Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa a considerar acciones de accesibilidad universal en las instalaciones por rehabilitar mediante el programa Escuelas al Cien, suscrita por la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Yolanda de la Torre Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, señala a la “accesibilidad” como uno de los principios centrales para que las personas con discapacidad gocen plenamente sus derechos en igualdad de condiciones. Para corresponder a este principio los estados parte están obligados a realizar las acciones pertinentes a fin de acondicionar, adaptar y proyectar debidamente el entorno donde las personas con discapacidad acceden a sus derechos, para los efectos de esta exposición de motivos se citan a continuación los artículos vinculantes:

Artículo 9 Accesibilidad

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los estados parte adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico , el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas , viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;

...

2. Los estados parte también adoptarán las medidas pertinentes para:

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;

...

Artículo 24 Educación

Los estados parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los estados parte asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a:

a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana;

b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas;

c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre.

2. Al hacer efectivo este derecho, los estados parte asegurarán que:

a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad;

b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan;

c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales;

Es de resaltar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como cualesquiera otro tratado internacional en materia de derechos humanos ha de considerarse como ley suprema en la Unión, de acuerdo al artículo 133 constitucional. Esta lógica supone que el Estado mexicano deberá implementar medidas que garanticen el acceso pleno de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, a los derechos fundamentales, en particular para efectos de esta exposición de motivos, de la educación.

2. De acuerdo al diagnóstico contenido en el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, este colectivo social se encuentra en severas desventajas con relación a la educación, contra sus pares sin discapacidad, para los fines que convienen a esta exposición de motivos se detallan a continuación los siguientes datos.

i. Asistencia escolar: la población con discapacidad de entre 3 y 29 años, presenta una tasa de asistencia escolar de 45 por ciento, mientras que su contraparte sin discapacidad mantiene 56 por ciento. De acuerdo al Censo 2010, que las personas con discapacidad física o neuromotora tienen un promedio de asistencia escolar de 39.4 por ciento, mientras que las personas con discapacidad visual mantienen una asistencia de 53.2 por ciento.

ii. Nivel de escolaridad: el Censo 2010 reporta que entre la población con discapacidad, 27.9 porciento no tiene estudios, 45.4 por ciento termino? al menos un año de primaria, 13.3 por ciento uno de secundaria, 7.3 por ciento uno de media superior y 5.2 por ciento uno de superior; 86.6 por ciento de la población con discapacidad tiene como máximo estudios de educación básica, en correlación 29.1 por ciento de las personas con discapacidad física son analfabetas.

iii. Participación económica: la participación económica de las personas con discapacidad representa 29 por ciento, mientras que el mismo indicador en las personas sin discapacidad se ubica en el 56, según el Censo 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Al separar este indicador por tipo de discapacidad se observa que las personas que tienen discapacidad visual tienen 35.3 por ciento, con discapacidad auditiva 29.7 por ciento, con discapacidad física o neuromotora 27.1 por ciento.

iv. Ocupación : El Censo 2010 reporta que de cada 100 personas con discapacidad ocupadas, 22 lo hace como trabajadoras en actividades elementales y de apoyo, 18 son trabajadores agrícolas, 16 laboran en tareas de comercio o ventas, 14 son artesanos, 10 profesionistas y técnicos, 8 realizan tareas de servicios personales y vigilancia, 6 trabajan como operadores de maquinaria, 3 como auxiliares administrativos y 2 son funcionarios, directores o jefes. La gran mayoría tiene un perfil ocupacional de baja cualificación.

Esta realidad estadística orienta la necesidad de contar con políticas públicas con la finalidad de incorporar a la escuela pública a las personas con discapacidad, a fin de reducir progresivamente los índices de desventaja social, referidos en los anteriores datos.

3. El 1 de febrero de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea la Ley General de Infraestructura Física Educativa, a efecto de contextualizar la presente proposición con punto de acuerdo, se cita el artículo 2o. de dicho ordenamiento legal, en cuyo texto se lee:

Artículo 2. El objeto de la ley es regular la infraestructura física educativa al servicio del sistema educativo nacional, estableciendo los lineamientos generales para:

I. La construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio del sistema educativo nacional;

II. La creación de programas en las áreas de certificación, evaluación y capacitación, dentro de las líneas que comprenden procesos constructivos, administración de programas, innovación en la gestión pública, desarrollo humano, informática y de asesoría técnica en el área de proyectos, peritajes, diagnósticos técnicos y servicios relacionados con la materia;

III. La generación de procesos de planeación, para que los recursos se apliquen con mayor pertinencia;

IV. La creación de mecanismos que permitan prevenir y dar respuesta a las contingencias derivadas de desastres naturales en la infraestructura física educativa nacional, y

V. La coordinación de las acciones que propicien la optimización de recursos, la homologación de procesos en los casos procedentes, así como la participación y la toma de decisiones conjuntas de las instituciones públicas del país y de los diferentes órdenes de gobierno, federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, además de los sectores de la sociedad.

El mismo decreto crea el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, cuya responsabilidad y ámbito de competencia se definen en el artículo 16, el cual se cita a continuación.

Artículo 16. El objetivo del instituto es fungir como un organismo con capacidad normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del país y de construcción, en términos de esta ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables, y desempeñarse como una instancia asesora en materia de prevención y atención de daños ocasionados por desastres naturales, tecnológicos o humanos en el sector educativo.

Para el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, el instituto considerará en todo momento las características particulares de cada región del país, con base en su riqueza y diversidad.

El instituto estará encargado de la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública en el Distrito Federal, en las entidades federativas en el caso de instituciones de carácter federal o cuando así se convenga con las autoridades estatales.

De tal forma el instituto, dentro de su ámbito de competencia tiene la encomienda de definir las acciones necesarias para que la infraestructura física educativa cumpla con su cometido social.

4. De acuerdo a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la accesibilidad es un principio definido como: “Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales...”

Adicionalmente el comentario general número 2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad referente al artículo 9 sobre “Accesibilidad”, refiere en su numeral 39, lo siguiente: “Sin un transporte accesible a las escuelas, sin edificios escolares accesibles y sin información y comunicación accesibles, las personas con discapacidad no tendrían oportunidad de ejercer su derecho a la educación”.

Contextualizando lo antes referido, es prioritario que la accesibilidad para las personas con discapacidad se incorpore dentro de los objetivos particulares de la política pública desarrollada por el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa.

En fechas recientes, a través del secretario de Educación Pública, maestro Aurelio Nuño Mayer, se ha dado a conocer a la opinión pública un programa de capitalización, con la finalidad de adquirir recursos para la consecución de los fines del instituto antes mencionado, estos recursos se obtendrán a través de la emisión de los Certificados de Infraestructura Física Educativa, este programa ha sido denominado Escuelas al CIEN.

El objetivo de esta proposición con punto de acuerdo es exhortar a las autoridades responsables para que dentro de los programas concernientes y de manera especial dentro de la cobertura y lineamientos de operación de los Certificados de Infraestructura Física Educativa, sean considerados los elementos necesarios y suficientes para garantizar el acceso pleno y en igualdad de condiciones a las personas con discapacidad.

Aplicando de forma extensiva y suficiente las normas de accesibilidad que están contenidas en el tomo II “Accesibilidad” del volumen 3, “Habitabilidad y Funcionamiento”, correspondiente a la normativa técnica del Instituto Nacional de Infraestructura Física y Educativa. El cual contiene a detalle la información técnica y metodológica para aplicar el principio de accesibilidad en los planteles educativos, considerando las necesidades de las personas con discapacidad que requieren para usar en igualdad de condiciones las instalaciones.

De igual forma, es necesario reformar a detalle los conceptos de “Accesibilidad” contenidos en el Anexo III, de los lineamientos de operación a fin de que se proporcionen a detalle no sólo el número de personas con discapacidad en el plantel, sino el tipo de discapacidad y en consecuencia sus requerimientos, es deseable para efectos de una mejor implementación del principio de accesibilidad en las escuelas públicas, que aunque la escuela no cuente con ninguna persona con discapacidad dentro de su planta docente y alumnado, se consideren aspectos mínimos para garantizar el uso en plenitud de las instalaciones por todos los miembros de la comunidad.

Es por lo antes expuesto y de acuerdo a los artículos citados en el proemio, que se presenta a esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Instituto Nacional de Infraestructura Física y Educativa, doctor Héctor Gutiérrez de la Garza, a considerar dentro del Programa Escuelas al Cien, las acciones necesarias y suficientes para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad en los centros educativos del país.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública, maestro Aurelio Nuño Mayer, a efectuar las acciones necesarias y suficientes para que dentro de los programas de infraestructura educativa, se cumpla con el principio de accesibilidad para las personas con discapacidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2016.

Diputada Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a los integrantes del gabinete de seguridad nacional del Ejecutivo federal a una reunión para conocer los detalles sobre la reaprehensión de Joaquín Guzmán Loera y su estatus jurídico, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La reaprehensión el pasado viernes 8 de enero de un delincuente tan peligroso y nocivo para la sociedad como Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, es un logro de las instituciones, principalmente de la Armada de México, y merece por supuesto todo nuestro reconocimiento.

Sin embargo y tomando en cuenta los antecedentes de su fuga, los señalamientos de corrupción de las autoridades penitenciarias, y la misma capacidad del narcotraficante para evadir la acción de la justicia, quedan aún pendientes de responder muchas dudas que las autoridades de seguridad del Estado mexicano debe responder.

En estos meses ha quedado evidenciado que el cártel de Sinaloa tiene todavía gran capacidad operativa y financiera principalmente en la zona denominada “Triángulo Dorado”, entre Durango, Sinaloa y Chihuahua, las estructuras financieras y operativas de trasiego de droga y de mando permanecen intactas, tal pareciera que Joaquín Guzmán Loera despacharía ahora desde el penal y ya no desde la sierra.

De igual forma se aprecia que la red de complicidades y encubrimiento con que contó este criminal para fugarse de un centro supuestamente de alta seguridad no se ha desmantelado, y que el sistema penitenciario sigue siendo vulnerable ante la acción de criminales de la peligrosidad como la de Guzmán Loera.

Con la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, el gobierno de México vive un dilema: entregarlo a Estados Unidos mediante un proceso de extradición fast track o mantenerlo en alguna cárcel segura hasta que responda a la justicia mexicana por los delitos cometidos en el territorio nacional.

De ahí se desprende preguntarse si hay condiciones en México para que Guzmán cumpla su condena en el país, ¿qué implica para el sistema penitenciario nacional tener a un delincuente como El Chapo Guzmán en sus penales?, ¿qué ha pasado con los fondos de dinero que le sirven de financiamiento para sobornos y compra de cómplices?, ¿Se le incautarán bienes raíces, muebles, autos, cuentas bancarias o de inversiones, arsenal, etcétera, para que de una buena vez se debilite a su organización delictiva?

¿La extradición hacia Estados Unidos de América en qué condiciones se dará, o acaso la extradición más bien respondería a una decisión política? Porque así como el gobierno estadounidense quería a Bin Laden, quiere tener al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera por considerarlo sumamente peligroso y letal para su seguridad nacional e intereses. ¿México cederá ante la presión de Estados Unidos?

Actualmente, Guzmán Loera es requerido en media docena de estados de la Unión Americana por delitos relacionados con el narcotráfico y lavado de dinero en tribunales federales de Arizona, Texas, California, Illinois, Florida y Nueva York. De tal suerte, el 31 de julio de 2015 su defensa interpuso una demanda de amparo contra cualquier orden de detención con fines de extradición, con el argumento de que el proceso se viciaría por declaraciones de supuestos testigos (colaboradores pagados). De igual forma, la defensa indicó que se busca obligar al líder criminal a que se declare culpable de la comisión de delitos graves “que no ha cometido”, según su defensa.

Tomando en cuenta este contexto, resulta prioritario el análisis del tratado de extradición entre Estados Unidos y México a efecto de analizar la viabilidad en términos jurídicos de llevar a cabo o no dicha extradición, más allá de cualquier interés político que pueda entorpecer la correcta procuración e impartición de justicia.

En el PAN consideramos que todas estas cuestiones y muchas más deben ser respondidas por las autoridades responsables de la seguridad en México ante esta soberanía en aras de tener certeza de su trabajo y evitar situaciones que permitan o faciliten la evasión de la justicia o la fuga de reos de alta peligrosidad como la de Guzmán Loera.

Y esto no debe quedar en un diálogo coyuntural entre los poderes sino de observar a fondo la problemática para lograr coincidir en reformas institucionales a nuestro sistema de justicia, así como un cambio de fondo a nivel federal y estatal en los cuerpos policiacos, en el sistema nacional penitenciario y en los sistemas de procuración, administración e impartición de justicia y en general en todo aquello que, desde el sistema penal y de justicia en general, garantice el acceso de las personas a un régimen efectivo en el que se pueda accederse a la justicia genuina por medio del cumplimiento de la ley y del respeto irrestricto del estado democrático de derecho.

Por tanto, consideramos indispensable que el propio gabinete de seguridad informe de manera explícita a esta soberanía sobre las acciones, la prospectiva y los escenarios que se desprenden de la recaptura del capo y analizar la viabilidad de llevar a cabo su extradición a Estados Unidos.

Por lo expuesto se presenta la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión invita a una reunión de trabajo a los integrantes del gabinete de seguridad nacional del Ejecutivo federal con la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional a efecto de conocer los detalles sobre la reaprehensión del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, su estatus jurídico, el estado que guarda el inmueble donde fue localizado de acuerdo con la Ley Federal de Extinción de Dominio, los criterios para determinar su proceso de extradición y las repercusiones para el combate de la delincuencia organizada en México.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2016.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE a efectuar acciones para cumplir la NOM-041-SSA2-2011 y la guía de práctica clínica “Prevención, tamizaje y referencia oportuna de casos sospechosos de cáncer de mama en el primer nivel de atención”, suscrita por la diputada Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Araceli Saucedo Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguientes

Consideraciones

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama es de los más frecuentes en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. En México, datos recientes del Instituto Nacional de Geografía y Estadística de 2013 reportan 5 mil 548 fallecimientos de mujeres por esta enfermedad, el cual representa cerca del 40 por ciento de quienes la adquirieron.

Los conocimientos actuales sobre las causas del cáncer de mama son insuficientes, por lo que la detección temprana sigue siendo el punto más importante de la lucha contra esta enfermedad. Cuando el cáncer de mama se detecta en etapa temprana, las posibilidades de curación son elevadas; si se detecta tardíamente, raramente se pueda ofrecer un tratamiento curativo. Por lo que el tiempo de diagnóstico y tratamiento resulta fundamental para evitar fallecimientos por este padecimiento.

Un estudio transversal, publicado en marzo de 2015, realizado entre 886 pacientes de los cuatro hospitales más grandes de la Ciudad de México (el Hospital General, el Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital de Ginecología y Obstetricia número 4 y Hospital Nacional de Oncología del IMSS), demuestra que en México pasan en promedio siete meses desde que una paciente detecta los primeros síntomas de cáncer de mama y, el momento en que es diagnosticada.

De esos siete meses, cinco son atribuidos a retrasos en el sistema de salud. Dicho estudio concluye que el 57 por ciento de las mujeres enfermas que se encontraron en los centros estudiados, fueron diagnosticadas seis meses después de que se detectaron los primeros síntomas. Esto provocó que en el 48 por ciento de los casos, el cáncer de mama fuera detectado en etapas avanzadas (III y IV), cuando ya no había mucho que hacer para evitar su muerte por esta enfermedad.

En México, la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011 para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de Mama, contempla tres medidas de detección: la autoexploración, el examen clínico de las mamas y la mastografía. La primera, debe promoverse de forma tal que las mujeres la realicen a partir de los 20 años; el examen clínico a partir de los 25 años y la mastografía de los 40 a los 69 años, cada dos años. En las mujeres mayores de 70 años, la mastografía se realiza bajo indicación médica ante antecedentes heredofamiliares de cáncer de mama. Este estudio no se recomienda en mujeres menores de 40 años, pero puede realizarse si existe algún indicio de alteración de los senos en el examen clínico de mamas.

Para garantizar el control de calidad de los servicios de salud relacionados con la detección y control del cáncer de mama, los responsables deben implementar procedimientos de mejora continua en cada uno de los procesos que lo integran, así como acciones que fomenten la interacción entre ellos.

La norma oficial en la materia, establece que el lapso entre la realización de este estudio y la notificación del resultado a la paciente, no debe ser mayor a 21 días hábiles y la cita posterior, en caso de ser referida a una unidad especializada, debe ser antes de 10 días hábiles; esto debe cumplirse al menos en 90 por ciento de las mujeres que llegan a esta instancia (DOF, 09/06/2011).

Asimismo, el inicio del tratamiento no deberá exceder 15 días hábiles en más de 90 por ciento de los casos, contados a partir de la decisión del tipo de tratamiento a proporcionar.

Además, la guía de práctica clínica Prevención, tamizaje y referencia oportuna de casos sospechosos de cáncer de mama en el primer nivel de atención, aprobado por el Consejo de Salubridad General establece los protocolos necesarios para la detección y tratamientos de este cáncer, señala que el retraso en la atención entre 3 a 6 meses, provoca efectos adversos, esta evidencia incluye retraso desde el primer síntoma, así en el tratamiento profesional que impactan sobre la supervivencia.

Las estrategias de prevención, no eliminan los casos de cáncer de mama, donde el diagnóstico del problema se hace en fases avanzadas. Así pues, la detección precoz con vistas a mejorar el pronóstico y la supervivencia de esos casos, sigue siendo la piedra angular del control del cáncer de mama. La mamografía es la única modalidad de detección que ha demostrado disminuir la mortalidad del cáncer de mama entre el 26 y 39 por ciento.

Como se observa, en los señalamientos expuestos, las instituciones de salud pública del país, están lejos de cumplir la norma oficial mexicana para la detección y tratamiento del cancer de mama, aunque lo grave no es sólo su incumplimiento, sino la situación de alto nivel de riesgo de muerte en que se coloca al total de mujeres mexicanas que adquieren esta enfermedad. Cumplir las Normas en la materia, permitiran reducir sustancialmente las más de 5000 muertes que ocurren en la actualidad.

Por lo anterior, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a tomar las acciones necesarias para cumplir la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011 y con la guía de práctica clínica Prevención, tamizaje y referencia oportuna de casos sospechosos de cáncer de mama en el primer nivel de atención, relativa al diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama con la finalidad de dar tratamiento oportuno y evitar muertes por esta enfermedad.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a que presenten a esta soberanía, en un plazo de 60 días, un informe el cual contenga las acciones específicas desarrolladas para el cabal cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-041-ssa2-2011.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2016.

Diputada Araceli Saucedo Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades y al gobernador de Morelos a garantizar la seguridad de los ciudadanos, suscrita por el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, José Refugio Sandoval Rodríguez, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

A pesar de que la violencia siempre ha estado presente, nosotros no tenemos que aceptarla como una parte inevitable de la condición humana, es por eso que han surgido sistemas con la final de prevenir y limitar su aparición, claro que ninguno ha sido completamente exitoso, pero sin duda han logrado la disminución y contención de la violencia en nuestra civilización.

Uno de estos sistemas, quizás el de mayor trascendencia, es el Estado, el cual surgió como el acto de cesión voluntaria de cada individuo de sus derechos con la finalidad de crear una entidad muy poderosa, capaz de obligar a cada miembro de la comunidad a apegarse a las reglas de convivencia, leyes y reglamentos.

Lo anterior, ha permitido que la sociedad en su conjunto goce de seguridad personal, laboral y familiar. De no existir el Estado, se caería en “el estado de naturaleza”, es decir, una situación de anarquía, donde prevalece la ley del más fuerte, situación que puede despojar a los más débiles de sus posesiones, libertad o vida.

La herramienta principal del estado para hacer valer las leyes y evitar caer en un estado de descomposición social, es el poder coercitivo, el cual consiste en la capacidad de obligar a los individuos a que obedezcan la normatividad, y también el poder de utilizar a las fuerzas de seguridad pública para perseguir, capturar y castigar a quien rompa la ley.

A pesar de lo anterior, en el estado de Morelos parece no imperar el poder coercitivo, ya que en los últimos meses dicha entidad se ha visto envuelta en una vorágine de delincuencia, sin que al parecer la autoridad pueda remediar la situación.

Y es que el estado de Morelos, registra uno de los mayores índices de violencia a nivel nacional, en gran parte debido a la amplia presencia de grupos vinculados a los carteles del narcotráfico. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, se ubica en cuarto lugar en homicidio doloso y secuestro y es el tercero en cuanto a la incidencia de extorsiones.

La entidad gobernada por Graco Ramírez de extracción perredista contabilizó de enero a noviembre del 2015, 45 mil 629 presuntos delitos, con ello, es la séptima entidad con la cifra más alta de delitos a nivel nacional.

Asimismo, un estudio divulgado en 2015 por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, indicó que Cuernavaca había desplazado a Acapulco como el municipio más violento de México y que a Morelos, corresponde el índice de violencia más elevado entre las 32 entidades federativas del país.

Mientras todo esto ocurre, el gobernador perredista, es protagonista de diversas noticias nacionales. En primer lugar, por el sonado enfrentamiento con el Alcalde de Cuernavaca, el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco debido al mando único; y en segundo lugar, por sus reiteradas muestras de voluntad para convertirse en candidato presidencial de su partido, el Partido de la Revolución Democrática.

El 14 de septiembre de 2012, a unos cuantos días de asumir el cargo, Graco Ramírez realizó un compromiso: en un plazo de 18 meses Morelos volverá a ser seguro, sin embargo, a tres años de distancia, la situación es crítica.

Como menciona atinadamente el Presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario, Morelos experimenta el peor de los mundos: de un lado, los narcotraficantes enfrentados entre sí por el control de plazas; del otro, la precariedad de actores relevantes de la clase política en responsabilidades de gobierno.

Por lo anteriormente mencionado, hacemos un llamado a las autoridades estatales a dejar la soberbia y los proyectos personales a un lado y trabajar por lo que realmente importa: la seguridad y tranquilidad de las familias morelenses.

En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades del estado de Morelos para que brinden la seguridad necesaria a los alcaldes, en el entendido de que ésta es una condición necesaria para que los ediles realicen sus actividades de manera normal.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador del estado libre y soberano de Morelos a establecer una relación cordial con los municipios de esa entidad, con la finalidad de elaborar políticas eficaces que den resultados inmediatos en materia de seguridad pública.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 13 días del mes de enero del 2016.

Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sener a informar sobre el futuro próximo de la CFE, suscrita por la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Norma Rocío Nahle García, diputada del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución , al tenor de la siguientes

Consideraciones

Comisión Federal de Electricidad, ahora en exclusiva y hasta octubre de 2009 con el concurso de Luz y Fuerza del Centro, ha sido desde septiembre de 1960 y hasta el día de hoy, la única responsable de la planeación, la calidad, continuidad, estabilidad y seguridad del servicio público de energía eléctrica en nuestro país, sin embargo, en aplicación de la nueva legislación vigente en la industria eléctrica mexicana, estas responsabilidades pasarán ahora a manos de diferentes actores del nuevo sector eléctrico mexicano.

En este marco el maestro en finanzas Víctor Hugo Luque Saucedo, director general de Supervisión y Reestructuración de Empresas y Organismos del Estado en el Sector Eléctrico de la Secretaría de Energía, emitió el pasado 28 de diciembre de 2015, el oficio 300.0.4.034/15 para emitir los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad .

En dicho oficio se ratifica naturalmente, en congruencia con la reforma constitucional efectuada en la pasada legislatura a todo el sector energético mexicano, que de ahora en adelante el objetivo de las actividades la Comisión Federal de Electricidad será generar valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano.

Como este objetivo ahora la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lo debe alcanzar en el marco de un sector eléctrico mexicano abierto a la competencia con actores privados, en este oficio se pretende dar la certeza a dichos actores del acceso abierto, no discriminatorio y de verdadera competencia económica en la industria eléctrica mexicana, por lo cual el oficio procede a establecer una nueva estructura legal, administrativa, contable y operativa de la empresa productiva del estado, consistente en un corporativo y diversas empresas productivas subsidiarias, filiales y asociadas.

De este modo, de ahora en adelante la generación, la transmisión, la distribución, el suministro básico, las nuevas modalidades de comercialización, la proveeduría de insumos primarios y el gobierno corporativo obedecerán a nuevas reglas del juego y la CFE se remodelará de conformidad con ellas.

Son diversos los retos que tenemos la obligación de asumir, discutir y aportar para su resolución, para garantizarnos a los mexicanos el mejor servicio público de electricidad al mejor costo posible y en congruencia con los mejores objetivos del desarrollo nacional.

Al servicio de electricidad, hasta antes de la última reforma constitucional, se le reconocía como el “servicio público de energía eléctrica”, advirtiendo con este término la profunda connotación social que tiene el reconocimiento al derecho al acceso de la totalidad de la población a este servicio. En función de este derecho es que se mantienen y se tendrán que mantener los subsidios que sean necesarios a la llamada tarifa doméstica. Con este sólo dato nos basta para observar que este subsidio es objetivamente contradictorio con el nuevo objetivo constitucional de la CFE de obtener el mayor valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano.

Los números pueden ser todavía más elocuentes, ya que los estados financieros de la CFE parciales al mes de septiembre de 2015, arrojan una pérdida integral del periodo (enero-septiembre) por un total de 68 mil millones 772 mil 67 pesos. ¿Cómo remontará la CFE esta cifra y alcanzará el excedente que le exige la Constitución? La explicación a esta cifra se puede entender por la insuficiencia del monto que la federación le aportaba a la CFE a cambio del no pago del llamado “aprovechamiento”, equivalente a 9 por ciento de sus activos, para que la CFE absorbiera los subsidios a las tarifas, como lo sigue haciendo. A este concepto se debe agregar la ya multimillonaria “pérdida no técnica”, léase energía entregada y no vendida, derivada tanto de movimientos de resistencia de usuarios domésticos en diferentes partes del país, como al simple fraude de usuarios, muchos de ellos con capacidad de pago.

Se nos debe informar si los costos que tiene CFE ante los desastres naturales corren por su cuenta o la federación o los estados los asumen total o parcialmente.

Otro aspecto que seguramente golpea las finanzas de la CFE son los cambios en los criterios del despacho de energía eléctrica desde el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), ordenados desde el sexenio pasado y que no se han modificado y que consiste en dar preferencia al despacho de generadores privados en la base de la oferta de generación, en detrimento de las plantas de CFE, esto derivado de presiones de los productores independientes.

Por lógica natural, histórica, la planta de generación de la CFE tiene un promedio de antigüedad más grande que los relativamente recientes productores independientes, que gozaron un desbocado apoyo desde el año 2000 hasta recientemente, ya que desde 2014 se observa una parcial rectificación a este dañino criterio de ordenar nuevas plantas privadas de generación, mismas que resultaban más caras para los usuarios contra el que las construyera y operara la CFE. Sin embargo la CFE enfrentará el nuevo marco de competencia con una planta industrial en promedio más ineficiente que la planta privada. No se escucharon las voces que reclamaban para la CFE una especie de “ronda cero” para alcanzar suficientes y razonables márgenes de competitividad en la generación de energía.

Falta espacio para abundar en más elementos preocupantes y que pueden comprometer el futuro de la CFE, y como se observa, no será fácil poner a la empresa productiva del estado en materia eléctrica en óptimas condiciones de competitividad ante las grandes empresas trasnacionales energéticas.

El Grupo Parlamentario de Morena ratifica su rechazo a este nuevo marco constitucional y normativo del sector energético mexicano, ya que considera tener suficientes argumentos para prever el deterioro de la calidad del servicio público de energía eléctrica, y las graves consecuencias que para el país y para la sociedad significarán estas erróneas decisiones, por decirlo moderadamente, sin embargo, en el marco de esta LXIII Legislatura, Morena aspira a demostrar sus razones y a aportar su crítica y su visión, con la finalidad de tratar de ir advirtiendo los riesgos que se aproximan y por lo tanto que los Poderes Legislativo y Ejecutivo de nuestro país atiendan las propuestas que permitan asumir la seguridad energética nacional y la estabilidad, la continuidad y la calidad del servicio público de energía eléctrica, así como la mejor supervivencia de la CFE.

Asimismo, los representantes populares debemos procurar que los logros en materia de planeación, de construcción de una muy compleja y eficiente industria eléctrica, así como los logros y experiencia operativa, tecnológica, administrativa, social y laboral alcanzados hasta hoy por los trabajadores, los técnicos, los profesionistas y los administradores electricistas mexicanos no se pierdan ni sacrifiquen en aras de un nuevo escenario de competitividad.

Por lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición de urgente y obvia resolución con

Punto de Acuerdo

Único . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y con el director de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza, a fin de explicar cómo es que la nueva estructura legal, organizacional, contable y operativa del sector eléctrico mexicano garantizará la seguridad energética nacional; la continuidad, estabilidad y calidad del servicio eléctrico, así como la mejor supervivencia de la comisión en comento y de sus logros; el óptimo servicio eléctrico a la sociedad y a la economía nacionales, las mejores tarifas y el empleo y los derechos legítimos alcanzados por los trabajadores electricistas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2016.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se condena el asesinato del regidor de Coxcatlán, San Luis Potosí, suscrita por la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Claudia Sofía Corichi García, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condena el artero asesinato del regidor de Coxcatlán, San Luis Potosí, Lorenzo Hernández Guerrero, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. México ha iniciado 2016 con noticias de violencia y crímenes generalizados en todo el territorio nacional. El pasado 31 de diciembre el asesinato del regidor por Movimiento Ciudadano en Coxcatlán, San Luis Potosí, Lorenzo Hernández Guerrero, ha dado cuenta no sólo de la grave inseguridad que padece nuestro país en estos momentos, sino de cómo la inseguridad y el crimen bloquea el camino de la democracia mediante las extorsiones de las que hoy políticos, gobernantes y ciudadanía en general son víctimas. Las decisiones y el rumbo del país a este ritmo quedarán en manos de la delincuencia organizada y no de la ciudadanía.

II. Diversos datos estadísticos dan cuenta que desde el inicio del proceso electoral de 2015, hasta su cierre el 7 de junio del mismo año –fecha de la jornada electoral–, poco más de 21 personas, incluyendo a precandidatos y candidatos, coordinadores de campaña, funcionarios o ex funcionarios y militantes perdieron la vida por actos violentos.

III. Diversos autores señalan que las campañas electorales de 2015 resultaron particularmente violentas en ciertas zonas del país, en especial en Guerrero y Michoacán, siendo varios candidatos amenazados y otros atacados desde la etapa de elecciones internas.

Este contexto de violencia generó múltiples externalidades negativas que distorsionaron las preferencias ciudadanas en las urnas, lo que se tradujo en cambios en los gobiernos y, en consecuencia, en las políticas públicas (Elecciones y Violencia, 2015, Foreign Affairs Latinoamérica, junio de 2015). Diversos autores concuerdan que la violencia sobre candidatos y electores afecta directamente los procesos electorales y obstaculiza el curso de la democracia.

IV. El 31 de diciembre de 2015 fue asesinado el regidor por Movimiento Ciudadano, Lorenzo Hernández Guerrero, por un grupo de hombres armados afuera el panteón municipal de Coxcatlán, municipio de la Zona Huasteca, quienes dispararon arteramente hasta asesinarle, mientras hirieron gravemente al conductor de vehículo en el que Lorenzo Hernández se trasladaba. Lorenzo, “Lencho”, tenía 55 años de edad y fue alcalde de Coxcatlán de 2006 a 2009. En las pasadas elecciones de 2012 y 2015 contendió por Movimiento Ciudadano para la presidencia municipal de Coxcatlán.

A finales de marzo se denunció que el entonces candidato sufrió un atentado, cuando sujetos desconocidos incendiaron un tráiler de su propiedad, días después de que recibiera varias amenazas vía telefónica, en las que le exigían que renunciara a la candidatura. Lorenzo Hernández, entonces candidato de Movimiento Ciudadano, aseguró que estos actos pretendían intimidarlo para renunciar a la contienda.

Incluso en el caso propio y de los candidatos a diputados, y a gobernador de Movimiento Ciudadano en San Luis Potosí, durante los eventos de cierre de campaña se intentó amedrentarnos intentando sacarnos de la carretera al finalizar el evento que tuvo lugar en Coxcatlán. El ambiente que se vive en la zona es de hostigamiento y de zozobra para quienes ahí habitan y luchan por un cambio democrático así como, para la familia del regidor ya que desde meses atrás recibían amenazas de muerte, que lamentablemente se materializaron para el caso del regidor.

El asesinato del regidor de Movimiento Ciudadano, Lorenzo Hernández, se inscribe en ola de violencia política que vive México y que en últimas fechas ha cobrado la vida de personas que habían sido elegidas mediante la vía democrática para el ejercicio de la representación de la voluntad popular, que hoy es allanada ante estos crímenes que perturban la paz, y la propia institucionalización de los procesos democráticos en el país. Por todo lo expuesto presento a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Resolutivos

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condena el artero asesinato del regidor de Coxcatlán, San Luis Potosí, Lorenzo Hernández Guerrero.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión conmina al doctor Juan Manuel Carreras López, gobernador constitucional de San Luis Potosí, para que en el ámbito de sus facultades instruya al procurador de Justicia del estado a realizar una investigación expedita con objeto de castigar a los responsables de tan artero crimen.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la autoridad estatal y municipal a establecer las medidas conducentes para garantizar la seguridad y vida de familiares de Lorenzo Hernández Guerrero, toda vez que han sido objeto de amenazas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de enero de 2016.

Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, en materia de promoción de comunidades y ciudades amigables con las personas adultas mayores, suscrita por senadoras de los Grupos Parlamentarios del PRI y PVEM

Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Hilaria Domínguez Arvizu, senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y María Elena Barrera Tapia, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta soberanía, una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) hoy en día, por primera vez en la historia, la mayoría de las personas puede aspirar a vivir hasta entrados los 60 años y más. La mayor esperanza de vida, sumada a las caídas importantes en las tasas de fecundidad, es la causa del rápido envejecimiento de las poblaciones de todo el mundo.

La referida Organización estima que Entre 2000 y 2050, la proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando del 11 por ciento al 22 por ciento. En números absolutos, este grupo de edad pasará de 605 millones a 2000 millones en el transcurso de medio siglo.

En México, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística señala que en 2014 el monto de personas de 60 años y más es de 11.7 millones, lo que representa 9.7 por ciento de la población total.

Con ello, queda de manifiesto que el proceso de envejecimiento es notorio dado que el número de adultos mayores duplicó su monto en las últimas décadas, pasando de 5 a 11.7 millones de 1990 a 2014, hasta llegar a 42 millones en el 2050, con lo que cada vez se hace más notorio el cambio de la curva demográfica.

Inegi menciona que:

• 31.5 por ciento están en una etapa de pre-vejez (60 a 64 años);

• 41.1 por ciento se encuentran en una vejez funcional (65 a 74 años);

• 12.3 por ciento está en una vejez plena (75 a 79 años); y

• 15.1 por ciento transita por una vejez avanzada (80 años y más).

Por su parte, el Consejo Nacional de Población señala lo siguiente:

• Diariamente 800 personas pasan a formar parte del sector de población de mayores de sesenta años.

• Sólo el 20 por ciento gozan de una pensión

• El 40 por ciento de estas personas viven en pobreza extrema sobreviviendo al día con menos de 22 pesos.

• 53.42 por ciento de los adultos mayores mexicanos son mujeres.

• 5 de cada 10 personas adultas mayores no trabajan por dedicarse a los quehaceres de su hogar y 2 de cada 10 están pensionadas.

• El 9.92 por ciento de los adultos mayores en México está jubilado y el 19.16 por ciento de los adultos mayores son pensionados.

• El 8.21 por ciento de los adultos mayores está incapacitado para trabajar por el resto de su vida.

• El 25 por ciento de los adultos mayores en México se dedica a las actividades agrícolas, silvícolas y ganaderas, el 20.46 por ciento de los adultos mayores en México trabaja por cuenta propia y el 19.13 por ciento es comerciante

• 26 de cada 100 personas adultas mayores sufren algún tipo de discapacidad.

• 8 de cada 10 personas adultas mayores ven vulnerados sus derechos sociales o su ingreso.

• El promedio de esperanza de vida en México de las personas adultas mayores es de 76 años cuando en los años 60 era de 62 años.

Ante este panorama es indispensable que todos los países consideren dentro de sus planeación una política pública articulada que atienda integralmente el envejecimiento activo de la población. Una política que vaya más allá de los aspectos que regularmente se atienden como es el caso de los sistemas de pensiones o la atención de la salud; y proporcione a este grupo de la población una mayor calidad de vida y la posibilidad de desarrollarse plenamente.

Al respecto, desde 2010 la OMS puso en marcha la Red Mundial de Ciudades Adaptadas a las Personas Mayores, a fin de facilitar una plataforma mundial para intercambiar información y compartir experiencias; ofrecer orientación y promover la adquisición de conocimientos sobre cómo evaluar el grado de adaptación de una ciudad o comunidad a las personas mayores, cómo integrar una perspectiva que tenga en cuenta a estas personas en la planificación urbana y cómo crear entornos citadinos adaptados a las mismas.

Adicionalmente ha emitido el Programa para entornos adaptados a las personas mayores, como un esfuerzo para abordar los factores ambientales y sociales que contribuyen a un envejecimiento activo y saludable. Este programa brinda apoyo a ciudades y comunidades para que vayan adaptándose a las personas mayores, abordando ocho dimensiones de sus necesidades: entorno construido, transportes, vivienda, participación social, respeto e integración social, participación cívica y empleo, comunicaciones, y servicios de apoyo comunitario y de salud.1

En nuestro país ciudades como Guadalajara, han ingresado oficialmente a la Red Mundial de Ciudades Adaptadas a las Personas Mayores, y es deseable que cada día sean más aquellas que se incorporen en beneficio de estas personas y sus familias que diario se enfrentan a diversos obstáculos para continuar con su vida cotidiana, así como manifestaciones de discriminación y perjuicios.

