de la voluntad popular frente a los mandatos de la autoridad central.

Sin embargo, pese al sistemático quebranto de la ley y el desconocimiento de las lecciones históricas en que ha incurrido la presidencia municipal de San Cristóbal, lo ocurrido la noche del pasado 24 de febrero superó el límite de lo concebible, y quizás más aún, de lo admisible. Esa noche fue aprobado en sesión privada de cabildo un nuevo Reglamento para el Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas que, faltando no sólo a cualquier raciocinio democrático sino a lo dispuesto por la ley, impone a la ciudadanía sancristobalense un marco regulatorio ilegal e ilegítimo sobre las sesiones públicas de cabildo. En dicho reglamento no sólo se coarta la libertad de expresión, sino también el acceso pleno a la información y el derecho de audiencia, entre otros derechos humanos fundamentales consagrados en nuestra Constitución que hoy se ven peligrosamente comprometidos.

A los periodistas, quienes de por sí el estado se ha empeñado en reprimir con motivo de restringir la opinión objetiva y critica, se les obliga en el artículo 127 a “acreditarse con veinticuatro horas de anticipación ante la Coordinación de Comunicación Social del Ayuntamiento” para tener acceso a las sesiones de cabildo, cuando en principio toda información debiera ser pública, sin restricciones.

El nuevo reglamento ejerce además un severo control sobre los regidores, quienes sufrirán restricciones inéditas en el ejercicio de sus facultades, impidiéndoles, por ejemplo, convocar a sesiones extraordinarias, así como imponiéndoles asesores que no sean necesariamente de su confianza. Tampoco podrán solicitar información a directores de área sin previa justificación escrita, disposición regresiva de lo que dicta el reglamento vigente, que garantiza como una atribución de los regidores solicitar en cualquier momento información a los directores y funcionarios del ayuntamiento.

Por si esto fuera poco, el artículo 122 del nuevo reglamento establece que los ciudadanos que deseen asistir a las sesiones públicas estarán obligados a mencionar el punto o los puntos que les interese escuchar. Una vez que sean autorizados a participar “podrán tener uso de la voz por un tiempo máximo improrrogable de tres minutos, sin exceder de 5 ponentes por sesión”. En tanto, al público se le obliga a “permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación”. Estas nuevas disposiciones violan lo establecido en el artículo 6o. de nuestra Constitución federal que con toda claridad establece “que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública...”

Sin haber cumplido siquiera un semestre en el cargo, el estilo caciquil y autoritario del presidente municipal sólo ha servido para cosechar en abundancia inconformidad, crítica y rechazo por parte de la ciudadanía sancristobalense. Sin embargo, hasta el momento las constantes denuncias de medios informativos, ciudadanos y regidores por el innegable abuso de poder y desacato a la ley que han distinguido a su administración han parecido importarle muy poco al alcalde Marco Cancino, quien con ordenamientos como el nuevo Reglamento Interior del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, busca sojuzgar los derechos y libertades del pueblo de San Cristóbal en aras de sus intereses personales.

Basta no más que una cuidadosa lectura de nuestra Carta Magna para dar cuenta que la publicidad y el pleno reconocimiento de la participación ciudadana en los municipios constituyen un imperativo jurídico del estado de derecho en México. Así lo manifiesta la fracción segunda del artículo 115, que versa: “Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar (...) los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas (...) que organicen la administración pública municipal (...) y aseguren la participación ciudadana y vecinal” . A su vez, el inciso A de la misma fracción señala, en referencia al objeto de las leyes de orden municipal, que se establecerán las bases generales de la administración pública municipal en “sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad ”.

Por lo anterior, el respeto a la realización de sesiones públicas de cabildo constituye no sólo una expresión del compromiso del estado con el pleno ejercicio de los derechos humanos, sino que abona también a la democracia y a la transparencia en la discusión y toma de decisiones sobre los asuntos que impactan a la ciudadanía, quien a su vez, cuenta con el derecho de conocer y presenciar el comportamiento público de sus representantes en la defensa de sus derechos o en el planteamiento de las propuestas que le concierna. Pero a esto justamente le teme el alcalde Marco Cancino González. A que la ciudadanía tome conciencia de su carencia de argumentos válidos, razonables y legales para justificar las violaciones al marco jurídico y de las arbitrariedades en que ha incurrido.

Ante una ordenanza ilegal como la que aquí se expone, es obligación de los parlamentarios, en su calidad de salvaguardas de la Constitución, repudiar con contundencia la aprobación de un reglamento que no sólo vulnera los principios de audiencia y libre acceso a la información, sino que arremete en contra de uno de los principios constitucionales más elementales en materia de protección de los derechos humanos: el principio de progresividad. Dicho principio establece la obligación que el estado tiene de asegurar las condiciones que permitan gradual y constantemente la protección y plena realización de estos derechos, de tal forma que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. De manera complementaria, la prohibición de regresividad indica que una vez logrado el avance en el disfrute de los derechos, el estado no podrá disminuir el nivel alcanzado.

No debemos permitir de ninguna forma un acto de simulación y mucho menos de violación a los derechos humanos y ciudadanos garantizados por la ley y que actualmente se ven amenazados por la ruindad y voracidad de un alcalde totalitario, rapaz e irracional.

Por todo lo expuesto y fundando, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al presidente municipal de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, ingeniero Marco Antonio Cancino González, para que, velando por los derechos de la ciudadanía contemplados en el artículo 6o. constitucional, así como el principio de progresividad en materia de derechos humanos, cese en sus violaciones al estado de derecho y se conduzca con respeto y estricto apego a sus funciones contenidas en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas.

Notas

1 Sin embargo. 17 de julio de 2015.

2 Revolución Tres Punto Cero. 3 de noviembre de 2015.

3 Chiapas Paralelo. 5 de noviembre de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2016.

Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno de la Ciudad de México a implantar medidas para reducir las emisiones contaminantes, suscrita por los diputados Ariadna Montiel Reyes y Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos diputados, Ariadna Montiel Reyes y Vidal Llerenas Morales, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

Debido a los elevados índices de ozono registrados recientemente en la Ciudad de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) ha determinado declarar fase de precontingencia ambiental en la ciudad dos veces en lo que va de 2016, el 19 y 21 de febrero, respectivamente.

En lo que va de la administración de Miguel Ángel Mancera Espinosa, se ha declarado precontingencia ambiental un total de 19 veces. En contraste, durante los 6 años de la pasada administración del entonces gobierno del Distrito Federal, se registraron sólo 17.

Consideramos que es necesario tomar acciones inmediatas para revertir estas condiciones ambientales. Algunas medidas que desde esta Cámara de Diputados parecen apremiantes para tal propósito son las siguientes:

1. Implantar en su totalidad el Programa para Mejorar la Calidad del Aire de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) 2011-2020 (Proaire 2011-2020). Se trata de un documento de planeación participativa que tiene como eje rector la promoción del manejo ecosistémico de la ZMVM. Dicho documento contiene un total de 81 medidas y 116 acciones agrupadas en 8 estrategias: “Ampliación y refuerzo de la protección de la salud”, “Disminución estructural del consumo energético de la ZMVM”, “Calidad y eficiencia energéticas en todas las fuentes”, “ Movilidad y regulación del consumo energético del parque vehicular”, “Cambio tecnológico y control de emisiones”, “Educación ambiental, cultura de la sustentabilidad y participación ciudadana”, “Manejo de áreas verdes, reforestación y naturación urbanas”, “Fortalecimiento institucional e investigación científica”.

2. Rediseñar el Programa Hoy no Circula. El Hoy no Circula ha sido la piedra angular del Programa para Mejorar la Calidad del Aire de la ZMVM. Es necesario rediseñar el programa, establecer nuevos niveles de emisión para permitir circular diario, establecer niveles de emisión muy estrictos para sacar definitivamente de la circulación a los vehículos altamente contaminantes, y recuperar la confianza en el programa de verificación vehicular.

3. Extender aceleradamente el sistema Metrobús. Es importante que se acelere el desarrollo del sistema que se ha constituido como una de las mejores alternativas de movilidad de la Ciudad de México.

4. Mejoramiento visible del Metro. Esto se lograría renovando sus estaciones, limpiando el espacio público exterior para dignificarlo, aumentando su capacidad (más trenes) y su frecuencia. En la medida en que el Metro sea una opción digna y económica, habrá más personas que lo utilicen; para ello habrá que generar rutas alimentadoras al STC Metro funcionales, que permitan el acceso al metro en sistemas de transporte eficiente y seguro.

5. Expandir el sistema Ecobici y ampliar las ciclovías. Ecobici debió duplicarse en los últimos 3 años, y solamente ha crecido en 60 por ciento. El sistema ha presentado sus primeras tres víctimas fatales en la presente administración. Es importante sustituir las bicicletas cuya garantía ha expirado, ampliar rápidamente el sistema hacia Coyoacán y Azcapotzalco, y extender las ciclovías a lo largo y ancho del polígono Ecobici.

6. Construir biciestacionamientos. La construcción de biciestacionamientos masivos en las estaciones del Metro y Metrobús más concurridas puede ser un factor determinante para conseguir que los usuarios utilicen bicicleta en su primer tramo de viaje hasta llegar al transporte público.

7. Mejorar el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria y los equipos de verificación vehicular. Para ello hay que incorporar sistemas de diagnóstico a bordo en la zona centro del país con la finalidad de garantizar su correcta operación e inhibir la corrupción.

8. Renovación del parque vehicular del gobierno de la ciudad y delegacional, privilegiando las mejores tecnologías anticontaminantes (vehículos oficiales utilitarios, camiones recolectores de basura, patrullas, transporte de pasajeros, y otros).

