Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, la SE, la Sener y la SHCP a implantar una estrategia para regular los precios de los insumos agrícolas utilizados en la producción de los granos básicos, a cargo del diputado Germán Escobar Manjarrez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Germán Escobar Manjarrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante la cual se solicita regular los precios de los insumos agrícolas utilizados en la producción de los granos básicos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México es deficitario en la producción de los principales granos básicos que demanda el mercado nacional; por lo que es importante para el país que los productores nacionales contribuyan a reducir las importaciones de estos granos, de acuerdo al Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), se importan por lo menos 11 millones de toneladas de maíz principalmente amarillo; en el caso del sorgo se importan 2 millones y de trigo 3.2 millones de toneladas.

Por otro lado, las presiones en el precio de los granos en los mercados internacionales se ven influenciados por diversos factores entre los que se encuentran el efecto del cambio climático, el daño por plagas y enfermedades a los cultivos o una reducción o sobreproducción en otras regiones, el tipo de cambio de moneda o simplemente el cambio de uso de patrones de producción y consumo, ponen en riesgo las condiciones económicas de los países importadores.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha señalado que los países para que tengan seguridad alimentaria, deben de producir 75 por ciento de los alimentos que consume; de acuerdo con estadísticas del SIAP, estamos produciendo menos de 60 por ciento de nuestros requerimientos, lo que nos hace dependientes de las importaciones y en riesgo para satisfacer la demanda alimentaria de nuestra población.

Por eso nuestro país requiere establecer las bases productivas de una política pública que impulse minimizar las importaciones de productos agropecuarios, que reducen las oportunidades de nuestros productores a formar parte de las cadenas productivas impidiendo competir hasta en los mercados locales.

Es importante señalar que para México, maíz, frijol y arroz son casos especiales y muy necesarios para tenerlos en consideración, por ser productos básicos esenciales de nuestra dieta, por lo que deben ser tratados de forma especial y estratégica, como lo establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en su artículo 179.

Nuestro país tiene limitaciones en la competencia con los precios internacionales, ya que nuestros socios comerciales cuentan con apoyos y subsidios en todas las cadenas productivas, lo que los impulsa y hace altamente competitivos; por comentar sólo en caso de nuestro principal socio, con el que tenemos por lo menos 80 por ciento del intercambio comercial, Estados Unidos de América, es una economía 20 veces mayor que la nuestra, no tenemos oportunidad de lograr competitividad en materia de granos.

El talón de Aquiles en la agricultura son los precios de los insumos necesarios para la producción, por lo que buscamos que se apoye urgentemente al pequeño y mediano productor, creando una verdadera política productiva; los precios de los insumos se han convertido en un problema coyuntural en la producción de alimentos y a pesar de que se cuenta con una Ley de Energía para el Campo, el acceso al apoyo es limitado; los productores mexicanos hacen lo posible por ser competitivos pero el acceso a los insumos energéticos que por lo menos el gobierno regula, como es el caso de la energía eléctrica, la gasolina, diésel y fertilizantes debieran ser ofertados a precios realmente competitivos; por lo que es conveniente que en forma coordinada la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la Secretaría de Energía (Sener) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), establezcan un mecanismo para lograr este objetivo.

A pesar que se han mejorado las políticas públicas de los sistemas de apoyos dirigidos al desarrollo agrícola, falta mucho por hacer en beneficio de los productores, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, establece desarrollar economías de escala y agricultura por contrato y proporcionar créditos; se pueden aprovechar los tratados comerciales para atraer insumos cuyos precios reflejen verdaderos costos de oportunidad en tecnología y financiamiento; generando el mayor valor agregado con una mejora en las condiciones de comercialización y distribución de sus productos.

México no puede dejar de cumplir compromisos establecidos con la firma de tratados o acuerdos comerciales; pero sí puede impulsar una política en materia de importaciones de los insumos que requiere la producción agrícola, en favor de los productores, para otorgar un paquete tecnológico para la producción de los granos básicos; se demanda a la Secretaría de Economía establecer una política pública en materia de precios de insumos como es el caso de los agroquímicos, semillas, fertilizantes, etcétera; que conlleva a la rentabilidad del campo mexicano, y así poder bajar los costos de producción y lograr ser más competitivos.

Para poder cumplir con los postulados que dicta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o., de que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; se requiere fortalecer el fomento a las actividades económicas de la agricultura, que permitan incrementar la productividad y la competitividad favoreciendo ampliar los mercados agropecuarios nacionales e internacionales; se tiene que regular la venta de las semillas para siembra, dado que las trasnacionales como Cargill y Monsanto, fijan precios a más del doble del insumo, lo que encarece el costo de producción, en perjuicio del productor.

Para que el sector agrícola tenga certidumbre, es necesario que se apoye el aseguramiento, para los productores de granos ya que resulta ser una carga económica ya que se ha llegado a triplicar el precio de las primas; sería sano para el productor que en apoyo a los paquetes tecnológicos a implementar para las siembras se apoye con 100 por ciento de la inversión, que permita reactivar la planta productiva.

