Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a incorporar en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular la atención de las personas adultas mayores con insuficiencia renal y fortalecer las medidas para diagnosticar e identificar a la población enferma o vulnerable, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Xitlalic Ceja García, diputada federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX, artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que en el marco de sus atribuciones y funciones, incorpore en el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular, la atención de las personas adultas mayores con algún cuadro de insuficiencia renal. Asimismo, fortalezca las medidas necesarias para diagnosticar e identificar a la población enferma o vulnerable, a fin de que las autoridades puedan focalizar las áreas geográficas prioritarias de atención, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Ley General de Salud, en su artículo primero, establece que se entenderá por salud, al estado de completo bienestar físico, mental y social.

En consecuencia, el Estado mexicano y sus instituciones en la materia, deben asumir como una prioridad el asegurar un sistema integral de asistencia y cuidado que contribuya al pleno desarrollo individual y colectivo de la sociedad mexicana.

Llama la atención que diversos países, entre ellos México, están teniendo una transición demográfica, la cual se traduce en el aumento de adultos mayores. Esta tendencia se traduce en diversas modificaciones en las estructuras de edad, padecimientos, necesidades de atención y movilidad de la población.

Para efectos de dimensionar sus dificultades, es importante analizar las condiciones del estado de Puebla, ya que de acuerdo con la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sólo en el municipio de Puebla de Zaragoza habitan más de 115 mil personas mayores de 65 años, lo cual representa más del 7.3% de la población total. Sobre el particular, es preocupante que 7 de cada 10 de ellos, viven en un estado de vulnerabilidad debido a que los ingresos económicos que perciben son insuficientes para adquirir los bienes básicos de subsistencia y alcanzar la línea de bienestar mínima.

Según cifras del propio organismo, el 61% de los adultos mayores en la entidad padecen pobreza multidimensional y 8 de cada 10 están en alguna situación de indefensión social, es decir, no acceden a los servicios de salud y vivienda, además de que cuentan con algún rezago educativo. A estas limitantes, se suman las dificultades para ingresar al medio laboral debido a los cuadros de discapacidad que presentan para caminar, ver, escuchar, comunicarse y hablar, así como padecimientos de diversa índole, por mencionar algunos: enfermedades del corazón, en el hígado e insuficiencia renal.

Para ponderar los efectos e impacto de esta última consideración, basta decir que sólo en el Hospital General de Zona No. 20 “La Margarita” del Instituto Mexicano del Seguro Social, el 90% de los pacientes con diálisis sufren de complicaciones por diabetes o hipertensión. Lo anterior deja evidencia que apremia instrumentar una política pública integral en la entidad para garantizar mejores estadios de bienestar para los poblanos.

En este sentido, es importante precisar que la insuficiencia renal, requiere de un tratamiento sustitutivo como la diálisis y la hemodiálisis para mejorar la calidad de vida de los pacientes, sin embargo, se trata de métodos costosos e inaccesibles para los ciudadanos, sobre todo para el sector poblacional de los adultos mayores en condiciones de pobreza, marginación y alejados de los centros hospitalarios.

Con base en el testimonio de diversos pacientes, sólo el costo para colocar el catéter se encuentra entre los 15 mil pesos y puede llegar a los 20 mil, dependiendo de la disposición del dispositivo en los centros de venta o distribución, el hospital en el que se intervendrá y hasta el número de especialistas que participarán, lo cual constituye gastos imposibles de costear para los adultos mayores y sus familias.

En el caso de la hemodiálisis o remplazo artificial de riñones, la situación se agrava todavía más en virtud de que en su mayoría implica de 2 a 3 sesiones semanales, lo cual representa un gasto permanente para el paciente.

Este procedimiento es necesario para mantener el nivel correcto de toxinas en el torrente sanguíneo, pero es costoso ya que por día puede alcanzar los mil 600 pesos; por semana más de 11 mil 200 pesos, lo que equivale a un desembolso de por lo menos 44 mil 800 por mes y 537 mil 600 pesos al año.

Frente a este escenario que evidencia diversas áreas de oportunidad, es crucial que la Secretaría de Salud, incorpore en el listado de padecimientos en el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular, la atención de las personas adultas mayores con algún cuadro de insuficiencia renal.

Reconozco que el gobierno federal, en esta materia está invirtiendo en todo el sector salud, para asegurar que más mexicanos accedan a un sistema de salud universal y de calidad. Pero a pesar de estos avances, es indispensable reforzar las políticas públicas que permitan que los mexicanos tengan cubiertos estos gastos en favor de su salud.

Además de estas medidas, apremia que el sector salud lleve a cabo las estrategias, campañas de información y concientización y los programas necesarios para detectar de manera oportuna las enfermedades renales en adultos mayores con la finalidad de tener diagnósticos oportunos y mejores tratamientos para garantizar el derecho a la salud.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que en el marco de sus atribuciones y funciones, incorpore en el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular, la atención de las personas adultas mayores con algún cuadro de insuficiencia renal.

Segundo. La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homologas en las 32 entidades federativas, para que en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las medidas necesarias para diagnosticar e identificar a la población de personas adultas mayores que presenten o sean vulnerables de algún cuadro de insuficiencia renal, a fin de que las autoridades puedan focalizar las áreas prioritarias de atención.

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2016.

Diputada Xitlalic Ceja García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a dictaminar la minuta con proyecto de decreto por el que se establecen las características de la moneda conmemorativa del centésimo aniversario de la Batalla de Celaya, a cargo de la diputada Adriana Elizarraraz Sandoval, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Adriana Elizarraráz Sandoval, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en la fracción II del numeral 1 y numeral 2, todos del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El pasado 21 de abril de 2015, en ésta Cámara de Diputados aprobamos el Dictamen que nos presentó la Comisión de Hacienda y Crédito Público respecto de la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se establecen las características de la Moneda Conmemorativa del Centésimo Aniversario de la Batalla de Celaya, presentada por el Diputado Jesús Oviedo Herrera en la LXII Legislatura.

La importancia de dicho Dictamen, radica en que es relevante rememorar la Batalla de Celaya que tuvo lugar en las inmediaciones de Celaya, Guanajuato, del 6 al 15 de abril de 1915 entre la División del Norte, encabezada por Francisco Villa, contra las tropas Constitucionalistas al mando del General Álvaro Obregón.

La acuñación de la moneda por la cual se propone reconocer los 100 años de trascendentes sucesos históricos para la vida institucional de la sociedad mexicana, enaltece la historia de nuestro país.

Cabe señalar que la Comisión que dictaminó considero relevante reconocer que las Batallas de Celaya en 1915 marcaron un antes y un después, no sólo para la ciudad y México, sino que su influencia es internacional.

Se señala que por una parte marcaron un freno económico para la ciudad y por otro sirvieron de inspiración para la participación ciudadana y política e influyeron en las manifestaciones artísticas y culturales en América Latina.

La comisión dictaminadora tomó en consideración que el amplio uso de las monedas permite la difusión de ideas y el esparcimiento del conocimiento del legado histórico y cultural, constituyendo un gran medio para consolidar en la memoria colectiva la importancia de las instituciones y de las acciones emprendidas por las mismas al servicio del pueblo mexicano.

En ese sentido, la Comisión que dictaminó estableció que la moneda fuera de cuño corriente, con valor nominal de 20 pesos, en virtud de su extensa distribución nacional y su buena aceptación por el público con el objetivo de que la mayoría de los mexicanos tengan la oportunidad de remembrar los 100 años de la Batalla de Celaya acontecida en 1915.

Asimismo dicha comisión señaló que conforme al artículo 73, fracción XVIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso tiene facultad para fijar las características de la moneda y por lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos

Por todo lo expresado anteriormente y a más de siete meses de que fue enviada a nuestra colegisladora la Minuta por la que se establecen las características de una moneda conmemorativa del 100 aniversario de la Batalla de Celaya es que le solicitamos, con un claro respeto a su soberanía, que acelere el proceso de dictaminación de la Minuta enviada en el mes de abril de 2015.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Cámara de Senadores, a que en ejercicio de sus atribuciones, acelere la dictaminación de la minuta enviada por esta Cámara de Diputados el 21 de abril de 2015, por la cual se establecen las características de una moneda conmemorativa del 100 aniversario de la Batalla de Celaya.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2016.

Diputada Adriana Elizarraráz Sandoval (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía condena las expresiones proferidas respecto a México por el candidato a la Presidencia de Estados Unidos de América Donald Trump, y se exhorta a la SRE a fijar una postura firme y contundente en torno de ellas, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Julio Saldaña Morán diputado federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 89 establece las facultades y obligaciones del presidente, que en la fracción X establece que corresponde al titular del Poder Ejecutivo federal el dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, ...Se mandata también para que en la conducción de la política exterior, deberá observar los principios normativos de la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

Por su parte en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se establece que le corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores el despacho de los siguientes asuntos:

...

II. Dirigir el servicio exterior en sus aspectos diplomático y consular en los términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y, por conducto de los agentes del mismo servicio, velar en el extranjero por el buen nombre de México; ...

La Ley del Servicio Exterior en su artículo 2 clarifica que el servicio exterior deberá

I. Promover y salvaguardar los intereses nacionales ante los Estados extranjeros y en los organismos y reuniones internacionales en los que participe México;

II. Proteger, de conformidad con los principios y normas del derecho internacional, la dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero y ejercer las acciones encaminadas a satisfacer sus legítimas reclamaciones;

...

VI. Velar por el prestigio del país en el exterior;

...

VIII. Promover el conocimiento de la cultura nacional en el exterior y ampliar la presencia de México en el mundo;

IX. Recabar en el extranjero la información que pueda ser de interés para México, y difundir en el exterior información que contribuya a un mejor conocimiento de la realidad nacional; y

...

En el marco de la precampañas para obtener la nominación como candidato a la presidencia de Estados Unidos de América, EUA, han destacado las declaraciones en sus discursos y arengas por su contenido discriminatorio, ofensivo y xenófobo a cargo del aspirante republicano Donald Trump.

Destacan las siguientes:

El pasado 16 de junio, cuando anunció su intención de aspirar a la candidatura presidencial republicana para los comicios del año próximo, Trump lanzó duras críticas contra los inmigrantes mexicanos y propuso levantar un “gran muro” entre los dos países.

“México manda a su gente, pero no manda lo mejor. Está enviando a gente con un montón de problemas... Están trayendo drogas, el crimen, a los violadores. Asumo que hay algunos que son buenos”, afirmó.

Trump dijo que habría que levantar un “gran muro” en la frontera entre Estados Unidos y México, que debería ser pagado por los vecinos del sur, al tiempo que aseguró que “México no es nuestro amigo”.

Me gusta la gente mexicana, pero México no es nuestro amigo. Nos están matando en la frontera. Nos están matando en el empleo y en el comercio”, escribió el magnate.

Debemos tener fronteras fuertes y detener la inmigración ilegal. Sin eso no tenemos un país. Además, México está matando a EUA en el comercio”, expresó en su cuenta @realDonaldTrump.

Afirmó que, si llega a la Casa Blanca, construirá un “gran, gran muro” en la frontera sur. “Y haré que México lo pague”, agregó, y señaló que como empresario inmobiliario, nadie levanta “mejores muros” que los suyos y los construye “muy baratos”.

México debe pagar por el muro y, mientras no lo haga, Estados Unidos, entre otras cosas, confiscará la remesas provenientes de ingresos ilegales, aumentará los costos para visas a empresarios y diplomáticos mexicanos (y de ser necesario las cancelará)”, advirtió.

Diversos legisladores y funcionarios públicos han emitido opiniones al respecto, incluso el presidente de la República ha hecho referencia al tema en sendas entrevistas.

“Condeno y no estoy a favor de ese tipo de posicionamientos (discriminatorios de Trump); me parece que lastiman una relación que México ha buscado con Estados Unidos de puentes de diálogo”, dijo el presidente mexicano al diario El Universal.

Peña Nieto comentó que no comparte la visión ni los posicionamientos de Trump sobre México que evidencian un desconocimiento del país y sus ciudadanos.

“Quien habla mal de los mexicanos es porque no conoce a los mexicanos”, dijo el presidente ante Excélsior.

El ex diputado y ex coordinador del PRD en la Cámara de Diputados dijo que “Las expresiones que tiene Donald Trump contra los mexicanos no solamente no tienen ningún fundamento, sino que son claramente ofensivas, son claramente expresiones racistas, xenofóbicas, y creo que debería el gobierno mexicano expresar su preocupación”.

“No puedes quedarte callado como gobierno frente a la actitud agresiva, frente a declaraciones que ponen en riesgo a tus connacionales”, agregó.

Por su parte, la senadora por el PAN Mariana Gómez del Campo expresó: “Espero que toda la comunidad latina pueda aliarse en Estados Unidos para tener una opción viable para la presidencia de ese país, lamentablemente las expresiones que ha hecho sobre México están muy lejos de lo que somos como país. Es una lástima, hemos reprochado cada una de sus expresiones y yo espero que la comunidad latina haga algo al respecto”.

Mucho más enfático ha sido el ex presidente Vicente Fox, quien dijo que Trump es un loco y una basura por sus comentarios en contra de los latinos. Y ya con anterioridad había dicho que Trump “se ha portado como un tonto”.

El ex canciller José Antonio Meade dijo que “el señor Trump es un político que desconoce su realidad, que desconoce el contexto en el que está participando, por lo que no tiene buenos augurios”.

El 8 de julio pasado, el senador perredista Zoé Robledo dijo que Trump es un “sandio”, explicando que ese calificativo es para una persona que dice cosas torpes para provocar.

Inclusive la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, durante el segundo receso del tercer año de la LXII Legislatura “condenó las declaraciones denigrantes y xenófobas del empresario y precandidato a la presidencia de Estados Unidos”.

El diputado del Partido Revolucionario Institucional Abel Salgado Peña dijo que las manifestaciones del empresario son reflejo de su “retrógrada, impertinente y torpe forma” de comprender el fenómeno de la migración continental.

Las expresiones de Trump, dijo la diputada perredista Gloria Bautista Cuevas, “únicamente son reflejo de su ignorancia de los lazos políticos y económicos que tiene nuestro país con el suyo”.

Grupos civiles de ciudadanos americanos han lamentado esas declaraciones y han reconocido que México ha sido el afectado por diversas políticas originadas en Estados Unidos, como la política prohibicionista respecto de drogas, las políticas y tratados comerciales asimétricos y las posiciones unilaterales que rompen los acuerdos y los plazos de instrumentación acordados previamente.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión no puede permanecer indiferente ante los agravios proferidos por el señor Trump, si bien es de hacer notar que el poder de la Unión responsable de la política exterior del país haya sido omiso y es exigible que se emita un pronunciamiento oficial frente a los ataques y ofensas proferidos por el precandidato republicano, el Poder Legislativo federal por conducto de la Cámara de Diputados lamenta que la precampaña del aspirante republicano haya tomado como uno de sus ejes el ataque y el insulto a nuestro país, y tiene el derecho y la obligación moral de alzar la voz y emitir una protesta frente a esas posturas que ofenden a México, sus instituciones y su gente.

En razón de lo expuesto se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión reprueba y condena de manera enérgica las expresiones ofensivas, discriminatorias y xenófobas proferidas por el señor Donald Trump.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a emitir un pronunciamiento oficial de condena firme y contundente –en nombre del gobierno mexicano– respecto de las posturas ofensivas, discriminatorias y xenófobas proferidas por el señor Donald Trump.

Dado en la sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el 19 de abril de 2016.

Diputado Julio Saldaña Morán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedatu a reforzar las acciones a fin de garantizar el derecho a la vivienda digna para los mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Los que suscriben, diputados Juan Manuel Celis Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Maricela Serrano Hernández, Telésforo García Carreón, Hersilia Córdova Morán, Edith Villa Trujillo, Héctor Javier Álvarez Ortiz, del Partido Grupo Parlamentario del PRI, y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presentan ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El derecho a la vivienda en México se encuentra consagrado en el artículo 4o. constitucional, al indicar en el párrafo séptimo que toda familia tiene derecho a una vivienda digna y decorosa.

Bajo este precepto, el derecho a la vivienda es inalienable a toda persona y a toda familia, si consideramos que la vivienda surge como una necesidad y una respuesta social, por lo tanto es un derecho humano reconocido en acuerdos y tratados internacionales, en este sentido, la vivienda se concibe como el espacio de resguardo de las personas, de las familias, es un lugar de convivencia, de protección y una señal de progreso tanto individual como colectivo al formar parte de un patrimonio.

El derecho a la vivienda es reconocido en tratados internacionales donde los estados que forman parte de estos acuerdos están obligados a atender y cumplir con los preceptos en su legislación. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1948, en su artículo 25, numeral 1 señala: ”Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. (Véase, Declaración Universal de los Derechos Humanos).

El artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, ratificado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, manifiesta: “Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas y una mejora continua de las condiciones de existencia, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. (Véase, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).

En cuanto a nuestra legislación, la Ley de Vivienda, reglamentaria del artículo 4o. constitucional, señala que sus disposiciones son de orden público e interés social, y su objeto es establecer y regular la política nacional, los programas, los instrumentos y los apoyos para que toda familia pueda tener el disfrute de una vivienda digna y decorosa, queda claro que la familia está integrada por individuos, esto quiere decir que a toda persona se le debe garantizar el derecho de poseer una vivienda habitable y con los servicios elementales.

En el artículo 3o. de la ley en mención, es muy claro el mandato de que toda persona sin distinción alguna, es decir, sin motivos de origen étnico, de género, de salud, de edad, de discapacidad, de estado civil, de condición social, de condición económica, de preferencia sexual, de credo, tiene el derecho a la vivienda, asignatura que hoy en día está aún pendiente de atender para los millones de mexicanos que se encuentran en condiciones de pobreza extrema.

Ante esta situación, se entiende que la condición económica de la población en situación de pobreza extrema es un factor que le impide adquirir una vivienda, quedando sólo en letra el principio sobre el derecho de todos los mexicanos a tener una vivienda digna y decorosa.

En México hablar de pobreza es hablar de 53.3 millones de personas, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). La pobreza de acuerdo al Coneval no sólo se mide por el ingreso de la población menor a 2 mil 542 pesos mensuales en las áreas urbanas y de mil 614 pesos en las zonas rurales, sino también se mide por las carencias en educación, alimentación, salud, seguridad social, calidad y espacios en la vivienda como pisos firmes, techos, muros y los servicios de agua potable, electricidad y gas.

Datos recientes del titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), revelan que hay 55 millones de mexicanos en pobreza. Así se anunció tras el encuentro que sostuvo con egresados de la London School of Economics and Political Science en los primeros días de marzo de este año.

En relación a la población en situación de pobreza extrema, Coneval indica que en 2010 había 13 millones de mexicanos en esta condición y para 2012 la cifra se redujo en 11.5 millones, esto es una reducción de 11.3 por ciento a 9.8 por ciento del total de la población.

Ante la marcada desigualdad social en nuestro país reflejada en la pobreza y en la miseria, muestra del olvido y marginación, el gobierno de la República, en diferentes momentos, ha diseñado políticas y programas sociales para tratar de abatir la desigualdad social en la que se encuentran sumergidos millones de mexicanos.

En 1973 surgió el Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural Integral (Pider), el cual buscaba dar respuesta a la crisis del campo mexicano, elevar la productividad, el empleo, la educación, la salud, los servicios y la obra pública. El programa fue importante en su momento sin consolidar los resultados estimados ya que en el diagnóstico sobre la pobreza en las zonas rurales simplemente no participó la población, no se les consultó sobre sus necesidades inmediatas y no existió una coordinación entre las dependencias del gobierno para la implementación y operación del mismo.

En 1976 se implementa el Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, orientado a combatir las pobreza en las áreas y grupos marginados del país a través de un diagnóstico de estas zonas, una vez más sin la participación de la población para enfrentar los rezagos en salud, abasto alimentario, mejoras a la vivienda, agua potable, electrificación y construcción de caminos. En el mismo año se puso en marcha el Programa de Sistema Alimentario Mexicano, que pretendió atender la pérdida de la autosuficiencia alimentaria en productos básicos agropecuarios y coadyuvar a disminuir la pobreza extrema.

En 1988 se diseñó el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), ante el diagnóstico de que 41.3 millones de mexicanos de las comunidades y pueblos indígenas, campesinos, poblaciones rurales, zonas serranas y zonas marginadas de las ciudades vivían en condiciones de pobreza y 17.3 millones de personas vivían en condiciones de pobreza extrema prevaleciendo la desnutrición, la carencia en salud, educación, vivienda, servicios públicos y empleo. Datos del Coneval señalan que el sexenio de 1988 a 1994 concluyó con 47 millones de pobres, es decir el programa no cumplió con sus objetivos.

En 1997 aparece el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) con un enfoque de una política social integral para proporcionar servicios de salud, alimentación y educación para la población en condiciones de pobreza extrema, con un elemento nuevo relativo a la perspectiva de género al brindar asistencia a niñas en la escuela y resaltar el papel de la mujer en el hogar. En la primera fase del programa se incluyeron a 170 mil familias según el último informe de ese sexenio, mismo que concluyó con 52.7 millones de personas sin acceso suficiente a alimentos, vestido, educación y salud.

En el año 2002 el Progresa se transforma en el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, con el fin de atender a las familias que vivían en condiciones de pobreza, por medio de una transferencia monetaria y suplementos alimenticios condicionados a la asistencia de los niños a la escuela y a la supervisión de sus niveles de salud. Según cifras de la Sedesol, en 2007 el programa beneficiaba a 5 millones de familias en 2 mil 444 municipios y 92 mil 961 localidades, Aproximadamente 30 por ciento de las familias beneficiadas se encontraban en los estados de Veracruz, Chiapas y Oaxaca. En el periodo de 2000 a 2006, la población en situación de pobreza, de acuerdo con cifras del Coneval, fue de 45.5 millones de mexicanos.

En 2014 el nombre del Programa Oportunidades cambia por el de Prospera, diseñado para lograr un mejor desarrollo humano a través del cual la población pueda generar nuevas oportunidades de empleo y con ello acceder a mejores salarios e ingresos. El objeto principal del programa es fortalecer los ingresos de las familias a través del financiamiento, de créditos con tasas preferenciales, seguros de vida, educación financiera, becas anuales en educación superior, así como la ampliación del Catálogo Universal de Servicios de Salud y la promoción de la afiliación a la seguridad social.

Como se ha observado, los programas sociales desde hace décadas han mantenido un carácter transexenal, si bien cada uno ha tenido su impacto, lo cierto es que los índices de pobreza en la población se mantienen, lo cual significa que aún hay muchos rezagos que atender.

Uno de esos rezagos es el de la vivienda, lo que representa un derecho elemental consagrado en nuestra Constitución para que todos los mexicanos tengan acceso a ella sin distinción alguna. En este sentido, el gobierno de la República en 2013 reconoció que había un rezago de 9 millones de viviendas, esto representaba que más de 36 millones de personas en México no cuentan con una vivienda propia.

A inicios de 2015 el gobierno de la República anunció una serie de medidas para impulsar la construcción de vivienda, destacando que con una inversión de 370 mil millones de pesos se construirían 500 mil viviendas para beneficiar a 6 millones de mexicanos. Este proyecto se encuentra a cargo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y se estableció que los trabajadores con ingresos de hasta 2.6 veces el salario mínimo podrían hacer uso de su crédito para vivienda y no pagarían gastos por los conceptos de titulación, financieros y de operación. No obstante la importancia del esfuerzo en mención, este esquema resulta muy complicado para millones de trabajadores si se toma en cuenta que sus ingresos los utilizan principalmente para atender la alimentación, la salud, la educación y el trasporte público, sin poder adquirir un crédito para vivienda.

A partir del primero de octubre de 2015, el salario mínimo general en todo el país es de 70.10 pesos diarios, en tanto la canasta básica desde marzo de 2015 tiene un costo de mil 284 pesos en áreas urbanas y de 903.70 pesos en zonas rurales, según el Coneval, esto quiere decir que las familias tienen que decidir entre comer o pagar un crédito de vivienda. Basta recordar que no sólo existe la pobreza y la pobreza extrema, sino también la pobreza alimentaria y la pobreza patrimonial que se refiere a aquellos hogares cuyo ingreso por persona es menor al necesario para cubrir su consumo básico de alimentación, vestido, calzado, vivienda, salud, transporte público y educación, lejos queda cubrir la necesidad de vivienda, esto de acuerdo a datos y criterios del Coneval.

Un estudio del economista y catedrático de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Marcos Gutiérrez, detalla que de los más de 52 millones de mexicanos ocupados, 37.7 por ciento recibió en 2014 el salario mínimo; 23.2 por ciento recibió entre uno y dos salarios; y 35.6 por ciento más de dos. Estos datos nos llevan a preguntarnos si con estos ingresos se puede adquirir un crédito para vivienda y si la población de las zonas indígenas y rurales que viven en miseria está en posibilidad de adquirir una casa propia.

El gobierno de la República con el propósito de reducir los márgenes de pobreza entre la población y propiciar la igualdad entre los mexicanos, así como para mejorar su calidad de vida a través del acceso a una vivienda digna como lo mandata el artículo 4o. constitucional, implementó por medio de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Programa Vivienda Digna, estructurado para las familias de menores ingresos económicos, con ello se busca mejorar la calidad de la vivienda y contar con los servicios básicos como el acceso al agua y a un baño, operado mediante un apoyo económico otorgado como subsidio federal para una acción de vivienda.

El citado programa se enmarca en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en el apartado México Incluyente, en los objetivos: 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vivienda digna; 2.5.1. Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos; 2.5.2. Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el fomento de la adquisición de vivienda nueva.

El objetivo del programa es “Contribuir a que los hogares mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda mejoren su calidad de vida a través de acciones de vivienda digna, con servicios básicos, como el acceso al agua, higiene y saneamiento”. (Véase, Reglas de Operación del Programa de Vivienda Digna, para el ejercicio fiscal de 2015. Diario Oficial de la Federación, 30 de diciembre 2014).

La población a atender son los hogares mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar. Canasta alimentaria (Línea de Bienestar Mínimo) mil 225.16 pesos en zonas urbanas y 853.60 pesos en zonas rurales y con carencia por calidad y espacios de la vivienda que requieran mejorar sus condiciones habitacionales.

Es decir, el programa atendería en número a 7.1 millones de personas en situación de pobreza alimentaria extrema identificada como la población objetivo en la estrategia de política pública: Cruzada contra el Hambre.

Dentro de los criterios para la selección de los beneficiarios del programa encontramos:

“a) Hogares cuyos ingresos están por debajo de la línea de bienestar, y cuya vivienda cuente con las siguientes carencias:

• El piso de la vivienda es de tierra.

• El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos.

• El material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; de carrizo, bambú o palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de desecho.

• La razón de personas por cuarto es mayor que 2.5.

• Servicios básicos como acceso al agua, higiene y saneamiento.

b) Hogares cuya vivienda se encuentre situada geográficamente en las siguientes zonas:

• Municipios de alto y muy alto índice de rezago social, definidos por el Coneval.

• Municipios identificados en la Cruzada Nacional contra el Hambre.

• Zonas declaradas de riesgo natural por la autoridad federal o estatal competente, con una residencia en la zona anterior al 1 de enero de 2001, que sean objeto de reubicación, por parte de la autoridad local y que cumplan con los requisitos establecidos en estas reglas.

• Zonas de Atención Prioritaria Rurales (ZAP).

• Polígonos de actuación de las demarcaciones que sean el ámbito de acción del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, así como la población objetivo que determine dicho programa.

c) Hogares con alguna de las siguientes características:

• Que el solicitante o alguno de sus dependientes económicos tenga alguna discapacidad.

• Que la solicitante sea madre soltera.

• Que el jefe de familia sea adulto mayor aunque no tenga dependientes económicos.

• Que alguno de sus integrantes sea menor de 14 años de edad.

Se dará prioridad a los proyectos que cuenten con la participación de integrantes del conjunto de hogares del padrón de beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y del Programa de Apoyo Alimentario para su atención por parte del programa. Para este criterio, el programa podrá brindar asesoría para el diseño del proyecto. (Véase Reglas de Operación del Programa de Vivienda Digna, para el ejercicio fiscal de 2015. Diario Oficial de la Federación, 30 de diciembre 2014).

En relación a los montos y tipos de apoyo para vivienda de acuerdo al programa destacan:

Se observa que el Programa Vivienda Digna fue diseñado para apoyar a los hogares de menores ingresos económicos, con ello se pretende aminorar el rezago, mejorando mediante el apoyo económico otorgado como subsidio federal para una acción de vivienda, no así para atender a la población en condiciones de miseria.

