Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedatu a considerar el establecimiento de un programa de apoyo para los trabajadores afectados por el cierre de la mina de Naica, en Saucillo, Chihuahua, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputadas y diputados federales del estado de Chihuahua, Brenda Borunda Espinoza, Adriana Terrazas Porras, Ana Georgina Zapata Lucero, César Alejandro Domínguez Domínguez, Juan Antonio Meléndez Ortega, Alex Le Barón González, Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga y Fernando Uriarte Zazueta, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, Apartado 1, fracción II, Apartado 2, fracciones I, y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Naica es un pueblo, situado en el centro-sur de Chihuahua, perteneciente al municipio de Saucillo, dedicado a la minería. Cabe resaltar que la mina de Naica era hasta el 31 de octubre de 2015, la principal productora de plomo en México y es, además mundialmente conocida por las formaciones de cristales que se encuentran en su interior.

El primer descubrimiento minero en Naica ocurrió en 1794, cuando se encontró la primera veta de mineral, sin embargo fue hasta 1828 que comenzó su auge provocando la fundación del pueblo, incrementando de forma inmediata el crecimiento de la población, fundándose la Compañía Minera de Naica, fue el 27 de julio de 1911 cuando alcanzó la categoría de cabecera del nuevo municipio de Naica, debido a su importancia. Sin embargo, con la Revolución Mexicana, se paralizaron las actividades mineras, llegando casi al abandono del pueblo, motivo para que el 3 de febrero de 1922 mediante un decreto fuera suprimido como municipio e incorporado al de Saucillo.

Es hasta 1928, que la actividad minera de Naica se restablece, en un principio con compañías estadounidenses y posteriormente por la Compañía Mexicana Peñoles, siendo hasta hace poco una de las más productivas de Chihuahua, toda vez que después de 80 años, la mina de Naica, concluyó con el contrato colectivo de trabajo de más de 700 trabajadores dentro de los cuales 500 eran sindicalizados, luego de no poder continuar con las labores propias tras la inundación suscitada al interior de la mina, ocurrida en diciembre de 2014.

Después del intento por continuar con el rescate de la mina y continuar con la extracción de metal y tras invertir 290 millones de pesos durante poco más de seis meses, no fue suficiente, pues de los 520 trabajadores restantes con los que contaba la mina, alrededor de 140 trabajadores se retiraron de forma voluntaria, mientras que el resto ante la imperiosa necesidad de mantener un empleo, se vio afectado al recibir un salario tabular, pues al no haber otra fuente de empleo en el poblado resistió hasta el fin de las labores de la mina.

Es importante señalar que la sección 30 de Naica además de perder su única fuente de ingresos dejará de existir también al interior del Sindicato Minero.

Ante tal situación, es menester de los suscritos solicitar la atención del gobierno federal para proponer la atención inmediata al poblado de Naica y crear fuentes alternas de empleo para las poco más de 700 familias afectadas por el cierre de la mina con recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros.

En la entidad mencionada, actualmente se presenta no solo una afectación al ingreso familiar sino también a la vida misma, toda vez que se han quedado sin gota de agua, originado por el cierre inminente de la mina. Por ello, se corre el riego de incumplir con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, toda vez que el Plan explica las estrategias para lograr un México Incluyente, a fin de enfrentar y superar el hambre y delinear las acciones para revertir la pobreza a través de la construcción de un México Próspero. Detallando el camino que promueva la generación de empleos, buscando terminar con la pobreza. Es importante recordar que durante el funcionamiento de la mina se tuvo una producción de 14 mil 862 toneladas de plomo, 10 mil 987 toneladas de zinc y 1.3 millones de onzas de plata contenidos en concentrados de plomo y zinc, al cierre del tercer trimestre de 2014.

Esta es la dimensión de lo que está en juego de no atender de manera urgente, con responsabilidad y visión social la amenaza que significa para nuestros pobladores mineros el no contar con un empleo digno.

El acuerdo con fecha 25 de septiembre de 2014 publicado en el Diario Oficial de la Federación por el que se emiten los Lineamientos para la Aplicación de los Recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, es el instrumento jurídico indicado para brindar una solución al problema que atraviesa Naica. Toda vez que la población citada con anterioridad merece ser sujeta de recibir los beneficios que marca en el artículo decimoquinto de dicho fondo tal y como son:

I. La construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares;

II. Pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, así como la instalación y mantenimiento de alumbrado público;

III. Rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras de drenaje público, manejo de residuos sólidos, y mejora de calidad del aire;

IV. Obras que preserven áreas naturales, tales como reforestación y rescate o rehabilitación de ríos y otros cuerpos de agua, entre otros, y

V. Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo sistemas de trenes suburbanos, metrocable de transporte o equivalentes.

Además de que para desarrollar las actividades citadas, pueda dotárseles de empleos toda vez que en el mismo artículo Décimo Quinto se hace referencia a ésta opción; pues a la letra dice “Con sujeción a lo dispuesto por la legislación que corresponda, las Entidades Federativas, Municipios o Demarcaciones, previo conocimiento del Comité, podrán utilizar los Recursos como garantía o fuente de pago de obligaciones, siempre y cuando los recursos que deriven de las mismas se apliquen a los proyectos de infraestructura señalados en el presente artículo.

Para efectos del párrafo anterior, y siempre que se actualice el supuesto previsto en la fracción III del artículo Noveno del Acuerdo, el Comité aprobará la aplicación de los Recursos para el pago de aquéllas obligaciones señaladas en el párrafo que antecede.”

Y para 2016 el panorama para los mineros de Naica y sus familias debe cambiar y no agravarse, debido a la sinergia que se logra con este empeño de la política social de nueva generación instrumentada por el Presidente Enrique Peña Nieto, totalmente positiva al ser una labor colectiva, en donde hay una visión de desarrollo regional sustentable, con la que se generarán las obras de impacto en beneficio directo de las mujeres y jóvenes, de los niños y las niñas de las familias mineras.

La creación de este Fondo Minero producto, de la reforma fiscal, se traducirá en Naica en generación de empleo, lo que significará ingresos y bienestar. Porque la mejor manera de combatir la pobreza en Naica será con crecimiento económico, generación de empleos y con la distribución adecuada del ingreso, toda vez que la actividad minera ha contribuido significativamente no sólo al Estado sino a los objetivos planteados en la política llevada a cabo por el Ejecutivo federal.

Por las razones expuestas ante esta Asamblea, y con fundamento en el artículo 79, Apartado 1, fracción II, Apartado 2, fracciones I, y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos respetuosamente ante esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a efecto de emprender acciones a través del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, aplicando la atención inmediata de los recursos para establecer un programa de apoyo a los mineros afectados por el cierre de la mina en la comunidad de Naica, correspondiente al municipio de Saucillo en el estado de Chihuahua, creando fuentes alternas de empleo, con los recursos establecidos de conformidad a lo establecido en el artículo decimoquinto del citado fondo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.

Diputados: Juan Antonio Meléndez Ortega (rúbrica), Alex Le Barón González (rúbrica), Fernando Uriarte Zazueta, César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica), Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga (rúbrica), Brenda Borunda Espinoza (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profepa y la Conagua a vigilar el cumplimiento de la normatividad y sancionar a quienes contaminen el río Atoyac, en Puebla y Tlaxcala, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, Alma Lucía Arzaluz Alonso, María Ávila Serna, Arturo Álvarez Angli y diputados Federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 79, numeral 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el marco del Día Mundial del Agua, celebrado el pasado 16 de marzo, es de referirse la problemática que actualmente se presenta en el río Atoyac, el cual nace del deshielo de los glaciares en la Sierra Nevada, en el estado de Puebla.

El río Atoyac penetra en el territorio del estado de Tlaxcala, de donde vuelve al territorio poblano para regar el extenso valle de Puebla-Tlaxcala. En el sur del municipio de Puebla es embalsado en la presa Manuel Ávila Camacho, conocida también como la Presa de Valsequillo.

Atraviesa los valles de Atlixco y Matamoros. Los tres valles constituyen la zona más poblada del estado de Puebla y concentran buena parte de la actividad agrícola e industrial del estado.

Lamentablemente, el río Atoyac está siendo contaminado por la actividad humana de 38 municipios de Tlaxcala y 22 del estado de Puebla,1 que descargan sus aguas residuales al aire libre y por al menos mil industrias que no cuentan con plantas de tratamiento o no funcionan adecuadamente, lo cual ha ocasionado que este afluente tenga al menos 25 sustancias nocivas y sea un foco de infección capaz de causar enfermedades como hepatitis, cólera y cáncer.

Dentro de los principales causales de la contaminación del río Atoyac se encuentran las descargas que realizan en éste compañías textiles, alimenticias, químicas y petroquímicas, de bebidas, metal-mecánicas, automotrices y de autopartes, así como productoras de papel.

Desafortunadamente, el río Atoyac es considerado uno de los afluentes más contaminados del país, pues se calcula que diariamente se lanzan 146 toneladas de materia orgánica, 68.8 toneladas de sólidos suspendidos y 14 kilogramos de metales pesados a lo largo de sus 400 kilómetros de longitud.

No sólo se trata del lugar al cual van a parar las aguas negras de una ciudad, sino del incumplimiento de la normatividad respecto de las descargas de drenaje pluvial.

De acuerdo con datos de la delegación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Puebla, hay un registro de 400 permisos otorgados a particulares propietarios de industrias textil, mecánica, automotriz, química, cosmética y papelera, entre otras, para realizar descargas en el río, aunque se estima que la cifra de quienes realizan esta práctica supera las 3 mil 500 plantas, de las cuales se ignora si cuentan con un equipo de pre-tratamiento de aguas, es decir, si cumplen o no con los requisitos ambientales para su operación.

Según datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en el año 2015 fueron clausuradas definitivamente cinco empresas en Puebla y Tlaxcala, del mismo modo que se cerraron otras 22 de manera temporal, toda vez que las empresas examinadas incumplieron con la NOM-001-SEMARNAT-1996.2

Se debe precisar que uno de los problemas que imperan en el río Atoyac, es que la mayoría de las empresas no vierten directamente sus desechos en zonas federales o en los afluentes del mismo, sino que las plantas están conectadas a los drenajes municipales o de los organismos operadores de los servicios de agua, y de ahí sus desechos hídricos son lanzados al río.

La contaminación del río Atoyac afecta a más de 2 millones 300 mil pobladores de 22 municipios de Puebla, por donde corre el caudal.

Es por ello que los diputados promoventes, considerando que ningún proyecto económico debe estar por encima de la salud de los ciudadanos y de la debida conservación de los recursos naturales del país, solicitamos que se aplique correctamente la normatividad ambiental vigente a efecto de revertir el alarmante nivel de deterioro y contaminación que presenta actualmente el río Atoyac, lo cual afecta sensiblemente al 40% de la población que vive en sus márgenes.

Por lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua para que, en el ámbito de sus atribuciones, vigilen el cumplimiento de la normatividad ambiental y apliquen las sanciones correspondientes a quienes contaminen el río Atoyac, ubicado en los estados de Puebla y Tlaxcala.

Segundo. Se exhorta de manera respetuosa a las autoridades federales, locales y municipales, para que en el ámbito de sus atribuciones, frenen de manera inmediata la descarga de residuos en el río Atoyac, ubicado en los estados de Puebla y Tlaxcala.

Notas

1 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Avanza Profepa en el Rescate del río Atoyac-Zahuapan, en Tlaxcala (consulta en línea, 15 de marzo de 2016). Disponible en:

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/7697/1/mx.wap/
avanza_profepa_en_el_rescate_del_rio_atoyac-zahuapan_en_tlaxcala.html

2 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Halla PROFEPA descarga de aguas residuales clandestinas en río Atoyac, Puebla (consulta en línea, 15 de marzo de 2016). Disponible en: www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/5420/1/mx.wap/halla_profepa_descarga_ de_aguas_residuales_clandestinas_en_rio_atoyac_puebla.html.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados a los 31 días del mes de marzo del año 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Gálico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolín Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet, Eduardo Francisco Zenteno Núñez.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a atender por las autoridades respectivas la inseguridad prevaleciente en Veracruz, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Norma Rocío Nahle García, diputada del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de Veracruz vive una crisis de inseguridad provocada por una violencia criminal desbordada. El gobierno de Javier Duarte de Ochoa ha sido incapaz de detener este clima de muerte y barbarie y de devolver a los veracruzanos la tranquilidad que tanto anhelan; por el contrario, durante este gobierno se ha observado una escalada exponencial en los índices de violencia, aunado a una escandalosa pasividad por parte de las instituciones encargadas de brindar seguridad y garantizar justicia. Mientras la impunidad es un lastre cotidiano, el Estado de derecho brilla por su ausencia.

Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de la Secretaría de Gobernación, revelan que en Veracruz los asesinatos y los secuestros registraron un crecimiento del 114 y el 40 por ciento respectivamente en comparación con el inicio del año anterior. Los dos primeros meses del 2016, han sido el peor inicio de año para Veracruz en materia de inseguridad y violencia. Durante enero y febrero de 2015 se contabilizaron 68 homicidios dolosos; y en ese mismo periodo de 2016 se registraron 139 asesinatos, es decir, 71 crímenes más, que representan un aumento del 114 por ciento.

En los últimos meses las noticias dan cuenta de la gravedad de la situación, así en la cuenca del Papaloapan, entre finales de julio y principios de agosto de 2015 fueron halladas al menos 9 personas ejecutadas en la carretera Isla-Playa Vicente, todas las cuales fueron previamente “levantadas” con violencia; en otras zonas del estado la situación de violencia se repite: el 22 de julio fue encontrada una persona decapitada en una playa de Alvarado; el 12 de agosto fue asesinado un líder de manifestantes en Tixtepec; el 2 de diciembre fueron hallados cuatro cuerpos en la autopista Acayucan-Cosoleacaque; el 3 de diciembre fueron asesinadas tres personas de origen poblano en la carretera Tinaja-Cosoleacaque; el 11 de diciembre dos hombres fueron asesinados en un paraje de la carretera Villa Azueta-San Jerónimo en el municipio de José Azueta. Sin dejar de recordar los violentos robos que se registran en todas las carreteras de la entidad, como los sucedidos a principios de diciembre pasado en la carretera Tinaja-Cosoleacaque que dejaron un saldo de dos pasajeros muertos.

De hecho Veracruz ocupa el primer lugar nacional en asaltos en carreteras, esto de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

“En la totalidad de esos robos se ha usado la violencia y los asaltantes han causado lesiones a los pasajeros; incluso hay denuncias de que en esos atracos se han cometido ultrajes contra mujeres.

En el reporte sobre incidencia delictiva de 2014, se sitúa a la entidad gobernada por Javier Duarte de Ochoa como el estado en donde más delitos en carretera se dieron en todo el país, con 48 reportes en total.

Estos robos significan no sólo que la ciudadanía está más expuesta a viajar por la noche, sin importar que usen líneas de primera clase como la de ADO, sino el fracaso en materia de seguridad pública en carreteras para el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, y también para cada comisaría de la Policía Federal de la división Caminos en la entidad.

En esos robos se concentra, por ejemplo, los más de 15 asaltos a camiones de pasajeros registrados a lo largo del año pasado en carreteras del sur del estado; los tramos más peligrosos fueron la federal 180 por el lado de Acayucan, Jáltipan y Minatitlán.”1

De la violencia no queda exenta la capital del estado en donde desde octubre pasado por “el alto índice de violencia, la empresa Servicio Urbano de Xalapa (SUX) suspendió su ingreso en seis colonias de la ciudad después de las 21:00 horas. Además de que han implementado diversos protocolos de seguridad con la finalidad de proteger a los choferes.... En estos sectores poblacionales desde julio a la fecha incrementaron los asaltos a conductores y pasajeros por sujetos con armas de fuego u objetos punzocortantes.”2

El pasado 11 de enero se reportó la desaparición de cinco jóvenes en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, se trata de José Benítez de la O, de 24 años de edad; Mario Arturo Orozco, de 27 años; Alfredo González Díaz y Bernardo Benítez Arroniz, ambos de 25 años de edad; así como Susana Tapia Garibo de 16 años; diversos medios de comunicación han dado cuenta de este acontecimiento que resulta doblemente preocupante si se considera que fueron policías estatales quienes los detuvieron y fue desde ese momento que se desconoce su paradero, así lo señalaron diversos testimonios. Los jóvenes desaparecidos se dirigían del Puerto de Veracruz, en donde pasaron su periodo vacacional, hacía Playa Vicente su lugar de origen; el vehículo en el que viajaban fue localizado abandonado en la congregación Paso del Toro, municipio de Medellín de Bravo, ubicado a unos 100 kilómetros de Tierra Blanca.

El Fiscal General del estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, ha confirmado la detención de cuatro elementos de la policía adscritos a la Delegación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con base en Tierra Blanca, como presuntos responsables de la desaparición forzada de los cinco jóvenes, el funcionario estatal dio cuenta de la existencia de videos que incriminan a los elementos policiacos en esta desaparición.

Estamos ante la presencia de un lacerante caso más de desaparición forzada que la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, define como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del estado, seguida de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”3

Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2015, en Veracruz aumentó la incidencia de los delitos de extorsión, robo y fraude; sabemos que cualquier cifra y estadística en materia delictiva nunca nos expondrá lo que acontece realmente, es un hecho que la gran mayoría de los ilícitos no son denunciados por temor de las víctimas, no es difícil imaginar el terror que sienten los familiares de las víctimas de secuestros o desapariciones forzadas el cual les impide denunciar, de hecho la misma encuesta estima que para el 2014 en el estado de Veracruz se denunció sólo 13.7 por ciento de los delitos, esto significa que 86.3 por ciento de los delitos cometidos no se denunciaron, además del miedo, otro factor que inhibe la denuncia es el alto índice de desconfianza que hay en las autoridades encargadas de la administración y procuración de justicia.

El clima de inseguridad que se vive en Veracruz es percibido por todas y todos, hasta los más pequeños, de acuerdo con el resultado de la Consulta Infantil y Juvenil 2015, que realizó el Instituto Nacional Electoral (INE) el 7 de junio pasado, de los 88 mil 139 niños veracruzanos que participaron en la primer categoría (de seis a nueve años), 66 mil 516 de ellos dijeron sentirse inseguros en la calle. La Envipe citada anteriormente revela que el nivel de percepción sobre inseguridad pública en Veracruz en 2015 es de 80.5 por ciento, además 53.2 por ciento de la población de 18 años y más considera a la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día a la entidad, y es que “de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad concentra altos índices de delitos, en particular entre 2010 y 2015, periodo del gobernador Javier Duarte, según este sistema nacional, Veracruz es de las entidades que registra mayor número de denuncias por amenazas en el país, además de altos índices de homicidios dolosos, ataques sexuales y secuestros desde el 2010 a la fecha”.4

Así, en Veracruz la inseguridad es un problema que ha rebasado a las autoridades, siendo las extorsiones, el secuestro y la desaparición forzada los delitos que desafortunadamente comienzan a prevalecer en esta entidad, a pesar de que en ella se ha comenzado a instrumentar el mando único policial.

La región en la que se dio la desaparición de los cinco jóvenes es ya considerada por muchos de sus habitantes como una región de terror, y es que en efecto la cuenca del Papaloapan ha sido agobiada los últimos años por el crimen y la violencia, la cuenca del Papaloapan se integra por municipios de Veracruz, Puebla y Oaxaca, entre los municipios veracruzanos encontramos Playa Vicente, Tierra Blanca y Tres Valles, recordamos que en este último municipio a mediados de 2014 fueron halladas 13 fosas clandestinas de donde se extrajeron al menos 32 cuerpos y diversos reportes dan cuenta de la desaparición de más de 80 personas en esta región, también recordamos que en mayo de 2015, el reportero veracruzano Armando Saldaña Morales fue hallado en los límites de Oaxaca y Veracruz, en Cosolapa, con al menos cuatro impactos de bala.

La ola de violencia que azota al estado de Veracruz ciertamente es consecuencia del aumento de la pobreza y del crecimiento de la delincuencia organizada, pero paradójicamente otro factor que se menciona como responsable de esta escalada de violencia y particularmente del aumento de desapariciones forzadas es la inusual presencia de policías y militares en esta entidad, en la cual como ya se mencionó se ha instrumentado el llamado “mando único policial” en al menos 60 de sus municipios, así en opinión de diversas organizaciones:

“Las desapariciones forzadas han aumentado en el estado como consecuencia de las acciones que en materia de seguridad pública detentan hoy las fuerzas armadas y la policía estatal, las cuales y de acuerdo con cifras proporcionadas por el Colectivo por la Paz son responsables de la desaparición de 665 personas, entre las cuales se encuentran 122 menores de edad. Ya desde 2012, la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima) colocó al estado de Veracruz como una de las cinco entidades que concentran la mitad de las víctimas del dicho delito. En los primeros cinco meses de 2013, el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, creado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ubicó a Veracruz en el primer lugar nacional, con 12 expedientes abiertos. Por su parte, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) tiene registrados, entre 2011 y 2013, al menos 388 desapariciones forzadas”5

Esta alarmante situación nos lleva invariablemente a cuestionar la efectividad de las políticas militares que se han venido impulsando para combatir la criminalidad y en el mismo sentido la aplicación del Mando Único Policial como estrategia de combate al crimen organizado, que ya se ha visto no ha logrado ni siquiera reducir los índices delictivos sino todo lo contrario; es evidente que el mando único no ha logrado frenar la infiltración de las policías, las que siguen siendo afectadas por el fenómeno de la corrupción. El gobernador de Veracruz Javier Duarte en entrevista telefónica para “Xeu Noticias” refirió: “La seguridad pública por parte del gobierno de Veracruz está en todo el estado (...) En 67 municipios nosotros tenemos la responsabilidad de la seguridad pública, es decir 67 alcaldes no se tienen que preocupar por la seguridad pública, pueden dormir tranquilamente porque el que es el responsable en estos 67 municipios es un servidor”.6

Estas declaraciones han puesto de manifiesto la incapacidad y el incumplimiento del gobernador para con el tema de la seguridad pública, ya que ni los alcaldes, ni los veracruzanos “pueden dormir tranquilos” ante el clima de inseguridad que existe en la entidad.

“Según información recabada por Amnistía Internacional, la mayoría de las desapariciones han tenido lugar en estados donde en los últimos años ha habido elevados índices de violencia delictiva y se ha intensificado la presencia de la policía y las fuerzas de seguridad.”7

La desaparición forzada de personas es sin duda uno de los crímenes más crueles que puede cometerse, la comunidad internacional ha coincidido en calificarlo como delito de lesa humanidad, si se considera además que las víctimas y sus familias son por este delito torturadas continua y prolongadamente. Aunque nuestro país ha signado tratados internacionales para prevenir y erradicar la desaparición forzada, ésta va en aumento y lo que resulta también más delicado es el alarmante grado de impunidad que impera en estos casos.

Amnistía Internacional en su documento Enfrentarse a una pesadilla . La Desaparición de personas en México , refiere que “Entre 2006 y 2012 se registró en México a más de 26 mil personas como desaparecidas o no localizadas. No está claro cuántas continúan desaparecidas actualmente. Algunas son víctimas de desapariciones forzadas en las que hay funcionarios públicos implicados...

A pesar del número escalofriante, las autoridades han fracasado de manera sistemática en investigar y aclarar la gran mayoría de los casos, incluso los muchos cientos de desapariciones en las que hay evidencia de detención o privación de la libertad por parte de agentes del estado o bandas de delincuentes. El fracaso sistemático por parte de las autoridades federales y estatales de tomar en serio las crecientes denuncias de desapariciones ha contribuido a crear un clima de tolerancia hacia estos crímenes.8

Indudablemente, este caso nos hace recordar de forma inmediata, la desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, perpetrada el 26 de septiembre de 2014 por agentes de la Policía Municipal; no queremos bajo ninguna circunstancia que estas infames desapariciones comiencen a ser la constante.

Un gremio muy afectado por la violencia que se vive en Veracruz es el de los periodistas, así entre 2011 y 2015 han sido asesinados 15 de ellos, sin duda ejercer el periodismo en Veracruz es una profesión de alto riesgo. Condenamos el artero asesinato de la reportera Anabel Flores Salazar, quien recordamos, apenas el pasado 8 de febrero fue sustraída violentamente de su domicilio.

Las mujeres también son víctimas de la violencia que se vive en Veracruz, los feminicidios van a la alza, lo que ha dado lugar a que se solicite la declaratoria de alerta de género para la entidad. Sin dejar de mencionar la situación que vive la población homosexual y transexual, Veracruz es una de las entidades que registra un alto índice de crímenes de odio por homofobia y transfobia, los cuales en su gran mayoría han quedado impunes, no existe atención por parte de las autoridades estatales para erradicar la violencia contra este sector de la población.

Recientemente se ha dado a conocer el lamentable caso de una adolescente víctima de una violación por parte de sus compañeros de la escuela. Este caso es uno más de la larga lista de expedientes negros que se han acumulado en el cajón de la impunidad, ya que varios medios de comunicación han documentado que este grupo de jóvenes conocido como Los Porkys, ha obtenido privilegios al amparo del poder producto de las relaciones que sus padres mantienen con altos funcionarios del gobierno local.

Asimismo, en estos días nos hemos enterado de la desaparición forzada de tres jóvenes en el municipio de Papantla, perpetrada por siete agentes de seguridad locales. De acuerdo con testimonios contenidos en la indagatoria 326/2016, la mañana del sábado anterior Noé Martínez López, Alberto Uriel Pérez (de 19 años) y Luis Humberto Morales (de 18) circulaban en un vehículo Chevrolet Aveo rojo por la ciudad de Papantla. Los siete agentes de Papantla son acusados de participar directamente en la desaparición forzada de los civiles. El resto de los elementos de la corporación permanecen acuartelados en la comandancia, donde rinden declaración mientras se inspecciona armamento, equipo e instalaciones.

Cada caso ilustra el grado de descomposición del gobierno estatal, que no escapa a las tendencias de un clima general manchado por la impunidad, la corrupción, la complicidad y la injusticia. Las autoridades han sido rebasadas y suplantadas por el poder fáctico que representa el crimen organizado, mismo que ha copado las instancias de la vida pública en todos sus ámbitos. Con este cuadro sintomático que se extiende por todo el territorio veracruzano aunado a la incapacidad de brindar las garantías más básicas de seguridad por parte de las instancias de los gobiernos estatales y municipales; se puede concluir que se trata de un Estado fallido que ha renunciado a su función esencial de salvaguardar la vida de sus ciudadanos.

Este deleznable escenario bélico habilitado por la estructura estatal corrompida por el crimen organizado, facilita las formas más radicales de la violencia represiva. Como lo señala la distinguida politóloga Pilar Calveiro,9 este esquema de violencia estatal, recurre a una reorganización jurídica y penitenciaria que conduce al encierro creciente de personas, en especial jóvenes y pobres, en aras de la supuesta seguridad interior del Estado.

Urge, en consecuencia, rescatar al Estado de Veracruz de la violencia criminal y de la inseguridad insoportable que padece su población, y solicitar al gobierno federal una acción más firme y decidida en la entidad.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que de manera inmediata y urgente establezca una coordinación en la que intervenga la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional de Seguridad, con la finalidad de emprender acciones para atender la grave situación de inseguridad que prevalece en el estado de Veracruz, y que amenaza la paz pública, lesiona el Estado de derecho y que ha puesto en peligro a la sociedad veracruzana.

Segundo. Esta soberanía exhorta al titular del Ejecutivo federal a considerar entre las acciones a realizar en el estado de Veracruz las siguientes: una intensa y permanente campaña de prevención del delito en todos los municipios de la entidad; revisar y rediseñar la estrategia de mando único implementado en diversos municipios de la misma; establecer presencia policiaca permanente en las zonas del estado que presentan altos índices delictivos; fortalecer los operativos de vigilancia en todas las carreteras de la entidad para frenar los robos con violencia; acelerar las investigaciones sobre los delitos de desaparición forzada que se han cometido durante los últimos cinco años, para que dichos ilícitos se esclarezcan y no queden impunes y brindar medidas de protección al gremio periodístico ante la violencia extrema de que han sido víctimas varios de sus miembros.

Notas

1 http://eldelsur.com/2015/02/22/ocupa-veracruz-primer-lugar-nacional-en- asaltos-carreteras-de-acuerdo-al-sesnsp/

2 http://eldelsur.com/2015/10/13/
suspenden-urbanos-servicios-en-6-colonias-de-xalapa-por-elevados-indices-de-inseguridad/

3 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionCED.aspx

4 http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/08/05/veracruz-tierra-amenazas -homicidios-violaciones

5 http://www.rebelion.org/noticidada.php?id=182041

6 http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=744874

7 http://www.animalpolitico.com/2013/06/autoridades-involucradas-en-el-55 -de-las-desapariciones-ai/

8 http://amnistia.org.ar/sitio2/2015/category/documentos/page/4/?id=80

9 Pilar, Calveiro, Violencias de Estado. La guerra antiterrorista y la guerra contra el crimen como medios de control global, Siglo XXI Editores, 2012, p.15.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2016.

Diputada Norma Rocío Nahle García


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Querétaro a crear el instituto local del migrante, a cargo del diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI

José Hugo Cabrera Ruiz, diputado a la LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; y 79, numeral 1 fracción II, y numeral 2 fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de la honorable asamblea el presente punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro para que en el ámbito de su competencia, cree el Instituto del Migrante del estado de Querétaro, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 11, establece que “... toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes...”

Asimismo, en su artículo 73, fracción XVI faculta al Congreso para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República.

Por su parte, la Ley de Migración en su artículo 2 define que la política migratoria del Estado mexicano como un conjunto de decisiones estratégicas, principios generales, normas secundarias, diversos programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.

Del mismo modo, el artículo 3, fracción XVII, define al migrante como el individuo que sale, transita o llega al territorio de un Estado distinto al de su residencia por cualquier tipo de motivación.

En el ámbito local, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro, en su artículo 21 establece que “la Secretaría de Gobierno es la dependencia encargada de conducir, por delegación del gobernador del estado, la política interna y la gobernabilidad del estado”.

Más específicamente, en su fracción XIV señala que la citada dependencia tiene como atribución “Intervenir, en auxilio o en coordinación con las autoridades federales, en los términos de las leyes relativas en materia de cultos religiosos, detonantes y pirotecnia, juegos y sorteos, migración y reinserción social.”

Similar fundamento se expresa en el Reglamento Interno de la Secretaría de Gobierno del estado de Querétaro, donde en el artículo 23 fracción I, se establece como atribución de una de sus direcciones, la de Gobierno, el intervenir en auxilio o en coordinación con las autoridades federales en los términos de las leyes relativas en materia de migración.

Actualmente, dentro de la estructura orgánica de la Dirección de Gobierno se encuentra el llamado Departamento de Atención a Migrantes.

Respetable asamblea:

A través del tiempo, “la migración de mexicanos a Estados Unidos ha experimentado cambios en cuanto al volumen, extensión territorial y características sociodemográficas de las personas que participan en los flujos migratorios. La extensión del fenómeno migratorio y sus profundas implicaciones en los ámbitos demográfico, económico y social de las distintas entidades federativas del país han colocado a la cuestión migratoria como uno de los temas prioritarios de la agenda política nacional, estatal y local”.1

Querétaro, integrante del pacto federal, no ha quedado ajeno de esta dinámica y por el contrario, en varias comunidades de nuestro estado experimenta continuamente flujo de población especialmente de joven y con intención laboral hacia los Estados Unidos principalmente; asimismo, es ya tradicional el retorno temporal de paisanos por las fiestas de fin de año.

“La migración México-Estados Unidos es un fenómeno de carácter principalmente económico que responde a la combinación de factores estructurales, tales como las profundas disparidades económicas y salariales, la complementariedad demográfica y un contexto de creciente integración económica entre ambos países. Este flujo migratorio ha sido continuo desde finales del siglo XIX, sólo interrumpido por el periodo de la Gran Depresión de 1929, tiempo en el que miles de mexicanos radicados en Estados Unidos fueron deportados a sus lugares de origen en México. Fue hasta la década de 1940 cuando se recuperó una relativa estabilidad de los flujos migratorios que se dirigían al país vecino del norte. La participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial (1942) provocó una escasez de trabajadores en el mercado laboral, situación que orilló al gobierno estadounidense a firmar un contrato de trabajadores temporales con su homólogo mexicano, conocido como el Programa Bracero, que inició en 1942 y se prolongó hasta 1964”.2

“Se estima que durante el periodo de los braceros poco más de 4.5 millones de mexicanos ingresaron de manera legal a Estados Unidos, lo cual equivalía a un flujo anual de 290 mil trabajadores mexicanos, y una cantidad similar cruzó la frontera sin documentos. En 1965, Estados Unidos optó por finalizar los llamados “convenios bracero” y por controlar el flujo migratorio mediante la legalización de una parte de la población trabajadora, bajo el sistema de cuotas, la deportación de la población indocumentada y el reforzamiento de la frontera con México. Sin embargo, la migración no se detuvo, y miles de mexicanos continuaron migrando de manera indocumentada. Aunque la mayoría de los migrantes mexicanos permanecía por periodos cortos en Estados Unidos, muchos se establecieron de manera permanente, y se empezaron a formar barrios o vecindades compuestos por familias del mismo lugar de origen en México. Así, durante la década de 1960, la población mexicana residente en ese país aumentó sostenidamente hasta alcanzar la cifra de 800 mil personas en 1970. Es a partir de esta fecha que cobra gran relevancia la inmigración mexicana en Estados Unidos, proveniente en buena medida de las zonas rurales de los estados del occidente y del norte de México”.3

“Sin embargo, durante la década de 1980 se dio un cambio radical en los patrones migratorios como efecto de dos influencias: los avatares del desarrollo económico de México y las políticas migratorias seguidas por Estados Unidos. Las crisis económicas experimentadas por México en esos años que afectaron severamente las condiciones de vida de la población Mexicana significaron la incorporación a los flujos migratorios de personas de clase media, con mayores niveles educativos, de origen urbano, y provenientes en su mayoría de entidades de poca tradición migratoria a Estados Unidos”.4

Para Querétaro, siguiendo esta dinámica, el fenómeno que antes se reservaba para estratos poblacionales de bajo nivel de ingreso y muy enfocado en las zonas del norte del estado, población que por cierto me ha elegido como representante popular, comenzó a impactar en población de zonas urbanas más cercanas a la capital del estado.

“El crecimiento de la población mexicana sin documentos por su parte, para trabajar o residir en Estados Unidos fue aún más considerable, tanto en términos absolutos como relativos. Con un incremento neto estimado de 2.8 millones durante la década de 1990, la población indocumentada alcanzó la cifra de 4.6 millones en 2000. Dicho aumento tuvo lugar a pesar de la implementación de medidas restrictivas y operativos de control fronterizo... dando lugar a un proceso de militarización de la frontera México-Estados Unidos. Si bien estos operativos no tuvieron los resultados deseados en términos de la disminución del flujo migratorio indocumentado, sí han tenido un efecto en los costos y riesgos asociados con el cruce de la frontera, debido a que tendieron a desviar el flujo migratorio hacia puntos de cruce más peligrosos”.5

Lo delicado entonces, no solo ha sido la migración de población en su mayoría económicamente activa, con las implicaciones económicas, sociales y culturales que en sus comunidades de origen desencadenan, sino que se realiza en principio de manera ilegal.

Estas políticas restrictivas además “...han tenido otras consecuencias en las tendencias y modalidades de la migración mexicana. Hasta finales de la década de 1980, los migrantes mexicanos permanecían por cortos periodos en Estados Unidos para luego regresar a sus lugares de origen. Sin embargo, este carácter circular y temporal de la migración mexicana se ha ido perdiendo poco a poco, posiblemente debido a que se han encarecido los costos para migrar, o bien porque los migrantes prefieren establecerse de manera definitiva en ese país y no arriesgarse a cruzar nuevamente la frontera. Ello ha dado pie a la consolidación de una migración de mayor tiempo de permanencia y, consecuentemente, se ha conformado en Estados Unidos una comunidad de origen mexicano de magnitud considerable. Se estima que en 2010 radicaban en ese país alrededor de 11.9 millones de personas nacidas en México. Aunque si a esa cifra le sumamos la población de origen mexicano, su monto aumenta a poco más de 33 millones. De estos últimos, 21.2 millones nacieron en Estados Unidos (11.2 millones de segunda generación y 9.9 millones de tercera generación)”6 .

