Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa a considerar acciones de accesibilidad universal en las instalaciones por rehabilitar al amparo del programa Escuelas al Cien, suscrita por la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Yolanda de la Torre Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, señala a la “accesibilidad” como uno de los principios centrales para que las personas con discapacidad gocen plenamente sus derechos en igualdad de condiciones. Para corresponder a este principio los estados parte están obligados a realizar las acciones pertinentes a fin de acondicionar, adaptar y proyectar debidamente el entorno donde las personas con discapacidad acceden a sus derechos, para los efectos de esta exposición de motivos se citan a continuación los artículos vinculantes:

Artículo 9 Accesibilidad

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los estados parte adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico , el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas , viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;

...

2. Los estados parte también adoptarán las medidas pertinentes para:

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;

...

Artículo 24 Educación

Los estados parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los estados parte asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a:

a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana;

b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas;

c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre.

2. Al hacer efectivo este derecho, los estados parte asegurarán que:

a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad;

b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan;

c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales;

Es de resaltar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como cualesquiera otro tratado internacional en materia de derechos humanos ha de considerarse como ley suprema en la Unión, de acuerdo al artículo 133 constitucional. Esta lógica supone que el Estado mexicano deberá implementar medidas que garanticen el acceso pleno de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, a los derechos fundamentales, en particular para efectos de esta exposición de motivos, de la educación.

2. De acuerdo al diagnóstico contenido en el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, este colectivo social se encuentra en severas desventajas con relación a la educación, contra sus pares sin discapacidad, para los fines que convienen a esta exposición de motivos se detallan a continuación los siguientes datos.

i. Asistencia escolar: la población con discapacidad de entre 3 y 29 años, presenta una tasa de asistencia escolar de 45 por ciento, mientras que su contraparte sin discapacidad mantiene 56 por ciento. De acuerdo al Censo 2010, que las personas con discapacidad física o neuromotora tienen un promedio de asistencia escolar de 39.4 por ciento, mientras que las personas con discapacidad visual mantienen una asistencia de 53.2 por ciento.

ii. Nivel de escolaridad: el Censo 2010 reporta que entre la población con discapacidad, 27.9 porciento no tiene estudios, 45.4 por ciento termino? al menos un año de primaria, 13.3 por ciento uno de secundaria, 7.3 por ciento uno de media superior y 5.2 por ciento uno de superior; 86.6 por ciento de la población con discapacidad tiene como máximo estudios de educación básica, en correlación 29.1 por ciento de las personas con discapacidad física son analfabetas.

iii. Participación económica: la participación económica de las personas con discapacidad representa 29 por ciento, mientras que el mismo indicador en las personas sin discapacidad se ubica en el 56, según el Censo 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Al separar este indicador por tipo de discapacidad se observa que las personas que tienen discapacidad visual tienen 35.3 por ciento, con discapacidad auditiva 29.7 por ciento, con discapacidad física o neuromotora 27.1 por ciento.

iv. Ocupación : El Censo 2010 reporta que de cada 100 personas con discapacidad ocupadas, 22 lo hace como trabajadoras en actividades elementales y de apoyo, 18 son trabajadores agrícolas, 16 laboran en tareas de comercio o ventas, 14 son artesanos, 10 profesionistas y técnicos, 8 realizan tareas de servicios personales y vigilancia, 6 trabajan como operadores de maquinaria, 3 como auxiliares administrativos y 2 son funcionarios, directores o jefes. La gran mayoría tiene un perfil ocupacional de baja cualificación.

Esta realidad estadística orienta la necesidad de contar con políticas públicas con la finalidad de incorporar a la escuela pública a las personas con discapacidad, a fin de reducir progresivamente los índices de desventaja social, referidos en los anteriores datos.

3. El 1 de febrero de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea la Ley General de Infraestructura Física Educativa, a efecto de contextualizar la presente proposición con punto de acuerdo, se cita el artículo 2o. de dicho ordenamiento legal, en cuyo texto se lee:

Artículo 2. El objeto de la ley es regular la infraestructura física educativa al servicio del sistema educativo nacional, estableciendo los lineamientos generales para:

I. La construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio del sistema educativo nacional;

II. La creación de programas en las áreas de certificación, evaluación y capacitación, dentro de las líneas que comprenden procesos constructivos, administración de programas, innovación en la gestión pública, desarrollo humano, informática y de asesoría técnica en el área de proyectos, peritajes, diagnósticos técnicos y servicios relacionados con la materia;

III. La generación de procesos de planeación, para que los recursos se apliquen con mayor pertinencia;

IV. La creación de mecanismos que permitan prevenir y dar respuesta a las contingencias derivadas de desastres naturales en la infraestructura física educativa nacional, y

V. La coordinación de las acciones que propicien la optimización de recursos, la homologación de procesos en los casos procedentes, así como la participación y la toma de decisiones conjuntas de las instituciones públicas del país y de los diferentes órdenes de gobierno, federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, además de los sectores de la sociedad.

El mismo decreto crea el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, cuya responsabilidad y ámbito de competencia se definen en el artículo 16, el cual se cita a continuación.

Artículo 16. El objetivo del instituto es fungir como un organismo con capacidad normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del país y de construcción, en términos de esta ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables, y desempeñarse como una instancia asesora en materia de prevención y atención de daños ocasionados por desastres naturales, tecnológicos o humanos en el sector educativo.

Para el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, el instituto considerara? en todo momento las características particulares de cada región del país, con base en su riqueza y diversidad.

El instituto estará encargado de la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública en el Distrito Federal, en las entidades federativas en el caso de instituciones de carácter federal o cuando así se convenga con las autoridades estatales.

De tal forma el instituto, dentro de su ámbito de competencia tiene la encomienda de definir las acciones necesarias para que la infraestructura física educativa cumpla con su cometido social.

4. De acuerdo a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la accesibilidad es un principio definido como: “Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales...”

Adicionalmente el comentario general número 2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad referente al artículo 9 sobre “Accesibilidad”, refiere en su numeral 39, lo siguiente: “Sin un transporte accesible a las escuelas, sin edificios escolares accesibles y sin información y comunicación accesibles, las personas con discapacidad no tendrían oportunidad de ejercer su derecho a la educación”.

Contextualizando lo antes referido, es prioritario que la accesibilidad para las personas con discapacidad se incorpore dentro de los objetivos particulares de la política pública desarrollada por el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa.

En fechas recientes, a través del secretario de Educación Pública, maestro Aurelio Nuño Mayer, se ha dado a conocer a la opinión pública un programa de capitalización, con la finalidad de adquirir recursos para la consecución de los fines del instituto antes mencionado, estos recursos se obtendrán a través de la emisión de los Certificados de Infraestructura Física Educativa, este programa ha sido denominado Escuelas al CIEN.

El objetivo de esta proposición con punto de acuerdo es exhortar a las autoridades responsables para que dentro de los programas concernientes y de manera especial dentro de la cobertura y lineamientos de operación de los Certificados de Infraestructura Física Educativa, sean considerados los elementos necesarios y suficientes para garantizar el acceso pleno y en igualdad de condiciones a las personas con discapacidad.

Aplicando de forma extensiva y suficiente las normas de accesibilidad que están contenidas en el tomo II “Accesibilidad” del volumen 3, “Habitabilidad y Funcionamiento”, correspondiente a la normativa técnica del Instituto Nacional de Infraestructura Física y Educativa. El cual contiene a detalle la información técnica y metodológica para aplicar el principio de accesibilidad en los planteles educativos, considerando las necesidades de las personas con discapacidad que requieren para usar en igualdad de condiciones las instalaciones.

De igual forma, es necesario reformar a detalle los conceptos de “Accesibilidad” contenidos en el Anexo III, de los lineamientos de operación a fin de que se proporcionen a detalle no sólo el número de personas con discapacidad en el plantel, sino el tipo de discapacidad y en consecuencia sus requerimientos, es deseable para efectos de una mejor implementación del principio de accesibilidad en las escuelas públicas, que aunque la escuela no cuente con ninguna persona con discapacidad dentro de su planta docente y alumnado, se consideren aspectos mínimos para garantizar el uso en plenitud de las instalaciones por todos los miembros de la comunidad.

Es por lo antes expuesto y de acuerdo a los artículos citados en el proemio, que se presenta a esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Instituto Nacional de Infraestructura Física y Educativa, doctor Héctor Gutiérrez de la Garza, a considerar dentro del Programa Escuelas al CIEN, las acciones necesarias y suficientes para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad en los centros educativos del país.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública, maestro Aurelio Nuño Mayer, a efectuar las acciones necesarias y suficientes para que dentro de los programas de infraestructura educativa, se cumpla con el principio de accesibilidad para las personas con discapacidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2016.

Diputada Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se hace un extrañamiento al titular del Ejecutivo federal por haber incumplido el mandato constitucional de responder en tiempo y forma las preguntas parlamentarias formuladas por la Cámara de Diputados con motivo del tercer Informe de Gobierno, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, con base a las siguientes

Consideraciones

Los nuevos tiempos, producto del advenimiento de la vida democrática hacen imperativo que quienes asumimos la tarea de servir a México nos ocupemos constantemente de edificar puentes institucionales de comunicación, para conocer la forma que cada quien propone para hacer frente a los problemas que enfrenta nuestro país, y delinear la forma en que podremos todos colaborar para darles la mejor solución.

En una nación plural como la mexicana en donde convergen las más variadas formas de vida, de percepciones sobre la realidad, de lenguajes, de ideologías políticas, es necesario que quienes tenemos la responsabilidad de conjuntar esas visiones en favor de un Estado democrático por la vía de la política como un instrumento ciudadano por definición, concurramos en la utilización de los mejores mecanismos como el diálogo para construir juntos un mejor futuro para todos.

El sistema de pesos y contrapesos, marcado por la división de poderes como lo señala nuestra Constitución Política, debe caracterizarse por la corresponsabilidad de los mismos para coincidir en un mismo fin, que es México.

La comunicación es la herramienta por excelencia para que la división de poderes signifique un equilibrio en el ejercicio del poder. Es por ello, que cada año, con motivo de la apertura de sesiones del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso General, se tenía por costumbre llevar a cabo la ceremonia de m del Ejecutivo ante el Legislativo, como un ejercicio de rendición de cuentas, pero también como un ejercicio de comunicación republicana.

No obstante, derivado de los conflictos políticos postelectorales del año 2006, esta ceremonia fue cancelada, reduciéndose a la entrega del Informe por escrito por parte del Ejecutivo, eliminando la posibilidad del diálogo directo entre los Poderes de la Unión.

Para suplir esta carencia y tener la posibilidad de entablar comunicación entre Legislativo y Ejecutivo, en el año 2008 se reformaron los artículos 69 y 93 constitucionales para instituir la figura de la “pregunta parlamentaria” como un mecanismo para ampliar la información contenida en el Informe presentado el día 1 de septiembre de cada año por escrito. Estas disposiciones constitucionales señalan lo siguiente:

Artículo 69. En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.

La reforma al artículo 93 no contempla la posibilidad del Legislativo para hacer preguntas parlamentarias al titular del Ejecutivo pero sí a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal y establece el plazo de 15 días naturales para obtener respuesta, como se muestra a continuación:

Artículo 93. Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.

...

...

Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción .

Para dar viabilidad a estas reformas constitucionales, en el año 2010 la Cámara de Diputados expidió su nuevo Reglamento, en cuyo texto se especificaron las características de las preguntas parlamentarias:

Capítulo VLa Pregunta Parlamentaria en el Pleno

Artículo 129.

1. El pleno podrá solicitar información a los servidores públicos enunciados en el artículo 93 constitucional, mediante pregunta parlamentaria por escrito .

Artículo 130.

1. Para la formulación de la pregunta parlamentaria en el pleno, los diputados y diputadas formularán sus propuestas ante sus respectivos grupos.

2. Las áreas temáticas de referencia de las preguntas serán política interior, política exterior, política social y política económica.

3. La redacción de la propuesta de pregunta deberá ser concisa y referirse a un solo tema de interés general para permitir una respuesta directa.

4. Las propuestas que sean de interés personal de quien las formula y las preguntas múltiples, no serán admitidas.

5. La Junta recibirá las propuestas de los grupos, revisará que reúnan los elementos establecidos en este precepto y en un lapso no mayor a diez días, hará la propuesta de acuerdo en donde establezca:

I. Número total de preguntas,

II. Número de preguntas que corresponde a cada grupo atendiendo al criterio de proporcionalidad, y

III. Texto de las preguntas admitidas.

6. La Junta remitirá el acuerdo a la Mesa Directiva para que se incluya en el orden del día de la Sesión más próxima para su aprobación.

7. Aprobado el acuerdo, el Presidente hará llegar al funcionario las preguntas.

8. Los funcionarios cuestionados deberán responder en un lapso de quince días, contados a partir de la recepción de las preguntas .

Artículo 131.

1. Las respuestas que los funcionarios del Poder Ejecutivo federal envíen a la Mesa Directiva se harán del conocimiento del pleno, se publicarán en la Gaceta y en la página de Internet.

2. El presidente turnará a las comisiones relacionadas con la materia, las respuestas para su correspondiente análisis, valoración y, en su caso, recomendaciones.

3. Las comisiones a las que se haya turnado las respuestas de los funcionarios, tendrán un plazo de quince días, contados a partir de la recepción del turno por parte de la Mesa Directiva, para formular conclusiones y, en su caso, recomendaciones.

4. Las conclusiones o recomendaciones de las comisiones, derivadas del análisis y valoraciones de las respuestas de los funcionarios se enviarán a la Junta para su conocimiento y a la Mesa Directiva para que dé cuenta al pleno.

5. El presidente enviará al titular del Poder Ejecutivo federal, las conclusiones o recomendaciones de las comisiones una vez que haya dado cuenta al pleno.

6. Si el servidor público no contesta la pregunta o no satisface la solicitud de información, los diputados podrán acudir en queja ante el Titular del Poder Ejecutivo Federal, a través del Presidente.

Siguiendo estos preceptos constitucionales y reglamentarios, el pasado 20 de octubre de 2015 la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados emitió el acuerdo por el que se califican procedentes las preguntas parlamentarias que se formularán al Presidente de la República con motivo del análisis del Tercer Informe de Gobierno, mismo que fue aprobado por el pleno el 21 de octubre.

A partir de esa fecha, conforme a lo señalado en el artículo 93 constitucional, correrían 15 días naturales para que la Cámara de Diputados recibiera las respuestas por parte del Ejecutivo a las preguntas parlamentarias, es decir, el 5 de noviembre como fecha límite.

Fue, apenas durante la semana corriente, que la Cámara de Diputados recibió respuesta a las preguntas parlamentarias planteadas, por lo que el Ejecutivo faltó al cumplimiento de su mandato Constitucional.

Por lo expuesto presento, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un extrañamiento al titular del Poder Ejecutivo federal, licenciado Enrique Peña Nieto, por no haber enviado en tiempo, como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las respuestas a las preguntas parlamentarias que formuló la honorable Cámara de Diputados, con motivo del Tercer Informe de Gobierno.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a los seis días del mes de enero de dos mil diez y seis.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se condena el asesinato de Gisela Raquel Mota Ocampo, presidenta municipal de Temixco, Morelos, y se exhorta al gobierno federal a colaborar en la investigación del caso, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El pasado 2 de enero del año en curso, la presidenta municipal de Temixco, Morelos, Gisela Raquel Mota Ocampo, fue asesinada en el interior de su domicilio por un comando armado a menos de 24 horas de haber rendido protesta a su cargo y de haber declarado que combatiría a fondo la inseguridad durante su mandato.

Por su parte, las autoridades policiacas del estado de Morelos actuaron de manera inmediata y lograron la detención de algunos presuntos responsables materiales de los hechos y continúan profundizando en las investigaciones, que deben llevar al esclarecimiento y castigo ejemplar a quienes participaron en este crimen.

Sin embargo, es inevitable negar el contexto en el que se enmarca este crimen: el fortalecimiento y recrudecimiento del actuar de los grupos del crimen organizado que desafían y buscan debilitar al Estado mexicano y han agraviado a todos los sectores de la sociedad en su conjunto.

Además, no puede obviarse la violencia política contra las mujeres que en el país, lamentablemente, va en aumento, lo que nos debe llevar a continuar con acciones firmes y contundentes para acabar con esta situación que lastima y ofende a todos los mexicanos.

México atraviesa por una de las más profundas crisis de credibilidad institucional, la cual impacta en sus tres órdenes de gobierno. Los grupos de la delincuencia organizada han aumentado sus fuerzas gracias a la pobreza y desigualdades existentes en el país, amparados en la corrupción y complicidad de autoridades de diferentes signos políticos en diversas esferas del quehacer público.

De acuerdo con la información proporcionada por la Comisión Estatal de Seguridad Pública, la presidenta municipal de Temixco fue asesinada por el grupo delictivo denominado Los Rojos, por negarse a pactar con ellos1 por lo que el delito podría ser considerado de orden federal; de ahí la importancia de la coordinación y colaboración eficaz entre los diferentes órdenes de gobierno, específicamente entre los cuerpos policiacos estatales y federales.

Gisela Raquel Mota Ocampo, lamentablemente, se ha convertido en una víctima más y es que según datos de la Asociación de Autoridades Locales de México, AC (AALMAC), en la última década han sido asesinados casi 100 alcaldes y más de mil funcionarios municipales víctimas de atentados por parte del crimen organizado, por ello, el asesinato de la presidenta Gisela Mota representa un desafío directo al Estado mexicano.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena el asesinato de Gisela Raquel Mota Ocampo, presidenta municipal de Temixco, Morelos.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal a reforzar y mantener la coadyuvancia y coordinación con las autoridades locales del estado de Morelos en la investigación y esclarecimiento del asesinato de la presidenta municipal de Temixco, Gisela Raquel Mota Ocampo, para que se castigue con todo el rigor de la ley a los responsables de este artero crimen y así evitar que quede en la impunidad.

Tercero. La Comisión Permanente exhorta a las dos Cámaras del Congreso de la Unión a abrir un amplio debate para construir nuevas formas de coordinación en el combate al crimen organizado para fortalecer y para hacer más eficaz y efectiva la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano en todos los órdenes de gobierno con el fin de garantizar la seguridad de la ciudadanía en el país.

Nota

1 Salgado, E. “Por negarse a pactar, ‘Los Rojos’ asesinaron a alcaldesa de Temixco”. Consultado el 3 de enero de 2015 en http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/por-negarse-a-pactar-los-rojos- asesinaron-a-alcaldesa-de-temixco.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2016.

Diputados: Jesús Zambrano Grijalva, Araceli Saucedo Reyes (rúbrica), María Cristina García Bravo, Felipe Reyes Álvarez, Omar Ortega Álvarez.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Inegi a crear una base de datos nacional sobre la viudez para implantar políticas públicas en beneficio de la población en tal estado, suscrita por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Cada 23 de junio se celebra el Día Internacional de las Viudas; al respecto, datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estiman que hay 115 millones de viudas que viven en la pobreza en todo el mundo.

La viudez es el estado civil de una persona quien ha perdido a su cónyuge y no ha vuelto a contraer matrimonio, este suceso tiene diversas causas que pueden ser: fortuitas, de salud y por edad.

Al respecto, la ONU señala que a nivel mundial la escasez de datos fidedignos confiables sigue siendo uno de los más importantes obstáculos para el desarrollo de políticas y programas que aborden la situación de pobreza, violencia y discriminación que sufren las viudas. Se presenta la necesidad de mayores investigaciones y estadísticas desglosadas por estado civil, género y edad.

En México, hasta hoy se muestran datos generales y aislados de la viudez de la mujer y el hombre en el país.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2013 reportó que en el Distrito Federal la población de 60 y más años, que se encuentran en una situación de viudez representan 27.4 por ciento de ese sector de la población, en términos absolutos la cifra de personas viudas en ese rango de edad alcanza los 274 mil 952 individuos.

Además, se menciona que son las mujeres viudas las que representan una mayor porción de personas en este rango de edad, pues existen 218 mil 485 viudas, mientras en el caso de los varones la cifra es de 56 mil 467, en términos porcentuales ellas representan casi 80 por ciento, es decir, cuatro veces el valor porcentual de los hombres en esta situación.

Este comportamiento se debe a que las mujeres presentan una esperanza de vida más alta que los hombres, lo que refleja un mayor índice de viudez en mujeres en la senectud.

En 2014, el Inegi dio como dato nacional que 45.3 por ciento de las mujeres viudas gozan de una pensión por viudez.

En 2015 el estudio Instrumentos de protección social. Caminos latinoamericanos hacia la universalización, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), señaló que en México 23.1 por ciento de las mujeres mayores de 60 años no tiene acceso a un ingreso.

Esto tiene como consecuencia un impacto social negativo, si se considera que en ese rango de edad las mujeres también pueden quedar viudas, lo cual las dejaría en estado de indefensión.

Es evidente que tanto a nivel internacional como en México la viudez tiene más impacto en las mujeres que en los hombres, pero, es necesario construir estadísticas con perspectiva de género bajo indicadores sociales, económicos, legales y culturales.

La viudez puede traer diversos problemas sociales, jurídicos, económicos y culturales para quien la padece, teniendo como resultado la discriminación, marginación y la pobreza; esta situación se agrava si existen hijos menores de edad, si hay propiedades o fracciones de tierra sin testamento, si hay discapacidad o alguna enfermedad, si se es adulto mayor, entre otras dificultades.

Al respecto, el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica del Inegi tiene la finalidad de suministrar al estado y a la sociedad, información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar con el desarrollo nacional.

Además, el Inegi tiene como principios rectores el de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia.

También el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica tiene como objetivos producir y difundir información oportuna a través de mecanismos que faciliten su consulta; promover el conocimiento, uso y conservación de la información.

Por tal motivo, consideramos necesario exhortar al Inegi para que construya, genere y difunda información oportuna que proporcione datos sobre el número, género, causa, problemáticas y situación actual, entre otros indicadores de la viudez, tanto en las entidades federativas como en los municipios, para obtener una base de datos nacional que contribuya a generar políticas públicas transversales para las personas en dicho estado civil.

Por lo antes expuesto, fundado y motivado pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que establezca una Base de Datos Nacional de la Viudez, con la finalidad de crear indicadores para que se construyan políticas públicas específicas e integrales en favor de este sector vulnerable de la población.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2016.

Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a proteger el derecho humano al agua de los habitantes de Veracruz, Boca del Río y Medellín, Veracruz, suscrita por los diputados Norma Rocío Nahle García y Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscribe, diputada Norma Rocío Nahle García y el diputado Cuitláhuac García Jiménez, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, sometemos a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El 20 de agosto de los corrientes se concesionó por 30 años a la empresa Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, MAS, la operación del sistema de agua potable y saneamiento para los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín, todos pertenecientes a Veracruz. Dicha concesión se dio bajo el esquema de asociación público-privada en la que participan la empresa brasileña Odebrecht Ambiental, la española Aguas de Barcelona Integraba de México y el Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano Veracruz, Boca del Río y Medellín.

Un dato importante de la concesión es el referente a la cláusula de “Restablecimiento del Equilibrio Económico y Financiero de la Empresa Mixta”, lo que quiere decir que el precio del suministro del agua se incrementará periódicamente, de tal forma que Grupo MAS no pueda registrar pérdidas, de hecho, se maneja que el incremento de la tarifa será mensual.

Lo anterior sería tan solo un tema comercial si no se tratara del suministro de agua para los habitantes del puerto de Veracruz, de los municipio de Boca del Río y de Medellín, y que el acceso al agua es un derecho humano.

En cuanto a los derechos humanos y nuestras normas jurídicas, el diez de junio de dos mil once se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM, para quedar, en sus primeros tres párrafos, como sigue:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales en la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar, los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.”

Con esta reforma se hace explícito el bloque de protección de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico mexicano. En este sentido, los tratados internacionales que establezcan derechos humanos en que el Estado mexicano sea parte, se incorporan al bloque de constitucionalidad o coto vedado, según el cual ningún poder constituido está en posibilidad de restringirlos o suspenderlos, salvo en los casos de emergencia y los condicionamientos establecidos en la propia Constitución.

Previa a la reforma antes mencionada al artículo 1o. de la Constitución, nuestra carta magna en el párrafo sexto del artículo 4o. ya trataba el tema del agua para el consumo humano como un derecho que se reconoce a todos los habitantes de la nación, bajo el siguiente texto.

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”

En lo referente a los tratados internacionales de los que México es parte, el derecho humano al agua se encuentra amparado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC. Dicho tratado internacional crea el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, CDESC, encargado de interpretar el PIDESC por medio de observaciones, mismas que se vuelven parte del Pacto y por lo tanto obligan a los países firmantes a observarlas y hacerlas vinculantes a su derecho interno.

Con respecto al agua, el CDESC por medio de su Observación General número 15 “el derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)”, determina en su numeral 2 que se cumple el derecho al agua cuando esta es suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.

De tal forma que el artículo 4o. de la CPEUM y el PIDESC por medio de la Observación General número 15, coinciden en señalar que el derecho humano al agua comprende el que esta esté disponible para todos en cantidad suficiente, salubre, aceptable y asequible (accesible). Si bien la CPEUM no especifica en qué condiciones se cumple con la disponibilidad, accesibilidad, salubridad y aceptabilidad, la Observación General número 15 sí lo estipula y al ser una observación que se vuelve parte del PIDESC, por efectos de los artículos 1o. y 133 de la CPEUM, forman ya parte de nuestro derecho interno, por lo cual debemos acatarla y cumplirla.

De estas cuatro condicionantes para que se respete el derecho al agua, para el presente escrito destacaremos tres de ellas, la disponibilidad, la accesibilidad y la no discriminación. En cuanto a la disponibilidad, la Observación General número 15, en su numeral 12, inciso a) señala que:

“El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. Esos usos comprenden normalmente el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. La cantidad de agua disponible para cada persona deberá corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la Salud, OMS. También es posible que algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo.”

Entonces, aquí cabría una pregunta válida, ¿qué cantidad de litros por persona al día considera la OMS como necesarios para garantizar la disponibilidad? Al respecto, se tiene que este organismo internacional señala que con 50 litros/día/persona no se satisface la disponibilidad, ya que esta cantidad no es suficiente para el baño y el aseo de la ropa, por lo que se requieren cantidades de 100 litros/día/persona para satisfacer la disponibilidad.1

Este criterio de la OMS ha sido retomado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, al resolver la Inconformidad 49/2014, en la cual, la SCJN consideró fundados los argumentos presentados por la quejosa, entre los que se encuentran los criterios de la OMS en cuanto a la cantidad de litros/día/persona necesarios para cumplimentar el derecho a la disponibilidad.

Abonando a lo anterior, si la OMS y la SCJN, consideran que el suministro de agua al día por persona debe de ser en cantidades superiores a 50 litros, hasta llegar a los 100 litros, por efectos del segundo párrafo del artículo 2o. de la CPEUM, “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales en la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.” Debemos concluir que para que en México se considere que se respeta el derecho al agua en cuanto su disponibilidad, se requiere dotar a la población de un mínimo de 100 litros/día/persona.

Con respecto a la accesibilidad, esta se precisa en el numeral 12, inciso c) de la Observación General número 15, bajo los siguientes términos:

“El agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles para todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas.”

Las cuatro dimensiones mencionadas en el citado inciso c) comprenden la accesibilidad física, accesibilidad económica, no discriminación y acceso a la información.

La accesibilidad física postula que, el tener derecho al agua supone que las instalaciones y los servicios de la misma deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población. En cada hogar, ya sea este una residencia o un modesto cuarto de lámina, en cada institución educativa o lugar de trabajo debe haber un suministro de agua o por lo menos la posibilidad de tener acceso a alguno que esté en sus cercanías inmediatas.

La asequibilidad o accesibilidad económica, significa que el agua y los servicios e instalaciones que permitan tener acceso a ella deben ser asequibles en relación con el ingreso de las personas. El Comité establece que los costos asociados con el abastecimiento del agua no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el pacto, es decir, no debe ser tal que dificulte disponer de otros bienes esenciales como salud, educación, vivienda u otros derechos humanos, de tal forma que el pago por el servicio debe de tener en cuenta la capacidad económica del usuario, y para las clases económicamente menos favorecidas, este cobro podría incluso ser inferior a los costos del suministro, es más, puede darse el caso que para algunos sectores en extremo empobrecidos el servicio deba ser gratuito.

En cuanto a la no discriminación, “El agua y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.”, es decir, el agua salubre y los servicios deben estar al alcance físico y económico de todas las personas, especialmente de aquellas que históricamente no han podido ejercer este derecho por motivos de raza, religión, origen nacional, o cualquier otro de los motivos que están prohibidos.

Después de esbozar brevemente algunas de las condicionantes que se tienen que dar para que el derecho humano al agua se considere respetado y regresando a la privatización del servicio de agua que por medio de una concesión a 30 años se le asigna al Grupo MAS, surgen una serie de interrogantes, por ejemplo, si la empresa antes de comenzar operaciones ya amenaza con que serán constantes los incrementos en el servicio y tomando en cuenta la cláusula de “Restablecimiento del Equilibrio Económico y Financiero de la Empresa Mixta”, ¿qué pasará con los habitantes que no puedan efectuar el pago o la cantidad sea tal que les comprometa el poder acceder a otros derechos humanos?

Al ser el suministro a cargo de una empresa privada, cuya razón de ser es la de obtener utilidades, con una cláusula en su concesión que le permite incrementar el costo de sus servicios de manera casi discrecional, la respuesta a la pregunta anterior es que se les negará el servicio, incluyendo los 100 litros/día/ persona que la SCJN y la OMS han establecido como mínimo, en otras palabras, se le violará su derecho al agua.

Mismo caso tendremos para los asentamientos marginales, zonas de pobreza y en cualquier parte de las poblaciones afectadas por la concesión que en estos momentos no tienen el servicio de agua potable, y que no podrán pagar el costo que les imponga la concesionaria, lo más probable es que seguirán sin este servicio y su derecho violentado, ya que entre otras, no se cumplirá la condición de no discriminación.

Entonces, no queda claro cómo privatizando el agua, bajo el esquema de asociación público-privada, con una cláusula en la concesión que impide las pérdidas económicas a la empresa concesionaria, se respetará el derecho humano al agua, en los términos que establece la CPEUM y el PIDESC, para los habitantes de Veracruz puerto, Boca del Río y Medellín.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, a que de acuerdo con las atribuciones y facultades que les fueron conferidas por la normatividad aplicable, protejan el derecho humano al agua de los habitantes de los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín, del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a los gobiernos municipales de Veracruz, Boca del Río y Medellín, todos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a que de acuerdo con las atribuciones y facultades que les son conferidas por la normatividad aplicable, revoquen la concesión otorgada para el servicio de agua y saneamiento de los municipios antes mencionados a la empresa mixta de participación público-privada Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversiones de Capital Variable.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al honorable Congreso del Estado de Veracruz, a que armonice su Ley de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de que se tutele y garantice el derecho humano al agua conforme al artículo cuarto 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que México es estado parte.

Nota

1 Al respecto se puede consultar la página de la OMS, “La cantidad de agua domiciliaria, el nivel del servicio y la salud”, disponible en:

http://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/wsh0 302/es/

Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2016.

Diputados: Norma Rocío Nahle García, Cuitláhuac García Jiménez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a los directivos de las instituciones de salud y seguridad social a modificar las normas oficiales mexicanas y otras de carácter interno a fin de establecer un horario máximo para las jornadas laborales de médicos internos y residentes, suscrita por el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Con fundamento en los artículos 76, fracción IV, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables que establecen la facultad de las diputadas y los diputados para presentar puntos de acuerdo, me permito exponer lo siguiente:

Contenido de la proposición

Por medio de la presente se propone un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar al Poder Ejecutivo federal y a los directivos de las instituciones de salud y seguridad social, a modificar las normas oficiales mexicanas, otras normas internas y lineamientos de los hospitales y clínicas de salud para establecer un horario máximo razonable para las jornadas laborales de médicos internos y residentes.

Antecedentes

El capítulo II de la Ley Federal de Trabajo regula en los artículos 61, 63, 64, 66 y 681 la duración de las jornadas laborales en México. Sin embargo, esta ley es de carácter general, por lo que tratándose de las jornadas laborales de médicos internos y residentes, el Poder Ejecutivo federal emite a través de la Secretaría de Salud las normas oficiales que regulan las condiciones y los horarios de trabajo de los médicos internos y residentes de hospitales y clínicas de salud.

Particularmente, la Secretaría de Salud emitió las Normas Oficiales Mexicanas NOM-234-SSA1-2003, “Utilización de campos clínicos para ciclos clínicos e internado de pregrado; y NOM-001-SSA3-2012, “Educación en salud. Para la organización y el funcionamiento de las residencias médicas”.

La NOM-234-SSA1-2003 define en el punto 4 el internado de pregrado como el ciclo académico teórico-práctico que se realiza como parte de los planes de estudio de licenciatura en medicina, como una etapa que debe cubrirse previamente al servicio social, al examen profesional y al título respectivo; y dispone, en el numeral 7.1, que las instituciones de salud deben realizar la programación de alumnos en sus campos clínicos y la distribución de éstos de común acuerdo entre las instituciones de salud y educativa, con base en el convenio específico de colaboración.

Asimismo, la NOM-001-SSA3-2012 define en el punto 4.4 al Médico Residente como el profesional de la medicina que ingresa a una unidad médica receptora de residentes para realizar una residencia médica a tiempo completo. El numeral 4.1 de la misma norma señala que una guardia, como el conjunto de actividades descritas y calendarizadas en el programa operativo, adicionales a las que el médico residente debe realizar durante la jornada laboral, en la unidad médica receptora de residentes en la que está adscrito o asignado.

Respecto a la jornada laboral para las prácticas clínicas complementarias o guardias de los internos, la NOM-234-SSA1-2003 dispone lo siguiente:

7.5. Las prácticas clínicas complementarias o guardias deben apegarse a lo siguiente:

7.5.1. Su frecuencia y duración deben estar determinadas por la institución de salud, sin exceder un máximo de tres veces por semana, con intervalos de por lo menos dos días.

7.5.2. En días hábiles inicia a la hora que termina el turno matutino y concluye a la hora establecida para iniciar el turno matutino siguiente.

7.5.3. Los sábados, domingos y días festivos las actividades deben cubrir 24 horas.

7.5.4. Las prácticas clínicas complementarias o guardias denominadas de “castigo” no son aplicables.

Respecto a la jornada laboral para las guardias de médicos residentes, la NOM-001-SSA3-2012 dispone lo siguiente:

8. Guardias

8.1. Los médicos residentes deben cumplir solamente las guardias previstas en el programa operativo correspondiente.

8.2. Los médicos residentes deben estar disponibles cuando sus servicios sean requeridos durante la realización de las guardias. Cuando no sea así, podrán hacer uso de las áreas de descanso para médicos residentes con la autorización del responsable del servicio.

8.3. Las guardias deben calendarizarse en el programa operativo correspondiente para desarrollar puntualmente el programa académico, incluyendo la frecuencia, horario y duración; ocurrirán tres veces por semana como máximo y tendrán intervalos de por lo menos dos días entre cada una de ellas.

8.4. En días hábiles, las guardias inician a la hora que termina el turno matutino y concluyen a la hora establecida para iniciar el turno matutino siguiente, de acuerdo a la normatividad de la institución de salud.

8.5. Los sábados, domingos y días festivos, la duración de las guardias es de 24 horas; iniciando y concluyendo actividades según se especifique en la normatividad de la institución de salud. Los médicos residentes que termine su guardia en día hábil, deben continuar las actividades descritas para el turno matutino en el programa operativo.

8.6. El personal de las unidades médicas receptoras de residentes sólo debe aplicar las guardias establecidas en el programa operativo, respetando los roles de guardias correspondientes de los médicos residentes.

8.7. Los médicos residentes no deben acreditar guardias, a través de otro médico residente.

De lo anterior se advierte que las jornadas laborales dispuestas para médicos internos y residentes exceden la duración máxima prevista en la Ley Federal del Trabajo.

Si bien los médicos necesitan un entrenamiento arduo en el ámbito de su práctica profesional, pues el trabajo que desarrollan es de suma importancia y delicadeza, resultan inhumanas las jornadas laborales que deben cumplir los médicos internos y residentes.

En México, los médicos internos y residentes suelen trabajar más del doble de lo que la Ley Federal del Trabajo establece. Por ejemplo, en el Hospital de Guadalajara, los médicos internos y médicos residentes realizan hasta 3 guardias por semana con una duración de 36 horas cada una.

Especialistas en educación pública y médica2 concuerdan que, establecer un número elevado de horas, tanto de entrenamiento médico, como de trabajo, resulta contraproducente a los objetivos de dicha actividad, pues la falta y privación de sueño incrementa enormemente las tasas de errores médicos cometidos y afectan el aprendizaje adquirido por parte de los médicos residentes e internos.

Sin embargo, este fenómeno sigue presentándose debido a que, con propósito de crear un filtro más elevado y reducir los costos de facilidades médicas. Los médicos practicantes nacionales deben aceptar todas las condiciones de empleo, incluidas las largas jornadas laborales, las cuales van seguidas de una pobre supervisión ofrecida a los pacientes a su cargo.

Estudios realizados en Europa y en Estados Unidos3 en el tema de la privación del sueño y el trabajo en horas no habituales, demostraron que los trabajadores que laboran durante la madrugada son propensos a sufrir más riesgos de enfermedades gastrointestinales y problemas cardiovasculares. En el caso de las mujeres, existe más riesgo de presentar cáncer de mamá, y, en lo que respecta a mujeres embarazadas, existe un mayor porcentaje de probabilidad de sufrir abortos, nacimientos prematuros de sus criaturas, o que los mismos bebés presenten bajo peso al nacer.

La privación crónica del sueño, junto con la fatiga y el estrés afectan la productividad en el trabajo e incrementan las incidencias y accidentes en el trabajo. Asimismo, las personas que son expuestas a los niveles de trabajo antes mencionados, tienen repercusiones en los ámbitos sociales.

Con esta iniciativa se pretende prestar atención y resolver el famoso síndrome de burn-out (cansancio excesivo) que suele presentarse en médicos practicantes, el cual compromete las actividades cerebrales, y por lo tanto, el desempeño y la calidad de atención que brindan los médicos a sus pacientes. De igual manera, favorece a los médicos internos y residentes a un mejor desarrollo integral de vida a través de mejores condiciones de trabajo.

Además, los pacientes también resultarían beneficiados al ser atendidos en los respectivos hospitales en mejores condiciones. Los pacientes se encuentran en una situación de vulnerabilidad, por lo que requieren los más delicados cuidados y atenciones, un trato cálido y eficiente, que comúnmente se ve mermado por las condiciones que generan las cargas de trabajo implantadas a médicos internos y residentes.

Por lo expuesto, y a fin de ser congruentes con los derechos de médicos internos y residentes, así como los pacientes usuarios de servicios de salud, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal y a los directivos de las instituciones de salud y seguridad social, a modificar las normas oficiales mexicanas, otras normas internas y lineamientos de los hospitales y clínicas de salud para establecer un horario máximo razonable para las jornadas laborales de médicos internos y residentes.

Notas

1 Artículo 61. La duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete horas y media la mixta.

Artículo 63. Durante la jornada continua de trabajo se concederá al trabajador un descanso de media hora, por lo menos.

Artículo 64. Cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de reposo o de comidas, el tiempo correspondiente le será computado como tiempo efectivo de la jornada de trabajo.

Artículo 66. Podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de tres horas diarias ni de tres veces en una semana.

Artículo 68. Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido de este capítulo. La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de nueve horas a la semana, obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un doscientos por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada, sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta ley.

2 “Trabajo por turnos: factores de riesgo y problemas cardiovasculares” (publicación por Henrik Bøggild y Anders Knutsson, en el Diario Escandinavo de Trabajo y de Salud Ambiental, volumen 25, número 2, 1999, páginas 85-99), y “Trabajo por turnos y la salud” (publicación por Alexander Wedderburn en la edición especial del Boletín Europeo de Estudios sobre el Tiempo, volumen 1, publicada en Luxemburgo en la Oficina para Publicaciones Oficiales de la Comunidad Europea, 2000).

3 “Ritmos biológicos: implicaciones para el trabajador” (publicación OTA-BA-463 por el Congreso de Estados Unidos de América, Oficina de Apreciación Tecnológica, 1991).

México, Distrito Federal, a 7 de enero de 2016.

Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a informar a esta soberanía por qué los precios de las gasolinas y el diésel se redujeron sólo 3 por ciento, suscrita por el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT

El senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta honorable soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Por más de sesenta años, uno de los pilares de la economía nacional ha sido los dividendos por la venta y exportación de petróleo, a tal grado que fue el principal ingreso para el Estado mexicano, siendo desplazado en los últimos años por las remesas enviadas por mexicanos radicados en Estados Unidos de América.

Por otro lado, esta riqueza energética ubica a México dentro de las diez potencias petroleras en el mundo, colocándolo en una posición privilegiada, ya que esto le permite formar parte de organizaciones internacionales políticas o de comercio, otorgándole las condiciones necesarias para ser parte de la política internacional.

Además el petróleo había sido un símbolo de nacionalismo mexicano, al considerarlo parte de la riqueza que la sociedad mexicana que de manera abstracta tenía para sí, esto al saberse herederos de un recurso tan valioso capaz de mover al mundo, su economía y en general ser el motor de la sociedad.