Se tienen que crear las condiciones necesarias para que el productor se induzca a una reconversión productiva que se oriente a prácticas o cultivos que se dirijan a la productividad y rentabilidad agrícola, con sistemas de cadenas productivas integradas, en la que se aprovechen los mercados potenciales globales.

Por otro lado, siendo la agricultura una actividad de alto riesgo, generadas por las condiciones climatológicas, aunado a los precios del mercado de los granos y el encarecimiento de los insumos agrícolas, nos pone en una crítica situación, cada vez tenemos que invertir más y ganar menos, los productores del país han encontrado múltiples problemas, como es el caso del incumplimiento de sus pagos, por lo que se solicita se paguen los adeudos que aún se tienen con los productores del Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados, se establezca el cambio de la referencia que actualmente es la Bolsa de Chicago a otra que les permita obtener un mayor ingreso, además de perseguir un reordenamiento en los mercados.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; a la Secretaría de Energía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer en forma coordinada un mecanismo para ofertar insumos energéticos de uso agrícola como es la gasolina, diésel, energía eléctrica y fertilizantes a precios competitivos.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Economía; de Hacienda y Crédito Público y a la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fin de impulsar en forma coordinada una política de precios de los insumos agrícolas, como son los agroquímicos, semillas y seguro agropecuario en beneficio de los productores agropecuarios.

Tercero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que a través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, pague los adeudos que aún se tienen con los productores del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2016.

Diputado Germán Escobar Manjarrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal a reconsiderar y, en su caso, dejar sin efectos el acuerdo número CCNO/1/2016, a cargo del diputado Ángel Rojas Ángeles, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Ángel Rojas Ángeles, diputado federal a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Conforme el Índice de Competitividad Estatal 2014 publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, El Estado de Querétaro, era el quinto estado más competitivo, derivado en parte del estímulo a la innovación y la diversificación económica.

Querétaro, fue de los primeros estados con mayor PIB industrial y de servicios especializados. Asimismo, fue el segundo estado más atractivo para estudiantes internacionales y de otras entidades.

En este mismo sentido de acuerdo al Índice de Competitividad Urbana 2014 del IMCO, “El municipio de Querétaro es una de las historias de éxito de las ciudades del país en la última década. Tiene una ubicación privilegiada en el centro del país, con acceso al corredor ferroviario y carretero más importante”.

“Estos factores han convertido a la ciudad en un destino atractivo para la inversión en sectores de alto valor agregado, como el aeroespacial. Al mismo tiempo, se ha mantenido como un importante destino turístico y cultural, con uno de los centros coloniales mejor preservados del país”.

Al respecto, “Querétaro es el único estado de la República Mexicana, junto con el Distrito Federal, que cuenta con cuatro Patrimonios de la Humanidad declarados por la Unesco: el Centro Histórico de Santiago de Querétaro , las cinco misiones franciscanas de la Sierra Gorda, el Camino Real de Tierra Adentro y ahora los lugares de memoria y tradiciones vivas de los otomí-chichimecas de Tolimán se suman a la lista como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”.

Por lo que de acuerdo a la Secretaría de Turismo Federal la ocupación hotelera registrada en la Ciudad de Santiago de Querétaro, durante el pasado periodo vacacional de Semana Santa (21-27 de marzo) tuvo un promedio que superó el 85 por ciento. (En total, el estado recibió 101 mil turistas y captó una derrama económica superior a los 513 millones de pesos en todo el periodo. El porcentaje de ocupación hotelera que se tuvo un promedio fue del 60% en todo el estado.)

Asimismo, de acuerdo a lo señalado por el titular de la Secretaría de Turismo estatal, el turismo de negocios representa alrededor del 54 por ciento del total de la derrama económica que recibe la entidad anualmente. (Es decir, que de los ocho mil 700 millones de pesos que dejó la industria turística a la entidad en 2015, el turismo de negocios representó cuatro mil 698 millones de pesos).

Sin embargo, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del periodo Enero-Marzo a nivel Estatal se presentó un incremento de la incidencia delictiva del fuero común del 11%, ya que en el año 2016 se habrían cometido en dicho periodo 8 mil 644 Delitos (de estos 5 mil 181 corresponden al municipio de Querétaro), mientras que en 2015 se presentaron 7 mil 693 delitos (4 mil 581, corresponden al municipio de Querétaro).

Frente a este contexto, el pasado veintidós de febrero de dos mil dieciséis, la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, expidió el acuerdo CCNO/1/2016 (trece de octubre de dos mil catorce), relativo al cambio de domicilio de los Juzgados de Distrito Primero y Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de Querétaro, así como de la Oficina de Correspondencia Común que les presta servicio. Mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de 2016, para que a partir del siete de marzo de este año los juzgados iniciaran funciones en su nuevo domicilio.

