Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a incorporar la perspectiva de género en el diseño y la formulación de los libros de texto gratuitos; implantar medios e indicadores de seguimiento para evaluar sus contenidos; y capacitar al profesorado de educación básica en materia de perspectiva de género y lenguaje incluyente, suscrita por las diputadas Érika Araceli Rodríguez Hernández y Silvia Rivera Carbajal, del Grupo Parlamentario del PRI

Las que suscriben, Érika Araceli Rodríguez Hernández y Silvia Rivera Carbajal, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la lxiii legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El sistema educativo es la columna vertebral del proceso democrático en México. Hoy más que nunca, la educación adquiere gran importancia, ya que es la escuela el ámbito clave de formación de las futuras generaciones, como agente de socialización tiene la responsabilidad de trasmitir saberes, conocimientos, valores y principios de nuestra sociedad, así como establecer normas de comportamiento y relación entre las personas.

No obstante, es urgente construir modelos educativos más igualitarios e incluyentes que contribuyan a superar los esquemas estructurales machistas, y discriminatorios. Como sociedad, es nuestra responsabilidad construir nuevos esquemas educativos orientados a generar una nueva cultura de igualdad, democrática, equitativa e incluyente para que como sociedad alcancemos la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Así, las generaciones de niñas y niños, mujeres y hombres jóvenes en formación que cursan la primaria y la secundaria, especialmente deben contar con herramientas e instrumentos educativos que promuevan la nueva cultura de la igualdad de género y, más aún, que garanticen su formación sobre la base de los principios de respeto, igualdad y no discriminación para construir la sociedad que queremos todas y todos los mexicanos.

En México han sido muchos los avances en derechos humanos de las mujeres, que progresivamente hemos adquirido a nivel mundial y que han sido armonizados en las leyes federales y estatales para hacer de la igualdad sustantiva una realidad.

Ejemplo de ello es el mandato del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, que incorpora como eje transversal la perspectiva de género en la formulación e implantación de todos los programas y las acciones de la administración pública federal y que desde 2008 se expuso en los objetivos estratégicos del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2012 “eliminar los estereotipos sexistas y discriminatorios de los libros de texto, métodos de enseñanza, materiales didácticos, prácticas educativas y, profesionalizar al magisterio en perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres”.

Sin embargo, pese a que el país cuenta con un marco jurídico fuerte en derechos humanos de las mujeres, en la práctica persisten la discriminación y la desigualdad. Resulta que en el ámbito de la educación se reproduce, y las mujeres seguimos siendo invisibles. Más aún, somos las ausentes en la historia de los libros de texto educativos.

Así, prevalece una cultura sexista y discriminatoria contra las mujeres, la cultura machista que sigue reproduciendo roles tradicionales y estereotipados que son asignados a mujeres y hombres, y que se refleja en los libros de texto escolares y en la cultura institucional docente que permea las aulas.

Por ello es urgente revisar y analizar los libros de texto, incorporar la perspectiva de género y asegurar que la formación de nuestras hijas e hijos sea sobre la base de los principios de la igualdad sustantiva.

Contar con libros de texto que contribuyan a potenciar capacidades y habilidades de nuestras hijas e hijos para desarrollarse en la vida y enfrentar en su vida cotidiana los retos de superar las desigualdades de género que persisten en nuestra sociedad y así, progresivamente construir la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Por lo anterior, los libros de texto de las asignaturas que cursan nuestras hijas e hijos, como el de historia, español o formación cívica, requieren una revisión profunda, requieren un rediseño, es urgente incorporar la perspectiva de género en su formulación y estructura.

Es prioritario el tema en la elaboración rigurosa y sistemática de sus contenidos, instrumentos y técnicas didácticas que incorpore la perspectiva de género como una categoría de análisis diagnóstica de la desigualdad de género, que permita la elaboración de contenidos sobre la base de la vida real de las mujeres y hombres, identificando las desigualdades y ofreciendo alternativas para superarlas y que promueva los principios de respeto, diversidad, inclusión, igualdad y la equidad de género.

Así también, crear mecanismos e indicadores de seguimiento y evaluación de sus contenidos, y de la aplicación de los docentes para garantizar a las futuras generaciones una educación de excelencia, con calidad, incluyente y democrática.

Por lo mencionado es importante preguntarnos: ¿cuáles obstáculos impiden incorporar la perspectiva de género en la elaboración de los contenidos de los libros de textos?

El lenguaje, como parte de la cultura y herramienta de la comunicación, desempeña un papel fundamental para superar el lenguaje machista que vuelve invisible, nulifica, excluye, diluye, degrada y silencia el trabajo y participación de las mujeres.

Lo cierto es que hoy todavía nos cuesta trabajo superar esta cultura machista que se caracteriza por un lenguaje discriminatorio y entender la relevancia de combatir la omisión y la desigualdad hacia las mujeres.

Por lo anterior, con carácter de urgente u obvia resolución someto a consideración de esta asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública a incorporar la perspectiva de género en el diseño y formulación de los libros de texto gratuitos, así como a implementar mecanismos e indicadores de seguimiento para evaluar sus contenidos, así como capacitar a las y los docentes de educación básica en materia de perspectiva de género y lenguaje incluyente.

Dado en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.

Diputadas: Érika Araceli Rodríguez Hernández, Silvia Rivera Carbajal (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a ejecutar por el trabajo coordinado de la Ssa y el IMSS programas y acciones que permitan a las trabajadoras domésticas el acceso real a los servicios y las prestaciones de seguridad social y salud, a cargo de la diputada Mónica Rodríguez della Vecchia, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Mónica Rodríguez Della Vecchia, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Conforme a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)1 , al cuarto trimestre de 2010, había un poco más de 2 millones de trabajadoras domésticas en México. Entre éstas, 9 de cada 10 son mujeres, ello significa que el trabajo del hogar está feminizado.

De las mujeres trabajadoras domésticas, casi el 60 por ciento pertenecen a un estrato socioeconómico medio-bajo y el 64 por ciento tiene apenas una instrucción primaria o inferior. Casi el 16 por ciento corresponde a mujeres de 50 a 59 años. Y, en 2005, se calculaba que el 11.8 por ciento de las trabajadoras del hogar que viven en los lugares donde prestan sus servicios, eran mujeres indígenas.

Ante ello, es un hecho que la situación crítica de la economía, de las condiciones de empleo y el desempleo en el país, orillan a las personas trabajadoras del hogar a aceptar el salario y las condiciones del empleador. Además, el trabajo doméstico por ser aislado y prácticamente invisible, facilita la desprotección y la vulnerabilidad de las personas que trabajan en este ámbito.

Asimismo, muchos de los empleadores y empleadoras no entienden las necesidades de las trabajadoras, sus deseos de tener hijos o hijas, sus deseos de estudiar, y de capacitarse.

De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, este sector es víctima de explotación por varios factores, que desafortunadamente pueden dar lugar a discriminaciones: carecen de visibilidad pública, tienen empleos que no requieren estudios, a menudo pertenecen a comunidades indígenas y no hablan español fluidamente.

Al respecto, en nuestro orden jurídico existen disposiciones que regulan el trabajo doméstico. Así, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo (LFT) se define como “trabajador doméstico” al que presta servicios de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una persona o familia (Artículo 331). Asimismo, se indica que estos trabajadores deben disfrutar de reposos suficientes para tomar sus alimentos y de descanso durante la noche (Artículo 333), y que su retribución comprende los alimentos y la habitación, además del pago en efectivo. También hay disposición expresa en el sentido de que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos profesionales que deberán pagarse a estos trabajadores (Artículo 335).

La ley también fija ciertas obligaciones a cargo del empleador, como guardar consideración al trabajador del hogar, absteniéndose de propinarle cualquier mal trato; proporcionarle un local cómodo e higiénico para dormir, alimentación sana y satisfactoria y condiciones de trabajo que aseguren la vida y la salud; y cooperar para la instrucción del trabajador “doméstico” (Artículo 337). Además les señala obligaciones específicas en caso de enfermedad del trabajador, y menciona que si el trabajador muere, el patrón sufragará los gastos del sepelio (Artículo 339).

Dentro de las obligaciones que el mismo orden jurídico señala a los trabajadores del hogar, se encuentra que deben guardar consideración y respeto al empleador, a su familia y a las personas en el hogar donde presten sus servicios; y deben poner el mayor cuidado en la conservación del menaje de la casa (Artículo 340). También establece como causa de rescisión de la relación laboral el incumplimiento de las obligaciones tanto del empleador como del trabajador (Artículo 341).

Además, conforme a los artículos 48 y 49, se norma que en una contienda laboral donde se alegue despido injustificado, los empleadores quedan eximidos de la obligación de reinstalar al trabajador, aunque sí lo deben indemnizar, según el artículo 50. Igualmente, se excluye a los trabajadores “domésticos” del reparto de utilidades, de acuerdo con el artículo 27; y se exime a los empleadores de la obligación de aportar al Fondo Nacional de la Vivienda en el caso de las trabajadoras del hogar, conforme a los artículos 136 y 146 de la LFT.

Por su parte, la Ley del Seguro Social establece en su artículo 13 que hay quienes pueden ser sujeto de aseguramiento voluntario en el régimen obligatorio, entre los cuales se encuentran, precisamente, los llamados “trabajadores domésticos”. Lo que trae aparejado que las trabajadoras del hogar no tengan posibilidad de acceder a una pensión al final de su vida laboral.

No obstante la existencia de normas con disposiciones jurídicas sobre el tema, lo cierto es que la legislación mexicana ha sido discriminatoria en materia de regulación del trabajo del hogar, sobre todo porque, como se observó el líneas anteriores, la ley del Seguro Social no contempla a las trabajadoras del hogar como sujetos de aseguramiento; los empleadores no pagan cuotas al INFONAVIT; la Ley Federal del Trabajo establece como obligación especial de las trabajadoras del hogar guardar consideración y respeto hacia el patrón, su familia y personas que concurran en el hogar, lo que no establece para otros trabajadores; y además, muchos niños y niñas se emplean en los hogares.

Por ello, quienes se dedican al trabajo del hogar no gozan de los derechos de la salud, a la pensión, al ahorro, a la alimentación o a la vivienda digna. De hecho, de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación2 , el principal derecho laboral vulnerado es la falta de seguro médico, seguido de no contar con vacaciones, no poder ir a la escuela, no recibir aguinaldo y no tener horarios fijos.

Cuando mejor les va es porque la relación con sus patrones deriva, como lo señala Ricardo Raphael3 , de un acto supuestamente caritativo, pero casi nunca contractual. Ya que es prácticamente inexistente el porcentaje de trabajadoras del hogar que cuentan con un documento donde se avale el carácter su relación laboral, pues nueve de cada diez trabajadoras del hogar no cuenta con un contrato laboral.

Asimismo, la jornada de trabajo es uno de los derechos más vulnerados para más de la mitad de la totalidad de las trabajadoras del hogar, esto debido a que las legislaciones laborales a nivel nacional no prevén un límite de horas de trabajo semanales. Esta deficiencia implica que cerca del 45% de las personas que se dedican a esta actividad, no cuenten con el derecho a disfrutar de descanso semanal4 .

Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al segundo trimestre de 2011, señalan que las trabajadoras domésticas son las que menos ganan respecto a las demás ocupaciones, de tal forma que 3 de cada 4 mujeres en esta actividad obtienen un ingreso no mayor a 2 salarios mínimos.

Aunado a lo anterior las trabajadoras domésticas sufren de exclusiones y discriminación constante. Es preciso decir que la discriminación o la indiferencia de la sociedad se originan en la desvalorización del trabajo en el hogar, en el hecho de que son mujeres, en su apariencia, en su condición social y étnica. Son mujeres empobrecidas e indígenas.

Datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis, 2010), señalan que 3 de cada 10 personas considera que los derechos de las trabajadoras del hogar no se respetan. Información de esta misma encuesta revela que el exceso de trabajo y el poco sueldo son los principales problemas de las trabajadoras del hogar, seguidos por el abuso, el maltrato, la humillación y la discriminación.

Objetivamente, siguiendo a Ricardo Raphael, estos datos tendrían que ser suficientes para aceptar la injusticia que se comete contra este grupo social: 2 millones de personas condenadas a vivir en el sótano de la pirámide social mexicana; una circunstancia avalada por nuestras leyes y tolerada por nuestra autoridad.

Es evidente que el trabajo del hogar es fundamental para la vida cotidiana de millones de personas.

Sin quienes hacen las labores domésticas no podrían explicarse funciones públicas o privadas de hombres o mujeres, que sin ellas deberían de atender directamente las labores de la casa, preparar la comida, hacer la limpieza, planchar la ropa, cuidar a niñas y niños, entre otros quehaceres.

Es por ello que Acción Nacional hace un gran llamado a las y los diputados a tomar cartas en el asunto, para legislar en conjunto, con voluntad y consenso, por dignificar el trabajo de las personas que laboran como trabajadoras domésticas, sobre todo a esas mujeres que forman parte de los más vulnerables dentro de la población que menos tiene. Hagamos compañeros los esfuerzos necesarios para reformar nuestra legislación, a fin de garantizarles sus derechos y la debida protección.

Sin embargo, conscientes de que mucho tenemos que hacer y de que los tiempos apremian la atención de una población históricamente vulnerada, en Acción Nacional creemos que el Gobierno Federal también tiene una gran deuda con este sector de la población, y debe saldarla.

En México, a estas alturas, nadie debe quedar excluido del goce de derechos ni de la posibilidad de realizar sus proyectos de vida. El país nunca avanzará hacia la consolidación democrática, mientras haya ciudadanos y ciudadanas que vivan en condiciones que se acercan más a la esclavitud que a la igualdad en dignidad y en derechos.

Al respecto, han sido muchos los llamados desde el legislativo por activar el actuar del Poder Ejecutivo a fin de ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores del Hogar. Pero hasta el día de hoy no ha pasado nada.

En el Grupo Parlamentario del PAN consideramos que no debemos ser omisos, si el gobierno federal no tiene voluntad política para actuar de tal forma en apoyo a un sector tan lacerado por la discriminación y por las condiciones indignas que enfrentan, es deber de nosotros como legisladores, actuar en consecuencia.

Por ello, hoy que conmemoramos el día Internacional de la Mujer, conminamos a nuestros pares a legislar, pero también, exhortamos al Poder Ejecutivo a realizar acciones concretas a fin de dar respuestas prontas y eficaces a este sector de la población tan vulnerado, como lo son las mujeres que laboran como trabajadoras domésticas.

Es por ello, y por lo aquí expuesto, que me permito formular la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con,

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través del trabajo coordinado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social, se incorporen programas de promoción y difusión de los derechos de las trabajadoras domésticas y a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación se lleven a cabo campañas de difusión para promover la cultura del respeto a sus Derechos Humanos y laborales.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del Instituto Mexicano del Seguro Social se desarrollen programas que promuevan y faciliten la afiliación de los y las trabajadoras domésticas a los sistemas de seguridad social por parte de sus empleadores.

Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión invita respetuosamente al Ejecutivo Federal a valorar la pertinencia de adherirse al Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de trabajo doméstico con el objetivo de equiparar nuestras leyes con la legislación internacional en materia laboral y de derechos humanos.

Cuarto. Hacemos un llamado al Congreso Federal a apresurar su trabajo legislativo a fin de que, en lo inmediato podamos contar con un marco jurídico de protección social que asegure a las y los trabajadores domésticos una remuneración digna, prestaciones sociales justas y condiciones de trabajo seguras.

Notas:

1. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2010, consulta interactiva de datos, disponible en: http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=17606 &c=10819&s=est&cl=4#

2. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, México. Día Internacional de las trabajadores del Hogar. Disponible en http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/DI_TdelHogar_INACC.pdf, consultado el 03 de marzo de 2016.

3. Ver http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=4772&id_opcion=108&op=214, consultado el 04 de marzo de 2016.

4. Op, cit.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.

Diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Comisión de Igualdad de Género de esta soberanía a efecto de que una institución especializada practique en ésta una auditoría participativa de género, a fin de instaurar medidas para solucionar los problemas que deriven de ello, a cargo de la diputada Cecilia Guadalupe Soto González, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo que disponen los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes:

Consideraciones

La conquista por los derechos de igualdad de la mujer ante la ley, ha sido y es un esfuerzo constante del movimiento feminista y amplio de mujeres, no sólo en el país, sino en el mundo entero.

Desde Leonora Vicario en la lucha por la independencia de México, las reformistas que lograron el divorcio y el acceso a la educación formal, las revolucionaras y posrevolucionarias como Rosa Torres y Elvia Carrillo Puerto luchando por el derecho al voto y a los cargos de representación pública, hasta quienes han luchado por el derecho a decidir sobre su cuerpo, las líderes trans, las jóvenes, las funcionarias, así como hombres comprometidos con la igualdad y la equidad, hoy, continúa la lucha por el avance de esos derechos.

Grandes victorias se han logrado en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es un ejemplo del avance legislativo en la materia. Sin embargo, pese a los cambios, no sólo en el área legislativa, sino cultural y legal, la realidad de las mujeres dista mucho de ser igualitaria, equitativa y libre de violencia.

Aunque el discurso de igualdad y perspectiva de género, se ha homologado en la mayoría de las esferas sociales, gubernamentales y no gubernamentales, la paridad y la igualdad sustantiva están muy lejos de esos espacios.

En torno a la brecha salarial de género, de acuerdo a la Organización Mundial del Trabajo (OIT) en México, la diferencia salarial general de las mujeres en comparación a los hombres es de entre 15% y 20% en promedio.

En el tenor de lo expuesto, información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) durante el último trimestre del año 2014, 49.8 millones de personas trabajaban en México, de ellas 18.8 millones eran mujeres; es decir, sólo el 37% de la población. Esto refleja la desigualdad de oportunidades que hay para las mujeres, lo que puede ser influido por las dobles o triples jornadas de trabajo de las mujeres sin remuneración.

En este sentido, de acuerdo a datos de ONU Mujeres, en México, el valor económico del trabajo doméstico representa el 20% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, del total de horas dedicadas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, “los hombres contribuyen con 22.8%, mientras que las mujeres realizan el restante, 77.2%. Es decir, a diferencia del tiempo dedicado al trabajo para el mercado, donde los hombres duplican el tiempo promedio de las mujeres; en el trabajo no remunerado de los hogares las mujeres de 12 años y más triplican el registrado por los varones.”1

En cuanto a espacios de representación política, un claro ejemplo es el Gabinete legal y ampliado del gobierno de la República, en donde existen 30 espacios de los cuales solo seis son ocupados por mujeres.

De igual forma, la Cámara de Diputados y Diputadas no se aleja de esa realidad desigual.

En la Secretaría General, de los cargos reconocidos como de mando superior o medio no hay ninguna mujer. Los centros de estudio son dirigidos por hombres, exceptuando al Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG). En cuanto a las coordinaciones de los Grupos Parlamentarios, solamente existe una coordinadora, los otros siete espacios los ocupan los hombres. En cuanto a las presidencias de comisiones, de las 56 comisiones ordinarias únicamente 14 son presididas por mujeres, es decir que, aún y cuando el porcentaje de Diputadas es del 42.4%, solo el 25% de las comisiones son encabezada por mujeres.

Aunque existe información pública que le permite a la ciudadanía, conocer las cifras mencionadas anteriormente, hay muchos datos desconocidos a nivel de asesoría de grupos parlamentarios, asesoría de diputados y diputados, prestadores de servicios externos de este recinto legislativo, y no sólo sobre el número de hombres y mujeres, si no de la edad de esas personas, inclusión de las personas de la diversidad sexo-genérica, así como de los estudios y años de experiencia de quienes integramos este espacio.

La información puntual y desagregada podría sentar las bases de una política interior que garantizara la igualdad sustantiva en la Cámara de Diputados, y con ésta, poder ser ejemplo nacional e internacional de un esfuerzo y compromiso reales para garantizar la inclusión, equidad y paridad.

La desigualdad existente en el recinto legislativo de San Lázaro es reflejo de una realidad latente en el país; pese a los cambios en materia de igualdad y equidad de género, México aún tiene una sociedad machista y estereotipada, en donde para las mujeres, acceder a los espacios públicos aún es un gran problema de falta de oportunidades y de reconocimiento de capacidades y habilidades. Si para las mujeres es un problema acceder a puesto de tomas de decisiones y de representación pública, o de asistencia parlamentaria, para las personas jóvenes o las personas trans, acceder a un espacio laboral en la Cámara de Diputados podría representar un doble o triple esfuerzo, si es que existen las oportunidades reales.

En este sentido, una Auditoría Participativa de Género, definida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tanto como una herramienta como un mecanismo con una metodología participativa de promoción del aprendizaje institucional sobre cómo incorporar la perspectiva de género de forma práctica y eficaz en las esferas individual, de unidad de trabajo y del conjunto de la organización2 , podría aportar positiva e integralmente al trabajo de la Cámara de Diputados. Una evaluación sobre las prácticas internas y el aparato estructural de este recinto, orientada a la eficacia de la integración de las cuestiones de género y su seguimiento resultaría fundamental y de vanguardia para este órgano institucional puesto que, al ser identificados los principales problemas y deficiencias, se plantearían formas de mejorarlos y reparar los daños, al mismo tiempo que se documentarían las buenas prácticas encaminadas a lograr la igualdad sustantiva.

Es hora de que, en este espacio, transitemos del discurso a una realidad incluyente, equitativa, igualitaria y paritaria.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión de Igualdad de Género de este órgano legislativo para que, con base en sus atribuciones, emita los lineamientos y lleve a cabo las acciones necesarias con el objeto de que una institución especializada y reconocida en la materia practique la Auditoría Participativa de Género a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se analicen todas las actividades desde una perspectiva de género en este recinto legislativo, se determinen los aciertos y las deficiencias a la hora de promover la igualdad sustantiva y se realicen las recomendaciones conducentes para la solución de los problemas encontrados.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión de Igualdad de Género de este recinto legislativo a hacer públicos los resultados de la Auditoría Participativa de Género a esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Notas:

1 INEGI. “Estadísticas a propósito del Día Internacional del Trabajador Doméstico”. Consultado el 4 de marzo de 2016 en http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/domestico0.pdf

2 OIT. “¿Qué es una auditoría Participativa de Género?” Consultado el 4 de marzo de 2016 en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/document s/publication/wcms_101029.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,a 8 de marzo de 2016.

Suscribe

Diputada Cecilia Soto González

(Rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, la Comisión Reguladora de Energía y la CFE a considerar la reclasificación de tarifas eléctricas en Ciudad Valles, Tamasopo, El Naranjo, Ébano y Tamuín, San Luis Potosí, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Delia Guerrero Coronado, diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 6º, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como representantes populares tenemos la obligación de defender permanentemente el interés de las y los mexicanos, de hacer escuchar su voz, atender sus necesidades y formular propuestas concretas para resolver los problemas públicos que les afectan.

La que suscribe el presente punto de acuerdo ha tenido el honor y el privilegio de representar en dos ocasiones en esta honorable asamblea al pueblo de México y, particularmente, a los habitantes del estado de San Luis Potosí.

De esta manera he podido recabar las peticiones, preocupaciones e inconformidades de los habitantes de mi estado, tratando de dar puntual respuesta a todas y cada una de ellas.

En ese sentido, uno de los principales problemas percibidos por los potosinos es el precio que se paga por el servicio de energía eléctrica, sobre todo considerando las características geográficas y climatológicas de la región, las cuales inciden directamente en el consumo de la electricidad y, consecuentemente, en la cantidad de dinero que la gente tiene que pagar por este servicio.

Tomando en cuenta lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad, CFE, aplica un esquema de tarifas diferenciado para el servicio doméstico, en función de la temperatura registrada en la región.

El artículo 139, párrafo primero de la Ley de la Industria Eléctrica, señala que la Comisión Reguladora de Energía aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas, las tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso y las tarifas finales del Suministro Básico.

Asimismo, esta disposición en su párrafo segundo establece que el Ejecutivo federal podrá determinar un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales determinadas por la Comisión Reguladora de Energía, para determinados grupos de usuarios del suministro básico.

De acuerdo con la legislación vigente, en tanto la Comisión Reguladora de Energía emita las directivas de precios de electricidad y la reglamentación sobre las actividades reguladas de la industria eléctrica que sustituyan, los acuerdos tarifarios emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público seguirán vigentes, así como los ajustes, modificaciones y reestructuraciones que derivan de ellos.

En este orden de ideas, el 1 de enero de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establecen las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos.

A través de este acuerdo se establecieron las siguientes tarifas para el servicio doméstico: 1A, para localidades con temperatura media mínima en verano de 25 grados centígrados; 1B, para localidades con temperatura media mínima en verano de 28 grados centígrados; 1C, para localidades con temperatura media mínima en verano de 30 grados centígrados; 1D, para localidades con temperatura media mínima en verano de 31 grados centígrados y 1F, para localidades con temperatura media mínima en verano de 33 grados centígrados.

San Luis Potosí es un estado con una extensión territorial de 61 mil 138 kilómetros cuadrados y una población que supera los 2.5 millones de habitantes. De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Inegi, el clima que predomina en la entidad es el seco y semiseco, con una temperatura media anual de 21º C, una mínima promedio de 8.4º C y una máxima promedio de32º C.

Sin embargo, en los últimos años y, como consecuencia del calentamiento global, se ha registrado un aumento considerable en la temperatura de la entidad. En la región de la huasteca se han llegado a superar los 50º C, lo que indudablemente ha repercutido en el estilo de vida y las necesidades de consumo energético de las y los potosinos.

No obstante lo anterior, la tarifa para las localidades que han visto incrementada su temperatura por encima de los 33º C, sigue siendo la denominada “1D”, debido a que los termómetros empleados por la Comisión Nacional del Agua, Conagua, para el registro de las temperaturas presentan fallas o se ubican en zonas rodeadas por árboles o ríos que influyen en las mediciones.

En vista de esta problemática que, vale la pena apuntar no es nueva, el 24 de noviembre de 2009, como diputada federal integrante de la LXI Legislatura, presenté ante el pleno de la Cámara de Diputados un punto de acuerdo que exhortaba a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la CFE a adoptar las medidas necesarias, a efecto de reclasificar de manera inmediata a la 1F la tarifa eléctrica 1D que se aplica en los municipios de Ciudad Valles, Tamasopo, El Naranjo, Ébano y Tamuín.

Asimismo, propuse exhortar a CFE y a la Conagua, a llevar a cabo un análisis detallado respecto a la necesidad de reubicar, reemplazar y ampliar los equipos utilizados en las estaciones meteorológicas con el fin de contar con un registro más exacto de las temperaturas en estos municipios.

Personalmente, he dado seguimiento a las acciones llevadas a cabo para corregir estas inconsistencias que impactan directamente en el bolsillo de las familias potosinas.

En respuesta, se colocaron abrigos térmicos y se verificó el estado de los termómetros instalados en la Huasteca Potosina.

Adicionalmente, en 2012 la Comisión Estatal del Agua y la Dirección General de Protección Civil de San Luis Potosí llevaron a cabo el “Estudio Climático para determinar las tarifas eléctricas en la zona Huasteca”.

A pesar de las acciones conjuntas emprendidas por el gobierno del estado de San Luis Potosí y el gobierno de la República, lo cierto es que las mediciones de la temperatura en la zona de la huasteca aún siguen arrojando datos que se apartan de la realidad.

De acuerdo con las últimas mediciones realizadas por la Comisión Nacional del Agua en los municipios de Ciudad Valles, Ébano, El Naranjo, Tamasopo y Tamuín (cuya copia tiene la que suscribe) la temperatura promedio sigue estando por debajo de los 33º C, siendo que en ocasiones rebasamos los 50º C.

Por ello, el presente punto de acuerdo vuelve a hacer énfasis en la necesidad de verificar la ubicación adecuada y el correcto funcionamiento de los termómetros que miden la temperatura en estos municipios, con la finalidad de reclasificar sus tarifas eléctricas y que sus poblaciones paguen menos por este servicio.

Ahora bien, no se omite que apenas el pasado 7 enero, la Secretaría de Energía, en respuesta a un punto de acuerdo aprobado por esta soberanía el 1 de diciembre de 2015, explicó que no se consideraba que existieran elementos para recomendar un ajuste a las tarifas eléctricas domésticas, argumentando que:

- La estructura de tarifas domésticas actual es justa, pues fue establecida por la SHCP con el propósito de que los usuarios de más bajos recursos, que por lo general se mantienen dentro de los rangos de consumo básico e intermedio, paguen los cargos más bajos y reciban el mayor nivel de subsidio, de manera que las tarifas de uso doméstico 1 a 1F cubren en promedio apenas 35 por ciento de su costo de suministro, mientras que los usuarios reciben subsidios implícitos en dichas tarifas por el equivalente a 65 por ciento restante.

- El municipio El Ébano en San Luis Potosí, fue reclasificado de la tarifa 1B a la 1D en octubre de 2002.

- El esquema tarifario vigente es de aplicación general en todo el país, por lo que se estima que no será factible que la SHCP acceda, por ahora, a aprobar un ajuste a las tarifas eléctricas domésticas exclusivamente en beneficio de los siete municipios en el punto de acuerdo.

Al margen de esta réplica y, en virtud de las afectaciones que la asignación incorrecta de tarifas eléctricas tiene para la economía de los potosinos, considero que es conveniente redoblar los esfuerzos para mejorar la prestación de energía eléctrica en San Luis Potosí, particularmente en el marco de la transformación del sector energético que experimenta nuestro país.

Sin duda alguna, la reforma energética ha sido uno de los cambios estructurales más importantes de nuestro país en los últimos años. Gracias a esta reforma, México cuenta con mayores herramientas para aprovechar sus recursos energéticos en beneficio de la población.

Por otro lado, no debemos olvidar que uno de los objetivos planteados por esta reforma, consistió precisamente en disminuir el costo de la energía eléctrica que se consume en los hogares y las empresas.

Ciertamente, a partir de la reforma energética promovida por el Presidente Enrique Peña Nieto, las tarifas eléctricas han disminuido en los sectores industrial, comercial y doméstico en todo el país, debido a la sustitución de combustibles caros como el diésel y el combustóleo, por el gas natural.

Las tarifas eléctricas industriales del país disminuyeron entre un 30 y un 42 por ciento. En el sector comercial, las tarifas eléctricas disminuyeron entre un 13 por ciento y un 27 por ciento.

Para los consumidores domésticos de alto consumo, las tarifas eléctricas disminuyeron en 13 por ciento durante 2015, y las tarifas eléctricas domésticas de bajo consumo, las que tienen mayor nivel de subsidio en el catálogo tarifario, y aquellas que subían 4 por ciento cada año de 2006 a 2014, en 2015 la tarifa doméstica de bajo consumo no subió y bajó dos por ciento.

Sin dejar de celebrar estos y otros logros, también debemos reconocer que existen zonas con diversas particularidades que merecen una atención especial por parte del Estado mexicano.

En ese sentido, reclasificar la tarifa eléctrica doméstica para los municipios de Ciudad Valles, Tamasopo, El Naranjo, Ébano y Tamuín es una medida necesaria para asegurar un servicio de electricidad justo, con precios que respondan a las necesidades de los potosinos.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a considerar la reclasificación de tarifas eléctricas que se aplica en los municipios de Ciudad Valles, Tamasopo, El Naranjo, El Ébano y Tamuín, San Luis Potosí, a efecto de asignarles la tarifa 1F, correspondiente a localidades con temperatura media mínima en verano de 33 grados centígrados.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Nacional de Agua, a llevar a cabo un análisis detallado respecto a la necesidad de reubicar, reemplazar y ampliar los equipos utilizados en las estaciones meteorológicas, con el fin de contar con un registro más exacto de las temperaturas en los municipios de Ciudad Valles, Tamasopo, El Naranjo, El Ébano y Tamuín, San Luis Potosí.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 8 de marzo de 2016.

Diputada Delia Guerrero Coronado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Coahuila a integrar más mujeres en su gabinete, a cargo de la diputada Karla Karina Osuna Carranco, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Karla Karina Osuna Carranco, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I; 62; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, a tenor de las siguientes

Consideraciones

La mujer no puede seguir considerándose ajena a los intereses y problemas nacionales, porque también ella debe reconocer las exigencias impuestas por el Bien Común (Asamblea General Femenina, 1940, I.).

En lo que concierne a los derechos políticos de las mujeres, impulsados desde el ámbito internacional destaca por su importancia e impacto, la realización (auspiciada por la ONU) de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en Beijing China en 1995, la cual si bien refiere a un foro político y no a un instrumento jurídicamente vinculante para México, su Plan de Acción ha sido vital y estratégico para la promoción de los derechos de las mujeres en el país, por lo que es ineludible hacer mención de la misma, al abordar el tema de los avances en la participación política de las mujeres mexicanas. Como resultado de dicha conferencia se aprobó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (PAB), en la cual se consideraron doce esferas de especial preocupación, entre 8 las que se incluyó la participación política de las mujeres (G. La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones), comprometiéndose los países firmantes (México, entre ellos), a dar atención a los siguientes objetivos estratégicos: ? Objetivo estratégico G.1. Adoptar medidas para garantizar a la mujer igualdad de acceso y la plena participación en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones. ? Objetivo estratégico G.2. Aumentar la capacidad de la mujer de participar en la adopción de decisiones y en los niveles directivos. Al considerar los antecedentes enunciados, la reforma política.

Datos relevantes en México, fue el compromiso con la igualdad de género durante la visita de Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, en la cual Ante legisladoras y legisladores de las comisiones para la Igualdad de Género y Presupuesto, así como titulares de los mecanismos para el adelanto de las mujeres de los 32 Estados y el Distrito Federal, el congreso nacional y los congresos locales, la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres pidió comprometerse con la adopción de políticas que tengan un impacto a nivel local, y que estén apoyadas por presupuestos con perspectiva de género capaces de impactar efectivamente en la vida de mujeres y niñas.

Resaltó como los grandes retos la representación de las mujeres en puestos de liderazgo y toma de decisiones, así como el empoderamiento económica de la mujer. Hizo un llamado a aprovechar la oportunidad que la convergencia del 20º aniversario de la aprobación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y la definición de la nueva agenda de desarrollo para después de 2015 ofrece. “No podemos permitirnos el lujo de perder el potencial de una nueva generación de mujeres” enfatizó la Sra. Mlambo-Ngcuka y convocó a México a aprovechar este momento global para que la paridad se haga realidad en el periodo electoral de 2015.

En estos tiempos ha sido un reclamo social el que las mujeres participen continuamente en los puestos públicos de decisión. El poder legislativo ha instituido sus leyes en paridad, a efecto de que los gobiernos de los estados coherentes con el ejemplo del poder legislativo, den más oportunidades a mujeres con gran capacidad, talento, compromiso, y preparación en los estados y así contar con una mayor riqueza en las decisiones que se toman y se toman en nuestro país.

El reconocimiento de los derechos políticos plenos a las mujeres cambió a México. Sin embargo, son todavía muchos los derechos que debemos rescatar. Por ello es importante mencionar que la participación política es un instrumento de construcción de ciudadanía de hombres y mujeres que, con derechos y deberes, asumen un rol activo y creativo en la construcción de su organización, su región y su país.

Al respecto, a través de la firma de tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y las Conferencias Mundiales en el Cairo (1994) y Beijing (1995), el estado mexicano ha adquirido la obligación de promover la participación política de las mujeres.

Asimismo, promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer es uno de los ocho objetivos de la Declaración de los Objetivos del Milenio, aprobada por la comunidad internacional en el año 2000 en su intento por reducir la pobreza y las desigualdades

Cabe citarse que la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres establece como parte de los objetivos y acciones de la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres, “la participación y representación política equilibrada de las mujeres y los hombres”.

En el año 2011, se reconoce el avance fundamental que representa la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, mediante la cual se elevan, a rango constitucional, los derechos humanos que se derivan de los tratados internacionales.

Por ello, la incorporación de la igualdad entre mujeres y hombres y el principio de no discriminación - que es la base para la promoción de la igualdad entre los géneros -, representa un paso adelante en el sinuoso y azaroso camino hacia la refundación democrática de la institucionalidad política en México, sustentada en la pluralidad de género, la inclusión social y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Algo relevante es citar que en el contexto de la reforma política, la consolidación de una gobernabilidad democrática hizo posible la adopción de medidas estructurales en el ámbito de la legislación electoral, y las leyes sobre partidos políticos y participación ciudadana, para lograr una representación igualitaria de mujeres y hombres en todas las áreas de la institucionalidad pública.

En términos amplios, lo que se pretende con la paridad es subsanar la exclusión que durante años han enfrentado las mujeres en los espacios públicos, en el ejercicio del poder, en la definición de asuntos de interés común, en los espacios de representación social y política, e incluso, en la toma decisiones en las relaciones familiares y de pareja, buscando con ello su plena incorporación a la vida democrática y el ejercicio cabal de su ciudadanía.

La participación de las mujeres en el poder político es un asunto de equilibrar el acceso a dicho poder. Si las mujeres no están en los cargos públicos, se desperdicia la mitad del talento de nuestro país. Además, un país donde más de la mitad de la población está sub representada, no puede considerarse representativo.

Indudablemente, es necesario acelerar la puesta en práctica de acciones para el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, especialmente de aquellas que promuevan la paridad de género y las medidas afirmativas para que la participación de las mujeres sea plena e igualitaria.

Por ello es importante poner en marcha los mecanismos institucionales necesarios para promover que los partidos políticos busquen constantemente el incremento en la cantidad y calidad de la participación de las mujeres a su interior, en sus candidaturas (principalmente en aquellas con posibilidades de triunfo) y en sus escaños dentro del poder legislativo y en otros ámbitos de toma de decisiones, fundamentalmente en gubernaturas y presidencias municipales donde persiste una representación femenina escasa.

Es importante resaltar, que en Coahuila no se cuenta con la equidad de género en la integridad del gabinete, en virtud de que ocupan puesto público 12 hombres y tan solo son 5 mujeres, lo cual representa tan solo el 29% de cargos otorgados a mujeres en el estado, por tanto es urgente que el actual gobernador del Estado de Coahuila considere el otorgar responsabilidades a mujeres coahuilenses.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta al gobierno del estado de Coahuila para que integre más mujeres dentro de su gabinete.

Dado en el recinto de la Cámara de Diputados, a 8 de marzo de 2016.

Diputada Karla Karina Osuna Carranco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades de Veracruz y a la PGR a implantar medidas para garantizar la vida e integridad de los periodistas, a cargo de la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, María Cristina García Bravo, diputada a la LXIII Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2 fracción I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo de conformidad con los siguientes

Antecedentes

1. En el estado de Veracruz son constantes las violaciones a los derechos humanos. Y tratándose de asesinatos cometidos contra periodistas1 , dicho estado se ha colocado en el ranking del primer lugar en México. Detenerse en este asunto es indispensable, ya que la revisión más somera descubre la impunidad que conlleva la investigación de los casos.

La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llama la atención sobre los atrasos en las indagatorias en manos de las instancias responsables de investigar y resolver los casos, situación que es contraria a la exigencia de la sociedad y los familiares de las víctimas que exigen soluciones.