Cabe destacar que en dicho programa se establecen los proyectos de coinversión, que se refieren a aquellas acciones que se realizan en conjunto con otra dependencia, sociedad, fundación u organización civil legalmente constituida con la finalidad de potenciar o mejorar las acciones de vivienda otorgadas.

El Programa de Vivienda Rural, igualmente implementado por la Sedatu, está orientado a apoyar a los hogares mexicanos con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo y con carencia por calidad y espacios de la vivienda que habitan en localidades rurales de alta y muy alta marginación de hasta 2 mil 500 habitantes a través de un subsidio federal para que edifiquen, amplíen o mejoren su vivienda, buscando así contribuir a elevar su calidad de vida, el programa opera prácticamente bajo las mismas reglas del Programa de Vivienda Digna.

Para continuar con la política de vivienda en 2016 y atender la demanda de vivienda para todos los mexicanos la titular de la Sedatu confirmó que para este año se mantiene el presupuesto de 10 mil 600 millones de pesos para la construcción de vivienda.

Ante el mandato constitucional de que toda familia, es decir toda persona tiene derecho a una vivienda digna y decorosa, es necesario reforzar e implementar nuevas acciones en materia de vivienda, de modo tal que se pueda cumplir con dicho precepto y que efectivamente las personas cuenten con un espacio decoroso en donde vivir.

Finalmente, consideramos que la vivienda es un elemento fundamental para la paz social, es un derecho consagrado en nuestro máximo ordenamiento legal como es nuestra Constitución política y, como se ha argumentado, se trata de un derecho humano. Una vivienda es el resguardo de las personas, de las familias, es un espacio de convivencia, de protección y una señal de progreso tanto individual como colectivo al formar parte de un patrimonio, es un bien al que toda persona tiene derecho.

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que refuerce las acciones para garantizar el derecho a la vivienda a todas y todos los mexicanos, principalmente en zonas de alta marginación y comunidades indígenas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que implemente programas para garantizar el acceso a la vivienda a la población que percibe apenas un salario mínimo.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que se respeten los espacios físicos y dimensiones establecidos para la construcción de viviendas en el Programa de Vivienda Digna y el Programa de Vivienda Rural.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2016.

Diputados: Juan Manuel Celis Aguirre, Maricela Serrano Hernández, Telésforo García Carreón, Hersilia Córdova Morán, Edith Villa Trujillo, Héctor Javier Álvarez Ortiz, Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz González, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al SAT, el SAE, la PGR y la CNBV a difundir las medidas llevadas a cabo para proteger el patrimonio público en el caso del concurso mercantil de Oceanografía, SA de CV, suscrita por los diputados Norma Rocío Nahle García y Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos, diputados Norma Rocío Nahle García y Rogerio Castro Vázquez, integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

Indudablemente, el caso de Oceanografía es uno de los escándalos más importantes relacionados con el tráfico de influencias y el uso indebido de recursos públicos y privados en México. Por esa razón, en marzo de 2014, el Senado de la República constituyó una Comisión Especial para investigar a esa empresa.

De acuerdo con el informe de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento del Caso de la Empresa Oceanografía, SA de CV, del Senado de la República, el principal accionista de esta firma es Amado Omar Yáñez Osuna, con 75% de las acciones. Este empresario se caracteriza por ser uno de los principales empresarios beneficiarios de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón y en parte por el de Enrique Peña Nieto, al menos en lo que se refiere a no investigarlo a fondo.

Los otros accionistas son, con un 15%, Energy Group México SAPI, SA de CV, del que son accionistas Martín Díaz Álvarez, sobrino de Francisco Gil Díaz, exsecretario de Hacienda, y los hermanos Rodríguez Borgio, empresarios gasolineros. También es socio de Oceanografía el Grupo Aknuuk, SA de CV, que cuenta con un 5%, en el que se llegó a decir que cuenta con inversiones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Inmobiliaria Amagdez, SA de CV, con 4.94%, la cual también es de los Yáñez; Carlos Daniel Yáñez Osuna, con 0.003% y finalmente Alberto Duarte Martínez un 0.003%.

La Comisión del Senado también destaca que en las revisiones de la cuenta pública de Pemex, de los años 2005, 2006, 2007 2008 y 2009, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), encontró serias irregularidades en la forma de operar de la empresa, mismas que dieron lugar a un sinnúmero de observaciones, mismas que fueron reportadas, en su momento, a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.

Según ese informe, en 2006 se detectaron pagos de sobreprecio por la renta de buques. Para corregir eso, el órgano fiscalizador presentó la denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), el 6 de diciembre de 2007. Ese mismo año, la Cámara de Diputados creó una comisión legislativa para darle seguimiento al pliego de observaciones. Un año después, el Ministerio Público Federal determinó el no ejercicio de la acción penal.

La empresa Oceanografía, SA de CV, y sus principales accionistas volvieron a la atención de la ciudadanía siete años después, cuando Pemex encontró, en una revisión interna, irregularidades en contratos, como fianzas inferiores a las debidas. Como consecuencia, el 11 de febrero de 2014 la Secretaría de la Función Pública (SFP) la inhabilitó de los procesos de contratación del gobierno.

La medida de inhabilitación se publicó en el Diario Oficial de la Federación mediante una circular en la que se comunica a los estados, dependencias y entidades de la administración pública, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la persona moral denominada Oceanografía, SA de CV, por encontrarse inhabilitada por un año, nueve meses y 12 días.

El informe señala que paralelamente, tanto Citigroup Inc., como Pemex, comenzaron la revisión de la exposición del crédito a Oceanografía, SA de CV, y de su programa de financiamiento de los últimos años. El 28 de febrero de 2014, Citigroup Inc. informó que había descubierto un fraude en contra de su filial mexicana el Banco Nacional de México (Banamex), relacionado con la firma de servicios petroleros de Oceanografía, SA de CV, Derivado de lo anterior, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, informó que la dependencia a su cargo aseguró los bienes de la empresa Oceanografía, SA de CV, luego de que el grupo bancario Citigroup Inc. anunció la baja de sus resultados en 2013, por la cantidad de 235 millones de dólares netos, sin que aún se consideraran los montos que derivaron del supuesto fraude.

Se estima que la empresa Oceanografía, SA de CV, cometió un presunto fraude en contra de Banamex por la cantidad de 400 millones de dólares, derivados de la cesión de derechos de cobro provenientes de 112 contratos celebrados entre la empresa y Pemex, por un total de 585 millones de dólares, de los cuales únicamente se encontraban respaldados por la paraestatal 185 millones de dólares. Finalmente, el 27 de febrero del año 2014 se publicó el acuerdo de aseguramiento de la empresa y en julio de ese año entró en concurso mercantil.

Hasta ahora, esas acciones no han derivado en una investigación que profundice los términos de los contratos, la forma en que Oceanografía se convirtió en un proveedor de servicios estratégico y las participación de funcionarios y empresarios, incluso ejecutivos de Banamex, en una serie de eventos que implicaban cifras millonarias y complicidades. En realidad fue tan grave, que una de las consecuencias del escándalo fue la salida, en octubre de 2014, de Javier Arrigunaga, el director general de Banamex, y pocos meses después de Manuel Medina Mora de Citigroup, uno de los más altos funcionarios del corporativo.

Es importante precisar que además de la denuncia de Banamex en contra de Oceanografía, hay denuncias de particulares, como Exincomer, y la misma Pemex, empresa que, se estima, fue la que financió a Oceanografía con contratos generosos.

Cabe señalar que, según un informe de la comisión de investigación del Senado, entre 2003 y 2013 Oceanografía obtuvo 106 contratos por 46 mil millones de pesos y en 2013 obtuvo 6 contratos por 3 mil millones de pesos. Esto le permitió convertirse en una empresa que creció de manera acelerada, constituyéndose en importante fuente de empleo, llegando a tener una importancia estratégica como proveedora de Pemex, todo ello bajo la cobertura de empresarios y funcionarios corruptos.

En ese sentido, se considera que los funcionarios de la PGR, SAE, SAT y CNBV deben dar a conocer las acciones que han llevado a cabo, en el cumplimiento de sus responsabilidades, para investigar los contratos y las operaciones que han puesto en grave riesgo millonarios recursos y el patrimonio estratégico del sector público.

Desafortunadamente, hasta ahora la población no ha recibido la información que demuestre que esos funcionarios han actuado correctamente. Por ejemplo, por lo que se refiere al desempeño de la Procuradora, se advierte la presunción de un conflicto de intereses, ya que cuando era Senadora, la actual procuradora Arely Gómez, se excusó de participar en la Comisión Investigadora, por reconocer que tenía vínculos familiares en cuarto grado con Martín Díaz, uno de los involucrados. Por eso, se considera que la Procuradora debe explicar a la población porque, si en un principio la PGR intervino en Oceanografía para proteger las fuentes de empleo e investigar los posibles delitos, posteriormente se le dio un enfoque de tipo administrativo, una intervención mediante concurso mercantil, sólo para sanearla financieramente, sin investigar los hechos delictivos que habrían provocado un grave daño al patrimonio nacional.

Así, la funcionaria dejó pasar la oportunidad de investigar lo que se podría considerar el resultado más acabado de una sistemática y compleja trama de corrupción, que en apenas tres sexenios llevó a una empresa que en el año 2000 estuvo en riesgo de ser embargada, a formar un emporio gracias a las relaciones con funcionarios corruptos1 y a los jugosos negocios a costa de Petróleos Mexicanos y del patrimonio nacional.

Es necesario que la procuradora aclare la magnitud del daño a los distintos afectados, la intervención de los funcionarios de los distintos niveles, de las instituciones financieras y de las instancias reguladoras que propiciaron este fraude que en otros países habrían obligado a declarar a exsecretarios de Energía e incluso a expresidentes. El abuso de Oceanografía es tal que incluso se sabe de uso indebido de propiedades privadas en Campeche, que fueron invadidas por Oceanografía con la protección de funcionarios públicos para inflar sus activos en su hoja de balance. Por eso es necesario que la Procuradora Arely Gómez explique por qué, una vez que Martín Díaz fue detenido en Estados Unidos, no fue posible extraditarlo a México, para que aquí declare cómo llevó a cabo sus operaciones ilícitas incluyendo el posible conflicto de intereses del exsecretario de Hacienda y Crédito Público en el gobierno de Vicente Fox, Francisco Gil Díaz.

La evolución del Concurso Mercantil no deja lugar a dudas y el convenio aprobado por el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, Felipe V Consuelo Soto, abre la posibilidad de que este terrible caso de corrupción sea olvidado. En dicho convenio se declara concluido el procedimiento de concurso mercantil de la comerciante, así como la vigencia de las medidas o providencias precautorias dictadas en el procedimiento mercantil, “una vez que la presente resolución cause ejecutoria”, en consecuencia, establece, “dicho convenio y esta sentencia que lo aprueba, constituirán el único documento que rija las obligaciones a cargo de la concursada con respecto a los créditos reconocidos”. Asimismo, y sin perjuicio de lo determinado en los numerales citados, al existir incidentes y acciones pendientes de resolver, deberán llevarse a su conclusión, según lo que en derecho proceda.

Finalmente, define, “con la sentencia cesarán en sus funciones los órganos del concurso mercantil. Por lo que en su momento se ordenará al conciliador la cancelación de las inscripciones que con motivo del concurso mercantil se hayan realizado en los registros públicos”.

No se debe olvidar que ese Juez fue el mismo que intervino en el caso de Mexicana de Aviación, caso en el que salvo algunas medidas que supuestamente reflejaban sensibilidad para con los trabajadores de la empresa, en realidad no hizo nada, en ese caso, para recuperar la fuente de empleo y castigar al responsable de la crisis. Todo indica que sólo buscó librar de responsabilidades a un empresario corrupto consentido del régimen y es lo que está haciendo ahora con Oceanografía.

El problema está en que su propuesta de convenio no ha sido aceptada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El miércoles 23 de marzo,2 trascendió que el SAT impugnará ese fallo porque implica el desconocimiento de un crédito mercantil, supuestamente por 18 mil millones de pesos. Lo cierto es que se requiere que el SAT despeje las dudas que existen acerca de la deuda de Oceanografía con esa instancia de recaudación y, sobre todo, se debe aclarar cómo se protegerán los recursos públicos afectados. De hecho, esa explicación del SAT es más importante ahora que, como resultado de los Papeles de Panamá, resultó que algunos de los accionistas de Oceanografía participan en paraísos fiscales.

En el caso del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, quedó claro que su intervención administrativa no tuvo la intención de investigar las causas del acelerado enriquecimiento del dueño y los accionistas de Oceanografía, de sus relaciones con los funcionarios de Pemex, así como las condiciones contractuales que fueron determinantes en el sorprendentemente acelerado crecimiento de la empresa privada.

Es importante tener presente que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, como administrador de la empresa en concurso mercantil, estaba obligado a realizar inventarios de bienes y registrar e informar en detalle los adeudos y pasivos fiscales, para que fueran considerados por el juez en el análisis del caso. El SAE informó al Senado que “La Ley de Concursos Mercantiles otorga al Juez facultades para proteger los activos de la empresa, proteger los derechos de los trabajadores y reconocer a sus acreedores sin detener sus operaciones”. Y explicó que la demanda de concurso mercantil y las medidas cautelares “han permitido el flujo de recursos a la empresa para mantener su operación, proteger la masa concursal y maximizar el flujo de recursos necesarios para hacer frente a sus obligaciones más urgentes”. Y menciona que eso es necesario dado que “su operación es de importancia nacional en razón a los servicios que presta a Pemex y Pemex Exploración y Producción”.3

El problema está en que ahora que se ha comenzado a divulgar la posibilidad de que se firme el convenio con los acreedores, que permita levantar el Concurso Mercantil, aún hay denuncias de empresas y empleados que ofrecían sus servicios a Oceanografía, que no han recibido una respuesta a sus demandas de protección de derechos por parte del interventor, en contra de lo establecido por la Ley de Concursos Mercantiles. Incluso, hay denuncias de propietarios de terrenos cercanos a los muelles, que les fueron invadidos por Oceanografía, con el apoyo cómplice de autoridades locales, porque de esa manera aumentaba sus activos que presentaba como garantías para negociar créditos. Nada de eso ha sido atendido como lo ordena la Ley por parte del interventor del SAE.

Efectivamente, el funcionario del SAE argumentó que se dedicó a sanear la empresa, como una forma de garantizar esos derechos. El problema está en que no ha explicado cómo lo hizo, si en el informe de la intervención reconoció que Oceanografía tenía obligaciones de pago por 17 mil 823 millones de pesos y sólo disponía de activos líquidos por un mil 76 millones de pesos. ¿Otra vez incurrieron en contratos abusivos a costa de Pemex?

Finalmente, se requiere la comparecencia del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que explique la calidad de la regulación que se aplica en México y de la fuerza de las sanciones que se imponen ante malos manejos o ilícitos. Es importante conocer cuál fue la verdadera causa de la salida del Director de Banamex y de la remoción de Manuel Medina Mora, porque esos hechos no se pueden desvincular de las investigaciones en torno a las acciones ilícitas de Oceanografía.

Hoy que se pretende cerrar el caso de uno de los hechos delictivos más importantes de los últimos años, sin culpables, sin sanciones, sin una investigación a fondo, en la que los funcionarios responsables dejaron muchas preguntas sin responder a la Comisión Especial del Senado, persisten muchas dudas y la importancia del tema no permite dejarlas en el olvido. Urge que los funcionarios involucrados proporcionen el “Libro Blanco” de la intervención a Oceanografía, y de las operaciones que hicieron para sanear su operación.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al jefe del Servicio de Administración Tributaria, al director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a la procuradora General de la República y al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a que difundan las medidas que han llevado a cabo en el ámbito de sus respectivas responsabilidades para proteger el patrimonio público en el caso del concurso mercantil de la empresa Oceanografía SA de CV.

Notas

1 http://old.nvinoticias.com/oaxaca/opinion/nacional/199287-oceanografia- los-bribiesca-gil-diaz-los-perez-jacome-otra-vez

2 http://www.jornada.unam.mx/2016/03/23/economia/023n3eco

3 “Informe a la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento al caso de la empresa Oceanografía, SA de CV, del Senado de la República”. Septiembre de 2014, página 42.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2016.

Diputada Norma Rocío Nahle García Diputado Rogerio Castro Vázquez

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía expresa su solidaridad con el pueblo y el gobierno ecuatorianos por el terremoto sufrido el 16 de abril, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I; 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, 100 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión expresa sus condolencias al pueblo y al gobierno de la República de Ecuador y manifiesta su solidaridad por el terremoto sufrido el pasado sábado 16 de abril, con base en las siguientes

Consideraciones

Minutos antes de las 19 horas del pasado sábado, un terremoto con magnitud 7,8 en la escala Richter (dato del Servicio Geológico de Estados Unidos) sacudió el noreste de Ecuador, sintiéndose en gran parte del país.

El epicentro se presentó en la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con el sur de Colombia, pero fue sentido en diversas provincias donde se han reportado daños a infraestructura, viviendas, vías y sistemas de comunicación e instalaciones estratégicas con la lamentable pérdida de la vida de más de 350 personas, más de 2,527 heridos y centenares de desaparecidos; datos que se modifican con el avance de los trabajos de búsqueda y rescate.

Medios de comunicación y la propia población a través de redes sociales, narran minuto a minuto los esfuerzos hechos por instancias de gobierno y sociedad por atender este desastre, los cuales se han dificultado por las recurrentes replicas.

Este fenómeno causo alerta durante varias horas en todo el Pacífico, incluyendo nuestras costas Mexicanas, por la probabilidad de ocurrencia de un Tsunami, el cual finalmente no sucedió.

Sin duda la capacidad de organización y respuesta de Ecuador está siendo puesta a prueba por la naturaleza, alterando la normalidad de los procesos sociales, políticos y administrativos de este país hermano.

El terremoto fue el más fuerte desde el sismo de magnitud 7,7 que golpeó al país en diciembre de 1979 y causó entonces unos 600 muertos y 20.000 heridos, según el USGS.

Los mexicanos conocemos en carne propia lo que es vivir un terremoto que en derive un desastre de grandes pérdidas humanas, materiales y económicas.

Sabemos bien la importancia de la solidaridad que la población pueda tener y de la comunidad internacional para poder superar tan dolorosos momentos.

El trabajo de protección civil y la gestión integral de riesgos es fundamental para que a través de la prevención y la construcción de comunidades resilientes evitemos que fenómenos como estos afecten la vida y el patrimonio de las personas.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión expresa sus condolencias al Pueblo y al Gobierno de la República de Ecuador y manifiesta su solidaridad por el terremoto sufrido el pasado sábado 16 de abril.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2016.

Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Conacyt a fomentar la contratación de investigadores y ex becarios por la iniciativa privada, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del PES

La suscrita, Ana Guadalupe Perea Santos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo que disponen los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La experiencia internacional demuestra que la inversión de recursos económicos en investigación científica y desarrollo tecnológico, esta correlacionada con el desarrollo económico y nivel de bienestar de la población de un determinado país.

De acuerdo con datos tomados del Informe general sobre el estado de la ciencia y la tecnología en México 2013, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), los países con las mayores economías del mundo, como Estados Unidos de América, China, Japón, Alemania y Francia, invierten más recursos en investigación y desarrollo. Sus inversiones en este rubro van de 1.7 a 3.35 por ciento de su respectivo producto interno bruto (PIB), cifras que contrastan con 0.43 por ciento que se invierte en el país.

En los países desarrollados, como los mencionados, la inversión de las empresas en investigación y desarrollo es de hasta 76.5 por ciento como en el caso de Japón o 73.7 en el caso de Corea del Sur; el resto lo aportan los gobiernos y otras entidades. En contraste, en México la mayor parte la aporta el gobierno, alrededor de 60 por ciento. Si queremos aspirar como país a la independencia tecnológica y al nivel de desarrollo de esos países es necesario que las empresas en México generen más conocimiento científico y tecnológico no solo como producto de la vinculación con universidades y centros de investigación, sino también como producto de las actividades de investigación y desarrollo al interior de las empresas.

Esta situación ha motivado que el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Especial de Ciencia Tecnología e Innovación 2014-2018 incluyan como uno de sus objetivos “hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible”. Para conseguir este objetivo se plantearon, entre otras estrategias, contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance un nivel de 1 por ciento del PIB, así como contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel que haga frente a los retos científico-tecnológicos que implica alcanzar dicho objetivo.

De acuerdo con este último aspecto, en 2012, la proporción de investigadores en México por cada mil integrantes de la población económicamente activa fue de 0.9, cifra que no sólo está muy por debajo de las de países avanzados, como Alemania, con 7.9, o el Reino Unido, con 8.2, sino de muchos otros, incluso algunos de Latinoamérica.

Ante este panorama, para generar capital humano de alto nivel se han hecho esfuerzos importantes mediante el Programa de Becas de Conacyt para realizar estudios de posgrado en México y en el extranjero. Cerca de 20 por ciento del gasto nacional en ciencia y tecnología, que corresponde al 0.15 por ciento del PIB (en 2013), se dedicó al rubro de educación de posgrado.

No obstante, como se reconoce en el mismo Programa Especial de Ciencia y Tecnología, debido a la falta de oportunidades de empleo y a otros rezagos existentes, el capital humano formado no ha podido cubrir las necesidades del país. Para incentivar la contratación de ex becarios del Conacyt se ha implantado el Plan de Retención y Repatriación de Investigadores Mexicanos y las Cátedras Conacyt que junto con las plazas de centros de investigación públicos y de instituciones de educación superior tanto públicas como privadas constituyen una opción de empleo para los investigadores mexicanos.

Sin embargo, estas opciones de empleo no son suficientes para el creciente número de científicos jóvenes mexicanos que obtienen el grado de doctor en México y en el extranjero, pues el sector público no puede ser el principal empleador de científicos ya que eventualmente comprometería la sustentabilidad del sistema de ciencia y tecnología del país debido a que no sólo implicaría un alto costo de nómina sino también un altísimo costo para proveerlos de los medios para hacer su trabajo.

Durante mi gestión como diputada de la presente legislatura, he estado en contacto con investigadores y estudiantes de posgrado que me han manifestado su preocupación por la falta de oportunidad de empleos en México para los investigadores, así como de salarios acordes con el gran esfuerzo que han hecho ellos y sus padres para alcanzar el máximo grado académico, como es el doctorado.

Actualmente, el Conacyt, atendiendo a las estrategias establecidas en el Programa Especial de Ciencia Tecnología e Innovación 2014-2018, tiene programas como los PEI (programa de estímulo a la innovación) en los que proponen proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en los que, de resultar elegidos, pueden recibir fondos para cofinanciar sus proyectos hasta por 20 millones de pesos.

Los únicos requisitos son el RFC de la empresa y que ésta se encuentre en el Registro Nacional de instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas. Considerando el gran beneficio que obtienen las empresas tanto en términos económicos como de incremento de su acervo científico-tecnológico, considerando también la necesidad de crear fuentes de empleo para los científicos en el país.

Para afrontar este reto, se requiere no sólo seguir incentivando a las empresas instaladas en México para invertir en investigación y desarrollo sino también fortalecer su capital humano dedicado a esta actividad mediante la contratación de científicos, como se está proponiendo fomentar en este punto de acuerdo.

En razón de lo anterior someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para que dentro de su convocatoria sobre la obtención de apoyos mediante el Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, dentro de los requisitos, se establezca que las empresas beneficiadas además de contar con el Registro Federal de Contribuyentes, y con inscripción vigente en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, también se considere establecer requerimientos que incentiven a la contratación de ex becarios del Conacyt por parte de las empresas previamente beneficiadas con el programa ya mencionado, a fin de que se les dé continuidad a su crecimiento laboral.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2016.

Diputada Ana Guadalupe Perea Santos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Infonavit a garantizar a las trabajadoras del hogar el acceso a créditos para la adquisición, construcción o remodelación de una vivienda digna, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Xitlalic Ceja García, diputada federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX, artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para que en el marco de sus atribuciones y en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y sus delegaciones en las Entidades Federativas, fortalezcan sus estrategias, políticas públicas y acciones, para que en marco del programa “Infonavit para Todos”, se garantice a las trabajadoras del hogar, el acceso a créditos para comprar una casa nueva o usada, construir en un terreno propio y ampliar o remodelar una vivienda que asegure el disfrute del derecho a la vivienda digna, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Instituto Nacional de las Mujeres, indica que el trabajo doméstico es el conjunto de actividades que se realizan en el hogar para asegurar, proporcionar y proveer bienestar a los miembros de la familia. Entre estas acciones destaca las relacionadas con la alimentación, higiene y salud.

Para dimensionar la importancia del presente asunto, basta mencionar que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en nuestro país por lo menos 85 de 100 personas de 12 años y más, realizan alguna actividad del hogar o trabajo doméstico.

Con datos de la misma dependencia, es posible identificar que el trabajo doméstico remunerado es realizado primordialmente por mujeres, debido a que 6 de cada 10 personas en este sector forman parte de este género, además, de la población ocupada 5 de cada 100, es decir, el 4.7% son trabajadores domésticos remunerados, de ellos, 85% realizan tareas de limpieza en hogares particulares, 8.2% están enfocadas al cuidado de personas y 5% son lavanderas o planchadoras en domicilios privados.

Por su parte, la Encuesta Nacional Sobre el Uso del Tiempo, deja de manifiesto que el promedio de horas a la semana enfocadas a este tipo de trabajo no remunerado en la población mayor de 12 años, es superior a las 33 horas, asimismo, llama la atención que el promedio de tiempo es más alto en mujeres quienes llegan a destinar más de 47.9 horas a esta labor, sobre los hombres que su contribución asciende a sólo 16.5 horas semanales.

El estado de Puebla, es una de las entidades con el mayor número de personas dedicadas a este tipo de trabajo, debido a que junto con el Estado de México, Distrito Federal, Veracruz, Jalisco, Guanajuato y Michoacán, concentran más del 50% de los trabajadores domésticos del país.

Otra consideración de vital importancia, es que la proporción de trabajadores domésticos remunerados respecto del total de ocupados en la entidad es casi 5%, esto significa que más de 123 mil poblanos se dedican a este tipo de actividades.

El estado de Puebla, está dentro del grupo de entidades que están arriba del promedio nacional del índice de trabajadores domésticos al igual que Morelos, Yucatán, Tabasco, Hidalgo, Veracruz y el Distrito Federal.

A pesar de que este trabajo es fundamental para el desarrollo de las entidades de la república y del país, debido a que contribuye con el 21% del Producto Interno Bruto Nacional, aún persisten diversas áreas de oportunidad que deben ser superadas, como la falta de reconocimiento pleno, la doble jornada laboral cuando se trabaja en el espacio doméstico y extra- doméstico y garantizar condiciones mínimas y adecuadas de trabajo como servicios públicos y seguridad social.

Preocupa que sólo el 2% de las trabajadoras del hogar tienen acceso a instituciones de salud y menos del 1% recibe aguinaldo, vacaciones u otras prestaciones que deberían corresponderle conforme a derecho. Este panorama se agrava en las localidades y regiones de estados como Puebla, en el que las trabajadoras viven de tiempo completo en las casas y sólo visitan a sus familias y seres queridos en los fines de semana y periodos vacacionales.

Aunado a estas necesidades, tampoco cuentan con pensión al ahorro y muchas de ellas, debido a la poca seguridad jurídica, acusan despido injustificado, acusaciones falsas de robo y maltrato verbal que van contra su dignidad y derechos constitucionales. Dificultades que se suman a la falta permanente de las garantías de pensión, salud, y vivienda digna.

Existen avances sustantivos por parte de las autoridades federales para asegurar una vivienda digna a los y las trabajadoras del hogar, basta mencionar el programa “Infonavit para Todos”, con el que se fomenta la obtención de créditos para la compra de una casa o bien construir, ampliar o remodelar una vivienda.

Para contextualizar el impacto que está teniendo en las familias del estado de Puebla, es importante señalar que sólo este año, en la entidad se contempla entregar más 4 mil 559 créditos para personas que cotizan por lo menos 2.6 veces el salario mínimo diario y mil 139 créditos para quienes tienen un ingreso de 4 a 5 salarios mínimos.

Además de estas proyecciones, también se contempla entregar 2 mil 502 créditos a quienes perciben de 5 a 10 salarios mínimos y 2 mil 578 para quienes tienen ingresos superiores a 10 salarios mínimos diarios, es decir, Puebla sigue siendo una de las entidades que presenta poco fomento al crédito para los trabajadores.