Cabe señalar que dos años atrás mediante el acuerdo CCNO/21/2014, se había determinado que el domicilio del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Querétaro, sería el ubicado en José Siurob números 8 y 10, colonia. Alameda, Querétaro; y el del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la entidad y sede referida, así como de la Oficina Correspondencia Común que les presta servicio, sería el ubicado en Constituyentes número 24 Poniente, colonia Centro, Querétaro. Ambos domicilios se encuentran fuera de la zona de monumentos y barrios tradicionales de la ciudad de Santiago de Querétaro, están interconectados a avenidas y calles amplias, e incluso hay un mejor acceso hacia la carretera federal México–Querétaro y no hay tráfico peatonal significativo .

Estos juzgados actualmente se encuentran operando en el domicilio ubicado en Allende Norte número 1 del Centro Histórico de Querétaro, lo que ha generado un posible riesgo cuando se requiere el traslado para declaraciones de reos y la preocupación de los habitantes y comerciantes del centro histórico.

Lo anterior, toda vez que la calle donde se encuentran dichos juzgados no cuenta con suficiente espacio para que la unidad denominada “rinoceronte”, donde se trasladan a procesados de alta peligrosidad, ni el operativo de seguridad, puedan entrar, por lo que es necesario utilizar vialidades alternas, debiendo trasladar a pie a los procesados cerca de 100 metros, cerrando las vialidades cercanas y montando fuertes dispositivos de seguridad, lo que pone en riesgo a la ciudadanía, a los abogados y a los funcionarios judiciales.

Además el domicilio de Allende Norte 1, se encuentra en el centro de la Zona de Monumentos y Barrios Tradicionales de la ciudad de Santiago de Querétaro, a una cuadra del Jardín Guerrero, del Jardín Zenea y Plaza de la Constitución, de 4 museos, de iglesias, del Teatro de la Ciudad, de las oficinas la Delegación Municipal del Centro Historio y del Servicio de Administración Tributaria, en la calle donde realiza el descenso de los reos no hay estacionamiento, lo angosto de las calles adyacentes no permite que en muchas de ellas pueda haber vehículos estacionados, la circulación es de un solo carril, es una de las zonas comerciales y peatonales más significativas y hay un preescolar (Jardín de Niños Querétaro) justo frente a donde se han realizado los descensos de los reos, es decir la zona sufre una gran densidad de movilidad vehicular y peatonal, por lo que cualquier alteración a su flujo provoca complicaciones.

Al respecto el Colegio de Abogados Litigantes del Estado de Querétaro, ha puntualizado que “no deberían de existir juzgados de distrito de esta magnitud en el centro”, ya que “la ubicación de las instalaciones de los juzgados es una circunstancia de seguridad para los ciudadanos del municipio”; además de exhibir a reos de delitos penales federales, en donde se están señalando cuestiones de delincuencia organizada o de delitos de alta peligrosidad”, y que las oficinas ubicadas en Av. Constituyentes se encuentran en mejores condiciones al estar ubicados en amplias avenidas.

Frente a este contexto, por parte de autoridades estatales y municipales de Querétaro se han manifestado al Poder Judicial reevalúe la viabilidad de que los Juzgados Primero y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Querétaro y la Oficina de Correspondencia Común, regresen a los domicilios en los que se ubicaban anteriormente, o bien sean ubicados en alguna otra de las instalaciones con las que cuenta el Poder Judicial en el municipio de Querétaro, para que de esta manera no se continúen realizando los operativos de traslado en los que han participado alrededor de 20 elementos de la Dirección General de Readaptación Social, con el fin de custodiar a los reclusos quienes visten overol naranja y mantas que les cubren la cabeza. Considerando, entre otros, los problemas de tránsito que se registran en esa parte de la ciudad y las condiciones de seguridad requeridas, incluso para el caso de darse algún tipo de rescate de los mismos reos.

Por lo anterior y con el propósito de salvaguardar la integridad de los habitantes y turistas del Centro Histórico de la Ciudad de Querétaro, espacio declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad, se muestra la siguiente propuesta de

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de poderes, respetuosamente hace un atento exhorto a la comisión de creación de nuevos órganos del consejo de la Judicatura Federal, a reconsiderar y en su caso dejar sin efectos el acuerdo CCNO/1/2016 relativo al cambio de domicilio de los Juzgados de Distrito Primero y Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de Querétaro, así como de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, en esta misma residencia y entidad federativa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2016.

Diputado Ángel Rojas Ángeles (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Coahuila a realizar acciones a fin de discutir y aprobar la legislación en materia de justicia administrativa para regular la competencia, los procedimientos, la organización y las atribuciones del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo local, a cargo del diputado César Flores Sosa, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal, César Flores Sosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, representado en esta LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de ésta Honorable Asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 17 de nuestra Carta Magna establecen que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante tribunales independientes que la amparen contra actos violatorios de sus derechos fundamentales; pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ido más allá al establecer en su resolución de 2002 en el caso Cantos vs Argentina que “la garantía de un recurso efectivo constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención, y que para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención no basta con que los recursos existan formalmente, sino que los mismos deben tener efectividad, es decir debe brindarse a la persona la posibilidad real de interponer un recurso que sea sencillo y rápido”.