Sin embargo, bajo la negativa a consultar a la población y conocer su opinión sobre permitir o no la participación de entidades particulares en actividades energéticas, en diciembre de 2013, el Ejecutivo federal propuso y el Congreso de la Unión aprobó las modificaciones constitucionales que hicieron posible la participación de empresas privadas nacionales y extranjeras en actividades relacionadas con los hidrocarburos y energía eléctrica, las cuales anteriormente eran una actividad exclusiva del Estado mexicano. En medio del debate que generó la reforma energética, uno de los argumentos que defendía dicho cambio era que abriendo el sector energético a la iniciativa privada existiría competencia, y en consecuencia los precios de los combustibles tendrían una reducción en su costo.

Por otro lado, los argumentos opositores a la reforma energética fueron contundentes al señalar que los ingresos provenientes de las actividades energéticas se verían mermados a largo plazo, ya que el Estado dejaría de percibir todas las ganancias por la exportación de este recurso; además los precios de los combustibles no tendrían una reducción significativa que impactaran en los precios de los productos, o en un ahorro al consumidor.

Asimismo, la actividad y movilidad social, así como el desarrollo de la económica del Estado, dependen en gran medida de los combustibles, pues gracias a éste, las actividades sociales como el traslado y movilidad, junto con el quehacer laboral donde se producen los valores de uso y de consumo que son necesarios para la vida social, permiten reproducir y desarrollar la economía nacional.

Por tal motivo, la gasolina y el diésel como los combustibles más utilizados para la mayoría de las actividades económicas de producción y de movilidad social, laboral y de valores de uso, son fundamentales dentro de este proceso económico.

En este contexto, el consumo de ambos combustibles es inevitable, por lo que es sumamente importante considerar que el precio de la gasolina y el diésel se encuentren dentro de los parámetros del poder adquisitivo de la sociedad, puesto que al inicio de este año el precio de la gasolina Magna es de 13.16 pesos por litro, 41 centavos menos que el precio fijado en 2015, en tanto que la Premium se vende en 13.98 pesos, disminuyó 40 centavos, y el diésel tiene un costo de 13.77 pesos, se redujo su precio en 43 centavos,1 equivalente a una reducción general aproximada de los tres combustibles del 3 por ciento en relación a los precios del 2015, lo cual es verdaderamente insuficiente.

Por lo anterior, México como país exportador de petróleo, tendría que mantener los precios de las gasolinas y el diésel en un margen de bajo costo. Contraria y paradójicamente los precios de este producto han venido encareciéndose en los últimos años.

Pues tan solo de enero 2007 a enero 2015 el precio de la gasolina Premium pasó de 8.31 a 14.38 pesos por litro, equivalente a un encarecimiento del 73.04 por ciento; la magna pasó de 6.76 a 13.57 pesos por litro, equivalente a un encarecimiento del 100.74 por ciento; y el diésel pasó de 5.73 a 13.20 pesos por litro, un encarecimiento del 147.82 por ciento, siendo éste el petrolífero que más elevó su precio.2

Asimismo, en comparación con otros países exportadores de petróleo como Venezuela, Arabia Saudita, Kuwait, Irán, Argelia, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Yemen o Estados Unidos, México ocupa un sistema de precios administrativos que mantiene encarecido el precio de las gasolinas,3 sin que éste se encuentre afectado ante la reducción de los precios del petróleo en el mercado internacional petrolífero, pues el costo del combustible se sigue manteniendo a la alza.

Por ejemplo, en países como Venezuela en enero del 2016, el precio de la gasolina es de 0.02 dólares por litro; en Qatar el precio de la gasolina es de 0.26 dólares por litro; Ecuador con un precio de 0.44 dólares por litro, incluso países con una menor percepción de ingresos económicos en sus actividades económicas nacionales, tiene un menor costo en sus gasolinas en comparación con México, donde el precio de este combustible es de 0.81 dólares por litro.4

En este esquema, el poder adquisitivo que tiene la sociedad no basta para poder suministrarse satisfactoriamente de gasolina o diésel. Aunque el salario mínimo obtuvo un aumento de 73.04 pesos por día, equivalente al 4.2 por ciento respecto al salario del 2015, una persona con el sueldo de un solo día solo puede adquirir 5.5 litros de gasolina Magna.

Datos de la Dirección general de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, mencionan que en México, cada persona que utiliza un automóvil, destina el 3.4 por ciento de su salario en la compra de gasolina, mientras que en países como Argentina y Brasil, el costo por este servicio es de 1.8 y 1.2 por ciento de acuerdo a sus ingresos, respectivamente.5

Por tal motivo, se hace una amplia petición a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que entregue a esta Soberanía, un informe preponderado de los motivos y de las causas por las cuales, ante la reducción del precio del petróleo a nivel internacional, no es posible la ampliación de la banda de ajuste de precios del 3 por ciento y lograr una disminución del precio de la gasolina y el diésel que beneficien a la sociedad.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que rinda un informe pormenorizado a esta soberanía sobre los motivos y las causas por las cuales, ante la reducción del precio del petróleo a nivel internacional, solo se redujo un 3 por ciento los precios de las gasolinas y diésel.

Notas

1 Rodríguez Israel. “Bajan precios de la gasolina por primera vez en la historia reciente”. La Jornada, 2 de enero del 2016. Citado: 5 de enero del 2016. En línea:
http://www.jornada.unam.mx/2016/01/02/economia/016n1eco

2 Dirección general de Servicios de Documentación, Información y Análisis. Cámara de Diputados, 6 de febrero de 2015. Boletín 5049. Citado: 5 de enero de 2016. En línea:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Febrero/06/
5049-En-Mexico-precios-de-gasolinas-y-diesel-siguen-siendo-mas-altos-que-en-EU-SEDIA

3 Ibídem.

4 GlobalPetrolPrice.com. “Precios de la gasolina, 04-enero-2016”. Citado: 5 de enero del 2016, en línea:
http://es.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/

5 Amigón Édgar. “Mexicanos gastan 3.4 por ciento de su salario en gasolina”. El Financiero, 10 de febrero de 2014. Citado: 5 de enero del 2016. En línea:
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexicanos-gastan-de-su-salario-en-gasolina.html

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2016.

Senador David Monreal Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener, a la SCT y a los gobiernos de las entidades federativas a revisar los protocolos de seguridad y las normas oficiales en materia de transporte y distribución de gas y combustibles, suscrita por el senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, senador Arturo Zamora Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a los gobiernos de las entidades federativas, para que se realice un revisión exhaustiva a los protocolos de seguridad y a las normas oficiales en materia de transporte y distribución de gas y combustibles.

Consideraciones

Los accidentes provocados por camiones de doble remolque, carro tanques o pipas que transportan gas, gasolina, químicos u otros productos de naturaleza inflamable, derivan cada año en cientos de muertos y heridos, lo mismo por la imprudencia e impericia de conductores que por la ausencia de una normatividad sobre los horarios, zonas de tránsito y acceso a zonas urbanas.

Cabe recordar algunos casos recientes y lamentables como los ocurridos el pasado 29 de enero, cuando se registró la explosión de una pipa que se encontraba surtiendo gas en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, acontecimiento que cobró la vida de 5 personas y dejó más de 70 heridos, en consecuencia 75 por ciento de la estructura del nosocomio tuvo serias afectaciones.

Asimismo, el 29 de julio de 2014 explotó otra unidad en la colonia Cerrito Colorado, en Querétaro; el 31 de ese mismo mes, una más se volcó en la carretera entre Celaya y Querétaro.

Aunado a lo anterior, en 2013 dos unidades provocaron distintos percances en la carretera México-Puebla y Chapala-Jalisco. Por si fuera poco, el 18 de diciembre de 2012 una unidad se quedó sin frenos en la delegación Magdalena Contreras y en el 2010 se suscitó un accidente más en la carretera Culiacán- El Dorado.

En síntesis, los hechos acontecidos evidencian la necesidad de actualizar los protocolos de seguridad, entre ellos, los de suministro gas natural y gas LP, de lo contrario, a fin de procurar en la medida de lo posible, evitar que continúen presentándose este tipo de percances.

El caso más reciente se presentó el pasado 25 de noviembre en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, en la colonia Copilco, al sur de la Ciudad de México, cuando explotó una pipa que descargaba gas, provocando al menos 10 personas lesionadas, en su mayoría estudiantes universitarios que se encontraban al interior de una pizzería.

Es preocupante que estos casos se estén repitiendo en el país y que sólo momentánea y coyunturalmente se establezcan operativos que buscan más mediáticamente hablar de soluciones que resolver de fondo esta situación.

Es necesario revisar las Normas Oficiales en materia del transporte y distribución de combustibles en México, así como el traslado de materiales peligrosos, ya que es evidente que los actuales mecanismos no son suficientes para evitar estas tragedias.

En mérito de lo anterior, nos permitimos someter a la consideración de la asamblea, los siguientes

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un atento exhorto a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía, para que implemente las medidas necesarias a fin de supervisar y garantizar la aplicación puntual de la Norma Oficial Mexicana en materia de transporte y suministro de gas en el país; en su caso, se solicita hacer una revisión exhaustiva a la normatividad aplicable en materia de protocolos de seguridad, a efecto de evitar accidentes.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos de las entidades federativas para que, en conjunto con las coordinaciones de protección civil respectivas, se lleve a cabo una revisión exhaustiva a las normas que regulan la operación y los protocolos de seguridad con que operan las empresas de distribución de gas en sus respectivos ámbitos.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Energía para que en el ámbito de sus respectivas competencias, revisen y en su caso modifiquen la NOM-012-SCT-2-2014, en materia de pesos y medidas de las pipas que transportan combustible y otros materiales peligrosos en el país.

Dado en México, DF, a 7 de enero de 2016.

Senador Arturo Zamora Jiménez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se condenan las agresiones policiacas consumadas contra pensionados y jubilados de Veracruz, suscrita por el senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Fernando Yunes Márquez, senador de la república de la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente proposición con puntos de acuerdo, de urgente resolución, por los que se condenan enérgicamente las agresiones policiacas consumadas contra pensionados y jubilados de Veracruz, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. En Xalapa, Veracruz, durante el ejercicio del gobierno actual, es extraño el día en el que no se perciban manifestaciones y reuniones públicas de protesta en contra de las autoridades del estado con las más diversas demandas. Tal es el caso del pasado 10 de diciembre, donde se llevó a cabo una manifestación por parte de miles de pensionados y jubilados del estado que exigían el pago retroactivo de sus pensiones correspondiente a noviembre, así como el pago de aguinaldos y la aplicación del aumento salarial que se aprobó durante 2015. Ante tales exigencias, el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, firmó una minuta en la cual se comprometió a realizar los pagos referidos, fijando como fecha límite el 23 de diciembre del mismo año.

Segunda. Derivado de lo anterior, el 18 de diciembre de 2015 la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado entregó cheques a los pensionados y jubilados. Sin embargo, al momento de que éstos intentaron cobrar dichos cheques, se percataron de que no tenían fondos financieros. De igual manera, los que reciben sus pagos mediante nómina no vieron reflejado depósito alguno en sus cuentas, razón por la cual los afectados se volvieron a manifestar para reclamar el derecho que por ley les corresponde.

Tercera. Siendo el 23 de diciembre la fecha límite para que el gobierno del estado realizara los pagos correspondientes, los miles de pensionados y jubilados se manifestaron nuevamente, toda vez que, la Secretaría de Finanzas y Planeación volvió a incumplir el compromiso de pagar conforme a la ley a cada uno de los afectados. En este contexto, y ante la inconformidad fundada por parte de estos grupos de pensionados, el gobernador de Veracruz, en un acto de represión y violencia ordenó el despliegue de elementos de la fuerza pública para contener las manifestaciones suscitadas, atentando gravemente contra la integridad física y la libertad de expresión a la que todo ciudadano tiene derecho conforme al artículo 6o. de la Constitución y de los tratados internacionales de que el país es parte.

Cuarta. Es importante señalar que la fuerza pública es el instrumento legal, legítimo y necesario mediante el cual, los integrantes de los cuerpos policiacos hacen frente a las situaciones que afectan o ponen en riesgo la preservación de la vida. Ahora bien, los hechos ocurridos el pasado 23 de diciembre, donde pensionados y jubilados se manifestaron exigiendo sus derechos, no eran más que una protesta social justificada como muestra de descontento ante un evidente incumplimiento por parte del gobierno del estado. La protesta social es posible entenderla como un derecho autónomo, o bien, como una de las variantes del ejercicio de los derechos fundamentales de la libertad de expresión y de reunión. La manifestación corno un elemento indispensable de todas las sociedades democráticas es, al mismo tiempo, un canal para expresar la disidencia, el desacuerdo y la inconformidad ante las acciones del gobierno por parte de las personas y comunidades y, sobre todo, un instrumento de defensa y garantía de muchos otros derechos que son consustanciales a la dignidad humana.

Por ello resulta inaceptable que los elementos policiales hayan ejercido tal grado de violencia y no se hayan ajustado a los principios que señala el artículo 37 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Veracruz, como la proporcionalidad, congruencia y racionalidad a que toda corporación policial debe atender en el uso de la fuerza pública.

Quinta. La libertad de expresión consagrada jurídicamente implica no un espacio carente de limitación, sino la necesidad de que en virtud de la convivencia social, no se coarte ni limite esta capacidad pero si se exija responsabilidad derivada de la misma, cuando conlleve la afectación de valores jurídicos que la sociedad está también interesada en preservar.

Sexta. Ante la realidad de estos acontecimientos, y en mi calidad de senador por Veracruz, es un deber y exigencia inexcusable, condenar enérgicamente las agresiones policiacas que por órdenes del gobernador de Veracruz se consumaron contra pensionados y jubilados que se manifestaban pacíficamente durante diciembre de 2015 en Xalapa, para exigir el pago de su pensión y aguinaldo; asimismo, reprocho el uso injustificado de la violencia policiaca ordenada por el gobierno del Estado de Veracruz utilizada como medida para reprimir el justo reclamo de los derechos que les corresponde a estos pensionados y exhorto al gobierno de Veracruz, a respetar la dignidad e integridad física de los pensionados que hacen uso de su derecho fundamental a manifestarse para exigir el pago de las pensiones y aguinaldos que como tales deben percibir oportunamente.

Por lo expuesto, con carácter de urgente y obvia resolución someto a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena enérgicamente las agresiones policiacas que por órdenes del gobernador de Veracruz se consumaron contra pensionados y jubilados que se manifestaban pacíficamente en diciembre de 2015 en Xalapa, para exigir el pago de su pensión y aguinaldo.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz a realizar en tiempo y forma los pagos que por ley corresponden a todos los pensionados y jubilados del estado.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de Veracruz a aplicar las sanciones penales correspondientes a quienes violando garantías constitucionales agredieron a jubilados y pensionados del estado que hacían uso de su derecho de manifestación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente.- México, Distrito Federal, a 7 de enero de 2016.

Senador Fernando Yunes Márquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a implantar una campaña de difusión a fin de alertar a la población en general sobre fraudes con supuestas visas de trabajo para Estados Unidos de América y Canadá, suscrita por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, senador Ángel Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La discusión del proyecto de reforma migratoria en Estados Unidos alentó la esperanza de millones de migrantes mexicanos. Las consecuencias positivas, que la entrada en vigor de esta reforma significaría, fueron ávidamente esperadas por nuestros connacionales. Lamentablemente, esto no se concretó.

Desde ese momento, hace ya alrededor de dos años, surgieron grupos de individuos sin escrúpulos que buscaban lucrar con la ilusión de nuestros paisanos.

Desde el anuncio de la posible legalización de migrantes, que se encuentran de manera irregular en Estados Unidos, aparecieron supuestos gestores que ofrecían, en las comunidades rurales y sectores marginados, supuestas visas de trabajo.

Hoy vemos que, desgraciadamente, estos defraudadores siguen presentes en varias regiones del país, particularmente en Oaxaca.

Para nadie es desconocida la gran necesidad de empleo que existe en nuestro país, causa primigenia de la migración hacia los Estados Unidos. De esa necesidad siguen abusando defraudadores al ofrecer empleo y legalización en el vecino país, llegando incluso al extremo de anunciarse en la radio y en los diarios locales para ofrecer sus servicios, aunque recurriendo principalmente al contacto directo en lugares de amplia concentración de desempleados como son terminales de autobuses, mercados de abasto y colonias populares.

Durante una gira en la región Mixteca Oaxaqueña, la más pobre y principal expulsora de migrantes en el Estado de Oaxaca, pude escuchar el todavía latente interés de las familias por la supuesta reforma migratoria, atestiguando también, de primera mano, los ofrecimientos de empleo y legalización que hacen supuestos gestores para enganchar a jóvenes, principalmente.

Se ha hecho público, a través de los medios de comunicación, y de las propias autoridades del Estado de Oaxaca, que en 10 municipios de las regiones de los Valles Centrales y la Mixteca –Etla, Zaachila, Zimatlán, Ejutla, Tlacolula, Tlaxiaco, Nochixtlán, Huajuapan y Juxtlahuaca–, están creciendo exponencialmente este tipo de fraudes a manos de organizaciones y reclutadoras que ofrecen supuestas visas de trabajo para Estados Unidos y Canadá a cambio de fuertes sumas de dinero.

Ha trascendido también que estas falsas empresas muestran documentación de las secretarías del Trabajo, Economía y Relaciones Exteriores u otras dependencias federales y estatales para ganarse la confianza de la ciudadanía y lograr su cometido.

Lo mismo está sucediendo en otras partes del país, e incluso en Estados Unidos, donde a migrantes se les asegura que hay una lista de espera para legalizarse, pidiéndoles dinero para efectuar determinados trámites.

Es realmente urgente ponerle un alto a estos fraudes. Para lo anterior resulta indispensable que el Gobierno Federal instrumente una campaña de difusión sobre el estado actual del estatus migratorio de los mexicanos en Estados Unidos, toda vez que la gente está siendo víctima de estos ilícitos por desconocimiento del tema.

Se debe hacer hincapié en que la reforma migratoria en Estados Unidos fracasó, que no hay ningún tipo de modificación en la normatividad migratoria en el país vecino del norte y, sobre todo, que las únicas sedes facultadas en México para hacer el trámite de una visa de trabajo H2A y H2B o de turista B1 y B2 son las embajadas de Estados Unidos o Canadá.

Por todo lo anteriormente expuesto, y con el objetivo de proteger a la ciudadanía frente a posibles defraudadores, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a implementar una campaña de difusión, a lo largo y ancho del territorio nacional, alertando a la población en general sobre posibles fraudes con supuestas visas de trabajo para Estados Unidos y Canadá.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2016.

Senador Ángel Benjamín Robles Montoya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la situación actual de la bahía de Akumal, en Tulum, Quintana Roo, suscrita por el senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, senador Jorge Aréchiga Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo en relación a la situación que rige en la bahía de Akumal, municipio de Tulum en Quintana Roo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Akumal significa en lengua maya tierra de tortugas, es una localidad ubicada en el municipio de Tulum, cuyo grado de marginación municipal es considerado bajo, y muy bajo su grado de rezago social, con un total de mil 310 habitantes1 .

Este poblado, por su ubicación frente a la playa de Akumal, participa en el equilibrio de la oferta de servicios y diversificación turística.

Esta comunidad está ubicada a una hora de Cancún, y de acuerdo con diversas páginas electrónicas de venta de servicios, consideran que Akumal es uno de los mejores lugares para visitar en el caribe mexicano, por su variedad de playas y servicios turísticos.

Las playas de Akumal son todavía, de las más importantes para el desove de tortugas marinas, cuenta con cuevas y ríos subterráneos.

Por ello, entre los servicios que se ofrecen en esta zona destacan la pesca deportiva, esnórquel, buceo y la exploración de cenotes.

Cuenta con un centro ecológico que está situado directamente en la playa de Akumal, en el cual se otorga información de la conformación ambiental de la zona, sin cobro alguno.

Ante esta belleza, los conflictos sociales comienzan a vislumbrarse debido a la falta de información por parte de las autoridades gubernamentales.

En este sentido, existe información que el Centro Ecológico Akumal (CEA) limitará el acceso a las playas, imponiéndose una cuota de acceso.

En diversos medios de comunicación, el director del CEA, se ha quejado de la excesiva llegada de turistas y aumento de las actividades acuáticas, lo cual ha ocasionado un grave deterioro de las playas en Akumal. Indicando que de 2008 a 2014 pasó de recibir 30 mil personas al año a más de 150 mil2 .

Sin embargo, los pobladores y cooperativas de la localidad no están de acuerdo, debido a que ellos piensan que el cobro para el ingreso a la playa es el inicio de su privatización.

Esta problemática viene desde el año 2011, a razón de ello, en febrero de 2014, la senadora Luz María Beristaín Navarrete, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicitaba a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, rendir un informe sobre la determinación por la que se restringe el único acceso en la comunidad de Akumal3 . El cual fue aprobado.

Y en febrero de 2015 se presentó por diversos senadores de los Grupos Parlamentarios del PAN, PRD y PT, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al gobierno del Quintana Roo y al municipio de Tulum, establecer una mesa de trabajo para garantizar el libre acceso al público a la playa en la bahía de Akumal4 . El cual sigue pendiente de dictamen.

En relación al primer punto de acuerdo presentado en 2014, debemos considerar que éste versaba sobre los presuntos actos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la cual clausuró en enero de 2014, el único acceso público a las playas de Akumal.

A razón de ello, el punto de acuerdo antes citado no ha combatido la problemática, pues el conflicto entre los pobladores y el Centro Ecológico Akumal, continua vigente.

Asimismo, no se debe perder de vista que dentro de este conflicto de intereses, se encuentra una problemática ambiental, por la excesiva demanda turística en la zona, la cual también debe atenderse.

Por ello, el presente punto de acuerdo versa en tres objetivos:

1. Se solicita un estudio de la situación en la bahía de Akumal por parte de las autoridades involucradas en la problemática;

2. Se requieren visitas de inspección a las obras, actividades y concesiones que se encuentran en la bahía de Akumal, para dar certeza de su legalidad, y

3. Se solicita información a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas respecto a las estrategias de protección que se realizan en la bahía de Akumal, de conformidad con los programas de acción para la conservación de las especies de tortugas marinas.

En atención a lo anteriormente expuesto, el senador que suscribe pone a consideración del pleno de la Comisión Permanente los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo para que, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el gobierno del estado de Quintana Roo, y el municipio de Tulum, realicen un estudio que permita dar a conocer a la población la situación que rige en la bahía de Akumal. En este estudio, se debe indicar, al menos:

a) Capacidad de carga de turistas.

b) El número máximo de embarcaciones que pueden ingresar a la bahía para la observación de tortugas marinas y arrecife, y

c) Estrategias de conservación de las tortugas marinas.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que realice visitas de inspección a las obras, actividades y concesiones que se encuentran en la bahía de Akumal, para dar certeza de su legalidad.

Tercero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que informe a esta soberanía cuáles son las estrategias de protección que se realizan en la bahía de Akumal, de conformidad con los programas de acción para la conservación de las especies de tortugas marinas.

Notas

1 Sedesol, Catalogo de localidades, Sistema de Apoyo para la Planeación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=230080006 , página consultada el 4 de noviembre de 2015

2 http://noticaribe.com.mx/2015/03/04/
dan-otra-estocada-para-privatizar-playas-de-akumal-anuncia-cea-que-limitaran-y-cobraran-por-acceso-a-visitantes/

3 http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/
pp_ContenidoAsuntos.php?SID=1dbd9eecddcf8faba8e24694cbe825c9&Clave=3062857

4 http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/
pp_ContenidoAsuntos.php?SID=1dbd9eecddcf8faba8e24694cbe825c9&Clave=3205789

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2016.

Senador Jorge Aréchiga Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, al gobierno de Coahuila y al ayuntamiento de General Cepeda a hacer públicos los documentos que den fe de las reuniones donde los consejos consultivos abordaron el tema referente al proyecto “Sitio para el reciclaje, tratamiento y confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados”, en el ejido Noria de Sabina, suscrita por las diputadas Norma Rocío Nahle García y María Chávez García, del Grupo Parlamentario de Morena

Las que suscriben, Norma Rocío Nahle García y María Chávez García, diputadas federales a la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, someto a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Los avances tecnológicos que producen alteraciones en todo tipo de intercambios, el auge de organizaciones no gubernamentales, y el creciente interés de la sociedad por desempeñar un papel activo en los asuntos que repercuten en su calidad de vida han hecho que el estado pierda el monopolio en la toma de decisiones relativas al desarrollo y a la gestión pública, teniendo que extender su interacción con una multiplicidad de actores privados y públicos.

Lo que ha llevado a un nuevo paradigma en la relación entre el estado y la sociedad, incluido en un término de reciente cuño que es el de la gobernanza, misma que como parte importante de su definición postula el ser una nueva forma de gobernar, que promueve un modo de gestión de los asuntos públicos, fundamentado en la participación de la sociedad civil a todos sus niveles.

En términos generales la participación pública como elemento indispensable de la correcta gobernanza implica la profundización de la democracia mediante una mayor redistribución, desconcentración del poder y la toma de decisiones en un marco de libertad, pluralidad, inclusión, responsabilidad y respeto mutuo, con el plus de que al tenerse en cuenta a la sociedad civil y sus opiniones los actos de autoridad no se convierten en actos de autoritarismo.

En el ámbito del desarrollo sustentable y por lo tanto de lo ambiental, la participación social se vincula con la gobernanza en un proceso mediante el cual las comunidades se organizan e intervienen sobre su realidad defendiendo sus intereses, necesidades y prioridades para alcanzar mejores condiciones de vida de la población.

En el plano internacional, la necesidad de que la sociedad se integre en la toma de decisiones que con respecto al ambiente y los recursos naturales se adopten por parte de la autoridad tiene ya cuando menos más de dos décadas, así lo podemos constatar en la “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo” y en la “Agenda 21”,1 ambos documentos resultantes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, coloquialmente conocida como Cumbre de Río, por efectuarse en la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil, en el año de 1992, reunión y documentos que marcaron un hito en la evolución del ambientalismo y la construcción del concepto de desarrollo sustentable.

Al respecto de la participación de la sociedad en la problemática ambiental, en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 178 gobiernos, incluyendo el mexicano, acordaron que:

“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda . En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones . Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.” (Principio 10 de la DRMAD)

Sobre la Agenda 21, esta viene a ser un programa exhaustivo de acción que entre otras razones de ser tiene la de orienta las acciones de los gobiernos participantes en cuanto a las políticas públicas para el manejo, preservación, conservación del ambiente y el desarrollo sustentable.

Como parte de este documento encontramos el capítulo 20, intitulado, “Gestión ecológicamente racional de los desechos peligrosos, incluida la prevención del tráfico internacional ilícito de desechos peligrosos.”, mismo que en el inciso b) de su numeral 20.27 vincula el manejo de estos desechos a la participación de la sociedad, bajo el siguiente texto:

20.27 Los gobiernos, según la capacidad y los recursos de que dispongan, y con la colaboración de las Naciones Unidas y otras organizaciones competentes y de la industria, según proceda, deberían:

b) Aumentar la participación del público en general , particularmente de las mujeres y los sectores populares, en los programas de gestión de desechos peligrosos;

Esta necesidad de involucrar a la población en la toma de decisiones concernientes al medio ambiente y la gestión de los recursos naturales se ha visto reflejada en distintas leyes mexicanas, como son la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, entre otras.

Los órganos de consulta y de participación pública que mandatan las distintas leyes ambientales fueron creados para que la ciudadanía interactúe con el gobierno, exponga sus opiniones y se involucre en la toma de decisiones para el cuidado del medio ambiente, el manejo y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de nuestro país, ya que mecanismos como la consulta pública u otros en los que la sociedad civil participa junto con la autoridad ambiental, tienen la finalidad de facilitar la participación corresponsable de diversos sectores de la sociedad en la protección, conservación y restauración del medio ambiente.

Por ejemplo, en el artículo 36 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGR) se mandata a los tres órdenes de gobierno el formar órganos de consulta, esto bajo el siguiente texto:

“Artículo 36. El gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, integrarán órganos de consulta en los que participen entidades y dependencias de la administración pública, instituciones académicas, organizaciones sociales y empresariales que tendrán funciones de asesoría, evaluación y seguimiento en materia de la política de prevención y gestión integral de los residuos y podrán emitir las opiniones y observaciones que estimen pertinentes . Su organización y funcionamiento, se sujetarán a las disposiciones que para tal efecto se expidan.”

El que la LGPGR contenga preceptos que involucre a la sociedad se vuelve de especial relevancia cuando se trata de residuos peligrosos, que pueden afectar seriamente la vida de las comunidades humanas, de los mantos freáticos, aguas superficiales y el medio ambienten, en un tema tan delicado como lo es el manejo y disposición final de estos residuos, la participación de especialistas, académicos, científicos y habitantes de las comunidades donde se instalan los sitios para confinar estos residuos debe de ser escuchada y tomada en cuenta por las autoridades antes de emitir los permisos que posibiliten la instalación de los mismos.

Lo anterior viene a colación porque en julio del presente año, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente recibió el Aviso de inicio de obras para el cambio de uso del suelo en terrenos forestales para el proyecto denominado “Sitio para el reciclaje, tratamiento y confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados”, ubicado en el Ejido Noria de Sabina, perteneciente al municipio de General Cepeda, Coahuila.

Sabemos que hay una gran oposición por parte de los habitantes del municipio para que en el mismo se realice el mencionado proyecto, pero no se ha mencionado sobre las opiniones que deben de haber emitido los órganos de consulta que por efectos de la ley LGPGR deben de estar constituidos y como su nombre lo indica, ser consultado en temas referentes al objeto de la propia ley mencionada.

Debe ser del interés de los diputados y del interés público el conocer los razonamientos que en estos consejos consultivos se dieron sobre un tema de tal relevancia como lo es el establecimiento del mencionado sitio de confinamiento controlado, a la vez que el dar a conocer dicha información es un sano ejercicio de gobernanza y transparencia, que fortalece las acciones de los tres órdenes de gobierno que participaron para que se pudiera dar esta situación.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que haga públicas copias de las actas y demás documentos que contengan las opiniones vertidas en las reuniones que los órganos de consulta, constituidos bajo el mandato del artículo 36 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, se tengan, cuando dichos órganos trataron lo referente al proyecto denominado “Sitio para el reciclaje, tratamiento y confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados”, ubicado en el Ejido Noria de Sabina, perteneciente al municipio de General Cepeda, Coahuila.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza, a que haga públicas copias de las actas y demás documentos que contengan las opiniones vertidas en las reuniones que los órganos de consulta, constituidos bajo el mandato del artículo 36 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, se tengan, cuando dichos órganos trataron lo referente al proyecto denominado “Sitio para el reciclaje, tratamiento y confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados”, ubicado en el ejido Noria de Sabina, perteneciente al municipio de General Cepeda, Coahuila.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al Ayuntamiento del Municipio de General Cepeda, Coahuila, a que haga públicas copias de las actas y demás documentos que contengan las opiniones vertidas en las reuniones que los órganos de consulta, constituidos bajo el mandato del artículo 36 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, se tengan, cuando dichos órganos trataron lo referente al proyecto denominado “Sitio para el reciclaje, tratamiento y confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados”, ubicado en el Ejido Noria de Sabina, perteneciente al municipio de General Cepeda, Coahuila.

Nota

1 También conocida como “Programa 21”.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a los siete días de enero de dos mil dieciséis.

Diputadas Norma Rocío Nahle García (rúbrica), María Chávez García.

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita al titular de la Conagua que difunda la información referente al programa de captación de agua, suscrita por la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Claudia Sofía Corichi García, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía el presente m por el que la honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita al titular de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, hacer pública la información completa referente al Programa de Captación de Agua (Procaptar), al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. El agua es un recurso finito indispensable para la salud pública, los ecosistemas, la biodiversidad, la producción de alimentos, la industria, la energía y el desarrollo económico, principalmente. Por ello se le considera un factor estratégico de seguridad nacional así como de estabilidad social y política de nuestra nación.

II. “La extensión territorial continental de México es de 1,959,248 kilómetros cuadrados. Parte del país se ubica en la misma latitud que el desierto del Sáhara y por ello la parte centro norte es semiárida y árida. La precipitación pluvial es escasa en el norte y noroeste del país y la península de Baja California, y abundante en el sureste y en las vertientes del Golfo de México y del Pacífico, al sur del Trópico de Cáncer. La precipitación media anual es de 760 mm equivalente a 1,489 kilómetros cúbicos por año: 331 kilómetros cúbicos escurren a través de los ríos, 1,065 kilómetros cúbicos corresponden a la evapotranspiración y 93 kilómetros cúbicos recargan los acuíferos. En la mayor parte del territorio la precipitación ocurre, predominantemente, entre junio y septiembre, con excepción de la península de Baja California, donde se presenta en invierno. México tenía 25.8 millones de habitantes en 1950 y en 2015 122.4 –Proyección del Consejo Nacional de Población (Conapo)”.1

III. “La tasa de crecimiento anual tiende a disminuir gradualmente. La población pasó de ser mayoritariamente rural a predominantemente urbana a partir de 1970. Conapo estima que al 2050 México tendrá 150.8 millones de habitantes, lo que representará mayor presión sobre los recursos hídricos. La disponibilidad natural media per cápita de agua en México era en 1950 de 18,035 m3/hab/ año y en 2013 pasó a 3,982 m3/hab/año, cifra calificada como baja por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo”.2

IV. De acuerdo con el Informe de Pobreza en México 2015 publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el número de personas en pobreza es de 55.3 millones. Las personas consideradas con carencias por acceso a los servicios básicos en la vivienda son las que no cuentan con los servicios de agua, drenaje y electricidad. La carencia de agua es un factor de pobreza.

V. En el ámbito nacional, en 2012 la falta de drenaje y de agua afectó a poco más de diez millones de personas. Las entidades federativas con mayor carencia de drenaje fueron Oaxaca, San Luis Potosí, Guerrero y Chiapas. La falta de agua en Guerrero afectó a poco más de la tercera parte de su población, en Veracruz a una de cada cuatro personas, y en Tabasco, Chiapas y Oaxaca a uno de cada cinco habitantes.

VI. Según datos de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) la gran mayoría de las cuencas en nuestro país se encuentran en una situación no sustentable en donde la demanda crece día con día conforme crece la población y sus necesidades. Hasta el año 2012, la demanda total de aguas nacionales el país era del orden de los 78,400 millones de metros cúbicos, misma que se cubría con un volumen sustentable de 66,900 millones de metros cúbicos de fuentes superficiales.

VII. El mayor porcentaje de la demanda se sigue concentrando en el sector agrícola. Se estima que en unos veinte años la demanda llegará a 91,200 millones de metros cúbicos debido al incremento en las actividades productivas y el crecimiento de la población, mientras que la oferta puede llegar a 68,300 millones de metros cúbicos considerando los proyectos registrados en cartera; lo que significa que la brecha estimada entre oferta y demanda será de 23 mil millones de metros cúbicos. Esta brecha integra el volumen de agua que se empleará para cubrir el crecimiento de la demanda agrícola, la pública urbana e industrial y el volumen no sustentable que se dejará de extraer por la disminución de la sobreexplotación de los acuíferos. Los principales retos se presentan en las cuencas del Valle de México y de los ríos Lerma, Bravo, Fuerte, Mocorito, Presidio-San Pedro, Tula y Balsas.

VIII. De acuerdo con la reforma al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 8 de febrero de 2012, toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre y asequible. También establece la participación de los tres órdenes de gobierno y la sociedad misma para garantizar este derecho. La Constitución instruye para que esto así sea, aún con datos como los que podemos ver, que sólo nos enfrentan a más y más retos.

IX. Para el desarrollo de cualquier especie, el agua es un recurso básico: sin agua, no habría vida. Cobra mayor importancia cuando hablamos de sociedades desarrolladas, ya que se requiere de ella tanto para su uso doméstico como industrial, sobre todo en grandes ciudades. Por lo tanto, resulta primordial para cualquier cultura tener un adecuado manejo de este recurso, tanto para su abastecimiento, como para evitar desastres.

X. “La captación pluvial no es algo nuevo y tampoco implica gran tecnología a un nivel doméstico. Es un sistema ancestral que ha sido practicado en diferentes épocas y culturas, ya que es un medio fácil para obtener agua para el consumo humano y para el uso agrícola.

XI. “Cada año son más que evidentes las consecuencias de los efectos de la gestión pluvial inadecuada en las principales ciudades de México, encharcamientos, inundaciones, problemas de tráfico, desborde de ríos o canales y el rebose del drenaje combinado a zonas urbanas habitadas. La situación empeora de forma exponencial conforme crecen las ciudades en población y en extensión, y debido a los impredecibles efectos del cambio climático.

El agua de lluvia en su origen es limpia, pero se ensucia en su paso por la ciudad y al mezclarse con las aguas residuales en el alcantarillado combinado. Los escurrimientos pluviales son vistos como un problema que causa inundaciones; sin embargo, cambiar la forma de hacer las cosas y aprovechar este recurso puede traer muchos beneficios”.3

XII. Parte fundamental de la tarea que nos toca como generación es lograr la distribución del agua y su abastecimiento, siguiendo técnicas sustentables para minimizar su impacto ambiental y lograr un mayor alcance a las zonas que no cuentan con un sistema de distribución o en donde el agua escasea.

XIII. El 5 de noviembre del año 2015, ante la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República, compareció el Titular de la Conagua, Roberto Ramírez de la Parra, y en sus propias palabras informó que:

“... en nuestro país existe una carencia importante en el tema del suministro de agua potable y en el tema del drenaje, y esa carencia está considerada por el Coneval como uno de los puntos que se toman en cuenta para poder considerar que la gente es pobre o está en pobreza extrema, por tal motivo, en la Comisión Nacional del Agua hemos fijado también como una prioridad el combate a la pobreza en el tema del agua.

Hay que decir que la población que hoy no tiene agua en nuestro país, se encuentra en las comunidades más alejadas, en los lugares más distantes y más difíciles de llegar y, el que podamos trasladar o transportar el agua hacia esos lugares se convierte en un tema sumamente complejo, no solamente por un costo de la infraestructura que llevaría o que correspondería llevar a esas comunidades el agua, sino el segundo punto importante es que después de que se construya esta infraestructura que pongamos, que la podríamos hacer, la operación de la misma, precisamente por estar en zonas montañosas y en zonas altas, sería un tema sumamente complicado en el costo de su operación y entonces lo haría completamente inviable.

Y entonces nos hemos abocado a trabajar con instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Ingeniería de la UNAM; con el Instituto de Tecnología del Agua, precisamente para buscar alternativas de solución y poder llevar agua a esas poblaciones que hoy no la tienen y se encuentran alejadas. Las alternativas que nos dan, es la captación de agua de lluvia de aquellas poblaciones en donde nos llueve mucho, hay que decir que nuestro país, es un país desde ese punto de vista, con ciertas ventajas para poder utilizar este tipo de tecnologías, este tipo de esquemas, para poder llevar el agua a las poblaciones más alejadas.

Y entonces la segunda prioridad que hemos fijado en la Comisión Nacional del Agua y que también así lo instruyó el señor Presidente de la República, es el combate a la pobreza, a través de llevar el agua a aquellas poblaciones que hoy no la tienen y que se encuentran más alejadas, y lo vamos a hacer a través de la captación de agua de lluvia con un nuevo programa que le hemos denominado PRO CAPTAR, y que iniciamos a partir del mes de octubre pasado, hace un mes, precisamente para llevar agua a un millón y medio de personas en los próximos dos años, precisamente para poder abastecer a la gente que hoy no tiene un solo litro de agua y que se tiene que trasladar en promedio 6 kilómetros para poder acceder al agua.

Eso es lo que estamos trabajando en la Comisión Nacional del Agua”.

XIV. Este es el tipo de esfuerzos que son muy importantes para llevar a cabo en nuestro país, y ya que el Titular de Conagua lo ha anunciado resulta aún más importante conocer los detalles de este Programa de Captación de Agua al que hace referencia, desde el presupuesto que se va a utilizar hasta la logística para llevarlo a cabo. Por esto mi insistencia en conocer el o los documentos donde se describa toda la información referente a dicho programa, la cual requerimos desde el Legislativo para llevar a cabo un puntual seguimiento y evaluación.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que presento a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor del siguiente

Resolutivo

Único. La honorable Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, solicita al titular de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, a difundir la información completa referente al Programa de Captación de Agua.

Notas

1 Programa Nacional Hídrico 2014 – 2018. Gobierno de la República.

2 Ibídem.

3 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de enero de 2016.

Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al grupo interinstitucional formado por la Sedatu, el Inegi y el Conapo a realizar el análisis correspondiente para verificar si Cabo Corrientes es incorporable a la zona metropolitana de Puerto Vallarta, Jalisco, suscrita por el diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con base a las siguiente:

Consideraciones

El crecimiento y desarrollo de sus zonas metropolitanas, ha sido un fenómeno sociodemográfico que ha originado transformaciones en la planeación de las zonas urbanas e impacta de forma importante en las zonas periféricas que las componen.

Ante este fenómeno, el gobierno de la República desde 2006, implementó el destino de recursos económicos para atender específicamente el crecimiento de las zonas urbanas por medio de un fondo al cual se le denominó Fondo Metropolitano.

Estos recursos del Fondo Metropolitano se deberán destinar a:

a) Estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones;

b) Obras públicas de infraestructura y su equipamiento en cualquiera de sus componentes, nuevos o en proceso.

Asimismo para apoyar:

a) La sustentabilidad, la competitividad económica y el fortalecimiento de las capacidades productivas;

b) La disminución de la vulnerabilidad o riesgo por la ocurrencia de fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica;

c) La consolidación urbana; y

d) El aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional.