Es el caso del Consejo Estatal de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal para la Atención de los Periodistas. Esta situación deja abierta la posibilidad de la coadyuvancia por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) para que dentro de sus facultades y atribuciones atraiga aquellos casos de periodistas asesinados en Veracruz cuando sean clasificados como delitos de orden federal.

Ocurre, precisamente durante la gestión del gobernador Javier Duarte de Ochoa, que se ha dado el mayor índice de atentados contra los periodistas. El desprecio por la vida y la excesiva tolerancia a la violencia, pone en entredicho la política de seguridad pública aplicada en el estado. Recuérdese que como tal, la omisión y el desdén avivan la impunidad.

Por ello, se requiere con urgencia que el gobierno termine por aclarar los asesinatos de los periodistas perpetrados durante su gestión, puesto que el número de crímenes es alarmante y las investigaciones en su mayoría no son concluyentes por no pasar de la Fiscalía del estado del estatus de “averiguaciones previas”. Hay vacíos en la procuración de justicia, así como en castigar a los responsables homicidas. Esta situación contribuye a que organismos internacionales vean la realidad de México, comparado con el contexto internacional, como la de un país en guerra.

Por ejemplo, para Reporteros sin Fronteras 2 , México destaca entre los países más violentos del mundo para el periodismo, como se indica en la gráfica.

La cantidad de crímenes cuestiona tanto el trabajo de las instancias locales como su eficacia. Situación que contribuye a la impunidad señalada por la CNDH a nivel nacional y alcanza un escandaloso 90 por ciento, en persecución de los delitos, atraso en la integración de expedientes y el respectivo castigo a los responsables.

Cada vez la CNDH enciende los focos rojos sobre la problemática de los periodistas, como se aprecia en las tres recomendaciones generales3 ; la última del 11 de febrero de 2016, la Recomendación General número 24, sobre “la libertad de expresión en México”.

Cabe señalar, desde luego, que no se trata sólo de atender una vez consumados los crímenes. Todo lo contrario, aplicar las medidas cautelares. La propia comisión señala:

“Resulta imprescindible que se adopte, además de una estrategia de protección, una política pública general de prevención. La Organización de las Naciones Unidas publicó el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la impunidad, donde prevé que ‘la promoción de la seguridad de los periodistas y la lucha contra la impunidad no deben limitarse a adoptar medidas después de que hayan ocurrido los hechos. Por lo contrario, se necesitan mecanismos de prevención y medidas para resolver algunas causas profundas de la violencia contra los periodistas’”4.

2. Al Estado mexicano corresponde velar por los derechos humanos de los ciudadanos, así como a las organizaciones de la sociedad civil y periodistas luchar por la preservación de la libertad de expresión, en términos constitucionales y de la legislación internacional suscrita por México. Mas, dada la gravedad del problema, el estado no debería escatimar en resolver los agravios, puesto que los vacíos en las entidades federativas crean impunidad y debilitan el estado de derecho.

Por ejemplo, la PGR, como parte del “Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas5 ”, bien podría atraer los casos desde el momento que han sido catalogados por el propio gobierno de Veracruz, como delitos ligados al crimen organizado; pues pasarían a conformar un delito federal.

Tan solo la calificación de México en el lugar 148 de 180 países, que lo convierte en uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo –el séptimo a nivel mundial–, como aquellos países en guerra o franca violación de los derechos humanos como Irak, Siria, Francia, etcétera, obliga a llamar la atención sobre la situación como acelerar las acciones urgentemente. El siguiente cuadro ilustra lo anterior6 .

A nivel latinoamericano, el país va a la cabeza en asesinato de periodistas de medios de comunicación; seguido de Brasil y Honduras7 .

Según la PGR, en los últimos 15 años 103 periodistas –directivos, fotógrafos y reporteros– fueron ultimados, y otros 25 están en calidad de desaparecidos. Por su parte la CNDH reporta 109 homicidios, entre 2010-2016 (con 20 desapariciones8 ), 12 de ellos cometidos en 2015. Agréguense 48 atentados a los medios desde 2006, y 762 averiguaciones previas iniciadas por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR, entre 2010 y 20159 . Como se puede apreciar, los datos oficiales no coinciden pero sí muestran la gravedad del asunto10 .

Los estados con mayor incidencia son Veracruz con 14.6 por ciento, Tamaulipas 11.9 por ciento; Guerrero, Chihuahua y Oaxaca, 11 por ciento cada uno.

Entre 2000 y 2016, en estas cinco entidades ocurrieron seis de cada 10 homicidios. Lo que además refleja el clima de violencia e inseguridad que padece la sociedad en estos estados.

Los periodistas desaparecidos en Veracruz y Michoacán tienen 20 por ciento; Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León con 10 por ciento. Solo en 2015, 8 periodistas fueron asesinados. Así, para la CNDH el primer lugar lo tiene Veracruz, con un reporte11 de 17 informadores muertos12 , entre 2011 y 201613 , y 2 desaparecidos. Los años del gobierno de Javier Duarte.

Veracruz en la mira. La lista de la muerte: algunos nombres de periodistas victimados.

“Anabel Flores Salazar , de 27 años de edad. Reportera del periódico El Buen Tono y El Sol de Orizaba . Un grupo de hombres armados, vestidos de militares, la secuestró la mañana del 8 de febrero de 2016 en su domicilio. Fue hallada muerta en un paraje del municipio de Tehuacán, en Puebla.

“Rubén Espinosa Becerril , de 31 años de edad. Corresponsal de la revista Proceso y la agencia Cuartoscuro en Veracruz. Asesinado el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte, en el DF, junto a 4 mujeres, entre ellas Nadia Vera Pérez, activista quien habría responsabilizado a Duarte y a su gabinete de cualquier atentado contra su vida; su testimonio está en:

https://www.youtube.com/watch?v=c41YFdRXO64 y

https://www.youtube.com/watch?v=RvlLK176uFE. Había salido del estado semanas atrás al recibir amenazas.

“Juan Mendoza Delgado , de 46 años de edad. Director del portal Escribiendo la Verdad . Fue reportado desaparecido el 1 de junio de 2015, su cuerpo fue encontrado al día siguiente, atropellado. Investigación en curso.

“Armando Saldaña Morales , de 53 años. Periodista de la estación La Ke Buena . Asesinado el 4 de mayo de 2015. Su cuerpo fue encontrado con cuatro balazos y señales de tortura, en la frontera entre Oaxaca y Veracruz. Investigación abierta.

“Moisés Sánchez Cerezo , de 49 años de edad. Director de La Unión . Secuestrado el 2 de enero de 2015. Su cuerpo apareció el 24 de enero, decapitado. Omar Cruz Reyes, presidente municipal de Medellín, fue acusado de ser el autor intelectual del crimen .

“Octavio Rojas Hernández , corresponsal del periódico El Buen Tono , fue asesinado en su casa de Cosolapa, Oaxaca, frontera con Veracruz. Caso abierto.

“Gregorio Jiménez de la Cruz , de 43 años de edad. Reportero del diario Notisur . Desapareció el 6 de febrero de 2014. Su cuerpo fue encontrado seis días después. El gobernador dijo que asesinado por “problemas personales” , en tanto sus familiares señalan que fue por un reportaje.

“Sergio Landa Rosales. Periodista del Diario de Cardel . Secuestrado el 26 de noviembre de 2012, desapareció desde entonces. Caso abierto.

“Miguel Morales Estrada , de 35 años de edad. Desapareció el 25 de julio de 2012. Fotógrafo del Diario de Poza Rica . El caso está abierto.

“Víctor Manuel Báez Chino , de 46 años de edad. Reportero del sitio: reportepoliciaco.com . Desapareció el 13 de junio de 2012. Su cuerpo, mutilado, se recuperó un día después. El gobierno culpó al crimen organizado del homicidio .

“Guillermo Luna Varela , de 21 años fotógrafo de Notiver ; Gabriel Hugo Córdova , de 37 años, fotógrafo de Notiver ; Esteban Rodríguez Rodríguez , de 30 años, reportero del periódico AZ ; Ana Irasema Becerra Jiménez , de 33 años, empleada administrativa de El Dictamen de Veracruz . Estos son los nombres de periodistas cuyos cuerpos fueron encontrados en bolsas de basura el 3 de mayo, el día de la libertad de prensa. Las autoridades culparon a supuestos narcotraficantes de los cuatro homicidios y el caso fue cerrado. Los detenidos fueron presentados con las credenciales de los asesinados. A la fecha se desconocen los motivos.

“Regina Martínez Pérez , de 48 años de edad. Corresponsal de Proceso . Fue estrangulada en su casa el 28 de abril de 2012. Las autoridades concluyeron que fue víctima de un robo y/o un crimen pasional . El gobierno no investigó si su muerte estuvo relacionada con su trabajo.

“Yolanda Ordaz de la Cruz , de 48 años. Reportera de Notiver . Desaparecida el 24 de julio de 2011. Su cuerpo, decapitado, fue encontrado dos días después. Se culpó a un supuesto narcotraficante de su asesinato . A la fecha el caso no se ha resuelto.

“Misael López Solana , de 21 años. Fotógrafo de Notiver . Asesinado por un comando armado el 20 de junio de 2011 en su casa. Se culpó a un supuesto narcotraficante del crimen . Caso no resuelto.

“Miguel Ángel López Velasco , de 55 años de edad. Conocido como “Milo Vela”. Periodista de Notiver .

“Noel López Olguín , de 45 años de edad. Trabajaba para Horizonte, La Verdad y Noticias de Acayucan . Desapareció el 8 de marzo de 2011. Su cuerpo fue encontrado el 1 de junio del mismo año. Se culpó a un supuesto sicario de su asesinato. El caso no está resuelto14 .”

“Todos ellos muertos durante el sexenio de Javier Duarte, quien el 1 de junio de 2015, dirigiéndose a periodistas: ‘Se lo digo a ustedes, por su familia, pero también por la mía, porque si algo les pasa a ustedes a mí me crucifican todos. Pórtense bien, todos sabemos quiénes andan en malos pasos, dicen que en Veracruz sólo no se sabe lo que todavía no se nos ocurre. Todos sabemos quiénes, de alguna u otra manera, tienen vinculación con estos grupos... todos sabemos quiénes tienen vínculos y quiénes están metidos con el hampa... ¡Pórtense bien, por favor!, se los suplico. Vienen tiempos difíciles’”15 . El “pórtense bien” fue recibido como amenaza velada.

Lo primero que se aprecia es el apresuramiento de las autoridades del estado de Veracruz por cerrar los casos, sin esperar las investigaciones correspondientes –en un marco de violación flagrante de los procesos, en su mayoría no pasan de la integración por lo que se encuentran en la Fiscalía local–; lo segundo es que son seis los casos imputados al crimen organizado.

El caso es que los asesinatos de periodistas en Veracruz duermen el sueño de los justos16 . Por ejemplo, tras el asesinato de Anabel Flores Salazar, la CNDH reportó: “Los casos de agresiones a periodistas (cuentan) con (una) investigación deficiente y, sin sanción, evidencian la falta de condiciones que las autoridades de los tres órdenes de gobierno están obligados a generar para que haya libre expresión e investigación periodística sin consecuencias”17 .

Dice la Comisión, en la Recomendación 24:

“Sobre el estado que guardan las 176 averiguaciones previas iniciadas para la investigación de los homicidios y desapariciones de periodistas, así como de los atentados a medios de comunicación registrados por la CNDH desde el año 2000 al 31 de enero de 2016, 106 están en trámite; 45 de éstas se encuentran en integración desde hace 5 años y uno de los casos tiene 15 años en integración. Además, se observa que si bien las autoridades ministeriales realizan diversas diligencias, no resultan del todo idóneas para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los probables responsables de los mismos, ni el motivo y las causas que ocasionaron la agresión”18 .

El señalamiento de impunidad le alcanza al estado de Veracruz, como primer lugar en homicidios de periodistas.

3. En referencia a los derechos humanos y los medios, cabe resaltar que los elevados niveles de violencia desatados durante los últimos 10 a 15 años por la actividad delictiva de los cárteles de las drogas en el país, han deteriorado la seguridad pública a nivel nacional, con especial énfasis en algunos estados. Veracruz es botón de muestra. De hecho, las disputas entre narcotraficantes representan una de las principales causas de inseguridad.

Estos acontecimientos de violencia, desde luego, plantean un reto adicional a las autoridades e instituciones en materia de seguridad, como políticas de prevención del delito y resguardo de los derechos humanos. Por cierto, sigue faltando asimilar el tema en los términos de la reforma del 2014 en la materia, así como su condición vinculatoria con la legislación internacional suscrita por México, como corresponde –además la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura– con los asesinatos de periodistas en específico.

En un país democrático, el periodismo es una actividad pública de cara a la sociedad. “En este carácter encuentra precisamente su razón de ser. Su función esencial de investigar y difundir los hechos de interés colectivo, así como de opinar libremente sobre ellos...”19 . En el ejercicio de la libertad de expresión, periodistas y medios resultan aliados naturales de la sociedad, para mantener vigilada a la autoridad contra cualquier abuso.

Como tal, el estado tiene la obligación de investigar efectivamente los hechos acerca de las desapariciones, los homicidios y demás actos violatorios contra los periodistas; así como investigar, detener y sancionar a quienes los llevan a cabo, en términos de la CNDH. Y el clima de violencia no es pretexto para dejar los casos sin resolver, aparte que la opacidad genera desconfianza y acrecienta la impunidad. Por cierto, urge consolidar el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que responda a las necesidades del gremio a nivel nacional.

Fue tarde, hasta el 2012 que el gobierno federal comenzó a poner atención y a ocuparse de la violación de los derechos humanos de los periodistas, cuando la violencia se focalizó y arreciaron los asesinatos. Fue por los reclamos del medio, la presión de los defensores de los derechos humanos, pero sobre todo porque los crímenes alcanzaron cifras de escándalo a nivel mundial y la “estadística” subió. La problemática desbordó a las autoridades de seguridad pública e impartición de justicia. Afloró un relativo desdén.

El objetivo de la Ley para la Protección de los Periodistas20 fue la creación del Mecanismo y su estructura de funcionamiento21 . A la letra dice:

“Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en toda la República y tiene por objeto establecer la cooperación entre la federación y las entidades federativas para implementar y operar las medidas de prevención, medidas preventivas y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo”.

En la Junta de Gobierno están representados Secretaría de Gobernación (Segob), PGR, Policía Federal, Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), CNDH e invitados internacionales. Salvo en la “Coordinación Ejecutiva Nacional” –el órgano operativo, el “responsable de coordinar con las entidades federativas, las dependencias de la administración pública federal y con los organismos el funcionamiento del Mecanismo”– donde se designa a un “coordinador ejecutivo (de) rango inmediato inferior a subsecretario o equivalente” (Artículo 17, de la ley). Quizá el rango menor causa inoperancia o las quejas sobre el funcionamiento del Mecanismo22 .

Si ocurre a escala nacional, a nivel de los estados la situación no es mejor. Normas de menor alcance con autoridades omisas. En Veracruz, también en 2012 se emitió la Ley de la Comisión Estatal para la Protección de los Periodistas23 , donde se crea el 18 de diciembre de 2012 la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP), instancia “...responsable de atender y proteger la integridad de los periodistas, así como de promover las condiciones para el libre ejercicio de la profesión del periodismo, con pleno respeto al derecho a la información y a la libertad de expresión”.

En cuestión están todavía sus resultados. Curiosamente algunas de las víctimas, como Rubén Espinosa y Nadia Vera no acudieron a pedir apoyo del Mecanismo (federal) ni de la Comisión (local)24 , por la desconfianza o por sus limitadas funciones. Con la salvedad, que la comisión posee la limitante que procede únicamente “a petición de parte” y no “actuar de oficio”; una función que está solicitando –hay que decirlo, para avanzar en sus funciones de protección–, al Congreso local para que le otorgue dicha facultad.

El propio gobernador Duarte sembró, con un “pórtense bien” para los periodistas, en “tiempos difíciles”, la desconfianza. “No hay que confundir —dijo— libertad de expresión con representar la expresión de los delincuentes a través de los medios”25 . Claro que aparte de los periodistas, se dieron algunas reacciones, como fue el caso de la senadora Lilia Aguilar (PT), quien usó la tribuna del Senado en agosto 2015 para hablar de esta “frase o amenaza”, el “pórtense bien” de Duarte dirigido a los periodistas26 .

Considerandos

Primero . Que es atribución del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, como instancia superior encargada de promover la efectiva coordinación del estado y los municipios para el cumplimiento de los objetivos y fines de la seguridad pública, conforme a la Ley General y de conformidad con la fracción II del Artículo 24 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como en los términos de las fracciones XII y XV siguientes:

“XII. Proponer políticas, lineamientos y acciones para el eficaz funcionamiento de las instituciones de seguridad pública;

“...XV. Vigilar la implementación de políticas en materia de atención a víctimas u ofendidos del delito;”

Segundo . Que es facultad de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, como Ministerio Público, en los términos del inciso e), fracción I de los “Principios Rectores”, capítulo II de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ejecutar la investigación de los delitos, comprobar el hecho delictuoso así como la responsabilidad del imputado sin incurrir en prácticas dilatorias, y conforme al artículo 5 y artículo 6, fracción I y IV de la presente ley que señalan:

“Artículo 5. De las Atribuciones del Ministerio Público... A él compete la investigación, por sí o ejerciendo la conducción y mando de las policías, y la persecución ante los tribunales, de los delitos del orden común.”

“Artículo 6. Atribuciones del Ministerio Público.

I. Investigar, por sí o al ejercer la conducción y mando de las políticas y peritos, los delitos que sean cometidos dentro del territorio del estado...”

IV. Velar por la legalidad y por el respeto de los derechos humanos de la víctima u ofendido, así como del imputado o acusado, de conformidad con el artículo 20 apartados B y C de la Constitución; e impulsar la pronta, expedita y debida procuración de justicia, para coadyuvar a su eficiente impartición;”

Tercero . Que a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, de conformidad con la Ley de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, como organismo autónomo del estado en los términos del artículo 2, es la “responsable de atender y proteger la integridad de los periodistas, así como de promover las condiciones para el libre ejercicio de la profesión del periodismo, con pleno respeto al derecho a la información y a la libertad de expresión”; y conforme al artículo 3, fracciones I y II, de esta ley que indican:

“I. Otorgar, a petición de los periodistas que lo soliciten, las medidas de atención o protección necesarias para prevenir la consumación de una amenaza o para enfrentar riesgos inminentes o agresiones contra su esfera jurídica, que sean consecuencia del ejercicio de su profesión; solicitar a las autoridades competentes su cumplimiento; y denunciar a los servidores públicos responsables de incumplir, en los términos que disponga la ley;”

“II. Establecer los elementos objetivos necesarios para la debida evaluación del otorgamiento de las medidas de atención y protección, y la adopción de los criterios, lineamientos o protocolos aplicables a la salvaguarda de la esfera jurídica de los periodistas;”

Cuarto . Que es atribución del Procuraduría General de la República (PGR), como Ministerio Público federal, a través de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (de la cual depende la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión), de conformidad con la fracción VI del artículo 13 y II del artículo 29 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, atender aquellos casos que estén relacionadas con el crimen organizado en los siguientes términos:

“Artículo 13. Son facultades genéricas de los titulares de las unidades especializadas previstas en el artículo 3 de este reglamento y las fiscalías, así como de las creadas por acuerdo del procurador..., las siguientes:

...“VI. Ejercer la facultad de atracción para la investigación y persecución de delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales materia de su competencia;”

“Artículo 29. (de las Unidades Especializadas)...

II. Ejercer la facultad de atracción para la investigación y persecución de delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales materia de su competencia...”.

Por lo anterior, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Exhorto al Consejo Estatal de Seguridad Pública, así como a la Comisión Eestatal para la Atención de los Periodistas, ambos del estado de Veracruz, a que adopten las medidas idóneas en cada caso para garantizar la vida e integridad de los periodistas; a la Fiscalía General del Estado de Veracruz para que atienda de forma pronta y expedita, las averiguaciones previas que tiene rezagadas sobre los asesinatos de periodistas, y a la Procuraduría General de la República, para que ejerza su facultad de atracción de las averiguaciones sobre los asesinatos de periodistas cuando estén presuntamente relacionados con delitos de orden federal.

Notas

1 “El concepto de periodista incluye a todas aquellas personas que recaban, generan, procesan, editen, comentan, opinan, publican o proveen información a través de cualquier medio de difusión y comunicación, ya sea de manera eventual o permanente, lo que incluye a los comunicadores, a los medios de comunicación y sus instalaciones, así como a sus trabajadores, en tanto que ejercen o contribuyen a ejercer la libertad de expresión...”. Comisión Nacional de Derechos Humanos, Recomendación General 24, 11 de febrero de 2016. Punto 9.

2 Reporteros sin Fronteras (reconocida asociación de utilidad pública desde 1995, creada en Francia en 1985, con estatus de consultivo de la ONU y la Unesco, crea reportes con difusión mundial). Ver informe del 3 de febrero 2016: “Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, 2015” en: http://bit.ly/1c2ucyc.

3 Ver CNDH, en: http://bit.ly/1QnhL2Q. Sobre este asunto habría emitido otras dos “Recomendaciones”, una en 2013 y la anterior de 2007.

4 Recomendación General 24, punto 41, pág. 15.

5 El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas comenzó a funcionar en noviembre de 2012. Fue creado por la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas aprobada por unanimidad al final de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión de México, el 30 de abril de 2012. Ver: PBI / WOL, “El Mecanismo...: desafíos y oportunidades”, 25 de enero de 2015, una posición sobre las fallas encontradas, en http://bit.ly/1DNcNwK.

6 Reporteros sin Fronteras : http://bit.ly/1c2ucyc.

7 Reporteros sin Fronteras , “Balance de Periodistas asesinados, 2015”, en: http://bit.ly/1oqQaYm.

8 CNDH, Recomendación 24.

9 Édgar Corzo Sosa, visitador general de la CNDH, datos en La Jornada , 22 febrero 2016.

10 No obstante urgen datos precisos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ComIDH) al respecto señala que la “Violencia contra los periodistas y trabajadores de los medios: Estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de justicia”, 2013, que es “deber del Estado mantener estadísticas precisas sobre la violencia contra periodistas”, para de ese modo comprender la magnitud y la modalidad de los actos de violencia, “condición fundamental para poder implementar políticas efectivas de prevención, como por ejemplo, el diseño de mapas de riesgo confiables”. En CNDH, Recomendación 24. Puntos 49 al 54.

11 Ver también el portal Regeneración : “Estos son los periodistas asesinados en Veracruz con Duarte”, 10 de febrero 2016.

12 “Veracruz, cementerio de periodistas”, Diario 24 Horas , 15 de febrero 2016.

13 En lo que va de 2016 hasta el 20 de febrero van cuatro periodistas asesinados: Anabel Flores el 9 de febrero en Veracruz; Marcos Hernández Bautista el 21 de febrero en Oaxaca; Reinel Martínez Cerguera el 22 también en Oaxaca; Moisés Magdug Latzow, el 20 de febrero en Tabasco. Ver: http://bit.ly/1SYlef3.

14 Regeneración, http://regeneracion.mx/los-15-periodistas-asesinados-en-veracruz-con-du arte/.

15 Palabras del Gobernador Duarte:

16 CNDH, Comunicado de prensa (CGCP/039/16), 11 de febrero de 2016. Edgar Corzo, el visitador general dice que la impunidad es superior al 90%, ver nota citada supra.

17 El 8 de febrero Anabel fue sustraída de su domicilio, el mismo día la CNDH solicitó medidas cautelares para la reportera a la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública del estado: “Solicita CNDH a la Fiscalía General y a Seguridad Pública de Veracruz implementar medidas cautelares en favor de reportera sustraída de su domicilio y familia”. Un día después apareció asesinada. Ver: http://bit.ly/24i2Tx7.

18 CNDH, Recomendación Gral. 24, punto 140 a 144, pp. 46 y 47. Y comunicado de Prensa, 11 de febrero de 2016.

19 Ibídem.

20 Ver nota 2, supra.

21 Capítulo I. “Objetivo y Fin del Mecanismo”. Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas . Ob. cit.

22 Un informe de balance de WOLA (Washington office on Latin America) y PBI (Mecanismo Gubernamental de Protección), apunta lo siguiente: “El Mecanismo sigue enfrentando múltiples desafíos que limitan su capacidad de proteger de manera eficaz a periodistas y defensores de derechos humanos vulnerables. En la primavera de 2014, el Mecanismo perdió una tercera parte del personal que integraba, incluido el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) que supervisa el Mecanismo. En una reunión con el Secretario General de Reporteros sin Fronteras celebrada en abril de 2014, el Secretario de Gobernación Osorio Chong admitió que el Mecanismo había fracasado, y se comprometió a reestructurarlo y a incluir a la sociedad civil en el proceso de reestructuración”. El documento está en Bitly: http://bit.ly/1DNcNwK.

23 Gaceta Oficial, 3 de diciembre de 2012. Ver en Bitly: http://bit.ly/1LI3o8e.

24 Según comunicado de la propia Segob, sobre el Mecanismo en: http://bit.ly/1HpecEI. Sobre la Comisión, conforme a la versión de Namiko Matzumoto Benpitez: http://bit.ly/1VHELya. Ver, además, última entrevista a Rubén en:

https://www.youtube.com/watch?v=8XDNd_u77-w. Así como la denuncia contra Duarte por Nadia Vera:

https://www.youtube.com/watch?v=c41YFdRXO64. Ambos asesinados en la colonia Narvarte del DF el 31 de julio 2015.

25 Ibídem, nota 11 y 15, supra.

26 https://www.youtube.com/watch?v=LsCxRGsuV7I.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.

Diputada María Teresa García Bravo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Conagua a coordinar la investigación científica que se realiza debido a la fractura geológica que formó un cráter en el río Atoyac, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1 fracción II y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El cambio climático –es decir, la variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global– es un tema insoslayable que demanda atención prioritaria de las autoridades responsables de administrar los recursos hídricos en el país, toda vez que los escenarios previstos por la comunidad científica apuntan al incremento de la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos.

La presente proposición con punto de acuerdo encuentra sustento dado que el agua es un asunto de seguridad nacional e interés social, por lo que su atención debe ser prioritaria y requiere coordinación entre los Poderes de la Unión, las instituciones encargadas de su gestión y la ciudadanía.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) es un organismo administrativo desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual es reconocido como el órgano superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la federación, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, a través de la Subdirección General Técnica (SGT).

Para el Partido Verde Ecologista de México la vida, la salud y el bienestar humanos dependen de que dispongamos de agua limpia. Por este motivo es importante preservar todos y cada uno de los ríos y arroyos, así como los ecosistemas que los rodean, por medio de estrategias de prevención y de atención oportuna ante los fenómenos que provoquen una situación de desabasto que signifique un riesgo potencial para los afluentes naturales que abastecen del vital líquido a poblaciones humanas y ecosistemas en nuestro país.

En esta tesitura, en fechas recientes hemos conocido la problemática en torno al río Atoyac, el cual no es sólo un valioso sitio ecosistémico, sino que representa un interesante sitio con valor turístico que permite observar aves y mariposas. El río Atoyac atraviesa ocho municipios en la zona montañosa central del estado de Veracruz, y es de gran relevancia para la actividad agrícola de la región.

La cuenca del río Atoyac nace en el municipio de Amatlán de los Reyes y se prolonga hasta la desembocadura de la vía fluvial en el municipio de Boca del Río, en el litoral del Golfo de México, y cruza los municipios de Atoyac, Yanga, Cuitláhuac, Carrillo Puerto, Cotaxtla y Medellín, lo cual lo convierte en un centro de abastecimiento hídrico primordial para las y los veracruzanos, dada la longitud de su cauce.

Según distintos reportes de prensa1 de El Universal, Milenio, de la Organización Editorial Mexicana y de la Agencia EFE , el primer día de marzo del presente año, habitantes de Atoyac, Veracruz, avisaron a la autoridad municipal de la aparición de grietas enormes que se abrieron en el ejido Potrero y anexas que filtraron aguas del río Atoyac al subsuelo dejando al descubierto las piedras del fondo del río.

En ese orden de ideas, el fenómeno geológico es calificado como “grave” en virtud que la grieta de 12 metros de diámetro tiene pocos días de haberse formado sobre la anchura de cauce del río, el cual fue afectado en gran parte quedando sólo el lecho de piedras a lo largo de la corriente de este acuífero, lo que aparentemente resulta ser una fractura geológica con cráter en el afluente del río Atoyac.

Para los diputados y las diputadas del Grupo Parlamentario del Partido Verde es muy importante que se esclarezca este acontecimiento, por parte del órgano competente que es la Conagua por lo que solicitamos se realicen los estudios de geomorfología fluvial del río Atoyac para descubrir la causa de este fenómeno, ya sea ésta de tipo natural o de carácter antropogénico.

Una vez que se tenga la evidencia científica por parte de los especialistas podremos tomar las medidas oportunas frente a este fenómeno para prevenir el daño a la agricultura y al abasto de agua en la región. Asimismo, se podría anticipar los cambios que se observarían en la calidad del agua y el potencial estrés hídrico que se generaría en la región, de manera que se evite la pérdida de la flora y de la fauna que habita en las orillas del río.

En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión Nacional de Agua, a través de la Subdirección General Técnica, para que en el ejercicio de sus funciones coordine la investigación científica que derivado de la fractura geológica que formó un cráter en el río Atoyac, concilie las prioridades de abasto de agua y seguridad física de la población.

Nota

1 El Sol de Córdoba . “Enorme grieta se traga río Atoyac”, 2 de marzo de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Gálico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet, Eduardo Francisco Zenteno Núñez.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a incrementar y realizar con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud y los gobiernos locales campañas publicitarias para promover mayor cultura de donación de sangre, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe diputada federal Mariana Trejo Flores, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXII Legislatura, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numerales 1, fracción II y 2 del Reglamento de Cámara de Diputados, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, bajo las siguientes:

Consideraciones

Se presume que un donador altruista de sangre es una persona que proporciona su sangre o componentes sanguíneos, para uso terapéutico de quien lo requiera, sin la intención de beneficiar a alguien en particular; sin esperar retribución a cambio y sin una solicitud específica por parte del personal de salud, familiares o amigos del paciente.

Sin embargo la transfusión de sangre y productos sanguíneos contribuyen a salvar millones de vidas cada año en el mundo, de esta forma permite aumentar la esperanza y la calidad de vida de pacientes con trastornos potencialmente mortales, así como llevar a cabo complejos procedimientos quirúrgicos.

No obstante, que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) que cada 14 de junio se celebra en todo el mundo el día mundial del donante de sangre con la finalidad de concientizar a la sociedad sobre la necesidad de disponer de sangre y productos sanguíneos, así como la necesidad de agradecer a quienes donan sangre de forma voluntaria y no remunerada permitiendo salvar vidas.

De acuerdo este organismo (OMS), cada año se realizan 93 millones de donaciones de sangre, pero en países desarrollados se perciben donaciones de sangre 13 veces más que en naciones de bajos ingresos, que es en donde más se necesita.

La tasa media de donación es de 45.4 donaciones por cada mil personas en los países de altos ingresos, frente a 10.1 y 3.6 donaciones en países de medianos y bajos ingresos, sin embargo, para lograr la cobertura de las necesidades de un país, se requiere que entre el uno y el tres por ciento de su población sea donante, pero en 77 países la tasa de donación es inferior al uno por ciento.

La donación de sangre en México está lejos de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pues casi la totalidad (97 por ciento) del tejido es aportado por familiares, como una obligación para cumplir con los requisitos de hospitalización y cirugía de sus pacientes. Además, de que nuestro país carece de la reserva necesaria para enfrentar una eventual emergencia, reconocen funcionarios del Sector Salud.

Sin embargo, nuestro país se ubica entre los países de bajo índice de donaciones de sangre, es decir, menos de 10 donaciones por cada mil personas, por lo que se requiere promover campañas que ayuden a la donación de sangre voluntaria y que no sólo esté sujeta a las donaciones entre familiares.

En efecto, la misión de los servicios de sangre de un país es colectar y preparar productos sanguíneos seguros en una forma eficiente y oportuna, y transfundirlos de una manera eficaz, sin embargo en nuestro país estos esfuerzos no han sido suficientes y eficaces pese a los llamados de la Comisión Permanente de la LXII Legislatura del Congreso de la unión, así como el Senado de la Republica.

El Banco Central de Sangre del Centro Médico Nacional Siglo XXI, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), advierte que la donación de una persona puede salvar la vida de tres pacientes, porque el líquido se divide en tres componentes (plasma, concentrado de eritrocitos y plaquetas), con los cuales es posible coadyuvar en el tratamiento de diferentes enfermedades.

Por lo que se advierte que cada hospital debería contar con al menos mil unidades de sangre, sin embargo sólo lo logran las instituciones grandes, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en algunas de sus unidades, dicha Institución cuenta con 66 bancos de sangre, siendo el volumen de captación anual de 711,429 unidades de sangre, el banco del Centro Médico La Raza aportó en el año 2013, 722 donaciones altruistas de un total de 85,000 unidades de sangres obtenidas.

En México el procedimiento de la donación se realiza con altos estándares de calidad y seguridad, podría mejorar si las personas acudieran por su voluntad a los centros de colecta, y lo pueden hacer hasta cuatro veces al año los hombres y tres las mujeres.

En el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, se capta un millón 800 mil unidades, y todas se ocupan, por lo que se advierte la importancia de modificar la tendencia, a efecto de incrementar la donación voluntaria, altruista y de repetición, en virtud a las recomendaciones de la (OMS), como ya ocurre en 62 países, donde la totalidad del tejido se obtiene de esta manera.

El centro de sangre de la Cruz Roja en la Ciudad de México, atiende entre 6 y 9 personas, mientras que en la unidad móvil de donación que recorre empresas, universidades y dependencias de gobierno logra recolectar hasta un 60% al año, es decir capta cerca de 6 mil litros de sangre. Bajo este contexto, para tener abasto de sangre la Organización Panamericana de la salud (OPS) estimó que en cada país cuando menos el 3.5 % de la población debe de donar sangre 4 veces al año.

Si bien es cierto la función de los servicios de sangre incluye la educación, el reclutamiento, la selección, la retención y el registro de donantes de sangre; el procesamientos de la sangre en sus componente, los análisis serológicos e inmunohematológicos, el almacenamiento, la liberación o entrega de sangre, su transfusión a los pacientes que necesitan algún componente y la evaluación del impacto de esas transfusiones en la salud de los receptores.

Su producción es indispensable para reponer sangre por pérdidas agudas, como son los traumatismos, procesos quirúrgicos donde hay pérdida de componentes sanguíneos, glóbulos rojos o plaquetas, y para proporcionar los componentes necesarios en aquellas enfermedades que atacan la medula ósea y no hay producción de alguno o todos los elementos que conforman la sangre y son indispensables para la vida.

Con el fin de garantizar la autosuficiencia, cobertura universal y seguridad de la sangre y sus componentes, debe actualizarse el marco jurídico en esta materia, fomentando una coordinación eficiente de los bancos de sangre y los servicios de transfusión del país, con criterios de integración en redes de atención, así como, promover la donación voluntaria, no remunerada y regular como una fuente segura de obtención de la sangre y componentes sanguíneos.

Esta norma debe contribuir a la confianza general en cuanto a la donación de sangre y componentes sanguíneos, dando protección a la salud de los donantes, receptores y el personal de salud, conseguir la autosuficiencia, reforzar la seguridad de la cadena transfusional, de manera suficiente y que pueda lograrse un mejor nivel de atención, adoptando las medidas necesarias para alcanzar los objetivos planteados.

Es por lo que se advierte la importancia de realizar campañas permanentes de publicidad, a través de todos los medios informativos y electrónicos, para promover una mayor “cultura de donación de sangre” , dirigidas a la población en general, ya que solo se hacen campañas dentro de las clínicas y hospitales de salud, con la finalidad de contar con un suministro suficiente de sangre, que permita salvar vidas.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud, en coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, así como a los gobiernos de las entidades federativas, para que incrementen y realicen campañas permanentes de publicidad, a través de medios informativos y electrónicos, para promover una mayor “cultura de donación de sangre”.

Palacio Legislativo de San Lázaro a los ocho días de marzo de 2016.

Diputada Mariana Trejo Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a difundir las acciones por llevar a cabo para prevenir el mal uso de los recursos de los programas sociales y garantizar el blindaje electoral durante los comicios de 2016 en diversas entidades federativas, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe diputado Moisés Guerra Mota, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución en materia de veda y blindaje electoral:

Consideraciones

Es de todos conocido que este año en 13 estados de la República se llevarán a cabo elecciones para que la población determine por el voto de la mayoría, quien será su próximo gobernador. A su vez, que las personas en edad de votar emitirán un sufragio por sus nuevos alcaldes, diputados locales, síndicos y regidores, con lo que poco más de 1,350 puestos de elección popular estarán en contienda.

Se trata este, el de 2016, de uno de los procesos electorales más complicados para la autoridad electoral y para la sociedad en su conjunto, pues más de una tercera parte de los estados que conforman el país renueva a sus autoridades.

En las entidades federativas en las que habrá comicios, la población identificada como pobre o con alguna carencia social, alcanza un poco más de 31.6 millones de personas. Población que en distintos momentos de nuestra historia moderna como país y por lo tanto de nuestra novel democracia, ha sufrido algún tipo de presión proveniente de las autoridades para dirigir el sentido de sus votos en diferentes procesos electorales.

Con anterioridad, el Legislativo ha conocido de distintos casos en donde a través de las delegaciones de las dependencias del gobierno federal, se “carga la balanza” a favor de tal o cual candidato. Prueba de ello son los casos que han culminado en la remoción de algún delegado federal, como ocurrió en Veracruz en abril de 2013 u otros que en distintos momentos y sitios, sin distingo de colores partidistas, se han suscitado de manera evidente, afectando el adecuado ejercicio de los recursos vinculados con los programas sociales.

Se trata de antecedentes claros que deben alertar sobre el inadecuado manejo que se le pueda dar a los programas sociales durante los meses y semanas cercanos a los días de las elecciones y que esta Cámara de Diputados ha de considerar como inaceptables.

Ello debe de convocar a todos los legisladores a advertir que la sociedad podría llegar a la jornada electoral en medio de cuestionamientos, diatribas y ataques que no benefician a nadie y que por el contrario, atentan en contra de la dignidad de todas las mexicanas y todos los mexicanos.

Los legisladores debemos de rechazar y censurar cada una de las maniobras tendientes a presionar a las familias pobres y marginadas de nuestro país para condicionar su voto a cambio de una despensa, de una inscripción en el programa Prospera, de techos de cartón, láminas de asbesto y otro tipo de materiales, pues pervierte, tanto a la democracia como al efectivo combate a la pobreza.

Si no se llevan a cabo acciones de blindaje electoral en las entidades federativas donde habrá comicios, si se pretende incidir de alguna manera, en el voto de las personas -Lo que puede ser particularmente grave en casos como Veracruz y Oaxaca, donde reside buena parte de la población pobre de nuestro país, 10 millones de personas (CONEVAL)- no solo la legitimidad de los candidatos electos, sino la credibilidad de las instituciones estará en entredicho y una vez más se habrá lucrado con los más pobres.