“Estos datos colocan a México como el país de mayor inmigración en la Unión Americana, incluso por encima de grandes regiones del mundo como Asia, Europa y el resto de América Latina.”7

Si hablamos de nuestra entidad federativa, cifras oficiales manejan alrededor de 100 mil queretanos en Estados Unidos. Así, con base las estadísticas nacionales, podemos estimar que al menos la mitad migró de manera indocumentada.

Aquí podemos apreciar la real necesidad de tener alguna institución sólida de carácter estatal, que genere política pública para nuestros queretanos migrantes en coordinación con los lineamientos que marca gobierno federal.

El hecho de acompañar a nuestros paisanos en caravana de fin de año debió ser solo el inicio, actividad que promoví en su momento cuando fui legislador local hace ya varios años, y que hoy ni siquiera es representativa, pues de inicio todos los migrantes beneficiados tienen papeles y pasan por los cruces fronterizos, además de que tienen suficientes recursos para hacer el viaje de retorno. Lo que sin duda no representa la realidad de la mayoría de los migrantes no solo queretanos, mexicanos.

Ahora bien, y “particularmente desde 2006, se ha observado una disminución en los flujos migratorios mexicanos que se dirigen al vecino país del norte. Esto guarda relación con un contexto político y social más adverso hacia la inmigración procedente de México...” entre la que sobresale una situación de mayor inseguridad y violencia hacia los migrantes en ambos lados de la frontera, ya sea por la presencia y control de los flujos migratorios ilegales de parte del crimen organizado, o por “... la hostilidad creciente de autoridades y población norteamericana hacia los mismos; asimismo tiene que ver de manera importante con la recesión de la economía estadounidense que ha incidido negativamente en los niveles de empleo y condiciones laborales de la población inmigrante mexicana y con la violencia e inseguridad. Los datos de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF Norte) reportan un total de 492 mil intentos de cruce de mexicanos hacia Estados Unidos por motivos laborales en 2010, los cuales cayeron en 34 y 22 por ciento en relación con los desplazamientos observados en 2008 y 2009, respectivamente. Esta disminución fue mayor en los intentos de cruce indocumentados, pasando de 683 mil en 2007 a 235 mil en 2010. De tal forma que la emigración indocumentada, que representaba un 81 por ciento del total de cruces en 2007, fue tan sólo de 48 por ciento en 2010. Los datos del censo mexicano de población de 2010 muestran una reducción de la migración quinquenal”.8

“Entre 2008 y 2012, se registró una disminución en los flujos migratorios laborales entre México y Estados Unidos. Para 2012, los datos de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF Norte) reportan un flujo total de 276 mil eventos de migrantes mexicanos con destino a Estados Unidos; y un flujo total de 165 mil eventos de mexicanos desde ese país. Ambas cifras son, por mucho, menores a las registradas en años anteriores”.9

No obstante, “el flujo de migrantes mexicanos no documentados que se dirigía a Estados Unidos se incrementó de 166 mil en 2011 a 182 mil eventos en 2012. En cambio, el flujo de mexicanos documentados presentó una disminución al pasar de 151 mil a 94 mil eventos”.10

El anterior comportamiento si bien solo fue coyuntural, es decir, correspondiente solo a un corto período de tiempo, es un indicador que debe preocuparnos pues son precisamente los indocumentados los más vulnerables de que les sean violentados sus derechos y de sean perjudicados por el crimen organizado, en su intento de cruzar la frontera.

Otra razón, para que el estado de Querétaro vele institucionalmente por su población con alguna necesidad migratoria. En el abandono, sin orientación, a veces sin conciencia de los riesgos y de los resultados finales, donde la prosperidad anhelada casi nunca se realiza, y acaba siendo un simple cambio de residencia a veces con mayores carencias que en los lugares de origen, y sin identidad.

Muchos migrantes si hubieran sido asesorados no hubieran partido, como señala en su libro el autor de origen queretano, tequisquiapense por cierto y radicado en Chicago, Raúl Dorantes “Y nos vinimos de mojados”.11

Pese a los riesgos, “la búsqueda de trabajo constituye el principal motivo para migrar a Estados Unidos. Alrededor de 80 por ciento de los migrantes tiene o cuenta con experiencia migratoria, y poco más de seis de cada diez no cuenta con documentos migratorios para entrar, residir o trabajar en ese país.”12

“Así, en el mediano plazo, mientras que entre 1995 y 2000, 1 millón 209 mil mexicanos emigraron al vecino país, entre 2005 y 2010 sólo 683 mil lo hicieron, es decir, 526 mil personas menos que en el quinquenio anterior”.13

Asimismo, y “de acuerdo con esta misma fuente, también se dio un aumento en la migración de retorno, la cual pasó de 267 mil migrantes en el quinquenio comprendido entre 1995 y 2000 a 824 mil en el periodo 2005- 2010, lo que representó un incremento de 300 por ciento. Este conjunto de cambios plantean la interrogante de si se trata de un nuevo patrón migratorio, o si son modificaciones coyunturales, consecuencia de la recesión económica y políticas migratorias en Estados Unidos, que al estabilizarse traerían de vuelta los patrones migratorios anteriores”.14

Lo cierto es que ya no debemos ser reactivos sino proactivos hacia un fenómeno arraigado en el psique de la sociedad mexicana y por supuesto queretana, con una importancia económica creciente como más adelante apreciaremos, cuando abordemos el tema de las remesas.

Ahora bien, regresando al argumento sobre la real situación económica de nuestros migrantes “En 2013, 28.4 por ciento de la población mexicana en Estados Unidos vivía en condición de pobreza. En 2007, previo a los efecto más severos de la crisis, fue el año en que se mostró la menor proporción de pobreza entre los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, pero tras la crisis económica dicha proporción pasó de 22.1 por ciento en 2007 a 29.9 por ciento en 2011”.15

Es decir, casi una tercera parte de los migrantes mexicanos se encuentran en situaciones similares o peores a las que experimentaban en sus localidades de origen. En este escenario, al menos 30 mil queretanos podrían estar viviendo en situación de pobreza, ¿por qué no entonces generamos programas que orienten a nuestra población que tiene intenciones de migrar, para que mejor aporten a sus comunidades?, ¿por qué no generamos programas especialmente diseñados para población de segmentos que tienen escasa probabilidad de éxito económico al migrar, como adultos mayores, niños o discapacitados?, ¿por qué no hacerlo ahora? Bajo un escenario cada vez más hostil hacia nuestros migrantes en Estados Unidos, donde a veces ni los más capaces pueden sortear la xenofobia de aquel país.

Donde “... durante el periodo 2002-2011 se observó que dos terceras partes de la población migrante removida en Estados Unidos fueron migrantes mexicanos, los cuales han ido en aumento en los últimos 10 años”.16

Es decir, los mexicanos somos la población objetivo cuando de deportaciones y repatriaciones se diseña algún plan o programa en los Estados Unidos.

Continuando; “en 2013, de los 11.8 millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos de América, EUA, 7.7 millones formaron parte de la población económicamente activa (PEA), de los cuales 91 por ciento (7.0 millones) estaban empleados (Población Ocupada), y 9 por ciento restante buscaba empleo (desempleados). De 1995 a 2013, la PEA aumentó en 83 por ciento; y entre 2009 y 2012 se observaron elevadas tasas de desempleo entre los migrantes mexicanos”.17

Los datos anteriores expresan una triste realidad, si alrededor de poco más de ocho de cada 10 migrantes mexicanos se encuentran empleados, pero un tercio se encuentra en condición de pobreza, quiere decir que sus empleos no dan para vivir en condiciones adecuadas siquiera y por tanto, es común que los migrantes tengan más de un trabajo extendiendo sus jornadas laborales arriba de las 16 horas diarias.

¿Los frutos de tan sobresaliente capacidad laboral no podría ser bien utilizada en nuestro propio país?

Es decir, con independencia del tipo de actividades que desarrollan en el exterior nuestros migrantes, también generan una expertiz que podríamos aprovechar en sus comunidades de origen. El emprendedurismo de los migrantes y los recursos que envían detona el crecimiento sin dudad, acaso ¿no podemos darle orden y planificación a este esfuerzo de nuestros connacionales? ¡Deberíamos!

A saber, las áreas que podríamos explorar se nos señala a continuación: “la actividad económica en la que más mexicanos migrantes se encontraban ocupados en 2013 era hostelería y esparcimiento (17.6 por ciento), seguida por la construcción (17.0 por ciento), los servicios profesionales y administrativos (13.4 por ciento) y las manufacturas (12.9 por ciento). De esas cuatro actividades, el empleo en la construcción y las manufacturas se vieron afectados por la crisis económica de 2008, ya que mostró una disminución de la población ocupada en estas industrias”.18

En Querétaro por ejemplo, con la importancia de nuestros “Pueblos Mágicos”, ¿no podríamos generar algún esquema de colaboración con nuestros migrantes para atraer turismo de Estados Unidos a estos específicos destinos?, ¿no podríamos generar alguna capacitación en línea de nuestros migrantes que se desenvuelven en áreas como hostelería y esparcimiento, para tanto turismo alternativo que existe en la Sierra Gorda o en la Huasteca Queretana? Son solo ideas que reflejan el potencial que una institución pública podría tener de establecerse en nuestra entidad.

Asimismo, “...en los últimos años México se ha convertido en territorio de paso para miles de migrantes, sobre todo de centroamericanos, que ingresan por la frontera sur y se desplazan por el país con la intención de llegar a Estados Unidos. Este flujo está compuesto en su mayoría por hombres y mujeres en edades potencialmente productivas y reproductivas, sin embargo, cada vez son más los niños y adolescentes que van en busca de sus padres o que emigran por iniciativa propia”.19

“Entre 2009 y 2012, se registró un aumento en el número de eventos de retorno asistido de menores migrantes centroamericanos. En 2009, se registraron 3,985 eventos, en tanto que en 2012, la cifra ascendió a casi seis mil. La mayor parte de los menores migrantes centroamericanos retornados tienen entre 12 y 17 años, los cuales representan más de 80 por ciento del total”.20

“Un porcentaje alto de los menores centroamericanos migran sin la compañía de un adulto. De hecho, entre 2009 y 2012, la cifra de menores no acompañados aumentó de 48.8 a 67.5 por ciento.”21

“Año tras año miles de mujeres centroamericanas transitan por territorio mexicano con la intensión de llegar a Estados Unidos. De acuerdo con datos de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (EMIF Sur), en 2012 poco más de 12 mil mujeres migrantes centroamericanas, fueron devueltas por las autoridades migratorias mexicanas y estadounidenses. La participación de las mujeres originarias de Guatemala en los flujos migratorios que se dirigen hacia EUA se ha mantenido estable en los últimos años. En cambio, el flujo femenino proveniente de Honduras se ha incrementado, y el de El Salvador ha tendido a disminuir”.22

“Alrededor de cinco de cada diez de las mujeres centroamericanas devueltas utilizó la ayuda de algún “coyote” o “pollero” para transitar por México o para cruzar a Estados Unidos”.23

Por su parte, el porcentaje de los migrantes devueltos que sufrieron alguna violación a sus derechos por parte de las autoridades estadounidenses pasó de 21.6 por ciento en 2011, a 31.7 por ciento en 2014.24

En este sentido, los párrafos anteriores son muy familiares para cualquier queretano, donde en la propia capital del estado o en cualquier territorio donde crucen las vías del tren apodado “la bestia” rumbo al norte, podemos ver a migrantes centroamericanos solicitando ayuda. Situación que sin el matiz humanitario, al tratarse de una especie de limbo legal, sólo genera entornos aprovechados por la delincuencia donde el proceder de la justicia se ve seriamente limitado ya sea para cuidar a los locales o bien para proteger los derechos de los foráneos. Sin duda se requieren lineamientos bien diseñados de tolerancia y atención a este tipo de flujos, así como una perfecta coordinación entre ámbitos y niveles de gobierno.

Regresando a la situación de los migrantes mexicanos, “... ir y regresar de Estados Unidos es práctica muy común. Sin embargo, el flujo de migrantes de retorno desde el vecino país del norte a México ha adquirido importancia numérica en los últimos años. Entre los factores que explican dicho fenómeno se encuentran: el aumento de las deportaciones y otras formas de retorno forzado, la pérdida de empleos y el deterioro de las condiciones de vida de los migrantes (como ya se citó), entre otros”.25

“La migración de retorno se ha incrementado recientemente, lo anterior de acuerdo con datos censales, el número de hombres y mujeres nacidos en México que regresaron de Estados Unidos, aumentó de 267 mil personas entre 1995 y 2000 a 824 mil en el quinquenio 2005-2010”.26

“La mayor parte de los migrantes de retorno tienen entre 14 y 44 años, es decir, son personas en edades potencialmente productivas y reproductivas; en mayoría casados o unidos, y residen en localidades urbanas. No obstante, los datos también muestran un incremento, entre periodos censales, de los migrantes de retorno de 30 a 44 años de edad y de aquellos que regresaron a localidades rurales”.27

“En 2012, de los migrantes retornados mexicanos, 43.4 por ciento tenía entre 18 y 34 años de edad, y gran parte sólo hasta estudios de nivel secundaria. Sólo 4.8 por ciento tenía una carrera universitaria”.28

“Durante el periodo 2005-2012, en general, se observa que más de dos terceras partes de los retornados encuentran su primer empleo en menos de 3 meses de regresar a México, a los seis meses entre 98 por ciento a 95 por ciento ya contaron con al menos un trabajo y al cabo de un año casi todos ya se han insertado al menos una vez al mercado laboral.”29

“De 2005 a 2012 el porcentaje de los migrantes de retorno empleados en el sector informal osciló entre 32.2 y 37.4 por ciento, mientras que los retornados ocupados con servicio de salud no superaron más de 15.4 por ciento en ese mismo periodo. Es decir, gran parte de los migrantes mexicanos de retorno se insertan a su regreso a México a empleos informales.”30

Ante la situación descrita, urge tener un protocolo mínimo para la reintegración social de nuestros migrantes retornados, comenzando por el ámbito estatal. Querétaro podría ser punta de lanza si a través de una instancia especializada diseña este procedimiento que sin duda beneficiaría a toda la población del estado.

Asimismo, no perdamos de vista que “... en los últimos años se ha observado un incremento en el porcentaje de menores mexicanos de 12 a 17 años repatriados por las autoridades migratorias estadounidenses. Este aumento ha sido particularmente notable en los menores no acompañados”.31

Como sociedad y como gobierno, no podemos admitir la migración ilegal infantil bajo ninguna forma, debemos ser contundentes y Querétaro también podría pronunciarse en la materia, como el día de hoy yo lo hago con la voz de mis representados y a través de la presente proposición con punto de acuerdo.

“La migración internacional es un fenómeno que impacta fuertemente en la vida de los migrantes, sus familias y comunidades de origen. A nivel familiar, se ha documentado que la migración no sólo trastoca la estructura y composición de los hogares, sino que también contribuye a cambiar de diferente manera la vida cotidiana de los que se quedan, ya sea propiciando un redefinición de roles o introduciendo cambios en las actividades que realizan”.32

“En 2010 había 555 mil viviendas en México con miembros que emigraron a Estados Unidos u otro país entre 2005-2010, lo cual representa cerca del 2 por ciento del total de las viviendas habitadas; mientras que en 2000 esta proporción era de 4 por ciento. (Donde) las viviendas con emigrantes internacionales se concentran más en localidades con menos de 2 mil 500 habitantes”.33

“En las viviendas con algún familiar emigrante del quinquenio anterior predomina una mayor proporción de jefes del hogar del sexo masculino, son principalmente entre 40 a 59 años de edad y tienen menores niveles de escolaridad, en comparación a viviendas sin familiares emigrantes”.34

“En México, las viviendas con miembros que han emigrado entre 2005-2010 a EUA u otro país cuentan con menor abastecimiento de agua entubada dentro de la vivienda y menor proporción del sistema de drenaje conectado a la red pública, características que pueden indicar menores niveles de desarrollo económico en las comunidades de origen; pero cuentan con mayor suministro de energía eléctrica”.35

Es decir, el tema de la migración es particularmente sensible en nuestro país, dado que continúa afectando a la población más necesitada. El significado directo es que nuestra gente, antes que quedarse con los brazos cruzados ante su precariedad, prefiere tomar el azaroso camino de la migración en la búsqueda quimérica de mejores condiciones de vida para ellos mismos y sus familias.

Nosotros no podemos tampoco, seguir quedándonos cruzados de brazos, es motivo por el cual el presente punto de acuerdo, pretende exhortar al gobierno del estado de Querétaro, para que cree un Instituto del Migrante del Estado de Querétaro.

Esfuerzo llevado a buen término ya en otras entidades federativas, pero que sin duda merece ya que le demos darle un mucho mayor alcance.

Ahora bien, respecto de apartado de las remesas, es decir, “el dinero que los migrantes internacionales envían a sus países de origen, han representado y lo seguirán siendo un apoyo financiero de vital importancia para miles de familias y sus comunidades. En el caso de México, las remesas constituyen ya la principal fuente de ingresos de divisas al país, siguiéndole las exportaciones petroleras. A nivel individual y familiar, dichos recursos representan una importante fuente de ingresos y cubren la mayor parte del consumo del hogar”.36

“El flujo de remesas mundiales ha venido creciendo año con año en la última década, a 548.9 mil millones de dólares en 2013; sólo en 2009, tras la crisis financiera, se registró una caída. Pronósticos del Banco Mundial indican que el flujo mundial de remesas llegará a más de 700 mil millones de dólares en 2016”.37

“En 2013, según las estimaciones del Banco Mundial, cerca de 78.6 por ciento de las remesas mundiales se enviaron desde países desarrollados. Después de la importancia de los recursos provenientes de países desarrollados, los envíos intrarregionales son la segunda fuente más importante de remesas en las regiones en vías de desarrollo”.38

“En 2013, el principal país de origen de las remesas fue Estados Unidos, cuyo envío correspondió cerca de 128 mil millones de dólares representando 23.3 por ciento del total mundial”.39

“En 2013, México fue el segundo país con más migrantes en el mundo, y ocupó el cuarto lugar entre los principales países receptores de remesas en el mundo, con un total estimado aproximado a los 22 mil millones de dólares captados en ese mismo año, cifra correspondiente al 4.0 por ciento del total mundial”.40

“... Cuyo envío promedio fue de 292 dólares en ese año. Antes de la crisis económica en 2007, se llego a alcanzar inclusive un máximo histórico con un monto superior a los 26 mil millones de dólares”.41

“Dentro de los países de América Latina y el Caribe, en 2013, México es por mucho el mayor receptor de remesas de la región... seguido de Guatemala y Colombia con 5.4 y 4.6 mil millones de dólares, respectivamente”.42

“Los hogares que reciben remesas se localizan principalmente en los ámbitos rurales y mixtos. El 53.5 por ciento se sitúan en municipios con medio y alto grado de marginación; 43.7 por ciento tienen jefatura femenina, y casi la mitad de los jefes de hogar no terminó la educación primaria o no tiene estudios.”43

Sin duda la migración con los años, se ha convertido en una solución para sobrellevar la pobreza en nuestra población, ¿es correcto que no planifiquemos como país este importante flujo de recursos? Como sector público, no hacemos nada más allá de contabilizar y captar como reserva internacional los dólares enviados por nuestros migrantes, una vez que sus familias proceden a cambiar por moneda nacional sus envíos.

¿Por qué los gobiernos locales no diseñan políticas que orienten o incentiven a las familias sobre la utilización productiva de estos recursos, ofreciéndoles por ejemplo, estímulos administrativos para la apertura de empresas cuando se hagan con estos montos?, ¿Por qué gobierno federal no otorga estímulos fiscales a nuestros migrantes cuando manden dinero para invertir en sus comunidades de origen?

Propuestas y lineamientos que sin duda podrían salir de Institutos como el que hoy pretendemos se organice.

No obstante, esta gran oportunidad que representa la correcta utilización de este capital, que bien podría ser un catalizador económico para una inmensa cantidad de localidades en nuestro país, solo es aprovechada por algunas empresas que cobran por las transferencias de las remesas que envían nuestros migrantes.

“De acuerdo con datos de Profeco de las ciudades donde mantiene monitoreo, en 2013 la menor comisión en promedio por enviar 300 dólares de Estados Unidos a México se encontró en la ciudad de Chicago, mientras que la mayor comisión en Houston”.44

El siguiente mapa indica de acuerdo a las cifras de la base de datos semanal de la Profeco, el costo promedio por enviar 300 dólares de ciudades seleccionadas de Estados Unidos de América a México (dólares):45

Lo anteriormente citado y directamente relacionado con nuestros migrantes, muestra otro tema cuestionable y que en posterior acuerdo abordaremos, como lo son las altas comisiones que se les cobran por enviar sus recursos a sus familias radicadas en el país. Situación que merece especial atención y regulación por parte del gobierno federal. Desde esta tribuna realizaremos en posterior fecha el exhorto respectivo donde solicitaremos a la Secretaría de Hacienda diseñe un programa de recepción de remesas de bajo costo, a través del sistema bancario de nuestro país.

Honorable pleno de la Cámara de Diputados:

“Diez son las entidades federativas con alto grado de intensidad migratoria a Estados Unidos: Aguascalientes, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Querétaro y San Luis Potosí”.46

Para el caso que hoy nos ocupa, el siguiente cuadro muestra el total de viviendas, indicadores sobre migración a Estados Unidos, índice de intensidad migratoria y lugar en el contexto nacional de las entidades federativas con grado alto de intensidad migratoria, en 2010 en el estado de Querétaro:47

“Aunque el despunte de la migración internacional de la región centro se dio a partir de las décadas de 1980 y 1990, en la actualidad alrededor de una quinta parte del total de los municipios que la conforman (553) presenta un grado de intensidad migratoria alto o muy alto. Las entidades de esta región con mayor porcentaje de municipios de alta o muy alta intensidad migratoria son Querétaro (55.6 por ciento) e Hidalgo (33.3 por ciento).”48

Por lo que respecta la información de envíos de dinero que hacen los mexicanos que viven en el exterior a sus familiares en el Estado de Querétaro, el ingreso por remesas en el 2014 fue de 398.2 millones de dólares.49 Incrementándose para el cierre de 2015, a 459 millones aproximadamente.

Con base a lo referido anteriormente las remesas de Querétaro incrementaron 15 por ciento en el 2015, ubicando a Querétaro “como el tercer estado a nivel nacional con mayor incremento en el flujo de divisas, solamente detrás de Chiapas y Chihuahua, que presentaron avances de 18 y 16 por ciento, en el mismo orden, con ingresos por 593.2 millones y 643.2 millones de dólares. En contraste, cuatro estado presentaron bajas en sus remesas: Distrito Federal, Tamaulipas, Coahuila y Tabasco; de 28, 20, 1.4 y 0.7 por ciento, respectivamente.”50

“De acuerdo con las estadísticas del banco central, el estado de Querétaro recibió 61.7 millones de dólares más en el 2015, respecto de lo que recibió durante el 2014.”51

El presidente del Colegio Queretano de Economistas, Arturo Muñoz Villalobos señaló que uno de los factores que influyeron en que los connacionales ahorraran una mayor cantidad de dinero para hacerla llegar a sus familias, fue por una parte “el tipo de cambio peso-dólar durante 2015”, permitió mayor flujo de la divisa hacia la entidad...”52

De igual manera manifestó que “desde el 2015, el dólar mantiene una tendencia alcista. Y según los especialistas, se prevé que la volatilidad cambiaria prevalezca al menos hasta el segundo trimestre de 2016.” Por lo que “ante dichas circunstancias, en los siguientes meses podría continuar la tendencia de una mayor captación de divisas provenientes del extranjero, principalmente de Estados Unidos.”53

Que significa lo anterior, primero que nada la importancia que las remesas representan para nuestra entidad. Si ponemos en contexto que el Presupuesto de Egresos para Querétaro de 2016 se sitúa en el orden de 29 mil millones de pesos; los 459 millones dólares de remesas captados en 2015 que constituyen 8 mil 270 millones de pesos, tenemos que el monto de estos recursos representa 28.5 por ciento de todos los recursos del sector público en el estado, casi una tercera parte, ni más ni menos.

En segundo término, ¿acaso tal magnitud de recursos no amerita políticas públicas específicamente diseñadas y la propia creación de una institución que lidere la materia en Querétaro?

Rematando lo anterior, los recursos de los migrantes podrían ser complementados a través de ciertos fondos federales relacionados, tal es el caso del “Fondo de Apoyo a Migrantes” “...que es un Programa que opera de manera descentralizada en 24 entidades federativas, en los municipios ubicados en los estratos de bienestar 1 a 4 definidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; en los que más del diez por ciento de los hogares reciben remesas...”54

Municipios queretanos como Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Peñamiller y San Joaquín son elegibles para recibir recursos de este fondo y sin embargo, no ha existido esfuerzo institucional para alcanzarlos.55 Urge poner rumbo en la materia que hoy abordamos.

Para concluir, debemos reconocer el esfuerzo de varias entidades federativas que han creado instituciones encargadas de velar y apoyar en coadyuvancia a las facultades federales en materia de migración, en beneficio de su propio fenómeno migratorio.

Actualmente el estado de Oaxaca cuenta con un “Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante”, el estado de Tamaulipas cuenta con un “Instituto Tamaulipeco para los Migrantes”, el estado de San Luis Potosí cuenta con un “Instituto de Atención a Migrantes del estado de San Luis Potosí”, el estado de Guanajuato cuenta con un “Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias”.

Es por lo expuesto, que someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro para, que en el ámbito de sus facultades, cree el Instituto del Migrante del estado de Querétaro.

Notas

1 Conapo. Uribe M., Ramírez T. y Labarthe R. (2012), “Índices de intensidad migratoria México-Estados Unidos 2010. ” Página 9, ver:

http://www.bing.com/search?PC=WCUG&FORM=WCUGDF&q =Migraci%C3%B3n+M%C3%A9xico-Estados+Unidos&conversationid=9F3E91CA2 51A43A9B07CCE5DDC9BB0E0

2 Ibídem, 11.

3 Ídem.

4 Ídem.

5 Ibídem, 12.

6 Ídem.

7 Ídem.

8 Ídem.

9 Secretaría de Gobernación / Consejo Nacional de Población. (2014). “Anuario de migración y remesas .” Página 52. Ver: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Anuario_de_Migracion_y_Remesas_Mexic o_2014.

10 Ibídem, 53.

11 México, UACM, Dorantes, Raúl (2007), “Y nos vinimos de mojados”. A sociological examination of de mexican comunity living in Chicago, Illinois.

12 Secretaría de Gobernación/Consejo Nacional de Población. (2014). “Anuario de migración y remesas .” Página 55. Ver: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Anuario_de_Migracion_y_Remesas_Mexic o_2014

13 Conapo. Uribe M., Ramírez T. & Labarthe R. (2012), “Índices de intensidad migratoria México-Estados Unidos 2010. ” P. 12 Ver:

http://www.bing.com/search?PC=WCUG&FORM=WCUGDF&q =Migraci%C3%B3n+M%C3%A9xico-Estados+Unidos&conversationid=9F3E91CA2 51A43A9B07CCE5DDC9BB0E0

14 Ibídem, 12.

15 Ibídem, 44.

16 Ibídem, 87.

17 Ibídem, 46.

18 Secretaría de Gobernación / Consejo Nacional de Población. (2014). “Anuario de migración y remesas .” Página 48. Ver: http://www.conapo.gob.mx/es/Conapo/Anuario_de_Migracion_y_Remesas_Mexic o_2014

19 Ibídem, 63.

20 Ibídem, 64.

21 Ibídem, 65.

22 Ibídem, 66.

23 Ibídem, 70.

24 Encuestas sobre Migración en las Fronteras Norte y Sur de México. (2014).“Indicadores Anuales de la EMIF Norte. ”

http://www.colef.mx/emif/indicadores.php

25 Secretaría de Gobernación / Consejo Nacional de Población. (2014). “Anuario de migración y remesas .” Página 73. Ver: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Anuario_de_Migracion_y_Remesas_Mexic o_2014

26 Ibídem, 74.

27 Ibídem, 76.

28 Ibídem, 80.

29 Ibídem, 81.

30 Ibídem, 83.

31 Ibídem, 85.

32 Ibídem, 91.

33 Ibídem, 92.

34 Ibídem, 93.

35 Ibídem, 96.

36 Ibídem, 121.

37 Ibídem, 122.

38 Ibídem, 124.

39 Ibídem, 125.

40 Ibídem, 126.

41 Ibídem, 132.

42 Ibídem, 129.

43 Ibídem, 140.

44 Ibídem, 143.

45 Ídem.

46 Conapo (2010). “Intensidad migratoria a nivel estatal y municipal .” Página 34 Ver:

http://www.bing.com/search?PC=WCUG&FORM=WCUGDF&q =609+municipios+clasificados+como+de+Altao+Muy+Alta+intensidad+migrator ia,&conversationid=ECA3BA79E23245CF9F92ADBEA8EB0490

47 Ibídem, 35.

48 Ibídem, 40.

49 Instituto de los Mexicanos en el Exterior. (s/d). “Reporte de Remesas Cifras al Cierre de 2014.” Ver:

http://www.ime.gob.mx/es/remesas

50 El Economista. Becerril D. (2 de febrero de 2016)“Remesas aumentan 15% en el 2015. ” Ver: http://eleconomista.com.mx/estados/queretaro/2016/02/02/remesas-aumenta n-15-2015

51 Ídem.

52 Ídem.

53 Ídem.

54 Diario Oficial de la Federación. (2015). “Lineamientos para la operación del Fondo de Apoyo a Migrantes.” Ver: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5390711&fecha=30/04/2015

55 Ídem.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 5 de abril de 2016.

Diputado José Hugo Cabrera Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT, el IFT y la Profeco a efecto de que las empresas de telefonía celular presten servicios eficientes y de calidad, a cargo del diputado Ricardo del Rivero Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Ricardo del Rivero Martínez, diputado de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hoy en día el sector telecomunicaciones es considerado uno de los puntos clave para el desarrollo económico en cualquier parte del mundo y la telefonía digital móvil en nuestro país tiene un crecimiento del 14.9 por ciento anual, que incluso supera los niveles de la telefonía fija.

La telefonía celular actualmente es una de las herramientas fundamentales para la comunicación en México, pero en la mayoría de los municipios de Durango representa un servicio muy deficiente que se ha convertido en un problema recurrente para los ciudadanos. Específicamente me refiero al servicio que presta Telcel, que tiene un mercado del casi 90 por ciento de los usuarios en mi estado.

En la mayoría de los municipios de Durango como Canatlán, Canelas, Guanaceví, Tepehuanes, Tamazula, San Dimas, Pueblo Nuevo, y en la propia capital Durango, por sólo citar algunos, diariamente es casi imposible hacer llamadas o contar con datos, lo que afecta al ciudadano, al empresario e impacta la productividad del estado. No es posible que en nuestro país paguemos uno de los servicios de telefonía más caros del mundo y sea de los más deficientes.

Es constante escuchar quejas de empresarios quienes mencionan que 50 por ciento de las operaciones que realizan las hacen a través de la telefonía móvil, por la facilidad de comunicación y localización de los contactos de forma inmediata, sin embargo, el mal servicio y las caídas constantes en las señales de voz y datos les retrasa el poder desarrollar sus actividades de manera pronta, pero eso sí, a pesar de no recibir un buen servicio, estamos obligados a pagar puntualmente.

No podemos permitir que en nuestro país valga más el interés de empresas sobre los intereses generales de los ciudadanos que pagan por un servicio.

Es por ello que el Grupo Parlamentario del PAN presenta este punto de acuerdo donde se le exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que realicen una revisión minuciosa del servicio que prestan las compañías concesionaras de los servicios de telefonía móvil, de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables, ya que actualmente utilizar un teléfono celular ya no es un lujo, ahora es una necesidad o una herramienta de trabajo, por lo que las constantes deficiencias en el servicio causan contratiempos en la vida de la gente.

Por lo antes expuesto es que someto a consideración de esta honorable asamblea proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor a efecto de que, conforme a las disposiciones legales y administrativas aplicables, obligue a las empresas prestadoras de servicios de telefonía móvil y datos, a otorgar a sus usuarios un servicio eficiente y de calidad, y se establezca una sanción económica por el daño que se cause debido al deficiente servicio que se presta en telefonía celular en el estado de Durango, y en general en la República Mexicana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.

Diputado Ricardo del Rivero Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa y la SHCP a implantar un programa de pensión subsidiaria para enfermos de cáncer, a cargo de la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, la suscrita, diputada María Elida Castelán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. De esta manera la seguridad social busca proteger a los individuos ante circunstancias previstas e imprevistas, permanentes o temporales que mermen la capacidad económica del individuo y frente a las cuales es posible establecer mecanismos precautorios, en cuyo financiamiento puede participar el Estado, dentro de los lineamientos que abarca la seguridad social está la enfermedad.

El cáncer es la tercera causa de muerte en México y según estimación de la Unión Internacional contra el cáncer, cada año se suman más de 128,000 casos de mexicanos. Desde el 2008 es la principal causa de muerte en el mundo. Existen más de 100 tipos de cáncer, la mayoría son curables si se detectan en etapas tempranas. En México, el 60% de los casos son detectados en edad avanzada.

Se han logrado avances significativos en la seguridad social al incluir a el cáncer en el catálogo de prevención y tratamiento de algunos de sus tipos en el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, el cual está diseñado para aquellas enfermedades que implican un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel de frecuencia con que ocurren, estos sistemas están encaminados para la población que no cuenta con ningún tipo de seguridad social.

Dichas enfermedades son autorizadas por el Consejo de Salubridad General, quien se encarga de elaborar los protocolos técnicos que definen con detalle la cobertura por tipo de atención.

Sin embargo, no se toman en consideración las dificultades personales por las cuales atraviesan estos pacientes y sus familias, ya que el individuo sufre un proceso degenerativo que impide que sigan desarrollando sus actividades de manera normal, por lo cual tienden a perder sus ingresos económicos con lo cual, muchos de ellos pueden engrosar las filas de las personas en situación de pobreza.

De 2010 a 2012, el número de personas en situación de pobreza en México aumentó de 52.8 millones a 53.3 millones, 500,000 más en sólo dos años, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En la publicación de sus resultados de medición de pobreza, la institución aclara que, teniendo en cuenta el crecimiento de la población en el periodo estudiado, la pobreza en el país bajó, pasando de ser 46.1% de la población en 2010, a 45.5% en 2012, Según datos de la Consejo Nacional de la Población, el número de habitantes en el país pasó de 114.5 a 117.3 millones de personas en dos años.

El número de personas en situación de pobreza extrema, consideradas como aquellas que tienen tres o más carencias sociales y perciben un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, se redujo de 13.0 a 11.5 millones.

Mientras que las población vulnerable por ingreso, aquella que no tiene carencias sociales pero sus ingresos se encuentran por debajo de la línea de bienestar, creció de 6.7 millones a 7.2 millones de personas.

Por otro lado, las personas sin carencias sociales y con ingresos superiores a la línea de bienestar, pasaron de 22.8 millones en 2010 a 23.2 millones en 2012, que representan el 19.8% de la población.

Por carencias sociales, en rezago educativo, acceso a servicios de salud, servicios básicos de vivienda, alimentación se registraron menos personas, mientras que en acceso a seguridad social e ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo aumentó, según datos de la Coneval.

Es claro que los niveles alcanzados de pobreza en México son alarmantes por lo cual es urgente la creación de una pensión subsidiada para enfermos de cáncer, ya que este sector al encontrarse en situación precaria e imposibilitada para obtener los satisfactores económicos básicos, no pueden cubrir ni siquiera los gastos derivados de la propia manutención y atención médica.