Es así como los recursos del Fondo Metropolitano son administrados por los gobiernos estatales a través de fideicomisos de administración e inversión, con el objetivo de precisar los criterios y el proceso para la aplicación y erogación de los recursos que se entregarán por conducto del Fondo Metropolitano, así como para el seguimiento, control, evaluación, rendición de cuentas y transparencia de dichos recursos, por medio de Reglas que dicta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La población conjunta de las 59 zonas metropolitanas de México es de 63 millones 836 mil 779 habitantes, lo que equivale al 57 por ciento del total de la población, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Se han establecido los siguientes criterios para delimitar una zona metropolitana:

1. Dos o más municipios o demarcaciones territoriales en los que se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes;

2. Municipios que por sus características particulares son relevantes para la planeación y política urbana;

3. Municipios o demarcaciones territoriales que contienen una ciudad de un millón o más habitantes;

4. Municipios con ciudades de 250 mil o más habitantes que comparten procesos de conurbación con ciudades de EUA.

Se aprecia que los criterios para delimitar las zonas metropolitanas prevén la incorporación de municipios no centrales que presentan un alto grado de integración funcional con las ciudades. Es por ello que con base a las características de ciertos municipios pueden integrar un corredor que contribuya al desarrollo de la zona metropolitana sin que sea óbice el número de sus habitantes.

De esta forma, el desarrollo formativo de las zonas metropolitanas se caracteriza en que se han conurbado a varios municipios más pequeños gracias al proceso de urbanización de las mismas, pues dichas áreas son los sitios de trabajo o lugares de concurrencia que se vinculan con las distintas actividades económicas que sustentan el crecimiento económico y social del municipio central.

El caso que nos ocupa es el de la Zona Metropolitana de Puerto Vallarta, pues ha venido acrecentando su urbanización vertiginosamente debido a que se le ubica dentro de los principales destinos turísticos del país.

Consideramos que es preciso establecer mecanismos que sigan detonando el desarrollo equitativo en toda la zona metropolitana de Puerto Vallarta, ya que atendiendo a su incremento demográfico y de oferta de servicios turísticos, la expansión de su zona turística, particularmente la de playa ubicada en el municipio de Cabo Corrientes, podría coadyuvar a impulsar la economía de la región.

Cabo Corrientes, representa una zona de transición para el uso y aprovechamiento turístico del territorio, ya que sus condiciones geográficas lo hace un enclave para consolidar la estrategia turística, debido a la capacidad de transformación y ordenación del territorio en los ámbitos intermedios (entre región y municipio). Esto permitiría revalorizar los activos olvidados del resto de la costa jalisciense que se han visto relegados por la capacidad de atracción de inversiones que han demostrado Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Así mismo, puede ser definido como los límites aceptables –territoriales- para generar oferta hotelera bajo el esquema de modelo de enclave y a partir de ahí desarrollar propuestas encaminadas a favorecer prácticas turísticas alternativas de bajo impacto territorial, pero más inclusivas de la población local, al mismo tiempo que la aceptación de límites para la actividad a desarrollar a fin de evitar impactos territoriales irreversibles.1

En este sentido el municipio de Cabo Corrientes colinda al norte con Puerto Vallarta, tiene una población de poco más de 11 mil habitantes y se ubica a 52 kilómetros del centro de Puerto Vallarta, cuenta con 75 kilómetros de costa que incluyen 10 playas para bañistas formando parte de la Costa Alegre, además de contar con una importante reserva ecológica llamada Cuixmala.

Esta situación demanda la provisión de más y mejores servicios que permitan mejorar las comunicaciones e infraestructura del municipio, desarrollar proyectos y servicios que permitan el desarrollo del aparato industrial y mejorar el espacio urbano, además de atender las necesidades de salud y educación.

Por tales motivos es importante que se considere a cabo corrientes dentro de la zona metropolitana de Puerto Vallarta y aproveche los recursos del Fondo Metropolitano para financiar programas, proyectos y obras públicas de infraestructura con base en la planeación del desarrollo urbano metropolitano, con la finalidad de impulsar la competitividad económica y las capacidades productivas, ya que la creciente demanda de servicios y nuevos atractivos hacen impostergable una expansión turística de la región.

Incluyendo al municipio de Cabo Corrientes en la zona metropolitana de Puerto Vallarta, se ayudará a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y coadyuvarán a mejorar la competitividad de los diferentes sectores productivos, sobre todo del turismo.

No se omite mencionar que el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano dentro de un grupo interinstitucional conformado también por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Consejo Nacional de Población, tienen la facultad de realizar el estudio y análisis correspondiente, sí un municipio es susceptible de incorporarse a una zona metropolitana.

Por lo expuesto propongo ante el pleno de esta honorable Cámara el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al grupo interinstitucional conformado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Consejo Nacional de Población, a realizar el estudio y análisis correspondiente a fin de verificar, bajo los criterios del propio grupo, sí el municipio de Cabo Corrientes es susceptible de incorporarse a la zona metropolitana de Puerto Vallarta.

Nota

1 Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana Interestatal de Puerto Vallarta-Bahía de Banderas, 2009, Consultado en http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/265071/802791/file /ZM%20Puerto%20Vallarta.pdf, el 20 de octubre de 2015.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero de 2016.

Diputado Rafael Yerena Zambrano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para felicitar al pueblo de Venezuela por su reciente participación en el proceso electoral del 6 de diciembre y saludar a los 167 legisladores electos de la Asamblea Nacional, a cargo de la diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Cecilia Romero Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el presente punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Las relaciones de México con América Latina son estratégicas en la construcción de la Patria Grande que soñaron los padres fundadores durante los procesos de formación de los Estados nacionales en nuestra región. Nuestros países comparten realidades complejas y enfrentan retos difíciles y grandes desafíos para lograr la consolidación democrática, basada en el respeto de los derechos humanos como lo exigen nuestras sociedades en los inicios de este Siglo XXI. Los países latinoamericanos luchamos por generar oportunidades de empleo para nuestros nacionales, por producir los alimentos necesarios para garantizar nuestra soberanía, trabajamos para brindar seguridad a los ciudadanos y buscamos el bien común de nuestras sociedades bajo los valores del respeto, la tolerancia, la solidaridad, la responsabilidad social, la justicia, la libertad, el dialogo y la unidad.

Durante el año 2015 se realizaron con normalidad diversos procesos electorales, cambios de mandos presidenciales y elecciones para renovar los órganos de representación popular según establece cada Constitución. Recientemente el pasado diciembre, en Venezuela los ciudadanos fueron convocados a las urnas para renovar el poder público nacional en su rama legislativa. El parlamento unicameral se conforma por 167 integrantes de la Asamblea Nacional elegidos mediante el sufragio universal, directo y secreto para ejercer la responsabilidad de la representación popular por un periodo de cinco años pudiéndose reelegir de manera ilimitada.

Al concluir el periodo de campaña iniciado el 13 de noviembre y finalizado el computo de los votos ciudadanos, los resultados oficiales del 6 de diciembre otorgan a la Mesa de la Unidad 112 escaños (7 millones 726 mil 66 votos) y al Partido Socialista Unido de Venezuela 55 escaños (5 millones 622 mil 844 votos) derivados de un proceso electoral en el que los ciudadanos acudieron masivamente al llamado de la democracia. El nivel de participación alcanzó 74.17 por ciento de los electores inscritos y habilitados para votar. La jornada fue observada por liderazgos internacionales y sancionada por el Consejo Nacional Electoral que representa uno de los poderes constitucionales del poder público.

Los legisladores electos por el voto mayoritario en la cuarta elección desde que entró en vigor la nueva Carta Magna de 1999, tomaron posesión de su escaño por mandato popular y constitucional el día 5 de enero de 2016 y a partir de esa fecha se organizaran en una nueva legislatura para el periodo 2016-2021.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión felicita al pueblo de Venezuela por su gran participación en la reciente jornada electoral realizada el 6 de diciembre de 2015.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión felicita y saluda a los 167 legisladores electos como integrantes de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. También transmite su voluntad de iniciar a la brevedad un dialogo interparlamentario permanente entre el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y la Asamblea Nacional de Venezuela en favor de nuestros pueblos.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita que se comunique el contenido del presente punto de acuerdo de manera personal y por la vía de la misión diplomática mexicana en Venezuela, al Presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Allup.

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero de 2016.

Diputada Cecilia Romero Castillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades de Puebla a atender el caso del feminicidio de Olga Nayely Sosa Romero, suscrita por los diputados Omar Ortega Álvarez y Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El lunes 9 de junio de 2014, Olga Nayely Sosa Romero fue asesinada por Moisés Torres López quien era su esposo. Moisés confesó el asesinato después de haber caído en contradicciones ante agentes de la policía ministerial de Puebla.

De acuerdo a su declaración, Olga murió ese mismo 9 de junio cuando ella le contó que había reprobado el curso de idioma francés que estudiaba en la Facultad de Lenguas de la BUAP y que, además, le era infiel; él indicó que golpeó a Olga con un marro en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte, le sacó los órganos, descuartizó su cuerpo y machacó los huesos para después ir a quemar y enterrar todo en un paraje de Huaquechula, Puebla, en la comunidad de Soto y Gama, lugar en el que los restos fueron encontrados enterrados el 18 de junio del mismo año. Moisés Torres, por su conocimiento como médico especialista en medicina interna y como médico legista de una agencia del Ministerio Público, sabía lo que debía hacer para no dejar rastro del crimen.

En esa declaración, Moisés Torres López refirió también que su padre, Moisés Torres Monroy, le ayudó a limpiar la escena del crimen y a deshacerse de la evidencia, por lo que existe también una averiguación previa (AP 410/2014) iniciada en la agencia especializada en la investigación de personas desaparecidas para determinar la participación de otras personas y en actos de encubrimiento. No obstante, esta investigación, a más de un año, no ha avanzado.

De igual forma, pese a la detallada confesión con la que lograron encontrar los restos, Moisés cambió su declaración para decir que Olga murió de manera accidental y que al ver que no presentaba signos vitales, tuvo miedo de que sospecharan de él y decidió deshacerse del cadáver. Además, ha interpuesto tres amparos que han sido rechazados y recientemente él amplió su declaración para alegar tortura.

El asesino de Olga todavía sigue aportando pruebas para que el proceso de instrucción no pueda cerrarse y no se le pueda dictar sentencia. Sin embargo, ya existe un auto de formal prisión por el delito de feminicidio contra él.

Aunado a todo lo descrito, debe señalarse que Olga fue madre de una niña que ahora tiene cuatro años de edad. Los primeros en tener la custodia de la niña fueron los abuelos paternos tras un proceso envuelto en irregularidades que parecieron agudizarse por el lazo familiar existente entre el feminicida y el magistrado Manuel Nicolás Ríos Torres, tío de Moisés. Ante esto, la familia de Olga Nayely, su hermana Alejandra Sosa Romero y su madre Argelia Romero Cinto, pasaron meses sin poder ver a la niña pero emprendieron una lucha legal por la que ahora comparten la custodia.

Pese a las dificultades que enfrentan tanto Alejandra como Argelia, ellas continúan exigiendo justicia para que al asesino de Olga se le dicte finalmente una sentencia que lo condene por el crimen que cometió. Piden que las autoridades correspondientes intervengan para determinar la custodia de la hija de Olga y Moisés, quien no debería pasar tiempo con el presunto cómplice del feminicidio de su madre, por lo que demandan que se investigue al implicado, cuyo expediente sigue abierto por su supuesta participación en los hechos. Además, las familiares de la víctima desean que se les entreguen los restos de Olga Nayely que se encuentran bajo custodia de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla (PGJ), la cual se niega a entregarlos.

La historia de Olga, desafortunadamente, se suma a una lista difícil de integrar en Puebla. Para septiembre de 2015, en la entidad se registraron más de 164 feminicidios en 36 meses, muchos de ellos cometidos por las parejas de mujeres embarazadas. Uno de esos casos es el de Paulina Camargo Limón quien a sus 19 años y con 18 semanas de embarazo, fue asesinada por José María Sosa Álvarez, el novio.

Hasta el momento, Paulina está en calidad de desaparecida aunque existe la confesión de José María quien declaró haber arrojado el cadáver a un contenedor de basura.

Estos crímenes contra las mujeres se ejecutan en el marco de la complicidad, corrupción e indiferencia del sistema de procuración e impartición de justicia del estado de Puebla.

En este sentido, resulta indignante que la familia de Olga siga esperando que se haga justicia por este artero crimen y se castigue a Moisés Torres López, y que en tanto, ni siquiera puedan recuperar los restos de ella y que además una niña de cuatro años deba convivir con el presunto cómplice del asesinato de su madre.

Por todo lo descrito, sometemos a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Tribunal Superior de Justicia de Puebla a través del Juzgado 8o. de lo Penal de la misma entidad a que emita sin dilación, una sentencia acorde con los derechos humanos de las mujeres reconocidos por el orden jurídico nacional y los tratados internacionales, en el caso del asesinato de Olga Nayely Sosa Romero.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta al Tribunal Superior de Justicia de Puebla a que emita, a través del juzgado competente, la sentencia en donde se le conceda la patria potestad exclusiva de la hija de Olga Nayely Sosa Romero a Argelia Romero Cinto, la madre de ésta.

Tercero. La Comisión Permanente exhorta a la Procuraduría General de Justicia de Puebla a continuar con las investigaciones sobre la participación de Moisés Torres Monroy, en el asesinato de Olga Nayely Sosa Romero y en cualquier conducta ilegal posterior a dicho acontecimiento.

Cuarto. La Comisión Permanente exhorta a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla, a elaborar un diagnóstico sobre feminicidios en la entidad, para llevar a cabo estrategias de prevención, investigación y sanción de dichos crímenes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2016.

Diputados: Omar Ortega Álvarez, Araceli Saucedo Reyes (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales a instalar el respectivo sistema local de protección integral de niñas, niños y adolescentes, suscrita por el diputado Javier Octavio Herrera Borunda, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Javier Octavio Herrera Borunda, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados; en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El día 4 de diciembre de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, con lo cual se reconoce a los menores como sujetos de pleno derecho.

El principal objetivo de la Ley en comento es garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción integral de los derechos humanos de la infancia, establecidos por la Constitución Política, así como en los tratados internacionales. La norma es, en sí, un catálogo de Derechos Humanos de los cuales deben gozar las niñas, niños y adolescentes en nuestro país, entre los que se cuentan el derecho a vivir en familia, a la igualdad, a no ser discriminado, a una vida libre de violencia, a la salud y seguridad social, a la integración de los menores que padecen alguna discapacidad, a la libertad de expresión, al acceso a la información y a la seguridad jurídica, entre otros.

Asimismo, la nueva Ley establece mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y obliga a las autoridades a asignar recursos públicos suficientes para asegurar a las niñas, niños y adolescentes, el goce pleno de sus derechos.

Así pues, la Ley sienta las bases para que en ninguna entidad federativa exista retroceso en el reconocimiento y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, grupo poblacional que supera los 41.5 millones personas en nuestro país, que representan el 37 por ciento de la población en México.

Si bien es cierto que este nuevo ordenamiento pone a la legislación mexicana a la vanguardia internacional en materia de protección jurídica de los menores, se debe reconocer que el éxito de la misma en cuanto respecta a generar las mejores y más favorables condiciones para el óptimo desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país depende de su adecuada aplicación.

A pesar de los avances plasmados en la redacción del texto de la Ley, su implementación plantea retos importantes que deben superarse lo antes posible. Entre estos desafíos destaca la necesidad de garantizar que el Sistema de Protección Integral, al que hace referencia la Ley comience a operar a la brevedad, tanto a nivel federal como estatal, pues de su buen funcionamiento depende la concreción de programas y proyectos a favor de los menores.

El Sistema Nacional de Protección Integral, presidido por el titular del Poder Ejecutivo Federal, fue creado para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y es la instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de la infancia y adolescencia en nuestro país.

En diciembre pasado el Presidente de la República instaló el Sistema Nacional de Protección Integral, sin embargo, en cuanto respecta a los Sistemas Locales de Protección, a los cuales hace referencia el Capítulo Cuarto de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al finalizar el año 2015 sólo en dos entidades (Hidalgo y Quintana Roo) habían comenzado a sesionar.

De acuerdo al artículo 137 de la Ley en mención, los Sistemas Locales de Protección tendrán, cuando menos, las siguientes atribuciones:

I. Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política nacional;

II. Coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema Nacional de Protección;

III. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la elaboración de programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos, así como en las políticas y acciones de las dependencias y entidades de la administración pública local;

IV. Difundir el marco jurídico local, nacional e internacional de protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes;

V. Integrar a los sectores público, social y privado en la definición e instrumentación de políticas para la protección de niñas, niños y adolescentes;

VI. Generar los mecanismos necesarios para garantizar la participación directa y efectiva de niñas, niños y adolescentes en los procesos de elaboración de programas y políticas locales para la protección integral de sus derechos;

VII. Establecer en sus presupuestos, rubros destinados a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, los cuales tendrán una realización progresiva;

VIII. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de la infancia y la adolescencia en la elaboración de programas, así como en las políticas y acciones para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes;

IX. Participar en la elaboración del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes;

X. Elaborar y ejecutar el Programa Local de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes con la participación de los sectores público, social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes;

XI. Llevar a cabo el seguimiento, monitoreo y evaluación de la ejecución del Programa Local;

XII. Emitir un informe anual sobre los avances del Programa Local y remitirlo al Sistema Nacional de Protección;

XIII. Participar en la formulación, ejecución e instrumentación de programas, estrategias y acciones en materia de protección y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes con la participación de los sectores público, social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes;

XIV. Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos humanos, tomando en consideración las medidas especiales que se requieran;

XV. Fortalecer las acciones de corresponsabilidad y cercanía entre las instancias públicas y privadas con niñas, niños y adolescentes;

XVI. Administrar el sistema estatal de información y coadyuvar en la integración del sistema de información a nivel nacional;

XVII. Realizar acciones de formación y capacitación de manera sistémica y continua sobre el conocimiento y respeto de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, principalmente con aquellas personas que trabajan desde los diversos ámbitos en la garantía de sus derechos;

XVIII. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley;

XIX. Celebrar convenios de coordinación en la materia;

XX. Auxiliar a la Procuraduría Local de Protección en las medidas urgentes de protección que ésta determine, y coordinar las acciones que correspondan en el ámbito de sus atribuciones.

La relevancia de las atribuciones antes referidas hace necesario que los Sistemas Locales de Protección sean instalados y comiencen a sesionar cuanto antes en todas las entidades federativas del país.

Cabe mencionar que el régimen transitorio del decreto del 4 de diciembre de 2014 por el cual se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de acuerdo al artículo segundo, le concede al Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas un plazo de ciento ochenta días naturales para realizar las modificaciones legislativas conforme a lo dispuesto en el nuevo ordenamiento. Por otra parte, en el artículo tercero, se establece que los Sistemas de Protección Locales y Municipales deberán integrarse a más tardar dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor de las modificaciones legislativas a que se refiere el transitorio segundo.

Derivado de lo anterior, en muchos casos, con la no instalación de los Sistemas de Protección Locales se estaría incurriendo en una falta legal, además, por supuesto, del obstáculo que este hecho representa para la adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes a nivel estatal.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales a instalar a la brevedad el Sistema Local de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en sus respectivas entidades federativas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 7 días del mes de enero del año 2016.

Diputados: Javier Octavio Herrera Borunda, Sharon María Teresa Cuenca Ayala (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Banco de México y a la SHCP a proporcionar a la sociedad un diagnóstico sobre la evolución del renglón de errores y omisiones de la balanza de pagos, suscrita por la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Norma Rocío Nahle García, diputada a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

En los seis años del gobierno de Felipe Calderón la balanza de pagos del país acumuló errores y omisiones por 60 mil millones de dólares; en lo que va de este gobierno de Enrique Peña, ese renglón ya suma más de 55 mil millones de dólares en un ritmo insostenible y ya suma 60 por ciento de lo que este gobierno ha captado por inversión extranjera directa. ¿En dónde están esos miles de millones de dólares que tanta falta hacen para financiar las actividades productivas del país? No es el único punto vulnerable de la balanza de pagos. Está el fuerte crecimiento del déficit en cuenta corriente y las cuantiosas salidas “legales” de capitales de mexicanos que se depositan o se invierten en el exterior. Pero, en particular, los montos alcanzados por los errores y omisiones en un momento de incertidumbre, es un escándalo y una gran irresponsabilidad.

La balanza de pagos es un instrumento que permite evaluar la eficacia de la política económica de un país, por el impacto que ésta tiene en su economía en relación con el contexto internacional. Como lo señala el Banco de México, en términos contables la balanza de pagos es el registro sistemático de todas las transacciones económicas efectuadas entre los residentes del país y los del resto del mundo. Sus principales componentes son la cuenta corriente –que registra el saldo del intercambio de bienes y servicios-, la cuenta de capital –que sigue los flujos de recursos financieros– y la cuenta de la reserva de divisas. Cada transacción se incorpora a la Balanza de Pagos como un crédito o un débito. Un crédito es una transacción que lleva a recibir un pago de extranjeros; un débito es una transacción que lleva a un pago a extranjeros. El signo negativo significa egreso de divisas y lo inverso se registra con el signo positivo.

La información proporcionada por la cuenta corriente de la balanza de pagos tiene que ver con las actividades de intercambio con el exterior de bienes, tal como se registran en la balanza comercial, incluyendo las exportaciones e importaciones de hidrocarburos. También registra el intercambio de servicios, divididos en dos tipos: no factoriales y factoriales. Los primeros tienen que ver con el pago de fletes y seguros, el flujo de divisas que generan los viajeros visitantes del y al exterior, y con la disponibilidad para utilizar infraestructura relacionada con el intercambio en el país y en el exterior. Los servicios factoriales a su vez registran el intercambio de intereses, de ingresos de trabajadores y utilidades de las personas físicas y empresas. En una cuenta adicional, registra el intercambio de transferencias, en el que se registran las remesas de los migrantes.

La balanza de pagos también registra los flujos de capitales del o al exterior, por endeudamiento o por inversiones en activos físicos y financieros. El Banco de México describe que en la presentación que se utilizaba hasta 2010, pero que se mantiene actualizada, en la cuenta de capital se identificaban en forma separada los conceptos de pasivos (obligaciones de residentes de la economía mexicana frente a residentes del exterior) y activos (obligaciones de residentes del exterior frente a residentes de la economía mexicana). A su vez, los pasivos se desagregaban en dos componentes principales denominados Endeudamiento e Inversión Extranjera (directa y de cartera); en tanto que los componentes principales de los activos son los depósitos en bancos del exterior, inversión directa de mexicanos en el exterior y otros valores.

Ahora, como señala el Banco de México, en la nueva presentación hay, entre otras, una ligera diferencia en el registro de las reservas, porque se consideran las reservas internacionales brutas, a diferencia de la presentación anterior que tomaba en cuenta las reservas internacionales netas.

En una economía deficitaria como la mexicana, el saldo de la cuenta corriente se cubre con el saldo de la cuenta de capitales y el remanente se distribuye en tres renglones: los recursos destinados a la reserva de divisas del país, el ajuste por revaloración y el de errores y omisiones.

En sus comunicados trimestrales sobre la balanza de pagos, el Banco de México advierte que en las cifras de algunos renglones se incorporan revisiones debido a que hay un continuo proceso de información adicional en estas estadísticas. Señala que hay revisiones en el renglón de inversión directa, de los pasivos del sector privado no bancario, de egresos por intereses y de utilidades reinvertidas; a eso se podrían agregar ajustes en el renglón de importación de mercancías, por la diferencia de tiempos entre el registro de algunas importaciones que ingresan como temporales y al paso de unos años se quedan como definitivas. Por consiguiente, sí se modifican los renglones de la balanza de pagos y, por lo mismo, también se puede modificar, o más bien corregir, el saldo del renglón de errores y omisiones en las publicaciones subsiguientes de la balanza de pagos, a medida que se dispone de mayor información acerca de sus diversos componentes.

En una economía relativamente ordenada, como pregonan el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que es la mexicana, el renglón de errores y omisiones es un ajuste que debería permitir conciliar las distintas operaciones de corto y largo plazo y en general deberían mantenerse dentro de ciertos parámetros. No obstante eso no sucede en México.

De acuerdo con las series históricas de la presentación anterior, en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, la suma de errores y omisiones representó apenas 6.9 por ciento de la variación de las reservas internacionales. Se podría decir que era un monto relativamente aceptable.

En el sexenio de Vicente Fox, los 12 mil millones de dólares de flujos anuales acumulados en el renglón de errores y omisiones representaron 35.5 por ciento del total del incremento de las reservas netas de divisas.

En el de Felipe Calderón, ese renglón sumó 60 mil 272 millones de dólares, que ya representaron 62.9 por ciento del total de las reservas netas acumuladas en el sexenio.

Finalmente, en lo que va de este sexenio de Enrique Peña, hasta septiembre de este año, el renglón de Errores y Omisiones ya acumula un total de 55 mil 48 millones de dólares cifra que, en un período de incertidumbre, representa 330 por ciento el incremento de las reservas netas de divisas en el sexenio.

Tomando en consideración las mismas series de la presentación anterior, si se hiciera un promedio de los errores y omisiones por cada uno de los trimestre de cada sexenio, en el de Zedillo se tendría un monto de errores y omisiones por cada trimestre de 78 millones 562 mil dólares; en el de Fox alcanzaría la cifra de 504 millones 588 mil dólares por trimestre; en el de Calderón el renglón de errores y omisiones registró un promedio trimestral de dos mil 511 millones de dólares cada trimestre y en el actual ya alcanza la cifra de cinco mil 77 millones de dólares por trimestre.

Lo más grave es que comparando la misma presentación proporcionada en períodos diferentes, encontramos que en sucesivas lecturas en lugar de disminuir el monto y la importancia del renglón de Errores y Omisiones, como consecuencia de las revisiones realizadas, ese monto aumenta. Por ejemplo, en el reporte de la balanza de pagos en junio de 2015 señalaba que en el sexenio de Felipe Calderón el renglón de errores y omisiones sumó 57 mil 21 millones de dólares; El reporte correspondiente al cierre de 2013, sumaba errores y omisiones por 58 mil 628 millones de dólares en todo el sexenio de Calderón. Como se observa, a pesar de las revisiones, la cifra de errores y omisiones no se corrigió, en el reporte de septiembre de este año fueron mayores.

En los trascendidos de la prensa económica se dice que en la Junta de Gobierno del Banco de México, algunos de sus integrantes ya han expresado preocupación por el acelerado crecimiento de los errores y omisiones. También hay versiones de algunos periodistas han preguntado al gobernador Carstens acerca de ese comportamiento y él ha referido que es un dato que se corrige conforme se ajusta la información. Lo cual, no ha sucedido.

Finalmente, algunos analistas han señalado que esos recursos se han fugado del país vía lavado de dinero o son parte de las operaciones que realizan las trasnacionales en paraísos fiscales.

Cualquiera de estas posibilidades sería motivo de un escándalo mayúsculo, porque esas divisas ingresaron legalmente al país, le han costado la venta de su patrimonio, la pérdida de sus activos, la contratación de deuda, en fin, asumir compromisos que ponen en riesgo la sostenibilidad de la economía nacional y ponen en desventaja, con una pesada carga en los hombros, a las jóvenes generaciones.

Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al secretario de Hacienda y Crédito Público y al gobernador del Banco de México a que hagan del conocimiento de la opinión pública el análisis que explique las causas del acelerado crecimiento del renglón de errores y omisiones de la balanza de pagos y de las medidas que han puesto en marcha para evitar esa pérdida de recursos que tienen un alto costo para los mexicanos.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2016.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al GDF a efecto de que los agentes de tránsito reúnan la capacitación necesaria en la aplicación del nuevo reglamento local de tránsito, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 15 de diciembre del presente aña entró en vigor el nuevo Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, el cual tiene por objeto regular la circulación de peatones y vehículos en la vía pública y la seguridad vial en la Ciudad de México.

En dicho ordenamiento legal se da prioridad en la utilización del espacio vial de acuerdo a la siguiente jerarquía:

a) Peatones; en especial personas con discapacidad y movilidad limitada

b) Ciclistas;

c) Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros;

d) Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros;

e) Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías; y

f) Usuarios de transporte particular automotor y motociclistas.

Para hacer valer este nuevo reglamento se establecieron multas más severas y se mantiene el sistema de reducción de puntos a la licencia de manejo. Asimismo, se hace uso de instrumentos tecnológicos como las videocámaras para la imposición de sanciones.

Algunas de las principales disposiciones contenidas en el nuevo ordenamiento son las siguientes:

• Los límites de velocidad establecidos son: 80 km/h en carriles centrales de vías de acceso controlado; 50 km/h en vías primarias; y 40 km/h en vías secundarias. El incumplimiento de esta disposición tiene una sanción de 10 a 20 Unidades de Cuenta de la Ciudad de México –UCCM (699.5 a 1 mil 399 pesos)– y tres puntos menos en la licencia de manejo.

• Insultar tanto a policías como a otros automovilistas tiene una multa de 20 a 30 UCCM (1 mil 399 a 2 mil 98 pesos).

• Llevar más pasajeros de los establecidos en la tarjeta de circulación implica una infracción que puede de ser de hasta 10 UCCM (699.95 pesos).

• Es obligatorio que los automovilistas cuenten por lo menos con un seguro de daños a terceros. El incumplimiento de este precepto es sancionado con una multa que va de 20 a 40 UCCCM (1 mil 399 a 2 mil 798 pesos).

• Utilizar claxon para un fin diferente al de evitar un accidente de tránsito, así como provocar ruido excesivo con el motor, implica una multa de hasta 10 UCCM (699.95 pesos).

• Utilizar teléfono celular o cualquier dispositivo de comunicación mientras el vehículo esté en movimiento, amerita una multa de hasta 35 UCCM (2 mil 44.25 pesos)

• Se prohíbe la vuelta continua a la derecha e izquierda, excepto cuando exista un señalamiento que lo permita, violar esta disposición se multa con hasta 20 UCCM (1 mil 399 pesos).

• Los choferes de transporte público tienen prohibido realizar maniobras de ascenso o descenso de pasajeros, en el segundo o tercer carril de circulación, contados de derecha a izquierda, o sobre una vía ciclista exclusiva, el incumplimiento de esta norma es sancionada con una multa que va de 100 a 200 veces la UCCM (6 mil 995 a 13, 990 pesos).

• Los motociclistas que no utilicen casco podrán ser sancionados con un punto menos en su licencia de conducir y con hasta con 20 UCCM (1 mil 399 pesos), además de la remisión del vehículo al corralón.

En el Grupo Parlamentario del PRI, reconocemos esta medida que busca promover una nueva cultura vial y mejorar la movilidad. Además, también busca disminuir el número de accidentes viales, lo cual constituye una de las principales problemáticas de la Ciudad de México, prueba de ello, es que de acuerdo a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, en esta entidad se registran más de mil accidentes al día. No obstante, consideramos que existen algunas situaciones que ponen en riesgo la correcta instrumentación de este nuevo reglamento.

Resulta preocupante la falta de una señalización vial adecuada y el deterioro de la misma, al respecto, es preciso destacar que de acuerdo a especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco, en los 20 cruceros donde se registran más accidentes viales en la ciudad de México, la señalización está mal empleada.

En este sentido, es apremiante que la Ciudad de México cuente con una señalización vial clara que permita a la ciudanía cumplir con las nuevas disposiciones contenidas en el reglamento de tránsito.

Por otra parte, las multas por conductas que violen el nuevo reglamento de tránsito tienen montos máximos y mínimos, con lo cual no se cuentan con criterios objetivos para la imposición de las multas, situación que deja en estado de vulnerabilidad a la ciudadanía, en virtud de que queda a la discrecionalidad de los agentes de tránsito la imposición de las sanciones, lo cual puede generar actos de corrupción.

La implementación de las tecnologías de la información y la comunicación como auxiliar en la vigilancia del cumplimiento del Reglamento de Tránsito, es una medida que se aplica en la Ciudad de México desde hace algunos años, sin embargo, aún son recurrentes las constantes quejas por las fallas en estos sistemas, por ello consideramos que está pendiente la instrumentación de recursos tecnológicos para que los ciudadanos puedan presentar de forma oportuna sus recursos de inconformidad ante sanciones que consideren injustas.

En el Grupo Parlamentario del PRI consideramos que la correcta instrumentación de este nuevo reglamento debe ir acompañada de una campaña informativa permanente que promueva la adopción de la nueva cultura vial que se buscan alcanzar con esta disposición.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta al Gobierno del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones, implemente las acciones que coadyuven a que los Agentes de Tránsito cuenten con la capacitación necesaria para aplicar de forma objetiva y transparente el nuevo Reglamento de Tránsito para el Distrito Federal, a fin de prevenir e inhibir actos de corrupción.

Segundo. El Senado de la República exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que instrumente las acciones que permitan que la Ciudad de México cuente con una señalización vial en buen estado y acorde al nuevo Reglamento de Tránsito para el Distrito Federal.

Tercero. El Senado de la República exhorta al Gobierno del Distrito Federal a llevar a cabo una campaña de concientización permanente que promueva la adopción de los valores contenidos en el nuevo Reglamento de Tránsito.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2016.

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNBV a informar y prevenir a las entidades del sistema financiero mexicano sobre la autorización otorgada por el Congreso de Michoacán al Ejecutivo estatal para contratar deuda de corto plazo; y a la PGR, a presentar acción de inconstitucionalidad contra el artículo 1o., párrafos cuarto y quinto, del decreto 123, Ley de Ingresos del Estado de Michoacán para 2016, suscrita por la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, senadora de la república de la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o., numeral 1, fracción II, 108, numeral 1, 109, numerales 1 y 2, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Michoacán atraviesa por una severa crisis financiera. Reconozco que la misma no es del todo responsabilidad del actual gobierno; sin embargo, lo que hoy sí es su responsabilidad es gastar bien y castigar a quienes desfalcaron al estado.

La base de un desarrollo sostenible es gobierno eficaz, transparente, responsable y confiable, que actúe bajo el predominio de la ley.

Con el pretexto del desarrollo social, la construcción de infraestructura, la igualdad económica o alcanzar mayores condiciones de vida de los pueblos, no se puede violentar la ley, dejar de ser un gobierno responsable y transparente; pues justo esos pretextos por válidos y legítimos que suenen traen como consecuencia la bancarrota pública, mayor desigualdad y deudas que se trasladan a las generaciones futuras.

No es novedad decir que Michoacán lleva años viviendo un desastre financiero, lo terrible es que el propio Congreso del estado, que en teoría debería ser contrapeso del Poder Ejecutivo, ha declinado la obligación de velar por el dinero de los ciudadanos, de vigilar estrictamente cómo y en qué se gastan sus impuestos, de estar atentos a que la administración pública cumpla sus obligaciones.

Con la reforma constitucional de 1981 del artículo 117, fracción VIII, al tiempo que se permitió a los estados y municipios acceder a financiamiento para sus actividades en condiciones más flexibles que antaño, se estableció, un esquema de coparticipación legislativo-ejecutivo para el tema del crédito público, que buscaba, según quedó explicado, que el crédito público fuese ejercido disciplinada, responsable y cuidadosamente, a través de los pesos y contrapesos ahí recogidos.

El tema del financiamiento de Michoacán adquiere una importancia mayor en el ejercicio del poder público porque las deudas que pesan sobre las finanzas del estado, genéricamente entendido, comprometen el crédito público (como concepto de solvencia moral y económica que del estado tienen los terceros); comprometen hacia el futuro los recursos públicos que han de, destinarse para su pago o garantía, afectándose también las cargas que se dejan a las generaciones futuras; trascienden, por supuesto, al ámbito decisorio de la aplicación o destino de los ingresos del Estado, e imprimen un rumbo importante al destino de las cosas públicas.

Pese a esta corresponsabilidad de poderes, ninguno se ha atrevido a hacer algo y castigar a los responsables del quebranto financiero de Michoacán. Del estudio y análisis del contenido de la última Cuenta Pública de la Hacienda Estatal aprobada, la del ejercicio fiscal de 2013, y el Informe de Resultados de la Fiscalización y Evaluación a la Cuenta Pública realizada por la Auditoría Superior de Michoacán se concluyó que no se cuenta con información confiable que refleje razonablemente la situación financiera de la hacienda estatal, no conocemos los estados analíticos de la deuda, es decir, la deuda de corto y largo plazo; las fuentes de financiamiento; el endeudamiento neto, financiamiento menos amortización; y los intereses de la deuda.

Por el contrario, la última Cuenta Pública develó partidas por montos muy elevados que, una vez investigados, seguramente alterarán el monto de los activos, pasivos y el patrimonio del estado, siendo los más importantes los siguientes:

a) Importes por aclarar por 8 millones 690 mil 692 pesos, registrados en el activo circulante;

b) Cargos por aplicar por 10 mil 881 millones 156 mil 656 pesos, registrados en el renglón de otros activos; y financiamientos obtenidos por 4 mil 689 millones 699 mil 919 pesos, que fueron aumentados al patrimonio del estado. Estas dos partidas suman 15 mil 570 millones 856 mil 575 millones de pesos, que derivan de la contratación de deuda pública y de la cual el congreso desconoce el destino final o en qué fueron invertidos dichos recursos;

c) Recursos federales no comprobados por 3 mil 897 millones 427 mil 277 pesos, que no fueron aplicados para los fines específicos establecidos en las disposiciones legales y en las reglas de operación de los programas;

d) Recursos devengados no Registrados por 227 millones 697 mil 398 pesos, que corresponden a documentos de ejecución presupuestaria y pago no registrados ni contablemente ni presupuestalmente; y

e) Operaciones financieras mu diversas que no fueron registradas ni presupuestalmente ni contablemente por 2 mil 18 millones 399 pesos.

Pese a todo esto, el 30 de diciembre de 2015 se aprobó de forma ilegal por el congreso del estado un nuevo endeudamiento.

El propio despacho privado que contrató el pasado gobierno para analizar la situación financiera señaló:

En nuestra opinión y debido a la importancia de los hechos descritos en el párrafo de “Fundamento de la opinión desfavorable” los estados financieros adjuntos indicados en el primer párrafo de este informe no presentan fielmente la situación financiera del gobierno del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, al 31 de diciembre de 2013, de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Gossler, SC. Contador Público Certificado Alfonso Villicaña Castillo, socio oficina Morelia.

El documento entregado al congreso del estado, mediante el oficio número SAF-647/ 2015, de fecha 15 de mayo del presente año, como primer informe trimestral, únicamente comprende los siguientes elementos:

A. Informe de los ingresos percibidos al primer trimestre de 2015;

B. avance del ejercicio del gasto al primer trimestre de 2015; y

C. Análisis programático-presupuestario del primer trimestre de 2015.

La documentación presentada al congreso por el Poder Ejecutivo está incompleta, pues no contiene los estados programáticos, presupuestarios y financieros que considera la Ley General de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo y la Ley General de Contabilidad Gubernamental vigente y que obliga a todos los estados de la república.

Con fecha 16 de junio del presente año, mediante el oficio número SFA833/ 2015, el Ejecutivo del estado, por conducto del secretario de Finanzas y Administración, envió, en alcance del oficio número SFA-647/ 2015, el documento que contiene los estados financieros que corresponden al primer informe trimestral del ejercicio fiscal de 2015, tratando de cubrir las graves omisiones cometidas en el cumplimiento de la Ley; sin embargo, dichos estados financieros no traen consigo las notas que conforme a la ley y a las normas de información financiera que obligan a los entes públicos deben formar parte integral dichos estados financieros.

La falta de sujeción a las disposiciones legales vigentes en materia de transparencia y rendición de cuentas es preocupante, si partimos del hecho de que durante el primer trimestre del ejercicio fiscal de 2015, el gobierno del estado obtuvo ingresos de origen federal superiores a los estimados por 2 mil 645 millones de pesos y de origen estatal por 383 millones de pesos y del incremento de los ingresos de origen federal mil 93 millones de pesos son de libre programación (en los términos y las condiciones establecidas en los artículos10, 21, 36 y 37 de la referida Ley de Planeación Hacendaria) y el congreso del estado nunca fue informado del destino de estos recursos adicionales y no se explican los motivos por los cuales se mantienen elevados saldos por pagar a proveedores, contratistas y terceros institucionales.

El congreso del estado, por conducto de la Comisión de Hacienda, con fecha 28 de abril de 2015, solicitó por escrito a la Secretaría de Finanzas y Administración información de lo siguiente:

a) Pagos realizados a proveedores y contratistas del ejercicio de 2011 y anteriores, 2012, 2013 y 2014;

b) El saldo pendiente de pagar a los proveedores y contratistas de cada uno de los referidos ejercicios fiscales; y

c) El programa y el calendario de pagos para terminar de cubrir los saldos a cargo del Ejecutivo del estado y a favor de sus proveedores y contratistas.

Información que se sigue desconociendo.

De igual forma, el estado no cuenta con una matriz de indicadores para evaluar el desempeño institucional, por lo que es imposible saber en qué se va a gastar cuál será su destino o cuáles son las inversiones productivas que pretenden realizar.

Lo anterior, ya que el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución federal y su correlativo artículo 5 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Michoacán, que en esencia señalan: que sólo se podrá contraer deuda pública cuando se destine a inversiones públicas productivas, esto es, erogaciones efectuadas en bienes y servicios públicos, modernización de infraestructura y, a valoración del congreso del costo-beneficio en la adquisición de maquinaria, bienes o equipo que directa o indirectamente beneficien a la población.