En este sentido, es importante recalcar que la prohibición sobre el mal uso de los recursos relacionados con el Desarrollo Social, se encuentran debidamente previstos en el Artículo 28. De la Ley General de Desarrollo Social, que a la letra señala: La publicidad y la información relativa a los programas de desarrollo social deberán identificarse con el Escudo Nacional en los términos que establece la ley correspondiente e incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Lo cual también se prevé en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 449, numeral 1, inciso e, la que claramente establece que constituyen infracciones: La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los Ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato,

Hay antecedentes, pues son del conocimiento público las experiencias previas en los que gobernadores salientes junto con delegados, han pretendido incidir en el resultado electoral en sus estados, condicionando el voto de los beneficiarios de programas sociales al sufragio a favor de sus candidatos.

En consecuencia, Sedesol ha reaccionado con el cierre anticipado de sus ventanillas y deteniendo el flujo de apoyos a los beneficiarios de los programas sociales. Esa modalidad de Blindaje Electoral ha provocado que los beneficiarios pasen varios meses sin recibir recursos, en detrimento de sus necesidades más apremiantes.

Una democracia moderna, como la que se suele presumir que es México, requiere de comportamientos éticos de todas sus partes, separando claramente lo electoral, que es estacional, del combate a la pobreza que es permanente y debe ser sistémico.

En ello no se ha involucrado a la sociedad, para que de manera constante contribuya a la vigilancia de los presupuestos del desarrollo social, a través de comités ciudadanos, autónomos e independientes, que observen en tiempo real y con libertad, las acciones de los delegados, en particular los de Desarrollo Social, con la finalidad de que dicha vigilancia sea un más óptimo mecanismo de blindaje electoral, que trascienda el mero cierre de ventanillas antes y durante las elecciones.

El planteamiento concreto es que exista un llamado del Poder Legislativo representado por esta Cámara de Diputados en su conjunto, dirigido hacia el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, para que se conduzca de forma transparente, y dentro de los canales que claramente establece la Ley General de Desarrollo Social, así como de las demás disposiciones en la materia, observando el adecuado uso de los recursos destinados al desarrollo social, para que estos lleguen efectivamente a quienes lo necesitan, sin distingo de preferencias políticas y que se conformen acciones de blindaje electoral que no afecten negativamente a los beneficiarios y su acceso a los apoyos a que por ley tienen derecho.

Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución:

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, al titular de la Secretaría de Desarrollo Social para que haga del conocimiento público las acciones concretas que llevará a cabo para prevenir el mal uso de los recursos de los programas sociales y el blindaje electoral, durante los comicios a celebrarse en diversas entidades federativas en 2016.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados a 8 de marzo de 2016.

Diputado Moisés Guerra Mota (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Secretaría de Salud que intensifique las medidas para combatir, sancionar y erradicar la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal José Luis Orozco Sánchez Aldana integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para solicitarle respetuosamente a la Secretaría de Salud a que intensifique las medidas pertinentes para combatir, sancionar y erradicar la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad en todo el país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hoy en día, las distintas adicciones que prevalecen en nuestra población, son –y han sido– un postergado problema de salud pública; sin embargo a la fecha, éstas se han agudizado no solo en la periodicidad o la cantidad de su consumo sino también en los sectores de la población que afectan y los cada vez menores rangos de edad de su prevalencia; además de las consecuencias directas sobre la salud presente y también futura de quienes las padecen y por consiguiente de la sociedad en su conjunto.

En este contexto, el alcoholismo en México es ya un grave problema, que está afectando de manera contundente la salud y la expectativa de vida de nuestra población; una afección de la cual nadie esta indemne de padecerla directa o indirectamente porque no concibe diferencias de género, ni posición social y peor aún, edad.

Esta situación ha motivado que a nivel internacional, distintas organizaciones hayan emitido una alerta sobre los riesgos del alcoholismo en la salud del individuo y de la sociedad en general; destacando además las características particulares que lo vuelven cada vez más inminente entre la población.

Un claro ejemplo de lo anterior, lo da la Organización Mundial de la Salud que ha definido al alcoholismo como un trastorno crónico de la conducta caracterizado por la dependencia hacia el alcohol expresado a través de dos síntomas fundamentales: la incapacidad de detenerse en la ingestión del alcohol y la imposibilidad de abstenerse del alcohol.1

La situación es grave, y más allá de enumerar las consecuencias por todos sabidas del alcoholismo, basta con mencionar que al respecto la Secretaría de Salud estima que:

• El 75 por ciento de los mexicanos ingirieron al menos una vez en su vida una bebida alcohólica.

• Hay aproximadamente 45 millones de bebedores habituales.

• Que 65 por ciento de la población de entre 17 y 65 años de edad padece alcoholismo en alguno de sus diversos grados.2

Lo anterior nos ha dado como resultado, serios padecimientos en la salud de la población, elevados niveles de accidentes donde de manera directa se ve involucrado el consumo de alcohol y vergonzosamente, una edad cada vez menor en la que nuestra población se inicia en el consumo de éste.

Los motivos de su consumo son distintos y muy variados; y van desde los factores de prevalencia y predisposición hereditaria, hasta los relativos a la imitación o bien la curiosidad o la necesidad de sentirse parte de un grupo “superior” de amigos; aunque sin menospreciar lo anterior, la estadística en consecuencia es escalofriante, la edad promedio de inicio en su consumo se sitúa actualmente entre los doce años de edad.

El escenario es muy simple; la realidad sobre el alcoholismo en nuestros menores, parece superar cualquier pesadilla al respecto.

En otras palabras y de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, en nuestro país:

• 8 de cada 100 niños de primaria han consumido alcohol.

• 26 por ciento de los alumnos de secundaria son consumidores de bebidas alcohólicas.

• 42 menores en promedio al día, pierden la vida en accidentes o actos donde se encuentra involucrado el consumo de bebidas alcohólicas.3

Nos estamos refiriendo a menores de entre 10 y 12 años de edad; que ya conocen, compran, consumen bebidas alcohólicas con regularidad y que además; son potenciales víctimas de padecer en un par de años más, alcoholismo a temprana edad o la adicción a otras drogas ilegales; o bien, están en peligro latente de perder su vida.

Si a lo anterior le sumamos que, estudios sobre las adicciones en nuestro país indican que 47.9 por ciento de personas que consumen habitualmente alguna droga ilegal, se iniciaron consumiendo a edad temprana bebidas alcohólicas.4

Y que de 2008 a 2011 se duplico el número de adolescentes con problemas de alcoholismo al pasar de un 3.1 por ciento a 6.2 por ciento de este sector, engrosando los 1.7 millones de bebedores mexicanos que cada año se incorporan.5

Es fácil comprender porque estamos en alerta.

En suma de todo lo anterior; nos encontramos en la inminencia de no sólo advertir e incidir sobre el motivo por el cual se inician nuestros menores y adolescentes en el consumo del alcohol; sino también en hacer énfasis y actuar en consecuencia sobre la fácil disposición para acceder a las bebidas alcohólicas a pesar de estar prohibida su venta a menores de edad.

Lo anterior es un hecho, nuestros jóvenes o bien los menores de edad en nuestro país; sin importar que estén en un medio rural o urbano; tienen en la tienda de la esquina, en la licorería de la colonia, en el mercado de la región, en el tianguis o mercado ambulante semanal, en la tienda de conveniencia o supermercado, en lugares –que en muchos casos son además clandestinos- acondicionados en patios de casas y que están incluso muy cerca de las escuelas; personas sin miramientos o escrúpulos, que les venden y suministran bebidas alcohólicas al margen de lo que establece la ley.

La Ley General de Salud en su artículo 220 es muy clara al respecto:

Artículo 220. En ningún caso y de ninguna forma se podrán expender o suministrar bebidas alcohólicas a menores de edad.

La violación a esta disposición será equiparable con el delito de corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo.6

Ahora bien, si nos remitimos conforme a lo establecido en el párrafo anterior citado, al delito de corrupción a que se refiere; encontramos en el artículo 201 del Código Penal Federal lo siguiente:

Artículo 201. Comete el delito de corrupción, quien obligue, induzca, facilite o procure a una o varias personas menores de 18 años de edad o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo a realizar cualquiera de los siguientes actos:

a) Consumo habitual de bebidas alcohólicas;

b) Consumo de sustancias tóxicas o al consumo de alguno de los narcóticos a que se refiere el párrafo primero del artículo 193 de este Código o a la fármaco dependencia;

c) Mendicidad con fines de explotación;

d) Comisión de algún delito;

e) Formar parte de una asociación delictuosa; y

f) Realizar actos de exhibicionismo corporal o sexuales simulados o no, con fin lascivo o sexual.

A quién cometa este delito se le impondrá: en el caso del inciso a) o b) pena de prisión de cinco a diez años y multa de quinientos a mil días; en el caso del inciso c) pena de prisión de cuatro a nueve años y de cuatrocientos a novecientos días multa; en el caso del inciso d) se estará a lo dispuesto en el artículo 52, del Capítulo I, del Título Tercero, del presente Código; en el caso del inciso e) o f) pena de prisión de siete a doce años y multa de ochocientos a dos mil quinientos días.

Cuando se trate de mendicidad por situación de pobreza o abandono, deberá ser atendida por la asistencia social.

No se entenderá por corrupción, los programas preventivos, educativos o de cualquier índole que diseñen e impartan las instituciones públicas, privadas o sociales que tengan por objeto la educación sexual, educación sobre función reproductiva, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el embarazo de adolescentes, siempre que estén aprobados por la autoridad competente; las fotografías, video grabaciones, audio grabaciones o las imágenes fijas o en movimiento, impresas, plasmadas o que sean contenidas o reproducidas en medios magnéticos, electrónicos o de otro tipo y que constituyan recuerdos familiares.

En caso de duda, el juez solicitará dictámenes de peritos para evaluar la conducta en cuestión.

Cuando no sea posible determinar con precisión la edad de la persona o personas ofendidas, el juez solicitará los dictámenes periciales que correspondan.7

No obstante de lo anterior y a pesar de establecerse una pena de cinco a diez años de prisión y una multa de quinientos a mil días que, dependiendo de la zona en cuestión puede ser de entre 34 o 35 mil y hasta 68 o 70 mil pesos.

El contexto es que no se ha detenido la venta de alcohol a los menores en nuestro país.

Lo anterior derivado de la corrupción existente en las autoridades correspondientes de atender este delito; y en una forma indirecta por el desinterés de la sociedad de no denunciar a los establecimientos que lo hacen, porque saben que en el mejor de los casos lo único que les puede pasar es que pagaran una multa y “seguirán vendiendo” porque ni a las cárcel los mandan.

La situación es así como lo establece el dominio público; se realizan operativos sorpresa –fecha que perfectamente y de manera extraña saben con anterioridad los dueños de los establecimientos- toman las medidas necesarias, no se encuentran aparentemente irregularidades y los establecimientos continúan al día siguiente vendiendo bebidas alcohólicas a los menores.

En el caso de que algún desatento o bien un dueño o empleados confiados sean detectados cometiendo el delito, se podrá llegar –como una excepcionalidad- a la clausura el negocio solo por el tiempo que se tarden en pagar la multa; para posteriormente y en completa impunidad seguir operando bajo las mismas condiciones.

Lo anterior es inadmisible, si en la actualidad contamos con las herramientas jurídicas que de manera clara, pronta y con exactitud; prohíben y sancionan la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad.

Esta soberanía debe no solo condenar esta práctica que tanto menoscaba el tejido social en su punto más vulnerable que es la infancia; también estamos obligados a coadyuvar esfuerzos y exhortar a las autoridades que están verdaderamente empeñadas en cumplir su trabajo al respecto y de igual forma brindarle a la sociedad un inapreciable punto de apoyo para involucrarla a que en corresponsabilidad con la institución correspondiente se erradique esta situación bajo el beneficio que conlleva la meritoria denuncia ciudadana.

Asumamos con un rotundo sí, sin pensar en un no; la obligación que nos corresponde en lo que se refiere a la protección de nuestros menores del riesgo que representa el que puedan acceder con facilidad a bebidas alcohólicas, y desde nuestras facultades convoquemos a las instituciones a actuar e intensificar sus esfuerzos en lo anteriormente referido.

Con ello, estaremos actuando para evitar que cada día, más niños y niñas y adolescentes mexicanos, quedan atrapados en el laberinto sin salida que representa consumir a temprana edad bebidas alcohólicas.

Por lo expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que en la medida de sus facultades, intensifique las medidas pertinentes para combatir, sancionar y erradicar la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad en todo el país.

Notas

1 Definición de Alcoholismo. Organización Mundial de la Salud.

2 Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de Adicciones 2008.

3 Secretaría de Educación Pública con difusión de la Secretaría de Salud.

4 Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Vigilancia Epidemiológica.

5 Movimiento 24 Horas de Alcohólicos Anónimos.

6 Ley General de Salud. Texto Vigente.

7 Código Penal Federal. Texto Vigente 2015.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo, a 8 de marzo de 2016.

Diputados: Hugo Daniel Gaeta Esparza, José Luis Orozco Sánchez Aldana, Laura Valeria Guzmán Vázquez, Jesús Zúñiga Mendoza, Laura Plascencia Pacheco, Rafael Yerena Zambrano, Ramón Bañales Arámbula, Javier Santillán Oceguera, Martha Lorena Covarrubias Anaya (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los congresos locales a armonizar su legislación con la reforma constitucional que reconoce el derecho a la identidad de las personas y a ser registradas a su nacimiento, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, María del Rosario Rodríguez Rubio, Luz Argelia Paniagua Figueroa, y Exaltación González Ceceña, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas, a armonizar su legislación con la reforma constitucional por la cual se reconoció el derecho a la identidad de las personas y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento, a efecto de hacer efectivo el cumplimiento de estos derechos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En México, una de las situaciones que influyen a que las niñas y niños no asistan a la escuela, o inclusive, ejerzan derechos básicos como acceder a programas sociales, tener cuentas bancarias o tramitar la credencial de elector, es la falta de documentos de identidad (actas de nacimiento). El acta de nacimiento es un documento que acredita la identidad de las personas, para efectos del ejercicio de sus derechos y obligaciones y, en consecuencia, es un instrumento de protección de las personas.

En 2012, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), realizó un estudio en el que se determinó que en México 10.8 por ciento de la población carece de acta de nacimiento. Conforme a datos de el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidad (UNICEF), en Chiapas, existen mas de 25,000 niñas y niños que no cuentan con el acta de nacimiento, sobretodo en las zonas alejadas y de difícil acceso (comunidades indígenas).

Si bien, el artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño establece que los menores deben ser registrados inmediatamente después de su nacimiento, uno de los principales obstáculos que dificulta el registro de las niñas y niños, es que en muchas de las ocasiones se desconoce por un amplio sector de la población que se trata de un derecho fundamental y humano, considerándolo mas como una formalidad o trámite administrativo y de poca relevancia para el niño o la niña, cuando al registrar a una persona, se le reconoce su personalidad jurídica.

De igual forma, puede advertirse en el principio 3 de la Declaración de los Derechos del niño (1959), que establece: “El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad” , que efectivamente nos encontramos ante la realidad de que la identidad es un derecho Humano e inalienable a la persona.

En efecto, el registro de nacimiento de las personas en el registro civil, es un elemento imprescindible del derecho a la identidad, por ello, en nuestro país, fue publicado el 17 de junio de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, una reforma al artículo 4º. Constitucional, en la que se garantiza que: “Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento” .

Posteriormente, el 4 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolecentes, cuyo artículo 13, fracción tercera, reconoce al derecho a la identidad; y su artículo 19, fracción primera establece: que dicho derecho contiene entre sus elementos el “contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se les expida en forma ágil y sin costo la primer copia certificada del acta correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables” .

Además, la reforma al artículo 4º. Constitucional, prevé en su Transitorio segundo, que “las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dispondrán de seis meses para establecer en sus haciendas o códigos financieros la exención del cobro del derecho por el registro de nacimiento y la expedición de la primera copia certificada de la acta de nacimiento” .

De esta forma, aunque las Entidades Federativas, tienen la obligación de dar cumplimiento a la reforma constitucional en materia de derecho a la identidad, la mayoría de sus Congresos locales, no han actualizado sus marcos normativos para garantizar el registro inmediato de los nacimientos; tan solo Estados como Yucatán y Baja California han impulsado acciones legislativas para este propósito tan noble.

Y como muestra de lo anterior, es de destacarse el esfuerzo del Gobierno de Baja California, encabezado por el Gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid, quien ha instrumentado un modelo normativo ejemplar a nivel nacional, mediante el cual se creó un novedoso procedimiento de registro inmediato de nacimientos, convirtiendo a Baja California en la primer Entidad en garantizar en forma expedita el derecho a la identidad de todo recién nacido.

Por su parte, el Gobierno de la República por conducto de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Salud y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), han venido trabajando desde principios de año, en las adecuaciones correspondientes para consolidar las características, diseño y contenido del formato único en materia de registro de población, así como la expedición de actas del registro civil a través de mecanismos electrónicos y la promoción de una Campaña Nacional para el Registro Universal y Oportuno de Nacimiento.

Con miras a fortalecer las políticas públicas en la materia, debe puntualizarse que el Consejo Consultivo Ciudadano del DIF, y la Secretaría de Gobernación, firmaron un convenio en el que se establece que el registro de nacimiento se podrá hacer a través de los sistemas estatales DIF, en coordinación con los registros civiles de cada uno de los Estados. De igual forma, se llevó a cabo la firma de convenios entre el secretario de Gobernación, con los gobernadores de las entidades federativas del país, a fin de que todo mexicano pueda tener acceso a su acta de nacimiento.

No obstante, se actualiza la necesidad de que los Congresos Estatales apresuren el proceso de adecuación de sus legislaciones, así como de sus constituciones locales, que permitan garantizar a toda persona su derecho a la identidad de manera inmediata desde el momento de su nacimiento.

En razón de ello, el presente punto de acuerdo propone que la H. Cámara de Diputados, exhorte respetuosamente a los congresos de las entidades federativas, a armonizar su legislación con la reforma constitucional por la cual se reconoció el derecho a la identidad de las personas y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento, a efecto de hacer efectivo el cumplimiento de estos derecho.

Lo anterior, a fin de que legislen en cumplimiento al octavo párrafo del artículo 4º constitucional y al Transitorio Segundo de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 17 de junio de 2014, en materia de derecho a la identidad.

Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los Congresos de las Entidades Federativas, a armonizar su legislación con la reforma constitucional por la cual se reconoció el derecho a la identidad de las personas y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento, a efecto de hacer efectivo el cumplimiento de estos derechos.

Dado en la H. Cámara de Diputados, México, D. F., a 8 marzo de 2016

Diputados: María del Rosario Rodríguez Rubio, Luz Argelia Paniagua Figueroa, y Exaltación González Ceceña

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo Estatal de Seguridad Pública y a la Fiscalía de Puebla a implantar medidas para investigar, prevenir y castigar los feminicidios en la entidad, a cargo de la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, María Cristina Teresa García Bravo, diputada federal en la LXIII Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, Secretaria de la Comisión de Seguridad Pública e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 numerales 1, fracción II, y 2 fracción I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

1. Recientemente, en distintos municipios del estado de Puebla, el número de feminicidios ha incremento, la violencia se ha desatado contra las mujeres y es urgente que el gobierno tome medidas urgentes a fin de que no sigan ocurriendo.

El asunto no está recibiendo la atención debida, al menos la suficiente por parte de las instituciones encargadas de aplicar medidas de prevención y de ejercer justicia. Un reconocimiento expreso lo hace el propio fiscal general del estado, Víctor Carrancá Bourget, durante su comparecencia ante el Congreso Local el pasado 24 de febrero, dijo que los crímenes se suceden cada semana.

En los últimos 14 meses —aclaró el fiscal— cada 8.4 días se ha cometido un feminicidio. Durante ese lapso se registraron 163 muertes, de las cuales solo 50 están considerados como feminicidios (un 30.6%), mas no todos.

Únicamente en 2015 ocurrieron 94 muertes, de las cuales 57 han sido calificados como homicidios y 37 feminicidios; por lo que en integración de expedientes cuenta con 34 averiguaciones previas, y nueve están en proceso. Asimismo, de los 19 homicidios registrados en lo que va de 2016, 13 sí son considerados feminicidios, de los cuales se ha consignado el 70% de responsables, los otros cuatro son motivados por “odio de género”.

La sociedad organizada exige, tanto el esclarecimiento de los casos como justicia plena y castigo a los responsables.

Por ejemplo, a través del Nodo de Derechos Humanos (Nodho), diversas organizaciones sociales exigen al gobierno de Puebla que admita declarar la “Alerta de Género”, para que tome las medidas pertinentes a fin de contener el problema, pues el 2016 “se está convirtiendo en un año de violencia exacerbada”.

2. En nuestro país, todas las autoridades en la República se encuentran obligadas a proteger los derechos humanos reconocidos en la Constitución y uno de ellos sin duda, es el derecho humano a la integridad de las mujeres:

“Artículo 1. En los estados unidos mexicanos todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia...”

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley...1

Por otra parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención de Belem Do Para” define lo que debe entenderse por violencia contra la mujer:

Artículo 1 Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

Artículo 2 Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:

a) Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;

b) Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y

c) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra”...2

3. La sociedad exige justicia, esclarecimiento de los feminicidios y castigo a los responsables.

Es el caso de María Fernanda Montes Hernández, una jovencita que tenía 14 años cuando fue asesinada el 28 de noviembre de 2013, su Madre, María Teresa Montes y que además es Madre soltera, señala que ya han pasado dos años y no hay ninguna persona detenida por el crimen, pese a que el exnovio de la joven señalado culpable por los familiares, está prófugo. “Lo único que pido a las autoridades es que hagan su trabajo”.

En noviembre de 2013, cinco mujeres fueron asesinadas: María Fernanda (día 29), Belén Robledo (el día 12), Araceli Vázquez (el 13), María del Rayo y María Dolores (el mismo 27).

El Observatorio de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), contabilizó 55 feminicidios en 2015 y al corte del 29 de febrero, otros 16 feminicidios en 2016 ¡un incremento del 60 por ciento!

Lo grave del asunto es que el gobierno no reconoce el total de feminicidios.

Sin embargo, los propios registros de Odesyr arrojan cifras de:

50 feminicidios en 2013

60 feminicidios en 2014

50 feminicidios en 2915

16 feminicidios en 2016 (corte al 29 de febrero)3

No obstante el incremento en las cifras de feminicidios, el gobierno de Puebla no ha canalizado recursos para la prevención de la violencia contra las mujeres, situación a la que se suma el vacío de las autoridades, o la falta de investigación a fondo en los casos, denunciado por las organizaciones civiles.

Considerando que la finalidad de la seguridad pública es la protección de la integridad de las personas, es urgente que el gobierno adopte medida para que se cumpla dicho principio.

Por otra parte también se hace necesario una coordinación eficaz entre las autoridades de seguridad de los distintos municipios y las de procuración de justicia, en materia de políticas de seguridad pública, a efecto de abatir los feminicidios que vienen ocurriendo en el estado.

Considerandos

Primero. Que es atribución del Consejo Estatal de Seguridad Pública, como instancia superior de coordinación en el estado, establecer políticas públicas para cumplir los objetivos y fines de la seguridad pública; promover políticas en materia de atención a víctimas; la efectiva coordinación de las instancias que integran el sistema y el intercambio de información de conformidad con las fracciones I.,IV y XII del artículo 14 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que se replican en los estados y que señalan: “El Consejo Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

“I. Establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la seguridad pública”

“VI. Promover la implementación de políticas en materia de atención a víctimas del delito”;

... “XII. Expedir políticas en materia de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre Seguridad Pública generen las instituciones de los tres órganos de gobierno”.

Segundo. Que de conformidad con el artículo 3° de la Ley Orgánica de la Procuraduría del Estado de Puebla, “Son atribuciones, que ejercerá su titular, las siguientes: III. Promover la expedita y eficiente procuración de justicia y la intervención que sobre ésta materia prevenga la legislación vigente”.

Tercero. Que es facultad de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal de acuerdo con el artículo 33 fracción II de la ley de la materia: “Proponer y aplicar políticas y programas de cooperación Municipal en materia de Seguridad Pública;”

Por todo ello es que se hace la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Mediante el cual “se exhorta respetuosamente al Consejo Estatal de Seguridad Pública del estado de Puebla, a fin de que adopte medidas urgentes para evitar que sigan ocurriendo feminicidios en ese estado; a la Procuraduría del estado de Puebla, a que investigue a fondo los casos cuyas averiguaciones se encuentren iniciadas, a efecto de que se castigue a los responsables.

Notas

1 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/2.htm

2 http://www.oas.org/juridico/spani

3 Odesyr: “Documentación hemerográfica de probables feminicidios en Puebla al 14 de febrero de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.

Diputada María Cristina Teresa García Bravo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incluir en el Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular la atención del cáncer epitelial de ovario, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los tumores epiteliales del ovario son un tipo de neoplasias que pueden ser tanto benignas como malignas, siendo estas últimas las que dan origen al cáncer. Su origen se encuentra en la transformación maligna del epitelio que recubre los quistes de inclusión derivados de la ovulación.

Los tumores de la superficie epitelial se clasifican en cinco tipos celulares diferentes: serosos, mucinosos, endometrioides, de células claras y células transicionales. Los tres grados de atipa citológica incluyen: lesiones benignas, lesiones limítrofes o de bajo potencial maligno y lesiones malignas. La forma de crecimiento alude a la configuración arquitectónica del tumor e indica si la neoplasia crece con un patrón exofítico papilar desde la superficie del ovario o en un estilo endofítico, es decir, dentro de un quiste.

En la actualidad se pretende clasificar al Cáncer Epitelial de Ovario (CEO) de acuerdo a su estructura morfológica y molecular, agrupadas en dos tipos: el tipo I (tumores de bajo riesgo) y tipo II (tumores de alto riesgo). Los tumores tipo I representan el 25% de los CEO e incluyen a los serosos papilares de bajo grado, endometroides grado 1 y 2 así como los mucinosos; mientras que los tumores tipo II representan el 75% del CEO e incluye a los tumores de alto grado o indiferenciados.

Las causas que originan dicho padecimiento refieren a que está estadísticamente confirmado que por cada año de ovulación aumenta un 6% el riesgo de padecer CEO; cuya frecuencia tiene predominancia en los países industrializados, lo que sugiere la relación de múltiples componentes físicos, químicos y dietéticos.

A pesar de ello, no se ha identificado ningún carcinógeno específico, se tiene documentado que los antecedentes familiares de cáncer de ovario, nuliparidad, infecundidad y uso de inductores de ovulación; raza blanca, dieta rica en grasas, antecedentes personales de cáncer de mama, colon o endometrio y exposición a radiación, son factores que inciden en la presencia de este padecimiento.

Su detección refiere a que sólo el 4% se identifica por exploración física, el 35% por síntomas relacionados y el 61% por elevación del Ca125 (proteína con mayor presencia en las células propias del cáncer ovárico que en otras células). Una elevación del doble del valor más bajo obtenido con tratamiento o por encima del valor normal tiene una sensibilidad de 86% y especificidad de 91% en detectar la progresión de la enfermedad. Una segunda toma confirmatoria de Ca125 reduce los falsos negativos a menos del 2%. Generalmente, el Ca125 se eleva, en promedio, 4 meses antes de cualquier manifestación clínica.

Como se ha referido, la sintomatología es inespecífica, generalmente los síntomas más frecuentes se relacionan con la extensión de la enfermedad fuera de la pelvis. El dolor abdominal (53%) y la inflamación (46%) son los síntomas de presentación más frecuentes, aunque también se manifiestan: edema (22%), compresión pélvica (18%), constipación intestinal (17%) y sangrado transvaginal (13%). En los casos avanzados, la presencia de ascitis y derrame pleural es la norma.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Cancerología, a nivel mundial el Cáncer Epitelial de Ovario ocupa el octavo lugar en incidencia y el séptimo en mortalidad; por lo que hace a nuestro país, el cáncer de ovario constituye el 4% de todas las neoplasias, lo que representa el tercer lugar en frecuencia en la mujer, después del cáncer de cérvix y de mama, siendo la segunda causa de mortalidad, con una tasa del 3.4 por cada 100 mil de las neoplasias malignas ginecológicas.

El diagnóstico se sospecha por el hallazgo ultrasonográfico que muestra la presencia de lesión sólidoquística floculada, respaldado por un estudio tomográfico que ayuda a definir la extensión de la enfermedad, así como los órganos afectados por la misma.

El tratamiento varía según la etapa de desarrollo en que se encuentre el cáncer, generalmente el primer paso en el tratamiento de la mayoría de las etapas del cáncer de ovario, consiste en realizar una cirugía para extirpar y clasificar por etapa el cáncer.

Es aquí donde se presentan los mayores retos a los que se enfrentan las pacientes con CEO, por un lado se encuentran aquellos que tienen acceso a atención médica, como prestación laboral o, por contar con los recursos económicos que les permita atenderse en algún hospital privado, constituyendo una minoría los segundos.

No existen datos públicos respecto del costo que genera el tratamiento para este padecimiento, sin embargo, según el testimonio de una paciente de CEO, señala que van de los 45 mil a los 300 mil pesos, dependiendo la etapa y el avance de la enfermedad.

Es precisamente el rubro de personas que no cuentan con acceso a ningún esquema de atención médica, la que nos lleva a hacer eco de una necesidad urgente de atender. Si bien es cierto que dentro del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular se contempla la atención de cáncer de ovario, lo cierto es que sólo se dirige al subtipo de cáncer de ovario de tipo germinal, el cual padece únicamente el 5% de las pacientes, mientras que el 95% restante –enfermas de cáncer epitelial de ovario- se deja sin cobertura.

En virtud de lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se suma a la petición que por diversos medios de comunicación se lanzó para que sea incluido el tratamiento de Cáncer Epitelial de Ovario dentro del Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular.

La campaña fue impulsada por la periodista Mariana Escobedo, bajo el nombre de #SiTienesOvarios, la cual busca impulsar la detección temprana y el tratamiento del cáncer de ovario.

A través de su testimonio, expone los enormes obstáculos a los que se enfrentan las mujeres que padecen esta enfermedad, señala que tuvo que experimentar desde diagnósticos erróneos, hasta la incredulidad de que hoy en día no existe ninguna prueba gratuita proporcionada por los servicios de salud para detectar este padecimiento.

Hacemos eco de esta solicitud y de las miles de exigencias de las mujeres que hoy en día requieren de una atención inmediata para poder salvar su vida. Por ello, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a efecto de que incluya la detección, atención y tratamiento médico oportunos del Cáncer Epitelial de Ovario en el Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de marzo del año 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz De León Villard, Daniela De los Santos Torres, Andrés Fernández Del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Gálico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Edgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet, Eduardo Francisco Zenteno Núñez.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al gobierno de Veracruz a proponer medidas de atención ante el incremento de la epidemia de enfermedad renal crónica por la contaminación de los mantos freáticos de Tierra Blanca, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe la Diputada Mariana Trejo Flores de la LXIII Legislatura Federal e integrante de la Fracción Parlamentaria de MORENA, con fundamento en los artículos 6 fracción I y artículo 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados que somete a la consideración de ésta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Antecedentes

El municipio de Tierra Blanca, en el estado de Veracruz presenta, en la actualidad, el índice más alto del país en muertes por padecimientos renales, los servicios de salud públicos y privados del municipio se encuentran en alarma ante el alto índice de incidencia de insuficiencia renal crónica en la población que habita en el municipio, sin embargo, la alerta de salud pública se incrementa al ver la incidencia en todos los rangos poblacionales y sin distingo de condición social, étnica, económica o cultural.

Tierra Blanca, Veracruz, se enfrenta a una grave crisis de salud pública que ha quedado entre las sombras ante los acontecimientos delincuenciales que han ocurrido en esta región veracruzana, de tal manera que en el contexto de los medios de comunicación se abordan más los temas de los desaparecidos que los temas de la población que está condenada a muerte por no contar con la infraestructura necesaria para resolver y afrontar la problemática en materia de salud renal que se enfrenta en el municipio1

Según los reportes de salud emanados durante la mitad del año 2015, donde se exponía la grave situación de salud que enfrenta el municipio, los datos relevantes analizados destacan que desde mediados de 1990, se percibió un cambio en las condiciones de salud de la población del municipio, elevándose la incidencia relativa de prevalencia en casos de insuficiencia renal crónica, lo cual dio un giro al mapa y control de enfermedades de la zona.2

Saúl Lara González, Presidente Municipal de Tierra Blanca, ha informado a medios de comunicación, así como a la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz, que el municipio desde 1998 ha incrementado su tasa de mortalidad en un 300 por ciento hasta la fecha, derivado de un incremento sustancial en la presencia de enfermedades renales.

Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México a cargo de los Doctores; Nicandro Mendoza Patiño, Jorge Arturo de León López, Gabriela Fernández y, personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) junto con la Dra. Cecilia Serrano Sandoval de la Escuela de Enfermería de Córdova realizaron una investigación en el lugar durante largos periodos de tiempo y con muestras poblacionales de los diferentes tipos de edades para encontrar el origen y la gravedad del caso, los resultados de la investigación fueron alarmantes, debido a que la hipótesis más fortalecida indicaba que el origen del incremento exponencial de los casos renales era la contaminación de los cauces de ríos en el lugar y el consumo del agua para utilización humana.3

Dentro de la investigación y al analizar las muestras de los pacientes con padecimiento renal crónico se declaró que la fuente probable de contaminación para el brote epidemiológico, porque lo que sucede en Tierra Blanca es ya considerado como una epidemia, era la contaminación del Río Blanco, provocada por el vertido de residuos por parte de las industrias de Orizaba y Córdova. En las muestras de agua tomadas en el río se encontró cadmio, plomo, mercurio y cerca de 1200 agentes toxicológicos que son la causa probable de la epidemia de lesiones renales en el municipio.

El alto nivel de toxicidad del agua potable del municipio, pone en riesgo la vida de la población y aún no se han tomado medidas de atención, ni mucho menos precautorias para poner una solución al problema de Tierra Blanca y sus comunidades. Desde la perspectiva de los especialistas, la población de Tierra Blanca se encuentra en riesgo y el padecimiento renal sigue siendo la principal causa de muerte de la población.

La gravedad del problema fue acrecentándose cuando no existieron camas de hospital para la atención de los enfermos y más aún cuando el Gobierno del Estado de Veracruz no puede acreditar el uso de 1,597 millones de pesos del Seguro Popular en la actual administración, según informes de la Propia Auditoria de la Federación, lo cual agravó la situación ante la escasez de medicamentos, falta de recursos económicos para suministrar atención médica, equipos tecnológicos descompuestos, hospitales y clínicas saturadas, utilización del agua del Río Blanco como potable, oídos sordos por parte del Gobernador del Estado, en fin una serie de condicionantes que detonaron en la peor epidemia de insuficiencia renal de la que se tenga registro en México y una de las más graves a nivel mundial.

Lilia Albert, Presidenta de la Sociedad Mexicana de Toxicología ha calificado la situación como un crimen en contra de los 48 mil habitantes del municipio, con una prevalencia de 1000 por ciento más alta que en el promedio de prevalencia nacional para la aparición de la enfermedad (IRC por sus siglas)4

El desvío de recursos públicos destinados a la salud, la corrupción y la inoperancia gubernamental en materia de salud, han desatado hasta el momento el peor caso de IRC5 del que se tenga registro6 pues la prevalencia es de 150 sobre 100,000 habitantes y con tendencia a incrementarse de no ser atendida la epidemia a la brevedad.

La población veracruzana está viviendo una grave crisis económica, de seguridad pública, de salud y gobernabilidad, es por lo anteriormente expuesto y, con fundamento en lo establecido en el proemio que se propone al pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Que la Cámara de Diputados de la Legislatura Federal exhorte a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y al Titular del Ejecutivo del estado de Veracruz a proponer medidas de atención urgentes ante el incremento de la epidemia de Insuficiencia Renal Crónica en Tierra Blanca, Veracruz.

Notas

1. Tierra Blanca, Veracruz, es uno de los 212 municipios del estado de Veracruz, localizado en la zona centro sur de la entidad, colindando con el estado de Oaxaca en la región del cauce del río Papaloapan, cuenta con una población de 47, 824 habitantes (INEGI 2010).

2. http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1507/problemas-renales-ca usan-mas-muertes-tierra-blanca-veracruz/.

3. Estudio de caso en Tierra Blanca, Veracruz, Departamento de Farmacología de la UNAM.

4. 1 Artículo 4° del Código Nacional de Procedimientos Penales.

2 Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación del Sistema de Justicia Penal. (2015). Base de datos de la SETEC sobre la implementación del sistema penal acusatorio en las entidades federativas. Consultado en: Octubre 27, 2015, de (SETEC). Sitio web: http://www.setec.gob.mx/

5. Insuficiencia Renal Crónica.

6. Consultores Ambientales Asociados S.C. (Greenpeace)

Palacio Legislativo de San Lázaro a 03 de marzo de 2016.

Diputada Mariana Trejo Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ifetel a cumplir la recomendación emitida por la CIDH y lo establecido en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión para reestructurar los estereotipos sobre el papel de las mujeres en la sociedad, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada de Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones a cumplimentar la recomendación número 43 emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe “Situación de los Derechos Humanos en México, 2015”, así como lo estipulado en los artículos 2, 222, 223 y 226 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objetivo de reestructurar los estereotipos sobre el rol de las mujeres en la sociedad, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el ámbito social, familiar, político o laboral, existen estereotipos que adscriben a las personas un conjunto de expectativas que se asume deben cumplir. En este sentido, los roles desempeñados por hombres y mujeres en los distintos ámbitos se han adscrito a través de prácticas culturales y tradicionales, así como prejuicios socialmente arraigados. Por lo tanto, los estereotipos lastiman la dignidad y la idea de autonomía e individualidad y obstaculiza a las personas para poder realizar otros caracteres o roles que tengan deseo de llevar a cabo.

En el ámbito familiar existe una disparidad de género histórica en lo que se refiere a las labores domésticas, trabajos de cuidado y del funcionamiento de un hogar, pues han sido las mujeres las que han estado siempre encargadas de llevarlas cabo, tareas como la crianza de los hijos, la limpieza, el orden, realizar las compras, cocinar, servir la comida, llevar la economía, realizar el mantenimiento del equipamiento doméstico, entre otras.

La realización de dichas tareas está asignada a las mujeres con base en los estereotipos occidentales basadas en su sexo, es decir se les adscribe el rol de amas de casa y madres, por el sólo hecho de ser mujeres, y precisamente por eso, solo por ser mujeres, se espera que realicen las labores domésticas y de cuidado, independientemente de si desempeñan un empleo o profesión fuera del hogar.