Por lo cual hacemos el llamado a brindar el apoyo a este sector de la sociedad que se ve afectado en salud y economía, principalmente, dado que el objetivo fundamental de la seguridad social es buscar los medios necesarios para atender las necesidades de la sociedad, en este caso, de los enfermos de cáncer, cuyos derechos se encuentran protegidos a nivel constitucional, así como en diversos tratados internacionales.

Con la intención de hacer llegar esta pensión a personas que en realidad son candidatos se adaptarían las consideraciones necesarias como estudios socioeconómicos, tipo de cáncer, distancias de hogar a clínicas, si se encuentra en polígonos de pobreza, si sus municipios o lugares de residencia son de alta marginación y pobreza, para así identificar a los enfermos de cáncer que realmente serian beneficiados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, comprometida seriamente con la seguridad social y el derecho a la salud, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que el Sector Salud realice las acciones necesarias para implementar un programa de pensión subsidiaria para las personas que padecen cáncer, en cualquiera de sus clasificaciones.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.

Diputada María Elida Castelán Mondragón

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a crear la comisión especial para promover el maíz, suscrita por el diputado Leonardo Rafael Guirao Aguilar e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, Leonardo Rafael Guirao Aguilar y Diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 2, fracción I, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a crear la Comisión Especial para la Promoción e Impulso del Maíz, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El cultivo del maíz tuvo su origen en la región mesoamericana, primordialmente en lo que actualmente conocemos como México, por lo tanto podemos afirmar que el maíz hizo al hombre mesoamericano.

Posteriormente y gracias al descubrimiento de América por Cristóbal Colón, el grano fue introducido en Europa a través de España, y a partir de ahí se extendió a todo el mundo.

Es el único cereal de origen americano que se ha convertido en uno de los principales cultivos del mundo.

En los últimos años se ha observado un aumento en su consumo, debido principalmente a que rinde más que el trigo, el centeno o la cebada, a que es muy barato y a que proporciona una ingente cantidad de energía y proteínas.

Por lo tanto, tenemos que a nivel mundial, el maíz, es el tercer cereal de mayor importancia en la nutrición humana, lo anterior de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

Asimismo, la FAO, refirió que el maíz es el grano de mayor producción a nivel global, seguidamente dicho organismo mencionó que la producción global de maíz la encabeza Estados Unidos con 361 millones de toneladas, seguido de China con 215 millones de toneladas, Brasil con 75 millones de toneladas, la Union Europea con 74 millones de toneladas, Ucrania con 28 millones de toneladas, Argentina con 23.5 millones de toneladas y México con 23.2 millones de toneladas.

La producción y utilización varía en cada país, por ejemplo, la producción de los Estados Unidos es para consumo externo y animal, en China se utiliza fundamentalmente para la alimentación del ganado, y en México la producción de maíz es para consumo humano.

La importancia del maíz radica en los múltiples usos que se le puede dar a dicho producto, por ejemplo, es utilizado como alimento humano, como alimento para animales y para su procesamiento industrial.

En lo que respecta al procesamiento industrial del maíz, encontramos que se pueden obtener un gran número de productos, tanto alimenticios como no alimenticios, por ejemplo, en los Estados Unidos se encuentran más de mil productos derivados total o parcialmente del maíz.

En lo que respecta al ámbito nacional, es indudable que para nuestros antepasados, el maíz, formó parte integral de sus creencias religiosas, festividades y nutrición, y esa importancia nos fue heredada y fue enriquecida por nuestro pasado colonial.

Y es que basta tener en cuenta que cada mexicano llega consumir diariamente hasta medio kilo de maíz para darnos una idea de su importancia; asimismo, en nuestro país se emplean cerca 30 millones de toneladas de maíz anuales para consumo directo, de este total un tercio proviene de pequeños campesinos mexicanos, el otro tercio de las agroindustrias del norte del país y la parte restante es importada de los Estados Unidos. Entonces, producimos solamente dos terceras partes del maíz que consumimos.

A pesar de lo anterior, nuestro país, es el principal productor de maíz blanco en el mundo, asimismo, este es el cultivo más importante en México ocupando aproximadamente el 35 por ciento de la superficie sembrada durante un año agrícola.

Por lo anteriormente expuesto, podemos afirmar que México es el centro de origen del maíz, ya que aquí se concentra la mayor diversidad del maíz del mundo y aquí han evolucionado y viven sus parientes silvestres.

Sin embargo, hoy en día no contamos con seguridad alimentaria respecto a este cultivo, ya que no somos capaces de producir suficiente maíz para alimentar a nuestra población.

Lo anterior, nos ha convertido en el segundo país en el mundo en materia de importación de maíz, sólo por detrás de Japón, ya que dicha nación no cuenta con superficie territorial suficiente para cosecharlo.

Esto resulta preocupante, ya que para México el maíz sigue siendo su más importante producto agrícola, su fuente básica de nutrición, una actividad económica central y un referente de su cultura.

Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del Partido Verde considera pertinente solicitar la creación de la Comisión Especial del Maíz, con la finalidad de promover políticas públicas que impulsen, cuiden, conserven y apoyen la producción de tan valioso insumo.

En virtud de lo aquí expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados para que, con fundamento en los artículos 34, incisos b) y c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, determine y someta a consideración del pleno la creación de la Comisión Especial para la Promoción e Impulso del Maíz.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días del mes de abril de 2016.

Diputado Jesús Sesma Juárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y la SHCP a actuar conforme a derecho respecto a las irregularidades detectadas en la red de carreteras y autopistas de cuota, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Norma Rocío Nahle García, diputada de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente punto de actuero, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La red carretera en México es la infraestructura de transporte más utilizada, durante décadas en nuestro País, se han venido desarrollado a lo largo y ancho, con la finalidad de comunicar casi todas las regiones y comunidades de México, cuenta con aproximadamente 379 mil km de carreteras, que se integran por autopistas, carreteras, caminos rurales y brechas que permiten la conectividad entre prácticamente todas las poblaciones del país. Las carreteras del país poseen una numeración impar de norte a sur y una numeración par de este a oeste.

Algunas carreteras están a cargo del Gobierno Federal y constituyen los corredores carreteros federales que proporcionan acceso y comunicación a las principales ciudades, fronteras y puertos marítimos del país y por lo tanto, registran la mayor parte de pasajeros y carga. Existen algunos tramos de carretera que son libres, es decir, que al circular por ellas no se debe pagar cuota alguna por transitar en ella; otras son de peaje, en las que se debe pagar una cuota por circular sobre las mismas.

Sin embargo, durante 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) incurrió en irregularidades en el otorgamiento y prórrogas de títulos de concesión de vialidades a diversas empresas y consorcios, por las cuales la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió siete recomendaciones y promovió 12 procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria.

Además, haciendo mención que la dependencia incurre en anomalías al establecer porcentajes para la contraprestación de servicios, por medio de concurso público de cinco concesiones sin tener previa autorización por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Entre los títulos de concesión que mostraron se presume de irregularidades en los tramos que corresponden: Atizapán–Atlacomulco, otorgado a OHL México; Cardel-Poza Rica y Tuxpán- Tampico, ambos concesionados a Mota-Egil México, así como el libramiento de Ciudad Obregón, cedido a Invex Infraestructura en consorcio con la Constructora GIA+A.

Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación encontró que los concesionarios de 25 caminos y puentes federales incumplieron con el puntaje mínimo de evaluación de los estados físicos de dichas vías de comunicación, sin que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), los sancionara.

En éste contexto, cabe mencionar que en algunos tramos carreteros de autopistas y carreteras de cuota, que se localizan en el Estado de Veracruz, desde el inicio de operación de éstas vías de comunicación, se cobra al usuario un kilometraje mayor al establecido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en los títulos concesionarios.

Aunado a ello, algunas de las empresas concesionarias de autopistas y carreteras, realizaban un pago menor de contraprestación anual a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a los ingresos realmente captados de acuerdo a las tarifas establecidas y aforos vehiculares recibidos en cada una de las autopistas y carreteras que están a cargo de dichos concesionarios.

Conjuntamente, y como ya se mencionó con anterioridad, algunas concesiones carreteras fueron otorgadas sin que hubiera existido licitación de por medio, con plazos de concesión mayores a los máximos establecidos en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, modificaciones a los títulos concesionarios al margen de las leyes regulatorias y de las propias cláusulas del título concesionario.

Resulta dramático que durante el periodo 2000-2013 exista una diferencia de $1’254’347’000.00 (un mil doscientos cincuenta y cuatro millones, trescientos cuarenta y siete mil pesos 00/100 m.n.) en los ingresos de la red de autopistas administradas por BANOBRAS y operadas por Caminos y Puentes Federales. Este dato se extrajo de reportes recibidos del Banco Nacional de Obras Públicas y Servicios Públicos, S.N.C. y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (a través del INAI).

Bajo esta consideración, el importe señalado debió ingresarse a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante el periodo 2000-2013.

Por si fuera poco, existen irregularidades detectadas en las terminaciones anticipadas en la red de autopistas y puentes de cuota concesionados a Caminos y Puentes Federales desde el año de 1962 y que fueron transferidas al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) desde el año 2004.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados publicó en el Análisis comparativo de tarifas en autopistas concesionadas: los casos de Argentina, Brasil, España y México, el cual señala que nuestro país está muy por arriba del promedio de la tarifa por kilómetro para autos, autobuses y camiones.

En México, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos se ocupa de 81 por ciento de la red nacional de carreteras. Este organismo, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), controla una infraestructura con una longitud de 4’934.4 (cuatro mil novecientos treinta y cuatro punto cuatro) kilómetros de autopistas y puentes; entre estos últimos, 20 son nacionales y 19 internacionales.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Esta Representación Nacional, con pleno respeto de sus atribuciones requiere a la Procuradora General de la República para que Investigue los delitos del orden federal, de ser el caso, cometidos por parte de Invex Infraestructura en consorcio junto con la Constructora GIA+A.

Segundo.- La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que en el ámbito de sus atribuciones, de seguimiento a las presuntas irregularidades en el otorgamiento y prórrogas de títulos de concesión de vialidades a diversas empresas y consorcios y de cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF)

Tercero.- La Cámara de Diputados, con pleno respeto de sus atribuciones, le solicita a la Secretearía de Hacienda y Crédito Público (SCHP) de a conocer en su página oficial los ingresos de la red de autopistas administradas por BANOBRAS y operadas por Caminos y Puentes Federales en el periodo 2000 al 2014, a efecto de establecer, en su caso las responsabilidades a que haya lugar, y que de ser el caso, aplique las sanciones que correspondan conforme a derecho a quienes hayan incurrido en actos u omisiones en el desempeño de sus funciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 5 de abril de 2016

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre a atender las observaciones y recomendaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social de Desarrollo Social y de la Auditoría Superior de la Federación, suscrita por los diputados José Clemente Castañeda Hoeflich y Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, Clemente Castañeda Hoeflich y German Ernesto Ralis Cumplido, diputados del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente Proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la SEDESOL a atender las observaciones y recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social respecto al programa intersecretarial Cruzada Nacional Contra el Hambre, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

I . El Gobierno Federal lanzó en 2013 su mayor programa social: la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Después de más de 3 años de trabajo y millones de pesos invertidos los resultados son contundentes: La Cruzada Nacional Contra el Hambre no funciona.

Así lo reporta la Auditoría Superior de la Federación1 en el análisis de Cuenta Pública 2014, donde reporta que la Cruzada no cumple con su objetivo debido a las fallas en el diseño de la estrategia. Estas deficiencias impiden verificar si el esfuerzo en tiempo, dinero y recursos ayuda a que los mexicanos en pobreza alimentaria —la incapacidad para obtener una canasta básica—tengan más y mejor acceso a la alimentación. Así mismo cuando el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) evalúa el programa de Comedores Comunitarios2 concluye que el diseño del programa no corresponde a los elementos de su Matriz de Indicadores de Resultados. Pues no se retoma el objetivo de derecho social a la alimentación. Por lo que medir su efectividad es difícil. Se acota a apoyar el acceso a alimentos y se deja de lado la importancia de que éstos sean nutritivos, suficientes y de calidad.

El esfuerzo del Gobierno de la República en la Cruzada no es medible, pero los pobres sí. Y según la Encuesta Nacional del Ingreso y Gasto en los Hogares3 las personas en pobreza extrema y con carencia alimentaria aumentaron de 7’011,966 en 2012 a 7’143,941 en 2014.

II. La cobertura del programa evidencia errores en el diseño del programa.4 En los 150 municipios más pobres se concentra el 32% de la población en pobreza extrema con carencia de alimentación, pero la cobertura promedio es apenas de 41%. Mientras que los 150 municipios con menor pobreza extrema, la cobertura promedio es de 137%. Es decir, no se apoya en dónde hay más pobres y sí se dan recursos personas que, según CONEVAL, no necesitan dicho apoyo.

Especialmente, en el caso de los Comedores Comunitarios,5 el CONEVAL sostiene que el programa no tiene un documento que describa la estrategia de cobertura y criterios de expansión de cobertura.

De los 7 millones de mexicanos en pobreza extrema con carencia alimentaria, el portal de la Cruzada reporta que el Programa de Apoyo Alimentario atienden a 4.17 millones; sin embargo, el padrón3 es de tan sólo 1.15 millones de personas. No es claro a cuántas personas atiende y bajo qué programa se atiende los beneficiados por la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

III. En el análisis de la Cuenta Pública 2014, la ASF dijo que la Cruzada también falla en la focalización de beneficiados, pues el concepto del gobierno federal para determinar quiénes son los beneficiarios de la Cruzada no se establece en la Ley General de Desarrollo Social, ni responde a variables de la política social, lo que provoca que sea imposible identificar el funcionamiento de la estrategia.

Al no poder determinar a quién debe ser el beneficiado de estos programas no hay forma de identificar si las acciones de esos programas se dirigen a la población en condición de pobreza alimentaria. Por lo tanto no hay forma de ver si la Cruzada Nacional contra el Hambre está alcanzando su objetivo.

IV. En 2104, la Comisión Intersecretarial de la Cruzada informó que la estrategia funcionaría con 90 programas federales, pero en la revisión de la ASF se determinó que sólo había 61 operando. De los cuales sólo 9 de los 61 programas activos que combaten directamente el hambre. El 85 por ciento de los programas de la Cruzada están destinados a fines distintos al combate del hambre (por ejemplo: programas de servicios médicos, fomento agrícola o programas de emprendurismo).

Los esfuerzo de la Cruzada Nacional contra el Hambre son ambiguos, pues los beneficiados de la Cruzada dejan de tener hambre; por ejemplo, 22 por ciento del padrón de beneficiados (877, mil personas) no están inscritos en algún programa que impacte directamente en la alimentación. Algunos sólo son inscritos en el Seguro Popular y otros, 188 mil, sólo reciben leche Liconsa.

V. La alimentación es un pilar de la vida humana. Los mexicanos en condiciones de pobreza alimentaria pasan hambre. Y aquellos, pocos, beneficiados por programas alimenticios de la Cruzada sólo dejan de tener hambre pero los problemas de salud relativos a la alimentación siguen presentes. Pues, según COoneval, los platillos en los Comedores Comunitarios no logran cumplir con los atributos deseables. Dichos platillos rebasan notoriamente una proporción equilibrada y recomendable, resultando en dietas con alto contenido de sodio, azúcares, carbohidratos y grasas. Coneval es contundente: consumir alimentos en los comedores comunitarios puede tener un efecto negativo en la salud de la población como sobrepeso y obesidad, diabetes e hipertensión arterial.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada Contra el Hambre a atender las observaciones y recomendaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y la Auditoria Superior de la Federación.

Notas

1 http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2014_0226_a.pdf

2http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/ECNCH/Documents/RE SUMEN_EJECUTIVO_COMEDORES_280715.pdf

3 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regu lares/enigh/

4 http://connectas.org/el-falso-exito-de-la-cruzada-contra-el-hambre-en-m exico/

5 http://www.pued.unam.mx/archivos/opinion/016.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de sbril de 2016

Diputados: Clemente Castañeda Hoeflich, German Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos locales y a las autoridades de transporte y vialidad a promover con herramientas tecnológicas políticas eficientes para el emplacamiento de motocicletas al momento de la compra de primera mano, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, Francisco Javier Pinto Torres, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo; al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Debido al incremento poblacional de las grandes ciudades, los productos y servicios para satisfacer las necesidades de las grandes urbes se han saturado. Según el índice de Volumen y Crecimiento según entidad federativa 2000, 2005, 2010 del INEGI “en 1950 poco menos del 43% de la población en México vivía en localidades urbanas, en 1990 era del 71% y para 2010 esta cifra aumento a casi el 78%”. Con estas tendencias las ciudades empiezan a presentar grandes problemas de saturación de servicios tales como basura y limpia, vivienda, agua potable, transporte público y movilidad.

En la Ciudad de México, según el Instituto Mexicano de la Competitividad, en la “Recomendaciones para el financiamiento de la movilidad urbana” se estima que un ciudadano promedio ocupa el 12 % de su tiempo en la transportación diaria; y la velocidad promedio en la que una persona se desplaza en horas de mayor afluencia vehicular es de 6 y 8 kilómetros por hora, lo que repercute en grandes pérdidas económicas por competitividad equivalentes al 1% del PIB nacional.

Ante esta situación, las motocicletas representan un transporte que reduce el tráfico vehicular, los tiempos de traslado, la contaminación por emisiones de bióxido de carbono, aumenta la productividad e incluso el tiempo de descanso de los trabajadores; siempre y cuando se tenga un manejo responsable y en consideración de las medidas de seguridad necesarias.

En 1980 en México existían 277,084 motocicletas registradas, mientras que para 2014 se tenían 2,270,458 motocicletas registradas y circulando según datos del INEGI, representando un incremento del 719% en 34 años. Esto refleja que el ciudadano mexicano ve a la motocicleta como un transporte accesible y que responde a sus necesidades de movilidad.

En consecuencia resulta necesario que los tres niveles de gobierno, federal, estatales y municipales inviertan en infraestructura mínima para el respeto de todos los usuarios de la vía pública y promoción de una cultura vial, donde se incluyan peatones, automovilistas, motociclistas y ciclistas; ya que si se promueve el transporte alterno al automóvil se beneficia la movilidad en las ciudades.

Pero debemos preguntarnos; ¿Cuántas de las motocicletas que se venden en el país, se registran y pagan sus impuestos?

El problema de una motocicleta que no se registra, es un vehículo que puede ser utilizado para la comisión de delitos, un vehículo que no puede ser identificado, y por lo tanto, no pagan sus impuestos.

El objetivo del presente punto de acuerdo es que los gobiernos de las entidades federativas promuevan políticas de registro vehicular para facilitar el “emplacamiento pronto de motocicletas”, de preferencia al momento de las ventas de primera mano, medida que ha resultado efectiva en primer lugar para los ciudadanos que recibe un producto final listo para su uso legal por las vialidades; en segundo lugar, constituye una medida efectiva para combatir los crímenes realizados en este tipo de autotransporte. Asimismo, permite a las autoridades estatales recaudar un mayor número de impuestos por concepto de tenencias y derechos, a la vez que facilita mantener un control vehicular preciso sobre el número de autotransportes en su territorio y bajo su autorización.

A diferencia del sector automovilístico, el cual cuenta con una gran infraestructura nacional y apoyo por parte de las autoridades para mantener un control constante, la industria del motociclismo en México aún se encuentra en desarrollo, por lo que es importante revitalizar este sector como una alternativa de movilidad viable para las grandes ciudades y en función del crecimiento que ha tenido este vehículo en tan poco tiempo y cuya tendencia es a la alza.

Actualmente, estados como Puebla o el Estado de México cuentan con un sistema tecnológico eficiente de emplacamiento de motocicletas, mientras que otras entidades con mayor carga burocrática e ineficiente procesos registrales no aprovechan las herramientas tecnológicas para la expedición de placas y permisos, así como dilación para el disfrute del derecho a la movilidad por parte de los ciudadanos.

El estado de Colima es un ejemplo en la digitalización del proceso en el registro vehicular, ya que el ciudadano realiza su cita vía internet y una vez programada la cita, la Secretaría de Movilidad en dos horas está emplacando la unidad. Pero este proceso puede ser perfeccionado para reducir los tiempos a favor del ciudadano y de las autoridades en el estado y reducir en gran medida los numerosos casos donde miles de motocicletas que no se registran, que al momento de su venta, se las llevan a la costa, a la sierra o al volcán y nunca más se sabe de ellas.

Cabe señalar que también existen estados como Veracruz y Yucatán que cuentan con controles exigentes que se exceden en la seguridad del registro vehicular, al punto en que hacen ineficiente e inhiben el emplacamiento de vehículos por la vía legal a través de organizaciones automotrices. Obligando al ciudadano a realizar el trámite directamente con las autoridades locales, y lo que en muchos casos sucede, el ciudadano desiste en el emplacamiento de su vehículo.

Summe Ius, Summa Injura , el exceso en ley es exceso en injusticia según el derecho romano, por lo tanto, el exceso en los controles de seguridad, es exceso en inseguridad registral de vehículos.

Uno de los ejes de la Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario Nueva Alianza es el desarrollo sustentable, por lo que consideramos que el uso de la motocicleta como medio de transporte es una opción segura y sustentable para el desarrollo metropolitano en México. Por lo que proponemos impulsar con la presente proposición, la movilidad segura mediante el registro del motociclismo al momento de su venta.

En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y a sus correspondientes autoridades en materia de transporte y vialidad a crear políticas eficientes de emplacamiento de motocicletas en el momento de la compra de primera mano utilizando las herramientas tecnológicas y apoyándose en los fabricantes y distribuidores.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días del mes de abril 2016.

Diputado Francisco Javier Pinto Torres (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita crear una comisión especial para el patrimonio cultural de México, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita Rosalinda Muñoz Sánchez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como del numeral 1, fracción I y III del artículo 6 del numeral 2, fracción V, del artículo 79 y de los artículos 205, 207 y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados, acudo ante el pleno de esta soberanía a fin de presentar proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se solicita a la Junta de Coordinación Política la creación de la Comisión Especial para el Patrimonio Cultural de México, con base en lo siguiente:

La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo.1

De esta cultura pasamos a un vínculo con el “patrimonio histórico-cultural” el cual según la Real Academia Española (RAE) se entiende como el conjunto de bienes de una nación acumulado a lo largo de los siglos, que, por su significado artístico, arqueológico, etc., son objeto de protección especial por la legislación.2

Aunado a lo anterior hablaremos entonces de un patrimonio cultural, en el cual la coordinación de los esfuerzos del INBA, el INAH, la Comisión Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural, la Dirección General de Sitios y Monumentos del Conaculta y de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo han dado mayor coherencia a la preservación y protección legal de nuestro patrimonio tangible e intangible, mediante la investigación, conservación y difusión el patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de la nación; como ejemplo tenemos:

Museos, Literatura, zonas arqueológicas, bellezas naturales, gastronomía, monumentos, sitios históricos, ciudades patrimonio, costumbres y tradiciones.

México ocupa en la Lista del Patrimonio Mundial, la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y la Lista del Patrimonio Documental los lugares 6º, 4º y 12º, respectivamente, en su infraestructura cultural comprende, entre otros bienes, 187 zonas arqueológicas abiertas al público, alrededor de 108,000 monumentos históricos, más de 1,200 museos, 22,630 bibliotecas, 1,567 librerías y puntos de venta de libros, 620 teatros, 1,873 casas y centros culturales, 402 galerías y 654 auditorios.

Por mencionar algunos, la UNESCO considera lo siguiente:

Patrimonio cultural

• Ciudad prehispánica de Teotihuacán (1987) – Estado de México

• Ciudad prehispánica y parque nacional de Palenque (1987) - Chiapas

• Ciudad prehispánica de Chichén-Itzá (1988) – Yucatán

• Ciudad prehispánica de El Tajín (1992) – Veracruz

• Pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco (1993) – Baja California Sur

• Primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatepetl (1994) – Puebla y Morelos

Patrimonio natural

• Sian Ka’an (1987) – Quintana Roo

• Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California (2005) – Golfo de California

• Santuario de ballenas de El Vizcaíno (1993) – Baja California Sur

• Reserva de Biosfera de la Mariposa Monarca (2008)- Michoacán y Estado de México

• Reserva de biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar (2013) – Sonora

Ciudades patrimonio

• Centro Histórico de la Ciudad de México y Xochimilco (1987)

• Centro Histórico de Oaxaca y Zona Arqueológica de Monte Albán (1987)

• Centro Histórico de Puebla (1987)

• Ciudad Histórica de Guanajuato y Minas Adyacentes (1988)

• Centro Histórico de Morelia (1991)

Patrimonio cultural inmaterial

• Las Fiestas Indígenas dedicadas a los Muertos (2008)

• Ceremonia del Volador (2009)

• Lugares de Memoria y Tradiciones Vivas de los Otomi-Chichimecas de Toliman: La Peña de Bernal, guardiana de un territorio sagrado (2009)

• Los Parachicos en la Fiesta Tradicional de enero de Chiapas de Corzo (2010)

• La Pirekua, canto tradicional de los P’urhépechas (2010)

Pueblos mágicos

• Álamos, Sonora

• Arteaga, Coahuila

• Bacalar, Quintana Roo

• Batopilas, Chihuahua

• Bernal, Querétaro

• Cadereyta de Montes, Querétaro

• Calvillo, Aguascalientes

• Capulálpam de Méndez, Oaxaca

Esto confirma que México hace gala de su gran riqueza cultural, ya que cuenta con importantes fortalezas culturales; ante esta realidad como legisladores debemos dar continuidad a lo aquí expuesto mediante diversas líneas de acción, apoyándonos en una visión estratégica que considere:

• Crear conciencia entre la comunidad receptora de nuestros valores y tradiciones, así como promover y difundir el patrimonio histórico cultural del país, como esencia de nuestra diversidad cultural.

• Contribuir en la integración e innovación de productos turísticos culturales.

• Consolidar la protección, administración e integridad de nuestro Patrimonio.

• Coadyuvar con diversas Instituciones, Dependencias, Organizaciones, Estados y Municipios, para conservar, preservar y proteger nuestros bienes tangibles e intangibles.

• Generar una mayor oferta cultural en diversos destinos (museos, arqueología, gastronomía, festividades, etc.)

• Promover la inclusión de ciudades patrimonio con potencial dentro de un sector internacional.

• Esquemas de coordinación y concertación entre Organismos Internacionales.

Resulta necesario que un órgano federal defienda los sitios declarados para evaluar el mantenimiento de los mismos, así como ser el encargado de llevar a cabo lo anterior citado; existe un antecedente en el cual durante la LXII Legislatura se instaló una Comisión Especial de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, trabajándose aspectos importantes que sin duda, es de suma importancia seguir atendiendo pero sobre todo extenderlo de Ciudades Patrimonio a toda nuestra riqueza cultural.

Ante una imperiosa necesidad de conservar el Patrimonio Histórico y Cultural, es necesario la creación de una Comisión Especial del Patrimonio Cultural de México para el ejercicio de la presente Legislatura.

Cabe resaltar que Jurídicamente existen elementos legales que salvaguardan y protegen el patrimonio cultural. A nivel internacional los países miembros de la UNESCO cuentan con el Tratado Internacional denominado la “Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural”, donde en la fracción II, art. 4 y 5to se plantea lo siguiente:

Artículo 4. Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención reconoce que la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio, le incumbe primordialmente. Procurará actuar con ese objeto por su propio esfuerzo y hasta el máximo de los recursos de que disponga, y llegado el caso, mediante la asistencia y la cooperación internacionales de que se pueda beneficiar, sobre todo en los aspectos financiero, artístico, científico y técnico.

Artículo 5. Con objeto de garantizar una protección y una conservación eficaces y revalorizar lo más activamente posible el patrimonio cultural y natural situado en su territorio y en las condiciones adecuadas a cada país, cada uno de los Estados Partes en la presente Convención procurará dentro de lo posible:

a) Adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio cultural y natural una función en la vida colectiva y a integrar la protección de ese patrimonio en los programas de planificación general;

b) Instituir en su territorio, si no existen, uno o varios servicios de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural, dotados de un personal adecuado que disponga de medios que le permitan llevar a cabo las tareas que le incumban;

c) Desarrollar los estudios y la investigación científica y técnica y perfeccionar los métodos de intervención que permitan a un Estado hacer frente a los peligros que amenacen a su patrimonio cultural y natural;

d) Adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas, para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese patrimonio; y

e) Facilitar la creación o el desenvolvimiento de centros nacionales o regionales de formación en materia de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural y estimular la investigación científica en este campo;3

En el caso mexicano existen diversos códigos, leyes y reglamentos que se adoptan como instrumentos jurídicos para salvaguardar el patrimonio. En algunos casos pueden estar dirigidos al patrimonio natural, pero tienen amplia relación con cultural.

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

2. Ley General de Bienes Nacionales;

3. Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos;

4. Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos-INAH;

5. Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia-INAH;

6. Reglamento del Consejo de Arqueología-INAH;

7. Ley Aduanera;

8. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente-LGEEPA-SEMARNAT;4

El objetivo de la Comisión Especial del Patrimonio Cultural de México, debe enfocarse en

a) Consolidar nuestra oferta cultural, promover, difundir, conservar y salvaguardarlo todo nuestro patrimonio cultural.

b) Situar a nuestra cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de favorecer la cohesión social.

c) Asegurar las condiciones de los sitios para que su infraestructura permita disponer de espacios adecuados para su propia difusión.

d) Estimular la cooperación internacional que contribuya al desarrollo y consolidación del turismo cultural mediante el intercambio de recursos, bienes, conocimientos y experiencias culturales entre gobiernos, así como con organismos internacionales.

e) Ejecutar esquemas de coordinación entre diversas dependencias del Gobierno de la Republica, autoridades estatales y locales, organismos internacionales, así como con los sectores públicos y privados para impulsar nuestro patrimonio.

f) Ser participe en Presupuesto de Egresos de la Federación a fin de que se tengan los recursos suficientes para lograr la salvaguarda de toda nuestra riqueza cultural.

Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Que en términos del artículo 42 de la Ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como del numeral 1, fracción I y III del artículo 6; del numeral 2, fracción V, del artículo 79 y de los artículos 205, 207 y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se acuerde por el Pleno la constitución de una Comisión Especial para el Patrimonio Cultural de México, a fin de consolidar, salvaguardar y promover nuestro patrimonio cultural.

Segundo. Reunirse en los lugares y sitios del Patrimonio Cultural de México, con autoridades y organizaciones nacionales e internacionales, para llevar a cabo una correcta difusión de nuestra riqueza natural mediante foros, congresos, asambleas, talleres, ferias y reuniones.

Tercero. Que la Comisión Especial para Patrimonio Cultural de México se integre por diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios con base en el criterio de proporcionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuarto. Que la Comisión Especial podrá solicitar la información que considere pertinente y realizar las acciones que correspondan para el cumplimiento de su objetivo, de conformidad con la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, El Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, así como realizar propuestas y sugerencias a las diferentes autoridades en el tema, dirigidas a la protección y conservación del Patrimonio Cultural de México.

Quinto. Que la Comisión Especial para el Patrimonio Cultural de México estará vigente todo el tiempo que sea requerido para alcanzar su objetivo, mismo que no podrá exceder al 31 de agosto de 2018.

Sexto. Que la Comisión Especial para el Patrimonio Cultural de México deberá presentar semestralmente un informe de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados, durante los recesos o bien ante la Junta de Coordinación Política.

Séptimo. Que la Comisión Especial para el Patrimonio Cultural de México contara con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Octavo. Que la Comisión Especial para el Patrimonio Cultural de México será participe en el Presupuesto de Egresos de la Federación a fin de que se tengan los recursos suficientes para lograr la salvaguarda de toda nuestra riqueza cultural.

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Notas:

1 http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/

2 http://dle.rae.es/?id=SBOxisN

3 http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf

4 http://www.unich.edu.mx/wp-content/uploads/2014/01/Marco1normativo.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.

Diputada Rosalinda Muñoz Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a fortalecer mediante la Conapesca el programa de inspección y vigilancia por la afectación de la pesca ilegal a la biodiversidad y la pesca nacional, a cargo de la diputada Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Jisela Paes Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, fortalezca el programa de inspección y vigilancia, por la grave afectación que la pesca ilegal ocasiona a la biodiversidad y a la actividad pesquera nacional.

Consideraciones

Uno de los problemas que afectan con mayor severidad a la biodiversidad marina y a la actividad pesquera en particular es la pesca ilegal, porque genera sobreexplotación, captura de ejemplares juveniles, utilización de artes de pesca prohibidas, todo lo cual se traduce en fuertes pérdidas económicas y una amenaza para la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos marinos y es uno de los principales obstáculos para la ordenación de los recursos pesqueros.

La acción fundamental para prevenirla y combatirla es la inspección y vigilancia, que de acuerdo a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, es atribución de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, (Sagarpa), a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, (Conapesca), que tiene como objeto garantizar la conservación, la preservación y el aprovechamiento de los recursos pesqueros.

La realidad y las quejas y de los pescadores en todo el país nos indican que la función de vigilar la aplicación de la legislación pesquera enfrenta graves deficiencias, lo cual ha llevado a que la pesca ilegal constituya hoy el principal problema que aqueja a la actividad pesquera. Además, en los niveles que ha alcanzado, constituye un excesivo esfuerzo pesquero adicional que atenta contra la sustentabilidad a largo plazo de la pesca mexicana.

Son muchas las causas de este problema. Uno de ellos es que la Sagarpa-Conapesca no cuenta con recursos financieros y personal suficientes para cumplir eficazmente esa función, lo cual se acentuó con la desaparición en 1994 de la Secretaría de Pesca del gobierno federal, que entre muchos efectos negativos trajo la desaparición las delegaciones estatales de pesca y con ello se suprimieron la mayoría de las oficinas de pesca, que eran la base de la inspección y vigilancia.

Actualmente existen sólo 210 inspectores para más de 11 mil kilómetros de litoral, centros de venta de productos pesqueros y para todas las demás tareas inherentes a esa función. Es evidente la falta de personal para realizar la inspección y vigilancia, así como la carencia del equipo necesario y sobre todo una adecuada coordinación entre las diversas instancias públicas que llevan a cabo tareas de vigilancia.

Cito el caso de Baja California Sur, que con más de 2,200 kilómetros de litoral y una gran diversidad biológica de recursos marinos, muchos de alto valor comercial como langosta, abulón, camarón, pepino de mar, o las especies destinadas a la pesca deportiva, cuenta con solo 5 inspectores federales de pesca. En todos los sitios pesqueros que visitamos se escucha la misma denuncia contra la práctica de la pesca ilegal y la falta de atención al problema.

Según el estudio realizado por el Centro de Colaboración Cívica AC; la Comunidad y Biodiversidad, AC, Environmenral Defense Fund de México A.C.; Fundación Idea A.C., IMCO y la Sociedad de Historia Natural Niparajá, A.C., denominado: “La pesca ilegal e irregular en México: Una barrera a la competitividad” , las principales causas de la pesca ilegal en México son, además de la carencia de personal, la bajas sanciones comparados con los beneficios que se pueden obtener por esas prácticas, la falta de participación pública, el gasto público inadecuado, la falta de efectividad en las estrategias, principalmente.

A pesar de la falta de información sobre los efectos adversos de la pesca ilegal, hasta hace algunos lustros la FAO planteaba que ésta significaba en México el 30% de las capturas totales, aunque las organizaciones del sector pesquero mencionan que puede constituir más del 40%. Incluso, en el estudio citado anteriormente, y bajo una estricta metodología, se concluye que la pesca ilegal representa en promedio el 56 por ciento de la producción nacional.

De acuerdo a un estudio de la FAO de 2010 denominado: “Estudio social de la pesca en México: diagnóstico sobre la problemática social de los pescadores, su entorno y su visión sobre las posibles soluciones a los problemas que afectan la pesca”, se registró que de las cinco regiones pesqueras que establece la Conapesca para el país, un 26% de los pescadores considera las actividades de vigilancia e inspección como buena o muy buena mientras que 69% califica la responsabilidad de esta Comisión como regular o mala.