Por lo anterior, a través de esta proposición, pretendemos que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores como órgano rector de la política nacional en la materia, difunda entre las entidades federativas y sus municipios la existencia de esta Red, así como sus objetivos a fin de incentivar y orientar su incorporación en favor del envejecimiento activo y digno de las mexicanas y los mexicanos.

Asimismo proponemos exhortar a las entidades federativas y a sus municipios a fin de que a través de las autoridades competentes, impulsen las políticas y acciones necesarias que promuevan la adaptación de comunidades y ciudades amigables con las personas adultas mayores.

Estamos convencidas de que en la medida en que mejoremos las condiciones de vida de las personas adultas mayores, aprovecharemos su gran potencial y seremos una sociedad cada vez más incluyente y próspera.

Por lo descrito en el desarrollo del presente y con fundamento en las disposiciones señaladas, se somete a la consideración de este honorable Congreso la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. El Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, a difundir entre las dependencias en la materia de las entidades federativas y municipios la existencia y objetivos de la Red Mundial de Ciudades Amigables promovida por la Organización Mundial de la Salud, así como a impulsar, y en su caso, orientar su incorporación a la misma.

Segundo. El Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las entidades federativas y municipios para que, a través de sus dependencias en la materia, impulsen las políticas y acciones necesarias a fin de promover la adaptación de comunidades y ciudades amigables con las personas adultas mayores.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2016.

Senadoras: Hilda Esthela Flores Escalera (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, María Hilaria Domínguez Arvizu, María Elena Barrera Tapia.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNBV a informar y prevenir a las entidades del sistema financiero mexicano sobre la autorización que el Congreso de Michoacán dio al Ejecutivo estatal para contratar deuda de corto plazo; y a la PGR, a presentar una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 1o., párrafos cuarto y quinto, del decreto 123, Ley de Ingresos del Estado de Michoacán para 2016, suscrita por la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, senadora de la república de la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o. numeral 1, fracción II; 108, numeral 1; 109, numerales 1 y 2, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de Michoacán atraviesa una severa crisis financiera, reconozco que la misma no es del todo responsabilidad del actual gobierno; sin embargo, lo que hoy si es su responsabilidad es gastar bien y castigar a quienes desfalcaron al estado.

La base de un desarrollo sostenible es gobierno eficaz, transparente, responsable y confiable, que actúe bajo el predominio de la ley.

Con el pretexto del desarrollo social, la construcción de infraestructura, la igualdad económica o alcanzar mayores condiciones de vida de los pueblos, no se puede violentar la ley, dejar de ser un gobierno responsable y transparente; pues justo esos pretextos por válidos y legítimos que suenen traen como consecuencia la bancarrota pública, mayor desigualdad y deudas que se trasladan a las generaciones futuras.

No es novedad decir que Michoacán lleva años viviendo un desastre financiero, lo terrible es que el propio Congreso del Estado de Michoacán, quien en teoría debiera ser contrapeso del Poder Ejecutivo ha declinado a la obligación de velar por el dinero de los ciudadanos, de vigilar estrictamente cómo y en qué se gastan sus impuestos, de estar atentos a que la administración pública cumpla con sus obligaciones.

Con la reforma constitucional de 1981 al artículo 117, fracción VIII, al tiempo que se permitió a los estados y municipios acceder a financiamiento para sus actividades en condiciones más flexibles que antaño, se estableció, un esquema de coparticipación legislativo-ejecutivo para el tema del crédito público, que buscaba, según quedó explicado, que el crédito público fuese ejercido disciplinada, responsable y cuidadosamente, a través de los pesos y contrapesos ahí recogidos.

El tema del financiamiento del Estado de Michoacán adquiere una importancia mayor en el ejercicio del poder público porque las deudas que pesan sobre las finanzas del estado, genéricamente entendido, comprometen el crédito público (como concepto de solvencia moral y económica que del estado tienen los terceros); comprometen hacia el futuro los recursos públicos que han de destinarse para su pago o garantía, afectándose también las cargas que se dejan a las generaciones futuras; trascienden, por supuesto, al ámbito decisorio de la aplicación o destino de los ingresos del Estado, e imprimen un rumbo importante al destino de las cosas públicas.

Pese a esta corresponsabilidad de Poderes, ninguno se ha atrevido a hacer algo y castigar a los responsables del quebranto financiero de Michoacán. Del estudio y análisis al contenido de la última Cuenta Pública de la Hacienda Estatal aprobada, la del Ejercicio Fiscal de 2013, y el Informe de Resultados de la Fiscalización y Evaluación a la Cuenta Pública realizada por la Auditoría Superior de Michoacán se concluyó que no se cuenta con información confiable que refleje razonablemente la situación financiera de la hacienda estatal, no conocemos los estados analíticos de la deuda, es decir, la deuda de corto y largo plazo; las fuentes de financiamiento; el endeudamiento neto, financiamiento menos amortización; y, los Intereses de la deuda.

Por el contrario la última cuenta pública develó partidas por montos muy elevados que, una vez investigados, seguramente alterarán el monto de los activos, pasivos y el patrimonio del estado, siendo los más importantes los siguientes:

a) Importantes por aclarar por 8 millones 690 mil 692 pesos, registrados en el activo circulante;

b) Cargos por Aplicar por 10 mil 881 millones 156 mil 656 pesos registrados en el renglón de otros activos, y financiamientos obtenidos por 4 mil 689 millones 699 mil 919 pesos que fueron aumentados al patrimonio del estado. Estas dos partidas suman 15 mil 570 millones 856 mil 575 millones de pesos, que derivan de la contratación de deuda pública y de la cual, el Congreso desconoce su destino final o en que fueron invertidos dichos recursos;

c) Recursos federales no comprobados por 3 mil 897 millones 427 mil 277 millones de pesos, que no fueron aplicados para los fines específicos establecidos en las disposiciones legales y en las reglas de operación de los programas.

d) Recursos devengados no registrados por 277 millones 698 mil 398 pesos que corresponden a documentos de ejecución presupuestaria y pago no registrados ni contablemente ni presupuestalmente; y

e) Operaciones financieras muy diversas que no fueron registradas ni presupuestalmente ni contablemente por 2 mil 018 millones 300 pesos.

Pese a todo esto, el pasado 30 de diciembre de 2015 se aprobó de forma ilegal por el Congreso del estado un nuevo endeudamiento.

El propio despacho privado que contrató el pasado gobierno para analizar la situación financiera señaló:

En nuestra opinión y debido a la importancia de los hechos descritos en el párrafo de “Fundamento de la opinión desfavorable” los estados financieros adjuntos indicados en el primer párrafo de este informe, no presentan fielmente la situación financiera del gobierno del estado libre y soberano de Michoacán de Ocampo, al 31 de diciembre de 2013, de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Gossler, SC, CPC, Alfonso Villicaña Castillo Socio Oficina Morelia.

El documento entregado al Congreso del’ Estado, mediante oficio número SAF-647/2015, de fecha 15 de mayo del presente año, como primer informe trimestral, únicamente comprende los siguientes elementos:

A. Informe de los Ingresos Percibidos al Primer Trimestre del 2015;

B. Avance del Ejercicio del Gasto al Primer Trimestre del 2015; y,

C. Análisis Programático Presupuestario del primer trimestre del 2015.

La documentación presentada al Congreso por el Poder Ejecutivo está incompleta pues no contiene los estados programáticos, presupuestarios y financieros que contempla la Ley General de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del estado de Michoacán de Ocampo y la Ley General de Contabilidad Gubernamental vigente y que obliga a todos los estados de la república.

Con fecha 16 de junio del presente año, mediante oficio número SFA833/2015 el Ejecutivo del estado, por conducto del secretario de Finanzas y Administración, envió, en alcance, al oficio número SFA-647/2015, el documento que contiene los Estados Financieros que corresponden al Primer Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2015, tratando de cubrir las graves omisiones cometidas en el cumplimiento de la Ley; sin embargo, dichos estados financieros no traen consigo las notas que conforme a la Ley y a las Normas de Información Financiera que obligan a los entes públicos deben formar parte integral dichos estados financieros.

La falta de sujeción a las disposiciones legales vigentes en materia de transparencia y rendición de cuentas es preocupante, si partimos del hecho de que durante el primer trimestre del ejercicio fiscal de 2015, el gobierno del estado obtuvo ingresos de origen federal superiores a los estimados por 2 mil 645 millones de pesos y de origen estatal por 383 millones de pesos y del incremento de los ingresos de origen federal 1 mil 93 millones de pesos son de libre programación (en los términos y las condiciones establecidas en los artículos10, 21, 36 y 37 de la referida Ley de Planeación Hacendaria) y el Congreso del estado, nunca fue informado del destino de estos recursos adicionales y no se explican los motivos por los cuales se mantienen elevados saldos por pagar a proveedores, contratistas y terceros institucionales.

El Congreso del estado por conducto de la Comisión de Hacienda, con fecha 28 de abril de 2015, solicitó por escrito a la Secretaría de Finanzas y Administración información de lo siguiente:

a) Pagos realizados a proveedores y contratistas del ejercicio 2011 y anteriores, 2012, 2013 y 2014;

b) El saldo pendiente de pagar a los proveedores y contratistas de cada uno de los referidos ejercicios fiscales;

c) El programa y el calendario de pagos para terminar de cubrir los saldos a cargo del Ejecutivo del Estado y a favor de sus proveedores y contratistas.

Información que se sigue desconociendo.

De igual forma, el estado no cuenta con una matriz de indicadores para evaluar el desempeño institucional por lo que es imposible saber en qué se va a gastar, cuál será su destino, o cuáles son las inversiones productivas que pretenden realizar.

Lo anterior ya que el artículo 117 fracción VIII de la Constitución Federal y su correlativo artículo 5 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Michoacán, que en esencia señalan: que sólo se podrá contraer deuda pública cuando se destine a inversiones públicas productivas, esto es, erogaciones efectuadas en bienes y servicios públicos, modernización de infraestructura y, a valoración del Congreso del costo-beneficio en la adquisición de maquinaria, bienes o equipo que directa o indirectamente beneficien a la población.

Aunado a lo anterior, hasta donde se sabe (por la opacidad del caso) el último crédito contratado por el Estado con Banco Multiva, SA, con fecha 14 de marzo de 2013 al am aro del Decreto Legislativo 22 de fecha 26 de octubre de 2012 por 1 mil 340 millones de pesos, no fue aplicado para el financiamiento de inversiones productivas como lo mandata la Ley de Deuda Pública del Estado del propio Decreto Legislativo 22.

A pesar de toda esta incertidumbre y desaseo, el titular del Ejecutivo estatal envió iniciativa al Congreso del estado, y, éste aprobó el 30 de diciembre pasado, una deuda que no tiene la justificación constitucional de que el endeudamiento planteado vaya a ser ejecutado conforme a la ley.

El ilegal decreto señala en el artículo 1o. en sus últimos párrafos:

El estado de Michoacán podrá contratar obligaciones a corto plazo sin autorización de la Legislatura Local, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

I. Que en todo momento, el saldo insoluto del monto principal de estas obligaciones a corto plazo no exceda del 6 por ciento de los ingresos totales aprobados en la presente Ley de Ingresos del estado de Michoacán de Ocampo, (es decir 3 mil 500 millones de pesos) sin incluir financia miento neto durante el ejercicio fiscal correspondiente, y

II. Las obligaciones a corto plazo deberán ser quirografarias.

Para dar cumplimiento a la contratación de las obligaciones a corto plazo bajo menores condiciones de mercado, la Secretaría de Finanzas y Administración deberá implementar un proceso competitivo con por lo menos dos instituciones financieras y obtener únicamente una oferta irrevocable.

Los recursos derivados de las obligaciones a corto plazo deberán ser destinados exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo entendiendo dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal. (Es decir en lo que quiera, en la necesidad que se le ocurra).

Lo anterior, viola claramente el artículo 8o. de la Ley de Deuda Pública del Estado de Michoacán, el cual en su párrafo 3 señala:

El Congreso podrá autorizar a las entidades a que se refiere el artículo 3o. de esta ley (como lo es el ejecutivo estatal), la contratación de deuda en montos superiores a los señalados en el párrafo anterior (es decir el dos y medio por ciento del presupuesto anual), cuando se acredite la capacidad financiera para pagarlos, considerando la naturaleza objeto destino del empréstito la viabilidad autosuficiencia financiera del provecto.

Es decir, la ley obliga al Ejecutivo a que si va a endeudarse por más de 2.5 por ciento deba pedir autorización al Poder Legislativo estatal, para establecer la capacidad financiera del estado, formas de pago y destino del dinero. El empréstito supero el 2.5 por ciento, es de 6 por ciento.

Claro que quiero apoyar al gobierno de mi estado y que éste camine en 2016, pero no podemos actuar con irresponsabilidad. Pero es necesario, para resolver su problemática, que en todo momento se respete el estado de derecho. Quien hace la ley no puede violentarla.

Por lo expuesto, someto a la consideración de este pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que en el marco de sus atribuciones informe y prevenga a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano sobre la autorización ilegal que otorgó el Congreso del Estado de Michoacán al Ejecutivo de aquella entidad mediante el decreto. 123, Ley de Ingresos del estado de Michoacán para el Ejercicio Presupuestal de 2016, para contratar deuda de corto plazo hasta por 6 por ciento de los ingresos totales.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales presente una Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 1o., párrafo 4 y 5, del decreto 123, Ley de Ingresos del estado de Michoacán para el Ejercicio Presupuestal de 2016.

Senadora Luisa María Calderón Hinojosa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat, la Profepa y el Fonatur a reunirse en el Senado de la República para solucionar la devastación ambiental del manglar Tajamar, en Cancún, Quintana Roo, suscrita por las senadoras Luz María Beristáin Navarrete y Silvia Guadalupe Garza Galván, de los Grupos Parlamentarios del PRD y PAN, respectivamente8

Las senadoras Luz María Beristain Navarrete y Silvia Guadalupe Garza Galván, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, con anterioridad se ha llevado a cabo un desmonte de manglar en el complejo Malecón Tajamar de Cancún, el cual ha sido llevado a cabo con numerosas anomalías, de tal suerte que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en su momento clausuró la obra que ha ocasionado un severo daño ambiental.

No obstante lo anterior, siguieron ingresando personas que realizan el desmote de manglar, por ello la sociedad se ha organizado para realizar guardias en las cuales denuncian a las autoridades en el momento que se reanudan las operaciones en dicha obra clausurada.

La principal agrupación que ha vigilado estas guardias ciudadanas es la asociación civil denominada Salvemos manglar Tajamar, quienes han revelado a los medios de comunicación una serie de anomalías e irregularidades en la operación de la obra que ha estado causando un daño al manglar de Tajamar, el cual, a pesar de que cuenta con la protección legal necesaria ésta no está garantizada.

Es menester mencionar qué podemos entender por manglares según la Profepa:

“Los humedales costeros, en particular los manglares, son ecosistemas diversos y de gran importancia ecológica que brindan una gran variedad de servicios ambientales. Están considerados como zonas de alimentación, refugio y crecimiento de juveniles de crustáceos y alevines, actúan como sistemas naturales de control de inundaciones y como barreras contra huracanes e intrusión salina, controlan la erosión y protegen las costas, mejoran la calidad del agua al funcionar como filtro biológico, contribuyen en el mantenimiento de procesos naturales tales como respuestas a cambios en el nivel del mar, mantienen procesos de sedimentación, son refugio de flora y fauna silvestre, poseen un alto valor estético, recreativo y de investigación.”

Cabe destacar que nuestro país cuenta con normativa nacional que protege el manglar, la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) en su artículo 60 Ter establece que:

“Artículo 60 Ter. Queda prohibida la remoción, relleno, trasplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia; de su productividad natural; de la capacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos turísticos; de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o bien de las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que provoque cambios en las características y servicios ecológicos. Se exceptuarán de la prohibición a que se refiere el párrafo anterior las obras o actividades que tengan por objeto proteger, restaurar, investigar o conservar las áreas de manglar.”

Además de lo anterior, nuestro país también tiene compromisos internacionales de cuidado a los manglares.

Convención de Ramsar

México es uno de los países integrantes de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas, cuyo principal objetivo es “La conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo.”1

Sin duda alguna la existencia del manglar es de suma trascendencia para los quintanarroenses y para todos los mexicanos.

Cabe destacar que diversos medios de comunicación han revelado que en el caso Malecón Tajamar, el proyecto aún enfrenta más de 2 mil denuncias ciudadanas.

También han informado que no se ha cumplido con las condicionantes ambientales como la reubicación de especies animales y vegetales, además de que presentaron permisos municipales parciales de chapeo y desmonte que están sujetos a una autorización federal por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la cual carecen.

Por último hace unos días se negó la suspensión del amparo presentado con anterioridad que había impedido el avance de la obra, por lo que ahora se podrá reanudar, de tal manera que la Profepa ya retiró los sellos que clausuraban la obra, por lo que es inminente que las obras sigan y devasten cerca de cuatro hectáreas de manglar.

Hasta este momento las autoridades involucradas son Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Semarnat y Profepa, las cuales han dejado una laguna en este caso con muchas anomalías y falta de información, la ciudadanía demanda un respeto ambiental y a la legalidad, por ello es importante que las autoridades antes mencionadas esclarezcan la situación, asimismo el 26 de agosto de 2015 quedó aprobado un punto de acuerdo, en el cual se exhortó a Semarnat y a Profepa a que se exhiba el manifiesto de impacto ambiental y a que Profepa investigue las anomalías, de dicho punto de acuerdo no ha habido la respuesta correspondiente, por ello es necesario que ante la importancia del tema, las autoridades correspondientes se reúnan en el Senado de la República para dar una solución al llamado de legalidad y de respeto ambiental de la ciudadanía.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, a sostener una reunión de trabajo con la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado de la República, con la finalidad de poner solución definitiva a la devastación ambiental suscitada en el manglar de Tajamar, Cancún, Quintana Roo.

Nota

1 http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/5117/1/mx/mexico_protege_sus_m anglares.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2016.

Senadoras: Luz María Beristian Navarrete, Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos locales a certificar con el carácter de tipo inspección federal los establecimientos de sacrificio de animales y procesamientos de bienes de origen animal, suscrita por el senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, senador Jorge Aréchiga Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos locales a certificar con el carácter de tipo inspección federal los establecimientos dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos marca en su artículo 115 fracción III, inciso f), que los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos del rastro. Entendido éste, como el establecimiento donde se lleva a cabo el sacrificio de animales o procesamiento de bienes de origen animal.

Desafortunadamente, la gran mayoría de dichos rastros no cuentan con las condiciones técnicas y sanitarias de un establecimiento con certificación tipo inspección federal, es decir, con las características de calidad higiénico-sanitaria de los bienes de origen animal, dado que sus instalaciones, equipo y proceso productivo no se ajustan a las disposiciones de sanidad animal y de buenas prácticas pecuarias.

Asimismo, no están sujetos a inspecciones sanitarias permanentes, en las que se verifiquen que las instalaciones y los procesos cumplan con las regulaciones que señala la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, para que los alimentos propensos a consumir sean inocuos.

Como tampoco, se les verifica constantemente por parte de la Secretaría de Salud a fin de controlar los parámetros indicativos de calidad tanto en materia prima, materiales de proceso y producto para corregir y prevenir anomalías sanitarias que van en detrimento de la calidad de los productos cárnicos que en ellos se obtienen y procesan.

En ese sentido, el objetivo de la presente proposición con punto de acuerdo es exhortar a los gobiernos locales a certificar con el carácter de tipo inspección federal, TIF, los establecimientos dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal, con la finalidad de disminuir los riegos sanitarios y deterioro ambiental.

En ese aspecto, un punto toral a considerar son los resultados arrojados de la evaluación de riesgos de los rastros y mataderos municipales realizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, y la Dirección General de Promoción de la Salud; con el objetivo de impulsar medidas para la protección contra riesgos derivados del consumo de carne contaminada1 .

Esto es, dichas dependencias gubernamentales formularon un cuestionario para ser aplicado por las Direcciones de Regulación y Fomento Sanitario de cada entidad federativa, a los establecimientos de sacrificio de abasto animal (306 en total) que se presume proveen carne a las localidades con más de 50 mil habitantes. El cuestionario en mención, atendió dos supuestos: a) Condiciones sanitarias de los rastros y mataderos municipales y, b) Evaluación de riesgos derivados del vertido de aguas residuales, decomisos y sangre.

En ese orden, los resultados indicaron que la condición sanitaria de dichos establecimientos, centraban su umbral en función del volumen de sacrificios que realizaban.

A saber, la proporción de rastros considerados con riesgo sanitario bajo y medio, corresponde a 69 por ciento de todos los establecimientos, mientras que, el 68 por ciento casi la misma proporción, es la que corresponde a los mataderos con calificaciones de riesgo sanitario alto y muy alto. Tal como se indica en el siguiente gráfico.

Fuente: Evaluación de Riesgos de los Rastros y Mataderos Municipales. México, DF, julio de 2006.

Ahora bien, la distribución de la faena anual por especie y nivel de riesgo de los rastros se concentran en los rangos bajo o medio, con un promedio de 90 por ciento. Tal como se observa en la siguiente tabla.

Fuente: Evaluación de Riesgos de los Rastros y Mataderos Municipales. México, DF, julio de 2006.

Por su parte, los mataderos, presentan un panorama totalmente diferente al concentrar hasta un 65 por ciento de distribución de la faena anual por especie y nivel de riesgo en los rangos alto o muy alto. Véase la siguiente tabla.

Fuente: Evaluación de Riesgos de los Rastros y Mataderos Municipales. México, DF, julio de 2006.

Por ende, un ejercicio que destaca la misma evaluación de riesgos de los rastros y mataderos municipales es que, considerando la información del Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria, durante los años 1990 a 2002 donde el peso promedio de una canal de bovino era de alrededor de 207 kilogramos, la de cerdo 72 kilogramos, la de ovinos y caprinos 17 kilogramos y la de aves 1.67 kilogramos, se podía estimar que se generarían anualmente, en establecimientos considerados como de alto o muy alto riesgo sanitario, 115 mil 785.45 toneladas de carne bovina, mil 93.95 toneladas de carne de ovinos y caprinos, 41 mil 18.4 toneladas de carne de porcino y 3 mil 811.77 toneladas de carne de aves.

Por lo que, si se consideraban los datos de la Sagarpa (año 2000), respecto del consumo per cápita anual de carne de bovino (16.3 kilogramos), ovino (0.9 kilogramos), caprino (0.4 kilogramos), porcino (13.7 kilogramos), y aves (20.6 kilogramos), se podía establecer que la cantidad aproximada de personas que consumieron carne producida en establecimientos de alto o muy alto riesgo fueron: 7 millones 103 mil 402 personas carne de res; 729 mil 300 carne de ovinos y caprinos; 3 millones 432 mil de porcinos y 185 mil 37 de aves.

Con este ejercicio, se puede vislumbrar que los consumidores de cárnicos estamos expuestos a ingerir productos de origen animal contaminados, ya que la totalidad de los establecimientos evaluados presentaron algún nivel de riesgo, situación que se puede prevenir si en dichos establecimientos se realizan buenas prácticas pecuarias, observando en todo momento las condiciones de inocuidad y sanidad animal.

Respecto al segundo supuesto de la evaluación de riesgos derivados del vertido de aguas residuales provenientes de los establecimientos dedicados al sacrificio y faena de los animales de abasto, cuyo objetivo fue la identificación y estimación del impacto generado en la salud pública, los resultados detectados fueron que en nuestro país, únicamente 37.2 por ciento del total del agua residual vertida por los rastros y mataderos municipales, pasa previamente por un tanque de tratamiento, el resto se desecha directamente al drenaje, canales, arroyos, vía pública o fosas, sin las medidas precautorias requeridas2 .

Es decir, 62.8 por ciento del volumen total de agua residual que se elimina diariamente como consecuencia de la actividad de los rastros o mataderos municipales, no recibe ningún tratamiento previo a su eliminación.

Según datos de la Comisión Nacional del Agua (“Programa Hidráulico 1995-2000”), solamente 16 por ciento de las aguas residuales que se eliminan a través del drenaje público reciben tratamiento en alguna de las 777 plantas instaladas en el país. Por ende, el que un rastro o matadero municipal elimine sus aguas residuales por el drenaje, no es indicativo de que éstas están libres de riesgos y contaminación ambiental, debido a que 84 por ciento de éstas terminarán, invariablemente, contaminando los cuerpos de agua.

Cabe hacer la acotación que las aguas residuales procedentes de rastros o mataderos municipales contienen sangre, excremento, contenido ruminal o estomacal, grasa, plumas y huesos.

Por lo que contiene una alta cantidad de materia orgánica propensa a desarrollar microorganismos patógenos normalmente presentes en dicha materia (Salmonellaspp, Shigellaspp), además de contener, entre otros elementos, huevos de parásitos y quistes de amibas, así como residuos de plaguicidas (presentes en el alimento de los animales), cloro (limpieza de instalaciones), salmuera, etc. Resultando ser un contaminante potencial del suelo y el agua, en el que proliferan los malos olores por la descomposición de la materia orgánica.

Asimismo, este tipo de residuos, por su humedad y capacidad de descomposición rápida, desprenden gases como el metano, involucrado en el cambio climático global, por los malos olores; atraen a moscas, cucarachas, ratas y otras especies de fauna nociva transmisora de enfermedades; provocan la formación de lixiviados que arrastran contaminantes hacia los cuerpos de agua superficiales o se infiltran hacia los acuíferos, deteriorando las fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano e irrigación de campos agrícolas, amenazando, además, los ecosistemas acuáticos.

Estas aguas residuales, vertidas directamente en mantos de agua, generan un ambiente propicio para el desarrollo de moscas y mosquitos capaces de incubar y multiplicar en su cuerpo microorganismos que, posteriormente, podrían ser la causa de enfermedades en el humano, siendo, así, vectores biológicos. Aunado, a que actúan como vectores mecánicos al transportar patógenos que se desarrollan en este medio contaminado.

Como ejemplo de lo previamente vertido, baste citar que diversos estudios han demostrado que si para el riego de verduras se emplean aguas contaminadas con desechos provenientes de rastros, existe un alto riesgo de transmisión de enfermedades (ej. E. coliO157:H7).

Así, las aguas residuales de los establecimientos municipales dedicados al sacrificio y procesamiento de bienes de origen animal, presentan una gran concentración de bacterias, fundamentalmente entéricas, muchas de las cuales son patógenas para el hombre.

En cuanto a los resultados de la evaluación de riesgos derivados de las practicas de tratamiento y disposición final de los decomisos3 y la sangre generados en los establecimientos municipales dedicados al sacrifico de animales, se puntualiza que los rastros y mataderos no cuentan con la infraestructura o procedimiento adecuado para evitar riesgos de contaminación de los productos cárnicos que manipulan. Destacando que más de 90 por ciento de los rastros y mataderos no cuentan con planta de rendimiento ni se produce harina con la sangre, tal como se especifica en la siguiente tabla.

Fuente: Evaluación de Riesgos de los Rastros y Mataderos Municipales. México, DF, julio de 2006.

Es importante resaltar que la carga de contaminación de un establecimiento depende, fundamentalmente, de la eficiencia en la recuperación de la sangre. Ya que ésta aporta una carga importante de contaminación que se encuentra en el orden de 150 mil a 200 mil mg/dm3 de DBO54 .

En el caso de los bovinos y equinos, el aporte de sangre a los efluentes (si no se hace recuperación de la misma) es de 12 litros, para porcinos y ovinos de 3 y 1 litros, respectivamente, y para aves de 0.05 litros, lo que significa que diariamente se eliminan 121 mil 294 litros de sangre procedente del faenado de animales de abasto, es decir, lo equivalente a la contaminación generada por 80 millones 782 mil 37 litros de residuos cloacales.

Por ende, el hecho de que únicamente 306 rastros y mataderos generen una contaminación en cuerpos de agua nacionales similar a la que genera la población de Xalapa, Veracruz, plantea un escenario de salud pública grave y complejo.

Es por lo previamente vertido, que el exhortar a los gobiernos locales a certificar con el carácter de tipo inspección federal los establecimientos dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal, se torna una medida idónea para enfrentar los problemas que apremian a una población en riesgo por el consumo de productos cárnicos contaminados debido a la falta de higiene y sanidad, derivado de deficientes prácticas pecuarias. Aunado a mermar las externalidades negativas que estos establecimientos y su actividad arrojan al medio ambiente, lo cual se traduce en un doble riesgo sanitario para la sociedad.

Cabe acentuar que los establecimientos TIF tienen el propósito de obtener productos de óptima calidad higiénico-sanitaria con reconocimiento internacional, ya que cuentan con sistemas de inspección y controles de alto nivel que promueven la reducción de riesgos de contaminación de sus productos; lo cual se logra a través de la aplicación de sistemas de inspección por parte del personal capacitado oficial o autorizado.

Asimismo, la certificación TIF minimiza el riesgo de que los productos y subproductos cárnicos puedan representar una fuente de zoonosis o diseminadores de enfermedades a otros animales, disminuyendo la afectación a la salud pública, la salud animal, la economía y el abasto nacional.

Esta certificación trae consigo una serie de beneficios a la industria cárnica, permitiendo la movilización dentro del país de una manera más fácil. Del mismo modo, abre la posibilidad del comercio internacional, ya que los establecimientos TIF son los únicos elegibles para exportar.

Cabe subrayar que nuestro país es el séptimo productor mundial de proteína animal y cuarto productor de alimento balanceado. Esto es muestra del alto potencial de desarrollo que tiene y las ventajas competitivas que presenta. En el ranking mundial el subsector ocupa las siguientes posiciones:5

Tal es la relevancia de contar con establecimientos que tengan las características de sanidad e inocuidad, en sus procesos de sacrificio y procesamiento de bienes de origen animal, que el Gobierno de la República estableció como una de sus líneas de acción en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentación 2013-2018, el incentivar la infraestructura de sacrificio con estándares sanitarios básicos y rastros tipo inspección federal.6

Es por lo anteriormente vertido, en pro de sumar esfuerzos y realizar acciones encaminadas a la prevención y conservación de la salud pública, aunado a fortalecer la infraestructura dedicada al sacrifico y procesamiento de bienes de origen animal para abastecer la demanda del mercado nacional e internacional con productos cárnicos inocuos y de alta calidad, así como evitar violaciones a la normatividad ambiental, de sanidad federal y salud por parte de los rastros municipales por las deficientes practicas pecuarias, el Senador que suscribe pone a consideración de esta Comisión Permanente los siguietes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos municipales, estatales y del Distrito Federal a certificar los establecimientos de su competencia dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal con el carácter de tipo inspección federal.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos municipales, estatales y del Distrito Federal por sí o a través de sus organismos públicos que administren el agua, a que intensifiquen sus acciones de verificación en los establecimientos de su competencia dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal, respecto de la NOM-002-SEMARNAT-1996 que establece lo límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que intensifique acciones de inspección y verificación en los establecimientos dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal, respecto del cumplimiento de las disposiciones de sanidad animal y las relativas a las buenas prácticas pecuarias y de manufactura.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a que intensifique el control sanitario de productos cárnicos y de los establecimientos dedicados al proceso de los productos de origen animal.

Quinto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua para que intensifique las acciones de verificación respecto de las descargas de aguas residuales de los establecimientos dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal, con objeto de verificar el cumplimiento de los límites máximos permisibles establecidos para los parámetros señalados en la NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.

Sexto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a que en pleno uso de sus atribuciones divulgue información respecto que los productos cárnicos con certificación TIF son símbolo y garantía de que el consumidor está adquiriendo un producto de calidad higiénico-sanitaria, con el fin de facilitar a los consumidores un mejor conocimiento de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado.

Notas

1 Marcelo Signorini Porchietto y otros. Evaluación de riesgos de los rastros y mataderos municipales. México, DF, julio de 2006.

2 Marcelo Signorini Porchietto y otros. Evaluación de riesgos de los rastros y mataderos municipales. México, DF, julio de 2006.

3 Decomisos. Órganos y partes de la canal que no son aptos para el consumo humano, porque pueden ocasionar riesgos a la salud. Se consideran como desechos sólidos que deben ser incinerados.

4 (DQO o COD por sus siglas en inglés Chemical Oxygen Demand), o como Demanda Bioquímica de Oxígeno al día 5 (DBO5 o BOD5 por su nombre en inglés). Indicador de la calidad del agua residual, es la concentración de materia orgánica que se expresa, comúnmente, como demanda química de oxígeno.

5 Sagarpa. Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentación 2013-2018. Página 81.

6 Sagarpa. Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentación 2013-2018. Página 90.

Dado en el recinto de la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los trece días del mes de enero del año dos mil dieciséis.

Senador Jorge Arechiga Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados y al Senado de la República a dictaminar las iniciativas relacionadas con la creación de la Ley para prevenir, investigar y sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas, suscrita por los diputados Norma Rocío Nahle García y Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Rocío Nahle García y Juan Romero Tenorio, en nuestra calidad de diputados federales de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de loes Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes:

Consideraciones

Primera. Que el pasado 29 de abril de 2015 fue aprobado por el pleno del Senado de la República, modificación al artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de otorgar facultades al Congreso para expedir leyes generales en materia de desaparición forzada, tortura, y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Segunda. Que esta reforma fue turnada de inmediato a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y fue aprobada por esta Cámara el día 30 de abril de 2015 y turnada a las legislaturas de los estados para completar el proceso de aprobación del Constituyente Permanente.

Tercera. Que esta reforma fue publicada el día 10 de junio de 2015 en el Diario Oficial de la Federación la mencionada reforma constitucional, la cual establece en el artículo segundo transitorio que:

“Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación en las materias que se adicionan por virtud del presente Decreto al artículo 73, fracción XXI, inciso a), dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del mismo.

La legislación a que se refiere el presente transitorio deberá regular el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”.

Es decir, el mandato constitucional establecido en ese transitorio se ha cumplido, sin embargo a pesar de ello ninguna de las Cámaras ha dictaminado las diversas iniciativas que de manera formal se encuentran presentadas ante ellas.

En este sentido, y considerando que dicho plazo venció el 10 de enero de 2016, es preocupante que el Congreso de la Unión en esta LXIII Legislatura incumpla con el mandato de la reforma Constitucional para legislar en materia de Desaparición Forzada de Personas. Es una deuda que el Estado nacional tiene con todas las víctimas y las familias de quienes han padecido este flagelo.

En la LXII legislatura fueron presentadas las siguientes iniciativas sobre el tema:

Actualmente se encuentra presentadas y en trámite legislativo las siguientes iniciativas sobre el tema:

Cuarta. El tema de Desaparición Forzada de personas ha cobrado especial importancia en nuestro país dada la enorme cantidad de personas desparecidas según datos oficiales. Es urgente contar con una legislación que contemple la desaparición forzada de personas como un delito de lesa humanidad considerándolo como una grave ofensa. Por ello, hacemos énfasis en las obligaciones que tiene el Estado mexicano, en regular el delito de desaparición forzada; como antecedentes de ello exponemos lo siguiente: la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (18/3/2008), y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (9/4/2002).

El 23 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió el caso Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos en el que se estudian aspectos relacionados con la prohibición de la desaparición forzada de personas en México. Caso que a la fecha no se ha dado cumplimiento a ninguno de los puntos recomendatorios por parte del Estado mexicano.

El 4 de mayo de 2012, se suscribió una Solución Amistosa con el Estado Mexicano, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se reconoció la responsabilidad internacional del Estado mexicano, por la desaparición forzada de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera. En dicho acuerdo se establece como garantía de no repetición de los hechos, la adecuación del marco normativo nacional a los estándares internacionales.

El 7 de abril de 2010, el Comité de Derechos Humanos en su observación final 12, recomendó al Estado mexicano, enmendar legislación penal a fin de armonizarla con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Del 18 al 31 de marzo de 2011, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias visitó al Estado mexicano y a finales de ese año, emitió un informe con una serie de recomendaciones generales, así como recomendaciones específicas en torno a seis aspectos: el marco legislativo; medidas preventivas y de seguridad; el derecho a la justicia y a la protección judicial; el derecho a la verdad; el derecho a la reparación del daño; y grupos en situación de particular vulnerabilidad .

Durante la audiencia del Comité de Desaparición Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), realizada en Ginebra, Suiza, en el mes de febrero del presente año, se calificó como un “reto inmediato la aprobación de la ley”. Por ello, es el Estado mexicano quien debe intensificar sus esfuerzos para asegurar que todos los casos de desaparición forzada sean investigados sin demora y los presuntos autores enjuiciados, de ser declarados culpables, sean sancionados de acuerdo con la gravedad de sus actos.

De acuerdo con datos oficiales son aproximadamente 25 mil 821 personas víctimas de desaparición forzada , cifra que denota la grave CRISIS HUMANITARIA por la que atraviesa el país, lo que obliga a la exigencia de verdad, memoria, justicia y reparación integral para los miles de casos que existen dada la situación que azota a nuestro país desde hace más de 6 años con el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico”; y que lamentablemente continua hasta nuestros días, con el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Quinta. El gobierno federal prometió a la sociedad mexicana que a más tardar en el mes de junio de 2015, quedaría aprobada una ley en materia de desaparición forzada, promesa que como otras, no se cumplió.