A pesar de estos impactos, considero que debe ampliarse para que más trabajadoras del hogar tengan acceso a créditos oportunos a sus condiciones de trabajo y posibilidades de pago, debido a que los municipios de Puebla, Huejotzingo, Coronango, Cuautlancingo y Amozoc concentraron más del 79% de los créditos formalizados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, pero en otros municipios de la entidad no presentan el mismo apoyo.

Debido a lo anterior, estoy convencida de que se debe fortalecer las estrategias para que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y sus delegaciones, impulsen que las trabajadoras del hogar accedan de manera fácil y oportuna a diferentes esquemas de crédito para que cuenten con la posibilidad de comprar una casa nueva o usada, construir en un terreno propio y ampliar o remodelar una vivienda que asegure el disfrute del derecho a la vivienda digna.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para que en el marco de sus atribuciones y en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y sus delegaciones en las entidades federativas, fortalezcan sus estrategias, políticas públicas y acciones, para que en marco del programa “Infonavit para Todos”, se garantice a las trabajadoras del hogar, el acceso a créditos para comprar una casa nueva o usada, construir en un terreno propio y ampliar o remodelar una vivienda que asegure el disfrute del derecho a la vivienda digna.

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2016.

Diputada Xitlalic Ceja García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal y locales a firmar con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas convenios para realizar una campaña permanente de difusión de los contenidos constitucionales en esas lenguas, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Brenda Velázquez Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura federal, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la ley fundamental y la de mayor jerarquía. En ella se establece la base de todo sistema de normativas y leyes, contando no sólo con los objetivos del Estado sino también con los derechos que tenemos todos los ciudadanos, a su vez las garantías que nos permiten y aseguran la libertad en muchos ámbitos de la vida cotidiana.

Idealmente, todos los habitantes de cualquier nación deben tener acceso a su Carta Magna para conocer sus derechos y poder exigir el respeto de éstos. Lamentablemente, en México esta situación está lejos de ser una realidad.

Según el Censo de Población y Vivienda de 2010, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se estimó que en el país había un aproximado de 117.9 millones de habitantes, de los que 15.7 millones eran indígenas. Ello significa que hasta antes de 2008, alrededor de 14 por ciento de la población no tenía acceso al conocimiento de la Constitución, ya que ésta no se encontraba traducida a ninguna de las 68 lenguas indígenas existentes en el país.

De 2008 a la fecha, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) ha realizado un importante esfuerzo para cambiar esta situación, dándose a la tarea de traducir la Carta Magna a 42 lenguas indígenas. Según el informe sobre la publicación y difusión de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de lenguas indígenas, realizado por el propio Inali, la difusión y distribución que se le ha dado son las siguientes:

• La traducción de la Carta Magna a lenguas indígenas ha sido presentada en varios encuentros de alcance nacional, como la celebración del bicentenario en 2010, la Cumbre Tajín 2012 y varios actos realizados por la Secretaría de Educación Pública.

• Para su distribución se han entregado ejemplares a los titulares de las secretarías de Estado, a los 32 gobernadores de los estados y a los titulares de órganos de gobierno, además de compartirse con el público en general en encuentros como el Día Internacional de la Lengua Materna, ferias del libro y diversos actos organizados por el Inali.

• La distribución de la Carta Magna en lenguas indígenas también se distribuye en las universidades interculturales de todo el país.

Según los datos publicados por la Secretaría de Educación Pública durante el ciclo escolar 2013-2014 las 12 universidades interculturales que operaban en México dieron atención a un total de 10 mil 518 estudiantes. De ellos, alrededor de 70 por ciento provenían de comunidades muy marginadas y 60 por ciento eran hablantes de lenguas indígenas, lo cual nos indica que, a través de las universidades interculturales, únicamente 6 mil 310 de los más de 15 millones de personas hablantes de lenguas indígenas tuvieron acceso a la Carta Magna traducida a alguna de las mencionadas lenguas.

Los datos obtenidos en el Censo de 2010 indican que una parte importante de la población indígena habita en localidades pequeñas y centros urbanos de menos de 15 mil habitantes. A partir de que se afirma que la difusión y distribución que el Inali ha dado a la traducción de la Constitución a las distintas lenguas indígenas es insuficiente, ya que éstas no están llegando a su población objetivo, que son los indígenas que viven en localidades pequeñas y aisladas a quienes se les dificulta el traslado a las urbes más pobladas donde se ha realizado la difusión y distribución de la Carta Magna traducida a lenguas indígenas.

En México, este tema se encuentra legislado en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la cual en su artículo 7 indica que la federación y las entidades federativas tendrán disponibles y difundirán a través de textos, medios audiovisuales e informáticos, entre otros, las leyes en la lengua de sus correspondientes beneficiarios.

Asimismo, establece en el artículo 14, incisos f), j) y l), que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, sectorizado en la Secretaría de Cultura, tiene entre sus atribuciones elaborar y promover la producción de gramáticas, la estandarización de escrituras y la promoción de la lectoescritura en lenguas indígenas nacionales; informar sobre la aplicación de lo que dispone la Constitución; y celebrar convenios, con arreglo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con personas físicas o morales y con organismos públicos o privados, nacionales, internacionales o extranjeros, con sujeción a las actividades propias del instituto y a la normatividad aplicable.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal y a los gobiernos de las entidades federativas a firmar los convenios necesarios con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a fin realizar una campaña permanente de difusión de los contenidos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las lenguas indígenas correspondientes para sus pueblos y comunidades indígenas; esto, con la finalidad de garantizar el acceso y conocimiento de este importante documento por parte de este significativo sector poblacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2016.

Diputada Brenda Velázquez Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y la Sedesol a tomar previsiones para garantizar y salvaguardar las acciones de combate de la pobreza, a cargo de la diputada Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita Diputada Araceli Saucedo Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Se ha insistido desde fines de diciembre de 2014 que la depreciación del peso está influida por variables externas, como la caída del precio del petróleo, la normalización de la política monetaria de Estados Unidos y los trastornos económicos en China, pero que los fundamentales macroeconómicos del país están bastante sólidos. Esa interpretación no refleja de manera adecuada nuestra situación económica. Es verdad que los acontecimientos externos han afectado negativamente las variables financieras de todas las economías, en particular las de las naciones emergentes, pero también es cierto que los funcionarios del gobierno mexicano subestiman nuestras debilidades internas.

La debilidad del peso

La depreciación se debe hasta ahora a factores externos, como lo han dicho nuestras autoridades, por lo que es lógico pensar que nuestra divisa está subvaluada si consideramos la medición de la paridad de poder de compra y el estado actual de nuestras cuentas externas, pero los inversionistas piensan diferente. La cotización del dólar se ha ubicado, la mayor parte de 2016, por encima de los 18 pesos y superó los 19 el mes de febrero, lo que obligó a que el miércoles 17 Banxico elevara su tasa de referencia en 50 puntos base, vendiera dólares y la Secretaría de Hacienda anunciara un recorte del gasto público.

Las políticas monetaria y fiscal tardaron mucho en modificarse para atender ese problema. La razón de Banxico para no subir más su tasa de referencia era que la inflación se ubicó el año pasado por debajo de la meta oficial del 3%, sin dar a las disminuciones extraordinarias de los precios en telefonía y electricidad la mayor parte del crédito por ese resultado. Sin embargo, la depreciación del peso generará una repercusión sobre la inflación, no solo porque nuestras importaciones representan alrededor del 35% del PIB, sino por las deudas en moneda extranjera de las empresas mexicanas, las cuales buscarán resarcir su flujo revisando al alza sus precios de venta.

La razón del gobierno federal ha sido que sus finanzas no se alteran, entre otras razones, por las coberturas cambiarias, la mayor recaudación tributaria y el aumento (por la depreciación del peso) de los ingresos en moneda nacional por las ventas externas de petróleo. No reconoce que los beneficios de las coberturas y la depreciación del peso son paliativos temporales que no pueden sostenerse en el largo plazo. Esto se aprecia en el hecho de que el ajuste de gasto propuesto es esencialmente en las finanzas de Pemex.

El gobierno federal no acepta que necesita hacer un recorte de gasto mucho mayor al que propuso, debido al nivel actual de su deuda, su compromiso de absorber los pasivos de Pemex, que cada día se sume más en números rojos, y la tendencia al alza de las tasas de interés en EU, que le complicará el acceso al capital extranjero para sus requerimientos financieros.

Es precisamente esta complacencia oficial la que puede llevarnos a que, en un futuro no muy lejano, el desequilibrio fiscal sustituya a los eventos externos como causal de la depreciación de nuestra moneda y de los trastornos internos.

El deterioro de las finanzas públicas

En México, el desplome del precio del crudo, que todo indica se mantendrá por un buen tiempo, pone al descubierto la falta de pericia con que en los últimos gobiernos se han administrado los ingresos extraordinarios del petróleo, el endeudamiento público y las finanzas gubernamentales.

No hay solidez en las finanzas públicas. Tres indicadores de las finanzas del gobierno federal dan muestra de lo anterior: primero, la composición de su deuda, que al cierre de 2015 fue de 78% en pesos, mientras que en el 2000 era de 55 por ciento. Segundo, los plazos promedio de la deuda, que pasaron de 1.5 años en 2000 a 7.9 en 2015. Tercero, el apetito que todavía muestran los mercados internacionales por la deuda mexicana en moneda extranjera.

El origen del problema actual y por venir de las finanzas públicas no está en la caída del precio del petróleo, sino en la manera irresponsable con que las distintas administraciones desde Vicente Fox, manejaron y dilapidaron los ingresos extraordinarios del petróleo.

La disputa por esos ingresos llevó al aumento de las partidas presupuestales de todos los niveles de gobierno, lo que alimentó el gasto federal, estatal y municipal, facilitando las múltiples expresiones de corrupción asociadas a un gasto público creciente.

Algunos especialistas consideran que las finanzas públicas de México en 2016 tendrán que hacer frente a una posible alza de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos que incrementaría el costo de la deuda en México y podría reducir el flujo de capitales hacia el país. Otros riesgos para las finanzas públicas son una menor entrada de ingresos por la vía del petróleo y la desaceleración de la economía global que podría disminuir la demanda de productos nacionales en el extranjero.

El ajuste preventivo al gasto público para este año por 132,300 millones de pesos, equivalente a 0.7% del Producto Interno. Este ajuste tiene como objetivo principal nivelar los ingresos esperados para este año (de 4.75 billones de pesos) con los ingresos reales.

Dicho recorte presupuestario traerá una menor expectativa del crecimiento del PIB del país para este año y el 2017. Banxico pronostica un crecimiento de 2.74 a 2.69 por ciento, lo que se traducirá en una reducción de los ingresos tributarios; además de la caída esperada en los ingresos petroleros.

En ese mismo sentido, de acuerdo a los precriterios generales de Política Económica para 2017, Hacienda contempla un nuevo recorte al gasto por 179 mil millones de pesos para 2017, con lo que ambos recortes sumarán 311.8 mil millones de pesos, que representa 1.4 por ciento del PIB.

Entorno económico y situación social

El entorno económico nacional que se vislumbra complicado para la gran mayoría de los mexicanos; un bajo crecimiento económico combinado con una dramática caída en los precios de la mezcla mexicana y la depreciación del peso a niveles históricos, así como la falta de generación de empleos, tendrá graves consecuencias en la profundización de las condiciones de pobreza en la que se encuentran más de 55 millones de mexicanos; en la que muy probablemente la política social sea el único asidero que contenga el deterioro y sufrimiento de ese gran sector de la población.

En este contexto, la política social será un importante asidero para contener el deterioro en las condiciones sociales y calidad de vida de ese amplio sector de la población. Es por ello que resulta indispensable garantizar el acceso a los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que los mexicanos cuenten con acceso efectivo a la salud, educación, alimentación, vivienda, seguridad social y servicios básicos; bajo los principios de una nueva generación de políticas públicas sustentadas en la universalidad y la solidaridad. Es decir, que todos los mexicanos accedan fehacientemente a los derechos sociales garantizados, priorizando aquellos sectores con mayores carencias sociales.

Por lo anterior y dadas las señales de alerta que presenta la economía y particularmente las finanzas públicas. Se somete a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Social a tomar las previsiones necesarias a fin de garantizar y salvaguardar las acciones y programas de combate a la pobreza, ante los recortes presupuestales anunciados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril del 2016.

Diputada Araceli Saucedo Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a ampliar las campañas de difusión de sus programas, suscrita por el diputado Jorge Álvarez López e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, Jorge Álvarez López y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las poblaciones indígenas, también conocidas como primeros pueblos, pueblos originarios, aborígenes o autóctonos, han subsistido en el mundo a pesar de los constantes cambios que se han dado en las sociedades de los más de 70 países de cinco continentes en donde se ubican 5,000 grupos indígenas, integrados por alrededor de 370 millones de personas.

En distintos foros nacionales e internacionales se ha trabajado para atender las necesidades específicas que cada uno de los pueblos originarios ha planteado, tomando en cuenta las particularidades en cuanto a sus tradiciones, mismas que se vinculan con una concepción única sobre la naturaleza y su relación con los seres humanos, las cuales muchas veces no coindicen con la modernidad social.

Sin embargo, las diferencias que pudiesen encontrarse entre diferentes estilos de vida no deben ser consideradas como elementos que propicien la exclusión, sino que, al contrario, deben abordarse con una postura tolerante e inclusiva.

Muestra de lo anterior han sido los trabajos que se realizaron a partir de 1982 por el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), o las expresiones manifestadas en la cumbre para la Tierra de 1992, donde los pueblos indígenas expresaron su preocupación por el deterioro de sus tierras y del medio ambiente.

Entre los documentos de mayor relevancia con alcance transfronterizo, consideramos importante mencionar la proclamación del Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo (2005-2014) el cual establece cinco objetivos fundamentales, mismos que se reproducen a continuación:

• El fomento de la no discriminación y de la inclusión de los pueblos indígenas en la elaboración, aplicación y evaluación de la legislación, las políticas, los recursos, los programas y los proyectos en todos los niveles;

• El fomento de la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan directa o indirectamente a sus estilos de vida, a sus tierras tradicionales, su integridad cultural o cualquier otro aspecto de sus vidas;

• La redefinición de las políticas de desarrollo para que incluyan una visión de equidad y respeto de la diversidad cultural y lingüística de los pueblos indígenas;

• La adopción de políticas, programas, proyectos y presupuestos que tengan objetivos específicos para el desarrollo de los pueblos indígenas, con parámetros concretos, e insistiendo particularmente en las mujeres, los niños y los jóvenes indígenas;

• La creación de mecanismos de supervisión estrictos y la mejora de la rendición de cuentas a todos los niveles en lo tocante a la aplicación de los marcos jurídicos, normativos y operacionales para la protección de los pueblos indígenas y el mejoramiento de sus vidas.

Asimismo, en la nueva Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas aprobada en 2007 se establecen los derechos individuales y colectivos de los pueblos originarios, en particular su derecho a la cultura, la identidad, el idioma, el empleo, la salud y la educación.

En el documento mencionado se enfatiza el derecho de los pueblos originarios para mantener y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones, así como a promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades. Como medida inclusiva, se prohíbe su discriminación y la promoción de su participación en relación con los asuntos que les conciernen, respetando sus diferencias con las sociedades modernas y su derecho a perseguir su propia idea de desarrollo económico y social.

Estos esfuerzos no son ajenos a nuestro país, tal como lo demuestra la celebración del primer Congreso Indigenista Interamericano en el marco de la Conferencia Interamericana Indigenista realizada en Pátzcuaro, Michoacán, en 1940, la cual dio origen al Instituto Indigenista Interamericano, con sede en la Ciudad de México y dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA). Así, en conmemoración a este acontecimiento, se instituyó el Día Americano del Indio, mismo que hoy se celebra el 19 de abril como Día de los Pueblos Originarios.

Como una sociedad multicultural, los mexicanos tenemos la responsabilidad de cuidar las tradiciones y conocimientos ancestrales de nuestros pueblos indígenas, así como fomentar el respeto hacia aquellos que se ubiquen fuera de nuestras fronteras, ya que a pesar de los avances en materia de protección de los pueblos originarios, aún existen problemáticas que se deben atender para beneficio y protección del patrimonio cultural de estas comunidades.

Las carencias de los pueblos indígenas no son diferentes a las del resto de los grupos que integran nuestra sociedad, sin embargo, lo que maximiza éstas es la condición de vulnerabilidad en la cual viven la gran mayoría de los indígenas de nuestro país. El hecho de coexistir en una sociedad que en muchas ocasiones no comparte sus creencias ni su forma de vida, los hace sujetos de marginación, siendo relegados casi de manera automática.

En 2014 se difundió un documento titulado Los retos que enfrentan los indígenas en México, basado en el trabajo de investigadores del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el cual se enlistan los siete problemas centrales que aquejan a las comunidades indígenas de nuestro país, estos son:

1. Pobreza
2. Alimentación
3. Vivienda
4. Educación
5. Salul
6. Justicia
7. Discriminación

Si bien existen otras carencias, éstas fueron las que se presentaron con mayor frecuencia, en comparación con otros sectores de la población que no forman parte del grupo social en comento.

Los esfuerzos para apoyar a las poblaciones indígenas han resultado en avances importantes, sobre todo en cuanto al tema de la inclusión, conditio sine qua non para propiciar la integración indígena al desarrollo del país y que sin duda representa para ellos mayores oportunidades de progreso. A pesar de lo anterior, las condiciones de vida en las comunidades indígenas aún presentan un rezago importante, lo cual ha generado manifestaciones públicas como la que se observó el pasado 11 de abril del presente año para exigir el cese de las concesiones mineras que provocan la pérdida de tierras y recursos para las comunidades originarias, así como la autorización de recursos para apoyar a los pequeños y medianos productores del campo.

Al respecto, para quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México es importante generar conciencia sobre la importancia que tienen para nuestra sociedad, tanto cultural como históricamente, los pueblos originarios, de manera que consideramos pertinente promover acciones que permitan mejorar las condiciones de vida de estas comunidades, al tiempo que se respete su visión del mundo. Lo anterior puede lograrse a través del impulso a proyectos que combinen de modo armónico el desarrollo económico, la protección ambiental y la identidad cultural de los pueblos originarios.

En virtud de lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a que amplíe las campañas de difusión de los programas que opera, a fin de enterar a un número mayor de personas sobre los beneficios a los cuales pueden acceder si se acercan a esta dependencia, sobre todo aquellos que fomentan el desarrollo autosustentable con un enfoque medioambiental.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de abril de 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Gálico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Edgar Spinoso Carrera, Wendolín Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a intervenir en la solución del conflicto que mantienen la comunidad agraria Nuestra Señora de Guadalupe y el grupo de gambusinos y propietarios particulares de Bacoachi, Sonora, por el acceso a las laderas del río Sonora y otros afluentes de agua, suscrita por las diputadas Norma Rocío Nahle García y María Chávez García, del Grupo Parlamentario de Morena

Las que suscriben, Norma Rocío Nahle García y María Chávez García, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Bacoachi, Sonora, se encuentra en la parte norte del estado, aproximadamente a 195 kilómetros de Hermosillo, con una extensión territorial de mil 260.65 kilómetros cuadrados y población de alrededor de mil 456 habitantes.

Entre las actividades productivas practicadas en el municipio destacan la ganadería, la agricultura, el aprovechamiento forestal y la minería gambusina; esta última, llevada a cabo en el río Sonora y otros arroyos con los que cuenta el municipio.

Los oficios de gambusino y pequeño ganadero en esta parte de Sonora se practican desde hace décadas, pasando de padres a hijos y de generación en generación, aprovechando las laderas de los arroyos, unos abrevan a su ganado, los otros, bajo el amparo de una concesión otorgada por la autoridad federal, buscan los metales preciosos.

También durante décadas, tanto comuneros dedicados a la ganadería como gambusinos atravesaban sin problema los terrenos particulares para llegar a los terrenos donde trabajan, como es el caso del predio conocido como “La Huarimina”. Pero la situación ha cambiado, ya que desde hace unos años los propietarios de la Comunidad Agraria del Bajío de Nuestra Señora de Guadalupe les han negado el paso, con lo que imposibilitan que los pequeños ganaderos abreven a sus animales y los gambusinos ejerzan su oficio.

El conflicto por el paso hacia las laderas del río data de 2012, y para 2013 el problema ya se ventilaba en tribunales, en los que un juez ordenó el 17 de mayo de ese año que se restableciera el paso de servidumbre, permitiendo a ganaderos y gambusinos tener acceso a las laderas del río. De igual forma, tribunales agrarios han conocido el caso y dado la razón a los que se están viendo privados de poder llevar a cabo sus actividades productivas.

Pero, pese a que tanto en tribunales civiles como agrarios los afectados han conseguido sentencias favorables, al día de hoy se les niega el acceso al margen del río, situación que está llevando a esta comunidad sonorense al borde de un conflicto social de consecuencias impredecibles, ya que los ganaderos reportan la muerte de ganado por no poder abrevarlo y los gambusinos denuncian que además de no poder realizar su actividad, han sido víctimas del robo de enseres e implementos de trabajo.

Ante la pérdida de los insumos para el trabajo los gambusinos han presentado denuncias por la vía penal, sin que el Ministerio Público del Fuero Común en Cananea, Héctor Castillo Piñuelas, hasta el momento haya dado muestras de estar atendiendo el caso, mucho menos de resolver el ilícito.

Por su parte, las autoridades del municipio tampoco han actuado con imparcialidad, y de hecho se tiene conflicto de intereses por parte del actual presidente municipal, ya que este servidor público también es criador de ganado dentro de la comunidad que impide el paso a los afectados, e incluso, estos últimos han declarado ante los medios de comunicación el ser sujetos de acoso e intimidación por la fuerza pública.

Por todo lo anterior vemos como urgente que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se pronuncie por medio de un punto de acuerdo que coadyuve a llevar por la vía pacífica la solución a este problema, respetando los derechos, entre ellos el derecho al trabajo lícito, consagrado en la Constitución Política federal.

Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que la secretaría a su cargo intervenga como instancia de conciliación entre la comunidad agraria denominada “Nuestra Señora de Guadalupe” y el grupo de gambusinos y propietarios particulares de Bacoachi, Sonora, a fin de que se resuelva el conflicto que por el paso al río Sonora y otros afluentes de agua mantienen los antes mencionados.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobernador del Estado Libre y Soberano de Sonora a que en el marco de las atribuciones y facultades que le son conferidas y por medio de las instituciones competentes del gobierno a su cargo, intervenga como autoridad, atendiendo a los pobladores en la solución del conflicto agrario que mantienen la comunidad agraria denominada “Nuestra Señora de Guadalupe” con el grupo de gambusinos y propietarios particulares de Bacoachi, Sonora.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobernador del Estado Libre y Soberano de Sonora a que en el marco de las atribuciones y facultades que le son conferidas instruya a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora a resolver las averiguaciones previas de las denuncias presentadas por gambusinos y propietarios particulares de Bacoachi ante el Ministerio Público adscrito a la región y salvaguardar la integridad física de los pobladores de dicho municipio.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al presidente municipal de Bacoachi, Sonora, a actuar con imparcialidad y respeto de la ley, en particular en el caso del conflicto que se presenta entre la comunidad agraria denominada “Nuestra Señora de Guadalupe” con el grupo de gambusinos y propietarios particulares de Bacoachi, Sonora.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2016.

Diputadas: Norma Rocío Nahle García, María Chávez García (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a reforzar la vigilancia en los caminos de Tamaulipas, a cargo del diputado Daniel Adrián Sosa Carpio, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Daniel Adrián Sosa Carpio, diputado a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente propuesta con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre el año 2014 al 2016 hay un reporte de 9 mil 39 personas desaparecidas a nivel nacional. Datos del mismo organismo, del año 2007 al 2016, el estado de Tamaulipas es la entidad con mayor número de personas no localizadas, pues tiene un registro de 5 mil 622 personas en dicha situación.

Sin embargo, es importante señalar que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015, en el estado de Tamaulipas se denunciaron el 11.3 por ciento de los delitos de los cuales solamente a 8.1 por ciento se les inició una averiguación previa, dejando una cifra negra de 91.9 por ciento de delitos no denunciados; situación que permite inferir que el número de personas desaparecidas puede ser mucho mayor al ya estimado por organizaciones gubernamentales. Por ejemplo, de acuerdo con cifras estimadas por el Colectivo Familiares y Amigos de Desaparecidos en Tamaulipas se estiman alrededor de 11 mil casos, cantidad que es al menos 95.66 por ciento mayor al número estimado por las autoridades federales.

Según la Red por los Derechos de la Infancia México, desde el año 2012, nuestro país enfrenta una epidemia de desapariciones de niños de entre 0 y 4 años y, mujeres adolescentes de entre 15 y 17 años; pudiendo ser los primeros utilizados para su venta y, las mujeres víctimas de trata por parte de las organizaciones criminales. El incremento constante del número de desapariciones de niñas y/o mujeres permite señalar la enorme posibilidad de que el crimen organizado esté involucrado.

Las desapariciones forzadas impactan de forma negativa a las víctimas y sus familias en todos los aspectos de la vida; las familias refieren graves secuelas emocionales y psicológicas por la pérdida sufrida, que incluyen estado de depresión y el temor constante de que algún otro miembro del círculo desaparezca. La impunidad, el terror, el miedo y la incertidumbre dificulta el periodo de recuperación debido a la pérdida o separación inesperada de un ser querido. Este proceso trasciende el concepto de duelo ya que en la desaparición no hay un cuerpo, ni una tumba, ni certidumbre alguna.

Prevenir situaciones de riesgo para los ciudadanos es una de las obligaciones del estado ya que la desaparición de una persona puede estar relacionada con una situación de violencia o disturbios de carácter interno o cualquier situación que pudiera requerir la intervención de una autoridad pública competente.

Organizaciones han señalado que la mayoría de las desapariciones han ocurrido en aquellos estados de la República donde existen altos índices de violencia, entre los cuales destacan: Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Michoacán y Guerrero. El estado que encabeza la lista es Tamaulipas, sin embargo, cualquier persona puede ser víctima de desaparición en México.

En el caso particular de Tamaulipas, aproximadamente, 80 por ciento de las desapariciones ocurren en las carreteras debido a que la seguridad se ha visto reforzada solamente en algunos municipios, dejando a un segmento de la población en vulnerabilidad respecto a las actividades de las organizaciones criminales que operan en dicha entidad.

Tamaulipas es uno de los estados más violentos de México debido a la actividad de grupos delictivos, principalmente de cárteles que se disputan el control de las rutas para comerciar y traficar droga a nuestro vecino del norte. La falta de vigilancia, así como la corrupción de autoridades locales, ha propiciado que las carreteras y caminos sean el punto donde los criminales pueden ubicar y elegir a sus víctimas sin ninguna dificultad; además de permitirles generar rutas hacia las zonas rurales más alejadas en donde suelen tener casas de seguridad utilizadas para diversos delitos como secuestro, fabricación de drogas, explotación laboral y sexual, entre otros.

De acuerdo al Objetivo 1 “Consolidar una coordinación efectiva para el diseño, implementación y evaluación de la política de seguridad pública”, del Plan Nacional de Seguridad 2014-2018, se establece la estrategia 1.2 que se refiere a desarrollar y fortalecer mecanismos de coordinación efectiva entre el gobierno de la República, las entidades federativas y los municipios. Entre las líneas de acción de la estrategia 1.2 se encuentran: implementar un esquema de regionalización en el marco de coordinación entre las instituciones de seguridad pública; impulsar una coordinación efectiva entre las policías de las entidades federativas y de sus municipios y, establecer mecanismos de cooperación técnica y táctica con las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y los municipios.

Según el objetivo 2 “Reducir la incidencia de los delitos con el mayor impacto en la población” del mismo plan, se establece la estrategia 2.3 que se refiere a fortalecer la presencia de las instituciones de seguridad pública en los municipios, zonas metropolitanas y carreteras con mayores índices delictivos. Entre las líneas de acción de la mencionada estrategia se encuentran: implementar operativos coordinados para restablecer el orden y la paz en zonas de riesgo por presencia de la delincuencia organizada; implementar operativos coordinados con autoridades locales para garantizar la seguridad en ciudades, zonas metropolitanas y municipios con mayor índice delictivo; mejorar la vigilancia en carreteras y puntos específicos para prevenir la comisión de delitos de alto impacto, y; promover coordinadamente esquemas de vigilancia por sectores o cuadrantes, considerando la incidencia delictiva por zona.