De esta magnitud es el problema de la pesca ilegal, sus repercusiones negativas en la sustentabilidad pesquera y en la competitividad de la pesca nacional. La disminución de algunas especies pesqueras encuentra su explicación más clara, además de los fenómenos climáticos, en la elevación de los índices de la pesca ilícita. Mientras que el año 2000 el 69 por ciento de las pesquerías a nivel nacional se encontraban a su máxima capacidad o sobreexplotadas, hoy 84 por ciento se encuentran en esa condición.

No debe dejarse de mencionar que la Conapesca ha realizado en los últimos años algunos esfuerzos para combatir la pesca ilegal, como el sistema de monitoreo satelital para embarcaciones mayores, pero estos avances son insuficientes para resolver un problema de tal envergadura.

Es importante destacar también que tanto el sector pesquero social como privado han realizado importantes esfuerzos para combatir esta práctica ilegal, mediante la aportación de recursos y personal para la conservación y ordenamiento de los recursos pesqueros, lo cual no es suficiente. Siguen sufriendo el asedio constante de los pescadores furtivos en época de captura y sobre todo en épocas de veda.

En tal circunstancia, se requieren acciones inmediatas y definitivas que enfrenten el problema en todas sus vertientes. No sólo se deben incrementar el número de inspectores; para este objeto se requiere de un programa más ambicioso. Hasta hoy no se conocen acciones específicas en materia de prevención de la pesca ilegal. Si continúan desarrollándose las mismas acciones, se seguirán obteniendo los mismos resultados. Son urgente nuevas medidas para enfrentar este flagelo que lacera a la pesca nacional.

El sector pesquero y las propias organizaciones de la sociedad civil, interesadas en contribuir a este propósito, han planteado propuestas muy interesantes en esta materia. Una valiosa aportación en tal sentido se encuentra en el estudio antes referido, en el cual se proponen acciones concretas que pueden ejecutarse para conseguir mejores resultados, tales como hacer mejor uso de las tecnologías, mejorar la coordinación de quienes hacen cumplir la ley, crear una policía única en el mar, fomentar la participación pública en la toma de decisiones, generar espacios para la vigilancia comunitaria, reorganizar el presupuesto de la Conapesca, entre otras.

El sector social de la pesca aporta ejemplos exitosos en materia de combate a la pesca ilegal, como en el caso de las cooperativas pesqueras asentadas en el litoral del Océano Pacífico de la Península de Baja California, que a través de los propios cooperativistas, en apoyo a la vigilancia, coadyuvan en los operativos que han solucionado parcialmente el problema.

Pero además de exigirle más atención al problema a la Conapesca, cada una de las instancias que tienen relación con la pesca debemos contribuir a solucionar el problema. La Cámara de Diputados debe destinar mayores recursos a la inspección y vigilancia pesquera y lograr que éstos queden debidamente etiquetados, así como darle seguimiento a su aplicación efectiva.

Del análisis sobre los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación destinados en los últimos diez años a la inspección y vigilancia, se advierte que éstos han disminuido. En el año 2007 se presupuestaron 249 millones de pesos, no se etiquetaron en el siguiente año y de 2009 a 2015 los montos aprobados fluctuaron entre 60 y 100 millones de pesos por año. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2016, bajo el esquema de un presupuesto base cero, no se etiquetaron recursos para inspección y vigilancia, bajo el supuesto de que se incluyeron en el programa de sustentabilidad de los recursos naturales.

Los diputados tenemos el ineludible deber de lograr los consensos para exigir que se apliquen mayores recursos a esta función y si estos resultan insuficientes trabajar desde ahora con la Secretaría de Hacienda para lograr el rediseño en el siguiente Presupuesto de Egresos en lo relativo a la inspección y vigilancia pesquera y lograr que en general se aumenten los recursos para el ordenamiento pesquero y la inspección y vigilancia.

Pero ante la gravedad del problema que se vive en la actualidad es urgente demandar a la Conapesca acciones inmediatas para que se logre una mayor eficiencia con los limitados recursos que están destinados a la inspección y vigilancia. Para ello, es fundamental que esa dependencia involucre a todas las instancias que cuenten con capacidades y facultades, a fin de que coadyuven en esta tarea, como es el caso de la Secretaría de Marina, la Profepa, la Conanp, entre otras.

Pero también la Conapesca debe tener claro que para mejorar los resultados en inspección y vigilancia debe aplicar la Ley de manera irrestricta en todos los casos en que se cometa un acto de pesca ilegal. El 10 de marzo de 2014, elementos de la Secretaría de Marina, Profepa y Conapesca, detuvieron en la región de Guerrero Negro, Baja California Sur, a siete personas que a bordo de un barco camaronero se encontraban en posesión de mil 9 colas de langosta, recurso en veda, extraídas de manera ilegal en las costas cercanas a la Bahía de Vizcaíno, lo cual, de acuerdo con el Código Penal Federal, requería el ejercicio de la acción penal y en materia administrativa el decomiso de la embarcación, dada la gravedad de las conductas. Sin embargo, los presuntos responsables fueron liberados de inmediato y la embarcación y las artes de pesca utilizadas en dicho ilícito fueron devueltas a su propietario.

Nuevamente, el pasado lunes 23 de noviembre de 2015, en un operativo de inspección y vigilancia en la misma bahía, se encontró en otro barco camaronero langosta extraída en esa zona, capturadas ilegalmente, lo cual son hechos constitutivos del delito ambiental en contra de la biodiversidad, previsto y sancionado por el artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal Federal. No obstante dicha embarcación fue liberada nuevamente.

En este último caso, la agente del Ministerio Público Federal, respondió a los cooperativistas concesionarios del recurso pesquero afectado y a su vez propietarios de las artes de pesca utilizadas en la comisión de este ilícito, que el único afectado es la biodiversidad, cuya representación legal corresponde a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Por ello deseamos solicitar a esta dependencia continúe con las acciones legales conducentes.

La Conapesca está obligada a combatir la impunidad. Quienes cometan infracciones a la Ley los debe de sancionar con rigor, sobre todo cuando se trate de este tipo de conductas tan graves. En la calificación y sanción de las conductas ilícitas por pesca ilegal no debe permitirse impunidad o aplicar sanciones administrativas tan reducidas para este tipo de acciones, porque además de que es ilegal, se envía un mensaje negativo al sector pesquero, genera fuertes reacciones de protesta y rompe la tranquilidad social en las comunidades pesqueras.

Según la página electrónica de la Conapesca, el Programa Nacional de Inspección y Vigilancia tiene los siguientes objetivos:

• Establecer una acción contundente del Gobierno Federal para combatir frontalmente la pesca, tránsito y comercio ilegal de productos de la pesca y la acuacultura.

• Privilegiar la prevención con la participación de los tres ámbitos de gobierno y corresponsabilidad de la sociedad a través de los productores.

• Prevenir, combatir y sancionar la pesca y acuacultura ilegal de tal manera que esta actividad ilícita se vuelva totalmente incosteable.

• Incentivar y verificar el cumplimiento de la normatividad.

• Combatir la comercialización clandestina de especies.

• Promover la creación de comités estatales de inspección y vigilancia así como difundir el aprovechamiento racional de los recursos pesqueros

Ante el problema que significa el crecimiento de la pesca ilegal, debe fortalecerse el Programa Integral de Inspección y Vigilancia Pesquera y Acuícola para el Combate a la Pesca Ilegal, previsto en el párrafo segundo del Artículo 21 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, el cual señala que:

“La Secretaría, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y con la colaboración de los productores pesqueros y acuícolas, comunidades indígenas, los gobiernos municipales y otras instituciones públicas formulará, operará y evaluará el Programa Integral de Inspección y Vigilancia Pesquera y Acuícola para el Combate a la Pesca Ilegal, especialmente en las zonas sobreexplotadas y de repoblación, para enfrentarla con diversas acciones, así como para prevenir actos sancionados por la presente Ley y otras disposiciones aplicables”.

La autoridad pesquera tiene otras asignaturas pendientes en esta materia, como es la falta de información en diversos rubros. Una nota publicada en el diario La Jornada, el pasado 9 de diciembre, da cuenta de una denuncia de diversas organizaciones civiles porque la calidad de la información que ofrece en su portal la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca es insuficiente para que los ciudadanos evalúen la actuación del organismo a cargo de la vigilancia y explotación sustentable de los recursos marítimos, ya que tras evaluar los índices de transparencia del organismo se concluyó que los datos sobre subsidios energéticos, derechos de pesca e inspección y vigilancia son insuficientes y, en una escala de cero a uno, la comisión obtuvo 0.29”.

Ante este panorama general es necesario que la autoridad aplique medidas inmediatas contra la pesca ilegal y plantee una eficiente coordinación con las demás dependencias federales, con la colaboración de los gobiernos estatales y municipales y con la participación de los pescadores, de tal manera que se integre un frente común que atienda esta compleja problemática, para el combate decidido y frontal contra quienes cometen estos ilícitos, pero también que aplique la cero tolerancia para los infractores.

Así mismo, la Conapesca debe fortalecer el Programa Integral de Combate a la Pesca Ilegal, mediante nuevos mecanismos de coordinación y colaboración de todos los niveles de gobierno, con la participación del sector pesquero. En esta materia deben tomarse en cuenta las propuestas de todos los involucrados en la materia. De otra manera la pesca ilegal seguirá afectando nuestros recursos pesqueros y la sustentabilidad de la pesca nacional y nos impedirá contar con una actividad pesquera más sólida y competitiva.

Para enfrentar este problema es necesaria la voluntad de la Conapesca de modificar el esquema actual de la inspección y vigilancia, porque si continúa realizándose como hasta hoy, se seguirá afectando nuestra biodiversidad y por ende el sector pesquero nacional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que por conducto de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, fortalezca el Programa Integral de Vigilancia Pesquera y Acuícola para el Combate a la Pesca Ilegal, previsto en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, mediante estrategias efectivas de prevención y combate a la pesca ilegal que consideren la coordinación interinstitucional entre autoridades federales, estatales y municipales, con la participación del sector pesquero social y privado, así como con medidas de transparencia y publicidad de sus acciones, para enfrentar el creciente problema de la pesca ilegal en el país, el cual afecta de manera severa a la biodiversidad y a la actividad pesquera nacional.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente exhorta al titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, a que dentro del proceso de calificación y sanción de las acciones de pesca ilegal, se aplique la cero tolerancia para los infractores de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, y a que en las actuaciones derivadas del acta de inspección en contra de la embarcación “Indio Azteca”, por actos de pesca ilegal en el litoral del Océano Pacífico de la Península de Baja California, detenida el pasado 23 de noviembre, se apliquen con todo rigor las sanciones previstas en la Ley, considerando la gravedad de tales conductas y a efecto de inhibir nuevos casos de embarcaciones detenidas por realizar pesca ilegal que son liberadas de inmediato.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que conforme lo dispone la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su calidad en su calidad de coadyuvante, lleve a cabo las acciones que en derecho corresponden, a efecto de que se instaure procedimiento penal para que se ponga a disposición de la autoridad jurisdiccional a quienes a bordo de la embarcación “Indio Azteca” participaron en el ilícito de la captura y traslado de langosta, delito tipificado en el artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal Federal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016

Diputada Jisela Paes Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semar a actualizar y difundir en la página web los atlas de áreas sensibles a la presencia de hidrocarburos en las costas del Golfo de México, el mar Caribe y el Pacífico, a cargo de la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita María Cristina Teresa García Bravo, diputada federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX, artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Durante el último siglo, la humanidad ha modificado el ambiente más que en cualquier otro periodo de la historia, fundamentalmente para atender las grandes demandas de recursos naturales y energéticos de una población y economía que creció aceleradamente. Los impactos que se han producido en el ambiente, hoy tienen carácter global, con importantes consecuencias sociales y económicas.

Nuestro país no ha sido ajeno a este proceder, el crecimiento acelerado de la población ha incrementado la presión sobre el ambiente, tanto para extraer recursos naturales como el petróleo o por efecto de los contaminantes y desechos producidos. El uso y abuso del ambiente y sus recursos, se ha orientado a satisfacer necesidades inmediatas y a obtener el mayor provecho económico a corto plazo, sin priorizar la eficiencia en su uso o transformación, lo que se ha traducido en un deterioro importante en nuestro capital natural.

El manejo inadecuado de los residuos peligrosos, así como las fugas ocasionadas por accidentes y delitos ambientales pueden afectar la salud de la población, así como la contaminación del suelo, agua, aire y daños a los ecosistemas.

El Sistema de Sitios Contaminados de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene registrados 582 sitios contaminados en el país, siendo Guanajuato, Veracruz y Querétaro los que poseen mayor número (66). Del total de sitios, 55% se originó por disposición de residuos, 13% por actividades mineras, 11% industriales y 3.4% a extracción de petróleo y sus derivados. Hasta la fecha, 1.5% de los sitios han sido remediados, 3.4% está en proceso de remediación y 95% no se ha atendido (67).

La explotación y el transporte de petróleo es la principal fuente de contaminación por hidrocarburos, ya que aproximadamente el 60% de la producción mundial de petróleo se transporta por vía marítima.

Al ocurrir un derrame o fuga de hidrocarburos, su comportamiento físico es un factor trascendental a considerar para evaluar los peligros sobre el ambiente. El conocimiento de estos procesos y la interacción que se da entre ellos, integrados y registrados en documentos, es esencial para tomar mayor y mejores decisiones de respuesta cada vez más apropiadas a derrames, basadas en anteriores experiencias. Por lo que es fundamental para su atención y seguimiento tener registros actuales y fidedignos de las áreas y especies que han sido dañadas por contaminación marina originada por derrame de hidrocarburos en mares y costas.

Consideraciones

Primera: La Secretaría de Marina, contribuye a prevenir la contaminación de los mares a través de acciones que regulan los vertimientos de desechos y otras materias, atendiendo siempre de manera oportuna, derrames de hidrocarburos en las zonas marinas mexicanas, coadyuvando con otras dependencias del Gobierno Federal en actividades encaminadas a la prevención, control y combate de la contaminación marina.

Conforme a lo anterior y en profundo reflejo de su compromiso la SEMAR, atiende los innumerables incidentes contaminantes por derrame de hidrocarburos, con la activación del Plan Nacional de Contingencias (PNC) en coordinación con las dependencias de los tres órdenes de gobierno y el empleo del Sistema de Mando de Incidentes (SMI), el cual es el sistema de organización aplicable a todo tipo de respuesta a incidentes que se emplea como estándar internacional.

Segunda: El compromiso genera acción y la acción refleja hechos que deben ser materializados para formar un registro de acontecimientos que permitan adquirir experiencias para la atención de derrames con mayor rapidez y eficiencia a favor y en bienestar de la vida dentro y fuera del mar o costa del que se trate; la Secretaría de Marina ha tenido una constante participación en el desarrollo marítimo nacional, y es a través de su Dirección de Protección al Medio Ambiente Marino que realizó importantes publicaciones Oceanográficas con gran relevancia en la materia como lo son: el “Atlas de Áreas Sensibles a la presencia de hidrocarburos en las costas del Golfo de México y mar Caribe” y el “Atlas de Áreas Sensibles a la presencia de hidrocarburos en las costas del Pacífico Mexicano”, con el propósito de contar con un apoyo técnico que auxiliara en la toma de decisiones en el caso de un derrame de hidrocarburos en las áreas prioritarias de protección, en las que existen numerosas especies de animales, habitad y áreas marítimas de importancia turística y ambiental que están potencialmente en peligro por un derrame de esos compuestos; es así, que los citados documentos torales, cuentan con año de edición de 2002 y 2003 respectivamente, siendo necesaria su actualización.

También ha realizado otras obras en la materia como lo son el “Atlas de Contaminación Marina”, con la salvedad de que este se ocupa de las playas y costas más contaminadas de México por diversas causadas como; desechos fecales, aguas negras, basura, actividad agrícola y residuos industriales, que provocan desde enfermedades gastrointestinales hasta infecciones respiratorias.

Tercera: La obligación de nuestro país es lograr un desempeño competitivo, promoviendo y apoyando la formación integral, generando información documental, veraz y actualizada que permita a la ciudadanía y a Instituciones Educativas brindar un proyecto educativo que englobe una capacitación y formación completa, profundizando conocimientos basados en información renovada y permanente, con la posibilidad en un clima de cooperación, de añadir nuevas tecnologías de investigación que facilite su estudio y atención.

Por otro lado, la generación de información especializada y materializada, permite la creación y perfeccionamiento de acciones y políticas públicas más precisas y concretas, previniendo daños, atendiendo áreas dañadas y detectando oportunamente problemáticas.

Cuarta: La Secretaría de Marina cuenta con dos Institutos Oceanográficos que se localizan en la localidad de El Salado, en el municipio de Mecayapan, en el estado de Veracruz y en Manzanillo, en el estado de Colima, además cuenta con seis estaciones de investigación oceanográfica, ubicadas en los puertos de Tampico, Tamaulipas; Ciudad del Carmen, Campeche; localidad de Progreso en el Estado de Yucatán; Ensenada, Baja California; Topolobampo, Sinaloa y Salina Cruz Oaxaca.

Los Institutos y Estaciones cuentan con cinco áreas de investigación las cuales se dividen en:

1. Oceanografía;
2. Hidrografía y Cartografía;
3. Meteorología Marítima;
4. Investigación del Medio Ambiente Marino;
5. Biología Marina.

El personal que integra las planillas de los Institutos y Estaciones, está compuesto por biólogos, oceano?logos, qui?micos, geo?logos, geo?grafos, topo?grafos, meteoro?logos y te?cnicos, encargados de realizar estudios de investigacio?n oceanogra?fica, de contaminacio?n marina y levantamientos hidrogra?ficos, entre otros.

Por lo que la dependencia cuenta con los elementos físicos y personales para realizar la actualización de tan importantes obras oceanográficas, a las cuales la ciudadanía pueda acceder de una manera más pronta y ágil.

En mérito de lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La honorable Cámara de Diputados exhortar al titular de la Secretaría de Marina, a emprender las actualizaciones del Atlas de Áreas Sensibles a la Presencia de Hidrocarburos en las Costas del Golfo de México y Mar Caribe, así como el Atlas de Áreas Sensibles a la Presencia de Hidrocarburos en las Costas del Pacífico Mexicano.

Diputada María Cristina Teresa García Bravo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los gobiernos estatales y municipales a reforzar medidas para evitar que niños y adolescentes sean expuestos a ambientes con humo de tabaco, suscrita por la diputada Claudia Villanueva Huerta e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, Claudia Villanueva Huerta y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea, el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. La Convención sobre los Derechos del Niño suscrita por el Estado mexicano en 1989 en su artículo 1 establece que se entiende por niño a todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad, de igual forma la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad.

Dicha Ley General con su preponderante enfoque en derechos humanos, representa un gran avance para el orden jurídico mexicano ya que en concordancia con la Convención, las niñas, niños y adolescentes dejan de ser sujetos de asistencia y se les reconoce como sujetos de derecho, de igual forma al establecer el principio del interés superior de la infancia y privilegiando el mismo a través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales se avanza en el camino correcto en la protección de la niñez mexicana.

2. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud como: “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”,1 y el derecho a la misma lo podemos encontrar plasmado en diversos instrumentos de carácter internacional en materia de derechos humanos de los cuales el Estado mexicano es parte, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” de 1988 entre otros, en el mismo sentido del marco jurídico interno del Estado mexicano, el derecho a la salud se encuentra en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Salud la cual es reglamentaria de dicho artículo.

3. De acuerdo a la OMS en su nota descriptiva no. 3392 de julio del 2015 el tabaco es una de las mayores amenazas para la salud pública que ha tenido que afrontar el mundo, causando la muerte a más de seis millones de personas de forma anual, de los cuales más de seiscientos mil son NO FUMADORES expuestos al humo ajeno, cabe resaltar que de acuerdo al mismo organismo, el tabaquismo es la primera causa de muerte prevenible en el mundo; en el mismo sentido ,dentro del preámbulo del Convenio Marco de la OMS para el control del Tabaco se señala:

“Reconociendo que la ciencia ha demostrado inequívocamente que el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco son causas de mortalidad, morbilidad y discapacidad, y que las enfermedades relacionadas con el tabaco no aparecen inmediatamente después de que se empieza a fumar o a estar expuesto al humo de tabaco, o a consumir de cualquier otra manera productos de tabaco.”

4. En ese orden de ideas y atendiendo al peligro que representa el tabaquismo para la salud pública, el estado mexicano ha implementado diversas medidas tales como la Ley General para el Control de Tabaco publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2008, la cual entre sus objetivos tiene el de proteger los derechos de los no fumadores a vivir y convivir en espacios 100% libres de humo de tabaco.

5. Tomando en cuenta que de acuerdo a la OMS, la mayor parte de los niños expuestos al humo del tabaco lo hacen de manera involuntaria al estar expuestos a estos ambientes por parte de los adultos que fuman en los lugares donde hay niños presentes, resulta alarmante el hecho de que, de acuerdo a la misma organización, en el año de 1999 cerca de 700 millones de niños respiraban aire contaminado por humo de tabaco.3

Por lo anteriormente expuesto y en conciencia de los pasos que ha dado el Estado Mexicano para proteger tanto a la niñez mexicana, como su salud, pero también reconociendo los grandes retos y obligaciones del mismo en la materia, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales y municipales, para que en el marco de la normativa aplicable y en ámbito de sus atribuciones legales, refuercen las medidas jurídicas, administrativas, sociales, educativas y todas aquellas necesarias, tendientes a procurar que las niñas, niños y adolescentes no sean expuestos bajo ninguna circunstancia a ambientes con humo de tabaco.

Notas:

1 http://www.who.int/suggestions/faq/es/

2 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/es/

3 WHO (1999). International consultation on environmental tobacco smoke (ETS) and child health.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados a los 5 días del mes de abril del año 2016.

Diputada Claudia Villanueva Huerta (rúbrica)

Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se por el que se solicita la creación de la comisión especial de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Sergio René Cancino Barffusón, Araceli Damián González, Alfredo Basurto Roman, Roberto Alejandro Cañeado Jiménez, Irma Rebeca López López, Mariana Trejo Flores, Patricia Elena Aceves Pastrana, Delfína Gómez Álvarez y Ariadna Montiel Reyes integrantes del Grupo Parlamentario Morena de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso y la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. La Organización Mundial de la Salud, define a la sexualidad humana como “un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca sexo, identidades y roles de género, el erotismo, el placer, los vínculos afectivos, la reproducción y la orientación sexual. Se vive y se expresa a partir de pensamientos, deseos, fantasías, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y las relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones; no obstante, no todas ellas se logran experimentar o se expresan siempre. La sexualidad está influida por factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales.1 ”

Segunda. México firmó la Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas2 . Esta declaración muestra su preocupación por “la violencia, el acoso, la discriminación, la exclusión, la estigmatización y el prejuicio que se dirigen contra personas de todos los países del mundo por causa de su orientación sexual o identidad de género, y porque estas prácticas socavan la integridad y dignidad de aquéllos sometidos a tales abusos3 ” lo que en los hechos afecta a personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI).

En ella, también condena los asesinatos y ejecuciones, las torturas, los arrestos arbitrarios y la privación de derechos económicos, sociales y culturales por estos motivos.

Tercera. En agosto de 2008 México firmó la Declaración ministerial “Prevenir con educación”. Con la firma de esta declaración, México adquirió el compromiso de:

• Para el año 2015, reducir en un 75% la brecha en el número de escuelas bajo la jurisdicción de los Ministerios de educación que no han institucionalizado la educación integral en sexualidad.

• Para el año 2015, reducir en un 50% la brecha en el número de adolescentes y jóvenes sin cobertura de servicios de salud que atiendan apropiadamente sus necesidades de salud sexual y reproductiva4 .

Sin embargo, según la Evaluación de la implementación de la declaración ministerial “Prevenir con Educación” 2012 del acuerdo a la acción; avances en latinoamérica y el caribe5 en materia educativa, México no logró la meta.

Cuarta. El artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que “todas las autoridades tienen el deber para que, en el ámbito de su competencia, promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”6 .

Así mismo, en su párrafo quinto menciona que “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”7 .

Es decir, el marco constitucional permite legislar en materia de igualdad de derechos para todas las personas sin motivo de exclusión por su orientación sexual e identidad de género, y por tanto, los derechos de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI) se ejerzan ante los particulares y autoridades de los tres órdenes de gobierno o, en su caso, se hagan exigibles ante los tribunales como derechos fundamentales.

Quinta. Por otra parte, la Encuesta Nacional sobre discriminación en México 2010 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred)8 arrojó como resultado que más del 40% de los encuestados no estarían dispuestos a vivir con personas LGBTI. Así mismo el 52% de los encuestados considera que el principal problema de las personas LGBTI es la discriminación. De igual forma el 42% de los encuestados considera que la policía se muestra intolerante ante las personas LGBTI.

En ella se señala que “la discriminación niega el ejercicio igualitario de libertades, derechos y oportunidades a cualquier persona; la excluye y la pone en desventaja para desarrollar de forma plena su vida; la coloca, además, en una situación de alta vulnerabilidad. Esa desventaja sistemática, injusta e inmerecida, provoca que quienes la padecen sean cada vez más susceptibles a ver violados sus derechos en el futuro”9 .

En este orden de ideas, partiendo que México es un Estado pluriétnico y multicultural con diversidad de etnias, culturas, edades, formas de pensar, de expresarse, de creer, de aprender, de elegir y de amar, el rompecabezas nacional estará incompleto si a alguien se le deja fuera; estará dañado si a una de sus piezas se le hiere en su dignidad. Perdiéndose la posibilidad de armarse si la discriminación por sexo, por discapacidad, por ser joven, niña o niño, persona adulta mayor; por origen étnico, por apariencia, por nacionalidad, por religión, por preferencia sexual, por ser migrante, o por ser trabajadora del hogar o por cualquier otra condición, va limitando y va coartando la posibilidad del desarrollo en la vida.

Sexta. El Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre violaciones a los derechos humanos y delitos cometidos por homofobia y transfobia -rechazó a la orientación sexual y a la identidad de género- derivado del análisis de 696 expedientes de quejas tramitadas en la CNDH, en los organismos públicos de protección de los derechos humanos del país y en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred); así como en averiguaciones previas iniciadas en distintas procuradurías generales de justicia en México, en los cuales, la orientación sexual, la identidad o expresión de género fueron motivo de atentados contra la vida y la integridad de las personas.

Este informe nos presenta como conclusión la necesidad de reevaluar la eficacia de la estrategia nacional en contra de la discriminación, de manera tal que todos los recursos económicos, tecnológicos, materiales y humanos empleados para tal efecto se apliquen en acciones orientadas a la prevención y su erradicación. Una política seria y profunda debe atacar las causas de la intolerancia y prever medidas en el ámbito social, de infraestructura, educación y participación de la sociedad, para prevenir o combatir todo factor que genere agravios. Es necesario promover políticas más efectivas e integrales para prevenir la discriminación por homofobia y transfobia.

El informe reconoce que por los prejuicios hacia la diversidad sexual se han realizado actos de violencia y discriminación que laceran la dignidad de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales. Y que el movimiento en favor de la diversidad sexual se ha convertido en las últimas décadas en un actor político fundamental para la promoción de una sociedad igualitaria. Se puede considerar que ha sido exitoso gracias a su activismo, puesto que la legislación y la jurisprudencia internacional han comenzado a reconocer los derechos humanos de ese grupo.

Para lograr vencer esta brecha de desigualdad, México cuenta con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual queda prohibida toda discriminación que atente contra la dignidad humana. Además, a nivel local y federal existen dos documentos que prohíben la discriminación por orientación o preferencia sexual. Por una parte se encuentra el Código Penal para el Distrito Federal, que en el artículo 206 considera la orientación sexual como una de las categorías protegidas, y castiga a la persona que “provoque o incite al odio o la violencia”. A nivel nacional, se cuenta con la Ley Federal para prevenir y erradicar la Discriminación (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003), donde se contemplan mecanismos para la lucha efectiva contra la discriminación en diversos ámbitos. Así, en el artículo 4º se establece el concepto de discriminación, donde se incluyen las “preferencias sexuales de las personas” como categorías protegidas por esta ley.

Séptima. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto de manera reiterada, que frente a los estereotipos que se difunden sobre las personas LGBTI, debe reconocerse el Derecho al libre desarrollo de la personalidad, que incluye a la Orientación sexual y la Identidad de género como condiciones humanas que merecen ser atendidas bajo el principio de la no discriminación a fin de garantizar el acceso a la justicia bajo un debido proceso en el ámbito familiar, laboral, salud, de protección en contra de la violencia, para evitar detecciones arbitrarias, en lo educativo, y en la libertad de expresión y asociación. Y a ese respecto emitió, en agosto 2104, el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la Orientación sexual o la Identidad de género.

La Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la Tesis 1a./J. 43/2015, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el día viernes 19 de junio de 2015, nos dice:

“Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como “entre un solo hombre y una sola mujer”. Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión. Al respecto cabe recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual. Por tanto, no es factible hacer compatible o conforme un enunciado que es claramente excluyente.”

Octava. Sin embargo, a pesar del andamiaje institucional con que se cuenta, y de las obligaciones Constitucionales y las derivadas en instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, existen diversas contradictorias y abiertamente discriminatorias dentro del orden jurídico nacional.

Los códigos civiles y/o familiares de varias entidades federativas, recogen definiciones que resultan abiertamente discriminatorias:

1) La definición normativa de matrimonio, la enunciación de la “procreación” y/o la “perpetuación de la especie” como fin, objeto o propósito del mismo; y,

La enunciación exclusiva de los sujetos susceptibles de acceder al matrimonio, es decir, un “hombre” y una “mujer”.

2) Por otra parte, en relación con la definición de matrimonio el Código Civil Federal condiciona orientación sexual de las personas como requisito para contraer matrimonio a partir de la redacción del artículo 147 a su letra dice:

“Cualquiera condición contraria a la perpetuación de la especie o a la ayuda mutua que se deben los cónyuges, se tendrá por no puesta”.

Así mismo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su Recomendación General No. 23/2015 sobre el Matrimonio Igualitario publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2015, da cuenta que los estados de Aguascalientes (artículo 144 del Código Civil), Baja California (artículo 144 del Código Civil), Baja California Sur (artículo 150 del Código Civil), Campeche (artículo 158 del Código Civil), Chiapas (artículo 144 del Código Civil), Chihuahua (artículo 135 del Código Civil), Coahuila (artículo 254 del Código Civil), Colima (artículo 147 del Código Civil), Durango (artículo 142 del Código Civil), Estado de México (artículo 4.3 del Código Civil), Guanajuato (artículo 144 del Código Civil), Hidalgo (artículo 11 del Código Familiar), Jalisco (artículo 258, fracción VI del Código Civil), Michoacán (artículo 123 del Código Familiar), Morelos (artículo 68 y 71 del Código Familiar), Nayarit (artículo 143 del Código Civil), Nuevo León (artículo 147 del Código Civil), Oaxaca (artículo 143 del Código Civil), Puebla (artículo 294 del Código Civil), San Luis Potosí (artículo 15 del Código Familiar), Sinaloa (artículo 40 Código Familiar), Sonora (artículo 11 Código de Familia), Tamaulipas (artículo 3 de la Ley para el Desarrollo Familiar), 14/22 Tlaxcala (artículo 52 del Código Civil), Yucatán (artículo 49 del Código de Familia) y Zacatecas (artículo 100 del Código Familiar), exponen expresamente en sus leyes estatales e incluso en sus constituciones locales que el matrimonio tiene como fundamento, fin, objeto, requisito, propósito, etcétera, la “procreación”, la “perpetuación de la especie” o la “reproducción”.

De igual manera, en dicho documento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realiza la siguiente recomendación general a los Titulares de los Poderes Ejecutivos y a los Órganos Legislativos de los diversos órdenes normativos de la República para que:

“Se adecuen los correspondientes ordenamientos en materia civil y/o familiar con el fin de permitir el acceso al matrimonio a todas las personas y en condiciones tales que se impida cualquier tipo de discriminación, en términos del quinto párrafo del artículo primero de la Constitución General de la República”.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han alertado sobre el hecho de que “...el prejuicio, la indiferencia, el odio y la discriminación tienen efectos negativos sobre la salud de lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT) en las Américas y obstaculizan su acceso a los servicios de salud, por ello, llama a erradicar estas actitudes y prácticas de las escuelas, los lugares de trabajo y de los espacios públicos, en particular de los servicios de salud. Además de considerar que “... del impacto que la intolerancia provoca en la salud emocional y mental, también significa que las personas LGBT tienen más riesgo de sufrir lesiones como consecuencia de la violencia física. Hombres gay y mujeres trans son víctimas frecuentes de crímenes de odio y homicidios, los que muchas veces son encubiertos al calificarlos como “crímenes de pasión” en lugar de expresiones de intolerancia extrema.”

En razón de las consideraciones arriba vertidas, se propone a esta soberanía como de urgente u obvia resolución el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se crea la Comisión Especial de los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (CLGBTI). El número de sus integrantes y el plazo para efectuar sus tareas serán propuestos por la Junta de Coordinación Política, guardando los principios de pluralidad y proporcionalidad.

Notas:

1 Organización Mundial de la Salud 2006.

2 Presentada ante la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2008.

3 Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género, artículo 5.

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&
source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNh4um_ufLAhWqyIMKHY0vByQQFgglMAE&
url=https%3A%2F%2Fwww.oas.org%2Fdil%2Fesp%2Forientacion_sexual_Declaracion_ONU.pdf
&usg=AFQjCNFxlW_iW2YmaboXBnyH8qlKr1zy6Q

4 Declaración ministerial “Prevenir con educación”.
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&
cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpqclhujLAhUGuYMKHZ3eDQwQFggkMAE&url=http%3A%2F%2F
www.unesco.org%2Fnew%2Ffileadmin%2FMULTIMEDIA%2FFIELD%2FSantiago%2Fpdf%2Fdeclaracion-prevenir-educacionespanol.pdf
&usg=AFQjCNEWFv6yJPNnCZroWl_-FgVdzhXkIQ

5 Evaluación de la implementación de la declaración ministerial “Prevenir con educación” 2012 del Acuerdo a la acción; avances en Latinoamérica y El Caribe

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=
web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm1urbiOjLAhVH8CYKHakfD5cQFgghMAE&
url=http%3A%2F%2Fwww.unesco.org%2Fnew%2Ffileadmin%2FMULTIMEDIA%2FFIELD%2FSantiago%2Fpdf
%2Fdeclaracion-prevenir-educacion-espanol.pdf&usg=AFQjCNEWFv6yJPNnCZroWl_-FgVdzhXkIQ

6 Artículo 1 CPEUM, párrafo adicionado Diario Oficial de la Federación 10-06-2011.

7 Idem. párrafo reformado Diario Oficial de la Federación 10-06-2011.

8 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010.

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&
source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1qqKd1enLAhVE0WMKHRN_D5kQFggaMAA&
url=http%3A%2F%2Fwww.conapred.org.mx%2Fuserfiles%2Ffiles%2FEnadis-2010-RG-Accss-002.pdf
&usg=AFQjCNEkmfUqZ2yzTJ5OyOTqEL3yrDIyrA

9 Ob cit. página 6.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.

Diputados: Sergio René Cancino Barffusón, Araceli Damián González, Alfredo Basurto Román, Mariana Trejo Flores, Patricia Elena Aceves Pastrana, Delfína Gómez Álvarez, Ariadna Montiel Reyes, Irma Rebeca López López, Roberto Alejandro Cañeado Jiménez (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR y la Sedesol a implantar medios para corroborar la legalidad de las empresas contratadas y dar seguimiento a los contratos asignados o licitados durante y hasta la conclusión de los servicios, suscrita por los diputados José Clemente Castañeda Hoeflich y Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, Clemente Castañeda Hoeflich y Germán Ernesto Ralis Cumplido diputados del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sometemos a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo , que exhorta a la Procuraduría General de la República para que investigue los contratos con dos empresas que no efectuaron los servicios acordados y cuyos pagos se hicieron con los recursos de la Cruzada Nacional contra el Hambre y se apliquen sanciones correspondientes a los servidores que resulten responsables; así mismo se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, para que implemente mecanismos que corroboren la legalidad de las empresas contratadas y que dé seguimiento a los contratos asignados o licitados durante y hasta la conclusión de los servicios, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La Cruzada Nacional Contra el Hambre fue presentada oficialmente el 23 de enero de 2013, con 5 objetivos muy claros:

- Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación;

- Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez;

- Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas;

- Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización, y

- Promover la participación comunitaria para erradicar el hambre.i

Todos estos objetivos van enfocados en la población más vulnerable de nuestro país.