Por tanto y con fundamento en lo expresado así como en las disposiciones invocadas en el proemio se propone, como de urgente u obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados y al Senado de la República para que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional al artículo 73, fracción XXI, publicada el 10 de junio de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, se discutan y dictaminen las iniciativas de Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas que han sido previamente presentadas ante ambas Cámaras del Congreso.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de enero de 2016

Diputados: Rocío Nahle García (rúbrica), Juan Romero Tenorio.

Con punto de acuerdo, por el que se condena el homicidio de Gisela Raquel Mota Ocampo, alcaldesa de Temixco, Morelos, ocurrido el 2 de enero de 2016, suscrita por la senadora María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, María Lucero Saldaña Pérez, senadora de la República e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como todos sabemos, el 2 de enero del año en curso se dio a conocer que Gisela Raquel Mota Ocampo, alcaldesa del municipio de Temixco, Morelos fue privada de la vida por un grupo armado.

Además de emitir nuestra enérgica condena de los hechos, a través del presente punto de acuerdo, las y los legisladores del PRI exigimos su esclarecimiento expedito y transparente. Asimismo, a nombre propio y de mi grupo parlamentario, expreso nuestra solidaridad con el dolor e indignación de los familiares, amistades y equipo de colaboradores de la víctima.

La Asociación de Autoridades Locales de México, ha dado a conocer que entre 2006 y 2015, 71 alcaldes, así como cientos de servidores públicos han sido privados de la vida por impactos de armas de fuego. Además, la propia organización refiere que casi 100 alcaldes y más de mil trabajadores de ayuntamientos han sido víctimas de ataques en México durante la última década.

Lo anterior, deja de manifiesto que no se trata de un acontecimiento aislado y que es necesario redoblar las medidas y acciones que permitan la prevención y erradicación de conductas de este tipo.

El artero asesinato de la alcaldesa Mota debe enfocarse en un contexto más amplio. Como lo han señalado ONU Mujeres en México y la Oficina en nuestro país del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU-DH, al condenar este asesinato: El asesinato de Gisela Raquel Mota Ocampo no sólo es un grave crimen, sino que también perturba el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres reconocidos y garantizados tanto por la Constitución mexicana como por los tratados internacionales. El empleo de la violencia con el objeto de impedir el desempeño de la función pública es un grave riesgo para la vida democrática del país.1

Ambos organismos, al tiempo de reconocer los avances de nuestro país en materia de igualdad de género y paridad política, alientan a que sean reforzadas las políticas y la institucionalidad existentes en materia de protección y seguridad de las personas que aspiran o ejercen puestos de elección popular, destacando que debe ser especialmente atendida la particular situación de vulnerabilidad en el ejercicio del poder de las mujeres en el espacio municipal.

La muerte de Gisela constituye un acto de violencia política de género. Este hecho tiene efectos devastadores en el camino hacia la igualdad entre géneros que este país desea transitar, sus consecuencias pueden convertirse en obstáculos reales y simbólicos que frenen, una vez más, la participación política de las mexicanas. Estoy convencida, junto con otras voces ciudadanas que así lo han expresado, que un hecho de tal gravedad daña al municipio de Temixco, al estado de Morelos, pero también a todo el país y, en especial, a las mexicanas. La violencia contra las mujeres no tiene paliativo alguno, no puede ni debe ser consentida o minimizada.

Desde la perspectiva de la igualdad de género este crimen ha sido denominado como un “foco rojo”2 en materia de violencia política de género y pone en evidencia los riesgos que enfrentamos funcionarias, legisladoras y todas las mujeres que tienen una participación política activa.

La gravedad de este problema es un tema reconocido en el plano internacional y regional. Es por ello que el pasado 15 de octubre de 2015, en el marco de la Sexta Conferencia de los Estados Parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém do Pará”), se adoptó la “Declaración sobre la Violencia Política y el Acoso Políticos contra las Mujeres”3 .

En dicho documento, se define puntualmente que: tanto la violencia, como el acoso políticos contra las mujeres, pueden incluir cualquier acción, conducta u omisión entre otros, basada en su género, de forma individual o grupal, que tenga por objeto o por resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir sus derechos políticos, conculca el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a participar en los asuntos políticos y públicos en condiciones de igualdad con los hombres.4

Como establece este instrumento y se ha constatado en los últimos años, esta violencia política contra las mujeres se ha visibilizado e incrementado en la región latinoamericana ante el aumento de la presencia y participación de las mujeres, que deriva de reformas tan importantes como la paridad política. Por ello, es urgente y prioritario tomar las medidas pertinentes para erradicarla.

La lucha contra esta forma particular de violencia exige su reconocimiento y visibilización, emprender reformas en materia legislativa como las que ya hemos propuesto en esta legislatura, la aplicación de protocolos de actuación, cambios culturales que la prevengan, así como la adecuada sanción y reparación de estos actos.

Cabe destacar que desde 2012 se presentó en este órgano legislativo la primera iniciativa para atender este grave problema y actualmente se encuentran en proceso de análisis y dictamen, tres iniciativas que pretenden el reconocimiento de la violencia política de género, así como el desarrollo de medidas para prevenirla y sancionar tales hechos. Como señalamos en su momento, desafortunada e injustamente, las mujeres corremos un riesgo permanente y creciente cuando pretendemos ejercer nuestra ciudadanía plena. Por ello, la reforma propuesta pretende erradicar todas las expresiones de este fenómeno, pensando en la militante activa, la candidata, la mujer electa, así como la funcionaria que ha asumido el cargo.

Al mismo tiempo y como se ha señalado5 , en tanto se aprueban las reformas legislativas, es urgente que se instrumente a la brevedad un protocolo de actuación que dé garantías efectivas a las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos, instrumento que asegure que quienes sean víctimas de la violencia política reciban atención inmediata, que incorpore medidas de protección y de emergencia, contando con personal capacitado en esta materia.

Un Protocolo de este tipo debe cumplir con los siguientes objetivos:

Establecer acciones inmediatas y de emergencia frente a casos de violencia política, que eviten daños mayores a las víctimas, sus familias y personas cercanas.

Facilitar que las autoridades detecten este tipo de violencia.

Generar la adecuada coordinación entre las instituciones responsables de hacer efectivos los derechos de las mujeres.

Identificar posibles actos de violencia política que permitan a las víctimas reconocerlos y saber cómo actuar.

Como se ha propuesto, en su aplicación deben concurrir instancias como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; el Instituto Nacional Electoral; la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales; el Instituto Nacional de las Mujeres; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres; la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, además de asegurar la participación de la sociedad civil e instancias académicas6 .

La violencia política de género no debe ser invisibilizada, por el contrario, estuvo presente y se manifestó con crudeza en el asesinato de la alcaldesa Gisela Raquel Mota Ocampo que recién había tomado posesión del cargo en Temixco, Morelos.

Por otra parte, cabe señalar que en los últimos años, Morelos se ha caracterizado por la alta inseguridad e incertidumbre de la cual son víctimas distintos sectores de la población como lo es el de la salud, sindicatos, organizaciones sociales, jubilados y transportistas, quienes también han expresado su inconformidad ante la constante alza en la criminalidad tanto en la capital, como en el resto del estado.

De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la tasa de víctimas de delitos por cada 100 mil habitantes para la población de 18 años y más en Morelos en 2014, ascendió a 29 mil 647, superando los 28 mil 200 que hay a nivel nacional, y los 21 mil 898 que había en la propia entidad en 2010.

El 63.8 por ciento de la población de Morelos de 18 años y más considera a la inseguridad como el problema más grave que aqueja a la entidad. Ante este panorama, es fundamental garantizar el cumplimiento de una de las funciones más importantes de todo gobierno, que es la de salvaguardar el orden público y la integridad de la población, aspectos indispensables para hacer asequible el pleno desarrollo individual y colectivo.

Conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación de los delitos le corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

En el mismo sentido, la Fiscalía General de Justicia del estado de Morelos es la responsable de implementar las acciones que se requieran para cumplir con su mandato de administrar la justicia de manera eficaz, eficiente, pronta y expedita.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Morelos es la encargada de proteger la integridad física, los derechos y el patrimonio de las y los morelenses a través de estrategias de prevención y tácticas operativas, así como la construcción de políticas en red para detectar y atender oportunamente conductas antisociales y delictivas, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.

En consecuencia, hacemos el llamado para que las autoridades encargadas de llevar a cabo la administración y procuración de justicia en la entidad, realicen las investigaciones correspondientes a fin de que los hechos sean totalmente esclarecidos, en virtud de que se trata de un acontecimiento ante el cual no podemos ser indiferentes y que no se limita al ámbito del derecho penal.

Los hechos ocurridos en Temixco, revelan la urgente necesidad de analizar y discutir la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto en materia de mando único policial.

Entre los principales aspectos de la iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo en el Senado de la República, destaca que a través de la homologación de criterios y procedimientos habrá elementos policiacos con mejores condiciones laborales y mayor capacitación.

El mando único representa un cambio cuantitativo y cualitativo que permitirá la creación de un nuevo modelo policial con corporaciones más confiables, profesionales y eficaces; además, se podrán homologar los niveles de profesionalización, protocolos, equipamiento y tecnologías de la información y la comunicación.

Hoy en día, las policías de diversos municipios carecen de recursos humanos y materiales para desarrollar correctamente sus funciones y no son capaces de enfrentar los retos que se presentan en materia de seguridad pública.

El nuevo modelo no sólo dignificaría la labor de los policías, también mejoraría la operación y el despliegue geográfico de las policías, brindando mayor seguridad en todas las regiones del país. Poco más de mil 100 municipios que hoy promedian solo 12 policías para atender a su población y más de 600 municipios que no cuentan con una corporación policial propia se verán beneficiados con esta iniciativa.

Un caso de éxito de este modelo, es el de Alemania, donde se determinó concentrar sus funciones básicas de seguridad pública en las policías de los estados y fusionar a las policías municipales con las policías estatales, en respuesta al aumento del crimen organizado y el terrorismo durante la década de 1970.

México requiere un sistema policial que dé tranquilidad a las familias, que les permita tener paz dentro de su hogar y caminar con seguridad en las calles, es una demanda impostergable que debemos revisar en el Congreso de la Unión.

Por lo expuesto y fundado, al tiempo de reiterar nuestra solidaridad y condolencias a la familia de Gisela Mota y considerando que este hecho daña la calidad de nuestra democracia, afecta de manera profunda a todo el país, pero en especial a las mujeres porque es una expresión grave de la violencia política de género, nos permitimos someter a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión condena el homicidio de Gisela Raquel Mota Ocampo, alcaldesa del municipio de Temixco, Morelos, ocurrido el pasado 2 de enero de 2016, por lo que exige la aplicación pronta y expedita de la justicia.

Notas

1 ONU Mujeres y ONU-DH México condenan el asesinato de la alcaldesa Gisela Raquel Mota Ocampo, CINU-Boletín ONU, Comunicado No. 16/001, 5 de enero 2016. En internet: http://www.cinu.mx/comunicados/2016/01/onu-mujeres-y-onu-dh-mexico-co/

2 Mújica MA,: “Asesinato de alcaldesa debe unir a mujeres en busca de justicia” en Cimacnoticias, Cuernavaca, Morelos, 04/01/2016. En internet: www.cimacnoticias.com.mx/node/71507

3 Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém Do Pará (Mesecvi) Sexta Conferencia de los Estados Parte de la Convención de Belém Do Pará, Declaración Sobre la Violencia y el Acoso Políticos contra las Mujeres , 15 y 16 de octubre de 2015 Lima, Perú (OEA/Ser.L/II.7.10 MESECVI-VI/doc.117/15.rev2 15 de octubre de 2015 Original: espan?ol). En internet: http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/Declaracion-ESP.pdf

4 Ídem.

5 Propuesta realizada por la magistrada María del Carmen Alanís. Ver: http://www.semmexico.org/propone-alanis-figueroa-protocolo-para-detener -la-violencia-politica/

6 Lineamientos definidos por la magistrada María del Carmen Alanís.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2016.

Senadora María Lucero Saldaña Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se cita a una reunión al director general de Pemex para que explique el recorte del presupuesto y el despido de trabajadores de la empresa, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Petróleos Mexicanos (Pemex) proyecta despedir al menos a 15 mil trabajadores de su plantilla como parte de un plan de reorganización de la compañía, así ha sido revelado por la prensa nacional recientemente.

Esta decisión, de llevarse a cabo, afectaría a más de la mitad de los cargos de confianza con que cuenta la empresa.

Pemex cuenta con aproximadamente 111 mil trabajadores de base y unos 27 mil de confianza.

Básicamente, el recorte laboral, según se ha dado a conocer, se centraría en puestos administrativos con la intensión de terminar con cargos cuyas funciones se duplican y de ese modo lograr una mayor eficiencia en la paraestatal.

Asimismo, está por celebrarse una reunión extraordinaria del Consejo de Administración de Pemex, dirigido por su director general, Emilio Lozoya Austin. En dicho encuentro podrían definirse algunos nombramientos en la paraestatal y se abordaría el posible plan de reorganización.

Por otra parte, debido al entorno adverso por la caída de los precios del crudo y de la producción petrolera, las dos empresas productivas del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad, tendrán un ajuste en su gasto en conjunto durante 2016 de 102 mil millones de pesos, revelan informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Pemex, como todas las empresas petroleras del mundo, debido a menores ingresos por la caída del precio del petróleo, tendrá que ajustar sus programas de inversión, y en 2016 también será afectado con un recorte de alrededor de 14 por ciento en términos reales, equivalente a 78 mil millones de pesos, para ejercer el próximo año un gasto programable total de 478 mil 282 millones de pesos.

Por tanto, es necesario que el gobierno federal, a través del director general de Pemex, informe a esta soberanía sobre las medidas por instaurar para mitigar los efectos nocivos de estos recortes, que dejarán sin empleo y sin sustento a miles de familias en el país.

¿Qué programas se implantarán para apoyar a estas familias?

Por todo lo expuesto se presenta la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita al director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, a una reunión de trabajo con objeto de conocer los criterios para instaurar tanto los recortes laborales como los presupuestales y los mecanismos para paliar los efectos nocivos de dichos recortes, que afectarán a miles de trabajadores y a sus familias.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2016.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJ del estado de México a conducirse conforme a derecho y con una perspectiva de género en la investigación iniciada contra el regidor de Ecatepec; y al gobernador de la entidad, a garantizar la seguridad de las mujeres, suscrita por los diputados Omar Ortega Álvarez y Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados Omar Ortega Álvarez y Felipe Reyes Álvarez, integrantes del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

José Luis Flores Balcázar, quien este 1 de enero rindió protesta como regidor de Ecatepec, Estado de México, abanderado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue denunciado en las redes sociales por acoso sexual y posible trata de personas.

En las publicaciones hechas, se muestra al regidor de Ecatepec ofreciendo trabajo en la administración municipal a mujeres, sin ni siquiera haber llegado al cargo. En dichas conversaciones, Flores Balcázar, hijo de José Luis Cruz Flores Gómez ex-diputado federal por el tricolor y actual subsecretario de Desarrollo Regional Valle de México Zona Oriente en el gobierno del Estado de México, acosa sexualmente a las mujeres y les ofrece un puesto a cambio de pasar un “casting” para el que pide fotografías en ropa interior o desnudas.1

De manera paralela a esta denuncia, cuatro mujeres fueron asesinadas en los primeros días de este año; dos fueron encontradas en Toluca, una en Cuautitlán Izcalli y la última en Naucalpan.

El sábado 2 de enero, en un canal de aguas negras de la colonia La Perla en Cuautitlán Izcalli, fue localizada una de ellas sin vida. Ese mismo día, en aguas del río Tejalpa en Toluca, una joven asesinada más fue encontrada. Para el domingo 3 de enero una mujer más fue localizada en Toluca. Ella, de nombre Lizbeth, había sido calcinada, cubierta de la cabeza con una bolsa y presentaba heridas en una de sus piernas.2

La última mujer asesinada fue encontrada el 8 de enero en la zona de Los Remedios en el municipio de Naucalpan. La víctima en esta ocasión tenía solamente 13 años de edad y su cuerpo presentaba heridas de arma punzocortante en el tórax, tortura, y señas de abuso sexual. El cuerpo fue localizado a 100 metros de un módulo de policía.3

La violencia que viven las mujeres en el Estado de México ha alcanzado cifras y una crueldad que horrorizan no sólo al país, sino al mundo entero, por lo que la entidad ha sido catalogada como el peor lugar para ser mujer de toda la nación mexicana, particularmente Ecatepec. “Si México es un país que se ha ido acostumbrando a convivir con la idea de que la vida no vale, lo que ocurre con las mujeres en esta zona del estado de México, apenas al norte del Distrito Federal, raya lo absurdo.”4

De acuerdo a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia feminicida es “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.”

La violencia contra las mujeres en el Estado de México no cesa. En forma de acoso sexual o en feminicido, las mujeres son violentadas constante e impunemente. Parece absurdo que aún con la Alerta de Violencia de Género emitida en algunos municipios de la entidad, la violencia no encuentre obstáculos.

Cabe señalar que el pasado 31 de Julio, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, emitió formalmente la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para los municipios de Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco del Estado de México.5

En dicha declaratoria se notificó al ejecutivo local para que la entidad coadyuvara en garantizar el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres y niñas del Estado de México.

Es preciso señalar que entre las medidas emitidas en la declaratoria del 31 de Julio por la SEGOB al gobierno mexiquense se señalan la divulgación de la alerta de violencia de género, establecer una estrategia de prevención, vigilancia y seguridad pública, así como fomentar acciones inmediatas y exhaustivas para gestionar la búsqueda y localización de niñas y mujeres desaparecidas.

Por último es urgente que la misma Segob señale el monitoreo permanentemente de todas estas medidas, privilegiando que se informe a la ciudadanía las acciones realizadas y los resultados obtenidos.

Por lo anteriormente descrito, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a conducirse conforme a derecho y con una perspectiva de género, en torno a la investigación iniciada por la denuncia realizada en redes sociales contra el regidor de Ecatepec, José Luis Flores Balcázar.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del Estado de México a cumplir cabalmente la Alerta de Violencia de Género para garantizar la seguridad de las mujeres en la entidad mexiquense, y el cese de la violencia en su contra.

Notas

1 Redacción AN. “Regidor priista de Ecatepec ofrece trabajo a mujeres... pero les pide fotos en ropa interior o desnudas.” Consultado el 7 de enero de 2016 en: http://aristeguinoticias.com/0401/mexico/regidor-priista-de-ecatepec-of rece-trabajo-a-mujeres-pero-les-pide-fotos-en-ropa-interior-o-desnudas/

2 De Jesús, C. “Confirman tercer feminicidio del año en Edomex; mujer fue calcinada en Toluca.” Consultado el 9 de enero de 2016 en: http://afondoedomex.com/confirman-tercer-feminicidio-del-ano-en-edomex- mujer-fue-calcinada-en-toluca/

3 Miranda, J. “Violan y asesinan a niña de 13 años al salir de la escuela en Naucalpan”. Consultado el 10 de enero de 2016 en http://afondoedomex.com/violan-y-asesinan-a-nina-de-13-anos-al-salir-de -la-escuela-en-naucalpan/

4 Nájar, A. “Ecatepec: cómo es vivir en el peor lugar para ser mujer de todo México.” Consultado el 9 de enero de 2016 en: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150831_mexico_feminicidios_ec atepec_violencia_mujeres_jp

5 http://www.gob.mx/

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2015.

Diputados: Omar Ortega Álvarez, Felipe Reyes Álvarez (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente municipal de Tlaquiltenango, Morelos, a abstenerse de hacer declaraciones que inciten a la población civil a la violencia, suscrita por el diputado Arturo Álvarez Angli, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Arturo Álvarez Angli, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados; en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Durante mucho tiempo el estado de Morelos fue un lugar que ofrecía, además de un clima agradable y hermosos paisajes, paz y tranquilidad para miles de familias que buscaban distraerse del estrés y las tensiones cotidianas que se viven en las grandes ciudades. La calidez y hospitalidad de los morelenses lograban atraer a millones de visitantes a sus destinos turísticos y muchas personas tenían la ilusión de adquirir alguna propiedad en diversas localidades del estado a fin de poseer un lugar en donde poder descansar y relajarse, ya fuera los fines de semana, o bien, durante el retiro.

Lamentablemente, Morelos y sus ciudadanos padecen hoy una indignante situación de inseguridad, violencia y muerte, que ante la ineficiencia e incluso la corrupción de las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia, ha comenzado a generar síntomas alarmantes de descomposición social.

Según cifras oficiales, la tasa de incidencia delictiva en Morelos se ubicó entre los primeros ocho lugares a nivel nacional durante 2015.

De acuerdo al Ranking de la violencia en municipios y entidades federativas, durante 2014, realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, Morelos fue la entidad federativa más violenta de México, y Cuernavaca, su capital, la ciudad con más de 100 mil habitantes que presentó mayores índices de inseguridad.

Los datos del documento en mención revelan que durante 2014, es decir, el segundo año de la administración del Gobernador Graco Ramírez Garrido, emanado de las filas del Partido de la Revolución Democrática, Morelos ocupó los primeros dos lugares a nivel nacional en cuatro de los seis delitos de mayor impacto en la ciudadanía, pues ocupó el segundo lugar a nivel nacional en secuestro, violación y robo con violencia, al tiempo que en la entidad se registró la tasa más alta de extorsión, con 19.3 casos por cada 100 mil habitantes, cifra casi cuatro veces mayor a la media nacional (4.91).

A pesar de que la principal promesa de campaña de Graco Ramírez fue regresarle la paz y la tranquilidad a los morelenses, la situación de inseguridad en la entidad no ha hecho más que empeorar desde el inicio de su mandato pues, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2012 en Morelos se registraron 92 secuestros y 260 extorsiones, mientras que para 2013, la cifra de secuestros y extorsiones denunciados aumentó a 150 y 400 casos respectivamente, lo cual implica que los delitos en mención casi se triplicaron de un año a otro.

No obstante la gravedad de la situación, la cual se ha agudizado en los últimos meses debido a los múltiples hallazgos de cuerpos desmembrados, decapitados o calcinados y el reciente asesinato de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota Ocampo, las autoridades, tanto estatales como municipales, no han hecho otra cosa que cruzar acusaciones y descalificaciones, así como emitir declaraciones que lejos de abonar en la solución del problema de inseguridad que se vive en el estado podrían desestabilizar aún más la situación y generar indeseables brotes de violencia incluso entre la población civil.

En este contexto, alcaldes que recién tomaron posesión en diversos municipios se han manifestado en contra de ratificar el convenio del mando único policial lo cual ha generado conflicto entre el gobernador y las nuevas autoridades municipales.

Si bien la estrategia de seguridad del gobierno estatal, la cual incluye la continuidad del mando único, debe ser revisada y reorientada a la luz de los pobres resultados hasta ahora alcanzados, lo cierto es que resulta condenable la conducta tanto del Gobernador como de algunos presidentes municipales, como es el caso del alcalde perredista del municipio de Tlaquiltenango, Enrique Alonso Plascencia, quienes se han enfrascado en una guerra de declaraciones que podría acarrear consecuencias muy negativas para los morelenses.

En cuanto respecta al gobernador, vemos con preocupación que en los últimos días se ha dedicado a hacer imputaciones graves de tener nexos con la delincuencia organizada a los alcaldes que se han negado a ratificar el convenio del mando único, sin presentar pruebas y sin que medie denuncia formal alguna.

Por su parte, el alcalde de Tlaquiltenango ha expresado ante distintos medios de comunicación amenazas de tomar las instalaciones de seguridad pública del municipio y expulsar al mando único, así lo demuestra la entrevista que concedió al periodista Ciro Gómez Leyva para la cadena Radio Fórmula en donde Enrique Alonso Plascencia dijo que la ciudadanía haría presencia para tomar las instalaciones y hacer su propia justicia.

Más tarde el Alcalde de Tlaquiltenango declaró que presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aseveró que no habría insurrección hasta que se diera la respuesta de la Corte, sin embargo, dejó ver que en caso de que no se le diera la razón entonces sí se efectuaría la toma de instalaciones.

Lo anterior resulta más que alarmante pues fueron este tipo de conductas las que llevaron a otras entidades como Michoacán y Guerrero a enfrentar brotes de violencia provocados por el surgimiento de autodefensas, lo cual es inadmisible pues en un país de instituciones los ciudadanos no deben tomar la justicia en sus propias manos, es el Estado quien tiene la obligación de garantizar la seguridad de su población y hacer cumplir el estado de derecho.

En el Partido Verde creemos que los morelenses no merecen seguir viviendo con miedo y zozobra, y que las autoridades de todos los niveles deben dejar de lado las amenazas y descalificaciones para actuar con mayor prudencia y ponerse a trabajar de manera coordinada para cambiar la realidad de inseguridad y violencia que hoy enfrenta el estado de Morelos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al presidente municipal de Tlaquiltenango, en el estado de Morelos, Enrique Alonso Plascencia, a abstenerse de hacer declaraciones que inciten a la violencia a la población civil.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Morelos, a abstenerse de hacer imputaciones sin presentar denuncias formales y exhibir las pruebas que demuestren sus dichos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 13 días del mes de enero del año 2016.

Diputado Arturo Álvarez Angli (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la protección de los derechos humanos de Juan Gómez Domínguez, indígena preso político en Chiapas, suscrita por el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Juan Romero Tenorio, diputado federal en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El trece de junio de dos mil quince, a las 11:30 horas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue detenido Juan Gómez Domínguez por agentes de la Policía Especializada y puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Asuntos Especiales y Relevantes, integrando la Averiguación Previa FAR/140/2015-06, siendo acusado por el delito de, supuestamente, portar en el momento de su detención una bolsa de 9 por 5 centímetros, la cual contenía en su interior clorhidrato de cocaína con un peso de 21.4 gramos. Junto a Juan Gómez Domínguez, fueron también detenidos por policías ministeriales los ciudadanos José Rafael Sánchez López y Mario Sánchez López.

Juan Gómez Domínguez fue consignado en la causa penal 152/2015 del juez segundo del ramo penal para la Atención de los Delitos Graves de los Distritos Judiciales Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, por delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo cometido en agravio de la sociedad. Recluido en el centro estatal de reinserción social número 14 “El Amate”, ubicado en el ejido Lázaro Cárdenas municipio de Cintalapa, Chiapas. Sentenciado en vía sumaria y condenado el 11 de agosto de 2015, como responsable del delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y variante de clorhidrato de cocaína con fines de comercialización (venta), imponiéndosele una pena de cuatro años seis meses de prisión y multa de 190 días de salarios mínimos. A través del amparo indirecto 806/2015, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, resolvió amparar y proteger al ciudadano Juan Gómez Domínguez para los efectos de reponer el procedimiento por la probable violación al Protocolo de Estambul y careos que no se llevaron a cabo dentro del término constitucional.

Conjuntamente con el delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, Juan Gómez Domínguez fue acusado también del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejercito, Armada y Fuerza Aérea Mexicana, dictándosele auto de formal prisión por el parte del Juez Sexto de Distrito; no obstante mediante recurso de apelación que se interpuso en contra de dicho auto de formal prisión el Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Circuito del Poder Judicial de la Federación, resolvió absolver al acusado.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy clara en la protección de los derechos humanos de las personas, así como de las garantías del debido proceso con las que contamos las y los mexicanos. En su artículo primero, además del reconocimiento de todos los derechos humanos plasmados en la Constitución y en los tratados internacionales, señala que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán favoreciendo en todo momento la protección más amplia hacia las personas, como se puede ver a continuación:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

Cabe señalar que Juan Gómez Domínguez , indígena y preso político del municipio de Simojovel de Allende, era el precandidato ganador para registrarse a la candidatura para la diputación local del X distrito con cabecera en Bochil por el partido Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo que estando en periodo de registro ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana fue detenido acusándosele de delitos prefabricados para evitar que su registro y para que entregara a su hermano, Ramiro Gómez Domínguez, quien también sería candidato y posible ganador de la presidencia municipal de Simojovel de Allende por el mismo PRI en el proceso electoral estatal de 2015.

Juan Gómez Domínguez, como se refirió, fue acusado de portación de armas de uso exclusivo del ejército y narcomenudeo (21.4 gramos de cocaína) se amparó por el delito del fuero federal y resuelven a favor absolviéndolo del delito. Sin embargo, por el delito de fuero de fuero común se le sentencio a 4 años 6 meses de prisión, por lo que se le niegan beneficios por parte de la ley. No obstante, mediante el recurso legal de amparo contra dicha sentencia se resolvió llevar a cabo careos entre Juan Gómez Domínguez y los policías aprehensores.

La primera diligencia fue llevada a cabo el pasado 2 de diciembre, quedando pendiente el careo con dos policías ministeriales, de 5 policías que llevaron a cabo la aprehensión, el día 7 de enero. Por lo que queda pendiente de emitirse una nueva resolución parte del juez del fuero común. No obstante, a decir de los familiares, el juzgador sentenciaría en el mismo sentido, esto es que condenaría de nueva cuenta con pena corporal, al acusado. Esto es que se le mantendría en prisión para que el Partido Verde Ecologista de México pueda gobernar en el municipio de Simojovel, sin ningún problema, frente a la fuerza política que representan los hermanos Gómez Domínguez, líderes indígenas que no aceptaron renunciar al PRI y declararse miembros del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicita a la Comisión Nacional de Derechos Humanos iniciar una investigación sobre las posibles violaciones a los derechos humanos de Juan Gómez Domínguez.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General y al Tribunal Superior de Justicia, ambos de Chiapas, a respetar y garantizar el principio del debido proceso, así como garantizar los derechos humanos del ciudadano y líder indígena Juan Gómez Domínguez.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador constitucional del estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello, a realizar acciones y actos de autoridad que promuevan, respeten, y protejan los derechos humanos de los indígenas en la entidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de enero de 2016.

Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, sobre el atentado en que perdió la vida la presidenta municipal de Temixco, Morelos, Gisela Raquel Mota Ocampo, suscrita por la senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, senadora de la República de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Lisbeth Hernández Lecona, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de la Comisión Permanente, la proposición con punto de acuerdo en relación con el lamentable atentado en el que perdió la vida la presidenta municipal de Temixco, Morelos, Gisela Raquel Mota Ocampo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En un ambiente de civilidad democrática, los morelenses acudieron a las urnas el 7 de junio de 2015, en ellas, manifestaron la decisión de elegir a sus representantes en la Cámara de Diputados, en el Congreso local, así como en cada uno de los 33 municipios que integran el estado de Morelos.

De acuerdo con los resultados proporcionados por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el Partido de la Revolución Democrática triunfó en el municipio de Temixco, resultando ganadora la candidata a presidenta municipal de dicho partido, la licenciada Gisela Raquel Mota Ocampo, quien recibiera su constancia de mayoría por determinación del pleno de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en el Distrito Federal.

En tal virtud, la presidenta municipal electa rindió protesta de su cargo el 1o. de enero del presente año para ejercer sus funciones tal y como lo establece el artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. Sin embargo, el pasado 2 de enero, un día después de asumir el cargo como presidenta municipal de Temixco, Morelos, fue víctima de un artero asesinato. Según los primeros informes efectuados por el gobierno estatal, en la mañana del día 2 a las 7:12 horas se reportó al C5 que una mujer se encontraba lesionada por impactos de arma de fuego en la calle Lázaro Cárdenas y Miguel Hidalgo, en la colonia Pueblo Viejo del municipio referido.

Los hechos relatan que el personal de rescate se trasladó al lugar del atentado y confirmaron que la mujer que ahí se encontraba ya no tenía signos vitales, en consecuencia se solicitó la presencia del Servicio Médico Forense para realizar el levantamiento del cuerpo de quien en vida respondió al nombre de Gisela Raquel Mota Ocampo, presidenta municipal de Temixco, Morelos, para el periodo 2016-2018.

Gisela Mota Ocampo nació el 13 de marzo de 1982, era licenciada en derecho y fue diputada federal en la LXII Legislatura, asimismo desempeñó una amplia carrera política dentro del Partido de la Revolución Democrática al fungir como miembro del Órgano Directivo del Instituto de Investigación, Formación Política y Capacitación en Políticas Públicas y de Gobierno; consejera nacional; secretaria de Educación Democrática y Formación Política Comité Ejecutivo Nacional; consejera estatal; secretaria de Formación Política y secretaria de Asuntos Juveniles dentro del mismo partido.

El fallecimiento de una destacada militante del Partido de la Revolución Democrática es consecuencia de la ola de inseguridad que prevalece en todo nuestro estado de Morelos. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2015 (Envipe 2015), estima que 63.8 por ciento de la población de 18 años y más considera a la inseguridad como el problema más importante que aqueja al Estado de Morelos.1

De acuerdo con los datos arrojados por los reportes del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia Penal AC, y publicados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública; el estado de Morelos se colocó como una de las entidades más violentas del país en el año 2014.

En relación con la asignación de puntos por el tipo de delito, se señaló que por cada 100 mil habitantes, 55 puntos correspondieron al homicidio doloso, 22 puntos al secuestro, 13 puntos a la violación, 4 puntos a lesiones dolosas, 3 puntos a robos con violencia y 3 puntos para la extorsión. De 100 puntos posibles, Morelos se ubica con 34.05 puntos de los delitos antes mencionados, después le siguen Guerrero con 32.89 puntos y Baja California con 32.37 puntos.

El índice de Paz México 2015 determinó que Morelos es el segundo estado menos pacífico de México, ya que entre los años 2007 y 2009, experimentó un gran aumento en la violencia y, desde entonces, cuenta con la peor tasa de delitos con violencia en México2.

El municipio de Temixco no es ajeno a la situación del estado de Morelos, de acuerdo con el informe La violencia en los municipios y en las entidades federativas de México 2014 , del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia Penal, Temixco se ubica en la posición 31 de entre 233 municipios con más de 100 mil habitantes con el mayor número de homicidios dolosos. De igual manera, se desprende que ocupa la posición 78 de los municipios más violentos del país, en la sexta posición de los municipios con mayor número de secuestros y en el lugar 73 en el delito de robo con violencia, y ha sido incluido por la Secretaría de Gobernación en la declaratoria de alerta de violencia de género.

Cabe señalar que, a raíz de los hechos ocurridos en Temixco, Morelos, el gobernador del estado ha impuesto, mediante decreto, el Mando Único en 15 municipios que habían manifestado su eventual rechazo.

Todo lo anterior, representa una situación que no debe ser ignorada por las autoridades del estado ni del país, las cuales tienen la obligación de velar por el bienestar de la población desde sus diferentes ámbitos de competencia. Por ello, me permito someter a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión condena enérgicamente el asesinato de la presidenta municipal de Temixco, Morelos, ocurrido el pasado 2 de enero.

Segundo . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión externa sus condolencias a la población del municipio de Temixco, Morelos; a sus familiares, colaboradores, amigos y a sus compañeros del Partido de la Revolución Democrática, por el lamentable fallecimiento de Gisela Raquel Mota Ocampo.

Tercero . La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Morelos y a la Fiscalía General del Estado, continuar con las investigaciones de este lamentable hecho de manera exhaustiva, imparcial y transparente, a fin de que sean sancionados quienes resulten responsables en la autoría intelectual y material.

Cuarto . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Morelos, así como a los 33 municipios de dicha entidad a anticiparse a estos hechos mediante la prevención del delito y la delincuencia a través de programas e intervenciones con resultados de contención y erradicación de la criminalidad e inseguridad, verdaderamente efectivos para la población morelense.

Notas

1 http://www.inegi.org.mx/est/contepidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2015/doc/envipe2015.mor.pdf

2 http:/www.manualdeseguridad.com.mx/t2/docs/pdfs/grals/15/índice_de_paz_ mexico_2015.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2016.

Senadora Lisbeth Hernández Lecona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la CNS a investigar la ausencia de certificación de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Sonora, suscrita por los senadores Fernando Yunes Márquez y Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del PAN

Fernando Yunes Márquez y Francisco Búrquez Valenzuela, senadores de la República de la LXIII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del pleno de esta Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo, de urgente resolución, por el que se exhorta respetuosamente a Renato Sales Heredia, comisionado nacional de Seguridad, para que investigue la ausencia de certificación de los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sonora, de reciente ingreso, incluyendo a su titular; asimismo se solicita informe a esta soberanía los motivos por los que se ha permitido incumplir con la certificación de los servidores públicos de la Procuraduría General del Estado, incluyendo a su titular en el estado de Sonora. Lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El día 13 de septiembre de 2015, tomó posesión el licenciado Adolfo García Morales, como Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sonora. En días subsecuentes tomaron posesión en la misma Secretaría diversos Subsecretarios, Coordinadores, Directores Generales y Directores, entre otros, que desempeñan labores sensibles relacionadas con la materia de seguridad pública. Lo que se invoca como un hecho público y notorio.

En relación a lo anterior es preciso señalar que en el marco normativo relativo a la certificación de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública, dispone lo siguiente:

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Artículo 96. La certificación es el proceso mediante el cual los integrantes de las Instituciones Policiales se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de Control de Confianza correspondiente, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia.

Las Instituciones Policiales contratarán únicamente al personal que cuente con el requisito de certificación expedido por su centro de control de confianza respectivo.

Artículo 139. Se sancionará con dos a ocho años de prisión y de quinientos a mil días multa, a quien:

III. Inscriba o registre en la base de datos del personal de las instituciones de seguridad pública, prevista en esta Ley, como miembro o integrante de una institución de Seguridad Pública de cualquier orden de gobierno, a persona que no cuente con la certificación exigible conforme a la Ley, o a sabiendas de que la certificación es ilícita, y

IV. Asigne nombramiento de policía, ministerio público o perito oficial a persona que no haya sido certificada y registrada en los términos de esta Ley.

Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora

Artículo 140. Son requisitos de ingreso y permanencia en las Instituciones policiales, los siguientes:

A) De ingreso:

VII. Aprobar los procesos de evaluación y control de confianza.

Artículo 147. La cesación de los efectos legales del nombramiento de un integrante o la conclusión del servicio se puede dar por las siguientes causas:

I. Separación, por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia,...

Código Penal del Estado de Sonora

Artículo 144 Bis 2. Se sancionará de uno a ocho años de prisión y de cien a mil días multa, a quien:

IV. Expida nombramiento de Policía, Ministerio Público o Perito oficial a persona que no cumpla cabalmente con los requisitos previstos para dichos cargos.

Si el responsable es o hubiera sido servidor público de las instituciones de Seguridad Pública, se impondrá hasta una mitad más de la pena correspondiente, además de inhabilitación por un plazo igual al de la pena de prisión impuesta para desempeñarse como servidor público en el gobierno estatal y en los ayuntamientos de la entidad y, en su caso, la destitución.

Segunda. El pasado 18 de octubre de 2015, el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sonora, Adolfo García Morales, en conferencia de prensa manifestó, ante la pregunta sobre la certificación de funcionarios, que, se cita textualmente: “Vamos a impulsar que todos los empleados de nivel estemos certificados, también incluso el de la voz, habremos de presentar nuestro examen todos para quien no pasemos no podamos permanecer en la institución”.

Tercera. El pasado 24 de noviembre de 2015 los senadores Fernando Yunes Márquez y Francisco Búrquez Valenzuela, solicitamos respetuosamente nos fuera proporcionada la calendarización oficial de las fechas de exámenes de evaluación de control y confianza de los altos mandos del Estado de Sonora y de cualquier otro funcionario público que por la naturaleza de sus funciones sensibles en materia de Seguridad Pública deba conocerse; así también la correspondiente constancia de certificación de aprobación de sus puestos dentro de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, respectivamente.

Después de un mes de dicha solicitud y sin contar con respuesta alguna, considero oportuno hacer la solicitud por la vía legislativa presente.

Cuarta. Posteriormente a una declaración espontanea ante medios de comunicación del Titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Sonora, se reconoce que ningún servidor público de nuevo ingreso de esa dependencia se ha certificado aún.

Quinta. El día 13 de noviembre del presente, el licenciado Adolfo García Morales, secretario de Seguridad Pública, en entrevista radiofónica, con el locutor Luis Alberto Median, titular del programa Proyecto Puente, reconoció que no ha realizado el examen de control y confianza.

Sin duda alguna la situación descrita daña gravemente a las instituciones de seguridad pública, dado que es clara, flagrante y reconocida la violación a la Ley en materia de ingreso de servidores públicos de seguridad pública. Quienes deben defender a los ciudadanos de los ilícitos, son justamente quienes lo están cometiendo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, para que remita un informe detallado en razón de la ausencia de certificación de los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sonora, de reciente ingreso, incluyendo a su titular; asimismo se solicita informe a esta soberanía los motivos por los que se ha permitido incumplir con la certificación de los servidores públicos de la Procuraduría General del estado, incluyendo a su titular.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2016.

Senadores: Fernando Yunes Márquez, Francisco Búrquez Valenzuela (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Consar a diseñar y estimular programas para garantizar a los trabajadores pensiones dignas, suscrita por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

1. La Ley de los Sistemas de Ahorro Para el Retiro en sus artículos 1o. y 2o. precisa que

Artículo 1o. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular el funcionamiento de los sistemas de ahorro para el retiro y sus participantes previstos en esta Ley y en las leyes del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Artículo 2o. La coordinación, regulación, supervisión y vigilancia de los sistemas de ahorro para el retiro están a cargo de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dotado de autonomía técnica y facultades ejecutivas, con competencia funcional propia en los términos de la presente ley.

2. A partir del año 1997, se inició un cambio en el sistema de pensiones al entrar en vigor la reforma del Seguro Social; dando por finalizado el sistema solidario de reparto donde el estado se hacía cargo de las pensiones de los trabajadores; y en su lugar se estableció el sistema de cuentas individuales o de contribuciones definidas que administradas por entes privados –las administradoras de fondos para el retiro (Afore)– con la supervisión de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

De forma tal, que los montos de las pensiones se definirían a partir de dicha fecha, en función de la cantidad aportada por el trabajador más los ahorros voluntarios que quisiera hacer. Así la pensión durará hasta cuando el monto ahorrado por ambos conceptos se acabe.

3. El monto recabado de las cuentas individuales por las afores, debe ser invertido por medio de las sociedades de inversiones especializadas de fondos para el retiro (Siefores) y sus réditos compensar las comisiones que las Afores cobran por la administración de las cuentas individuales. En este mecanismo, están surgiendo desbalances, como por ejemplo que la comisión afore estaría comprometiendo entre el 30 por ciento al 80 por ciento de los intereses generados.

4. A esta primera dificultad se debe agregar que el monto del salario mínimo es en extremo bajo; y en general solo un 15 por ciento de las familias tienen una real capacidad de ahorro. De hecho como he demostrado en muchas ocasiones, el mencionado salario mínimo no alcanza para cubrir una canasta básica, y en México hay casi siete millones de personas esa condición.

Sí la aportación está en función del ingreso salarial, cuando un trabajador cae en desempleo, no realiza aportes, y su futura pensión sufre mermas adicionales a los mencionada.

5. El empleo y el salario, también están en función de los vaivenes de la economía nacional y por lo mismo el monto de los aportes a las afores en la misma tónica. Las condiciones y resultados económicos de 1994 a la fecha, han dejado mucho que desear, al grado que México es una de las naciones en el mundo con salarios mínimos más bajos; con salarios bajos en general y con desempleo estacional. Lo cual no es favorable al aumento del ahorro para el retiro.

6. Es cierto que el sistema de cuentas individuales le dan flexibilidad al trabajador para manejar su propia cuenta y la posibilidad de un ahorro voluntario. Sin embargo, la Afore Principal Financial, advierte que para los pensionados del año 2021, –cuando entre en pleno vigor la primera generación de pensionados afore– sus ahorros serán insuficientes para mantenerse porque representarán solo un 30 por ciento de sus salarios normales. Esto haría que los adultos mayores de 60 - 65 años deseen seguir trabajando o se irían a la informalidad y al autoempleo.

Agrega la mencionada empresa, que solo 33 por ciento de la población económicamente activa cotiza a la seguridad social; o sea siete de diez mexicanos no tienen respaldo para su retiro; lo cual es “una pérdida de calidad de vida... (porque) pueden quedar todavía muchos años por vivir y hay un gran riesgo de que el ahorro no sea suficiente para preservar un nivel de vida decoroso”.

7. Ante esta situación, parte del sector empresarial está preocupado, y algunas compañías están diseñando planes privados para sus trabajadores, pero aún es muy incipiente. En el país existen más de cinco millones de empresas, de las cuales 1,766 ofrecen como prestación un plan de pensión adicional a sus trabajadores, como forma de estímulo a la productividad a cambio de ingresos para su tiempo de retiro. Lo cual es un mecanismo al menos de relativa seguridad futura.

Finalmente, dadas estas consideraciones, es importante que se diseñen, se estimulen y entren en operación a la brevedad, mecanismos adicionales como el mencionado en el punto anterior, y en este sentido la Consar bien podría contribuir a generar esa confianza para el futuro de los trabajadores.

Por todo lo expuesto presento la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) a diseñar y estimular programas para garantizar pensiones dignas a los trabajadores.

Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INAH a informar sobre la implantación de planes de manejo en las zonas arqueológicas del país, suscrita por el senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, senador Jorge Aréchiga Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo que exhortan al Instituto Nacional de Antropología e Historia a informar sobre la implantación de planes de manejo en las zonas arqueológicas del país, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

México es reconocido mundialmente por su cultura. Los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos son motivo de orgullo y vanagloria por ser prueba palpable de la grandeza de la historia de la República Mexicana.

Tal es la relevancia de la materia en el país que la Carta Magna reserva en el artículo 3o., fracción V, que “además de impartir educación, alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”.

Así, al considerar la cultura como uno de los cimientos torales de México, hoy la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), entre otros, son los encargados de fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, aunado a preservar de forma integral el patrimonio cultural de la nación.

Cabe destacar que el país tiene una infraestructura y patrimonio culturales excepcionalmente amplios que lo ubican como líder de América Latina en este rubro ya que entre su acervo tiene 187 zonas arqueológicas abiertas al público, mil 184 museos, 7 mil 363 bibliotecas públicas, 594 teatros, mil 852 centros culturales y 869 auditorios, entre otros espacios, en los cuales se desarrolla una actividad cultural permanente.1

Son precisamente los monumentos y las zonas arqueológicas donde se puede interactuar directamente con la historia, por lo que existe la obligación de proteger y conservar los vestigios que son parte de nuestra identidad y diversidad cultural.

De ahí que la finalidad de la presente proposición con punto de acuerdo es exhortar a las autoridades competentes a que coadyuven para que todas las zonas arqueológicas del país tengan un plan de manejo en el cual se plasme el manejo y operación que garantice su conservación y protección integral, se asegure que su uso sea responsable y racional, se fomente la investigación, difusión y valoración y, se contribuya con el desarrollo sustentable regional y nacional.

Las zonas y los monumentos arqueológicos son objeto de visita por connacionales y extranjeros a fin de conocer y reconocer la herencia cultural de México. Tal es la relevancia del turismo que generan los vestigios de los pueblos originarios, que han colocado al país en el principal destino turístico de América Latina y el décimo más visitado del mundo.2

Cabe destacar que de las 187 zonas arqueológicas abiertas al público, 10 son bienes culturales inscritos en la lista de patrimonio mundial cultural de la humanidad declarados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO):

1. Centro histórico de Oaxaca y zona arqueológica de Monte Albán (1987).

2. Ciudad prehispánica de Teotihuacán.

3. Ciudad prehispánica y parque nacional de Palenque (1987).

4. Ciudad prehispánica de Chichén-Itzá (1988).

5. Ciudad prehispánica de El Tajín (1992).

6. Ciudad prehispánica de Uxmal (1996).

7. Zona arqueológica de Paquimé (Casas Grandes, 1998).

8. Zona de monumentos arqueológicos de Xochicalco (1999).

9. Antigua ciudad maya de Calakmul (Campeche, 2002).

10. Cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla en los valles centrales de Oaxaca (2010).

De las mencionadas zonas arqueológicas es de resaltar la de Monte Albán, la cual en enero de este año recibió un reconocimiento internacional por un panel de expertos en patrimonio mundial, nombrando al recinto prehispánico como el sitio inscrito en la lista de la UNESCO con el mejor plan de manejo del planeta, superando a centros como las cuevas con pintura prehistórica de Pech Merle, Francia; la Ciudad Prohibida en China; el Taj Mahal en la India, el Valle de los Reyes en Luxor, Egipto y Herculano en Italia.

Los especialistas en mención valoraron entre otros

1. Significado histórico.

2. Presentación y nivel de preservación.

3. Experiencia y accesibilidad del visitante al recinto.

4. Comodidad vacacional de la región circundante.

5. Impacto a los visitantes.

6. Belleza del paisaje.

7. Rango o cantidad de vestigios históricos, así como de museos cercanos.

8. Nivel de conocimiento y comprensión que aporta a los visitantes y habitantes originarios.

Por otro lado, en octubre del mismo año nueve zonas arqueológicas que representan la totalidad de las culturas prehispánicas de México; a saber: Palenque, Teotihuacán, Monte Albán, Chichén Itzá, El Tajín, Uxmal, Paquimé, Xochicalco, Calakmul, y sus tres pueblos: Kabah, Labná y Sayil, fueron inscritas en el Registro Internacional de Bienes Culturales Bajo Protección Especial de la UNESCO y se les colocó el emblema del Escudo Azul3 por triplicado. Lo anterior, en cumplimiento de la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado.4 Dicha distinción implica un mayor compromiso del gobierno mexicano en cuanto a las condiciones de conservación de las zonas arqueológicas, así como, generar entre la sociedad y las autoridades un incremento en la cultura de preservación, que incluya medidas para la prevención de desastres y evitar el saqueo en caso de conflicto.

A este reciente compromiso internacional adquirido por México para proteger y conservar su patrimonio histórico se suman otros instrumentos que ponderan la relevancia de preservar el legado cultural de nuestros predecesores:

1. La Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. Establece la obligación de los estados parte de: “...identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio.

2. La Carta Internacional para la Conservación y Restauración de Monumentos. Considera que la conservación de monumentos implica primeramente la constancia en su mantenimiento y que su ejecución en las ruinas así como, las medidas necesarias para la conservación y protección permanente de los elementos arquitectónicos y de los objetos descubiertos deben estar garantizados.

3. La Carta de México en Defensa del Patrimonio Cultural. Señala que es indispensable incluir en todos los programas de desarrollo nacional y regional una preocupación activa por la defensa del patrimonio cultural.

4. La Carta de Burra 5 para los Sitios de Significación Cultural. Indica que el objetivo de la conservación es preservar la significación cultural de una zona arqueológica, que la conservación es parte integral de una buena gestión de los sitios y que éstos deberán ser salvaguardados y no deberán ser sometidos a riesgo o expuestos a un estado vulnerable.

5. La Carta Internacional para la Protección y Manejo del Patrimonio Arqueológico. Manifiesta que la protección y adecuado manejo de las zonas arqueológicas son imprescindibles para permitir a los arqueólogos y a otros científicos estudiarlo e interpretarlo en nombre de generaciones presentes y futuras para su beneficio.

6. La Carta de Ename 6 del Icomos para la Interpretación de los Sitios Patrimoniales Culturales de 1995. Menciona que la interpretación del significado de los sitios patrimoniales culturales es una parte integral del proceso de conservación y que es fundamental para tener resultados positivos en este campo.

7. Los Principios para la Preservación, Conservación y Restauración de Pinturas Murales, ratificados por el Icomos en 2003. Establecen que las superficies arquitectónicas y las capas de acabados, con sus valores históricos, estéticos y técnicos, deben considerarse como componentes de igual importancia que los monumentos; así como que todos los proyectos de conservación deben iniciarse mediante una investigación científica sólida y rigurosa.

Por todos estos compromisos que mandatan la preservación de los vestigios ancestrales en suma a lo establecido en la Carta Magna de nuestro país en materia de Cultura, es que se debe llevar acabo el manejo adecuado e integral de los sitios arqueológicos.

Como ha quedado referido, algunos sitios arqueológicos (no más de veinte) ya tienen algún medio de protección o reconocimiento por su labor de conservación y manejo idóneo. Pero, es de recordar que son 187 zonas que albergan monumentos arqueológicos, por lo que es urgente que cada uno de ellos tengan un plan de manejo acorde a sus características y necesidades para lograr su preservación.

Si bien es cierto, según datos del Segundo Informe de Ejecución 2014 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se concluyeron 22 planes de manejo de zonas arqueológicas, y en lo que corresponde a la conservación del patrimonio cultural, se llevaron a cabo diversos trabajos en las zonas arqueológicas de Teotihuacán, Puebla y Oaxaca.7

También es cierto que se desconoce cuáles son esas zonas que ya cuentan con dichos planes de manejo, que lineamientos tienen considerados, en qué estado se encuentra cada plan de manejo es decir, si se encuentran con medidas vigentes o requieren revalorar las acciones implementadas por resultar obsoletas, así como las actividades de mantenimiento y preservación que llevan a cabo para conservar las zonas y los monumentos arqueológicos, por mencionar sólo algunos.

Por otro lado, y más grave aún, no se tiene conocimiento de cuales zonas arqueológicas no tienen un plan de manejo, ni tampoco si se está ejecutando algún tipo de acciones para lograr su conservación o bien, si las acciones que se están desarrollando son las adecuadas.

Es por todos sabido que los daños más comunes en una zona arqueológica pueden dividirse en dos grupos principales: uno, los que han sido ocasionados por el paso del tiempo y los factores ambientales, y dos, los que se deben a la acción directa o indirecta del hombre.8 De ahí que los planes de manejo de las zonas arqueológicas son un factor determinante para que se lleve a cabo su adecuada conservación y aprovechamiento.

Por lo anterior, la presente proposición pretende sumar esfuerzos para proteger y conservar la invaluable herencia cultural de nuestro país, exhortando a las autoridades competentes a que coadyuven para que cada zona arqueológica de México tenga un plan de manejo acorde a sus necesidades particulares, al igual que, realicen una evaluación de los ya existentes y finalmente, implementen acciones de inspección y vigilancia para constatar la adecuada preservación del patrimonio cultural.

En consecuencia, el senador que suscribe pone a consideración de esta asamblea los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que remita a esta soberanía un informe sobre cuales zonas arqueológicas tienen plan de manejo y cuál es su estado en la actualidad.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a informar a esta soberanía sobre las zonas arqueológicas que no tienen un plan de manejo; asimismo, lo incita a que coadyuve con los responsables del manejo y operación de las zonas arqueológicas para que en un plazo no mayor de 365 días tengan el documento concluido, aprobado y en ejecución.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a realizar inspección y vigilancia en las zonas arqueológicas para revisar que se cumpla lo establecido en los planes de manejo y en los programas operativos anuales.

Notas

1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

2 De conformidad con datos de la Organización Mundial del Turismo.

3 El Escudo Azul es el símbolo utilizado para identificar los sitios culturales protegidos por la Convención. Este emblema también dio su nombre al Comité Internacional del Escudo Azul (ICBS) que obra para proteger el patrimonio cultural mundial amenazado por catástrofes naturales o causadas por el hombre.

4 Dicho tratado internacional es el primero dedicado a la protección del patrimonio cultural en situación de guerra, y recalca el concepto de patrimonio común a la humanidad.

5 Teniendo en consideración la Carta Internacional para la conservación y Restauración de Monumentos y Sitios (Venecia 1964), y las resoluciones de la quinta asamblea general del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Moscú 1978), la Carta Burra fue adoptada el 19 de agosto de 1979 por el Icomos Australia (Comité Nacional Australiano del Icomos) en Burra, Australia del Sur. Fue actualizada el 23 de febrero de 1981, el 23 de abril de 1988 y el 26 de noviembre de 1999. Icomos internacional, página web consultada el 7 de abril de 2014. http://www.international.icomos.org/charters/burra1999_spa.pdf

6 El Centro Ename para la arqueología pública y presentación del patrimonio es uno de los principales centros internacionales con conocimientos y experiencia en la interpretación del patrimonio. Este centro fue la base para crear el convenio de Ename Icomos para la Interpretación y Presentación del Patrimonio Cultural. Icomos es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, además de ser un órgano consultivo de la UNESCO él proporciona al Comité del Patrimonio Mundial evaluaciones de bienes culturales y mixtos que son propuestos para su inscripción en la lista del patrimonio mundial. Este centro cuenta con proyectos en Flandes, Europa, así como en el resto del mundo los que se caracterizan por un enfoque creativo, abierto, multidisciplinar y científico. Cuyo objetivo es dar a la herencia cultural un papel dinámico en el mundo. Página web del Centro Ename, consultada el 7 de abril de 2014. http://www.enamecenter.org/EEC2013/index-S.html

7 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Segundo Informe de Ejecución 2014. Véase http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/contabilidad_gubernamental/Ejecucion/2_i e_2014_CONSOLIDADO.pdf Noviembre de 2015.

8 Manual de Conservación Preventiva en Zonas Arqueológicas. Véase http://www.mener.inah.gob.mx/archivos/cncpcmanualconservacion_arque.pdf Noviembre de 2015.

Dado en el recinto de la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2016.

Senador Jorge Aréchiga Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobernador de Chiapas a ordenar el cese del uso de la violencia contra los habitantes de Oxchuc, y detener el hostigamiento y las detenciones arbitrarias, que vulneran sus derechos humanos, suscrita por el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputado de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las elecciones locales efectuadas en Chiapas el 19 de julio del año pasado estuvieron marcadas por innumerables irregularidades. Denuncias hechas tanto por los partidos políticos como por la ciudadanía hicieron evidente casos como retrasos en la instalación de las casillas, acarreo de personas, entrega de despensas durante la jornada electoral, boletas impresas de ambos lados, casillas sin instalar sin razón aparente y compra flagrante de votos. En este contexto, los resultados del proceso carecieron de la legitimidad social necesaria para sostener los triunfos de los candidatos electos. Por el contrario, amplios sectores de la ciudadanía descubrieron con enfado como su voluntad se diluía frente a un grueso repertorio de artimañas y corruptelas políticas empleadas por el gobierno para mantener a cúpulas y cacicazgos locales en el poder.1

Debido a la falta de certeza en los resultados electorales, agravada en algunos municipios en donde la diferencia entre los competidores fue mínima o en donde se registró un mayor número de anomalías en el proceso, a lo largo del estado han surgido diversos movimientos sociales que reclaman el respeto a la voluntad ciudadana y la destitución de las autoridades electas para la conformación de concejos ciudadanos que gocen de la legitimidad necesaria para gobernar. Destacan casos como los de Tapachula, Ixtapa, San Cristóbal de Las Casas, Altamirano y Oxchuc. En varios de estos municipios se ha denunciado la existencia de graves condiciones de ingobernabilidad y actos de represión derivados del conflicto entre los inconformados y los grupos caciquiles que insisten en seguir ocupando las alcaldías.

Es en Oxchuc, municipio localizado en la región de Los Altos de Chiapas, de mayoría indígena tzeltal, donde este clima de inestabilidad ha experimentado sus peores matices. En este municipio, el descontento social derivado del fraude en las elecciones sirvió para que toda la población se uniera para denunciar y realizar jornadas de lucha en protesta contra el cacicazgo del exdiputado federal priista Norberto Santiz López y su esposa María Gloria Sánchez, quienes han alternado el control político del municipio desde hace unos quince años.

Recientemente, los líderes del movimiento solicitaron al gobernador Manuel Velasco Coello y al Congreso local la desaparición de los poderes y la instalación inmediata de un concejo municipal.2 Sin embargo, no demoraron en recibir amenazas y hostigamientos judiciales para hacerlos desistir en su lucha. En este contexto, la población de Oxchuc opuesta al gobierno municipal en turno optó por ocupar medidas más drásticas, entre las que destaca la toma de la presidencia y el bloqueo de carreteras, para llamar la atención de las autoridades estatales, que lejos de atender con respeto y prontitud las demandas de la ciudadanía, ordenó la represión inmediata de los inconformados.

El pasado 8 de enero, lo que aparentaba ser una medida alentadora por parte de las autoridades estatales para la instalación de una mesa de diálogo con los inconformes que diera solución a las denuncias de imposición y corrupción política enarboladas por pueblo de en Oxhuc, se convirtió en la más deplorable evidencia de la cobardía y cinismo con que el gobierno de Velasco Coello pretende resolver las denuncias en contra de la corrupción que permea en todo el estado. Luego de convocar a una reunión con los líderes del movimiento en San Cristóbal de Las Casas para tratar el tema, se ordenó el acordonamiento de la zona en donde están localizadas las oficinas de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, sitio de la reunión, y el apresamiento de los 38 integrantes de la comisión conciliadora que ahí se encontraban, acusados del delito de motín.3

Ello provocó que los inconformes bloquearan la carretera San Cristóbal-Ocosingo-Palenque, prendieran fuego a ocho vehículos y 19 casa, incluidas tres de la presidenta municipal, y retuvieran a más de 30 policías estatales y municipales. La magnitud de la operación estatal orquestada para reprimir la protesta ciudadana y recuperar el control de la cabecera municipal fue a todas luces excesiva, pues implicó la movilización de centenas de agentes policiacos, el uso de helicópteros desde los cuales se arrojó gas lacrimógeno contra los manifestantes y la orden de dejar incomunicado al municipio mediante la suspensión de la red celular. De acuerdo a algunos medios, el saldo del operativo policiaco efectuado el 08 de enero dejó un saldo de 119 personas detenidas. Arbitrariedades como estas dejan en claro la incompetencia del Gobierno del Estado para crear soluciones políticas a los problemas de Chiapas y siembra un antecedente inaceptable de tomar por rehenes a los negociadores con la intención de amedrentar al pueblo.

Pese a que algunos de los líderes aprehendidos ya han sido liberados luego de horas de negociación entre funcionarios estatales y representantes de los opositores a la presidente municipal en donde se acordó el intercambio de detenidos y retenidos, las autoridades continúan amenazando al pueblo de Oxchuc con movilizar a más de mil integrantes de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, conjuntamente con policías estatales y federales, para recuperar el control de la cabecera municipal “cueste lo que cueste”.4

Por todo lo anterior, la situación que se está viviendo en el municipio de Oxchuc es tan alarmante como insostenible. Lejos de propiciar una solución pacífica al conflicto, el gobierno del Estado se ha encargado sólo de empeorar las cosas, añadiendo al clima de ingobernabilidad violencia y represión contra la ciudadanía. Es nuestro deber como legisladores asumir una postura crítica contra cualquier acto que atente contra los derechos humanos de los mexicanos, garantizados por nuestra Carta Magna, así como el de hacer respetar los principios que emanan del artículo 2º de la Constitución, que en su apartado A señala:

“A. Esta Constitución reconoce y garantiza del derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos , sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres...

Por todo lo expuesto y fundando, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero: La Comisión Permanente exhorta al licenciado Manuel Velasco Coello, Gobernador del estado de Chiapas, para que a través de las instancias correspondientes ordene el cese inmediato del uso de la fuerza cometida en contra de los habitantes del municipio de Oxchuc, Chiapas, y se detenga cualquier otra hostilidad u hostigamiento, incluyendo detenciones arbitrarías, que atenten contra el respeto a los derechos humanos de sus pobladores.

Segundo: Se exhorta al gobernador del estado de Chiapas, licenciado Manuel Velasco Coello, y al Congreso del estado de Chiapas a dar pronta solución a las demandas planteadas por los habitantes del municipio de Oxchuc, Chiapas, incluyendo la liberación de todos los presos políticos, la instalación de una mesa de diálogo auténtica, el reconocimiento del fraude electoral cometido en favor de María Gloria Sánchez Gómez, y la declaración de la desaparición de los poderes para la instalación inmediata de un concejo municipal elegido mediante los sistemas de elección tradicionales.

Notas

1 Sin Embargo . 19 de julio de 2015.
2 Proceso . 06 de enero de 2016.
3 Reporte Ciudadano Chiapas . 08 de enero de 2016.
4 La Jornada . 11 de enero de 2016.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de enero de 2016.

Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se reconocen las acciones del Ejecutivo federal y, en particular, el trabajo de coordinación e inteligencia del gabinete de seguridad que permitieron la recaptura de Joaquín Guzmán Loera y presuntos delincuentes vinculados a su organización, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La localización y recaptura de Joaquín Guzmán Loera es producto de una serie de acciones que lleva a cabo el gobierno de la República para garantizar la tranquilidad en el país y desarticular la red de influencia de diversos grupos criminales que vulneran la seguridad de los mexicanos.

La recaptura representa un claro avance en la lucha contra los grupos del crimen organizado, que se suma a las actividades de investigación, desmantelamiento financiero de actividades ilícitas, pacificación de distintos lugares del país, y recomposición del tejido social que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha puesto en marcha durante su administración.

Estas operaciones de alto impacto han sido exitosas debido a la coordinación y apoyo de diversas dependencias, corporaciones de seguridad, inteligencia y procuración de justicia como la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

La recaptura de Joaquín Guzmán Loera en Los Mochis, Sinaloa, y su presentación ante la justicia, es un hecho fundamental para consolidar el estado de derecho, fortalece las instituciones y coadyuvan a propiciar un clima de seguridad y tranquilidad en el país.

Los senadores del Partido Revolucionario Institucional reconocemos que estas medidas han permitido cumplir con el compromiso del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de garantizar un México en paz, es decir, disminuir la violencia y recuperar la tranquilidad de las familias mexicanas en todas las regiones del país.

Reiteramos nuestro beneplácito por estas acciones a favor de los principios de legalidad, justicia y seguridad, en las que ha tenido una participación destacada el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República, a quienes les reconocemos su contribución en la captura de 98 de los 122 hombres más buscados y en la construcción de un mejor México para todos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión reconoce las acciones realizadas por el Ejecutivo federal y, en particular, el trabajo de coordinación e inteligencia que llevó a cabo el Gabinete de Seguridad, que permitieron la recaptura de Joaquín Guzmán Loera.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la autoridades federales competentes para que se concluyan las investigaciones y se sancione conforme a derecho a todos los involucrados en la fuga de Joaquín Guzmán Loera.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2016.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a elaborar por el SAT un programa fiscal de exención del pago del IVA a las empresas editoriales de la franja fronteriza con Estados Unidos de América y una reducción temporal de 16 a 12 por ciento del impuesto que pagan las compañías periodísticas de la zona limítrofe del país, suscrita por la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal María Eloísa Talavera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el presente punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La crisis económica que atraviesan los periódicos de la frontera norte de México por causa de la devaluación del peso mexicano en 22 por ciento durante los últimos 12 meses, una depreciación del 13 por ciento durante el 2016 y el incremento en el impuesto al valor agregado (IVA) al 16 por ciento por causa de la reforma fiscal aprobada por el PRI y sus aliados, ha ocasionado no solo la descapitalización de esas empresas de la frontera norte de nuestro país, sino recortes de personal, disminución del número de páginas de los diarios impresos, cierre de periódicos y amenaza la libertad de expresión al limitar los espacios.

De acuerdo a informes proporcionados por los mismos diarios, no solo ha impactado la economía de los periódicos el incremento del IVA al 16 por ciento, sino que la continua devaluación del peso mexicano frente al dólar, ha ocasionado que la economía de las empresas se deteriore en más de un 30 por ciento al tener que adquirir en Estados Unidos sus principales insumos.

Los periódicos de la frontera norte de México compran en los Estados Unidos el papel para la impresión, tintas, placas, cámaras fotográficas y de video, equipo electrónico así como todos los insumos para la elaboración de diarios y semanarios cuyos precios son cotizados y pagados en dólares.

La situación se complica demasiado ya que por ley los bancos imponen un tope de 14 mil dólares mensuales en las operaciones, situación que impacta directamente al sector editorial, así como a otros sectores como el hotelero y turístico que operan con dólares.

El problema de los periódicos es que no pueden reflejar estos incrementos en sus costos en el precio final del producto, pues dicho incremento los haría menos competitivos en el mercado lo que podría ocasionar su salida del mismo y de aumentarse el precio de los periódicos daría por resultado que hubiera menos ventas, menor circulación y en consecuencia una mayor descapitalización de las empresas.

Otro problema que enfrentan es la auditoría fiscal de la Federación que no considera la situación por la que están atravesando las empresas editoriales de la empresas fronterizas y ejerce una rígida política que los lleva incluso a cancelarles los sellos de su facturación, que representa que las empresas no puedan cobrar facturas, condenándolas a la quiebra y al cierre, con el consiguiente desempleo de los trabajadores.

Ante esta situación, los periódicos de la frontera norte del país se han visto obligados a efectuar recortes de personal, a disminuir el número de páginas, de suplementos y secciones especiales de sus medios, a retrasar sus pagos de impuestos (2015, 2014 y hasta 2013) condenando a éstas en el corto y mediano plazo, a continuar con la reducir costos a través de despidos masivos o incluso su cierre definitivo de no aplicarse medidas urgentes de rescate por parte de la Federación.

Por lo anterior y para evitar que la libre expresión se continúe limitando en la frontera norte de México con el cierre de espacios mediáticos impresos, deben aplicarse medidas que les puedan dar las condiciones de supervivencia que necesitan.

Es por ello que el presente punto de acuerdo exhorta al gobierno federal a través de la SHCP a explorar de forma inmediata las siguientes posibilidades que podrían ayudar al citado sector:

1. Elaborar y aplicar un programa fiscal que exente del pago del IVA a las empresas editoriales de la franja fronteriza con Estados Unidos por un periodo de tiempo que permita la recuperación de su equilibrio económico y;

2. Elaborar y aplicar un programa fiscal que permita reducir de forma temporal, en lo que el peso mexicano se estabiliza, la tasa del IVA del 16 al 12 por ciento, aplicable exclusivamente a las empresas periodísticas impresas de la frontera norte del país.

Es importante señalar que al cerrarse espacios en los medios impresos se pone en riesgo la libertad de expresión que debe prevalecer en nuestro país, por lo que es de vital importancia mantener estos espacios abiertos a la información y se necesita la solidaridad del gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda rescatando a la industria editorial de la frontera norte de México. En adición, no debemos olvidar que la industria editorial genera una cantidad importante de empleos que son el sustento de miles de familias en la región.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que elaboren un programa fiscal que permita exentar del pago del impuesto al valor agregado (IVA) a las empresas editoriales de la franja fronteriza con Estados Unidos por un periodo de tiempo que permita la recuperación de su equilibrio económico.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que elaboren un programa fiscal que reduzca la tasa del impuesto al valor agregado (IVA) del 16 al 12 por ciento que pagan las empresas periodísticas impresas de la frontera norte del país.

Dado en el Palacio Legislativo el día 13 de enero de 2016.

Diputada María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que México reconozca al Estado palestino libre, independiente y soberano, y a elevar a rango de embajadas su delegación especial y la oficina de nuestro país en aquél, suscrita por los diputados Jesús Zambrano Grijalva y Héctor Javier García Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

Los diputados Jesús Zambrano Grijalva y Héctor Javier García Chávez, integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 181 (II), conocida como Plan de Partición de Palestina; la resolución establece la creación de dos estados, uno judío y otro árabe, en el territorio conocido como Palestina histórica. Hasta hoy, 68 años después, sólo una parte de la resolución se ha cumplido, quedando pendiente el establecimiento pleno del Estado de Palestina.

2. Desde que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidió la partición de Palestina en 1947, han transcurrido 68 años en los que el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, organismos internacionales de derechos humanos y las más diversas agencias y comités de la ONU, han emitido un indeterminado número de resoluciones, abogando por el respeto a los inalienables derechos del pueblo palestino.

3. En 1994, como fruto de la firma de los Acuerdos de Oslo, se estableció la Autoridad Nacional Palestina, la cual gobierna, mediante una especie de autonomía restringida, la Franja de Gaza y la parte de Cisjordania no ocupada por Israel.

4. El derecho de Palestina a su libre autodeterminación ha sido reafirmado en numerosas resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia relativa al muro israelí en Cisjordania.

5. El 31 de octubre de 2011, la Conferencia General de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), aprobó, por 107 votos a favor, 14 en contra y 52 abstenciones, la adhesión de Palestina como estado miembro de pleno derecho.

6. El 29 de noviembre de 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 67/19, por 138 votos a favor, 41 abstenciones y 9 en contra; por medio de la cual se admitió al Estado de Palestina como estado observador, estatus similar al que goza el Vaticano. Conviene resaltar que México votó a favor de la citada resolución.

7. Todos los países de América Latina han reconocido al Estado palestino dentro de las fronteras anteriores a junio de 1967, con excepción de México, Colombia y Panamá.

8. En 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó instituir el 29 de noviembre de cada año como Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, como un reconocimiento de la deuda histórica que la comunidad internacional tiene con el pueblo palestino en la lucha por el respeto de sus derechos inalienables.

9. México es un país amante de la paz y guía su política exterior conforme a lo dispuesto por la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, los principios normativos de la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias, la igualdad jurídica de los estados, el respeto, la promoción y protección de los derechos humanos, y la lucha por la paz y la seguridad internacionales, entre otros.

10. Atento a tales principios y siendo un acto de elemental congruencia y justicia histórica internacional, México debe reconocer al Estado palestino libre, independiente y soberano, con las fronteras delimitadas por los territorios palestinos anteriores a la ocupación israelí de 1967.

11. Conviene señalar que en el caso de Palestina no opera la aplicación de la Doctrina Estrada, ya que ésta se refiere a reconocimientos de gobiernos y en este caso se trata de reconocer a un estado que tiene una población, un territorio –aunque esté bajo ocupación militar, tal y como los sostienen innumerables resoluciones de la ONU– y un gobierno.

12. Esta LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados está plenamente convencida que recurrir a los mecanismos pacíficos que establece la Organización de Naciones Unidas, su carta fundacional y las diversas resoluciones adoptadas por sus órganos, no constituye, bajo ningún concepto, un acto de hostilidad o agresión contra ningún gobierno o estado y, menos aún, contra el estado de Israel.

13. En todo caso, México deberá desplegar una firme política exterior basada en la coexistencia pacífica de los dos estados, Israel y Palestina, dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración del pleno de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a reconocer al Estado palestino libre, independiente y soberano, y a establecer plenas relaciones diplomáticas con dicho estado.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a elevar a rango de embajadas a la Delegación Especial de Palestina en México y a la Oficina de Representación de México en Palestina.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2016.

Diputados: Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica), Héctor Javier García Chávez

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a fortalecer en coordinación con los de Chihuahua y de Sonora las acciones dirigidas a apoyar a la población afectada por las fuertes nevadas de esta temporada invernal, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Según información del Sistema Meteorológico Nacional (SMN), en el norte, noroeste y noreste del país permanecerán las temperaturas por debajo de los -5 grados, así como fuertes vientos y lluvias, esto como consecuencia del Frente Frío Número 28, que se ha extendido sobre Chihuahua y Coahuila, y la Sexta Tormenta Invernal de la temporada, localizada en el suroeste de Estados Unidos.

Sonora y Chihuahua son dos de los estados más afectados por las fuertes nevadas ocurridas y las bajas temperaturas. En Sonora las heladas han dejado sin empleo a aproximadamente 20 mil jornaleros, han dañado 25 mil hectáreas y las pérdidas económicas se calculan en alrededor de 240 millones de pesos, pudiendo ascender éstas a los 300 millones, también han causado la muerte de cinco personas hasta el momento.