En este sentido el 31 de diciembre de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe “La situación de los derechos humanos en México”,1 que en su apartado 4 (cuatro) inciso a), Mujeres, establece:

La Comisión ha recibido información que indica que las mujeres en México, como en otros países, continúan siendo víctimas de ciertos delitos en mayor proporción que los hombres. De acuerdo a información del Inegi, se registra un porcentaje más alto de mujeres víctimas frente a hombres víctimas en los delitos de violación simple (82 por ciento), trata de personas (81 por ciento), abuso sexual (79 por ciento), violencia familiar (79 por ciento), violación equiparada (71 por ciento), otros delitos contra la familia (56 por ciento), y otros delitos contra la libertad y seguridad sexual (83 por ciento). Asimismo, se ha recibido información que indica que incidentes de violencia basada en género se siguen reportando en un gran número de regiones del país. La situación de violencia y ataques contra la vida e integridad personal en contra de las mujeres son unas de las razones por las que la sociedad civil ha solicitado la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en diferentes ocasiones.

Asimismo, la CIDH nota con preocupación las denuncias de violencia sexual, principalmente en contra de mujeres detenidas, así como los reportes de agresiones, actos de hostigamientos y homicidios en contra de mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas.

Por todo lo anterior, la CIDH establece una serie de recomendaciones al Estado mexicano para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres, erradicando todo tipo de violencia y discriminación en contra de este grupo de personas en situación particular de vulnerabilidad.

Para el caso en concreto, motivo del presente punto de acuerdo, retomo la recomendación número 43 que a la letra dice:

43. Adoptar políticas públicas destinadas a reestructurar los estereotipos sobre el rol de las mujeres en la sociedad y promover la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios que impiden su acceso a la justicia, incluyendo programas de capacitación y políticas integrales de prevención de la violencia contra las mujeres;

En México, desafortunadamente los estereotipos de género se siguen perpetuando a través de acciones cotidianas en lo público y privado.

En las familias mexicanas aún observamos que los propios padres son quienes asignan las tareas domésticas a sus hijas, son las mujeres quienes deben encargarse de lavar la ropa y los trastes, de hacer la comida y de servirla a su padre y a sus hermanos.

Si giramos la vista a los contenidos de los comerciales y los programas que se transmiten por los diferentes canales de televisión, encontraremos que estas conductas que estereotipan a la mujer como “ama de casa nata” son las más comunes.

Cada año desde el 2011, la Asociación Civil “La Cabaretiza” organiza el evento que premia (en sentido irónico) los anuncios más sexistas y misóginos de la televisión mexicana; ¿Por qué cada que quieren vender un auto, una hamburguesa, una pasta de dientes, pareciera que me quieren vender una mujer?, ¿Cuántas veces vemos en la publicidad a la mujer como adorno?, fueron algunas de las preguntas que se hicieron durante la entrega de premios más temida y esperada en el mundo de la publicidad.

Lo anterior, es referencia para citar algunos de los comerciales galardonados por su alto contenido de sexismo y misoginia, también cito la dirección URL en donde se puede visualizar dichos comerciales:

• En la categoría ¿Quién crees que lava la ropa?, el ganador fue Ariel Líquido, con su comercial “Fan Trainer” disponible en: https://youtu.be/ojQ-5Z0uZMg

En este spot publicitario se observa que la mujer es la encargada de realizar las labores del hogar, y es quien tiene la obligación de lavar la ropa.

• Para Bájate por los chescos, el ganador fue Pepsi, con el comercial “La rutina está por romperse” disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=6p1EFTOSeMA&feature =youtu.be

El spot publicitario cosifica a la mujer, al compararla con un objeto diciendo que se puede “tener más de una”.

• En la categoría No me ayudes, comadre, el ganador es Fud, con “60 años de ayudarte”.

https://www.youtube.com/watch?v=YozwPYyKAVc

En este comercial en particular, transcribo el guion del comercial.

“En México a las mamás también les decimos jefas, y hay una buena razón para hacerlo, en la casa mandan ellas, hacen que todo funcione, administran el dinero, ven que todo esté bien y salga a tiempo, nos llevan, nos traen, deciden qué subir al carrito y qué no, nos preparan el lunch, nos dan de desayunar, de comer, y cenar rico todos los días. No es fácil y en Fud lo sabemos...”

• Por trayectoria, el ganador por tercer año consecutivo es “Tecate futbol”, con su comercial “Choro”, disponible en:

https://youtube/G-moB1D4njo

En el spot un hombre engaña a una mujer diciéndole que prefiere llevar la relación más despacio y ser un caballero, cuando en realidad se va para ver un partido. “Por el futbol, todo”, dice el anuncio.

Se pueden seguir citando una serie de spots publicitarios en donde exhiben a la mujer como un objeto, que el único atributo que puede tener es el de ser bella o buena ama de casa, denigrando su identidad personal, limitando su capacidad para ejercer una profesión u oficio distinto al de ser amas de casa.

No podemos permitir que se sigan perpetuando estos estereotipos de género, puesto que la madre de las desigualdades es la desigualdad cultural, legal, económica, social entre hombres y mujeres.

En México, se han emprendidos diversas acciones para erradicar todo tipo de violencia y discriminación en contra de la mujer; sin embargo aún quedan grandes áreas de oportunidad, siendo una obligación del Estado Mexicano atenderlas, por lo que debemos empezar a supervisar los contenidos de los programas y comerciales transmitidos en radio y televisión para que no se sigan reproduciendo estos degradantes estereotipos de género. Al respecto la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece lo siguiente:

Artículo 2. Las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general.

En la prestación de dichos servicios estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 222. El derecho de información, de expresión y de recepción de contenidos a través del servicio público de radiodifusión y de televisión y audio restringidos, es libre y consecuentemente no será objeto de ninguna persecución o investigación judicial o administrativa ni de limitación alguna ni censura previa, y se ejercerá en los términos de la Constitución, los tratados internacionales y las leyes aplicables.

Las autoridades en el ámbito de su competencia promoverán el respeto a los derechos humanos, el principio del interés superior de la niñez, a fin de garantizar de manera plena sus derechos, así como la perspectiva de género.

Artículo 223. La programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringidos, en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información, deberá propiciar:

I. La integración de las familias;

II. El desarrollo armónico de la niñez;

VII. La igualdad entre mujeres y hombres;

Artículo 226. A efecto de promover el libre desarrollo armónico e integral de niñas, niños y adolescentes, así como contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo 3o. constitucional y otros ordenamientos legales, la programación radiodifundida dirigida a este sector de la población deberá:

I. Difundir información y programas que fortalezcan los valores culturales, éticos y sociales;

II. Evitar transmisiones contrarias a los principios de paz, no discriminación y de respeto a la dignidad de todas las personas;

III. Evitar contenidos que estimulen o hagan apología de la violencia;

XIII. Promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia;

Con la firme convicción de que la perpetuación de los estereotipos sobre el rol de las mujeres en la sociedad a través de los contenidos en los programas y comerciales transmitidos en la radio y televisión deben de ser erradicados, y para cumplimentar la recomendación número 43 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el informe citado con anterioridad y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2, 222, 223 y 226 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, someto a consideración de esta asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a su presidente, maestro Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, a cumplimentar la recomendación número 43 emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe “Situación de los derechos humanos en México, 2015”, así como lo estipulado en los artículos 2, 222, 223 y 226 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objetivo de reestructurar los estereotipos sobre el rol de las mujeres en la sociedad en el contenido de los programas y comerciales transmitidos en la radio y la televisión.

Nota

1 Situación de los Derechos Humanos en México, OEA/Ser.L/V/II., 31 de diciembre de 2015, Doc. 44/15.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita al Ejecutivo federal y la SCT que suspendan las obras de reubicación de la plaza de cobro La Joya, de la autopista Zapotlanejo-Guadalajara, a cargo del diputado Ramón Bañales Arámbula, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Ramón Báñales Arámbula, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79 numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I y II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita de manera respetuosa al Ejecutivo Federal, en especial a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, para que con fundamento en sus atribuciones legales, procedan a suspender la obras de reubicación de la plaza de cobro La Joya de la autopista Zapotlanejo-Guadalajara, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Las zonas Ciénega y Altos Sur del estado de Jalisco, compuestas por 21 municipios en su conjunto, en los que la actividad preponderante en común es la agricultura, ganadería e industria agroalimentaria y del tequila. Es la región que representa el lugar número uno de producción en el sector primario, gracias al trabajo de miles de campesinos y ganaderos que viven en esta región.

2. Las vías de conexión que los habitantes de estas zonas tenemos hacia la Ciudad de Guadalajara, en la que encontramos nuestro mayor punto de venta y abasto, son las carreteras libres Atotonilco-Zapotlanejo y Tepatitlán-Zapotlanejo, mismas que encuentran su punto de entronque en el municipio de Zapotlanejo, para continuar ya sea por la autopista de cobro Zapotlanejo-Guadalajara o la carretera libre Zapotlanejo-Guadalajara.

Actualmente los habitantes de esta región y el tráfico de otras regiones del país, que transitan por estas carreteras para llegar a la Ciudad de Guadalajara, al Aeropuerto Internacional, al Puerto de Manzanillo y el Estado de Colima, al llegar al entronque de Zapotlanejo, podemos transitar de manera ágil y libremente por un tramo de no más de 3 kilómetros de la autopista Zapotlanejo-Guadalajara, y decidir por voluntad propia tomar cualquiera de las dos opciones, ya sea por la carretera libre o la autopista de cuota, evitando en todo momento ingresar a la zona urbana de la cabecera municipal de Zapotlanejo, la cual carece de las vialidades adecuadas para desahogar la gran afluencia vehicular y de tráfico pesado.

3. El tramo de autopista Zapotlanejo-Guadalajara es operado por la empresa Red de Carreteras de Occidente, SA DE CV, ya que con fecha de 3 de octubre de 2007, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes obtuvo el título de concesión, misma empresa que tiene en su poder los títulos de concesión de las carreteras, Maravatío-Zapotlanejo y Guadalajara-Aguascalientes-León, con una longitud total de 558.05 kilómetros en los estados de Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Aguascalientes.

4. Con fecha 28 de enero del año 2016, mediante convenio de colaboración, se llevó a cabo la implementación de un programa de residentes para los habitantes del Municipio de Zapotlanejo, Jalisco, que celebraron por una parte Red de Carreteras de Occidente, SA DE CV, y por otra el Municipio de Zapotlanejo, Jalisco, acordando que la Plaza de Cobro La Joya, ubicada actualmente en el km. 9+000 de la Autopista Zapotlanejo-Guadalajara, sea reubicada en el km. 2+000 e instalar dos cabinas auxiliares más, una en el km. 2+915 Cuerpo A y otra en el km. 3+760 Cuerpo B.

Dicho convenio, publicado en el portal oficial de internet del Ayuntamiento de Zapotlanejo, Jalisco, carece de toda legalidad, toda vez que, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es facultad exclusiva de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes , formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país; así como de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal , la cual establece, que es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes, así como el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares, y el planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de los caminos, puentes, servicios de autotransporte federal y sus servicios auxiliares y vigilar, verificar e inspeccionar que los caminos y puentes, así como los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares, cumplan con los aspectos técnicos y normativos correspondientes, en virtud de ello, dicha Secretaria, no participa en la firma del convenio, de igual forma el gobierno del estado de Jalisco no fue notificado, ni mucho menos es participe de este acto y los municipios afectados por ningún conducto fueron tomados en cuenta para expresar su opinión.

El único argumento que exponen las partes para la celebración de este convenio, es que la empresa Red de Carreteras de Occidente, SA DE CV, ofrece ofertar durante el mes de febrero el “Programa Residentes” únicamente para los habitantes del municipio de Zapotlanejo, Jalisco, programa que ya está operando según consta en el portal de internet de la empresa concesionaria.

5. Con la reubicación de esta plaza de cobro, los vehículos, camiones de pasajeros y de carga, que quieran utilizar las carreteras libres, para entrar o salir de la Ciudad de Guadalajara, se verán obligados a entrar y transitar por la zona urbana, lo que ocasionará un caos vial, ya que no existe la infraestructura apropiada para la magnitud de la carga vehicular.

La concreción de este convenio y las obras mencionadas, afectarán radicalmente la economía de los habitantes, comerciantes, transportistas, productores rurales y a la industria de las zonas Altos Sur y Ciénega del Estado de Jalisco, en primer lugar por la gran demora que se generará y en segundo porque con esta acción se estaría obligando a todos los vehículos a transitar por la Autopista de Cuota.

6. En consecuencia, el objetivo que persigue la presente proposición, atiende una justa exigencia de los habitantes de los municipios de Atotonilco El Alto, Tototlán, Ayotlán, Degollado, San Ignacio, Jesús María, Arandas, Tepatitlán, Acatíc, Yahualica, Cañadas de Obregón, Mexticacán, Jalistotitlán, San Miguel el Alto, San Julián, San Diego de Alejandría, Valle de Guadalupe, Zapotlán del Rey y Zapotlanejo, que a través de sus Presidentes Municipales, Delegados y Agentes Municipales, Presidentes Ejidales, Empresarios, y otros grupos de la sociedad civil, han expresado.

Dado lo anterior expuesto y con fundamento a lo que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal , someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes , para que con fundamento a sus atribuciones legales, desconozca y deje sin efecto el Convenio Suscrito por la empresa Red de Carreteras de Occidente, SA de CV y el municipio de Zapotlanejo, Jalisco, y frene las obras de reubicación de la plaza de cobro La Joya de la Autopista Zapotlanejo-Guadalajara.

Segundo. Se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la presidencia municipal del ayuntamiento de Zapotlanejo, informen a la opinión pública mediante estudio técnico, el impacto financiero y de movilidad que se generaría por la realización de estas obras.

Tercero. Se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a convocar a una mesa de análisis y opinión, junto con el gobierno del estado de Jalisco y los ayuntamientos y grupos organizados de los municipios afectados, donde se analicen planes y acciones que generen la menor afectación a los habitantes de esta región.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.

Diputado Ramón Báñales Arámbula (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para que las comisiones dictaminen en los plazos establecidos las iniciativas enviadas por las legislaturas locales, a cargo de la diputada Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Eloísa Chavarrías Barajas del Grupo Parlamentario del PAN de la LXIII Legislatura, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La figura de la excitativa fue derogada del Reglamento de la Cámara de Diputados, por considerarse una figura innecesaria dado el nuevo reglamento aprobado durante la LXI Legislatura. Sin embargo en la terminología legislativa se le define de la siguiente manera:

Excitativa: Exhorto que realiza la Mesa Directiva, a una o varias comisiones, para que agilicen la presentación del dictamen sobre algún asunto legislativo que les fue turnado o realicen acciones omitidas en su encargo. Es motivada a partir de la petición de un legislador, grupo parlamentario o una comisión legislativa.

En el artículo 71 constitucional se menciona la figura de la Iniciativa parlamentaria y quien puede presentarla ante el Congreso, en el mismo se cita que los congresos estatales tienen esa facultad.

En un breve análisis estadístico de la LXII y LXIII Legislaturas se observa que más del 90 por ciento de las iniciativas de los congresos estatales terminan en la preclusión, señalada en el artículo 89 del Reglamento.

La sociedad organizada ha presionado para que nuevas figuras legislativas sean incorporadas a nuestro marco jurídico destacando: la iniciativa ciudadana, las candidaturas independientes, y el referéndum.

Cada nuevo sexenio se habla de una nueva reforma política y se ejecutan cambios importantes a nivel constitucional

*Cuadro realizado por el Servicio de Investigación y Análisis (SIA), con información del Servicio de Información para la Estadística Parlamentaria (INFOPAL).

Sin embargo las figuras existentes y que representan un verdadero federalismo no han tenido el peso suficiente que la ciudadanía espera.

Recordemos que durante más de cincuenta años nuestro país se vio envuelto en enfrascamientos entre “federalistas y centralistas” conflictos que fueron el preámbulo para la pérdida de territorios y de momentáneas separaciones de algún estado de la federación.

En el actual Reglamento se menciona en el artículo 175 el orden de los asuntos de una comisión. Es necesario que las comisiones consideren dar prioridad a dictaminar las iniciativas de los congresos estatales pues representan la voluntad de una entidad libre y soberana y como consecuencia lógica de sus ciudadanos.

Además el no dictaminar de las iniciativas de los congresos estatales señala una opacidad que tarde o temprano será tema de reclamos populares y de las mismas entidades federativas, que consideraran obsoleto el actual sistema de iniciativas. La disyuntiva es clara o se acelera el proceso o las entidades federativas pueden considerar que es innecesario el proceso de aprobar iniciativas que serán enviadas al congreso federal.

Cuando la nación lo ha requerido los congresos estatales han aprobado con toda celeridad la aprobación de reformas constitucionales.

El reconocer este rezago dará mayor confiabilidad a la ciudadanía que reconoce en los legisladores a sus representantes.

Es reconocer el valor de los congresos estatales y un pleno ejercicio federalista, además de con esto se busca prevenir cualquier motivo de pretensión de rompimiento de la unidad nacional so pretexto a que todo se encuentra centralizado.

Es por lo antes expuesto, que se presenta a esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita respetuosamente a la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados a que en uso de sus facultades exhorte a las diversas comisiones a dictaminar en los términos legales establecidos, las iniciativas promovidas por los congresos estatales y evitar sean precluidas según el artículo 89 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.

Diputada Eloísa Chavarías Barajas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de gastos fiscales, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal Waldo Fernández González, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 numerales 1 fracción II y 2 fracción I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Honorable Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Conforme a lo establecido por los artículos 25 y 26 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público entrega cada año el Presupuesto de Gastos Fiscales 2015 a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública.

Adicionalmente el artículo 22 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, esté, está obligado a generar un conjunto de información a partir de las estadísticas y datos de los contribuyentes que por medio de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público son los que a su vez recibe la Cámara de Diputados y que se requiere de una revisión profunda y detallada de los componentes de la información recibida por parte de los Diputados, con el objetivo de generar propuestas concretas.

Con ello se permite tener un diagnóstico que permite identificar los beneficios tributarios que se otorgan por medio del marco impositivo y estimar su impacto sobre los ingresos. De esta manera, la medición de los gastos fiscales contribuye a la evaluación del sistema tributario y conocer las características de cada uno de los impuestos y aquellas áreas que podrían incrementar el potencial recaudatorio de los distintos gravámenes y conceptos de ingreso.

En México se utiliza el método de pérdida de ingresos, el cual consiste en estimar el monto de recursos que deja de percibir el gobierno federal por la aplicación de un tratamiento fiscal diferencial. Sin tener la cantidad exacta de recursos que se podrían recaudar de suprimir las disposiciones que dan origen a un gasto fiscal, debido a que las estimaciones no consideran las variaciones en la conducta de los contribuyentes por la eliminación de los tratamientos diferenciales ni las repercusiones en el resto de la economía, por lo que, teniendo información útil la Cámara de Diputados no la analiza a cabalidad, en este sentido, con la creación de una comisión especial se podrá identificar áreas de oportunidad y modificar los ordenamientos adecuados para hacerlo operante.

Se deben prevenir alternativas ante la caída del mercado petrolero, donde el precio promedio de la mezcla mexicana de exportación alcanzó su nivel máximo, en junio de 2015 costó 53.87 dólares por barril, cayendo hasta 35.62 dólares en noviembre del mismo año, para llegar en enero de 2016 a 18.90 dólares por barril, es decir, los ingresos petroleros cayeron a una tasa anual de 35.0 por ciento anual.

Cabe destacar, que en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión fue creada una Comisión Especial para analizar el presupuesto de gastos fiscales, a efecto de identificar las áreas de oportunidad que incrementen los recursos tributarios y hacer con ello un sistema fiscal más equitativo, donde se pudiera elaborará diagnósticos sobre el gasto público en rubros tales como inversión, infraestructura, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, política industrial para la competitividad y el empleo, programas sociales y del campo, fortalecimiento de las finanzas de los estados y municipios y banca de desarrollo y presentar conclusiones que deban reflejarse en un paquete económico acorde con las necesidades que el país demanda.

La presente propuesta al crear una comisión especial de gastos fiscales esta, pueda citar a los funcionarios del ramo y a los sectores económicos involucrados, a fin de que se determinen las alternativas y opciones para que pueda evitar la pérdida de recursos económicos, lo cual guarda plena correspondencia con las atribuciones de las comisiones del Congreso establecidas por los artículos 45, numerales 1, 2, 3 y 42, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 205, 207 y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara de Diputados y el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias que resulten necesarias a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

De conformidad a las facultades que le otorga la Ley Orgánica, este órgano de gobierno considera necesaria la conformación de la comisión especial materia del presente acuerdo en los términos planteados por la propuesta en comento, a efecto de promover un ejercicio más eficaz de las facultades constitucionales.

Por lo anteriormente mencionado, sometemos a consideración de este pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial para Analizar el Presupuesto de Gastos Fiscales , cuyo objeto será: revisar la estructura y composición del presupuesto de gastos fiscales para identificar y mejorar la estructura fiscal que, en forma equitativa y proporcional, que incremente los recursos tributarios.

Segundo. La Comisión Especial, se integrará por diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios con base en el criterio de proporcionalidad, entre la integración del pleno y su conformación.

Tercero. Esta Comisión Especial, funcionará durante el ejercicio de la presente legislatura o hasta que haya cumplido o agotado su objeto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.

Diputado Waldo Fernández González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CNDH, la Secretaría de Cultura, la PGR y el Ejecutivo de Nayarit a esclarecer y sancionar el atentado contra el patrimonio religioso-cultural de la Isla del Rey, en San Blas, suscrita por las diputadas Mariana Trejo Flores y Modesta Fuentes Alonso, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscriben las diputada Mariana Trejo Flores y Modesta Fuentes Alonso, de la LXIII Legislatura federal e integrantes de la Fracción Parlamentaria de Morena, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados que somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo el tenor de los siguientes

Considerandos

El viernes 19 de febrero de 2016, fue reportado ante las autoridades competentes, el agravio sufrido en la Isla del Rey, donde, según declaraciones de lugareños, la Isla del Rey, centro sagrado de la etnia wixarika, fue incendiado con intenciones de intimidar a los integrantes de la etnia y evitar que sigan acudiendo a llevar sus ofrendas a dicho lugar.

En 1990 la Haramara, como le conocen los huicholes a su lugar sagrado, fue nombrado Patrimonio Cultural Huichol de Nayarit y, de 2011 a 2014 se entregaron títulos de propiedad sobre la isla a representantes de la etnia huichol.

La relevancia de éste territorio sagrado para el pueblo huichol radica en una cosmovisión fundada en el politeísmo, practicada desde hace 3 mil años en dicho lugar. Los historiadores ubican entre la Haramara y Mezcaltitán se encontraba la región conocida como Aztlán, lugar inmerso en las leyendas de la conformación de un imperio como lo fue el imperio mexica.

En la Haramara, para la tribu Huichol, comienza el origen de un peregrinar de los dioses hacia el centro del país, recorriendo en su camino valles y montañas hasta llegar al lugar donde nace el sol en el estado de San Luis Potosí, por cientos de años este peregrinar se ha realizado con periodicidad. Desde la cosmovisión del pueblo huichol, las ofrendas y el peregrinar de sitio sagrado a sitio sagrado, conservan el equilibrio entre el bien y el mal en el mundo, así como la fertilidad de la tierra, la frecuencia de las lluvias y las tempestades calmas. A los integrantes de la etnia, les preocupan los ataques en contra de los sitios sagrados, argumentando que estos ataques son en contra de la humanidad misma y su estancia con paz en la tierra.

La comunidad huichol se encuentra muy lastimada por los ataques en contra de su sitio sagrado, ubicado en la Isla del Rey, en la aguas del Pacífico mexicano, frente a las costas de San Blas, Nayarit. En el ataque al sitio sagrado, fueron quemadas ofrendas con más de 500 años de antigüedad y afectadas pinturas rupestres que se encontraban grabadas sobre las rocas de una de las cavernas que le dan una especial mística a la isla.

La Presidencia Municipal se ha deslindado de responsabilidades respecto a la protección del sitio sagrado, el pueblo huichol exige respeto a sus costumbres, religión y sitios sagrados. El pueblo huichol pide y exige paz por parte de las autoridades locales para que les permitan seguir viviendo su cultura y tradición en el estado de Nayarit.

Exigimos a las autoridades competentes que se esclarezca este atentado en contra de un pueblo nativo de México y en contra de nuestras raíces y tradiciones culturales que nos dan identidad.

Paz y respeto a los indígenas de nuestro México. Paz y respeto a todos los seres humanos.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado con lo citado en el proemio que presentamos al Pleno de ésta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Que la Cámara de Diputados exhorte a los titulares de la Comisión Nacional del Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Secretaría de Cultura, Procuraduría General de la República y al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit para que se esclarezca el atentado contra el Patrimonio Religioso-cultural de la Isla del Rey en San Blas, Nayarit y, se finquen responsabilidades en contra de quien o quienes resulten responsables.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 8 de marzo de 2016

Diputadas: Mariana Trejo Flores, Modesta Fuentes Alonso (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Registro Agrario Nacional a depurar padrones, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, diputado Moisés Guerra Mota, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo en materia de depuración de padrones del Registro Agrario Nacional:

Consideraciones

La Ley Agraria promulgada en 1992 surge como una ley reglamentaria de la reforma constitucional al artículo 27, con la finalidad de garantizar la justicia y la salvaguarda los derechos legítimos de los diferentes productores rurales a lo largo y ancho del territorio nacional.

Cuando finaliza la revolución mexicana en el año de 1917, las demandas sociales relacionadas con la tenencia de la tierra y por consecuencia, la titularidad del ejido, permanecieron prácticamente invisibles al estado de derecho en nuestro país. No es sino hasta el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Rio, cuando, 19 años después, en 1936 se gesta un decidido esfuerzo de repartición de la tierra, mejor conocido como el reparto agrario y por consecuencia de regularización y formalización de la tenencia de la misma.

Reparto agrario que se realizó sobre 18 millones de hectáreas entre diferentes comunidades y ejidos, a lo largo y ancho de país. Con ello se buscaba cumplir con una demanda social largamente pospuesta, con lo que se mejoró de manera casi inmediata la calidad de vida de amplias capas de la población rural, pues tendrían ahora una superficie destinada para el autoconsumo y la pequeña producción asegurada.

A partir de entonces, los núcleos de producción agraria se han amparado en el cobijo que prevén diferentes disposiciones legales en la materia, estableciendo en su caso, el tratamiento que debe de existir entre tenedores de la tierra y su producción basada en la vocación de cada predio.

De tal manera, la Ley Agraria considera sujetos de derecho a los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o de comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas, quienes habrán de ser defendidos en todo momento por la Procuraduría Agraria, como lo establece el propio artículo 135 de la ley mencionada.

Por su parte en el artículo 148 de la citada Ley se estableció que el Registro Agrario Nacional o mejor conocido como RAN, fuera el encargado del control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental derivada de la aplicación de la propia Ley Agraria. Dicho lo cual es el RAN el órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria, en el que se inscribirán los documentos en que consten las operaciones originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras y los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal.

En ello, el RAN deberá de prestar asistencia técnica suficiente para que el registro documental de la tenencia de la tierra pueda considerarse valido y fidedigno. Deberá de procesar la inscripción de todas las resoluciones judiciales o administrativas que reconozcan, creen, modifiquen o extingan derechos comunales o ejidales, así como de los certificados o títulos que amparen derechos sobre solares, tierras de uso común y parcelas de ejidatarios y comuneros.

Por consecuencia, el RAN deberá de llevar la clasificación de los nombres de los individuos tenedores de acciones y denominaciones de sociedades propietarias de tierras agrícola, ganaderas o forestales, junto con el registro de operaciones relacionadas con la cesión de derechos sobre tierras ejidales, aunado a esto, deberá de disponer del procesamiento y óptima disponibilidad de la información a que haya lugar bajo su resguardo.

Todo lo anterior, se encuentra explícitamente previsto en los artículos que van del 148 al 156 de la Ley Agraria, diseñados con la finalidad de fortalecer la seguridad de la propia tenencia de la tierra y amparar por tanto, los legítimos derechos que los propietarios individuales tengan de los núcleos de producción.

Sin embargo, en la práctica se puede constatar que existe un enorme rezago del RAN para actualizar los padrones ejidales, provocando ello un efecto perverso al interior de los ejidos reflejado en la toma de decisiones comunes con padrones que tienen en sus listados a una o más personas que por diferentes razones han dejado de tener plenos derechos sobre la propiedad ejidal. El problema es de tal magnitud que de acuerdo con cifras del propio RAN, afecta a 1.5 millones de sujetos agrarios sin lista de sucesión.

A mayor abundancia, el artículo 22 de la Ley Agraria señala que es el comisariado ejidal quien llevará un libro de registro en el que se asentarán los nombres y datos básicos de identificación de los ejidatarios que integren el núcleo de población ejidal correspondiente. Sin embargo la falta de actualización del padrón de ejidatarios es un problema recurrente.

Conflictos graves ocurren al interior de los ejidos cuyos padrones no se encuentran debidamente actualizados por el abuso de miembros del propio ejido que, aunado al desconocimiento pleno de los nombres actualizados en los padrones, afectan negativamente las decisiones de las asambleas que para los efectos se conforman.

Ello tiene impactos económicos y productivos negativos muy importante en el ejido, pues las decisiones del ejido dejan de estar sujetas a lo que decida una mayoría que en el papel se conforma de personas que han cedido sus derechos, antiguos propietarios que vendieron sus derechos ejidales, o bien fallecieron sin dejar sucesor.

Es entonces que se considera necesario y prácticamente inaplazable, que el RAN lleve a cabo, en conjunto con los núcleos de población ejidales, las acciones que sean necesarias para depurar de manera urgente, los padrones de los productores agrarios, toda vez que no hacerlo, significa costos económicos en juicios agrarios que deben ser pagados por los propios ejidatarios.

El presente exhorto lleva también consigo, la solicitud de que sea el RAN con recursos propios, el que organice en los diferentes estados de la República y con los propietarios, las acciones de trabajo, asambleas, reuniones, etcétera, que se consideren necesarias para contar con padrones depurados, actualizados y confiables.

Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Registro Agrario Nacional a llevar las acciones necesarias, en coordinación con los núcleos de población ejidal o ejidos, para lograr una eficaz depuración de padrones y que esta sea ágil, expedita y oportuna.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 8 de marzo de 2016.

Diputado Moisés Guerra Mota (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, la SHCP, la SE y la Administración General de Aduanas a tomar medidas para regular la importación de vehículos usados provenientes de EUA y Canadá en el marco del TLCAN, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscribimos diputados Yahleel Abdala Carmona, María Esther Guadalupe Camargo Félix, Edgardo Melhem Salinas, Montserrat Alicia Arcos Velázquez, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, Miguel Ángel González Salum, Esdras Romero Vega, Fernando Uriarte Zazueta, Ana Georgina Zapata Lucero, Alex LeBaron González, Daniel Torres Cantú por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, los diputados María Ávila Serna y Cándido Ochoa Rojas del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, todos integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 3, fracción XVIII, 6, fracción I, 62, numeral 3, 76, fracción IV, 79, numeral 1, fracción II, y fracciones I y III del numeral 2, 113 y 139, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, secretario de Hacienda y Crédito Público, secretario de Economía, administrador General de Aduanas para que se tomen las medidas necesarias para la importación de vehículos usados provenientes de Estados Unidos de América, EUA, y Canadá, dentro del marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, y el Anexo 300-A.2 Disposición 24, al tenor de los siguientes:

Considerandos

Nuevamente inicia una discusión sobre la importación de vehículos usados a México. Debate y discusión dada en las mesas de negociaciones del TLCAN hace 25 años y que culminaron con su firma en 17 de diciembre de 1992, el cual entró en vigor el 1 de enero de 1994, hace poco más de 20 años.

En estos 21 años uno de los sectores más beneficiados ha sido la industria automotriz, México se ha consolidado como uno de los principales productores de autos y autopartes, ocupando el séptimo lugar mundial y segundo país exportador de vehículos a Estados Unidos sólo por debajo de Alemania, Corea del Sur y Japón.

Actualmente México es el principal exportador a EUA con 1.9 millones de autos, superando a Japón y Canadá. En estos últimos años la producción y exportación en México han registrado máximos históricos, la producción creció alrededor de 8 por ciento, y las exportaciones crecieron por encima del 10 por ciento.

En 21 años, con el TLCAN, la producción de la industria automotriz se ha cuadriplicado y las exportaciones se han quintuplicado.

La principal región de destino de las exportaciones la integra el TLCAN, representando el 85 por ciento del total de estas, y no sólo de autos, sino también de autopartes, siendo México el principal proveedor del mercado Norteamericano.

De la producción total, 83 por ciento se exporta y 17 por ciento se queda en el mercado interno o nacional. Del total de las exportaciones, se van a EUA el 71 por ciento y el 9 por ciento a Canadá, es decir 80 por ciento lo concentra el área del TLCAN y 10 por ciento va al resto de Latinoamérica.

La industria automotriz de México es trasnacional, y las principales ensambladoras son Chrysler, Fiat, Ford, General Motors, Honda, Nissan, Toyota, Volkswagen, Mazda, Audi y actualmente está instalando una nueva planta Kia.

Las firmas automotrices comercializan a través de sus distribuidores no sólo productos ensamblados en México, sino también vehículos nuevos importados de otras partes del mundo además de los países integrantes del TLCAN.

También se comercializan vehículos bajo los diferentes tratados comerciales vehículos de las marcas de Acura, Alfa Romeo, Audi, Bentley BMW, Hundai, Infiniti, Isuzu, Jaguar, Land Rover, Lincon, Mazda, Mercedes Benz, Mini Cooper, Mitsubishi, Peugeout, Porshe, Renault, Seat, Smart, Subaru, Suzuki y Volvo entre otras.

Dentro del marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en sus negociaciones, se dio tiempo para que el sector Automotriz hiciera sus ajustes a las nuevas oportunidades que el TLCAN ofrecía a la industria, abriendo la importación de autos nuevos desde 1994 y a partir de 2009, se podrían importar vehículos usados provenientes de EUA y Canadá. De acuerdo a lo establecido en el anexo 300-A.2 para México en el punto 24 para vehículos usados.

Queda claro que dentro de los acuerdos de libre comercio que nuestro país tiene, el TLCAN es el más importante y de mayor impacto económico para México, y este ambiente de apertura comercial atrajo la inversión extranjera directa, aprovechando las ventajas competitivas por la vecindad de México y EUA, generando empleos e integrando cadenas de valor desarrollando proveedores de autopartes e integrando a las Pyme.

Sin embargo, esta situación de bonanza del sector automotriz, en la producción de autos nuevos, autopartes y la exportación ha sido trastocado por la insistencia de los actores hoy beneficiados a dar cumplimiento a cabalidad de lo establecido en el TLCAN y Anexos, esto sobre lo acordado en la importación de vehículos usados e incorporar a los beneficios de la apertura del TLCAN a otros sectores y regiones del país que hoy deberían estar igualmente beneficiados por las disposiciones del TLCAN.

Uno de los sectores más protegidos del TLCAN fue la industria automotriz de México, y sus distribuidores de autos nuevos y usados, otorgando restricciones a la importación de autos de 1994 al 2008, durante 14 años y de manera gradual y progresiva se dispone la importación de vehículos usados del 2009 al 2019 en donde México se comprometió a no adoptar ni mantener prohibición o restricción en el anexo 300-A.2 del TLCAN; esto con la intención de eliminar barreras comerciales, promover la inversión y fortalecer la economía nacional para ser más competitivos, ya que la finalidad del apéndice anteriormente manifestado es la de generación de nuevos empleos con base en los diversos sectores de servicios y oficios de dicha actividad

Situación actual

Decreto para regular la importación definitiva de vehículos usados del 1 de julio de 2011, y la ampliación de su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015

Esta disposición ha provocado impugnaciones de las partes afectadas, e incluso acusaciones entre Poderes por las imputaciones del Ejecutivo sobre el Poder Judicial por medio de amparos otorgados, los que a su vez afectaron al sector automotriz de la frontera por la competencia desleal de los tenedores del amparo, importando vehículos y pagando menores impuestos y desplazando a los importadores y comercializadoras, y creando un ambiente de tensión y hasta de persecución (por no decir satanización de la actividad) por actitud de algunos funcionarios y dependencias acusando y señalando de irregularidades a agentes aduanales, importadores y comercializadoras.

Dicho decreto establece regulaciones y disposiciones que trastocan la esfera jurídica y espíritu del TLCAN, en el sentido de los beneficios de la apertura comercial y del libre comercio en América del Norte, dificultándolo fundamentalmente en la región de la frontera norte, colindante con EUA, al Sector económico dedicado a la importación y comercialización de vehículos usados y la cadena de valor que la actividad genera en autopartes usadas, reparación y pintura que en la región dejaba una gran derrama económica a través de la actividad empresarial comercial y mano de obra que involucra a más de 250 mil familias en la frontera con EUA.

No obstante a ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación, con fecha de 28 de febrero de 1994, la disposición complementaria conocida como “Resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados”, el cual determina entre otras. El pago de contribuciones para la importación de vehículos usados y nuevos, siendo las más recientes las publicadas el 7 de abril de 2015. Esta lista de precios estimados resulta contraria a derecho, toda vez que dichos precios estimados son establecidos en forma unilateral y en forma arbitraria, aun y cuando existe la prohibición de que nuestro país pueda adoptar restricciones o prohibiciones para su importación, como lo es instaurar cualesquier tipo de contribuciones. Así las cosas, las empresas vendedoras de estos vehículos usados al emitir una factura y en ocasiones certificadas por el Estado mexicano para hacerlo, no se les respeta su precio de venta, imponiendo dicha Secretaría un valor a su criterio, más no así el comercial, trastocando el artículo 133 de la Constitución Mexicana, que concede el trato de ley suprema a la los tratados internacionales a los que México sea parte.

Así como también se han visto afectadas familias de otras entidades federativas que cuentan con una gran cantidad de paisanos que trabajan en EUA, y que apoyan a través de remesas a sus familias que viven en sus lugares de origen, y que aparte de sus remesas mensuales, periódicamente visitan su tierra trayendo otros beneficios a sus familiares como ropa, electrodomésticos y en muchas ocasiones es su deseo de regalarles su vehículo a sus padres esposas o hijos, compartiendo con ellos su prosperidad, generosidad y solidaridad familiar tan arraigada en nuestra cultura. En EUA viven 33.6 Millones de personas de origen mexicano de las cuales 11.6 nacieron en México.

Otro grupo de la población afectada por las regulaciones y restricciones ha sido la población que no tiene acceso a un ingreso familiar de más de 15 mil pesos mensuales, para poder aspirar a comprar a crédito un auto nuevo compacto en una distribuidora de autos.

Según estudios de la distribución del ingreso en México sólo los deciles 8, 9 y 10 del indicador de GINI podrían tener acceso a un auto nuevo siempre y cuando califiquen a la obtención de un crédito automotriz, o sea un máximo de 30 por ciento de las familias mexicanas podrían adquirir un auto de agencia; y de los deciles del 1 con ingresos familiares de 2 mil 500 pesos mensuales y 4 mil del decil 2 e inclusive de los 5 mil 500 ingresos familiares mensuales del decil 3 se estima muy difícil poder acceder a tener un vehículo automotor usado, y sólo 40 por ciento de las familias de los deciles 4, 5, 6 y 7, que sus ingresos familiares al mes fluctúan de los 6 mil 500 pesos a los 12 mil 500 mensuales podrían aspirar a tener un auto, siempre y cuando estos vehículos usados estén a precios accesibles.