El recurso asignado en esta Cruzada debe ser aprovechado al máximo por las instituciones encargadas de llevar a cabo las acciones para lograr estos objetivos. Por lo que resulta indispensable tener una total transparencia de recursos; sin embargo en la práctica no es así.

En una investigación publicada por el portal de noticias Aristegui Noticias, se exhiben los contratos que Sedesol otorgó a empresas relacionadas con un hombre que está identificado por el gobierno como operador del Cartel de Juárez.

El portal de noticias indica que Ricardo Dávila Córdoba, apodado como El Cónsul, fue enlace con proveedores de la droga colombiana y operador financiero del Cartel de Juárez. Antes de iniciar su trayectoria delictiva permaneció en la administración pública de 1988 a 1990 y tuvo un cargo en el Banco de México y posteriormente trabajó como subdirector de Inmuebles de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Se retiró de la administración pública federal en 2003; En 2005 lo detienen en un operativo de la PGR, es consignado, y en 2010 abandona el penal del Altiplano, para 3 años más tarde constituir 2 empresas: Grupo Comercializador Cónclave SA de CV de la que era el representante legal y Podasa SA de CV de la cual es socio mayoritario, con el 70% de las acciones.

En 2013 la Sedesol delegó en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos la responsabilidad para que se encargara de equipar a los brigadistas de la Ruta “Sin Hambre”, la cual debería llevar acabo licitaciones para la contratación de las empresas. Dichas licitaciones se llevaron a cabo en total opacidad y se le dio contratos a dos empresas: la primera, Cónclave, con un contrato por 207 millones 779 mil 715 pesos; la segunda la empresa, Podasa, con un contrato por 188 millones 662 mil 900 pesos; por lo que recibieron dos contratos 396 millones 442 mil 615 pesos de fondos federales de Sedesol.ii

Pese a que este presupuesto está destinado a apoyar a la población más vulnerable del país, no es la primera vez en la que existe falta de transparencia en el manejo de los recursos del programa Sin Hambre, ya que existen denuncias por parte de la Auditoria Superior de la Federación, respecto a malos manejos, desvió de recursos y más contratos otorgados a empresas fantasma desde el año 2013, que involucra otras universidades.iii

A pesar de que existen denuncias previas, evidencia de que los contratos se otorgan a empresas fantasma, los cheques se cobran, el recurso desaparece y los servicios nunca se realizan. Sin embargo las investigaciones solo se quedan en eso, porque no se hacen públicas, no se fincan responsabilidades y mucho menos se castiga a los responsables.

Un programa que tiene como finalidad el apoyo a la clase más vulnerable del país es el más endeble al no tener unas bases sólidas, lineamientos y reglas de operación que se cumplan, pero sobre todo al demostrar que no se castiga a los responsables de estos ilícitos, que dañan profundamente a la soberanía.

Considerandos

Existen varias denuncias por parte de la Auditoría Superior de la Federación sobre malos manejos de recursos del programa Sin Hambre desde el 2013 con al menos dos universidades y que actualmente no se han fincado responsabilidades o castigado a los responsables.

Que los recursos asignados a este, el programa social por parte del Gobierno Federal están enfocados en la clase más vulnerable del país, no se debe tomar a la ligera el manejo de recursos.

La transparencia en el manejo de recursos públicos es indispensable, por lo que el contar con mecanismos que se encarguen de supervisar cada proyecto antes, durante y después de asignado el recurso es imprescindible para que se acaben los manejos de opacidad en programas sociales tan importantes como este que busca erradicar el hambre.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que investigue los contratos con las empresas Grupo Comercializador Cónclave SA de CV y Podasa SA de CV por servicios no realizados y cuyos pagos se hicieron con recursos de la Cruzada Nacional Contra el Hambre y se apliquen sanciones correspondientes a los servidores que resulten responsables.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, para que implemente mecanismos que corroboren la legalidad de las empresas contratadas en las que se use recurso de la Cruzada Nacional contra el Hambre y que dé seguimiento a los contratos asignados o licitados durante y hasta la conclusión de los servicios.

Notas

i http://sinhambre.gob.mx/objetivos-de-la-cruzada/

ii http://aristeguinoticias.com/1403/mexico/contrata-el-gobierno-federal-a -operador-del-cartel-de-juarez/

iii http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Document os/InformeGeneral/ig2014.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 5 de abril de 2016

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a definir un modelo educativo flexible y acorde con las necesidades de la educación para el ciclo escolar 2016-2017, a cargo del diputado José Bernardo Quezada Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, José Bernardo Quezada Salas, diputado del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción XI, y 62, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La más reciente reforma educativa en México, puesta en marcha desde el inicio de la presente administración, ha pasado por diversas etapas en su proceso de implementación: desde la modificación constitucional y legislativa de sus normas secundarias, hasta los más ambiciosos anuncios gubernamentales que enumeran las bondades de las estrategias o programas para su consecución.

No obstante el reconocimiento del esfuerzo y anhelos de algunas de las acciones de las autoridades educativas en turno, hasta ahora se observan claras muestras de un compromiso más orientado a hacer realidad las aspiraciones de la sociedad mexicana, así como de los agentes educativos, con el fin de cumplir con los compromisos de la reforma educativa iniciada desde el año 2012.

Así, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, observamos con interés las acciones anunciadas por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), maestro Aurelio Nuño Mayer, que posicionan a la escuela como centro de las principales transformaciones y factor indisoluble de la mejora a la calidad educativa a la que aspiramos los mexicanos.

Al publicar en medios electrónicos oficiales los ejes constitutivos del programa denominado La Escuela al Centro, consideramos pertinente que se tomen en cuenta algunas de las observaciones realizadas por las y los docentes sobre su labor educativa desde el aula.

De esta manera, teniendo como objetivo mejorar la organización de las escuelas para llevar la reforma educativa a las aulas, se abunda al señalar “un cambio en la organización de las escuelas para que todos los miembros de la comunidad se involucren activamente en su mejora continua”. De tal manera que todo el sistema educativo deba “estar al servicio de las escuelas y de sus alumnos, y brindarles el apoyo que requieren para elevar la calidad de la educación”1 .

Para ello, desde la federación se definen seis líneas de acción por desarrollar en conjunto con las autoridades educativas locales, maestros, directores y padres de familia, entre las que se encuentran: una nueva organización con menos burocracia y más recursos para las escuelas, el fortalecimiento de los consejos técnicos escolares, así como una participación social más activa y la mejora del uso del tiempo en la jornada escolar, incluyendo el retorno de las escuelas de verano.

De esas líneas, sobresale por su contenido e impacto directamente en la labor educativa de los docentes y el aprovechamiento escolar, lo concerniente a la mejora del uso del tiempo de la jornada escolar, que, en palabras del propio titular de la SEP, consiste en permitir que

“... cada comunidad escolar pueda optar por diversas formas de organizar su calendario. Para ello, se someterá a consideración del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al artículo 51 de la Ley General de Educación para permitir modificaciones en la estructura del calendario escolar.

En ningún caso se recortará el número de horas, directores, docentes y padres de familia, sujeto a la aprobación de las autoridades educativas estatales, podrán ajustar el calendario escolar y los horarios según sus necesidades, dentro de ciertos parámetros. Las primarias y secundarias seguirán teniendo el mismo número de horas al año, pero ahora podrán escoger si quieren continuar impartiéndolas en 200 días con los horarios tradicionales o cambiar a un calendario de 185 días con jornadas más largas y de esa manera mejorar el uso efectivo del tiempo en las aulas.

Ambas modalidades se mantienen bajo los parámetros que se practican en el resto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En promedio, los países miembros de esta organización cuentan con 185 días con 791 horas en primaria y 183 días con 907 horas en secundaria. En México, las primarias de horario regular tienen 800 horas de clases al año, las primarias de jornada ampliada mil 200 y las de tiempo completo mil 600, mientras que las secundarias llegan hasta mil 167. En todos los casos, el número de días y horas se mantendrá por encima o exactamente en el promedio de la OCDE.

En el caso de las escuelas preescolares aumentarán las horas de clase en todos los casos de 3 a 4 horas diarias para el calendario de 200 días y a 4.5 horas para el calendario de 185 días. Este cambio no sólo mejorará significativamente la calidad y la equidad de la enseñanza –la evidencia internacional muestra que extender la educación temprana es crucial para un mejor desarrollo educativo en todos los niveles–, sino que también representará un apoyo importante a las madres trabajadoras de México”2 .

Como se observa, la ya anunciada flexibilización del calendario escolar está orientada a “mejorar el uso efectivo del tiempo en las aulas” para todos los niveles de la educación básica. No obstante, a pesar de que se sustenta o respalda con indicadores internacionales, los ajustes y mejor aprovechamiento escolar no se basan sólo en una mayor o menor disponibilidad del horario escolar3 .

Los resultados escolares con esta medida no serán distintos a los ya ampliamente conocidos, si no se lleva a cabo una reestructuración de fondo del modelo y esquema en que se impartan los contenidos educativos que serán vistos en esos horarios escolares.

Es decir, si el modelo no permite que se cambien, se adecuen y se realicen los ajustes necesarios o “flexibilizarlos”, al igual que al calendario escolar y las reuniones de los consejos técnicos escolares, también previsto en las líneas de acción anunciadas, seguiremos observando los mismos niveles de logro, independientemente de los instrumentos de evaluación utilizados.

Así, repetiremos ad infinitum los resultados actuales, en donde 9 de cada 10 de las y los alumnos en educación secundaria alcanzan apenas el nivel II de logro en matemáticas, así como 7 de ellos lograron el mismo nivel en las habilidades de lenguaje y comunicación4 , con similares resultados en educación media superior, donde se observan resultados de 8 y 6 de cada 10 en el nivel II de logro, respectivamente5 .

Dichos resultados se vienen arrastrando desde las últimas evaluaciones de los Exámenes de la Calidad y el Logro Educativos (Excale), realizadas a los alumnos de sexto grado de primaria, durante el ciclo escolar 2012-20136 .

Los resultados alcanzados dan muestra de las deficiencias de un modelo educativo que urge analizarse a profundidad, pues ejemplifican su agotamiento en el cumplimiento de un objetivo sustancial: dominar un conjunto de aprendizajes esenciales al término de la educación media superior, en dos áreas de competencia: lenguaje y comunicación (comprensión lectora) y matemáticas, sin dejar de mencionar otro tipo de competencias y conocimientos en las áreas científicas y cívico-éticas.

Resulta evidente que más horas dedicadas a la labor de enseñanza en el aula, como es nuestro caso, no garantizan mejores resultados educativos. Un error que podría conducirnos a conclusiones que distan de la realidad es asumir ejemplos de modelos altamente estresantes como el seguido en Corea del Sur, donde una generación pasó de ser uno de los países con desempeño más bajo, a uno de los países con desempeño más alto en muchos de los indicadores educativos. Sin embargo, cabe señalar que pesan sobre el mismo una de las tasas más altas de suicidio y depresión adolescente, siendo el suicidio la principal causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 24 años7 .

Otro de los ejemplos citados de manera reiterada es Finlandia, país que dio un salto cualitativo en los resultados educativos después de haberse enfocado en la calidad de la enseñanza y en mejorar la equidad de los resultados, teniendo especial atención para que en cada grupo no existiesen estudiantes rezagados. La enseñanza secundaria se hizo incluyente y aunque existen los marcos y estándares nacionales del currículum, los municipios y las escuelas cuentan con una autonomía considerable que les permite adaptarlos al contexto local8 .

Se pueden analizar muchos y muy variados modelos educativos que han transformado de manera positiva los resultados alcanzados. Una búsqueda en internet puede dar cuenta de las distintas experiencias nacionales, locales y de vanguardistas espacios educativos que van desde las reducciones a la jornada escolar, la tarea a la inversa o la apropiación de conocimientos de manera vivencial mediante la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Empero, no debe ser el caso tropicalizar e implementar modelos que si bien han sido exitosos, no se ajustan al contexto nacional.

Las y los docentes del país reiteradamente han demandado que las políticas de mejora a la escuela tengan como punto de partida los cambios en los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que repercutirá en mejores resultados para los estudiantes.

En esta sintonía se encuentran las tareas a ser implementadas por el actual titular de la SEP y refuerzan el sentido de prioridad que se le ha asignado a la educación en el país. El mensaje es claro y compartimos dicho interés.

En Nueva Alianza consideramos que es imprescindible adoptar las medidas que sean necesarias para transitar a niveles más altos de competencia y desarrollo, centrando las acciones en las principales transformaciones educativas: la escuela y el modelo de enseñanza-aprendizaje. Por ello, resulta fundamental que así como se pretende dotar de mayor flexibilidad al calendario escolar y a las tareas y fechas de reuniones de los consejos técnicos escolares, se aborde sin dilación un aspecto medular del proceso educativo que es el modelo del que derivan los planes y programas de estudio, la gestión escolar, la planeación de actividades educativas y los esquemas de evaluación.

Es menester que se ponga sobre la mesa e inicien las discusiones sobre la pertinencia del modelo, a fin de que las y los maestros del país puedan disponer de un currículo flexible; del que puedan derivar la adaptación de los propios contenidos, la planeación del tiempo de enseñanza, los métodos y materiales pedagógicos disponibles; y adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje, en función de las mismas características particulares y diferencias entre sus estudiantes.

Es decir, necesitamos un modelo educativo no enciclopedista y basado en la repetición, sino adaptable a cada estudiante, a cada grupo, a la escuela, al nivel educativo y al entorno.

Es momento de retomar esas valiosas aportaciones como un insumo deliberativo e iniciar el debate nacional sobre el modelo educativo que esperamos, tomando como base el diagnóstico que diversos sectores de la sociedad han elaborado.

Como sociedad, como legisladores y como docentes, no debemos estar satisfechos sólo con las medidas actualmente anunciadas. Asumimos nuestro papel y compromiso con la calidad educativa y el futuro de más de 31 millones de mexicanas y mexicanos que actualmente cursan la educación básica, la media superior y la formación de los futuros docentes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública para que dé inicio a un amplio e incluyente esquema de deliberaciones que orienten la definición de un modelo educativo flexible y acorde a las necesidades de la educación básica, media superior y la normal, urgiendo su implementación a partir del próximo ciclo escolar 2016-2017.

Notas

1 “La Escuela al Centro”, artículo del secretario de Educación Pública, maestro Aurelio Nuño Mayer, disponible en
https://www.gob.mx/sep/articulos/la-escuela-al-centro-19049.

2 Ídem.

3 Al respecto, sirva decir que el magisterio en México dedica más tiempo a sus labores educativas en clase que el promedio de la OCDE: “el tiempo anual neto de enseñanza entre los maestros de secundaria es en promedio de 1,047 horas, cifra mayor que entre los maestros de primaria (800 horas) y mucho mayor que el promedio de la OCDE de 694 horas. Los maestros de educación media superior pasan 838 horas enseñando (el promedio de la OCDE es de 655)”, a lo que debemos agregar que es solo en educación preescolar donde se invierte el promedio, pues en el país se imparten aproximadamente 532 horas de clase, contra las 1,001 horas que promedia la OCDE.

De manera específica, el tiempo de enseñanza en México también es mayor que en otros países de la OCDE: en Japón el tiempo que pasan los maestros de primaria en clase es de 731; los maestros de secundaria imparten en promedio 602 y en educación media superior, los promedios son de 510 horas.

México –Nota país – Panorama de la educación 2014: Indicadores OCDE . Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), Datos clave para México en Panorama de la Educación 2014. Disponible en http://www.oecd.org/edu/Mexico-EAG2014-Country-Note-spanish.pdf.

4 Con base en la información disponible para alumnos de educación básica (secundaria) en la evaluación Planea, disponible en “Ruta de Mejora Escolar. Expresión de las Decisiones en Colectivo. Ciclo Escolar 2015-2016. Educación Secundaria, Consejos Técnicos Escolares, Tercera Sesión Ordinaria”, Subsecretaría de Educación Básica, Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (SEP). México, página 8. Disponible en http://basica.sep.gob.mx/cte/3asecundaria.pdf.

5 “Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes –Planea- en la Educación Media Superior, Publicación de resultados. Primera Aplicación 2015”, página 15. Disponible en http://planea.sep.gob.mx/content/general/docs/2015/PLANEA_MS2015_public acion_resultados_040815.pdf.

6 Estimaciones realizadas con base en la información disponible sobre los resultados de las pruebas Excale. Disponibles en http://www.inee.edu.mx/index.php/bases-de-datos/bases-de-datos-excale/e xcale-06-ciclo-2012-2013.

7 “¿China, Corea del Sur o Finlandia?”. Rosa María Torres, ex ministra de Educación y Culturas de Ecuador, coordinadora del Pronunciamiento Latinoamericano por una Educación para Todos. Publicado en AZ, Revista de Educación y Cultura, abril 15 de 2014. Disponible en http://www.educacionyculturaaz.com/analisis/china-corea-del-sur-o-finla ndia.

8 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.

Diputado José Bernardo Quezada Salas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores, la SCT y la CFE a estimular el uso de vehículos automotores híbridos y eléctricos, a cargo del diputado Tomás Roberto Montoya Díaz, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Tomás Roberto Montoya Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo que establecen los artículos 6, numeral 1, fracción I; el 65, numeral 1, fracción I y; el 79 numeral 1, fracción II, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración de esta soberanía una propuesta con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a los titulares de los Ejecutivos de las entidades federativas, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Electricidad con la finalidad de que tomen medidas de políticas públicas a fin de incentivar el uso de vehículos automotores híbridos y eléctricos, lo anterior al tenor de los siguientes

Considerandos

Es indudable que en el análisis de la realidad actual de nuestro país a través del paso de tiempo la sociedad en su conjunto ha transitado hacia el progreso. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define al progreso como un desarrollo, una mejora o un avance. El término indica que algo se dirige hacia adelante, ya sea de manera simbólica, temporal o física, lo habitual es asociar el progreso al desarrollo humano. Se entiende, en este sentido, que el progreso implica una mejora en las condiciones de vida de las personas.

El progreso social es la idea de que las sociedades pueden hacer o mejorar en términos de sus estructuras sociales, políticas y económicas. Esto puede ocurrir como resultado de la acción humana directa, como en la empresa social o por medio de activismo social, o como una parte natural de la evolución sociocultural. El progreso social es esencialmente un concepto contemporáneo, ya que se asocia con las condiciones de vida del ser humano en la sociedad moderna. Fue introducido en las teorías sociales de principios del siglo XIX, especialmente las de los evolucionistas sociales como Auguste Comte y Herbert Spencer.

Sin embargo, es necesario reconocer que no todo el progreso es en bien de la comunidad. Es evidente que el progreso plantea una serie de retos complejos a la sociedad y a los gobiernos en el precepto de los avances para obtener mejores condiciones de vida.

En el caso de nuestro país el tan mencionado progreso ha ocasionado, entre otras cosas, un proceso de reconfiguración demográfico que ha propiciado la urbanización de la población, es decir, la población paso de ser mayoritariamente rural a urbana en un tiempo relativamente corto, considerando que a mediados del siglo pasado, la población se encontraba distribuida en zonas netamente rurales, para los tiempos actuales 3 de cada 4 habitantes se encuentran asentados en ciudades de más de 200 mil habitantes.

Este proceso de concentración demográfico consistente en la convivencia de grandes cantidades de personas asentadas en pequeños espacios territoriales, lo que ha implicado una serie de retos de administración y gobernanza en los centros de población, en virtud de que se polarizan e incrementan geométricamente las demandas de los servicios públicos básicos que la población requiere como los de salud, seguridad, educación, movilidad, transporte, tanto público como privado, empleo, entre otros.

Pero además otro de los graves problemas que acarrea la concentración demográfica tiene que ver con la aparición de situaciones severas de contaminación ambiental que se genera. Esta es tan grave que, normalmente, redunda siempre en afectaciones a la salud de los habitantes de los grandes centros de población por la concentración de basura y la acumulación de un enorme parque vehicular, tanto público, como privado, industrial y distribución de mercancías en espacios reducidos.

En el estudio denominado “El sector transporte y sus implicaciones en la calidad del aire” elaborado por Hilda Martínez, integrante del Centro de Transporte Sustentable de México,1 señala que “en las grandes ciudades la contaminación del aire proviene principalmente del sector transporte, debido a deficiencias en la administración de éste, que se manifiestan en fallas en el sistema de transporte público, congestionamiento vial y mayores distancias recorridas en los vehículos automotores. Todo esto está asociado a una flota vehicular con tasa de renovación poco dinámica que impiden el uso generalizado de tecnologías de menores emisiones y mayor rendimiento energético.”

Asimismo, expresa el estudio de datos y tendencias de la calidad del aire en 20 ciudades mexicanas (2000-2009), en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) las fuentes móviles representan el 82.4 por ciento de los gases emitidos, por otro lado en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) las fuentes móviles son el 99.5 por ciento de CO emitido.

De acuerdo con datos del Centro de Transporte Sustentable de México EMBARQ México (CTS-EMBARQ México), el transporte representa una de las principales fuentes de emisiones y consumo energético en el país. En 2006 generó 20 por ciento de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI), del cual, 93 por ciento corresponde a vehículos automotores. Este sector consume 95 por ciento de la gasolina del país, asociado principalmente a los vehículos ligeros.

El parque vehicular total en 2010 se conformaba por más de 24 millones de unidades, con una proyección de casi 54 millones para 2035. En términos generales, se aprecia que los vehículos particulares, es decir compactos, subcompactos, de lujo y deportivos, representan la mayoría de la flota, con 53 por ciento del total. En seguida se encuentran los vehículos de carga, que representan aproximadamente 32 por ciento del total. El 15 por ciento restante corresponde a vehículos de transporte de pasajeros.

Por otro lado, Gabriela Alarcón, del Instituto Mexicano para la Competitividad en un análisis llamado “¿Cuál es el impacto de la contaminación en la salud de las poblaciones del Distrito Federal y Monterrey?”, ensayo publicado en por el CEMDA, referente a los impactos que tiene la contaminación dentro de la salud, el IMCO realizó un estudio para analizar el impacto que tienen distintas concentraciones de contaminantes atmosféricos (O3, PM2.5, PM10, NO2, CO y SO2) sobre el número de visitas a hospitales por motivo de enfermedades respiratorias agudas (infecciones respiratorias altas [IRA] e infecciones respiratorias bajas [IRB]) y otras enfermedades respiratorias. Se menciona en el estudio, que el análisis se efectuó para las ciudades de Monterrey y el Distrito Federal, pues estas dos ciudades fueron las únicas que contaban con información suficiente para realizar el análisis a través de un periodo de tiempo amplio.

Los resultados expuestos en el estudio evidencian que a medida que aumenta la contaminación, las visitas a hospitales por enfermedades respiratorias también se incrementan. También puede observarse que el efecto es mayor en el DF que en Monterrey, a pesar de que en Monterrey el número de días en que las concentraciones de contaminantes sobrepasan los límites permitidos es mayor. Además, de manera general, en Monterrey las consultas aumentan dos días después de la exposición al contaminante, mientras en el DF éstas se incrementan al siguiente día.

Las relaciones más fuertes y significativas encontradas entre el nivel de contaminantes y el de las visitas a hospitales en ambas ciudades se presentan cuando aumenta tanto la concentración de partículas en el aire, como el dióxido de nitrógeno. En Monterrey, el incremento es menor en ambos componentes, en particular en el aumento de partículas pequeñas, y en algunos casos los efectos no son significativos.

Además, el estudio estima las implicaciones económicas derivadas de dichos impactos en la salud. Argumenta que, para el caso del Distrito Federal, si se lograra reducir los niveles de contaminantes desde cuando se declaran pre-contingencias a los que marca la Norma Oficial Mexicana para partículas suspendidas, se reducirían mil 517 visitas al año (una reducción de 37 por ciento en las visitas hospitalarias). Esto se traduciría en un ahorro por cada persona enferma de 24 mil 233 pesos para el sector salud –o para las familias, en el caso de que éstas asumieran el costo por la hospitalización-, de esta manera, en el Distrito Federal el sector salud podría ahorrarse 37 millones de pesos, por un menor número de enfermos hospitalizados si se cumplieran las normas federales de calidad del aire.

Cabe destacar que el estudio reconoce que los impactos estimados no consideran a los enfermos que no acuden al IMSS o que no ingresaron al hospital. Con ello, reconocen que los impactos económicos subestiman el efecto total de la contaminación. Derivado de este estudio es posible afirmar la relación significativa entre la concentración de los contaminantes y las enfermedades respiratorias (reflejada en el número de visitas a hospitales).

Esta más que claro entonces que para atender y mitigar los efectos de la contaminación del aire en todo el país, pero principalmente en los centros urbanos de población, donde habita el 75 por ciento de las personas, el fenómeno de la contaminación se expresa en toda su plenitud, tal como lo padeció la megalópolis de la zona metropolitana de la Ciudad de México durante los tres día de declarada fase 1 de contingencia ambiental los día 15, 16 y 17 de marzo de 2016, por presencia de altas concentraciones de ozono en el aire, es prioritario emprender acciones contundentes con la finalidad de atender el problema y en la búsqueda de acciones para propiciar mejores condiciones de vida para la ciudadanía a través de las políticas públicas, estas deben enfocarse en diversas y multidisciplinarias vertientes.

Es obvio entonces que para reducir la contaminación del aire se requiere una estrategia integral, con metas a corto, mediano y largo plazo que involucre a todos los actores de la sociedad. Es necesario e ineludible diseñar una política integral de transporte cuyos componentes principales sean la introducción de tecnologías más limpias y la disponibilidad de mejores combustibles, más limpios, con un menor contenido de azufre.

En ese contexto, es importante la instrumentación de un modelo de desarrollo compartido industria-gobierno, que incluya políticas públicas para apoyar la investigación y el desarrollo de tecnologías revolucionarias y promueva la introducción en el mercado de vehículos ecológicos, más amables con el medio ambiente que considere apoyos en infraestructura, incentivos y disponibilidad de combustibles adecuados. Esas acciones deberán ser tomadas en cuenta en la elaboración de la norma de eficiencia energética para dar cumplimiento a los compromisos del Estado mexicano en la COP 21 efectuada en Paris, referente al tema de Cambio Climático.

Las principales oportunidades en el corto y mediano plazo para mejorar la calidad del aire dependerán de una política integral, consistente en acciones que se tomen respecto a los vehículos en circulación y su alcance a nivel nacional, así como el efectivo control de las importaciones de vehículos usados y la distribución de combustibles limpios.

Considerando que son los vehículos automotores los que propician la mayor cantidad de sustancias que se arrojan a la atmosfera, uno de los focos que merece mayor atención, cuando menos en el corto plazo, debe de ser el de los incentivos gubernamentales, en los tres órdenes de gobierno, para impulsar el uso de vehículos de autotransporte, en todas sus modalidades, de pasajeros individual o colectivo, de trasporte público, de transporte para el traslado y distribución de mercancías, de unidades vehiculares amables con el medio ambiente como son los automóviles y camiones híbridos y eléctricos, clasificados como los automóviles menos contaminantes y ahorradores de combustible por sus bajos niveles de consumo.

Se calcula que el costo de la energía que necesita un automóvil de batería para circular durante un mes es 60 por ciento menor respecto de un coche que consume gasolina. Cálculos realizados por el Instituto de Asistencia en Investigaciones Ecológicas, muestran que un vehículo circula o recorre 1,510 kilómetros al mes por promedio, que representa un costo menor de casi el 50 por ciento.

Cabe señalar que el gobierno federal ha dado pasos importantes en ese tenor al establecer en la Ley de Ingresos Federales 2016 la autorización para que ese tipo de unidades queden exentas de pagar el impuesto que establece la Ley Federal de Impuestos sobre Automóviles Nuevos al determinar en el artículo 16 inciso B, fracción I, referente a exenciones que

“Se exime del pago del impuesto sobre automóviles nuevos que se cause a cargo de las personas físicas o morales que enajenen al público en general o que importen definitivamente en los términos de la Ley Aduanera, automóviles cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como de aquéllos eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por hidrógeno.”

En el rubro de los estímulos instrumentados por el gobierno de la República también se establecen tarifas preferenciales en el consumo de energía eléctrica, a través de la Comisión Federal de Electricidad, para las personas que adquieren este tipo de unidades.

En relación a los autos eléctricos, la Comisión Federal de Electricidad tiene el proyecto para colocar medidores exclusivos para autos eléctricos o híbridos en hogares mexicanos que tengan uno de estos vehículos, lo cual no afectará el consumo domiciliario diario. Los medidores exclusivos tienen como finalidad separar el consumo de los hogares con el que tienen los vehículos. “Nos comprometemos a promover acciones de electrolineras con tomas universales para autos eléctricos en espacios públicos o privados, también dedicaremos una planta de generación eléctrica de fuente renovable exclusiva para autos eléctricos en el país”, señaló Enrique Ochoa, director general de la Comisión.

También se debe resaltar que a nivel de gobiernos estales locales este tipo de unidades automotoras han recibido estímulos respecto a la exención de incorporarse a los programas que limitan la circulación mediante verificaciones de gases contaminantes.

Sin embargo las acciones de políticas públicas para incentivar el uso de esos vehículos ante la población no han sido suficientes. Según datos de 2015, durante el primer trimestre, enero-marzo, se vendieron 306 mil 157 unidades, de los cuales sólo 443 fueron eléctricos o híbridos, el 0.14 por ciento. Este tipo de autos, a pesar de su importancia al ser muy benignos con el medio ambiente por la casi nula emisión de gases de efecto invernadero por el bajo consumo de combustible fósil, se han vendido menos de lo que se esperaría.

El mercado de autos híbrido y eléctrico marcha muy lentamente por diversas razones. Una de ellas es la errónea percepción de los posibles compradores al considerar que los autos son complicados, difíciles de reparar y de mantenimiento caro, aunado a que se considera que la inversión inicial para la adquisición del vehículo es alta, por arriba de los estándares que maneja el mercado, sin embargo soslayan lo que se ahorraran en el pago del combustible y que los efectos negativos sobre el medio ambiente son considerablemente menores, y por consiguiente, en la salud de la población.

Otro factor que inhibe la proliferación y crecimiento del mercado de autos ecológicos es la ausencia de políticas públicas para incentivar tanto a la industria como al consumidor. Lo que a traído como consecuencia que la oferta de de coches híbridos sea muy pobre, sólo 7 de las 47 marcas que operan en el país tienen en su portafolio automóviles con esas características, y caros además.

En otros países, principalmente europeos, como Noruega se ofrece atractivos estímulos a los ciudadanos que adquieren unidades vehiculares con esta tecnología. En ese país el Estado financia con 6 mil euros la adquisición de esos autos, no les cobran IVA, ni les cobran el impuesto derivado de la compra de un auto nuevo, circulan gratuitamente en todas las carreteras, tienen carriles exclusivos y en los centros de recarga de vehículos eléctricos no cobran. En Francia, las personas que adquieren este tipo de vehículos reciben un estimulo de 7 mil euros, que representa, el 35 por ciento del valor del vehículo; en Estados Unidos se otorga un estimulo de 7 mil dólares para los compradores.

En España el Gobierno ha aprobado el “Plan de Impulso a la Movilidad con Vehículos de Energías Alternativas” Movea. El Real Decreto que regula la concesión directa de ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas en 2016, dota a la iniciativa con 16,6 millones de euros, y unifica en un único programa las ayudas estatales existentes hasta el momento a la adquisición de vehículos de energías alternativas, instrumentadas en los Programas Movele y Pima Aire. De esta manera el gobierno español continúa con el impulso que, desde hace varios años, viene dando a este tipo de vehículos mediante subvenciones directas a su adquisición.

Además, el Plan Movea fomenta exclusivamente la adquisición de vehículos de combustibles alternativos, (vehículos eléctricos, de gas licuado del petróleo (GLP/Autogás), de gas natural comprimido (GNC) y licuado (GNL), vehículos que se propulsen con pila de combustible de hidrógeno, motos eléctricas y bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico). Asimismo, y como novedad más importante, también se contempla la concesión de ayudas para la implantación de puntos de recarga rápida y semirápida para vehículos eléctricos en zonas de acceso público.

Entonces es real que existe una opción para atacar frontalmente y decididamente el severo problema de la contaminación ambiental y los efectos negativos de la emisión de gases efecto invernadero por la proliferación del consumo de combustible fósil mediante vehículos automotores, es claro que el camino deberás ser arduo y tardado, pero sino iniciamos con prontitud la toma de decisiones a través de políticas públicas, las consecuencia del cambio climático serán desastrosas para las futuras generaciones.

Se deben impulsar acciones de corto, mediano y largo plazo a fin de incentivar el crecimiento de la industria automotriz haciendo énfasis en incrementar el mercado de estas unidades que beneficie tanto a productores como consumidores, comerciales, industriales y privados, aumento que permitirá cumplir los compromisos del gobierno federal en el marco de la COP 21 para inhibir la emisión de gases con efecto invernadero mediante la disminución del uso de combustible fósil.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a los Gobiernos de las Entidades Federativas a considerar la implementación de un conjunto amplio de beneficios tributarios para personas físicas y morales por el uso o la posesión de vehículos eléctricos, híbridos o cualquier otro sistema de propulsión que sea amigable con el ambiente, estímulos que no afecten sus niveles de recaudación de ingresos públicos.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad a implementar medidas que favorezcan a los poseedores de un automóvil eléctrico, al mismo tiempo, que incentive a los consumidores a adquirir uno, tales como la instalación de medidores especiales que diferencien la cuantificación del consumo del hogar.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad a implementar convenios de colaboración con autoridades estatales y municipales para instalar centrales de carga en espacios públicos como estacionamientos de centros comerciales o plazas públicas para autos eléctricos.

Cuarto.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Capufe con la finalidad de considerar la posibilidad de eliminar del cobro de cuotas de peaje en autopistas federales para los vehículos eléctricos o híbridos.

Nota

1 Publicado en el trabajo “Recomendaciones de Políticas Públicas para Mejorar la Calidad del Aire en México, Una Visión Compartida” elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. con la colaboración de las instituciones como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Instituto Nacional de Ecología (INE), Health Effects Institute (HEI), Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Centro de Transporte Sustentable (CTS-EMBARQ México), Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Bosch; Energía, Tecnología y Educación (ENTE), The International Council on Clean Transportation (ICCT) y Ética ambiental, A.C.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.

Diputado Tomás Roberto Montoya Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos locales y de la Ciudad de México a garantizar el acceso gratuito a internet en sitios públicos, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Brenda Velázquez Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, fracción II, numeral 2, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El internet ha dado la posibilidad a miles de personas en todo el mundo de comunicar sus ideas y provocar cambios en sus sociedades. Es por esto que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado el acceso a internet como un derecho humano desde 2011.

En su momento el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Frank La Rue aseveró que: “La única y cambiante naturaleza de internet no sólo permite a los individuos ejercer su derecho de opinión y expresión, sino que también forma parte de sus derechos humanos y promueve el progreso de la sociedad en su conjunto”.

Frank La Rue indicó también que los gobiernos deben esforzarse para hacer al internet ampliamente disponible, accesible y costeable para todos y asegurar que el acceso universal del internet debe ser una prioridad de todos los países y sus autoridades.

El poder que genera el uso del internet, primordialmente en las redes sociales ha quedado evidenciado en los movimientos que derrocaron a líderes despóticos como son el caso de Egipto, Túnez, Libia etcétera.

Lamentablemente, existen también mecanismos que violan el derecho humano al internet por parte de los gobiernos, éstos son:

Filtrar o bloquear el contenido. El gobierno chino ha bloqueado el acceso a páginas como Facebook, Twitter, Youtube y Linkedin e incluso ha creado su propio buscador que filtra y censura la búsqueda de palabras como: revolución jazmín, democracia, entre muchas otras.