En Chihuahua, las fuertes nevadas han provocado el cierre de siete tramos carreteros en los últimos días, 120 personas que se encontraban varadas en carreteras por la nieve tuvieron que ser rescatadas, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó de 161 accidentes y 154 personas lesionadas, el número de decesos registrados durante la actual temporada invernal es de siete.

Ante esta situación, el Ejército implementó el Plan DN-III, los soldados han repartido mantas térmicas y alimentos calientes, además de realizar trabajos de limpieza y remoción de hielo y nieve en algunos tramos carreteros.

La llegada de la sexta tormenta invernal podría afectar la región desde el día martes, por lo que ya se ha emitido una alerta meteorológica y se ha llamado a la población a extremar precauciones.

El SMN, prevé que las bajas temperaturas continúen con alta probabilidad de caída de agua nieve o nieve en las zonas montañosas y alto potencial de lluvias, además de vientos de hasta 60 kilómetros por hora. La situación meteorológica, particularmente en Sonora y Chihuahua, debe ser monitoreada constantemente por las autoridades estatales con el propósito de prestar pronta atención a los accidentes viales que pueda ocasionar, la interrupción de servicios en las diferentes comunidades, así como la seguridad de la población en general, especialmente a aquellos grupos más desfavorecidos, las poblaciones indígenas que habitan zonas altas de las sierras y las personas en situación de calle.

Además de mantener constantemente informada a la población sobre las condiciones meteorológicas, las autoridades estatales deben privilegiar las acciones de ayuda a las personas en situación de riesgo, la apertura de albergues, con acceso a alimentos calientes, la repartición de cobijas y ropa abrigadora deben ser mecanismos de seguridad que eviten el deceso de un mayor número de personas. Asimismo, debe prestarse atención a los campesinos afectados por las fuertes nevadas con el propósito de cubrir sus pérdidas y evitar otras mayores.

Por lo anterior expuesto sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos de Chihuahua y Sonora para que se fortalezcan las acciones dirigidas a apoyar a la población afectada por las fuertes nevadas de la actual temporada invernal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a los 13 días del mes de enero del año dos mil dieciséis.

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se condena enérgicamente el ensayo nuclear realizado el 6 de enero de 2016 por la República Popular Democrática de Corea, suscrita por el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución , al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Administración Meteorológica de la República de Corea (KMA, por sus siglas en inglés) informó la mañana del 6 de enero de 2016, el registro de un sismo de magnitud de 4,8 grados en la escala de Richter en un área situada a 49 kilómetros al norte de Kilju, en donde se encuentra el recinto de pruebas nucleares de Punggye-ri de la República Popular Democrática de Corea.

Horas más tarde del mismo 6 de enero, la Estación Central de Televisión de la República Popular Democrática de Corea del Norte informó que su gobierno llevó a cabo con éxito su primer ensayo nuclear subterráneo con una bomba de hidrógeno.

El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, a través de una declaración de prensa emitida por el Presidente del Consejo, Embajador Elbio Rosselli, condenó enérgicamente este ensayo nuclear realizado por la República Popular Democrática de Corea el pasado 6 de enero del presente, pues es una clara violación de las resoluciones 1718 (2006), 1874 (2009) y 2094 (2013) del Consejo de Seguridad, así como del régimen de no proliferación de armamento nuclear, siendo una evidente amenaza a la paz y la seguridad internacionales.

Los miembros del Consejo de Seguridad, recordaron su determinación a tomar medidas adicionales significativas en el caso de que la República Popular Democrática de Corea del Norte llevara a cabo otra prueba nuclear; por lo que en línea con este compromiso y debido a la gravedad de la violación a las resoluciones emitidas por este órgano, el Consejo de Seguridad comenzará a trabajar sobre dichas medidas en una nueva resolución.

De esta manera, la Organización de Naciones Unidas se encuentra monitoreando y evaluando los acontecimientos en conjunto con las organizaciones internacionales pertinentes, como lo son la Organización para el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares.

Asimismo, la comunidad internacional ha condenando decisivamente este acto, debido a que la decisión tomada por el gobierno de Corea del Norte supone una grave transgresión a las normas internacionales contra los ensayos nucleares, además de tener un profundo impacto desestabilizador para la seguridad regional y socavar los esfuerzos de no proliferación de armas nucleares.

México, fiel a su compromiso por la paz y seguridad internacionales, ha denunciado el desarrollo y la utilización de las armas nucleares al resultar una condición indispensable para el desarrollo sustentable y la prosperidad de los pueblos, promoviendo y continuando el impulso de iniciativas para abolir completamente este tipo de armas de destrucción en masa en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.

El gobierno mexicano está consciente de que el establecimiento de controles efectivos para evitar la proliferación de armas de destrucción en masa, requiere de amplia voluntad política y cooperación activa de los gobiernos del sistema internacional, por lo que nuestro país no ha escatimado esfuerzos para que su voluntad de paz y estabilidad, quede registrada en los trabajos que la comunidad internacional realiza con el objetivo de conseguir un mundo más próspero y armónico.

Así, México es reconocido como líder en materia de desarme nuclear por su activismo histórico en la promoción de iniciativas para prohibir y eliminar este tipo de armamento. La reciente aprobación de iniciativas mexicanas para el desarme nuclear (impacto humanitario de las armas nucleares, promesa humanitaria, dimensión ética para alcanzar un mundo libre de armas nucleares y avance en las negociaciones multilaterales en materia de desarme nuclear) por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, es un claro reconocimiento de la comunidad internacional y de los países afines a nuestra política en contra de este tipo de armas inhumanas.

En este contexto, el gobierno mexicano condena categóricamente el ensayo nuclear que la República Popular Democrática de Corea condujo el 6 de enero de 2016, en violación a las resoluciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU y del Tratado para la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), debido a que no sólo constituyen una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, sino que también deterioran la confianza e incrementa el ambiente de tensión en la Península Coreana, desestabilizando la región de Asia-Pacífico y contribuyendo a un posible conflicto armado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, con carácter de urgente resolución , el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión condena categóricamente el ensayo nuclear que la República Popular Democrática de Corea llevó a cabo el pasado 6 de enero de 2016, en franca violación a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Tratado para la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), lesionando gravemente el equilibrio regional y contraviniendo los esfuerzos que la comunidad internacional realiza para la pacificación de la Península Coreana.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión insta al gobierno de la República Popular Democrática de Corea a que ponga fin de manera definitiva la realización de pruebas nucleares y abandone todos sus programas nucleares con fines bélicos de manera completa, verificable e irreversible; y que atienda los llamados de concordia y cooperación realizados por la comunidad internacional para el restablecimiento de la confianza y la paz duradera en la Península Coreana.

Dado en el salón de sesiones, a los 13 días del mes de enero de 2016.

Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a revisar y actualizar el contenido de los libros de texto gratuitos, suscrita por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Benjamín Robles Montoya, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Tal y como hemos venido señalando, la tan llevada y traída reforma educativa no constituyó en realidad una verdadera reforma de fondo de la educación de nuestro país, sino simplemente una mera reforma laboral del ámbito educativo, en la que el Ejecutivo Federal tuvo como premisa responsabilizar al magisterio de todos los grandes males que aquejan al Sistema Educativo Nacional, evadiendo así su responsabilidad como máximo responsable de la educación en México.

En múltiples ocasiones, desde que comenzó la construcción de la reforma educativa hemos venido advirtiendo que el discurso del Ejecutivo Federal se ha caracterizado por la absoluta falta de autocrítica y de reconocimiento sobre las añejas omisiones en que los Presidentes de la República en turno y sus Secretarios de Educación Pública han incurrido en la materia.

No debe perderse de vista, que es a la autoridad educativa a la que corresponde determinar los planes y programas de estudio, así como la responsabilidad de garantizar a los maestros la capacitación y actualización a que tienen derecho para el cumplimiento de su labor.

Pero entre las facultades que la Ley General de Educación le otorga a la autoridad educativa federal, es decir a la Secretaría de Educación Pública, se encuentra la de elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos.

Dicha facultad se encuentra plasmada en la fracción III del artículo 12 de la Ley General de Educación, fracción que por cierto no fue objeto de modificación alguna en la reciente reforma educativa, por lo que queda claro que se trata de una facultad añeja pero vigente.

Teniendo presente esta facultad y con el fin de ilustrar las omisiones de la autoridad educativa federal, conviene recordar el lamentable episodio sucedido a mediados de 2013, cuando la SEP dio a conocer que había detectado 117 errores ortográficos en los libros de texto gratuitos que se repartirían el siguiente ciclo escolar, a los cuales se sumaron otros en el mes de diciembre de ese año.

Apenas el pasado 14 de diciembre, el periódico Excélsior publicó una nota en la que da cuenta de la opinión de la investigadora Sarah Corona Berkin, quien advierte que el gobierno de Enrique Peña Nieto dejó a los libros de texto fuera de su reforma educativa y mantiene las versiones de la administración de Felipe Calderón, a las que únicamente se les ha corregido la ortografía.

La investigadora advierte también que desde el gobierno de José López Portillo la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito no se encarga de elaborar contenidos de los libros de texto, sino únicamente de su manufactura y distribución.

Esto es una muestra más de que la reforma educativa dista mucho de ser la reforma que verdaderamente requiere la educación de nuestro país, pues de poco servirá fortalecer la preparación y capacitación de los docentes si ello no va acompañado de un rediseño en los planes y programas de estudio y ello es responsabilidad exclusiva de la autoridad educativa.

A la par es indispensable que los libros de texto gratuitos, que son pilar esencial de la enseñanza en nuestro país, sean revisados y actualizados de manera que respondan a las necesidades de la educación de nuestro país.

Por lo antes expuesto someto a la consideración de este pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que en el ejercicio de sus atribuciones, revise y actualice el contenido de los libros de texto gratuitos para el próximo ciclo escolar, de manera que respondan a las exigencias de la educación en nuestro país.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 13 días del mes de enero de 2016.

Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al GDF a intensificar por la Secretaría de Seguridad Pública la vigilancia y multar a quienes abandonen o quemen en la vía pública árboles navideños secos, suscrita por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Es una tradición que a finales de cada año las personas acudan a las granjas de cultivo de árboles para adquirir pinos, piceas y abetos, principalmente para utilizarlos como árboles de Navidad con motivo de la celebración de las Fiestas Decembrinas.

Por este motivo, año con año el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) invita a los capitalinos a participar en el Programa “Árbol por árbol tu ciudad reverdece” en donde la sociedad que acude a los centros de acopio a cambio de su arbolito reciben plantas de ornato para incentivar el cuidado al medio ambiente. Con los árboles de Navidad se realiza composta, misma que se usa para mejora orgánica de suelos, que se utiliza como fertilizante en parques, bosques y en el suelo de conservación de la Ciudad de México.

Según cifras de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal gracias a este programa, el año pasado se evitó que más de 102 mil árboles navideños fueran arrojados a la vía pública, lo que representa un incremento de más de 200% de participación ciudadana en comparación con el año 2010, que se acopiaron un total de 49, 645 árboles.

Fuente: Sedema, Boletín 003/2016

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y las acciones que se han implementado por el gobierno capitalino, sigue siendo común encontrar cientos de árboles de navidad secos, tirados en la vía pública o siendo utilizados para prender fogatas; ocasionando con ello, un gran daño al medio ambiente.

Al respecto, la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal en su artículo 25 establece lo siguiente:

“Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo:

I. Arrojar o abandonar en la vía pública, áreas comunes, parques, barrancas, y en general en sitios no autorizados, residuos sólidos de cualquier especie;

II. ...

III. Quemar a cielo abierto o en lugares no autorizados, cualquier tipo de los residuos sólidos;

IV. Arrojar o abandonar en lotes baldíos, a cielo abierto o en cuerpos de aguas superficiales o subterráneas, sistemas de drenaje, alcantarillado o en fuentes públicas, residuos sólidos de cualquier especie;

V. a la XIV. ...

Las violaciones a lo establecido en este artículo se sancionarán de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Justicia Cívica del Distrito Federal y demás ordenamientos jurídicos aplicables.”

Para lo cual, estas prácticas serán sancionadas conforme al artículo 69 de la Ley en referencia, que a la letra dice:

“Artículo 69. Las sanciones cometidas por la violación de las disposiciones de la presente Ley, se aplicarán conforme a lo siguiente:

I. ...

II. Multa de 20 a 200 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente contra quien por segunda ocasión realice alguna de las conductas descritas en la fracción anterior o por violaciones a lo dispuesto por los artículos 25 fracciones I, II y VI; 26 segundo y tercer párrafos; 40 segundo y tercer párrafos; y 42 de la presente Ley;

III. Multa de 150 a mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente las violaciones a lo dispuesto por los artículos 25 fracciones III, IV, VII y VIII; 38 tercer párrafo; 55 y 59 de la presente Ley y la ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y

III Bis. y IV. ...”

Asimismo, en la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, en su artículo 26, establece que se sancionará con multa a quienes arrojen, tiren o abandonen basura en la vía pública, o en lugares no autorizados para ese fin.

En virtud de lo anterior, consideramos necesario aplicar las sanciones contempladas en la Ley contra quienes tiren los árboles secos en las calles, pues en estas fechas, la acumulación de desechos en coladeras y drenaje es una constante que más tarde provocará encharcamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias, por lo que resulta indispensable concientizar a los capitalinos del grave impacto ecológico y las consecuencias que con ello se acarrea.

Por tal motivo, consideramos necesario exhortar al Gobierno del Distrito Federal, así como a la Secretaría de Seguridad Pública, para que se intensifique la vigilancia, y se aplique la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, a quienes contravengan la misma con acciones tales como lo es el abandono de árboles de navidad secos a la vía pública.

Por lo antes expuesto, fundado y motivado pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que instruya a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal a fin de que intensifique la vigilancia e implemente un operativo para detectar y sancionar a las personas sorprendidas abandonando o quemando árboles de navidad secos en la vía pública.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 13 días del mes de enero del año 2016.

Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al GDF a enviar a esta soberanía un informe pormenorizado sobre los ingresos generados por el control de los parquímetros, las contraprestaciones derivadas de concesiones o permisos y el destino de los recursos, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El párrafo primero del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que “los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

En contravención a los principios referidos, en días recientes la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal dio a conocer que cuenta con 116 millones de pesos, correspondientes a la recaudación de parquímetros, los cuales aún no han sido ejercidos y que deben destinarse a proyectos de mejora urbana durante el año en curso. De acuerdo con la última actualización de ingresos emitida por la Autoridad del Espacio Público (AEP), la cifra ascendió a 116 millones 615 mil 385 de pesos en el mes de noviembre.

No obstante, los ingresos que percibe el Gobierno del Distrito Federal a través de los parquímetros, superan los referidos debido a los intereses que generan, los cuales son utilizados de forma discrecional. Sobre el particular, el Secretario de Finanzas de la entidad ha manifestado que: “estos recursos al formar parte de las arcas de la ciudad son invertidos como productos financieros, bajo una tasa de interés que tan sólo en 2015 fue de 3.5”.

Lo anterior, deja de manifiesto la ausencia de transparencia y rendición de cuentas, la incorrecta implementación del programa y un cuestionable destino de los recursos provenientes de los parquímetros colocados en distintas calles de la Ciudad de México se contraponen a dos elementos de primera importancia para el gobierno y población de la entidad.

Para ponderar la trascendencia que tiene ambos conceptos, es oportuno señalar que la movilidad y la correcta utilización del espacio público son fundamentales para que la población de la entidad pueda llevar a cabo sus múltiples actividades, desde aquellas relativas a cuestiones laborales o escolares, hasta las relacionadas con aspectos personales o de esparcimiento.

En cuanto a la movilidad, conforme al artículo 5o. de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, consiste en el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en la ley, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona.

Por otro lado, el espacio público es aquel destinado al uso de la comunidad en zonas urbanas, es decir, aquellos lugares en los que las personas tienen derecho a estar y circular de manera libremente. En complemento a lo anterior, la fracción X del artículo 3 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, define al espacio público como aquellas áreas para la recreación pública y las vías públicas, tales como, plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques, parques públicos y demás de naturaleza análoga.

Sobre el particular, cabe destacar que la propia Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal tiene entre sus objetivos planear el desarrollo urbano, con base en proyecciones del crecimiento poblacional de la Ciudad de México, a fin de garantizar su sustentabilidad mediante el ejercicio de los derechos de los habitantes al suelo, a infraestructura urbana, al transporte y al espacio público, entre otros factores.

Además, entre los principios contemplados en la ley en comento está alentar la participación y concertación con los sectores público, social y privado en acciones de reordenamiento urbano, dotación de infraestructura urbana, prestación de servicios públicos y en general aquellos relaticos al crecimiento urbano ordenado.

En este contexto, desde que se llegó a la determinación de instalar parquímetros en determinadas vialidades del Distrito Federal, entre los temas que han genera mayor controversia e incertidumbre entre la población, se encuentran el debate de si se trata o no de una privatización de las vialidades en las que se colocarían, discusión que incluso después de instalados, subsiste.

Aunado a lo anterior, otra de las grandes problemáticas es precisamente la concerniente a la discrecionalidad con la que se ejercen los recursos que se obtienen por medio de los parquímetros. Se encuentra ampliamente documentado que la ciudadanía, además las recursos que deberían recibir son mínimos, éstos, ya sea por irregularidades en su entrega o por arbitrariedades de las autoridades delegacionales, no cumplen su objetivo que es mejorar el entorno urbano.

De acuerdo con diversos medios de comunicación, a pesar de que cuando se estableció el modelo “Ecoparq” se dijo que 30% de las ganancias irían a proyectos que serían decididos desde un comité integrado por ciudadanos, se detectó que sólo la mitad de los 236.8 millones de pesos recaudados de 2012 a noviembre de 2015, había sido ejercidos para dichas iniciativas.

En este tenor, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. En consecuencia, es fundamental que el Gobierno del Distrito Federal, presente el informe solicitado en el presente punto de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que envíe un informe pormenorizado a esta soberanía nacional, sobre los ingresos generados del control de los estacionamientos en la vía pública “parquímetros” y por las contraprestaciones derivadas de concesiones o permisos, así como el destino de los recursos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a los trece días del mes de enero del año dos mil dieciséis.

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del GDF a concluir los acuerdos con la Embajada de Azerbaiyán para fortalecer las relaciones diplomáticas con ese país, suscrita por los senadores Jorge Luis Lavalle Maury y Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, senadores Jorge Luis Lavalle Maury y Gabriela Cuevas Barron, integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, miembros del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 87, numeral 5, 95, numeral 1, y 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a que concluya los acuerdos con la Embajada de Azerbaiyán a fin de continuar fortaleciendo las relaciones diplomáticas con éste país al tenor de los siguientes

Consideraciones

Las prácticas diplomáticas que México ha privilegiado se han caracterizado por tener en sus bases la demostración de respeto, cooperación y cercanía con el objetivo de afianzar los lazos comerciales, culturales y de intercambio, lo cual permite ser un actor dinámico en el ámbito internacional.

En particular el Senado de la República, tiene dentro de sus objetivos principales el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas con los países miembros de sus prácticas parlamentarias y en apego a la política exterior que México ha ejercido a lo largo de su historia, el cumplimiento de los acuerdos establecidos con las representaciones diplomáticas deben ser cumplidos en el marco de la cordialidad, respeto y apoyo mutuo por la soberanía e integridad territorial.

Dichas acciones se encuentran encaminadas a mantener las relaciones diplomáticas con todos los países, en condiciones óptimas que permitan fortalecer los vínculos con los Estados con los que México tiene intereses mutuos de crecimiento y desarrollo ya que aportan las bases para el progreso en conjunto.

En diversas oportunidades el Poder Legislativo ha manifestado su postura respecto a diversas situaciones de conflicto entre dos Repúblicas amigas como lo son Armenia y Azerbaiyán, condenando la ocupación de los territorios de Azerbaiyán y el genocidio de Jodyalí sufrido por la población civil de Azerbaiyán, donde se ha expresado el más grande anhelo de que sean resueltos los conflictos para alcanzar la paz entre dichos países hermanos.

En este sentido, el 4 de noviembre de 2011 el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo por el que con pleno respeto a la soberanía de los pueblos de Armenia y Azerbaiyán, exhortó a sus gobiernos a propiciar de la manera más pronta y expedita, encuentros bajo el formato que se considere propicio, a efecto de alcanzar un acuerdo que ponga fin de manera definitiva al conflicto en la región Nagorno-Karabaj e hizo un llamado a los copresidentes del Grupo de Minsk de la OSCE, a seguir brindando todo el apoyo necesario a ambos gobiernos para facilitar la solución pacífica y duradera del conflicto.

Por otro lado, la Cámara de Diputados coincidió en aprobar un punto de acuerdo al respecto, por lo que el 8 de diciembre del 2011 condenó la ocupación del territorio de Nagorno Karabaj de la República Azerbaiyana y las muertes, lesiones y vejaciones causadas a pobladores de la República de Azerbaiyán, particularmente, las que tuvieron lugar en el denominado “Genocidio de Jodyalí”. Asimismo a través del segundo resolutivo lamentó profundamente que el conflicto en ese territorio subsista, y que no se haya encontrado una solución a través de los mecanismos de paz; por lo que se exhortó a los diversos actores a fortalecer el diálogo para la solución del conflicto. En el tercer, cuarto y quinto resolutivo se instó al titular del Ejecutivo a pronunciarse respecto a las hostilidades y crisis de violencia en la región y que fueron reanudadas con mayor intensidad.

En este sentido, México ha estado atento a mantener una sana relación con ambas Repúblicas independientemente de su situación particular, es por ello que en una muestra de apoyo mutuo el 26 de agosto de 2010 el Gobierno del Distrito Federal realizó un convenio específico de colaboración suscrito por el entonces jefe del gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón y el embajador de Azerbaiyán en México, el excelentísimo Ilgar Mukhtarov, cuyo objetivo refiere:

“El objetivo general de este proyecto es el mejoramiento y renovación de este parque ubicado en el extremo oriente de la primera sección del Bosque de Chapultepec, se trata de una propuesta de intervención física mediante el mejoramiento integral del espacio público; consistente en la recuperación de las visuales urbanas desde y hacia el parque, la recuperación de los flujos peatonales hacia y a través del parque y la creación de zonas de permanencia para la recreación e interacción social, a través del saneamiento, el ordenamiento y la renovación de la vegetación, la renovación de pavimentos, el ordenamiento y renovación del mobiliario urbano, la iluminación y la señalización, módulos de bici estacionamientos, renovación de la cafetería existente y la construcción de un espacio conmemorativo de la escultura del padre de la patria de Azerbaiyán con una escultura del padre de la patria Heidar Aliyev”.1

En este sentido, el objetivo del convenio fue cumplido en su totalidad, beneficiando a la ciudadanía en general convirtiéndolo en un espacio público y siendo un referente de la amistad entre la República de Azerbaiyán y México, que fue inaugurado el 22 de agosto de 2012.

Tras distintas movilizaciones civiles que se expresaron en contra de elementos en el diseño del parque, estos fueron retirados en enero de 2013.

En este sentido, el gobierno del Distrito Federal acordó compensar a la Embajada por la modificación en el diseño original, con la autorización de la desincorporación para su posterior enajenación a título oneroso en la modalidad de pago en especie del predio ubicado en avenida Paseo de la Reforma 660, publicado el 8 de enero de 2015 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, cuyo fin sería destinado a convertirse en Casa de la Cultura de la Embajada de Azerbaiyán.

Finiquitar los acuerdos realizados entre ambas dependencias, fortalecerá las relaciones e inversiones que el país tenga programadas en México, ya que el principal interés entre ambos actores es fortalecer el intercambio cultural, tecnológico, científico, deportivo y de negocios.

Las relaciones diplomáticas entre ambos países ha sido fructífera, prueba de ello es el establecimiento de la Embajada de México en la República de Azerbaiyán, sitio que es compartido con la Embajada de Colombia, según lo dispuso un acuerdo firmado por los cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín Cuéllar, y de México, José Antonio Meade Kuribreña en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, el día 25 de septiembre de 2014.

Dicho acuerdo se suscribió en el marco de los esfuerzos de la Alianza del Pacífico de contar con representaciones en el exterior bajo la modalidad de embajadas compartidas y según lo expresado por la propia cancillería nacional permitirá a México tener una sede diplomática activa ante el gobierno de Azerbaiyán.

México y Azerbaiyán establecieron relaciones diplomáticas el 14 de enero de 1992. Desde enero de 2008, con el establecimiento de su embajada en territorio nacional se ha logrado fortalecer la relación bilateral, y el trato que hasta el momento la Embajada de la República de Azerbaiyán ha recibido es respetuoso, amistoso y diplomático, lo que caracteriza a la hospitalidad mexicana, su preservación y conservación es la labor que día con día construye y fortalece la relación diplomática que se traduce en desarrollo benéfico para sus pueblos.

Bajo la premisa máxima de respeto, el Gobierno del Distrito Federal debe concluir el compromiso adquirido, a fin de que el asunto no perjudique otras esferas de la relación diplomática.

Por lo expuesto y fundado, proponemos a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a fin de que concluya los acuerdos realizados con la Embajada de Azerbaiyán cuyos resultados aportan al fortalecimiento de relaciones diplomáticas en beneficio de ambas naciones.

Nota

1 Convenio Específico de colaboración que celebran por una parte “El Gobierno del Distrito Federal” y por otra “El Gobierno de la República de Azerbaiyán” para el proyecto “Parque de la Amistad”, 26 de agosto de 2010.

Dado en el salón de sesiones, a los 13 días del mes de enero de 2016.

Senadores: Jorge Luis Lavalle Maury, Gabriela Cuevas Barron (rúbricas)

Con punto de acuerdo, relativo a la prevención y atención de la insuficiencia renal crónica, suscrita por el diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Felipe Reyes Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con forme a lo dispuesto en los artículos 58 y 59, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La función de los riñones en el organismo es variada, desde filtrar la sangre y eliminar productos de desecho del metabolismo, como mantener un balance adecuado hidroelectrolítico, la secreción de hormonas como la eritropoyetina y la renina y la modificación de sustancias como la vitamina D, para la regulación del fósforo y el calcio.

Están constituidos por unidades funcionales llamadas nefronas las cuales están formadas por un glomérulo, que es el un conjunto de vasos sanguíneos a través del cual se filtran más de 150 litros de sangre al día y el túbulo que actúa reabsorbiendo el agua y las sustancias químicas útiles como aminoácidos y iones, concentrando las sustancias de desecho.1

En nuestro país las enfermedades relacionadas con afectaciones a estos órganos actúan cada vez más de manera creciente, actualmente las enfermedades renales constituyen la 5ª causa de muerte en México, pues esta provoca 80 mil decesos al año.2

Entre los principales factores de riesgo que acompaña a la insuficiencia renal crónica se encuentran la diabetes y el sobrepeso, la primera afecta a 8.7 millones de mexicanos y el segundo a 48.6 millones.3

En la actualidad existen dos normas oficiales de importancia para el caso de estudio, la NOM-015-SSA2-1994 para la prevención, tratamiento y control de la diabetes, publicada en el Diario Oficial de la Federación, DOF, el 18 de enero de 2001.

La NOM-174-SSA1-1998, para el manejo integral de la obesidad, publicada en el DOF el 12 de abril de 2000, en similitud con el índice probable de crecimiento de la Insuficiencia Renal Crónica, debería establecerse una metodología que permitiera la detención oportuna, reconociendo la interdependencia existente entre estas dos causas con la IRC, según lo han demostrado diversos estudios.

La insuficiencia renal crónica, es una enfermedad irreversible que afecta ambos riñones, provocando que estos pierdan la capacidad de filtrar las sustancias tóxicas de la sangre; como consecuencia se produce un deterioro progresivo del organismo hasta la muerte.

Según el estudio denominado Epidemiologia de la insuficiencia renal crónica en México, para 2010 existía un crecimiento de al menos 40 mil casos nuevos anualmente. Casi el 7 por ciento de la población mexicana estaría en peligro de tener insuficiencia renal. “Si tomamos en cuenta que la diabetes es su principal causa y que sólo una cuarta parte de los 10 millones de diabéticos en México tienen un tratamiento adecuado, podemos imaginar cuál es la magnitud del problema con esta enfermedad: 7.5 millones de personas podrían estar sufriendo algún grado de insuficiencia renal crónica”.4

En México se realizan entre 2 mil y 2 mil 300 trasplantes de riñón al año de los cuales 75 por ciento es de donador familiar relacionado y 25 por ciento cadavérico.5

Los procesos de tratamiento para toda aquella persona con insuficiencia renal crónica están basados en la sustitución de la función renal, mediante las opciones consistentes en diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante de riñón.

En la actualidad nuestro país cuenta con instituciones en materia de salud, como lo son el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto Mexicano del Seguro Social, Petróleos Mexicanos, Secretaria de la Defensa Nacional, instituciones privadas.

Esto es en cumplimiento del artículo 4o. constitucional que a la letra reza:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”6

Lo anterior dio parte a la institucionalización del Seguro Popular, el cual tiene como finalidad dar atención a toda aquella población no derechohabiente a los sistemas de salud anteriormente señalados.

Es así que el seguro popular define que las personas afiliadas poseen diversos derechos entre los cuales están:

Recibir los servicios de salud, medicamentos y otros métodos necesarios para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cubiertas por el seguro popular y acceso a los hospitales del seguro popular, servicio integral de salud, acceso a la atención, trato digno, atención de calidad y respeto, recibir los medicamentos que sean necesarios para su atención y que correspondan al servicio de salud ofrecido por el seguro popular, recibir toda la información necesaria, que aclare y oriente todo lo relacionado a la atención de su salud, así como el riesgo y las diferentes alternativas que existen de procedimientos de diagnóstico, de tratamiento y quirúrgicos según sea el caso si aplica.

Que todo paciente tiene derecho a decidir libremente sobre su atención médica, tiene derecho a otorgar o no su consentimiento para aceptar o rechazar tratamientos o procedimientos médicos. A ser tratado confidencialmente, se le debe dar facilidad para obtener una segunda opinión y sobre todo tiene derecho a recibir atención médica de urgencia.

En la actualidad garantizar la accesibilidad a la salud sin contar con un sistema de seguridad social, impacta de manera considerable la situación financiera de las familias, en virtud de lo anterior se reformó en 2003 la Ley General de Salud para trazar el funcionamiento del Sistema de Protección Social en Salud, que tenía como objetivo la protección a la salud y la economía familiar.

Una consideración de gran relevancia dentro del SPSS, era la creación del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que buscaba apoyar el financiamiento de la atención de enfermedades de alto costo.

El fondo de gastos catastróficos inicio en 2004 con 620 millones de pesos y en 2010 alcanzó los 7 mil 284.7 millones de pesos.7

Sin embargo los casos autorizados para la atención de la Insuficiencia Renal Crónica en 2010 solo fueron 101 casos, un margen demasiado bajo si se compara con el comportamiento de 40,000 casos anuales para ese mismo periodo de estudio.

La insuficiencia renal crónica compromete un deterioro físico, psicológico, emocional, social y financiero para el paciente y su familia.

Lo anterior obedece a que poco menos de la mitad de los enfermos con insuficiencia renal crónica, IRC, recibe tratamiento; por lo oneroso que resulta, cada sesión de diálisis cuesta entre 8 mil y 15 mil pesos.8

Estudios sobre la materia urgen a implementar medidas preventivas derivado a que se ha calculado que la enfermedad llegará a su pico más alto para el año 2043, lo que generará gastos por aproximadamente 20 mil millones de pesos.9

Por lo cual inaplazable incluir dentro de dicho fondo a la IRC, considerando que se consideran dentro de los Gastos Catastróficos aquellas enfermedades que implican un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel de frecuencia con que ocurren.10

Estos van dirigidos a la población sin ninguna seguridad social, mexicanos por nacimiento o naturalizados, y que presenten alguna de las patologías comprendidas en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

La recurrencia de la IRC requiere que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud inicie una revisión de los criterios de inclusión de enfermedades y la adecuación del fondo para atender esta creciente enfermedad.

Cabe señalar que en el Fondo de Gastos Catastróficos solo se contempla a los menores de 18 años, mediante el trasplante renal, esto es verificable en el catálogo universal de servicios de salud, con la clave 294.0.

Pero atendiendo lo establecido en el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 en su Objetivo 6 que señala “Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud”, particularmente en lo referente a la estrategia 6.1 “Instrumentar mecanismos para sentar las bases de un Sistema Nacional de Salud Universal”, en el cual se construyen líneas de acción para ampliar gradualmente las intervenciones cubiertas por el Sistema de Protección Social en Salud.

El Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, que es el medio que garantiza el acceso a los servicios médicos de alta especialidad y que significan elevados costos en la sociedad con un marcado índice de vulnerabilidad, que se encuentren incorporados al seguro popular, en el año 2006 contemplaba bajo estudio del Consejo Nacional de Salud dentro del catálogo la insuficiencia renal crónica, sin embargo hoy en día no aparece dentro del esquema.

Por lo expuesto y fundamentado, el que suscribe propone a consideración del pleno la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente la Secretaria de Salud, para que estudie e implemente en todas las instituciones públicas y privadas un programa de detección oportuna de enfermedades renales crónicas en el primer contacto, lo que motivará el descenso en el número de pacientes en etapas avanzadas.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud, para que en el ámbito de su competencia solicite a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud amplié e incluya en el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos a las personas mayores de 18 años, con padecimiento de Insuficiencia Renal Crónica, cubriendo el tratamiento desde su fase inicial.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la secretaria de Salud para que origine una base de datos confiable de las personas con insuficiencia renal crónica, con el objetivo de implementar políticas públicas acordes a las necesidades actuales y se garantice el derecho a la salud con la incorporación de recursos financieros, humanos y materiales correspondientes.

Notas

1 www.facmed.unam.mx
2 www.gnp.com.mx
3 Ibíd.
4 www.fundrenal.org.mx/
5 Ibíd.
6 www.diputados.gob.mx
7 www.facmed.unam.mx/
8 http://www.salud.carlosslim.org/
9 Ibíd.
10 http://www.salud.df.gob.mx/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2016.

Diputado Felipe Reyes Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al GDF a presentar por las Secretarías de Movilidad, de Finanzas, y de Seguridad Púbica un informe detallado sobre la ejecución de los recursos materiales, económicos y humanos, así como las licitaciones realizadas y las empresas acreedoras y ejecutoras del sistema de fotomultas, debido a irregularidades, omisiones y faltas en su expedición, emisión, cobranza y notificación, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La presente administración del Distrito Federal está instrumentando un sistema de fotomultas para detectar a conductores que no respeten el Reglamento de Tránsito y cometan faltas tales como vuelta prohibida, conducir en sentido contrario o en carriles confinados al Metrobús, además de pasarse la luz del semáforo; acciones que vulneran la integridad de peatones y conductores de las unidades de motor.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a las personas que incurran en estos actos se les tomará una fotografía y se les enviará la evidencia a sus domicilios para que paguen la multa correspondiente.

Las más de 156 cámaras y radares disponibles, se suman a las 11 mil 105 del programa Ciudad Segura, que tienen como objetivo garantizar un clima de seguridad y tranquilidad para los habitantes de la Ciudad de México y sus delegaciones, en la instalación de estas herramientas se dio preferencia a las principales vialidades, entre ellas, Circuito Bicentenario, Viaducto Miguel Alemán, Anillo Periférico, Viaducto Río de la Piedad, Insurgentes Sur y Ciudad Universitaria.

Para dimensionar el impacto que ha tenido, basta mencionar que del 10 de noviembre al 13 de diciembre de 2015, más de 20 mil 462 fotomultas fueron aplicadas, sobre todo por no respetar el semáforo y los pasos peatonales, dar vueltas prohibidas, estacionarse en lugares prohibidos y hablar por celular.

Asimismo, durante el mes de octubre se contabilizaron 10 mil 789 fotografías que después de pasar por el proceso de validación se desecharon 92 por ciento y se impusieron 898 infracciones.

Lamentablemente el sistema de fotomultas ha presentado diversas irregularidades como que la empresa ejecutora utiliza vehículos particulares desde los cuales generan infracciones a los automovilistas sin que vayan a exceso de velocidad; infracciones sin ninguna notificación y con límites de velocidad permitidos.

Por si esto no fuera suficiente, diversos medios de comunicación han documentado que el contrato multianual SSP/BE/S/312/2015 signado entre la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y la empresa Autotraffic SA de CV, establece levantar una cuota mínima de 5 mil fotomultas al día, es decir, 150 mil al mes, de las cuales será beneficiada con 46 por ciento.

En particular, el contrato con vigencia del 1 de septiembre de 2015 al 31 de diciembre de 2017, obliga a la empresa a imponer durante ese periodo un mínimo de 4 millones 200 mil multas, con un valor superior a los 149 millones 876 mil pesos, más 16 por ciento del IVA correspondiente. Esto representa, que por cada fotomulta que aplique Autotraffic en el Distrito Federal, cobrará hasta cinco veces más de lo que recibe en estados como Puebla y Jalisco en los que se estableció una ganancia de 100 pesos por cada fotomulta que se aplica por rebasar los límites de velocidad.

Lo anterior contradice las declaraciones del titular de la Secretaría de Seguridad Púbica de la capital del país, en virtud de que en múltiples espacios dijo que “El espíritu no es hacer más infracciones, sino que la ciudadanía se haga responsable, que tenga la convicción de no excederse en los límites de velocidad...”

Aunado a lo anterior, la empresa Autotraffic ha sido denunciada en diversas ocasiones, sobre todo en Jalisco, Pachuca, Aguascalientes y Monterrey, debido a presuntos abusos, como la manipulación de los equipos de radar para generar infracciones y el mal servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a sus equipos, lo cual se traduce en lecturas incorrectas y sanciones injustificadas para la ciudadanía.