La mayor parte de estas familias están en el área rural como productores agropecuarios, en el comercio informal o están como empleados y obreros con bajos salarios, para sus familias es indispensable contar con un Vehículo para realizar sus actividades productivas o trasladar al trabajo o escuela cuando no haya la alternativa de trasporte público.

Según la encuesta de Ingreso Gasto de las familias mexicanas, en promedio mensual destinan 34 por ciento de su ingreso en transporte, ya sea público o en vehículos particulares, 19 por ciento en alimentos, 14 por ciento en educación, 9.5 por ciento en vivienda y 7 por ciento en cuidados personales. De aquí estriba la importancia de dar acceso a los beneficios del TLCAN, a este 40 por ciento de la población que difícilmente tendría acceso a crédito, o vehículos usados sobrevalorados comparados con los de importación.

Por eso consideramos que hay que brindar seguridad y certeza a los términos pactados en el TLCAN y que sus beneficios además del sector trasnacional ensamblador y a sus distribuidores, deben estos de alcanzar al sector automotriz dedicado a la importación y reparación de vehículos fundamentalmente en la región frontera norte, que son más de 250 mil personas y sus familias que dependen de esta actividad, así como más de 20 millones de paisanos que solidariamente apoyan a sus familias y a México con sus remesas, así como a 40 por ciento de la población que difícilmente tendría acceso a un vehículo usado que esté sobrevalorado por las restricciones y regulaciones a la importación de vehículos usados.

Es de todos conocido que el parque vehicular en el norte del país es mayor, esto debido al ingreso de vehículos usados, por lo que se requiere de brindar de una certeza jurídica a los propietarios de dichas unidades, ya que al brindarles esta, podrán tener acceso a seguros de responsabilidad civil para sus unidades, así como cumplir con lo ordenado en la ley.

En materia de seguridad pública, al contar con un registro de parque vehicular dentro del marco legal, el índice delictivo disminuirá, toda vez que al tener vehículos debidamente importados y emplacados, serán de fácil identificación, por lo que a los delincuentes se les dificultara en seria medida el movilizarse sin ser detectados. No sin manifestar que en solo 6 meses en el año 2001, se recaudó más de 800 millones de impuestos, solo por la inscripción los vehículos que ya se encontraban en nuestro país.

Como diputados federales y representantes populares de regiones afectadas por el decreto en cuestión, hemos recibido la solicitud de intervención, con la finalidad de evitar actitudes proteccionistas por encima del interés social, respetando a la población en sus posibilidades económicas y de adquisición en gasto o comprar a su conveniencia, como de las Disposiciones ya negociadas en términos y plazos así como su gradualidad,

Los interesados en que se modifique dicho decreto son las cámaras de comercio de las ciudades fronterizas, los importadores, comercializadores y particulares interesados, como toda la cadena productiva vinculada al sector automotriz de la frontera norte, así como organizaciones campesinas y de productores rurales.

Por si esto fuera poco, los habitantes de la región fronteriza carecen de un transporte público eficiente, toda vez no existen en aquellas ciudades un metrobús, metro por citar algunos como en la Ciudad de México, o algún otro medio que permita que los habitantes se desplacen sin mayor contratiempo, esto obliga a los habitantes a hacerse de un vehículo extranjero que ingresa al país con la intención de nacionalizarse o hacerse fronterizo, pero al encontrarse con las medidas proteccionistas actuales les fue imposible que se les permitiera su primera intención, por ello se convirtieron en autos “chocolate” ya que tampoco los pudieron regresar a los Estados Unidos, toda vez que dichas medidas también se los prohibían, en promedio más del 80% de la población de la región fronteriza es propietaria de vehículos de procedencia estadounidense o en su mejor versión, importados solo para su circulación en esta región, siendo esto absurdo, toda vez que la misma desapareció ante la homologación del IVA con el resto del país.

Todo esto sin contar que la mayoría de la población en esta región fronteriza, son personas no sujetas a crédito, toda vez que al pertenecer a un sector poblacional que según estudios de la distribución del ingreso en México son de deciles 1, 2, 3 y 4 del indicador GINI, por lo que no son susceptibles a la obtención de un crédito automotriz.

Ahora bien, ninguna ciudad de la región fronteriza tiene dentro de su población un centro de verificación vehicular o de verificación de revista mecánica, por lo que la autoridad hacendaria establece una regla proteccionista que violenta en forma directa al TLCAN tal y como lo establece el anexo 300 del mismo y en su apéndice 300-A.2.

Chatarrización

Uno de los principales argumentos contra la importación de vehículos usados, es que se está “chatarrizando” el parque vehicular en México. Increíblemente quienes usan este argumento fueron los que solicitaron los mecanismos de protección de la industria automotriz mexicana argumentos contenidos en el Anexo 300-A.2, en el que México se obligó a que de 1994 al 2009 no se pudieran importar vehículos usados y que a partir de 2009, se pudiera llevar a cabo solo si se tuvieran 10 años de antigüedad.

La protección a la industria automotriz ya está contenido en los términos acordados y plasmados en el TLCAN desde 1993 y su entrada en vigor el 1 de enero de 1994 y sus anexos 300-A, donde se le da un plazo de protección de 1994 hasta 2019, cuando queda totalmente liberado.

México no podrá adoptar ni mantener ni una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados, provenientes de territorio de Canadá o de los Estados Unidos de Norteamérica, que tengan por lo menos:

• 10 años de antigüedad a partir del 1ro de enero de 2009;

• 8 años de antigüedad a partir del 1ro de enero de 2011;

• 6 años de antigüedad a partir de 1ro de enero de 2013;

• 4 años de antigüedad a partir de 1ro de enero de 2015;

• 2 años de antigüedad a partir de 1ro de enero de 2017;

• A partir del 1ro de enero de 2019, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados, provenientes de territorio de Canadá o de Estados Unidos. (Anexo 300-A.2)

Sector automotriz de la frontera norte

Contrario a los beneficios que el TLCAN ha ofrecido a la industria automotriz en México, el sector automotriz ubicado, constituido por más de 60 mil personas, entre Pyme de mexicanos, se han visto severamente afectadas, por diferentes disposiciones que han dificultado y restringido esta importante actividad en la región, estimándose que las medidas restrictivas y diferentes disposiciones con carácter evidentemente proteccionistas fuera de los términos ya pactados en el TLCAN.

Entre estas medidas restrictivas van desde los horarios impuestos por el SAT a la importación de vehículos usados, la certificación de origen del vehículo, el establecimiento del valor de la importación desproporcionados al valor real con los precios estimados, así como restricciones a las condiciones mecánicas y ambientales de las unidades, estos requisitos siendo normalmente realizados a través de la revista mecánica y la verificación vehicular por las entidades federativas y no aduaneras cuando el comprador final realiza su registro y emplacamiento de la unidad.

En lo respectivo al conocimiento de que él bien califica como originario de uno de los países del TLCAN, actualmente se requisita mediante un certificado de origen, mismo que solo puede ser expedido por el armador del mismo, siendo en la mayoría de los casos imposible su obtención, toda vez que al ser usados, estos pueden tener más de 5 años de antigüedad, sin embargo la autoridad pasa por alto el número de identificación vehicular, también conocido como VIN, el cual se compone de diversos dígitos como lo son el lugar de origen, año de fabricación, marca y modelo, mismo que permite a la autoridad hacendaria identificar dicho vehículo con facilidad y que en la práctica lo acepta como identificación válida, tal y como se plantea en el capítulo 3.5 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para el 2014 y sus anexos 10 y 21, publicadas el 29 de Agosto de 2014 en el Diario Oficial de la Federación. Es de interés para esta cámara que la autoridad hacendaria ensancha la tramitología al exigir un certificado de origen cuando esta ya lo acepta.

No obstante, el mismo TLCAN en su artículo 501, capítulo V, sección A, manifiesta que no existe obligación por parte del productor de suministrar un certificado de origen al exportador y por lo tanto no es exigible como requisito de importación dicho documento; por lo que basta garantizar que los vehículos de motor califican como originario, esto conforme al número de identificación vehicular

Área de oportunidad económica para la frontera norte

Ser vecinos de Estados Unidos de América es un área de oportunidad para las familias y empresas que vivimos en la frontera norte, hay una cantidad importante de alternativas económicas aprovechando esta cercanía, una de ellas es la de integrar una cadena de valor agregado a la importación de vehículos usados.

Más allá que el puro hecho de las importadoras, comercializadoras y loteros, lleven a cabo su actividad con la certidumbre en la venta de autos en México, el área de agregar valor en la región es mayor en la importación de autos comprados en las subastas que estén dañados y sean susceptibles de restauración, reparación y pintura, dando la oportunidad a una importante cantidad de pequeños talleres y trabajadores independientes calificados para hacer trabajos de hojalatería y pintura elevando la competitividad regional y así, agregar en esta región de México, un valor a la unidad importada.

Hay que reconocer que la facilitación y simplificación reducen la corrupción y previenen actos delictivos en nuestra frontera.

La estricta regulación ha propiciado que el sector esté en crisis, ya que se han visto desfavorecidos más de 80 por ciento de las actividades comerciales del ramo; con ello se han perjudicado a toda una cadena de valor conformada por lotes de autos, refaccionarias, talleres mecánicos, hojalateros, pintores, tapiceros, yonkeros, llanteras, vidrieros, instaladores de escapes, agencias aduanales, personal de trámite, choferes, por mencionar algunos de ello, por lo que se afecta directamente la obtención de ingresos económicos en forma honesta para el sustento de sus familias.

Es por ello que se propone llevar a cabo modificaciones a las actualmente establecidas que se reconocen como restrictivas y proteccionistas, y solicitar al Ejecutivo federal la publicación de un nuevo decreto que facilite y simplifique la importación de vehículos en el espíritu de los términos tratados en el TLCAN para lo que resta de 2015 y 2016 para autos usados con una antigüedad por lo menos de 4 años.

Así como también a solicitar a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, al de Economía y al Administrador General de Aduanas, el apego al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mismo que se considera Ley Suprema de conformidad con el artículo 133 de nuestra Carta Magna

Por lo expuesto, se propone ante esta honorable asamblea que se apruebe como urgente y obvia resolución el siguiente:

Punto de Acuerdo

Se exhorta al Ejecutivo federal, al titular de la Secretaría de Hacienda, al titular de la Secretaría de Economía y al titular de la Administración General de Aduanas, al apego y cumplimiento de los siguientes numerales

Primero. Que el decreto por el que se regula la importación definitiva de autos usados, publicado el 1 de julio de 2011 y el cual se amplió su vigencia hasta 31 de diciembre de 2015, así como sus reglas generales de carácter fiscal en materia de comercio exterior y demás disposiciones de las diferentes Dependencias a su cargo sean modificados, en su caso o se apeguen a los términos, Acuerdos y Anexos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Anexo 300-A.2 en la materia especifica relativa a la importación de vehículos usados.

Segundo. Se incorpore en las diferentes disposiciones de comercio exterior, para la importación de vehículos usados, así como para conocer el origen de producción del vehículo al sistema de identificación vehicular, donde en su primer dígito se identifica al país de origen, según lo acordado en el ISO STANDART 3779-1983 y la NOM-001-SSP-2008;

Tercero. Se aplique el criterio establecido por la OMC y el articulo VII del GATT de respetar el valor real de la operación comercial; o en su caso, se han estado certificando las empresas estadounidense que emiten factura de vehículos;

Cuarto. Se exente de la obligación de la presentación de Shipper’s Export Declaration a la importación de vehículo con un valor menor a los 2 mil 501 dólares (00/100 moneda estadounidense), homologando la aduana estadounidense;

Quinto. La aduana mexicana, no establecerá restricciones mecánicas o ambientales para la importación de vehículos usados, debiendo cumplir esta obligación el comprador final ante las Entidades Federativas cuando se registren los vehículos y se obtengan placas y documentos para circulación, revista mecánica y verificación vehicular de emisiones según lo establezca cada Entidad Federativa, como lo exige la NOM-041 de Semarnat;

Sexto. Eliminar disposiciones que restrinjan o establezcan horarios específicos para la entrada al territorio nacional de vehículos por las aduanas de la frontera norte del país, estas deberán permitir la importación de los vehículos usados en todo el horario regular de la aduana;

Septimo. Facilitar la certificación de todo proveedor americano de TLCAN (agencias de autos, lotes de autos, (aseguranzas, empresas y particulares), ante el SAT a fin de que puedan expedir facturas con un valor comercial, que se puedan tomar como base gravable para su importación.

Octavo. La eliminación de las restricciones a la importación de autos y camiones con motor diésel, por su peso, forma, equipamiento o tipo de servicios.

Noveno. Revisar las diversas disposiciones de comercio exterior para fomentar la cadena de valor que se puede generar en la frontera norte del país, a través de la reparación y pintura de vehículos importados que se encuentren dañados susceptibles a ser restaurados y aprovechar nuestra ventaja comparativa de mano de obra calificada, fomentando las Pyme del sector automotriz de la frontera. Revisión especial requiere la importación y restauración de vehículos clásicos considerando que un auto clásico se clasifica a partir de los 30 años de antigüedad y que podría constituir en un área de oportunidad para Pyme mexicanas.

Décimo. Se solicita al Ejecutivo federal publicar para 2015 y para 2016 un nuevo decreto, que considere los puntos de acuerdo aquí descritos y que como lo determina el TLCAN y el Anexo 300-A.2, disposición 24 donde a la letra dice:

A partir del 1 de enero del 2015, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos usados provenientes del territorio de Canadá o Estados Unidos que tengan por lo menos 4 años de antigüedad.

Undécimo. La creación de comités de importadores, comercializadoras, vendedores y organizaciones que se encuentren involucradas en este rubro, participen como órganos de consulta en las mesas de trabajo intersecretarial, con base a su experiencia a fin de hacer más eficiente las reglas de operación, con ello buscar el mejor beneficio que se requiere para el mejor desarrollo de la comunidad.

Duodécimo. Buscar mecanismos para facilitar la regularización de los vehículos que se encuentran circulando de manera informal en el país y determinar de manera concreta la protección del patrimonio de las familias mexicanas que se encuentren en tal situación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.

Diputados: Yahleel Abdala Carmona, María Esther Guadalupe Camargo Félix, Mercedes del Carmen Guillen Vicente, Edgardo Melhem Salinas, Montserrat Alicia Arcos Velázquez, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, Miguel Ángel González Salum, Esdras Romero Vega, Fernando Uriarte Zazueta, Ana Georgina Zapata Lucero, Alex LeBaron González, Daniel Torres Cantú, María Ávila Serna, Cándido Ochoa Rojas (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de seguimiento a la implantación del sistema penal acusatorio en las entidades federativas, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados y en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con los artículos 6° fracción I y 79 numeral 2, fracción I y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo solicitando la creación de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del Sistema Penal Acusatorio en las Entidades Federativas, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia, producto de una recomendación de las Naciones Unidas al gobierno mexicano en el 2003, que consignaba que en el exterior se veía nuestro sistema como anacrónico.

Con la reforma, vinieron una serie de modificaciones, mismas que transformaron por completo el Sistema de Justicia Penal, pasando de un modelo de tipo mixto, a uno primordialmente oral. En este nuevo sistema, de acuerdo con el Código, se deben observar los principios de concentración, publicidad, contradicción, inmediación y continuidad,1 los cuales quedaron consignados en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Vale recordar que con la reforma en materia de seguridad y justicia, se realizaron cambios profundos a diez artículos constitucionales, siete de ellos en materia penal, lo que llevo a la no aplicación de las legislaciones procesales de carácter estatal, a fin de estar en aptitud de operar el Código Nacional de Procedimientos Penales y con ello sentar las bases de un cambio de modelo inquisitivo a uno que respondía más a una lógica acusatoria penal. Lo anterior, se traduce en un sistema que cuenta con mayor transparencia y es cualitativamente más eficiente, todo esto con un potencial menor costo en recursos públicos y en tiempos.

Se le dio un plazo de ocho años a la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) para terminar con la implementación del nuevo sistema en todas las entidades federativas, hoy, estamos a poco más de 200 días para que termine el plazo concedido para que la SETEC termine de cumplir con el encargo.

La SETEC ha finalizado con la implementación en los estados de Baja California, Chihuahua, Colima, Durango, México, Morelos, Querétaro y Yucatán; sin embargo, es de hacer notar que los estados de mayoría de los estados (Ver tabla), culminarán con el proceso durante el año entrante, lo cual no es óbice para colegir que su ejercicio necesita un monitoreo por parte de éste órgano legislativo que permita al legislador vigilar la correcta ejecución tanto de los recursos, los principios rectores del sistema, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Es menester destacar que en los estados de Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí y Tamaulipas, ni siquiera se ha fijado la fecha en la que se habrá de terminar de implementar la reforma, debido a que depende de distintos factores como son: la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en cada estado o de la designación de la fecha por parte de las autoridades competentes.

Adicionalmente, en los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y el Distrito Federal, se ha implementado de manera parcial, en algunos casos ha entrado en vigor en ciertos municipios y en otros como es el caso del Distrito Federal, entró en vigor para efectos de ventilar bajo el nuevo sistema, delitos de querella y no graves.

Es menester destacar que para la implementación de este sistema, se han gastado miles de millones de pesos desde la aprobación de la reforma. Cabe destacar que entre 2014 y 2015 se han asignado casi 1,842 millones de pesos para la implementación y/o ejecución del sistema en los estados.2

Es nuestra obligación como diputados, vigilar el estricto y correcto uso y destino de los recursos entregados a las entidades federativas y a la SETEC para la implementación del sistema en comento.

En este sentido, considero prudente crear una Comisión Especial para efecto de coadyuvar en la implementación ejecución del sistema, así como para dar mayor certeza, claridad, al tiempo fortalecer este nuevo Sistema, teniendo en consideración que a pesar de que ya hay experiencias estatales esto no limita el perfeccionamiento de los marcos normativos que lo rigen.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me sirvo someter a consideración del pleno de esta soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

PRIMERO.- Se solicita respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, emitir el acuerdo de creación de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del Sistema Penal Acusatorio en las Entidades Federativas.

SEGUNDO.- El objeto de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del Sistema Penal Acusatorio en las Entidades Federativas será: investigar, estudiar y realizar trabajos de manera coordinada con el órgano implementador con el fin de monitorear la puesta en marcha de este nuevo sistema, así como vigilar el estricto y correcto uso y destino de los recursos entregados a las entidades federativas y a la SETEC para la implementación del sistema en comento.

TERCERO.- La Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del Sistema Penal Acusatorio en las Entidades Federativas, estará formada por doce integrantes que serán elegidos con los criterios de pluralidad y proporcionalidad que determine la Junta de Coordinación Política.

CUARTO.- La Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del Sistema Penal Acusatorio en las Entidades Federativas, tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo correspondiente en la Gaceta Parlamentaria, hasta el 31 de agosto de 2018.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de marzo de 2016.

Diputado Santiago Torreblanca Engell (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE a integrar y difundir el Padrón Nacional de la Microindustria, en términos del artículo 20 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, a cargo de la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Eva Florinda Cruz Molina, integrante de la LXIII Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La historia del proceso legislativo en relación con los artesanos y las artesanías, se ha caracterizado por la negativa del ejecutivo federal, de las comisiones dictaminadoras del poder legislativo y del pleno de los diputados, de no aceptar o conceder, una ley propia que regule la actividad artesanal; no obstante los reconocimientos realizados en estudios, foros, exposiciones, ferias, iniciativas y dictámenes, de la importancia productiva de este sector social en la actividad económica nacional.

La Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal es un híbrido que da cuenta de lo dicho anteriormente. El primer antecedente del esfuerzo frustrado por conseguir una ley propia que se registra en los archivos de esta Cámara de Diputados, es la Iniciativa de Ley Federal de Protección y Fomento de la Producción de Artesanías presentada por la Comisión de Artesanías y turnada para su dictamen a las comisiones unidas de Comercio y Artesanías de la LIV Legislatura.

En los considerandos expuestos en el dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Artesanías ante el pleno para negar una ley propia a los artesanos y sus artesanías, se comienza por reconocer que la actividad artesanal propicia la creación de empleos y es fuente permanente de ingresos económicos que favorecen el desarrollo regional y reduce la emigración; conserva el patrimonio cultural y que sus expresiones más originales se producen en el medio rural o en las pequeñas poblaciones.

Enseguida, con fundamento en estas consideraciones, se estimó indispensable reconocer al artesano como persona física, como agente productor de manufacturas calificadas de artesanías, con la finalidad de dotarlo de personalidad jurídica, para los efectos de que su actividad contara con los apoyos crediticios y vías de comercialización y para ello, se propuso el reconocimiento legal mediante un procedimiento administrativo simplificado. El reconocimiento legal, -se dijo- habría de plantearle al artesano nuevas perspectivas y el acceso a otros derechos.

Se argumentó en aquella ocasión, que la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria, comprendía en su normatividad todos los aspectos que requería la artesanía para su reconocimiento legal, por lo que se incorporó la artesanía a este marco legal reformando los artículos 1º, 3º, 4º, 9º, 11, y 13, y adicionando los artículos 7º con la fracción IV; 20, con un segundo párrafo; 22, con un tercer párrafo y 37 con la fracción IX.

Así nació la denominada Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal y, la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria, que fue su antecedente, ya contenía en su artículo 20, la obligación para la Secretaría –ahora Secretaria de Economía- de integrar el Padrón Nacional de la Microindustria con los datos de estas empresas.

Destaca la adición al artículo 20 en este proceso de reformas y adiciones, que estableció en un segundo párrafo, que en el Padrón Nacional de la Microindustria a que la ley obliga en su primer párrafo, el Padrón contara con una sección para las personas físicas y morales que se dediquen a la producción de artesanías.

Una evaluación actual de la situación económica y social de los artesanos del país, y de la instrumentación de políticas públicas en su beneficio, pasa por la revisión de los resultados de la aplicación de este pobre marco legal en favor de los artesanos y remite particularmente, al estudio del Padrón Nacional de la Microindustria en su sección de artesanías, que al parecer no existe, porque se le ha solicitado a la Secretaría de Economía sin respuesta satisfactoria; no obstante que el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, señala como una de sus líneas de acción, “estimular la producción artesanal y favorecer su organización a través de pequeñas y medianas empresas”.

En efecto, en base a este ordenamiento se le solicitó a la Secretaría de Economía el Padrón Nacional de la Microindustria para ver y estudiar la sección de las personas físicas y morales dedicadas a la producción de artesanías. De las respuestas obtenidas se ha llegado a la presunción de que el Padrón Nacional de la Microindustria no existe, de que a la fecha, no ha sido integrado.

En respuesta al comunicado de la Presidencia de la República en relación a la solicitud con el número de folio 20160112CRMENBEX de la ciudadana Eva Florinda Cruz Molina para conocer el Padrón Nacional de la Microindustria, se proporcionó la siguiente información:

<< Cómo bien lo señala usted, la “Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal”, en su última reforma publicada DOF 09-04-2012, artículo 20 que a la letra dice: “la Secretaría de Economía integrará el Padrón Nacional de la Microindustria con los datos de estas empresas. En la elaboración y manejo del Padrón podrán participar las autoridades estatales y municipales, en los términos de los acuerdos de coordinación que se celebren conforme al Capítulo VII de la presente Ley”, también señala en su artículo 15 párrafo último que: “El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Economía podrá suscribir convenio con los Gobiernos de los Estados para delegar las facultades previstas en el presente artículo y capítulo de la ley y con ello facilitar los procedimientos de constitución de empresas microindustriales”. Así mismo, en su artículo 17 señala que: “Las sociedades constituidas e inscritas en el Registro Público de Comercio, podrán obtener de la Secretaría o de las autoridades en quienes hubiere delegado esa función, la inscripción en el Padrón Nacional de la Microindustria, así como la cédula que las acredite como empresas microindustriales y, consecuentemente, alcanzar los beneficios cuyo otorgamiento proceda conforme a esta Ley u otras disposiciones”.

Por lo anterior y derivado de las facultades descritas en la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, le hago mención que la unidad que opera el Padrón que usted solicita es la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal >>.

Como puede notarse, aún en el caso de delegación de atribuciones legales a las entidades federativas, no se puede responder que su operación está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal, porque no es de alcance o cobertura nacional, y en abono a la argumentación que nos asiste, se menciona en la respuesta recibida, que las sociedades podrán obtener la inscripción en el Padrón Nacional de la Microindustria, y el Padrón del Distrito Federal, o de cualquier otra entidad federativa, no es equivalente al Padrón Nacional de la Microindustria, el que se presume por las respuestas obtenidas, de que no ha sido integrado.

Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía del gobierno federal, a integrar y hacer público el Padrón Nacional de la Microindustria con los datos de estas empresas, en los términos que lo ordena el artículo 20 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.

Diputada Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua a acordar la firma del contrato colectivo con el sindicato de trabajadores de éste y evitar la huelga a que se halla emplazado, suscrita por los diputados Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Juan Romero Tenorio y Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena

Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Rodrigo Abdala Dartigues, Juan Romero Tenorio, diputados de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX, 6 numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, a tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero . Que el 6 de mayo de 1976 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación Decreto por el que se crea un organismo técnico administrativo dependiente de la Secretaría de Recursos Hidráulicos denominado Comisión del Plan Nacional Hidráulico y en él se establece que el objetivo de esta Comisión era “formular y mantener actualizado un Plan Hidráulico Nacional de la República Mexicana” para que se “atienda con la eficacia, rapidez y oportunidad que el desarrollo del país requiere, la planeación, estudio y solución a los problemas del uso del agua para riego, agua potable, acuacultura y drenaje”.1

Segundo . Que el 7 de agosto de 1986 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, Decreto que reforma el organismo técnico administrativo denominado Comisión del Plan Nacional Hidráulico y a partir de ese instante será un órgano desconcentrado de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos y se denominará Instituto Mexicano de Tecnología del Agua .

En este Decreto se establece que “el Instituto tendrá como objeto desarrollar la tecnología y los recursos humanos calificados que sean necesarios para asegurar el aprovechamiento y manejo racional e integral del agua, a corto y largo plazos”, y que para lograr lo anterior tendrá, entre otras, las facultades de “orientar, promover y realizar los programas de investigación, capacitación y divulgación científica y tecnológica para el aprovechamiento de los recursos hidráulicos” así como planear y coordinar los programas y proyectos de competencia” además de “proponer orientaciones de política hidráulica nacional”2

Tercero . Que el 21 de mayo de 1999 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se expide la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica,3 reglamentaria de la fracción V del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual estable los principios conforme a los cuales el Gobierno Federal “apoyará las actividades de investigación científica, tecnológica y de desarrollo tecnológico que realicen personas o instituciones de los sectores público, social y privado” y “establece los mecanismos de coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, con “los gobiernos de las entidades federativas” y las formas de fortalecimiento y evaluación de gestión de las entidades paraestatales cuya labor sustantiva sea la investigación científica o tecnológica, además de “vincular la investigación científica y tecnológica con la educación”.

Cuarto . Que el 30 de octubre de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, decreto por el que se transforma el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, de un órgano desconcentrado a cargo de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos a un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya coordinación sectorial corresponderá a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,3 quien dictará las políticas normativas, coordinará la programación y conocerá la operación y los resultados, conservando el Instituto la autonomía de gestión para el cabal cumplimento de su objeto y de los objetivos y metas señalados en sus programas.

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua tiene como objeto y atribuciones predominantes según los artículos 2 y 3 del mismo Decreto, la de realizar investigación, desarrollar, adaptar y transferir tecnología, prestar servicios tecnológicos y preparar recursos humanos calificados para el manejo, conservación y rehabilitación del agua, a fin de contribuir al desarrollo sustentable del país, así como realizar, orientar, fomentar, promover y difundir programas y actividades de investigación y de desarrollo, adaptación y transferencia de tecnología y de formación de recursos humanos calificados, que contribuyan a asegurar el aprovechamiento y manejo sustentable e integral del agua; contribuir al desarrollo, difusión e implantación de aquellas tecnologías del agua que mejor se adapten a las condiciones del país, así como cualquier actividad relacionada con la ejecución de su objeto investigación, desarrollar, adaptar y transferir tecnología, prestar servicios tecnológicos y preparar recursos humanos calificados para el manejo, conservación y rehabilitación del agua y su entorno, a fin de contribuir al desarrollo sustentable.

Quinto . Cabe resaltar que a lo largo de su existencia el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) cuenta con 1754 proyectos realizados y ha logrado consolidarse como el brazo científico y tecnológico del sector agua en México, además de colaborar en el desarrollo de las capacidades institucionales, técnicas y profesionales del propio sector. Para ello, ha contribuido con la aportación de propuestas dirigidas a resolver problemas relacionados con el uso, aprovechamiento, el saneamiento, la preservación y administración del recurso.

Entre ellas destacan:

Una metodología que atiende en forma integral las pérdidas de agua por fugas en tuberías y accesorios.

La metodología y diseño y construcción de dispositivos de aireación forzada para introducir oxígeno en lagos y lagunas.

Estudios experimentales para aplicarse en el diseño, construcción y operación de obras de infraestructura hidráulica.

Elaboración de modelos numéricos para comportamiento acuíferos y pronósticos de la atmósfera.

Estudios para identificar tipos y grados de la contaminación del agua.

Estudios hidrometeorológicos, hidrodinámicos, limnológicos y sociales para elaborar diagnósticos socioambientales de ríos y lagunas.

Definición de criterios de diseño de lagunas de estabilización para tratamiento de aguas residuales.

Desarrollo y aplicación de métodos para el control integral de malezas acuáticas en lagos, vasos y presas.

Desarrollo de un sistema computacional para programación de riego en tiempo real.

Un programa para rehabilitación de suelos ensalitrados.

Producción y difusión de unidades educativas audiovisuales para modificar hábitos de la población en cuanto al desperdicio y contaminación del agua.

Edición de la revista Tecnología y Ciencias del Agua (antes Ingeniería Hidráulica en México), foro de intercambio científico y tecnológico en ingeniería del agua.

Diseño y operación de programas de capacitación en riego y drenaje; agua potable, alcantarillado y saneamiento; aguas superficiales e ingeniería de ríos y administración del agua.

Cabe mencionar que varios investigadores del IMTA ocupan cargos honoríficos es asociaciones, academias e institutos de educación superior; así como representaciones en diversos comités editoriales y de organización de congresos, seminarios y simposios relacionados con el sector agua. Complementariamente, ha brindado múltiples asesorías en temas hidráulicos a instituciones nacionales e internacionales.

Asimismo en los laboratorios del Instituto, se han diseñado algunas de las principales obras hidráulicas recientes utilizando modelos a escala reducida. Recientemente el Instituto ha generado conocimiento de gran importancia, documentado en el Atlas de vulnerabilidad hídrica en México ante el cambio climático, para enfrentar y prever en nuestro país los efectos de este fenómeno. También, ha diseñado el doctorado en Ciencias y Tecnología del Agua y la maestría en Ciencias del Agua, modalidad a distancia, para fortalecer las actividades relacionadas con la gestión integral del agua y de la hidrometeorología y la meteorología operativa.

Sexto . Sin embargo, a pesar de sus logros técnicos y científicos los trabajadores, profesionistas especializados que laboran en el IMTA no han podido ejercer, hasta la fecha, de los derechos laborales plenos que les corresponden conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

En este orden de ideas, a fin de garantizar la defensa de sus derechos laborales, los profesionistas especializados de la institución demandaron la creación de su sindicato gremial y el 20 de septiembre de 2013 , la autoridad laboral otorgo la toma de nota en el expediente 10/13952 correspondiente a la organización denominada Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua .

A partir del registro, se ha emplazado a la Institución a la firma del Contrato Colectivo de Trabajo, no obteniendo a la fecha acuerdo formal para el reconocimiento del derecho pleno de la Contratación Colectiva de los Trabajadores, generándose de manera innecesaria y artificial un conflicto de orden laboral.

El 10 de mayo de 2013 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, otorgó formal y legalmente el registro 6124 al Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

Ante la negativa de los directivos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua para firmar el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) se emplazó a huelga el 30 de abril de 2015 para estallaría el 30 de junio de 2015.

El 30 de junio de 2015, estando reunidos en la Junta de Conciliación y Arbitraje, los directivos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, se negaron a tratar el tema del Contrato Colectivo de Trabajo, objeto de la audiencia de conciliación, pese al inminente estallamiento de huelga , negándose incluso a que se decretará una prórroga la finalidad de que en ese lapso se pudiera resolver el conflicto laboral entre el Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y el IMTA . El mismo 30 de junio de 2015, el sindicato , exigió a los funcionarios de la Junta que, ante la cerrazón y negativas del patrón, le impusiera la prórroga, lo que finalmente ocurrió y se impuso la prórroga aplazando tres meses el estallido de la huelga, pasándola para el 25 de septiembre de 2015 a la 22:00 horas.

Ante la prórroga, en junio de 2015 pasado, las autoridades del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) interpusieron una demanda de juicio de amparo contra la resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje para buscar suspender el emplazamiento a huelga.

El 28 de agosto de 2015, la Junta de Conciliación y Arbitraje, realizó la primera audiencia de conciliación entre los directivos del IMTA y el Sindicato, para lograr la firma del Contrato Colectivo de Trabajo y, de esta manera, evitar la huelga. Sin embargo, hasta la fecha no se ha llegado a ningún acuerdo entre autoridades y trabajadores por lo que la amenaza de suspensión de actividades aún está latente con todos los efectos negativos que podría ocasionar una medida de esta naturaleza.

Séptimo . Es necesario señalar que los trabajadores están en todo su derecho a organizarse y pedir la contratación colectiva. La constitución y la ley así se los permiten. Por lo que resulta inexplicable la actitud de cerrazón de las autoridades que actualmente encabezan el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) para impedir el ejercicio de un derecho.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123 fracciones XVII y XVISe exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua parta que con pleno apego a los derechos laborales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano es parte, se acuerde la firma del Contrato Colectivo de Trabajo con el Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y se evite la huelga a la que está emplazado el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua II establece:

“XVII. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos, las huelgas y los paros.5

XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital . En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de anticipación, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciera actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del Gobierno.”6

La Ley Federal del Trabajo en su artículo 387 señala:

“Artículo 387.- El patrón que emplee trabajadores miembros de un sindicato tendrá obligación de celebrar con éste, cuando lo solicite, un contrato colectivo.

Si el patrón se niega a firmar el contrato, podrán los trabajadores ejercitar el derecho de huelga consignado en el artículo 450”.7

El término Negociación Colectiva indica un proceso que permite que las condiciones de trabajo y de empleo se fijen de común acuerdo entre los empleadores y los trabajadores. En el mundo del empleo, la Negociación Colectiva brinda un medio para defender los intereses de los trabajadores y para mejorar las condiciones del nivel de vida del hombre que trabaja.

El Diccionario Jurídico Mexicano concibe a la Negociación Colectiva como “el conjunto de acuerdos de carácter extrajudicial que concertan los representantes de los factores de la producción, trabajo y capital, respecto de conflictos internos de organización y administración que surgen en las relaciones laborales de las empresas o negociaciones, discusiones relacionadas con asuntos de disciplina interna, distribución de labores, cumplimiento y observación de los contratos de trabajo, que llevan a cabo comisiones integradas con los representantes de los trabajadores y de los patronos. Pláticas en las que se convoca tanto a sindicatos como a empresarios para encontrar soluciones a problemas de trabajo”.8

La finalidad de esta institución es llegar a un acuerdo en cuanto a las condiciones laborales aplicables a la generalidad de los trabajadores del ámbito en el que se circunscribe la negociación (contrato o convenio colectivo de trabajo); lo que se busca es llegar a un arreglo o acuerdo de buena fe entre las partes. Cabe señalar, que en la mayoría de las veces como medida de presión para llegar a la negociación y hacer cumplir los acuerdos cuando consideran que no han sido respetados, los trabajadores pueden ejercitar el derecho de huelga, aunque coincidimos con el laboralista Rolando Murgos T. quien afirma que “dentro de la negociación colectiva, para alcanzar el resultado derivado de un acuerdo entre las partes, pueden utilizarse diversos medios (trato directo, conciliación o mediación). No necesariamente la negociación colectiva supondrá la utilización de la autotutela (huelga) que implica la identificación de un acto de conflictividad, pero no podrá olvidarse que la huelga, como instrumento nivelador del poder de negociación gravitará en todo caso en la negociación, sea que se ejerza o no”.9

La Negociación Colectiva es un mecanismo para fortalecer y mejorar las condiciones en que los trabajadores desempeñan sus actividades, pues es obligación de los sindicatos llegar a acuerdos con los patrones para mejorar el nivel de desempeño del trabajador y por consecuencia mejorar, incrementar y optimizar la producción de las empresas haciendo que éstas tengan un mayor crecimiento y así proporcionar a sus trabajadores las mejoras que ellos requieren; cabe señalar, que nuestra ley laboral prevé la negociación colectiva respecto de los salarios (revisión salarial anual) y la revisión general de las condiciones contenidas en el Contrato Colectivo de Trabajo (negociación colectiva de las prestaciones generales) y que se prevé se debe realizar cada dos años.

En el ámbito internacional la Negociación Colectiva es una manifestación particular del diálogo social , que está considerado como un derecho fundamental integrante de la libertad sindical .

Mundialmente este derecho se encuentra garantizado en los Convenio 98 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por lo tanto, la negociación colectiva es la forma habitual de regular las condiciones de trabajo en las empresas mediante un convenio colectivo típico que es el producto de esa negociación, de un procedimiento esto es, el pacto social propiamente dicho.

El diálogo y la prudencia deben ser los principios rectores entre autoridades y trabajadores. Una institución pública de la naturaleza e importancia de las labores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), no pueden ponerse en riesgo por la falta de cumplimiento del más elemental de los derechos de los trabajadores, la organización colectiva.

Por las consideraciones vertidas, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua parta que con pleno apego a los derechos laborales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano es parte, se acuerde la firma del Contrato Colectivo de Trabajo con el Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y se evite la huelga a la que está emplazado el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

Notas

1 Diario Oficial de la Federación, 6 de mayo de 1976 páginas 18 y 19 http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4844742&fecha=0 6/05/1976&cod_diario=208414

2 Diario Oficial de la Federación 7 de agosto de 1986 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4804200&fecha=07/08/1 986

3 Diario Oficial de la Federación 21 de mayo de 1999 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4948704&fecha=21/05/1999

4 Diario Oficial de la Federación 30 de octubre de 2001
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8
&ved=0ahUKEwjf5Mets6DLAhVGwGMKHas9B2EQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fdof.gob.mx%2Fnota_detalle.php%3Fcodigo
%3D760175%26fecha%3D30%2F10%2F2001&usg=AFQjCNHGQ8N2VWDeyy_62zU3CEDX74iJCg

5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

7 Ley Federal del Trabajo
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/125_120615.doc

8 Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Diccionario Jurídico Mexicano, T. L-O, México 1982, Pág.181.