Por lo antes expuesto se propone ante esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a fin de que refuerce la vigilancia en todos los caminos del estado de Tamaulipas, principalmente en aquéllos que comunican a las zonas rurales con las ciudades del estado; para que las carreteras y caminos ya no sean un área de acción para las organizaciones criminales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2016.

Daniel Adrián Sosa Carpio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos locales a promover, planear, implantar o ejecutar con la participación ciudadana programas de azoteas verdes en las viviendas, a cargo del diputado Ángel Rojas Ángeles, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Ángel Rojas Ángeles, diputado federal a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lanzado una alerta por la pobre calidad del aire en las zonas urbanas de todo el planeta que “está matando a millones y colapsando los sistemas sanitarios”; por lo que la contaminación en las grandes metrópolis se ha convertido en un problema de salud mundial.

La “emergencia de salud pública”, según los datos analizados en 2 mil ciudades y que corroboran el grave deterioro de la calidad del aire en la mayoría de las zonas urbanas del planeta desde el 2014, principalmente como resultado de las emisiones del tráfico y de las centrales térmicas de combustibles fósiles (con el polvo de las construcciones y la madera quemada en las casas, como factores también decisivos en los países emergentes).

Como ejemplo de los países más contaminados del mundo está Pekín , China, y que más rápidamente está agotando sus recursos. Científicos asiáticos han afirmado que para el año 2030 no quedará agua aprovechable en China; y actualmente en todo el país presentan 750.000 muertes prematuras anuales por culpa de la contaminación. La doble alerta roja aquí presentada, obligó a tomar medidas más drásticas como el cierre de los colegios y guarderías; y Nueva Delhi : Se calcula que casi la quinta parte de las muertes que se producen en la India tienen que ver con la contaminación.

Otros estudios incluyen entre las ciudades más contaminadas del planeta a Los Ángeles y la Ciudad de México.

Por otro lado, en el segundo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentado en Ginebra en octubre de 2015, advierte amenazas que van desde la contaminación del agua, el aire y el suelo; la exposición a sustancias químicas; la radiación ultravioleta, y hasta el cambio climático influyen en más de 100 enfermedades, entre ellas el cáncer y los problemas en el sistema nervioso, cardiovasculares, nacimientos prematuros, retraso en el crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, síndrome de muerte temprana y mortalidad infantil. Esta grave situación contribuye a casi 3,4 millones de muertes prematuras en todo el mundo .

En México debido a este problema ambiental, mueren 22 mil personas cada año, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey; estas últimas, son de las ciudades que contiene los niveles más altos de contaminación en América Latina.

Es urgente invertir en estrategias que reduzcan los riesgos ambientales en las ciudades, las viviendas y los lugares de trabajo, según explicó María Neira, Directora del Departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y Determinantes Sociales de la Salud de la OMS; misma que alerta a la sociedad en general a aumentar su consumo de alimentos nutritivos de origen vegetal para reducir las cardiopatías y algunos cánceres, así como las emisiones lentas de metano relacionadas con algunos alimentos de origen animal.

Con el objeto de aportar con soluciones que mitigue los graves efectos de la contaminación en el medio ambiente; se propone adoptar la idea de Azoteas Verdes, ya que en varios países se ha alentado su instalación mediante políticas públicas por sus beneficios sociales, ambientales y ecológicos.

Es por ello que, se hace un llamado a todos los gobiernos locales para que implementen de acuerdo a sus necesidades, políticas públicas efectivas en contra de la emisión de contaminantes, como en el caso de la construcción de Azoteas Verdes en cualquiera de sus diversas modalidades, mediante la siembra de sus plataformas o en macetas, de ornato o como huertos familiares, mismos que pueden ser utilizados para consumo familiar o venta de los mismos en apoyo a su economía, incentivando la participación ciudadana, mediante la reducción del pago del impuesto predial a quien cumpla con este programa.

Este programa, además beneficia en la captura de las partículas suspendidas en el aire, lo que contribuirá a mejorar la calidad del aire; absorber hasta un 80% de la lluvia reduciendo los problemas de inundación; como aislante de ruidos; protegen a los edificios de los rayos UV; reduce la temperatura en aproximadamente tres grados centígrados en el interior de los inmuebles, lo que ayudaría a disminuir el costo de la energía eléctrica por el uso de aire acondicionado o sistemas de refrigeración; hay un ahorro en el mantenimiento del inmueble debido a que ya no se vuelve a impermeabilizar la azotea aproximadamente durante 40 años de vida útil de la naturación, incrementa la plusvalía del inmueble del 6 al 15 por ciento, mejora la estética y el entorno urbano de la edificación lo que reduce el estrés, presión arterial y muscular de las personas, por lo que mejora su calidad de vida.

Sabemos que no será sencillo, pero el camino hacia el desarrollo sustentable requiere de una integración efectiva entre políticas económicas y ambientales, adecuando la normatividad fiscal, que demuestren las ventajas al proporcionar los subsidios o privilegios verdes y las medidas de estímulo directo y no así, los rígidos controles administrativos, que permitan una efectiva salvaguarda del medio ambiente, para evitar la contaminación del entorno y fomentar el uso racional de los recursos naturales.

Punto de Acuerdo

La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión:

Primero. Respetuosamente hace un atento llamado a cada uno de los gobiernos locales para que, conforme a su normatividad, facultades, atribuciones, y posibilidades; promuevan, inviten, capaciten y proporcionen los insumos para incentivar a sus gobernados en la elaboración y obtención de azoteas verdes en sus hogares.

Segundo. Hace una atenta convocatoria a los Congresos locales, para explorar la posibilidad de adecuaciones fiscales que, permitan que a los ciudadanos que participen en la realización del programa de azoteas verdes, en cualquiera de sus modalidades, obtengan un beneficio en la reducción del pago del impuesto predial hasta del 30%.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2016.

Diputado Ángel Rojas Ángeles (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la celebración de una sesión solemne para conmemorar el centenario del natalicio de la escritora Elena Garro, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Brenda Velázquez Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como en el artículo 79, numeral 1, fracción III, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la solicitud para que esta soberanía se sume a los actos conmemorativos por el centenario del natalicio de la escritora mexicana Elena Garro, realizando una sesión solemne el martes 13 de diciembre del presente año, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 11 de diciembre de 1916 nace en la ciudad de Puebla de Zaragoza Elena Garro, una de las escritoras más destacadas y controversiales de la historia de nuestro país. Además de su importante labor como dramaturga y novelista, Garro destacó en la poesía y el periodismo, incursionando también en otras disciplinas artísticas como la danza, la actuación y la coreografía.

La peculiar narrativa que introdujo Elena Garro brindó nuevas posibilidades de concebir el tiempo dentro del relato, sus piezas teatrales renovaron la dramaturgia; sus historias, fantásticas y verosímiles, introdujeron en la literatura la cosmovisión de los pueblos de provincia y del imaginario campesino e indígena, el cual hasta entonces estaba en relegado al olvido.

La obra de Garro es considerada fundamental para las letras mexicanas ya que a través de sus historias y personajes podemos entender el México del siglo XX, fungiendo como una radiografía del contexto social, político e ideológico de su época, que a través de su característico lenguaje poético mediante el cual recrea la atmósfera del campo y la ciudad al tiempo que cuestiona los resultados de la revolución, trae de vuelta el trauma de la conquista española y señala las desigualdades e injusticias sociales.

Los recuerdos del porvenir novela escrita en 1963, fue la obra cumbre de Garro haciéndola merecedora del premio Xavier Villaurrutia. En esta novela rompe con el realismo de la novela de la Revolución Mexicana y combina diferentes temporalidades y pasajes de corte fantástico. Por esta razón, se ha señalado que la novela de Garro es un claro antecedente del realismo mágico, pues se publica cuatro años antes que Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez.

A través de obras como La semana de colores, La culpa es de los tlaxcaltecas, Felipe Ángeles, Andamos huyendo Lola, Y matarazo no llamó y Un corazón en un bote de basura, Garro inmortaliza su trabajo literario dejando plasmado su talento indudable para expresar la realidad de su época desde la perspectiva femenina, revelando la realidad de la mujer en el México del siglo XX, su identidad y su forma de enfrentarse a la vida y al devenir, con todo lo que el paradigma “mujer” conllevaba en este siglo, concretamente en nuestro país.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente;

Punto de Acuerdo

Único. Que la Cámara de Diputados se sume a los eventos conmemorativos por el centenario del natalicio de la escritora mexicana Elena Garro, realizando una sesión solemne en su honor el martes 13 de diciembre del presente año, en las instalaciones de este recinto legislativo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 19 de abril de 2016.

Diputada Brenda Velázquez Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a promover en su interior la creación de comisiones de atención de víctimas de trata de personas, suscrita por la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, Sara Paola Galico Félix Díaz y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La trata de personas es un fenómeno de orden mundial y un delito que atenta contra los derechos humanos más elementales de las víctimas, muy en particular contra de su libertad, integridad y dignidad. En el contexto global, se tiene documentado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que esta actividad ilícita es la tercera más rentable detrás del tráfico de drogas y de armas. El tipo de trata más común es la relacionada con la explotación sexual de mujeres y menores de edad, no obstante, existen otras expresiones de este delito como lo representan el trabajo forzado, la mendicidad, tráfico ilegal, servidumbre, extracción de órganos, entre otros.

El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocido como “Protocolo de Palermo” considera que por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.1

Cabe hacer mención que el “Protocolo de Palermo” es un instrumento jurídico internacional y tiene como eje rector promover la cooperación entre los Estados que forman parte de éste en aras de prevenir y combatir la trata de personas. Asimismo, en él se definen conductas, medios y fines de explotación, el ámbito de aplicación y penalización, incluyendo la obligatoriedad de los países para implementar medidas legislativas, a fin de tipificar el delito de trata de personas. Procurando asistencia y protección a víctimas y cooperación en términos de prevención e intercambio de información para combatir dicho delito de manera integral.

La ONU señala que en el mundo existen alrededor de 21 millones de personas víctimas de trata, principalmente con propósitos de explotación sexual, venta de órganos y trabajos forzados.2 Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce que 20 millones de personas son victimizadas por situaciones vinculadas al trabajo forzado y tráfico sexual.3 A su vez, el Fondo de la Población de las Naciones Unidas señala que México, con respecto al fenómeno de trata de personas ocupa el tercer lugar en América Latina y el Caribe.

En nuestro país, la política rectora del Estado Mexicano en materia de trata de personas está enmarcada en el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2014-2018, y este contribuye a lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

El referido Programa Nacional articula 16 estrategias y 79 líneas de acción específicas que se efectúan en coordinación con dependencias y entidades de la Administración Pública, y en correspondencia a cuatro indicadores que permiten evaluar los avances en el cumplimiento de sus objetivos planteados:

Objetivo 1. Prevenir el delito de trata de personas, sus modalidades y fomentar la visibilización del fenómeno delictivo.

Objetivo 2. Proporcionar atención, protección y asistencia de manera integral a las víctimas de trata de personas.

Objetivo 3. Impulsar la efectiva procuración, investigación y persecución de los delitos en materia de trata de personas.

Objetivo 4. Promover los sistemas de rendición de cuentas y acceso a la información en materia de trata de personas.4

No obstante, y a pesar de las políticas públicas y programas implementados por el Gobierno de la República, lo cierto es que aún falta mucho por hacer para combatir eficazmente y erradicar la tarta de personas en nuestro país. Prueba de lo anterior es la cifra alarmante que refiere la Organización Internacional de las Migraciones (OIM),5 quien identifica a 16 entidades de la República Mexicana como destino final de explotación de personas extranjeras, lo que equivale al 50% del territorio nacional.

Más allá de que la procuración de justicia es insuficiente en materia de trata de personas en nuestro país, de igual modo la naturaleza del propio delito, que es particularmente compleja, limita la capacidad institucional para perseguirlo y sancionarlo.

Además, el índice de denuncia es muy bajo, en virtud de que la víctima se encuentra bajo amenaza permanente de los tratantes, e incluso cuando existe denuncia presentada, los agentes del ministerio público o los jueces tienden a reclasificar el delito porque consideran que no están enfrentando un caso de trata de personas sino, por ejemplo, uno de lenocinio o de corrupción de menores de edad, hecho que contribuye a disminuir el número de averiguaciones previas relacionadas con el delito de trata de personas.6

Dado lo anterior, resulta impostergable no sólo la coordinación, cooperación e intercambio de información en los tres niveles de gobierno en materia de trata de personas, sino que es urgente que este tema se transversalice en todos y cada uno de los Congresos de los estados de la Republica, en aras de fortalecer y homologar criterios en el sistema jurídico nacional e impulsar políticas públicas en dicha materia en todo el país.

Cabe resaltar, que en hoy en día ningún Congreso estatal ni tampoco la propia Cámara de Diputados del Congreso de la Unión cuentan en su seno con alguna Comisión de carácter ordinario, o bien, especial, vinculada al tema de la trata de personas. Podemos confirmar que en la actualidad, solamente el Senado de la República cuenta con una Comisión abocada a atender este tema.

En virtud de los razonamientos antes expuestos y con el objeto de realizar un aporte a la armonización de tipo penal en materia de trata, así como articular acciones legislativas que permitan enfrentar la complejidad de dicho fenómeno considerado como la esclavitud del siglo XXI, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, con respeto irrestricto de su soberanía, a los Congresos de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que promuevan en su interior la creación de comisiones de atención a víctimas de trata de personas.

Notas

1 Definición del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Castigar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños. Recuperado:
http://www.derecho.unam.mx/cultura-juridica/pdf/onu-6.1. pdf.

2 Estimación Mundial sobre el Trabajo Forzoso, Resumen Ejecutivo, Organización Internacional del Trabajo, 2012,
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo

3 Estimaciones y tendencias mundiales 2000-2012: web: http://www.ilo.org/ipec/Informationresources.

4 Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2014-2018.- http://www.gobernacion.gob.mx/

5 La Trata de Personas en México: Diagnóstico sobre la Atención a Víctimas de la OIM, 2011, México Cfr. Reporte Trafficking in Persons. Oficina de G-TIP, Departamento de Estado de Estados Unidos, junio de 2010, Washington, Estados Unidos.

6 Cámara de Diputados http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/feb

Palacio Legislativo de San Lázaro a los 19 días del mes de abril de 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Gálico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Edgar Spinoso Carrera, Wendolín Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a fiscalizar el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire vigente en la zona metropolitana del valle de México, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Vidal Llerenas Morales, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente (LGEEPA), hace referencia a los programas de gestión de calidad del aire. En su artículo 5, inciso XII, señala que la regulación de la contaminación de la atmósfera, proveniente de todo tipo de fuentes emisoras, así como la prevención y el control en zonas o en caso de fuentes fijas y móviles de jurisdicción federal es facultad de la Federación.

Según el artículo 112, inciso XI, en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica, los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, formularán y aplicarán, con base en las normas oficiales mexicanas que expida la Federación para establecer la calidad ambiental en el territorio nacional, programas de gestión de calidad del aire.

En concordancia, los incisos V y XIII del artículo 111, establecen respectivamente que la Secretaría tiene la facultad promover y apoyar técnicamente a los gobiernos locales en la formulación y aplicación de programas de gestión de calidad del aire y aprobar los programas de gestión de calidad del aire elaborados por los gobiernos locales para el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas respectivas.

2. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), los programas de gestión para mejorar la calidad del aire (ProAire) “constituyen uno de los principales instrumentos desarrollados para revertir las tendencias de deterioro de la calidad del aire en las principales ciudades de México. Los ProAire incorporan medidas concretas para el abatimiento y control de las emisiones de contaminantes, se fundamentan en la relación existente entre la emisión de los contaminantes por las fuentes que los producen, el impacto que ocasionan en la calidad del aire y sobre la salud de las personas”.1

Además, señala que “el propósito fundamental de la elaboración de un ProAire, es reducir las emisiones de las principales fuentes de contaminación, o prevenir futuras contingencias que provoque cualquier deterioro ambiental y de salud a la población. La SEMARNAT ha atendido los problemas de contaminación atmosférica en zonas urbanas mediante la elaboración de estos ProAire, de manera coordinada con autoridades estatales, municipales y con la participación de los sectores académico, privado y no gubernamental de cada ciudad”.2

Actualmente Pro Aire está vigente en once lugares: Zona Metropolitana de León; Salamanca, Celaya e Irapuato; Zona Metropolitana del Valle de Toluca; Zona Metropolitana de Tijuana; Puebla; Zona Metropolitana del Valle de México; Mexicali; Jalisco; Región Comarca Lagunera; Querétaro y San Luis Potosí. Además, de acuerdo con la Semarnat, se encuentra en elaboración en el estado de Hidalgo, Zona Metropolitana de Oaxaca y el estado de Tlaxcala.

El programa ProAire de la Zona Metropolitana del Valle de México, cuyo periodo está previsto de 2011 a 2020, está a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente del D.F.

3. Los elevados índices de ozono registrados recientemente en la Ciudad de México, han ocasionado las reiteradas precontingencias y contingencias ambientales en lo que va de la administración de Miguel Ángel Mancera Espinosa. Esta situación, así como las medidas que el gobierno de la Ciudad de México ha tomado al respecto, han afectado seriamente a los habitantes de la Ciudad.

Por todo ello, se considera necesario que la Auditoría Superior de la Federación lleve a cabo una auditoría al programa Pro Aire vigente en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a llevar a cabo una auditoría al Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire) vigente en la Zona Metropolitana del Valle de México y cuya instancia responsable es la secretaría de Medio Ambiente del D.F.

Notas

1 Programas de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire
http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-ambiental/calidad-del-aire/
programas-de-gestion-para-mejorar-la-calidad-del-aire

2 Programas de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire
http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-ambiental/calidad-del-aire/
programas-de-gestion-para-mejorar-la-calidad-del-aire

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2016.

Diputado Vidal Llerenas Morales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a mejorar, evaluar y regularizar la Cruzada Nacional contra el Hambre e incrementar el número de sitios de atención, a cargo de la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Angie Dennisse Hauffen Torres, diputada federal del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones IV, V y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición como punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a mejorar, evaluar y regularizar el programa Cruzada contra el Hambre e incrementar el número de sitios de atención en toda la República Mexicana; principalmente en los municipios de la zona de los volcanes del estado de México, con base en lo siguiente:

Exposición de Motivos

La Organización Mundial de la Salud señala el goce del grado máximo de salud como uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social.

Bien es conocido de todos los presentes, que la alimentación es el principal síntoma de salud.

Según el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2015 emitido por la Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; dos de las carencias sociales que ponen en riesgo la vida, son precisamente el acceso a la alimentación y a los servicios médicos. Y cuando estas se asocian, generan una problemática social difícil de resolver y potencialmente ser el cultivo ideal para una pandemia.

La desigualdad en México es una realidad lacerante y aparentemente imposible de resolver, la falta de oportunidades y acumulamiento de carencias por un mayor número de sectores de nuestra sociedad hacen evidente que los esfuerzos aplicados por el ejecutivo federal no son suficientes y mucho menos efectivos.

Baste mencionar que es mayor el número de mexicanos que cada año engrosan la lista de pobres, que los que salen de la pobreza extrema; y que son todos estos ciudadanos los más vulnerables a sufrir la carencia de alimentación. Ya que es en este el rubro precisamente que el núcleo familiar a la falta o despojo de oportunidades se ve afectado inmediatamente.

Hoy en México 11.5 millones de personas sufren de acceso a la alimentación, comparado con los 10 millones que atiende el programa social Cruzada contra el Hambre; enfrentamos un déficit de más de 10 por ciento situación extrema ya que hablamos de ciudadanos que se encuentran en riesgo grave de perder la vida.

Si bien es cierto que la aplicación de comedores comunitarios y acciones vinculadas con la producción alimenticia han logrado invertir el nivel de desnutrición y problemática de salud publica en los más de 600 municipios donde se aplica el mencionado programa; Justo es mencionar que la focalización de los esfuerzos ha permitido que el déficit poblacional mencionado sufra de desatención. Precisamente por la falta de integración y visión de las propias reglas de operación del programa.

Todas las comunidades por mayor riqueza que acumulen o generen, contaran con un sector pobre, ya sea por albedrio o por falta de oportunidades, y es precisamente este criterio que la Secretaría de Desarrollo Social no aplica al identificar las zonas de atención prioritaria y las aéreas geoestadísticas básicas, privando del beneficio del programa social a un gran número de mexicanos y en indefensión a los gobiernos locales responsables del mencionado sector.

Por lo expuesto, se somete a consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a mejorar, evaluar y regularizar el programa Cruzada contra el Hambre e incrementar el número de sitios de atención en toda la República Mexicana; principalmente en los municipios de la zona de los volcanes del estado de México.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2016.

Diputada Angie Dennisse Hauffen Torres (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades sanitarias de las entidades federativas a realizar con la Ssa campañas de vacunación en los centros de reclusión, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Marco Antonio García Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, 65, 76, numeral 1, fracción II, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de ésta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a las autoridades sanitarias de las 32 entidades federativas, a que en coordinación con la Secretaría de Salud federal realicen campañas de vacunación en los centros de reclusión, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud es “un estado de completo bienestar físico, mental y social”; es decir, mejorar la calidad de vida de las personas requiere de atención médica adecuada y centros de salud comunitarios, luchar contra la desnutrición, las enfermedades y adicciones; dar cuidado especial a los discapacitados, reducir los índices de contaminación, hacer deporte, recibir una educación sexual, entre otros.

2. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que el disfrute del más alto nivel de salud física y mental de las personas se encuentra garantizado y protegido por el Estado; en el caso que nos ocupa, la propia Constitución establece que el derecho a la protección de la salud, al igual que el acceso al trabajo, la educación y el deporte son torales en el proceso de reinserción social de las personas sentenciadas; de conformidad con el artículo 18, precepto que en su parte conducente señala:

“Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva...

...El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto...”

3. La Ley General de Salud establece que todas las personas gozaran del derecho a la protección de la salud; esta Ley reglamentaria del Artículo 4° Constitucional, señala también la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de servicios de salud y de salubridad.

4. En conclusión, toda persona sin distinción de su condición o situación especial, tiene garantizado el acceso a los servicios de salud que como derecho humano tutela el Estado.

La anterior afirmación, no excluye a las personas que se encuentran privadas de su libertad por la comisión o presunta comisión de un ilícito que amerite pena privativa de libertad a cargo del Sistema Penitenciario.

5. El Sistema Penitenciario está regulado desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se organiza con base en el respeto a los derechos humanos, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad, y opera mediante Centros Federales de Readaptación Social. En el caso particular, es el artículo 18 Constitucional en el segundo, tercer, séptimo, octavo y noveno párrafo que precisa la operación de éste sistema.

6. En materia de Centros Penitenciarios, resulta importante destacar los siguientes datos proporcionados por la Comisión Nacional de Seguridad:

• Durante la presente administración del Gobierno Federal, se han capturado o abatido a 93 de los 122 objetivos del crimen organizado que se propuso el Gabinete de Seguridad.

• Los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) clasificados como “Máxima Seguridad” reportan sobrepoblación.

• El Cefereso 1 “El Altiplano” ubicado en el Estado de México tiene capacidad para 836 internos, es decir, se excede en casi 30% su capacidad original.

• El Cefereso 2 “Occidente” ubicado en Puente Grande Jalisco, reportaba en mayo de éste año 1641 internos, es decir 75% de sobrecupo.

• El Cefereso 3 “Noreste” de Matamoros Tamaulipas, reportaba sobrepoblación de 5 internos.

• El Cefereso 4 “Noroeste” ubicado en Nayarit, reportaba una sobrepoblación de casi mil personas.

7. La Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1971, sufrió su más reciente modificación el 13 de junio de 2014, y establece que:

• El Ejecutivo Federal tiene a su cargo aplicar las normas de readaptación social en el Distrito Federal y en los reclusorios dependientes de la Federación. Asimismo, las normas se aplicarán, en lo pertinente, a los reos federales sentenciados en toda la República y se promoverá su adopción por parte de las entidades federativas. Por lo que para la orientación de las tareas de prevención social de la delincuencia, podrá celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas.

• En los convenios que celebren la Federación y los Estados se determinará la creación y manejo de instituciones penales de toda índole, entre las que figurarán las destinadas al tratamiento de adultos delincuentes, alienados que hayan incurrido en conductas antisociales y menores infractores, especificándose la participación que en cada caso corresponde a los Gobiernos Federal y Locales.

• Puede convenirse que los reos sentenciados por delitos del orden federal compurguen sus penas en los centros penitenciarios a cargo de los Gobiernos Estatales, cuando estos centros se encuentren más cercanos a su domicilio que los del Ejecutivo Federal, y que por la mínima peligrosidad del recluso, a criterio de la Secretaría de Seguridad Pública, ello sea posible.

• Tratándose de reos indígenas sentenciados, se considerarán los usos y costumbres, así como las circunstancias en las que se cometió el delito.

• Las hijas e hijos de internas que permanezcan con ellas dispondrán de los espacios correspondientes para asegurar su desarrollo integral, incluyendo los servicios de alimentación, salud y educación, hasta los seis años de edad cuando así lo determine el personal capacitado, con opinión de la madre y considerando el interés superior de la infancia.

8. De los 420 centros de reclusión que hay en el país, 220 presentan un problema de sobrepoblación, en tan sólo 7 estados se concentra el 48.5% de la población penitenciaria, lo cual sugiere que es necesaria una mejor distribución de la misma.

Estas condiciones de vida son propicias para que se propague algún padecimiento que puede prevenirse o tratarse incluso desde el cuadro básico de vacunación, por lo que resulta indispensable que los reclusos se encuentren vacunados para salvaguardar así su derecho a la protección de la salud.

La falta de atención a la salud de los internos de los centros de reclusión, atenta contra uno de los principios fundamentales de la reinserción social, la rehabilitación , ya que considera al Estado y a las autoridades en materia de salud, como colaboradores en un proceso diseñado para mejorar la salud mental del interno.

9. El reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social publicado el 6 de abril de 2006 establece que los internos tienen derecho a la protección de su salud; asimismo, los servicios médicos que se les proporcionan en los Centros de Readaptación Social tienen por objeto velar por la salud física y mental de los internos.

Para efectos de lo anterior se señala como responsable al Titular del Área de Servicios Médicos, quien realizará campañas permanentes para la prevención y erradicación de enfermedades y la planificación familiar, y proporcionará a los internos la atención necesaria.

10. Tal como lo establecen los reglamentos de centros de reclusión antes referidos, y de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cada entidad federativa regula en el ámbito de su competencia el funcionamiento y operación de su sistema penitenciario, donde se señala como uno de los responsables a las autoridades sanitarias de cada estado.

11. En el marco de la Semana Nacional de Salud se anunció el pasado 20 de febrero que se tienen dispuestas casi 13 millones de dosis de vacunas gratuitas; así mismo se instalan más de 45,000 puestos de vacunación y participan todas las instituciones y autoridades de salud del país.

Considerandos

Primero. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4° establece el derecho a la protección de la salud, del cual debe gozar toda persona dentro del territorio nacional sin excepción alguna, texto constitucional que en su parte conducente es del tenor siguiente:

“Artículo 4o. ...

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XI del artículo 73 de ésta Constitución.”

Segundo. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo octavo señala que:

“Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.”

Tercero. Que es facultad de las y los diputados de ésta soberanía presentar proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido por el Reglamento de la Cámara de Diputados en el artículo 6° numeral 1, fracción I; mismo que señala:

“Artículo 6.

1. Serán derechos de los diputados y diputadas:

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones ante la Cámara;

...”

Cuarto. Que el ordenamiento antes señalado precisa en el artículo 79 numeral 1, fracción II lo siguiente:

“Artículo 79.

1. El Pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus integrantes, a través de:

I...

II. Puntos de acuerdo, que representan la posición de la Cámara, en relación con algún asunto específico de interés nacional o sus relaciones con los poderes de la Federación, organismos públicos, entidades federativas y municipios, y

2. a 3. ...”

Quinto. Que la presente proposición con Punto de Acuerdo da cumplimiento a lo señalado por la fracción I del numeral 2 del artículo 79, y se sujetará a lo previsto por las fracciones II y V del numeral 2 del mismo artículo:

“Artículo 79.

1. ...