Aunado a lo anterior, hasta donde se sabe (por la opacidad del caso) el último crédito contratado por el estado con Banco Multiva, SA, con fecha 14 de marzo de 2013, al amparo del decreto legislativo 22, de fecha 26 de octubre de 2012, por mil 340 millones de pesos, no fue aplicado para el financiamiento de inversiones productivas como manda la Ley de Deuda Pública del estado y el propio decreto legislativo 22.

A pesar de toda esta incertidumbre y desaseo, el titular del Ejecutivo estatal envió iniciativa al congreso del estado, y, éste aprobó el 30 de diciembre pasado, una deuda que no tiene la justificación constitucional de que el endeudamiento planteado vaya a ser ejecutado conforme a la ley.

El ilegal decreto señala en el artículo 1o. en los últimos párrafos:

El estado de Michoacán podrá contratar obligaciones a corto plazo sin autorización de la legislatura local, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

I. Que en todo momento, el saldo insoluto del monto principal de estas obligaciones a corto plazo no exceda de 6 por ciento de los ingresos totales aprobados en la presente Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo (es decir, 3 mil 500 millones), sin incluir financiamiento neto durante el ejercicio fiscal correspondiente; y

II. Las obligaciones de corto plazo deberán ser quirografarias.

Para dar cumplimiento a la contratación de las obligaciones de corto plazo en menores condiciones de mercado, la Secretaría de Finanzas y Administración deberá implantar un proceso competitivo con por lo menos dos instituciones financieras y obtener únicamente una oferta irrevocable.

Los recursos derivados de las obligaciones a corto plazo deberán ser destinados exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo entendiendo dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal (es decir, en lo que quiera, en la necesidad que se le ocurra)”.

Lo anterior viola claramente el artículo 8o. de la Ley de Deuda Pública del Estado de Michoacán, el cual señala en el párrafo tercero:

El Congreso podrá autorizar a las entidades a que se refiere el artículo 30 de esta ley (como lo es el ejecutivo estatal) la contratación de deuda en montos superiores a los señalados en el párrafo anterior (es decir, 2.5 por ciento del presupuesto anual) cuando se acredite la capacidad financiera ara a arios considerando la naturaleza objeto destino del empréstito la viabilidad autosuficiencia financiera del proyecto.

Es decir, la ley obliga al Ejecutivo a que si va a endeudarse por más de 2.5 por ciento deba pedir autorización al Poder legislativo estatal, para establecer la capacidad financiera del estado, formas de pago y destino del dinero. El empréstito superó el 2.5: es de 6 por ciento.

Claro que quiero apoyar al gobierno de mi estado y que éste camine en 2016, pero no podemos actuar con irresponsabilidad. Pero es necesario, para resolver su problemática, que en todo momento se respete el estado de derecho. Quien hace la ley no puede violentarla.

Por lo expuesto someto a consideración de este pleno los presentes puntos de acuerdo, en los siguientes términos:

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que en el marco de sus atribuciones informe y prevenga a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano sobre la autorización ilegal que otorgó el Congreso de Michoacán al Ejecutivo de aquella entidad mediante el decreto 123, Ley de Ingresos del Estado de Michoacán para el Ejercicio Presupuestal de 2016, para contratar deuda de corto plazo hasta por 6 por ciento de los ingresos totales.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales presente una Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 1o., párrafos cuarto y quinto, del decreto 123. Ley de Ingresos del Estado de Michoacán para el Ejercicio Presupuestal de 2016.

Sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2016.

Senadora Luisa María Calderón Hinojosa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a los reiterados casos de abusos cometidos por la Policía Municipal de León, Guanajuato, suscrita por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Benjamín Robles Montoya, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 6 de diciembre, el periódico Excélsior dio cuenta de una videograbación publicada en el portal electrónico YouTube en la que se muestra a elementos de la Policía Municipal de León, Guanajuato, realizando una detención. A los 20 segundos del video aparece a cuadro la persona a la que se pretende someter cayendo de espaldas y momentos después, al incorporarse, un agente lo toma por el cuello y lo vuelve a derribar al costado de un automóvil estacionado, al tiempo que otro agente llega y lo patea en el suelo. Durante el forcejeo, un tercer agente aparece a cuadro y varias personas comienzan a rodear la escena.

Lo que sigue en el video es el desorden y los amagos de confrontación de los ciudadanos con los elementos policiales, hasta que más adelante arriban al lugar varias patrullas más, momentos en los cuales se genera una confrontación.

Éste es sólo un caso más en el que se muestra a elementos de la Policía Municipal de León cometiendo excesos. Desafortunadamente parece que a dicha corporación policial ya se le ha hecho costumbre ser exhibida cometiendo abusos en el ejercicio de sus labores. He aquí algunos de los casos de escándalo en que se ha visto involucrada:

• En junio de 2008 fue difundido un video en el que se documentaba el adiestramiento en técnicas de tortura que era impartido a los elementos del Grupo Especial Táctico de la Policía Municipal de León por especialistas internacionales. A pesar de la gravedad del caso, el entonces presidente municipal, su secretario de Seguridad Pública y el director de la Policía Municipal defendieron la impartición de tan reprobable adiestramiento.

• También en junio de 2008, Televisa difundió un video en el que se muestra a un policía municipal de León aventándose en reiteradas ocasiones desde las redilas de una camioneta pick-up para caer encima de una persona que se encuentra tendida y doliéndose en la parte posterior de la camioneta, todo ante las risas burlonas de personas que atestiguan la escena, pero que no aparecen a cuadro.

• En junio de 2011, Milenio Televisión dio a conocer dos videograbaciones en las que se muestran actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos por elementos de la Policía Municipal de León contra un detenido a quien obligan a desnudarse y contra tres menores de edad a quienes esposan a unas rejas. En el primer video se observa en las instalaciones de la central de policía poniente de León, Guanajuato, a un detenido pegado a una pared, presumiblemente bajo los influjos del alcohol, al que los elementos policiales obligan a desnudarse.

• En el segundo video se muestra a tres menores de edad esposados a unas rejas durante su detención en la misma central de policía de León. En la imagen se observa que los menores mueven las manos, presumiblemente por el dolor que les ocasionan las esposas.

• En febrero de 2014 se difundió un video en el que aparecen elementos policiales municipales de León, quienes tras detener a una persona intentan ingresar por la fuerza en un domicilio particular, pateando violentamente y en reiteradas ocasiones la puerta de entrada, al parecer con el único fin de amedrentar a quien se encontraba en el interior, pues terminan desistiendo y retirándose del lugar.

• En julio de 2015 se difundió un video en el que se observa a agentes de tránsito de León deteniendo a una persona a la que sujetan por el cuello; momentos después de subirlo a una patrulla, se abalanzan sobre un joven que grababa la detención y uno de los elementos lo golpea en el rostro, mientras otros dos someten a otra persona.

Es inaceptable que la Policía Municipal de León, en vez de ser una institución confiable que garantice la seguridad de los leoneses, se haya convertido en una amenaza para los ciudadanos, pues las conductas reiteradas en que han incurrido sus elementos no sólo constituyen graves faltas disciplinarias en el ámbito administrativo, sino verdaderos delitos que de ninguna manera deben quedar impunes.

En ese sentido y ante la reiteración de estas conductas indebidas que son síntoma de una actuación sistemática violatoria de derechos humanos, resulta necesario que el Congreso de la Unión, en el ámbito de sus atribuciones, tome cartas en el asunto para exigir de una vez por todas, que dicha corporación lleve a cabo sus funciones con arreglo al marco jurídico y pleno respeto de los derechos humanos.

Por lo expuesto someto a consideración de este pleno los presentes puntos de acuerdo, en los siguientes términos:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública un informe sobre los avances y resultados de la certificación policial y las evaluaciones de control de confianza que se han aplicado a la Policía Municipal de León, Guanajuato.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto de la división de poderes, solicita al presidente municipal de León, Guanajuato, un informe sobre las medidas que su administración lleva a cabo en materia de capacitación y para erradicar los abusos por parte de los elementos de la Policía Municipal, así como de las sanciones que se han impuesto desde 2008 por casos de abusos policiales de dicha corporación.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto de la división de poderes, solicita al gobernador constitucional de Guanajuato un informe sobre las acciones que lleva a cabo de manera unilateral o en coordinación con las autoridades municipales de León para erradicar los abusos por parte de los elementos policiales de dicho municipio, así como de las sanciones que se han impuesto desde 2008 por casos de abusos policiales de esa corporación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2016.

Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a los avances del Fideicomiso del Río Sonora, suscrita por el senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, senador Jorge Aréchiga Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo en relación a los avances del fideicomiso del río Sonora, con base en lo siguiente:

Exposición de Motivos

El 6 de agosto de 2014 se derramaron 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, en el arroyo Tinajas, municipio de Cananea, Sonora por parte de la empresa Buenavista del Cobre, subsidiaria del Grupo México.

El derrame fue ocasionado por una falla en el amarre de la tubería de salida de una represa, contaminando el arroyo Tinajas y el río Bacanuchi que es afluente del río Sonora, el cual descarga aguas en la presa el Molinito misma que fue cerrada precautoriamente por la autoridad ambiental, por los posibles efectos de contaminación.

De acuerdo con la autoridad ambiental, el derrame fue ocasionado por la empresa, aunque en diversas ocasiones Grupo México afirmaba que el incidente fue a causa de las lluvias por arriba de la media, que se presentaron en la zona; sin embargo la autoridad indicó que es absolutamente falso, lo dicho por la empresa.

En 7 de agosto los habitantes de la zona, informaron a Protección Civil del Gobierno de Sonora, la coloración inusual del Río Bacanuchi; la empresa notificó vía telefónica al Gobierno Federal la emergencia ambiental el 8 agosto y el 12 de agosto mediante comunicación oficial.

Acciones realizadas por las dependencias gubernamentales

Comisión Nacional del Agua

Una vez enterada la autoridad de la emergencia ambiental, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizó visita técnica en el lugar del incidente, a través de la cual se determinó que el derrame fue imputable a la empresa y determinó la aplicación de los Protocolos de Atención de Emergencias Hidroecológicas.

• Restringir el uso del agua en el río y en los 322 pozos y norias ubicadas 500m a cada margen del río.

• Establecer 21 puntos de medición a lo largo de los ríos para monitorear los niveles de contaminación.

Así mismo, se determinó que los contaminantes encontrados fueron cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo, cuyos niveles han estado fuera de las normas ecológicas, de salud y del estado de la calidad de río previo al derrame.

Con respecto a los resultados, la Conagua impuso a la empresa responsable del derrame, realizar monitoreos de agua superficial y subterránea dos veces al mes durante 5 años, puso a disposición de la población afectada 32 pipas para la distribución de agua, 10 plantas potabilizadoras portátiles y entrego recipientes para almacenar 500,000 litros de agua.

Profepa

Realizó la suspensión/clausura de la zona donde se originó la fuga, estableció la caracterización, evaluación de daños ambientales y remediación de los mismos, verificó el cumplimiento de las medidas dictadas y presentó el 18 de agosto de 2014 denuncia penal contra quien resulte responsable del derrame.

Asimismo, dio inicio al juicio de Responsabilidad Ambiental, para la Reparación de los daños.

Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios

El 7 de agosto la comisión diseño un programa de atención en Sonora que constó del saneamiento básico (vigilancia de alimentos, visitas de verificación a establecimientos, vigilancia epidemiológica y monitoreo de pozos) , Seguimiento Interinstitucional (control de emisiones de la minera, control de impacto a la salud, evaluación de seguimiento, continuidad a las acciones de saneamiento básico y plan de trabajo para pozos) y la presencia de la Secretaria de Salud (incremento de personal de presente en la zona afectada para orientación de la población).

Asimismo, se indicó que la Secretaria de Salud continuaría con las acciones hasta asegurar que la población de Sonora se encuentra libre de riesgos sanitarios derivados de la contingencia.

Comisión Presidencial para la Atención Inmediata y Permanente de los Daños Generados por el Derrame

Esta comisión fue creada el 12 de septiembre de 2014, y es la encargada de la atención inmediata y permanente de los daños generados por el Derrame de 40,000m3 de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi.

Esta Comisión fue creada para trabajar en 5 ejes:

1. Ejercer de manera inmediata y transparente los recursos del Fideicomiso a partir de la implementación de los mecanismos de pago.

2. Normalizar el abasto de agua potable en la zona afectada a través de fuentes alternas y el muestreo permanente de los pozos afectados.

3. Resarcir los daños a la salud humana y reparar los daños económicos a través de la reactivación productiva de la zona.

4. Proteger a la población contra riesgos sanitarios y constituir mecanismos permanentes de prevención de nuevos derrames.

5. Implementar el Plan de Remediación Ambiental en la zona.

El 15 de septiembre de 2014, se constituyó el Fideicomiso del río Sonora, como fuente de pago para remediar, reparar y/o compensar los daños ambientales y a la salud humana, causados por el derrame. Este fideicomiso, comenzó con un monto de 2 mil millones de pesos, el cual si resulta insuficiente, las empresas deben aportar los recursos adicionales necesarios.1

El 18 de septiembre, se constituyó el Comité Técnico del Fideicomiso, y se creó por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el sitio electrónico denominado “Fideicomiso Sonora”, con el objeto de transparentar el ejercicio de los recursos del fideicomiso.

Portal electrónico Fideicomiso Sonora

Con la página electrónica “Fideicomiso Sonora”, creada por la Semarnat se pueden observar a detalle, todos los documentos generados desde el derrame.

A través de este sitio electrónico, podemos observar que hasta el 4 de agosto de 2015, se han pagado 1,067 millones de pesos, distribuidos de la siguiente forma:

Asimismo, y de acuerdo con el último informe de acciones del Fideicomiso, las acciones realizadas durante el 2015, son:

• Atención médica integral a 10,875 personas, visitas domiciliarias a 4,325 familias, realización de 1,373 consultas médicas y atención especializada a 360 personas con síntomas relacionados con la contaminación por metales pesados.

• Entrega de 36,752 apoyos directos e individuales (en efectivo, cheque o tarjeta de débito), como resarcimiento por daños a la salud, a las actividades agropecuarias y comerciales, a los jornaleros y prestadores de servicio, así como a todas y cada una de las familias que sufrieron el desabasto de agua potable.

• Dotación de más de 333 millones de litros de agua potable a través de pipas.

• Establecimiento de una Red de Monitoreo Ambiental de suelo, agua y sedimento con más de 7,200 muestras levantadas.

• Rehabilitación y apertura de 41 pozos a lo largo del río Sonora.

• Instalación de 10,188 tinacos en todas las casas y edificios de interés comunitario del río Sonora, con torreta, toma de agua y nomenclatura.

• El 4 de Noviembre se logró levantar la fase de contingencia.

• Establecimiento de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora en la población de Ures, que operará por 15 años.

• Constitución de un consorcio de instituciones académicas, nacionales y estatales, coordinadas por la UNAM, para la realización de un Diagnóstico Ambiental Integral de la región del río Sonora.

• Tras la clausura de las operaciones mineras que provocaron el derrame, se ordenaron más de 50 medidas correctivas, cuyo cumplimiento puntual es vigilado por la Profepa. Entre ellas sobresalen la construcción, ya concluida, de dos represos de contención para evitar un nuevo accidente durante la presente época de lluvias.

• Aplicación de un programa de remediación en cinco zonas que conforman la región del río Sonora, que a la fecha ha derivado en la remoción y disposición segura (dentro de los predios de la mina) de más de 6,572 metros cúbicos de suelos y sedimentos contaminados a lo largo del cauce del río Sonora.

• Imposición a la empresa de 4 multas, ya pagadas, por 23 millones 565 mil 938 pesos.

En la página electrónica, podemos encontrar los procesos iniciados en contra de la empresa, los cuales son:

• Clausura temporal parcial (1 de septiembre 2014) de las áreas de lixiviación

• Presentación de la denuncia penal contra quien resulte responsable, el 18 de agosto de 2014

• Sometimiento de la empresa en el que se obliga a la reparación de los mismos y establece un fideicomiso por 2 mil millones de pesos iniciales.

• Sanciones Económicas:

– $ 7,711,000 por el derrame de una solución de sulfato de cobre acidulada

– $ 4,065,800 en materia de atmósfera

– $ 596,551 en materia de residuos peligrosos

– $ 11,192,587 en materia de impacto ambiental

La empresa hasta la fecha ha pagado 23.56 millones de pesos por concepto de multas, adicionales a los 2,000 millones de pesos del fideicomiso río Sonora, por la reparación del daño.

Con lo anterior, podemos observar que las acciones realizadas por el Gobierno Federal, son un parteaguas en la correcta aplicación de la reciente Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, la fue publicada el 9 de junio de 2013.

La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental permitió el establecimiento del fideicomiso, al indicar que toda persona física o moral que ocasione en daño al ambiente, estará obligada a la reparación de los daños o la compensación ambiental la cual debe ser adicional a las sanciones económicas establecidas por la autoridad a consecuencia del daño ambiental provocado.

El derrame de 40,000 m3 de sulfato de cobre en el río Sonora, es un ejemplo para reconocer que la protección del medio ambiente y la conservación de nuestros recursos naturales, es responsabilidad de todos, gobierno, empresarios y la población en general.

La Contaminación del río Sonora, fue un evento de gran impacto social y ambiental, en donde la salud de la población aledaña se vio mermada por un error de una empresa; sin embargo gracias a la inmediata reacción de la autoridad, la empresa que causo el daño, ha sido sancionada y está obligada a reparar el daño, es por ello que debemos felicitar e instar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a continuar trabajando coordinadamente para lograr que no existan más daños ecológicos.

Por lo anterior, el punto de acuerdo que presento tiene dos objetivos:

• El primero es reconocer la labor de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaria de Salud, a la Comisión Nacional del Agua, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, por la inmediata atención de la emergencia ocurrida por el derrame de 40,000 m3 de sulfato de cobre en el río Sonora.

• El segundo es, congratularnos con la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el compromiso mostrado en la transparencia de aplicación de los recursos, y acciones realizadas por el derrame de 40,000 m3 de sulfato de cobre en el río Sonora.

En atención a lo anteriormente expuesto, el senador que suscribe pone a consideración del pleno de la Comisión Permanente el presente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente reconoce la labor de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaria de Salud, la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, por la inmediata atención de la emergencia ocurrida por el derrame de 40,000 m3 de sulfato de cobre en el río Sonora y los logros obtenidos en la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, así como por la creación del Fideicomiso río Sonora, por medio del que la empresa Grupo México aceptó su responsabilidad y se comprometió a financiar la remediación de los daños ocasionados por motivo del derrame.

Segundo. La Comisión Permanente se congratula con la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el compromiso mostrado en la transparencia en la aplicación de los recursos, y acciones realizadas con los fondos del “Fideicomiso Sonora”.

Nota

1 Los fideicomitentes son Buenavista y OMIMSA (Sociedad denominada Operadora de Minas e Instalaciones Mineras SA de CV), y el fiduciario será Nacional Financiera, S. N. C., I. B. D, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, regida por la Ley de Instituciones de Crédito.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República del honorable Congreso de la Unión, a los siete días del mes de enero del año dos mil dieciséis.

Senador Jorge Aréchiga Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al titular de la SEP a terminar con las medidas de enfrentamiento y represión del magisterio que caracterizaron la reciente etapa de evaluación del desempeño docente, suscrita por las diputadas Norma Rocío Nahle García y Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputadas Norma Rocío Nahle García y Norma Xóchitl Hernández Colín, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a terminar con las medidas de enfrentamiento y represión al magisterio que caracterizaron a la reciente etapa de la evaluación al desempeño docente, bajo las siguientes

Consideraciones

El martes 8 de diciembre, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas murió el profesor de primaria David Gemayel Ruiz Estudillo durante las protestas contra la evaluación al desempeño docente.

En el violento enfrentamiento la policía utilizó escudos, toletes, gas pimienta y lacrimógeno así como balas de goma, mientras los profesores echaron mano de piedras, resorteras, canicas, petardos y cohetones. La jornada de protesta duró varias horas y arrojó como saldo además de profesor (asesinado) decenas de heridos y lesionados: entre maestros, estudiantes, padres de familia y policías así como 8 manifestantes detenidos.

El miércoles 9, los enfrentamientos continuaron y el saldo fue de cinco policías retenidos por los maestros inconformes. La jornada de violencia concluyó cuando los profesores y policías retenidos fueron liberados.

El descontento y el rechazo a los exámenes no se reducen al estado de Chiapas; ni a las entidades en donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tiene influencia. La resistencia a la evaluación, que los profesores consideran punitiva, porque los amenaza con el despido, se ha extendido a entidades controladas por los dirigentes oficialistas del SNTE como son los casos de Veracruz, Guanajuato y Querétaro.

Los enfrentamientos y actos de violencia fueron la constante durante la reciente etapa de evaluación al desempeño docente y forman parte de una larga resistencia del magisterio nacional a la reforma educativa, aprobada en diciembre de 2013, como parte de los acuerdos del Pacto por México.

A pesar del encarcelamiento de Elba Esther Gordillo y la renovación de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación el secretario Emilio Chuayfet fracasó en la aplicación de la reforma educativa y fue despedido. Los nuevos administradores de la SEP diseñaron una estrategia con dos vertientes para lograr su aplicación con éxito.

Por un lado se intentó presentar a Aurelio Nuño como un secretario decidido y comprometido con el futuro de la educación. Mediante la visita semanal a las escuelas se produjeron cientos de notas periodísticas e infinidad de fotografías del secretario rodeado de niños. El objetivo consistía en demostrar que los alumnos son el centro de la reforma.

Por otro lado, mediante una intensa campaña en los medios de comunicación se presentó a la evaluación, mediante la aplicación de exámenes a los maestros, como la tarea fundamental para recuperar el control de la educación y lograr su transformación.

El proceso de evaluación consistía en tres etapas El registro de evidencias educativas,

Sin embargo, a pesar de las primeras cifras que mostraban una gran aceptación a los exámenes, paulatinamente el discurso cambió y las acciones se endurecieron. El secretario declaró que quienes se oponen a los exámenes son manipulados por líderes sindicales que no quieren perder sus privilegios y desean seguir vendiendo y heredando las plazas y controlar la vida de los maestros para obtener una utilidad política o económica.

Para lograr la aplicación de los exámenes en los estados en que se preveían conflictos se fortificaron las sedes de evaluación con enormes vallas metálicas y se resguardaron por centenares de policías federales y estatales armados, asimismo se instalaron retenes policiacos que controlaban el acceso. Mientras a los maestros que serían evaluados se les notificó sorpresivamente y fueron concentrados en hoteles de los que no podían salir, rodeados por policías y fueron trasladados a las sedes de evaluación en camiones o helicópteros de la policía.

En las sedes de evaluación los problemas logísticos fueron la constante: falta de computadoras, de conectividad a internet y de personal capacitado por el Instituto Nacional de Evaluación, mientras que la presencia intimidante de policías de seguridad privada, vestidos de negro, intentó mantener el orden y la disciplina de los maestros.

Las medidas coercitivas y de represión no tuvieron el éxito deseado. Fue necesario trasladar y alojar a 3.5 policías federales por cada profesor que presentó examen, sin contar el despliegue de policías estatales y de seguridad privada.

El clima de represión e imposición de los exámenes de evaluación al desempeño docente en nada contribuyeron a mejorar el sistema educativo. Por el contrario incrementaron la crispación y rechazo del magisterio hacia la reforma educativa

Desde su aprobación la reforma educativa no goza de la aceptación y el consenso de la comunidad educativa. Recientemente el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Enrique Graue Wiechers señaló que las modificaciones constitucionales en materia de educación impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto no son una reforma educativa. Únicamente son cambios en la forma de evaluar y contratar a los profesores. Afirmó que una verdadera reforma deberá atender, en una siguiente etapa, el modelo y los contenidos educativos.

En el mismo sentido, la mayoría de los investigadores educativos asistentes al XIII Congreso Nacional de Investigación Educativa realizado en Chihuahua, durante el mes de noviembre, firmaron un documento en el que señalan:

La reforma emprendida por la actual administración carece de un proyecto educativo que la guíe y le dé sustento. Se reduce a un conjunto de modificaciones legales para la administración del sistema escolar. Se limita a regular las condiciones laborales del magisterio, a través de procedimientos de evaluación.

Además de tener un carácter punitivo, los criterios y las prácticas de evaluación son imperfectas y poco confiables y ponen en juego las condiciones de vida de cientos de miles de maestras y maestros.

La reforma se ha fincado en la estigmatización del magisterio. Los cambios se han realizado sin la participación ni la consulta a los maestros. Por el contrario se les desautorizó socialmente y se les condujo a una situación límite: someterse o perder el empleo.

Y concluyen que ni la violencia, ni la administración selectiva de la justicia con fines políticos, son formas adecuadas para resolver la gran polarización que ha provocado la reforma gubernamental.

Los diputados del Grupo Parlamentario de Morena consideramos que no es mediante la violencia como se logrará la transformación del sistema educativo. El enfrentamiento con el magisterio nacional no favorece a la reforma. El costo de aplicar la reforma mediante el enfrentamiento y la violencia será cada vez más alto. En el mediano plazo la inconformidad, el rencor y el resentimiento del magisterio nacional contra las autoridades educativas dificultarán cualquier iniciativa que pretenda atender las profundas necesidades educativas de nuestro país.

Por las razones anteriormente expuestas sometemos a consideración de esta Comisión Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública para que termine con las medidas de enfrentamiento y represión al magisterio que han caracterizado a esta etapa de la evaluación docente.

Segundo. Asimismo lo exhorta a promover un cambio en la política educativa con el propósito de impulsar medidas sustentadas en el diálogo, el acuerdo y el consenso con los profesores, con el objetivo de lograr una verdadera transformación del sistema educativo que beneficie a la niñez mexicana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero de 2016.

Diputadas: Norma Rocío Nahle García, Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se declara 2016 “Centenario de los Congresos Feministas en Yucatán de 1916”, suscrita por la diputada Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Lucely Alpízar Carrillo, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Pasado el movimiento independentista de México, en 1821, el escritor José Joaquín Fernández de Lizardi publicó Cincuenta preguntas a quien quiera responderlas . En esta obra mencionaba “una Constitución no puede llamarse republicana si excluye a las mujeres del derecho a la ciudadanía... los hombres no pueden representar a las mujeres porque sus intereses son distintos”.

En 1824, el intelectual Elías Amador refirió que en Zacatecas, un grupo de mujeres exigía trato de ciudadanas porque afirmaban haber aportado todo a la causa de la independencia, lo que se conocería después como el primer reclamo por derechos políticos del que se tiene registro.

Durante los trabajos del Congreso Constituyente de 1856, el diputado Ignacio Ramírez, atendió a 81 mujeres que demandaban sus derechos políticos y pidió “que no queden sin derechos las personas vulnerables, como las mujeres”.

La autonomía de las mujeres tenía muchas prohibiciones y espacios reducidos, eran el periodismo, el magisterio y la literatura que se entrelazaban para dar origen a conceptos brillantes de mujeres que animaban las ansias de libertad e igualdad de derechos.

Graciela Hierro, en la obra Madres simbólicas del feminismo, nos recuerda lo importante que es otorgar autoridad a las mujeres y, por tanto, la necesidad de hacer genealogías de las abuelas, madres e hijas, de los movimientos sociales que buscaron y buscan mejorar las condiciones de vida de las mujeres o que simplemente encabezan o retroalimentan a un movimiento o propuesta política.

En el periodo 1846-1849 se estableció en Mérida, Yucatán, la primera escuela pública para niñas, ya que hasta ese momento solo había algunas escuelas privadas administradas también por mujeres autodidactas, lo que cambió el panorama de la educación para las mujeres.

En esa época, la mujer participaba en las letras, pero de manera oculta, como en la revista El Repertorio Pintoresco, en la que colaboraban las hermanas Luisa y Cristina Hubbe y Gertrudis Tenorio Zavala.

En 1870, la maestra y poetisa Rita Cetina Gutiérrez fundó y encabezó la sociedad feminista La Siempreviva, la cual encaró el prejuicio social, pues tenía un profundo significado de ruptura con la cultura machista y de marginación a la participación de las mujeres.

Dicha sociedad feminista estuvo integrada, entre otras, por Rita Cetina Gutiérrez, Feliciana Manzanilla, Manuela López, María De la Luz Cáceres, Cristina López de Elizalde, Catalina Zapata, Carmen Solís de Rivas, Gertrudis Tenorio Zavala, Cristina Farfán, Rafaela Domínguez Orfebre.

La Siempreviva tenía por objetivo consolidar la educación de las niñas y las mujeres y, fue la primera escuela que proporcionó educación a nivel secundaria a niñas y mujeres en Yucatán, inició con 60 alumnas y, para 1902 se componía de 600 alumnas.

Lo anterior fungió como el comienzo y el público despertar femenino en la península de Yucatán, siendo este el Estado donde las mujeres tuvieron la visión primera de integrarse a la vida pública desde finales del siglo XIX, gracias al apoyo del gobierno socialista de Salvador Alvarado y Carrillo Puerto, en que fue posible la incursión de las mujeres en puestos de elección popular y en cargos importantes la actividad política.

Durante la República restaurada se abrió el espacio a las mujeres para que participaran activamente y dejaran de ser colaboradoras o receptoras del quehacer literario-científico de los hombres. Así, La Siempreviva fue escrita por mujeres para mujeres, por lo que pasaron a ser redactoras de su propio órgano de publicidad y de sus proyectos sociales.

Las mujeres de Yucatán fueron pioneras del feminismo contemporáneo, abriendo caminos inéditos en la lucha por los derechos de las mujeres mexicanas, con los dos primeros congresos feministas en América.

La trascendencia del trabajo de Rita Cetina formó a las mujeres, hecho que se complementó con la llegada del visionario e innovador Salvador Alvarado al gobierno de Yucatán, pues aprovecharon su apertura, iniciativa y apoyo, para materializar mediante decreto el primer congreso feminista en Yucatán, el cual se realizó del 13 al 16 de enero de 1916, y el segundo se realizó el 16 de noviembre de 1916, en el teatro Peón Contreras.

La organización del primer congreso estuvo a cargo de la profesora Consuelo Zavala, siendo la mayoría de las asistentes profesoras yucatecas. Los temas que se abordaron en dicho congreso fueron la secularización de la educación y la ciudadanía política de las mujeres.

En los mencionados congresos hubo participantes con postura de avanzada, moderada y conservadora, entre las que se destacan a Elvia Carrillo Puerto y Rosa Torre, quienes abordaron el tema del sufragio femenino, tema aprobado en el segundo congreso.

Un tema polémico que causó indignación por parte de las participantes conservadoras fue el de la sexualidad femenina presentado por Hermila Galindo en su ponencia La mujer en el porvenir, en la que hizo mención que el instinto sexual forma parte del amor maternal, y que en las escuelas secundarias debían proporcionarse cursos de anatomía y fisiología, lo que contravenía el discurso dominante que naturalizaba la desigualdad.

Asimismo, en el primer congreso un grupo minoritario de 31 congresistas de avanzada demandaron a nivel municipal el voto de las mujeres, pero la propuesta fue rechazada, imponiéndose las posturas moderadas y conservadoras.

En el segundo congreso, Hermila Galindo preparó una ponencia en defensa de lo que planteó en el primer congreso, presentó una posición igualitarista: “un alto ideal de libertad y progreso que poniendo a la mujer al nivel del hombre, la comprenda no solo nominalmente en la misma ilustración y justicia, si no que le otorgue los mismos derechos y las mismas prerrogativas que se conceden al sexo fuerte”. Dicha ponencia provocó reacciones de la prensa calificándola de inmoral.

En estos primeros congresos feministas de principios del siglo XX las mujeres pudieron establecer un diálogo con el gobierno, debatir sus ideas y propuestas, aunque sus peticiones innovadoras no prosperaron, descubrieron liderazgos de vanguardia en favor de la educación y el sufragio femenino.

Los congresos feministas de 1916, desde luego rindieron frutos y fueron la ante sala para la exposición de los deseos, las inquietudes del sexo femenino en la sociedad, sus reclamos frente al acceso a la educación media y superior; al derecho igualitario en el trabajo fuera de casa y de los derechos civiles; exigiendo salario igual al de los varones y, más aún, el reclamo del derecho al sufragio.

Ejemplo de los liderazgos femeninos fue el caso de Rosa Torres, participante del congreso, y la primera mujer en la historia de nuestro país que ocupó un cargo de elección popular, como presidenta del congreso municipal de Mérida en 1923.

Gracias a ese despertar de la mujer en la vida pública de la sociedad, se han encaminado los esfuerzos para implantarse laboralmente en espacios de dirección y mando, en el sector público y privado, se han abierto los espacios, no sólo para colocarse en la vida política del país, sino que de manera equitativa al varón se le asignen y respeten, en número y proporción, espacios de representación popular.

Es grande el avance que hasta el día de hoy la mujer ha alcanzado en lo político y lo social, gracias a aquellas luchadoras incansables que a su esfuerzo, dedicación y confianza depositada en los trabajos de los congresos feministas de 1916, dieron pie al México actual, que si bien no es suficiente, es un avance significativo en el progreso democrático de la sociedad.

En la actualidad, el gobierno mexicano que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, ha impulsado a la par de instrumentos internacionales, la incorporación de la perspectiva de género como eje rector para el desarrollo sostenible, pues se ha comprometido a llevar a cabo medidas sustanciales, como elevar a nivel ministerial la coordinación del Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres; promover una mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres para mejorar la distribución de la carga de trabajo en el hogar; así como, intensificar las acciones para prevenir el embarazo en adolescentes, y reducir la mortalidad materna.

Es momento de reivindicar los derechos de la mujer, para reflexionar sobre los avances conseguidos; es momento de exigir los cambios necesarios para la real equidad entre el hombre y la mujer, para conseguir los cambios necesarios que las mujeres de ayer y hoy soñamos para un México más igualitario, por lo que México ha avanzado con incluir la perspectiva de género como eje transversal del Plan Nacional de Desarrollo, e impulsado reformas que obligan a los partidos a que el 50 por ciento de las candidaturas a legisladores sea para mujeres.

Recordamos las virtudes excepcionales de las mujeres que de manera constante y callada lucharon para lograr los cambios sociales rompiendo paradigmas y estereotipos de una sociedad patriarcal, clerical y machista, que con estrategias bien estructuradas lograron que sus derechos fuesen reconocidos, así como la importancia de reconocer a la mujer con la misma calidad que se daba al hombre en la ley, en la sociedad y en la familia.

Por último, y por tratarse de 2016 como el año que se cumplen 100 de la realización de dichos congresos, acudo a esta asamblea para conmemorar los 100 años del primer y segundo congresos feministas de Yucatán de 1916, y con fundamento en la fracción V, inciso 2, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, vengo a presentar la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Cámara de Diputados que declare 2016 “Centenario de los Congresos Feministas de Yucatán de 1916”, en virtud de la conmemoración de los 100 años del primer y segundo congresos feministas de Yucatán de 1916.

Segundo. Se exhorta al Senado de la República, al Poder Ejecutivo federal, al Poder Judicial de la Federación, así como a las entidades federativas, a que declaren 2016 “Centenario de los Congresos Feministas de Yucatán de 1916”.

Tercero. Se exhorta a los Poderes de la Unión, así como a los gobiernos de los estados, municipios y congresos locales, a que en todas las plataformas de comunicación y documentos oficiales se inscriba la leyenda “2016, Centenario de los Congresos Feministas de Yucatán”.

Cuarto. Se exhorta a los Poderes de la Unión, así como a los gobiernos de los estados y municipios y congresos locales, a que realicen acciones conmemorativas del primer y segundo congresos feministas de Yucatán.

Quinto. Se exhorta al Banco de México a expedir una moneda conmemorativa del centenario de la realización del primer y segundo congresos feministas en Yucatán, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2 de la Ley Monetaria Federal.

Sexto. Se exhorta a ambas Cámaras del Congreso de la Unión a que por conducto de sus respectivas Juntas de Coordinación Política, Coordinaciones de Comunicación Social y del Canal del Congreso, a que durante 2016 difundan cápsulas y espots informativos alusivos al primer y segundo congresos feministas en Yucatán de 1916, así como de las actividades conmemorativas al centenario de dichos congresos, a través de sus páginas de internet, redes sociales y demás medios electrónicos e impresos.

Séptimo. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos se actualice y fortalezca el contenido de los textos dirigidos a las y los estudiantes de educación primaria y secundaria, en el sentido de ampliar el conocimiento sobre los congresos feministas en Yucatán.

Octavo. Se exhorta al Ejecutivo federal para que autorice la emisión extraordinaria de estampillas postales conmemorativas y especiales correspondientes a 2016, con motivo de la conmemoración del centenario de la realización del primer y segundo congresos feministas de 1916 en Yucatán y que, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del Servicio Postal Mexicano difundan y distribuyan dichas estampillas en el territorio nacional.

Noveno. Se exhorta a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a emitir durante 2016 billetes de lotería alusivos a la conmemoración de la realización del primero y segundo congresos feministas de Yucatán, los que deberán contener la leyenda “2016, Centenario de los Congresos Feministas de Yucatán”.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero de 2016.

Diputada Lucely Alpízar Carrillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la Sagarpa a finiquitar y distribuir los recursos destinados al Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola de 2015, suscrita por el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola (nuevo Progan) o también conocido como Progan productivo , se aplicó en el 2008 de acuerdo a la convocatoria publicada el 31 de diciembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación. El Progan, es la continuación del Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera de la Sagarpa, y es de los programas más relevantes para el apoyo a los productores ganaderos y apícolas del Estado de Yucatán y del país en general.

Este programa busca estimular la ganadería bovina productora de carne, incentivar la producción de leche de bovino en sistemas familiares, y atender la producción ovina, caprina y apícola.

Su principal objetivo es el incremento de la productividad pecuaria a través de apoyos para prácticas tecnológicas sustentables de producción, además de dar asistencia técnica así como capacitación a los productores ganaderos y apícolas a nivel nacional.

La población objetivo de este componente, según las reglas de operación 2015 fueron: las personas físicas y morales dedicadas a la cría de bovinos, ovinos, caprinos, pequeña lechería familiar y apicultura, que estaban registradas en el padrón del Progan 2014; y en su caso nuevos beneficiarios de esas especies y los dedicados a la cunicultura.

En el caso de las personas físicas, los trámites para acceder a estos beneficios productivos se deben de realizar de manera individual, por lo que la dependencia federal invita a los ganaderos a asesorarse con el personal capacitado de la Sagarpa.

Para inscribirse al Progan Productivo se debe acudir a cualquier ventanilla ya sea de la Delegación, Distrito de Desarrollo Rural (DDR), o Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER), con la documentación completa, entre la que se encuentra su registro en el Padrón Ganadero Nacional (PGN) y su número de Unidad de Producción Pecuaria (UPP).

Los apoyos pueden ser en efectivo por vientre o colmena en inventario de ganado bovino, ovejas, cabras o colmenas pobladas; en especie, a través del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (Siniiga); en servicios técnicos, capacitación, acompañamientos técnicos o seguimiento técnico; en Servicios de Protección al Patrimonio; o a través de un Bono de Productividad en efectivo.

Los montos en efectivo que se otorgan a manera de apoyo directo al productor ganadero van de los 330 a 412 pesos por vientre.

Por último, el artículo 316 de las reglas de operación 2015 para el Progan, menciona que las instancias que participan en el Componente son la Coordinación General de Ganadería que funciona como la unidad responsable e instancia ejecutora, al igual que las Delegaciones estatales, ambas de la Sagarpa.

Es así que, formalmente, los beneficiarios deben cumplir con los requisitos previstos en las reglas de operación; y cabe mencionar que desde la apertura de este programa ganadero, año con año se han incrementado los interesados en los beneficios que proporciona.

Por otra parte, de acuerdo con la Sagarpa, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, se autorizó al Programa de Fomento Ganadero un presupuesto de 7 mil 275 millones de pesos, lo que representó 11.6 por ciento superior al de 2014 y 50 por ciento más que en 2013.

Al respecto, con la operación de los componentes autorizados en 2015, la Sagarpa tenía pensado mejorar la productividad, incentivar y reconstruir el inventario ganadero, las praderas y agostaderos.1 Objetivos que se ensombrecieron en la aplicación del programa, dado que existen diversos beneficiarios que hasta el día de hoy no han recibido los recursos etiquetados en el 2015, para dicho fin.

En varios Estados de la República, existe indignación y quejas entre los productores ganaderos que en su opinión es imposible incrementar su productividad por dicha causa.

En el caso de Yucatán, en 2015 la Delegación de la Sagarpa convocó a los productores interesados en el Progan, para que acudieran a las ventanillas de atención que se encuentran habilitadas. Hubo una gran demanda de productores que solicitaron el apoyo de dicho programa y que se encontraban registrados en el padrón del Progan de 2014 como lo exigen las reglas de operación.

Sin embargo, diversos productores que participaron eme han expresado su angustia y desesperanza ya que no han recibido los apoyos del 2015, por poner un ejemplo, todavía en noviembre de 2015, en el Oriente del Estado de Yucatán había alrededor de 4 mil pequeños ganaderos que aún no recibían los recursos económicos del Progan. Además tengo conocimiento que a varios ganaderos se les informó por parte de la Delegación de la Sagarpa en Yucatán, que los recursos económicos correspondientes a dicho Programa, estaban depositados en los bancos pero que aún no se habían liberado; cuestión poco creíble, que sirvió para tranquilizarlos por un momento, sin embargo hasta ahora no se les ha otorgado el apoyo económico.