En este contexto la situación imperante en el Estado de Coahuila es totalmente violatoria de los derechos fundamentales, violentando no sólo las garantías judiciales sino la administración de justicia ante la clara y constante omisión por parte del Congreso Local para expedir la ley en materia de justicia administrativa que permita regular la competencia, procedimientos, organización y atribuciones del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo en el Estado y realizar las actuaciones necesarias para aprobar una partida presupuestaria para iniciar su funcionamiento, lo anterior violentando el mandato de la Constitución local que desde las reformas de 2005 y 2006 establecieron en los transitorios la obligación para los diputados de legislar en la materia.

De acuerdo con información de la Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, Coahuila y Puebla son las únicas entidades federativas que no cuentan con un Tribunal Contencioso Administrativo o alguna sala especializada en la materia dentro del Poder Judicial del Estado, la importancia de la existencia de estos órganos jurisdiccionales la dejó en claro desde el 2013 la entonces presidenta de la asociación, Yazmín Esquivel Mossa, al señalar que: “Todos los Tribunales de lo Contencioso Administrativo ven desde una simple multa de tránsito hasta un decreto expedido por el gobernador o bien todos los actos que emiten los presidentes municipales o los impuestos prediales o todo aquello que considere que le afecta y que es ilegal, puede acudir y tiene una instancia que es el Tribunal Contencioso Administrativo en cada uno de los estados de la República”, sin embargo, en Coahuila la omisión del Poder Legislativo local ha convertido en juez y parte a las autoridades administrativas, obligando a que los ciudadanos acudamos a recurrir los actos ilegales de la autoridad ante la misma que los ha emitido, generando que los recursos de inconformidad sean negados o desechados, dejando en estado de indefensión a los coahuilenses ante la imposibilidad de acudir al órgano jurisdiccional por ser este inexistente a pesar de que la propia ley local establezca esa posibilidad.

En mi experiencia he tenido que promover en el último año cuatro juicios de amparo contra resoluciones de las autoridades municipales de Monclova, Coahuila; diversos recursos de inconformidad ante la misma autoridad e infinidad de solicitudes en ventanilla única sencillamente para cumplir con los trámites administrativos establecidos en las leyes para los negocios y comercios de un servidor, sin tener la posibilidad de recurrir dichas decisiones ante una instancia jurisdiccional como el Tribunal Contencioso-Administrativo que sea independiente e imparcial para resolver respecto a aquellas decisiones de las autoridades municipales que afectan mis derechos y carecen de la debida fundamentación y motivación violentando las garantías judiciales e impidiendo el acceso a la justicia.

La situación imperante en Coahuila ha contribuido a la corrupción, la obstrucción de la justicia y la represión, así como el abuso de poder por parte de las autoridades administrativas, especialmente municipales, que se convierten en juez y parte de sus determinaciones y niegan de manera sistemática e infundada la protección a nuestros derechos fundamentales.

En 28 enero del 2015 el Gobernador del Estado presentó Iniciativa de Decreto por el que se crea el Código de Justicia Administrativa para el Estado de Coahuila de Zaragoza en cuyos transitorios se establecía el inicio de operaciones del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo del Estado 45 días después de la publicación en el Periódico Oficial del Estado, sin embargo, a más de un año de la presentación de dicha propuesta los diputados no se han pronunciado en la materia.

El Congreso del Estado de Coahuila es responsable por omisión de la sistemática violación a las garantías judiciales y la falta de acceso a la justicia de la que somos víctimas los coahuilenses, es por ello la urgente, evidente e imperante necesidad de exhortar a los diputados locales a que analicen, discutan y aprueben la ley en la materia dando lugar al inicio de las operaciones del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo garantizando su independencia y la plena ejecución de sus resoluciones como lo mandata el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Soberanía sea aprobado el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del estado de Coahuila a realizar las acciones necesarias para la discusión y aprobación de la legislación en materia de justicia administrativa que permita regular la competencia, procedimientos, organización y atribuciones del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo en el estado y realizar las actuaciones necesarias para aprobar una partida presupuestaria para iniciar su funcionamiento en cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Palacio Legislativo, a 28 de abril de 2016.

Diputado César Flores Sosa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por la SCT medios de transparencia que permitan a los usuarios de transporte aéreo conocer las razones de las demoras de las aerolíneas y aplicar las sanciones correspondientes, a cargo del diputado Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Miguel Ángel Salim Alle, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, así como el numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en el ámbito de su competencia impulse mecanismos de transparencia que permitan conocer las razones o causas por la que se determinan las demoras de las aerolíneas y aplique las sanciones correspondientes de conformidad con lo establecido en la Ley de Aeropuertos y su reglamento.

Consideraciones

Uno de los temas que más preocupan en materia de competitividad aérea es el relativo al de la puntualidad con el que operan las diferentes líneas áreas en nuestro país. Un vuelo puntual puede hacer la diferencia entre tener una mayor productividad y competitividad o no.

A escala mundial, diversos documentos estudian la incidencia de la demora o puntualidad de las compañías aéreas en la prestación de su servicio. Un uso adecuado de los slots reduce los costos de demora de las aeronaves y aumenta el rendimiento obtenido por la puntualidad horaria de las aerolíneas.