9 3 Cit por. De Buen Lozano, Néstor, et al, Memoria del VII Encuentro Iberoamericano de Derecho del Trabajo. “Conciliación”, Talleres Gráficos, Mexicali, B.C., 1995, Pág. 119

Palacio Legislativo de San Lázaro a 8 de marzo de 2016.

Diputado: Juan Romero Tenorio (rúbrica), Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Rodrigo Abdala Dartigues.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y el Poder Ejecutivo de Oaxaca a dar por la Dirección de Caminos y Aeropistas del estado mantenimiento, rehabilitación y modernización a la infraestructura carretera local, a cargo de la diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe diputada federal Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, para que a través de Dirección de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), se coordinen y coadyuven para dar mantenimiento, rehabilitación y modernización a la infraestructura carretera; y concluyan la construcción de carreteras, caminos y puentes de la entidad, necesarios para la promoción del desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades de las ocho regiones de Oaxaca. Al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El hombre siempre ha tenido la necesidad de comunicarse con sus semejantes de un lugar a otro, utilizando las diversas vías de comunicación. Los medios de comunicación como las carreteras y caminos son de importancia fundamental para el desarrollo económico de cada localidad.

Las comunicaciones entre las poblaciones, mejoran la calidad de vida y garantizan la comunicación y traslado de los habitantes, la ampliación de servicios de infraestructura carretera son de suma importancia para cada uno de los municipios que integran las ocho regiones del estado de Oaxaca, como son: Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Sierra Norte, Sierra Sur, Papaloapan y Valles Centrales; porque muchos de ellos no tiene los recursos necesarios para modernizar, ampliar, construir y realizar las obras carreteras, que desde luego son de suma utilidad para trasladar todo tipo de mercancías, pertenencias, materias primas y productos elaborados, así como el traslado de personas, que les permita un mayor desarrollo económico, social, turístico, para lograrlo se requieren vías de comunicación y vehículos que transiten por carreteras transitables y seguras.

Un reclamo generalizado de los pueblos, comunidades y sectores del transporte público en el estado de Oaxaca, es contar con mejores vías de comunicación; no como se encuentran actualmente en mal estado, con baches, totalmente destruidas, lo que ha ocasionado múltiples accidentes automovilísticos y pérdidas humanas.

Por señalar se tiene pendiente la conclusión de la súper carretera a las regiones del Istmo y de la costa, responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Así como la ampliación, rehabilitación y rectificación de la carretera Juquila- Río Grande, que facilitaría el transporte a la zona de Puerto Escondido y Huatulco.

El olvido de las carreteras de la región de la Mixteca; se encuentra pendiente la terminación de las obras de conservación de las carreteras federales y caminos del estado, específicamente en la carretera 125-Alfonso Pérez Gazga en su tramo Yucudaa-Tlaxiaco y 190 en el tramo Nochixtlán-Huajuapan, ya que se encuentran en pésimas condiciones; así como la carretera Huajuapan con dirección a Acatlán de Osorio, Puebla, con enormes baches en la carretera que ha provocado cuantiosos daños a las unidades de motor principalmente a los vehículos del transporte público. El mal estado en el que se encuentra la carretera federal Huajuapan-México a la altura de la agencia Agua Dulce, ha dejado como resultado que comerciantes con destino a la Ciudad de México, sufrieran volcaduras al salirse de la carpeta asfáltica por esquivar baches; El mantenimiento de las carreteras Huajuapan-Mariscala, Tamazulapan-Teotongo, Santiago Cacaloxtepec, Villa de Tezoatlán de Segura y Luna y la pavimentación de la carretera de terracería Teotongo a San Pedro Nopala, municipios de la región mixteca del estado de Oaxaca.

De igual manera, en la Sierra Norte, se requiere el mantenimiento de las carreteras estatales de San Francisco Ozolotepec- Miahuatlán; San Carlos Yahutepec-Miahuatlán y Miahuatlán los Coatlanes, lo anterior para el desarrollo del comercio en la esa zona.

Oaxaca tiene un rezago en sus vías de comunicación, en sus caminos, que es preciso superar para alcanzar la prosperidad, debe contar con caminos de calidad, si se busca que el bienestar, es indispensable que cada carretera, cada camino, cada vía rural esté en buenas condiciones para elevar la calidad de vida de los oaxaqueños.

Consideraciones

Es necesario que las instituciones encargadas de velar por que estos medios de comunicación sean los idóneos para transitar, como es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); y la Dirección de Caminos y Aeropistas del Gobierno del Estado de Oaxaca, (CAO), cumplan cabalmente con sus funciones, atribuciones y objetivos que tienen señalados por ley; como es llevar a cabo acciones conjuntas de colaboración y coordinación en la planeación, programación, presupuestación, ejecución y mantenimiento de la infraestructura de la red de caminos y en su caso servicios auxiliares y conexos a los mismos, que deriven de programas propios o convenios con la Federación, municipios o particulares.

La misión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es promover sistemas de transporte y comunicaciones seguros, eficientes y competitivos, mediante el fortalecimiento del marco jurídico, la definición de políticas públicas y el diseño de estrategias que contribuyan al crecimiento sostenido de la economía y el desarrollo social equilibrado del país ampliando la cobertura; y accesibilidad de los servicios, logrando la integración de los mexicanos y respetando el medio ambiente.

El objetivo de la Dirección General de Caminos y Aeropista de Oaxaca de Gobierno del Estado Oaxaca, CAO se centra en promover y facilitar la integración de las distintas regiones que conforman la entidad, mediante la construcción de los ejes carreteros, la modernización de la infraestructura y la construcción de los caminos rurales y puentes necesarios para la promoción del desarrollo regional y el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades.

Por lo antes expuesto, podemos concluir que las ocho regiones del estado de Oaxaca, han sido afectadas por la destrucción y deterioro de sus carreteras y caminos; que están totalmente intransitables, por ello, y en base a la urgente necesidad y reclamo de los ciudadanos de los pueblos y comunidades afectadas y a las peticiones realizadas por las autoridades municipales de esas localidades, que les imposibilita transitar y comunicarse, ante el olvido y la falta de atención en el mantenimiento y rehabilitación por parte de las instituciones competentes, quienes incumplen con sus objetivos encomendados como institución, no puedo ser omisa y me permito realizar atento exhorto para que se atienda a estas comunidades en términos de eficiencia y eficacia, comprometiéndose a cumplir con la calidad y las especificaciones indicadas en las normas técnicas y especificaciones generales y particulares en el sector carretero, cumpliendo con la ley y servicios relacionados con las mismas, además de brindar un trato cordial y oportuno.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y al titular del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, para que a través de Dirección de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), se coordinen y coadyuven para dar mantenimiento, rehabilitación y modernización a la infraestructura carretera; y concluyan la construcción de carreteras, caminos y puentes de la entidad, necesarios para la promoción del desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades de las ocho regiones de Oaxaca.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 8 de marzo de 2016.

Diputada Edith Yolanda López Velasco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la integración del comité del CEAMEG de la LXIII Legislatura, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I; 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), está integrado por personal especializado capaz de realizar investigaciones, análisis y documentos de apoyo con el fin de que las diputadas y diputados puedan utilizarlos para legislar con perspectiva de género y de esta manera, se impulse el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres de manera transversal en la legislación.

La creación del CEAMEG, tiene su origen en el decreto que reformó el numeral 3, del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 2005.

Desde su creación, el CEAMEG, tiene la obligación de prestar de forma objetiva, imparcial y oportuna, asistencia técnica en materia de género, para contribuir a promover el adelanto de las mujeres y la equidad de género en las iniciativas de ley; lo que implica generar información y conocimientos jurídicos, legislativos, históricos, sectoriales, estadísticos, económicos, políticos y sociales e incluso tecnológicos con perspectiva de género, sobre el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres en el Estado mexicano.

Como representantes de la sociedad en el Poder Legislativo, requerimos información, elementos técnicos y teóricos que nos permitan realizar iniciativas, dictámenes y puntos de acuerdo relacionados con el reconocimiento, respeto, exigibilidad, justiciabilidad y promoción de los derechos humanos de las mujeres para asegurar una sociedad más justa y equitativa.

Otro aspecto relevante, consiste en las investigaciones que el CEAMEG realiza para conocer e integrar en el sistema jurídico mexicano, los derechos y principios contenidos en los instrumentos internacionales reconocidos, para que estos puedan ser incorporados a nuestra legislación y con ello, cumplir con los compromisos internacionales adquiridos.

Como puede observarse, la armonización y elaboración de iniciativas en materia de género es compleja y amplia, por ser interinstitucional, transversal y de impacto en los tres poderes; por esta razón, se requiere fortalecer mediante el Comité del CEAMEG, un centro de estudios que responda a este gran reto y, sobre todo, que lo convierta en un órgano versátil, dinámico, creativo, eficaz, eficiente y capaz de responder a la actual dinámica nacional y de grandes cambios internacionales en la materia.

A la luz de lo anterior, en la actual legislatura, se deben impulsar acciones y una cultura legislativa incluyente que fomente la incorporación de la perspectiva de género en las iniciativas de ley a fin de proteger los derechos humanos de las mujeres.

Por tal motivo, es urgente realizar acciones mediante el Comité del CEAMEG, que contribuyan a incorporar en las agendas legislativas, los conceptos y categorías básicas que incorporen la perspectiva de género en los instrumentos legislativos, a partir de:

• La incorporación de instrumentos y derechos con perspectiva de género,

• La incorporación de dispositivos que integre a las mujeres en los marcos normativos,

• Impulsar en las iniciativas y dictámenes, la perspectiva de género y acciones afirmativas,

• Incorporar conceptos y categorías de género en los instrumentos legales,

• Incorporar el principio de igualdad de género en las propuestas legislativas,

• Evitar la discriminación de género o el lenguaje sexista a la hora de legislar,

• Integrar los derechos humanos con perspectiva de género en los instrumentos e iniciativas legislativas,

• Realizar de manera progresiva, la transversalización de la perspectiva de género,

• Fortalecer la perspectiva de género en todas las propuestas legislativas,

• Fortalecer la perspectiva de género en el PEF y el presupuesto etiquetado,

• Integrar el lenguaje incluyente en cada propuesta e instrumento legislativo,

• Asegurar iniciativas de ley que contribuyan a erradicar la violencia de género y el sexismo.

En este sentido, el Comité del CEAMEG, a través del centro de estudios, puede contribuir a impulsar la difusión de tales acciones mediante lo siguiente:

• Las redes sociales,

• Boletines electrónicos,

• Cursos, seminarios, talleres, conferencias, foros;

• Libros,

• Publicaciones en revistas científicas y especializadas,

• Presencia en foros y conferencias nacionales e internacionales, entre otras.

Respecto a lo anterior dichas acciones pueden traducirse en acciones transversales en los siguientes términos:

1. Poder Ejecutivo

• Acciones afirmativas,

• Políticas públicas incluyentes de fortalecimiento y mejoramiento del nivel de vida de las mujeres,

• Fortalecimiento de las leyes para que los reglamentos, acciones y disposiciones se apeguen a la igualdad de las mujeres,

• Continuar con la transversalización de la igualdad de género,

• Fortalecimiento de la especialización de las policías con perspectiva de género para una debida atención en lo referente a las violencias y contra el feminicidio.

2. Poder Judicial

• Fortalecimiento de la especialización de impartición de justicia con perspectiva de género,

• Fortalecimiento de las acciones afirmativas en el poder judicial,

• Impulso de los juzgados especializados en impartición de justicia con perspectiva de género.

3. Poder Legislativo

El CEAMEG, mediante el apoyo en el marco de las facultades del Comité del CEAMEG, puede impulsar la difusión de los elementos técnicos necesarios para que mediante iniciativas de ley se fortalezca todo lo anterior.

Finalmente, es importante mencionar que la Junta de Coordinación Política al estructurar el comité plural de diputadas y diputados que integrarán el CEAMEG, fortalecerá el cumplimiento de los principios de objetividad e imparcialidad que establece el marco legal en el que se inscribe el CEAMEG, como hasta la fecha lo ha venido realizando en beneficio del trabajo legislativo en su conjunto y, de ninguna manera, para el desempeño específico de un diputado o grupo parlamentario, porque en esencia, su función, está comprometida con hacer visible los derechos humanos de las mujeres, las violencias existentes, sus aportaciones económicas, sociales, culturales, políticas y tecnológicas que las mujeres realizan en beneficio de nuestro país, por ello, la Cámara de Diputados como Poder Legislativo, debe retomar todas esas aportaciones para traducirlas en instrumentos que perfeccionen nuestro sistema jurídico.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política a integrar el Comité del CEAMEG con el fin de que a la brevedad sea instalado y se fortalezca el trabajo legislativo de esta LXIII Legislatura en materia de igualdad de género.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.

Diputada Guadalupe González Suástegui (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se condena el asesinato de la defensora del ambiente Berta Isabel Cáceres Flores, ocurrido el 2 de marzo en Tegucigalpa, Honduras, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Omar Ortega Álvarez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El pasado 2 de marzo, la defensora indígena de los derechos humanos y el medio ambiente, Berta Isabel Cáceres Flores, fue asesinada por hombres armados en su casa, en el departamento de Intibucá, al oeste de Tegucigalpa, Honduras.

Durante el asesinato, Gustavo Castro Soto, sociólogo mexicano e integrante de la Organización Otros Mundos Chiapas/Amigos de La Tierra México, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), resultó herido, logrando sobrevivir y convirtiéndose en un actor fundamental para el esclarecimiento del asesinato político de Berta.1

Este crimen ha indignado al mundo entero.

Debido a su incansable lucha en defensa del territorio Lenca, Berta Cáceres había sido objetivo de amenazas, hostigamiento y persecuciones del Estado hondureño, grupos paramilitares y sectores de la empresa privada dedicados a proyectos hidroeléctricos.

La situación en torno a la situación de riesgo de las personas defensoras del medio ambiente, fue reflejada en un informe titulado “¿Cuántos más?” de la organización Global Witness, en el que se señala que durante el año 2014, Honduras fue el país que registró más asesinatos per cápita de defensores del ambiente en todo el mundo.

De 116 muertes de ambientalistas que se documentaron en un año, casi tres cuartas partes ocurrieron en Latinoamérica, especialmente en Honduras, Brasil y Perú. La situación es alarmante.2

En este contexto de vulnerabilidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Berta Cáceres con el propósito de proteger su vida. Sin embargo, ningún elemento de las fuerzas de seguridad del país hondureño estuvo presente para impedir el asesinato que hoy lastima a la sociedad civil mundial.

Berta Cáceres no sólo fue una distinguida activista, sino una inspiradora de la lucha social. En abril de 2015 recibió el premio Goldman por su trabajo en la defensa del territorio Lenca amenazado por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, de la transnacional china Sinohydro y la empresa hondureña Desarrollo Energético Sociedad Anónima (DESA).

Su asesinato, ni el de ninguna otra activista en el mundo puede olvidarse y quedar en la impunidad. Tan sólo en México entre 2010 y 2015 se registraron 32 asesinatos de defensoras y mujeres periodistas, ¿cuántos de ellos han sido esclarecidos y los culpables castigados? ¿Cuántas personas defensoras más perecerán en el ejercicio de su labor en la total impunidad e indiferencia estatal?

Los gobiernos del mundo no pueden seguir ajenos a la violencia que enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos. La labor de este grupo debe ser garantizada, así como su seguridad e integridad. Por todo ello, como representantes públicos, debemos sumarnos a la condena mundial de este asesinato y demandar la seguridad de nuestro connacional, víctima también en este artero crimen.

Por otro lado, el mexicano Gustavo Castro Soto ha sido retenido en Honduras bajo la figura de “medida de permanencia” a pesar de que ya había declarado en dos ocasiones, lo que podría conducir a una situación de revictimización y riesgo, a pesar de contar con asistencia consular y bajo el resguardo de la Ley de protección a testigos en el proceso penal de aquel país. La situación de inseguridad y violencia contra las personas defensoras que se vive en Honduras hace especialmente delicada la situación en que se encuentra nuestro connacional, como único testigo del crimen.

Por todo lo anteriormente descrito, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión:

Primero. Condena el homicidio de la defensora indígena del medio ambiente, Berta Cáceres, hace votos por su pronto esclarecimiento y la presentación de las personas responsables ante la justicia, y se solidariza con todas las mujeres defensoras de la región de América Latina.

Segundo. Exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a garantizar la seguridad, integridad y el pronto retorno a nuestro país del C. Gustavo Castro Soto y a plantear por todos los medios diplomáticos la enérgica condena de México hacia este crimen y hacia la situación de violencia que impera en Honduras.

Notas

1 Cibersomosaguas. “Posicionamiento ante el asesinato de Berta Cáceres” Consultado el 6 de marzo de 2016 en http://cibersomosaguas.net/2016/03/posicionamiento-ante-el-asesinado-de -berta-caceres/

2 Martins, A. “Honduras: matan a Berta Cáceres, la activista que le torció la mano al Banco Mundial y a China”. Consultado el 6 de marzo de 2016 en http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/04/150423_honduras_berta_caceres _am

Palacio Legislativo de San Lázaro a 8 de marzo de 2016

Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al asesinato de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, a cargo del diputado Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Miguel Alva y Alva, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

En agosto de 2010, en el ejido de El Huizachal, del municipio de San Fernando en Tamaulipas se encontraron muertos 72 migrantes centroamericanos y sudamericanos, de los cuales fueron hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, ecuatorianos y brasileños; en total 58 hombres y 14 mujeres.

En toda la historia de México este hecho es una de las mayores matanzas cometidas contra migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos de América para encontrar una mejor vida.

Ante esta masacre inhumana no es concebible que las autoridades competentes para dar respuestas a estas lamentables pérdidas humanas no tengan ninguna línea de investigación real de los hechos sucedidos ese día y ni tampoco rendir cuentas de la identificación de los restos.

Desde hace años el gobierno federal no ha hecho justicia a esta masacre, tal es así que se entregaron restos de cuerpos de los migrantes no comprobados por algún documento oficial que acredite el reconocimiento de los cadáveres, errores al enviar restos a destinos diferentes a su país natal, enviar féretros vacíos y cajas de cenizas sin ningún expediente que prueben genéticamente el contenido de los féretros.

Este acto irracional cometido en territorio nacional no debe quedar impune y sobre todo las familias afectadas deben recibir de las autoridades mexicanas la transparencia del caso, la explicación de lo que ocurrió realmente, certeza de la identificación de los cuerpos y los resultados del seguimiento de la investigación.

Tras una reunión con la Procuraduría General de la Republica, PGR, con las familiares afectados, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, Jorge Mario Pardo obligó a la PGR a abrir los expedientes de la masacre en San Fernando, con un proyecto de sentencia que propuso acerca del reconocimiento de familiares de migrantes masacrados, como víctimas directas; en donde logro el reconocimiento a familiares de dos salvadoreños por parte de SCJN.

Sin embargo la PGR debe reparar los daños de todas las muertes y darle seguimiento a cada caso, ya que a cinco años seis meses se refleja el desinterés y la impunidad de este lamentable suceso en donde actualmente hay ocho detenidos y ningún sentenciado; por si fuera poco los familiares han sufrido maltrato y graves violaciones a sus derechos humanos por la falta de respuesta del Estado mexicano.

Esta situación evidencia la falta de políticas públicas para proteger a los migrantes centroamericanos, el cual aumenta definitivamente la presión al gobierno para dar una respuesta.

Por eso el Grupo Parlamentario de Morena está indignado ante esta situación y no permitiremos que esto siga ocurriendo, debemos acabar con las violaciones de los derechos humanos de los migrantes; porque este hecho es inaceptable, irreparable e imperdonable.

Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Procuraduría General de la Republica, Arely Gómez para que a través del titular de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, haga públicas las indagatorias en el marco de la ley, referentes a la masacre cometida en contra de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2015

Diputado Miguel Alva y Alva (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex a revisar que los contratos de arrendamiento vigentes cumplan los requisitos de ley y garanticen las mejores condiciones económicas para el Estado, a cargo del diputado Efraín Arellano Núñez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Efraín Arellano Núñez, diputado a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Vital e importante fue realizar las reformas en materia energética, ya que con ello estamos atrayendo capital privado que en conjunto con el de la empresa de estado más importante de nuestro país, garantizamos la estabilidad en diversos rubros.

Los actuales precios del crudo han mermado varios sectores de Petróleos Mexicanos (Pemex), cierto es que la tendencia es que fluctué y que a mediano plazo el precio del barril se pueda recuperar para subir los costos y más adelante poder sacar petróleo de aguas profundas.

La responsabilidad de Pemex con los ciudadanos fue de recortar en 100 mil millones de pesos, que saldrán derivados de menor producción y de recortes en áreas específicas, el reto es grande y requiere del esfuerzo conjunto.

Pemex está iniciando la transformación, que debió ser mínimo dos décadas atrás, la empresa de los mexicanos saldrá adelante con números positivos en cuanto se regularice el precio del crudo a nivel mundial.

El recorte presupuestal en Pemex aceleró el plan de reestructura del personal sindicalizado rumbo al cambio de régimen jubilatorio de los trabajadores y deberá estar listo en agosto de este año, donde empresa y Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, están elaborando una lista de reestructura que deberá entregarse a más tardar en mayo próximo1 .

Los recortes requieren del esfuerzo de varios sectores de la empresa, pero se garantiza la sanidad financiera, para comenzar el alza en números positivos, que ya se requieren.

Dichos recortes son bien vistos en el ámbito internacional, y se refleja en la consolidación del peso, en la baja inflación y el crecimiento económico del país, en el mediano y largo plazo dará viabilidad a Pemex y repuntará en sus números.

Ante este panorama es necesario que Pemex no genere nuevos contratos y gastos que mermen su capacidad. Se debe trabajar con lo que se tiene e incluso se deben revisar los contratos que no están debidamente requisitados, como la firma con testigo social, debidamente licitado o con análisis de mercado y con ello decidir incluso la no firma de los mismos o su cancelación.

Lo importante es que no se paguen sobreprecios por los servicios, arrendamientos, compra de materiales e insumos que requiere Pemex, que es importancia de todos los mexicanos, es por lo expuesto, que elevo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos a que revise que los contratos de arrendamiento que tiene actualmente cumplan con los requisitos de ley y presenten las mejores condiciones económicas para el Estado mexicano; y que, en su caso, al tener las mejores condiciones del mercado, los mantenga para evitar gastos en nuevos contratos de arrendamiento y/o de servicio integral, en momentos de recorte.

Nota

1 Tomado de http://www.elfinanciero.com.mx/economia/pemex-negocia-recortes-con-el-s indicato.html el 1° de marzo de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.

Diputado Efraín Arellano Núñez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores de Yucatán y Quintana Roo a reconocer y difundir el número de feminicidios registrados en 2015 y lo que va de 2016, y declarar la alerta de género para disminuir el problema, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Kathia María Bolio Pinelo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracciones I y IV; 62, numeral 2; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los gobiernos de Yucatán y Quintana Roo deben mostrar mayor voluntad para erradicar la violencia en contra de las mujeres. Es triste decirlo, y cuesta trabajo creerlo, pero en ese estado sigue siendo un riesgo el ser mujer. Aunque algunos digan que el machismo y la misoginia han disminuido, siguen los actos violentos en contra de las mujeres y, sin duda, el mayor grado de ellos es el feminicidio o femicidio.

Retomando cifras presentadas por decenas de organizaciones defensoras de las mujeres en México, al menos 3 mil 892 mujeres fueron víctimas de feminicidio entre 2012 y 2013. Todos sabemos que el problema es que las cifras oficiales no reflejan la realidad, es decir, son más los delitos que no se denuncian: hay asesinatos que son feminicidios y no se catalogan como tal. En mi estado en particular, son catalogados como crímenes pasionales, porque desafortunadamente quien asesina más mujeres por razones de género son las parejas de las víctimas.

Todo homicidio evitable de mujeres, por cuestiones vinculadas estrictamente al género, es feminicidio. Es evidente que no todos los fallecimientos de mujeres pueden ser considerados femicidios, pero cuando en los asesinatos existen evidencias claras de violencia, brutalidad, tortura, violación y otros abusos, deben reconocerse como tal y no calificarlos de crímenes pasionales o motivados por una relación tormentosa o celos.

El colectivo Por Nuestros Derechos... Mujeres en Red, que es parte de la Red Nacional del Observatorio sobre feminicidios, realizó una investigación hemerográfica apoyados en dos medios impresos locales Diario de Yucatán y periódico Por Esto de 2007 a 2010. Registraron 30 feminicidios, cuyas historias son casi un guion de una película de terror. A continuación, un caso para ejemplificar:

María del Carmen Kantun Ake vivía en Kanasin, Yucatán, municipio conurbado a la capital. Murió a los 37 años, cuando su pareja, Alejandro Ulloa Barbosa, de 42 años, cegado por los celos y el alcohol, la mató a machetazos. Le provocó heridas profundas en el rostro y cráneo, le cercenó 2 dedos de la mano izquierda... todo esto en presencia de su hijo de 11 años. Apenas 15 días antes el asesino había estado preso por clavar un lapicero en la barbilla a la señora María del Carmen.

En casos más recientes se encuentran los acontecidos el 18 de diciembre de 2015, cuando el cuerpo de Martha Eugenia Martínez Ávila, de 18 años, se encontró desnudo y con huellas de violencia, específicamente de estrangulamiento, en un terreno baldío de Conkal, Yucatán; y el 17 de julio de 2015, Alejandrina Guadalupe Chacón López, de 17 años, fue encontrada muerta en terrenos de Umán, tras 9 días desaparecida. Fue violada antes de ser asesinada de un golpe en el cráneo.

El 30 de enero de 2016, Beatriz G. A. A., de 25 años de edad, fue encontrada muerta entre los escombros de un terreno en Progreso, Yucatán. La familia de la joven aseguró que padecía de sus facultades mentales y que recientemente escapó de casa... pero eso no minimiza el hecho de que su asesinato sea un caso más de feminicidio, pues no importa la condición física o mental de las mujeres, si es una muerte provocada por razones de género, es un feminicidio.

El 15 de julio de 2015, Ariel Aldecua Kuk, fiscal del estado, declaró que Yucatán es un estado libre de feminicidios; Ivonne Ortega, ex gobernadora y actual diputada federal dijo lo mismo. Fueron infames declaraciones. En Yucatán, desafortunadamente, sí hay feminicidio. De igual manera, el gobierno de Quintana Roo insiste en que “son casos aislados” los feminicidios que han ocurrido y niegan categóricamente, sin aportar mayores datos, que existan feminicidios en el estado.

Por ello hago uso de esta tribuna para denunciar errores del actual gobernador, Rolando Zapata, en la materia:

1. La inacción del Instituto para la Equidad de Género de Yucatán.

2. No existe un observatorio de medios de comunicación de la violencia hacia las mujeres, una base de datos confiable, aunque la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia lo mandata.

3. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica en las Relaciones en los Hogares señala que Yucatán ocupa el cuarto lugar en el ámbito nacional en violencia de género, en esa lógica y para desgracia de muchas, es imposible pensar que no haya asesinatos por razones de género... y el gobierno no lo reconoce.

4. No hay políticas públicas ni programas específicos para prevenir el feminicidio.

Las jóvenes en edades de entre 15 y 39 años son las más expuestas a la violencia de pareja o de cualquier otro agresor, y debe ser motivo de una profunda preocupación el hecho de que en Yucatán la violencia contra las mujeres esté aumentando; yo creo que debe declararse la alerta de género en nuestro estado, pero soy consciente de que no basta con anunciarlo, sino que es necesario emprender políticas públicas y programas para prevenir este mal, así como emprender acciones concretas para proteger y atender a las víctimas... de nada sirve una declaratoria si no hay acciones favorables para proteger a las mujeres.

Reafirmo que trabajaré porque se den resultados legislativos a favor de la eliminación de la violencia contra las mujeres... ¡ni una mujer más violentada! Al menos en estos temas, las mujeres no debemos dividirnos por partido político sino trabajar en conjunto por el bien común de la sociedad.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de Yucatán y Quintana Roo a reconocer y declarar públicamente el número de feminicidios registrados durante 2015 y lo que va de 2016, y declarar la alerta de género para que las instancias gubernamentales y la sociedad trabajen en coordinación para disminuir al máximo este problema.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.

Diputada Kathia María Bolio Pinelo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH, la Comisión Nacional de Seguridad Pública y el gobernador de Nuevo León a dar atención y seguimiento a las recomendaciones y medidas cautelares derivadas de lo suscitado en el penal de Topo Chico, Monterrey, y otros centros de reclusión, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, María Concepción Valdés Ramírez, diputada federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado en la fracción I, del numeral 1, del artículo 6o., y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, me permito presentar ante esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Como es de nuestro conocimiento, el pasado 10 de febrero, en el Centro de Prevención y Readaptación Social de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León, se suscitó un motín entre facciones de reos de dos grupos de la delincuencia organizada, lo cual, tuvo como lamentable resultado la muerte de 49 internos al decir de los números oficiales del gobierno estatal; lo anterior, se dilucida en la situación incontrolable por el que atraviesa el sistema carcelario de nuestro país durante los últimos años.

Diversas organizaciones sociales han denunciado al paso de los años la constante problemática del sistema penitenciario en México. Se ha señalado que en una década el número de personas en prisión se ha duplicado, sin que ello refleje en mayores índices de seguridad, según lo que indica el Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa. Asimismo, la organización aludida, puntualiza que el 40 por ciento de los encarcelados en México no tienen una sentencia condenatoria y en más de la mitad de las prisiones –federales y estatales- hay hacinamiento, lo cual supone un obstáculo para que el propio sistema carcelario cumpla con los fines sociales que le competen.

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas ha señalado que el superar el 120 por ciento de ocupación carcelaria está considerado en sus índices como un trato cruel para las comunidades de reclusos. En nuestro país, más del 60 por ciento de presidiarios subsisten por encima de ese indicador. Lo anterior, impide establecer condiciones dignas, garantizar la integridad física de los reclusos y llevar a cabo las labores educativas y ocupacionales necesarias para la readaptación como se mencionó anteriormente.

En este sentido, Elías Carranza Lucero, director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento de los Delincuentes, señala que si por cada funcionario carcelario existen más de cuatro reclusos, las actividades de los internos escapan de los mínimos de supervisión y control del personal. En otras palabras, dicha situación se traduce en un indicio de posible autogobierno, es decir, que la autoridad carcelaria no pueda hacer cumplir la normatividad interna, y que sean los grupos hegemónicos de reclusos quienes impongan el mencionado autogobierno. Bajo el argumento de Carranza Lucero, el 70 por ciento de las cárceles en nuestro país se encuentran en esta vulnerable situación.

En México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha llevado a cabo diversos diagnósticos que confirman la crisis en mención, pero de igual manera la problemática en la materia de derechos humanos al interior de las penitenciarias la situación es deleznable, por lo que entre algunas problemáticas enumeran por ejemplo: primero, el deficiente control en el ejercicio de las funciones de la autoridad, por lo que es común que las figuras de auto y cogobierno sean una realidad constante; segundo, hacinamiento y sobrepoblación; tercero, no existe muchas veces una separación entre las áreas destinadas a hombres y mujeres; cuarto, la atención medica es insuficiente como se carece de equipamiento; quinto, no existen protocolos para la prevención de actos violentos; sexto, no se cuentan con unidades de atención y presentación de quejas para lo relativo a la violación de derechos humanos; séptimo, las condiciones de higiene, la falta de calidad de los alimentos y el acceso a los servicios educativos son deplorables; entre otras muchas más situaciones que prevalecen.

El caso de Topo Chico, es una pequeña muestra y claro ejemplo del sistema penitenciario mexicano que vive bajo una clara anomia y autogobierno de grupos hegemónicos de reclusos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos lo ha advertido, y en el caso particular de Nuevo León, ha puntualizado que en el penal de Apodaca está a un paso de que suceda algo similar a Topo Chico. Esto, sin mencionar las condiciones similares a las cuales están sujetos los centro penitenciarios a lo largo y ancho del país.

Para expertos en sistemas penitenciarios como para organismos defensores de los derechos humanos, las alternativas para poder prevenir desgracias como la de Topo Chico van desde: la eliminación de la sanción carcelaria para delitos menores y no violentos; impulsar un desarrollo normativo y de organización de las penas no privativas de la libertad; el mejoramiento de los programas de reinserción social; el fortalecimiento de la infraestructura del sistema penitenciario nacional; la profesionalización del personal administrativo, técnico y de custodia; entre otras opciones.

Lo anterior, sin mencionar el proyecto de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales que lleva casi tres años en proceso de análisis en el Senado de la República, la cual de ser aprobada, permitiría buscar cambiar el sombrío panorama en los centros penitenciarios, y que dicho proyecto, se suma al inacabado sistema de justicia penal acusatorio como uno de los grandes pendientes en la edificación del Estado de Derecho en nuestro país.

En suma, Topo Chico es un hecho que no deviene de un momento a otro, sino de un pasado inmediato de años que se generó ante la omisión de las autoridades competentes y ante la advertencia de órganos autónomos y sociedad civil. Topo Chico debe ser el parteaguas necesario de concretar diversas reformas legislativas, entre estas, el proyecto de Ley de Ejecución de Sanciones Penales, entre otros ordenamientos, que permitan un reencauce de la política carcelaria de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que en el marco de sus facultades constitucionalmente conferidas y de conformidad a la normatividad correspondiente, investigue aquellos hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos respecto a lo sucedido en el Centro de Prevención y Readaptación Social de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León, a fin, de que emita las recomendaciones públicas correspondientes en la materia para atender rubros relativos a garantizar la integridad física y moral del interno, aspectos de estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social del interno, entre otros.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo, a que impulse todas aquellas acciones en el marco de sus atribuciones para mediante la aplicación de la política penitenciaria para la readaptación a la vida social y productiva de los sentenciados, con estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos, para consolidar las libertades, el orden y la paz pública, así como la preservación del estado de derecho y prevención del delito, esto, en el marco de vinculación con las entidades federativas, y con esto, atender lo relativo al caso de Topo Chico y lo relativo a los Centros de Prevención y Readaptación Social en condiciones similares.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al titular del gobierno del estado de Nuevo León que en coordinación con las instancias federales y locales correspondientes, dar atención y seguimiento a las acciones y medidas cautelares en materia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.

Diputada María Concepción Valdés Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a difundir las concesiones mineras vigentes, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Norma Xóchitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

La concesión es un acto administrativo por medio del cual, la administración pública federal, confiere a una persona una condición o poder jurídico para ejercer ciertas prerrogativas públicas con determinadas obligaciones y derechos para la explotación de un servicio público o de algún bien del Estado.

En la actualidad, dada la expansión del modelo económico neoliberal, buena parte de las empresas públicas y de las riquezas nacionales han sido concesionadas, por no decir entregadas, a particulares, lo cual, como bien sabemos, nunca ha venido aparejado de la mejora en la calidad de los servicios prestados, en la mejora de las condiciones laborales de quienes prestan sus servicios a los particulares o en la mejor distribución de la riqueza producto de la explotación de los recursos naturales de los mexicanos.

Un caso que ejemplifica con puntualidad lo que menciono, es la industria minera, la cual aporta el 1.5 % al producto interno bruto nacional, contribuye con 328 mil empleos directos y con 1 millón 600 mil indirectos, de acuerdo a las cifras de la Cámara Minera de México, lo que convierte al sector minero en uno de los empleadores más grandes del país.

En la actualidad, la industria minera ha crecido a lo largo del territorio nacional, de 2006 a la fecha, la inversión extranjera directa aumentó más de 224 %, según reporta la Secretaría de Economía, ubicándola así como el cuarto generador de divisas netas del país, con un monto de 22 mil 516 millones de dólares, de acuerdo a las cifras del Inegi.

Desde hace más de veinte años, particularmente con la promulgación y entrada en vigor de la Ley Minera, se otorgaron grandes facilidades para la privatización disfrazada de concesión de éste amplio y lucrativo sector; se implementó un régimen fiscal por demás permisivo que ha propiciado el enriquecimiento extraordinario de unos cuantos, sin que las condiciones de los trabajadores sea muy diferente a las que eran en la época revolucionaria.

La Auditoría Superior de la Federación, desde 2010 reporta que las multinacionales mineras que están en nuestro país tuvieron ingresos por 552 mil millones de pesos en tan sólo 5 años, pero sólo pagaron 6 mil millones de pesos en impuestos, es decir, aproximadamente el 1 % de sus ganancias.

Durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, fueron concesionadas 52 millones de hectáreas a empresas mineras, lo equivalente al 26 % del territorio nacional, actualmente se entregaron 25.6 millones de hectáreas, equivalente al 13 % de territorio nacional.

El mercado minero concesionado está privilegiado, las obligaciones mencionadas en el artículo 27 de la Ley Minera, se reducen a pocos enunciados donde el pago de los derechos correspondiente se erige como uno de los más importantes; y no obstante ello, la Auditoría Superior de la Federación, menciona que en 2014, el gobierno no recibió el pago total de los derechos correspondientes de 9 mil 170 títulos de concesión que fueron entregados.

El Sistema de Administración Minera de la Secretaría de Economía, dispone muy poca información en su portal, misma que dada la naturaleza de la función minera, debería estar a la vista de todos, para que sepamos qué empresa tiene qué concesión y si ya pagó el derecho correspondiente.

Para todo Estado es importante conocer el uso que éste o la iniciativa privada le da a sus recursos naturales, y que, de no darse cumplimiento a la normatividad aplicable, se revoquen los permisos y asignaciones; ese es el sentido de esta proposición, conocer el estado que guarda la minería que se practica en el país, para con base en ello, tomas las decisiones requeridas para que las condiciones tornen en beneficio de quienes detentamos el dominio de los recursos públicos del país.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a consideración del pleno de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Economía del gobierno federal, haga públicas las concesiones mineras vigentes, así como la documentación que acredite el pago de los derechos correspondientes y, en su caso, los documentos que acrediten las gestiones de cobro realizadas o los trámites para la revocación de las concesiones entregadas.

Para efectos de lo anterior, se requiere que el informe contenga cuando menos los siguientes rubros:

1. Nombre de la empresa o particular concesionario;

2. Folio o número de concesión;

3. Duración de la concesión; y

4. Monto de derechos obligados a pagar por la empresa o particular concesionario.

Palacio Legislativo, a 8 de marzo de 2016.

Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Nuevo León y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey a cancelar la construcción del acueducto Monterrey VI, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de Nuevo León, Ximena Tamariz García, Carlos Alberto de la Fuente Flores, Pedro Garza Treviño, José Adrián González Navarro, Baltazar Martínez Montemayor, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Juan Carlos Ruíz García y Brenda Velázquez Valdez, integrantes de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El proyecto hidráulico Monterrey VI, consiste en la construcción de un acueducto de 371 kilómetros, que inicia en la cuenca del río Tampaón, en San Luis Potosí, hasta la presa de Cerro Prieto en el municipio de Linares, Nuevo León, buscando abastecer agua de consumo humano a la ciudad de Monterrey durante los próximos 50 años. Monterrey VI está catalogado como proyecto estratégico por el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, y fue aprobado en la Cámara de Diputados a finales del año 2012, durante la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2013.1

En los últimos meses del año 2014, se dio a conocer el grupo seleccionado del fallo de la licitación para la construcción del acueducto “Monterrey VI”, resultando ganadores Concretos y Obras Civiles del Pacífico Desarrollos, y Construcciones Rogar, siendo la primera filial del Grupo Higa. El monto de la propuesta fue de una contraprestación mensual de $124, 999,167.00, sin IVA, por un periodo de 27 años a una tasa fija de 6.25 %. El estado de Nuevo León y la Comisión Nacional del Agua serán las partes que financiarán con recursos propios, dicha obra, de forma mensual.2

Gracias a datos e información de diferentes medios de comunicación, tanto locales como nacionales, las empresas seleccionadas tienen vínculos con Grupo Higa: Concretos y Obras Civiles, que está directamente vinculada a Grupo Higa y Construcciones Rogar, que está a nombre del regiomontano Jesús Rogelio García Arzabala, y que también aparece como apoderado y representante legal de Concretos y Obra Civil del Pacífico.3

Gracias a la información revelada en el estudio de “Manifestación de Impacto Ambiental para el proyecto: Monterrey VI”, realizada por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, podemos notar la incertidumbre del proyecto, ya que no se tomaron en cuenta estudios de impacto ambiental referente a la calidad del agua que será mezclada con la ya existente, ni la viabilidad del proyecto en su conjunto.4

Según el presidente de la Asociación de Usuarios de la Cuenca Hidrológica del Río Pánuco, el Ing. Alfonso Arroyo Amezcua, en una reunión en diciembre del 2012, el agua que se pretende trasladar del Río Pánuco hacía la presa Cerro Prieto, no es apta para uso potable ya que cuenta con un alto índice de contaminación, según estudios técnicos que se realizaron en la agrupación. Específicamente en el tema de ecología, los impactos que el proyecto traerá como consecuencia serán de forma permanente, y alterarán el funcionamiento del proceso ecosistémico dentro del sistema ambiental.

En diferentes ocasiones, se ha presentado el proyecto Monterrey VI, como la solución para garantizar el abasto de agua de consumo humano para la ciudad de Monterrey. Sin embargo, lo anteriormente citado, y las actuaciones por parte del Gobierno Estatal anterior, ponen en duda la construcción de éste acueducto. El Secretario de Desarrollo Económico de la administración del Gobernador Rodrigo Medina, Rolando Zubirán Robert, declaró ante medios de comunicación el 19 de febrero del 2014 lo siguiente:

“El proyecto implica traer un acueducto desde el Río Pánuco, hasta Nuevo León y eso brindará la posibilidad al Estado de contar con agua para los próximos 50 años. Es de suma importancia para el proceso de fractura de la piedra para la extracción del gas en la Cuenca de Burgos, que se requiere de grandes cantidades de agua”,5 es decir, reconoció que Monterrey VI, se usará para la explotación del gas shale en la Cuenca de Burgos. Es importante mencionar, que justo un mes después de esta declaración, el funcionario estatal se retractó, también ante medios.

A finales del año 2014, se hizo público el costo de la obra, con un total de 56 mil 763 millones de pesos, lo que representa un incremento de 42 mil 602 millones de pesos sobre el costo original del proyecto. A pesar de los malos manejos de la economía en el estado, la administración estatal anterior, decidió seguir con este proyecto, lo cual, de seguir adelante, traería como consecuencia una pesada deuda para los próximos 30 años, y más desconfianza entre la población y el estado, ya que de realizarse el proyecto, la deuda adquirida por el Estado sería enorme.

Durante la campaña a la gubernatura por el Estado de Nuevo León, el ahora gobernador Jaime Rodríguez Calderón, mencionó en reiteradas ocasiones el cancelar y la marcha atrás del proyecto hidráulico de Monterrey VI, con la principal intención de evitar el endeudamiento del estado y utilizar los recursos aportados a Monterrey VI en otros menos costosos y de más utilidad, también mencionó la posibilidad de realizar un proyecto paralelo a Monterrey VI, pero con mejores condiciones de contratación y mecanismos más transparentes.

Tristemente, el pasado 9 de enero del presente año, el Gobernador Rodríguez Calderón, mencionó ante los medios de comunicación lo siguiente:

“El proyecto hidráulico sigue vivo, no ha sido cancelado, y el Estado trabaja en alternativas para su realización.” Incluso se gestionó una prórroga para no perder los más de 3 mil millones de pesos que la Federación aportaría a fondo perdido, según medios de comunicación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón y a servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D. cancelar la construcción del acueducto “Monterrey VI”, resultado de la licitación APP-919043988-C3-2014.

Notas

1 Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, (2016), “Información del Proyecto Monterrey VI”, Disponible en la página web https://www.sadm.gob.mx/PortalSadm/jsp/MTY_VI.jsp, Extraído el 23 de Feb del 2016

2 Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, (2016), “Información del Proyecto Monterrey VI”, Disponible en la página web https://www.sadm.gob.mx/PortalSadm/jsp/MTY_VI.jsp, Extraído el 23 de Feb del 2016

3 El Norte, (2016), “Dicen que Higa exhibe opacidad” Disponible en página web http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=453239 Extraída el 23 de febrero de 2016

4 Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, (2016), “Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional para el proyecto: “Monterrey VI”, Acueducto Tampaón-Cerro Prieto”. Disponible en la página web http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/tamp/estudios/2011/28 TM2011H0010.pdf Extraída el 23 de Feb de 2016.

5 Periódico ABC, (2016). “Agua no será para extraer gas shale” Disponible en la página web: http://www.periodicoabc.mx/articulo/agua-no-sera-para-extraer-gas-shale Extraída el 23 de Feb del 2016

Diputados : Ximena Tamariz García (rúbrica), Carlos Alberto de la Fuente Flores (rúbrica), Pedro Garza Treviño (rúbrica), José Adrián González Navarro (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor, Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Juan Carlos Ruíz García (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Ssa a difundir las medidas que se toman para solucionar el desabasto de vacunas en el país y proteger a la población infantil, a cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita diputada federal, Lluvia Flores Sonduk , integrante de la LXIII Legislatura, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, someto a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La salud es un derecho humano consagrado en nuestra Ley Fundamental, en el artículo 4º, párrafo cuarto que reza: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general...”

En ese sentido el Estado mexicano ha realizado diversos esfuerzos para que este fundamental derecho sea garantizado a todas las personas, una de las acciones más sobresalientes es la referente a la implementación del esquema de vacunación.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de microorganismos muertos o atenuados, o de productos o derivados de microorganismos. El método más habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque algunas se administran con un vaporizador nasal u oral.1

Información de la OMS, señala que hay evidencia contundente que demuestra los beneficios de la inmunización como una de las intervenciones sanitarias más exitosas y rentables conocidas. A lo largo de los últimos decenios, la inmunización ha logrado muchas cosas, incluyendo la erradicación de la viruela, un logro que ha sido llamado uno de los mayores logros de la humanidad Las vacunas han salvado incontables vidas, han reducido la incidencia mundial de la polio en un 99 por ciento y reducido la enfermedad, discapacidad y muerte a causa de la difteria, tétanos, el sarampión, la tosferina, Haemophilus influenzae de tipo b y la meningitis meningocócia.2

Sabedores de los beneficios tangibles de las inmunizaciones es que en nuestro país contamos con el Programa de Vacunación Universal, cuyo objetivo es proteger a la población contra enfermedades que son prevenibles por medio de la aplicación de vacunas, este servicio se brinda en todas las unidades de salud pública y es gratuito.

En ese contexto, el esquema de vacunación en México ayuda a prevenir 13 enfermedades a saber: tuberculosis, hepatitis B, difteria, tos ferina, tétanos, poliomelitis, infecciones por H influenza tipo B, diarrea por rotavirus, infecciones por neumococo, sarampión, rubeola, parotiditis y virus del papiloma humano.

En los últimos meses se ha presentado un desabasto a nivel mundial de vacunas, lo que ha impactado severamente a nuestro país, sobre todo a la población infantil que sabemos que es el sector más vulnerable.

Se habla de que una de las inmunizaciones que ha escaseado es la llamada pentavalente, esta vacuna previene la difteria, tos ferina, tétanos, poliomelitis y las bacterias del Haemophilus Influenzae del tipo B que provocan neumonías y meningitis; se aplica en 4 dosis a los 2, 4, 6 y 18 meses de edad.

De acuerdo con información dada a conocer por el director del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, a octubre de 2015 México contaba con 3.5 millones de unidades de esta vacuna de un total aproximado de 8 millones que se aplican, es decir, había un faltante de más de la mitad de dosis. Para la tercera semana nacional de salud de 2015 se utilizaron reservas que se tenían de esta vacuna.3

Las consecuencias de no contar con suficiente número de dosis de esta vacuna, pueden ser devastadoras para los infantes, en virtud de que este biológico lo que hace es prevenir las enfermedades antes citadas, por lo que no contar con un programa de vacunación adecuado y una cobertura universal, sin duda generará consecuencias en los años venideros. De ahí la importancia de que las autoridades sanitarias tomen las medidas y acciones necesarias alternas para poder prevenir las enfermedades en los niños que están dejando de recibir la vacuna pentavalente.

Por si eso fuera poco, también en la Primera Semana Nacional de Salud de 2016, que se llevó a cabo del 20 al 26 de febrero, se reportó el desabasto de la vacuna conocida como DPT, que es para inmunizar la difteria, tosferina y tétanos, se aplica a niños de 4 años y es utilizada como refuerzo de la pentavalente.

De ahí la importancia de que las autoridades sanitarias den a conocer el estado que guarda el desabasto de vacunas en el país, así como las causas de este, pero sobre todo es relevante que hagan del conocimiento de esta soberanía cuales son las medidas que se están implementando para proteger a la población infantil de esas enfermedades que se previenen con las vacunas que están escasas en el territorio nacional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud haga pública la información sobre las causas de desabasto de vacunas en el país, las medidas que se están tomando para dar pronta solución al desabasto y las acciones que se están implementando para proteger a la población infantil.

Notas

1 Información obtenida de: http://www.who.int/topics/vaccines/es/ fecha de consulta: 2 de marzo de 2016

2 Información obtenida de: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85398/1/9789243504988_spa.pdf fecha de consulta: 2 de marzo de 2016.

3 Información obtenida de: www.reforma.com fecha de consulta 2 de marzo de 2016

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.

Diputada Lluvia Flores Sonduk (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua, y el jefe del gobierno y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México a difundir las condiciones actuales de la construcción de pozos de extracción de agua en Tláhuac, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Norma Xóchitl Hernández Colín, diputada a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, III, IV y VI, 153 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo; con base en las siguientes consideraciones:

1. Antecedentes

El Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha estudiado el hundimiento y agrietamiento en la Delegación Tláhuac como consecuencia del crecimiento del área urbana de la Ciudad de México en los últimos 30 años, intensificado particularmente en la zona Sur Oriente de la planicie lacustre, correspondiente a los ex lagos de Xochimilco, Chalco y Texcoco. El incremento de la demanda de agua ha generado su mayor extracción del subsuelo. La zona montañosa está infiltrando dos veces menos agua de la que se extrae y en la porción plana los sedimentos arcillosos pierden agua y se compactan. Esta compactación se ha traducido en hundimientos y agrietamientos del terreno, que varían de acuerdo con la intensidad de la extracción de agua y de las condiciones del subsuelo. Las direcciones de las grietas que han surgido siguen un patrón Norte-Sur y en menor medida Noreste, lo que indica un proceso de hundimiento en diferentes velocidades debido a la estructura del subsuelo. Las grietas presentan una mayor apertura durante la época de lluvias afectando a diversos sectores de la población.

Lo anterior ha sido ilustrado por distintos medios de comunicación:

a) El diario Reforma informó en febrero de 2004 que, de acuerdo con el Atlas de Riesgo desarrollado por la Dirección de Protección Civil de la Delegación Tláhuac, las Colonias Del Mar, Santa Catarina, Mixquic y la zona de unidades habitacionales mostraban 49 fracturas. La ubicación de los inmuebles afectados coincidía con la mayoría de los 24 pozos de extracción del Sistema de Aguas del Distrito Federal.

Adrián Ortega Guerrero, investigador del Centro de Geociencias de la UNAM, comentó que los estudios de la Universidad Nacional revelaron hundimientos de hasta 40 centímetros al año entre Valle de Chalco y Tláhuac y señaló que si el DF ha tardado 100 años en hundirse 10 metros, a la zona de Tláhuac y Valle de Chalco sólo le ha tomado 30 años. Hundimientos de 17 centímetros cada año, grietas de más de medio kilómetro y fisuras en unidades habitacionales son resultado de la sobreexplotación de pozos de agua potable en la Delegación Tláhuac, de acuerdo con el especialista.

b) El diario La Jornada documentó en agosto de 2005 el rompimiento repentino de una calle, que produjo una grieta a la que siguió un borbotón de agua que inundó varias cuadras alrededor del crucero de avenida Tláhuac y Eje 10 Sur.

El entonces director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Germán Martínez Santoyo, afirmó que la grieta que se formó en la colonia Ojo de Agua, en la delegación Tláhuac, se produjo por una falla geológica y no debido a presión hidráulica en la red de agua potable. Explicó que fue un movimiento generado en el subsuelo, debido a la mezcla de materiales, lo que provocó la grieta y el rompimiento del acueducto de Xochimilco, una de las tuberías más importantes de la zona. Indicó que diversas zonas de la delegación Tláhuac presentan grietas formadas debido a la cercanía de varios volcanes localizados en la sierra de Santa Catarina.

c) La Jornada informó también, en julio de 2007, de estudios realizados por el Servicio Geológico Metropolitano del Instituto de Geología de la UNAM para la conformación de un atlas de riesgos en materia de grietas, con el objetivo de identificar las zonas más vulnerables a este fenómeno, jerarquizar los riesgos que representan y emitir recomendaciones para subsanar los riesgos activos.

Los estudios revelaron, según el diario, que las zonas de mayor riesgo en materia de grietas se encontraban en la zona lacustre, también arcillosa, de las delegaciones Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, así como de los municipios de Nezahualcóyotl, Chalco, Ecatepec. Asimismo, que una de las causas más conocidas respecto del origen de las grietas es la extracción de agua subterránea, además de otros rasgos de carácter geológico que dan origen a los hundimientos.

d) Notimex, por su parte, informó en julio de 2008 de la formación de una grieta de aproximadamente 10 metros de largo en la calle Tecamazúchil, colonia Santa Catarina Yecahuizotl, delegación Tláhuac, después de una intensa lluvia. Personal de Protección Civil constató, además de los 10 metros de longitud de la grieta, un ancho de 10 centímetros y una profundidad de tres metros.

e) Un portal noticioso dio cuenta, en junio de 2009, de la suspensión de agua potable que vivieron más de 30,000 habitantes de las colonias Selene y Ojo de Agua, en la delegación Tláhuac, debido a la rotura del conducto principal que abastece de agua a esa zona de Tlaltenco. De acuerdo con las autoridades capitalinas, la rotura fue provocada por una falla geológica que atraviesa la demarcación.

f) La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó, en noviembre de 2009, que el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), perteneciente a Conagua, detectó un escurrimiento de agua potable en el acueducto Ramal Tláhuac, ubicado en Eje 10 entre Avenida Santa Catarina y Antonio Centeno, colonia Santa Catarina Yecahuízotl, delegación Tláhuac. La causa fue la fisura en un tubo de 48” de concreto. El organismo informó que esa fisura se originó en la unión entre dos tubos por asentamientos diferenciales registrados en la zona y una falla geológica (grieta) que atraviesa este ducto y que afecta la estabilidad de la infraestructura hidráulica.

g) Otro portal noticioso dio cuenta, en julio de 2011, de 13 colonias y tres unidades habitacionales de las delegaciones de Iztapalapa y Tláhuac que enfrentan serios problemas por grietas y hundimientos diferenciales, de acuerdo con el Centro de Evaluación de Riesgos Geológicos de la Delegación Iztapalapa, los cuales cada año se extienden y han puesto en alto riesgo a más de 30,000 personas.

Se trata de un cinturón de alto riesgo, por impactos graves de fallas geológicas, que se extiende en más de 20 kilómetros de largo, a través de Iztapalapa, en San Lorenzo Tezonco, en los límites de Tláhuac, a Ermita Zaragoza, y en los linderos de Nezahualcóyotl. El monitoreo que lleva a cabo diariamente ese Centro registra semanalmente nuevos crecimientos de las grietas. Los atribuye a la extracción de agua del acuífero en la región, así como al subsuelo arcilloso, lo que provoca que la zona enfrente una situación de muy alto riesgo geológico.

h) En mayo de 2012, de acuerdo con Terra, el Instituto de Vivienda (Invi) del DF identificó 2,896 viviendas en riesgo hidrometeorológico y geológico en nueve delegaciones, de las cuales, 134 viviendas se ubicaron en la delegación Tláhuac, principalmente en las colonias Santiago Zapotitlán, Agrícola Metropolitana, Del Mar y Santa Cecilia.

El Invi reveló que las viviendas presentaban daño estructural derivado de los hundimientos y grietas en el subsuelo. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), según la misma nota, la zona de Tláhuac se hunde a razón de 25 a 30 centímetros anuales, mientras que Chalco, región colindante, se hunde 40 centímetros en promedio anual debido a la sobreexplotación del acuífero y a que el subsuelo es arcilloso (muy blando).

i) El diario El Universal registró, en abril de 2014, la formación de grietas y hundimientos en el cruce del Eje 10, a la altura de la calle Manuel Muñoz, en la colonia Santa Catarina, en la delegación Tláhuac, debido a una fractura en el asfalto de 300 metros de largo y 50 centímetros de profundidad, como secuela del sismo del 18 de abril de 2014.

j) En agosto de ese mismo año, el periódico Excélsior, informó de daños en domicilios y edificios públicos vinculados a un sistema de grietas que atraviesa esa zona del oriente de la ciudad, de acuerdo con testimonios de vecinos del Pueblo de Santa Catarina, en la delegación Tláhuac.

Los afectados llevaban más de un año solicitando al gobierno delegacional la realización de un estudio geológico con el objetivo de definir las medidas de mitigación necesarias para reducir los riesgos.

k) El periodista José Cárdenas, reportó en diciembre de 2015, la apertura de una grieta de 15 metros de largo y menos de un centímetro de ancho en la esquina de las calles Estanislao Ramírez y Laguna de Ensueño en la colonia Selene, de la delegación Tláhuac.

De acuerdo con testimonios de vecinos, dos meses atrás se empezaron a presentar hundimientos y grietas, casi al mismo tiempo que iniciaron los trabajos para la construcción de tres pozos de extracción de agua del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. La delegación Tláhuac, sin embargo, atribuyó la grieta a la fractura de un tubo de asbesto de seis pulgadas que transportaba agua potable.

2. Derecho a la información, transparencia y rendición de cuentas

De acuerdo con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a la información es la garantía fundamental que toda persona posee para atraerse información, informarse y ser informada.

De la definición anterior se desprenden los tres aspectos más importantes que comprende dicha garantía fundamental:

a) El derecho a atraerse información,

b) El derecho a informar, y

c) El derecho a ser informado.

El derecho a atraerse información incluye las facultades de acceso a los archivos, registros y documentos públicos y la decisión de qué medio se lee, se escucha o se contempla.

El derecho a informar incluye las libertades de expresión y de imprenta y el de constitución de sociedades y empresas informativas.

El derecho a ser informado contiene las facultades de recibir información objetiva y oportuna, la cual debe ser completa, es decir, el derecho a enterarse de todas las noticias y con carácter universal, o sea, que la información es para todas las personas sin exclusión alguna.

La información debe entenderse en un sentido amplio que comprenda los procedimientos de acopiar, almacenar, tratar, difundir y recibir, así como los tipos, hechos, noticias, datos, opiniones, ideas, y sus diversas funciones.

Del propio artículo 19 se desprende con claridad que el derecho a la información es un derecho de doble vía en virtud de que incluye al receptor de la información, es decir, al sujeto pasivo, quien la percibe, y quien, ya sea una persona, un grupo de ellas, una colectividad o la sociedad, tiene la facultad de recibir información objetiva e imparcial.

En México, la Constitución Política establece como un derecho el acceso a la información de todos los ciudadanos y habitantes del país, para conocer, ya sea de manera activa o pasiva, la información, que producen y poseen las entidades públicas. Este derecho se encuentra establecido en el artículo 6° constitucional, mismo que establece:

La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la federación, los estados y el distrito federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

II. ...

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de estos.

IV. ...

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.

...

De lo anterior se desprende que artículo 6o. constitucional establece que el derecho a la información debe ser garantizado por el Estado. Además, al analizar los diversos elementos que concurrieron en su creación, se deduce que esa garantía se encuentra estrechamente vinculada con el respeto de la verdad. Tal derecho es, por tanto, básico para el mejoramiento de una conciencia ciudadana que contribuirá a que ésta sea más enterada, lo cual es esencial para la construcción de nuestra sociedad.

Así, el Estado asume la obligación de cuidar que la información que llega a la sociedad refleje la realidad y tenga un contenido que permita y coadyuve al acceso a la cultura en general. Ello debe permitir una participación informada para la solución de los problemas nacionales, y evitar que se deforme el contenido de los hechos que pueden incidir en la formación de opinión.

Por otro lado, de acuerdo con Delmer D. Dunn, podemos entender la rendición de cuentas como “la obligación de todos los servidores públicos de dar cuentas, explicar y justificar sus actos al público, que es el último depositario de la soberanía en una democracia”.

En ese sentido, para Andreas Schedler la rendición integra el derecho a recibir información y la obligación del poder a abrirse a la inspección pública, así como la obligación de explicar y justificar sus actos. También incluye la posibilidad de ejercer una sanción, esto es, de ejercer coacción y castigo. Para Schedler la información, la justificación y el castigo son los tres pilares sobre los que se asienta la rendición de cuentas y su función de mecanismo para moderar el ejercicio del poder. La dimensión de la sanción radica en que, sin sancionar, criticar, analizar y denunciar una falta, eventualmente la rendición de cuentas no pasa de ser un acto publicitario y de buenos deseos.

De ahí que Andreas Schedler dice que “en el corazón de la rendición de cuentas está el dialogo crítico. No se trata de un juego de un solo tiro sino de un juego interactivo, un ir y venir de preguntas y respuestas, de argumentos y contraargumentos (...). La rendición de cuentas no es un derecho de petición. Es un derecho a la crítica y al dialogo”.

De acuerdo con las diversas notas periodísticas mencionadas en el apartado anterior, es posible la existencia de fallas geológicas y, en consecuencia, de riesgos que pueden provocar la construcción de pozos de extracción de agua del subsuelo.

En consecuencia, la presente proposición busca hacer efectivo el derecho a la información de los habitantes de la zona Sur Oriente de la Ciudad de México para conocer, analizar y, en su caso, denunciar, la presencia de grietas y sus causas, con el fin de hacer prevalecer la obligación del Estado a salvaguardar la integridad de los habitantes.

Con base en las anteriores consideraciones, someto a la consideración de esta asamblea el presente

Punto de acuerdo

Único. Exhórtese a la Comisión Nacional del Agua, al Jefe de Gobierno y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, haga pública, las condiciones de la construcción actual de pozos de extracción de agua en la delegación de Tláhuac, así como de los estudios geológicos que revelan las causas de los hundimientos y agrietamiento del suelo en la demarcación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.

Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al aumento de los feminicidios en México, suscrita por diputadas del Grupo Parlamentario de Morena

Las diputadas que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, nos permitimos presentar a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

A nivel mundial 60 mil mujeres pierden la vida por circunstancias vinculadas a feminicidios. A penas 25 países acumulan la mitad de todos los crímenes de mujeres en el planeta. América Latina es la región de mayor violencia en contra de las mujeres y México se encuentra entre los primeros diez países con el mayor crecimiento en las tasas de homicidios de niñas y mujeres, situación que se agrava porque va en aumento y no parece detenerse. “En América Latina las naciones son testigos de una alta actividad del narcotráfico además padecen un crecimiento en su tasa de feminicidios que incluso, han llevado a considerar en materia de los derechos humanos que la guerra contra las drogas es el origen de la nueva guerra contra las mujeres”. En el periodo de 2007 a 2012 se han cometido en México mil 909 feminicidios en el país, cantidad que significa una tasa de 3.2 por ciento crímenes por cada 100 mil mujeres.

Organizaciones no gubernamentales han señalado y denunciado que cada 3 horas una mujer es asesinada, el fenómeno vergonzosamente se ha naturalizado en nuestro país mientras que las autoridades han mantenido opacidad ante los hechos y se han convertido en parte del problema y no la solución.

En un estudio realizado recientemente nos señalan que 46 por ciento de los feminicidios se perpetra por apuñalamiento, quemadura, estrangulamiento o golpes; 16 por ciento de las mujeres mueren a causa de un balazo y el 38 por ciento restante las autoridades no informan la causa del feminicidio1 .

En comparación con Estados Unidos de América (EE.UU) y Canadá la situación de México no le favorece en lo absoluto, ya que en EE.UU. el índice de feminicidios es de 1.9 por cien mil mujeres, es decir la mitad en comparación con México. Con Canadá la brecha es aún más dramática pues ese país tiene un índice de 0.9 feminicidios.

Otro dato relevante es que entre 2011 y 2014 México pasó al 5o. lugar en su tasa de feminicidios al pasar de 2.4 por ciento a 3.2 por ciento solo detrás de Honduras, El Salvador, Bahamas y Surinam2 .

Es de sorprenderse la manera de cómo se abordan los feminicidios en Europa y México, ya que mientras en España el año pasado dos mujeres fueron asesinadas y el tema se volvió un escándalo internacional y el detenido fue encontrado en Rumania y fue buscado y perseguido en varios países europeos, en México se vive otra realidad, el gobierno ignora el tema, se vuelve cómplice por omisión y tal parece una costumbre entre la gente ante esta realidad tan miserable de indiferencia social y política.

Cabe señalar que en este contexto de los feminicidios las mujeres son consideradas mercancías desechables e incluso mercancías sexuales todos los días, siendo Ciudad Juárez y el estado de México las dos entidades donde el patrón y el número de mujeres asesinadas crece de manera alarmante y corre el riesgo de hacerse extensivo.

De esta manera México se convierte en el país más letal para las mujeres , la condición de nacer mujer en nuestro país se vuelve un tema vulnerable al tener un panorama sombrío, que nos demuestra opacidad e incapacidad de las autoridades para detener este problema que nos aqueja como sociedad.

Diferentes medios internacionales han dado muestra de la cantidad alarmante de dichos delitos perpetrados en México. Por su parte el diario británico The Guardian señala que tan solo en el estado de México, entre 2011 y 2012 un total de mil 258 niñas y mujeres fueron reportadas como desaparecidas. De ese total, 53 por ciento tenía entre 10 y 17 años de edad. Asimismo, recuerda que entre 2005 y 2011, cuando el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, fue gobernador del estado, fueron asesinadas mil 200 mujeres.

Por otra parte, el diario estadunidense The New York Times apunta que en un sexenio más de mil 900 mujeres y niñas fueron asesinadas de forma violenta en México y casi la mitad de ellas con armas de fuego. Esto ubica a nuestro país entre los 25 países con la mayor tasa de feminicidios del mundo.

En lo que respecta a los feminicidios, el informe sobre este tema en México elaborado y publicado desde 2011 por la ONU Mujeres, el Instituto Nacional de la Mujeres y el Colegio de México, indica que el país ocupa el lugar 16 en la incidencia de homicidios contra mujeres a escala global, pues se registra un aumento sostenido del delito desde 2007 y se estima que en nuestro país son asesinadas 6 mujeres al día.

Desde hace siete años, diversas organizaciones sociales encabezadas por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) han demandado a las autoridades federales emitir la alerta de género en la entidad, pues consideran que existe “una violencia estructural y sistemática contra las mujeres ”, que se expresa en cientos de asesinatos y desapariciones de niñas y jóvenes con fines de trata.

De 2011 a 2014 se documentaron más de 800 muertes violentas de mujeres , de las cuales menos de una cuarta parte han sido reconocidas e investigadas como feminicidios por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. El menosprecio y el desdén por parte del gobernador Eruviel Ávila hacia esta grave crisis humanitaria, ha contribuido a la consolidación de una ignominia persistente.

Si bien, la Alerta de Violencia de Género fue declarada –de forma tardía– en algunos municipios del país, en lo que va de este 2016, los feminicidios siguen siendo una constante en todo México ya que durante las primeras semanas de este año, se han reportado más feminicidios, sin que un sólo agresor haya sido detenido.

Por otro lado se han hecho esfuerzos importantes en diferentes foros donde se ha advertido por especialistas que los asesinatos de mujeres por violencia de género es un crimen de estado y han manifestado que mientras las autoridades sigan coludidas con la delincuencia, la impunidad seguirá y esta problemática que aqueja a todo el país no parará.

Por su parte la fundadora de la asociación Nuestras hijas de regreso a casa , Norma Andrade, comentó que en los últimos 20 años México se ha visibilizado por la trata, el asesinato y la desaparición de mujeres, y por los altos índices de violencia que ha crecido en todo el país, la mayor parte ligada al narcotráfico. También señaló que las formas de desaparición de mujeres han cambiado, pues se ha logrado detectar vínculos con la trata de personas:

“Antes, cuando recién empezaron los asesinatos en Ciudad Juárez, nos asesinaban a nuestras hijas y no teníamos la menor idea del porqué se desaparecían. Las localizábamos a la semana o a las dos semanas; en lotes baldíos, en el desierto, pero finalmente las localizábamos. En la actualidad a nuestras hijas las desaparecen y no las localizamos hasta después de cuatro, seis u ocho años. Una joven secuestrada para la trata tiene un promedio de vida de siete años, pasados esos siete años existe la posibilidad de encontrarla”3 .

Antes esta problemática se focalizaba en Ciudad Juárez, Tlaxcala, Puebla, Chiapas y Oaxaca, ahora los asesinatos se dan de manera permanente por todo el país. Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, México tiene la tasa más alta de feminicidio al nivel mundial con 34.73 por ciento de asesinatos por cada 100 mil mujeres.

José Martínez Cruz de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, mencionó que desde el 2000 las cifras arrojan 633 feminicidios en Morelos, mientras que las autoridades no han hecho nada al respecto.

¡Ni una más!

Fundado y motivado en las consideraciones anteriormente expuestas, sometemos a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que a través del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declare estado de emergencia por el alza alarmante de feminicidios ocurridos en México y extienda la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en todo México.

Segundo. Esta soberanía exhorta a los titulares de los gobiernos locales a que en el ámbito de sus atribuciones, activen inmediatamente los protocolos adecuados para la atención, el tratamiento y el respeto irrestricto para las víctimas de la violencia de género en las 32 entidades federativas.

Notas

1 Obtenido de http://www.sinembargo.mx/13-10-2015/1517190

2 Obtenido de http://www.animalpolitico.com/2015/05/mexico-en-el-top-10-de-paises-con -mas-feminicidios-por-armas-de-fuego-del-mundo/

3 Obtenido de http://www.somoselmedio.org/article/alarmante-los-feminicidios-en-el-pa %C3%ADs-activistas-sociales

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.

Diputadas: Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Patricia Elena Aceves Pastrana, Alicia Barrientos Pantoja, María Antonia Cárdenas Mariscal, Blanca Margarita Cuata Domínguez, María Chávez García, Araceli Damián González, Laura Beatriz Esquivel Valdés, Sandra Luz Falcón Venegas, Modesta Fuentes Alonso, Ernestina Godoy Ramos, Delfina Gómez Álvarez, Norma Xóchitl Hernández Colín, Guadalupe Hernández Correa, Irma Rebeca López López, Ariadna Montiel Reyes, Blandina Ramos Ramírez, Mariana Trejo Flores, Concepción Villa González.

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SRE a realizar ante el Estado hondureño acciones para proteger y garantizar la vida del activista Gustavo Castro Soto, así como agilizar los trámites que le permitan regresar cuanto antes a México, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena

Ernestina Godoy Ramos, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción XX, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, por el cual se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que realice todas las acciones necesarias ante el Estado hondureño para proteger y garantizar la vida e integridad del defensor mexicano de derechos humanos Gustavo Castro Soto para evitar daños irreparables en su persona, así como agilice los trámites que le permitan regresar cuanto antes a México.

Antecedentes

Gustavo Castro Soto es un mexicano defensor de derechos humanos; fundador y director de la organización civil “Otros Mundos, Chiapas” y “Amigos de la Tierra México”, con residencia en la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Además, es integrante de diversas redes de articulación nacional e internacional en contra del modelo extractivo y la privatización de los recursos colectivos, como la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, el Movimiento Mexicano de Afectados/as por las Presas y en Defensa de los Ríos, la Red Latinoamericana contra las Presas y en Defensa de los Ríos, sus Comunidades y el Agua (Redlar).

Su actividad en la defensa y promoción de los derechos humanos lo ha llevado a escribir una diversidad de artículos en defensa del ambiente, enfocándose en las temáticas relacionadas al agua, minas, cambio climático, monocultivos y otros megaproyectos.

Como parte de su compromiso, Gustavo Castro Soto ha acompañado a organizaciones de la sociedad civil en su lucha por el reconocimiento de sus derechos como pueblos indígenas y campesinos, así como en los procesos de resistencia de las comunidades con alternativas de desarrollo sustentable y una discusión amplia sobre el modelo energético.

Además, ha asesorado a los principales movimientos de resistencia y defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas en contra de obras que les quieren ser impuestas, sin la búsqueda de alternativas.

El trabajo de investigación, difusión y capacitación que desde hace varios años realizan en la región mesoamericana la Rema, la Redlar y el M4, ha sido coordinada en diversas ocasiones por Gustavo Castro; ese fue uno de los motivos por los que Gustavo Castro se vinculó con el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras (Copinh), encabezado por la activista Berta Cáceres,1 indígena lenca, ganadora en 2015 del prestigioso Goldman Environmental Prize y una de las defensoras de derechos humanos más amenazadas de Honduras.

Lo anterior motivó que recientemente Gustavo Castro acompañara a Honduras a la defensora derechos humanos Berta Cáceres para impartir talleres sobre energía y alternativas con comunidades y pueblos integrantes de la Copinh, de hecho, se encontraba en Honduras para participar en el Foro sobre Energías Alternativas desde la Visión Indígena del Copinh, que se realizaría los días 2, 3 y4 de marzo de 2016, para analizar y debatir propuestas de energía alternativa, ecológica y humana, fuera de la lógica consumista, privatizadora y depredadora de la vida, buscando fortalecer las soberanías y justicias ambientales y los derechos de los pueblos indígenas.

Como se mencionó, Berta Cáceres era una de las defensoras más amenazadas de Honduras razón por la cual era beneficiaria de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; no obstante contar con dichas medidas para proteger su integridad, en la madrugada del pasado jueves 3 de marzo de 2016, dos sujetos ingresaron al interior de su vivienda ubicada en la comunidad de La Esperanza, Intibucá, en la zona El Líbano, al oeste de Tegucigalpa, Honduras, y la asesinaron con arma de fuego.

Al momento de la agresión, en la casa de Berta Cáceres, se encontraba el mexicano Gustavo Castro, quien también fue agredido con arma de fuego, sobreviviendo al atentado ya que los sicarios pensaron que estaba muerto, convirtiéndose naturalmente en testigo de los hechos violentos que le arrebataron la vida a la líder indígena.

Algunas horas después de los hechos, Gustavo Castro buscó protección del Consulado Mexicano en Honduras, cuyos funcionarios lo han acompañado a rendir declaraciones ante la jurisdicción indígena y la nacional hondureña. Sin embargo, las autoridades hondureñas argumentando cuestiones administrativas, han retrasado su traslado a nuestro país y se encuentra actualmente retenido.

Consideraciones

Primero. El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo que se copia y es del tenor literal siguiente:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte , así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por o rigen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

El artículo 4º de la Convención Americana de Derechos Humanos: Del derecho a la vida, señala que Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

Por su parte el artículo 5º de la citada Convención, dispone que Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

Finalmente, resulta conveniente señalar que el artículo 28, fracciones I y II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que le corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigir el servicio exterior en sus aspectos diplomático y consular y, por conducto de los agentes del mismo servicio impartir protección a los mexicanos en el extranjero.

De lo anterior, resulta inconcuso que corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en su calidad de autoridad del Estado Mexicano, proteger a los mexicanos en el extranjero.

Segundo.- Gustavo Castro Soto, al ser víctima del intento de homicidio y testigo presencial de los hechos que arrebataron la vida a Berta Cáceres, ha rendido su testimonio ante la Fiscalía de Honduras, lo cual naturalmente lo pone en riesgo grave pues ha identificado a los asesinos de la defensora hondureña de derechos humanos, pues éstos no sabían que lo dejaron vivo, razón por la cual su vida corre un peligro inminente por la complicada situación que le tocó vivir en la madrugada del 3 de marzo de 2016.

No obstante que el mexicano ha solicitado a las autoridades hondureñas se le permita el traslado inmediato a México para garantizar su vida e integridad, éstas argumentando cuestiones administrativas han impedido su regreso.

De ahí que lo conducente sea solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en su calidad de autoridad del Estado mexicano, realice todas las acciones necesarias ante el Estado hondureño para que se proteja la vida e integridad del defensor mexicano de derechos humanos Gustavo Castro Soto y agilice los trámites que le permitan regresar cuanto antes a México.

Por lo expuesto y fundado, resulta oportuno, someter a consideración del pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente resolución.

Único. Se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores realice todas las acciones necesarias ante el Estado Hondureño para proteger y garantizar la vida e integridad del defensor mexicano de derechos humanos Gustavo Castro Soto para evitar daños irreparables en su persona, así como agilice los trámites que le permitan regresar cuanto antes a México.

Nota

1 Sobre Berta Cáceres y el Copinh.

Berta Cáceres, de 44 años, era una de las defensoras de derechos humanos más amenazadas de Honduras, indígena lenca, ganadora en 2015 del prestigioso Goldman Environmental Prize, había denunciado en numerosas ocasiones que había sido amenazada y que temía por su vida. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había dictado medidas cautelares para su protección. En el momento de ser asesinada ningún miembro de las fuerzas de seguridad de Honduras estaba presente.

Fundadora en 1993 del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras (COPINH), organización que se opone a la imposición de al proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca que afectaba varios ríos en el departamento de Intibucá.

La Coalición contra la Impunidad, que agrupa a varias organizaciones hondureñas defensoras de los derechos humanos, hizo público un comunicado en el que denuncia que “desde hace mucho, Berta Cáceres fue amenazada y perseguida por la empresa DESA (Desarrollos Energéticos, S.A. de C.V.) y Sinohydro, de capital hondureño y chino”. Criticó también las declaraciones del Ministro Pacheco e insistió en que cuando un defensor de los derechos humanos goza de medidas cautelares internacionales para su protección, la responsabilidad de su muerte recae sobre el Estado.