2. Las proposiciones con punto de acuerdo se sujetarán a lo siguiente:

I. Deberán presentarse a través de un escrito fundado, con una propuesta clara de resolutivo y firmadas por sus autores;

II. Las proposiciones presentadas por las diputadas y los diputados y las que se registren a nombre de Grupo, pasarán a comisión;

III. a IV. ...

V. Las proposiciones que la Junta no considere proponer ante el Pleno con el carácter de urgente u obvia resolución, se tramitarán conforme al artículo 62, numeral 3 de este Reglamento;

VI. a VII. ...

3. ...”

Sexto. Que la Ley General de Salud señala en el artículo 3° que es materia de salubridad general:

“Artículo 3o. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I. La organización, control y vigilancia de la prestación de servicios y de establecimientos de salud a los que se refiere el Artículo 34, fracciones I, III y IV, de esta Ley;

II. La atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables;

...

VI. La salud mental;

...

XV. La prevención y el control de enfermedades transmisibles,

...

XXVIII. Las demás materias que establezca esta Ley y otros ordenamientos legales, de conformidad con el párrafo tercero del Artículo 4o. Constitucional.”

Séptimo. Que en materia de prevención y control de enfermedades y accidentes, la Ley General de Salud establece:

“Título Octavo
Prevención y Control de Enfermedades y Accidentes

Capítulo I
Disposiciones Comunes

Artículo 133. En materia de prevención y control de enfermedades y accidentes, y sin perjuicio de lo que dispongan las leyes laborales y de seguridad social en materia de riesgos de trabajo, corresponde a la Secretaría de Salud:

I. Dictar las normas oficiales mexicanas para la prevención y el control de enfermedades y accidentes;

...

III. Realizar los programas y actividades que estime necesario para la prevención y control de enfermedades y accidentes, y

IV. Promover la colaboración de las instituciones de los sectores público, social y privado, así como de los profesionales, técnicos y auxiliares para la salud y de la población en general, para el óptimo desarrollo de los programas y actividades a que se refieren las fracciones II y III.”

Octavo. Que la Ley General de Salud establece la competencia de la Federación y las Entidades Federativas en materia de enfermedades transmisibles:

“Capítulo II
Enfermedades Transmisibles

Artículo 134. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes enfermedades transmisibles:

I. Cólera, fiebre tifoidea, paratifoidea, shigelosis, amibiasis, hepatitis virales y otras enfermedades infecciosas del aparato digestivo;

II. Influenza epidémica, otras infecciones agudas del aparato respiratorio, infecciones meningocóccicas y enfermedades causadas por estreptococos;

III. Tuberculosis;

IV. Difteria, tosferina, tétanos, sarampión, poliomielitis, rubeóla y parotiditis infecciosa;

V. Rabia, peste, brucelosis y otras zoonosis. En estos casos la Secretaría de Salud coordinará sus actividades con la de Agricultura y Recursos Hidráulicos;

VI. Fiebre amarilla, dengue y otras enfermedades virales transmitidas por artrópodos;

VII. Paludismo, tifo, fiebre recurrente transmitida por piojo, otras rickettsiosis, leishamaniasis, tripanosomiasis, y oncocercosis;

VIII. Sífilis, infecciones gonocóccicas y otras enfermedades de transmisión sexual;

IX. Lepra y mal del pinto;

X. Micosis profundas;

XI. Helmintiasis intestinales y extraintestinales;

XII. Toxoplasmosis;

XIII. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), y

XIV. Las demás que determinen el Consejo de Salubridad General y los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 135. La Secretaría de Salud elaborará y llevará a cabo, en coordinación con las instituciones del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas, programas o campañas temporales o permanentes, para el control o erradicación de aquellas enfermedades transmisibles que constituyan un problema real o potencial para la salubridad general de la República.”

“Artículo 144. Las vacunaciones contra la tosferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis y el sarampión, así como otras contra enfermedades transmisibles que en el futuro estimare necesarias la Secretaría de Salud, serán obligatorias en los términos que fije esta dependencia. La misma Secretaría determinará los sectores de población que deban ser vacunados y las condiciones en que deberán suministrarse las vacunas, conforme a los programas que al efecto establezca, las que serán de observación obligatoria para las instituciones de salud.”

Noveno. Que la Ley General en cita establece en materia de vacunación las reglas siguientes:

“Artículo 408. Las autoridades sanitarias competentes ordenarán la vacunación de personas expuestas a contraer enfermedades transmisibles, en los siguientes casos:

I. Cuando no hayan sido vacunadas, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 144 de esta Ley;

II. En caso de epidemia grave;

III. Si existiere peligro de invasión de dichos padecimientos en el territorio nacional, y

IV. Cuando así se requiera de acuerdo con las disposiciones internacionales aplicables.”

Décimo. Que con fundamento en el artículo 13 de la misma Ley, corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general, en particular la atención medica; precepto legal que señala:

“Artículo 13. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente:

...

B. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en materia de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales:

I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a que se refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI Bis y XXVII Bis, del artículo 3o. de esta Ley, de conformidad con las disposiciones aplicables;

II. Coadyuvar a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, y planear, organizar y desarrollar sistemas estatales de salud, procurando su participación programática en el primero;

III. Formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco de los sistemas estatales de salud y de acuerdo con los principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo;

IV. Llevar a cabo los programas y acciones que en materia de salubridad local les competan;

V. Elaborar información estadística local y proporcionarla a las autoridades federales competentes;

VI. Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables, y

VII. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en esta Ley y demás disposiciones generales aplicables.

C. Corresponde a la Federación y a las entidades federativas la prevención del consumo de narcóticos, atención a las adicciones y persecución de los delitos contra la salud, en los términos del artículo 474 de esta Ley.”

Décimo Primero. Que es el artículo 18 Constitucional en el segundo, tercer, séptimo, octavo y noveno párrafo que precisa la operación de éste sistema:

“Artículo 18. ...

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

La Federación, los Estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa.

...

...

...

Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de reinserción social previstos en este artículo, y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitos del orden federal o del fuero común, podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, sujetándose a los Tratados Internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. El traslado de los reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso.

Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad.

Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley.”

Décimo Segundo. Que de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo antes citado, forma parte de las estrategias de la actual administración... Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad... a través de las siguientes líneas de acción:

• Llevar a cabo campañas de vacunación, prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de las enfermedades, así como una estrategia integral para el combate a epidemias y la desnutrición.

• Impulsar el enfoque intercultural de salud en el diseño y operación de programas y acciones dirigidos a la población.

• Implementar acciones regulatorias que permitan evitar riesgos sanitarios en aquellas personas en situación de vulnerabilidad.

• Fomentar el desarrollo de infraestructura y la puesta en marcha de unidades médicas móviles y su equipamiento en zonas de población vulnerable.

• Fortalecer los mecanismos de anticipación y respuesta ante enfermedades emergentes y desastres.

Décimo Tercero. Que la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2002 de Prevención y Control de Enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre de 2002, señala como objetivo principal mejorar los niveles de salud de la población mexicana, mediante la prevención de las enfermedades que pueden evitarse con la administración de vacunas ; por lo que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Salud y del Consejo Nacional de Vacunación, considera los diferentes aspectos a normar en relación con aplicación de Vacunas, Toxoides, Sueros, Antitoxinas e Inmunoglobulinas, con base en lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

Ésta Norma Oficial Mexicana considera todas las vacunas que actualmente se aplican en el país de manera universal a toda la población y también a aquellas que es posible ingresen como elementos de apoyo a la salud pública.

“...Tiene como propósito asegurar la protección de toda la población susceptible, así como de los grupos de riesgo en el país, contra las enfermedades que se evitan mediante la vacunación...”

Décimo Cuarto. Aunado a lo anterior, el Programa de Vacunación Universal puesto en marcha por el Consejo Nacional de Vacunación, así como sus lineamientos, señalan que el esquema de vacunación universal tratándose de Adolescentes y adultos debe incluir los siguientes biológicos:

Décimo Quinto. Que es importante exhortar a las autoridades sanitarias de las 32 entidades federativas, para que en el ámbito de su competencia, implementen campañas de vacunación entre las personas que se encuentran privadas de su libertad, a fin de proteger su salud contra enfermedades que son prevenibles a través de la aplicación de vacunas, aplicando a ellos y sus familiares las vacunas que les hagan falta, generando condiciones propicias para la reinserción social de las mismas, impulsando así desde ésta soberanía la promoción de la salud de toda la población para el desarrollo del Estado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de ésta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal para que en coordinación con las autoridades sanitarias de las 32 entidades federativas y en el ámbito de su competencia, realicen campañas de vacunación a la población interna de los centros de reinserción social.

Dado en el salón de sesiones del Recinto Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de abril del año 2016.

Diputado Marco Antonio García Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de la Ciudad de México y de los estados de México e Hidalgo a hacer efectivos en el marco de sus facultades los programas, los proyectos, las acciones y las obras de infraestructura y su equipamiento destinados al transporte público metropolitano no contaminante y la movilidad no motorizada, y acciones para el mejoramiento y cuidado del ambiente, a cargo de la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 6, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo, para que en el marco de sus facultades en la asignación del Fondo Metropolitano para el Ejercicio Fiscal 2016 para la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), hagan efectivos prioritariamente aquellos programas, proyectos, acciones, así como obras de infraestructura y su equipamiento; destinados al transporte público metropolitano no contaminante, movilidad no motorizada, y acciones para el mejoramiento y cuidado del medio ambiente, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. En el 2005, la delimitación de los municipios y las demarcaciones territoriales de las zonas metropolitanas a las que se han canalizado los recursos del Fondo Metropolitano obedece a lo establecido en el documento denominado “Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México” (actualizado en 2010), emitido por el grupo interinstitucional conformado por SEDESOL-INEGI-CONAPO, definió la integración de 59 zonas metropolitanas reconocidas hasta ahora en el país, con base a la cartografía geoestadística, los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010, y en los programas publicados de ordenación y desarrollo urbano de zonas conurbadas y zonas metropolitanas correspondientes.

2. En el año 2000, el grupo interinstitucional en comento incluyó en su estudio “Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México”, a la Zona Metropolitana del Valle de México . Se acordó que estaría conformada por las 16 delegaciones de la actual Ciudad de México, 59 municipios del estado de México y uno del estado de Hidalgo. En los últimos años, cada vez más se acepta el término Megalópolis del Valle de México, ya que en ella viven más de 20 millones de habitantes, y según algunas mediciones internacionales se ubica en el décimo sitio dentro de las mayores aglomeraciones urbanas del mundo (City Population, 2015).

3. En 2006 fue creado el Fondo Metropolitano por el Ejecutivo Federal (las Reglas de Operación se publicaron hasta 2008), para atender las necesidades de las metrópolis bajo la lógica de expansión demográfica y actividad económica, así como la necesidad de que haya concurrencia y coordinación de los tres ámbitos de gobierno para el diseño de políticas públicas integrales y de largo plazo. Durante 2006 y 2007, los recursos del Fondo Metropolitano, se destinaron exclusivamente para la ZMVM (Iracheta, 2014).

4. Conforme al Artículo 29, fracción II, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, la Comisión de Desarrollo Metropolitano emitió su opinión sobre las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano el pasado 31 de marzo del año en curso. No obstante lo anterior, no fue posible integrar una opinión para que específicamente en dichas Reglas se considerara que los gobiernos de las entidades federativas priorizaran proyectos y acciones destinados al transporte público metropolitano no contaminante, movilidad no motorizada, así como acciones para el mejoramiento y cuidado del medio ambiente, rubros -entre otros- que señalan las propias Reglas en comento.

5. La primera semana del mes de abril del presente año, la situación de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México pasó de ser delicada a crítica en términos de los niveles de contaminación atmosférica, alcanzando más de 150 puntos IMECA (Índice Mexicano de Calidad del Aire); lo que llevó a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) a declarar la fase 1 de contingencia ambiental, razón por la que el 6 de abril se decidió la aplicación generalizada del programa “Hoy No Circula”, para todos los vehículos que circulan en la zona metropolitana, sin importar su holograma de verificación, a partir del martes 5 de abril y hasta el 30 de junio del presente año. Específicamente el 6 de abril, se decidió aplicar doble “Hoy No Circula”, por la mala calidad del aire. Según datos de la propia CAMe, la medida implicó que ese día, dejaran de circular hasta un 40% del total de vehículos en la Zona Metropolitana del Valle de México, lo que más allá de la seria afectación a los propietarios de vehículos automotores por la medida anunciada, se evidenció la grave problemática de movilidad en la ZMVM, específicamente la ineficiencia en la red de transporte público masivo, así como la necesidad de invertir en proyectos, programas y acciones orientados a la movilidad no motorizada, infraestructura y transporte público no contaminante y eficiente, así como en el mejoramiento y cuidado del medio ambiente en la ZMVM.

II. Considerandos

Primero. Que la Constitución Política de los Estados Mexicanos, en el artículo 115, fracción VI, determina que “Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia”.

Segundo. Que el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla el medio ambiente sano como un derecho humano fundamental cuya protección corresponde al Estado.

Tercero. Que el Artículo Segundo Transitorio de la Ley General de Cambio Climático establece como meta aspiracional nacional la reducción al año 2020 de un treinta por ciento de emisiones con respecto a la línea de base; así como un cincuenta por ciento de reducción de emisiones al 2050 con relación a las emitidas en el año 2000.

Cuarto. Que México como Estado parte de la United Nations Framework Convention on Climate Change, se ha comprometido ante el concierto de naciones, a través de sus Contribuciones Nacionales Determinadas que formarán parte del sistema del Acuerdo de París, a reducir sin condición, el 25% de emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes climáticos de vida corta al año 2030.

Quinto. Que de acuerdo con el inciso e), de la fracción II, del artículo 8 de la Ley General de Cambio Climático, corresponde a las entidades federativas: formular, regular, dirigir e instrumentar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, de acuerdo con la Estrategia Nacional y el Programa en la materia de infraestructura y transporte eficiente y sustentable; mientras que la fracción IX del mismo artículo las obliga a desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero para impulsar el transporte eficiente y sustentable, público y privado.

Sexto. Que la fracción XII del artículo 33 de la Ley en comento, establece como objetivos de las políticas públicas para la mitigación, la promoción del incremento del transporte público masivo y con altos estándares de eficiencia, privilegiando la sustitución de combustibles fósiles y el desarrollo de sistemas de transporte sustentable urbano y suburbano, público y privado.

Séptimo. Que los incisos a) y b), de la fracción II, del Artículo 33 de esta misma Ley, menciona que para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la administración pública federal, las Entidades Federativas y los Municipios, en el ámbito de su competencia, promoverán el diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación asociadas a los sectores correspondientes, considerando las disposiciones siguientes: promover la inversión en la construcción de ciclovi?as o infraestructura de transporte no motorizado, así como la implementación de reglamentos de tránsito que promuevan el uso de la bicicleta; diseñar e implementar sistemas de transporte público integrales, y programas de movilidad sustentable en las zonas urbanas o conurbadas para disminuir los tiempos de traslado, el uso de automóviles particulares, los costos de transporte, el consumo energético, la incidencia de enfermedades respiratorias y aumentar la competitividad de la economía regional.

Octavo. Que el artículo 122 constitucional, en su apartado C, establece que la federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones territoriales, y los Estados y Municipios conurbados en la Zona Metropolitana, establecerán mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios públicos, en términos de la ley que emita el Congreso de la Unión; además señala que para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley establecerá? las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá acordar las acciones en materia de asentamientos humanos; protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; tránsito; entre otros servicios públicos ahí mencionados.

Noveno. Que el apartado C, incisos a), b) y c), del artículo 122, mencionan que la ley que emita el Congreso de la Unión establecerá la forma en la que se tomarán las determinaciones del Consejo de Desarrollo Metropolitano, mismas que podrán comprender la delimitación de los ámbitos territoriales y las acciones de coordinación para la operación y funcionamiento de obras y servicios públicos de alcance metropolitano; los compromisos que asuma cada una de las partes para la asignación de recursos a los proyectos metropolitanos; y la proyección conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas y de prestación de servicios públicos.

Undécimo. Que no obstante lo anterior, en tanto el Congreso de la Unión no emita la Ley que establece el propio artículo 122, la materia encuentra sustento en la Ley General de Asentamientos Humanos, cuyo artículo 12, en el párrafo tercero de la fracción VI, establece que la Federación y las entidades federativas podrán convenir mecanismos de planeación regional para coordinar acciones e inversiones que propicien el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos ubicados en dos o más entidades, ya sea que se trate de zonas metropolitanas o de sistemas de centros de población cuya relación lo requiera.

Décimo Segundo. Que el Artículo 12 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2015, establece en general la forma de distribución de los recursos federales del Fondo Metropolitano, mismos que se asientan en el Anexo 20 de dicho Decreto, resultando que para el caso de la ZMVM el Fondo asciende a $4,052,282,679 millones de pesos, que representa el 38.9% del total del Fondo aprobado para 47 Zonas Metropolitanas en el país.

Décimo Tercero. Que el mismo Artículo 12, en su segundo párrafo, establece que “los recursos del Fondo Metropolitano se destinarán prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el financiamiento de aquellos que no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución; los cuales demuestren ser viables y sustentables, orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano, el transporte público y la movilidad no motorizada y (...) coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos (...) ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica (...)”.

DÉCIMO CUARTO. Que en el párrafo cuarto del mismo Artículo 12, señala que las decisiones sobre la asignación y aplicación de los recursos del Fondo Metropolitano las tomarán los gobiernos de los estados a través de su Consejo de Desarrollo Metropolitano y deberán sujetarse para su financiamiento a criterios objetivos de evaluación de costo y beneficio, así como de impacto metropolitano, económico, social y ambiental, de acuerdo con las disposiciones del Fondo Metropolitano y las demás aplicables, por lo que se considera pertinente dirigir el exhorto a los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo, quienes además, de acuerdo al Artículo 122, Apartado C, incisos a), b) y c) de la Constitución Política, tomarán las determinaciones del Consejo de Desarrollo Metropolitano, específicamente para la ZMVM.

Décimo Quinto. Que en el último párrafo del mismo Artículo 12, señala que las Zonas Metropolitanas donde se asignen recursos del Fondo Metropolitano podrán aplicar parte de los recursos a la realización de un Plan de Desarrollo Metropolitano de mediano y largo plazo, así como planes de movilidad no motorizada.

Décimo Sexto. Que además de lo señalado, que en términos del mismo Artículo 12, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), por conducto de sus representantes, podrán participar en las sesiones del Consejo para el Desarrollo Metropolitano postulando estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, presentando iniciativas y propuestas en el marco del objeto y fines del Fondo Metropolitano, en términos de las disposiciones aplicables al Fondo.

Décimo Séptimo. Que en las disposiciones de Reglas de Operación del Fondo Metropolitano publicadas por el Ejecutivo Federal el pasado 29 de enero de 2016, en el Capítulo II, relativo al Objeto del Fondo Metropolitano, específicamente en el numeral 5, señala los recursos del Fondo Metropolitano se destinarán prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el financiamiento de aquéllos que no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución.

Décimo Octavo. Que en el numeral 6, incisos a) y b) de las propias Reglas de Operación mencionados, señala que los estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento, a que se refiere el párrafo anterior, deberán ser viables y sustentables, orientados –entre otras cosas- a promover el transporte público y la movilidad no motorizada; la sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas; así como coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica.

Décimo Noveno. Que las disposiciones y recomendaciones descritas, atenderían parte de la problemática ambiental planteada por diversas organizaciones y dependencias en el sentido de que tan solo en la Ciudad de México, el 56% de traslados se hace en Transporte Público, mientras el 64% tarda entre 30 y 90 minutos para llegar a su trabajo (IMCO, SCT, UNAM, ONU); por lo que es necesario ampliar la cobertura del Sistema de Transporte Colectivo – Metro, que según información dada por sus directivos a los medios, hasta 105 de un total de 390 trenes existentes, se encuentran fuera de servicio para transportar a los 4.42 millones de usuarios al día; invertir en transporte eléctrico; tren suburbano; y demás alternativas metropolitanas de transporte masivo de bajas emisiones, de calidad, suficiente, asequible y eficiente.

Vigésimo. Que de la misma manera, las recomendaciones objeto de este Punto de Acuerdo, pretenden que en los proyectos metropolitanos haya una coordinación eficaz entre las entidades federativas pertenecientes a la ZMVM para reordenar el transporte público concesionado y planear las rutas que promuevan la interconectividad con el sistema de transporte público masivo; además, que se presenta la oportunidad para continuar con los proyectos de infraestructura vial rezagados, la construcción de infraestructura para la movilidad no motorizada como ciclovías, proyectos bien planeados del sistema de Autobuses de Tránsito Rápido – BTR (Metrobús y Mexibús); y la promoción de la inversión e industria para la fabricación y operación de transporte público eficiente (según datos de Eurostat, el transporte en Europa da empleo directo a más de 10 millones de personas, representa 4.5% del empleo total y el 4.6% del PIB).

Vigésimo Primero. Que el Capítulo V, de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, relativo a los Estudios, programas y/o proyectos de inversión apoyados, establece que en el numeral 10, incisos a), b) c) y d), que los recursos del Fondo se destinarán a cualquiera de las siguientes acciones enlistadas como es la elaboración y actualización de planes y programas de desarrollo regional, metropolitano, urbano y de movilidad no motorizada en el ámbito territorial metropolitano y para el ordenamiento de los asentamientos humanos; elaboración de proyectos ejecutivos, Análisis Costo-Beneficio, Análisis Costo-Eficiencia, estudios de impacto ambiental, evaluación y gestión de riesgos de alcance metropolitano; así como estudios técnicos, entre otros; inversión en infraestructura pública y su equipamiento en materia de transporte público metropolitano, infraestructura hidráulica, servicios públicos, entre otros rubros prioritarios; así como acciones prioritarias para el mejoramiento y cuidado del ambiente; entre otros temas señalados en el mismo capítulo V.

Vigésimo Segundo. Que en el Capítulo VII de dichas Reglas, relativo a la Coordinación Institucional, inciso A), respecto al Consejo para el Desarrollo Metropolitano, en su numeral 25, señala que las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales en las que se delimita cada zona metropolitana, constituirán un Consejo o un órgano equivalente; mientras que el numeral 27, establece que las decisiones sobre la asignación y aplicación de los recursos del Fondo corresponden a los gobiernos de las entidades federativas, por conducto de sus respectivos Consejos para el Desarrollo Metropolitano, y deberán sujetarse para su financiamiento a criterios objetivos de evaluación de costo y beneficio, así como de impacto metropolitano, económico, social y ambiental, de conformidad con las Reglas y las demás disposiciones jurídicas aplicables; siendo el propio Consejo para el Desarrollo Metropolitano correspondiente a la ZMVM, que en términos del numeral 28, el que defina los objetivos, prioridades, políticas y estrategias para el desarrollo de cada zona metropolitana como instancia de interés público y beneficio social que entre otras funciones establecidas, contribuirá a una adecuada coordinación intergubernamental para la ejecución de la Cartera en las zonas metropolitanas.

Vigésimo Tercero. Que el numeral 29, inciso b) de las multicitadas Reglas de Operación, señala que corresponderá al Consejo , en términos de las disposiciones federales y locales aplicables, establecer los criterios para asignar prioridad y prelación a los Estudios, programas y/o proyectos que, en congruencia con el plan o programa metropolitano correspondiente, se presentarán a consideración del Subcomité y del Comité para su ejecución; mientras que el inciso e), le faculta para establecer los criterios para determinar el impacto metropolitano que deberán acreditar los Estudios, programas y/o proyectos que se postulen para recibir recursos del Fondo.

Vigésimo Cuarto. Que en el inciso B) del propio Capítulo VII, de las Reglas de Operación señaladas, relativas a la Integración y funcionamiento del Consejo para el Desarrollo Metropolitano, incluye en el inciso g) del numeral 32, como integrantes del Consejo, a la Secretaría del Medio Ambiente de cada gobierno estatal; mientras que por parte de la Federación, según el inciso a) y b), participan en la integración del Consejo, en este caso para la ZMVM, la Sedatu y la Semarnat; estructura que debe ser aprovechada para la coordinación interinstitucional e intergubernamental en la materia ambiental objetivo central de este punto de acuerdo; aprovechando además que según el numeral 33, el Consejo o su equivalente estará presidido por el titular o los titulares del Poder Ejecutivo de la(s) entidad(es) federativa(s) donde se ubique la zona metropolitana, precisamente a quienes va dirigido el presente punto de acuerdo.

Vigésimo Quinto. Que dicho Consejo, según el numeral 35, deberá quedar instalado a más tardar el tercer mes del ejercicio fiscal, por lo que se está en tiempo para que los gobiernos estatales que participan en el Consejo de la ZMVM, tengan a bien considerar las recomendaciones y prioridades establecidas en este Punto de Acuerdo.

Vigésimo Sexto. Que se dirige el exhorto a los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo, con fundamento en el Artículo 4, 115, y 122, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 8, fracción II, incisos e), así como la fracción IX del mismo artículo de la Ley General de Cambio Climático; el Artículo 12, fracción VI de la Ley General de Asentamientos Humanos; el artículo 12 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016; así como las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano 2016, en el Capítulo II, numerales 5 y 6, incisos a) y b); Capítulo V, numeral 10, incisos a), b), c) y d); Capítulo VII, inciso A), numeral 27, 28, y 29 inciso b); así como el inciso B), del mismo Capítulo VII, numeral 32, inciso g), numeral 33, y 35.

Por lo anterior expuesto, se presenta la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo, para que en el marco de sus facultades en la asignación del Fondo Metropolitano para el Ejercicio Fiscal 2016 para la Zona Metropolitana del Valle de México, hagan efectivos prioritariamente aquellos programas, proyectos, acciones, así como obras de infraestructura y su equipamiento; destinados al transporte público metropolitano no contaminante, movilidad no motorizada, y acciones para el mejoramiento y cuidado del medio ambiente.

Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y los gobiernos de Coahuila y de Sabinas a garantizar la seguridad de la defensora de los derechos humanos Cristina Auerbach y de los integrantes de la organización Familia Pasta de Conchos, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Mario Ariel Juárez Rodríguez, diputado federal del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o. y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes consideraciones:

El Grupo Parlamentario de Morena manifiesta su profunda preocupación por la situación de seguridad de la defensora Cristina Auerbach de la Organización Familia Pasta de Conchos ante escalada de actos de intimidación y difamación. Estos son los hechos que se han hecho de nuestro conocimiento:

El 14 de marzo de 2016, según integrantes de la Organización Familia Pasta de Conchos, efectivos militares se presentaron en las oficinas de la organización en Cloete, localidad de la Zona Carbonífera del estado de Coahuila, ubicado en el municipio de Sabinas.

Posteriormente, el 25 de marzo de 2016, el periódico local La Voz publicó una entrevista a un regidor del ayuntamiento de Sabinas y empresario minero, quien acusa a Cristina Auerbach de intentar extorsionarlo.

Más tarde, el 28 de marzo de 2016, un grupo de personas entró violentamente en el terreno de las oficinas de la Organización Familia Pasta de Conchos en Cloete y arrebató mantas y pancartas de la organización. La organización menciona que este grupo de personas se encontraba acompañado de agentes de las policías municipales y estatales. Los agresores también quitaron las cruces que los integrantes de la Organización habían colocado en el marco de un Viacrucis organizado para recordar los 9 años desde que Grupo México decidiera suspender el rescate de los 63 mineros atrapados en la Mina Ocho de Pasta de Conchos. El incidente habría sucedido en presencia de las policías municipal y estatal, según la organización.

Al día siguiente, el 29 de marzo de 2016, la defensora de derechos humanos Cristina Auerbach no pudo acceder a las oficinas de la Organización Familia Pasta de Conchos en Cloete, debido a que un agresivo grupo de personas rodeó su carro, al mismo tiempo que la amenazaba y golpeaba el vehículo.

Esta agresión es provocada por los intereses afectados a los abusivos empresarios del carbón de la región y por su labor legítima de defensa de los derechos humanos de los trabajadores del carbón y de sus familias, y culmina una escalada de agresiones y difamaciones. Por todo ello la defensora Auerbach, así como diversos integrantes de la organización que encabeza, se encuentran en una situación de preocupante inseguridad y en necesidad de protección. Los hechos fueron denunciados por la defensora ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila por allanamiento y destrucción de documentos y ese mismo día, la prensa local publicó nuevamente una noticia donde se desprestigia el trabajo de Cristina.

El 30 de marzo de 2016, confirmando un patrón de difamaciones, el periódico La Voz vuelve a publicar una nota sobre Cristina Auerbach donde se le acusa de huir de reporteros locales.