En Estados Unidos, por ejemplo, la aplicación de medidas correctas de desempeño en el espacio aéreo puede generar ahorros anuales en los costos de demora de miles de millones de dólares.

En el país, la medición sobre la puntualidad aérea se realiza a través del índice de Puntualidad. De conformidad con el Índice, realizado por la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, durante 2015 (Estadísticas de puntualidad. Dirección de Aeronáutica Civil. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Disponible en http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civi l/estadisticas/estadisticas-de-calidad/) el promedio de las aerolíneas mexicanas que presentaron aterrizajes o despegues fuera del horario (es decir, más o menos 15 minutos dentro del horario programado) fue de 38 por ciento, destacando Vivaerobus con 46 por ciento, Interjet con 40 por ciento y Aeroméxico con 37 por ciento.

De igual manera, el porcentaje de los vuelos fuera de horario o que aterrizaron o despegaron antes o después de 15 minutos, pasaron de 33 por ciento en mayo de 2014 a 43 en igual mes de 2015, este porcentaje se disparó 10 puntos. De la misma forma el índice de puntualidad para 2015, muestra que las aerolíneas Magnicharters, Vivaerobus y Volaris presentaron demoras imputables promedio de 20, 28 y 21 por ciento, respectivamente, y no les fue retirado ningún horario.

En un predictamen elaborado por la autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica se reportó que más de 115 mil vuelos no operaron conforme a sus tiempos asignados, es decir más de 300 vuelos diarios en promedio operaron fuera del horario.

Esta situación afecta de manera directa al usuario de las líneas aéreas. De conformidad con cifras de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) durante la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua 2016, la Procuraduría recibió unas 880 quejas en los módulos ubicados en las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Cuidad de México, principalmente por sobreventa de boletos, cancelaciones, demoras y retardos en la entrega de equipajes.

Sin embargo, con estadísticas de la propia autoridad el número de quejas contra líneas aéreas por las deficiencias en la prestación de servicios presentó un aumento de 3.2 por ciento en 2015 respecto al año anterior, destacando Aeroméxico con 53 por ciento en el incremento de las quejas presentadas por los usuarios, la pasar de 452 quejas a 692.

Peor aún, los usuarios de los servicios de trasportación aérea siempre desconocen los motivos, causas o razones por las que los vuelos se ven demorados y de la misma forma se encuentran en estado de indefensión al exigir la puntualidad a las líneas áreas o al intentar exigir las indemnizaciones por el perjuicio ocasionado por el retraso de los vuelos.

La deficiencia y la baja calidad de los servicios prestados por parte de las aerolíneas es una de la situaciones que más preocupa, y más cuando de conformidad con la ley, el administrador aeroportuario tiene la facultad de retirar horarios de aterrizaje y despegue, pero la Cofece no tiene registro alguno sobre retiro de horarios y subastas efectuadas para este tipo de slots, por lo que ninguno de los métodos de reasignación de horarios de aterrizaje y despegue previstos en el marco jurídico en la materia ha surtido efecto alguno.

Es importante realizar un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en el ámbito de sus atribuciones, implemente los mecanismos que puedan dar certeza a los usuarios sobre cuáles son las causas o razones por las que los vuelos se vean demorados y cuales son imputables a las aerolíneas con la finalidad de que estos usuarios puedan exigir las indemnizaciones correspondientes.

También es necesario exhortar a la SCT a cumplir lo establecido en la Ley de Aeropuertos y su reglamento respecto al retiro de los slots que hayan sido utilizados impuntualmente en un porcentaje mayor de 15 por ciento.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en el ámbito de sus atribuciones implanten mecanismos de transparencia mediante el cual lo usuarios de transporte aéreo puedan conocer las razones y causas de vuelos demorados imputables a las aerolíneas, y aplique las sanciones correspondientes establecidas en la Ley de Aeropuertos y su Reglamento a las aerolíneas cuyos vuelos se demoran por causas imputables a ellas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2016.

Diputado Miguel Ángel Salim Alle (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a llevar a cabo por la SCT una revisión en los términos del contrato de concesión realizado en favor de Aeropuerto del Bajío, SA de CV, a cargo del diputado Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Miguel Ángel Salim Alle, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración del pleno de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para se realice una revisión de los términos del contrato de concesión otorgado en favor de Aeropuerto del Bajío, SA de CV, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Si bien el tema de la puntualidad área es primordial para la competitividad del país, no podemos dejar de tomar en consideración la eficiencia de los demás servicios que se prestan en los aeropuertos, pues estos impactan directamente en los usuarios. Por ejemplo, los aeropuertos instalados en los estados del Bajío, donde la industria automotriz ha propiciado el crecimiento de otros sectores industriales y de servicios, registraron en el 2015 el mayor crecimiento de pasajeros entre las 12 terminales aéreas que administra el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).

En 2015, el Aeropuerto Internacional de Guanajuato (AIG), lideró el ranking de las terminales que más crecieron, de acuerdo con datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entre las 10 terminales que atienden el mayor número de pasajeros en el país, en el aeropuerto de Guanajuato destacó al transportar 1 millón 472 mil 811 pasajeros en 2015, un avance de 22.4 por ciento respecto al año anterior con 1 millón 203 mil 680 pasajeros, de los cuales el 37 por ciento fueron viajeros internacionales.