Cabe destacar que en el sentir de varios productores pecuarios, no se ha podido impactar en el hato ganadero como ellos podrían hacerlo porque además de que el apoyo económico es poco, designado por vientre ganadero en lugar de ser por becerro, se retrasa y no llega a tiempo para aplicarse con oportunidad, o lo peor, es que a muchos de ellos nunca les llega como ocurre ahora.

Asimismo, parte de los problemas a los que se enfrentan los productores pecuarios, cuando les otorgan los apoyos son; a quienes les llega el apoyo es para compensar lo que ya han gastado en costos de pasto para alimentar a su ganado, reforestación de sus tierras para la estimulación de la producción ganadera, vacunas, mantenimiento de praderas, entre otros.

Entonces, la naturaleza del programa se desvirtúa porque el apoyo está sirviendo para recuperar lo gastado, no se otorga con oportunidad para aplicarlo en el momento idóneo para lo que se requiere, por lo que limita la acción del beneficiario que se preocupa por recuperar lo invertido en lugar de acrecentar la inversión a partir de su intervención oportuna y con todos los medios necesarios en el proceso productivo.

Sin lugar a dudas, el Progan es importante para la producción ganadera y para el mejoramiento de la infraestructura de los ranchos, pero se debe resolver de manera inmediata el problema de la suministración, y suministración oportuna del recurso a todos los beneficiarios que cumplieron con los requisitos que se solicitó en las reglas de operación.

En cuestión de los recursos, no cabe duda que se ha mejorado en el Estado de Yucatán, por ejemplo en 2008 la Sagarpa entregó a más de 19 mil solicitantes, cerca de 93 millones de pesos y en el 2009 la cifra de beneficiarios fue de más de 19 mil, a quienes se les entregó más de 91 millones de pesos.

En 2010, el recurso económico incrementó a más de 100 millones de pesos, es decir, más de 9 millones con relación a 2009, para más de 19 mil productores.2 Y en 2011, el Progan entregó alrededor de 87 millones de pesos.

Cabe destacar que hasta 2012, el Progan que como ya se mencionó es la continuación del Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera, había beneficiado aproximadamente en Yucatán a más de 19 mil 200 productores durante los últimos ocho años.

En 2013 se dio apoyo a aproximadamente a 19 mil 500 productores con una inversión de 93 millones de pesos. En 2014, se benefició con 91 millones de pesos alrededor de 18 mil productores que representaron al 95 por ciento de los productores de bovino, ovino, caprino y apícola

Para el 2015 lamentablemente no se cuentan aún con cifras publicadas o de referencia sobre la cantidad de beneficiarios en el Progan.

Como notamos, dichas cifras no varían mucho en cuanto al beneficio que se ha otorgado, y puede considerarse positiva, sin embargo, como lo hemos mencionado, lamentablemente para muchos productores su hato ganadero no se ha incrementado de manera importante a causa del retraso de los recursos o porque dichos recursos no llegan a muchos de ellos.

Por poner otro ejemplo, el Estado de Yucatán ocupa el último lugar a nivel nacional en producción de leche. Se calcula su producción en este ámbito de 1.7 litros por habitante al año, lo que habla de que ni siquiera satisface en este rubro la demanda local. Este tema es de preocupación en el sector productivo pecuario y de todo el Estado, ya que según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Yucatán en 2010 contaba con casi dos millones de habitantes.

Además debemos destacar que la ganadería bovina en Yucatán es importante ya que, según datos de 2009, ocupa el 30 por ciento de la superficie territorial con un millón 342 mil hectáreas permitiendo utilizar los recursos forrajeros y sub-productos agro-industriales disponibles para la obtención de productos de origen animal para la alimentación humana.

El hato de ganadería bovina en Yucatán en 2010, era de más de 533 mil cabezas con una producción en volumen de aproximadamente de 28 mil cabezas.

Cabe mencionar que en 2010, en el mercado nacional, la producción yucateca era de aproximadamente 17 mil 600 cabezas para engorda y más de 25 mil 200 cabezas para abasto en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz.

El número de ranchos en 2010 era de 15 mil 205 y de vientres de 187 mil que brindaban empleo a 17 mil personas de manera directa y 35 mil de manera indirecta.

En cuanto a la apicultura, de acuerdo con datos 2008, se contaba con más 275 mil colmenas que representaban una producción de 9 mil 250 toneladas, por parte de 11 mil 400 productores.

Uno de los rasgos más notables de la apicultura yucateca, es que típicamente es una actividad secundaria para los campesinos, complementaria a las actividades de subsistencia de la milpa. Esta proporciona alimentos como maíz, frijol, calabaza y chile, y la apicultura yucateca proporciona los ingresos económicos.

Alrededor del 80 por ciento de la miel producida en Yucatán es exportada principalmente a la Unión Europea, el 10 por ciento se vende al mercado local y el 5 por ciento restante a la localidad.

Los datos mencionados, nos dan un panorama de las condiciones de productividad ganadera que los yucatecos podemos incrementar, y en general todos los mexicanos. Por tal razón, es importante sumar esfuerzos para que los programas como el Progan sean bien aplicados, con responsabilidad y con oportunidad.

Sin lugar a dudas, con recursos del Gobierno Federal, el Progan ha beneficiado a productores con aretes para ganado o placas de identificación de colmenas a través del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (Siniiga), asimismo, teniendo como prioridad apoyar a la totalidad de los ganaderos yucatecos, se ha abierto una convocatoria para que todos los productores beneficiarios y no beneficiarios de este programa de la Sagarpa, reciban de manera gratuita hasta 300 paquetes de identificadores.

Los beneficiarios del Progan que soliciten aretes o placas adicionales para la identificación de animales o colmenas no apoyados, se les otorga el apoyo de hasta 300 paquetes adicionales de identificadores para bovinos, ovinos, caprinos y colmenas. La cuestión es que realmente se cumpla con el beneficio al 100 por ciento.

Por ello, insisto en que todos estos apoyos deben llegar de manera oportuna para que los productores no resulten afectados en su trabajo cotidiano y como hemos visto con los números estadísticos, la población de Yucatán tampoco resulte afectada, ya que estas actividades ganaderas son una importante fuente de ingresos para el Estado y para el país.

Todo lo anterior debe ser analizado si es que queremos lograr los objetivos que en materia de productividad pecuaria se tiene en el país, ya que con el atraso o con la negación del recurso presupuestado para el Progan, resulta difícil cumplir con el incremento de producción ganadera, lo que pone en entredicho las políticas institucionales de gobierno en esta materia.

Por otra parte, es importante que la Sagarpa informe las razones por las que no se han entregado todos los recursos que se tenían previstos para el Progan, justificar de manera lógica y real el uso de los mismos, cuestión que es de relevancia y que concuerda con el principio de transparencia en toda la administración sea federal, local o municipal.

Por otra parte resulta importante tomar en cuenta el contexto planteado para que se tomen las medidas necesarias que permitan aplicar oportunamente los recursos del programa durante el 2016.

En virtud de lo expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a entregar de manera inmediata los recursos pendientes del Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola, ejercicio 2015, para que los beneficiarios del estado de Yucatán y de todo el país que cumplieron con los requisitos exigidos en las reglas de operación, puedan lograr los objetivos planteados en su área de producción.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que los recursos etiquetados para el ejercicio 2016, destinados al Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola sean distribuidos de manera oportuna, con el propósito de que los beneficiarios del estado de Yucatán y de todo el país contemplados en el Progan puedan lograr los objetivos de incremento productivo.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Sagarpa, a presentar un informe pormenorizado a esta soberanía, respecto de los beneficiarios que ya recibieron y los que están pendientes por recibir los recursos totales del Progan 2015. Asimismo, para que informe a esta soberanía la razón por la que no se han entregado todos los recursos económicos destinados a los beneficiarios del Progan.

Notas

1 Página electrónica:
http://www.sagarpa.gob.mx/Transparencia/POT_2015/FRACCION_X/
3er_Informe_de_Labores_Sagarpa_2015.pdf, consultada el 5 de enero de 2016.

2 Ver página electrónica:
http://reporteroshoy.mx/wp/
apoya-sagarpa-con-cifra-sin-precedente-a-ganaderia-y-apicultura-yucatecas.html consultada el 5 de enero de 2016.

Senado de la República, a 7 de enero de 2016.

Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Veracruz a abstenerse de intervenir en el proceso electoral por llevar a cabo en la entidad, suscrita por el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta ante esta soberanía Proposición con Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Gobierno del Estado de Veracruz a abstenerse de intervenir en el proceso electoral que se lleva a cabo en esa entidad, así como dejar de ejercer acciones que tiendan a la violencia política, la censura y las amenazas en contra de sus adversarios políticos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El martes 18 de agosto de 2015, los diputados de la LXII Legislatura, Fernando Belaunzarán y Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del PRD, presentaron ante la Comisión Permanente una demanda de juicio político en contra del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por violaciones graves a la Constitución Política en materia de derechos humanos, así como por violaciones a las leyes federales sobre protección de víctimas y protección de periodistas, así como leyes de seguridad pública.

Los diputados citados exigieron al Congreso de la Unión, proceder al enjuiciamiento político del gobernador de Veracruz por su responsabilidad política en los asesinatos contra periodistas y por la ausencia de acciones que reduzcan el clima de violencia auspiciado por su omisión y la impunidad que deriva de ella.

Segunda. El 23 de diciembre de 2015, Fernando Belaunzarán twitteo a través de su cuenta @ferbelaunzaran un tweet en el que expresó su indignación por la represión ejercida por el gobierno de Veracruz en contra de un grupo de adultos mayores jubilados, que se habían manifestado para protestar por los pagos que recibieron con cheques sin fondos por concepto de su pensión y aguinaldo. Cabe señalar que dicho tweet, obtuvo 700 menciones.

Con el HashTag #QueNoTeCompreDuarte, Fernando Belaunzarán también denunció que la cuarta parte de la cifra de desapariciones de todo el país, corresponde al estado de Veracruz.

El HashTag #QueNoTeCompreDuarte que creó Belaunzarán rápidamente se convirtió en tendencia el miércoles 23 de diciembre pasado.

Tercera. El jueves 24 de diciembre, es decir tan solo un día después de la tendencia en redes sociales generada por nuestro compañero Fernando Belaunzarán, recibió una llamada a su teléfono personal, proveniente del número (228) 84. 18. 800, en la que la gente que le llamó, se identificó como personal de la oficina del gobernador Javier Duarte y se le consultaron a nuestro compañero algunos de sus datos con el pretexto de corroborar su contacto.

Queremos expresar que ante todo, nosotros respaldamos lo dispuesto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la libre manifestación de las ideas y por lo tanto rechazamos rotundamente todo tipo de acciones tendientes a la censura y al amedrentamiento y solicitamos respetuosamente a esta soberanía, a que haga un llamado a la prudencia al titular del gobierno de Veracruz.

Por lo expuesto, ponemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al titular del gobierno del estado de Veracruz a abstenerse de intervenir en el proceso electoral de dicha entidad, así como dejar de ejercer acciones que tiendan a la violencia política, la censura y las amenazas en contra de sus adversarios políticos.

Sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2016.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Tabasco y a la Profepa a revisar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia ambiental del Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza Yumká, suscrita por el diputado Javier Octavio Herrera Borunda, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Javier Octavio Herrera Borunda, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados; en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Movimiento Ecologista de Tabasco (Metab), ha solicitado en días pasados que se realice una auditoría al Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza Yumká1 , que es un área natural protegida de 100 hectáreas que resguarda más de 500 animales silvestres, ubicado cerca de la ciudad de Villahermosa, en el estado de Tabasco.

Diversos ecologistas tabasqueños han señalado “la ineficiencia y poca capacidad que la dirección del parque recreativo ha mostrado para desempeñar su función”, del mismo modo en que han lamentado que estén muriendo diferentes especies, algunas de ellas en peligro de extinción”2 .

Según información que se puede consultar en el portal electrónico del semanario Proceso ,3 los ecologistas han señalado la falta de capacidad por parte de quien dirige el Centro Yumká, señalando maltrato a los trabajadores y denunciando las pésimas condiciones en las que viven algunas especies, como los Hippopotamus amphibius (conocidos comúnmente como hipopótamos) situación que derivó en el reciente deceso de dos ejemplares, el pasado 24 y 28 de diciembre por presunta negligencia de los directivos4 .

El pasado domingo 27 de diciembre de 2015, se realizó una marcha para exigir frente a la Quinta Grijalva (casa de gobierno del estado de Tabasco) frenar las muertes de animales alojados en el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza, así como la destitución de su titular, la médico veterinaria zootecnista Cristell Pérez Arévalo5 , a quien se responsabiliza por el deceso de los animales mencionados anteriormente en virtud del incumplimiento de lo estipulado en el plan de manejo de las más de 35 especies que ahí se encuentran.

En ese orden de ideas, distintos medios de comunicación, como Tabasco Hoy y El Heraldo de Tabasco, han difundido la denuncia de Juan Ramón Hernández Ugalde, integrante de la asociación civil Unidos por el Yumká, y de Jorge Mayorga, perteneciente a la Red Universitaria MX, quienes lamentaron que el año pasado se haya reportado la muerte de alrededor de 25 animales en el Yumká por falta de atención de los encargados del lugar6 .

Para comprender objetivamente la polémica que se ha generado sobre el Yumká, es necesario establecer qué es el bienestar animal, cómo se consigue y cómo podemos evaluarlo. Así pues, el bienestar animal debe entenderse de manera particular para cada individuo y se define como el completo estado de bienestar físico, es decir, la realidad que considera al animal en un estado de armonía con su ambiente y la forma por la cual reacciona frente a los problemas del medio, tomando en cuenta su confort, su alojamiento, trato, cuidado, nutrición, atención preventiva de su salud, cuidado responsable, manejo y eutanasia humanitaria cuando así corresponda.

El bienestar de los animales se basa en varios factores, uno de ellos es el factor antropogénico, que es el que afecta directamente a los animales salvajes en cautiverio. Derivado de lo anterior, coincidimos con los ecologistas tabasqueños en que es de suma importancia que se realice una revisión periódica y exhaustiva al Centro Yumká, el cual maneja vida silvestre fuera de su hábitat, con la finalidad de verificar las medidas de trato digno y respetuoso y con ello evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo o dolor al cual pudieran estar expuestos los ejemplares de fauna silvestre que viven en el centro.

Queremos reconocer que si bien los zoológicos cumplen con la función de conservar, investigar, educar y brindar esparcimiento a la población, es indispensable que en éstos se cumpla con la legislación mexicana vigente. Especialmente con lo relativo al artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre en materia de registro y actualización anual de datos ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el padrón que para tal efecto se lleve, así como con el plan de manejo requerido para el caso de ejemplares vivos.

Finalmente, consideramos importante que el Programa Nacional de Inspección a Zoológicos puesto en marcha el año pasado, continúe implementándose durante el presente 2016 y mediante actos de inspección se vigile el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente relativa al funcionamiento de los zoológicos registrados ante la Semarnat, especialmente en aquellos, que como el Yumká, presenten problemas visibles en cuanto al manejo de las especies que albergan.

En virtud de lo aquí expuesto y en atención a las exigencias de la sociedad civil en el estado de Tabasco someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Tabasco a efecto de que atienda las demandas ciudadanas respecto al Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza Yumká, a fin de garantizar que éste cumpla con los estándares en materia de ética y bienestar de las especies animales que alberga.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que en el marco del Programa Nacional de Inspección a Zoológicos, sea prioridad revisar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia ambiental del Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza Yumká.

Notas

1 Véase http://www.yumka.org/

2 Véase http://www.proceso.com.mx/?p=425171 Consultado el 05 enero de 2016.

3 Ibíd.

4 Las estimaciones más recientes sugieren que en los últimos 10 años ha habido una disminución de la población del Centro de entre 7 y 20%. En las próximas tres generaciones, aproximadamente 30 años, se prevé que la población sufra una reducción superior al 30% de su tamaño si se sigue la tendencia actual. Fuente evaluación realizada por la UICN a la población de hipopótamo común.

5 Véase http://transparencia.tabasco.gob.mx/Portal/WFrmPresentarPortal.aspx?dp= EA

6 Entre los que se cuentan tres hipopótamos. Véase http://www.oem.com.mx/elheraldodetabasco/notas/n4043778.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2016.

Diputado Javier Octavio Herrera Borunda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al secretario de Cultura a considerar medidas de ahorro y aprovechamiento de papelería y materiales diversos con la imagen institucional del Conaculta en tanto se consolida la transición de la nueva dependencia, suscrita por las diputadas Norma Rocío Nahle García y Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

Las que suscriben, Norma Rocío Nahle García y Norma Xóchitl Hernández Colín, en nuestra calidad de diputadas de la LXIII Legislatura y en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

1. El pasado 8 de septiembre, el Ejecutivo federal entregó ante esta soberanía junto con el paquete económico, ocho iniciativas entre las cuales se incluyó una con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras disposiciones para crear las Secretaría de Cultura.

2. El 10 de diciembre, la Cámara de Diputados votó favorablemente el dictamen presentado por la Comisión de Cultura y Cinematografía y turnó la minuta al Senado de la República.

3. El 15 de diciembre, el pleno de la Cámara de Senadores votó por unanimidad el dictamen de la minuta que le fue enviada de la Cámara de Diputados.

4. El 16 de diciembre, en el marco de la entrega del Premio Nacional de Ciencias y Artes 2015, el presidente de la República firmó el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras disposiciones para crear la Secretaría de Cultura.

5. El 17 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mencionado en el numeral precedente.

Como se puede apreciar, la iniciativa que presentó el Ejecutivo federal con el propósito de crear la Secretaría de Cultura, fue aprobada con celeridad. Hace más de veinte años que se ha discutido el tema. Ha habido foros, encuentros, y consultas en donde se han manifestado opiniones diversas sobre la pertinencia de que la instancia rectora de la cultura en México sea una secretaría.

Ahora es una realidad. El proceso, a partir de la presentación de la iniciativa, tardó un poco más de tres meses.

Como todos saben, la primera iniciativa de ley que presentó Morena fue la Ley de Austeridad Republicana. La presentó la diputada Araceli Damián, pero fue suscrita por todo el Grupo Parlamentario. Esta iniciativa tiene como objetivo central la aplicación de una política de austeridad no de un gobierno, sino del estado, para reducir de manera sostenida el costo de la administración pública, en beneficio de la sociedad.

En la misma línea de la iniciativa propuesta, creemos que se tiene que evitar el dispendio, el desperdicio y evitar los gastos innecesarios, sólo por mantener una imagen.

Tenemos conocimiento que hay gran cantidad de impresos en todas las instituciones que agrupa el Sector Cultura en donde aparecen los logotipos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y de la Secretaría de Educación Pública. Desde papel membretado, tarjetas de presentación, sobres de todo tipo, programas de mano, carteles, entre otro tipo de impresos que promueven todas las actividades que realizan las áreas que conforman la nueva Secretaría de Cultura. La imagen institucional debe cambiar, pero debe aprovecharse al máximo lo que ya fue impreso para evitar la duplicidad en los gastos.

Por lo anterior presentamos ante esta tribuna la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al secretario de Cultura del gobierno federal, Rafael Tovar y de Teresa, a que considere medidas de ahorro y aprovechamiento de papelería y materiales diversos que tienen la imagen institucional del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y de la Secretaría de Educación Pública, en tanto se consolida la transición del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a la nueva Secretaría de Cultura.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2016.

Diputadas: Norma Rocío Nahle García, Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SRE a impulsar una estrategia multilateral que disminuya el fenómeno creciente de la migración infantil y adolescente no acompañada, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, de urgente resolución, conforme a las siguientes

Consideraciones

En los últimos años se ha registrado un incremento constante en el número de niñas, niños y adolescentes migrantes que ingresan en el país –principalmente provenientes de Centroamérica– en busca de llegar a Estados Unidos de América. Según el Instituto Nacional de Migración, tan sólo entre 2011 y 2012 aumentó en 47 por ciento la detención de niñas, niños y adolescentes en estaciones migratorias.

De acuerdo con cifras más recientes del Gobierno Federal, en 2013 fueron rescatados 9 mil 630 menores; en 2014 esta cifra ascendió a 27 mil 78 y en 2015 se estima que serán rescatados 30 mil.1

Una de las principales causas por las que se da este fenómeno migratorio, se debe a que uno o ambos padres de estos niños y jóvenes realizaron el mismo viaje a los Estados Unidos y, por tanto desean reunirse con ellos, aunque ello implique viajar solos, con todos los riesgos que ello implica.

Algunos otros factores que lo propician este fenómeno son la falta de oportunidades y las condiciones de violencia que impiden el libre desarrollo de los niños y jóvenes en sus países de origen, convirtiendo a la migración en solitario en una opción viable para mejorar sus condiciones de vida.

Es importante recalcarlo: la mayoría de los menores que se atreven a emprender este viaje son conscientes de los peligros a que se exponen, entre los que se encuentran el maltrato, la explotación, el abuso sexual y la trata de personas. Por ello resulta alarmante el crecimiento de este tipo de migración, caracterizada por su vulnerabilidad.

Sin duda, el hecho de que en menos de dos años, de 2013 a 2015, se haya triplicado la cantidad de niños migrantes no acompañados refleja una tendencia preocupante que nos obliga no solo a reforzar las acciones para proteger los derechos humanos, sino a impulsar medidas que contribuyan a disminuir los flujos de esta población migratoria, atendiendo las causas del fenómeno desde un enfoque regional de responsabilidad compartida.

Ciertamente, el Estado mexicano ha emprendido diversas acciones para atender este problema. El 3 de julio de 2014, advirtiendo desde entonces el crecimiento de los flujos migratorios de menores, la Comisión Permanente aprobó la creación de un grupo plural de legisladores dedicado a la atención y seguimiento a la problemática de los niños migrantes que ingresan en Estados Unidos de América.2

A nivel legislativo, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre de 2014, se incorporó un capítulo que establece las medidas especiales de protección que las autoridades deberán adoptar para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana. Gracias a estas disposiciones, el gobierno cuenta con mayores herramientas legales para brindar protección especializada a estos grupos vulnerables.

De conformidad con lo establecido tanto en esa ley de reciente creación como en la de Migración, las niñas, los niños y los adolescentes migrantes no acompañados son canalizados por el Instituto Nacional de Migración a los Sistemas DIF Nacional, del Distrito Federal y de los estados, hasta la conclusión de su procedimiento administrativo migratorio.

El gobierno de la república, consciente de la gravedad de este problema cuyos orígenes, vale la pena apuntar, trascienden a las fronteras de nuestro país, ha emprendido acciones contundentes que refrendan su compromiso con los derechos humanos y la voluntad para atender de forma integral a los niños migrantes, con especial énfasis en los no acompañados.

En el marco del Programa Especial de Migración 2014-2018, se elaboraron los siguientes protocolos para mejorar la atención que se brinda a los niños migrantes no acompañados:

• Protocolo de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados o Separados que se Encuentran Albergados, en Módulos y Albergues, elaborado por el Sistema Nacional DIF, la Organización Internacional para las Migraciones, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Se trata de un esfuerzo para consolidar los procesos de atención que el Estado mexicano y las organizaciones de la sociedad civil proveen a estas niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados o separados.

• Protocolo para la Detección de Niñas, Niños y Adolescentes no Acompañados o Separados con Necesidades de Protección Internacional Alojados en las Estaciones Migratorias del INM, elaborado por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Tiene por objetivo mejorar los procedimientos de detección de este grupo con necesidades de protección internacional. En abril de 2015, se inició la implantación de una prueba piloto en la estación migratoria del Distrito Federal, a fin de estandarizar las reglas de actuación. Cabe destacar que, a partir del mes de junio de 2015, se ha sumado la participación del Unicef en la implantación de mejoras del protocolo.

• Protocolo para la Atención Consular de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados, desarrollado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef México). Constituye una herramienta para fortalecer los mecanismos de actuación de los servidores públicos que laboran en las representaciones consulares del Estado mexicano. Su objetivo es asegurar el cumplimiento adecuado de las obligaciones relacionadas con la protección integral de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados o separados de sus familias, en virtud de la situación de especial vulnerabilidad que presentan.

Asimismo, el Instituto Nacional de Migración cuenta con la figura de los oficiales de protección a la infancia (OPI), agentes federales de migración que tienen como principal tarea garantizar el respeto de los derechos humanos de las niñas, los niños y los adolescentes migrantes, en especial de los no acompañados. Los OPI brindan protección y atención especializada desde el momento de su detección en el territorio nacional de la frontera norte y durante todo el proceso administrativo migratorio.

Actualmente, el INM cuenta con 429 OPI, seleccionados de conformidad con un perfil elaborado por el SNDIF y reciben capacitación continua y especializada.

De diciembre de 2012 a junio de 2015, los OPI brindaron asistencia y protección a 38 mil 235 menores de edad mexicanos repatriados por Estados Unidos de América; de ellos, 31 mil 957 eran menores de edad no acompañados. Asimismo, atendió a 40 mil 741 menores de edad extranjeros devueltos; de ellos, 22 mil 81 eran menores de edad no acompañados.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, por su parte, ha coordinado la operación de una red de 47 módulos y albergues dedicados a la atención de la infancia y adolescencia migrante no acompañada, tanto de nacionalidad mexicana como extranjera. En estos espacios se les brinda cuidado y asistencia social. Durante 2014, la red de módulos y albergues brindó cuidado y protección a 25 mil 418 NNA migrantes.

En el marco de la Estrategia de Prevención y Atención a NNA Migrantes y Repatriados no Acompañados se avanzó en el desarrollo de un sistema de información sobre migración infantil no acompañada, mediante el cual se sistematizarán los datos de los NNA migrantes no acompañados que sean atendidos en los módulos y albergues de los sistemas estatales y municipales.

Por otra parte, el gobierno de la república ha promovido acuerdos concretos entre los países miembros de la Conferencia Regional sobre Migración, como la facilitación de información y protocolos que fortalezcan los procedimientos de atención de este grupo de jóvenes vulnerables.

Como resultado de la colaboración con el Unicef, el 11 de mayo de 2015 presentamos el Protocolo para la Atención Consular de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados. Este protocolo constituye una herramienta apta para fortalecer los mecanismos de actuación del personal consular de México en el exterior. Su objetivo es asegurar la aplicación concreta del principio del interés superior del niño, con miras a generar una cadena interinstitucional para la salvaguarda de sus derechos.

Todas estas acciones reafirman el compromiso del gobierno de la república por atender el fenómeno de los niños migrantes no acompañados, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y destinando los recursos económicos y humanos al alcance para proteger sus derechos humanos.

Sin demérito de los esfuerzos realizados por el gobierno federal, es necesario reforzar la colaboración internacional para atender las causas que han generado el crecimiento del fenómeno de los niños migrantes no acompañados.

En ese sentido, coincidimos con la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, quien manifestó en su reciente gira de trabajo por Estados Unidos de América que el gobierno mexicano ha asumido la visión del fenómeno migratorio desde un enfoque de responsabilidad compartida, con la que se busca la protección de los derechos humanos y de los niños. La canciller también apuntó que nuestro país actualmente desarrolla estrategias conjuntas con Estados Unidos y Centroamérica para atender este problema.3

El Grupo Parlamentario del PRI manifiesta su respaldo a las acciones llevadas a cabo por el gobierno de la república para garantizar el interés superior de la niñez y los derechos humanos de los menores migrantes que atraviesan el país sin la compañía de sus familias.

Compartiendo el enfoque respecto al fenómeno migratorio del gobierno de la república, es nuestro interés hacer un respetuoso llamado a diseñar una estrategia conjunta que de paso a una solución integral al crecimiento del flujo de menores migrantes no acompañados.

Por todo lo expuesto y fundado nos permitimos someter a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a impulsar de manera conjunta con los gobiernos de Estados Unidos de América y de los países que integran la región de Centroamérica una estrategia multilateral que, sobre la base de la cooperación internacional y el respeto de los derechos humanos, contribuya a disminuir los flujos migratorios de niñas, niños y adolescentes no acompañados, atendiendo a este fenómeno desde un enfoque de responsabilidad compartida.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que informe a esta soberanía sobre los avances de las estrategias desarrolladas con los gobiernos de Estados Unidos de América y los países que integran la región de Centroamérica para brindar protección y reducir el número de niñas, niños y adolescentes no acompañados que atraviesan nuestro país.

Notas

1 Respuesta a las preguntas parlamentarias en el contexto del tercer Informe de Gobierno. Diciembre de 2015. http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-12-15-1/assets/documento s/Respuesta_al_Tercer_Informe_Gobierno.pdf

2 Gaceta Parlamentaria, 3 de julio de 2014.

3 “México hace su parte para atender niños migrantes: Ruiz Massieu”, en El Universal, 15 de diciembre de 2015.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 7 de emero de 2016.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, con relación al homicidio de Gisela Mota, presidenta municipal de Temixco, Morelos, suscrita por la senadora María de los Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 60 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente al tenor de los siguientes

Considerandos

El atroz asesinato de nuestra compañera y amiga Gisela Mota, ocurrido el 2 de enero en el estado de Morelos, apenas un día después de haber asumido el cargo como presidenta municipal de Temixco, además de consternar, indignar, enojar y entristecer profundamente, obliga a hacer una serie de reflexiones políticas y sociales.

En los últimos diez años, las mexicanas y mexicanos hemos aprendido a vivir en una espiral de violencia y de criminalidad sin precedente y sin punto de comparación a nivel internacional. Incluso, ciudades de nuestro país han sido consideradas como las más violentas del mundo por encima de localidades que presentan conflictos armados activos. En el periodo reciente han sido asesinados alcaldes de diversos partidos, por mencionar algunos podemos citar a Ygnacio López Mendoza, de Santa Ana Maya, Michoacán, del PRD; Feliciano Martínez, de San Juan Mixtepec, Oaxaca; José René Garrido, de San Salvador, el Verde; Puebla, del PRI, en 2013; Gustavo Garibay, de Tanhuato, del PAN, en 2014.1 Lo que antes era una excepción ahora se ha vuelto una regla perversa. Los alcaldes se han vuelto blanco del crimen. Algunos han sido cooptados, otros viven bajo amenaza y otros, los que no se someten, son asesinados. En ese sentido México carece de un protocolo especial de seguridad que blinde a las y los alcaldes y a los integrantes de los cabildos frente a las amenazas y agresiones del crimen organizado. De esta forma se sigue vulnerando a los municipios, que constituyen la célula primigenia de nuestro federalismo y del sistema político-institucional.

Las cifras de los índices de criminalidad y de delincuencia común y “organizada” circulan diariamente en los medios de comunicación y en los discursos oficiales, pero cuando se contraponen a la realidad cotidiana, éstos resultan insulsos y vacíos.

No basta con condenar los asesinatos y las ejecuciones extrajudiciales que se cometen en nuestro país, ni con declarar que se aplicará “todo el peso de la ley” y que se castigará a los responsables “hasta sus últimas consecuencias”, pues esas condenas y esas promesas también resultarán insulsas y vacías al paso de los días, si no van aparejadas de verdaderas acciones de transformación social que modifiquen la actual política de seguridad pública y prevención del delito impuestas desde la Secretaría de Gobernación, cuyos resultados evidencian día con día un fracaso consumado.

En esta década hemos aprendido también a interiorizar que en el ejercicio de la administración pública aquella frase de “o plata o plomo” se ha convertido en una regla en muchas regiones de nuestro país. Con la lamentable connivencia y tolerancia de funcionarios municipales, estatales y federales, quienes con sus discursos, sus condenas públicas y sus cifras maquilladas siguen perpetuando esa fallida estrategia de seguridad nacional que tanto daño ha hecho a México.

Las víctimas de esa fallida estrategia de seguridad se cuentan por miles a los largo y ancho del país, hoy con mucha tristeza y coraje sumamos a nuestra compañera Gisela Mota a ese interminable recuento de daños, a esa lista de indignación y frustración que desborda nuestra razón y nuestro corazón.

El crimen de Gisela Raquel Mota también constituye un caso más de feminicidio en esta zona del país donde se han disparado los crímenes contra mujeres hasta llegar a un total de 633 feminicidios entre 2010 y 2015. Morelos es la segunda entidad del país, después del estado de México, en la que se declaró en 2015 la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres abarcando los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Xochitepec, Yautepec y Temixco. Las organizaciones de la sociedad civil también han denunciado la negligencia de las autoridades locales para dar una atención puntual a las acciones en proceso y hacer efectiva la Alerta de Violencia de Género. Gisela Raquel Mota, como mujer, activista y legisladora recibió distintas amenazas y no se tomaron las medidas necesarias para su protección.

Gisela, la presidenta municipal de Temixco, quien durante toda su vida como activista social, representante partidista y servidora pública mostró siempre un compromiso social con las causas más justas y nobles, había asumido el encargo más difícil en su vida profesional, el encargo que miles de personas le habían confiado a través de su voto en las urnas el pasado 7 de junio de 2015, al elegirla como la presidenta municipal de un municipio en donde la violencia y la delincuencia eran temas de suma preocupación para sus pobladores, por ello decidieron elegirla a ella, pues conociendo su trayectoria y su vocación confiaban en que podría hacer frente a ese flagelo que tanto nos lastima y fragmenta como sociedad.

Es posible asegurar a las y los habitantes de Temixco que Gisela, no les falló. Les falló el sistema político mexicano, el sistema de seguridad, la estrategia impuesta y fracasada de seguridad, las dispersas medidas de prevención del delito, e incluso, las de persecución y sanción de los delitos, a todas ellas y a todos ellos, les falló el Estado, no Gisela, quien hasta el último momento siguió manteniendo sus principios y sus convicciones incluso a costa de su propia vida.

Por Gisela, por todas las víctimas de la violencia, por las y los mexicanos que siguen padeciendo las equivocadas decisiones en materia de seguridad y justicia, por todas ellas, no podemos solamente condenar los hechos y emitir discursos insulsos y vacíos, por todas ellas, por ella, amiga entrañable y compañera de causas, es necesario actuar para honrar su memoria y convicciones, actuar para cambiar esta realidad que tanto nos duele, pero hay que hacerlo hoy mismo, pues mañana puede ser demasiado tarde.

Por lo expuesto y fundado solicito a esta asamblea se apruebe como de urgente resolución los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena enérgicamente el homicidio de Gisela Mota, presidenta municipal de Temixco, Morelos, ocurrido el pasado 2 de enero.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto a su soberanía, exhorta al gobernador de Morelos a girar sus instrucciones al fiscal general del estado, a fin de que realicen las acciones tendientes a aclarar la muerte de Gisela Mota.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría General de la República que analice y, en su caso, ejerza su facultad de atracción de las investigaciones para aclarar los hechos acaecidos el pasado 2 de enero en que perdió la vida Gisela Mota.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión con pleno respeto a su soberanía exige respetuosamente, al gobierno de Morelos, para que en el ámbito de sus atribuciones, realice las acciones necesarias para garantizar la seguridad de todas las personas que se encuentren en su territorio. Asimismo realice las acciones necesarias para reparar el daño de las víctimas de estos hechos y evaluar el impacto del Mando Policial Único desde su implementación en el estado.

Quinto . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal, en su carácter de presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública a realizar las acciones necesarias en el marco de dicho consejo, a fin de mejorar la coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales, para salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, en todo el territorio nacional.

Nota

1 Iván Cabrera,
http://www.publimetro.com.mx/noticias/la-cifra-de-alcaldes-muertos-durante-el-sexenio-de-pena-nieto/mofx!ZNVQp6wSTH8o/, 24 de junio 2015.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2016.

Senadora Dolores Padierna Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a fortalecer las campañas de información respecto a los centros de acopio de árboles de Navidad en todo el país, suscrita por el diputado Javier Octavio Herrera Borunda, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Javier Octavio Herrera Borunda, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En nuestro país se comercializan anualmente alrededor de 1.6 y 2 millones de árboles de Navidad, de los cuales el 40% son producidos en México y el resto se importan de Estados Unidos de América y Canadá; del consumo total, el 60% corresponde a la Ciudad de México y su área metropolitana, según datos aportados por la Comisión Nacional Forestal.

En los últimos años se ha puesto especial atención en fomentar el consumo nacional de estas especies ya que representa una alternativa para producir los árboles que demanda el mercado nacional, sin afectar los bosques, contribuyendo así a mejorar el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales.

Con este tipo de plantaciones, los poseedores de las parcelas realizan un aprovechamiento continuo de los recursos forestales, debido a que constantemente se planta otro o se utilizan los rebrotes para formar un nuevo árbol, garantizando con ello la sustentabilidad en el manejo de uno de los ecosistemas más benéficos tanto para el medio ambiente como para la salud humana.

Como parte de las acciones que se deben implementar para lograr dicho manejo, se encuentra el acopio de los árboles de navidad que cada año se realiza al concluir las fiestas decembrinas.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, invitan a la población a participar en las diferentes acciones de acopio de Árboles de Navidad para su posterior reciclaje con el propósito de fortalecer una cultura de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Son diversos los sitios donde se ubicarán los centros de acopio, centrándose en el Parque Nacional Vivero Coyoacán, en la Ciudad de México, en donde la temporada de acopio del año pasado se recibieron más de 650 ejemplares de árboles navideños para ser triturados y utilizados en la producción de composta que ayudará a nutrir la tierra en donde se plantarán más árboles que formarán parte de los bosques mexicanos, o bien, se usarán para cubrir el suelo de las diferentes calles que componen el Vivero Coyoacán.

Con estas acciones se busca que cada persona que lleve su árbol a reciclar se le entregue de manera opcional un ejemplar de las especies que se producen en el Vivero, a fin de que lo planten y cuiden; sin omitir uno de los objetivos primordiales de dicho programa, que es evitar el abandono de árboles de navidad en la vía pública, o bien, la quema de los mismos, ocasionando mayores riesgos tanto para el medio ambiente como para la salud y seguridad de las personas.

La ejecución de diversas actividades encaminadas a este fin, han logrado crear consciencia en la población acerca de la responsabilidad que todos tenemos en la preservación del medio ambiente, sirven de ejemplo el estado de Quintana Roo, que durante todo el mes de enero al 10 de febrero, implementará el programa “Centro de Acopio y Colecta de Arbolitos de Navidad 2016”, consistente en recorridos para la recolecta de árboles de navidad y en la instalación del centro de acopio ubicado en el vivero de Ecología, para que los ejemplares sean triturados y obtener así una variedad de materiales que se pueden utilizar para cubrir el suelo de los jardines, los cuales al degradarse se convierten en composta, misma que será utilizada en la reforestación de áreas escolares y municipales.

Otro ejemplo es el estado de Veracruz, donde el año pasado de los 38 mil árboles de navidad vendidos, 25 mil fueron acopiados para su reutilización, lo anterior como parte de las acciones ejecutadas por la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, que activa centros de acopio cuya finalidad primordial es evitar el abandono de los ejemplares y consecuente deterioro de la imagen pública, así como un avance en la cultura para la reutilización de los pinos.

Lo anterior evidencia que hoy en día la gente se involucra más con el cuidado de nuestro medio natural, sin embargo, año con año seguimos observando personas que insisten en enviar al basurero los ejemplares de árboles, argumentando desconocimiento de las prácticas de reciclaje, o bien, de los centros de acopio a donde se pueden llevar los mismos.

Es por ello, que el presente exhorto busca generar consciencia en la sociedad sobre la importancia de participar en las acciones de reciclaje, en donde si bien la intervención de las autoridades es importante, la participación social es indispensable.

En virtud de lo aquí expuesto, someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de las autoridades ambientales de los diferentes niveles de gobierno fortalezcan las campañas informativas respecto a los riesgos que se generan al abandonar los árboles de navidad en las calles, o bien, incinerarlos; poniendo especial atención en difundir la importancia de reciclar los árboles de navidad para la conservación de nuestros bosques.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de las autoridades ambientales de los diferentes niveles de gobierno den mayor difusión a los programas o acciones de recolección y acopio de los árboles de navidad, donde se incluyan los datos de los mismos, tales como ubicaciones y horarios.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 7 días del mes de enero de 2016.

Diputado Javier Octavio Herrera Borunda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del DF a suspender en definitiva el contrato administrativo multianual abierto respecto al servicio de “subrogación para imponer multas a través del Sistema Integral de Fotomultas”, celebrado entre la Secretaría de Seguridad Pública y Autotraffic, SA de CV, suscrita por los diputados Jesús Emiliano Álvarez López y Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, Jesús Emiliano Álvarez López y Norma Xóchitl Hernández Colín, diputado y diputada de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con la entrada en vigor, el pasado 15 de diciembre, del nuevo Reglamento de Tránsito para el Distrito Federal, salió a la luz pública el contrato SSP/B3/S/312/2015 que suscribió la Secretaria de Seguridad Pública, y la empresa “Autotraffic, SA de CV”, con la finalidad de prestar el servicio de fotomultas aplicadas a los automovilistas de la Ciudad de México, por concepto de diversas infracciones.

Dicho contrato, se “deriva de la licitación pública nacional número LPN-30001066-008-15”, publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal, el 3 de julio de 2015, y “de la cual se realizó el acto de recepción del sobre único de la documentación legal administrativa, propuesta técnica y económica levantándose el acta correspondiente en donde al no contar con la asistencia de ninguno de los licitantes se procedió a declarar desierta dicha licitación el día 13 de julio de 2015”.

No obstante, dicho contrato fue asignado a “Autotraffic, SA de CV”, empresa que entre otros servicios detecta, a través de radares móviles y fijos, vehículos que incurren en multas de tránsito, por medio de la foto infracción o foto multa que es fotografiado para enviar las sanciones de tránsito correspondientes.

El contrato especifica que dicha empresa, acordado por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), fue asignada a prestar el servicio de fotomultas.