9. Sustitución de unidades a diesel e instalación de trampas de partículas en automotores a diesel. Se recomienda establecer un programa obligatorio para sustituir gradualmente los automotores a diesel propiedad del gobierno de la Ciudad de México debiendo adquirirse unidades que cumplan con la normatividad internacional más estricta (EPA 2010 o EURO VI). Asimismo, resulta conveniente instalar trampas de partículas en las unidades que aún tengan un amplio periodo de vida útil (esta medida debe aplicar en la Red de Transporte de Pasajeros, el Metrobús, los camiones de colectores de residuos, los de transferencia de residuos, etcétera).

10. Sustitución de catalizadores en taxis cada cuatro años y funcionamiento mediante sitios. El convertidor catalítico es un dispositivo que permite reducir hasta en 90 por ciento las emisiones vehiculares, su vida útil puede alcanzar fácilmente los 120 mil kilómetros, pero el recorrido de los taxis libres puede superar en un par de años este recorrido, por lo que se recomienda establecer un programa a través del cual se revise el estado del catalizador de los taxis cada año (en los talleres PIREC o en los Verificentros a través de OBD II) y asegurar la sustitución de los que están dañados. En tanto se instrumenta este programa, se podría obligar la sustitución obligatoria del catalizador cada cuatro años en taxis. También se sugiere que los taxis solo funcionen mediante sitios para evitar su circulación en vacío.

11. Generar incentivos para acelerar la introducción de vehículos eléctricos en la ZMVM, a partir del apoyo a la instalación de estaciones de carga, exención del pago de cuota en las autopistas urbanas y de uso de parquímetros, y posibilidad de circular en algunas vialidades y zonas de acceso restringido.

12. Crear verificentros gubernamentales para los vehículos mayores de 15 años. A raíz del cambio en el otorgamiento de Hologramas (con base en emisiones y no en el año modelo) la posibilidad de obtener un holograma “0” para unidades de más de quince años en lugar del holograma “2” genera un incentivo a la ciudadanía para dar un buen mantenimiento a su unidad para poder obtener dicho holograma. No obstante, la corrupción creciente en los verificentros facilitará el acceso a hologramas “0” a vehículos altamente contaminantes. Se calcula que desde que se tomó la decisión de extender el amparo de la Corte a todos los dueños de vehículos viejos, se han otorgado 320 mil hologramas “0” a vehículos viejos que se han incorporado al parque vehicular que circula diario. Se sugiere instalar 3 o 4 verificentros oficiales para que los vehículos mayores a 15 años pasen por el control oficial que debería estar muy vigilado para evitar la corrupción.

13. Promover el uso del transporte escolar. Es necesario continuar con el programa iniciado en la administración anterior, darle seguimiento, y generar una modalidad para escuelas con menor número de alumnos. Para reducir el número de personas que arriban o se retiran en auto particular de las escuelas pequeñas pueden implementarse las rondas, uso de bicicleta, acceso peatonal, sin obligar necesariamente al uso de transporte escolar.

14. Impulsar el transporte de personal. Establecer las condiciones (incentivos u obligaciones normativas) para impulsar el transporte de personal que permita sustituir viajes en automóvil privado para hacerlos ahora en medios más grandes, menos contaminantes y con menor impacto en la movilidad urbana.

15. Regular el transporte de carga. Es indispensable establecer horarios y restringir vialidades para el transporte de carga que es un factor importante del congestionamiento vial y la emisión de partículas contaminantes a la atmósfera. Debe restringirse su circulación en horas pico y vialidades secundarias, y de preferencia, incentivar el transporte de carga nocturno.

16. Asegurar la verificación de automotores propiedad de gobierno. Históricamente han existido evidencias que una gran parte de los automotores de gobierno no son presentados a verificación (principalmente patrullas), deberá asegurarse que esta situación no ocurra dado que el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria debe ser para todos los automotores y no sólo para los ciudadanos.

17. Diseñar un Programa de Movilidad de la Megalópolis que abarque todas las entidades de la Megalópolis y genere una estrategia coordinada de transporte, vialidad, mejoramiento de la calidad del aire y combate al cambio climático.

18. Actualizar el Programa de Contingencias Atmosféricas con nuevos niveles de activación y los reglamentos en materia de contaminación del aire para hacerlos más estrictos y efectivos a la luz de los avances que se han obtenido en las últimas dos décadas.

19. La ZMVM requiere de manera urgente de un plan estratégico de desarrollo urbano-ambiental que ordene el crecimiento con una visión de sustentabilidad. Este plan debe incorporar estrategias para redensificar las zonas en donde el Metro está subutilizado, y generar infraestructura para la movilidad peatonal y ciclista.

20. Reforzar el programa de detección y sanción de unidades contaminantes para detectar y detener a los vehículos ostensiblemente contaminantes, que causan un sentimiento de injusticia con respecto a las personas que sí respetan el HNC. Se sugiere ampliar el número de patrullas ecológicas, estableciendo convenios de colaboración interestatal para asegurar el cobro de las sanciones y utilizando sistemas de detección remota de contaminantes para identificar un mayor número de unidades contaminantes.

21. A través del uso de sensores remotos, se podrán identificar unidades con poca emisión de contaminantes, a las cuales se podrá exentar de la verificación vehicular como reconocimiento al propietario por el buen estado de su unidad.

Por lo motivado y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa a tomar las medidas necesarias para reducir las emisiones dadas la frecuencia con que se han registrado precontingencias ambientales en la ciudad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2016.

Diputados: Ariadna Montiel Reyes y Vidal Llerenas Morales (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Veracruz a entregar los recursos financieros federales asignados a la universidad local, suscrita por las diputadas Norma Rocío Nahle García y Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena

Las suscritas, diputadas Norma Rocío Nahle García y Ariadna Montiel Reyes, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo: Se solicita de manera respetuosa al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, la entrega inmediata de los recursos financieros federales asignados a la universidad y al órgano fiscalizador correspondiente, investigue y sancione a los servidores públicos involucrados, por no entregar a la referida institución educativa los recursos federales asignados.

Exposición de motivos

La Universidad Veracruzana conforme a lo establecido en su Ley Orgánica, es una institución pública de educación superior, autónoma, de interés social y con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo fin es la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y extensión de los servicios, asimismo establece que la Universidad deberá estar vinculada permanentemente con la sociedad, para incidir en la solución de sus problemas y en el planteamiento de alternativas para el desarrollo, sustentadas en el avance de la ciencia y la tecnología, proporcionándole los beneficios de la cultura y obteniendo de ella en reciprocidad, los apoyos necesarios para su fortalecimiento. La educación que imparta la Universidad Veracruzana, versará sobre bases acordes a las nuevas tendencias y condiciones de desarrollo y con el proceso de modernización del país.

De acuerdo con el resumen presentado por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, AC, la matrícula de la Universidad Veracruzana al 30 de marzo de 2015 asciende a 55 mil 395 estudiantes divididos en licenciatura, especialidad médica, especialidad, maestría y doctorado.

Los artículos 35 y 36 de la referida Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana establecen que el rector es la autoridad ejecutiva y representante legal de la universidad, por lo que en atención a sus facultades, su rectora, la doctora Sara Deifilia Ladrón de Guevara González, en los meses de octubre y noviembre de 2015, denunció que la Universidad Veracruzana enfrentaba una grave situación económica provocada por la retención de recursos principalmente federales que hace el gobierno del estado, explico de igual forma que dicha retención de recursos provoca que la institución tenga adeudos diversos, entre los que destacan el pago a médicos, de servicios, con proveedores, entre otros, por lo que exige del gobernador Javier Duarte de Ochoa, la liquidación del adeudo por concepto de subsidios, mismos que ascienden a más de 2 mil millones de pesos.

Considerandos

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria permite que el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esté a cargo de la programación, presupuestación, evaluación y control presupuestario del gasto público federal correspondiente a las dependencias y entidades, asimismo, la Ley para la Coordinación de la Educación superior permite que el Estado realice la asignación de recursos públicos destinados al financimiento de la educación.

De acuerdo al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2014, los recursos federales transferidos durante el ejercicio de 2014 a la Universidad Veracruzana fueron los siguientes:

• Programa de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior $10, 295, 762.00 (diez millones doscientos noventa y cinco mil setecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N).

• Apoyo para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES $3, 866, 500.00 (tres millones ochocientos sesenta y seis mil quinientos pesos 00/100 M.N).

• Fondo para elevar la Calidad de la Educación Superior $46,768,250.00 (cuarenta y seis millones setecientos sesenta y ocho mil Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N).

Sin embargo, conforme a las observaciones presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, se corroboró que la Universidad Veracruzana no devengo el 100 por ciento de los recursos transferidos en virtud de que la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno del estado de Veracruz no acreditó la transferencia de los recursos a los del Programas asignados, por lo que establece que la Tesorería deberá transferir los recursos asignados a la universidad o bien reintegrarlos a la federación en los términos de ley.

Respecto al ejercicio fiscal 2015, de acuerdo a notas informativas se conoce que las autoridades federales, el Ejecutivo estatal y la Universidad Veracruzana, firmaron un Convenio de Apoyo Financiero por el que se comprometieron a destinar un monto de 4 mil 583 millones 300 mil pesos, el cual se compondrá en un 46 por ciento de recursos federales y un 54 por ciento de recursos estatales, convenio que de acuerdo a la Universidad Veracruzana de igual forma es incumplido.

Por lo anteriormente expuesto y fundado a esta honorable asamblea atentamente presento el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita de manera respetuosa al gobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, la entrega inmediata de los recursos financieros federales que fueron asignados a la Universidad Veracruzana para el cumplimiento de sus funciones.

Segundo. Que de acuerdo al Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2014 y conforme a lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se solicita al órgano fiscalizador correspondiente, investigue y sancione a los servidores públicos involucrados, por no entregar los recursos federales asignados a la Universidad Veracruzana para el cumplimiento de sus funciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2016.