En segundo lugar, se ubicó el aeropuerto de Monterrey, al atender a 8 millones 461 mil 917 pasajeros, y tener un crecimiento de 18.70 por ciento respecto al 2014, Puerto Vallarta, de liderar el ranking el año anterior, bajó dos lugares y se ubicó en la tercera posición; en este aeropuerto, se incrementó un de 17.32 por ciento el número de viajeros al atender a 3 millones 565 mil 613 en el 2015, y en la cuarta posición se encuentra el aeropuerto de Mérida, que transportó a 1 millón 663 mil 616 personas en el 2015, un 15.77 por ciento más, respecto a 2014.

Pero a pesar de que el Aeropuerto Internacional de Guanajuato (AIG) es el negocio más rentable de las 12 terminales que administra el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), es donde menos dinero invierte el Grupo, y esto afecta de manera directa en los servicios que se prestan para los usuarios.

De conformidad con los Informes financieros del GAP, éstos revelan que entre 2013 y 2015, la utilidad de operación del AIG creció 150 por ciento. En 2013 el aeropuerto de Guanajuato generó utilidades por 82 millones de pesos, en 2014 superaron los 132 millones y en 2015 se dispararon a 205 millones. En Los Cabos, la utilidad creció 26 por ciento, y en Guadalajara aumentó 28 por ciento en dos años; es decir, la utilidad del aeropuerto de Guanajuato creció cinco veces más que las de Vallarta y Guadalajara.

Pero a pesar de ello, el Aeropuerto Internacional de Guanajuato ha sido relegado al último lugar de inversiones por parte del GAP. Entre 2012 y 2015 se invirtieron 139 millones 222 mil pesos en la terminal aérea, mientras que de conformidad con el Plan Maestro 2015-2019 el Grupo Aeroportuario del Pacífico realizara una inversión de cerca de 5 mil 500 millones de pesos, de los cuales apenas el 4.8 por ciento corresponden al Aeropuerto del Bajío (269 millones de pesos). Mientras que otros aeropuertos de menor flujo y menor crecimiento en sus utilidades, como Hermosillo, recibirá más inversión del GAP, con un total de 386 millones, en Puerto Vallarta la inversión será de 360 años millones de pesos, en Tijuana será de más de los mil 121 millones y en Guadalajara superará los mil 358 millones de pesos.

Ante ésta limitada inversión, durante marzo alrededor de 30 empresarios de la Comisión de Turismo de León se reunió con Enrique Peña Argüelles, administrador del AIG, a quien le exigieron que se aumente la inversión para mejorar el aeropuerto. Los empresarios y los usuarios denunciaron la faltan servicios, tales como salas de espera confortables, centros de negocios, bares, cafeterías, servicios de banco, restaurantes, baños más dignos, estacionamiento con costo más accesible; además se manifestó que de las cuatro máquinas que imprimen los pases de abordar de avión, sólo una funciona. Los problemas de infraestructura no solo son al interior del aeropuerto, por ejemplo, si un viajero decide tomar un autobús, debe salir del aeropuerto, caminar alrededor de 300 metros por un baldío, y llegar a la orilla de la carretera.

El AIG, además de recibir menos inversión, con respecto a otros operados por el Grupo Aeroportuario del Pacífico tiene necesidades urgentes como ampliarse en infraestructura, mejorar locales comerciales, restaurantes, sumar vuelos y brindar mejor atención, aseguran empresarios de León. En este sentido, debemos recordar que de conformidad con la fracción X del artículo 27 de la Ley de Aeropuerto una causal de revocación del contrato de concesión es la de no cumplir con las obligaciones conservación y de mantenimiento del aeródromo civil, por lo que es importante solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte que realice una revisión de los términos del contrato de concesión a fin de verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones de conservación y mantenimiento del aeropuerto.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a respetuosamente al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en el ámbito de sus atribuciones realice una revisión de los términos del contrato de concesión realizado en favor de Aeropuerto del Bajío, SA de CV, para administrar, operar y explotar el Aeropuerto Internacional del Bajío y llevar a cabo construcciones en el mismo, a fin de prestar servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales en el aeropuerto, con la finalidad de verificar que se cumplan con las obligaciones de conservación y mantenimiento del aeropuerto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2016.

Diputado Miguel Ángel Salim Alle (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Grupo de Coordinación Guerrero a realizar la pronta aprehensión y castigo de quienes resulten responsables de los actos de violencia efectuados en Acapulco de Juárez, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Marbella Toledo Ibarra, diputada federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

Por diversos medios nacionales, hemos sido testigos de uno de los pasajes más oscuros que se ha vivido en Acapulco; el pasado veinticuatro de abril, los acapulqueños atravesaron por un verdadero escenario de guerra.