El informe anual de Amnistía Internacional publicado en febrero denuncia que el gobierno de Honduras “no aplicó las medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni investigó los diversos abusos cometidos durante los últimos años contra dirigentes de la comunidad indígena”.

En mayo de 2013, fue detenida y acusada de portación de arma sin licencia. Ella argumentó que el arma había sido “plantada” por los militares que la detuvieron en un puesto de control. En julio del mismo año, el ejército mató durante una protesta a otro de los líderes del COPINH, Tomás García, e hirió de gravedad a su hijo. En agosto de 2013, fue denunciada junto a otros dos dirigentes, Tomás Gómez y Aureliano Molina, por usurpación, coerción y daños continuados contra la empresa que desarrollaba el proyecto de la presa.

Por aquel entonces, también la empresa privada hondureña cargó contra ella. Aline Flores, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada dijo en una rueda de prensa el 29 de octubre de 2013 que los grupos liderados por Berta Cacéres estaban “boicoteando, invadiendo y poniendo a Honduras en mal a nivel internacional”. Agregó que era “triste” que Cáceres tuviera “protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional con fondos e impuestos de europeos y americanos”.

La Corporación financiera internacional, organismo crediticio del Banco Mundial para el sector privado, había aprobado una inversión para el proyecto de la presa de Agua Zarca. En diciembre de 2013 decidió suspenderla, según un informe del ombudsman de la institución.

La empresa hondureña Desarrollos Energéticos (DESA) había decidido seguir con el proyecto. El 20 de febrero más de 100 personas fueron detenidas en una manifestación contra la construcción de la presa. Las protestas y con ellas las amenazas contra Cáceres habían comenzado con fuerza de nuevo.

Austra Flores, madre de la dirigente dijo que su hija había denunciado que su vida peligraba y aseveró que el gobierno estaba en la obligación de protegerla. “La lucha de ella era a favor de los pueblos indígenas”. De igual forma culpó al gobierno hondureño por el crimen de su hija. La semana pasada Berta ofreció una rueda de prensa en la que denunciaba que cuatro dirigentes de su comunidad habían sido asesinados y algunos recibieron amenazas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 8 de marzo de 2016.

Diputada Ernestina Godoy Ramos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos estatales a adecuar sus legislaciones en favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena

Ernestina Godoy Ramos, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción XX, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta Cámara la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, por el cual se exhorta a los Congresos de los estados no prohíban el matrimonio de personas del mismo sexo o adecuen sus legislaciones civiles en favor de dicho matrimonio.

Antecedentes

El pasado 25 de noviembre de 2015 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las normas civiles que definen al matrimonio como el celebrado entre “un solo hombre y una sola mujer” , y/o que establecen entre sus objetivos que “se unen para perpetuar la especie” , prevén una distinción implícita entre las parejas conformadas por personas heterosexuales y las conformadas por personas homosexuales, pues mientras a las primeras se les permite el acceso al matrimonio, a las segundas se les niega esa posibilidad, lo que conlleva una discriminación basada en la preferencia sexual de las personas, lo cual es una categoría prohibida por el artículo 1° constitucional, en consecuencia, emitió la jurisprudencia obligatoria sobre el matrimonio igualitario.1

Problemática planteada

La circunstancia de que los Estados establezcan en sus legislaciones civiles que el matrimonio es sólo aquel celebrado entre “un solo hombre y una sola mujer”, y/o que establecen entre sus objetivos que “se unen para perpetuar la especie”, implica la imposibilidad de que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, lo cual viola lo dispuesto por el artículo 1o. constitucional, puesto que la distinción implícita entre las parejas conformadas por personas heterosexuales y las conformadas por personas del mismo sexo es discriminatoria cuya razón es la preferencia sexual de las segundas.

Consideraciones

Primero. El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo que se copia y es del tenor literal siguiente:

Artículo 1o.-En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte , así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por o rigen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Segundo.- En virtud que diversos Estados de la República legislaron en materia de matrimonio, estableciendo que este es sólo aquel celebrado entre “un solo hombre y una sola mujer”, y/o que establecen entre sus objetivos que “se unen para perpetuar la especie”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de distintas sentencias ha resuelto que dicha consideración es violatoria del artículo 1º constitucional que garantiza la no discriminación por cuestiones de preferencia sexual.

En ese sentido, a guisa de ejemplo, resulta conveniente mencionar los siguientes asuntos en los que se ha pronunciado nuestro más alto Tribunal:

Asunto

Amparo en revisión 615/2013

Sentido de la resolución

La Primera Sala de la SCJN declaró inconstitucionales e inconvencionales las porciones normativas de los artículos 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 102 del Código Civil de dicha entidad federativa, vigentes hasta agosto de 2013, que hacen referencia a que el matrimonio tiene como finalidad perpetuar la especie, así como que éste es entre un solo hombre y una sola mujer, ya que mediante tal enunciación se excluye a las parejas del mismo sexo.

Al determinar la inconstitucionalidad, la Primera Sala argumentó que la exclusión del matrimonio a las parejas del mismo sexo es un acto de verdadera discriminación que no puede ser tolerado en un estado de derecho como el nuestro, el cual no sólo debe estar abierto a la pluralidad, sino que, además, debe estar comprometido con el respeto absoluto de los derechos humanos.

Asimismo, argumentó también que las normas impugnadas al ser en sí mismas discriminatorias y violatorias del derecho al libre desarrollo de la personalidad, al limitar el matrimonio a parejas heterosexuales, es insuficiente una interpretación conforme, pues, de hacerla, dichas normas continuarían existiendo en su redacción, aun siendo contrarias al artículo 1° constitucional y a las obligaciones internacionales contraídas por México en cuanto a la no discriminación por motivos de preferencia sexual.

En cuanto a la inconstitucionalidad de diversas porciones del artículo 102 del citado Código, la Primera Sala expuso que, ello es así en virtud de que parte de los roles de género que tradicionalmente han sido asignados al hombre y a la mujer les impone diversas obligaciones, mismas que se basan en estereotipos que no tienen sustento constitucional. Además de que quebrantan el derecho al libre desarrollo de la personalidad al establecer la manera en que los cónyuges deben tratarse y conducirse en su matrimonio.

Finalmente, es de mencionar que para la Sala no pasó inadvertido que las normas impugnadas se reformaron, respectivamente, el 3 y 10 de agosto de 2013, al surgir en ellas la nueva institución denominada “relaciones conyugales”. Sin embargo, se estimó que ello no fue un impedimento para analizar los conceptos de violación planteados en la demanda

Amparo en revisión 122/2014

Sentido de la resolución

La Primera Sala de la SCJN declaró la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, y 143 y 144 del Código Civil de dicha entidad federativa, en la parte que conciben al matrimonio como la unión de un hombre con una mujer, y vinculan su finalidad con la perpetuación de la especie, ya que mediante tal enunciación se excluye a las parejas del mismo sexo.

La exclusión del matrimonio a las parejas del mismo sexo atenta contra la autodeterminación de las personas y el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo y, además, de manera implícita genera una violación al principio de igualdad, porque da un trato diferenciado a parejas homoparentales respecto de las parejas heterosexuales.

De igual forma argumentó que la función reproductiva o perpetuación de la especie y, de ahí, la formación de una familia no es, de ninguna manera, la finalidad del matrimonio, en tanto cada persona determinará cómo desea hacerlo, como parte de su libre desarrollo de la personalidad, sea bajo la figura del matrimonio, heterosexual o no, o de otro tipo de uniones, como personas solteras, cualquiera que sea su preferencia sexual.

Amparos en revisión 376 y 420/2015

Sentido de la resolución

La Primera Sala de la SCJN declaró inconstitucional el artículo 258 del Código Civil del Estado de Jalisco que limita la celebración del matrimonio a un hombre y una mujer y excluye de él a las parejas del mismo sexo.

Lo anterior porque ello conlleva una discriminación basada en la preferencia sexual de las personas, lo cual es una categoría prohibida por el artículo 1° constitucional.

Acción de inconstitucionalidad 28/2015

Sentido de la resolución

De manera unánime, el Pleno de la SCJN concluyó que una porción impugnada del artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco era inconstitucional ya que atentaba contra la autodeterminación de las personas y contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo y, de manera implícita generaba una violación al principio de igualdad, porque a partir de ese propósito se daba un trato diferenciado a parejas homoparentales respecto de las parejas heterosexuales, al excluir de la posibilidad de contraer matrimonio a personas del mismo sexo.

Amparo en revisión 1127/2015

Sentido de la resolución

La Primera Sala de la SCJN resolvió que el artículo 291 bis del Código Civil del Estado de Nuevo León, que limita la institución del concubinato a parejas de distinto sexo viola los derechos de igualdad y no discriminación, en virtud de que la definición del concubinato, al igual que la del matrimonio, condiciona su existencia a la unión de un hombre y una mujer, y esta condición que se sustenta en la preferencia sexual de las personas, atenta contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

En consecuencia, la circunstancia de que los Congresos de los Estados prevean en sus legislaciones civiles que el matrimonio sólo es el celebrado entre “un solo hombre y una sola mujer” , y/o que establezcan entre sus objetivos que “se unen para perpetuar la especie” , es violatorio de los derechos de igualdad y no discriminación en razón de la preferencia sexual de las personas que siendo del mismo sexo pretenden casarse.

De ahí que lo conducente es que las legislaturas de los Estados no prohíban el matrimonio de personas del mismo sexo o adecuen sus legislaciones civiles en favor de dicho matrimonio.

Por lo expuesto y fundado, resulta oportuno someter a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente resolución.

Único. Se exhorta a las Congresos de los Estados no prohíban el matrimonio de personas del mismo sexo o adecuen sus legislaciones civiles en favor de dicho matrimonio.

Nota

Época: Décima
Registro: 2010676
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a./J. 84/2015 (10a.)
Página: 186

Matrimonio entre personas del mismo sexo. Las normas civiles que definen la institución del matrimonio como la que se celebra entre un solo hombre y una sola mujer, contienen una distinción con base en una categoría sospechosa.

Las normas civiles que definen al matrimonio como el celebrado entre “un solo hombre y una sola mujer”, y/o que establecen entre sus objetivos que “se unen para perpetuar la especie”, prevén una distinción implícita entre las parejas conformadas por personas heterosexuales y las conformadas por personas homosexuales, pues mientras a las primeras se les permite el acceso al matrimonio, a las segundas se les niega esa posibilidad. Así, para poder establecer si existe una distinción implícita no es suficiente saber quiénes tienen el poder normativo en cuestión, sino conocer qué se les permite hacer a esas personas. Aunque este tipo de normas concedan el poder normativo para casarse a cualquier persona, con independencia de su preferencia sexual, si ese poder únicamente puede ejercitarse para contraer matrimonio con alguien del sexo opuesto, es indudable que sí comportan en realidad una distinción basada en las preferencias sexuales, porque una persona homosexual únicamente puede acceder al mismo derecho que tiene una persona heterosexual, si niega su orientación sexual, lo que es precisamente la característica que lo define como tal. De lo anterior se concluye que este tipo de normas se encuentran basadas implícitamente en una categoría sospechosa, toda vez que la distinción que trazan para determinar quiénes pueden utilizar el poder normativo para crear un vínculo matrimonial se apoya en las preferencias sexuales de las personas, las cuales constituyen uno de los criterios enunciados en el último párrafo del artículo 1o. de la Constitución.

Amparo en revisión 581/2012. 5 de diciembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

Amparo en revisión 457/2012. 5 de diciembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz.

Amparo en revisión 567/2012. 5 de diciembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro García Núñez.

Amparo en revisión 152/2013. 23 de abril de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular, en el que estima que en el caso no existió acto concreto de aplicación de la norma impugnada. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretarios: Karla I. Quintana Osuna y David García Sarubbi.

Amparo en revisión 263/2014. 24 de septiembre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular, en el que estima que en el caso no existió acto concreto de aplicación de la norma impugnada. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.

Tesis de jurisprudencia 84/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2015 a las 11:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de diciembre de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 8 de marzo de 2016.

Diputada Ernestina Godoy Ramos (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a cargo del diputado Matías Nazario Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

“La mujer es un miembro activo y con plenos derechos, y a la vez parte importante para el desarrollo de los pueblos.”1

Enunciado mediante el cual, en la Primera Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en la Ciudad de México en 1975, se formalizo, a través del acuerdo de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, el 8 de marzo como “Día Internacional de la Mujer”. Esto como memorial de la muerte de al menos 120 obreras de una fábrica textil, de la ciudad de Nueva York.

A fines del invierno de 1857, época en la que cada vez más mujeres se incorporaban a la producción, especialmente en la rama textil. Eran víctimas de malas condiciones laborales, siendo expuestas a extenuantes jornadas de más de 12 horas, a cambio de salarios miserables, razón por la que decidieron manifestarse en las calles aledañas a la fábrica y reclamar por sus derechos.

Como método de represión, en contra de las trabajadoras de la “Textilera Cotton”, la policía abrió fuego causando la muerte de algunas de ellas, mientras que las demás murieron a causa del fuego provocado en las instalaciones de la fábrica.

Los Hechos de 1857 no fueron aislados, ya que un poco más de medio siglo después, en 1908, 15 mil obreras volvieron a marchar en las calles de Nueva York bajo la consigna de “pan y rosas ”, expresando así su demanda por un aumento de salario y mejores condiciones laborales y de vida. En marzo del siguiente año se repitió la historia de “la textilera cotton”, al ser calcinadas más de 140 mujeres en la fábrica textil donde trabajaban encerradas en condiciones inhumanas.

Fue finalmente en 1910, cuando la alemana Clara Zetkin, propuso que se estableciera el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, durante la Segunda Reunión Mundial de Mujeres Socialistas, en homenaje a aquellas que llevaron adelante las primeras acciones de mujeres trabajadoras organizadas.

El “Día de la Mujer” ha ido perdiendo su tinte obrero, convirtiéndose en un icono de lucha, mediante el cual se reclaman los derechos de todas las mujeres en todos los ámbitos. Al cual se han ido sumando los esfuerzos internacionales por el empoderamiento de la mujer y la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, enriqueciendo y solidificando las grandes causas de la humanidad.

Nota

1 Inmujer “Antecedentes, 8 de marzo.” Centro de documentación del Instituto Nacional de las Mujeres.

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100723 .pdf (último acceso: marzo de 2016).

Referencias Bibliográficas:

Dalton Palomo, Margarita. Mujeres: género e identidad en el Itsmo de Tehuantepec, Oaxaca. México: Públicaciones de la Casa Chata, 2010.

INMUJER. «Antecedentes, 8 de Marzo.» Centro de Documentación del Instituto Nacional de las Mujeres. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100723.pdf (último acceso: marzo de 2016).

Pellini, Claudio. ORIGEN DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8 DE MARZO HISTORIA CAUSAS. noviembre de 2014. http://historiaybiografias.com/dia_mujer/ (último acceso: marzo de 2016).

Peña Nieto, Enrique. «Compromisos de Estados Miembros.México.» ONU Mujeres. septiembre de 2015.

http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments /initiatives/stepitup/commitments-speeches/mexico-stepitup-commitmentsp eech-201509-es.pdf?v=1&d=20150929T153127 (último acceso: marzo de 2016).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.

Diputado Matías Nazario Morales

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a cargo del Grupo Parlamentario del PVEM

“Nacerá una unión entre el hombre y la mujer mucho más verdadera, mucho más fuerte, mucho más digna de respeto. La unión magnífica de dos seres iguales que se enriquecerán mutuamente, pues poseen riquezas distintas”: Victoria Ocampo (escritora argentina).

Han pasado casi 100 años de este anhelo y aún no es realidad. Prueba de ello es que para 2016, ONU Mujeres ha elegido como tema “Por un planeta 50-50 en 2030: Demos el paso para la igualdad de género”.

Para quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde, este 8 de marzo tiene una doble connotación: la celebración, por un lado, y el reconocimiento, por otro, de que aún falta mucho por hacer para alcanzar la paridad de género en nuestra sociedad.

Celebramos esta fecha porque al hacer un recorrido histórico desde aquel 1857, cuando 129 mujeres que trabajaban en fábricas textiles de la ciudad de Nueva York pidieron a sus patrones la reducción de la jornada de trabajo a diez horas e igualdad de condiciones laborales, recibieron como respuesta que éstos incendiaran la fábrica con ellas y sus hijos dentro.

Este trágico acontecimiento nos dio el color violeta como símbolo de la lucha de las mujeres y hoy sigue siendo la antorcha que alumbra a la humanidad para alcanzar una sociedad más igualitaria.

En México tenemos nuestros propios faros de luz, nuestras guías, las semillas que nos convierten en cosecha de ese espíritu libertario de las mujeres mexicanas.

En el Partido Verde todos los días reconocemos a las mujeres, pero en esta fecha queremos reconocer especialmente a quienes con su trabajo diario no solamente han marcado el camino a seguir hacia la emancipación de la mujer, sino que también han sido ejemplo de superación y de lucha incansable por conseguir una sociedad igualitaria.

El país ha sido tierra fértil para lograr acuerdos que doten a las mujeres de espacios para discutir, debatir y establecer objetivos claros en cuanto se refiere a alcanzar la igualdad de género en todos los ámbitos de la vida, tanto pública como privada. Como botón de muestra está la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1975 en México, donde se estableció la conmemoración del 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer y se formó por primera vez una agenda universal de género.

En naciones de todo el mundo, al igual que en nuestro país, la lucha de las mujeres en contra de las distinciones, la marginación, la violencia y la igualdad ante la ley, constituyen páginas extraordinarias de lucha y movilización reflejadas en la organización de eventos orientados a difundir la importancia de la causas de las mujeres, ejemplo de ello es la celebración del Congreso Feminista de Yucatán en 1916.

Este 2016 estamos conmemorando un centenario de aquel Congreso en que las mujeres mexicanas señalaron públicamente su enérgica posición ante la desigualdad en materia política, siendo el derecho al voto de la mujer en el ámbito estatal y después a nivel nacional una de sus victorias más significativas.

Hoy, en la Carta Magna se establece que todas y todos somos iguales ante la Ley y contamos con los mismos derechos. Sin embargo, a pesar de los avances en cuanto a la representación de las mujeres en el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, aún queda camino por andar en cuanto al anhelo de contar con más mujeres gobernadoras y que algún día la Presidencia de la República sea ocupada por una mujer.

Sobre este punto, nuestra bancada expresa su más amplio reconocimiento a las compañeras diputadas de todos los partidos que con audacia, esfuerzo y talento participan cotidianamente en la actividad legislativa con el único propósito de servir con lealtad y sentido social a los mexicanos.

Pero este 8 de marzo, representa también una oportunidad para reflexionar en lo que nos falta por hacer para saldar la deuda que México tiene con sus mujeres, pues a pesar de muchos y muy valiosos esfuerzos, la situación de la mujer mexicana en cuanto respecta a las oportunidades laborales y al acceso a la educación, la salud y la justicia sigue sin ser del todo igualitaria.

Por lo anterior, el gobierno de la república, encabezado por el presidente Peña Nieto, ha mantenido su compromiso firme y decidido de dar a las mujeres mayores facilidades para alcanzar un desarrollo pleno, a través del otorgamiento de créditos para emprendedoras; del seguro para madres jefas de familia; y de una mayor inclusión de las mismas en la política de vivienda de interés social para que logren hacerse de un patrimonio.

Las y los legisladores del Partido Verde queremos ratificar este 8 de marzo, nuestro indeclinable compromiso de seguir luchando al lado de las mujeres de México y del mundo, para que más allá de las fronteras nacionales, de diferencias étnicas, lingüísticas, económicas y políticas, las mujeres de todas las naciones, de todos los pueblos, de todos los continentes seamos respetadas, valoradas y tratadas con igualdad no sólo ante la Ley sino en todas las expresiones de la vida.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Gálico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet, Eduardo Francisco Zen.

Con motivo del 8 de marzo, Igualdad Sustantiva, Asignatura Pendiente, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Este 8 de marzo como desde hace 111 años, las mujeres exigen, luchan, desean y aspiran a ser ciudadanas con derechos plenos. Este es un día para recordar la lucha en pro de la igualdad, es para reflexionar acerca de las condiciones de discriminación que aún persisten y de las alternativas para conquistar un mundo más igualitario en donde mujeres y hombres tengamos las mismas oportunidades de desarrollo.

El 8 de marzo es para recordarnos un anhelo elemental que hoy nos parece indiscutible, y a veces hasta parece chocante y exagerado pero que aún no se logra, y es la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Tanto en la vida pública como en la privada, podemos ver la persistencia de la discriminación de género. Para justificar esas desigualdades, se ha dicho que las mujeres realizamos las labores domésticas porque nos corresponden, porque esas tareas las hacemos mejor, que las realizamos por amor a los hijos, para estar cerca de ellos y poder educarlos bien, que somos más sensibles y que por ello lo hacemos mejor.

¿Se han preguntado por qué el trabajo doméstico no tiene el mismo reconocimiento social y las mismas prestaciones sociales que otras actividades consideradas “productivas”? sobre todo, cuando el trabajo doméstico como lavar, planchar, hacer la comida, cuidar los hijos es fundamental para el desarrollo de una sociedad. Además, a las mujeres se nos responsabiliza del “cuidado” de la familia, como si fuéramos las únicas responsables, ya que cuando se dice que hay “pérdida de valores” ¿que acaso la sociedad en su conjunto no es responsable de promover valores como la justicia, la equidad, la no violencia y el respeto? De seguro hay mejores y más educativas formas de convivir con los hijos que lavar la ropa, limpiar la casa, cocinar, vivir violencia en el hogar y en la calle.

Hoy los hombres son reconocidos como “chefs” y las mujeres siguen siendo cocineras, ellos pueden nombrarse “sastres” mientras que las mujeres siguen siendo “costureras”, el lenguaje hace la diferencia. Y qué acaso el hombre no se afana en demostrar que es “apto” para el manejo de las máquinas? Entonces ¿por qué muestra incapacidad en el manejo de las máquinas domésticas como la plancha, la lavadora, la secadora, la estufa...?

El 8 de marzo fue proclamado como un día para el reconocimiento de la lucha por la igualdad y para incentivar mejoras en beneficio de las mujeres. Y como cualquier otro movimiento social libertario, los logros y mejoras en beneficio de las mujeres se han conquistado gracias a años de lucha y de sacrificio del movimiento de mujeres, sacrificio que ha costado vidas, encarcelamientos, represiones y burlas. Como dice la filósofa Amelia Valcárcel, los derechos de las mujeres no son un regalo, sino una conquista. Los frutos y avances de los que hoy gozamos, son el esfuerzo de generaciones pasadas y presentes que lucharon y luchan por mejorar su condición social y por aspirar a ser tratadas como sujetas de derecho.

Este día no recuerda historias color de rosa, ni del regalo de una flor, no fue, ni ha sido un proceso alfombrado, exento de riesgos y de esfuerzos. Es la historia de una lucha, de un movimiento social y político que tuvo que enfrentar y vencer numerosos obstáculos antes de hacer valer un derecho que hoy nos parece elemental y obvio, gracias precisamente al trabajo de esas luchadoras que lo volvieron “natural y normal”.

En el mundo y en México no fue la excepción, pasaron más de 40 años para que se nos reconocieran los derechos políticos. Para obtener el derecho al sufragio fue necesario la organización y lucha de las mujeres, crear frentes y convocar a congresos nacionales, como el Frente Único Pro derechos de las Mujeres quienes realizaron una huelga de hambre frente a Los Pinos para exigir los derechos políticos para las mujeres. Como parte de esa movilización de mujeres, surgen en México centros de estudio de género en las universidades, se publican libros, revistas y suplementos en diarios nacionales y se impulsa la creación de unidades y comisiones antes de género, hoy de igualdad en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

Estamos aquí producto de esta nueva cultura, sin embargo, en muchas ocasiones se está pervirtiendo este discurso de la igualdad, porque nuevamente quieren traer al debate que los problemas sociales son porque las mujeres hay “descuidado” a la familia. Este es un falso debate, porque entonces habría que preguntarnos ¿en dónde están los hombres y cuáles valores promueven? ¿Qué hacen esos hombres para fortalecer los lazos familiares? sobre todo en una sociedad que carece de la participación activa de ellos en el afecto, cuidado y trato con los y las hijas. Considero que estos grados de violencia exacerbada, también están vinculados a una crisis de la masculinidad, es decir, cada vez ser “más” hombres, es ser más violento.

Hoy queremos que se respeten nuestros derechos como ciudadanas plenas, que se reformen las leyes y códigos que nos discriminan, que cambie la cultura que dice que las mujeres valemos menos que los hombres, que la maternidad sea una opción y no una obligación social, que la sexualidad sea placentera y sin culpa, que la violencia de género se castigue, aspiramos a la paternidad responsable, al destierro del hostigamiento sexual como condición para acceder y ascender en el empleo, que se castigue el acoso callejero, que los partidos respeten que tenemos derecho a ser electas.

Debo reconocer que tenemos logros, les invito a reflexionar sobre los efectos dañinos de la discriminación. Les conmino a acompañarnos en esta tarea, se declaren feministas o no, porque la igualdad entre mujeres y hombres es tarea de todas y todos. Un país democrático es aquel que disminuye las brechas de la desigualdad entre mujeres y hombres.

Aspiramos a la igualdad como seres humanos y a la equidad como un reconocimiento a nuestras diferencias. Hoy, como otros días del año, no queremos que nos feliciten por ser mujeres, queremos que se reconozcan nuestros derechos. Lo que se ha conseguido, y seguramente lo que se conseguirá mañana, sólo será posible con la participación y el esfuerzo de las mujeres y de hombres comprometidos, tenemos derecho a la mitad del cielo y la experiencia indica que para acceder a él, tendremos que conquistarlo con mucho esfuerzo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.

Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica)

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

En septiembre de 2015, 212 mujeres -que representa el 42.5 por ciento del total de legisladores- constituimos junto con 288 hombres la LXIII Legislatura, cifra inédita que se acerca un poco más, a la paridad en la Cámara Baja, pero que dista en calidad y cantidad de acercarse si quiera a la igualdad, y por mucho a la transversalidad del enfoque de género en nuestra labor legislativa.

En el pasado proceso electoral fue aplicado por vez primera vez el principio de paridad constitucional en el registro de candidaturas para cargos de elección popular, sin embargo, aún así, la paridad no ha sido alcanzada, y el desafío es mucho mayor en el ámbito municipal, pues sólo a través de las resoluciones de los Tribunales Electorales, es que muchas mujeres han accedido a la paridad vertical y horizontal.

“Hasta hoy, 187 países han ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Las aportaciones que este instrumento internacional ha hecho a los países de la región han sido fundamentales. No obstante, como establece la propia CEDAW, no basta con la igualdad formal o de derecho; no es suficiente con que las leyes, las políticas públicas, los planes y las acciones gubernamentales aseguren la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Los Estados están obligados a poner todos los medios a su alcance para alcanzar en los hechos la igualdad de género, la igualdad de resultados, la igualdad sustantiva. Las políticas en favor de la igualdad de género son fundamentales para alcanzar este fin. Sin embargo, para ser efectivas y acelerar su avance, éstas requieren de medidas temporales y de acciones afirmativas para eliminar las desigualdades, la discriminación y la violencia contra las mujeres.”1

Hoy parece un día propicio, no para festejar o conmemorar y vestirnos de morado o de rosa y dar moñitos a nuestros compañeros diputados, sin embargo es urgente preguntarnos: ¿hemos puesto al alcance de todas y de todos, los medios para alcanzar la igualdad de género, la igualdad de resultados, la igualdad sustantiva? ¿Qué hemos hecho para eliminar las desigualdades, la discriminación y la violencia contra las mujeres?, ¿qué estamos haciendo como sociedad para inculcar esos urgentes cambios culturales en las nuevas generaciones que promuevan la igualdad? ¿Cómo es que estamos incorporando a los hombres en esta tarea que no sólo es asunto de mujeres, sino un asunto que incluso determina la calidad de la democracia en la que vivimos?

La respuesta a mis preguntas no es alentadora, las cifras no mienten, en el documento publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres “Mujeres y hombres en México 2014”, se observa que las mujeres se incorporan en menor proporción al mercado laboral que los hombres. De entre las mujeres de 15 años y más, 43.3 por ciento realizaron una actividad económica o buscaron trabajo, en contraste con 78.2 por ciento de los hombres del mismo grupo de edad (ENOE, 2014-II T). Es más común entre los hombres ser empleadores que entre las mujeres, y con mayor frecuencia éstas se ocupan sin recibir ningún tipo de pago.

Poco más de la mitad de las personas que ganan hasta un salario mínimo son mujeres, pero el porcentaje de mujeres entre las personas que perciben más de 5 salarios mínimos es tan sólo 29.2 por ciento.

Descontando el tiempo dedicado a cuidados personales, las mujeres dedican 47.7 por ciento de su tiempo al trabajo doméstico y de cuidados, mientras que los hombres dedican 17.0 por ciento.

En 2014, el 35.2 por ciento de los puestos directivos de la administración pública en el país eran ocupados por mujeres.

27.3 por ciento de las mujeres mayores de 15 años reportaron en 2011 haber sufrido algún incidente de violencia por parte de su pareja en los últimos 12 meses. El tipo de violencia que reportaron fue: emocional 84.3 por ciento, económica 44.2 por ciento, física 17.9 por ciento, y sexual 8.6 por ciento.

Actualmente, en el mundo, las mujeres constituyen el 21.9 por ciento de los miembros en los parlamentos (http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm, 2014).

En la región latinoamericana el promedio de mujeres en los parlamentos es de 22.8 por ciento en la Cámara Baja y 24.7 por ciento en la Cámara Alta, constituyendo el promedio más alto en el ámbito internacional. Es destacable que en la Cámara Baja países como Argentina, Costa Rica, Ecuador, México y Nicaragua se ubiquen por encima de 35 por ciento de mujeres, en tanto Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Uruguay no lleguen al 20 por ciento. En la Cámara Alta solo Bolivia, Argentina y México tienen más de 30 por ciento de senadoras, mientras que el resto de los países que integran esta región se ubican con 20 por ciento o menos, en este espacio legislativo.

Sé que desde donde estamos hoy y con la voluntad política de todos y todas, tendremos que seguir insistiendo con un proceso de armonización legislativa para cumplir los compromisos internacionales asumidos, como la ya mencionada CEDAW y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará); y terminar de una vez por todas con el agravio comparado que discrimina a miles de mujeres.

Hoy es un día para reivindicar lo que hemos hecho para construir este país, esta sociedad, nuestras instituciones. El México moderno no se entendería jamás sin el empuje de las mujeres en los cambios estructurales y profundos del país. El poder incluso, no se entendería sin los empujes y esfuerzos de millones de mujeres que día a día encabezan cientos de causas y luchas sociales, que apoyan y protagonizan y organizan grupos que, sin duda brindan apoyos y a quienes buscan el poder, y que son las primeras en exigir a las autoridades que se cumplan con los compromisos, que se generen cambios positivos.

El Día de la Mujer, debe ser uno en el que reflexionemos, en el que pongamos sobre la mesa, que la lucha por la igualdad, ha nacido de nosotras, no por gusto, sino porque se nos ha orillado a transformar el mundo desde hace un siglo.

Es por eso que hoy hago énfasis, de los pendientes, de los obstáculos, de las resistencias, pero sobre todo de que somos un grupo mayoritario que es constante y permanentemente discriminado, no sólo por ser mujeres, sino por estar embarazadas, por ser madres, por nuestro color de piel, por nuestro ingreso, por miles de variables que reflejan que somos hasta doble o triplemente discriminadas. No olvidemos que se nos ha destinado día a día a llevar dobles o triples jornadas, que eso nos ha dejado por siglos fuera de una competencia en igualdad, y que no debe poner en tela de juicio nunca nuestras capacidades.

Hoy, me gustaría sentarme a debatir sobre eso, y rendir cuentas a todos y a todas; nosotras ya estamos aquí, es nuestro deber avanzar en estas tareas.

Sin embargo, prefiero compartir lo siguiente con Ustedes. No espero, recibir felicitaciones o flores en este Día Internacional de la Mujer, prefiero como regalo, una conciencia feminista, porque si eres mujer y puedes votar y ser votada, fue gracias a las luchas de millones de feministas que nos lo regalaron, porque si recibes un salario igual al de un hombre por hacer el mismo trabajo, ese también fue su regalo (de nosotras); porque si fuiste a la Universidad en lugar de dejar los estudios después del Bachillerato para que tus hermanos pudieran estudiar pues “tú de todos modos simplemente vas a casarte”, agradéceselo a una feminista.

Porque si ahora puedes esperar vivir hasta los 80 años en vez de morir entre los 20 y 30 a causa de embarazos ilimitados, agradéceselo a una feminista. Porque si hoy desde esta tribuna puedo representar a las y los ciudadanos y hacer escuchar su voz y sus demandas, fue gracias a las miles de feministas que me antecedieron y a las que hoy agradezco y brindo mis respetos.

Nota

1 “La Participación Política de las Mujeres en México. A 60 años del Reconocimiento del derecho al voto femenino”. ONU Mujeres, Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres; PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo México; IDEA Internacional Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.

Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El Día Internacional de la Mujer nace a raíz de un periodo que comprendió varios sucesos a nivel mundial donde las mujeres reclamaban más y más sus derechos. Finalmente este día se oficializa en el año de 1977 con el nombramiento por parte de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)1 .

Tristemente este no es un día de júbilo. El mundo no es un lugar amigable para las mujeres. La discriminación y la violencia que sufren no conocen fronteras, color ni clase social. Ser mujer es por sí mismo una desventaja en un mundo que sigue sin lograr la equidad de género.

Cualquiera pensaría que hemos evolucionado, que aquel incendio en una fábrica de Nueva York en 1911 el cual acabó con la vida de más de 140 trabajadores, la mayoría, mujeres2 y el cual fue uno de los detonantes para la lucha de igualdad, nos habría abierto los ojos, nos habría empujado a celebrar este día y no a recordar todo lo que aún hace falta.

El problema va más allá de nuestras fronteras y aunque la forma y el fondo de los problemas que enfrentan las mujeres a nivel mundial pueden ser diferentes, la realidad es que la mujer sufre de violencia tipo física, psicológica, emocional, sexual y económica3 todos los días.

México no es la excepción a la violencia y con profunda tristeza el término “feminicidio” es ahora parte de nuestro lenguaje.

El feminicidio se define como el conjunto de hechos violentos y misóginos contra las mujeres que implican la violación de sus derechos humanos, atentan contra su seguridad y ponen en riesgo su vida y tristemente culmina en la muerte violenta de algunas mujeres4.

En nuestro país, el estado de México fue el primer territorio en declarar en 11 de sus municipios una alerta de género debido al número elevado de mujeres asesinadas y torturadas5 . Sin embargo la violencia sistemática contra las mujeres6continúa reportándose, tal es el caso que municipios de Jalisco y Morelos también cuentan con esta alerta.

La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) según la definición de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), es un mecanismo que permite mejorar la calidad de vida de las mujeres mexicanas, pues a través de éste se implementan en un territorio determinado las acciones necesarias para garantizar el derecho de las mujeres a un vida libre de violencia7 .

La alerta de género por primera vez se aplica en México para hacer frente a la cantidad de feminicidios. El Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio, una de las organizaciones de derechos humanos solicitantes de esta medida, presentó un plan de cinco puntos urgentes para aplicarse, los cuales consisten en8 :

Emitir un mensaje de alerta para que las mujeres sepan que hay una alerta de violencia de género; esto, acompañado de una campaña sobre zonas y situaciones de riesgo.

Conformación de grupos especializados en investigación de feminicidios con fiscales y policías, así como una unidad de análisis que identifique las posibles víctimas y zonas de riesgo donde debe reforzarse la seguridad.

Generar un procedimiento y acciones inmediatas para la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas y que las zonas donde ocurren los casos sean intervenidas.

Reforzar la seguridad y vigilancia , informar a los habitantes cuáles son las zonas de riesgo y modus operandi de quienes ejercen la violencia de género.

Rendir informes sobre los mecanismos de la alerta de género, indicando qué estrategias se han implementado, qué casos se están investigando, cuál ha sido la atención a víctimas, y las medidas y sanciones que se han tomado.

Esta serie de acciones deberían garantizar la seguridad de nuestras mujeres y erradicar la violencia de género en el territorio, sin embargo el emitir esta alerta no resulta fácil, de hecho si nos vamos a la raíz del problema podemos mencionar que en 17 estados de nuestro país se vuelve imposible acreditar el feminicidio en el código penal9 , acción que resulta primordial para reconocer y ejercer acciones frente a este problema.

Compañeros, bien lo expresó María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio: “Si la autoridad minimiza, entonces ya es un problema grave”, y nosotros estamos minimizando.

Trabajemos para que la declaratoria de alerta de violencia de género esté acompañada de las estrategias que aseguren su efectividad y no siga siendo un mecanismo de protección lento, donde ni siquiera hay un plazo o compromiso concreto para lograr resultados10 .

Permitamos que las peticiones de declaratorias de alerta de género caminen de forma puntal, que se reconozca la problemática y que se dé apertura para una solución, no para bloquear estrategias que sólo buscan ayudar.

Aprobemos la inclusión en el Código Penal la figura del crimen de feminicidio, con el propósito de convertir los asesinatos machistas en un delito formal11 .

Aunado a esto construyamos un sistema de estadística fiable que permita conocer con exactitud el número de feminicidios cometidos, recordemos que lo que no se mide no existe.

Finalmente eduquemos a nuestra población, seamos efectivos en la creación e implementación de políticas de género, seamos reactivos a cualquier indicio de brote de violencia y no esperemos tener el día internacional del feminicidio para empezar a hablar más de ello y de cómo resolverlo.

Esto está en todo México y es una realidad en la cual el día de mañana podría ser víctima de ello su hija o la mía.

¡Ni una menos!

Notas

1 http://www.economiahoy.mx/economiahoy/opinion/noticias/6536928/03/15/
Por-que-se-celebra-el-8-de-marzo-el-Dia-de-la-Mujer.html

2 http://www.excelsior.com.mx/global/2013/03/08/887960

3 http://www.yabastadeviolencia.com/home/tipos-de-violencia

4 http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/eventos/reu_esp/doctos/P_Lopez.ppt

5 https://proyectocuerpodemujerpeligrodemuerte.wordpress.com/2013/07/05/m apa-del-feminicidio-en-america-latina-2013/

6 http://observatoriofeminicidio.blogspot.mx/

7 http://www.conavim.gob.mx/en/CONAVIM/Informes_y_convocatorias_de_AVGM

8 http://mexico.cnn.com/nacional/2015/07/29/que-medidas-se-aplicaran-en-e l-edomex-con-la-alerta-de-genero

9 http://www.milenio.com/firmas/frank_lozano/hora-alerta-genero_18_679912 069.html

10 http://www.jornada.unam.mx/2015/10/26/politica/008n1pol

11 http://www.actitudfem.com/entorno/genero/mujeres/el-feminicidio-en-el-m undo

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)


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