Antecedentes

La Comisión Nacional de Derechos Humanos y prestigiosas organizaciones como Peace Brigades International (PBI) acompañan desde hace años a la Organización Familia Pasta de Conchos y, particularmente, a su directora Cristina Auerbach, debido a su situación de riesgo por su legítima labor de defensa y promoción de los derechos humanos económicos y sociales en la Zona Carbonífera de Coahuila. Por este trabajo que desempeñan, integrantes de la organización han recibido amenazas y hostigamiento.

Cristina Auerbach, ha sido blanco constante de hostigamiento, agresiones físicas, amenazas, y difamaciones. Motivo de ello, le han sido otorgadas medidas de protección del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

La Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) surgió en el año 2006, a raíz del siniestro en la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos, situada en el municipio de San Juan Sabinas Coahuila, con el objetivo de exigir el rescate de los cuerpos de los 63 mineros que quedaron atrapados en el siniestro. Desde entonces, la organización ha integrado en su trabajo otros casos de siniestros mineros y, más recientemente, se ha enfocado en la prevención de accidentes laborales, desarrollando trabajo de fiscalización de condiciones de seguridad en minas que ha resultado en una importante disminución de los accidentes en la zona.

La organización ha llevado el caso de Pasta de Conchos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, Cristina Auerbach ha participado en espacios internacionales de derechos humanos, destacando su intervención en la audiencia sobre la situación de defensoras de derechos de las mujeres y del medio ambiente en México ante la CIDH.

El conflicto en Cloete

En abril de 2015, la organización abrió una oficina-biblioteca en Cloete, municipio de Sabinas, con el propósito de asesorar a quienes en la zona manifiestan haberse visto afectados tanto en su salud como en su patrimonio por las formas y métodos, irracionales y fuera toda norma de protección civil, en la explotación de carbón. De acuerdo a los testimonios de la población local, diferentes empresas mineras han realizado tajos abiertos a unos metros de las viviendas, dañando el patrimonio y medio ambiente de centenares de familias que habitan la villa de Cloete. Según la Organización Pasta de Conchos, estas actividades no respetan acuerdos alcanzados en 1996 que determinan que no se podrán realizar “actividades de exploración o extracción de carbón mineral dentro de los predios de la zona urbana comprendidos a una distancia de 350 metros de la última casa habitación de las poblaciones de Sabinas, Villa de Agujita y Villa de Cloete, Coahuila”.

Hace sólo unos días discutíamos y aprobamos por unanimidad la modificación a la fracción VIII del artículo 2º. De la Ley General de Asentamientos Humanos donde a la letra, quedó en los siguientes términos: “Desarrollo Urbano Sustentable: El proceso de planeación y regulación que permitan satisfacer las necesidades básicas de los centros de población: alimentación, salud, educación, trabajo, cultura y vivienda en un ambiente armónico, en el que se respeten los derechos humanos de las personas con estricta observancia a la preservación del medio natural que los rodea.”

Personalmente señalé que: “...en la actualidad el modelo de desarrollo poblacional ha sido depredador de la madre tierra, y que en el afán de generar riquezas para unos cuantos, se ha buscado la extracción de recursos a costa de acabar con poblaciones enteras y sobre todo con el futuro de nuestros hijos. El modelo actual de desarrollo urbano no sólo ha sido promovido en la competencia de los privados por hacerse de más recursos, sino también ha sido promovido desde el actual modelo de gobierno...”

Y hoy el pueblo de Cloete, Coahuila, ha tenido que recurrir a la presencia física de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para evitar que las salvajes empresas carboníferas sigan abriendo tajos al lado de sus viviendas, protegidas por la fuerza policíaca municipal.

A raíz de su lucha contra estos excesos en la explotación de carbón, los y las habitantes de Cloete se han visto amenazados, hostigados y difamados. Es obvia la participación de personalidades del gobierno local y de otras figuras de poder locales en el entramado de intereses de las empresas carboníferas y es por eso urgente la prioridad en la protección de los intereses de la población.

En este contexto, Organización Familia Pasta de Conchos ha presentado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, diversas quejas sobre violaciones a los derechos humanos relacionadas con la actividad minera en Coahuila. Actualmente, otras comunidades de la zona se han sumado al proceso de resistencia en Cloete, ya que afirman enfrentan experiencias similares en las localidades de Nueva Rosita, Palaú, Esperanzas y La Florida.

La escalada de agresiones en Cloete ha resultado en un empeoramiento de la situación de seguridad de Cristina Auerbach y demás integrantes de la organización. Resulta alarmante que las represalias en contra de la defensora estén cerrando su espacio de trabajo. MORENA observa con preocupación un patrón de difamaciones que tiende a criminalizar la legítima labor de la defensora de derechos humanos Cristina Auerbach y aumenta el riesgo de producirse agresiones más graves como el ocurrido en las oficinas de Pasta de Conchos en Cloete el pasado 29 de Marzo de 2016.

Por todo lo expuesto proponemos a su soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión llama a las autoridades de los tres niveles de gobierno a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica de Cristina Auerbach y demás integrantes de la Organización Familia Pasta de Conchos, así como a implementar de forma eficaz las medidas de protección otorgadas por el Mecanismo Federal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas y garantizar que estas sean adecuadas al contexto de la Zona Carbonífera.

Segundo. Se exhorta a dichas autoridades a reconocer públicamente la labor que realiza la defensora Cristina Auerbach y la Organización Familia Pasta de Conchos en pro de los derechos humanos económicos y sociales en la región carbonífera de Coahuila.

Tercero. Se exhorta a los tres niveles de gobierno, para que en la atención de este caso apliquen plenamente la normatividad sustentable recientemente aprobada por el Congreso de la Unión en la Ley General de Asentamientos Humanos, y eviten la violación general de los derechos humanos de la población de Cloete, Coahuila, y detengan sus prácticas ecocidas y de despojo del entorno de vida sustentable de dicha comunidad.

San Lázaro, Ciudad de México, a 19 de abril de 2016.

Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía expresa su reconocimiento por la publicación de la NOM-007-SSA2-2016, para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio de la persona recién nacida; y exhorta a las autoridades respectivas a su estricta implantación y cabal cumplimiento, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita Claudia Sofía Corichi García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, por el que la honorable Cámara de Diputados expresa su reconocimiento por la publicación de la NOM-007-SSA2-2016 y exhorta a las instituciones involucradas a su estricta implementación y a su cabal cumplimiento, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. El Estado mexicano ratificó su adhesión a los Objetivos del Milenio con la voluntad de reducir la mortalidad materna e infantil. Sin embargo, el último informe sobre el avance del país en la consecución de tales objetivos, señala que ambos rubros son pendientes que difícilmente podrán cumplir sus metas en 2015.

II. Durante la atención institucional del parto en México, la violación de los derechos humanos y reproductivos se han vuelto una constante, sobre todo en la atención que brindan las instituciones públicas de salud. Esto se ha traducido según los datos del Observatorio de Mortalidad Materna en México, en poco más de 490 muertes materno-infantiles en lo que va de 2015 en el país, destacando el Estado de México como la entidad como mayor frecuencia de estos hechos.

III. La disminución en la tasa de defunción de los niños menores de cinco años, ha pasado de un promedio de 41 muertes por cada mil nacidos vivos en 1990 a 13.7 por mil nacidos vivos en 2014. Sin embargo, en 15 estados la tasa de mortalidad supera la media nacional, entre ellos Veracruz, Tabasco, Puebla, Distrito Federal, estado de México, Oaxaca, Chiapas y Durango. Estas entidades concentran el mayor porcentaje de grupos indígenas y grupos vulnerables, en los que el acceso a los servicios de salud es escaso.

IV. Sobre la muerte materna, la estadística más reciente señala que la razón de muerte materna se ubicó en 50.5 fallecimientos por cien mil nacidos vivos en 2012.

V. Datos de la Dirección de información epidemiológica del Hospital Infantil de México, señalan que la distribución de las defunciones infantiles por sexo, ha tenido un predominio del sexo masculino, con un 56 por ciento, siendo la mortalidad neonatal (menores de 28 días) la de mayor prevalencia en un 63 por ciento del total.

VI. En el mismo tenor, la información disponible por dicha dependencia, indica que las principales causas de mortalidad infantil en el país, son afecciones originadas en el periodo perinatal, y malformaciones congénitas o anomalías cromosómicas. Las afecciones perinatales incluyen desde traumatismos, envenenamientos, trastornos hemorrágicos y hematológicos hasta infecciones específicas.

VII. Ante todo esto, y ante los casos de violencia y maltrato contra mujeres embarazadas, que se han venido suscitando y evidenciando en muchos estados de nuestro país por parte de las instituciones de salud, es que se ha adecuado la NOM-007 para que ahora todo el personal médico esté obligado a atenderlas con calidad y respetando sus Derechos Humanos (DH), principalmente su dignidad y cultura, y facilitando, en la medida de lo posible, apoyo psicológico.

VIII. El pasado jueves 7 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tras casi seis años de trabajo para renovarla, la “NOM-007-SSA2-2016, para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, de la persona recién nacida”.

IX. La NOM-007 fue reformada por diversas instituciones de la Secretaría de Salud (SS), institutos de investigación, colegios de expertos y grupos civiles, que acordaron que antes del embarazo el personal médico debe realizar una valoración del riesgo en mujeres y en adolescentes; y promover la planificación familiar y la detección temprana de diabetes gestacional.

X. “La atención en este sentido, debe ser integral y enfocada a considerar la reproducción humana como una responsabilidad y un privilegio natural. Dando información para procurar un cambio cultural en las parejas, que fomente una maternidad sin riesgos, como un compromiso de todo el Sistema de Salud del país. Además de procurar el cambio cultural en el personal de salud que adquiera el compromiso para atender todos los eventos obstétricos con calidad, oportunidad y trato humano1

XI. La NOM garantiza el derecho universal a la salud sexual y reproductiva, la opción libre e informada, el respeto a la integridad física y el derecho a no sufrir discriminación ni coerción en todos los asuntos relacionados con la vida sexual y reproductiva de las personas, y a su vez recibir un trato digno y respetuoso de los DH y la perspectiva de género, llevando un embarazo más seguro y protegido.

XII. Considerando que la mayoría de los daños obstétricos y los riesgos para la salud de la madre y la persona recién nacida pueden ser prevenidos, detectados y tratados con éxito, la NOM 007 establece que en caso de una complicación no diagnosticada de manera oportuna y que ésta evolucione a una forma severa, la atención de urgencias obstétricas es una prioridad todos los días del año, como lo marcan otras normas internacionales vigentes.

Así que previamente el personal de salud debe informar con oportunidad a la mujer embarazada y a sus familiares desde la primera consulta prenatal, y referirla a los establecimientos para la atención médica de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud que atienden urgencias obstétricas, sea o no derechohabiente de alguna de ellas.

XIII. Con esta reforma la Secretaría de Salud estable los criterios mínimos para la atención médica a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio normal y a la persona recién nacida, cuya norma es de observancia obligatoria en el país para el personal del Sistema Nacional de Salud.

XIV. La entrada en vigor de la presente Norma, deja sin efectos la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1995.

XV. Es un paso muy importante establecer ya estos criterios y las formas de atención hacia este sector de la población, para así ir avanzando en los objetivos propuestos y en la disminución de tan alarmantes números sobre muertes maternas y de recién nacidos, nuestro país tiene toda l capacidad para hacerlo.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados expresa su reconocimiento por la publicación de la “NOM-007-SSA2-2016, para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, de la persona recién nacida”.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a las instituciones de la Secretaría de Salud, involucradas en atender a este sector de la población, a implementar a la brevedad y cumplir a cabalidad con este ordenamiento.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de abril del 2016.

Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Junta Directiva de la Conade a convocar a los miembros de ésta para designar al consejero presidente, dos consejeros titulares y sus respectivos suplentes del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva, y resolver la solicitud de renuncia del presidente de la Federación Mexicana de Natación, AC, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 7 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte (LGCFyD), que prevé la creación del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva (Coved), adscrito orgánicamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), como la instancia responsable de velar de forma inmediata por el ajuste a derecho de los procesos electorales en los órganos de gobierno y representación de las asociaciones deportivas nacionales, vigilando que se cumpla con los principios de legalidad, transparencia, equidad e igualdad de oportunidades dentro del marco de los principios democráticos y representativos y con estricto apego de las disposiciones estatutarias y legales aplicables.

El Coved tiene como atribuciones la resolución de controversias en cualquiera de las fases de los procesos de elección de los órganos de gobierno y representación de las asociaciones deportivas nacionales, de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento de la LGCFyD y demás ordenamientos aplicables, garantizando el derecho de audiencia de los interesados (artículos 30, fracción XVI y 59 de la LGCFyD).

La integración del órgano de vigilancia electoral deportiva, la conforma un consejero presidente y dos consejeros titulares con sus respectivos suplentes, designados por la Junta Directiva de la Conade, misma que se integra con representantes de las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público; de Relaciones Exteriores; de Gobernación; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de la Defensa Nacional; de Marina; de Salud; de Desarrollo Social, y la Procuraduría General de la República. Preside la junta la Secretaría de Educación Pública.

Pese a lo previsto en la LGCFyD respecto del nuevo árbitro electoral en materia deportiva, han pasado dos años y 288 días en los que la Junta Directiva de la Conade ha sido omisa respecto al nombramiento del presidente y de los dos consejeros titulares con sus respectivos suplentes.

Para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional resulta inaceptable que la Junta Directiva de la Conade al día de hoy, no garantice la debida integración de la Coved imposibilitando la integración y actualización de cada uno de los expedientes de las asociaciones deportivas nacionales ante el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (Renade) y adicionalmente la falta de un árbitro electoral en materia de cultura física y práctica del deporte, ha permitido que la Federación Mexicana de Natación (FMN), actué de manera impune ante la falta de transparencia y rendición de cuentas, que resultan contrarios a los estatutos del organismo y, entorpecen el crecimiento y la mejora de la natación mexicana así como lo acontecido en el Circuito Mexicano de Natación, Curso Largo (CMN16); evento considerado como nacional clasificatorio de acuerdo con la convocatoria publicada por la Conade el 30 de octubre de 2015 para participar en la Olimpiada Nacional 2016, como a continuación se detalla:

En la ciudad de Mérida, Yucatán, del lunes 4 al viernes 9 de abril de 2016, se llevó a cabo el Circuito Mexicano de Natación, Curso Largo (CMN16); evento al que asistieron mil 600 nadadores de todo el país para participar en diferentes pruebas y obtener una posible calificación a la Olimpiada Nacional 2016, a la Copa Challenge o al Pan Pacific Junior.

¿Qué fue lo que sucedió en el CMN16?

Para intentar contestar dicho cuestionamiento, es necesario retomar la impecable crónica del periodista Irwin Guillén Vega:

...

Dicho evento con carácter selectivo a eventos internacionales y a la Olimpiada Nacional contó con mil 600 nadadores. México es tal vez el único país en el mundo en el que un evento de tal importancia es realizado sin el valor que se merece y con tal número de nadadores.

La alberca sede del evento fue la ubicada en la Unidad Deportiva Kuculcán, una instalación deportiva en muy buen estado pero insuficiente para albergar un evento con la cantidad ridícula y grosera de participantes como la que tuvo el CMN16, pues no se dio abasto el complejo acuático; ya que hubo inexistencia de tomas de agua para consumo y constante hidratación de los deportistas y entrenadores, falta de espacios para descanso, una fosa de clavados dividida en 6 carriles de menos de 25 metros como alberca de afloje en los que por el gran número de nadadores y por lo estrecho de los carriles los golpes accidentales y la imposibilidad de realizar nado de velocidad eran la constante , mientras que en la alberca de competencia se realizaban sesiones eliminatorias que llegaron a durar hasta 9 horas por la cantidad de grupos de competencia, niños y niñas que no lograban hacer ni siquiera los tiempos topes que se pedían para clasificar al CMN16 según su categoría.

Adicional al caos se contó con el cambio inesperado y repentino del programa de competencia de las finales para que el día de la inauguración el gobernador del estado de Yucatán pudiese disfrutar de la final de primera fuerza varonil de los 100 metros estilo libre, sin tomar en cuenta la preparación de los nadadores y su opinión, afectándolos en su desempeño; en dicha inauguración se recibieron órdenes del equipo del gobernador de Yucatán para que todos los nadadores, entrenadores, masajistas y demás asistentes suspendieran sus actividades para tomar un lugar en las gradas del complejo acuático y en un acto circense aplaudieran al gobernador mientras desfilaba saludando con la mano al aire.

En total coincidencia con Irwin Guillén y en mi calidad de testigo presencial del desastroso evento CMN16, quizá la única explicación de lo acontecido es una desesperada acción por parte de la Federación Mexicana de Natación por recaudar fondos y hacer frente a las multas que la Federación Internacional de Natación (FINA) le ha impuesto a México por incumplir en sus compromisos para la realización de eventos previamente pactados, por la falta de transparencia en el manejo de los recursos de esta federación; los afiliados no saben de cuánto dinero dispone la FMN y cómo se ha manejado.

En el mismo sentido se comparte la suspicacia del ejercicio de mera especulación realizado por Guillén al considerar que: si tomamos en cuenta que al evento asistieron mil 600 nadadores y generalizamos cuatro pruebas por nadador, tenemos que cada nadador pagó 320 pesos (80 pesos el costo de cada prueba según la convocatoria del evento) lo que nos da como resultado 512 pesos, dinero que tal vez podría servir para pago de multas; evidentemente existen gastos para realizar un evento de esta naturaleza pero como se desconoce hasta hoy el monto económico que generó el CMN16, surgen dudas.

Ante la evidente ausencia de transparencia y rendición de cuentas, es por demás obligado y urgente pedir cuentas al señor Kiril Minchev Todorov, lo siguiente:

¿A cuánto asciende el monto de lo recaudado en el CMN16?

¿Saber si el señor Kiril Minchev Todorov, ya informó a la Conade tal y como lo mandata la Ley General de Cultura Física y Deporte, de conformidad con los principios de transparencia y rendición de cuentas, sobre el destino de los recursos del CMN16?

Es inadmisible perder de vista que la Federación Mexicana de Natación que preside el señor Kiril Minchev Todorov es considera por la Ley General de Cultura Física y Deporte como un agente colaborador del gobierno federal, por lo que su actuación se considera de utilidad pública y bajo la coordinación de la Conade, tiene entre otras funciones la de colaborar en la prevención de la violencia en el deporte, obligación que la FMN no cumplió en el campeonato selectivo a eventos internacionales CMN16.

Este desastre ignominioso para la niñez y adolescencia mexicana como relata Irvin Guillén, pudo ser una celebración a la excelencia de la natación mexicana, con tiempos topes que permitieran la asistencia de un número manejable de nadadores, en el que las y los mejores atletas de México reunidos en Mérida, Yucatán, demostraran que han trabajado con disciplina y perseverancia muchas veces de forma inhumana por tratarse de niñas y niños para poder alcanzar la victoria que implica grandes sacrificios.

Lamentablemente la irresponsabilidad en la pésima logística, el hacinamiento de los competidores dada a conocer en diversos medios de comunicación, la falta de medidas de seguridad y de atención médica pero sobre todo, la ausencia de coordinación de la propia Conade, hoy la asumen nuestras niñas, niños y adolescentes quienes pese a ser considerados sujetos de derechos no sólo por la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; siguen siendo invisibles, no sólo para la FMN, sino para el organismo conductor de la política nacional en materia de cultura física y deporte, la Conade.

La visión asistencialista y caduca hacia los competidores, se confirma con una competencia de fase eliminatoria que estuvo exenta de los criterios mínimos técnicos indispensables, de seguridad y de logística que se requieren para premiar el esfuerzo, la constancia y la disciplina de nuestras niñas, niños y adolescentes que día a día dedican aproximadamente cuatro horas de entrenamiento para estar en posibilidades de ser calificados a la Olimpiada Nacional 2016, a la Copa Challenge o al Pan Pacific Junior.

Por ello, también es reprochable que los criterios de selección para un evento de carácter internacional al que se asistirá como selección mexicana se den un día antes de que comience la competencia, cuando en todo el mundo se publican como mínimo 6 meses antes del selectivo y ante este panorama, se concluye que en México la federación que agrupa a las asociaciones de la disciplina deportiva de natación, goza de total impunidad y perpetuo silencio para los mil 600 niños, niñas y adolescentes que participaron en la CMN16.

Las atrocidades cometidas por la FMN y la propia Conade, confirman el vergonzoso y lamentable desconocimiento de las obligaciones constitucionales, legales y estatutarias como autoridades responsables de garantizar el cumplimiento del Principio del Interés Superior de la Niñez y el desarrollo integral de cada uno de nuestros competidores.

Derivado de la serie de atropellos a la dignidad humana de las y los competidores afiliados a la Federación Mexicana de Natación en el CMN16, de la falta de transparencia y rendición de cuentas que resultan contrarios a los estatutos del organismo y que entorpecen el crecimiento y la mejora de la natación mexicana, el 8 de abril de 2016, diversos afiliados solicitaron formalmente a la Federación Mexicana de Natación AC, la renuncia del señor Kiril Minchev Todorov como presidente del organismo. Por ello, es urgente la integración del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva para no hacer nugatorio el derecho de sus afiliados.

Por todo lo expuesto y fundado, me permito formular la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al maestro Aurelio Nuño Mayer, en su calidad de titular de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para que a la brevedad posible convoque a los miembros de dicho órgano para efectos de designar al consejero presidente, dos consejeros titulares y sus respectivos suplentes del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva y puedan resolver la solicitud de renuncia del señor Kiril Minchev Todorov, como presidente de la Federación Mexicana de Natación AC, suscrita por la mayoría de los afiliados derivado de la falta de observancia de los principios de democracia, representatividad, equidad, legalidad, transparencia y rendición de cuentas; garantizando el derecho de audiencia de los interesados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2016.

Diputado José Adrián González Navarro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fepade a atraer el caso del presunto lavado de dinero del candidato de la coalición PAN-PRD al gobierno de Veracruz; y al organismo electoral de la entidad, a retirarle el registro por incumplir las disposiciones legales en la materia, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Las que suscriben, diputadas Norma Rocío Nahle García y Patricia Aceves Pastrana, así como el diputado Sergio René Cancino Barffuson, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Los procesos electorales en México se han visto empañados por la falta de una supervisión estricta sobre el dinero que ingresa a las campañas cuyo origen es de dudosa procedencia. Así, desvío de fondos públicos, recursos de origen ilícito e incluso provenientes del lavado de dinero han sido destinados por candidatos sin escrúpulos para ganar una elección. La ilegalidad en los procesos electorales se incrementa con el rompimiento de los topes de campaña y la compra descarda de voto a través del reparto de despensas, materiales de construcción y todo tipo de dádivas que la legislación electoral prohíbe y que terminan inclinando la balanza por los partidos y candidatos que utilizan estas prácticas fraudulentas.

La cultura del fraude y de la delincuencia electoral es una herencia del sistema priista que se niega a dar paso a un régimen democrático de elecciones libres y auténticas en donde los candidatos se disputen, en igualdad de condiciones, los puestos de elección popular. Estas prácticas ilegales son más graves en las entidades de la república por la falta de una regulación adecuada y una supervisión rigurosa, la cooptación de que son objeto los organismos electorales y de justicia, así como el acendrado caciquismo que prevalece.

Todo ello ha provocado que la política se mezcle con los negocios ilegales, y que grupos organizados y claramente identificados participen con candidatos y recursos de procedencia ilícita en procesos electorales como ocurre actualmente.

Veracruz es un ejemplo vivo de ello. Miguel Ángel Yunes Linares, candidato de la coalición PAN-PRD al gobierno de Veracruz ha sido acusado de enriquecimiento ilícito por diversos ciudadanos sin que hasta la fecha las autoridades correspondientes hayan hecho nada para investigar a fondo el asunto, para inhabilitarlo y para castigarlo como señala la ley. Ahora su familia, ha sido involucrada en posible lavado de dinero, de cuyas operaciones él mismo pudo haberse beneficiado.

Una investigación periodística dada a conocer por diversos medios de comunicación el 3 de abril de 2016 expone que prominentes empresarios, contratistas, políticos, narcotraficantes, celebridades relacionadas con la política y prestanombres mexicanos han creado complejas estructuras en paraísos fiscales para esconder millones de dólares fuera del alcance del fisco y otras autoridades de México.1 Omar Yunes Márquez, hijo del candidato a la gubernatura, ha sido señalado en esa investigación. Así, la familia Yunes se ha enriquecido a la vista de todos, sin que hasta la fecha se haya explicado el origen de su fortuna.

Antes, el 1 de junio de 2013 el periódico Reporte Índigo señaló que en cuatro años Omar Yunes Márquez, adquirió inmuebles en la colonia Polanco de la Ciudad de México por más de 30 millones de pesos. En dicho reportaje se manifestó que de 2009 a 2012 el vástago, compró un edificio, dos terrenos y un penthouse en una de las colonias con mayor plusvalía de la capital del país.

El diario consultó documentos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la dirección del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México y corroboró que las compras se hicieron en pocos meses.

Las propiedades en aquel entonces reportadas fueron:

• Un terreno de 591 metros cuadrados por 14 millones de pesos

• Un predio en Calderón de la Barca #27 por 10 millones de pesos

• Un penthouse en Cicerón 708 por 4 millones de pesos

• Una casona en la calle Platón por 4 millones de pesos

Para la transacción se usaron sociedades temporales que eran disueltas a las horas o días de haber realizado la compra-venta.

Ahora Omar Yunes Márquez aparece por el escándalo internacional de las filtraciones a medios de los “Panamá Papers”, que no son más que documentos en los que su nombre se menciona por haber creado empresas “off shore” para presuntamente evadir el pago de impuestos.

Sobre el caso han circulado en las oficinas de prensa documentos donde se comparten documentos que contienen presunta información oficial que advierte la existencia de más propiedades adquiridas por Omar Yunes Márquez en la colonia Polanco, las cuales ascenderían a más de 50 millones de pesos adicionales a lo reportado en 2013.

Según se advierte de los folios catastrales, el 8 de marzo de 2007 Yunes Márquez al parecer se hizo de una propiedad con valor de 5 millones de pesos. Dicho inmueble se encuentra en la colonia Polanco y es un departamento de 199 metros cuadrados. Actualmente el valor comercial de un inmueble en esa zona con ese tamaño asciende a más de 20 millones de pesos.

La segunda presunta propiedad se encuentra en la calle de Horacio de la colonia Polanco en la delegación Miguel Hidalgo. Es un departamento de 195 metros cuadrados cuyo costo fue de seis millones 833 mil 159 pesos. De acuerdo con la información el inmueble formaba parte del régimen de propiedad en condominio donde los propietarios eran Omar Yunes Márquez y cuatro personas más, sin embargo, se hizo una petición de disolución quedando el inmueble a nombre de Omar Yunes y dos personas más.

La tercera propiedad denunciada mediante folios catastrales es un inmueble que se encuentra en la colonia Polanco y es un penthouse con valor de compra de 11 millones 739 mil 16 pesos. Al igual que la pasada esta se encontraba en un régimen de propiedad en condominio y pasó a manos de Yunes y dos personas más.

El cuarto supuesto inmueble es el penthouse contiguo al pasado con valor de 12 millones 650 mil 14 pesos, el cual de igual manera pasó a manos de Yunes Márquez y dos personas más por medio de una disolución.

Las últimas dos propiedades a su nombre al parecer son dos Gardenhouse de 244 y 212 metros cuadrados con valor de 8 y 7 millones de pesos respectivamente.

Según la investigación “Papeles de Panamá” Omar Yunes Márquez gestionó, cotizó, contrató y pagó la creación del fideicomiso a través de Mossack Fonseca y el despacho mexicano Doporto y Asociados –cuyo dueño, Luis Doporto, participa en la reestructuración del mercado de la distribución de medicamentos en México–, una operación que hizo entre mayo y julio de 2012, en pleno proceso electoral en México.

Incluso, el 3 de mayo de ese año el mismo Yunes Márquez se comunicó, por teléfono y vía correo electrónico, con Giovani Castillo, abogado de Doporto y Asociados, para dar instrucciones sobre el caso, según consta en los propios archivos de Mossack Fonseca obtenidos por la revista Proceso:

“Hola, Giovani, cómo estás. Te buscaba para preguntarte si ya estará lista la documentación de la estructura legal que armamos con ustedes, ya que ahora sí la necesito. Copio a Jésica Torres en este correo para darle seguimiento y poder sacar este tema lo más pronto posible. ¿Me avisan si hace falta algo todavía? Saludos.”