Diputadas: Norma Rocío Nahle García, Ariadna Montiel Reyes (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Secretaría de Salud y la SEP a formar un frente común integral para profesionalizar al personal que da atención educativa a niños con autismo en las escuelas públicas y las privadas del país, suscrita por las diputadas Mariana Trejo Flores y María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena

Las que suscriben, diputadas Mariana Trejo Flores y María Antonia Cárdenas Mariscal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes de Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados que somete a la consideración de ésta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Antecedentes

1.1. Una aproximación al autismo

El autismo es un trastorno neurológico complejo, que por lo general se extiende durante toda la vida del paciente. Uno de cada cuarenta y dos niños varones se diagnostica con algún trastorno con padecimiento de autismo en diferentes niveles, lo que coloca a la población infantil con un alto nivel de incidencia del padecimiento a nivel mundial, pues uno de cada 68 habitantes, según estudios de la OMS (Organización Mundial de la Salud) padece de autismo.

El autismo es más común en la infancia que los casos de cáncer, diabetes y sida pediátricos en combinación.

Las investigaciones recientes señalan que el autismo tiene la misma tendencia en cualquier raza étnica o clase social, por lo que no existe una genética humana que muestre tener mayor resistencia a no presentar el padecimiento, sin embargo, estudios recientes1 indican que la presencia de autismo tiene una mayor carga de sucesos en muestras donde se incluían mayor cantidad de varones, es decir; existe una tendencia correlativa de presentar el padecimiento cuatro veces más alto en niños que en las niñas, lo que implica que de una población de 100 mil habitantes, se tiene una población total con trastorno del espectro autista (TEA) de mil 470 habitantes con el padecimiento, de los cuales sólo 367 son mujeres y mil 103 son varones.

El trastorne del espectro autista daña la capacidad de comunicación y relación social de las personas, limitando la interacción del individuo con el entorno social, éste diagnóstico se puede evaluar y emitir desde los 3 años de edad en México, sin embargo en países desarrollados, el diagnóstico del autismo se da desde los 6 meses de edad con la tecnología aplicada en las últimas investigaciones médicas en la materia.

Normalmente son los padres quienes primero notan comportamientos poco comunes en su hijo o la incapacidad para alcanzar adecuadamente los hitos del desarrollo infantil. Algunos padres explican que su hijo parecía diferente desde su nacimiento y otros, que iba desarrollándose normalmente y luego perdía aptitudes. Puede que inicialmente los pediatras descarten las señales del autismo pensando que el niño podrá alcanzar el nivel deseado y aconsejan a los padres que esperen y vean cómo se desarrolla. Nuevas investigaciones muestran que cuando los padres sospechan que hay algo mal con su hijo, generalmente están en lo correcto. Si se tienen inquietudes acerca del desarrollo de los hijos, no se debe esperar, hay hablar con el pedíatra para que sean evaluados.

Es difícil conocer las causas del autismo, aun con los avances en las ciencias médicas que se han presentado en la actualidad, sin embargo estudios recientes de genetistas, han considerado en sus hipótesis que las causas del autismo pueden ser variaciones en la estructura genética del individuo desde la gestación, mutaciones que afectan directamente la capacidad de intercomunicación intraneuronal. Los estudios más recientes sobre trastorno del espectro autista han arrojado las siguientes consideraciones para la aparición del trastorno en el individuo:

a) Agentes genéticos como causa del autismo.

b) Agentes neurológicos, problemas principalmente en el área de comunicación y lenguaje.

c) Agentes bioquímicos; baja conexión de neurotransmisores, serotonina y triptófano.

d) Agentes infecciosos, ambientales y contaminantes; en algunos casos se han considerado este tipo de agente como causas del autismo debido a la exposición de la madre en la etapa de gestación a químicos y contaminantes que elevan el nivel de riesgo en condiciones neuronales.

Existen 4 tipos de autismo:

• Síndrome de Asperger; adolece el individuo de capacidad de relacionarse con las personas y mostrar empatía por alguien más. Aparece principalmente en los hombres y es uno de los síndromes más comunes de autismo.

• Síndrome de Rett; trastorno cognitivo que afecta principalmente a mujeres y aparece en uno de cada 100 mil habitantes. Se presenta con retrasos en el lenguaje y motriz.

• Trastorno de desintegración infantil; es el trastorno que se presenta en los niños cuando suelen tener una regresión de edad mental.

• Trastorno generalizado del desarrollo no especificado; son problemas leves de comunicación e interacción de los individuos con la sociedad, es el más frecuente de todos los tipos de autismo.

1.2. La prevención y el tratamiento del autismo

Ninguno de los trastornos del espectro autista tiene cura. Todas las terapias están enfocadas a la paliación de los síntomas y a la mejora de la calidad de vida del paciente.

La terapia suele ser individualizada y ajustada a las necesidades que precisa cubrir el sujeto, consiguiendo mejor pronóstico cuanto más precoz sea su inicio. El tratamiento del autismo en este sentido suele incluir:

a) Intervenciones conductuales educativas: se realizan tanto en el sujeto diagnosticado de autismo, como en su ambiente familiar cercano. La terapia consiste en una serie de sesiones cuyo objetivo es la obtención de capacidades intensivas y de alta estructuración, orientadas a que los sujetos desarrollen habilidades sociales y del lenguaje . Se suele emplear el Análisis Conductual Aplicado. La terapia incluye también a las personas que conforman el entorno del sujeto (padres, hermanos, educadores, etcétera), a fin de prestar un apoyo a estos en el desarrollo de la vida diaria con una persona diagnosticada de trastorno autista y en la adquisición de habilidades para relacionarse con esta persona.

b) Intervenciones emocionales y psíquicas: tienen como objetivo la adquisición y desarrollo de habilidades emocionales de expresión y reconocimiento de sentimientos, desarrollo de la empatía ... Al igual que las intervenciones sociales educativas, la terapia incluye el círculo social cercano, con los que se trabaja también la expresión de sus sentimientos, frustraciones, impresiones, etcétera, hacia el sujeto con trastorno autista.

c) Medicamentos: no existen medicamentos específicos para el tratamiento del trastorno autista, por lo que se emplea siempre terapia paliativa de la sintomatología desarrollada por el sujeto. Así, si existen convulsiones, se prescriben uno o varios anticonvulsivos específicos, y si existe impulsividad o hiperactividad, se recurre al empleo de medicamentos de uso habitual en pacientes con trastorno de déficit de atención. Los medicamentos más habituales administrados a estos pacientes son los ansiolíticos, antidepresivos y los empleados en el trastorno obsesivo-compulsivo.

En la mayoría de los pacientes la sintomatología presenta una buena evolución con el diagnóstico y el tratamiento precoces. Por lo general, cuanto antes se inicie la terapia, mejor es el pronóstico del paciente; no obstante, algunas variables presentan una evolución bastante negativa, al tratarse de alteraciones en las cuales el sujeto presentó una evolución correcta de las habilidades hasta determinada edad, en la que se produjo un retroceso progresivo no controlable.

1.3. El marco legal actual en México

Existe un porcentaje de pacientes que son capaces de desarrollar una vida personal y laboral independiente o con un grado de apoyo bajo, aunque lo habitual es que los pacientes precisen apoyos y servicios externos a lo largo de toda la vida. Los niños con padecimiento autista, como se puede entender presentarán una complejidad tanto en su educación como en su desarrollo personal, sin embargo, los esfuerzos legales y educativos para brindarles garantía de bienestar a quienes tienen el padecimiento se están dando en nuestro país, tal es el caso de los esfuerzos realizados por la honorable Cámara de Diputados donde se promulga la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista en abril de 2015, dando un paso importante en materia legislativa para la atención de un sector vulnerable que no contaba con un esquema de protección propio.

El artículo 10 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, se contempla en las XXII fracciones, todo un marco de derechos a los que están facultados todos los individuos (ciudadanos) que presenten la condición de autismo, refiriéndose en primer lugar a los siguiente:

(Inicia transcripción del artículo 10).

Se reconocen como derechos fundamentales de las personas con la condición del espectro autista y o de sus familias, en los términos de las disposiciones aplicables, los siguientes:

I. Gozar plenamente de los derechos humanos que garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables;

II. Recibir el apoyo y la protección de sus derechos constitucionales y legales por parte del Estado Mexicano –federación, entidades federativas y municipios–; Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista.

III. Tener un diagnóstico y una evaluación clínica temprana, precisa, accesible y sin prejuicios de acuerdo con los objetivos del Sistema Nacional de Salud;

IV. Solicitar y recibir los certificados de evaluación y diagnóstico indicativos del estado en que se encuentren las personas con la condición del espectro autista;

V. Recibir consultas clínicas y terapias de habilitación especializadas en la red hospitalaria del sector público federal, de las entidades federativas y municipios, así como contar con terapias de habilitación;

VI. Disponer de su ficha personal en lo que concierne al área médica, psicológica, psiquiátrica y educativa, al igual que de los certificados de habilitación de su condición, al momento en que les sean requeridos por autoridad competente;

VII. Contar con los cuidados apropiados para su salud mental y física, con acceso a tratamientos y medicamentos de calidad, que les sean administrados oportunamente, tomando todas las medidas y precauciones necesarias;

VIII. Ser inscritos en el Sistema de Protección Social en Salud, conforme a lo establecido en la Ley General de Salud;

IX. Recibir una educación o capacitación basada en criterios de integración e inclusión, tomando en cuenta sus capacidades y potencialidades, mediante evaluaciones pedagógicas, a fin de fortalecer la posibilidad de una vida independiente;

X. Contar, en el marco de la educación especial a que se refiere la Ley General de Educación, con elementos que faciliten su proceso de integración a escuelas de educación regular;

XI. Acceder a los programas gubernamentales para recibir alimentación nutritiva, suficiente, de calidad, y de acuerdo a las necesidades metabólicas propias de su condición;

XII. A crecer y desarrollarse en un medio ambiente sano y en armonía con la naturaleza;

XIII. Ser sujetos de los programas públicos de vivienda, en términos de las disposiciones aplicables, con el fin de disponer de vivienda propia para un alojamiento accesible y adecuado;