La Policía Federal, mediante una tarjeta informativa, dio a conocer la versión oficial de una noche en la que el terror se apoderó de las calles: “...hombres armados atacaron a balazos dos instalaciones ocupadas por este cuerpo policiaco en Acapulco, dejando un saldo de un presunto agresor muerto y un policía federal herido...”

De acuerdo con la información proporcionada por la corporación policiaca dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, el primero hecho de violencia se registró a las 21:40 horas frente al hotel Alba Suites, ubicado sobre la calle Gran Vía Tropical en el fraccionamiento Las Playas, donde se encuentran hospedados elementos de la Policía Federal.

Al lugar se acercaron varios sujetos con armas de fuego, quienes hicieron disparos contra los agentes federales, quienes repelieron la agresión hasta obligarlos a huir del lugar en varios vehículos.

Casi a la misma hora, otro grupo de agresores realizó disparos con armas de fuego contra el edificio de Costera 125, en el que opera la base de la Policía Federal en el Puerto, sin que se registraran personas lesionadas.

Luego de las agresiones perpetradas por sujetos armados en dos puntos donde se ubican elementos de la Policía Federal, usuarios de redes sociales denunciaron a través de post, fotografías e incluso videos, el terror que se vivió durante las casi dos horas de tiroteo en una de las principales zonas turísticas de Acapulco.

Por su parte, el Grupo de Coordinación Guerrero, el día lunes veinticinco de abril del año en curso, en conferencia de prensa aseguró que los ataques perpetrados por civiles armados fueron en represalia a la detención de un líder local del cártel de Los Beltrán Leyva en Acapulco, Freddy N., alias “el Burro”.

Asimismo, aseguraron que “las cosas volvieron a su normalidad”, tras el enfrentamiento y balacera del domingo veinticuatro de abril en la costera de Acapulco. Estas declaraciones, al igual que a muchos, me llenan de rabia e indignación.

Coincido con el reclamo ciudadano que recrimina los hechos de violencia por la delincuencia organizada, pero más aún, desde esta alta tribuna, a nombre de los guerrerenses, condenamos el encubrimiento que pretenden dar a estos actos criminales por parte de quienes para vergüenza de los acapulqueños ostentan un cargo público.

No hay lugar a la interpretación, ni buena, ni mala. Mientras el caos y la impunidad continúen imperando en Acapulco, jamás podremos asegurar que “las cosas volvieron a la normalidad”.

Desde aquí, hacemos un enérgico llamado a la prudencia, a la responsabilidad y a la conciencia, para evitar cualquier dicho que pudiera comprometer el desarrollo de las investigaciones.

Con sobrada razón, Mario Luis Fuentes señaló que la política, no puede ser entendida como ajena al lenguaje de quienes son los responsables de su conducción cotidiana.

No hay palabras inocentes, hablar es decir algo sobre el mundo, la realidad social o la subjetividad personal, pero es también ante todo, decírselo a alguien, entrar en relación con él.

De ninguna manera es tolerable que en ningún rincón del mundo se ejerza violencia. Condenamos y repudiamos la agresión perpetrada por sujetos armados que desataron el caos en Acapulco de Juárez, Guerrero, como condenamos la mordaza y censura que se pretende imponer por parte de quienes detentan un mandato público, luego de esta agresión a elementos de la Policía Federal.

Negar la realidad y la escalada de violencia que se vive en Acapulco, es darle la espalda al pueblo guerrerense.

En razón de lo anterior, sometemos a consideración de este pleno, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero . La LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, condena enérgicamente la grave agresión en que sujetos armados atacaron el hotel Alba Suites, ubicado sobre la calle Gran Vía Tropical en el fraccionamiento Las Playas; y el edificio de Costera 125, situado en Costera Miguel Alemán 125 en el fraccionamiento Magallanes, ambas instalaciones ocupadas por elementos de la Policía Federal en el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.

Segundo . La LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados exhorta a las autoridades que conforman el Grupo de Coordinación Guerrero a la pronta aprehensión y castigo de quienes resulten responsables.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 28 de abril de 2016

Diputada Marbella Toledo Ibarra (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 1 de mayo, Día del Trabajo, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del PRI

Vengo ante esta soberanía, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a conmemorar una fecha de la gran trascendencia histórica en el ámbito nacional e internacional: me refiero al 1 de mayo, el denominado ‘Día del Trabajo’ o de los trabajadores.

Un 1 de mayo de hace 130 años (1886), un grupo masivo y organizado de trabajadores en Estados Unidos de América se propuso reivindicar sus condiciones laborales, principalmente las relacionadas con la duración de las jornadas de trabajo, en un contexto histórico caracterizado por las precarias condiciones laborales en gran parte del mundo.1

Las consecuencias inmediatas de dichos intentos de reivindicación en aquel entonces fueron la reprimenda y criminalización de los obreros que buscaban mejores condiciones laborales, producto de lo cual se dio lo que hoy día conocemos como la “revuelta de Haymarket”, la cual tuvo lugar en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, el 4 de mayo de 1886 y que fue el punto más álgido de una serie de protestas que desde el 1 de mayo se habían producido en respaldo a los obreros en huelga, donde la represión provocó la muerte de un policía y un número indeterminado de trabajadores. Asimismo, hubo gran cantidad de detenidos, cinco trabajadores condenados a la horca y tres a cadena perpetua, mismos que fueron denominados por el movimiento obrero como los “Mártires de Chicago”.