Al día siguiente, Castillo se comunicó con Torres, colaboradora de Yunes Márquez en Planta de Ideas –una de sus empresas– para decirle que habló telefónicamente con él y que le envía un listado con “la información que requerimos nos sea proporcionada por parte de la esposa de Omar para poder terminar con su estructura”.

A partir de entonces se sucedió un vasto intercambio de mensajes y documentos entre Torres y Castillo, así como entre Egbert Wetherborne, de Mossack Fonseca, y Bernardo Jaskille Begné (entonces abogado de Doporto en Europa y actualmente dueño de su propio despacho en México) para la constitución del fideicomiso llamado The Elysian Trust.

Fue precisamente Jaskille Begné quien le comunicó a Wetherborne la estructura del fideicomiso:

“El fideicomiso será constituido con USD $100 y recibirá por parte de la fundación holandesa llamada Stichting Administratiekantoor Strechman un certificado de participación que te anexo. El nombre del fideicomiso será: The Elysian Trust. El settlor (fideicomitente) es el señor Omar Yunes Márquez de nacionalidad mexicana. El primer beneficiario será el mismo señor Yunes. El segundo beneficiario será la señora Ángela Ruiz Pérez del señor Yunes, igual de nacionalidad mexicana.”

Según Proceso Ángela Ruiz Pérez y Omar Yunes Márquez contrajeron matrimonio religioso en el ex convento de las Vizcaínas, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, un año antes, el sábado 7 de mayo, y el enlace civil había sido el 2 de abril en la palapa norte del hotel Fiesta Americana, en Boca del Río.

Una vez que Yunes y su esposa enviaron copias de sus pasaportes, cartas de referencia bancaria y de un domicilio en la colonia Chapultepec Morales, se procedió al registro del fideicomiso, cuyo pago ascendió a 4 mil 700 dólares.

El despacho Doporto comunicó a Mossack Fonseca la manera en que se haría el finiquito: “El pago será enviado de una empresa llamada Maxim Investments Corporation CV, la cual tiene un contrato de mandato con Knigthbridge International Corporate Services, Ltd”.

Esta última empresa tiene su sede en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal, según consta en la dirección consignada en dos facturas, copia de las cuales forman parte de los 11 y medio millones de archivos compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación a más de 100 medios en el mundo, como Proceso.

El intento de ocultar este fideicomiso por parte de Yunes Linares y su hijo menor ha sido inútil.

A su paso por administraciones priistas y panistas Yunes Linares ha estado siempre en medio de escándalos de corrupción. Actualmente Yunes Linares está bajo investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) acusado de enriquecimiento ilícito por la adquisición de propiedades que no pudo haber comprado con su sueldo de servidor público, el más reciente como director general del ISSSTE.

En junio de 2011, Elba Esther Gordillo acusó a Yunes Linares de corrupción en el manejo de 50 mil millones de pesos entre 2007 y 2010, cuando Calderón lo nombró director del ISSSTE.

De acuerdo con investigaciones independientes la fortuna de Yunes Linares fue súbita: en 2007, cuando Calderón lo ubicó en el ISSSTE, no poseía ni casa propia y en el banco tenía sólo 498 mil pesos, según su declaración patrimonial, pero al dejar el cargo era multimillonario.

En una denuncia presentada ante la PGR por Manuel Espino, expresidente del PAN, se detalla que Yunes Linares es propietario de cuatro cuentas en Estados Unidos por 6 millones 57 mil dólares, según los estados de cuenta a su nombre que llegaban a un domicilio, supuestamente de su propiedad, en Miami Beach, Florida.

Con base en documentos que Espino aseguró son auténticos, la denuncia ante la PGR, presentada en junio de 2013, acredita supuestas cuentas de Yunes en Estados Unidos que registraron depósitos millonarios cuando era director del ISSSTE; también le atribuye propiedades inmobiliarias.

La denuncia describe que las empresas Veracruzana de Bienes Inmuebles, S. A. de C. V. y Proxislomg Pralo, SA de CV, cuyos administradores son la esposa de Yunes Linares, Leticia Isabel Márquez Mora, y su hijo menor, Omar Yunes Márquez, adquirieron siete predios en las mejores zonas de Boca del Río y Alvarado, Veracruz.

“Se estima que estos elementos refuerzan la existencia de un evidente enriquecimiento ilícito del denunciado”, subraya la denuncia, a la que se anexan documentos del Registro Público de la Propiedad a nombre de los señalados, por lo que la PGR inició una averiguación previa.

Apenas en enero la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación de Moneda, de la PGR, recibió un informe del Registro Público de la Propiedad que identificó 22 propiedades a nombre de Yunes Linares, de su familia o de las empresas mencionadas, según publicó la agencia de noticias Quadratín.

Omar Yunes Márquez es también investigado por la PGR en sus múltiples negocios, incluyendo su empresa inmobiliaria Atma Real Estate Investment Network, que administra numerosas propiedades, y sus 13 restaurantes Sushito.

Por otra parte conviene recordar que Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo, el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, enfrentan denuncias penales por presunto enriquecimiento ilícito, interpuestas por legisladores locales y federales del PRI. La investigación contra Yunes Márquez radica en el folio número 45E/2015.

En el caso de su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, desde la primera semana de septiembre de 2015, diputados federales del PRI, exhortaron a la Procuraduría General de la Republica (PGR) a resolver las investigaciones en curso contra el panista por el presunto ejercicio indebido del servicio público, peculado y enriquecimiento ilícito cuando fue director general del ISSSTE en el sexenio de Felipe Calderón.

La petición de los legisladores priistas apremia a la PGR a que “concluya” la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/M-VII/077/2015 y proceda conforme a derecho.

Los legisladores señalaron que la propia Auditoría Superior de la Federación le observó a Yunes Linares un desvío de 159 millones de pesos etiquetados para comprar medicamentos, con lo que afectó a miles de derechohabientes de esa institución.

Esta representación popular no puede permanecer al margen de los procesos electorales que se desarrollan en diversas entidades del país. En Veracruz está en juego la alternancia política y se debe permitir a los ciudadanos votar libremente en una contienda que debe ser equitativa, sin compra del voto y sin recursos ilegales o de procedencia ilícita para favorecer a un candidato. Morena Llama a respetar el Estado de derecho, única garantía de paz social y de democracia verdadera.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a investigar el posible lavado de dinero realizado por Omar Yunes Márquez y su vínculo con Miguel Ángel Yunes Linares a través de las operaciones financieras realizadas por varios personajes y políticos mexicanos dadas a conocer en la investigación periodística internacional denominada como “Papeles de Panamá”.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría General de la República a difundir, en el marco de la Ley, el resultado de las investigaciones derivadas de la denuncia presentada en junio de 2013 por Manuel de Jesús Espino en contra de Miguel Ángel Yunes Linares por enriquecimiento ilícito.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría General de la República a difundir, en el marco de la Ley, el resultado de las investigaciones derivadas de la denuncia presentada por diputados federales del Partido Revolucionario Institucional en contra de Miguel Ángel Yunes Linares por enriquecimiento ilícito.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, con objeto de que ejerza su facultad de atracción en la persecución de delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales materia de su competencia, en el caso del presunto lavado de dinero de Miguel Ángel Yunes Linares, candidato de la Coalición PAN-PRD al gobierno de Veracruz y al Organismo Público Local Electoral de la entidad a que le retire el registro por el incumplimiento de las disposiciones electorales.

Nota

1 “Hinojosa Cantú, el ‘donador’ de la Casa Blanca esconde 100 mdd en negocios fantasmas”, proceso.com.mx, fecha de consulta 4 de abril de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 19 de abril de 2016

Diputados: Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Patricia Aceves Pastrana, Sergio René Cancino Barffuson.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a investigar el desvío de recursos en la administración del gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdez, a cargo de la diputada Karla Karina Osuna Carranco, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Karla Karina Osuna Carranco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I; 62; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, una de las mayores deudas es la de Coahuila, la cual en los últimos seis años registró uno de los gobiernos cuyos pasivos experimentaron mayor aumento entre 2006 y 2012. Lamentablemente, Coahuila es el caso emblemático, pues su deuda creció en 9 397.5 por ciento, en términos reales.

La historia de Coahuila es una de las más vergonzosas en el país. Su megadeuda alcanza supera 36 mil millones de pesos, obtenida por el ahora ex gobernador Humberto Moreira Valdez, la cual representa uno de los peores fraudes contra la administración pública, debido a la cantidad de personajes involucrados y las cifras exorbitantes de recursos desviados durante su mandato.

Desgraciadamente, durante el mandato de Humberto Moreira se dieron actos de corrupción, ocultamiento de información, maquillaje de cifras, obras públicas inexistentes o sólo inauguradas, y compra millonaria de voces de los empresarios y de espacios en los medios.

También hubo un desvío de recursos, ya que se contrataron 600 millones de pesos por el gobierno de Coahuila en 2010 y 2011 con la empresa Leadman Trade, filial del Ficrea, la compra mediante la figura de arrendamiento financiero de aeronaves y vehículos.

El 16 de marzo de este año, el empresario coahuilense Armando Guadiana Tijerina denunció públicamente el desvío de recursos por más de 600 millones de pesos por el gobierno de Coahuila en 2010 y 2011, por lo que ha invitado a diversas organizaciones ciudadanas de Coahuila y a representantes de los partidos políticos de la entidad para darles a conocer, al mismo tiempo que a los representantes de los medios de comunicación, tres contratos que demuestran los desvíos. En estos contratos se enumeran aeronaves y automóviles que no fueron usados en Coahuila, que ni siquiera eran propiedad de la arrendadora, que tenían reportes de robo, que no existían y otros que eran chatarras rodantes.

De acuerdo con dicha denuncia pública, cada mes el gobierno estatal pagó más de 20 millones de pesos a la empresa del prófugo del Ficrea, Rafael Olvera Amezcua, hasta completar 650 millones. Todo esto, como parte de los contratos de arrendamiento fraudulentos contra el erario coahuilense. El acceso a esos contratos certificados se obtuvo a través de las actuaciones en algunos de los procesos judiciales que Armando Guadiana presentó contra el gobierno de Coahuila.

Los coahuilenses exigimos que se investiguen esos desvíos de recursos en el periodo 2010-2011, durante el mandato del gobernador Humberto Moreira Valdez, exigimos que se castigue la corrupción que se ha presentado en Coahuila y en muchos lugares del país y exigimos que no se dejen a un lado la deuda de Coahuila ni la corrupción que la generó, tenemos que insistir para que se dé a conocer en qué se gastaron los miles de millones pesos que detienen el desarrollo de Coahuila.

Por lo expuesto someto a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar el desvío de recursos, en el periodo 2010-2011, durante la administración del gobernador Humberto Moreira Valdez.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2016.

Diputada Karla Karina Osuna Carranco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para que diversas comisiones ordinarias y especiales reciban y escuchen en reunión de trabajo en el salón de plenos de esta soberanía a los padres de familia de los estudiantes desaparecidos en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, suscrita por las diputadas Araceli Damián González y Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos, Araceli Damián González y Roberto Guzmán Jacobo, diputados integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero . Los hechos sucedidos el 26 de septiembre de 2014, en el municipio de Iguala, Guerrero, cuando fueron desaparecidos 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, han provocado un gran enojo e indignación. Hasta la fecha se ignora el paradero de los estudiantes, a pesar de que se tienen evidencias de que hubo participación directa de las autoridades, pero también del crimen organizado.

Por ello, la sociedad mexicana y la comunidad internacional han exigido que: 1) Se conozca la verdad de los hechos; 2) Se realice una investigación imparcial y confiable en la que no se encubra a nadie; 3) Se dé con el paradero de los jóvenes desaparecidos y, 4) Se castigue a todos los responsables de tan horrendo acontecimiento.

Segundo . Por la trascendencia de los hechos, el 4 de octubre de 2014, la Procuraduría General de la República decidió atraer la indagatoria y desde ese momento es la responsable de conducir las investigaciones.

Tercero . En este orden de ideas, el 6 de octubre de 2014, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó crear la Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con la desaparición de los alumnos de la normal rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, en Iguala, Guerrero.

Cuarto . Que el 29 de octubre de 2014 el presidente de la República tuvo una primera reunión con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, tras los hechos ocurridos el 26 de septiembre, con el fin de escuchar sus demandas.

Quinto . El 18 de noviembre de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos oficializó un acuerdo de cooperación técnica con el Estado mexicano sobre el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, a quienes consideró víctimas de desaparición forzada en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.

Sexto. Que el 10 de diciembre de 2014 familiares de las víctimas y abogados de los 43 estudiantes normalistas fueron recibidos por la Mesa Directiva del Senado de la República en las instalaciones del Senado de la República. En dicha reunión los familiares intervinieron directamente exponiendo sus demandas y entregaron un pliego petitorio.

Séptimo . Que el 31 de enero de 2015 quedó finalmente conformado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, siendo designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Octavo . El pasado 6 de septiembre de 2015, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentó su informe sobre los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014, en el que se señalan las contradicciones entre las declaraciones de las personas involucradas, las evidencias presentadas y las conclusiones a las que llegó la Procuraduría General de la República.

Asimismo, el informe ofrece nuevas evidencias en torno a las agresiones y la desaparición de los estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, lo cual ha llevado a que se abran nuevas líneas de investigación sobre el móvil del crimen y el paradero de los estudiantes.

Noveno . En reacción a este informe, nueve días después, la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acordó el pasado 15 de septiembre de 2015, la creación de la nueva Comisión Especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Décimo. Tras el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el presidente dio instrucciones a las dependencias del gobierno de la República para que los resultados y conclusiones elaboradas por éste sean analizados e incorporados a la averiguación previa que mantiene abierta la Procuraduría General de la República.

Asimismo, por la relevancia del caso, el próximo 24 de septiembre de 2015, los padres de los 43 normalistas desparecidos sostendrán una segunda reunión con el presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Undécimo . A más de un año y medio de la tragedia, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión es el único órgano del Estado mexicano que no ha recibido a los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, lo cual puede constituir una omisión, considerando que el artículo primero constitucional establece la obligación de todas las autoridades, incluida por supuesto esta Cámara de Diputados, de “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el estado deberá prevenir, INVESTIGAR, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

Para ello, el órgano estatal, dentro de su ámbito de facultades, se encuentra OBLIGADO a prevenir, INVESTIGAR, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos que advierta, de tal forma que su conducta consistirá en todo lo necesario para lograr la restitución del derecho humano violentado.

Derivado de todo lo anterior, la omisión de esta Cámara de Diputados para recibir a los padres de familia de los 43 estudiantes normalistas atacados y desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, vulnera los derechos humanos de las víctimas, de los padres de familia y de la sociedad en su conjunto.

Es menester señalar que las indagatorias continúan abiertas por las autoridades competentes. Tan es así que el 18 de febrero de 2016, en reunión de trabajo con la Procuraduría General de la República, se presentaron los avances obtenidos en los tres meses de la segunda etapa de investigación, los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos solicitaron que institución lleve a cabo 140 diligencias como parte de la investigación del caso Iguala, y que complementa y refuerzan a las presentadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

Por su parte la dependencia informó, comunicado 253/161 , que la “indagatoria sobre la desaparición de los estudiantes normalistas está abierta y se desarrolla contando, de manera estrecha, con la coadyuvancia técnica del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables a través del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público federal”.

Undécimo. El llamado caso Ayotzinapa es un punto de quiebre para la realidad nacional, puesto que sacó a la luz pública y dio visibilidad al enorme problema estructural de la desaparición forzada de personas, que lastima a todo México, y que constituye una tragedia para cada una de las víctimas de desaparición forzada y para sus familiares. Hay que señalar además que existe un registro de casi 30 mil personas no localizadas entre las que se encuentran un número indefinido de desapariciones forzadas.

Por ello, recibir y escuchar a los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa es un imperativo ético, político y legal que debe ser atendido.

Las formalidades para ello pueden ser cubiertas toda vez que el Reglamento de la Cámara de Diputados, en su artículo 31, numeral 2, establece los casos especiales en lo que puede hacerse uso de la tribuna por parte de particulares.

“Artículo 31.

1. El uso de la tribuna de la Cámara le corresponderá exclusivamente a los diputados, diputadas y a los servidores públicos referidos en el artículo 124, numerales 2 y 3 de este reglamento; así como a quienes deban intervenir en el desahogo de la declaración de procedencia y juicio político.

2. Las personas distintas a las mencionadas en el numeral anterior podrán hacer uso de la tribuna, cuando la Cámara celebre una sesión solemne para que reciban algún reconocimiento o mención especial, a título personal o en nombre de alguna institución u organización, y en situaciones especiales , a propuesta de la Junta, con el acuerdo del pleno.”

Por otra parte, existe el precedente de la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con delegados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena, celebrada el 28 de marzo 2001.

Así el uso del pleno fue legalmente autorizado en una situación especial para el deshago de una reunión de trabajo, derivada de un punto de acuerdo presentado y resuelto por el pleno de la Cámara , tal y como puede observarse en la Gaceta Parlamentaria del viernes 23 de marzo de 2001.

Así el uso del salón de pleno fue legamente autorizado en una situación especial para el desahogo de una reunión de trabajo, derivada de un punto de acuerdo presentado y resulto por el pleno de la Cámara, tal y como puede observarse en la Gaceta Parlamentaria del viernes 23 de marzo de 2001.

Décimo tercero. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 77 fracción I faculta a cada Cámara para “Dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior”, por lo que la posibilidad de que hablen en la tribuna distintos actores sociales, deviene en consecuencia, de la decisión adoptada por la asamblea soberana de las Cámaras.

Recibir a individuos y permitirles transmitir mensajes o hacer uso de la palabra ante éstas, es una decisión autónoma y un acto de soberanía que, apoyado en la norma constitucional invocada y reglamento de la Cámara de Diputados es jurídicamente válido.

En razón de las consideraciones arriba vertidas, se propone a esta soberanía, como de urgente u obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión instruye a la Comisión Especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, y a las Comisiones de Derechos Humanos; de Justicia; de Gobernación; de Seguridad Pública; de Defensa y de Marina para que reciban y escuchen a los padres de familia de los estudiantes desaparecidos en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en una reunión de trabajo e inviten a todos los legisladores de los grupos parlamentarios representados en esta Cámara de Diputados.

Segundo. Dicha reunión se realizará en el salón de plenos de la Cámara de Diputados y en ella harán uso de la tribuna los padres de familia de los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa desaparecidos.

Tercero. La mecánica de la reunión será la siguiente:

1. A manera de recepción, iniciará la Presidencia de la Comisión Especial;

2. Harán uso de la palabra los padres de familia en un número de nueve hasta por un lapso de 10 minutos cada uno.

3. Se posicionarán y responderán los grupos parlamentarios representados en esta Cámara así como el diputado independiente, uno por cada grupo parlamentario, comenzando por el diputado independiente y siguiendo en el orden de menor a mayor conforme a la proporción que representen las distintas bancadas, hasta por un lapso de 10 minutos cada uno.

4. Hará uso de la tribuna un padre de familia hasta por un término de 10 minutos.

5. Terminará la reunión la Presidencia de la Comisión Especial.

Nota

1 Procuraduría General de la República Comunicado 253/16
http://www.gob.mx/pfr/prensa/pgr-la-investigación-sobre-la-desaprición-de-los-normalistas-continua-comunicado-253-16

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2016.

Diputados: Araceli Damián González, Roberto Guzmán Jacobo (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a elaborar un protocolo de atención de niños y de adolescentes víctimas de violencia sexual, a cargo de la diputada Mariana Arámbula Meléndez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Mariana Arámbula Meléndez, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracciones I, y II, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

A pesar de los grandes avances logrados desde la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, no se puede hablar de un mundo justo y de respeto y protección plena de los derechos de niñas, niños y adolescentes más pobres. Es de destacar que desde entonces, las niñas, los niños y los y las adolescentes son reconocidos como sujetos de derechos, no solamente como objetos de protección.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2014 “el monto de población infantil de cero a 17 años ascendió a 40.2 millones de personas: 19.7 millones de niñas y 20.5 millones de niños. Según este organismo, “en 2013, la incidencia por infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas afecta principalmente al grupo de niños y niñas menores de un año (110 mil 743 y 16 mil 519 casos nuevos por cada 100 mil personas del mismo grupo de edad, respectivamente).1

La misma publicación nos dice que “en 2013 en nuestro país, 2.5 millones de niñas y niños entre los 5 y los 17 años realizaban alguna actividad económica. La tasa de ocupación para la población infantil fue de 8.6: 11.4 para niños y 5.8 para niñas.”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 40 millones de niños y niñas menores de 15 años alrededor del mundo sufren algún tipo de violencia,2 en México las cifras aumentan cada año. En 2014 la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó que en el primer trimestre de ese año, comparado con 2013, las acusaciones sobre abuso sexual de menores aumento 73 por ciento, según datos recabados en 24 entidades.3

Por otro lado a estas cifras y datos se suman hechos recientes que fueron objeto de una recomendación de CNDH y que muestran la vigencia de estas conductas dolosas en contra de niñas y niños y la enorme vulnerabilidad en la que se encuentran frente a quienes deberían cuidar de ellos. La CNDH emitió la Recomendación 03/2016, dirigida al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, por hechos ocurridos en 2012 consistentes en la violación a los derechos humanos a la integridad personal, el normal desarrollo psicosexual, la legalidad y la seguridad jurídica, a agravio de dos niñas y un niño, atribuirles al personal adscrito a una guardería de dicho instituto.4

Es doloroso reconocer que hoy en día persiste la violencia hacia los menores, y que además es poco atendida, a pesar de que desde hace muchos años existen en México instituciones encargadas de velar por la seguridad y el bienestar de los niños.

Una de las principales instituciones para atender a las niñas y niños víctimas de la violación de sus derechos es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), organismo descentralizado de la administración pública federal, propiciando su construcción de políticas públicas y centrando sus esfuerzos en tres acciones esenciales: el Registro Nacional de Víctimas, el cuál facilitará el acceso de las víctimas a la ayuda prevista en la ley; definir las reglas de operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como determinar las medidas de asesoría jurídica que los tres órdenes de gobierno brindarán a las víctimas.4

Además de esta Comisión Ejecutiva están las creadas a través de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Por eso resulta imprescindible asegurar su adecuada implementación y garantizar que los nuevos mecanismos e instituciones previstos por la misma, cuenten con las condiciones y recursos humanos, técnicos y financieros para operar de manera eficiente, por ejemplo, el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Estos organismos son indispensables en la tarea de protección de la infancia por lo que su participación en la instrumentación de un protocolo de atención a niñas, niños y adolescentes, víctimas de violencia sexual es de suma importancia.

Se considera que una mínima parte de la violencia que reciben las niñas, los niños y los adolescentes es la que se denuncia, se documenta o es conocida oficialmente. Ciertamente el interés superior de la niñez ha sido incorporado en la Constitución Política y se expidió la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; sin embargo, persisten el maltrato familiar, el social y el institucional hacia este grupo de la población. De ahí la necesidad de que se invierta en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y de que existan recursos para que organismos como los mencionados puedan operar y se instrumenten acciones como el Protocolo, objeto de este exhorto.

Además, si bien es cierto que ha habido avances en la armonización del marco legal con las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, también lo es que están pendientes de cumplir diversas recomendaciones y observaciones finales que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas le ha hecho a nuestro país.

Estos elementos, entre otros, son los que provocan que niñas, niños y adolescentes continúen esperando el pleno reconocimiento del respeto por su dignidad e integridad física y la asignación de recursos en acciones para prevenir toda forma de violencia contra ellos.

Un niño maltratado puede sufrir maltrato físico, psicológico, abandono grave o abuso sexual o bien varias de estas formas de maltrato. “El abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia contra la infancia y conlleva efectos devastadores en la vida de los niños y las niñas que lo sufren.”

“El abuso sexual infantil puede incluir contacto sexual, aunque también actividades sin contacto directo como el exhibicionismo, la exposición de niños o niñas a material pornográfico, el grooming 6 o la utilización o manipulación de niños o niñas para la producción de material visual de contenido sexual.”7

No es posible que en nuestro país existan casos como el de Dafne, de Veracruz, el del extranjero canadiense en Guerrero o el del restaurante en Tabasco, en donde un menor de edad está sufriendo abuso sexual, solo por mencionar algunos y no estemos haciendo absolutamente nada para prevenirlos.

Por todo ello, y ante la gravedad del problema y la responsabilidad del Estado Mexicano de garantizar los derechos de todas las niñas y los niños, es urgente que el gobierno federal formule e instrumente un protocolo nacional que señale las acciones a implementar para detectar, canalizar, atender y prevenir los casos de menores de edad víctimas de abuso sexual.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a efecto de que, en el ámbito de sus competencias, elabore un “protocolo de atención a niñas, niños y adolescentes, víctimas de violencia sexual”, en el cual se incluyan las materias de prevención, atención y sanción.

Notas

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. Estadísticas a propósito del día del niño (30 de abril). Datos nacionales; 28 de abril de 2015., página 5.

2 Consultado en: http://www.unicef.org/spanish/protection/index_violence.html

3 Citado en: http://www.elfinanciero.com.mxlopinion/cuando-Ios-ninos-no-importan.htm l

4 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Coordinación General de Comunicación y Proyectos. Comunicado de Prensa CGCP/043/16. Ciudad de México, a 17 de febrero de 2016.

5 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), [En línea] Disponible en: http://www.ceav.gob.mx/7 de abril de 2016

6 Concepto de grooming: Conjunto de acciones que lleva a cabo un adulto a través de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para ganarse la confianza de un menor, a fin de obtener un posterior beneficio de índole sexual [En línea] Disponible en http://bullying-acoso.com/definicion-y-caracteristicas-del¬grooming/#sl ash. ObETVKgR. dpuf

7 Violencia sexual contra los niños y las niñas. Abuso y explotación sexual infantil. Guía de material básico para la formación de profesionales. Save The Children España, octubre 2012, página 7.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2016.

Diputada Mariana Arámbula Meléndez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a crear un registro público vehicular e instrumentos de regulación y promoción de las unidades introducidas de forma irregular en el territorio nacional, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Máximo García López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I, 62, 76, fracción IV; y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hoy en día el mundo ha tenido grandes cambios. Uno de los problemas más serios que aquejan a todos los países del mundo es el tema vehicular. Recientemente, en varias ciudades importantes se han registrado niveles peligrosos de contaminación atmosférica, un causante de ellos es sin duda la circulación de parque vehicular en malas condiciones.

Aunado a lo anterior, nuestro país desafortunadamente tiene un problema mayor: los autos “chocolate”. En efecto, México es el país con más autos extranjeros irregulares en el mundo. Aunque parecieran un aparente apoyo a la economía de los mexicanos por ser autos de costos más bajos que los que se ofrecen en el mercado mexicano, esto no es real.

En principio, los autos “chocolate” son automóviles de marcas y/o versiones nunca comercializadas en México por concesionarios; 95 por ciento de todos estos vehículos provienen de Estados Unidos de América; la mayoría de esos autos presentan fallas mecánicas de difícil reparación; las refacciones son de mayor costo que las del mercado nacional; generalmente causan un mayor impacto ambiental,

Cabe destacar que la mayoría de los autos que se importan han sido descontinuados en Estados Unidos por su antigüedad o por no cumplir con las características mínimas para seguir circulando en aquél país.

Uno de los más graves problemas se genera cuando una vez introducidos a México son enviados a lotes de autos donde semanalmente se “rematan” con precios desde los 15 mil hasta los 60 mil pesos. La condición real de esos autos suele ocultarse eficientemente por los vendedores y crean una falsa expectativa en los clientes, que hoy no tienen forma de verificar la condición real del automóvil que adquieren.

El control que se tiene hoy en día sobre esos autos no es suficiente. Se deben establecer medidas claras, controles eficientes para la importación provisional o definitiva de autos, especialmente en la frontera norte. Es urgente regular esta situación por medio de un registro público fácil y accesible para los ciudadanos ya que la mayoría, sobre todo en la frontera, no conocen o no tienen acceso al programa de importación definitiva de autos usados procedentes de Estados Unidos y Canadá, esto por falta de promoción y estrategias del gobierno para dar facilidades para integrarse, por lo que es necesario crear acciones para hacer que los ciudadanos quieran penetrar en la esfera de legalidad y no les cause gastos extra que es la principal razón por la que adquieren estos autos.