XIV. Participar en la vida productiva con dignidad e independencia;

XV. Recibir formación y capacitación para obtener un empleo adecuado, sin discriminación ni prejuicios;

XVI. Percibir la remuneración justa por la prestación de su colaboración laboral productiva, que les alcance para alimentarse, vestirse y alojarse adecuadamente, así como también para solventar cualquier otra necesidad vital, en los términos de las disposiciones constitucionales y de las correspondientes leyes reglamentarias;

XVII. Utilizar el servicio del transporte público y privado como medio de libre desplazamiento;

Disfrutar de la cultura, de las distracciones, del tiempo libre, de las actividades recreativas y deportivas que coadyuven a su desarrollo físico y mental;

XVIII. Tomar decisiones por sí o a través de sus padres o tutores para el ejercicio de sus legítimos derechos; XIX. Gozar de una vida sexual digna y segura;

XX. Contar con asesoría y asistencia jurídica cuando sus derechos humanos y civiles les sean violados, para resarcirlos, y XXII. Los demás que garanticen su integridad, su dignidad, su bienestar y su plena integración a la sociedad de acuerdo con las distintas disposiciones constitucionales y legales.2

En la fracción IX y X, encontramos los derechos que tienen los niños y jóvenes en edad escolar, para ser educados con herramientas y personal calificado para poder integrarse a una condición de “normalidad” al interior de una escuela pública. Es por eso, que esta proposición con punto de acuerdo, revisando las condicionantes anteriores, que se propone que se exhorte a la Secretaría de Salud del gobierno federal y a la Secretaría de Educación Pública para que se establezca una coordinación intersectorial educativa y de salud con profesionales, para brindar una educación de calidad a los niños educandos que presenten la condición de autismo. En muchas ocasiones, el personal profesional que atiende la educación especial de los niños con autismo, no cuenta con la formación propia para brindar una educación de calidad a cada uno de sus estudiantes.

Con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, proponemos al pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud y Secretaría de Educación pública, con un objeto que conformen un frente común integral para la profesionalización del personal que da atención educativa a niños con padecimiento de autismo en todas las escuelas públicas y privadas de los Estados Unidos Mexicanos.

Notas

1 https://www.autismspeaks.org/qu%C3%A9-es-el-autismo

2 Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2016.

Diputadas: Mariana Trejo Flores y María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, la Secretaría de Economía, la Conagua y la Profepa a implantar medidas para reestablecer el caudal del río Atoyac, en Veracruz, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos, diputados a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Morena con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, a tenor de los siguientes

Consideraciones

En la zona centro del estado de Veracruz, enclavado en las montañas se encuentra la Congregación de Ojo de Agua Grande, perteneciente al municipio Amantlá de Los Reyes, Veracruz, lugar de gran belleza natural y sitio del cual surge el río Atoyac. Esta corriente de agua se prolonga hasta la desembocadura de la vía fluvial en el municipio de Boca del Río, en el litoral del Golfo de México, cruzando a su paso por los municipios de Atoyac, Yanga, Cuitláhuac, Carrillo Puerto, Cotaxtla y Medellín.

El río Atoyac se considera de los más importantes del estado de Veracruz, ya que surte de agua a más de 10 mil familias y a la industria azucarera de la región que es de los principales motores de la economía de la zona y de la entidad federativa, sin olvidar las actividades agropecuarias, siendo de especial importancia los cultivos de la caña de azúcar, el limón persa de exportación, la ganadería, a las que se suma el ecoturismo y que también dependen de los caudales de este río, de hecho, todas estas actividades económicas hacen que la cuenca del río Atoyac sea parte de la zona que se conoce como El corredor de oro .

Pero, al día de hoy los habitantes de las comunidades que dependen del agua que provee el río Atoyac para sus consumo doméstico y actividades productivas temen con razón que el vital líquido escasee, ya que el pasado 29 de febrero en el río se abrió un socavón, por el cual se están drenando al subsuelo aproximadamente 200 litros de agua por segundo.

El presidente municipal de Atoyac hizo un llamado para rescatar el río Atoyac, por lo que la Secretaría de Protección Civil de Veracruz en un primer reporte, señalo: “Estas grietas se meten adentro de los terrenos y continúan haciéndose grietas”, ya en conjunto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtieron que el río Cotaxtla, donde desemboca el río Atoyac, se encuentra por debajo de su nivel normal debido a la desaparición del afluente.

Es así que director general de Administración y Atención de Emergencias del estado, en entrevista para los medios de comunicación, afirmo que “aparentemente se trata de una fractura geológica que formó un cráter en el río Atoyac, lo que ha provocado que el agua se vaya al subsuelo, agregó que la fractura causa preocupación entre los campesinos ya que deducen que por ésta se está yendo el líquido del afluente”.

Este socavón, además de amenazar seriamente la calidad de vida de la población y la economía local, puede afectar severamente el ambiente, ya que los bellos ecosistemas que han evolucionado a lo largo del río Atoyac requieren del flujo de las aguas que el mismo les provee, de prolongarse esta falta de agua se corre el riesgo de un desastre ecológico, con la consecuente pérdida de flora, fauna y servicios ambientales.

En cuanto a las causas que originaron el fenómeno, se tiene la hipótesis de que son origen natural; podría deberse a un proceso de erosión kárstica, fenómeno natural ocasionado por las corrientes de agua que escurren bajo la superficie terrestre debido a la infiltración de las aguas superficiales y el intemperismo químico, lo que provoca un desgaste de las rocas calizas.

Organizaciones de defensa del agua como la Coordinadora de los Pueblos en Defensa del Río Atoyac que cuida el nacimiento del río en la comunidad de Paraje, perteneciente a Amatlán, demandó la intervención de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la geóloga quien ya realizó un mapeo de la cuenca hidrológica desde el Pico de Orizaba hasta la desembocadura en Boca del Río para darle solución y evitar que acabe de colapsar el afluente. Uno de sus integrantes expresó que el nivel del afluente bajó drásticamente a consecuencia de la grieta y por la explotación de que es sujeto desde hace décadas por las empresas asentadas en su trayecto y el Sistema de Riego Alfredo V. Bonfil.

Al respecto, en declaraciones a medios de comunicación, el procurador de Medio Ambiente estatal, refirió que al lugar han acudido expertos de diversas ramas como son geólogos, para revisar el socavón y determinar las medidas a tomar. Señaló que hace años se presentó un caso similar en Misantla; son acomodamientos del subsuelo recalcó. Señaló que este tipo de fracturas no rebasan el kilómetro, y no es una gran grieta; el río es importante para el riego de las siembras por lo que es importante reorientar el cauce del afluente.

Pero no habría que descartar que el problema sea de origen antropogénico, ya desde hace algunos años, la Coordinadora de los Pueblos en Defensa del Río Atoyac ha venido denunciando la degradación de esta vía fluvial, misma que en sus márgenes y alrededores ha padecido la deforestación brutal de los cerros y los bosques que sirven como fuente de recarga al río; sufriendo también la pérdida de biodiversidad de flora y fauna, junto con la caza ilegal de especies nativas. En su rivera también se da la extracción de materiales pétreos y la explotación de las minas de piedra en Santa Ana, municipio de Amatlán de Los Reyes.

Los habitantes de la región tienen fundadas sospechas de que este desastre ambiental es causado por las actividades de la empresa Agregados Jácome, SA de CV (Cantera Santa Ana), dedicada a la minería de arena y grava, ya que la misma realiza explosiones el subsuelo, utilizando para esto grandes cantidades de explosivos, si bien, los promoventes de esta proposición con punto de acuerdo no podemos asegurar que estas explosiones hayan sido las causantes de los socavones que drenan el río, sí vemos como algo urgente el que las autoridades competentes, entre las que se encuentra la Secretaría de Económica, por ser la autoridad encargada de regular la industria minera, investiguen esta hipótesis, y de ser ésta correcta actúen conforme a derecho.

En otro orden de ideas, vemos como indispensable que se realicen las acciones pertinentes para regresar el río a su estado anterior, lo cual requiere de la pronta realización de obras de ingeniería hidráulica, como sería la construcción de un canal de desvío que evada la falla geológica e impida que el agua se filtre al socavón.

Si simplemente se hiciera un intento por rellenar las fosas abiertas se corre el riesgo de que se vuelvan a abrir, a decir de los expertos de la UNAM, si ya colapsó en ese punto es porque las rocas están siendo disueltas y seguirá colapsando.

Por lo expuesto, y por considerarse de urgente u obvia resolución, nos permitimos presentar ante este pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Gobernación a que declare en estado de emergencia lo ocurrido en el río Atoyac, con el fin de que se asignen recursos del Fondo Desastres Naturales para restablecer el caudal del río Atoyac en Veracruz.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al titular de la Comisión Nacional del Agua, para que en el marco de las atribuciones y facultades se aboque a la brevedad a construir en el río Atoyac la infraestructura consistente en un canal que reencause las aguas al curso del arroyo río abajo, a fin de restablecer su caudal y evitar el socavón que se abrió el 29 de febrero de 2016.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los titulares de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de la Comisión Nacional del Agua y de la Secretaría de Económica, a que en el marco de sus atribuciones y facultades, investiguen las causas por las cuales se abrió el socavón que drena el río Atoyac, y de ser éstas de origen antropogénico actúen conforme a derecho.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2016.

Diputados: Rodrigo Abdala Dartigues (rúbrica), Sergio René Cancino Barffuson (rúbrica), María Chávez García, Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Juan Romero Tenorio (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur a considerar la inclusión de Chapala, Jalisco, en el Programa Nacional de Pueblos Mágicos, a cargo de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, María Antonia Cárdenas Mariscal, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo:

Antecedentes

Según la Secretaría de Turismo, un pueblo mágico es una localidad que cuenta con atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, en fin magia que emana en cada una de sus manifestaciones socioculturales, y que significan hoy día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico.

El programa Pueblos Mágicos contribuye a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros.

Chapala es uno de los destinos turísticos preferidos para los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, turistas nacionales y extranjeros tanto para los buscadores de deportes extremos como para los amantes de la naturaleza.