Ante este diagnóstico, apremia que se transparente la ejecución del sistema de fotomultas y las autoridades encargadas en coordinación con la empresa ejecutora atiendan las irregularidades, omisiones y faltas en la expedición, emisión, cobranza y notificación de las fotomultas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del Distrito Federal para que a través de las Secretarías de Movilidad, Finanzas y de Seguridad Pública, presenten un informe en el que detallen la ejecución de los recursos materiales, económicos y humanos, así como las licitaciones realizadas y las empresas acreedoras y ejecutoras del “sistema de fotomultas”, debido a diversas irregularidades, omisiones y faltas en su expedición, emisión, cobranza y notificación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2016.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sener, la Conagua y la Ssa a informar sobre la radiación encontrada en los pozos de agua en San José Iturbide, Guanajuato, suscrita por la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Silvia Guadalupe Garza Galván, senadora por Coahuila de Zaragoza, integrante de la Comisión Permanente y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Energía, de la Comisión Nacional del Agua y de la Secretaría de Salud a informar sobre la radiación encontrada en los pozos de agua en San José Iturbide, Guanajuato, conforme a las siguientes

Consideraciones

Día con día, la población mundial va incrementando su número, México no es la excepción, ya que basta con ver la gran mancha urbana que ha ido invadiendo cada vez más las zonas donde antes únicamente había vegetación y áreas libres. Como consecuencia de lo anterior, la demanda de recursos naturales también aumenta, lo grave es que consumimos más recursos de los que la naturaleza puede reintegrar de manera natural, por lo que estamos hablando de un círculo vicioso del cual es muy difícil salir si no tomamos acciones verdaderamente efectivas.

El agua en México y su explotación es una de las cosas que más me preocupan, principalmente porque los acuíferos son altamente explotados a un ritmo excesivo, tal y como lo demuestran datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en su Atlas del Agua en México,1 edición 2014. Es importante recordar que las consecuencias ambientales derivadas de la sobre explotación de acuíferos son de gran impacto para los seres humanos.

Recientemente, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares de la Secretaría de Energía realizó pruebas e investigaciones a los pozos de agua en San José Iturbide, Guanajuato, donde para su sorpresa se concluyó que el agua contenía radiación tipo “alfa” y se encontraba 300 por ciento por encima de los límites que se consideran tolerables para que sea apta para el consumo humano, el tope lo establece la NOM 127-SSA1-1994 que trata sobre salud ambiental.

El estudio sacó a la luz que había una mezcla de componentes altamente cancerígenos que contaminan las aguas de los acuíferos del río La Laja y la Laguna Seca, en la cuenca Lerma-Chapala, en un radio aproximado de 800 kilómetros cuadrados, los componentes son: fluoruro y arsénico, además de que ahora hay que sumarle la radiación tipo alfa. Es importante recordar que dicha radiación tiene efectos muy peligrosos, ya que si es ingerida puede incluso destruir el tejido, además de que en caso de acumulación puede provocar la muerte dado que actúa de manera sigilosa y cuando se puede detectar puede llegar a ser demasiado tarde.

Recientemente hubo un crecimiento acelerado de cáncer en Guanajuato, lo cual podría ser provocado por el uso y consumo de agua contaminada por arsénico, fluoruro, además de la radioactividad, pero no solo el cáncer se ha manifestado, también la fluorosis dental o esquelética, que prácticamente se encarga de destruir la masa ósea, también las enfermedades renales han aumentado súbitamente en Guanajuato.2

El miedo colectivo se va acrecentando cada vez más, un dato importante que los habitantes manifestaron fue su preocupación por que cerca del lugar hay varias empresas que explotan los pozos contaminados.

Especialistas aseguran que el problema de todo esto es la casi nula detección de los problemas en la salud, porque una vez detectados es muy tarde, afirman que la acumulación es muy dañina, no tanto por la ingesta del agua, sino por la inhalación de sus vapores por un tiempo prolongado, refiriéndose a los habitantes del lugar, que se bañan con esa agua y después de algunos años ya presentan síntomas graves en su salud. También explican que la radiación, el arsénico y el fluoruro provienen del mismo tipo de roca volcánica, típica de la zona y de otras tantas del país, de modo que si se hicieran estudios se encontrarían pozos con las mismas características, y este tipo de roca se pueden encontrar desde Jalisco hasta el norte, que sería la Sierra Madre Occidental.

Las altas concentraciones de arsénico y fluoruro en las capas profundas del río La Laja y la Laguna Seca pueden ser un poderoso factor cancerígeno, además de múltiples problemas de salud. Estos problemas ocurren también en otros acuíferos que también son sobreexplotados.

Debido a esto, varias instituciones investigan ya el caso de manera particular y se ubicaron 46 pozos en la región en estado crítico, pero por si fuera poco, además de los elementos antes mencionados se encontró otra sustancia que se llama erionita, que también se desprende de las rocas tras la desecación y se volatiliza. Esta sustancia puede producir un tipo de cáncer poco común llamado mesotelioma maligno que ataca tejido de los pulmones, tórax, corazón, etcétera.

Se han identificado 12 municipios con pozos contaminados o sobreexplotados (factor que podría desencadenar una circunstancia similar a los pozos ya contaminados), los municipios son Celaya, Irapuato, León, San Miguel Allende, Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, Doctor Mora, San Diego de la Unión, Tierra Blanca, San José Iturbide, Salvatierra y Salamanca.

A principios de diciembre del presente año, cerraron el pozo de agua en San José Iturbide, Guanajuato, y se comenzó el abastecimiento de la población por medio de pipas de agua, pero para sorpresa de los habitantes el pozo fue abierto de nuevo, a pesar de las críticas y descontento.

Otro factor verdaderamente importante es que hay varias empresas que utilizan el agua en sus productos finales y que se venden en todo México, son productos cotidianos que podrían venir con cierto tipo de contaminación radiactiva.

Debemos detener la sobreexplotación de acuíferos en todo el país, las consecuencias de continuar al mismo ritmo son verdaderamente devastadoras para la salud, además de los impactos ambientales ya conocidos.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Energía a que informe a esta soberanía cuales son las acciones que se han tomado respecto del informe del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares sobre la radiación encontrada en los pozos de agua en la ciudad de San José Iturbide, Guanajuato.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud para que en coordinación con las autoridades competentes de Guanajuato elaboren una investigación exhaustiva e informen a esta soberanía sobre las medidas que deben ser tomadas por la población y autoridades para garantizar la salud de la población, respecto de la radiación encontrada en los pozos de agua en San José Iturbide, Guanajuato. De igual manera, deberá informar si los productos de las diversas fábricas cercanas que se surten con agua contaminada de los pozos representan un riesgo para la salud de la población.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director general de la Comisión Nacional del Agua a que informe con la mayor brevedad a esta soberanía sobre las medidas aplicadas hasta el momento respecto de la radiación encontrada en los pozos de agua en San José Iturbide, Guanajuato. También que informe las causas por las que el pozo contaminado fue nuevamente abierto y cuáles serán las acciones concretas que se realizarán para solucionar este problema.

Notas

1 Conagua, Información revisada el 16 de diciembre de 2015 en: http://www.conagua.gob.mx/archivohistoricodelagua13/NotaP/Atlas_del_Agu a_Mexico_2014.pdf

2 Información obtenida del periódico El Universal, consultado e 16 de diciembre de 2015 en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2015 /12/14/agua-radiactiva-amenaza-guanajuato

Dado en el Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 13 de enero de 2016.

Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y el SAE a atender de forma oportuna la solicitud de donación de los activos remanentes de Ferrocarriles Nacionales de México, en Liquidación, formulada por el ayuntamiento de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, suscrita por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Benjamín Robles Montoya, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes:

Antecedentes

El municipio de Matías Romero, distrito de Juchitán, estado de Oaxaca; fue creado a raíz de que el gobierno federal, representado por los señores S. Pearson & Son Ltd en su calidad de agentes y mandatarios del gobierno federal. Compraron una superficie de 600 hectáreas de terreno en el punto denominado Rincón Antonio, a los pueblos de Santa María Petapa y el Barrio, para destinarlo a los trabajos del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.

El representante, del gobierno federal fue sir Wectman Xichison, Pearson, mismo que representa la sociedad anónima denominada S. Pearson and Son Limited y su apoderado el licenciado Miguel Ángel Hesidobro de Azua. La superficie comprada tiene una figura geométrica de un paralelogramo cuyos lados mayores miden cada uno tres mil metros, el importe de la venta fue de 2,000.00 pesos mexicanos, que recibió únicamente el pueblo de Petapa por así haberlo convenido con el pueblo del Barrio, deslindado el terreno el 31 de mayo del año de 1900 por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, la operación de la venta quedo formalizada mediante escritura pública número 20, volumen “3” de fecha 1 de marzo de 1902, otorgada ante la fe del licenciado Rafael María Cano, notario público No. “1” de la demarcación notarial de Juchitán; inscrita ante el Registro Público de la Propiedad bajo el registro número 80 de fecha 1 de marzo de 1902. Con la llegada de los primeros trabajadores principalmente inmigrantes, se funda la ranchería de Rincón Antonio Nuevo.

El terreno comprado es destinado para la construcción de oficinas, estación, establecimiento de talleres principales y de transporte y almacenes generales del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, y todo lo que ocuparía para sus trabajos encomendados; los primeros trabajadores fueron inmigrantes, chinos, irlandeses, libaneses así como trabajadores migrantes de la República mexicana y de la región, con estos asentamientos humanos dentro del terreno federal se le llamó “Ranchería de Rincón Antonio Nuevo”, su zona urbana fue trazada por los mismos representantes del gobierno federal y dirigentes ferrocarrileros, su diseño es industrial, miden sus calles y avenidas más de 26 metros de ancho.

El área comprada, se hizo de dos pueblos que pertenecen a dos municipios distintos, dada la importancia del ferrocarril y el crecimiento demográfico, los mismos representantes del gobierno federal, solicitan al Congreso del estado la creación de un nuevo municipio, mismo que emite el poder legislativo con el decreto Número “6” de fecha 8 de noviembre de 1906, promulgado por el señor gobernador del estado y publicado en el Periódico Oficial del gobierno del estado el 9 de Noviembre del mismo año 1906.

El nuevo municipio de Matías Romero, Avendaño Oax., con sus agrupaciones nace con un territorio de más de cinco mil hectáreas que encierran las seiscientas hectáreas de la propiedad federal donde se funda, la “Ranchería de Rincón Antonio Nuevo”, su cabecera municipal queda asentada en la “Ranchería de Rincón Antonio Viejo”, así nace el pueblo y municipio de Matías Romero Avendaño, Oax.

Al crearse el nuevo municipio de Matías Romero, a la Ranchería de Rincón Antonio Nuevo se le da la categoría de pueblo con el nombre de Matías Romero, en honor al ilustre y connotado oaxaqueño, el licenciado Matías Romero Avendaño , quien nació en la ciudad de Oaxaca el 24 de febrero de 1837, en el seno de una familia criolla, desde joven mostro interés por la diplomacia, estudio leyes a los 24 años de edad represento a México ante el mundo en Londres, este ilustre oaxaqueño, fue abogado, secretario de Hacienda durante el periodo de Juárez y don Porfirio Díaz, gestor para la introducción del ferrocarril a México.

El licenciado Matías Romero Avendaño en el año de 1880, gestionó y obtuvo una concesión del gobierno de Oaxaca para construir un ferrocarril de la Ciudad de México a la capital del estado de Oaxaca, esta concesión la traspasa de inmediato, al existir una serie de problemas entre los dos principales ferrocarriles del país (el Central y el Nacional) esto le permitió celebrar una cena en el neoyorquino restorán Delmonico’s, el 11 de noviembre de 1880, con los principales empresarios ferrocarrileros estadounidenses interesados en México, y con su amigo Ulysses S. Grant, de esa reunión nació el Southern Mexican Railroad, compañía que a partir de la concesión oaxaqueña proyectó la construcción de vías férreas entre México, la frontera con Guatemala, Oaxaca y ramales a Tehuantepec.

El licenciado Matías Romero Avendaño fue socio de los ferrocarriles mexicanos, falleció en Nueva York, el 30 de diciembre de 1898 y a escasos 8 años de su muerte se le puso su nombre al pueblo y municipio de Matías Romero por ser un pueblo ferrocarrilero, mismo que nació dentro de la propiedad federal.

El pueblo de Matías Romero, alcanza la categoría política de ciudad, por decreto número 200, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el 3 de junio del año de 1950.

El municipio de Matías Romero fue creado por el Congreso del Estado de Oaxaca, en la Ranchería de Rincón Antonio Viejo con sus seis agrupaciones, mediante decreto número “6” del 8 de noviembre de 1906, publicado en el Periódico Oficial del gobierno del estado el 9 de noviembre del mismo año.

La Ranchería de Rincón Antonio Viejo, hoy Rincón Viejo Norte, encierra el rectángulo de las 600-00-00 hectáreas con sus agrupaciones; Comprendiéndose la jurisdicción de la nueva entidad municipal como son: “Guelavego” localizado en el río Malatengo, lugar donde se encuentran actualmente las galerías filtrantes que alimentan de agua a la ciudad y el pozo de captación de agua, lugar conocido como la “bomba”, es ahí donde se bombeaba el agua a los talleres y estación del ferrocarril; Septuni Grande hoy “Septune”, lugar donde se alimentaban de agua las máquinas de vapor del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec en el año de 1900, localizado en la desembocadura del arroyo del Tigre con el río de Petapa; “Barrancones”, “Paso Guayabo”,” Las Arenas” y “Las Flores”.

Actualmente, la ciudad cabecera municipal está asentada en terrenos de las 600-00-00 hectáreas que compró el gobierno federal para los servicios del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, la ciudad tiene un fundo legal de 620-000-000 hectáreas y la continuidad de la ciudad se encuentra en terrenos ejidales y comunales como son: el ejido “Matías Romero”, bienes comunales del “Barrio de la Soledad” y bienes comunales de “Santa María Petapa” las dos comunidades pertenecen al municipio de su mismo nombre y los asentamientos humanos se encuentran dentro del territorio y jurisdicción del municipio de Matías Romero Avendaño, Oaxaca.

Ahora bien, el municipio de Matías Romero Avendaño, Oax., se encuentra dentro del decreto 108 que delimita la división territorial del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicada en el alcance número 20 de Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, de fecha 9 de mayo de 1994, y actualizada el 19 de enero del 2006, y el bando de policía y buen gobierno; la ciudad cabecera municipal, ampara y protege 32 colonias urbanas, 26 agencias municipales y de policía, 2 colonias agrícolas y ganaderas y 19 ejidos.

Existen 32 colonias urbanas en la ciudad de Matías Romero Avendaño, Oax., como son: 1. Triangulo de Rincón Viejo; 2. Lázaro Cárdenas; 3. Hidalgo Norte; 4. Hidalgo Sur; 5. Pueblo Nuevo; 6. Robles Poniente; 7. Llano Suchiapa; 8. Oaxaqueña; 9. Colector 5 de febrero; 10. Centro norte; 11. Centro sur; 12. Justo Sierra; 13. Robles oriente; 14. Robles sur; 15. Ricardo Flores Magón; 16. Barrio Juárez norte; 17. Barrio Juárez sur; 18. Paso Limón; 19. San Bartolo; 20. Rincón Viejo norte; 21. Bajío; 22. Progreso; 23. Poma Rosa; 24. Guadalupe; 25. Barrio Nuevo; 26. Ampliación las Flores; 27. La Nueva Esperanza; 28. La Nueva Esperanza II; 29. Emiliano Zapata; 30. La Libertad; 31. Centro de Readaptación Social; 32. Campo Militar 99 Batallón de Infantería.

El gobierno federal al adquirir por compraventa de los municipios de Santa María Petapa y el Barrio, la superficie de 600-00-00 hectáreas ubicado en el punto denominado Rincón Antonio, esta superficie es entregada al Ferrocarril Nacional de Tehuantepec para su funcionamiento en el año de 1900 y legalizada la compraventa el primero de marzo de 1902.

El terreno tiene una figura de un rectángulo, cuyo lado mayores de tres mil metros y el menor de dos mil metros, sir Wectman Xichison, Pearson, mismo que representa la sociedad anónima denominada S. Pearson and Son Ltd y su apoderado el licenciado Miguel Ángel Hesidobro de Azua. Son los directivos del gobierno federal quienes planean los trabajos presentes y futuros del ferrocarril Nacional de Tehuantepec en esta superficie de las 600 hectáreas.

Construyen la estación del ferrocarril, y delimitan el área de los talleres cuya superficie es de 14 hectáreas, en esta superficie construyen la estación del ferrocarril y el almacén general; quien vino a inaugurarlo fue el presidente de la República, general don Porfirio Díaz.

La estación del ferrocarril fue inaugurada en el año de 1906, por el presidente de la República, general don Porfirio Díaz Mori, es un edificio de tres plantas sus patios se compone de la vía principal y cuatro auxiliares de cambio de vías.

El área de talleres de Matías Romero Avendaño, Oax., es una de las más importantes, no solo en el istmo de Tehuantepec sino en la República mexicana, en estos talleres se reparaban las máquinas del ferrocarril, furgones, se fundían los materiales, laboratorio, había taller de carpintería, de torno, etcétera.

Fueron tan importantes que son similares a los talleres de Pantaco, estado de México y de Aguascalientes.

En el área de asentamientos humanos se empieza a construir casas habitación para los empleados y funcionarios así como los demás trabajadores.

Consideraciones

Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de junio de 2001, se extinguió el organismo público descentralizado denominado Ferrocarriles Nacionales de México, y se abroga su ley orgánica. Considerado en su artículo segundo, fracción IV.

A partir de este decreto el ayuntamiento municipal de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, ha solicitado en donación los activos remanentes propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación.

La razón fundamental es que el municipio carece de terreno para la construcción de un parque recreativo, un palacio municipal y áreas verdes; lo que representa una merma importante en la tributación del municipio para darle mejores servicios públicos a las y los habitantes.

A continuación, se enumeran de las diversas gestiones que distintas administraciones han realizado para que se haga la donación de los activos remanentes de FNML al ayuntamiento de Matías Romero:

Ante la SCT. FNML, Presidencia de la República, diputada federal Irma Piñeiro.

En el año 2002, el ingeniero Ernesto Altamirano Lagunas, presidente municipal constitucional de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, hizo una serie de gestiones para adquirir el área de talleres, así como otras superficies de terreno que se destinarían para áreas verdes.

El H. Ayuntamiento, en coordinación con FNML, solicitó a Banobras un primer avalúo de fecha 6 de noviembre de 2003. El avalúo de referencia fue por la cantidad de $ 16,052,390.00 cantidad que no podía pagar el H. Ayuntamiento en ese momento.

A partir de ese momento el presidente municipal el Médico Veterinario Zootecnista. Teodoro J. Guzmán Corral solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la donación de los activos del área de talleres y otras áreas para servicios públicos.

Asimismo, se realizaron gestiones ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa para que Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación, suspendiera todo acto de venta de las naves como chatarra que se encuentran construidas en el área de talleres.

El 9 de agosto del 2006, mediante oficio 2467/06, del trienio dirigido por el médico veterinario zootecnista Teodoro Jorge Guzmán Corral, se solicitó la gestión correspondiente para firmar los 19 planos que se elaboraron como resultado de los levantamientos topográficos, en común acuerdo entre el Ayuntamiento y FNML.

Para fortuna de este tipo de municipios, el 24 de julio de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, las reglas para la donación de activos remanentes propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación.

Estas reglas tienen por objeto establecer los requisitos y el procedimiento para llevar a cabo:

I. La donación de las casas habitación y terrenos propiedad de FNML, en posesión legítima de jubilados y pensionados del organismo o, en su caso, de los sucesores de éstos, y

II. La donación de los activos remanentes propiedad de FNML a favor de instituciones públicas y asociaciones e instituciones privadas que no persigan fines de lucro, sobre los que no se haya celebrado algún acto jurídico que pudiera impedir su donación, a fin de que sean utilizados para un beneficio social.

Para pronta referencia, cito a continuación los activos remanentes que se pretende someter a donación:

1. Terreno donde se ubican los talleres, centro de capacitación y almacén propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación, que se localiza en Matías Romero Avendaño, Oaxaca entre los kilómetros 202 + 582.55 al 203 + 534.07 de la línea “Z” del lado derecho, con una superficie de 146, 294.42 metros cuadrados con número de folio 5297-01.

2. Terreno de 390.59 metros cuadrados, ubicado a un costado del edificio de la estación donde actualmente se encuentra la máquina, 535, símbolo de los ferrocarrileros del municipio e identificada con el folio 5301-00.

3. Colector 5 de febrero, con una superficie de 7263.16 metros cuadrados e identificado con el número de folio 5299-00.

4. Terreno a orillas del río Malatengo con una superficie de 10,000 metros cuadrados donde se ubicaba la bomba de agua que alimentaba los talleres de ferrocarril.

4. Por último, los activos remanentes en propiedad de FNML, identificados con los siguientes números de folio: 5297-00, 5297-01, 5298-01, 5298-02, 5298-03, 5298-04, 5298-05, 5298-06, 5298-07,5300-00 y 5301-00.

La solicitud de donación ha sido presentada de conformidad con las reglas citadas, con número de oficio PM/0012/2016, Expediente: H.A.M.

Como podemos observar, esta herramienta normativa representa un gran avance para que el municipio de Matías Romero Avendaño logre, por fin, la donación de los multicitados activos remanentes.

En virtud de todo lo anterior, es que la autoridad municipal de Matías Romero Avendaño en Oaxaca, me ha pedido mi intervención en este asunto a efecto de exhortar a las autoridades competentes a que el proceso de donación de los activos remanentes se lleve a cabo con oportunidad y privilegiando el legítimo derecho del H. Ayuntamiento de Matías Romero a hacerse de estos activos.

Asimismo, para que todo el proceso se realice observando la mayor transparencia a fin de que todas las dependencias involucradas actúen en favor del municipio señalado, en razón de los grandes beneficios que esta donación representa para todas las y los habitantes de Matías Romero.

Estoy seguro, que las dependencias encargadas de este procedimiento coadyuvarán de manera sobresaliente a favor de la solicitud del H. Ayuntamiento de Matías Romero Avendaño, Oaxaca.

Por lo antes expuesto someto a la consideración de este pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a coadyuvar en el ámbito de sus responsabilidades, para proceder a la donación de todos los activos remanentes propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación, que ha solicitado el municipio de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, ante el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes con base en la reglas de donación publicadas en el DOF el 24 de julio de 2015.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes que, en su carácter de liquidador de Ferrocarriles Nacionales y con base en las reglas para la donación de activos remanentes propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación (D.O.F. 24-07-2015), atienda de forma oportuna, eficaz y con total transparencia, la solicitud de donación de todos los activos remanentes que formalizó el municipio de Matías Romero Avendaño en el estado de Oaxaca.

Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la promoción de la actividad física en los planes y programas de estudio de educación básica, suscrita por senadoras de los Grupos Parlamentarios del PRI y PVEM

Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Hilaria Domínguez Arvizu, senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y María Elena Barrera Tapia, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta soberanía, una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuestro país tiene uno de los mayores índices de sobrepeso, obesidad y diabetes en el mundo. Sin duda, estos padecimientos representan un grave problema de salud pública, cuya atención requiere de la participación activa tanto del sector público como del privado y del social.

De acuerdo con el informe “Kilos de más, pesos de menos: Los costos de la obesidad en México” publicado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) en 2015, México vive una epidemia de obesidad. El 73% de los adultos y el 35% de los niños, niñas y adolescentes tienen sobrepeso u obesidad, es decir, en total 60.6 millones de personas (el 52% de los mexicanos) sufren de esta condición.

El referido documento señala además que el sobrepeso y la obesidad son el principal factor de riesgo de discapacidad y muerte para los mexicanos.

En virtud de que tanto el sobrepeso como la obesidad son un problema multifactorial, debemos analizar todas aquellas alternativas que nos conduzcan a su prevención y combate. En este sentido la creación de conciencia y la promoción de hábitos saludables desde la educación básica, como es el caso de la activación física, representan una oportunidad de revertir la tendencia desastrosa de estos padecimientos.

Al respecto, cabe mencionar que en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes emitida por el Gobierno Federal en 2013, se ha puesto en marcha el Programa de Acción Específico Alimentación y Actividad Física 2013-2018 con la finalidad de promover la generación de hábitos alimentarios correctos y la realización de actividad física en la población en todas sus etapas de vida, involucrando, al sector público, privado y social.

El objetivo 1 del referido programa es promover estilos de vida saludables que contribuyan a mejorar los hábitos alimentarios y de actividad física de la población; y dentro de sus estrategias y líneas de acción se encuentra precisamente la generación de estrategias educativas innovadoras para la promoción de la actividad física.

De ahí la importancia de analizar la eficacia y fortalecer, en su caso, los planes y programas de estudio en materia de educación física en la educación básica. De acuerdo con criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se recomienda que para las personas entre 5 y 17 años de edad acumulen un mínimo de 60 minutos al día de actividad física o vigorosa diariamente; y desafortunadamente los programas de estudio en la materia no contemplan dichos parámetros.

Aunado a lo anterior resulta indispensable considerar la situación de las y los alumnos con discapacidad, a fin de que en la medida en que su condición lo permita, participen activamente en dicha asignatura; además de valorar la creación de mayores espacios deportivos dentro de los planteles escolares; y promover una mayor capacitación y actualización de los docentes en la materia.

No debemos subestimar la aportación de las clases de educación física para transformar el estilo de vida de los mexicanos y las mexicanas. Al respecto, la Comisión Europea señaló en su Libro Blanco sobre el Deporte (Comisión Europea, 2007a) que el tiempo que se dedica a la práctica deportiva, bien sea en las clases de educación física en el centro escolar o en actividades extracurriculares, puede producir beneficios sustanciales tanto a nivel educativo como de salud.

Para ello debe apostarse a la calidad de los programas de educación física y a las cualificaciones del profesorado que imparte esta asignatura; misma que enseña a niños y jóvenes a potenciar sus capacidades físicas, a lograr una mejor coordinación, unos reflejos más rápidos y una mayor velocidad, resistencia, flexibilidad, fuerza y equilibrio.

El referido documento asegura además que los beneficios que la actividad física tiene sobre la salud también contribuyen a lograr unas actitudes mentales equilibradas. La educación física tiene como objetivo lograr un comportamiento asertivo y de confianza en uno mismo en diversas situaciones y permite a los jóvenes descubrir formas de gestionar las emociones negativas y el estrés de manera constructiva.

De ahí la relevancia de fortalecer los planes de estudio en la materia y darle a la asignatura de educación física una perspectiva más amplia, con miras a combatir los estilos de vida que conducen hacia el sobrepeso y la obesidad y todas sus lamentables consecuencias; y además a fomentar la formación integral de las niñas, niños y adolescentes nuestro país.

Es por lo descrito en el desarrollo del presente y con fundamento en las disposiciones señaladas, se somete a la consideración de este honorable Congreso la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación a fin de que, en coordinación con la Secretaría de Salud, rediseñen y fortalezcan los planes y programas de estudio en materia de educación física; así como los programas de formación docente en la materia, a fin de que atiendan a los criterios internacionales sobre activación física.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación a fin de que, promueva la creación y habilitación de mayores espacios deportivos en los planteles escolares, con un enfoque especial en la inclusión de alumnos y alumnas con discapacidad.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2016.

Senadoras: Hilda Esthela Flores Escalera (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, María Hilaria Domínguez Arvizu, María Elena Barrera Tapia.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a incluir Tizimín y Valladolid, Yucatán, en la lista de municipios y demarcaciones territoriales elegibles para el otorgamiento del Subsemun de 2016, suscrita por el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

En 2008 se creó el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun), un recurso federal que se otorga a los municipios, a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a los estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados con ellos.

Dicho subsidio federal debe ser destinado a la profesionalización, equipamiento, mejoramiento de la infraestructura, prevención de delitos, evaluación de control de confianza de los elementos operativos de las instituciones policiales municipales, capacitación, mejora de sus condiciones laborales, conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia, principalmente1 .

Entre las características de los recursos del Subsemun, encontramos que éstos no son regularizables, son parcialmente concursables, y no pueden ser menores a 10 millones de pesos, ni mayores a 90 millones de pesos. Asimismo, los municipios beneficiarios deben aportar 25 por ciento del recurso federal como coparticipación.

De acuerdo con la cantidad estipulada en los Convenios Específicos de Adhesión, la suministración del recurso es en dos partes: la primera en 50 por ciento, que debe ser entregada dentro de los primeros meses del año, y la segunda, en otro 50 por ciento, que debe ser entregada en la segunda mitad de cada año.

Dicho subsidio debe ser ejercido antes de finalizar el año, y en caso de que el municipio que lo recibe no cumpla con las metas establecidas deberá reintegrar a la federación los recursos no aplicados.

Al respecto, en el 2015, la Cámara de Diputados destinó para el Subsemun 4 mil 893 millones 949 mil 427 pesos .

De dichos recursos, según el Acuerdo por el que se da a conocer la lista de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles para el otorgamiento del subsidio a que se refiere el artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 15 de enero de 2015, se beneficiaron 5 municipios del estado de Yucatán:

Es importante resaltar que Yucatán no es ajeno al problema de inseguridad pública y al incremento delictivo que se vive en todo el territorio nacional, siendo precisamente la inseguridad pública uno de los principales problemas que vive el estado. En este sentido, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado, los municipios que registraron los índices más altos de incidencia delictiva fueron, además de los señalados en la lista anterior, Tizimín y Valladolid, principalmente.

Consciente de que no solo Yucatán ha requerido de estos recursos, dado que el tema de seguridad pública es uno de los principales problemas que enfrenta México, ya sea por robos, secuestros, violaciones, homicidios, delincuencia organizada, etcétera, lo que representa un problema de inseguridad pública para el todo el territorio mexicano, en Yucatán la intranquilidad social se ha incrementado de manera alarmante, lo que demanda una respuesta inmediata por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Por poner un ejemplo, durante 2015, en el estado de Yucatán la incidencia delictiva fue de 25 mil 700 casos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; datos tan sólo de delitos registrados en las averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas, reportados por la Fiscalía General, a los que deben integrarse, además, las cifras no reportadas por la ciudadanía víctima de algún delito.

Otra de las afectaciones para el estado ha sido en el sector turístico, una importante fuente de ingresos, lo que ha mermado la producción económica en la región.

En este contexto, con la finalidad de inhibir la delincuencia y combatir la inseguridad pública con mayores herramientas en el estado de Yucatán, es fundamental incluir dentro del Subsemun 2016, a los municipios de Tizimín y Valladolid, como parte de los apoyos que año con año se vienen otorgando a diversos municipios con mayor incidencia de inseguridad en el estado.

De acuerdo con el artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016, para el presente año se destinaron 5 mil 952 millones 697 mil 849 pesos , para el otorgamiento del Subsemun, con el fin de fortalecer su desempeño en esta materia.

Para tal efecto se prevé que los subsidios a que se refiere este artículo serán destinados para los conceptos y conforme a los lineamientos que establezca el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objeto de apoyar la profesionalización, la certificación y el equipamiento de los elementos policiales de las instituciones de seguridad pública. Y de manera complementaria, se podrán destinar al fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública, a la prevención social de la violencia y la delincuencia, así como a la capacitación, entre otras, en materia de derechos humanos y de igualdad de género.

Para tal efecto dicho artículo dispone que a más tardar el 25 de enero de 2015, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicará en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos correspondientes.

Por todas las razones antes expresadas, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación, así como al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a incluir a los municipios de Tizimín y Valladolid, del estado de Yucatán, dentro de la lista de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, elegibles para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad en los Municipios, a que se refiere el artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016, con el objeto de apoyar la profesionalización, la certificación y el equipamiento de los elementos policiales de las instituciones de seguridad pública.

Nota

1 Ver página electrónica:

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/fondos-subsidios /subsemun.php, consultada el 2 de noviembre de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2016.

Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que la ASF incluya en el programa anual de auditorías relativo a la Cuenta Pública de 2015 la revisión de los recursos federales asignados a Veracruz en el PEF de 2015, suscrita por el diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, diputado Julio Saldaña Morán integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta ante esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las finanzas públicas estatales están marcadas por el desorden y la discrecionalidad, el endeudamiento público está en niveles nunca antes vistos, los recursos públicos federales y locales son malversados, desviados, manejados con discrecionalidad e intencionalidad política para premiar o desacreditar a autoridades e instituciones.

Las irregularidades en el manejo, administración, aplicación y destino de los recursos públicos por parte del Gobierno del estado de Veracruz es una constante.

En la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2013, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), reporta irregularidades en todos los rubros del gasto federalizado por recursos no ejercidos, no devengados o no reintegrados a la Tesorería de la Federación, entre los problemas encontrados están: pagos indebidos, deficiencias de control del proceso de gastos de operación, falta de conciliación y soporte documental de las erogaciones, transferencias a varias cuentas, falta de cumplimiento de pago, actos contrarios a la ética y la conducta institucional, entre las observaciones se encuentran irregularidades en Educación por más de 66.5 millones de pesos; Salud por más de 315 millones de pesos; Infraestructura Estatal por más de 625 millones de pesos; Infraestructura municipal por más de 32.9 millones de pesos; Seguridad Pública por más de 260 millones de pesos; Seguridad Pública Territorial por más de 5.9 millones de pesos; Escuelas de Tiempo Completo por más de 230 millones de pesos; Subsidios para Organismos Descentralizados por más de 2.8 millones de pesos; Seguro Popular por más de 1,580 millones de pesos; Medio Ambiente: más de 27.3 millones de pesos, entre otras.

De las observaciones no atendidas en el plazo legal correspondiente se interpusieron quince demandas ante la Procuraduría General de la República en contra de funcionarios o ex funcionarios de la administración del actual gobernador del estado, sin que haya consecuencias de ningún tipo.

El manejo discrecional de los recursos públicos afecta los proyectos aprobados y etiquetados por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a favor de los municipios del estado para diversas obras de infraestructura de comunicaciones, deportiva, cultural, entre muchas otras.

El retraso, desvío y la falta de probidad en el manejo y administración de los recursos públicos que se destinan a Veracruz repercuten en la gente, más cuando para el caso del Estado de Veracruz los recursos federales transferidos representan alrededor del 69% de los ingresos brutos totales del gobierno del estado, y el 81% de los ingresos brutos de sus municipios.

Dado que los recursos federales transferidos a los municipios representan el 81 por ciento de su presupuesto anual, el atraso en el depósito de los recursos está provocando importantes dificultades financieras a los municipios, que van desde el retraso en el inicio y desarrollo de las obras para las que están comprometidos esos recursos, hasta la operación ordinaria de los ayuntamientos pues se compromete hasta el pago de la nómina municipal.

Diversos presidentes municipales veracruzanos del PRD han tenido que realizar plantones y marchas desde sus municipios hasta a capital del estado para exigir la entrega de los recursos federales que el gobierno del estado les adeuda. A varios de ellos y sus comitivas incluso se les ha impedido el paso para que llegaran a Jalapa.

Se reporta también afectación a la Universidad Veracruzana, que ha ocasionado que planes y proyectos de la universidad hayan tenido que ser limitados, que el deterioro de las instalaciones se haya agravado por la falta de recursos para su adecuado mantenimiento, que el pago de nómina se haya retrasado, al tiempo que ha provocado quebrantos a los proveedores y prestadores de servicios de la institución educativa.

Es imposible no inferir que esta situación se traduzca en el aumento de la pobreza en el estado entre los años 2012 y 2014. La población en situación de pobreza pasa de 52.6 por ciento a 58.0 por ciento que significa de 4 millones 448 mil personas, a 4 millones 634 mil 200 personas, según datos de Coneval en el informe de medición de pobreza 2014 para el estado de Veracruz.

Tan sólo en los primeros cuatro meses de la presente Legislatura, se han presentado ante la Cámara de Diputados cinco diferentes proposiciones con punto de acuerdo que hacen referencia al proceder irregular y discrecional del Gobierno del Estado de Veracruz respecto del manejo de los recursos públicos federales y locales cuyo destino fue aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de La Unión, en el caso de aquellos, y por el Congreso del Estado en el caso de los últimos.

1. El 8 de octubre de 2015 el Grupo Parlamentario de MORENA, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del Estado de Veracruz a conducirse de manera institucional al otorgar los recursos acordados en convenios y transferencias presupuestadas estatales y federales a la Universidad Veracruzana, poniendo a consideración los siguientes resolutivos:

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a conducirse de manera institucional y como servidor público que es, de tal manera que asuma las obligaciones que a su cargo competen, al entregar los recursos acordados en convenios y transferencias presupuestadas estatales y federales a la Universidad Veracruzana en lo inmediato.

Segundo. Asimismo, esta Cámara de Diputados solicita sean difundidos de manera detallada los importes comprometidos en convenios y transferencias a la Universidad Veracruzana, que se inicie una investigación del uso y paradero de los recursos presupuestados y registrados como ejercidos, y se dé continuidad a las investigaciones que apuntan a esclarecer el profundo desorden de las finanzas públicas del estado.

2. El 13 de octubre de 2015, el suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Veracruz, a fin de transferir a los municipios beneficiarios, los recursos aprobados en el PEF 2015, con la propuesta de los siguientes resolutivos:

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Veracruz, y en particular a la Secretaria de Finanzas y Planeación, a transferir puntualmente a favor de todos los municipios beneficiarios los recursos federales aprobados por esta Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso llamado al gobierno del estado de Veracruz a abstenerse de dar un uso distinto a los recursos federales aprobados por esta Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.