Sobre esta censura la ONU publicó que China tiene uno de los sistemas más extensos para controlar la información en internet. Los mecanismos usados para regular y censurar la información en internet son cada vez más sofisticados y con controles en varias fases que se encuentran ocultos a la población.

Desconectar a los usuarios del acceso. Son muchos los gobiernos que han bloqueado el acceso a internet. Egipto lo hizo durante las revueltas sociales que terminaron con la dictadura de Hosni Mubarak. Irán bloqueó algunas páginas de activistas que llamaban a una manifestación y muchos otros países han seguido este ejemplo.

La ONU afirma que el acceso a la web debe mantenerse y es especialmente valioso en momentos políticos clave como elecciones, tiempos de intranquilidad social o aniversarios históricos y políticos.

La capacidad de los gobiernos de “apagar” internet es un asunto que preocupa a la ONU, pues asegura que violan las libertades de expresión y de acceso a la información de los ciudadanos.

Este medio de comunicación ya es tan importante para la organización ciudadana, que Estados Unidos de América (EEUU) ha desarrollado tecnologías para restaurar la conexión a internet en un país, en caso de que deseara hacerlo.

Ciberataques e inadecuada protección del derecho de privacidad y control de datos:

A diferencia de otros medios de comunicación, la accesibilidad de internet permite que cualquier persona en el mundo pueda difundir sus ideas. Sin embargo no todas las personas tienen acceso a esta tecnología.

El internet como un medio para ejercer el derecho a la libertad de expresión sólo puede servir a estos propósitos si las autoridades asumen su compromiso por desarrollar políticas efectivas para lograr el acceso universal al internet.

Es por estos motivos que es importante que en todo México existan las condiciones para acceder al internet y una de esas formas es que todas las autoridades locales de las 32 entidades federativas de las que se compone el país, implementen políticas públicas que hagan efectivo el derecho al internet y se presupuesten los fondos públicos suficientes para lograr la gratuidad amplia en los lugares públicos con mayor concurrencia de personas.

A raíz de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, se amplía el catálogo de derechos fundamentales en nuestra nación y nuestra Carta Magna mandata garantizar el acceso a las tecnologías de la información de toda la población.

Por lo anteriormente expuesto se presenta esta proposición de urgente y obvia resolución con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a todos los gobernadores de los 31 estados de la República Mexicana y al jefe de gobierno de la Ciudad de México, a garantizar el acceso gratuito a internet en lugares públicos e implementen políticas públicas tendientes a tener y garantizar mayor cobertura de red en cada una de las entidades federativas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.

Diputada Brenda Velázquez Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reconocer la labor de los defensores de derechos humanos y garantizar su seguridad, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, Francisco Xavier Nava Palacios, Guadalupe Acosta Naranjo, Héctor Javier García Chávez, Lucía Virginia Meza Guzmán, Isaura Ivanova Pool Pech, Daniel Ordóñez Hernández, Natalia Karina Barrón Ortiz, Sergio López Sánchez y Fernando Galván Martínez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Consideraciones

Los defensores de derechos humanos son todas aquellas personas, grupos o instituciones que, de conformidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos, actúan en favor de personas o grupos por la promoción y defensa de los derechos humanos universalmente reconocidos.

De acuerdo con el artículo primero de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, aprobada por la resolución 53/144 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1998, “[T]oda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.

Conforme a la declaración, los derechos vinculados a las actividades de los defensores de derechos humanos, incluyen, los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, el derecho a la protesta, a llevar a cabo labores de promoción a nivel nacional, regional e internacional, así como a recabar, obtener, recibir y poseer información sobre los derechos humanos, el derecho a presentar denuncias ante políticas y leyes oficiales relativas a los derechos humanos y a que dichas denuncias se examinen, el derecho a disponer de mecanismos de reparación, o a dirigirse a los organismos internacionales que tengan competencia para recibir y examinar comunicaciones sobre cuestiones de derechos humanos y a comunicarse sin trabas con ellos.

Particularmente, la declaración enfatiza en el derecho de toda persona, a título individual o colectivamente, a tener la oportunidad efectiva, sobre una base no discriminatoria, de participar en el gobierno de su país y en la gestión de los asuntos públicos.

Ese derecho, de acuerdo con la declaración, consiste en la oportunidad de defensoras y defensores de derechos humanos a presentar ante organismos gubernamentales, críticas y propuestas para mejorar su funcionamiento, así como a llamar la atención sobre cualquier aspecto de su labor que pueda obstaculizar o impedir la promoción, protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

La declaración establece en el artículo noveno el derecho individual o colectivo de disponer de recursos eficaces y a ser protegida en caso de violación de esos derechos.

A tales efectos, toda persona cuyos derechos o libertades hayan sido presuntamente violados tiene el derecho, bien por sí misma o por conducto de un representante legalmente autorizado, a presentar una denuncia ante una autoridad judicial independiente, imparcial y competente o cualquier otra autoridad establecida por la ley y a que esa denuncia sea examinada rápidamente en audiencia pública, y a obtener de esa autoridad una decisión, de conformidad con la ley, que disponga la reparación, incluida la indemnización que corresponda, cuando se hayan violado los derechos o libertades de esa persona, así como a obtener la ejecución de la eventual decisión y sentencia, todo ello sin demora indebida (artículo 9).

Al respecto, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a una protección eficaz de las leyes nacionales al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a los actos u omisiones de los Estados que causen violaciones de los derechos humanos, así como a actos de violencia perpetrados por grupos o particulares que afecten el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales (artículo 12).

En el caso del sistema interamericano, el derecho a defender los derechos humanos ha sido reconocido tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH ha reiterado que la labor de defensoras y defensores es fundamental para la implementación universal de los derechos humanos, así como para la existencia plena de la democracia y el estado de derecho. “Las y los defensores de derechos humanos son un pilar esencial para el fortalecimiento y consolidación de las democracias, ya que el fin que motiva la labor que desempeñan incumbe a la sociedad en general, y busca el beneficio de esta. Por tanto, cuando se impide a una persona la defensa de los derechos humanos, se afecta directamente al resto de la sociedad”.1

• Violaciones cometidas contra defensores de derechos humanos

Debido a su labor, los defensores de derechos suelen ser el objetivo de actos represivos por los Estados o de grupos privados o paraestatales con la complicidad de estos últimos. Las y los defensores se convierten en objetivo de ataques, hostigamientos, asesinatos, represalias contra las personas de su entorno, amenazas de muerte, campañas de difamación, e incluso en víctimas de violaciones de derechos humanos, como desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura.

En algunos casos se formulan acusaciones de delitos penales o de otro tipo contra los defensores, que desembocan en su procesamiento y condena. La participación en manifestaciones pacíficas, la presentación de una denuncia oficial por malos tratos de la policía, la participación en una reunión de defensores de los derechos de los indígenas o el despliegue de una pancarta conmemorativa de víctimas de violaciones de los derechos humanos han resultado en el uso indebido del derecho penal para procesarles y formularles acusaciones tan variadas como soborno, perturbación del orden público, ataques contra la nación, entre otros.

Es muy frecuente el hostigamiento, que a menudo no se denuncia. Casi siempre es cometido por las autoridades, y puede producirse en circunstancias muy diversas. Los defensores son sometidos a vigilancia, y se cortan o intervienen sus teléfonos. Se les confiscan el pasaporte y el documento de identidad, lo que les impide viajar al extranjero para asistir a reuniones de derechos humanos. Los abogados que se ocupan de estas cuestiones han sido amenazados, difamados o sometidos a investigación.

De igual forma, los defensores de los derechos humanos son con frecuencia víctimas de campañas de calumnia y desprestigio, mediante la publicación de acusaciones falsas que van en contra de su integridad en los medios de comunicación. La información de casos que acompañan defensores de derechos humanos, es manipulada a fin de desvirtuar la realidad y así desacreditar a organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos y periodistas independientes que denuncian violaciones de los derechos humanos. De manera tendenciosa y sesgada, se descalifica el trabajo de los defensores ante la opinión pública, y se les califica como defensores de delincuentes, miembros de la delincuencia organizada, afiliados a grupos políticos, entre otros calificativos.

A este respecto, los medios de comunicación pueden desempeñar una función decisiva en apoyo de los defensores de los derechos humanos reconociendo su labor y fomentando su apoyo, así como informando sobre las causas que defienden y los riesgos que enfrentan en el desempeño de su labor. Los medios de comunicación también tienen un rol relevante para contrarrestar todo intento de calumnia dirigida a los defensores de los derechos humanos, con periodismo de investigación y con acciones de apoyo ante declaraciones que los acuse falsamente.

Los Estados tienen la obligación de proteger a las y los defensores de derechos humanos ante actos cometidos por agentes privados que desacrediten la labor de las y los defensores y les pongan en riesgo.

En el mismo sentido, de gran relevancia resulta el artículo 20 de la declaración: “Nada de lo dispuesto en la [...] declaración se interpretará en el sentido de que permita a los Estados apoyar y promover actividades de individuos, grupos de individuos, instituciones u organizaciones no gubernamentales, que estén en contradicción con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas”.

• Situación de los defensores de derechos humanos en México

Pese a que los defensores de derechos humanos han ido adquiriendo un mayor reconocimiento con el paso del tiempo –en gran medida debido al trabajo de organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos– sigue habiendo numerosos actos de acoso contra los defensores que hacen que sus acciones sean difíciles y arriesgadas.

En México, las violaciones de los derechos humanos y las agresiones hacia las personas que los defienden incluyendo defensores comunitarios, líderes de movimientos sociales y periodistas han aumentado de manera crítica en los últimos años. La inseguridad y la violencia generalizada derivada de las acciones del crimen organizado y de la respuesta militarizada del Estado, ha afectado severamente la labor de defensa de los derechos humanos.

Defender los derechos humanos en México se ha vuelto una actividad de alto riesgo. Según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre 2006 y 2011 al menos de 61 defensoras y defensores de derechos humanos fueron asesinados en México, y 4 más permanecen desaparecidos. Las amenazas han sido la forma de agresión más común contra las personas defensoras de derechos humanos durante los últimos años, así como las injerencias arbitrarias y allanamientos ilegales a las oficinas de organizaciones de derechos humanos.

La CNDH, por su parte, ha documentado 27 asesinatos y 8 casos de desaparición forzada contra personas defensoras durante el periodo de enero de 2005 y mayo de 2011. Organizaciones de la sociedad civil recogen un mayor número de agresiones. De 2011 a 2013, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos registró 104 casos de agresión a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, con un total de 409 agresiones y 27 asesinatos. No obstante, prácticamente todos de los casos quedan impunes.

De acuerdo con el informe Situación de derechos humanos en México, publicado el pasado 2 de marzo por la CIDH, conforme a cifras proporcionadas por organizaciones de la sociedad civil, del 1 de junio de 2012 al 1 de mayo del 2015 se reportaron por lo menos 918 casos de violaciones de los derechos humanos contra personas defensoras en México.

Así, el trabajo de los defensores de derechos humanos en México se inscribe en un contexto de criminalización y difamación, en el que se ha documentado el uso del sistema de justicia para incriminar falsamente a defensores y defensoras de derechos humanos, así como el uso de campañas mediáticas para difamarles y desacreditarles, como una forma de obstaculizar su trabajo. En varios casos, defensores de derechos humanos han sido acusados falsamente de robo, corrupción, secuestro u homicidio con el fin de impedir que sigan desempeñando su labor.

El acceso a la justicia es fundamental para la garantía y protección del derecho a defender los derechos humanos, sin embargo en México la impunidad sigue siendo norma, producto de un sistema de acceso y procuración de justicia desgastada, inoperante, corrompida y contraria a los derechos humanos. Hasta la fecha, no existe una sola sentencia condenatoria por tales hechos.

Así, mientras el Estado no haga un reconocimiento expreso de la importancia de la labor de los defensores de derechos humanos, y genere un entorno adecuado para la defensa de derechos humanos, los ataques contra ellas y ellos continuarán. Las obligaciones del Estado en el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos no significa únicamente que se abstenga de realizar intromisiones arbitrarias a las actividades de las personas defensoras, sino la creación de entornos sociales e institucionales adecuados para estas labores.

• Marco normativo en México para proteger a defensores de derechos humanos

Tal como señala la declaración, los Estados deben por un lado abstenerse de violentar y agredir a las personas defensoras de derechos humanos, y por el otro, deben actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier ataque o agresión en su contra.

Frente a esos numerosos retos, en 2012 se estableció el Mecanismo de Protección para Personas Defensores de Derechos Humanos y Periodistas,2 una iniciativa que ha sido reconocida como ejemplo de buena práctica por la relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos.3

La ley que crea el mecanismo proporciona la base jurídica para la coordinación de los organismos públicos relacionados con la protección de las personas defensoras y periodistas, el establecimiento de un procedimiento para notificar las agresiones sufridas, así como un sistema de respuesta de emergencia para casos especialmente urgentes. Se prevén sanciones para funcionarios que no apliquen las medidas requeridas por el mecanismo. Asimismo, la ley garantiza la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, así como el derecho de la persona beneficiaria a participar en el análisis del riesgo y en la definición de las medidas de protección que pueden ordenarse.

Sin embargo, el monitoreo realizado por la sociedad civil, en particular por organizaciones que acompañan a personas inscritas o quienes están solicitando la protección del mecanismo, da cuenta de sus serias debilidades, fallas y límites.4

Por otro lado, el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 establece la promoción de la defensa de los derechos humanos gracias a diversas líneas de acción que tienen como meta lograr la efectiva implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, prevenir las violaciones de derechos humanos, garantizar el ejercicio y goce de los derechos humanos, fortalecer la protección de los derechos humanos y sistematizar información en materia de derechos humanos para fortalecer las políticas públicas.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece en el objetivo 1.5, Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación, estrategia 1.5.1 Instrumentar una política de Estado en derechos humanos, la promoción de adecuaciones al ordenamiento jurídico nacional para fortalecer el marco de protección y defensa de los derechos humanos, así como el fortalecimiento de los mecanismos de protección de defensores de derechos humanos y de periodistas.

• La defensa de los derechos humanos en México a la luz de los mecanismos internacionales de derechos humanos

El informe Situación de derechos humanos en México, publicado el pasado 2 de marzo por la CIDH como resultado de su visita in loco a México en septiembre y octubre de 2015, destaca que a pesar del reconocimiento de las autoridades del Estado mexicano a la labor que realizan las y los defensores de derechos humanos, éstos continúan siendo objeto de graves situaciones que amenazan sus derechos humanos.

353. La CIDH ha recibido información sobre desapariciones y ataques contra la vida e integridad personal tanto de agentes estatales como no estatales, prácticas de hostigamiento y amenazas, vigilancia, interceptación de las comunicaciones, así como desafíos en la aplicación del mecanismo para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

El informe resalta el alto número de medidas cautelares que la CIDH ha otorgado para proteger a defensores y defensoras en riesgo. Algunas de las y los defensores protegidos por las medidas cautelares incluyen, defensores del medio ambiente, pueblos indígenas, personas desplazadas internamente, organizaciones que impulsan el esclarecimiento de personas desaparecidas forzadamente, la investigación de actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a derechos humanos ocurridas en México.

353. Específicamente, durante el último año, ocho de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana respecto de México se han relacionado con la situación de defensores y defensoras de derechos humanos, en asuntos en los que la CIDH ha requerido al Estado que adopte las medidas necesarias para que puedan desarrollar sus actividades como defensores de derechos humanos sin ser objeto de actos de violencia, amenazas y hostigamientos.

El alto comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en su declaración realizada el 7 de octubre de 2015 resultado de su visita a México, comunicó su preocupación a propósito de las detenciones, el acoso y las acusaciones falsas en contra de las y los periodistas, activistas, y defensores de derechos humanos. Denunció los actos difamatorios realizados por agentes estatales que se cometen contra los defensores, quienes con frecuencia los afilian al crimen organizado o consideran opositores al desarrollo económico del país. Asimismo, insistió y recordó que la ratificación de los acuerdos y tratados internacionales en torno a los derechos humanos, no es suficiente si no está acompañada de acciones concretas y de cambios estructurales a favor del respeto, protección y realización de los derechos humanos.

• Recomendaciones de mecanismos internacionales a México para proteger a defensores de derechos humanos

Ante el complejo escenario que enfrentan en la actualidad los defensores de derechos humanos, diversos organismos internacionales de derechos humanos han instado al gobierno mexicano a fortalecer las instancias encargadas de la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, para que éstas puedan garantizar adecuadamente su vida e integridad.

En su más reciente informe, la CIDH recomendó al Estado mexicano, entre otras cosas, implantar estrategias para que las diferentes instituciones, en los diversos niveles federales y estatales, trabajen de manera articulada a fin de proporcionar una respuesta integral en todos los temas relacionados con la protección de las y los defensores de derechos humanos, así como a emprender investigaciones exhaustivas e independientes sobre los ataques sufridos por todas las personas vinculadas con los programas de protección, incluyendo aquellas personas beneficiarias de medidas cautelares de la CIDH, cuya situación de riesgo se renueva de manera continua en virtud de los patrones de violencia que originaron el otorgamiento de tales medidas, así como su ingreso al mecanismo de protección de México.

Asimismo, la CIDH estimó:

367. [...] las declaraciones que deslegitiman y desacreditan la labor de defensores y defensoras de derechos humanos incrementan su vulnerabilidad. En varias ocasiones, tales declaraciones sugieren que las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos colaboran con grupos disidentes armados, o proyectan campañas que atentan contra la seguridad del Estado o desprestigian la imagen internacional de los países. En particular, la comisión considera que este tipo de manifestaciones que deslegitiman el trabajo provenientes de representantes estatales, expresadas en contextos sea de violencia política, fuerte polarización o alta conflictividad social, emiten el mensaje que los actos de violencia destinados a acallar a defensoras y defensores de derechos humanos y sus organizaciones, cuentan con la aquiescencia del gobierno.

Estas recomendaciones se suman a las realizadas por la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su Informe sobre la situación de las y los Defensores de Derechos Humanos en México de 2009, en las que se instó, entre otras cuestiones, a autoridades federales y estatales mexicanas a articular una campaña masiva y sostenida para visibilizar y reconocer la legitimidad del trabajo de los defensores y a revisar y reformar los tipos penales que debido a su formulación abierta pueden llegar a ser aplicados de manera expansiva en contra de las y los defensores.

En el informe preliminar sobre México de 2013, el grupo de trabajo sobre el Examen Periódico Universal, llamó a fortalecer el mecanismo federal para la protección de los defensores de derechos humanos y periodistas y dotarlo de capacidad preventiva tomando en cuenta la amenaza que representan las redes del crimen organizado contra la libertad de expresión y de prensa, y pidió al Estado asegurarse de que los defensores de derechos humanos y periodistas se encuentren protegidos y no sujetos a prácticas difamatorias, entre otras cuestiones.

El relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, señor Michel Forst, en el informe de 2016 recordó que la protección de los defensores de los derechos humanos debe enmarcarse en el contexto de tres obligaciones que el derecho internacional de los derechos humanos impone a los Estados: respetar los derechos humanos evitando vulnerarlos; proteger esos derechos interviniendo con medidas tendentes a proteger a los defensores contra las amenazas; y hacerlos efectivos promoviendo un entorno seguro y propicio para que los defensores puedan ejercer sus derechos y realizar sus actividades.

Quisiéramos señalar que este pronunciamiento está siendo retomado en algunos congresos locales y en el Senado de la República.

Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de los recientes señalamientos por parte de autoridades del Ejecutivo Federal que han descalificado y desacreditado los informes y diagnósticos de diversos mecanismos internacionales de derechos humanos, y por consiguiente, también desestimado la labor de las organizaciones de la sociedad civil que documentan violaciones a derechos a humanos, y acuden ante instancias internacionales para visibilizar dichas violaciones, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que el presidente de la República reconozca la invaluable labor de los defensores de derechos humanos en México, ya que su trabajo contribuye al fortalecimiento del estado de derecho y la democracia. Particularmente valora las aportaciones de las organizaciones de derechos humanos que representan a víctimas de violaciones graves de derechos humanos y personas en situación de vulnerabilidad, quienes tienen derecho a la reparación sin condicionantes.

Notas

1 CIDH, Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas, párrafo 1.

2 Véase el decreto por el que se expide la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Diario Oficial de la Federación, 25 de junio de 2012.

3 Informe de la relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Margaret Sekaggya, Doc ONU A/HRC/25/55 (2013), párrafo 89.

4 Véase Espacio OSC, Segundo diagnóstico sobre la implementación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (2015).

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 5 de abril de 2016.

Diputados: Francisco Xavier Nava Palacios, Guadalupe Acosta Naranjo, Héctor Javier García Chávez, Lucía Virginia Meza Guzmán, Isaura Ivanova Pool Pech, Daniel Ordóñez Hernández, Natalia Karina Barrón Ortiz, Sergio López Sánchez, Fernando Galván Martínez (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, la SFP y el ISSSTE a realizar el rescate económico, patrimonial y legal de las tiendas, las farmacias y los centros recreativos de éste, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de lo siguiente:

Antecedentes y consideraciones

Es claro que con la privatización del Pensionissste la violación a los derechos no solamente de los jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se viene dando de manera paulatina y constante a través de las diferentes administraciones.

Es necesario puntualizar que han llevado a la quiebra a las tiendas, farmacias y centros recreativos de dicha institución.

Tan solo la red de tiendas y farmacias del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Superissste) reporta pérdidas superiores a 2 mil 700 millones de pesos, entre las deudas que tiene con proveedores y por gastos de operación, tan solo en agosto de 2014 el Consejo Directivo de Superissste formalizó la decisión de cerrar 224 tiendas y farmacias, de las cuales 83 dejaron de operar, lo que conlleva la extinción de dicha prestación a que tanto los jubilados, pensionados y trabajadores del estado tienen derecho.

No debemos pasar por desapercibido, que la historia del:

“...Superissste (antes SITyF), se remontan a la inauguración de la primera tienda el 13 de julio de 1953, realizada por el entonces presidente de la República, señor Adolfo Ruiz Cortines. Dicha tienda se estableció bajo la tutela de la antigua Dirección de Pensiones y Retiro.

Posteriormente, el 28 de diciembre de 1959, se llevó a cabo la promulgación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo cual, la tienda mencionada se incorporó al naciente organismo, el 16 de mayo de 1961, entraba en operación la tienda No.2 y el 14 de julio del mismo año la No.3; y así sucesivamente hasta llegar a un sistema de 275 tiendas y 68 farmacias al mes de noviembre de 2008.

A principios de la década de los sesenta, el Sistema de Tiendas y Farmacias del ISSSTE estaba adscrito a la Subdirección General de Servicios Sociales y Culturales, debido a que el número de Unidades Comerciales no era significativo en el interior del país. En 1972, se transformó el modelo de zonas en Delegaciones Regionales, hasta que en 1978 se decidió crear una delegación por cada Estado de la República.

A fines de 1982, el Sistema, contaba con 149 tiendas en diversos tamaños y configuraciones en sus ventas, diseminadas en el Distrito Federal y en el interior del país. En este mismo año, se procedió a formular un programa de acción que definía las políticas y estrategias a seguir. Como primer paso, se elaboró un plan maestro que inició la reorganización del sistema comercial, coordinado por la antigua Subdirección General de Tiendas.

En el periodo 1983-1985, se inicia el proceso de desconcentración del Instituto; se comienza a dotar a las Delegaciones Estatales del soporte normativo que este proceso requería, el cual se consolida al contarse con una Estructura Orgánica específica para las subdelegaciones de protección al salario, manteniendo comunicación permanente con las áreas centrales de la naciente Subdirección General de Protección al Salario.

La desconcentración en el área de la Subdirección General de Protección al Salario contempló principalmente dos fases:

1. Desconcentración administrativa del Sistema hacia Delegaciones Estatales, permitiendo hacer más eficiente su operación, resultado de la mayor autonomía respecto de las áreas Centrales y de Apoyo, manteniéndose, en forma exclusiva, la supervisión normativa de protección al salario.

2. Desconcentración de funciones del ISSSTE de nivel corporativo a las Subdelegaciones de la Subdirección General de Protección al Salario.

En el mes de mayo de 1991, se incorpora a la Subdirección General de Protección al Salario, la Jefatura de Servicios de Sistematización, con el propósito de apoyar de manera directa el Programa de Desarrollo Informático del Sistema Comercial del Instituto.

En el año de 1993, Protección al Salario deja de participar del presupuesto del Instituto y al generar sus propios recursos absorbe los gastos de operación del sistema, comenzando así un proceso de autonomía financiera.

Asimismo, en el año de 1994 se inicia un proceso de reestructuración en atención al programa de Simplificación y Desregulación Normativa que coordina la Subdirección General Jurídica; en el contexto de la modernización administrativa, y con el propósito de un ajuste organizacional para incrementar la eficiencia operativa, la supervisión normativa y los mecanismos de control en el marco de la desconcentración y la descentralización de funciones y órganos, la Subdirección General de Protección al Salario realizó una revisión amplia y profunda de su Estructura Orgánica, adecuándola a las necesidades actuales.

En una nueva etapa de desconcentración iniciada durante el periodo de 1994-1995, surge el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias (SITyF), en donde se fortalece el esquema regional. De tal manera que se desconcentran actividades en materia de regulación, supervisión, control y operación, así como la descentralización en estos aspectos en la toma de decisiones para eficientar la operación.

De esta manera, con la finalidad de ampliar el control e incrementar la funcionalidad del SITyF en las Unidades Comerciales, se racionalizó la Estructura existente, reubicando o creando nuevos Órganos o redefiniendo funciones, actualizando denominaciones y, en algunos casos, cambiando el tramo de control de algunas áreas internas, dando como resultado una estructura más integrada y homogénea.

En este contexto, se adecua el Marco Normativo Institucional para sustentar dicha transformación; por ello, se modifica el Estatuto Orgánico del Instituto, para crear el nuevo órgano desconcentrado, mediante modificaciones, autorizadas por acuerdo de la honorable Junta Directivo el 22 de junio de 1996 y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto del mismo año.

Para alcanzar los objetivos planteados, se refuerza el carácter comercial de su organización, administración y sus operaciones por lo cual la reestructuración contempla:

• Constitución del Órgano desconcentrado.

• Reforzamiento del nivel operativo del Sistema, mediante la integración de Gerencias Regionales y la consolidación de la operación a nivel regional.

• Redefinición de funciones por cada Unidad Administrativa.

• Automatización e integración de los distintos niveles de operación mediante la incorporación de tecnología de punta”...1

Por su parte el Reglamento Orgánico del Superissste, en su artículo segundo señala:

“...Artículo 2. El Superissste es un órgano desconcentrado que tiene por objeto que el Instituto cumpla con lo establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone el establecimiento de tiendas económicas para beneficios de sus trabajadores y sus familiares. Para ello, planea, administra y realiza los programas y servicios de apoyo para que los Derechohabientes y la ciudadanía adquieran productos básicos y de consumo en las tiendas que para el efecto existen.

En el ejercicio de sus funciones, el Superissste puede hacer uso de cualquiera de los derechos de propiedad intelectual que se consideren adecuadas para su operación y funcionamiento, de conformidad con las disposiciones aplicables...”

Por otro lado, no se debe soslayar la importante función que implícitamente cumplen este tipo de tiendas de conveniencia desde el punto de vista de regulación de precios de mercado en su zona de influencia.

En ese orden de ideas, el cierre de las tiendas y farmacias es un atentado y una violación flagrante al artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, situación que los integrantes de esta LXIII legislatura de la H. Cámara de Diputados como representantes del pueblo no podemos ni debemos permitir, ya que además conculca los derechos de los trabajadores al Servicio del Estado.

“...Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley .

Párrafo adicionado DOF 19-12-1978. Reformado DOF 18-06-2008

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:..”

“...B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:”...

“...XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:”...

“...e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares .”...

En el año 2013:

“...los gastos de operación fueron de 2 mil 121 millones de pesos, con lo que la pérdida operativa se ubicó en mil 738 millones, en una tendencia negativa que viene desde 2008, con un caída promedio de 22 por ciento anual, de acuerdo con el reporte presentado.

De dichos gastos, la mayor parte (mil 510 millones de pesos) se destinó a salarios; 387 millones para el pago de materiales y suministros y 572.7 millones se invirtieron en servicios generales. Otras erogaciones contables sin especificar ascendieron a casi 84 millones de pesos, con lo que el total de los gastos de operación se ubicó en 2 mil 205.4 millones en 2014.

Aparte están las deudas con los proveedores, las cuales ascienden a mil 46 millones de pesos. Trabajadores de Superissste señalaron que este también es un problema severo, sobre todo porque ya existen demandas legales contra la institución por incumplimiento de pagos”...2

Ahora bien las tiendas que quedan abiertas, actualmente se caracterizan por anaqueles vacíos, gran desabasto, oferta limitada y menos categorías de productos. En agosto de 2011, la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó un quebranto patrimonial por $67.3 millones de pesos en perjuicio del ISSSTE durante la gestión de Miguel Ángel Yunes Linares.

En septiembre de 2012 salió a la luz pública que Jesús Villalobos López, director del ISSSTE en 2010 y 2011, ocasionó un daño patrimonial al organismo de $299 millones de pesos con supuestos pagos por servicios no realizados.3

Por otro lado, una de las funciones de los centros recreativos del ISSSTE es el Otorgar a pensionados y jubilados del ISSSTE, en los centros recreativos propios, actividades culturales, recreativas y deportivas, que propicien la convivencia y fortalezcan su autoestima, a través de espacios que buscan establecer un punto de encuentro que posibilite un intercambio de experiencias y recreación, sin embargo la calidad de los centros recreativos no es la adecuada ya que las instalaciones de dichos centros se encuentran en el abandono total, por tal motivo, se hace necesaria una revisión exhaustiva de los mismos, para mejorar la calidad de los servicios en beneficio de los trabajadores y de sus familias.

En razón de lo anterior, se hace necesario exhortar al Secretario de Hacienda y Crédito Público, al Secretario de la Función Pública y al Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para que de manera inmediata realicen el rescate económico, patrimonial y legal de las tiendas, farmacias y centros recreativos del ISSSTE consecuencia del cierre de los mismos, ya que es una violación a los derechos de los trabajadores plasmados en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como para que hagan del conocimiento público los avances y/o resultados de las investigaciones sobre los quebrantos económicos realizados a dicha institución por las diferentes administraciones.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público, al secretario de la Función Pública y al director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para que de manera inmediata realicen el rescate económico, patrimonial y legal de las tiendas, farmacias y centros recreativos del ISSSTE y den cumplimiento al artículo 123, apartado b, fracción XI, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como para que hagan del conocimiento público los avances y/o resultados de las investigaciones sobre los quebrantos económicos realizados a dicha institución por las diferentes administraciones.

Notas

1 http://www.superissste.gob.mx/index.php?option=com_content&view=art icle&id=46&Itemid=98

2 http://www.jornada.unam.mx/2015/09/03/sociedad/039n1soc

3 http://elhorizonte.mx/edicion_impresa/2015-04-27_EH/pdf/2015-04-27_EH.p df

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.

Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, la Segob y la SRE a ampliar el mandato del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la CIDH hasta la resolución del caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas y el asesinato de 7 personas, ocurridos en Iguala, Guerrero, o hasta que el propio grupo establezca el fin de sus labores, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Marbella Toledo Ibarra, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante los últimos meses, diversos organismos internacionales de derechos humanos han puesto la mirada sobre México, con justa y necesaria razón, a la luz de acontecimientos graves que hablan de una crisis generalizada de derechos humanos.

Diversos organismos, en cumplimiento a su mandato específico, han hecho señalamientos oportunos que no han sido atendidos y la respuesta del Estado mexicano ha consistido en negarlos y rechazar las conclusiones y recomendaciones que emiten, mediante justificaciones tan vacuas como la inconformidad con las conclusiones, el rechazo a las metodologías del informe, los tamaños de las muestras de los estudios o la insuficiencia de los días de visita. Desafortunadamente, cada una de las afirmaciones de los organismos internacionales

Esta confrontación entre el gobierno federal y los organismos internacionales llegó a uno de sus puntos más álgidos cuando se acusó a Juan Méndez, Relator de Naciones Unidas contra la Tortura, de haber violado el código de ética que rige su desempeño como titular de un mandato internacional.1

La respuesta del Relator fue clara y contundente. En una extensa carta pública, Méndez afirmó, entre otros temas de importancia: “[m]e preocupa aún más que la discusión se centre ahora en mi ética e integridad profesional, como si disparar contra el mensajero pudiera ocultar los problemáticos hechos que señalé a su gobierno [...].”2

La soberanía es uno de los principios fundamentales de la teoría del Estado y establece el derecho legal inalienable, exclusivo y supremo de ejercer poder dentro del área comprendida por el Estado mediante los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Los conceptos Estado y soberanía no se entienden uno sin otro. “Sólo el Estado –a través de sus órganos- puede ejercer los derechos legales y la autoridad de los poderes del Estado. Ninguna persona, ni física ni moral, puede asumir tales derechos soberanos, a menos que sean órganos del Estado y actúen con la capacidad de uno de ellos.”3

La soberanía es independiente de la forma de gobierno que sostenga cualquier Estado. Es decir, el concepto de soberanía tiene aplicación tanto en repúblicas democráticas como en monarquías y dictaduras. En el caso de los Estados democráticos, como el nuestro, el ejercicio de los poderes estatales es controlado por reglas de derecho y una clara separación de poderes como medida institucional para prevenir los abusos de poder.

En este sentido, la inclusión de derechos civiles y humanos en nuestra Constitución sirven como protección legal de la ciudadanía contra el abuso del poder de los órganos del Estado, y su aplicación no significan en ningún momento la pérdida de soberanía del mismo.

Una vez que se comprende el concepto general de soberanía, se entenderá entonces su impacto en el Derecho Internacional Público, mismo que gobierna las relaciones entre los Estados y para el que la soberanía es uno de los fundamentos principales de igualdad, integridad territorial e independencia política.

Este concepto fue introducido en el Tratado de Westfalia, mismo que surgió con el fin de establecer un nuevo orden de paz después de la Guerra de los Treinta Años, basado en la “no perturbación” del ejercicio de los poderes soberanos de los monarcas involucrados. Dicho tratado es el precedente del actual artículo 2º de la Carda de Naciones Unidas, que reconoce el principio de igualdad soberana entre sus miembros.

Sin embargo, en el Derecho Internacional Público la soberanía se aplica desde un ángulo diferente a la esfera interna de cada Estado, en donde la soberanía es un concepto que determina la relación del Estado y sus personas (habitantes); mientras que en el Derecho Internacional Público, la soberanía es la cualidad que hace a los Estados actores iguales.

El 7 de octubre de 2015 concluyó la visita oficial a México de Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En su conferencia de prensa final, afirmó [se cita de manera no textual] que no existe vergüenza alguna en que un Estado solicite ayuda internacional para enfrentar sus obligaciones en derechos humanos.

Esta frase contiene en sí misma información sumamente valiosa que no debe ignorarse, pues el gobierno mexicano ha recurrido en las actuaciones como las que emprendiera contra e Relator Juan Méndez, además de negarse a emprender acciones efectivas que indiquen que la defensa de los derechos humanos va más allá de un discurso oficial sobre la apertura a los mecanismos internacionales, sin que en el fondo exista una aplicación real y eficiente de los mismos.

La reacción de las autoridades gubernamentales ha sido prácticamente la misma ante las conclusiones presentadas en el primer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, o ante las observaciones preliminares de la visita in loco de la CIDH, o los cuestionamientos del Comité contra las Desapariciones Forzadas o el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, por citar algunos ejemplos, a los que sin duda alguna se suman la ola de críticas a las dos mujeres integrantes del GIEI, buscando el desprestigio generalizado del grupo, o los ataques contra los integrantes de Equipo Argentino de Antropología Forense, y su más reciente informe que considera científicamente imposible el asesinato y cremación masiva de los 43 estudiantes desaparecidos en el basurero de Cocula.