Según datos de la Secretaría de Turismo,1 en 2014 hubo una afluencia de visitantes de 1 079 184 903 877 nacionales y 175 307 extranjeros, colocándolo en la tercera zona de Jalisco más visitada después de Puerto Vallarta y Los Altos.

Además, generó una derrama económica por 1 058 477 758 pesos, ubicándolo también en el tercer puesto en ingresos. Se encuentra cerca de otros destinos turísticos importantes para la región como Tequila, Puerto Vallarta, Manzanillo (Colima), Tapalpa o Mazamitla.

Su principal atractivo es el lago que también lleva su nombre, un lago que por sus dimensiones es el más grande de México,2 portador de hermosos paisajes y de un clima privilegiado la mayor parte del año, así como también es hábitat de muchas especies de flora y fauna; además de ser la principal fuente de agua para la región, sin olvidar sus bellas construcciones antiguas como la parroquia de San Francisco de Asís y su folclórico centro histórico lleno de hermosas tradiciones y una rica cocina típica.

Fundamento legal

El 26 de septiembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación3 el acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para la incorporación y permanencia al programa Pueblos Mágicos, en el que se menciona lo siguiente:

Que México es una nación cimentada en su riqueza cultural e histórica la cual se manifiesta en la belleza natural y arquitectónica de sus pueblos y comunidades, así como en la diversidad de su oferta cultural tangible e intangible.

Que en el país hay un conjunto de pueblos y localidades con alto potencial turístico que puede ser aprovechado, mediante políticas públicas fundadas en la coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno.

Que el gobierno de la república tiene la firme convicción de hacer del turismo una actividad que contribuya a elevar los niveles de bienestar de la población receptora, mantener y acrecentar el empleo, fomentar y hacer rentable la inversión, así como fortalecer y optimizar el aprovechamiento racional de los recursos y atractivos naturales y culturales con la actuación básica de todos los actores de la sociedad.

Que en 2001 nació el Programa Pueblos Mágicos, como una estrategia para el desarrollo turístico, orientada a estructurar una oferta turística complementaria y diversificada hacia el interior del país, basada fundamentalmente en los atributos históricos y culturales de localidades singulares.

Que Pueblos Mágicos es un programa congruente con los ejes de la política nacional turística, los cuales de manera integral establecen como prioridad nacional, impulsar a México como destino turístico de clase mundial, mediante la promoción de la riqueza patrimonial, material e inmaterial del país.

Que entre los principales proyectos de inversión del PNI se encuentra el Programa de Apoyo a Pueblos Mágicos en 31 entidades federativas, considerado como uno de los 10 proyectos estratégicos del sector turismo, de alcance interregional y nacional, y que consistirá en la realización de trabajos de mejoras en los centros de cada uno de los Pueblos Mágicos, como son cableado subterráneo, restauración de edificios emblemáticos, sustitución de pisos utilizando materiales originales, señalización turística y rescate de áreas verdes; y así se podrían mencionar otros puntos de igual importancia.

Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, se somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Turismo a considerar Chapala, Jalisco, en el Programa Nacional de Pueblos Mágicos.

Notas

1 Secretaría de Turismo, http://secturjal.jalisco.gob.mx/invierte-en-jalisco/estadisticas

2 http://www.ceajalisco.gob.mx/chapala.html

3 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5361690&fecha=26/09/2 014

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2016.

Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Juntas Federal de Conciliación y Arbitraje y local de Michoacán a difundir las bases jurídicas atendidas en las resoluciones de las huelgas estalladas en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, en la Universidad de Michoacán y la empresa minera Arcelor Mittal, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

Las diputadas y los diputados que suscriben, del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracción I, y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La revisión salarial y contractual de los contratos colectivos de los pocos sindicatos verdaderos que existen en este país, se dan en los primeros meses del año, situación por la cual las mesas de negociación se abren para llegar a un acuerdo en beneficio de empresas y trabajadores y que finaliza con la firma del contrato colectivo. Sin embargo, este año se tienen ya cuatro casos de estallamiento de huelga, tres de las cuales, de manera ilegal, han sido declaradas sin efecto, por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA) y de la Juntas Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Michoacán.

En la Ley Federal del Trabajo (LFT)1 podemos encontrar tres clasificaciones de la “huelga” que a continuación se transcriben:

Artículo 444. Huelga legalmente existente es la que satisface los requisitos y persigue los objetivos señalados en el artículo 450.

Artículo 445. La huelga es ilícita:

I. Cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o las propiedades; y

II. En caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que dependan del Gobierno.

Artículo 446. Huelga justificada es aquella cuyos motivos son imputables al patrón.

Sin embargo, y a pesar de que la LFT establece la obligación de Juntas de Conciliación y Arbitraje de hacer respetar el derecho de huelga, la realidad es otra.

Artículo 499: La Junta de Conciliación y Arbitraje y las autoridades civiles correspondientes deberán hacer respetar el derecho de huelga, dando a los trabajadores las garantías necesarias y prestándoles el auxilio que soliciten para suspender el trabajo.

Ahora el gobierno mexicano estrenó una nueva maniobra a través de las autoridades laborales para impedir a toda costa el ejercicio del derecho de huelga en nuestro país y así dejar impecable la estadística oficial de “cero huelgas”, como símbolo de ¨la paz laboral¨ de la administración de Peña Nieto.

En este último mes se han presentado cuatro estallamientos de huelga en distintos lugares de trabajo. Tres de ellos tienen algo en común. Dos fueron calificadas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje como “improcedentes” y otra de ellas, por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Michoacán, como “de puertas abiertas”. Dos términos que no existen dentro de nuestras leyes laborales y que necesitan más que una explicación para violentar el derecho de huelga de miles de trabajadores que defienden sus contratos colectivos y derechos laborales tan fundamentales como lo es la seguridad social y la estabilidad en el trabajo.

El primer caso es el de seiscientos trabajadores académicos y administrativos del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), institución con más de treinta años de vida, que se ha ganado un gran prestigio en su campo. El estallamiento de la huelga se da por la resistencia de la directiva del CIAD a tratar la problemática de la seguridad social; sus trabajadores no están protegidos por institución alguna, a pesar de lo señalado en la ley, esto es, no se encuentran afiliados ni al ISSSTE ni al IMSS, sino que el propio Centro creó un fideicomiso cuyos recursos y servicios son cada vez más precarios. Un segundo elemento, es el abandono por parte de su director Pablo Wong, en el ejercicio de su gestión; basta señalar que el pliego de peticiones que le fue notificado desde el 18 de diciembre del año anterior, fue revisado por él hasta el 22 de febrero de 2016, o sea, ocho días antes de concluir la negociación; se negó incluso, al llamado de las autoridades para conciliar el conflicto. Un tercer factor desfavorable al acuerdo, fue la negativa de la institución a formular una propuesta clara en materia de incremento salarial.

Al no encontrar una mínima respuesta a sus peticiones, los trabajadores no tuvieron otra opción que estallar la huelga el primer minuto del 1o. de marzo. Las autoridades laborales se abstuvieron de conciliar activamente asumiendo una actitud parcial en favor de la institución. De manera sorpresiva, 40 minutos después de estallada la huelga en todos los centros laborales del país, resolvieron declarar improcedente el movimiento, argumentando que no se había señalado ¨personal de emergencia¨. No existe antecedente en la ley ni en la jurisprudencia; que condicione el ejercicio del derecho de huelga a que el sindicato señale personal de emergencia, porque tal derecho corresponde al patrón cuando considere que es necesario designar trabajadores que continúen labores de mantenimiento y aun así el sindicato, a petición de la Junta, propuso dicho personal por escrito, sin embargo, la autoridad alegó absurdamente que se debió haber hecho el mes anterior.

El artículo 926 de la Ley Federal del Trabajo señala textualmente:

“La Junta citará a las partes a una audiencia de conciliación, en la que procurará avenirlas, sin hacer declaración que prejuzgue sobre la existencia o inexistencia, justificación o injustificación de la huelga.”

Esta disposición es clara, para evitar la maniobra que hoy lleva a cabo la Junta Federal, quien dictó la resolución, 40 minutos después de estallada la huelga, cuya impugnación legal corresponde en todo caso al patrón, que cuenta con 72 horas posteriores a la suspensión de labores para solicitar su inexistencia. Si no lo hace, la huelga se considera existente.

La conducta del representante del gobierno federal, repite con argumentos distintos la manipulación de esta audiencia conciliatoria para impedir el derecho de huelga. El pasado noviembre, inventó otras causales en contra del Sindicato de los Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

El segundo caso es el de El Sindicato Único de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) que estalló la huelga el lunes 29 de febrero de 2016, al rechazar el 3.15 por ciento al salario tabulador y 0.5 por ciento a prestaciones. Los maestros pedían 10 por ciento al salario directo y cinco a prestaciones. La huelga se decidió en asamblea general con mil 36 votos fueron a favor de la huelga; 431 en contra y 109 abstenciones.

El rector Serna González se había comprometido a gestionar y conseguir recursos extraordinarios para hacer efectivas las promociones académicas aprobadas en 2011, pero justifica el no cumplimiento diciendo que la Universidad ha vivido con déficit en los últimos años, incluso dice que en diciembre de 2015 se habían acumulado cerca de mil 500 millones de pesos.

Una vez que se colocaron las banderas rojinegras en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo, el rector señaló que la huelga sería de “puertas abiertas”, es decir, los planteles estarían abiertos al personal administrativo y estudiantes, y los maestros no sindicalizados (aproximadamente 500) que decidieran seguir trabajando.

El presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Hill Arturo del Río confirmó lo dicho por el Rector: que la Huelga de la Universidad Michoacana “deberá ser de puertas abiertas, lo que significa que no se podrán impedir las actividades administrativas, ni el paso a los profesores no sindicalizados”, y con descaro el funcionario estatal indicó que esta resolución es un hecho sin precedentes en la historia de Michoacán y del país.