3. En esa misma fecha el Grupo parlamentario de Morena presentó proposición con punto de acuerdo a fin de iniciar las investigaciones correspondientes por el presunto desvío de recursos en el estado de Veracruz, derivados del informe entregado por la ASF relativo a la cuenta pública de 2013, cuyo resolutivo es:

Único. Se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública a iniciar las investigaciones correspondientes por el presunto desvío de recursos por un monto de 3 mil 145 millones de pesos en el estado de Veracruz, derivados del informe entregado por la Auditoría Superior de la Federación relativo a la Cuenta Pública de 2013 y se conmine respetuosamente al Congreso del Estado de Veracruz para que instruya al Órgano de Fiscalización Superior de aquella entidad para que audite, en lo que proceda, las obras y recursos financieros ejercidos en la Cuenta Pública de 2013, especialmente aquéllos en los que se encuentran involucrados recursos federalizados.

4. El 27 de octubre de 2015 el Grupo Parlamentario de Morena presentó proposición con Punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Veracruz, a que no apruebe la nueva deuda solicitada por el gobernador de dicha entidad, en tanto la ASF no concluya los procedimientos derivados de las auditorías realizadas durante los cinco años de su administración, con el siguiente resolutivo:

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Congreso del Estado de Veracruz, con pleno respeto a su soberanía, a que no apruebe la nueva deuda de 21 mil 700 millones de pesos solicitada por Javier Duarte de Ochoa, gobernador de la entidad, en tanto la Auditoría Superior de la Federación no concluya los procedimientos derivados de las auditorías realizadas durante los cinco años de su mandato, y se termine con la opacidad y el desorden financiero que ha caracterizado a su administración.

5. El 19 de noviembre de 2015 el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con Punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, para que investigue, resuelva y se finquen responsabilidades derivadas de las denuncias interpuestas por la ASF por el delito de desvío de recursos, cometidos por funcionarios de diversas entidades federativas, y se resuelvan las denuncias penales interpuestas contra funcionarios del Gobierno del estado de Veracruz, misma que propone el siguiente resolutivo:

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Procuraduría General de la República para que investigue, resuelva y se finquen responsabilidades con motivo de las denuncias interpuestas por la auditoría superior de la federación por el delito de desvío de recursos cometidos por funcionarios de diversas entidades federativas; en particular resolver las denuncias penales interpuestas contra funcionarios del gobierno del estado de Veracruz.

Y a pesar de todo no pasa nada, el manto de impunidad cobija al gobierno estatal y el gobernador se mueve sin vergüenza alguno y con desprecio absoluto por la ley.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión cuenta con la Auditoría Superior de la Federación órgano especializado cuyo propósito es verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en las políticas y programas gubernamentales, el adecuado desempeño de las entidades fiscalizadas, y el correcto manejo tanto del ingreso como del gasto público y comprobar el gasto público se ajustó a los lineamientos señalados por el presupuesto y constatar la consecución de los objetivos y las metas contenidas en los programas de gobierno.

Es también mandato constitucional investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo custodia y aplicación de fondos y recursos federales. Derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las autoridades competentes.

Con base en lo anterior propongo a esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Cámara de Diputados a fin de que instruya a la Auditoría Superior de la Federación para que, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, incluya en el programa anual de auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 la revisión los recursos del ramo 28 Participaciones Federales, del Ramo 33, Aportaciones Federales; y del Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas para las entidades federativas, aprobados por la Cámara de Diputados para el estado de Veracruz en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 13 de enero de 2016.

Diputado Julio Saldaña Morán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Jalisco a iniciar los estudios y las acciones conducentes a la expropiación por causa de utilidad pública de los predios del bosque Los Colomos, entre Guadalajara y Zapopan, suscrita por el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución que propone una respetuosa solicitud al gobierno del estado de Jalisco, para que para que se inicien los estudios y acciones conducentes a la expropiación por causa de utilidad pública, de los predios propiedad particular enclavados en el polígono del bosque Los Colomos, ubicado en entre los límites de los municipios de Guadalajara y Zapopan, en el estado de Jalisco; lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

El bosque de Los Colomos, es un bosque urbano inducido que se encuentra ubicado al noreste del Municipio de Guadalajara. Representa una porción de naturaleza enclavada en una gran mancha urbana, que después del Bosque La Primavera, constituye el segundo pulmón más importante de la ciudad.

Está delimitado por las calles avenida Patria, Alberta, El Chaco y Nueva Escocia. Muy cerca del cruce de la avenida Patria con avenida Américas, colonia Providencia, en Guadalajara.

Cuenta con más de 200 hectáreas de bosque, en cuyo interior existe un gran número de espacios recreativos y de atracción, como el famoso jardín japonés, que está ambientado al estilo oriental con exclusiva vegetación y un lago artificial en donde abundan las Carpas; el castillo donde se aprecia la panorámica del bosque y la presa que abastece de agua a los alrededores, el Jardín Mexicano, el área de caballos, las pistas de trote, el lago de aves y el área de juegos infantiles, entre muchos otros.

Acerca de la Casa Colomos o Castillo, se trata de una obra del ingeniero Agustín V. Pascal, construido en 1898 e inaugurado en 1902, fungiendo como casa de la administración del agua en aquel entonces.

A la fecha, el bosque Los Colomos es un área hidrológica protegida que cuenta con actividades de Educación Ambiental para hacer conciencia sobre su conservación e importancia. Uno de los motivos más relevantes para esta declaratoria, fue la necesidad de conservar y proteger su zona, por tratarse de una de las más importantes áreas de recarga de mantos acuíferos. Sin embargo, al parecer no cubre toda su extensión. (Son 270 hectáreas las que deben ser protegidas)

Lamentablemente este espacio de purificación ambiental y de recarga de mantos acuíferos, como otros de su tipo, son asediados como víctimas de intereses económicos ante la enorme plusvalía que se espera de lograrse la consumación de desarrollos inmobiliarios en sus predios. Esto sucede cuando el modelo de negocios inmobiliarios, pondera en supremacía el interés económico antes que el bienestar colectivo y pone en riesgo los espacios públicos de la ciudad una y otra vez.

Por ello, gran pesar nos causa a los jaliscienses el dar cuenta de noticias como la siguiente:

Guadalajara, Jalisco, México (10 enero 2016).

“Enésimo ataque al bosque Los Colomos”

“Particulares pretenden edificar un fraccionamiento dentro del bosque Los Colomos”

“A finales de la semana pasada el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), a petición del grupo desarrollador, emitió una resolución con la que obliga al Ayuntamiento de Guadalajara a otorgar el permiso de construcción.”

“La resolución del Tribunal Administrativo del Estado (TAE) de avalar obra en el bosque Los Colomos, ha mantenido alerta y en coordinación al Municipio de Guadalajara y al Estado para su protección e incluso ampliación.”

Efectivamente, el bosque Los Colomos vuelve a ser objetivo de desarrolladores inmobiliarios. En este caso, a través de una resolución del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, emitida el pasado 8 de enero, que pretende dar paso a la edificación un complejo de al menos 800 metros cuadrados en el interior del Bosque.

Ello evidencia, para lo que al presente documento interesa, al menos, dos cosas:

1. Que se hace necesario mayores esfuerzos para salvaguardar al bosque Los Colomos, y

2. Que existen predios propiedad particular en el polígono del Bosque, al que las protecciones legales con motivo de zona de recarga de mantos freáticos no resultan suficientes.

Esto es, el hecho de que en su polígono se localicen predios de propiedad particular, constituye un factor que material y operativamente lo vuelve más complicado, por ello, a grandes males se hace necesario grandes remedios; en lo que resulta como fundamental echar mano de una herramienta gubernamental que pueda radicalmente aportar a su preservación y conservación, como lo es la EXPROPIACIÓN.

Figura jurídica prevista para lograr estos objetivos, tanto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, como en la Ley Estatal en la materia que permitiría un mejor esquema de blindaje, una vez que la propiedad de los particulares deje de tener presencia en su polígono, que hoy más que nunca resulta urgente proteger.

Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

“Artículo 56 . Las declaratorias para el establecimiento, conservación, administración, desarrollo y vigilancia de las áreas naturales protegidas que establece esta ley, sean de interés estatal o municipal, se harán en estricto apego al estudio técnico que la fundamente, y contendrán, sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, los siguientes elementos:

I. La delimitación precisa del área, las coordenadas geográficas de cada vértice, la superficie, deslinde y, en su caso, la zonificación correspondiente;

II. Las modalidades a que se sujetará, dentro del área, el uso o aprovechamiento de los recursos naturales en general o, específicamente, de aquellos sujetos a protección en el ámbito estatal y municipal, según corresponda;

III. La descripción de actividades que podrán llevarse a cabo en el área correspondiente, y las modalidades y limitaciones a que sujetarán;

IV. La causa de utilidad pública que fundamente la expropiación de terrenos , para que el gobierno del estado o los gobiernos municipales adquieran su dominio, cuando al establecerse un área natural protegida se requiera dicha resolución . En esos casos, deberán observarse las prevenciones de las disposiciones correspondientes; y

V. El programa de aprovechamiento del área.

La expropiación permitirá obtener el control total del territorio, aumentar las posibilidades de protección, una operación segura en su polígono y alejaría hasta las tentaciones de cambios de uso de suelo. Es la opción que mayor seguridad brindará a la protección, restauración y conservación del bosque de Los Colomos, para así contar con un aprovechamiento racional y sostenido de los servicios socio-ambientales y un área de protección hidrológica para tener mejores condiciones ambientales en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Por ello, indispensable el tomar cartas en el asunto, expropiar por causa de utilidad pública los predios de propiedad particular ubicados en el bosque Los Colomos y a efecto de lograr una solución satisfactoria, evitando el desgaste y decepción social que este tipo de conflictos genera. Siendo esta precisamente la propuesta que me permito traer a su honorable consideración.

Cabe destacar, que el gobierno del Estado de Jalisco está trabajando en el asunto, incluso, desde el mes de agosto pasado, el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, presentó el proyecto de declaratoria de área natural protegida para bosque Los Colomos-la Campana. Con esto la superficie aumentaría de 125 a 207.9 hectáreas, al decretar Área Estatal de Protección Hidrológica en la zona que conecta los polígonos protegidos de carácter municipal del bosque Los Colomos y Arroyo La Campana, con lo que se reforzará la protección legal de este pulmón de la ciudad.

No obstante, para que estas medidas puedan ser eficaces, es necesario aplicar la expropiación conforme a la fracción IV del artículo 56 de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

En mérito de lo anterior, se propone a la honorable consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Jalisco, para que se inicien los estudios y acciones conducentes a la Expropiación por causa de utilidad pública, de los predios propiedad particular enclavados en el polígono del bosque Los Colomos , ubicado en entre los límites de los municipios de Guadalajara y Zapopan, en el estado de Jalisco, actualmente bajo administración de ambos municipios en las zonas de ubicadas en sus respectivos territorios. Lo anterior, como una medida necesaria para su eficaz protección y conservación.

Dado en la Ciudad de México; a los 13 días del mes de enero de 2016.

Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al SAT a revisar sus procedimientos en las aduanas de Baja California Sur para eliminar la doble revisión de las mercancías enviadas al interior del país, suscrita por el senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Servicio de Administración Tributaria a que realice una revisión de sus procedimientos en las aduanas de Baja California Sur a efecto de eliminar la doble revisión de las mercancías que se envían al interior del país desde este estado , al tenor de las siguientes

Consideraciones

La región fronteriza en nuestro país ha contado en varias ocasiones con un trato diferenciado, esto en reconocimiento a la dinámica económica especial que existe en dichas regiones que interactúan con otros países, de donde surge la necesidad de establecer políticas que permitan a la región mantener la competitividad.

Como ejemplo de dichas políticas podemos mencionar la tasa diferenciada del Impuesto al Valor Agregado que desde 1978 se implementó con el propósito de promover el consumo en el territorio nacional, dado que las regiones fronterizas tienen condiciones de mercado diferentes a las del resto del país.

Así, en la frontera norte, la demanda de bienes es más alta que en el resto del país, siendo frecuentes las importaciones de los mismos, por lo que la tasa diferenciada de IVA, era una medida enfocada a evitar la fuga de consumidores, a través de precios competitivos del mercado nacional con el mercado del otro lado de la frontera.

Sin embargo, con la reforma hacendaria de 2013, a partir del primero de enero de 2014 entraron en vigor diversas modificaciones a las leyes fiscales, entre las que se encuentra el incremento de la tasa del IVA en la frontera que pasó de 11 por ciento a 16 por ciento, homologándose con la del resto del país.

Respecto de esta medida, diversos sectores manifestaron su preocupación pues dentro de los principales efectos de la homologación del IVA en la frontera se previó el incremento de la inflación, la disminución de la competitividad de las empresas, la fuga de consumidores, la disminución del poder adquisitivo para las personas de menos recursos y en general la caída de la economía regional. Derivado de lo anterior, diversos sectores promovieron múltiples acciones en contra de esta medida y de otras contenidas en la reforma de 2013, caracterizadas por la intención de obtener mayor recaudación generando un impacto negativo en la economía de los mexicanos.

A partir de la eliminación de diversas medidas que beneficiaban a la región fronteriza –en la que se encuentra considerado el territorio de Baja California Sur–, surge la necesidad de ajustar todos los procedimientos que son alcanzados por el efecto de las modificaciones realizadas.

Tal es el caso de procedimientos aduanales en los que se revisaba el cálculo de los impuestos de mercancías en la región fronteriza, mismos que encontraban su fundamento en los beneficios otorgados a dicha región, que al desaparecer ya no tienen razón de ser.

Actualmente a los usuarios de los servicios de paquetería que requieren realizar sus envíos de Baja California Sur al interior de la República se les obliga a realizar una revisión de su mercancía en la aduana de La Paz, dicho trámite se considera innecesario porque en su mayoría se trata de mercancías locales, documentos, enseres personales y artículos usados por lo que no debería darse el mismo trato que al envío de mercancías importadas. Incluso en el caso de mercancías de importación que cuentan con los sellos originales de aduana para su envío al interior de la república se pide que sean revisados nuevamente en la aduana, provocando que se realice dos veces el mismo trámite. Situación que se considera necesario que sea revisada por la autoridad competente, pues genera cargas excesivas que obstaculizan el envío de mercancías desde Baja California Sur hacia el interior del país.

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria a que realice una revisión de sus procedimientos en las aduanas de Baja California Sur a efecto de que elimine aquellos que carezcan de fundamento a raíz de la eliminación de beneficios para la región fronteriza, con el propósito de evitar la doble revisión de mercancías que se envían al interior del país desde este estado.

Sede de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2016.

Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a someter a consideración de sus integrantes la reforma política de la Ciudad de México, suscrita por el senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador Mario Delgado Carrillo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el numeral 1 y 2 del artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, con el debido respeto, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, en razón de la siguiente

Exposición de Motivos

La reforma política de la Ciudad de México representa un avance del federalismo de nuestro país para que todas las entidades ostenten las mismas facultades, beneficios y responsabilidades. También representa un paso más en la emancipación de nuestra capital y sus ciudadanos respecto de los Poderes federales.

En el régimen interior, esta reforma implica, a pesar de la poca inclusión de los ciudadanos en el modelo del constituyente, la posibilidad de los capitalinos de autodeterminación por medio de una Constitución Política que les dé la ciudad que quieren. Al exterior, mayor independencia de los Poderes federales e igualdad frente a los estados de la federación.

Algunos legisladores federales han mostrado preocupaciones sobre las consecuencias de esta reforma; sin embargo, es necesario precisar algunos puntos sobre la Ciudad de México y los cambios constitucionales aprobados en el Senado de la República el 15 de diciembre de 2015:

• Esta reforma no impacta negativamente a los estados, por el contario, pone a la Ciudad de México en una posición de mayor igualdad frente a las demás entidades federativas.

• La Ciudad de México no se convierte en el estado treinta y dos. Con la reforma, ésta adquiere un mayor grado de autonomía, sin embargo, no se homologan sus facultades a las de los estados.

• La reforma no implica cambios en el sistema nacional de coordinación fiscal. El Distrito Federal –ahora Ciudad de México–, seguirá siendo miembro de éste y seguirá recibiendo en la misma proporción recursos de participaciones y aportaciones federales. La ciudad es igualmente afectada por las fórmulas de distribución de los recursos de la Ley de Coordinación Fiscal; a pesar de ser el lugar donde se recauda la mayor parte de los ingresos federales es la entidad que en proporción menos recibe a cambio.

• La Ciudad de México es el gran contribuyente de la hacienda federal; capta más de 60 por ciento de los ingresos federales tributarios y no tributarios. Además es la entidad federativa que mayores ingresos propios genera; 47.1 por ciento de los ingresos totales son propios.

• La Ciudad de México no recibe beneficio ni trato diferenciado que los demás estados en materia de salud y educación. La educación no se ha descentralizado porque sigue pendiente por las disposiciones del artículo cuarto transitorio del decreto que expidió Ley General de Educación. En materia de Salud, los servicios se descentralizaron a partir de 1997.

• La Ciudad de México, es la ciudad de todos, aquí se asientan los Poderes federales y es sede de diversos recintos nacionales; esto implica costos en materia de seguridad ciudadana, movilidad, gestión de residuos, entre otros. El fondo de capitalidad que contempla la reforma es el reconocimiento de estos costos; diversas capitales del mundo cuentan con subsidios de esta naturaleza como el caso de Caracas.

• Uno de los pendientes que deja esta reforma política es la autonomía financiera de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión seguirá definiendo el techo de endeudamiento de la capital; esto limita la capacidad de la ciudad de planear su infraestructura productiva a largo plazo.

En conclusión, la reforma política de la Ciudad de México representa un paso en el camino de la autonomía de la capital respecto de los Poderes federales y de igualdad frente a los estados de la federación; de ninguna manera causa menoscabo a las demás entidades federativas, por el contrario avanza en un federalismo en que todas las entidades ostenten las mismas facultades y responsabilidades.

Hay pendientes que atender en temas como la coordinación fiscal y la descentralización de los servicios públicos, sin embargo, esta no es la reforma que los trata; esta reforma atiende un déficit democrático en nuestro sistema federal y una deuda con la ciudadanía de la capital.

Existen grandes retos para la ciudadanía capitalina en la materialización de esta reforma; el diseño del constituyente compromete los beneficios potenciales que los capitalinos podrían obtener, sin embargo, es una lucha que le corresponde a los habitantes de esta ciudad.

Al ser una reforma constitucional necesita el aval del Constituyente Permanente, es decir, la aprobación de la mayoría de los Congresos locales; por eso pedimos respetuosamente a las legislaturas de los estados que sometan a consideración de sus integrantes la reforma política de la Ciudad de México.

Hasta el momento los Congresos de los estados de México, Coahuila, Chiapas, Hidalgo, Michoacán, Durango, Nayarit, Tabasco, Jalisco, Aguascalientes, Puebla y Zacatecas han aprobado la reforma política de la Ciudad de México. Las legislaturas de Baja California, Colima, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz; y Tlaxcala se encuentran en periodo ordinario de sesiones, por lo que podrían incluirla en sus asuntos a desahogar. Las demás legislaturas deberían convocar a periodos extraordinarios.

Por lo expuesto sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente resolutivo

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos de los estados a someter a consideración de sus integrantes la reforma política de la Ciudad de México, para avanzar en un sistema federal igualitario para todas las entidades federativas y garantizar a los habitantes de la capital el derecho a la autodeterminación.

En la Ciudad de México, a 13 de enero de 2016.

Senador Mario Delgado Carrillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la PGJ de Sonora a ampliar las investigaciones sobre la red de tráfico de menores detectada en agosto de 2015 para que, en su caso, se deslinde responsabilidad penal contra el ex gobernador Guillermo Padrés Elías por su presunta participación, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la república, integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente Proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor del pleno desarrollo y protección de los derechos de la niñez mexicana, así lo demuestra la amplia legislación que existe en la materia a nivel nacional, donde destacan instrumentos jurídicos como la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley para el tratamiento de menores infractores; a nivel internacional está la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Convenio 138 de la OIT sobre Edad Mínima Laboral; y el Convenio 182 OIT sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil.

Conforme a lo establecido en el párrafo noveno del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

En este tenor, el Estado mexicano y sus instituciones tienen la permanente obligación de garantizar en favor de nuestra niñez un cumulo de derechos básicos que hagan posible un mejor futuro, entre los que destacan los que a continuación se refieren: alimentación, salud, educación, vestido, vivienda, afecto, respeto, recreo, identidad y nacionalidad.

En el caso de la adopción, la fracción II del artículo del Código Civil Federal, establece que se debe garantizar que sea benéfica para la persona que trata de adoptarse, atendiendo al interés superior de la misma.

En contravención a las disposiciones referidas, en días recientes se dio a conocer que el ex gobernador del estado de Sonora y su cónyuge participaron en la adopción irregular de al menos 300 niños. En la comisión de estas conductas delictivas, los implicados -entre ellos servidores públicos-, recibían beneficios económicos por entregar a los infantes, esto en perjuicio de las madres biológicas, quienes en todos los casos se encontraban en situación de vulnerabilidad (pobreza extrema y problemas de adicción).

Cabe mencionar que la desarticulación de la referida red de tráfico de infantes fue posible gracias una denuncia presentada por irregularidades en el proceso de adopción, presentada en marzo de 2015 y que en agosto del año pasado derivó en 16 órdenes de aprehensión por la participación en la comisión de los delitos de suposición, supresión, ocultación y sustitución de padres, y sustracción y tráfico de menores.

Entre los implicados se encuentra José Manuel Hernández López, actualmente prófugo, quien hace unos días en el programa de radio “Proyecto Puente” declaró que en los ilícitos hubo anuencia y colaboración del ex Gobernador y la ex presidenta del DIF. Asimismo, señaló que comenzó a participar por recomendación de Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, ex subprocurador de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Sonora (también acusado por la venta de menores de edad).

Por otro lado refiere que la cantidad solicitada por niño, iba de los 100 mil a los 130 mil pesos. Destaca que el propio implicado señaló que todos los trabajadores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora tuvieron injerencia en la comisión de los delitos, de ahí el número de casos.

No podemos omitir que la administración de Guillermo Padrés Elías como titular del Ejecutivo del estado de Sonora, se caracterizó por la constante presencia de irregularidades, omisiones y arbitrariedades cometidas, por acción o por omisión, al margen de la ley, así como por la violación sistemática de derechos humanos imputadas a diversos servidores públicos estatales e incluso a personas cercanas al ex gobernador de militancia panista.

Entre los casos más graves, se encuentra el derrame en el Río Sonora, considerado como el “peor desastre ambiental en la industria minera del país de los tiempos modernos”, el cobro de dádivas en la adjudicación de contratos, e incluso el cambio de flujo de ríos y múltiples violaciones a la Ley de Aguas Nacionales, provocando la limitación del derecho humano al agua.

Por si esto no fuera suficiente, a finales de noviembre de 2015, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó que durante la administración de Guillermo Padrés Elías se presentaron anomalías en la recaudación de impuestos.

Además, el 19 de diciembre de 2015 se dio a conocer la orden de aprehensión en contra de un empleado del ex gobernador relacionado con la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en sus modalidades de posesión, administración y transporte.

Lo anterior, deja de manifiesto diversas violaciones y conductas al margen de la Ley, que no solo se limitan a lo relativo a cuestiones fiscales o de adjudicaciones en licitaciones, sino que además ha llegado a vulnerar derechos humanos como ocurre en el caso que nos ocupa.

En consecuencia, es de vital importancia que las autoridades correspondientes deslinden la responsabilidad penal del ex gobernador del estado de Sonora, en virtud de lo que el bien jurídico afectado, es el interés superior de la niñez. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia de Sonora, para que en el marco de sus funciones, amplié las investigaciones en relación a la red de tráfico de menores detectada en la entidad en agosto de 2015, para que en su caso, se deslinde responsabilidad penal en contra del exgobernador Guillermo Padrés Elías por su presunta participación por acción u omisión.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a trece de enero de dos mil dieciséis.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de la Conagua a informar de los resultados del estudio hidrológico sobre el impacto ambiental del centro integral de manejo, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos industriales y peligrosos que se construye en General Cepeda, Coahuila, suscrita por la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Silvia Guadalupe Garza Galván, senadora por Coahuila de Zaragoza, integrante de la Comisión Permanente y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como del artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Agua para que informe sobre los resultados del estudio hidrológico sobre el impacto ambiental del Centro Integral de Manejo, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de Residuos Industriales y Peligrosos que se construye en el municipio de General Cepeda, Coahuila de Zaragoza, conforme al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los últimos años el manejo de los residuos sólidos y líquidos ha sido un grave problema que enfrentan los gobiernos municipales de las entidades federativas. Es importante recordar que con la entrada en vigor de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2003, se buscó garantizar el derecho de toda persona a un medio ambiente sano mediante un manejo integral de los residuos.

Uno de medios para llegar a prevenir, controlar y disminuir la contaminación del medio ambiente y proteger la salud humana es el establecimiento de instrumentos, programas y planes en la política ambiental para la gestión de residuos. En el caso particular que da origen a esta proposición, tiene que ver con el Centro Integral para el Manejo, Tratamiento, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos Industriales y Peligrosos, Cimari, en el municipio de General Cepeda, dentro del ejido “la Noria de la Sabina”, con una superficie de 34 hectáreas y capacidad instalada de tratamiento inicial de 40 mil 253 toneladas anuales de desechos industriales.

Actualmente en el Estado de Coahuila ya existe un Cimari que está operando en el municipio de Ramos Arizpe, se estima que recibe un promedio de dos millones de toneladas de residuos. Al autorizar la construcción de un nuevo Cimari en el estado se convertirá en la entidad federativa que recibiría la mayor cantidad de materiales peligrosos de todo el país, con todos los riesgos y peligros que ello implica, no únicamente para la salud de la población sino también para los mantos acuíferos, el subsuelo y los ecosistemas en general.

Los residuos peligrosos, en cualquier estado, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables y biológico-infecciosas, pueden representar un riesgo para el equilibrio ecológico, el medio ambiente y la salud de la población; por lo que es preciso que las autoridades competentes en la materia, determinen con claridad los criterios, procedimientos, características y listados que los identifican.

Igualmente, es menester recalcar que en México la norma oficial NOM-052-SEMARNAT-2005, establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de residuos peligrosos.

Ante la inminente creación del Cimari en el municipio de General Cepeda es importante que se realicen estudios hidrológicos con base en la normatividad aplicable para conocer las posibles afectaciones que puedan generarse, especialmente en los mantos acuíferos y los subsuelos. Derivado de los estudios deben priorizarse y minimizarse los daños graves al medio ambiente y ante el temor de los pobladores de la región en relación a los riesgos y de seguridad que generaría la construcción del Cimari debe hacerse público dicho documento.

Es necesario que la Comisión Nacional del Agua, mediante sus atribuciones como órgano superior en la materia de gestión de los recursos hídricos que incluyen su control y protección, haga públicos los estudios técnicos hidrológicos sobre el impacto ambiental del Cimari en el municipio de General Cepeda, Coahuila.

Por último quiero mencionar que en el Senado de la República estamos a la espera de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informe sobre los fundamentos técnicos, jurídicos y ambientales, por las cuales se autorizó la construcción de un segundo Cimari en Coahuila, por lo que la información aquí solicitada servirá para tener el panorama total de los riesgos del multicitado centro de manejo de residuos.

Por lo expuesto, someto a la consideración de ésta soberanía la proposición siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Agua, para que informe a esta soberanía sobre los estudios técnicos hidrológicos sobre la calidad del agua en los mantos acuíferos en la zona donde se construye el Centro Integral para el Manejo, Tratamiento, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos Industriales y Peligrosos en el municipio de General Cepeda, en el estado de Coahuila. Igualmente exhortan para que en caso de que no se hayan realizado dichos estudios se realicen.

Dado en el honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 13 de enero del 2016.

Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a atraer por la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión el caso del asesinato del periodista Moisés Sánchez Cerezo; y a las autoridades de Veracruz involucradas, a solucionar y atender el asunto, suscrita por los diputados Omar Ortega Álvarez y Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos diputados, Omar Ortega Álvarez y Felipe Reyes Álvarez, integrantes del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

José Moisés Sánchez Cerezo, editor del periódico La Unión , de Veracruz, fue privado de su libertad por hombres armados el viernes 2 de enero de 2015 en su hogar, ubicado en la localidad de El Tejar, en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz. Moisés Sánchez fue encontrado sin vida la madrugada del sábado 24 de enero del mismo año, en el municipio veracruzano de Manlio Fabio Altamirano.

Por el crimen, Clemente Noé Rodríguez Martínez fue detenido; él era integrante de la extinta Policía Intermunicipal. Al ser capturado confesó haber asesinado a Moisés por encargo de Martín López Meneses, quien fuese escolta y subdirector de la Policía Municipal, y del presidente municipal de Medellín, Omar Cruz Reyes, quien habría amenazado a Sánchez Cerezo tres días antes de los hechos, de acuerdo a lo denunciado por las organizaciones defensoras de la libertad de expresión, Artículo 19, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y por el propio hijo de Moisés, Jorge Sánchez1 . Esto apuntaba a una venganza cometida por el periodismo de denuncia que Sánchez ejercía.

Sin embargo, un año después del crimen que sacudió al gremio periodístico y a la sociedad en general, éste sigue en la impunidad. Solamente cuatro personas recibieron formal prisión: Clemente Noé Rodríguez, Martín López Meneses, y los motopatrulleros de la policía municipal, José Francisco García y Luigi Heriberto Bonilla2 . Empero, Omar Cruz Reyes, el entonces presidente municipal de Medellín de Bravo, presunto autor intelectual del asesinato, según la propia Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), sigue libre y prófugo, y cuenta con un amparo contra la orden de aprehensión emitida por su presunta participación en la desaparición y posterior homicidio de Moisés. Por su parte, Martín López Meneses también obtuvo un amparo con el que recobró su libertad. Ambos amparos fueron obtenidos por la falta de sustento probatorio, es decir, la deficiencia de la investigación realizada por la FGE3 .

De acuerdo con la misma fiscalía, todavía existen otros cinco presuntos autores materiales en libertad4 .

En este mismo sentido, la organización Artículo 19 ha declarado que en el caso se han documentado graves deficiencias en el proceso de investigación como “ausencia de pruebas periciales y protocolos de búsqueda, falta de respuesta de autoridades a los oficios de búsqueda emitidos, líneas de investigación que se guían por dichos de informantes, y errores de forma en la integración del expediente”5 .

Por su parte, la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la Procuraduría General de la República (PGR), abrió su propia indagatoria sobre el caso, pero se ha negado a ejercer su facultad de atracción6 .

La duplicidad de actuaciones en ambas fiscalías “ha prolongado y obstaculizado una investigación que debe ser objetiva, imparcial, independiente, eficaz y exhaustiva, para conocer la verdad de los hechos y someter a procesos penales a todos los actores involucrados en la desaparición y homicidio del periodista Moisés Sánchez”, ha señalado Artículo 19. Muestra de esto se refleja en el hecho de que al menos seis personas involucradas en el crimen continúan sin ser identificadas por las autoridades ministeriales7 .

De igual forma, las organizaciones que acompañan el caso han declarado que tanto la Comisión Nacional como la Comisión Estatal de Derechos Humanos han tenido un papel pasivo en la integración y determinación de las violaciones a derechos humanos de Moisés y su familia, puesto que para ellas no existen elementos suficientes para señalar las deficiencias en los procesos iniciados por la FGE y la Feadle8 .

De acuerdo a información hemerográfica, entre los años 2011 y 2015, 15 periodistas han sido asesinados durante el gobierno de Javier Duarte. Asimismo, Reporteros sin Fronteras, coloca a Veracruz como uno de los 10 lugares más peligrosos para ejercer la profesión periodística.

La seguridad de las personas que ejercen el periodismo debe ser garantizada y el asesinato de Moisés Sánchez no puede quedar sin castigo. Las autoridades deben aplicar todo el rigor de la ley para hacer justicia frente a este caso. No hay excusa para que esto no ocurra, salvo la indiferencia y la complicidad. La impunidad no puede continuar gobernando la entidad veracruzana, los asesinos de personas inocentes no pueden continuar inmunes.

Por lo descrito, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, a que en el sentido de sus atribuciones, atraiga el caso del asesinato del ciudadano y periodista José Moisés Sánchez Cerezo.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General del Estado de Veracruz a concluir la investigación sobre la presunta participación del expresidente municipal de Medellín de Bravo, Veracruz, Omar Cruz Reyes, en la desaparición y posterior homicidio de José Moisés Sánchez Cerezo.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a investigar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en el asesinato del periodista José Moisés Sánchez Cerezo.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Veracruz a que, cumpliendo con sus facultades, garantice la vida e integridad de las personas que ejercen el periodismo y a que ejecute las acciones necesarias para prevenir y sancionar cualquier acto que violente la libertad personal, la libertad de expresión y el libre ejercicio periodístico.

Notas

1 Ureste, M. “Él es Moisés Sánchez, el reportero asesinado en Veracruz”. Consultado el 10 de enero de 2016 en: http://www.animalpolitico.com/2015/01/el-es-moises-sanchez-el-reportero -desaparecido-en-veracruz-que-hacia-periodismo-con-el-sueldo-de-su-taxi /

2 Ureste, M. “El Sabueso: ¿Los asesinatos de periodistas en Veracruz están “totalmente esclarecidos”?” Consultado el 11 de enero de 2016 en http://www.animalpolitico.com/elsabueso/los-asesinatos-de-periodistas-e n-veracruz-estan-totalmente-esclarecidos-como-dice-duarte/

3 Redacción AN. “En asesinato de Moisés Sánchez, un año de impunidad: Artículo 19” Consultado el 11 de enero de 2016 en http://aristeguinoticias.com/0401/mexico/en-asesinato-de-moises-sanchez -un-ano-de-impunidad-articulo-19/

4 Ureste, M. “El Sabueso: ¿Los asesinatos de periodistas en Veracruz están “totalmente esclarecidos”?” Consultado el 11 de enero de 2016 en http://www.animalpolitico.com/elsabueso/los-asesinatos-de-periodistas-e n-veracruz-estan-totalmente-esclarecidos-como-dice-duarte/

5 Ibídem.

6 Redacción AN. “En asesinato de Moisés Sánchez, un año de impunidad: Artículo 19” Consultado el 11 de enero de 2016 en http://aristeguinoticias.com/0401/mexico/en-asesinato-de-moises-sanchez -un-ano-de-impunidad-articulo-19/

7 Ibídem.

8 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2016.

Diputados: Omar Ortega Álvarez, Felipe Reyes Álvarez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se condena el ensayo nuclear efectuado por la República Popular Democrática de Corea, suscrita por los senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, Angélica del Rosario Araujo Lara y Alejandro Encinas Rodríguez, de los Grupos Parlamentarios del PAN, PRI y PRD

Quienes suscriben, Laura Angélica Rojas Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Angélica Araujo Lara, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Alejandro Encinas Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, senadores de la república de la LXIII Legislatura, y presidenta y secretarios, respectivamente, de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales del Senado de la República, así como Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 60, y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de Unión se suma a la enérgica condena de la comunidad internacional contra el ensayo nuclear efectuado por la República Popular Democrática de Corea al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado miércoles 6 de enero, a las 10 horas locales, el servicio geológico de Estados Unidos detectó un terremoto de magnitud 5.1 en el noreste norcoreano, precisamente en el área de Kilju, donde el gobierno de la República Popular Democrática de Corea, denominada comúnmente como Corea del Norte, había llevado a cabo tres pruebas nucleares anteriores (2006, 2009 y 2013). Más tarde, el mismo día, el gobierno de ese país, a través de un mensaje televisivo, informó que el terremoto había sido consecuencia de un “exitoso” ensayo de detonación de una bomba de hidrógeno o termonuclear con la que había advertido contar desde poco menos de un mes. La agencia oficial norcoreana de noticas, KCNA, divulgó una imagen de la orden, firmada por el líder supremo de ese país, Kim Jong-un, quien de su puño y letra enfatiza “Que el mundo vea este Estado fuerte, autosuficiente, en posesión de la bomba nuclear”. Prácticamente de inmediato, y a pesar de que aún se duda de la verdadera magnitud de la amenaza de una bomba que los escépticos aún creen no cuenta con las capacidades destructivas que Pyongyang señaló, se generalizó el rechazo de la comunidad internacional a esta afrenta a la estabilidad mundial por parte de uno de los pocos regímenes totalitarios que subsisten en el planeta.

El secretario general de la ONU condenó “de forma inequívoca” la prueba nuclear con una bomba de hidrógeno que el régimen de Pyongyang asegura haber llevado a cabo con éxito. El ensayo constituye “un elemento enormemente desestabilizador que menoscaba los esfuerzos internacionales contra la proliferación de las armas nucleares” y llamó al “cese de toda actividad nuclear” por parte de ese país. Su declaración fue recabada momentos antes de la reunión de emergencia convocada por el Consejo de Seguridad a puerta cerrada para examinar el tema Durante esa reunión de carácter extraordinario, celebrada el pasado 6 de enero, el Consejo de Seguridad por unanimidad acordó preparar nuevas sanciones contra Corea del Norte. En un comunicado presentado a los medios por el Embajador uruguayo Elbio Rosselli, presidente del Consejo de Seguridad durante el mes de enero, este órgano condenó enérgicamente el ensayo nuclear, lo calificó como una “clara amenaza para la paz y la seguridad internacional” y advirtió que tomaría “significativas medidas adicionales” ante la persistente violación de sus resoluciones por parte de este país. Se espera que el Consejo de Seguridad acuerde el texto de una resolución que incluya una nueva ronda, la quinta desde el primer ensayo nuclear país asiático en 2006, de sanciones en materia diplomática, financiera, comercial y aduanera. Las anteriores fueron adoptadas en las resoluciones 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 y 2094 (2013) del Consejo.