Así, tenemos que la Secretaría se obliga a pagar “un porcentaje fijo de cobro por infracción equivalente al 46% del ingreso efectivo, por concepto de las siguientes infracciones: invasión de carril contrario o confinado; identificación del uso de distractores durante la conducción de un vehículo; circular en sentido contrario; realizar vueltas prohibidas; no respetar indicaciones de semáforos y transportar a menores de 10 años de edad en cualquiera de los asientos delanteros, de conformidad a las disposiciones de transito vigentes y que estarán contenidas en las boletas.”

Asimismo, la empresa “podrá procesar la evidencia fotográfica para determinar las siguientes infracciones: circulación prohibida de vehículos por carriles centrales de la red vial primaria de acceso controlado; invasión de paso peatonal, así como todas aquellas infracciones que se puedan procesar a través de una imagen.”

También establece que “no obstante lo anterior, la empresa debe de procesar la totalidad de las imágenes que detecten los sistemas; reservándose la Secretaría la implementación, dentro del sistema integral de fotomultas, de la detección y procesamiento de otro tipo de faltas al reglamento de Tránsito Metropolitano.”

Autoraffic, brindará su servicio de fotomultas a partir del 1 de septiembre de 2015, hasta el 31 de diciembre de 2017, y operará las 24 horas del día los 365 días del año.

Cabe destacar que, de acuerdo al contrato, durante este periodo de tiempo, la empresa tiene que cumplir una cuota diaria de al menos cinco mil infracciones de tránsito, 150 mil multas mensuales. Es decir, un millón 800 mil al año y cuatro millones 200 mil pesos en todo el lapso del contrato. De las que obtendrá el 46 por ciento de las ganancias, mismas que están calculadas alrededor de 200 millones de pesos mensuales.

Al respecto, en relación a la cuota mensual de multas aplicadas, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, declaró que “eso que dicen que va a haber 5 mil multas (diarias), que hay una cuota, son mitos. De ninguna manera; nunca hemos tenido ni vamos a tener ese número, ni se le va a pedir (a Autotraffic) ninguna cuota, ni lo permitiría yo.” No obstante, el contenido del contrato desmiente lo afirmado por el Jefe de Gobierno.

Al tomar en cuenta las cinco mil multas mínimas que la empresa concesionada tiene como cuota diaria, la recaudación por día en la Ciudad de México ascenderá a seis millones 995 mil pesos.

Si se toma en cuenta la multa mínima de 699 pesos, lo que se recaudará al mes serán alrededor de 104 millones de pesos, de los que Autotraffic obtendrá más de 48 millones de pesos, al recibir su cuota exigida en el contrato de cinco mil infracciones para esta concesión.

A esto se le suman los 173 millones 856 mil 310 pesos con 79 centavos, que esta empresa cobró a la administración local por concepto de sus servicios, los cuales serán pagados por la SSPDF en tres anualidades de 29 millones 121 mil 400 pesos en 2015; 76 millones 885 mil 640 en 2016 y 67 millones 849 mil 270 pesos para 2017.

El documento especifica que el porcentaje de cobro por multa será el mismo durante todo el periodo y el pago a esta empresa se realizará por “infracción pagada”.

Asimismo, se menciona que “el porcentaje acordado es fijo hasta la total conclusión del contrato, en caso que lo solicite la Secretaría, la empresa se obliga a otorgar el incremento en el servicio en la cantidad requerida...siempre y cuando el monto total máximo de la modificación no rebase en su conjunto el 25% del monto total máximo a ejercer por dicho contrato...”

De igual manera, debemos mencionar, que la empresa no es vigilada por ninguna entidad fiscalizadora y puede imponer las miles y miles de infracciones, para cobrarlas, sin que nadie, absolutamente nadie, vigile, si se pasó del límite establecido.

Basado en los registros de la cuenta pública del Gobierno de la Ciudad de México, debido a las herramientas tecnológicas las multas de tránsito en la capital del país incrementaron hasta en un 50 por ciento durante la administración de Miguel Ángel Mancera, en comparación con el año 2012, 2013 y 2014.1

Así pues, lo realizado por la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal y la empresa mercantil “Autotraffic, SA de CV”, perjudica entre 4 a 5 millones de automovilistas que ejercen diariamente su derecho a movilizarse, dentro de las vialidades del Distrito Federal. Esa situación lo hace obviamente ofensivo y atentatorio del interés público.

Con dicho contrato, la empresa “Autotraffic, SA de CV”, saldrá ganando en este negocio. Podrá hacer todos los actos de molestia que quiera, porque un sospechoso contrato administrativo así se lo permite.

Aunado a lo anterior, y como se menciona en dicho Contrato, la licitación se declaró desierta; de ahí pues, la necesidad de que esta Soberanía y la opinión pública, conozcan las razones y los argumentos por el qué dicho contrato se le asignó a la empresa mencionada.

Es por lo anterior, y ante el gran descontento ciudadano, proponemos la cancelación del contrato en comento; ya que es evidente que es meramente con fines recaudatorios y contrario a lo que afirma el Jefe de Gobierno, quien “ve una avance positivo en este esquema que permitirá salvar vidas.”

Dicha propuesta se fundamenta en el mismo contrato, pues ahí se menciona que la “Secretaría podrá en cualquier momento dar por terminado anticipadamente el presente contrato. Ya sea por mutuo consentimiento, caso fortuito o fuerza mayor, sin responsabilidad para la Secretaría.”

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a suspender de manera definitiva, el Contrato Administrativo Multianual abierto para el servicio de “subrogación para imponer multas a través del sistema integral de fotomultas”, celebrado entre la Secretaría de Seguridad Pública y la empresa “Autotraffic, SA de CV”.

Nota

1 Jacobo Mendoza Chávez en http://letraroja.com.mx/88547/

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 6 de enero de 2016.

Diputados: Jesús Emiliano Álvarez López, Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente manifiesta su reconocimiento a la Secretaría de Salud y, particularmente, a la Cofepris por la aprobación de la primera vacuna contra el dengue a escala mundial, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, conforme a las siguientes

Consideraciones

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el dengue es una infección transmitida por mosquitos que causa síntomas gripales y en ocasiones evoluciona hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal, denominado dengue grave. Se presenta principalmente en climas tropicales y subtropicales del planeta y en zonas urbanas y suburbanas.

Los principales síntomas son: fiebre alta, dolor de cabeza fuerte, dolor de espalda, de articulaciones, náusea, vómito, dolor de ojos y erupción de la piel.

Desde el 2001 la OMS a través del Departamento de Inmunización, Vacunas y Biológicos, ha incentivado el desarrollo de una vacuna que pueda ser utilizada como parte de la estrategia global de combate contra el dengue.

El organismo estima que cerca del 40% de la población mundial está en riesgo de contraer dengue, lo cual equivale a 3,900 millones de personas. Se calcula que alrededor de 400 millones son contagiados cada año en más de 128 países alrededor del mundo.

En México, durante el año pasado se registraron 32,100 casos, de los cuales 23,432 corresponden a dengue no grave y 8 mil 668 a dengue grave. Se estima que el costo social asociado al dengue fue de más de 3,200 millones de pesos en 2014, lo que equivale al 2.5% del presupuesto asignado a todo el sector salud para 2016.

En nuestro país los esfuerzos para crear una vacuna para el dengue derivaron en cinco proyectos de vacuna, siendo el de la farmacéutica Sanofi Pasteur el primero en acreditar su calidad, seguridad y eficacia. Esto se logró demostrar a través de la ejecución de más de 25 estudios clínicos ejecutados en cinco países, incluyendo México, en el que participaron más de 40,000 pacientes.

Esta evidencia fue presentada a Cofepris en un proceso regulatorio que inició desde el mes de mayo de 2013 y que implicó 5 reuniones ante el Subcomité de Productos en Desarrollo y 2 reuniones ante el Comité de Moléculas Nuevas.

La información presentada por la farmacéutica fue evaluada a través del Consejo Científico de la Cofepris, máximo órgano de consulta científica con el que cuenta esta Comisión y consultada con el Instituto Nacional de Salud Pública y la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud.

Como conclusión de este proceso regulatorio exhaustivo y de las recomendaciones emitidas por el INSP y la Ccinsyhae, la Cofepris ha emitido el registro para la Vacuna Contra el Dengue CYD - TDV con las siguientes características:

1) Es una vacuna quimérica tetravalente (para serotipos I, II, III y IV), elaborada a partir de virus vivos atenuados contra dengue (CYD- TDV).

2) Está dirigida a la población previamente expuesta al virus del dengue de entre 9 y 45 años de edad.

3) Está indicada para ser aplicada en poblaciones en las que el dengue sea endémico y su seroprevalencia deseablemente sea igual o mayor a 60%.

4) Tiene una eficacia promedio del 60.5% para la prevención de dengue y de un 93.2% para la prevención de dengue grave.

Adicionalmente, como parte de este proceso, la Cofepris solicitó a la empresa que, de manera adicional, al plan global de manejo de riesgos que la empresa había diseñado, se estableciera un plan específico para nuestro país. En este plan se contempla un registro electrónico de la población vacunada, así como el monitoreo activo de la eficacia y seguridad de la vacuna a través de centros médicos centinelas ubicados en poblaciones endémicas en las que la misma sea aplicada.

Esta vacuna puede prevenir más de 8,000 hospitalizaciones, 104 muertes anuales y generar ahorros por 1,100 millones de pesos anuales por la reducción en costos asociados a la atención médica

Con este registro, México se convierte en el primer país en contar con una vacuna contra el dengue dentro de su gama de opciones para el combate al dengue.

El Grupo Parlamentario del PRI celebra el esfuerzo realizado por las instituciones involucradas para que esta vacuna esté al alcance de los mexicanos y con ello evitar que más personas sigan sufriendo por esta enfermedad.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión manifiesta su reconocimiento a la Secretaría de Salud y, particularmente, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, por la aprobación de la primera vacuna contra el dengue a nivel mundial.

Dado en la sesión de la Comisión Permanente, el 7 de enero de 2016.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Senado de la República a dictaminar la minuta con proyecto de decreto por la que se expide la Ley del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, suscrita por el diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El presente, diputado Felipe Reyes Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con forme a lo dispuesto en el artículo 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral.

En dicho decreto, fue adicionado un Apartado C al artículo 26 constitucional, para crear el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) con carácter de órgano constitucional autónomo.

La erección del Coneval como órgano constitucional autónomo fue un gran acierto, ya que, en un país marcado históricamente por el uso discrecional de los programas sociales con fines electorales, el Coneval se considera la institución idónea para proveer información de la pobreza, gestionar la evaluación y el monitoreo de las políticas y los programas sociales, así lo establece el mismo organismo;

Misión: Medir la pobreza y evaluar los programas y la política de desarrollo social para mejorar sus resultados y apoyar la rendición de cuentas.1

Somos una institución reconocida por su credibilidad y rigor técnico para generar información objetiva y útil que contribuye a la mejora de la Política de Desarrollo Social.2

Así, desde su creación en el 2005, el Coneval evidenció la regresividad y opacidad del gasto social y aumentó el flujo y la calidad de la información de los programas sociales. En este sentido con el Coneval, México se convirtió en el líder regional en materia de evaluación y monitoreo de la política social y ha inspirado la construcción de instituciones análogas en todo el mundo.

No obstante lo anterior, a pesar de que el artículo Vigésimo Transitorio del Decreto del 10 de febrero de 2014, en su párrafo 4o. reza;

El Congreso de la Unión deberá expedir la ley que regirá al órgano autónomo denominado Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.3

Sin embargo a la fecha esto no ha ocurrido, lo que significa un franco incumplimiento a lo ordenado por el Constituyente Permanente.

Asimismo, el aludido decreto de reformas a la Constitución ordena que el Consejo General del Coneval deba integrarse dentro de los sesenta días naturales según lo contempla en su párrafo 5o. que dicta;

En tanto el Congreso de la Unión expide la Ley a que se refiere el párrafo anterior, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social que se crea por virtud del presente Decreto, una vez instalado, ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto en el mismo y en el decreto por el que se regula el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2005.4

El mismo transitorio establece que, en caso de que en el plazo referido no quede integrado el órgano constitucional y hasta su integración, continuará en sus funciones el organismo descentralizado denominado Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Asimismo, dispone que en tanto el Congreso de la Unión expide la Ley, el nuevo Coneval, una vez instalado, ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto en el mismo y en el Decreto por el que se regula el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2005.

Que el 28 de octubre de 2014, durante la LXII Legislatura, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobó la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con 413 votos en pro, 1 en contra y 3 abstenciones, con lo cual da cumplimiento a los mandatado en el decreto del 10 de febrero de 2014, dicha ley nace como consenso pues integra las solicitudes de diversas fracciones parlamentarias que plantearon una serie de iniciativas bajo la misma inquietud, ejemplo de ello fueran las suscritas por las diputadas y diputados Jessica Salazar Trejo, Alliet Mariana Bautista Bravo, Agustín Miguel Alonso Raya, Silvano Aureoles Conejo, Fernando Zárate Salgado, Fernando Belaunzarán Méndez y Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD, María Beatriz Zavala Peniche del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y José Alejandro Montano Guzmán del Grupo Parlamentario del PRI; así como las iniciativas de los senadores Luisa María Calderón Hinojosa y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del PAN.

El 28 de octubre de 2014, mediante el oficio número D.G.P.L. 62-II-1-2151, el Senado de la República recibió de la Cámara de Diputados el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, la cual se turnó a las comisiones unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente, sin que a la fecha haya sido dictaminada.

De esta manera, a pesar de que la reforma constitucional entró en vigor hace casi dos años, el organismo constitucional autónomo no ha sido instalado y continúa operando el organismo descentralizado del Poder Ejecutivo Federal, con un órgano de gobierno cuyo mandato espiró en 2014.

Cabe señalar que el órgano de gobierno vigente desde 2006, está integrado por seis investigadores académicos elegidos por convocatoria.

Sin embargo, el nuevo Coneval, debe contar con un presidente y seis consejeros, nombrados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados.

Como puede apreciarse, uno de los principales problemas derivados de la ausencia de ley reglamentaria del Apartado C del artículo 26 constitucional es la designación de sus nuevos consejeros y que pone en claro riesgo la integridad de la política social en nuestro país.

La necesidad de cambio es inmediata, sin embargo como no hay ley reglamentaria aún no hay reglas para el nombramiento de los consejeros y no pueden determinarse cuáles serán las atribuciones y estructura orgánica del nuevo Coneval.

En este sentido, los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática manifestamos nuestra preocupación por el desacato a lo ordenado por el Constituyente Permanente.

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de ésta Comisión Permanente, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión Exhorta respetuosamente al Senado de la República, para que retome el proceso legislativo y dictamine la minuta con proyecto de decreto por la que se expide la Ley del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, para dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo Vigésimo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.

Notas

1 www.coneval.gob.mx
2 Ibídem.
3 www.dof.gob.mx/
4 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2016.

Diputado Felipe Reyes Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a diversas autoridades a vigilar el cumplimiento de las obligaciones que Veracruz tiene con sus pensionados y jubilados, suscrita por los diputados Cuitláhuac García Jiménez y Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos investigue la agresión contra jubilados y pensionados el pasado 23 de diciembre, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; al Congreso del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con pleno respeto a su soberanía, a que vigile el cumplimiento de las obligaciones que tiene la entidad con sus pensionados y jubilados; a la Auditoría Superior de la Federación a que audite las operaciones financieras del gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a cargo de Javier Duarte de Ochoa, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que dé a conocer el detalle de la información de la deuda reportada por el gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, suscrita por los diputados Cuitláhuac García Jiménez y Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputados Cuitláhuac García Jiménez y Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

En un hecho que refleja nuevamente la incapacidad y el carácter represivo del gobierno de Veracruz a cargo de Javier Duarte, el miércoles 23 de diciembre la fuerza pública de esa entidad agredió la manifestación de pensionados y jubilados, la mayoría de la tercera edad, que demandaban la realización de los pagos atrasados. Esta era una más de las manifestaciones que venían realizando por el retraso en sus pagos.

Y se llevó a cabo porque el gobierno no cumplió el compromiso alcanzado el 10 de diciembre, cuando un grupo de pensionados afiliados al Instituto de Pensiones del estado (IPE), se manifestó frente a palacio de gobierno. En esa ocasión habían logrado el acuerdo con funcionarios representantes del gobierno estatal, que se comprometían a cumplir con la Ley y les reconocían los adeudos pendientes, estableciéndose un plan de pagos, por el cual el gobierno del estado pagaría los adeudos los días lunes 14 y martes 15 de diciembre, en tanto que el aguinaldo al que tienen derecho y la pensión de diciembre se pagaría del 18 al 23 de diciembre.1

Sin embargo, como el gobierno no cumplió con los pagos correspondientes, porque los cheques que les entregaron no tenían fondos y no pudieron ser cobrados o porque no se realizaron los depósitos para quienes cobran mediante tarjeta de nómina, el viernes 18 de diciembre los pensionados volvieron a salir a la calle a manifestarse. Esa movilización se repitió en el transcurso de los siguientes días.

Es más, el 22 de diciembre, el mismo secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, firmó un acuerdo en el que se comprometió a que ese mismo día 22, quedarían cubiertos las obligaciones de pago correspondientes a pensión y aguinaldo.

Ese ofrecimiento no se concretó y fue así que se llegó al quinto día de manifestaciones. El miércoles 23 de diciembre fue cuando se puso en marcha la represión, en la que policías agredieron y empujaron con bastones eléctricos a los manifestantes que estaban en la calle Enríquez, en el centro de Xalapa. También fueron agredidos periodistas, reporteros y fotógrafos, en un hecho más que, trascendió, será atraído para ser investigado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.2

De acuerdo con información periodística, la CNDH solicitará información con el propósito de integrar el expediente de queja y, en su momento, emitirá el pronunciamiento correspondiente, reiterando que la convivencia pacífica y el ejercicio pleno de los derechos en una sociedad democrática implican un compromiso compartido entre autoridades y ciudadanos, en el que la actuación de todos debe estar sujeta al marco de la ley.3

Después de la represión en contra de los jubilados y pensionados, el gobierno del estado de Veracruz informó que había cubierto el pago del aguinaldo y las pensiones, en tanto que el retroactivo que solicitan referente a la pensión móvil, será cubierto a más tardar hasta la primera quincena del mes de febrero.

No es la primera vez que ocurren esos retrasos. En diciembre de 2014, jubilados y pensionados de Córdoba y Orizaba llevaron a cabo actos de protesta para exigir a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) el pago de su aguinaldo y la pensión de diciembre. En aquélla ocasión los inconformes resaltaron que mientras el Gobierno de Javier Duarte no cumple con sus obligaciones laborales y financieras, continuaba el despilfarro de recursos de sus funcionarios de primer nivel, así como también la corrupción en sus áreas de Gobierno.4

A su vez, el 3 de marzo de 2015, Javier Duarte al referirse específicamente a la queja de los jubilados del Instituto de Pensiones, reconoció que no hay dinero que alcance ya que cada vez crece más el padrón de jubilados y el gobierno estatal aporta el 50 por ciento del pago a jubilados y pensionados del Instituto de Pensiones del Estado (IPE). Señaló que la diferencia entre lo que ingresa, de las cuotas y las aportaciones, y lo que cuestan las jubilaciones y las pensiones cada vez es mayor. “Porque cada vez hay más jubilados y pensionados, por dar un ejemplo en números netos, por cuotas de trabajadores en activos y de aportaciones patronales la Secretaría de Finanzas más o menos ingresa alrededor de 200 millones de pesos mensuales, las jubilaciones y las pensiones nos cuestan al gobierno en total 380 millones de pesos, es decir, existe un subsidio de mes con mes de 180 millones de pesos que depositamos en el IPE para poder cumplir a todos y cada uno de los jubilados y pensionados de manera puntual”.5

El problema no se limita sólo a esa diferencia. Como se ha señalado, en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, la auditoría Superior de la Federación evidenció el desorden financiero en que tiene sumida a su entidad el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. El estado bajo su mandato, resultó ser una de las entidades federativas con el “desempeño más desfavorable’’ durante el ejercicio fiscal de 2013, de acuerdo con el índice de desempeño de la gestión del gasto federalizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.6

No está de más recordar que Morena promovió un punto de acuerdo para solicitar al Congreso del Estado de Veracruz impedir el aumento de la deuda solicitada por Javier Duarte en octubre de 2015. Como antecedentes, en 2011 el Gobernador logró que se aprobara la “reestructuración” de la deuda pública vigente, que incrementó el saldo de la misma de $12,600’000,000.00 (Doce mil seiscientos millones de pesos), a $30,000,000,000.00 (Treinta mil millones de pesos), sin que hasta la fecha mejore la situación financiera del gobierno estatal. Ahora, el pasado 20 de octubre del año en curso, envió al Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave una iniciativa con proyecto de decreto por el que solicita que, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, se pueda llevar a cabo una nueva reestructuración de la deuda pública con la finalidad de apoyar los esfuerzos encaminados a fortalecer la Hacienda Pública Estatal.

Aunque Duarte pretendió justificar su nueva reestructura señalando las dificultades por las que está pasando nuestro país, que sin duda se debe a las políticas equivocadas del actual gobierno, se debe aclarar que el caos financiero que se vive en Veracruz no es resultado del contexto, sino de la irresponsabilidad y el despilfarro de su propia administración.

De cualquier modo, el 28 de octubre el Congreso estatal aprobó la nueva reestructura, por 21,700 millones de pesos. El riesgo, como lo hemos señalado en Morena, es que no transcurra mucho tiempo en el que el gobierno de Duarte vuelva solicitar nuevas autorizaciones de “reestructura”. De hecho, como sucedió con los pensionados, esa administración gubernamental no tiene resueltos ni siquiera los compromisos más sensibles con la sociedad como es el pago a pensionados y jubilados.

En función de lo señalado hasta ahora, ratificamos nuestra consideración en el sentido de que Duarte de Ochoa, debe poner a disposición de las autoridades del ramo y de la ciudadanía, el verdadero monto del saldo de la deuda pública, así como reconocer la crisis por la que atraviesa el estado. Lo que se conoce hasta ahora es que si bien el anterior gobernador, Fidel Herrera, dejó una deuda pública de más de 11 mil millones de pesos, en sólo 5 años Javier Duarte la incrementó a 44 mil 470 millones de pesos, todo ello, de acuerdo con la deuda pública reportada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.7

En el mismo sentido, reconociendo la grave situación en la que se encuentran los pensionados de la entidad, el gobierno del estado se encuentra obligado a establecer los fondos necesarios para cubrir sus compromisos con ese sector de ciudadanos, del que forman parte aquéllos que ya aportaron y que merecen se les atienda con toda responsabilidad.

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que investigue la agresión contra jubilados y pensionados el pasado 23 de diciembre, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y se finquen las responsabilidades administrativas y penales, según sea el caso.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con pleno respeto a su soberanía, a que vigile el cumplimiento de las obligaciones que tiene la entidad con sus pensionados y jubilados y se establezcan los instrumentos que garanticen el cumplimiento oportuno del pago y las sanciones por las omisiones que afecten esos derechos.

Tercero . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que dé a conocer el detalle de la información de la deuda reportada por el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, incluyendo el efecto neto de la nueva deuda por 21 mil 700 millones de pesos, en el corto y el largo plazo.

Cuarto . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que audite las operaciones financieras del gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a cargo de Javier Duarte de Ochoa.

Notas

1 http://e-veracruz.mx/opinion/2015-12-19/sigue-regateando-el-ipe-las-pen siones-no-paga-adeudos

2 http://homozapping.com.mx/2015/12/reprime-policia-de-duarte-a-pensionad os-y-reporteros-en-xalapa-cndh-atrae-el-caso/

3 http://www.jornada.unam.mx/2015/12/24/estados/023n1est

4 http://radaresnoticia.com/observatorio-politico/
134752-no-paga-gobierno-de-javier-duarte-aguinaldo-ni-pensiones-empiezan-protestas

5 https://veracruz.quadratin.com.mx/Gobierno-del-Estado-paga-50-de-pensio nes-y-jubilaciones-Duarte/

6 Informe General de la Cuenta Pública 2013, http://www.asf.gob.mx/uploads/55_Informes_de_auditoria/Informe_General_ CP_2013.pdf

7 http://www.shcp.gob.mx/estados/deuda_publica_efm/pagina s/registro.aspx

Palacio Legislativo de San Lázaro, 7 de enero de 2016

Diputados: Cuitláhuac García Jiménez, Norma Rocío Nahle García (rúbrica).

Con punto de acuerdo, en materia de promoción de comunidades y ciudades amigables con las personas adultas mayores, suscrita por senadoras de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PVEM

Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Hilaria Domínguez Arvizu, senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y María Elena Barrera Tapia, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta soberanía, una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) hoy en día, por primera vez en la historia, la mayoría de las personas puede aspirar a vivir hasta entrados los 60 años y más. La mayor esperanza de vida, sumada a las caídas importantes en las tasas de fecundidad, es la causa del rápido envejecimiento de las poblaciones de todo el mundo.

La referida Organización estima que Entre 2000 y 2050, la proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando del 11 por ciento al 22 por ciento. En números absolutos, este grupo de edad pasará de 605 millones a 2000 millones en el transcurso de medio siglo.

En México, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística señala que en 2014 el monto de personas de 60 años y más es de 11.7 millones, lo que representa 9.7 por ciento de la población total.

Con ello, queda de manifiesto que el proceso de envejecimiento es notorio dado que el número de adultos mayores duplicó su monto en las últimas décadas, pasando de 5 a 11.7 millones de 1990 a 2014, hasta llegar a 42 millones en el 2050, con lo que cada vez se hace más notorio el cambio de la curva demográfica.

Inegi menciona que:

• 31.5 por ciento están en una etapa de pre-vejez (60 a 64 años);

• 41.1 por ciento se encuentran en una vejez funcional (65 a 74 años);

• 12.3 por ciento está en una vejez plena (75 a 79 años); y

• 15.1 por ciento transita por una vejez avanzada (80 años y más).

Por su parte, el Consejo Nacional de Población señala lo siguiente:

• Diariamente 800 personas pasan a formar parte del sector de población de mayores de sesenta años.

• Sólo el 20 por ciento gozan de una pensión

• El 40 por ciento de estas personas viven en pobreza extrema sobreviviendo al día con menos de 22 pesos.

• 53.42 por ciento de los adultos mayores mexicanos son mujeres.

• 5 de cada 10 personas adultas mayores no trabajan por dedicarse a los quehaceres de su hogar y 2 de cada 10 están pensionadas.

• El 9.92 por ciento de los adultos mayores en México está jubilado y el 19.16 por ciento de los adultos mayores son pensionados.

• El 8.21 por ciento de los adultos mayores está incapacitado para trabajar por el resto de su vida.

• El 25 por ciento de los adultos mayores en México se dedica a las actividades agrícolas, silvícolas y ganaderas, el 20.46 por ciento de los adultos mayores en México trabaja por cuenta propia y el 19.13 por ciento es comerciante

• 26 de cada 100 personas adultas mayores sufren algún tipo de discapacidad.

• 8 de cada 10 personas adultas mayores ven vulnerados sus derechos sociales o su ingreso.

• El promedio de esperanza de vida en México de las personas adultas mayores es de 76 años cuando en los años 60 era de 62 años.

Ante este panorama es indispensable que todos los países consideren dentro de sus planeación una política pública articulada que atienda integralmente el envejecimiento activo de la población. Una política que vaya más allá de los aspectos que regularmente se atienden como es el caso de los sistemas de pensiones o la atención de la salud; y proporcione a este grupo de la población una mayor calidad de vida y la posibilidad de desarrollarse plenamente.

Al respecto, desde 2010 la OMS puso en marcha la Red Mundial de Ciudades Adaptadas a las Personas Mayores, a fin de facilitar una plataforma mundial para intercambiar información y compartir experiencias; ofrecer orientación y promover la adquisición de conocimientos sobre cómo evaluar el grado de adaptación de una ciudad o comunidad a las personas mayores, cómo integrar una perspectiva que tenga en cuenta a estas personas en la planificación urbana y cómo crear entornos citadinos adaptados a las mismas.

Adicionalmente ha emitido el Programa para entornos adaptados a las personas mayores, como un esfuerzo para abordar los factores ambientales y sociales que contribuyen a un envejecimiento activo y saludable. Este programa brinda apoyo a ciudades y comunidades para que vayan adaptándose a las personas mayores, abordando ocho dimensiones de sus necesidades: entorno construido, transportes, vivienda, participación social, respeto e integración social, participación cívica y empleo, comunicaciones, y servicios de apoyo comunitario y de salud.

En nuestro país ciudades como Guadalajara, han ingresado oficialmente a la Red Mundial de Ciudades Adaptadas a las Personas Mayores, y es deseable que cada día sean más aquellas que se incorporen en beneficio de estas personas y sus familias que diario se enfrentan a diversos obstáculos para continuar con su vida cotidiana, así como manifestaciones de discriminación y perjuicios.

Por lo anterior, a través de esta proposición, pretendemos que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores como órgano rector de la política nacional en la materia, difunda entre las entidades federativas y sus municipios la existencia de esta Red, así como sus objetivos a fin de incentivar y orientar su incorporación en favor del envejecimiento activo y digno de las mexicanas y los mexicanos.

Asimismo proponemos exhortar a las entidades federativas y a sus municipios a fin de que a través de las autoridades competentes, impulsen las políticas y acciones necesarias que promuevan la adaptación de comunidades y ciudades amigables con las personas adultas mayores.

Estamos convencidas de que en la medida en que mejoremos las condiciones de vida de las personas adultas mayores, aprovecharemos su gran potencial y seremos una sociedad cada vez más incluyente y próspera.

Por lo descrito en el desarrollo del presente y con fundamento en las disposiciones señaladas, se somete a la consideración de este honorable Congreso la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. El Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, a difundir entre las dependencias en la materia de las entidades federativas y municipios la existencia y objetivos de la Red Mundial de Ciudades Amigables promovida por la Organización Mundial de la Salud, así como a impulsar, y en su caso, orientar su incorporación a la misma.

Segundo. El Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las entidades federativas y municipios para que, a través de sus dependencias en la materia, impulsen las políticas y acciones necesarias a fin de promover la adaptación de comunidades y ciudades amigables con las personas adultas mayores.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2016.

Senadoras: Hilda Esthela Flores Escalera (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, María Hilaria Domínguez Arvizu, María Elena Barrera Tapia.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir por la SHCP una resolución de carácter general a fin de autorizar la expedición de certificado o constancia de incapacidad correspondiente con los cuales podrán deducirse los pagos efectuados por la compra o el alquiler de aparatos para el establecimiento o la rehabilitación, suscrita por el diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El presente, diputado Felipe Reyes Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 18 de noviembre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El artículo primero del decreto dispuso, entre otras cuestiones, adicionar con un tercero, cuarto y quinto párrafos al artículo 151, fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para establecer que también serán deducibles los pagos efectuados por honorarios médicos, dentales o de enfermería, por análisis, estudios clínicos o prótesis, gastos hospitalarios, compra o alquiler de aparatos para el establecimiento o rehabilitación del paciente, derivados de las incapacidades a que se refiere el artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo, cuando se cuente con el certificado o la constancia de incapacidad correspondiente expedida por las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, o los que deriven de una discapacidad a que se refiere el artículo 2, fracción XXI, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y se cuente con el certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad emitido por las citadas instituciones públicas conforme a esta última ley.

Adicionalmente, se dispone que en el caso de incapacidad temporal o incapacidad permanente parcial, o bien, de discapacidad, la deducción sólo será procedente cuando dicha incapacidad o discapacidad, sea igual o mayor a un 50% de la capacidad normal.

Asimismo, se establece que el comprobante fiscal digital correspondiente deberá contener la especificación de que los gastos amparados con el mismo están relacionados directamente con la atención de la incapacidad o discapacidad de que se trate. Adicionalmente, el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá establecer otros requisitos que deberá contener el comprobante fiscal digital por Internet.

No obstante lo anterior, en el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática existe una gran preocupación por las dificultades prácticas para ejercer la aludida deducción, toda vez que las instituciones públicas de seguridad social se verán obligadas a atender las solicitudes de constancias o certificados de incapacidad señalados, sin que exista ordenamiento legal o normatividad alguna que les obligue, por lo que de facto, los contribuyentes estarían imposibilitados de ejercer las deducciones respectivas.

Asimismo, es del todo conocido que la tramitación de una incapacidad permanente parcial o total ante cualquier institución pública de seguridad social puede tomar años, además de que los servicios de las instituciones de referencia ya se encuentran saturados.

En este sentido, existe el riesgo de que los contribuyentes se vean impedidos para deducir los gastos de referencia hasta en tanto no cuenten con la debida certificación, la cual, como se ha señalado, puede incluso tomar años. Como puede apreciarse, la reforma en cuestión resulta notoriamente impráctica.

No obstante lo anterior, el artículo 39, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, establece que el Ejecutivo Federal, mediante resoluciones de carácter general podrá dictar las medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y procedimientos señalados en las leyes fiscales, sin variar las disposiciones relacionadas con el sujeto, el objeto, la base, la cuota, la tasa o la tarifa de los gravámenes, las infracciones o las sanciones de las mismas, a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.

Por tales razones, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática considera oportuno exhortar al Ejecutivo Federal para que, en uso de las facultades que le confiere el artículo 39, fracción II, del Código Fiscal de la Federación que a la letra dice:

Artículo 39 .- El Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter general podrá:

I...

II. Dictar las medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y procedimientos señalados en las leyes fiscales, sin variar las disposiciones relacionadas con el sujeto, el objeto, la base, la cuota, la tasa o la tarifa de los gravámenes, las infracciones o las sanciones de las mismas, a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.1

Lo anterior para que consigne una resolución de carácter general que autorice la expedición de dichos certificados a cualquier institución pública del sector salud.

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de ésta H. Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en uso de las facultades que le confiere el artículo 39, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, expida una Resolución de Carácter General, para efectos de que se autorice la expedición de certificado o constancia de incapacidad correspondiente expedida por las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, con los cuales deducir los pagos efectuados por la compra o alquiler de aparatos para el establecimiento o rehabilitación del paciente, derivados de las incapacidades a que se refiere el artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo o los que deriven de una discapacidad a que se refiere el artículo 2, fracción XXI, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y con ello los contribuyentes puedan hacer efectiva la deducción a que se refiere el artículo 151, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Nota

1 www.diputados.gob.mx/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a los 7 días del mes de enero de 2016.

Diputado Felipe Reyes Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara Diputados a publicar y someter a consideración del pleno el programa de reorganización administrativa previsto en el artículo décimo tercero transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suscrita por el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Juan Romero Tenorio, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo, resolución, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que publique el programa de reorganización administrativa que mandata el artículo décimo tercero transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para cumplir la transparencia y máxima publicidad en el uso de recursos públicos. Lo anterior, en virtud de las siguientes

Consideraciones

Primera. Que el artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos determina que la Junta de Coordinación Política acordará la asignación de recursos y locales adecuados a cada uno de los grupos parlamentarios de conformidad con la representación de cada uno de éstos; que adicionalmente a esas asignaciones, la misma Junta dispondrá una subvención mensual para cada grupo parlamentario, integrada por una suma fija de carácter general y otra variable, en función del número de diputados que los conformen; que la cuenta anual de las subvenciones que se asignen a los grupos parlamentarios se incorporará a la cuenta pública de la Cámara de Diputados, para efectos de las facultades que competen al órgano de fiscalización previsto en el artículo 79 constitucional.

Segunda. Que el 4 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Tercera. Que el artículo 4 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública determina que el derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información; que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la ley federal, las leyes de las entidades federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos en esta ley.

Cuarta. Que el 27 de noviembre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, donde se asigna a la Cámara de Diputados en calidad de organismo autónomo la cantidad de 7 mil 559 millones 432 mil 185 pesos.

Quinta. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la misma ley general, la Cámara de Diputados y los grupos parlamentarios integrados en ella son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder, por el hecho de recibir y ejercer recursos públicos.

Sexta. Que los artículos 70 y 72 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental determinan que los sujetos obligados deberán mantener a disposición del público y mantener actualizados, en sus respectivos medios electrónicos de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que en las mismas disposiciones se especifican, destacando en el uso de recursos públicos las siguientes:

Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables;

Las facultades de cada área;

Las metas y los objetivos de las áreas de conformidad con sus programas operativos;

Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;

El directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales;

La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración;

Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente;

El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa;

Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación;

La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que así lo determine, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo con la normatividad aplicable;

La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable;

Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña;

Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan;

El resultado del dictamen de los estados financieros;

Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;

La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados.

Padrón de proveedores y contratistas;

El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad;

Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio;

Los estudios financiados con recursos públicos;

El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben;

La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración;

Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos de gobierno, comisiones, comités, grupos parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación;

El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de los órganos de gobierno, comisiones, comités, grupos parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación;

Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social que realicen los centros de estudio o investigación legislativa.

Séptima. Que el artículo transitorio décimo tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública determina que para el efecto del cumplimiento de las obligaciones genéricas y específicas a las que se refiere la presente ley, cada Cámara del Congreso de la Unión aprobará, a más tardar el 30 de agosto de 2015, un programa de reorganización administrativa que deberá comprender al menos las normas y los criterios para la homologación programática, presupuestal, contable y organizacional de los grupos parlamentarios; las obligaciones de las Cámaras y de los grupos parlamentarios en cuanto sujetos obligados respecto a los recursos que a través de éstos se asigna a los legisladores; el tratamiento fiscal y presupuestal de los ingresos, prestaciones, apoyos y recursos, en dinero o especie, que reciban los legisladores para realizar la función legislativa y de gestión; el régimen laboral del personal adscrito a los grupos parlamentarios, las comisiones y los legisladores, así como las reglas relativas al uso, custodia, administración y disposición de los recursos públicos que no tengan la condición de dietas o contraprestaciones laborales, incluidas las relativas a las modalidades de acceso. Las obligaciones genéricas y específicas que corresponden a las Cámaras del Congreso de la Unión se harán efectivas conforme se implementen los programas de reorganización administrativa.

Que el miércoles 12 de agosto de 2015 se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, número 4337-I, lo siguiente:

De la Junta de Coordinación Política, de reorganización administrativa en materia de transparencia y acceso a la información. Anexo I

Programa de reorganización administrativa en materia de transparencia y acceso a la información pública

El artículo décimo tercero transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública publicada en el DOF del 5 de mayo del presente año establece la obligación, a las cámaras del Congreso de la Unión, de presentar, a más tardar el 30 de agosto, un programa de reorganización administrativa (PRA). Con el fin de dar cumplimiento a ese mandato, es que someto a su consideración y en su caso aprobación, la siguiente propuesta.

Primero. Generar y/o actualizar normas y criterios que permitan homologar y hacer más eficientes los procesos de programación, presupuestación y contabilidad de los grupos parlamentarios, así como su situación organizacional.

Segundo. El Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados data de 2009 y a pesar de que fue reformado en 2012, es necesario adecuarlo a las nuevas condiciones que se derivan de la ley general.

Tercero. Con el fin de garantizar que haya una vinculación efectiva entre todas las áreas que deben estar involucradas para atender solicitudes de información y cumplir con este derecho, se llevará a cabo una evaluación de la estructura organizacional responsable del tema y se revisarán manuales, mecanismos y procedimientos. El objetivo final es fortalecer la capacidad técnica y operativa de las áreas y optimizar la atención al ciudadano.

Cuarto. Elaborar y aprobar los lineamientos para la clasificación, desclasificación y custodia de la información de la Cámara de Diputados.

Quinto. Se integrará un equipo de trabajo que se conformará por un líder de proyecto a cargo de la Secretaría General y un enlace por cada una de las 32 instancias o unidades administrativas responsables de la información.

Que el contenido del programa de reorganización administrativa en materia de transparencia y acceso a la información. Anexo I, no cumple los estándares de un programa de reorganización administrativa, exigido en la ley general de la materia, pues no contiene el método, el cronograma y los sujetos involucrados para establecer

a) Las normas y criterios para la homologación programática, presupuestal, contable y organizacional de los grupos parlamentarios;

b) Las obligaciones de las Cámaras y de los grupos parlamentarios respecto a los recursos que a través de éstos se asigna a los legisladores;

c) El tratamiento fiscal y presupuestal de los ingresos, prestaciones, apoyos y recursos, en dinero o especie, que reciban los legisladores para realizar la función legislativa y de gestión;

d) El régimen laboral del personal adscrito a los grupos parlamentarios, las comisiones y los legisladores; y

e) Las reglas relativas al uso, custodia, administración y disposición de los recursos públicos que no tengan la condición de dietas o contraprestaciones laborales, incluidas las modalidades de acceso.

Considerando que la Cámara de Diputados, como sujeto obligado de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se encuentra obligada a difundir públicamente la información que mandata la misma ley, además de ser de interés público la transparencia y máxima publicidad con la que ejercerá, a partir del 1 de enero de 2016, el presupuesto autorizado por 7 mil 559 millones 432 mil 185 pesos, cantidad dentro de la cual se considera la asignación de recursos adecuados a cada uno de los grupos parlamentarios de conformidad con la representación de cada uno de éstos, así como la subvención mensual correspondiente integrada por una suma fija de carácter general y otra variable.

Octava. Que de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados analizar y, en su caso, aprobar el informe de ejecución presupuestal que reciba de la Secretaría General, donde se establezca el estado que guardan las finanzas de la Cámara. Por ello, atendiendo a los criterios establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Cámara de Diputados se encuentra obligada a modificar su marco regulatorio interno para cumplir los estándares que impone la ley.