El Alto Comisionado también se refirió a este respecto en múltiples momentos de su conferencia. Ra’ad Al Hussein reafirmó que existe un consenso entre los mecanismos internacionales sobre la gravedad de la crisis en México, a pesar de la intolerancia mostrada por las autoridades para aceptarlo. Realizó un llamado expreso para que se pueda privilegiar un diálogo sustantivo sobre la esencia de los problemas en los casos específicos en donde el gobierno discrepe con las conclusiones de los mecanismos y, concluyó que: “En lugar de matar al mensajero enfoquémonos en el mensaje. Todos estamos de su lado. Todos queremos ayudar a México.”

Esta afirmación confirma que es urgente e impostergable que las autoridades mexicanas (al igual que algunos sectores nacionales) reconsideren la malentendida concepción de “soberanía nacional”, para reconocer la oportunidad que implica la asistencia internacional en materia de derechos humanos. Tal como lo enfatizó el Alto Comisionado, esta sería, en realidad, una señal de fortaleza y no de debilidad por parte del Estado mexicano.

La asistencia técnica en derechos humanos es una de las apuestas más importantes de la comunidad internacional en la materia. En términos generales, su objetivo principal es fortalecer a las instituciones públicas y a otros actores nacionales, como condición indispensable para un efectivo respecto y garantía de los derechos de las personas.

Desde esta perspectiva, las acciones de asistencia son un complemento necesario y nunca sustituto de otros mecanismos de monitoreo, vigilancia o protección internacional de los derechos humanos, incluidas las medidas cautelares o provisionales, las quejas individuales, las visitas in loco o los informes periódicos. Por supuesto tampoco son un sustituto de las responsabilidades internas de los propios Estados sujetos a esta cooperación.

Dada su relevancia, el 14 de diciembre de 1955, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución por la cual se estableció formalmente el Programa de Servicios de Asesoramiento y Asistencia Técnica en Materia de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.4 Este programa, supervisado por la propia Oficina del Alto Comisionado (OACNUDH), se ha ido ampliando y fortaleciendo a través de las décadas. Su operación en el terreno se detona por una solicitud del propio Estado que será receptor de la asistencia.

El diseño e implementación de las medidas concretas, que depende de un diagnóstico inicial a cargo de la propia OACNUDH, puede en muchos casos incluir la participación de expertos internacionales independientes. Sobra decir, entonces, que el grado de coordinación, colaboración o interacción entre actores nacionales e internacionales, en el marco de la asistencia técnica, dependerá de las condiciones reales de cada situación.5

Este programa representa solo una de las formas que puede tomar la asistencia técnica internacional en materia de derechos humanos, lo que no excluye la posibilidad de que la misma se establezca por otras vías. Como se ha dicho en otro momento, la creación del GIEI es, en sí misma, una acción de asistencia técnica, derivada de (otro) mecanismo regional de protección a los derechos humanos, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En casos distintos que el mexicano, la asistencia se ha dado (en paralelo al programa de asesoramiento antes mencionado), a través de mecanismos que han tomado una enorme relevancia pública. Un ejemplo concreto es la (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Esta comisión fue creada con base en un acuerdo celebrado entre el gobierno de Guatemala y la propia Organización de las Naciones Unidas.6 Su mandato es uno de los más robustos en temas de cooperación, asesoría y asistencia. Después de casi 10 años de operación, la CICIG, conformada por personal nacional e internacional, ha generado una productiva relación de trabajo con las autoridades nacionales, la cual ha derivado en acciones tan importantes como la acusación en contra el ex presidente guatemalteco, Otton Pérez Molía, entre otros.7

Otros ejemplos de mandatos aún más robustos de cooperación internacional, con miras a la integración de mecanismos mixtos para la investigación y persecución de graves crímenes son la Corte Especial para Sierra Leona o las Cámaras Extraordinarias de Camboya.8

Por ello, es de vital importancia que el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sea ampliado hasta que la desaparición de los 43 estudiantes normalistas sea esclarecida, al igual que los 7 asesinatos cometidos en la madrugada del 26 y 27 de septiembre, o hasta que el propio grupo considere que su responsabilidad ha sido cumplida.

Las formas o grados en los que se brinda la cooperación internacional son diversos, pero sirva destacar que la misma puede ir desde la creación de espacios de diálogo o debate, la asesoría en materia de implementación de estándares internacionales o el desarrollo de programas de capacitación institucional, hasta llegar a la acción conjunta o paralela en funciones de investigación y persecución de ciertos delitos, que constituyen también graves violaciones de derechos humanos.

Por este motivo, es necesario referirnos nuevamente a las palabras del Alto Comisionado: “Ignorar lo que está sucediendo en este país no es una opción para nosotros y no debe ser una opción para los políticos.” Esta posición no es, aunque así se pretenda difundir, un intervencionismo internacional. Las palabras de Ra’ad Al Hussein son la expresión de un compromiso real de la comunidad internacional con nuestro país.

En estos tiempos, una caduca idea de la soberanía nacional no puede ser un obstáculo, mucho menos ante el señalamiento expreso del GIEI respecto a la necesidad de entrevistar al personal militar que pudo encontrarse vinculado en los hechos ocurridos durante los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en lo que ya es ampliamente conocido como una de las violaciones más graves a los derechos humanos en tiempos recientes.

La noción más comprometida de la soberanía nacional es, de hecho, el ejercicio responsable de un poder que le ha sido encomendado a las instituciones públicas, para realizar los fines y propósitos que justifican la existencia misma de Estado. Uno de ellos, el más importante, es el respecto y garantía de los derechos de las personas.

México debe estar a la altura diplomática e internacional para responder a esta disposición de apoyo y asistencia, con miras al fortalecimiento del Estado mexicano.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución: el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, al secretario de Gobernación y al secretario de Relaciones Exteriores a que, en el ámbito de sus facultades, amplíen el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que permanezcan en nuestro país hasta la resolución del caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas y el asesinato de 7 personas, ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, o hasta que el propio grupo establezca la conclusión de sus labores.

Notas

1 De manera expresa, el Estado mexicano (a través de una carta enviada por el Embajador Jorge Lomónaco al Presidente del Consejo de Derechos Humanos), acusó a Juan Méndez de haber violado los artículos 12 y 13 del Código de Conducta para los Titulares de los Mandatos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Seguridad. La versión en español de este código puede ser consultada en el siguiente enlace:
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/CodeofConduct_SP.pdf

2 El texto completo puede ser consultado en el enlace http://antitorture.org/wp-content/uploads/2015/04/April_1_2105_Special_ Rapporteur_Torture_Letter_EN_ES.pdf

3 El Ejercicio de la Soberanía de los Estados, KAISER, Estefan A. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Texto disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2790/6.pdf

4 Resolución 926 (X) de la Asamblea General de Naciones Unidas.

5 Para ampliar información, se puede consultar Fact Sheet No.3 (Rev.1), Advisory Services and Technical Cooperation in the Field of Human Rights, disponible en el enlace

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet3Re v.1en.pdf

6 El texto completo puede ser consultado en el enlace http://www.cicig.org/uploads/documents/mandato/cicig_acuerdo.pdf

7 Debido a la extensa relación de logros, los mismos pueden consultarse en el enlace http://www.cicig.org/index.php

8 Para más información sobre la creación, mandato y operación de estos dos órganos, se puede consultar sus páginas oficiales respectivas: http://www.rscsl.org/ y http://www.eccc.gov.kh/en

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cinco días del mes de abril de dos mil dieciséis.

Diputada Marbella Toledo Ibarra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y las autoridades educativas locales a incorporar en la modalidad de escuelas de tiempo completo las indígenas de educación básica, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Karina Sánchez Ruiz, diputada del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción XI, y 62, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo; al tenor de las siguientes

Consideraciones

México es uno de los países con más riqueza y herencia cultural en el mundo, condición dada principalmente por su población indígena, una de las mayores de América.

Según el último Censo Nacional de Población y Vivienda, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), en el 2010, 6.71 millones de mexicanos de tres años de edad y más registraron hablar por lo menos una lengua indígena, lo que significa 6.8% de la población nacional.

En tanto, en los mismos registros, se apunta que 15.7 millones de personas, equivalente al 14.86% de la población, se consideraban indígenas. Si bien en otros países como Guatemala, Bolivia, Perú y Ecuador, el porcentaje de población indígena es considerablemente mayor en números absolutos de población, nuestro país cuenta hoy en día con la mayor cantidad de hablantes de lengua indígena de todo el continente americano.

Esta condición también nos hace ser el país más diverso de América, si consideramos que en el Catálogo Nacional de Lenguas Indígenas, elaborado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en el 2005, reporta la existencia de 68 grupos etnolingüísticos pertenecientes a once familias lingüísticas que hablan 364 variantes dialectales de esas 68 lenguas.

Sin duda, esta diversidad representa una gran riqueza que el país ya reconoce, pues en el Artículo 2° de nuestra Carta Magna se estipula que la Nación tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas.

Sin embargo, a pesar de este reconocimiento, una amplia mayoría de los indígenas de nuestro país viven en condiciones de pobreza, las cuales se reflejan en todos los indicadores de desarrollo económico, social y educativo. Por ejemplo, es lamentable que, en términos de educación, los niños indígenas presentan mayores tasas de analfabetismo, menores logros educativos y un bajo promedio de años de escolaridad, todos ellos resultados inferiores mostrados por la población no indígena.

El gran contraste educativo que existe entre la niñez indígena y la no indígena es inobjetable ante la siguiente relación: por cada niño no indígena que no asiste a la escuela, hay dos niños indígenas en esta condición.2

Otro dato importante es que dos de cada tres niños entre los 6 y 14 años de edad que no están en la escuela son indígenas, por lo que no extraña que casi la mitad de la población indígena reporta como último año de estudios la primaria, pues el rezago educativo se va presentando desde los primeros años del trayecto educativo.

Esta condición se explica de manera muy lamentable: muchos niños y niñas indígenas dejan de ir a la escuela, porque tienen que comenzar a trabajar a una edad muy joven; caso más grave aún es el que muchas niñas y mujeres adolescentes abandonan sus estudios por convertirse en madres a su corta edad.

Este hecho se corrobora con las estadísticas sobre trabajo infantil del Inegi, en donde se observa que el 36% de los niños indígenas de entre 6 y 14 años de edad trabajan, lo que representa más del doble al promedio nacional calculado en 15.7%.

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) también ha documentado la desigualdad en materia de aprendizaje. Sus datos, expresados en el estudio denominado La calidad de la educación básica en México. Informe anual 2006 , referidos al rendimiento de los alumnos indígenas en tercero y sexto grado de primaria,3 muestran que las escuelas indígenas se encuentran siempre por debajo de todos los demás tipos de escuelas, sean cursos comunitarios (bajo la conducción del Consejo Nacional de Fomento Educativo), escuelas rurales públicas, escuelas urbanas públicas o escuelas privadas.

Así, atendiendo la escasa información disponible, observamos que sólo “el 1% de los jóvenes indígenas de entre 18 y 25 años ingresan a instituciones de educación superior, donde uno de cada cinco egresa y se titula; en contraste con el 22.55% de los jóvenes de esa misma edad del país que acceden a dicha educación, egresando y titulándose la mitad de esos estudiantes”.4

Otro dato que refleja la desigualdad existente en la población indígena en este país la ofrece el índice de analfabetismo, referido a la población de quince años y más, en donde el 33.9% de la población que habla lengua indígena y que se autodescribe como tal es analfabeta, contra el 5.1% de la población no hablante de lengua indígena.

Si consideramos que la educación es uno de los principales factores de movilidad social, no es de extrañar que el 70.9% de la población indígena vive en condición de pobreza multidimensional, situación que se agrava si observamos que el 93.9% de la población indígena se encuentra privada de alguno de los siguientes derechos sociales: educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación. En tanto, la gran mayoría de ellos se encuentran habitando municipios de alta o muy alta marginación y con los índices más bajos de desarrollo humano para la población indígena (IDH-PI).5 y 6

Esto significa que, de no actuar con acciones afirmativas precisas, seguirán existiendo más analfabetas indígenas que no indígenas, más rezago educativo en esa población y mayores limitaciones de movilidad social.

De esta manera, a efecto de emprender políticas públicas eficaces, en Nueva Alianza sabemos de la gran importancia que juegan las escuelas en abatir las brechas existentes entre la población indígena y la no indígena.

En este contexto, las escuelas de Tiempo Completo (ETC),7 por ser la modalidad educativa que tiene la misión de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos sus alumnos, a través de una jornada escolar más amplia y eficaz, se posiciona como el instrumento más adecuado para revertir las condiciones en que se encuentra la población indígena en edad de cursar su educación básica, pues en las ETC se desarrollan mecanismos para asegurar la retención de los alumnos durante los seis grados de educación primaria y lograr los aprendizajes esperados en todos los niños y las niñas que depositan su confianza en el centro educativo.

Con el fin de apoyar el funcionamiento de la ETC, se promueve la disposición de materiales educativos adicionales, recursos de apoyo orientados a la gestión administrativa de la escuela, así como esquemas de supervisión escolar y la estructuración de Consejos Técnicos Escolares y de Zona para atender de manera específica las necesidades de las escuelas multigrado (planteles donde un mismo maestro es responsable de varios grados de forma simultánea), características de estas comunidades escolares.

De este modo, en las ETC se propone atender demandas sociales relacionadas con la mejora de la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes; garantizar aprendizajes relevantes; incrementar los resultados educativos de los educandos; fomentar el trabajo colaborativo en la escuela; propiciar la participación comprometida de las familias en la educación de sus hijos y lograr que todos los alumnos obtengan oportunamente los aprendizajes planteados en los programas de estudio.

Es importante señalar que las 19,754 escuelas indígenas de educación básica del país, ya sean de Preescolar o Primaria, incluyendo la modalidad de multigrado que son la mayoría, apenas conforman el 11.7% de las escuelas públicas del país. En ellas, está la herencia y preservación de nuestras lenguas y tradiciones originarias, por lo que en Nueva Alianza reside el anhelo y aspiración de mejorar la calidad de vida de más de 4 millones de niñas, niños y adolescentes indígenas de este país.

A pesar de la urgente necesidad de acelerar la inclusión de estas niñas, niños y adolescentes, las proyecciones de la autoridad federal estiman integrar a 4,054 escuelas indígenas en la modalidad de Tiempo Completo, durante el Ciclo Escolar 2018-2019. A este ritmo de incorporación (menos de un 2% anual), será hasta el Ciclo Escolar 2063-2064 que se tendrán a la totalidad de las escuelas indígenas incorporadas a dicha modalidad.

Si bien podrán objetarse razones de tipo presupuestal o administrativo, ya existen estados del sureste mexicano, como Campeche, cuyas autoridades en el pasado Ciclo Escolar 2014 - 2015 han dado un paso determinante en reivindicar y, sobre todo, garantizar el derecho a la educación de las comunidades escolares hablantes de lengua indígena. Esto al transformar al 100% de sus escuelas indígenas en Escuelas de Tiempo Completo; por lo que es factible incorporar a nivel nacional a la totalidad de las escuelas Preescolares o de Primaria, generales y multigrado en esta modalidad.

El Grupo Parlamentario Nueva Alianza está decidido a emprender todos sus esfuerzos para revertir la condición de rezago en que se encuentran los pueblos indígenas, sobre todo cuando se vulnera el derecho a una educación de calidad para sus niñas, niños y adolescentes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública, así como a los titulares de las autoridades educativas de las entidades federativas y del Gobierno del Distrito Federal, para que de manera focalizada, acorde a cada contexto educativo y a la suficiencia presupuestal, incorporen a la modalidad de escuelas de tiempo completo a la totalidad de escuelas indígenas de educación básica del país.

Notas

1 Censo de Población y Vivienda 2010. Principales resultados. Disponible en: http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/ censos/poblacion/2010/princi_result/cpv2010_principales_resultadosVI.pd f.

2 La población de seis a catorce años que no asiste a la escuela y no es hablante de lengua indígena representa 4.9% de la población de esta edad, mientras que el porcentaje correspondiente de entre quienes hablan lengua indígena es de 8.3%.

3 El Aprendizaje de Tercero de Primaria en México: Español, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. México, 2007.

4 Programa de apoyo a estudiantes indígenas en Instituciones de educación Superior. Ponencia presentada en el Encuentro Internacional de Intercambio de Experiencias Educativas: Vincular los Caminos a la Educación Superior, México, ANUIES/ Ford / U de G, 17-19 noviembre de 2003 Nota extraída del documento denominado “Una oportunidad de educación superior para jóvenes indígenas en México”. Disponible en http://paeiies.anuies.mx/public/pdf/una_oportunidad_de_educacion_superi or.pdf.

5 El Índice de Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México se ubica en 0.7057, a diferencia del IDH de la población no indígena, el cual es de 0.8304, es decir, hay una brecha de 15% entre una y otra.

6 Al hacer una comparación internacional, se encuentra que el IDH-PI del municipio con menor logro es Batopilas, Chihuahua, con un indicador de 0.3010, cifra menor que el país con menor desarrollo humano en el mundo, que es Níger, con un IDH de 0.3300. Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México Rodolfo De la Torre García (Coordinador), 2010 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD.

7 Las escuelas de tiempo completo ofrecen a todos los alumnos del plantel 6 horas de trabajo educativo como mínimo, que además que para el caso de la educación indígena se incluye la lectura y escritura en lengua indígena, y pueden prolongarlo hasta 8 horas, según la disposición de la Autoridad Educativa Estatal en acuerdo con la Autoridad Educativa Federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días del mes de abril de 2016.

Diputada Karina Sánchez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa-Aserca a considerar un anexo en el programa Inducción Productiva para estimular la siembra de maíz amarillo, a cargo del diputado Edgardo Melhem Salinas, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Edgardo Melhem Salinas, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa-Aserca que en las reglas de operación de la institución 2016, se vuelva a considerar un anexo en el programa Inducción Productiva, para que mediante una carta compromiso se firme el acuerdo de incentivar la siembra de maíz amarillo.

Exposición de Motivos

El maíz es el cultivo más importante de México, forma parte importante en la dieta de los mexicanos; está presente en la elaboración de más de 4 mil productos (almidón, fructosa, aceites, cartón, chocolates, biocombustible, alimento animal); ocupa poco más de la mitad de la superficie sembrada del país; representa casi una tercera parte del valor de la producción agrícola; existen poco más de 3 millones de productores de este grano, y es el cuarto productor mundial después de Estados Unidos, China y Brasil.

La producción del grano en México tiene dos variedades, la blanca y la amarilla. La primera es para el consumo humano y se estima que es autosuficiente en esa materia, mientras que la segunda variedad, que se destina para el consumo animal y a la industria de almidones y cereales, registra déficit en su producción. Sin embargo, hasta hace dos ciclos agrícolas, la producción de maíz blanco se destinaba al consumo humano, pero por el crecimiento del consumo pecuario, en el 2006 se destinó al consumo animal más de un millón de toneladas de esta variedad.

De acuerdo con datos publicados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca) de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); la producción mundial de maíz amarillo durante la última década ha presentado un crecimiento anual del 4%; y para este 2016 se estima una producción total de mil millones de toneladas para abastecer la demanda mundial de este grano.

Se espera un incremento en la producción mundial de maíz amarillo para 2016 del 1% con respecto a las 991 millones de toneladas de acuerdo a la producción estimada para este año.

México ocupa el séptimo lugar como país productor de maíz amarillo a nivel mundial, con una aportación del 2% en 2015 con una producción de 2.4 millones de toneladas.

En 2015 los principales países importadores de maíz amarillo fueron Japón que importó 15 millones de toneladas, México con una importación de 10.3 millones de toneladas, Corea del Sur que importó 10 millones de toneladas, la Unión Europea con una importación de 14 millones de toneladas, seguido por Egipto, Irán, Colombia, entre otros.

Y los principales países exportadores en 2015 fueron Estados Unidos que exportó 47.6 millones de toneladas de maíz amarillo, Brasil con una exportación de 23 millones de toneladas, Ucrania que exportó 16 millones de toneladas, Argentina con una exportación de 15.5 millones de toneladas, Unión Europea, Serbia, Rusia, entre otros.

Según datos publicados por el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaria de Economía y de la Aserca/Sagarpa, el precio internacional del Maíz Amarillo ha presentado una caída en su precio del 1% mes a mes desde julio de 2012 hasta la fecha, siendo en ese mes el precio más alto reportado para el maíz amarillo de $331.30 dólares la tonelada en los últimos 4 años y posteriormente dicho precio ha caído hasta llegar a mostrarse en los $161.3 dólares la tonelada en octubre de 2014 y para julio de 2015 el precio promedio en el mes fue de $185.80 dólares la tonelada.

De acuerdo con datos publicados por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Sagarpa, la producción de maíz amarillo en 2014 fue de 2.42 millones de toneladas, lo que represento un aumento en la producción del 9% en comparación con las 2.23 millones de toneladas producidas en 2013.

Aunque se ha mostrado un aumento en la producción de maíz amarillo en México, este crecimiento sigue siendo insuficiente para abastecer la demanda nacional de este grano, lo que provoca que nuestro país sea uno de los principales países importadores de este grano y además que otros productos que utilizan el maíz amarillo como insumo en su producción, principalmente en la ganadería y con la depreciación del peso frente al dólar provoca que aumenten sus precios de esos productos, afectando así a los consumidores.

México debe de seguir incentivando ya sea con subsidios o apoyos a los productores para que produzcan más maíz amarillo sin tener que disminuir la producción de maíz blanco en el cual México si es autosuficiente en su producción, para así ser menos dependientes del mercado internacional en este grano.

Durante 2014 los principales estados productores de maíz amarillo fueron:

• Chihuahua obtuvo una producción de 1.22 millones de toneladas, lo que representa que Chihuahua produjo en 2014 el 50% del total de la producción nacional.

• Jalisco produjo 575.5 mil toneladas, es decir, que produjo el 24% del total nacional.

• Tamaulipas aporto el 11% de la producción nacional, es decir, que produjo 273.6 mil toneladas de maíz amarillo.

• Chiapas produjo el 5% del total nacional, es decir, produjo 117.5 mil toneladas.

México a nivel internacional es un país dependiente del mercado internacional en cuestión de maíz amarillo al ser uno de los diez primeros países importadores de este grano, esto debido a que no se produce ni siquiera una cuarta parte de lo que se consume en el país de maíz amarillo lo que hace muy necesaria la importación de este grano principalmente de Estados Unidos.

Las importaciones de maíz amarillo en 2014 fueron de 9.5 millones de toneladas, lo que representó un incremento en las importaciones del 45% en comparación con las 6.6 millones de toneladas importadas en 2013.

Dichos precios del maíz amarillo siguen siendo insuficientes para que los productores nacionales vean atractiva la producción de este grano ya que muchas veces ni siquiera recuperan sus costos de producción, por lo que el gobierno federal debe de seguir trabajando en políticas para mejorar dichos precios para poder dar un giro importante en la producción de maíz amarillo y depender cada vez menos de las importaciones de este grano.

El gobierno federal ha puesto en marcha diferente programas para ayudar a los productores del campo, entre ellos “Incentivos a la Inducción Productiva”, cuyo principal Objetivo es:

• El de contribuir a mantener o mejorar el ingreso de los productores agropecuarios y pesqueros a través de brindar certidumbre en la comercialización, así como incentivar a los productores agropecuarios y pesqueros a comercializar su producción con certidumbre en los mercados.

En los años 2014/2015, Aserca y los productores formalizaron a través de una Carta Compromiso (Anexo XLIII de las Reglas de Operación), el acuerdo para incentivar la siembra de maíz amarillo, con 350.00 pesos por tonelada, en cuando menos 3 ciclos agrícolas homólogos continuos.

Los productores a través del proceso de inducción productiva están sustituyendo las variedades del maíz blanco por variedades amarillas, en referencia, tan solo en el ciclo inmediato anterior aportaron más de 8000 mil toneladas al consumo nacional, alineando la producción conforme a las demandas del mercado.

Durante el presente ciclo OI2015-16, se han identificado por el orden de 106 mil hectáreas sembradas de maíz amarillo, con una producción estimada de 750 mil toneladas, en cumplimiento al compromiso establecido de sustituir variedades blancas por tener serios problemas de comercialización, por variedades amarillas, las que presentan demanda insatisfecha en el mercado nacional.

Sagarpa-Aserca, ha diferido la instrumentación y operación de los incentivos convenidos, para la siembra de maíz amarillo.

La Sagarpa–Aserca, solo han Ofrecido un Programa de Ordenamiento de la Producción al mercado, para sustituir en 20 mil hectáreas sorgo por maíz amarillo, con un apoyo de 2 mil 200 pesos por hectárea.

Los incentivos de inducción representan para los productores la seguridad de obtener un ingreso similar al que les generan las variedades blancas.

En Tamaulipas, han aumentado los problemas para los campesinos, ya que Sagarpa – Aserca viene a desalentar al agricultor que quiere sembrar maíz amarillo en la zona norte, esto debido a que a este cultivo se le eliminó el apoyo a la inducción por 350 pesos por tonelada, pese a la situación de crisis económica por la que se atraviesa en la zona rural.

El incentivo fue eliminado para el ciclo 2015-2016 que está próximo a iniciar, lo que implica que los agricultores ya no quieran sembrar este tipo de productos.

Habría que recordar que los productores formalizaron a través de una Carta Compromiso en el Anexo XLIII de las Reglas de Operación de 2014 y 2015, el acuerdo de incentivar con 350.00 pesos por tonelada, en cuando menos 3 ciclos agrícolas continuos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Sagarpa-Aserca, para que en las reglas de operación de la institución 2016, se vuelva a considerar un anexo en el programa Inducción Productiva, para que mediante una carta compromiso se firme el acuerdo de incentivar la siembra de maíz amarillo

Dado en el Palacio Legislativo de San lázaro, a 5 de abril de 2016.

Diputado Edgardo Melhem Salinas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a armonizar sus códigos civiles con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en cuanto a la edad mínima para casarse, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Rafael Hernández Soriano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El matrimonio infantil, entendido como el matrimonio en el que alguno de sus contrayentes - generalmente la mujer- es menor de 18 años, es una violación de los derechos humanos que pone en peligro el desarrollo de las niñas y que a menudo tiene como consecuencia el embarazo prematuro y el aislamiento social, a lo que se suma la imposibilidad de acceder a una educación o formación profesional y, por tanto, el refuerzo de la asociación directa entre género y pobreza.

Es considerado de tal riesgo que, desde la primera conmemoración con motivo del Día Internacional de la Niña (11 de octubre de 2012), decretado por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el tema fue: “Terminar con el matrimonio infantil”, los Estados parte deben tomar las medidas urgentes para lograr la erradicación del matrimonio en la infancia.

Sin duda, el matrimonio infantil viola los derechos humanos independientemente de si la persona involucrada es un niño o una niña, pues se trata de la forma más generalizada de abuso sexual y explotación.

El matrimonio infantil también puede acarrear trabajos forzados, esclavitud, prostitución, violencia contra las víctimas y pone en peligro la salud física y mental de las niñas y adolescentes, así como el riesgo que conllevan los embarazos prematuros.

Por lo que no hay duda que el matrimonio a una edad temprana deniega a las niñas su infancia, interrumpe su educación, limita sus oportunidades, aumenta el riesgo de violencia y abuso, y pone en peligro su salud y, por lo tanto, constituye un obstáculo para la consecución de casi todos sus objetivos de desarrollo personal.

Las niñas con bajos o nulos niveles de escolaridad tienen más probabilidades de casarse a una edad temprana y se ha demostrado que este hecho significa prácticamente el fin de su educación. Por el contrario, las niñas que han recibido una educación secundaria tienen hasta seis veces menos probabilidades de ser esposadas en la infancia, lo que hace de la educación una de las mejores estrategias para protegerlas y combatir este problema.

Datos de la ONU indican que en los países en desarrollo, el 90 por ciento de las madres adolescentes entre 15 y 19 años de edad están casadas, y que las complicaciones propias del embarazo son la principal causa de muerte de las jóvenes en ese rango de edad.1

En México, la atención de partos es la sexta causa de muerte entre la población de 10 a 14 años, lo que también permite identificar un importante problema de salud pública; el embarazo adolescente.2

En nuestro país, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2010, un total de 434 mil niños y adolescentes se encuentran casados o en unión libre. De ellos, más de 32 mil tenían entre 12 y 14 años, mientras que alrededor de 402 mil fluctuaban en edades de 15 a 17 años. Esta situación va en contra de la Convención sobre los Derechos de los Niños aprobada por la ONU, por lo cual resulta urgente una reforma en los códigos civiles y/o familiares de los estados de la Federación para impedir uniones de menores de edad. Cada año más de 113 mil niñas entre los 15 y 18 años se casan en México, según datos del Inegi.3

Ante esta problemática, es importante destacar que el Comité de los Derechos del Niño perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas, en sus Observaciones Finales sobre los exámenes periódicos Cuarto y Quinto consolidados de México, exhortó al Estado mexicano para que aumente a 18 años la edad mínima para casarse.4

En su observaciones 37 y 38, el Comité señala que:

37. Aunque se destaca que de acuerdo con el artículo 45 de la LGDNNA las leyes federales y estatales deben establecer como edad mínima para contraer matrimonio tanto para niñas como para niños a los 18 años, y que el Código Civil Federal ya ha sido modificado guardando estos lineamientos, al Comité le preocupa la efectiva implementación de este mandato a nivel de los estados. También existe la preocupación por la alta prevalencia de matrimonios de niñas y niños y por los casos reportados sobre matrimonio forzoso, especialmente de niñas que pertenecen a comunidades indígenas.

38. A la luz de la observación general número 18. (2014) adoptada de manera conjunta con el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, el Comité recomienda al estado parte que asegure la efectiva implementación del artículo 45 de la LGDNNA, asegurando que la edad mínima para contraer matrimonio por parte de niñas y niños sea establecida en 18 años en las leyes de todos los estados. El Estado parte debe también implementar programas integrales de sensibilización sobre las consecuencias negativas del matrimonio infantil en niñas, teniendo como población objetivo a los familiares, maestros y líderes indígenas.

Más aún, el artículo 45 la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, LGDNNA, establece que;

Artículo 45. Las leyes federales y de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años.

Sin embargo, a la fecha se ha hecho caso omiso a esta recomendación, a pesar de lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, señalando que todos los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, ratificados por el Estado mexicano, son de observancia obligatoria. Asimismo la armonización con la LGDNNA.

Cabe señalar lo que indican otros acuerdos internacionales al abundar sobre el tema como: la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, (CEDAW, por sus siglas en inglés), la cual dispone que el compromiso matrimonial y el casamiento de un niño o niña no tendrán efectos jurídicos y que se deben tomar en cuenta todas las medidas necesarias para especificar la edad mínima para la celebración del matrimonio.5

Asimismo, se reconoce en la Declaración de los Derechos del Niño, que los menores de edad, que por su “falta de madurez física y mental necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”.6

El Código Civil Federal establece la edad para contraer matrimonio de las niñas a los 14 años y de los niños a los 16. En lo referente a los Códigos Civiles y Familiares de las entidades federativas, únicamente ocho estados establecen, tanto para mujeres como para hombres, la edad de 18 años sin excepción para contraer matrimonio, estos estados son: Baja California Sur, Coahuila, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán. Todos los demás estados marcan los 18 años de edad para contraer matrimonio, pero con excepciones y dispensas a la edad, o establecen edades mínimas de 14 o 16 años para mujeres y 16 o 18 para hombres.7

Así también, los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, aprobados recientemente por la Asamblea General de la ONU, establecen en su meta 5.3 la erradicación de las prácticas perjudiciales para niñas y adolescentes como el matrimonio infantil, temprano y forzado.8

Ante los cambios que se están dando en la sociedad es imposible ignorar lo evidente, pues hoy se exige que el derecho evolucione y se mantenga a la vanguardia de otras naciones, por ello las y los legisladores no pueden pasar por alto estos cambios ni el compromiso de mejorar las condiciones y la calidad de vida particularmente de las niñas, niños y adolescentes de México.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente

Proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Congresos de los estados de la federación, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, revisen los Códigos Civiles de sus estados, a fin de que armonicen la edad mínima de las y los jóvenes para contraer matrimonio, con lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y en cumplimiento a las observaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

Notas

1 Unicef, Tema 2012: Terminar con el matrimonio infantil, Guatemala. http://www.unicef.org/guatemala/spanish/children_1165.htm, octubre de 2012.

2 Inegi, Estadísticas a propósito del Día del Niño, México, abril de 2014.

3 Inegi, Censo general de Población 2010, México.

4 Adoptadas por el Comité durante su sesión sexagésima novena (18 de mayo al 5 de junio de 2015)

5 CEDAW, artículo 16, ONU.

6 Declaración de los Derechos del Niño, Preámbulo, ONU Documento A/4354 (1959).

7 Códigos Civiles y Familiares consultados al viernes 9 de octubre de 2015. Información de ONU Mujeres.

8 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sos tenible, ONU.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.

Diputado Rafael Hernández Soriano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Departamento de Regulación y Fomento Sanitario de la Ssa y a la Cofepris a difundir documentos de toxicología y estadística sobre los efectos nocivos de las plantas cuya comercialización impiden, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de lo siguiente:

Antecedentes y consideraciones

México reconoce el valor de la medicina tradicional en el artículo 2º apartado B) fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer entre otras cosas la obligación a la federación, entidades federativas y municipios promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, así como el asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional , así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.

Así también, en la actualidad hay manifestaciones alentadoras en el campo de la aceptación de la herbolaria como medicina complementaria por profesionales de la salud, en un estudio realizado en Guadalajara, Jalisco en 270 personas, entre directores, jefes de enseñanza, médicos, trabajadoras sociales y enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social, el 51% estuvo de acuerdo en utilizar la herbolaria y el 79% lo harían si estuviera en el Cuadro Básico de Insumos para la Salud.1

De manera generalizada en todo el mundo se están desarrollando investigaciones con plantas medicinales que constatan mediante método científico2 el conocimiento popular y posibilitan la integración de especies vegetales a los sistemas de salud oficiales.

La medicina tradicional es también muy popular en muchos países en vías de desarrollo puesto que está firmemente arraigada en los sistemas de creencias.3

En la actualidad el estudio de las plantas medicinales como uno de los recursos más importantes de la medicina tradicional mexicana, entra en una etapa de difundido interés en el medio médico y científico nacional. Esta situación obedece, en parte, al convencimiento provocado por la crisis económica, de que los recursos vegetales del país deben ser estudiados para afrontar carencias, abaratar los costos de medicamentos que son cada vez más difíciles de adquirir, y que al mismo tiempo aporten tratamientos eficaces sin los consabidos efectos secundarios nocivos.

En este contexto, los recursos naturales empleados en la medicina tradicional y el conocimiento generado en torno a ella son un bien público, motivo por el cual los gobiernos tienen la obligación de intervenir para incentivar el aprovechamiento, el desarrollo y subsistencia de este bien público para beneficio de la generación actual y futura.

Es importante mencionar que este sector, tiene ya un largo camino recorrido en busca de cumplir con todas las disposiciones normativas existentes y públicas, así como en los procesos de organización y aportación de conocimiento con el fin de incrementar y salvaguardar el acervo biocultural relacionado con el tema que nos ocupa, encabezando todas estas acciones por demás positivas, la Federación Nacional de la Industria Herbolaria, Medicina Tradicional y Naturista, AC.

Sin embargo, en los últimos años se han promovido acciones para desdibujar el vasto conocimiento de estas entidades biológicas y desalentar el uso masivo a través de una forma de hacer política autoritaria mediante decretos y acuerdos realizados por un pequeño grupo de funcionarios públicos, sin la posibilidad de la inclusión de los actores que dinamicen el sector de las plantas medicinales en México.

Este mecanismo del marco legal mexicano contraviene las recomendaciones hechas por la Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el Siglo XXI, UNESCO (1999) que invitó a los gobiernos a formular políticas nacionales que permitan aplicaciones más extensas de las formas tradicionales de aprendizaje y conocimiento, y a velar al mismo tiempo por asegurarles una comercialización debidamente remunerada. En este contexto, no se debe prohibir beneficiarse de un bien público como el patrimonio biocultural, hasta que las autoridades sanitarias demuestren con estadísticas y estudios científicos la nocividad o toxicidad de los productos y el daño que se le está generando a la sociedad.