Desde su sede en Viena, Austria, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Yukiya Amano, señaló que de confirmarse que Corea del Norte ha probado una bomba de hidrógeno, esto supondría una lamentable violación a resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y del propio OIEA. El diplomático japonés ofreció también la colaboración del OIEA para contribuir a una resolución pacífica del conflicto nuclear norcoreano retomando las inspecciones que el gobierno norcoreano decidió interrumpir en 2009. Por su parte, también desde Viena, la secretaria ejecutiva de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de las Pruebas Nucleares (CTBTO), Lassina Zerbo, enfatizó que el ensayo nuclear viola la norma universalmente aceptada contra las pruebas nucleares y a la que se han adherido 183 países –precisamente los signatarios del Tratado- desde 1996. Igualmente Zerbo subrayó su esperanza de que este ensayo constituya el llamado de alerta para que la comunidad internacional decida hacer entrar en vigor el tratado de prohibición completa.

Para el grueso de la comunidad internacional y especialmente para Corea del Sur, Japón y China, país con el que Corea del Norte atraviesa una etapa de especial frialdad en la historia reciente de sus relaciones bilaterales, la prueba constituye una amenaza que no puede pasar inadvertida y una provocación que de ninguna manera puede tolerarse. Tanto al interior como fuera del Sistema de las Naciones Unidas, la comunidad internacional se encuentra actualmente en consultas para convenir en una respuesta concertada a esta detonación que supone una más en una larga lista de provocaciones a la paz y la seguridad internacionales del gobierno de Corea del Norte.

En congruencia con su posicionamiento histórico en los foros multilaterales en materia de desnuclearización, el gobierno de México condenó enérgicamente el ensayo nuclear norcoreano enfatizando la manera en que éste viola resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas así como múltiples disposiciones del Tratado para la No Proliferación de las Armas Nucleares, TNP, y lo calificó como una amenaza a la paz y la seguridad internacionales que mina la confianza e incrementa las tensiones en la península coreana. Mediante un comunicado, México subrayó también que siempre ha denunciado el desarrollo y la utilización de las armas nucleares mismas que por su sola existencia ponen en peligro a la humanidad entera y advirtió que continuará impulsando en la Asamblea General de la ONU iniciativas para abolir completamente las armas nucleares.

Entre octubre y diciembre pasado, conviene recordar que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó, con el respaldo de más de dos terceras partes de su membresía, diversas resoluciones que México elaboró y cabildeó con el copatrocinio de otros países en materia de desarme e impacto humanitario de las armas nucleares. A partir de su aprobación, las discusiones sobre armas nucleares, concentradas previamente en cuestiones de seguridad militar, deberán partir de la consideración del impacto que la utilización de estas armas tiene no sólo desde el punto de vista humanitario sino también desde la perspectiva de la protección del medio ambiente, los ecosistemas, el combate al cambio climático, la preservación de la salud global y consideraciones relevantes sobre el desarrollo sostenible.

Las resoluciones aprobadas, impulsan las negociaciones actuales en materia de desarme nuclear, luego de un largo impasse en el seno de la Comisión de Desarme, y abren una vez más el debate sobre la necesidad de corregir un desequilibrio histórico al ser las únicas armas de destrucción en masa que no son objeto de una prohibición expresa y contundente en el derecho internacional.

Las resoluciones son las denominadas Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, Promesa Humanitaria, Dimensión Ética para alcanzar un Mundo Libre de Armas Nucleares y Avance en las negociaciones multilaterales en materia de desarme nuclear.

De acuerdo con la resolución sobre la Promesa Humanitaria, que hace referencia al documento del mismo título adoptado por 120 Estados durante la Tercera Conferencia sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares que tuvo lugar del 8 al 9 de diciembre de 2014, se enfatiza la necesidad de que todo debate sobre la implementación de obligaciones y compromisos relativos al desarme nuclear debe tomar en cuenta la evidencia sobre su impacto humanitario y adoptar el imperativo de la seguridad humana y la protección de la población civil frente al uso de armas nucleares. Igualmente, hace un llamado a todos los Estados poseedores de armas nucleares, a adoptar medidas concretas para reducir el riesgo de detonaciones, disminuir el papel de las armas nucleares de sus doctrinas militares y a reducir el estatus operativo de sus arsenales. Finalmente, la resolución sobre el Impacto humanitario de las armas nucleares destaca que “redunda en interés de la supervivencia misma de la humanidad que nunca vuelvan a utilizarse las armas nucleares bajo ninguna circunstancia”.

El esfuerzo de sensibilización sobre la inmensa capacidad destructiva de las armas nucleares y su carácter indiscriminado, de comprensión de las consecuencias humanitarias del uso de armas nucleares y la reafirmación de la vigencia del ámbito multilateral como el idóneo para hacer frente a los desafíos del desarme nuclear y la no proliferación, merece una coordinación de esfuerzos entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo para que en el desahogo de sus distintos compromisos internacionales se busque contribuir a las negociaciones sobre desarme nuclear tendientes a su eventual proscripción.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión se suma a la enérgica condena de la comunidad internacional contra el ensayo nuclear efectuado el 6 de enero de 2016 por la República Popular Democrática de Corea y hace un llamado a los parlamentarios integrantes de órganos legislativos de los países poseedores de armas nucleares, a adoptar medidas para reducir el riesgo de detonaciones e incorporar la dimensión humanitaria a las discusiones relativas a la existencia y el uso de estas armas.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a redoblar los esfuerzos tendentes a negociar y adoptar un instrumento internacional jurídicamente vinculante que proscriba este tipo de armamento y pugne por un nuevo modelo de seguridad internacional.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la delegación permanente del Congreso mexicano ante la Unión Interparlamentaria a adoptar como prioridad en la agenda, durante la próxima 133 asamblea del organismo a celebrarse del 19 al 23 de marzo de 2016 en Lusaka, Zambia, la necesidad de llenar el vacío legal en materia de desnuclearización a través un instrumento jurídicamente vinculante de proscripción de las armas nucleares.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2016.

Senadores: Laura Rojas Hernández, Angélica Araujo Lara, Alejandro Encinas Rodríguez, Luisa María Calderón Hinojosa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Chiapas a garantizar el estado de derecho en Oxchuc, suscrita por el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se exhorta al gobierno del estado de Chiapas a garantizar el estado de derecho en el municipio de Oxchuc, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado viernes 8 de enero ocurrió un enfrentamiento en el municipio de Oxchuc entre pobladores del municipio y policías estatales debido a que estos últimos intentaron recuperar el control de la cabecera municipal, horas después de que fueran detenidos 38 opositores a la alcaldesa María Gloria Sánchez Gómez del Partido Verde Ecologista de México, quien tomó posesión de su cargo el pasado 1 de octubre de 2015.

Estas 38 personas fueron detenidas por el delito de motín y por su presunta participación en protestas contra Sánchez Gómez.

Durante los últimos tres meses los opositores a la alcaldesa han realizado marchas y bloqueos carreteros para exigir su destitución y la integración de un concejo municipal, con el argumento de la imposición de la actual alcaldesa, de que divide a la población y se benefició del puesto de edil que tuvo su esposo Norberto Sántiz López.

El viernes pasado las autoridades estatales convocaron a una reunión en esta ciudad a los inconformes para tratar el tema, pero los 38 integrantes de la comisión fueron detenidos por la policía.

Los pobladores, al enterarse de la detención de sus compañeros, bloquearon la carretera que comunica Oxchuc con Ocosingo y Palenque. Se apoderaron de un tractocamión y dos autobuses, y bloquearon una vía para impedir el paso de vehículos de la policía estatal.

Los resultados del enfrentamiento fueron 66 lesionados entre policías estatales y municipales, 15 casas resultaron dañadas y vandalizadas, entre ellas la de la presidenta municipal y del juez de Paz y Conciliación Indígena, tres vehículos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado fueron incendiados y dos autobuses de pasajeros quemados.

Posterior a ello, durante el fin de semana, las autoridades liberaron a los 38 detenidos a cambio de que los opositores a la alcaldesa liberaran a un total de 33 retenidos, 22 de ellos policías y 6 ciudadanos, entre ellos el juez de Paz y Conciliación Indígena y sus hijos.

Fuentes oficiales indicaron que tras el intercambio, efectivos de las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, junto con policías federales y estatales, tomarían el control de la cabecera municipal esta mañana, la cual ha estado en posesión de los opositores desde el 29 de septiembre de 2015.

Cabe señalar que las acciones emprendidas por ambas partes afectan a terceros y a la sociedad en general, con los bloqueos carreteros, agresiones, secuestros de camiones y destrucción de los mismos, atentando contra el estado de derecho y arriesgando la integridad física de las personas y de su patrimonio. Este tipo de daños y la falta de seguridad, sin duda son factores que pueden afectar el desarrollo del turismo así como otras inversiones en la zona.

Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal, a través de las instituciones involucradas, así como al gobierno del estado de Chiapas, con absoluto respeto a su soberanía, a garantizar el estado de derecho en el municipio de Oxchuc.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con absoluto respeto al federalismo, exhorta al ciudadano Manuel Velasco Coello, gobernador constitucional del estado de Chiapas, para que por conducto de las autoridades competentes se garantice la seguridad e integridad de los habitantes del municipio de Oxchuc, privilegiando el diálogo entre las partes involucradas.

Tercero. Se solicita a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a que considere este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2016.

Senador Zoé Robledo Aburto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la asistencia del presidente de la CNDH por la presentación de su informe anual de actividades ante la Comisión Permanente, suscrita por el diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Alberto Martínez Urincho, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. El artículo 102, Apartado B, de la Constitución federal estable la obligación de presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en los siguientes términos:

“El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley”

Asimismo, los artículos 15, fracción V, y 52 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre dicho informe señalan:

Artículo 15. El Presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

V. Presentar anualmente a los Poderes de la Unión, un informe de actividades, en los términos del artículo 52 de esta Ley.

Artículo 52. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente ante los Poderes de la Unión, un informe sobre las actividades que haya realizado en el período comprendido entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre del año inmediato anterior. Al efecto, comparecerá en el mes de enero ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; posteriormente, presentará el informe ante el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicho informe será difundido en la forma más amplia posible para conocimiento de la sociedad.”

Al efecto, en el contexto democrático resulta imprescindible que el formato en el que desahoga la presentación del Informe Anual de Actividades de la CNDH se ajuste a los principios de transparencia y rendición de cuentas, permitiendo que haya una interacción y diálogo entre los poderes públicos.

Segunda. El pasado Informe de Actividades de la CNDH, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reconoció lo siguiente:

La situación de los derechos humanos en México atraviesa un periodo de crisis que se presenta como el entorno más difícil en los 24 años que tiene de existencia este organismo constitucional autónomo. Los recientes casos, que han lastimado sensiblemente el tejido social, se encuentran relacionados con graves violaciones a los derechos fundamentales, entre ellos: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales.

Todo ello ha resurgido en medio de una espiral de violencia generada por graves agresiones a la sociedad, perpetradas por grupos vinculados con el narcotráfico y el crimen organizado.

Aunado a lo anterior, la corrupción y la impunidad imperante han restado credibilidad a los responsables de ejercer el poder público, y ante ello nuestra sociedad exige acciones inmediatas y efectivas que den cauce y respuesta a sus reclamos de justicia, legalidad y respeto pleno a la dignidad humana, a la exigencia básica de vivir con seguridad y tranquilidad, contando con instituciones democráticas que atiendan sus demandas”.

Tercera. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando a finales de 2015 realizó una visita a nuestro país, observó un estado grave de la situación que guardan los derechos humanos, sobre todo en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, la situación de inseguridad ciudadana, la falta de acceso a la justicia, la impunidad, la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en el país.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, precisó que la violencia y las violaciones a los derechos fundamentales es especialmente grave y desproporcionado sobre personas en situación de pobreza, personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos, mujeres, niños, niñas y adolescentes, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas, personas lesbianas, gay, bisexuales y trans, entre otros. La violencia contra familiares de víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas es ejercida con el objetivo de silenciar las denuncias y el reclamo de verdad y justicia, y perpetuar la impunidad para las graves violaciones a los derechos humanos. La violencia y el amedrentamiento buscan acallar las voces que más necesita México.

Asimismo, la CIDH en su documento Observaciones Preliminares de la Visita in loco de la CIDH a México, anexo al comunicado de prensa, del 2 de octubre de 2015, se señaló lo siguiente:

“La comisión valora las medidas que el Estado ha tomado para hacer frente a esta situación. En particular reconoce las importantes reformas en materia de derechos humanos que se han introducido en México a partir de 2011. La CIDH reconoce la modificación de diversos artículos de la Constitución que establecen que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección”. De este modo, la CIDH constató una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial, y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país.

Por lo expuesto y fundado, someto a la a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión acuerda celebrar la comparecencia del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con base al siguiente formato:

I. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos rendirá protesta de decir verdad.

II. Presentación a cargo del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos compareciente, hasta por 20 minutos.

III. Una ronda de posicionamientos de los grupos parlamentarios hasta por cinco minutos cada uno, en orden creciente:

a) Grupo Parlamentarlo del Partido Encuentro Social;

b) Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;

c) Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano;

d) Grupo Parlamentario de Morena;

e) Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;

f) Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;

g) Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y

h) Grupo Parlamentarlo del Partido Revolucionario Institucional.

IV. Dos rondas de sucesivas preguntas y respuestas, en orden creciente, con base en los siguientes lineamientos:

a) Pregunta del grupo parlamentario, hasta por tres minutos.

b) Respuesta del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hasta por tres minutos.

V. Una ronda final para preguntas, respuestas y comentarios, en orden creciente, de conformidad con las siguientes características:

a) Pregunta del grupo parlamentario, hasta por tres minutos.

b) Respuesta del servidor público compareciente, hasta por tres minutos.

c) Comentarios del grupo parlamentario, un minuto.

VI. La versión estenográfica de la comparecencia del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos será remitida por el presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a los Poderes Ejecutivo y Judicial federales para su conocimiento.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2016.

Diputado Alberto Martínez Urincho (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se hace un reconocimiento a los ciudadanos mexicanos por los premios otorgados en la edición número 73 de los Globo de Oro, suscrita por el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que el Senado de la República se congratula y emite su más alto reconocimiento a los ciudadanos mexicanos por los premios otorgados en la 73 edición de los premios Globo de Oro, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 10 de enero de 2016 se llevó acabo la 73 edición de los premios Globo de Oro en el hotel Beverly Hilton de la ciudad de Los Ángeles, dicha ceremonia revistió un significado muy especial porque entre los nominados se encontraban mexicanos destacados en el ámbito del cine y la televisión mundial.

En esta edición de los premios Globo de Oro, por segundo año consecutivo, Alejandro González Iñárritu se adjudicó el Globo de Oro en las categorías de Director y Película de Drama por su cortometraje El Renacido.

Asimismo, Gael García Bernal obtuvo un Globo de Oro como el Mejor Actor en una Serie de Comedia o Musical, por su participación en el programa Mozart in the Jungle.

Como es bien sabido, Iñárritu, de manera independiente y sin apoyo por parte del Estado mexicano, en diferentes ocasiones ha alcanzado diversos reconocimientos a nivel internacional, tal como fue el ganar tres Óscares por la película Birdman (Mejor Película, Mejor dirección, Mejor guion original) en la 87 edición de estos premios y el premio a la Crítica en Cannes por Amores Perros, de la misma manera, este cineasta ha sido nominado a los Óscares por Babel y Biutiful por Mejor Película Extranjera respectivamente.

Por su parte, a nivel internacional, Gael García Bernal, también sin apoyo del Estado Mexicano ganó en el año 2001 el premio Marcello Mastroianni a la interpretación revelación por la película Y Tu Mamá También, en el 2006 el premio Gotham al mejor reparto por su participación en la cinta Babel, de la misma manera, ha sido nominado a los premios BAFTA por su actuación en la película Diarios de Motocicleta y a los premios Goya como mejor actor de reparto en la película Sin Noticias de Dios.

Por lo anterior y por muchos ejemplos más como lo es el caso de los creadores Alfonso Cuarón o Emmanuel Lubezki, es claro que México es cuna y semillero de gente talentosa y artísticamente sensible que debería de ser apoyada y empoderada por los tres órdenes de gobierno y por las instituciones culturales para ayudar a que los sueños de los miles de actores, fotógrafos y cineastas mexicanos se vean realizados y en su momento, reconocidos por la comunidad internacional.

Los legisladores estamos facultados para presentar proposiciones con punto de acuerdo para solicitar la declaración expresa en relación con acontecimientos de interés general. Con base en ello, consideró oportuno que la Comisión Permanente no solo congratule a estos talentosísimos mexicanos por los premios recibidos, sino que también, se propongan y administren esquemas y mecanismos para el apoyo a los cineastas y actores nacionales, pues hasta ahora, la historia nos ha dejado ver que, el Estado Mexicano, no apoya con recursos federales a estos mexicanos, sino que los deja a su suerte y es que con sus propios recursos y sin el apoyo del gobierno federal, es que han salido adelante.

Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión se congratula y emite su más alto reconocimiento a los ciudadanos mexicanos Alejandro González Iñárritu y Gael García Bernal por los premios otorgados en la 73 edición de los premios Globo de Oro.

Segundo. Se solicita a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a que considere este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 13 de enero de 2016.

Senador Zoé Robledo Aburto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la directora general de la CDI a informar a esta soberanía sobre los motivos del despido de 25 empleados de la delegación de Oaxaca, en año electoral en la entidad, suscrita por la diputada Natalia Karina Barón Ortiz y el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputada Natalia Karina Barón Ortiz y senador Benjamín Robles Montoya, integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con base en el último censo poblacional, realizado en 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, se contaba con 6 millones 695 mil indígenas, lo que significaba el 6.5 por ciento de la población total, distribuida en 62 grupos. Desafortunadamente, este sector se caracteriza por vivir en condiciones deplorables ya que no ha podido desarrollarse al mismo ritmo que el resto de los mexicanos en el ámbito económico, lo que repercute en su alimentación, salud, vivienda y educación, entre otros factores; esto a pesar de que México es uno de los pocos países que tiene la dicha de poseer una composición étnica multicultural tan extensa.

En relación con lo anterior, el 4 diciembre de 1948 se aprobó la Ley del Instituto Nacional Indigenista, que fue derogada el 21 de mayo de 2003 y quedó en su lugar la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Cdi, la cual es un organismo descentralizado de la administración pública federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal.

La Cdi se estableció como instancia de consulta obligada en materia indígena para el conjunto de la administración pública federal, así como de evaluación de los programas y acciones de gobierno y de capacitación de servidores públicos federales, estatales y municipales para mejorar la atención a la población indígena.

Este ordenamiento, después de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el más importante instrumento legal en la materia ya que establece la creación de un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, mismo que tiene la encomienda de aplicar los programas sociales idóneos para mejorar las condiciones de vida de nuestros indígenas.

Para que esta entidad pueda cumplir con sus funciones se le ha designado un presupuesto de 11 mil 677 millones 556 mil 707 pesos para 2016 y se distribuye en los siguientes programas:

Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas

Programa de Apoyo a la Educación Indígena

Programa de Infraestructura Indígena

Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena

Programa de Derechos Indígenas

Sin embargo, el presupuesto asignado (el cual pasó de 10 mil 364 millones de pesos en 2013, a 11 mil 667 millones para el año 2016) no se ha visto reflejado en el desarrollo social y económico de los indígenas del país, como ejemplo tenemos, de acuerdo con datos del portal de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda, cuatro de los programas más importantes a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) no habían ejercido al cierre del tercer trimestre del 2015 el presupuesto que les fue asignado para dicho ejercicio.

Otro ejemplo según datos de la misma fuente es que en el Programa Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas, que tiene como objetivo “Contribuir a preservar y fortalecer la cultura de los Pueblos Indígenas reconociendo su carácter de patrimonio nacional mediante políticas públicas pertinentes”, del millón trescientos ochenta y seis mil pesos aprobados para el ciclo, únicamente se ejercieron 806 mil pesos.

En el caso del Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena, solo se ejerció un millón doscientos mil pesos del millón quinientos mil pesos aprobado.

Es realmente preocupante que en algunas de las Delegaciones estatales de la CDI, por la falta de perfil y vocación de servicio de los delegados, se presenten situaciones muy similares a la que se presentan a nivel central, tal es el caso de la Delegación de la CDI en Oaxaca, dependencia en la que el delegado presuntamente se ha coludido con gestores que prometen a los municipios la gestión de sus obras a cambio de que acepten a las empresas que les propongan o que entreguen un porcentaje del costo de la obra que va del 10 al 20%, dependiendo del presupuesto que tenga asignado, lo cual representa un fraude.

Aunado a lo anterior, el pasado 18 de diciembre, la Delegación de la CDI en Oaxaca despidió a 40 trabajadores de confianza y eventuales adscritos a la misma, así como a los Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena de dicha entidad.

Los empleados afectados han referido que de manera directa se les indicó que su despido obedece a una instrucción directa de las oficinas centrales de la dependencia.

Cabe señalar que los empleados despedidos manifiestan que el verdadero motivo de su despido se debe a que no son ni militantes ni simpatizantes del PRI, por lo que tanto la Directora General como el Delegado Estatal buscan llenar esos espacios con gente a fin a dicho instituto político, a fin de operar y desviar los recursos de la dependencia a favor del mismo y con ello, de sus candidatas y candidatos a gobernador del estado, diputadas y diputados, así como de las presidencias municipales durante este año electoral en la entidad.

Compañeras y compañeros legisladores, no podemos permitir este ilegal uso de recursos públicos, tan necesarios en estados como Oaxaca que se encuentran sumidos en el rezago, es nuestra obligación abonar en el fortalecimiento de las vías democráticas, en la transparencia y en la rendición de cuentas.

Por lo expuesto y en ese sentido resulta importante promover el presente punto de acuerdo en los siguientes términos:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que informe a esta soberanía los motivos por los que fueron despedidos 25 empleados de la delegación de la Cdi en Oaxaca, en año electoral en dicha entidad.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a que respete los derechos laborales de las y los 25 trabajadores arbitrariamente despedidos y garantice la continuidad de su relación laboral.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al titular de Secretaría de la Función Pública a efecto de que investigue los hechos aquí señalados y sancione a las y los responsables de estas acciones que además de afectar a las y los trabajadores de la Delegación, impactan directamente a los pueblos y comunidades indígenas hacia quienes va encaminada la labor de la institución.

Dado en el salón de sesiones, a 13 de enero de 2016.

Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica), diputada Natalia Karina Barón Ortiz.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, los gobernadores, el jefe del GDF y el Congreso de la Unión a trabajar en una nueva política de seguridad pública, fortalecimiento del Estado y combate de la corrupción, suscrita por el senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Luis Humberto Fernández Fuentes, senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución , al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los hechos sucedidos el pasado 2 de enero cuando Gisela Mota, presidenta municipal de Temixco, Morelos, fue asesinada a balazos en su casa, apenas un día después de haber tomado protesta, nos llevan a una reflexión obligada no sólo sobre la gestión del Mando Único de Policía, sino sobre la estrategia nacional de seguridad que se ha implementado en los últimos años.

Este hecho lamentable y reprobable es un desafío más de la delincuencia al Estado mexicano. Nos muestra un estado vulnerado con capacidades limitadas, ya no sólo para proteger el patrimonio y garantizar la vida de los ciudadanos, sino también la integridad y el actuar de las propias autoridades.

Según el Informe de 2015 de la organización The Fund for Peace, que cada año, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), realiza evaluaciones anuales sobre la fragilidad de los estados, México ocupó el lugar número 100 de un total de 178 naciones.

Frente a esta realidad es necesario pensar diferente. El eje de la estrategia no sólo debe ser un tema de instrumentos policiacos, el punto es cómo fortalecer la capacidad de respuesta del Estado mexicano. Permítanme presentar la evidencia, acotando que este tema no debe abordarse a partir de una aproximación o una interpretación partidista. Debemos revisar con madurez los datos duros que tenemos.

1. En cuanto a los resultados. Si bien reconocemos que varios de los principales cabecillas del crimen organizado han sido capturados, también es importante reconocer que una vez capturados se han dado a la fuga, o han sido puestos en libertad por deficiencias en la integración de expedientes. El tema de fondo es que hoy los cárteles de la droga no han visto mermada su potencia económica y operación delincuencial.

2. Si bien reconocemos un compromiso y una intención por combatir estos cárteles, también tenemos que reconocer que hoy el estado no cuenta ni con más, ni con mejores herramientas para enfrentar las redes delincuenciales. El crimen en este país es hoy una ingeniería compleja. Hoy los cárteles son organizaciones que presentan procesos económicos integrados que incluyen desde el derecho de piso que paga el taquero de la esquina del barrio, hasta el lavado de dinero e inversiones en el sistema financiero internacional, pasando por el secuestro e incluso actividades productivas como la minería, la pesca, la ganadería y la agricultura. Esta es una mezcla de empresas legítimas e ilegales, con una presencia importante en las economías local y nacional. El control y potencia económica no son producto de la suerte, son estructuras construidas con la complicidad y complacencia de muchos gobiernos locales, alimentados en la corrupción e impunidad.

3. Es un grave error pensar en la corrupción y el crimen organizado como dos fenómenos diferentes, ya que son dos caras de una misma moneda. Ante tal escenario, se requiere una estrategia de fortalecimiento del estado y seguridad pública que no sólo tenga como componente principal el combate a la corrupción, sino que considere elementos como el desarrollo social y económico, la atención a las víctimas y la posibilidad de reintegración productiva de delincuentes.

Es importante tomar una definición sobre el Mando Único en el entendido de que es una fórmula deseable, pero no universal y única.

El decálogo propuesto por el Ejecutivo federal para fortalecer la seguridad y la justicia en noviembre de 2014, debe ser debatido y atendido, pero bajo el entendido de que en la forma adecuada pueden ser útil, pero no representa la única solución para esta delicada situación.

Estamos obligados a una reflexión seria, profunda, madura y objetiva sobre qué está funcionando y qué tenemos que hacer para mejorar esta situación.

Acordemos una solución, una ruta integral y de largo plazo que fortalezca al estado y que permita a las instituciones recuperar su potencia y credibilidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución , el presente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a los gobernadores y gobernadora de los estados del país, al jefe de gobierno del Distrito Federal y al Congreso de la Unión, para trabajar en una nueva política de seguridad pública, fortalecimiento del estado y combate a la corrupción.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2016.

Senador Luis Humberto Fernández Fuentes (rúbrica)


Efemérides

Con motivo de la conmemoración de los 100 años del Primer Congreso Feminista, efectuado en Mérida, Yucatán, a cargo de la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI

Mientras la sociedad siga privilegiando a los hombres por el simple hecho de serlo, el feminismo será necesario.

Mérida, Yucatán

De la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, en nombre de las integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República, Angélica de la Peña Gómez, Martha Elena García Gómez, Anabel Acosta Islas, María del Rocío Pineda Gochi, Itzel Ríos de la Mora, Lucero Saldaña Pérez, Rosa Adriana Díaz Lizama, Gabriela Cuevas Barron y María del Pilar Ortega Martínez, con motivo de la conmemoración de los 100 años del primer Congreso Feminista efectuado en Mérida, Yucatán, presentan la siguiente efeméride:

Es 13 de enero de 1916, y en el teatro Peón Contreras, de Mérida, Yucatán, se lleva a cabo el Primer Congreso Feminista de México (el primero en Latinoamérica se llevó a cabo en 1910 en Buenos Aires, Argentina), convocado por Salvador Alvarado, gobernador del estado, a sugerencia de Elvia Carrillo Puerto y organizado por Hermila Galindo (quien tiene la única ponencia feminista radical) y Consuelo Zavala.

En la convocatoria de aquel congreso se leía que era un error educar a la mujer para una sociedad que ya no existe, habituándola a que, como en la antigüedad, permanezca recluida en el hogar.

También se señalaba que para la formación de generaciones libres y fuertes es necesario que la mujer obtenga un estado jurídico que la enaltezca, una educación que le permita vivir con independencia y que para lograr esto, era necesario –y lo sigue siendo– que las mujeres concurran con sus energías e iniciativas a reclamar sus derechos, a señalar la educación que necesita y a pedir su injerencia en el Estado.

Es importante señalar que derivado de este congreso se define quiénes se afiliarían al Partido Socialista Obrero, que luego se convertiría en el Partido Socialista de Yucatán y, posteriormente, en el Partido Socialista del Sureste. Entre las afiliadas estaban Hermila Galindo y Elvia Carrillo Puerto.

Para nadie es desconocido que el trabajo que realizó el gobierno del general Alvarado fue seguido por Felipe Carrillo Puerto, quien además dio continuación al movimiento feminista yucateco.

En su gobierno se reconoce el derecho al divorcio por consentimiento mutuo, por causas legales y sin causas legales, además de señalar que se aplicarían medidas drásticas para hacer que los padres reconozcan y sostengan a los hijos legítimos o ilegítimos, en caso de divorcio.

Por lo que concierne a la participación política de las mujeres, en su gobierno (1922) se permite a las mujeres votar en elecciones locales, y por primera vez se eligió a una mujer para desempeñar un encargo público municipal.

Después de esto llega Elvia Carrillo Puerto a ser diputada local; sin embargo, no pudo continuar en el encargo. No obstante, Elvia Carrillo Puerto continuó luchando y se mudó a San Luis Potosí, donde las mujeres sí podían votar y ser votadas. Sin embargo, Elvia no escapó a la violencia machista en el país y fue tiroteada ocho veces por el suplente del entonces gobernador sustituto, Cesáreo Vázquez.

Elvia había ganado dicha elección con 4 mil 576 votos contra 56 de su opositor, pero la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados descartó la victoria.

Elvia Carrillo Puerto fue una gran luchadora feminista que impulsó las Ligas Feministas de Resistencia, que tenían como objetivo ocupar la fuerza de la mujer en actividades voluntarias como alfabetizar, atender enfermos, establecer cocinas económicas, programas de higiene familiar y asistir a mujeres menos privilegiadas. La primera liga fue Rita Cetina, que Elvia Carrillo Puerto operaba desde Mérida.

Elvia luchó hasta el fin de sus días por la igualdad de las mujeres, presenciando el reconocimiento del derecho de las mujeres al voto en el ámbito municipal en 1947 y en el federal en 1953.

También luchó incansablemente por el control de la natalidad, la libertad sexual y el divorcio.

A 100 años de su realización, las mujeres hemos avanzado en muchas cosas, aunque –en efecto– se ha tenido que trabajar sin cesar en ese siglo.

La lucha de las mujeres por ser reconocidas como ciudadanas y, además, para que los derechos civiles, políticos, culturales, sociales y económicos sean reconocidos ha sido constante y trascendente.

Así, hemos logrado la emancipación del hogar paterno en igualdad de condiciones que los hombres; logramos ingresar en los centros educativos hasta la universidad; logramos incorporarnos en el mercado laboral; logramos ser ciudadanas que votan y que forman parte del gobierno y de sus congresos, con lo que hemos logrado hacer visibles los problemas que seguimos enfrentando en el día a día, los que hablan sobre violencia y abandono, los que hablan de pobreza y segregación.

Aún seguimos luchando por ocupar espacios públicos y porque se nos respete en lo privado; tomamos como ejemplo a estas grandes mujeres que abrieron camino y honramos su trabajo en el quehacer diario.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2016.

Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica)

Con motivo del centenario del Primer Congreso Feminista realizado en el país, a cargo del senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el pleno, la presente efeméride con motivo del centenario del primer Congreso Feminista realizado en nuestro país:

Con el permiso de la presidencia.

Compañeras y compañeros legisladores.

El feminismo en nuestro país es un una posición intelectual política y cultural, un movimiento social que combate la discriminación y la desigualdad hacia las mujeres de nuestro territorio.

Hoy que conmemoramos el centenario del Primer Congreso Feminista de nuestro país celebrado los días 13, 14, 15 y 16 de enero de 1916. Por convocatoria del entonces gobernador Salvador Alvarado, comandante militar de aquel Estado. Vale la pena recordar lo que significa el feminismo.

El feminismo, en palabras de Gabriela Cano Ortega “Es un conjunto de ideas que busca transformar convenciones sociales, prácticas culturales y hábitos relativos a las relaciones sociales y a las representaciones culturales de género”.

En aquel año de 1916, las mujeres congresistas en su mayoría profesoras yucatecas, participaron con posturas de avanzada, moderadas y conservadoras. Entre las ponentes, cabe mencionar a Elvia Carrillo Puerto y Rosa Torre quienes abordaron el tema del sufragio femenino.

En este Congreso las participantes llegaron a múltiples acuerdos, enfocándose principalmente en sus facultades, libertades y derechos, mismas que debían equipararse con las de los hombres.

Asimismo, destacaron una agenda cultural, para fomentar la afición a la pintura, crear una Academia de Dibujo, Pintura, Escultura y Decorado; clases de música, de declamación, de fotografía, platería, trabajos de fibra de henequén, imprenta, encuadernación, litografía, fotograbado, grabado en acero y en cobre, el arte de la florista, trabajos de cerámica y fomentar la afición por la literatura.

Las congresistas aprovecharon la ocasión para solicitar becas para las señoritas del interior de la entidad así como su participación en clases nocturnas, escuelas, granjas mixtas, así como en el estudio de disciplinas como la medicina y la farmacéutica.

Como todo proceso, la igualdad de género en nuestro Estado ha sido un proceso gradual que se ve transformado desde la llegada del pensamiento feminista, diluyendo cada día la subordinación al hombre en todos los sectores.

Parte fundamental de las creadoras de este pensamiento feminista fueron Sor Juana Inés de la Cruz, Marcela Lagarde, Florinda Lazos León, Rosario Castellanos, Elvia Carrillo, Hermila Galindo, Esperanza Brito de Martí, Marta Lamas, entre otras.

Asimismo, diversas publicaciones como Femenina Violetas del Anáhuac y el semanario ilustrado La Mujer Moderna, jugaron un papel fundamental para impulsar la rebelión literaria e informativa.

Estos fueron algunos de los cimientos que alzaron la pluma para dar difusión a las peticiones que lograron la apertura de derechos para las mujeres, logrando el 17 de octubre de 1953 el voto a las mujeres y el primer sufragio de la mujer el día 3 de julio de 1955.

Durante esta lucha ideológica por la igualdad de género, no debemos olvidar las múltiples participaciones de las mujeres que dieron la vida por defender las inconmensurables intervenciones a nuestro país intentando ser partícipe de los distintos movimientos sociales ocurridos en México, las que por la independencia arriesgaron a sus familias y por la revolución arriesgaron todo.

Mujeres que ofrecieron su vida a principios de siglo pasado y en los momentos en que a este género le fue más importante. No debemos olvidar que el movimiento tuvo un gran esplendor entre los años de 1960 a 1980, y desde la primera década del siglo XXI, podemos afirmar que la desaparición de algunas conductas machistas se ven en cada vez más sectores de nuestra población, haciendo tangible la transformación direccionada de la equidad a la igualdad.

La igualdad de condiciones laborales, económicas, de participación, de representación política, de acceso y de pleno disfrute de derechos socioculturales y en la vida pública son cada vez más notables en nuestra vida cotidiana.

Hoy, a un siglo del primer Congreso Feminista, tenemos la mayor participación de mujeres en el Congreso de la Unión y con ella, la responsabilidad de dignificar la participación de todas aquellas mujeres que combatieron contra una sociedad de costumbres arraigadas que durante muchos años las criticó por exigir un espacio digno en esta, nuestra sociedad.

Aunque la igualdad de género comienza por sentirse en las prácticas sociales de nuestro entorno social aún falta fomentarla de manera que la totalidad de las acciones sociales las tomen como referente. Los integrantes de esta LXIII legislatura debemos trabajar para continuar mejorando la política para un sano estado de derecho, trabajando para lograr la totalidad de la equidad a lo largo de nuestro país.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, el día 13 del mes de enero de 2016.

Senador Zoé Robledo Aburto (rúbrica)

Con motivo del fin de la Guerra de Reforma, a cargo del senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

El pasado lunes 11 de enero conmemoramos la culminación de la Guerra de Reforma en el año de 1861.

El presidente Benito Juárez, en esa fecha, hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México, hecho que representaba el fin de los tres años de esta Guerra.

Don Benito Juárez exclamó fuertemente: “Siempre he procurado hacer cuanto ha estado en mi mano para defender y sostener nuestras instituciones. He demostrado en mi vida pública que sirvo lealmente a mi Patria y que amo la libertad. Ha sido mi único fin proponeros lo que creo mejor para vuestros más caros intereses, que son afianzar la paz en el porvenir y afianzar nuestras instituciones”. Y “como hijo del pueblo nunca podría olvidar que mi único fin debe ser siempre su mayor prosperidad”.

Una de sus mayores preocupaciones era que “No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No se pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala.”

Signo de admiración es el ejemplo de este prócer de la Patria. Resulta indispensable practicar su legado ético, filosófico y social por el que propugnó toda su vida. La frase: “Libre, y para mí, sagrado es el derecho de pensar... La educación es fundamental para la felicidad social; es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos” es tan actual como cuando lo pronunció el propio Patricio.

Vanagloriemos hoy los valores personales que llevaron a formar a un hombre de carácter y liderazgo liberal basado en la humildad como principio absoluto de su proceder, el respeto a los demás como idea fundamental de su vida y su lealtad hacia la Patria.

Retomemos pues, el espíritu de la obra de Juárez y continuemos impulsando la igualdad, la libertad, la legalidad, y la democracia. Que ninguna situación adversa detenga el andar de México.

Es cuánto.

Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica)


Inklusion
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