Que la transparencia y rendición de cuentas son ejes fundamentales de un régimen democrático y de derecho, que abonan a la confianza de los ciudadanos en las instituciones de gobierno, por lo que resulta de interés público que con la mayor brevedad la Cámara de Diputados publique el programa de reorganización administrativa y los avances que en normatividad interna ha desarrollado para el pleno cumplimiento de lo dispuesto en el artículo transitorio décimo tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015.

Por ello se propone al pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a publicar y someter a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el programa de reorganización administrativa que mandata el artículo décimo tercero transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del decreto publicado el 04 de mayo de 2015, con objeto de cumplir con la mayor brevedad la transparencia y máxima publicidad en el uso de recursos públicos para el ejercicio de 2016.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero de 2016.

Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se condena el homicidio de Gisela Raquel Mota Ocampo, alcaldesa de Temixco, Morelos, ocurrido el 2 de enero de 2016, suscrita por la senadora María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, María Lucero Saldaña Pérez, senadora de la República e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como todos sabemos, el 2 de enero del año en curso se dio a conocer que Gisela Raquel Mota Ocampo, alcaldesa del municipio de Temixco, Morelos fue privada de la vida por un grupo armado.

Además de emitir nuestra enérgica condena de los hechos, a través del presente punto de acuerdo, las y los legisladores del PRI exigimos su esclarecimiento expedito y transparente. Asimismo, a nombre propio y de mi grupo parlamentario, expreso nuestra solidaridad con el dolor e indignación de los familiares, amistades y equipo de colaboradores de la víctima.

La Asociación de Autoridades Locales de México, ha dado a conocer que entre 2006 y 2015, 71 alcaldes, así como cientos de servidores públicos han sido privados de la vida por impactos de armas de fuego. Además, la propia organización refiere que casi 100 alcaldes y más de mil trabajadores de ayuntamientos han sido víctimas de ataques en México durante la última década.

Lo anterior, deja de manifiesto que no se trata de un acontecimiento aislado y que es necesario redoblar las medidas y acciones que permitan la prevención y erradicación de conductas de este tipo.

El artero asesinato de la alcaldesa Mota debe enfocarse en un contexto más amplio. Como lo han señalado ONU Mujeres en México y la Oficina en nuestro país del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU-DH, al condenar este asesinato: El asesinato de Gisela Raquel Mota Ocampo no sólo es un grave crimen, sino que también perturba el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres reconocidos y garantizados tanto por la Constitución mexicana como por los tratados internacionales. El empleo de la violencia con el objeto de impedir el desempeño de la función pública es un grave riesgo para la vida democrática del país.1

Ambos organismos, al tiempo de reconocer los avances de nuestro país en materia de igualdad de género y paridad política, alientan a que sean reforzadas las políticas y la institucionalidad existentes en materia de protección y seguridad de las personas que aspiran o ejercen puestos de elección popular, destacando que debe ser especialmente atendida la particular situación de vulnerabilidad en el ejercicio del poder de las mujeres en el espacio municipal.

La muerte de Gisela constituye un acto de violencia política de género. Este hecho tiene efectos devastadores en el camino hacia la igualdad entre géneros que este país desea transitar, sus consecuencias pueden convertirse en obstáculos reales y simbólicos que frenen, una vez más, la participación política de las mexicanas. Estoy convencida, junto con otras voces ciudadanas que así lo han expresado, que un hecho de tal gravedad daña al municipio de Temixco, al estado de Morelos, pero también a todo el país y, en especial, a las mexicanas. La violencia contra las mujeres no tiene paliativo alguno, no puede ni debe ser consentida o minimizada.

Desde la perspectiva de la igualdad de género este crimen ha sido denominado como un “foco rojo”2 en materia de violencia política de género y pone en evidencia los riesgos que enfrentamos funcionarias, legisladoras y todas las mujeres que tienen una participación política activa.

La gravedad de este problema es un tema reconocido en el plano internacional y regional. Es por ello que el pasado 15 de octubre de 2015, en el marco de la Sexta Conferencia de los Estados Parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém do Pará”), se adoptó la “Declaración sobre la Violencia Política y el Acoso Políticos contra las Mujeres”3 .

En dicho documento, se define puntualmente que: tanto la violencia, como el acoso políticos contra las mujeres, pueden incluir cualquier acción, conducta u omisión entre otros, basada en su género, de forma individual o grupal, que tenga por objeto o por resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir sus derechos políticos, conculca el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a participar en los asuntos políticos y públicos en condiciones de igualdad con los hombres.4

Como establece este instrumento y se ha constatado en los últimos años, esta violencia política contra las mujeres se ha visibilizado e incrementado en la región latinoamericana ante el aumento de la presencia y participación de las mujeres, que deriva de reformas tan importantes como la paridad política. Por ello, es urgente y prioritario tomar las medidas pertinentes para erradicarla.

La lucha contra esta forma particular de violencia exige su reconocimiento y visibilización, emprender reformas en materia legislativa como las que ya hemos propuesto en esta legislatura, la aplicación de protocolos de actuación, cambios culturales que la prevengan, así como la adecuada sanción y reparación de estos actos.

Cabe destacar que desde 2012 se presentó en este órgano legislativo la primera iniciativa para atender este grave problema y actualmente se encuentran en proceso de análisis y dictamen, tres iniciativas que pretenden el reconocimiento de la violencia política de género, así como el desarrollo de medidas para prevenirla y sancionar tales hechos. Como señalamos en su momento, desafortunada e injustamente, las mujeres corremos un riesgo permanente y creciente cuando pretendemos ejercer nuestra ciudadanía plena. Por ello, la reforma propuesta pretende erradicar todas las expresiones de este fenómeno, pensando en la militante activa, la candidata, la mujer electa, así como la funcionaria que ha asumido el cargo.

Al mismo tiempo y como se ha señalado5 , en tanto se aprueban las reformas legislativas, es urgente que se instrumente a la brevedad un protocolo de actuación que dé garantías efectivas a las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos, instrumento que asegure que quienes sean víctimas de la violencia política reciban atención inmediata, que incorpore medidas de protección y de emergencia, contando con personal capacitado en esta materia.

Un Protocolo de este tipo debe cumplir con los siguientes objetivos:

Establecer acciones inmediatas y de emergencia frente a casos de violencia política, que eviten daños mayores a las víctimas, sus familias y personas cercanas.

Facilitar que las autoridades detecten este tipo de violencia.

Generar la adecuada coordinación entre las instituciones responsables de hacer efectivos los derechos de las mujeres.

Identificar posibles actos de violencia política que permitan a las víctimas reconocerlos y saber cómo actuar.

Como se ha propuesto, en su aplicación deben concurrir instancias como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; el Instituto Nacional Electoral; la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales; el Instituto Nacional de las Mujeres; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres; la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, además de asegurar la participación de la sociedad civil e instancias académicas6 .

La violencia política de género no debe ser invisibilizada, por el contrario, estuvo presente y se manifestó con crudeza en el asesinato de la alcaldesa Gisela Raquel Mota Ocampo que recién había tomado posesión del cargo en Temixco, Morelos.

Por otra parte, cabe señalar que en los últimos años, Morelos se ha caracterizado por la alta inseguridad e incertidumbre de la cual son víctimas distintos sectores de la población como lo es el de la salud, sindicatos, organizaciones sociales, jubilados y transportistas, quienes también han expresado su inconformidad ante la constante alza en la criminalidad tanto en la capital, como en el resto del estado.

De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la tasa de víctimas de delitos por cada 100 mil habitantes para la población de 18 años y más en Morelos en 2014, ascendió a 29 mil 647, superando los 28 mil 200 que hay a nivel nacional, y los 21 mil 898 que había en la propia entidad en 2010.

El 63.8 por ciento de la población de Morelos de 18 años y más considera a la inseguridad como el problema más grave que aqueja a la entidad. Ante este panorama, es fundamental garantizar el cumplimiento de una de las funciones más importantes de todo gobierno, que es la de salvaguardar el orden público y la integridad de la población, aspectos indispensables para hacer asequible el pleno desarrollo individual y colectivo.

Conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación de los delitos le corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

En el mismo sentido, la Fiscalía General de Justicia del estado de Morelos es la responsable de implementar las acciones que se requieran para cumplir con su mandato de administrar la justicia de manera eficaz, eficiente, pronta y expedita.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Morelos es la encargada de proteger la integridad física, los derechos y el patrimonio de las y los morelenses a través de estrategias de prevención y tácticas operativas, así como la construcción de políticas en red para detectar y atender oportunamente conductas antisociales y delictivas, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.

En consecuencia, hacemos el llamado para que las autoridades encargadas de llevar a cabo la administración y procuración de justicia en la entidad, realicen las investigaciones correspondientes a fin de que los hechos sean totalmente esclarecidos, en virtud de que se trata de un acontecimiento ante el cual no podemos ser indiferentes y que no se limita al ámbito del derecho penal.

Los hechos ocurridos en Temixco, revelan la urgente necesidad de analizar y discutir la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto en materia de mando único policial.

Entre los principales aspectos de la iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo en el Senado de la República, destaca que a través de la homologación de criterios y procedimientos habrá elementos policiacos con mejores condiciones laborales y mayor capacitación.

El mando único representa un cambio cuantitativo y cualitativo que permitirá la creación de un nuevo modelo policial con corporaciones más confiables, profesionales y eficaces; además, se podrán homologar los niveles de profesionalización, protocolos, equipamiento y tecnologías de la información y la comunicación.

Hoy en día, las policías de diversos municipios carecen de recursos humanos y materiales para desarrollar correctamente sus funciones y no son capaces de enfrentar los retos que se presentan en materia de seguridad pública.

El nuevo modelo no sólo dignificaría la labor de los policías, también mejoraría la operación y el despliegue geográfico de las policías, brindando mayor seguridad en todas las regiones del país. Poco más de mil 100 municipios que hoy promedian solo 12 policías para atender a su población y más de 600 municipios que no cuentan con una corporación policial propia se verán beneficiados con esta iniciativa.

Un caso de éxito de este modelo, es el de Alemania, donde se determinó concentrar sus funciones básicas de seguridad pública en las policías de los estados y fusionar a las policías municipales con las policías estatales, en respuesta al aumento del crimen organizado y el terrorismo durante la década de 1970.

México requiere un sistema policial que dé tranquilidad a las familias, que les permita tener paz dentro de su hogar y caminar con seguridad en las calles, es una demanda impostergable que debemos revisar en el Congreso de la Unión.

Por lo expuesto y fundado, al tiempo de reiterar nuestra solidaridad y condolencias a la familia de Gisela Mota y considerando que este hecho daña la calidad de nuestra democracia, afecta de manera profunda a todo el país, pero en especial a las mujeres porque es una expresión grave de la violencia política de género, nos permitimos someter a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión condena el homicidio de Gisela Raquel Mota Ocampo, alcaldesa del municipio de Temixco, Morelos, ocurrido el pasado 2 de enero de 2016, por lo que exige la aplicación pronta y expedita de la justicia.

Notas

1 ONU Mujeres y ONU-DH México condenan el asesinato de la alcaldesa Gisela Raquel Mota Ocampo, CINU-Boletín ONU, Comunicado No. 16/001, 5 de enero 2016. En internet: http://www.cinu.mx/comunicados/2016/01/onu-mujeres-y-onu-dh-mexico-co/

2 Mújica MA,: “Asesinato de alcaldesa debe unir a mujeres en busca de justicia” en Cimacnoticias, Cuernavaca, Morelos, 04/01/2016. En internet: www.cimacnoticias.com.mx/node/71507

3 Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém Do Pará (Mesecvi) Sexta Conferencia de los Estados Parte de la Convención de Belém Do Pará, Declaración Sobre la Violencia y el Acoso Políticos contra las Mujeres , 15 y 16 de octubre de 2015 Lima, Perú (OEA/Ser.L/II.7.10 MESECVI-VI/doc.117/15.rev2 15 de octubre de 2015 Original: espan?ol). En internet: http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/Declaracion-ESP.pdf

4 Ídem.

5 Propuesta realizada por la magistrada María del Carmen Alanís. Ver: http://www.semmexico.org/propone-alanis-figueroa-protocolo-para-detener -la-violencia-politica/

6 Lineamientos definidos por la magistrada María del Carmen Alanís.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2016.

Senadora María Lucero Saldaña Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para condenar el asesinato de la presidenta municipal de Temixco, Gisela Raquel Mota Ocampo, y exigir su esclarecimiento, suscrita por la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes

Considerandos

1. En la mañana del 2 de enero, un comando armado asesinó a la presidenta municipal de Temixco, Gisela Raquel Mota Ocampo, apenas con un día de haber rendido protesta al cargo, en su domicilio ubicado en la calle de Lázaro Cárdenas de la colonia Pueblo Viejo, además de tratar de manera violenta a demás integrantes de su familia.

2. El gobierno del estado de Morelos implementó un dispositivo de seguridad para detener a los responsables, resultando detenidas tres personas y abatidas dos más, según los reportes oficiales, además de la obtención de información relativa a la participación de la delincuencia organizada ligada al narcotráfico como responsable de ordenar la ejecución.

3. Este asesinato contra la presidenta municipal Gisela Mota no está al margen de la situación de vulnerabilidad y riesgo en la que diversos munícipes se encuentran en muchas localidades del país al buscar ejercer un gobierno que recomponga el tejido social, combata la corrupción y no permita que la delincuencia organizada se apodere del control de los gobiernos municipales y, en cambio se piense en políticas dirigidas a las personas. Tan sólo en diez años, la Asociación de Autoridades Locales de México reporta que han existido atentados contra 100 presidentas y presidentes municipales en todo el país y contra cerca de mil funcionarias y funcionarios municipales.

Dentro de los casos más relevantes se han documentado los siguientes:

• La alcaldesa de Tlacojalpan, Veracruz, Marisol Mora Cuevas, quien el 28 junio de 2012 fue encontrada sin vida en la carretera federal 145 en el tramo Sayula de Alemán-Loma Bonita, en Oaxaca. Según los primeros reportes, Mora Cuevas había sido levantada cuatro días antes por un comando armado que ingresó a su domicilio.

• En noviembre de ese mismo año, María Santos Gorrostieta Salazar, alcaldesa de Tiquicheo, Michoacán, fue hallada sin vida y con huellas de tortura en el municipio de Cuitzeo. El 1 en octubre de 2009 sufrió un atentado cuando un grupo armado disparó con su vehículo en la comunidad de El Limón y murió su esposo. En enero de 2010 la alcaldesa sufrió otro atentado cuando hombres armados la emboscaron cuando se dirigía a un evento en Ciudad Altamirano, Guerrero.

• El alcalde interino de Nahuatzen, Michoacán, Wilfrido Flores Villa, también fue víctima mientras comía en un restaurante de Pátzcuaro, en febrero de 2013.

• Ygnacio López Mendoza, entonces edil de Santa Ana Maya, Michoacán, fue encontrado muerto el 7 de noviembre de 2013, en un aparente accidente automovilístico sobre la carretera Acámbaro-Iramuco, en el estado de Guanajuato; el edil había sido secuestrado un día antes por un grupo armado en su domicilio.

• En Oaxaca, el edil de San Juan Mixtepec, Feliciano Martínez Bautista, fue emboscado en marzo 2013 cuando circulaba sobre una carretera. Él y un policía municipal que lo acompañaba recibieron impactos de arma de fuego.

• En abril de 2013, José René Garrido, alcalde de San Salvador El Verde, Puebla, fue víctima mortal de un balazo en la cabeza que le propinaron unos sujetos que ingresaron a su casa cuando se encontraba con su familia. El reporte de las autoridades locales señala que se trató de un robo.

• En Oaxaca, Celestino Félix Vázquez, alcalde de San Miguel Tiquialpam, Oaxaca, fue ejecutado en junio de 2013 por un grupo armado que ya lo esperaba cerca de su casa. En Veracruz, el alcalde de Aquila, Gerónimo Manuel García Rosas, fue asesinado por su comandante de la policía Adán González Vega en julio de 2013.

• En marzo de 2014, el edil de Tanhuato, Michoacán, Gustavo Garibay García, fue asesinado en la puerta de su casa cuando un grupo armado le disparó con armas de alto poder. El entonces alcalde ya había sufrido un atentado en octubre de 2012 por negarse a pagar una extorsión del crimen organizado.

• El 3 de agosto de 2014, el presidente municipal de Ayutla, Jalisco, Manuel Gómez Torres, fue ejecutado en un rancho junto con su escolta; tras la detención de dos personas, las autoridades locales indicaron que el Cártel de Jalisco Nueva Generación fue el responsable del asesinato.

• En junio pasado, el alcalde electo de Jerécuaro, Guanajuato, Rogelio Sánchez Galán, fue ultimado en las inmediaciones de la central de autobuses; la muerte el presidente municipal y dos de sus acompañantes se le atribuyó a Martín Navarro, integrante de una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

4. Gisela Raquel Mota Ocampo, licenciada en derecho con 33 años de edad, fue una persona con un gran activismo político, pues creía en este medio como un mecanismo de cambio en las condiciones de vida de las personas. Su compromiso estuvo latente en todos y cada uno de los cargos de dirección partidista y de elección popular que ocupó donde trabajó de manera incansable para alcanzar los ideales de justicia social a favor de todas las personas.

5. De su trayectoria destaca la participación dentro del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al haber sido, en 2005, secretaría de Asuntos Juveniles en Temixco, secretaria de Formación Política del PRD Morelos y consejera estatal, secretaria de Educación Democrática y Formación Política del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Se desempeñó también como consejera nacional e integrante del Órgano de Dirección del Instituto de Investigación, Formación Política y Capacitación en Políticas Públicas y de Gobierno del PRD. Fue electa diputada federal plurinominal para la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, donde presidió la Comisión de la Reforma Agraria, y en las elecciones de 2015 resultó la candidata ganadora para ocupar la presidencia municipal de Temixco de 2016 a 2019, con un contundente triunfo y respaldo ciudadano.

6. Durante su discurso de toma de posesión como presidenta municipal el 1o. de enero de 2016, fue enfática en rechazar la corrupción dentro de la administración de gobierno, aplicar la ley con firmeza, crear un gobierno cercano a la ciudadanía a través de una política comunitaria que elevara las condiciones de vida de las personas, y no dejar que la violencia e inseguridad se apoderaran de las riendas del gobierno municipal.

7. El reto no iba a ser sencillo, pues el municipio de Temixco se encuentra dentro de las localidades con mayores índices de violencia y criminalidad del país. El secuestro, el robo con violencia y el homicidio son los delitos de mayor prevalencia; además de los 108 mil habitantes, 56.8 por ciento vive en pobreza moderada o extrema, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social. Otro factor es que por su ubicación geográfica estratégica y su complicada orografía, el municipio se ha convertido en uno de los territorios de la entidad más disputados por grupos criminales dedicados al trasiego de drogas y privación ilegal de la libertad, principalmente. Según el informe La violencia en los municipios y en las entidades federativas de México 2014 , elaborado por la organización civil Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, la localidad se ubica en la posición 31 de entre 233 municipios con más de 100 mil habitantes con el mayor número de homicidios dolosos. También se ubica en la posición 78 de los municipios más violentos del país, en la sexta posición de los municipios con mayor número de secuestros y en el lugar 73 en el delito de robo con violencia.

8. El asesinato artero de Gisela Mota se enmarca en la constante violencia de género que padece la entidad y en la ola de feminicidios que se han suscitado, apenas en agosto de 2015, Temixco fue incluido en los ocho municipios de Morelos en los que la Secretaría de Gobernación declaró la Alerta de Violencia de Género por el alto índice de feminicidios ocurridos en los últimos años, sin que las autoridades federales o estatales hayan realizado acciones claras o contundentes para detener esa ola de violencia.

9. De igual forma, el homicidio de la presidenta municipal de Temixco, presuntamente a manos del crimen organizado, es una de las repercusiones de la violencia política que enfrentan las mujeres en nuestro país, al negarse una cultura política e institucional a aceptar que las mujeres cuentan con las capacidades suficientes para ocupar cargos de toma de decisiones y realizar acciones que transformen la realidad de las comunidades, de los pueblos, de los barrios, de las colonias, de los municipios y del país entero. Gisela Mota estaba realizando ese trabajo y planeaba con su gobierno atacar los problemas de raíz y de fondo, situación que no fue compatible con los intereses económicos de la clase política que sólo se ha beneficiado de la delincuencia e inseguridad para sus intereses personales.

10. El asesinato de Gisela Mota es un hecho simbólico que refleja la realidad de nuestro país en el clima de violencia que existe en el país y el activismo del narcotráfico en demás hechos delictivos que atentan contra la seguridad de las personas y pretenden ejercer control en distintas esferas de gobierno en todos sus niveles. Es una muestra de la vulnerabilidad y riesgo en las que se encuentran las personas en este problema de estado, donde la responsabilidad es transversal de todos los órdenes de gobierno sin excusas ni pretextos; si bien existen acciones para atender esta problemática, los resultados no han sido los esperados por lo que el asesinato de la presidenta municipal de Temixco, Gisela Mota Ocampo, es un fuerte llamado de atención para revisar los esquemas de la política de seguridad de las autoridades federales, estatales y municipales, además de ahondar en una coordinación efectiva que detenga los altos índices de riesgo que atentan contra toda la población.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta soberanía como de urgente y obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión condena el asesinato cometido contra la presidenta municipal de Temixco, Morelos, Gisela Mota Ocampo, y externa condolencias a familiares y amigos.

Segundo. Con pleno respeto a la división de poderes y del fortalecimiento de la cooperación institucional, exhorta a las instancias respectivas del gobierno federal y de los gobierno del estado de Morelos para que, de manera coordinada, se den las investigaciones respectivas, se esclarezca de manera inmediata y se imparta justicia en el homicidio de Gisela Mota Ocampo y se establezcan acciones de protección para la seguridad de su familia.

Tercero. Con pleno respeto a la división de poderes, se exhorta los gobiernos federal y del estado de Morelos a implementar de manera urgente acciones que garanticen la seguridad de las y los habitantes de Morelos, se aclaren los hechos delictivos, y se imparta justicia en las denuncias de los delitos cometidos contra las personas por las situaciones de inseguridad que se viven en la entidad y, en particular, hacer efectiva la alerta de violencia de género decretada por la Secretaría de Gobernación para ocho municipios de Morelos en agosto de 2015.

Cuarto. Se exhorta a la Procuraduría de Justicia del Estado de Morelos y a la Procuraduría General de la República para que, dentro de las actuaciones en el caso del homicidio de Gisela Mota Ocampo, se realice un desglose de la indagatoria a efecto de que esta última instancia dé seguimiento a los delitos del fuero federal que se desprendan.

Quinto. Publíquese el presente acuerdo en tres diarios de circulación nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2016.

Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)

Con punto de acuerdo, sobre el atentado en que perdió la vida la presidenta municipal de Temixco, Morelos, Gisela Raquel Mota Ocampo, suscrita por la senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, senadora de la República de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Lisbeth Hernández Lecona, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de la Comisión Permanente, la proposición con punto de acuerdo en relación con el lamentable atentado en el que perdió la vida la presidenta municipal de Temixco, Morelos, Gisela Raquel Mota Ocampo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En un ambiente de civilidad democrática, los morelenses acudieron a las urnas el 7 de junio de 2015, en ellas, manifestaron la decisión de elegir a sus representantes en la Cámara de Diputados, en el Congreso local, así como en cada uno de los 33 municipios que integran el estado de Morelos.

De acuerdo con los resultados proporcionados por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el Partido de la Revolución Democrática triunfó en el municipio de Temixco, resultando ganadora la candidata a presidenta municipal de dicho partido, la licenciada Gisela Raquel Mota Ocampo, quien recibiera su constancia de mayoría por determinación del pleno de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en el Distrito Federal.

En tal virtud, la presidenta municipal electa rindió protesta de su cargo el 1o. de enero del presente año para ejercer sus funciones tal y como lo establece el artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. Sin embargo, el pasado 2 de enero, un día después de asumir el cargo como presidenta municipal de Temixco, Morelos, fue víctima de un artero asesinato. Según los primeros informes efectuados por el gobierno estatal, en la mañana del día 2 a las 7:12 horas se reportó al C5 que una mujer se encontraba lesionada por impactos de arma de fuego en la calle Lázaro Cárdenas y Miguel Hidalgo, en la colonia Pueblo Viejo del municipio referido.

Los hechos relatan que el personal de rescate se trasladó al lugar del atentado y confirmaron que la mujer que ahí se encontraba ya no tenía signos vitales, en consecuencia se solicitó la presencia del Servicio Médico Forense para realizar el levantamiento del cuerpo de quien en vida respondió al nombre de Gisela Raquel Mota Ocampo, presidenta municipal de Temixco, Morelos, para el periodo 2016-2018.

Gisela Mota Ocampo nació el 13 de marzo de 1982, era licenciada en derecho y fue diputada federal en la LXII Legislatura, asimismo desempeñó una amplia carrera política dentro del Partido de la Revolución Democrática al fungir como miembro del Órgano Directivo del Instituto de Investigación, Formación Política y Capacitación en Políticas Públicas y de Gobierno; consejera nacional; secretaria de Educación Democrática y Formación Política Comité Ejecutivo Nacional; consejera estatal; secretaria de Formación Política y secretaria de Asuntos Juveniles dentro del mismo partido.

El fallecimiento de una destacada militante del Partido de la Revolución Democrática es consecuencia de la ola de inseguridad que prevalece en todo nuestro estado de Morelos. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2015 (Envipe 2015), estima que 63.8 por ciento de la población de 18 años y más considera a la inseguridad como el problema más importante que aqueja al Estado de Morelos.1

De acuerdo con los datos arrojados por los reportes del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia Penal AC, y publicados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública; el estado de Morelos se colocó como una de las entidades más violentas del país en el año 2014.

En relación con la asignación de puntos por el tipo de delito, se señaló que por cada 100 mil habitantes, 55 puntos correspondieron al homicidio doloso, 22 puntos al secuestro, 13 puntos a la violación, 4 puntos a lesiones dolosas, 3 puntos a robos con violencia y 3 puntos para la extorsión. De 100 puntos posibles, Morelos se ubica con 34.05 puntos de los delitos antes mencionados, después le siguen Guerrero con 32.89 puntos y Baja California con 32.37 puntos.

El índice de Paz México 2015 determinó que Morelos es el segundo estado menos pacífico de México, ya que entre los años 2007 y 2009, experimentó un gran aumento en la violencia y, desde entonces, cuenta con la peor tasa de delitos con violencia en México2 .

El municipio de Temixco no es ajeno a la situación del estado de Morelos, de acuerdo con el informe La violencia en los municipios y en las entidades federativas de México 2014 , del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia Penal, Temixco se ubica en la posición 31 de entre 233 municipios con más de 100 mil habitantes con el mayor número de homicidios dolosos. De igual manera, se desprende que ocupa la posición 78 de los municipios más violentos del país, en la sexta posición de los municipios con mayor número de secuestros y en el lugar 73 en el delito de robo con violencia, y ha sido incluido por la Secretaría de Gobernación en la declaratoria de alerta de violencia de género.

Cabe señalar que, a raíz de los hechos ocurridos en Temixco, Morelos, el gobernador del estado ha impuesto, mediante decreto, el Mando Único en 15 municipios que habían manifestado su eventual rechazo.

Todo lo anterior, representa una situación que no debe ser ignorada por las autoridades del estado ni del país, las cuales tienen la obligación de velar por el bienestar de la población desde sus diferentes ámbitos de competencia. Por ello, me permito someter a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión condena enérgicamente el asesinato de la presidenta municipal de Temixco, Morelos, ocurrido el pasado 2 de enero.

Segundo . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión externa sus condolencias a la población del municipio de Temixco, Morelos; a sus familiares, colaboradores, amigos y a sus compañeros del Partido de la Revolución Democrática, por el lamentable fallecimiento de Gisela Raquel Mota Ocampo.

Tercero . La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Morelos y a la Fiscalía General del Estado, continuar con las investigaciones de este lamentable hecho de manera exhaustiva, imparcial y transparente, a fin de que sean sancionados quienes resulten responsables en la autoría intelectual y material.

Cuarto . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Morelos, así como a los 33 municipios de dicha entidad a anticiparse a estos hechos mediante la prevención del delito y la delincuencia a través de programas e intervenciones con resultados de contención y erradicación de la criminalidad e inseguridad, verdaderamente efectivos para la población morelense.

Notas

1 http://www.inegi.org.mx/est/contepidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2015/doc/envipe2015.mor.pdf

2 http:/www.manualdeseguridad.com.mx/t2/docs/pdfs/grals/15/índice_de_paz_ mexico_2015.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2016.

Senadora Lisbeth Hernández Lecona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a fortalecer con las entidades afectadas por las bajas temperaturas las acciones y los programas de atención a la población, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Cada año, durante la temporada invernal, la población está expuesta a un mayor riesgo de contraer enfermedades respiratorias y sufrir intoxicaciones por el uso de diversos aparatos de calefacción, también son cuantiosos los daños económicos, principalmente en el campo y en la vías de comunicación, por ello es importante instrumentar acciones de prevención y atención que permitan inhibir los efectos de las temperaturas extremas, a través de la colaboración y la coordinación de los tres órdenes de gobierno.

Durante el invierno, se manifiestan diversos frentes fríos que pueden provocar granizadas, heladas y nevadas. Debido a la ubicación geográfica de nuestro país, las nevadas ocurren principalmente en el norte y en las regiones altas del centro del territorio nacional.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Agua, un frente frío tiene una duración de entre 3 y 7 días y es una zona de lluvia de diversas intensidades con viento fuerte, niebla o neblina y temperaturas bajas.

El organismo señala que en México, su frecuencia y duración son variables, aunque la temporada de frentes fríos es de septiembre a mayo, en ocasiones se prolonga, incluso, hasta agosto, de tal manera que pueden desarrollarse simultáneamente un frente frío y un ciclón tropical.

En días pasados, el frente frío número 24 y la quinta tormenta invernal provocaron intensas nevadas en los estados de Sonora, Durango, Baja California y Coahuila y 54 municipios de Chihuahua. En Chihuahua, causaron daños a por lo menos 32 mil hectáreas de siembra; en Sonora, se estiman daños en 12 mil hectáreas; en Coahuila, se reportaron nevadas en los municipios de Ocampo, Melchor Múzquiz, Arteaga, Allende, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Nava, Villa Unión y Morelos.

Según información del Sistema Meteorológico Nacional (SMN), seguirán las bajas temperaturas sobre la región norte y noroeste del país. Tan sólo el pasado 5 de enero, dio a conocer que pronosticaba un descenso de la temperatura y la formación de lluvia engelante en la Sierra de San Pedro Mártir, Baja California y las zonas montañosas de Sonora, Chihuahua y Coahuila, así como heladas en Durango.

Asimismo, temperaturas de -5 a 0 grados Celsius con heladas en las regiones altas de Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas, y de 0 a 5 grados Celsius con posibles heladas en las áreas elevadas de Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Estado de México y Distrito Federal.

El descenso de la temperatura en el norte del país es tal, que incluso en algunas regiones las autoridades educativas prevén la posible extensión del periodo vacacional hasta el once de enero, si las condiciones climatológicas así lo ameritan.

Es necesario prestar especial atención a las poblaciones más marginadas del país y a la población en situación de calle o abandono, ya que son los más afectados por este tipo de fenómenos al carecer de acceso a servicios básicos de salud y alimentación, así como de ropa adecuada para climas fríos. La implementación de albergues en las zonas más afectadas por las bajas temperaturas debe ser una herramienta primordial para ayudar a la población que necesite protección.

Por lo anterior expuesto sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal para que, en coordinación con las entidades federativas de los estados afectados por las bajas temperaturas, fortalezcan las acciones de apoyo a la población.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal y al de las entidades federativas, para que en el marco de sus funciones intensifiquen las campañas de información, prevención y protección ante la presencia de bajas temperaturas, a fin de mitigar los efectos de las heladas y nevadas que se presentan en la temporada invernal.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los siete días del mes de enero de dos mil dieciséis.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco a evitar la práctica recurrente de abusos y engaños por las casas de empeño contra la población, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la república, integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Cada año, durante el mes de enero, incrementa la demanda de los servicios de las casas de empeño. Un importante número de familias mexicanas acuden a estos prestadores de servicio de mutuo con interés y garantía prendaria a dejar diversos artículos electrónicos, relojes, joyas, herramientas, entre otros objetos, con el fin de obtener un financiamiento para solventar un imprevisto, cubrir el gasto de su hogar o pagar deudas.

En México existen dos tipos de instituciones que ofrecen el servicio de préstamo con garantía prendaria: las casas de empeño y las instituciones de asistencia privada. Las primeras son empresas privadas mercantiles y las segundas son fundaciones y asociaciones sin fines de lucro. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en nuestro país existen más de 8 mil casas de empeño.

La Ley Federal de Protección al Consumidor define a las casas de empeño como toda persona física o sociedades mercantiles no regulados por leyes financieras, que en forma habitual o profesional que realicen contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria. Los sujetos mencionados no podrán prestar servicios ni realizar operaciones de las reservadas por las leyes vigentes a las instituciones del sistema financiero nacional.

Según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), existen 20 millones de usuarios de este tipo de financiamientos. Otras estimaciones hablan de cifras superiores a los 40 millones de usuarios.

Si bien estas instituciones son una opción para obtener un crédito rápido, pueden representar un financiamiento muy costoso. La Asociación Nacional de Casas de Empeño, señala que las tasas de interés anual pueden llegar a 372 por ciento.

Las excesivas ganancias que generan estas instituciones han ocasionado una proliferación importante de las mismas, las cuales en algunas ocasiones operan sin ningún tipo de control.

Es común observar en periódicos, en folletería o inclusive en anuncios de radio, instituciones que prestan dinero con tasas de interés accesibles, que terminan siendo solamente el gancho para contraer deudas impagables pues poco a poco se van incrementando.

En México de cada 100 personas que recurren a empeñar un bien para obtener un préstamo, 66 lo hacen en alguna de las instituciones de asistencia privada no lucrativas y 34 son clientes de negocios prendarios privados. La gran mayoría de los usuarios, 84.2 por ciento, empeña alhajas de oro. De los clientes de casas de empeño, 48.2 por ciento opinó que el dinero que les entregaron en préstamo fue poco para sus expectativas, y 37.6 por ciento de las personas destinaría el dinero del empeño para comprar alimentos.

Las quejas más comunes que señalan los usuarios son:

Elevadas y desproporcionadas tasas de interés prendario;

Usura y agiotismo;

Abuso en los criterios de avalúo de los objetos;

Condiciones desventajosas de los contratos de adhesión;

Preeminencia por parte de la casa de empeño para no generar condiciones de pago del préstamo prendario.

A pesar de lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la Norma Oficial Mexicana NOM-179-SCFI-2007, Servicios de mutuo con interés y garantía prendaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre de 2007, y el Registro Público de Casas de Empeño, aún hay diversas instituciones o personas que operan al margen de la normatividad.

En enero de 2014, a Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que todas las casas de empeño, incluyendo las instituciones de asistencia privada, están sujetas al sistema de protección al consumidor.

Lo anterior, al resolver el amparo en revisión 564/2013, en el cual se consideró que la recta interpretación del artículo 65 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en relación con el artículo 75, fracción X, del Código de Comercio, permite establecer que deben considerarse como casas de empeño, todas las personas físicas y morales que de manera habitual realizan operaciones de préstamo con interés y garantía prendaria, independientemente de su naturaleza jurídica y del fin al que destinen las ganancias que obtienen de dicha actividad.1

Ante estos hechos, es necesario fortalecer las acciones de vigilancia y prevención por parte de la Profeco para evitar el abuso de las casas de empeño.

Es con base en estas consideraciones que los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometemos ante esta honorable Comisión Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para que lleve a cabo las acciones necesarias para evitar la práctica recurrente de abusos y engaños por parte de las casas de empeño a la población.

Nota

1http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/notic ia.asp?id=2775

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de dos mil dieciséis.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Infodf a llevar a cabo acciones para garantizar el derecho humano de los ciudadanos a acceder de manera pronta y expedita a la información pública concerniente al Fideicomiso de la Central de Abasto de la Ciudad de México, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la república, integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El derecho de acceso a la información pública es un derecho humano consagrado en el artículo 6o. de nuestra Constitución, mismo que también es reconocido en diversos tratados internacionales suscritos por México.

En años recientes, los avances en la materia de transparencia han sido extraordinarios, lo cual ha contribuido a tener gobiernos cada vez más responsables y transparentes ante la ciudadanía.

En la LXII Legislatura, el Congreso de la Unión aprobó importantes reformas para consolidar un marco normativo acorde con los nuevos retos que enfrenta el país, una de ellas fue la reforma en materia de transparencia que fortaleció el derecho de acceso a la información pública de los mexicanos, se establecieron nuevas facultades para el organismo garante a nivel federal y se amplió el catálogo de sujetos obligados al principio de máxima publicidad de la información.

En sentido contrario a los logros en materia de transparencia, el Fideicomiso de la Central de Abastos de la Ciudad de México (Ficeda), se ha negado de manera sistemática a obstaculizar el derecho humano de acceso a la información pública.

Prueba de ello, es que desde el año 2013, este fideicomiso consiguió que el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (Infodf), lo eliminara de la lista de sujetos obligados a rendir información pública, debido a un recurso legal interpuesto por el Coordinador General de la Central de Abasto de la Ciudad de México, bajo el argumento de que este ente opera con recursos propios.

En este sentido, aunque la mayor parte de los recursos del Ficeda provienen del sector privado, de acuerdo al artículo 23 de la LGTAIP, los particulares tienen la obligación de transparentar la información relacionada con los recursos públicos que les hayan sido transferidos.

Además, entre el año 2009 y marzo de 2013, lapso en el que el Ficeda formaba parte de los 108 entes de la Ciudad de México obligados a la transparencia, recibió 883 solicitudes, mismas que en su mayoría no tuvieron respuesta por los diversos amparos presentados por esta entidad, situación que lo llevó a encabezar la lista de los entes con mayor opacidad.

Para dimensionar la renuencia del Ficeda a cumplir con sus obligaciones de transparencia, basta mencionar que de acuerdo a declaraciones del entonces comisionado presidente del Infodf, Óscar Guerra Ford, este fideicomiso “traía siempre calificaciones de 2.25 (sobre un máximo de 100) en materia de transparencia.”

La transparencia, es el elemento transversal que hace posible una efectiva y real rendición de cuentas de los gobiernos democráticos, en este sentido, consideramos que el Infodf, lejos de obstaculizar el derecho al acceso a la información pública, debe contemplar las medidas que hagan más sencillo y ágil su ejercicio y observancia.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo las acciones que permitan garantizar el derecho humano de los ciudadanos a acceder de manera pronta y expedita a la información pública concerniente al Fideicomiso de la Central de Abastos de la Ciudad de México.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de dos mil dieciséis.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al GDF a enviar a esta soberanía un informe pormenorizado sobre el estado actual de la infraestructura de la red del Metro, y las acciones y los recursos programados para su mantenimiento, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la república integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la Zona Metropolitana del Valle de México viven más de 20 millones de personas, quienes en su gran mayoría utilizan diariamente la red de transporte concesionado, trolebuses, rutas de transporte público y el Sistema de Transporte Colectivo Metro.1 Estos medios integran una red en la que viaja el 78.5 por ciento de las personas de la Ciudad de México, el resto lo hace en vehículos particulares.

El Metro cuenta con 12 líneas integradas por 226 kilómetros de vías y 195 estaciones, el más grande de Latinoamérica, inclusive con mayor longitud que algunas ciudades europeas como París y Berlín; en 2014, transportó a más de mil 614 millones de pasajeros, es decir, alrededor de cinco millones de usuarios al día.

El Sistema de Transporte Colectivo tiene un parque vehicular de 390 trenes y 4 mil 909 predios, en los que se encuentra una infraestructura de mil 334 construcciones y predios.2

De los diferentes medios de transporte con los que cuentan los habitantes de la Ciudad de México, el Metro es el servicio más usado y el que goza de mejor opinión; según la encuestadora Parametría, 98 por ciento de los entrevistados en enero de 2013, señalaron haberlo utilizado y su opinión efectiva llegó a 80 puntos.3

A 45 años de servicio, el Metro continúa siendo un medio de transporte rápido, económico y no contaminante, no obstante, hoy en día, tiene grandes retos que debe enfrentar. Hay retrasos y saturación en el servicio; falta de mantenimiento en los trenes, vías y estaciones, situación a la que se suma el ambulantaje e inseguridad en sus inmediaciones.

La falta de mantenimiento ha ocasionado diversos accidentes, el 17 de marzo de 2015, una falla mantuvo sin servicio a cuatro estaciones de la línea 7, con el consiguiente caos y problemática que genera para miles de usuarios que se trasladaban a sus lugares de trabajo. El 4 de mayo del año pasado, un alcance de trenes en la estación Oceanía, tuvo como saldo seis personas lesionadas, y en ese momento se habló sobre daños en la estructura de la estación, hundimiento de vías y fallas en la comunicación.

El 19 de diciembre de 2015, dos personas resultaron heridas, luego de que se desplomó una parte de las escaleras en la estación del Metro Nativitas. El Sistema de Transporte Colectivo detalló que la estructura cayó aproximadamente 20 centímetros.

Desafortunadamente, el común denominador en estos accidentes son problemas de mantenimiento. Hay escaleras eléctricas que no funcionan, bandas transportadoras en estaciones de transbordo que casi nunca sirven.