Con la creación de este registro el gobierno tendrá control sobre todos los vehículos que ingresan por la frontera norte, y se podrá cruzar datos y tener mayor coordinación con el país vecino por lo que muchas ilegalidades se podrán prevenir, para de esta forma dar respuesta a la demanda ciudadana en esta situación.

Punto de Acuerdo

Único. La LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a crear urgentemente un registro público vehicular, así como mecanismos de regulación efectivos para las unidades ingresadas de forma irregular en el territorio nacional (autos “chocolate”) en la frontera norte, en términos de lo manifestado en la presente exposición de motivos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2016.

Diputado José Máximo García López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Guerrero y al ayuntamiento de Acapulco de Juárez a regular el transporte público en el municipio, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Guadalupe González Suástegui, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XVIII; artículo 6, fracción I; 62; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, a tenor de las siguientes

Consideraciones

Acapulco de Juárez es un municipio famoso por sus playas de talla internacional, de gente amable, generosa y hospitalaria; sin embargo, desde la última década del siglo pasado se inició un proceso de deterioro y de descuido que ha afectado la afluencia de gran turismo nacional e internacional a partir del cual, se obtenían divisas y recursos que fomentaron el desarrollo del puerto y de la mayor parte del estado de Guerrero y del país en general.

En los últimos años, los servicios prestados no responden a los estándares y exigencias nacionales e internacionales, por lo que la llegada de turistas internacionales ha disminuido notablemente, con las consecuencias económicas que ello implica.

A lo anterior, se suma la falta de calidad de transporte de pasajeros concesionado como ocurre con los autobuses urbanos de la denominada Ruta Maxitúnel, que en últimas fechas, han provocado graves accidentes como el ocurrido el sábado 9 de abril en la avenida Cuauhtémoc, donde una de estas unidades se volcó por ser conducida de manera irresponsable, por demás temeraria, resultando 45 personas heridas, 18 de ellas graves, incluyendo a un niño de 5 años quien sufrió fractura de cráneo.

Es preciso mencionar que dicha ruta está conformada por particulares que cobran a los choferes muchas veces inexpertos para conducir ese tipo de unidades entre 700 y 900 pesos diarios de “cuenta” por lo cual, los conductores pelean por subir el mayor número de pasajeros, lo que, aunado a otros factores como las malas condiciones de las calles y avenidas, provoca percances de la magnitud mencionada.

Pese a cobrar ocho pesos por transportar a las personas que suelen utilizarlo, un monto alto para el nivel de ingresos en el estado, las unidades se encuentran en pésimas condiciones, principalmente por falta de mantenimiento de su sistema de frenado y de motor, siendo más notable el deterioro de la carrocería principalmente de la pintura, accesorios, ventanas y sus interiores.

Este esquema de transporte es a todas luces contrario a toda norma ambiental y de calidad de vida que toda política de estado debe garantizar a sus ciudadanos, debido a que son notorias las nubes de humo negro que dejan a su paso y que resalta por la conducción irresponsable, propiciada por la falta de certificación, responsabilidad, madurez, capacitación y, en su caso, el desconocimiento de las reglas básicas del reglamento de tránsito.

Ante los graves accidentes ocurridos, es importante que el titular del gobierno del estado y las autoridades del ayuntamiento, tomen las medidas pertinentes para regular el transporte de pasajeros, el tipo de carriles y espacios por donde deben circular, bajar y subir pasajeros; al mismo tiempo, deben armonizar las normas al respecto, con el fin de que los conductores se certifiquen y conduzcan las unidades de transporte con responsabilidad.

Este problema del transporte en Acapulco es grave y puede potencializarse a tal grado que, debido a la inseguridad que provocan, afectar al turismo, tan es así que las personas que habitan por esas zonas, suelen tomar como medida alternativa a dicho transporte taxis, con lo que sus escasos ingresos se ven más afectados.

Los datos son contundentes: la ruta está integrada por 114 autobuses de los cuales 70 por ciento son modelos de 2004 al 2014, otro 20 por ciento son de 1998 a 2004, y el restante 10 por ciento son autobuses modelo 1995 a 1996.

A la luz de lo anterior, es importante que el gobierno municipal y el gobierno estatal, impulsen la observancia de las políticas, leyes estatales y federales; y regulen el transporte de pasajeros, para poner orden, mejorar las señalizaciones, las vías de circulación y las condiciones de mantenimiento de las unidades, los precios de las tarifas y la certificación de los conductores. Tal facultad se puede apreciar en el artículo 115 constitucional, segundo párrafo del inciso C y el numeral V; así como en la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero y el Reglamento de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero con el fin de que:

• Se regule el servicio público de personas y/o bienes dentro de las vías de jurisdicción estatal.

• La Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el ámbito de su respectiva competencia realice la debida planeación, ordenación, regulación y control de todo el servicio público de transportación de personas y/o bienes y promueva e impulse la participación de las organizaciones de concesionarios y autoridades en este rubro con los programas establecidos para mejorar y optimizar la prestación del servicio público concesionado y el ejercicio de las autoridades de la materia.

• Se optimice el servicio público de transporte, a través de una planeación y coordinación adecuada, entre los usuarios del servicio de transporte y los concesionarios del mismo, utilizando de manera eficiente las vías públicas de jurisdicción estatal, preservando el interés social y el orden público, manteniendo sus funciones dentro del marco de la ley.

En síntesis, el gobierno del estado de Guerrero y el municipal de Acapulco, tienen la obligación de poner orden en el transporte de pasajeros en los ámbitos de su competencia a fin de lograr el orden en el transporte de las personas.

Si bien el municipio de Acapulco no tiene competencia en el otorgamiento de concesiones, regulación y verificación de las unidades sí puede realizar lo conducente para que el gobierno del estado de Guerrero actúe en consecuencia.

Al mismo tiempo, desde el municipio de Acapulco, mediante las instancias correspondientes, puede realizar acciones preventivas para que se impartan cursos de capacitación al sector del transporte público, además de exigir que la policía local cumpla la normatividad e incluso se erradique la extorsión que realizan a los choferes y que incentiva el incumplimiento de las normas correspondientes; sin embargo, al mismo tiempo, los policías de tránsito deben ser capaces de aplicar y levantar las multas correspondientes, cuando el reglamento sea violentado por algún chofer.

A la luz de todo lo anterior, en congruencia con el sistema jurídico existente en el estado de Guerrero, someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero: Se exhorta al gobierno del estado de Guerrero y al gobierno municipal de Acapulco de Juárez a que en corresponsabilidad con la línea Maxitúnel, en los términos de la ley, procedan de manera urgente a reparar el daño a las víctimas, les otorguen de manera gratuita la atención médica integral y cubran los gastos colaterales como son prótesis y rehabilitación, entre otros que pudieran surgir.

Segundo: Se exhorta al titular del gobierno del estado de Guerrero y al titular del gobierno municipal de Acapulco de Juárez, para que con base en sus atribuciones y mediante las instancias correspondientes, regulen el transporte de pasajeros en general para que sea de calidad, eficiente, seguro, digno y cumpla con los más altos estándares nacionales e internacionales en beneficio de la población en general y se establezca una tarifa acorde al nivel de ingresos en el estado.

Tercero: Se exhorta al titular del gobierno del estado de Guerrero y al titular del gobierno municipal de Acapulco de Juárez, para que pongan urgentemente en operación el Acabús y se brinde un transporte digno, seguro y de calidad a un costo acorde al nivel de ingresos en el estado de Guerrero.

Cuarto: Se exhorta al titular del gobierno del estado de Guerrero y al titular del gobierno municipal de Acapulco de Juárez, a estructurar una partida presupuestal que incluya recursos federales, para que se renueve la flota de transporte, se mejoren las condiciones de las vialidades, las señalizaciones y establezcan lugares seguros y específicos para el ascenso y descenso de pasajeros.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2016.

Diputada Guadalupe González Suástegui (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instalar por la Ssa y la SHCP, y los directores del IMSS e ISSSTE una mesa de trabajo en coordinación con el Poder Legislativo para establecer metas, objetivos y políticas tendentes a alcanzar la universalización de los servicios de salud, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, María Eloísa Talavera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La salud es considerada el estado completo del bienestar físico, mental y social de una persona. Contar con un buen estado de salud permite el desarrollo del potencial y capacidades de todas las personas para cumplir sus objetivos de vida y contribuir al desarrollo de las comunidades y del país.

Sabemos que por causas naturales o producidas por las rutinas convencionales de la vida diaria, la salud de cualquier persona se puede deteriorar; recuperar y conservar un diagnóstico estable lleva a las familias a requerir vastos recursos económicos.

Por ello, la sociedad mexicana actual ha buscado esquemas de atención pública que le permitan tener atención de primer nivel o especializada, particularmente en enfermedades crónicas o degenerativas.

A partir de la reforma del 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de derechos humanos, por medio de la cual éstos son elevados a rango constitucional, protegidos por tratados internacionales ratificados por México, incluido el derecho a la salud, de acuerdo con lo previsto en el numeral 1o. de la norma fundamental, todas las autoridades deberán salvaguardar y prevalecer, en todo momento, el principio del respeto de la dignidad de las personas.

En México, el derecho a la protección de la salud se encuentra consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política desde hace tres décadas. Asimismo, la Ley General de Salud reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del referido artículo 4o.

La salud pública efectiva incluye a todos los miembros de las colectividades, protege a las poblaciones de enfermedades o padecimientos, estableciendo políticas y programas que promuevan las condiciones de vida sana para todos. La salud pública debe distinguirse por la calidad y cobertura de la atención médica, centrándose en las necesidades de conservación, prevención y atención de las comunidades, más que en las preocupaciones individuales.

Hablar de salud pública refiere un binomio básico: autoridades y ciudadanos. A través del marco legal, la Ley General de Salud trasforma ese binomio en obligación legal y política pública. La Ley General de Salud refiere en el título segundo el Sistema Nacional de Salud, que en el artículo 5 establece el Sistema Nacional de Salud, se compone de la siguiente manera:

Artículo 5. El Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud...

Como muestra el artículo anterior, el Sistema Nacional de Salud está integrado por una serie de instituciones, claramente diferenciadas según el segmento de la población a que atienden. El resultado es que la atención sanitaria se encuentra fragmentada y, por tanto, coexisten distintos tipos de beneficios y calidad en el servicio; subsisten cuotas y aportaciones diferenciadas según la institución y las condiciones del beneficiario, y presenta diferentes fuentes de financiamiento (impuestos, cuotas, etcétera). Todo ello acaba produciendo ineficiencia y, principalmente, iniquidad.1

Las instituciones de seguridad social atienden a poco más de 50 por ciento de la población nacional y se han convertido en iconos de la seguridad social y de la protección en salud para quienes cuentan con una relación laboral formal. El otro 40 por ciento recibe cobertura en salud a través del Seguro Popular y el resto recurre a los servicios sociales y los privados.

En virtud del diagnóstico referido, el gobierno ha tenido la necesidad de dar prioridad a una agenda de salud. Así, el 2 de diciembre de 2012 se llevó a cabo el llamado “Pacto por México”, en el cual se comprometieron el gobierno federal y las principales fuerzas políticas del país a impulsar un conjunto de acuerdos de iniciativas y reformas con objeto de realizar acciones efectivas para generar bienestar en toda la población, así como disminuir la pobreza y la desigualdad social.

El Pacto por México se formó con cinco acuerdos: 1. Sociedad de Derechos y Libertades. 2. Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad. 3. Seguridad y Justicia. 4. Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. 5. Gobernabilidad Democrática.

En el primer acuerdo, denominado “Acuerdo para una Sociedad de Derechos y Libertades”, se estableció avanzar hacia la creación de una sociedad de derechos que logre la inclusión de todos los sectores sociales y reduzca los altos niveles de desigualdad que hoy existen entre las personas y entre las regiones del país.

Con ello se propuso el acceso universal a los servicios de salud, el cual consistía en avanzar en la calidad y el alcance efectivo de los servicios de salud, particularmente para atender a millones personas que no cuentan con empleo formal y viven en las zonas de mayor marginación social y dispersión poblacional. Asimismo, se propuso impulsar dos principios de reorganización del sector salud: el de la portabilidad de las coberturas para que todos los asegurados puedan ser atendidos en cualquiera de los sistemas públicos de salud a su elección; y la convergencia de los sistemas para igualar gradualmente la cobertura y calidad de todos ellos.

No obstante, tres años después de la firma del Pacto por México el presidente Enrique Peña Nieto ha sido incapaz de instaurar una política pública efectiva para avanzar hacia el objetivo de lograr la universalidad de los servicios de salud. Muestra de ello la señala el estudio de la OCDE sobre los sistemas de salud México: diagnóstico y recomendaciones 2016, el cual establece:

Existen brechas considerables entre los derechos a la atención de salud de los individuos en el papel y sus experiencias en la realidad con los cubiertos por el Seguro Popular en particular desventaja. La salud en México cuenta con menos recursos que otros países de la OCDE. En la actualidad, México destina 6.2 por ciento (2013) del PIB a la salud, menos que el promedio de la OCDE, de 8.9 por ciento, lo que equivale a mil 48 dólares PPA per cápita por año (el promedio de la OCDE es de 3 mil 453 dólares PPA en 2013). La proporción de este gasto que proviene de fuentes públicas es particularmente baja. Sólo en Chile (46 por ciento) y en Estados Unidos (48 por ciento) el porcentaje del gasto público en salud es inferior al de México (51 por ciento). El gasto público bajo y la inversión total limitada en el sistema de salud se refleja en los recursos nacionales de salud de México. México cuenta con 2.2 médicos practicantes y 2.6 enfermeras practicantes por cada mil habitantes, mucho menos que el promedio de la OCDE, de 3.3 y 9.1, respectivamente. La densidad de camas también es muy baja, con 1.6 por cada mil habitantes en 2013, comparado con 4.8 camas por cada mil habitantes en la OCDE: de nuevo el más bajo de los países de la OCDE.

En el mismo diagnóstico, la OCDE establece que sin una reforma de largo alcance, México corre el riesgo de mantener un sistema de salud fragmentado, con iniquidades marcadas en el acceso y la calidad. Un sistema de salud ineficiente e indiferente a las necesidades de salud impedirá que México logre la salud, la prosperidad y el progreso de los que sin duda es capaz en los próximos años.

Lo anterior hace recurrente la necesidad de plantear nuevas estrategias para avanzar hacia la integración del Sistema Nacional de Salud, a fin de conjuntar los recursos en un mismo esfuerzo, afrontando los problemas de salud de la población mexicana de una manera mucho más efectiva y eficiente, pero principalmente porque la integración de los servicios que proporciona el Sistema Nacional de Salud permitiría que cualquier mexicano, independientemente de su condición social, económica o geográfica, pueda acceder, sin distingo, a servicios de salud.

Una prioridad de política pública en México por el Ejecutivo federal debe ser lograr la equidad en el paquete de servicios que cubren los subsistemas de aseguramiento, que incluya acciones como un padrón único de asegurados que pueda compartirse entre dependencias, un expediente clínico de asegurados, y los costeos de los servicios por prestar, entre otros.

No obstante, el 7 de abril en el marco del Día Mundial de la Salud, el Ejecutivo federal se limitó a generar la firma de un convenio interinstitucional, instrumento que ha quedado rebasado en las circunstancias y necesidades actuales de implantar acciones novedosas que permitan la practicidad y eficacia de las instituciones; es decir, entre la Secretaría de Salud y las entidades encargadas de prestar servicios de salud.

Otro de los inconvenientes del acuerdo nacional es que no plasma en ninguna ley los acuerdos de cooperación y coordinación que alcancen la Secretaría de Salud, las instituciones federales de seguridad social y los prestadores de servicios de salud, por lo que corre el riesgo de que éstos caigan en el olvido al término de la presente administración.

La prioridad debe ser garantizar que lo que aparece como un derecho plasmado en la Constitución y en leyes secundarias, pueda realizarse en la práctica, debido a que continúan existiendo brechas en el acceso y la calidad entre el seguro popular y la seguridad social tanto para la atención primaria como para la secundaria.2 Esta prioridad debe abordarse por esfuerzos cada vez mayores por promover, defender e implantar programas que proporcionen un completo acceso a los servicios de salud.

Para lograrlo debe transitarse a un sistema de salud centrado en las necesidades de los individuos, en lugar de uno que esté restringido debido a los acuerdos institucionales históricos. El sistema de salud debe renovar su enfoque hacia la prevención y el fortalecimiento de la atención primaria; consolidar y ampliar la base de ingresos para el cuidado de la salud; y mejorar la contratación y los arreglos de compra de manera que se optimicen el acceso, la calidad y la eficiencia.3

Derivado de lo expuesto, es urgente formar una mesa de trabajo con los encargados de la política en el sector salud, a fin de trazar una estrategia integral, innovadora y de repercusión nacional que permita dar paso a un sistema de salud universal en el país.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que instruya a los titulares de las Secretarías de Salud, y de Hacienda y Crédito Público, y a los directores del IMSS e ISSSTE para que instalen una mesa de trabajo en coordinación con el Poder Legislativo, a fin de que se establezcan metas, objetivos y políticas necesarios para alcanzar la universalización de los servicios de salud.

Notas

1 El derecho a la salud, capítulo cuarto, “La fragmentación del sistema nacional de salud”, acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM www.juridicas.unam.mx; disponible en la página web.- http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/Cap__tulo_Cuarto.pdf

2 Estudios de la OCDE sobre los sistemas de salud. México resumen ejecutivo y diagnóstico y recomendaciones 2016, disponible en el sitio web

https://www.oecd.org/health/health-systems/
OECD-Reviews-of-Health-Systems-Mexico-2016-Assessment-and-recommendations-Spanish.pdf

3 Estudios de la OCDE sobre los sistemas de salud México. Resumen ejecutivo y diagnóstico y recomendaciones 2016, disponible en el sitio web

https://www.oecd.org/health/health-systems/
OECD-Reviews-of-Health-Systems-Mexico-2016-Assessment-and-recommendations-Spanish.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2016.

Diputada María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implantar acciones en favor de las personas con hemofilia, a cargo del diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario PAN

El suscrito, Elías Octavio Iñiguez Mejía, diputado de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La hemofilia es una enfermedad genética recesiva que impide la buena coagulación de la sangre. Está relacionada con el cromosoma X y existen tres tipos: la hemofilia A, cuando hay un déficit del factor VIII de coagulación, la hemofilia B, cuando hay un déficit del factor IX de coagulación, y la hemofilia C, que es el déficit del factor XI.

Las hemofilias A y B, son las deficiencias hereditarias de factores de la coagulación más comunes, el tipo A es la deficiencia del factor VIII de la coagulación y el tipo B es por deficiencia del factor IX. La más común es la A, contando en el 80-85% de los casos de hemofilia. Ambas formas se heredan de forma recesiva ligada al cromosoma X, por lo cual los hombres la padecen, siendo las mujeres portadoras (generalmente asintomáticas), aunque el 30% de casos en el mundo son causados por mutación de novo , por lo que en estos casos no se tienen antecedentes familiares.

Las personas con la forma grave tienen hemorragias no relacionadas a traumatismos en especial en articulaciones y músculos. Los moderados sólo sangran asociados con traumatismos, mientras que las personas con la forma leve sólo presentan manifestaciones hemorrágicas con procedimientos invasivos, si no son preparados previamente con el factor deficiente o por traumatismos muy graves. En todo caso, es importante hacer notar que la actividad plasmática del factor no siempre es una guía confiable para la determinación del riesgo de hemorragia y el tratamiento. Una vez que la hemorragia ha iniciado en una Persona con Hemofilia (PCH) con la forma leve requiere la misma atención que un paciente grave, para asegurar la hemostasia.

La hemorragia en una PCH, sin tratamiento específico, se puede prolongar indefinidamente. Las hemorragias secundarias a heridas abiertas pueden ocasionar la muerte por choque hipovolémico. Si la hemorragia es en espacios confinados, como en cráneo, también puede conllevar a la muerte por hipertensión intracraneal; en cambio, en las articulaciones y músculos, la hemorragia se detiene cuando la presión de los tejidos circundantes es mayor o igual a la presión de la sangre que fluye, ocasionando daño grave en los tejidos, no reversible.

La prevalencia de la Hemofilia en México, de acuerdo al Registro de Pacientes de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana es de 5,420 personas, sin embargo, la prevalencia en otros países para hemofilia A es de 105 por millón de habitantes hombres y para hemofilia B de 28 por millón de habitantes hombres, se estima que por cada dos mexicanos diagnosticados con hemofilia, hay uno más que vive con el padecimiento y no lo sabe.

Asimismo, se ha logrado elevar la calidad de atención y tratamiento para pacientes con hemofilia; sin embargo, México es uno de los países con niveles de tratamiento más bajos en Latinoamérica, aumentado en los últimos años de manera gradual, de 0.60 UI/cápita hasta alcanzar en 2013 el 1.16 UI/cápita. Según, las recomendaciones internacionales de la Federación Mundial de Hemofilia, lo ideal es una dosificación acorde a las características particulares de cada paciente manteniendo un mínimo de 2 a 3 UI/cápita.

A partir del 2011, el Gobierno Federal decretó que todos los niños diagnosticados entre 0 y 10 años con hemofilia A, B y enfermedad de von Willebrand, que no cuentan con seguridad social, tengan tratamiento a través de la cobertura del Seguro Popular; sin embargo, esto aún no es una realidad en todos los estados, por lo que es indispensable mejorar los mecanismos de coordinación interinstitucional y asegurar el cumplimiento de los procesos de acreditación hospitalaria que hagan efectivo el acceso al tratamiento a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular).

El Sistema Nacional de Salud debe garantizar, a través de sus instituciones (IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, Hospitales de las Secretarías de Salud federal y estatales), el acceso de las personas con hemofilia que cuentan con cobertura, a un tratamiento integral, suficiente, oportuno, multidisciplinario y de calidad; de igual forma, es necesario que se incremente la cobertura en salud para las personas con hemofilia que actualmente se encuentran fuera de los esquemas de atención. Se estima que existen alrededor de 1,000 pacientes sin acceso a tratamiento, por no contar con servicios de seguridad social.

El tratamiento integral permite una mejor calidad de vida del paciente y una contributiva inserción a la sociedad. Por ello es necesario que todas las personas con hemofilia puedan acceder a él.

La falta de un tratamiento adecuado para hemofilia puede desencadenar complicaciones que van desde daño en las articulaciones, lo que provoca limitaciones y discapacidades físicas; y en los sangrados, como en el sistema nervioso central, pudiendo llegar incluso a la muerte.

Nuestro país requiere del establecimiento de una política pública integral de atención al paciente con hemofilia que eleve y homologue los parámetros de tratamiento, contemplando el diagnóstico oportuno, las alternativas terapéuticas y la atención médica multidisciplinaria acorde a las necesidades de la comunidad con hemofilia de nuestro país en sintonía con las recomendaciones internacionales.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de sus facultades, aumente la edad de atención médica por parte del Seguro Popular, de los menores que sufren la enfermedad denominada “hemofilia”, de los 10 a los 18 años.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud Federal, se establezcan políticas públicas necesarias, con la finalidad de homologar los tratamientos para pacientes con hemofilia en todo el territorio nacional, para que dichos pacientes cuenten con atención integral, suficiente, oportuna, multidisciplinaria y de calidad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2016.

Diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía


Efemérides

Con motivo del 19 de abril, Día Mundial de la Bicicleta, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El 19 de abril se celebra el Día Mundial de la Bicicleta con el objetivo de promocionar este medio de transporte y llamar la atención sobre los derechos de los ciclistas.

Esta celebración tuvo su curioso origen en 1985, en el estado de Ilinois, cuando Thomas B. Roberts, profesor de la Universidad del Norte de Ilinois creó el “Día de la Bicicleta” para conmemorar la primera experiencia del científico Albert Hofmann con el LSD.

Mientras Hofman realizaba experimentos con el LSD, se vio forzado a interrumpir su trabajo en el laboratorio y dirigirse a casa, afectado por una notoria inquietud acompañada de mareo. La única explicación que encontró fue que hubiera absorbido a través de la punta de los dedos parte de la solución de LSD mientras se cristalizaba. Así, al realizar otra prueba tres días después consumió 250 microgramos de LSD. Esta vez los efectos serían mucho mayores, y Hofmann necesitaba hacer grandes esfuerzos para poder hablar. Pidió a su asistente en el laboratorio, quien estaba al tanto del experimento, que lo acompañara a casa; fueron en bicicleta, dando pie a lo que es el más famoso de los paseos en bicicleta.

De gran importancia me parece celebrar este día y sobre todo hoy. Hoy que estamos padeciendo las consecuencias negativas de no invertir en recursos o hacer política pública en favor de este medio de transporte.

Nuestras ciudades están llenas de automóviles que hemos utilizado indiscriminadamente, llevándonos a ciudades contaminadas, congestionadas, sin espacios públicos de calidad, en general poco competitivas.

La bicicleta se presenta como un vehículo alternativo, económico y no contaminante, que coadyuva a ciudades humanas que ofrecen calidad de vida a las personas. Sus beneficios son muchos, tanto en el ámbito personal como colectivo: salud, medio ambiente, entorno urbano, inversión y ciudades más competitivas, en palabras como como justicia, equidad y crecimiento económico.

Cuando las ciudades invierten en infraestructura ciclista, se reducen los costos ambientales (lo cual se traduce en todo beneficio que conlleva el tener un medio ambiente adecuado para nuestro desarrollo y salud, por ejemplo, menos enfermedades respiratorias, cardiacas, etcétera); asimismo, se reducen costos sociales al mover a mayor número de personas, transporte barato y de calidad usando menos espacio, generando menos emisiones y reduciendo la saturación del transporte público; o bien en la generación de empleos bien remunerados porque incluso hay estudios que demuestran que la construcción de infraestructura ciclista o peatonal genera más empleos que la del automóvil al ser más detallada y especializada. Entonces, como consecuencia tendremos que los recursos ahorrados se pueden invertir en otros proyectos de infraestructura, educación, procuración de justicia, alimentación, salud, con beneficios para un muy alto porcentaje de la población.

Ahora más que nunca necesitamos que nuestro país sea receptivo a la inversión, a una inversión que se traduzca a un verdadero crecimiento económico para los mexicanos; los países que busquen invertir aquí lo harán en ciudades que garanticen un mínimo de seguridad, calidad de vida, educación y espacio público y todo esto en parte, en favor de sus trabajadores y sus familias; qué tiene que ver esto con la bicicleta como medio de transporte, me atrevo a decir que por lo menos se relaciona con tres de los puntos mencionados como pueden ser seguridad, calidad de vida y calidad en el espacio público.

No debemos olvidar que México como parte de un mundo global, tiene compromisos internacionales que pueden llegar a formar parte de su marco legal, de no cumplir con dichos compromisos, pasaríamos ante la comunidad internacional a ser un país poco confiable en donde no se aplican sus propios ordenamientos, lo que nuevamente se traduce en poca inversión económica. Basta decir que con el propósito de contribuir a que se alcance un Acuerdo Global en la COP 21, y cumpliendo con los principios y obligaciones de la Ley de Cambio Climático, México adquirió compromisos de Mitigación y Adaptación para el período 2020-2030 y que se traduce entre otras cosas en reducir en 25% la emisión de gases y compuestos de efecto invernadero (en donde el uso del automóvil adquiere en transporte un lugar protagónico).

¡Los compromisos se cumplen, no sólo se firman!

Recordemos que no hacer lo necesario en la materia, nos ha llevado hoy día a la problemática ambiental que hoy vive la ciudad de México.

Diputados y diputadas, tengamos la confianza de que al proveer de un marco normativo en favor del uso de la bicicleta, contribuimos desde nuestra competencia a un gran número de beneficios en favor de todos; tengamos también la honestidad de pensar en qué hemos fallado como país al apostarle al equivocado lado del automóvil como prioritario; y la humildad de aprender las buenas prácticas y buenos ejemplos de otros países que ya han pasado por esta problemática y que poco a poco han convertido sus ciudades en lugares más competitivos y humanos. Hay que invertirle a la bici, vamos a dar calidad de vida a todos, no permitamos más muertes de ciclistas.

Debo mencionar que ésta no es una efeméride oficial, sin embargo en todos los países lo celebramos. No podemos ignorar este día, si consideramos el beneficio que conlleva la bicicleta como transporte.

Palacio Legislativo de San Lázaro a los 19 días del mes de abril de 2016.


Inklusion
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