En razón de lo anterior, en el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional (París, 1889) se acordó transformar aquella fecha en día festivo, en el Día Internacional del Trabajo.

Pese a los lamentables actos, el día de hoy podemos cerciorarnos cuál fue el resultado final del conflicto obrero: la indudable victoria del sector trabajador en Estados Unidos de América y una inminente réplica de dicho movimiento, y sus respectivas conquistas, en muchas partes del mundo.

El Día del Trabajo, como lo conocemos en México,2 también conocido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como el ‘Día Internacional del Trabajadores’, es celebrado oficialmente en 80 países y extraoficialmente en muchos otros.3

Pese a que en el país se cumplen 103 años de la celebración de este día; a raíz de que el primero de mayo de 1913 se realizó el primer desfile obrero en la Ciudad de México, manifestación donde participaron alrededor de 25 mil trabajadores, un contingente enorme para esa época,4 fue en 1923, siendo Álvaro Obregón presidente del país, se acordó que el primero de mayo se fijaría como el Día del Trabajo en México; sin embargo, fue sino hasta 1925, cuando el presidente Plutarco Elías Calles estableció la celebración de forma oficial, es decir, la conmemoración del Día del Trabajo se dio inicialmente como un acto extraoficial.

En los años inmediatos a los acontecimientos suscitados en el país vecino del norte en 1886, es de destacar que las demandas legítimas de los trabajadores agrupados en el movimiento obrero cobraron tal fuerza que, en la actualidad, en México, no es ajena la afirmación que versa en que el corolario de la larga y tortuosa lucha obrera de nuestro país radica en la Constitución de 1917, norma suprema de la nación que concretó múltiples peticiones del sector en su Artículo 123, en el que se dio reconocimiento de las obligaciones de los patrones y los derechos de los trabajadores.

En efecto, son indudables los avances que nuestro país ha inscrito en las condiciones de trabajo de las y los mexicanos en prácticamente un siglo, los cuales han reivindicado socialmente a trabajadores urbanos y campesinos desde principios del siglo XX.

Hoy, la Constitución de 1917 sigue vigente y en ella se reconoce y garantiza el trabajo digno y decente del que goza toda persona que se encuentre en nuestro territorio.

Así también, tenemos evidencias históricas de grandes instituciones para los trabajadores de México, como el Instituto Mexicano del Seguro Social; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; el Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda de los Trabajadores; la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo; entre otras, que son sin duda prueba de las conquistas laborales que se mantienen como baluarte del movimiento social de la clase trabajadora.

Todo ello, gracias a que el Poder Legislativo ha sido protagonista no solo de sendos y profundos debates sobre el quehacer del Estado en materia laboral, sino además constructor de leyes y paradigmas laborales, como lo constituye sin lugar a dudas la reciente reforma laboral aprobada por la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión.

Dicha reforma fue una muestra del compromiso que poseen las instituciones mexicanas hacia los actores involucrados en el ámbito laboral, la que a tres años de promulgada, ha permitido que los derechos de las y los trabajadores sigan vigentes, ha promovido la creación de empleos y ha conseguido la inclusión de sectores vulnerables en la actividad económica del país.

Sin embargo, en una sociedad democrática y abiertamente crítica como en la que vivimos en la actualidad, persisten observaciones sobre el rumbo a que orientan tales cambios. Las y los diputados de la Sexagésima Tercera Legislatura propiciaremos el análisis plural, responsable y propositivo, con la firme convicción de atender las inquietudes de los sectores que convergen en el ámbito laboral, que requieran ser mejoradas.

En el día en que se conmemora el del trabajo hago un respetuoso llamado a continuar con la defensa responsable de este sector, del cual indubitablemente somos o hemos sido parte o, incluso en ocasiones, contraparte.

El 1 de mayo será, más que una fecha, un hecho histórico que obliga a reflexionar sobre el importante papel que juega el trabajo en las sociedades modernas, ya que si bien es un instrumento de desarrollo fundamental para cualquier Estado, lo cierto es que también el trabajo es un derecho humano, esencial de toda persona, el que debe ejercerse en condiciones decentes, dignas y en favor de su desarrollo y del desarrollo del país.

¡Desde la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión reconocemos y enviamos un fraterno saludo a las y los trabajadores de México y de todo el mundo!

Notas

1 http://www.ilo.org/sanjose/sala-de-prensa/WCMS_180752/lang—es/index.htm

http://madrid.cnt.es/1-de-mayo/historia/

http://www.trabajo.com.mx/dia_internacional_del_trabajo. htm

2 El artículo 18, inciso a), de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales dispone que la Bandera Nacional deberá izarse a toda hasta el 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajo.

3 Tal fecha fue instituida por el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional (1889) como homenaje a los Mártires de Chicago y como jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores.

4 http://www.udg.mx/es/efemerides/1-mayo

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2016.

Diputada Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica)


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