Haciendo referencia de nueva cuenta a la LFT, transcribimos el Artículo 4:

Artículo 4o. No se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de estos derechos sólo podrá vedarse por resolución de la autoridad competente cuando se ataquen los derechos de tercero o se ofendan los de la sociedad:

II. Se ofenden los derechos de la sociedad en los casos previstos en las leyes y en los siguientes:

a) Cuando declarada una huelga en los términos que establece esta Ley, se trate de substituir o se substituya a los huelguistas en el trabajo que desempeñan, sin haberse resuelto el conflicto motivo de la huelga, salvo lo que dispone el artículo 468.

b) Cuando declarada una huelga en iguales términos de licitud por la mayoría de los trabajadores de una empresa, la minoría pretenda reanudar sus labores o siga trabajando.

Otra clasificación de la huelga que no se contempla en la LFT. No podemos estallar huelga en una parte del centro de trabajo, y que la otra parte siga funcionando. Esta política de esquirolaje de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje tiene como fin solamente el causar conflictos internos entre los profesores que dividan su lucha.

Tras siete días de protesta, el 7 de marzo de 2016 el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) dio por terminada la huelga que mantenían.

El tercer caso es de la huelga de la Universidad Autónoma de Querétaro.2

Las y los agremiados al Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de Querétaro (STEUAQ), aprobaron el estallamiento de huelga en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) el 4 de marzo de 2016.

Previo al estallamiento se tuvieron varias mesas de negociaciones con la autoridad universitaria; sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo, además de que la universidad retiro las propuestas que habían realizado al sindicato. En este caso, los trabajadores hacen responsable al señor rector Gilberto Herrera por violaciones al contrato colectivo y por no prestarse a una negociación.

En un acto por demás ilegal, la UAQ pidió a la autoridad laboral que se archive la huelga, ya que la segunda prórroga que se otorgó al STEUAQ fue ilegal. A su vez pidieron que en caso de estallamiento sean los administrativos que se vayan a huelga y que la universidad permanezca abierta, en una copia del proceder de las autoridades laborales de Michoacán. Afortunadamente en este caso, el presidente de la junta emitió el fallo a favor de los trabajadores.

Hasta el día 8 de marzo la huelga continúa y las mesas de negociación siguen, esperando una pronta resolución del conflicto. La Junta de Conciliación y Arbitraje de Querétaro sigue conciliando entre las partes.

El cuarto caso es de tres mil 500 agremiados a la sección 271 del Sindicato Nacional Minero que estallaron la huelga en la empresa acerera Arcelor Mittal, ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el 4 de marzo, por despidos injustificados y violaciones al contrato colectivo de trabajo.

A las 10 horas aproximadamente, después de que la mayoría de los integrantes de la asamblea votó a favor del paro de labores, los huelguistas marcharon por la avenida principal de la ciudad y se dirigieron a la zona industrial donde se ubica la empresa productora de acero, para colocar las banderas rojinegras a las 12 del mediodía.

Sin embargo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, una hora antes del plazo fijado para el inicio de la huelga, “de manera ilegal e inconstitucional archivó el expediente de huelga, lo que abre una peligrosa perspectiva de que la huelga sea declarada nula por ese organismo aprovechando el fin de semana y que posteriormente se proceda a la represión de los trabajadores huelguistas.

El hecho de que la JFCA haya “archivado” el expediente de la huelga (con número III-2601/2015) tiene el peligro de que sea declarada nula y que entonces pueda procederse al desalojo y la represión de los trabajadores que ya están en huelga, con los consiguientes daños a la paz social, las violaciones al estado de derecho y a los derechos humanos de los huelguistas,

Como los casos anteriores, este proceder de la Junta Federal, pone en entredicho el Estado de derecho, ya que “archivar” el expediente es una acción ilegal e inconstitucional. El Sindicato declara: “El procedimiento de huelga tiene varias opciones legales, como la conciliación, la prórroga del estallido, etc., mismas que llevamos a cabo desde el 18 de junio de 2015 ante la Junta Federal, por iniciativa del Sindicato y la empresa. Pero al llegar hoy a la negativa de la empresa de solucionar las violaciones cometidas al CCT, sorprendentemente la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje actúa contra el derecho de huelga constitucional y legal, sin ofrecer otra vía que la cerrazón de la autoridad”.

El subsecretario del Trabajo,3 Rafael Avante Juárez, aseveró que la huelga iniciada por los trabajadores de la acerera Arcelor Mittal, no cuenta con el aval de la autoridad y, por tanto, sólo se considera un paro laboral.

El citado subsecretario Avante cínicamente en el 13 Congreso Nacional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), agradeció a esta organización y a los dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y de la CROM, a contribuir a la “paz laboral”.

En cambio, criticó a “otras” centrales sindicales a las que calificó de protagonistas y estridentes. “Hay un aspecto que debemos preservar como un gran tesoro, la paz laboral, la paz que hoy subsiste entre empresarios y trabajadores que nos han permitido no solamente transitar sin huelgas a nivel federal sino que también preocuparnos por otras prioridades en vez de pasarnos el tiempo resolviendo conflictos”.

Estas declaraciones y el proceder de las Juntas de Conciliación reflejan claramente la subordinación de las autoridades laborales a las consignas del poder ejecutivo y fortalecen la exigencia de una reforma al sistema de justicia para que existan jueces imparciales que ajusten su conducta a la ley.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exige a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, hacer públicas las bases jurídicas que emplearon en las resoluciones de las tres huelgas que estallaron en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, en la Universidad Michoacana y en la empresa acerera Arcelor Mittal, respectivamente, que de manera ilegal declararon “improcedentes” y “de puertas abiertas”, así como su proceder como conciliador para el avance de la negociación de dichos conflictos y al Secretario de Trabajo y Previsión Social que explique la política implantada de “cero huelgas”.

Notas

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_120615.pdf 8/mzo/2016

2 http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/24-02-2016/
el-steuaq-emplaza-huelga-pide-aumento-salarial-de-10#sthash.oUEACqYO.dpuf

3 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/04/mineros-de-michoacan-esta llan-huelga-en-lazaro-cardenas-5034.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 10 de marzo de 2016.

Diputados: Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Mario Ariel Juárez Rodríguez.

Con punto de acuerdo, relativo al traslado de José Manuel Mireles Valverde del Cefereso número 11, con sede en Hermosillo, Sonora, al Cereso David Franco Rodríguez, en Charo, Michoacán, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Norma Xóchitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la XLIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo. Lo anterior, en atención de las siguientes

Consideraciones

1. A través de diversos medios de comunicación y por denuncias de los familiares y abogados del C. José Manuel Mireles Valverde, hemos conocido de las ilegalidades y abusos cometidos en su proceso y las difíciles condiciones que vive en su estancia en el Reclusorio Federal de Hermosillo, así como de las dificultades de sus familiares para visitarlo y estar al pendiente de él.

2. Como es del dominio público, José Manuel Mireles Valverde fue detenido en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el 27 de junio de 2014 por fuerzas federales y permanece preso acusado de portación ilegal de arma de fuego y posesión de drogas.

3. No obstante lo anterior, la defensa del Dr. Mireles ha denunciado diversas irregularidades tanto en su detención como en su proceso: por ejemplo, que el día de su detención, las autoridades ministeriales refieren distintos lugares donde fue detenido; que no hubo orden de aprehensión; que tampoco existe una bitácora de vuelo de traslado y que las armas presuntamente decomisadas fueron manipuladas, no coinciden las matrículas ni el número de armas; y que la supuesta droga que portaba no fue pesada ni registrada.

Además, no se preservó la escena del crimen y hay irregularidades en la información proporcionada por las autoridades; las pruebas periciales carecen de valor, y el detenido no fue puesto a disposición del Ministerio Público ni de un juez pasadas las 48 horas desde su detención, por lo que tendrían que haberlo dejado en libertad.

4. Lo peor es que frente a todas esas irregularidades las autoridades han sido “omisas” y que, resultado de la corrupción que priva en nuestro sistema judicial, los abogados y familiares del Dr. Mireles, como muchos otros familiares y abogados de procesados en el mismo caso, han tenido que acudir ante instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW), la Relatoría de la ONU y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para hacer valer sus derechos.

5. Cabe señalar que el Dr. Mireles se encuentra actualmente enfermo e incomunicado. Ha pasado por episodios severos de depresión. Un padecimiento que, según su defensa, no le ha sido bien atendido y que lo mantiene postrado la mayor parte del día. Añejos problemas de salud se le han complicado en los últimos meses, principalmente los derivados de la diabetes y la hipertensión arterial que ya padecía pero que se le han agudizado.

Otra de las afecciones que mantienen al Dr. Mireles postrado en su cama es una lesión en la cadera, la que no solo le impide caminar, sino que es el pretexto de la dirección de ese centro penitenciario para que se le haya suspendido la posibilidad de salir al patio una hora al día para tomar el sol. En consecuencia, está vedado de cualquier actividad física a pesar de que en su expediente está recomendado al menos una vez –por espacio de una hora- a la semana.

El centro penitenciario se ha negado a darle atención médica especializada y medicamentos de calidad para poder afrontar sus estados descendientes de ánimo.

Ante esa situación, la defensa ha interpuesto dos reclamos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en donde se argumenta “el trato cruel a inhumano”, sin embargo, esa dependencia no emitido ninguna postura oficial.

6. Aunado a lo anterior, no se le ha permitido tener visitas de confianza, cuando ese es un derecho que tienen todos los demás presos y, por otro lado, a la familia se le dificulta aún más el estar en contacto con el Dr. Mireles, porque el estar viajando a Hermosillo, Son., les genera un costo muy alto por persona, por lo que han estado gestionando que se haga su traslado al Reclusorio federal de Michoacán conocido como Mil Cumbres.