En la Estación Tacubaya, por ejemplo, la estructura del techo muestra grandes espacios carcomidos por la humedad. En varias estaciones existen fugas y en muchas de ellas es probable que sean de aguas negras.

El actual titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, aceptó que la línea 2 está en malas condiciones, por falta de mantenimiento a lo largo de 40 años, indicó también que 41 escaleras están en riesgo.

El Metro constituye un medio de transporte fundamental para el desarrollo de las actividades cotidianas de una gran parte de la población de la Ciudad de México, es, incluso, el único medio de transporte para miles de usuarios, por lo que las fallas en su funcionamiento impactan no sólo en la economía de las familias sino en la vida de millones de ciudadanos.

Los antecedentes sobre las numerosas irregularidades que se presentaron en la Línea 12, que a la postre llevaron a la suspensión del servicio en 11 de las 20 estaciones, demandan un diagnostico objetivo y transparente sobre la situación actual de la infraestructura de la Red del Sistema de Transporte Colectivo “Metro”, así como las acciones y recursos programados para su de mantenimiento.

No podemos poner en riesgo la seguridad, integridad y en escenarios extremos, la vida de los millones de usuarios que día a día utilizan este medio de transporte.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del Distrito Federal a envíar un informe pormenorizado a esta soberanía sobre el estado actual de la infraestructura de la Red del Sistema de Transporte Colectivo “Metro”, así como las acciones y recursos programados para su mantenimiento.

Notas

1http://www.inegi.org.mx/eventos/2013/RDE_07/RDE_07_Art6 .html

2 http://www.metro.df.gob.mx/imagenes/organismo/informes/2013/comparecenc ia1.pdf

3 http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4539 (05-01-2016)

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de dos mil dieciséis.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco y a la Cofece a llevar a cabo una estrategia coordinada para evitar las alzas injustificadas de diversos productos y servicios en el mercado nacional durante la “cuesta de enero”, suscrita por la senadora Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Ivonne Liliana Álvarez García, senadora de la república, integrante del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como consecuencia de la temporada navideña, el primer mes de año es conocido como “la cuesta de enero”, producto de una combinación entre gastos extraordinarios correspondientes a la época decembrina y un inexplicable aumento de precios en una importante cantidad de productos y servicios.

En 2015, nuestro país presentó una inflación histórica, hasta la primera quincena de diciembre, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que era las más baja desde que se empezó a medir esta variable en México, es decir, desde el mes de enero de 1969. Ocho de los diez meses con menor inflación anual calculada han tenido lugar en este 2015. La cifra más baja de inflación anual ocurrió apenas el pasado mes de noviembre, con 2.21 por ciento.

Esta reducida cifra en los niveles de inflación, no es una casualidad, ha sido el resultado de una serie de acciones coordinadas llevadas a cabo desde el Banco de México y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la instrumentación mensual, históricamente bajos.

Es necesario mencionar que desde que se lleva a cabo la medición del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), durante el mes de enero del 2015, por primera vez se presentó una baja de 0.09 por ciento con respecto al mes de diciembre de 2014, alcanzado una tasa anual de inflación a enero de ese año de 3.03 por ciento, cifra que se encuentra por debajo del 4.48 por ciento registrado en el primer mes del 2014.

Uno de los argumentos que legitiman este punto de acuerdo, y que lo pondremos como ejemplo para justificar el atento exhorto que se pretende, es la reciente afirmación de algunos industriales de la masa y la tortilla, respecto a que debido al déficit de maíz que se prevé para finales del año 2015, será necesario un incremento en el precio del kilogramo de tortilla durante el primer mes del 2016, situación que, a decir de las mismas autoridades, es injustificable, toda vez que los insumos principales para la fabricación de este producto han mantenido una constante tendencia a la baja, refiriéndonos específicamente al precio del maíz y de los combustibles.

La misma Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla ha señalado que el precio al consumidor de este producto ha mantenido un nivel rentable, a pesar de las fluctuaciones en los insumos, razón por la cual no existiría alguna razón justificada para incrementar “artificialmente” el precio de este importante producto para las mesas de las familias mexicanas.

En nuestro país contamos con dos instituciones cuya acción coordinada, inciden directamente en el ordenamiento de los mercados, y por lo tanto en una fijación justa de los precios, nos referimos a la Comisión Federal de Competencia Económica (CFC) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

La CFC tiene una clara misión de promover y proteger el proceso de libre concurrencia y competencia como medio para un fin: mejorar el bienestar de-los consumidores y la competitividad de las empresas.

Por su parte, la Profeco es la institución que protege y promueve los derechos de las y los consumidores, garantizando relaciones comerciales equitativas fortaleciendo la cultura de consumo responsable y el acceso en mejores condiciones de mercado a productos y servicios.

Por esta razón, es imperativo que ambas instituciones cumplan fortalezcan sus acciones y protejan la economía de las familias mexicanas, ante posibles alzas de precios de bienes y servicios injustificados.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Federal de Competencia Económica, para que lleven a cabo una estrategia coordinada que permita evitar el incremento de los precios injustificados de diversos productos y servicios en el mercado nacional durante la denominada “cuesta de enero”.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de dos mil dieciséis.

Senadora Ivonne Liliana Álvarez García (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 101 aniversario de la Ley Agraria, promulgada el 6 de enero de 1915, a cargo de senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI conmemoramos el centésimo primer aniversario de la promulgación de la Ley Agraria, expedida por el entonces presidente de la República Venustiano Carranza, el 6 de enero de 1915, en la ciudad de Veracruz.

A 101 años de su promulgación, reconocemos el valor que posee al ser el primer instrumento jurídico nacional en concentrar de manera sistemática la lucha campesina acontecida durante la Revolución mexicana, que en entre otras cuestiones, buscaba la justa repartición y distribución de la tierra, así como superar el rezago del campo a través de consignas emblemáticas como aquella emitida por Emiliano Zapata que a la letra dice: “la tierra es del que la trabaja”.

La base de la Ley Agraria fueron los postulados e ideas del abogado, político, diplomático y escritor mexicano Luis Vicente Cabrera Lobato, entonces secretario de Hacienda y quien es considerado uno de los personajes más ilustres de principios del siglo XX.

Este documento adelantado a su época, representó un cambio de paradigma al romper con la clasificación tradicional del derecho –público y privado–, sentando las bases para el posterior surgimiento del derecho social, que años más tarde posicionó a México como un referente a nivel mundial con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

Por lo que respecta a sus antecedentes, destaca el Plan de San Luis promulgado por Francisco I. Madero, documento en el que además de convocar al pueblo mexicano a derrocar por medio de las armas al gobierno de Porfirio Díaz, también hizo el llamado a restituir las tierras a favor de los campesinos.

Asimismo, sobresale el Plan de Ayala de Emiliano Zapata –eje rector de la causa agraria en nuestro país– que tuvo como principal exigencia, la inmediata y efectiva de la restitución de las tierras a los campesinos. Así como el Plan de Guadalupe de Venustiano Carranza, el cual contó con el respaldo de Francisco Villa, Álvaro Obregón y el propio Emiliano Zapata.

Bajo estos principios, la Ley Agraria se fundamentó en la propuesta de Andrés Molina Enríquez, y después de un arduo análisis, fue redactada en el heroico Puerto de Veracruz por el abogado, político y escritor mexicano Luis Vicente Cabrera Lobato, quien fungía como colaborador de Venustiano Carranza.

Aunque prevalecen grandes retos para la consolidación del campo mexicano, no está a discusión la trascendencia jurídica y social de la Ley Agraria, prueba de ello es que actualmente hay miles de núcleos agrarios, a través de los cuales, los campesinos, comuneros y ejidatarios coadyuvan en el desarrollo agropecuario del país y abastecen gran parte de los alimentos de las familias mexicanas.

Entre enero y febrero de 2015, igual que en los dos años pasados, se firmaron los 32 convenios de coordinación para el desarrollo rural sustentable, lo que contribuye de manera determinante en la construcción de un nuevo y mejorado rostro del campo mexicano.

La producción nacional de maíz, trigo, frijol, arroz, sorgo y soya, como proporción de la oferta total, subió de 62 por ciento, en 2012, a casi 70 por ciento, en 2014, lo que representa mayor seguridad alimentaria.

En los primeros 35 meses de la actual administración, las ventas agrícolas de México al mundo ascendieron a 74 mil millones de dólares (66 por ciento más que en el mismo lapso de la pasada administración), asimismo, destacan las exportaciones de carne que se triplicaron y las de frutas, cítricos y cacao que se duplicaron.

México es el principal exportador de aguacate, cerveza, guayaba, mango, pepino y sandía; y el segundo de limón y tomate. También somos el segundo productor de chiles y pimientos; y el cuarto productor mundial de berries y pulpo; además, somos el segundo proveedor de productos agropecuarios hacia los Estados Unidos.

Las cifras demuestran que el sector agropecuario es determinante para el desarrollo de nuestro país, pero no podemos negar que a pesar de los constantes y significativos avances, todavía se encuentra pendiente el reto de revertir el rezago social que se observa en gran parte de las zonas rurales.

En el marco de esta conmemoración, los legisladores del PRI, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para consolidar al campo mexicano como el motor de impulso social, regional y nacional, que México requiere. Asimismo, reconocemos la labor de quienes integran el sector: llenos de entusiasmo, hagamos que los campesinos mexicanos escriban su propia historia de éxito.

Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2016.

(Rúbrica)

Con motivo del Día del Periodista, a cargo del senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

El 4 de enero de cada año se celebra en nuestro país el Día del Periodista, que tiene como finalidad celebrar el desempeño de comunicadores y periodistas.

Esta celebración se estableció en honor del literato y periodista Manuel Caballero, quien es considerado el precursor del periodismo en nuestra nación.

La labor que estos profesionistas realizan es una de las más importantes para la vida pública de México, es por eso que su reconcomiendo es tan importante.

Sin embargo, en diversas épocas de la historia de nuestro país han existido grupos vulnerables que sin justificación alguna no pueden desarrollar sus capacidades, tal es el caso de los periodistas, quienes en el ejercicio de su profesión y búsqueda de la verdad han visto vulnerados sus derechos, al grado de ser privados de la vida.

En el presente año México ocupo el lugar 148 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, es el sexto a nivel mundial con más muerte a periodistas, el número uno en nuestro continente.

Estos indicadores cuantitativos han provocado que la Organización no Gubernamental Freedom House catalogue al Estado Mexicano como un país no libre para la prensa; para revertir esta situación la sociedad civil, legisladores e impartidores de justicia han unido fuerzas para hacer los cambios que el sistema legal requiere para dar protección a este grupo vulnerable.

Es por tales motivos que este día debe de recordarnos la difícil situación por la que pasan las mujeres y hombres que deciden dedicar su vida al periodismo.

Por ende, es una responsabilidad de todas y todos, dotar a estos profesionistas de un marco jurídico que les garantice el pleno desarrollo de su labor.

Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica)

Con motivo del 6 de enero, Día de la Enfermera, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Cada año, celebramos, desde que se instruyó en 1931, de las profesionales de la salud, y que este 2016 se cumplen 85 años.

La suscrita, diputada federal Rosa Alba Ramírez Nachis, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la efeméride de la enfermera, del día 6 de enero, en razón de lo siguiente:

Haciendo referencia a la historia, para documentar desde los preceptos de cuando se da la asistencia a la salud, con el apoyo y auxilio de los asistentes de la salud, bajo la denominación actual de las enfermeras.

En el año 580, el Obispo Masona (571- 606) funda en Mérida (Badajoz), un xenodoquio, primer hospital español del que actualmente se tiene noticias. En él ya se encuentran datos y referencias a la labor de enfermería.

En el año 620, se publican las Etimologías de San Isidoro, Obispo de Sevilla. Recopila en veinte tomos todo el saber de su época. A la Medicina le dedica los tomos cuarto y undécimo. En ellos se aprecian apuntes de funciones de enfermería.

En el año 1000 AC, funciona el Hospital de San Miguel de Pamplona y en él se describen las figuras del Padre Canónigo Hospitalario y del Padre Canónigo Enfermero.

En el año 1127, en Roncesvalles (Navarra) aparece la figura del Canónigo Enfermero.

En el año 1128, se recoge la función de hospitalera en un texto referente a los distintos puestos de trabajo en el Hospital de Dios Padre, de Burgos.

En el año 1242, aparecen recogidos los primeros estatutos de los barberos de Montpellier (entonces bajo la Corona de Aragón hasta 1348), que regula el ejercicio de su oficio.

En el año 1310, la Cofradía de Barberos y Cirujanos de la ciudad de Valencia presenta sus primeros estatutos ante el Rey. El examen de los candidatos constará de una prueba de carácter teórico y otro práctico.

En el año 1417, en las Ordinaciones o Reglamentos del Hospital de la Santa Cruz de Barcelona aparece claramente la división de enfermería y descrito con minuciosidad el puesto de enfermero.

En el año 1428, los cirujanos y barberos obtienen examinadores propios al igual que lo tenían los médicos desde 1329.

En el año 1433, los cirujanos y barberos valencianos se agrupan en un único gremio. En este siglo (XV) se constituirán como un grupo profesional dentro de la medicina, aunque no siempre reconocidos. Durante estos años van a evolucionar social y científicamente.

En el año 1455, se crea la Cofradía de Barberos y Cirujanos de Zaragoza; los primeros capítulos de sus reglas datan de unos años más tarde, 1468. Esta Cofradía estuvo bajo la protección y tutela de los Santos Cosme. Damián y Valentino.

En el año 1489, el gremio de Barberos y Cirujanos de Mallorca establece en sus estatutos profesionales las categorías de mestres, fadrins y mossos. Y atendiendo a sus funciones profesionales en: mestres de botiga, chirurgians y jovens barbers.

En el año 1495, nace en Montemor o Novo (Portugal) Juan Ciudad Duarte (San Juan de Dios), fundador de la más universal orden religiosa dedicada a la asistencia de pobres enfermos. Muere el 8 de marzo de 1550.

En el año 1500, los Reyes Católicos regulan el ejercicio de los barberos y sangradores: Mandamos, que los barberos y examinadores mayores de aquí en adelante no consientan ni den lugar, que ningún barbero ni otra persona alguna pueda poner tienda para sajar ni sangrar, ni echar sanguijuelas ni ventosas, ni sacar dientes ni muelas, sin ser examinada primeramente por los dichos nuestros barberos mayores personalmente.

En el año 1500, se regula el oficio del Proto-Barberato, surgido inicialmente como sección del Proto-Medicato. El Proto-Barberato desapareció por Real Cédula de Carlos III en 1780.

En el año 1524, se publican las Constituciones del Hospital de Santiago. Mención especial merece la parte dedicada a la Enfermería.

En el año 1540, martes 20 de mayo, nace Bernardino de Obregón en el pueblo burgalés de las Huelgas. Fundador de la Mínima Congregación de los Hermanos Enfermeros Pobres, (“conocidos como Hermanos Obregones”).

En el año 1541, se imprime el manual titulado Libro del Arte de las Comadres o madrinas y del regimiento de las preñadas, escrito por el doctor mallorquín Damián Carbón i Malferit, dedicado a la instrucción de matronas.

En el año 1543, Juan Ciudad (San Juan de Dios), instalado en Granada, funda la Congregación de los Hermanos Hospitalarios.

En el año 1550, Camilo de Lelis se consagra al cuidado de los enfermos y funda la orden de los Ministros de los Enfermos, más conocida por Los Camilos.

En el año 1552, el Hermano Antón Martín (de la Orden de San Juan de Dios) establece en la calle de Atocha el Hospital del Amor de Dios, el primer nosocomio de afectos externos que se instala en Madrid, y que posteriormente albergaría una escuela de cirujanos menores y ministrantes.

En el año 1558, Felipe II emplea al sanador Francisco de Somovilla para tratar a la familia real con un salario equivalente al que perciben los médicos reales.

En el año 1579, en las Cortes Castellanas se votó a favor de la contratación del curandero y salubrista Agustín de Alba, para que éste, en cortas estancias de tiempo por las distintas ciudades del reino, enseñara a los cirujanos sus técnicas de curación.

En el año 1625, se imprime instrucción de Enfermeros, para aplicar los remedios a todo género de enfermedades, y acudir a muchos accidentes que sobrevienen en ausencia de los Médicos, manual de Enfermería realizado por la Mínima Congregación de los Hermanos Enfermeros Pobres (Obregones). Ésta es una segunda edición ampliada por el Hermano Andrés Fernández de otra de 1617.

En el año 1618, se edita en Zaragoza, El libro del Parto Humano del doctor Francisco Núñez, para la enseñanza de comadres y parteras.

En el año 1688, 22 de enero, el Tribunal del Proto- Medicato saca una promulgación que regula el ejercicio y las obligaciones de los Cirujanos Romancistas y Sangradores.

En el año 1750, el doctor Antonio Medina publica su Cartilla nueva, útil y necesaria para instruirse las matronas, que vulgarmente se llaman comadres, en el oficio de partear; la primera edición se edita en Madrid.

En el año 1760, en las Ordenanzas de las Constituciones de los Hospitales General y de la Pasión de Madrid, quedan reflejados los puestos de: Enfermero Mayor, Practicante Mayor, Practicante y Barbero. Aparece el oficio de Sangrador como especialidad, ya que para acceder a dicha plaza se ha de ser practicante.

En el año 1767, se observa la exención del servicio militar -a sangradores- en una Real Declaración de Milicias de Carlos III, en la que se dice lo que sigue: Un sangrador aprobado con el título correspondiente, en pueblo donde por corta vecindad y pobreza no haya cirujano, pero en lo demás no será exento el sangrador y en ninguno los barberos y mancebos, aunque lo sean de cirujano aprobado.

En el año 1770, el cirujano donostiarra José Oyanarte publica un interesantísimo libro de instrucción de matronas titulado Avisos a las obstétrices o parteras.

En el año 1776, propuesta del socio señor Matoni a la Regia Sociedad de Medicina de Sevilla para crear una Academia Pública para instruir Matronas en el Arte obstétrico. Al final la propuesta no llegó a plasmarse.

En el año 1804, la Real Cédula de 6 de mayo supone una regularización de la normativa vigente hasta el momento para matronas, sangradores y cirujanos.

En el año 1833, se publica el manual El Arte de la Enfermería del Hermano de San Juan de Dios, Jesús Bueno González.

En el Año 1843, el Hospital de la Santa Cruz de Barcelona saca a convocatoria varias plazas a cubrir, entre ellas figura la de Enfermero Mayor.

En el Año 1845, 25 de octubre, por Real Orden, se convalidan todos los títulos de Matronas expedidos por el Proto- Medicato de Navarra antes de 1844.

En el año 1857, 10 de septiembre, aparece publicada la Ley de Instrucción Pública, que regula la enseñanza de Practicantes y Matronas, suprimiendo la enseñanza de cirugía menor o ministrante hasta entonces en vigor.

En el año 1861, se publica el primer Reglamento para la enseñanza de Practicantes y Matronas.

En el año 1866, 7 de noviembre, se suprime la carrera de Practicante y se crea la de Facultativos Habilitados de Segunda Clase, que prestan asistencia médica y quirúrgica.

En el año 1868, jueves 22 de octubre, se derogan los decretos de 7 de noviembre de 1866 y se restablece el título de Practicante, tal como habilitaba el Reglamento de 1861.

En el año 1886, Orden de 20 de enero, del Ministerio de la Marina. Aparece el Reglamento del Cuerpo de Practicantes de la Armada.

En el año 1888, 18 de noviembre, aparece en la Gaceta de Madrid una nueva Reglamentación de las carreras de Practicante y Matronas.

En el año 1891, 14 de julio, se promulga en Aranjuez el reglamento Benéfico Sanitario que contempla, que bajo la tutela de los facultativos municipales, los Ayuntamientos sostengan a Ministrantes y Practicantes que desempeñen el servicio de cirugía menor, ateniéndose éstos a sus atribuciones específicas.

En el año 1896, se crea la primera Escuela de Enfermeras “Santa Isabel de Hungría” creada por el Dr. Federico Rubio y Gali, en Madrid.

En el año 1902, 5 de abril, sale publicado en base a lo dispuesto por R.D. de 26 de abril de 1901 y 31 de enero de 1902, la reorganización de las enseñanzas de Practicante.

En el año 1913, la Generalitat de Catalunya crea su propia Escuela de Enfermeras.

En el año 1915, mayo, a petición de la Congregación de Siervas de María, Ministras de los Enfermos, se reconoce legalmente el programa para la enseñanza de la profesión de Enfermera. Un hito en la historia de la Enfermería.

En el año 1917, abril, se crea la segunda escuela de enfermeras del país, la Escuela de Santa Madrona por el Montepío de Santa Madrona en Barcelona. También en ese año de 1917 -aunque no empieza a funcionar hasta dos años más tarde se constituye la Escuela de Enfermeras Auxiliares de la Mancomunidad de Catalunya.

En el año 1929, el Premio de la Sociedad Española de Higiene va a caer en manos de Nieves González Barrio, enfermera, con un trabajo acerca de la Organización y Reglamentación del Cuerpo e Institución de Enfermeras visitadoras y acción cultural de las mismas. La autora -ya entonces- solicitaba que debía crearse el título de Enfermera diplomada.

En el año 1936, junio, se aprueba el Reglamento de la Escuela Nacional de Sanidad, señalándose como misión del nuevo organismo la enseñanza y formación del cuerpo de Enfermera Visitadoras.

En el año 1938, 24 de mayo, se publica en Real Orden la prohibición del ejercicio de la profesión de Enfermeras fuera de los establecimientos asistenciales.

En el año 1941, 22 de mayo, se señalan las facultades de la Enfermera y las normas para la obtención del diploma. Unos meses más tarde se aprueba el programa oficial para los ejercicios de enfermeras en las Facultades de Medicina.

En el año 1945, se aprueba el Reglamento del Consejo General y el Estatuto de las Profesiones Sanitarias y de los Colegios Oficiales de Auxiliares Sanitarios, manteniéndose las tres secciones: Practicantes, Enfermeras y Matronas.

En el año 1951, se crea la Asociación Profesional de Enfermeras Españolas.

1952, Decreto de 27 de junio, se unifican los planes de estudios existentes hasta aquel momento, esto es, los de Practicantes, Enfermeras y Matronas en uno solo que otorga el de Ayudante Técnico Sanitario (ATS).

En el año 1957, se reconoce la especialidad de Obstetricia. Comienza hasta mediados de la década de los setenta la proliferación de especialidades que hasta un total de nueve irán surgiendo paulatinamente.

En el año 1965, el Consejo General de Ayudantes Técnicos Sanitarios ingresa en el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE).

En el año 1977, aparece el R.D. 2128 sobre Integración en la Universidad de las Escuelas de ATS como Escuelas Universitarias de Enfermería. El título que otorgan dichas escuelas es el de Diplomado en Enfermería. La primera promoción fue la de 1977- 1980.

En el año 1981, por Orden de 14 de septiembre, se habilitan los títulos para impartir docencia.

En el año 1984, se hace pública una resolución de la Secretaría de Estado para las Universidades e Investigación, aprobando la propuesta de la Comisión de las pruebas de idoneidad para acceso al cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias en el área de Enfermería. Por primera vez, esta disposición permitía a los profesionales de Enfermería a ocupar plazas de Profesores Titulares de sus Escuelas Universitarias.

En el año 1987, se regula la obtención del título de Enfermero Especialista. Se crean las Especialidades de Enfermería Obstétrico-ginecológica (Matrona), Enfermería Pediátrica, Enfermería de Salud Mental, Enfermería de Salud Comunitaria, Enfermería de Cuidados Especiales, Enfermería Geriátrica y Gerencia y Administración de Enfermería. Estas siete nuevas especialidades derogaban a las nueve de ATS y establecían las convalidaciones pertinentes.

1993, Orden de 22 de octubre, se convocan las pruebas selectivas para el programa de formación de la Especialidad en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona), por el sistema MIR.

Como antecedentes

El seis de enero se celebra en México el día de la enfermera, en virtud de que el médico José Villagrana, director del Hospital Juárez de México, calificó como un “regalo de reyes” para los pacientes la presencia de las enfermeras.

La historia de la enfermería se remonta a las primeras enfermeras monásticas e islámicas en la Edad Media, aunque se considera a Florence Nightingale (1820 - 1910) como la madre de la enfermería moderna y creadora del primer modelo conceptual de enfermería.

En México, la población ocupada que presta servicios de enfermería profesional, técnicos y auxiliares asciende a 302 mil personas; alrededor de 9 de cada 10, son mujeres. La edad promedio de las enfermeras y los enfermeros generales es de 38 años. El promedio de escolaridad de la población dedicada a la atención y cuidado de los enfermos es de 12.2 años de estudio. Siete de cada diez enfermeras y enfermeros residen en localidades de 100 mil y más habitantes y uno de cada diez, en localidades rurales. Nueve de cada diez enfermeras/os prestan su servicio a cambio de un sueldo o salario y la proporción restante trabaja en forma independiente. Cerca de 9 mil enfermeras/os declararon hablar alguna lengua indígena.

En nuestro país, a la llegada de los españoles así como en el inicio de la época de la Colonia la regulación de los establecimientos y el ejercicio de las profesiones enfocadas a la curación y atención de los enfermos estuvieron a cargo del Tribunal de Protomedicato.

El Protomedicato fue un Tribunal que establecieron los Reyes de España en varias ciudades y provincias de sus dominios, con el objeto de vigilar el ejercicio profesional de los médicos, cirujanos, boticarios y parteras. Tenía jurisdicción en todos los problemas de Salubridad Pública, cuidaban de la buena preparación y despacho de medicamentos y disponían de las providencias necesarias en caso de epidemias u otras calamidades.

El Real Tribunal del Protomedicato de España fue la primera institución de la administración de la salud pública española, creado por Ley Fundamental signada por los Reyes Católicos el 30 de marzo de 1477 y las Reales Pragmáticas de 1491 y 1498 vinieron a completar las ordenanzas de este organismo.

En México, esta importante institución de la salud pública fue fundada muy tempranamente, en 1527, ante el mismo cabildo de poderes de los protomédicos de Madrid que le permitieron entrar en funciones creando el Tribunal del Protomedicato, y se reafirmó como tribunal personal por la Ley de 1570. Al crearse en la Real y Pontificia Universidad en 1580, la cátedra de Prima de Medicina, primera del Nuevo Mundo, se especificó que quien la desempeñara ocuparía también el cargo de Protomédico de la Nueva España.

El 11 de enero de 1527 se dejó asentado en el libro de actas del Cabildo de la Ciudad de México el recibo de cédulas y poderes de los protomédicos de su majestad.

Al fundar el gobierno español, la Real y Pontificia Universidad de México en 1553. Por gestiones iniciadas del virrey Don Antonio de Mendoza y del obispo Fray Juan de Zumárraga, se hizo realidad durante el gobierno del virrey Don Luís de Velasco. (Padre). Al tener la anuencia real de Felipe II y la confirmación del Papa Clemente VII, la Universidad obtuvo la calidad de Real y Pontificia Universidad de México. Cinco eran las facultades que albergaba: Artes, Teología, Cánones, Leyes y Medicina.

El Protomedicato estuvo en funciones hasta el 21 de noviembre de 1831, fecha en que se publica “La Ley de cesación del tribunal del Protomedicato y la creación de la Facultad Médica del Distrito Federal”. En aquel momento los protomédicos: presidente el Dr. y Maestro Manuel de Jesús Fables, decano el Dr. Don Casimiro Liceaga y el Dr. y Maestro Joaquín Guerra; el primero personificando el final del período metafísico, y Liceaga significando el principio del período positivo, fundando y dirigiendo a la escuela y los hombres de ese tiempo.

Las funciones del Consejo eran lo suficientemente amplias para tratar de regular el ejercicio de la medicina y la cirugía así como de los farmacéuticos y de las boticas, de los dentistas, parteras y flebotomianos y de tomar todas las medidas conducentes a favorecer la salubridad pública, sobre todo en casos de epidemias. En 1840 el Consejo Superior de Salubridad, fue encargado de Extender el título a quienes aspiraban a ejercer la profesión, el avance de la medicina continuó.

Como podemos observar estas tres corporaciones: Protomedicato, Facultad Médica y Consejo Superior de Salubridad, han sido siempre una misma institución: una junta compuesta por médicos y farmacéuticos, encargada de velar por la salubridad pública.

Por la instrucción formal de las parteras en toda la República, tenían un lugar social distinguido, con una práctica no enfocada al lucro. Finalmente, la mayoría se encontraba en una situación educativa privilegiada en un país donde el analfabetismo predominaba, la educación primaria no correspondía a la gran mayoría de las mujeres a quienes se consideraba “incapaz de estudiar una carrera universitaria”. Ya para el siglo XIX la mayoría de las universidades del país ofrecían la carrera de partera, su preparación era muy heterogénea según el Estado, por la autonomía, legislaba en forma independiente sobre las profesiones.

Desde 1833 en la Escuela de Medicina del Establecimiento de Ciencias Médicas; se exigía para ser partera, ser mujer, con educación primaria, aprobaran al ingreso un examen preparatorio y tener conocimiento del idioma francés. La carrera duraba 2 años y, según consta en el Boletín de Instrucción Pública de 1903 (Tomo I), recibían “una enseñanza objetiva, ya en cadáver, ya en piezas anatómicas artificiales que habrán de pedirse a Europa”.

La situación de las enfermeras era muy distinta. En primer lugar cabe aclarar que con el nombre de “enfermera”(o) se denominan las actividades que mujeres y hombres realizaban en los hospitales fundados desde el siglo XVI en la Nueva España. En la mayoría de las ordenanzas aparecen en la categoría de “sirvientes” porque además de atender a los enfermos se especifica su ubicación laboral: “enfermera lavandera”, “enfermera cocinera”, “enfermera mandadera”. En esas mismas las parteras se ubicaban dentro del personal “científico” o del “administrativo” y su salario era tres veces mayor que el de las enfermeras. Aun cuando la partera tenía una situación social superior a la de la enfermera, se encontraba en condiciones desfavorables en relación con el médico, tratando de conservar las funciones que le fueron propias hasta mediados del siglo XX.

La profesionalización de la Enfermería al empezar el siglo XX, se instituyó por diversas causas, entre ellas, el grupo médico necesitó formar recursos idóneos siendo los siguientes:

1o. Ya no disponía de religiosas que prodigaran atención cristiana y gratuita a sus enfermos.

2o. No podía utilizar a las parteras para atender a sus enfermos puesto que ellas tenían bien definidas sus funciones y nivel jerárquico.

3o. Las enfermeras no estaban acordes con las enormes posibilidades de desarrollo médico que el nuevo siglo prometía.

Este proyecto requería de cambios en la estructura que, hasta ese momento, había tenido la atención a los enfermos y esos cambios se dieron en tres ámbitos principalmente: educativo, ideológico y administrativo.

En el ámbito educativo, desde 1900 se iniciaron los intentos por capacitar a las enfermeras que laboraban en el Hospital de San Andrés en la Ciudad de México.De 1900 a 1905 fueron varias las estrategias del grupo médico para reunir un buen grupo de estudiantes; se pretendía que los aspirantes, hombres y mujeres tuvieran, entre otras cualidades, “un determinado grado de estudios, como haber cursado la escuela normal o los estudios de Obstetricia”. El Dr. Eduardo Liceaga puso gran empeño en ello trayendo incluso a enfermeras extranjeras para hacerse cargo de la educación de las enfermeras ante la necesidad urgente de preparar al personal que habría de trabajar en el Hospital General inaugurado el 5 de febrero de 1905.

Una vez en funciones, el personal médico fue el encargado de dar las clases, designar personal de enfermería para que vigilara el trabajo de las estudiantes y establecer coordinación con la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes para validar los estudios que las alumnas cursaban en el Hospital General y al incorporarse a la Escuela de Medicina de la Universidad.

Se reconoce que ya desde 1896 se había iniciado la capacitación de algunas mujeres en el Hospital de San Andrés, con ayuda de enfermeras alemanas que se trajeron para tal fin. Sin embargo, tras la inauguración en 1905 del Hospital General se inició el adiestramiento formal de enfermeras; dos años más tarde, en ese mismo nosocomio, el 9 de febrero de 1907 se fundó la Escuela de Enfermería.

El 16 de noviembre de 1843, llegaron a la Ciudad de México, las Hijas de la Caridad fueron recibidas por compacta multitud entre la que se encontraban comisiones del Ayuntamiento. Tales muestras de simpatía y deferencia de que fue objeto por parte de las autoridades y en general de todas las clases sociales fue debido a la justificada fama de bondad que tenía su instituto, y a la gran falta que hacían en los hospitales que desde los últimos años del periodo virreinal, habían sufrido lamentable y progresiva decadencia.

En el año 1910, con la reapertura de la Universidad Nacional de México, Justo Sierra promovió la Reforma Integral de la Educación Mexicana, favoreciendo el desarrollo de extensión de la enseñanza y la investigación científica para contribuir al desarrollo nacional. Al reabrirse la Universidad Nacional, la Escuela de Medicina se integra a ella el 26 de mayo de 1910 y el 30 de diciembre de 1911 la Universidad de México aprueba integrar la enseñanza de la Enfermería a la Escuela de Medicina en las propias instalaciones de ésta, situación que prevaleció hasta 1945, siguiendo las mismas normas y reglamentos disciplinarios de planes y programas eran aplicados en ambas escuelas

En el año 1911 se incorporó a la Escuela de Medicina de la entonces Universidad Nacional, y se estructuró así su primer plan de estudios de dos años después de la primaria; se instituyó como requisito para cursar la carrera de partera (actividad que nació antes de la de enfermería), de ahí que esta escuela, al integrar la carrera de partera, recibió el nombre de Escuela de Enfermería y Obstetricia.

En el año 1920, José Vasconcelos señalaba “la técnica y el arte” tienen como único fin social servir al hombre del pueblo. La universidad deja de producir profesionales individualistas, en cambio se forjará al profesional capaz y solidario. Como reflejo de estas políticas desde los años 20’s del siglo XX se desarrolla un proceso de integración de programas de servicio social en las universidades. Con estos antecedentes, el servicio social surge como una respuesta de las instituciones de educación superior a la necesidad de reconstruir el país surgido de la Revolución Mexicana. Por ello mismo, constituyó un esfuerzo por hacer realidad el reclamo de justicia social emanado del proceso revolucionario La formación de las enfermeras y parteras bajo los reglamentos de los hospitales Juárez y General de México, incluía el internado, régimen que mantenía a las estudiantes de enfermería las 24 horas del día en el hospital, y el avance académico era seguido por la administración de estos nosocomios. En 1932, Carmen Gómez Siegler con apoyo del doctor Luís Méndez reorganizó el departamento de enfermería, y redujo la jornada a 12 horas. Esta forma de llevar a cabo las prácticas en los hospitales dejó por sentado que con las horas prácticas que realizaban en el hospital estaba cumplido el servicio social.

En 1935 se creó el nivel técnico de la enfermería con duración de tres años de estudios, que también fue requisito para cursar la carrera de partera. Para 1948, gracias a la iniciativa de Everardo Landa y Cayetano Quintanilla, la Escuela de Enfermería se independizó de la de Medicina, y se determinó que la enfermera debía tener título y cédula profesional para ejercer. Asimismo, se inició un movimiento de crecimiento a partir de que sus directores tuvieron la responsabilidad y las atribuciones que les confiere la legislación universitaria para promover su desarrollo.

Hay que resaltar que hoy en día existen en la actualidad 593 escuelas de enfermería en el país, de las cuales 103 imparten el nivel licenciatura, siete el técnico superior universitario y 490 el técnico, hacen falta enfermeras de alto nivel, de manera que el reto es que la enfermería tiene que alcanzar el valor que corresponde a una práctica formal, de profesionistas, pues su misión es el servicio, la investigación y la docencia. Por lo tanto es necesario que sea recordado el día 06 de Enero como el día de la enfermera “por eso estamos formando enfermeras avanzadas, algunas con maestría y doctorado, orientando actividades científicas para que la enfermería sea del nivel humanista y científico que la sociedad merece y, con ello, pretendemos cautivar a los jóvenes para que encuentren en la enfermería una posibilidad de crecimiento y de realización humana”.

Considerando

1. Si bien el día de la enfermera es un día muy importante para nuestro país. Pues son las que cuidan de nuestra salud y en primera instancia son las que nos atienden a los ciudadanos en los diversos hospitales y las que dan la cara a la atención de la salud.

Es obligación del estado según lo consagrado en la Carta Magna en su Artículo 4o . En los Estados Unidos Mexicanos en su tercer párrafo, que toda persona tiene derecho a la salud, la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y entidades federativas en materia de salubridad general conforme a lo que dispone la fracción 16, del artículo 73 de esta constitución.

Por eso, es importante instruir en los diversos lugares de la nación, que todos los ciudadanos sepan que el día 6 de Enero de cada Año, será recordado como el día de la enfermera.

En virtud de todo lo anterior manifestó, que se ponga a su atenta consideración este punto en el orden del día, en virtud de la trascendencia y celebración, el cual elogiamos las enfermeras de este país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de enero de 2016.

Diputada Rosalba Ramírez Nachis (rúbrica)

Con motivo del 6 de enero, Día de la Enfermera en México, a cargo de senadores del Grupo Parlamentario del PRI

En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI celebramos el “Día de la Enfermera en México”, el cual es observado el 6 de enero desde 1931, año en que fue instituido por el entonces director del Hospital Juárez en la Ciudad de México, doctor José Villagrana, quien consideraba que la presencia de enfermeras era un regalo de Reyes Magos para los enfermos.

En México, una de las primeras enfermeras en destacar fue la monja sor Micaela Ayans, quien junto a un grupo de religiosas, convirtió su convento en un hospital –el que después sería el Hospital Juárez– para brindar atención y cuidado a los heridos que hubo durante la invasión estadounidense (1846 a 1848).

Otro caso fue el de refugio Estébez Reyes -conocida como “Doña Cuca”-, la primera enfermera militar, quien sin conocimientos académicos en la materia pero si con la experiencia práctica, en 1902 formó un equipo de enfermeras llamado los “Ángeles”, el cual se extendió a distintas ciudades del país. Además, estuvo al frente de las escuelas de enfermería como la de Cardiología e Instituto Marillac, el Hospital Inglés (1911) y la escuela de Monterrey (1914).

No obstante, el primer curso de enfermería básica en nuestro país, organizado por doctor Eduardo Liceaga, se dio hasta 1903. Posteriormente, con la inauguración del Hospital General en 1905, surgió la primera escuela de enfermería, la cual inició actividades en 1907, y en 1911 se elaboró el primer Plan de Estudios para la Carrera de Enfermeras y Parteras, cuya enseñanza comenzó en 1912.

Desde entonces, la impartición de esta noble e indispensable actividad se ha ampliado y fortalecido a prácticamente todo el territorio nacional, situación que obedece a la importancia inherente a la enfermería, que en términos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), abarca la atención autónoma y en colaboración dispensada a personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no, y en todas circunstancias.

También comprende la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la atención dispensada a enfermos, discapacitados y personas en situación terminal, tanto en clínicas, hospitales o en domicilios particulares.

En función de la formación de cada persona dedicada a la enfermería, hay distintos perfiles, desde aquellos que auxilian a los médicos en la intervención quirúrgica de pacientes, en hospitales y sanatorios, hasta los que dan atención directa en la administración de medicamentos, registro de signos vitales, aseo, entre otros.

Pero más allá de las cuestiones referidas, todos coincidimos en que las y los enfermeros se distinguen por su vocación de servicio, buena voluntad, ética y altruismo, así como por su profesionalismo y capacidad.

En el Grupo Parlamentario del PRI reconocemos el esfuerzo que realizan diariamente, especialmente en los momentos más apremiantes, incluso si éstos suponen riesgos para su integridad o bienestar. Basta mencionar lo ocurrido en la explosión del Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa registrada el 29 de enero de 2015, donde las enfermeras Ana Lilia Gutiérrez Ledesma y Mónica Orta Ramírez perdieron la vida por salvar a bebés y personas durante el siniestro.

No es extraño que la encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y la tecnología 2013 (ENPECYT), la enfermería forme parte de las ocupaciones más respetadas y valoradas por la sociedad mexicana, considerada así por 33.9 por ciento de la población, ubicándose solo detrás de los bomberos.

Por lo que respecta al panorama del sector en nuestro país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) hasta junio de 2015, la población de 15 años y más de edad ocupada como enfermera o enfermero, asciende a 475 mil 295 personas, de ésta 85 de cada 100 son mujeres.

En relación a la cobertura, el propio instituto refiere que el promedio nacional de enfermeras y enfermeros es de 3.9 por cada mil habitantes, cifra que está debajo de las 5 y 6 que recomienda la Organización Panamericana para la Salud. Sin embargo, dicho promedio si es alcanzado en estados como Tamaulipas, Distrito Federal, Campeche, Colima y Coahuila de Zaragoza.

Por lo que respecta al grado de especialización, el Inegi señala que por cada 100 personas dedicadas a la enfermería, 43 son profesionistas o especialistas, 31 técnicas y 26 auxiliares. En cuanto a los ingresos que perciben, ganan en promedio 50.7 pesos por hora y 54 de cada 100 ganan más de tres salarios mínimos.

Ante este panorama, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI reconocemos la importante labor que día a día realizan las y los enfermeros de nuestro país. Asimismo, hacemos el llamado a concentrar esfuerzos para que desde el Congreso de la Unión, se fortalezcan y amplíen los programas, planes y acciones cuyo objetivo sea apoyar la formación e inserción laboral de quienes tienen por vocación la enfermería.

A las enfermeras y los enfermeros de México, felicidades en su día.

(Rúbrica)


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