7. Un elemento último a considerar es que ya las autoridades pertinentes están valorando ahora mismo la probabilidad del traslado del Dr. Mireles a Michoacán e incluso esta petición es apoyada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ya han admitido el recurso, están solicitando informes a la Comisión de Reclusorios Federales para que se establezca si hay alguna objeción, y han solicitado también informes al Gobierno de Michoacán, concretamente a la Secretaría de Seguridad Pública, para que determine si tiene las condiciones necesarias para recibir al Dr. Mireles.

Asimismo, el juez Quinto de Distrito en el estado con sede en Uruapan, Jorge Armando Wong Aceituno, admitió el incidente que presentó la defensa para que el médico detenido sea trasladado del Centro Federal de Readaptación Social número 11 de Hermosillo, Sonora, al Centro de Reinserción Social “David Franco Rodríguez”, situado en el municipio de Charo y mejor conocido como Mil Cumbres. Es decir, que hay muchas condiciones para enderezar su proceso y obtener no sólo su traslado sino su liberación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al ciudadano gobernador del estado de Michoacán, al ciudadano subsecretario de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán, al ciudadano comisionado Nacional de Seguridad y al ciudadano comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, para que decida el traslado del ciudadano José Manuel Mireles Valverde, del Centro Federal de Readaptación Social número 11 con sede en Hermosillo Sonora, al Centro de Reinserción Social “David Franco Rodríguez” con sede en el municipio de Charo, Michoacán.

Segundo. Se exhorta al ciudadano secretario de Gobernación, al ciudadano comisionado Nacional de Seguridad y a la ciudadana procuradora general de la República para que se respeten los derechos humanos del detenido, cesen los maltratos y en general se observen las medidas que garanticen su plena integridad física y mental y debido a las innumerables violaciones al debido proceso, se obsequie su inmediata libertad

Palacio Legislativo de San lázaro, a 10 de marzo del año dos mil dieciséis.

Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a las declaraciones xenófobas y discriminatorias contra los mexicanos por el precandidato a la Presidencia de Estados Unidos de América Donald J. Trump, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La diputada Norma Rocío Nahle García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuestra ubicación geográfica y lo que representa Estados Unidos para el mundo entero, provoca que el desarrollo del proceso electoral rumbo a la sucesión presidencial sea uno de los sucesos con mayor cobertura por los medios nacionales y extranjeros. Para México este proceso es de la mayor relevancia. Estados Unidos no sólo es el mayor socio comercial que tenemos, sino que los asuntos de las relaciones bilaterales como la seguridad, migración, cultura, entre otros; se han concretado en el seno de una relación asimétrica que parte de las directrices dictadas desde Washington.

En este proceso electoral, el precandidato del Partido Republicano, Donald Trump ha basado su discurso en una campaña de odio hacia el otro . Un discurso que denuesta a la población que por su condición diferenciada, ya sea de nacionalidad, raza, sexo o religión; es objeto de las más aberrantes declaraciones discriminatorias y xenófobas. El avance nocivo de este discurso, acompañado del apoyo de la extrema derecha estadunidense, ha provocado un clima de polarización y violencia hacia los grupos en situación de vulnerabilidad.

Pero ¿cómo se explica el ascenso de un precandidato como Donald Trump? Donald Trump es un magnate estadounidense. Enriquecido en el sector inmobiliario, forjó desde los años 80 un imperio empresarial orientado a la construcción de casinos, hoteles y viviendas de lujo. De ideología extremadamente conservadora, su constante presencia en la televisión y sus declaraciones fuera de tono lo han convertido en una figura pública polémica.1 Como marcan los cánones de la política como producto de la sociedad del espectáculo, la conjugación de los medios masivos de comunicación que producen contenidos chatarra y la posibilidad de contar con una cantidad exorbitante de recursos económicos han dado como resultado una campaña sistemática de discriminación y xenofobia.

No hace falta citar los pronunciamientos del candidato republicano contra los mexicanos, los musulmanes, las mujeres, o sus insinuaciones y estereotipos sobre los judíos, los negros y las personas con discapacidad. Sin duda todas estas declaraciones, así como los insultos que con frecuencia profiere durante sus discursos llenos de divagaciones, le han servido para mantener la atención constante de los medios masivos de comunicación sin gastar mucho en la compra de propaganda.

De todas las afirmaciones absurdas que atraerían la atención, las escogidas por Donald Trump sugieren una cuidadosa selección de temas y razonamientos que, sin reconocerse como tales, son una forma codificada de discriminación. Los destinatarios de su discurso de odio funcionan como la imagen invertida de ese país legendario al que Trump promete regresar (Let’s make America great again”): blanco, patriarcal, unánime, dispuesto a usar la violencia contra el enemigo interno o externo.2

Diversos medios de comunicación estadunidenses han documentado las declaraciones xenófobas. Tal es el caso de The Washington Post, donde señalan que el aspirante presidencial, Donald Trump, tiene una dosis de nativismo, racismo y proteccionismo; poniendo como ejemplo las soluciones absolutamente simplistas como la construcción de un muro en la frontera con México pagado por los propios mexicanos.

Estas conductas abominables suceden “en la mayor democracia del mundo”, donde el racismo sigue vivo como en los tiempos de la Guerra de Secesión. Más de 50 años después de las grandes luchas por los derechos civiles y el supuesto fin de la segregación racial, gran parte de la población negra vive en guetos y está sometida a un deterioro considerable de sus condiciones educativas, laborales y sociales. Cabe destacar que los negros y los latinos constituyen el 39% de la población carcelaria.

Para el analista Ángel Guerra Cabrera,3 el viejo y acendrado racismo de grandes sectores de la población estadunidense han creado el clima propicio para que las clases obrera y media de origen anglosajón, blancas e ignorantes, golpeadas por el desempleo y cuyos ingresos han caído significativamente con la profundización de las políticas neoliberales, sean receptivas al discurso de Trump, que echan la culpa al “otro” de todos sus males. Este contexto tal vez pueda explicar que en un estado de rancia reputación liberal como Massachusetts, haya conquistado la mitad de los votos pese al inaudito desprecio con que ha llegado a calificar a los mexicanos de “corruptos, delincuentes y violadores· y a su proyecto favorito, consistente en construir un muro de 1,600 kilómetros entre su país y el vecino del sur.

Es pertinente retomar las palabras de Nelson Mandela, quien estuvo preso durante décadas, víctima del deleznable apartheid : “el racismo es una enfermedad de la mente y del alma, deshumaniza a cualquiera que lo toca y mata a muchos más que cualquier infección. Es un problema para todos nosotros”.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que por los conductos diplomáticos correspondientes, a través de su homólogo estadounidense, se pronuncie rechazando categóricamente las manifestación xenofóbicas y discriminatorias en contra de los mexicanos expresadas por el precandidato del Partido Republicano a la Presidencia de Estados Unidos de América, Donald Trump.

Notas

1 Obtenido de:
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/trump.htm

2 Pablo Picatto, Federico Finchelstein, “Trump, fascismo y populismo”, en Nexos, número 458, febrero 2016, pp. 17-19.

3 Véase:
http://www.jornada.unam.mx/2016/03/03/opinion/024a1mun

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2016.

Diputada Norma Rocío Nahle García

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a atraer el caso del asesinato del doctor Venancio Queupumil Cabrera, ocurrido en Cuautitlán Izcalli, México, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Mario Ariel Juárez Rodríguez, en mi calidad de diputado federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX, 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, a tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero. El pasado 27 de febrero de 2016 fue asesinado en Cuautitlán Izcalli, estado de México, el médico cirujano Venancio Queupumil Cabrera, al interior de una clínica de su propiedad por dos sujetos, que según testigos, se hicieron pasar primero por sus pacientes, quienes lo amarraron y le dispararon en diversas ocasiones.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) informo que la Dirección de Seguridad Pública de Cuautitlán Izcalli reporto que el fallecimiento del médico ocurrió en la clínica Santa Isabel, ubicada en la colonia Santa Rosa de Lima.

El doctor tenía alrededor de 60 años y de acuerdo a información de testigos, dos sujetos que se hicieron pasar como pacientes ingresaron al nosocomio; sometieron al médico, lo amarraron y le dispararon en varias ocasiones. La misma Procuraduría General de Justicia del estado de México ha descartado el robo como el móvil del crimen, ya que los agresores salieron de la clínica sin llevarse cosas de valor.

Segundo . El doctor Venancio Queupumil Cabrera fue miembro del Partido Comunista Chileno y por esa razón fue perseguido por la dictadura militar chilena encabezada por Augusto Pinochet, por lo que se vio obligado a abandonar su país, lo que pudo realizar gracias a la ayuda de Amnistía Internacional, convirtiéndose desde ese momento en un refugiado político, de acuerdo con lo establecido en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados que en su artículo 1 inciso A) numeral 2 un refugiado es toda aquella persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país de nacionalidad; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él”.1

Tercero . Sin prejuzgar sobre el móvil del crimen, pero considerando las circunstancias que rodean en el asesinato del doctor Venancio Queupumil, donde las mismas autoridades de procuración de justicia del Estado de México han descartado el robo como móvil del crimen; que a pesar de que se le tenía sometido, es decir atado, es brutalmente asesinado de varios tiros y, sobre todo, teniendo en cuenta que era un reconocido militante y activista de causas sociales, es la Procuraduría General de la República la instancia que debería hacerse cargo de las investigaciones a fin de abstraerse de las consideraciones políticas que rodean el caso, y llevar a cabo una investigación seria, profunda y eficaz que conduzca al esclarecimiento de las circunstancias en que se dio el homicidio y se procese a quienes resulten responsables.

El doctor Venancio Queupumil era un activista político, e internacionalista, que lo llevo, después de su autoexilio a estar en Cuba y en África, para finalmente establecerse en México donde adopto la nacionalidad como connacional. Ya en su calidad de ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos, fue candidato a Presidente Municipal de Cuautitlán Izcalli por el Partido “Movimiento Ciudadano” en las elecciones de 2012.

Era miembro del “Colectivo de Reflexión en la Acción “Rumbo Proletario” (CRA-RP), la cual señala que su “razón de ser es contribuir a la dirección revolucionaria de la resistencia del pueblo de mexicano” y que para ello se proponen “coadyuvar en la capacitación y formación de dirigentes revolucionarios... facilitar el desarrollo del movimiento popular en un sentido revolucionario” .2

Su militancia y su activismo dejan en claro que el médico cirujano Venancio Queupumil Cabrera era un defensor de los derechos humanos, por lo que su artero asesinato ha llevado a que reconocidas personalidades y políticos se pronunciarán al respecto.

El sacerdote Alejandro Solalinde deploró el homicidio del activista internacional. A través de su cuenta de Twitter señaló: “Descanse en paz mi amigo doctor Venancio Queupumil, hermano cubano radicado en #Edomex víctima de este sistema asesino”.3

Por su parte, el diputado local Marco Antonio Ramírez, los regidores Elsa Becerril Miranda, Ignacio Padilla Jiménez, así como consejeros estatales y nacionales, y el comité municipal del Partido Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena), también deploraron el homicidio.

“En Morena condenamos la violencia criminal, estamos convencidos de que la solución a los problemas que enfrentamos como mexicanos, no es sólo cuestión de organización social, sino que requiere también de una sólida formación en principios y valores que regenere el comportamiento y estructura de la misma”.4

La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República señala la facultad de atracción que puede ejercer el órgano ministerial federal

“Artículo 14.- El reglamento de esta ley establecerá las unidades y órganos técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, de la Procuraduría General de la República, así como sus atribuciones.

El Procurador General de la República, de conformidad con las disposiciones presupuestales, podrá crear unidades administrativas especializadas distintas a las previstas en el reglamento de esta ley, para la investigación y persecución de géneros de delitos y para el ejercicio de la función ministerial, policial y pericial, atendiendo a las necesidades del servicio, así como fiscalías especiales para el conocimiento, atención y persecución de delitos específicos que por su trascendencia, interés y características así lo ameriten”.

Por su parte el reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece que:

“Artículo 13. Son facultades genéricas de los titulares de las unidades especializadas previstas en el artículo 3 de este Reglamento y las fiscalías, así como de las creadas por Acuerdo del Procurador, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley Orgánica, adicionalmente a las contempladas en el artículo anterior, las siguientes:

I...V

VI. Ejercer la facultad de atracción para la investigación y persecución de delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales materia de su competencia ;

...”

Las autoridades ministeriales del estado de México difícilmente podrán conducir una investigación que se apegue a los principios de principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos, puesto que la víctima es una persona con una reconocida militancia en favor de los derechos humanos, y que centro de las críticas y señalamientos que realizaba recae precisamente en las instituciones de procuración e impartición de justicia.

La víctima y sus familiares tienen derecho a que se les haga justicia, a conocer la verdad de los hechos y a cuidar su buen nombre. Esto no podrá ocurrir si las autoridades encargadas del esclarecimiento del crimen están previamente señaladas por la misma como perpetradores de abusos y violaciones a derechos humanos.

Por las razones arriba expuestas, pongo a consideración de esta soberanía, como de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . Se exhorta a la Procuraduría General de la República para que atraiga el caso del asesinato del doctor Venancio Queupumil Cabrera ocurrido en Cuautitlán Izcalli, Estado de México y se haga cargo de las investigaciones a fin de abstraerse de las consideraciones políticas que rodean el caso, y pueda llevar a cabo una investigación seria, profunda y eficaz que conduzca al esclarecimiento de las circunstancias en que se dio el homicidio y se procese a quienes resulten responsables.

Notas

1 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas (Naciones Unidas), convocada por la Asamblea General en su resolución 429 (V), del 14 de diciembre de 1950.
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja
&uact=8&ved=0ahUKEwiz8IXT4KfLAhUJ6WMKHWIBDTsQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.acnur.org
%2Ft3%2Ffileadmin%2Fscripts%2Fdoc.php%3Ffile%3Dt3%2Ffileadmin%2FDocumentos%2FBDL%2F2001%2F0005
&usg=AFQjCNH7Bn83tMbUQUeQo8AaMNNYfm-3yA

Colectivo de Reflexión en la Acción Rumbo Proletario: “Contenidos de nuestra lucha” punto 2.

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja
&uact=8&ved=0ahUKEwjA7rmb8qfLAhUY5GMKHUBqARwQFgg5MAU&url=http%3A%2F%2Fcolectivorumboproletario.blogspot.com
%2F2011%2F03%2Fnuestras-cuestiones-fundamentales.html&usg=AFQjCNGo7j7uy-y4V_0uuR4gIQQWgMwCHg

3 La Jornada Impresa. Domingo 28 de febrero de 2016. “Asesinan en el estado de México a médico y activista de origen chileno”.

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&
cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilpe7l8afLAhVP12MKHWT_BgAQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.jornada.unam.mx
%2F2016%2F02%2F28%2Fpolitica%2F008n2pol&usg=AFQjCNFY6hUrcibutbyd38LZ9x3BtOjkNg

4 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2016.

Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

Conmemorar el Día Internacional de la Mujer requiere tomar conciencia de los hechos ocurridos en el pasado para entender en toda su dimensión, resaltando que estos eventos fueron dolorosos sobretodo en razón a que las víctimas fueron mujeres y niños.

Baste con recordar dos de ellos que marcaron el 8 de marzo que sirvieron de base para que la ONU declarara su conmemoración de manera Internacional:

Primero. En 1908, en Nueva York, las mujeres trabajadoras de la Fábrica Cotton Textile Factory realizaron una huelga por las condiciones de explotación laboral que recibían, El dueño de ese establecimiento negó las peticiones planteadas por esas mujeres y ordeno cerrar la Fábrica así como solicito les fueron lanzadas bombas, provocando con ello un incendio donde murieron casi 146 mujeres y cientos más resultaron heridas.

Segundo. En el año 1917 se llevó a cabo una manifestación de mujeres viudas rusas contra la hambruna que padecían después de la primera guerra mundial, exigían comida para sus familias e hijos, lo que obligó al zar a abdicar.

Estos acontecimientos entre otros igual de relevantes, orillaron a que la Asamblea de la Naciones Unidas reconociera por un lado, la problemática que vivían desde entonces las mujeres aun en los países más desarrollados y el poco reconocimiento también de sus Derechos Humanos, por lo que después de varias convenciones y defensas, en 1975 se declara el Día Internacional de la Mujer.

Nuestro país no ha estado ajeno a estas luchas sociales para reconocer nuestros derechos, muchas han sido las activistas y precursoras para lograr que la participación de la mujer en la política se haya logrado. Mujeres ellas como Sor Juana Inés de la Cruz, Josefa Ortiz de Domínguez, Carmen Serdán, Elvia Carrillo Puerto, Frida Kahlo, Tina Modotti, Rosario Castellanos, Carmen Aristegui , etcétera; en diferentes momentos, espacios y expresiones, combatieron por ese respeto que las mujeres querían y queremos para ser iguales ante los hombres y quedara plasmado en las leyes; por lo que uno de los primeros logros fue el voto femenino que se consiguió en el año de 1955.

Sin embargo, la lucha de las mujeres aún continúa en nuestro país, la situación en general no ha variado de manera importante respecto de la del siglo pasado, persiste la desigualdad, discriminación, intolerancia, violencia de todo tipo, rezago, falta de oportunidades, descuidos, falta de seguridad social y educación para miles de niñas y mujeres.

El estudio que presenta el Coneval por lo que respecta a los indicadores de género, demuestra que las mujeres presentan más pobreza que los hombres e inequidad.

No obstante, se debe hablar también de algunos logros alcanzados por las mujeres en México y se reflejan más en el ámbito legislativo. Las últimas reformas a la Constitución y a la Leyes Electorales, han impulsado para que los partidos políticos den mayor participación a las mujeres para postularse a puestos de representación popular y se integren a la vida política de este país; con ello se busca que pueda crearse leyes sustantivas y políticas públicas con perspectiva de género. Hoy en día, la Cámara de Diputados está conformada por 212 mujeres de todos los partidos, representando un 42.4% del total de Diputados, derivado de las reformas impulsadas por mujeres ya indicadas, buscamos todavía que la paridad también pueda alcanzarse en los Gobiernos de los Tres órdenes así como en la distribución de los Presupuestos, queremos la transversalidad y paridad.

El Día Internacional de la Mujer no solo conmemora los logros y conquistas universales y de cada país, sino también los personales, aquellos que cada mujer ha alcanzado en su vida diaria.

Celebremos entonces; por aquellas que lograron ganar una lucha contra el cáncer, las que llegaron a terminar sus estudios, las que sacaron a sus hijas e hijos adelante, las que aportan científicamente a nuestra sociedad, las que ganan medallas olímpicas, las que escriben y son leídas, las que representan a nuestra cultura en otros países, a las profesoras que enseñan a los estudiantes, a las doctoras que tratan y cuidan a miles de pacientes, a las alpinistas que han alcanzado los picos más altos del mundo, a las campesinas que aportan nuestros alimentos diarios, a las barredoras que limpian nuestra ciudad, a las conductoras de los transportes públicos, a las enfermeras que están pendientes de sus pacientes, a las boxeadoras y luchadoras que muestran la fuerza física de nuestro género, a las mujeres de las tercera edad con experiencia y sabiduría que transmiten a sus generaciones, a las que esperan justicia en los tribunales y reclusorios, a las empresarias que apoyan a la clase trabajadora, a las periodistas por informar la realidad, a las jóvenes en sus actividades diarias, a las altruistas y a las niñas que son nuestra esperanza, en fin a todas y cada una de las mujeres.

Falta mucho por hacer, pero no debemos dejar de trabajar hasta hacer valer el mandato de nuestra Constitución: “Los Hombres y Mujeres son iguales ante la Ley”.

Diputada Evelyn Parra Álvarez (rúbrica)


Inklusion
Loading