En México a pesar de estar presente, como ya se dijo, en el artículo 2º Constitucional, y que uno de los objetivos que marca la Ley General de Salud en su artículo 6º fracción VI Bis, es el de promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena y su práctica en condiciones adecuadas, por su parte también existen los siguientes tratados internacionales a los cuales en términos del artículo 1º se les debe dar cumplimiento, en el sentido de que consignan el derecho de la población al aprovechamiento de las plantas medicinales, cito:

Tratados y acuerdos internacionales que consignan el derecho de la población al aprovechamiento de las plantas medicinales.

Declaración de ALMA-ATTA. Sobre Atención Primaria de Salud, Alma-Ata, Kazajistán, URSS: 1978

Resolución de la 56a asamblea mundial de la salud WHA56.31: 2003

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas: 2007

Por otro lado para llevar a cabo el proceso de farmacovigilancia existe una metodología consignada en la ley antes mencionada y en las normas internacionales como las Pautas Generales para las Metodologías de Investigación y Evaluación de la medicina tradicional publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mismas que tienen como premisa el conocimiento de evidencias médicas y farmacológicas.

No obstante lo anterior, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) presenta lineamientos que le permiten ejercer la farmacovigilancia en el caso de la comercialización de productos derivados de la herbolaría que están trazados por el flujograma del mapa de procesos, el cual indica que son imprescindibles tres fases iniciales:

1. Evidencia del riesgo: en esta etapa se recopila y registra información.

2. Análisis del riesgo: esta fase se identifica, evalúa y cuantifica.

3. Gestión de riesgos: se vierten la opinión de medidas administrativas regulatorias y no regulatorias y se comunica el riesgo

4

De tal manera que resulta indispensable contar con estas evidencias, para posteriormente proceder a la prohibición del uso de recursos biológicos medicinales que han sido empleados históricamente por la población para enfrentar el proceso de salud-enfermedad.

En el caso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) expidió el 15 de diciembre de 1999 el acuerdo por el que se determinan las plantas prohibidas o permitidas para tés, infusiones, aceites vegetales comestibles y suplementos alimenticios, prohibiendo el uso de más de 200 plantas, sin tener las bases científicas para llegar a dicha conclusión, generando un impacto económico negativo en la botánica médica, que genera recursos financieros en múltiples estratos de la sociedad, donde involucra a recolectores, agricultores, acopiadores, comerciantes, transportistas, agroindustriales, farmacéuticos, académicos, científicos, médicos, enfermeras, terapeutas, curanderos, pacientes, entre otros. Es decir, toda una colectividad es partícipe en la cadena productiva plantas medicinales.

Como ejemplo, en la República Mexicana se cultivan 36 plantas curativas que representan el 9% del total de las especies medicinales que se expenden en el mercado nacional. La producción se realiza en 18 estados de la república mexicana, destinando un área de 13,200 hectáreas. En los últimos veinte años se ha incrementado el cultivo de plantas medicinales en más de 800%, donde la derrama económica del cultivo representa valores superiores a 600 millones de pesos, generando más de medio millón de jornales.

Ante el errático y deficiente comportamiento de la política económica y monetaria del país, no podemos generar normas de estricto cumplimiento que contravengan las leyes nacionales e internacionales como es el caso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

En otras palabras, en lo referente a las plantas medicinales no se cuenta con esta información, ya que la Secretaría de Salud y la Cofepris, no poseen documentos de toxicología ni estadísticas de los efectos nocivos de las plantas que impiden su comercialización, de tal manera que no hay precisión sobre los cimientos que sustentan la prohibición, ya que sí no existe la evidencia del riesgo y la cuantificación del riesgo, se desconoce contra qué se está protegiendo a la población. Es decir, se realiza una intervención prohibitiva sobre el patrimonio público sin demostrar el efecto nocivo sobre la sociedad.

En ese sentido, es de exhortar al Departamento de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud y al Comisionado Federal de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios permitan conocer a la opinión pública y a la cadena productiva de plantas para tés, infusiones, aceites vegetales comestibles y suplementos alimenticios las bases científicas, documentos de toxicología y estadísticas de los efectos nocivos de las plantas de las que impiden su comercialización a través de los operativos de farmacovigilancia y hasta en tanto se abstengan de realizar dichos operativos en perjuicio del sector, ya que al no existir dicha información los mimos se encuentran indebidamente fundados y motivados siendo contrarios a derecho.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de ésta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Único: S e exhorta al Departamento de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud y al comisionado federal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios permitan conocer a la opinión pública y a la cadena productiva de plantas para tés, infusiones, aceites vegetales comestibles y suplementos alimenticios las bases científicas, documentos de toxicología y estadísticas de los efectos nocivos de las plantas de las que impiden su comercialización a través de los operativos de farmacovigilancia y hasta en tanto se abstengan de realizar dichos operativos en perjuicio del sector.

Notas

1 Artículo científico: Conocimiento y uso de las plantas medicinales en la zona metropolitana de Guadalajara. Se puede consultar en http://www.scielo.org.mx/pdf/desacatos/n39/n39a3.pdf

2 Algunos documentos son: WHO monographs on selected medicinal plant, Journal of Ethnopharmacology, Journal of Medicinal Plants Research, Asociaciones de Fitoterapia de España, Argentina, México y de Iberoamérica.

3 http://pueblosindigenas.bvsp.org.bo/php/level.php?lang= es&component=50&item=3

4 http://www.cofepris.gob.mx/AZ/Paginas/Farmacovigilancia /Flujograma.aspx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.

Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH a realizar una evaluación nacional sobre el uso de la imagen de pacientes con cáncer por organizaciones no gubernamentales, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Marbella Toledo Ibarra, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El cáncer es un padecimiento de alta incidencia en nuestro país y se ubica como la tercera causa de muerte, sólo después de la diabetes y de las enfermedades hipertensivas.

De acuerdo con las estadísticas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el número absoluto de defunciones por cáncer se incrementó, entre los años 2004 y 2013, en casi 20%, al haber pasado de 64 mil 333 en el primer año de referencia, a una suma de 78 mil 582 en 2013, en el que se llegó al récord histórico en el número absoluto de defunciones anuales por tumores (neoplasias).

De acuerdo con los registros del Inegi, en el periodo de los diez años señalados, han fallecido 718 mil 424 personas a causa del cáncer, de las cuales en 351 mil 923 casos se trató de personas del sexo masculino; mientras que en 366 mil 458 se trató de casos de mujeres.

En términos relativos las defunciones por cáncer representaron, en promedio, en los diez años considerados, 13.1% del total; desagregado por sexo, del total de defunciones de hombres en el periodo considerado, 11.5% fueron causadas por el cáncer, mientras que entre las mujeres, el porcentaje es de 15.1%.

Esta “sobre-mortalidad” femenina se debe, en parte, a que las mujeres son mayoría demográfica en el país, pero también a la carga de la mortalidad que tienen en particular dos tipos de cáncer: en primer lugar el cáncer de mama, el cual en más de 95% de los casos de defunciones corresponde a mujeres, y el cáncer de cérvix; ambos, como ya se señaló, causas de mortalidad en exceso evitable.

Ante estas alarmantes cifras, se vuelve cada vez más evidente la necesidad de implementar campañas de difusión y concientización entre la ciudadanía, para que los tipos de cánceres que pueden ser prevenidos lo sean en efecto, o su detección y tratamiento pueda ser oportuna.

Sin embargo, el respeto a la dignidad de las personas con cáncer desde una perspectiva de los derechos humanos, implica reconocer que son merecedoras de un espacio en el que puedan asumir el poder sobre sus propias vidas y participar de forma plena en la vida política, económica, social y cultural de su comunidad, a través de un verdadero proceso de equiparación de oportunidades, que es aquel mediante el cual el sistema general de la sociedad es inclusivo para todas y todos, mediante la eliminación de barreras mentales, sociales, físicas, cognitivas y de la comunicación, etc., de acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Conforme a declaraciones del doctor Armando Tonatiuh Ávila García, coordinador académico del XVII Congreso Internacional Avances en Medicina (CIAM 2015), más de 85 % de quienes padecen cáncer pueden tener algún tipo de discapacidad,1 misma que dependerá de las causas y etapa del cáncer que sufra cada paciente.

Desde su entrada en vigor en 2008, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad representa el instrumento que otorga mayor protección a este sector de la población, mismo que surge con la finalidad de romper con el modelo médico, caritativo y asistencialista que se tenía hasta ese momento de la discapacidad, para suponer la oportunidad de reeducar a toda la sociedad en la aceptación de la diversidad y la verdadera inclusión de todas las personas en condiciones de igualdad reales.

En este sentido, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas emitió el 3 de octubre de 2014, sus Observaciones finales sobre el informe inicial de México, tras la examinación a nuestro país los días 16 y 17 de septiembre, en materia de atención a las personas con discapacidad.

En un documento de 12 páginas que incluye 67 recomendaciones al gobierno federal, cabe resaltar el numeral 16, en donde el Comité considera preocupante “que buena parte de los recursos para la rehabilitación de las personas con discapacidad del Estado Parte sean objeto de administración en un ente privado como Teletón. Además, observa que dicha campaña promueve estereotipos de las personas con discapacidad como sujetos de caridad.”

Esta recomendación es aplicable en toda su extensión a las organizaciones dedicadas a apoyar a las personas que padecen cáncer, mismas que con frecuencia recurren a estereotipar la enfermedad para promover que las enfermas y enfermos sean considerados sujetos de caridad, a fin de obtener apoyo económico para las propias organizaciones.

Tal como el Comité lo ha recomendado, es necesario que se establezca una distinción clara entre el carácter privado de las campañas de las organizaciones y las obligaciones del Estado respecto a la rehabilitación de las personas que padecen cáncer o discapacidad.

Debido a que las campañas en medios son de suma importancia para ese tipo de organizaciones, es importante reconocer que “los medios reflejan la sociedad. Las personas con discapacidad son parte de la sociedad.”2

Las personas con algún padecimiento de salud o discapacidad han sido históricamente excluidas y discriminadas, por lo que se requiere que los medios abonen a una nueva cultura abierta e inclusiva mediante el trato profesional de una noticia o imagen relacionada con las personas con discapacidad, teniendo presente que son parte de la sociedad y, por lo tanto, deben ser reflejadas como tal.

Incorporar la imagen de las personas que padecen cáncer o alguna discapacidad como secuela debe hacerse como un elemento más del contexto cotidiano de la sociedad, reforzando el valor de una visión inclusiva y de pleno derecho a las personas.

En efecto, es necesario visibilizar las enfermedades, sobre todo cuando se desea promover la atención oportuna del cáncer, sin que la enfermedad absorba toda la atención y termine siendo el parámetro que defina a la persona. Tal como ser mujer, hombre o migrante no determina quién es la persona, el cáncer y la discapacidad tampoco.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que, en el ámbito de sus facultades, gire instrucciones para la realización de una evaluación nacional sobre el uso de la imagen de pacientes con cáncer por parte de organizaciones no gubernamentales, a fin de emitir los reglamentos correspondientes o las recomendaciones que así procedan a las autoridades competentes.

Notas

1 Información disponible en el enlace http://www.udg.mx/es/noticia/el-cancer-es-precursor-de-algun-tipo-de-di scapacidad

2 Información disponible en el enlace: http://www.cermi.es/es-ES/Biblioteca/Lists/
Publicaciones/Attachments/249/Folleto%20Discapadid.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cinco días del mes de abril de dos mil dieciséis.

Diputada Marbella Toledo Ibarra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa, la SEP y la Sedesol a promover una estrategia conjunta para prevenir, tratar, controlar, detener y combatir el avance de la obesidad y el sobrepeso infantiles, a cargo de la diputada Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Yarith Tannos Cruz, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del estado de Oaxaca en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y IV; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una alimentación y nutrición adecuada son la base para la supervivencia, la salud y el crecimiento del ser humano. La desnutrición a largo plazo tiene efectos negativos sobre el desarrollo cognoscitivo y motor, la inmunidad y tal vez la incidencia de enfermedades crónicas degenerativas. En México, 1.5 millones de niños la padecen y es más prevalente en la región sur (19.2 por ciento) así como en las zonas con población indígena.

La desnutrición infantil tiene orígenes complejos que involucran determinantes biológicos, socioeconómicos y culturales. Sus causas inmediatas incluyen la alimentación inadecuada en cantidad o calidad, la incidencia de enfermedades infecciosas y el cuidado impropio del niño, del cual depende su adecuada alimentación y salud. Éstas son, a su vez, el resultado de una inapropiada disponibilidad de alimentos, de servicios de salud, de educación, así como de una infraestructura sanitaria deficiente. Asimismo, éstas, a su vez, son consecuencia de inequidad en la distribución de recursos, servicios, riqueza y oportunidades.

A pesar de que en los últimos 20 años en México se ha observado una disminución en los diferentes tipos de desnutrición infantil, la prevalencia de baja talla continúa siendo un grave problema de salud pública en menores de cinco años de edad. Actualmente en México, 1.5 millones de niños de esta edad (13.6 por ciento) sufren de desnutrición crónica (baja talla para la edad). Ésta, evaluada por indicadores como bajo peso para la edad, se ubica en 2.8 por ciento; es decir, 280,000 niños la padecen.

Por su parte, el sobrepeso y la obesidad son uno de los problemas de mayor peso en la carga de enfermedad, el origen de la obesidad, en términos de la causa más inmediata, se atribuye a un desbalance que resulta de un consumo de energía mayor a la gastada por el organismo durante un periodo de tiempo prolongado. Se trata de un desequilibrio entre el consumo y el gasto que genera un exceso de energía residual en el organismo y se almacena en forma de grasa.

Tanto en México y Estados Unidos se cuenta con el mayor índice de obesidad mundial en adultos en comparación con países como Corea y Japón. También nuestro país ocupa el cuarto lugar en obesidad infantil y el décimo en diabetes mellitus, de la cual se ha estimado que para el año 2030 tendrá desafortunadamente el séptimo lugar.

Sin embargo, el origen de este desequilibrio y, por ende el de la obesidad infantil, tiene como explicación una cadena causal mucho más compleja que la simple debilidad o glotonería individual. En esta cadena causal se incluyen factores diversos, muchos de ellos, si no es que la mayoría, fuera del control o de la responsabilidad directa de los menores que la padecen. En tanto la obesidad tiene implicaciones negativas sobre la salud de las personas y externalidades considerables que podrían poner en riesgo la viabilidad financiera del sistema de medicina pública, se considera indispensable la participación del estado con políticas públicas y sus programas para atender este grave problema.

Podemos afirmar que la obesidad infantil es un problema social que tiene repercusiones negativas muy importantes sobre las personas, los sistemas de salud y el sector económico nacional. Es también causa de sufrimiento y está ligado directamente a pérdida de salud, pérdida de la calidad de vida, así como a enfermedades graves y muerte prematura. La obesidad infantil disminuye la esperanza y la calidad de vida de las personas que la padecen y se asocia a estigma, discriminación social y mayor pobreza.

La obesidad infantil es causa y consecuencia de la pobreza en la que se encuentran las familias de escasos recursos, que se desenvuelven en ambientes obesogénicos que difícilmente pueden modificar con los recursos económicos y educativos con que cuentan millones de familias. A este tenor su condición de pobreza se agrava, por un lado, al sufrir los gastos catastróficos que producen las enfermedades asociadas a la obesidad, y por otro, la pérdida de productividad por los días laborales perdidos.

La obesidad infantil, por lo tanto, es una causa importante de inequidad en el país, su prevención y tratamiento, aunque probadamente difíciles de lograr, producen enormes beneficios tanto para los sistemas de salud como para los niños que la padecen.

El control de la obesidad infantil requiere de una respuesta integral, multisectorial e interdisciplinaria, requiere de acciones colectivas y de políticas públicas que habiliten a las personas y grupos sociales a prevenir su aparición y facilitar su tratamiento y control. Es urgente renovar las acciones de política pública para que promuevan en los ámbitos social e individual un mejor resultado de lo que hasta ahora se ha logrado en México en el control de este importante problema de salud pública. En este contexto, el Estado mexicano debe ejercer liderazgo y dar certeza con una política que aborde en todo el país la problemática de la obesidad en los niños.

Considerando que la obesidad infantil es una epidemia global y un asunto de salud pública, se ha convertido en un problema emergente para el Estado mexicano de difícil solución y atención.

Se debe garantizar el derecho a la protección de la salud o el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, para lo cual se necesita regular más puntualmente la publicidad dirigida a menores, el etiquetado de alimentos, la composición nutrimental de los alimentos, entre otros. Hay 10 millones más de niños con sobrepeso ahora que en 1990; la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que de no atenderse, se reducirá la esperanza de vida de las personas.

Por lo que, de acuerdo con el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), establece que la obesidad entre niños de menos de cinco años ha alcanzado niveles “alarmantes” a nivel mundial, las causas que explican la obesidad infantil son factores biológicos, un acceso inadecuado a comida sana, una menor actividad física en las escuelas y la desregulación del mercado de alimentos grasos.

Pero al cabo de dos años de investigación en más de cien países, los autores del informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) destacan que los gobiernos y los organismos de salud son fundamentales para atajar la situación. Si no se afronta con seriedad el problema, “la epidemia de obesidad infantil podría revertir muchos de los beneficios para la salud que han contribuido al aumento de la longevidad observado en el mundo”.

Como sabemos, en el año 2013, el gobierno federal lanzó una iniciativa para articular las políticas para el combate a la obesidad. Entre las acciones que se incluyen en la Estrategia Nacional para el Combate contra el Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, destacan:

• Reconocimiento de la emergencia sanitaria y definición de responsabilidades

• Creación del Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles (OMENT)

• Impuestos a bebidas azucaradas y alimentos de alto contenido calórico

• Análisis de la calidad de la atención médica

• Algunas acciones para activación física

• Lineamientos para venta y distribución de alimentos y bebidas en escuelas

• Límites a publicidad infantil de alimentos y bebidas

• Presupuesto para instalación de bebederos en escuelas

• Aprobación de un acuerdo para el etiquetado frontal y el distintivo nutrimental

Sin embargo, los malos hábitos a los que estamos acostumbrados y la magnitud de esta enfermedad, que sin duda no hemos entendido que es más grave de lo que pensamos, echan por la borda todo el trabajo y estudios que se han hecho para combatir esta epidemia. Se necesita un trabajo extra por parte de los tres niveles de gobierno para implementar políticas que coadyuven a aminorar esta enfermedad que cada día está costando mucho más dinero del que se podría invertir en estrategias.

Funcionarios a nivel federal, estatal y local han implementado estrategias insuficientes para combatir el problema de la obesidad. Algunas instituciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) hicieron un llamado a las autoridades mexicanas a considerar el problema del sobrepeso infantil como una emergencia nacional.

Sin embargo, esas recomendaciones no se han aplicado de forma apropiada. El resultado es que el número de niños con sobrepeso ha pasado de 31 millones a 41 millones entre 1990 y 2014. “Hasta ahora, los avances en la lucha contra la obesidad infantil han sido lentos e irregulares”, indican los miembros de la Comisión de la Organización Mundial de la Salud de acuerdo al informe sobre el fin de la obesidad infantil.

Según los autores del informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen dos procesos biológicos que exponen a un niño a la obesidad. El primero, llamado “desfase”, resulta de una malnutrición durante el embarazo y los primeros meses de vida, que puede tener un impacto en las funciones genéticas y hacer que el niño sea más proclive a sufrir sobrepeso más adelante. El segundo proceso, llamado “de desarrollo”, puede ocurrir cuando la madre embarazada es obesa o padece diabetes. Esto “predispone al niño a un exceso de grasa asociado a problemas de metabolismo y a la obesidad”.

No se debe subestimar la posibilidad de padecer alguna enfermedad nutricional, ya que de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (Ssa), dos de cada tres muertes en México ocurren por falta de prevención, la obesidad, los hábitos alimenticios poco saludables y la falta de ejercicio ocasionan 32 por ciento de las muertes de mujeres y 20 por ciento de hombres en el país, de acuerdo con la secretaría.

Aunado a todo esto, de acuerdo con el informe oficial de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano fiscalizador de los recursos públicos, revisó el cumplimiento de los objetivos y las metas de la estrategia denominada Cruzada Nacional contra el Hambre y encontró que las deficiencias en su implementación no garantizan que se hubiera disminuido el número de personas en esa condición.

Por lo que, en México 46.2 por ciento de su población (55.3 millones) vive en la pobreza, y de este porcentaje 20.6 por ciento se encuentra en pobreza extrema. Del total, unos siete millones de personas enfrentan un panorama más fatalista: están en condición de pobreza extrema alimentaria. Es decir, cuentan con un ingreso que no les permite obtener una canasta básica al mes y enfrentan tres o más carencias sociales, entre las que se incluye el acceso a la alimentación, estos siete millones son la población objetivo del programa federal.

Asimismo, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) el gobierno federal reconoció que el hambre es “la expresión más lacerante de la pobreza y es ocasionada por la falta de acceso a la alimentación, debido a la falta de ingresos económicos”, y para atender dicha problemática, en el año 2013 se instrumentó la Cruzada contra el Hambre en todo el país que buscaba principalmente “garantizar el derecho de toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”.

La estrategia consistía en unir esfuerzos y recursos de los ámbitos público, privado y social para erradicar esta problemática, y en una primera etapa operó en 405 municipios del territorio mexicano, y en la segunda en mil 12, sin embargo, los resultados no fueron muy alentadores. Se encontró que hubo una incorrecta coordinación de acciones, por lo que la Comisión de la Cruzada Nacional informó que implementó 64 programas presupuestarios, pero se identificó que solamente 55 implementaron acciones, sin explicar por qué los otros nueve no llevaron a cabo ninguna obra. Desafortunadamente, tampoco se pudo asegurar que las 79 acciones implementadas por los programas estuvieran dirigidas a la población objetivo, ya que sólo se cuantificó el total de la población atendida, sin precisar su condición de pobreza extrema alimentaria.

El órgano fiscalizador también concluyó que de los siete indicadores que definió la dependencia en el año 2014 para evaluar el mejoramiento del ingreso y la atención de las carencias sociales de la población en pobreza extrema alimentaria, no se definió metas, ni acreditó sus resultados. Por lo que, ante este problema la ASF recomendó que se perfeccione el diseño de la Cruzada contra el Hambre, y se focalice con precisión a su población objetivo, y se coordinen las acciones de los programas implementados para abatir la condición de pobreza extrema alimentaria, ya que como sabemos no es la primera vez que el programa de la Secretaría de Desarrollo Social presenta deficiencias.

En general, la ASF en dicho informe advirtió que las acciones no ayudaron a alcanzar los objetivos de garantizar a las personas una vida digna, con alimentación suficiente y de calidad ni a estar protegidas contra el hambre. Tampoco se adoptaron las mejores prácticas ni las medidas necesarias que aseguraran la posibilidad de impactar de manera positiva en los 400 municipios con pobreza extrema que fueron seleccionados para el programa federal.

Por lo que es necesario fortalecer las instituciones públicas y su credibilidad para que contribuyan a obtener un mayor respaldo de la sociedad a las políticas fiscales, lo que permita una mejor y mayor recaudación y reducir la evasión fiscal, ya que, mientras la población perciba que el uso de los recursos públicos es el apropiado, es más probable que esté dispuesta a aceptar esta política. Sin embargo, cuando estas condiciones no se cumplen, es preferible elegir políticas de atención a la población, campañas de educación e información o la legislación en conjunto a la política fiscal.

Es entonces, que es importante establecer mecanismos eficientes y ágiles que faciliten la colaboración intersectorial y transectorial, así como una adecuada rendición de cuentas.

Existe un desnivel socioeconómico en la distribución del gasto en alimentos y bebidas no saludables. La población más pobre y en desventaja social, que vive en áreas rurales, posee menor educación presenta una mayor proporción del gasto de alimentos destinado a bebidas calóricas no alcohólicas, aceites y grasas, y azúcares y mieles, según la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2010

Esta situación genera en esta población una mayor desventaja social frente a la población con mayor riqueza debido a que aumenta su riesgo de adquirir enfermedades crónicas, cuyo tratamiento puede desencadenar gastos catastróficos. Como uno de los objetivos del sistema de salud es buscar la equidad, la acción del gobierno en esta área es ineludible.

La modificación de patrones de alimentación y de actividad física requiere la participación y el compromiso de múltiples secretarías de estado y de distintos órdenes de gobierno, de diferentes industrias y de las organizaciones de la sociedad civil, pero sin mecanismos eficientes de coordinación las políticas públicas al respecto enfrentarán barreras importantes.

La obesidad infantil entre las consecuencias que tiene en la salud y en su desarrollo, se encuentra que está asociada causalmente con pérdida de la salud; es un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedades cardiovasculares (especialmente la cardiopatía isquémica y los infartos cerebrales), enfermedades osteoarticulares, ciertos tipos de cáncer como el de mama, próstata y colon, apnea del sueño y varias otras enfermedades.

Además, la obesidad es causa de estigma social y en ciertas sociedades se asocia con menor ingreso laboral, especialmente entre las mujeres. Los costos elevados directos e indirectos de la obesidad, así como los efectos de éstas, que aumentan la demanda de servicios de salud, imponen la necesidad urgente de actuar con base en la mejor evidencia científica disponible para su prevención y control.

Los efectos económicos de la obesidad han sido estimados por investigadores de la Unidad de Análisis Económico (UAE) de la Secretaría de Salud. La externalidad financiera medida a través del costo indirecto por pérdida de productividad se estimó para 2008 en 25 mil millones de pesos. La suma total estimada de los costos directos e indirectos para 2008 fue de 67 mil millones de pesos. Para el año 2017 se estima que el costo directo fluctúe entre 78 mil millones y 101 mil millones de pesos de 2008 y el indirecto podría fluctuar entre 73 mil millones y 101 mil millones de pesos de 2017, si las medidas adoptadas actualmente por el gobierno no surten un impacto significativo.

Es entonces que podemos afirmar que la obesidad infantil es un problema social que tiene repercusiones negativas muy importantes sobre las personas, en los sistemas de salud y el sector económico nacional. Es también causa de sufrimiento y está ligado directamente a pérdida de salud, pérdida de la calidad de vida, así como a enfermedades graves y muerte prematura, la obesidad es entonces una causa importante de inequidad en el país.

Los efectos adversos de la obesidad infantil implican un elevado gasto en la atención de estas consecuencias de la obesidad en la salud, distrayendo recursos que podrían utilizarse en políticas de desarrollo económico y social. De modo que la obesidad infantil no sólo tiene efectos adversos en la salud, sino en el desarrollo económico y social de todos los mexicanos.

Toda vez que la obesidad es una epidemia global y un dilema de salud pública, se ha convertido en un problema emergente de difícil solución y atención para el Estado mexicano. El derecho como un determinante estructural para mantener la salud y como una herramienta de control es considerado imprescindible para la generación de políticas públicas efectivas que se transformen en resultados para los ciudadanos.

Mediante la regulación se deberán generar tanto la infraestructura normativa necesaria para obtener el mejor resultado de la política pública que en materia de obesidad se decida aplicar, como las formas de posibilitarla financieramente e incentivar su cumplimento. En este sentido se debe entender la regulación como un instrumento para asegurar un buen desempeño del estado para garantizar los derechos fundamentales y así empoderar a los ciudadanos y las comunidades a fin de responsabilizarse de su salud en un ambiente que no promueva la obesidad y que ofrezca mejores oportunidades para la adopción de estilos de vida saludables.

Su prevención y tratamiento, aunque probadamente difíciles de lograr, producen enormes beneficios tanto para los sistemas de salud como para los niños que la padecen.

Del análisis del presente exhorto se desprende la necesidad urgente de una acción gubernamental coordinada, que provea de liderazgo, financiamiento y dirección para lograr una agenda de acción que mejore e integre la participación multisectorial y que establezca los mecanismos para lograr una participación, coordinación de acciones y la evaluación de las mismas. En este contexto se considera de vital importancia incluir las acciones legislativas y normativas necesarias con el objetivo común de crear un ambiente que favorezca la elección de comportamientos saludables relacionados con la actividad física y la alimentación.

Asimismo, en este exhorto se hace énfasis ante la gravedad de este problema de salud pública, es necesario contar con acciones jurídicamente bien elaboradas, con el objetivo definido y adecuadamente coordinadas entre sí para lograr las acciones que se diseñen para prevenir y controlar el problema antes señalado serán más efectivas si se encuentran bien instrumentadas jurídicamente en cualquiera de los ámbitos de aplicación, ya sea federal, estatal o municipal, y de esta forma coadyuvar a controlar la epidemia de la obesidad infantil que enfrenta actualmente México.

Sólo de esta manera nuestro quehacer legislativo puede ser realmente una herramienta de gran utilidad para la salud pública de los niños y niñas y de los millones de mexicanos que la padecen, de lo contrario se realizaría un esfuerzo de impacto que no será perceptible en la aplicación de las políticas públicas.

Debemos contar con entornos que faciliten la elección de comportamientos saludables; poder elegir con la información correcta y veraz, tener las herramientas del alfabetismo nutricional y actuar bajo la influencia de una publicidad que no entregue mensajes engañosos que contravengan una alimentación balanceada y saludable para los niños, y la posibilidad de obtener atención médica en caso de requerirla son algunos de los aspectos imprescindibles de las sociedades que gozan de un alto grado de empoderamiento en relación con la exigibilidad del derecho a la salud. En otros términos, la promoción y la protección del derecho a la salud deben incluir acciones específicas por parte del estado encaminadas a prevenir y controlar, en este caso en particular, la epidemia de obesidad infantil.

Este derecho a la salud en México está contenido dentro de los llamados derechos sociales, en el artículo 4o. constitucional, y establece que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”. Después de la reforma de nuestra Constitución del 10 de junio de 2011 sobre derechos humanos es importante analizar el derecho a la protección de la salud a la luz del artículo 1o. constitucional, en donde se establece la obligación del Estado mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la propia Carta Magna y los tratados internacionales.

Sin embargo, el presente exhorto, no pretende analizar la exigibilidad judicial del derecho a la protección de la salud en el contexto de la epidemia de obesidad, sólo en relación con la política pública orientada a combatir este problema.

Las autoridades responsables de diseñar la política pública deberán considerar que los estados tienen la obligación de “respetar, proteger y hacer efectivos” los derechos humanos; eso significa, en primer lugar , que el estado no debe privar a nadie del acceso al derecho a la salud y debe participar activamente para su cumplimiento; en segundo lugar , que debe impedir que nadie sea privado de dicho acceso o que terceros puedan llevar a cabo acciones que pongan en riesgo la salud; en tercer lugar , que cuando alguien carezca del derecho a la salud, el estado debe garantizar y tomar acciones para asegurar esta prerrogativa. Para cumplir con estas tres funciones, los estados deberán diseñar y poner en marcha leyes y políticas públicas específicas que coadyuven a que sus ciudadanos puedan gozar y hacer efectivos sus derechos.

Se entiende que la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, la aplicación de las políticas públicas y el diseño requerido de los sistemas de salud son acciones necesarias que el estado tiene que implementar para lograr sus objetivos en relación con la epidemia aquí expuesta.

Se debe de buscar en los acuerdos de coordinación, entre otros puntos, que el presupuesto específico otorgado por el gobierno federal a las entidades federativas para llevar a cabo acciones específicas sobre el tema de obesidad infantil, se busque lograr el cabal cumplimiento de dicho presupuesto en relación con los programas, para este tema en particular, los destinados a combatir el hambre, la pobreza, con la finalidad de coadyuvar en el control y prevención de la obesidad infantil, concretando jurídicamente los objetivos planteados en el propio acuerdo para hacerlos tangibles, comprobables y exigibles.

Al elaborar estas políticas públicas en general y con mayor énfasis en aquellas que pretendan aplicarse para promover la salud de los niños y las niñas, estas acciones son instrumentos muy valiosos que pueden ser usadas tanto en el ámbito federal como en el estatal para coadyuvar a controlar la epidemia de obesidad infantil que enfrenta nuestro país.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Desarrollo Social, para continuar promoviendo que se revisen y fortalezcan las políticas públicas que hasta el momento han instaurado para el combate de la obesidad infantil para una estrategia conjunta a fin de prevenir, tratar, controlar, detener y combatir el avance en la obesidad y sobrepeso infantil.

Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social, para reforzar las acciones instrumentadas para transparentar y garantizar el acceso a la alimentación y a los demás derechos sociales de los siete millones de personas que se encuentran en pobreza extrema alimentaria.

Tercero. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Desarrollo Social, para que respectivamente en el ámbito de sus competencias, refuercen las campañas de promoción y protección del derecho a la salud encaminadas a prevenir y controlar, en este caso en particular, la epidemia de obesidad infantil, sin estimarse que los mismos representen un impacto presupuestario para el cumplimiento y seguimiento de este exhorto que se está efectuando a estos organismos.

Fuentes consultadas

1 Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica. México: Secretaría de Salud/Secretaría de Educación Pública [en línea], 2010 [consultado el 22 de junio de 2011]. Disponible en: http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/635/1/images/acuerdo_li n.pdf.

2 El poder del consumidor, consultado el 9 de junio de 2011. Disponible en http://www.elpoderdelconsumidor.org/inicio-bis.html.

3 Gutiérrez, C., V. Guajardo y F. Álvarez Del Río, “Costo de la obesidad: Las fallas del mercado y las políticas públicas de prevención y control de la obesidad en México. Capítulo 11”, En: Rivera Dommarco, J.A., et al., Obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado, México: UNAM, 2012.

4 Jiménez, A., C. Aguilar, R. Rojas y M. Hernández, “Diabetes mellitus tipo 2 y frecuencia de acciones para su prevención y control”, Salud Pública de México, 55(Supl. 2), 2013, S137-S143.

5 Juan Ángel Rivera Dommarco, coordinador, Obesidad en México, Recomendaciones para una política de Estado, Academia Nacional de Medicina de México, la Academia Mexicana de Cirugía, la Academia Mexicana de Pediatría, el Instituto Nacional de Salud Pública y la Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, 30 de junio de 2013, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México, D. F.

6 OMS, 2012. Obesidad y sobrepeso [en línea]:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/index.html [Consulta: marzo de 2016].

7 Organización Mundial de la Salud 2011 [en línea]:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/index.html [Consulta: marzo 2016].

8 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). “ObesityUpdate”, 2012:
www.oecd.org/dataoecd/1/61/49716427.pdf [Consulta: marzo de 2016].

9 Presidencia de la República, Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2013.

10 RIVERA, J. et al., “Desnutrición crónica en México en el último cuarto de siglo: análisis de cuatro encuestas nacionales”, Salud Pública de México, México, 2013, Vol. 55, núm. 2, pp. S 161-S169.

11 Secretaría de Salud. Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria: Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad. México: Secretaría de Salud, 2011.

12 Teresa Shamah Levy, Maritza Alejandra Amaya Castellanos, Lucia Cuevas Nasu, Desnutrición y obesidad: doble carga en México, Revista Digital Universitaria ISSN: 1607 – 6079, 01 de mayo de 2015 | Vol. 16 | Núm. 5 | ISSN 1607 – 6079, Publicación mensual, Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación – UNAM, Departamento de Acervos Digitales consultado por última vez el 13 de marzo del 2016 en; http://www.revista.unam.mx/vol.16/num5/art34/

13. Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, Secretaría de Desarrollo Social Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre, Auditoría de Desempeño: 13-0-20100-07-0275, Grupo Funcional Desarrollo Social, consultado ultima vez el 13 de marzo del 2016,

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/ Auditorias/2013_0275_a.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.

Diputada Yarith Tannos Cruz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a informar sobre las causas del subejercicio en el programa Escuelas de Tiempo Completo durante el ejercicio fiscal de 2014, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal Omar Ortega Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIII del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente “proposición con punto de acuerdo”, bajo las siguientes

Consideraciones

El Programa de Escuelas de Tiempo Completo inició operaciones en 2007 por iniciativa del entonces Presidente de la República Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, con el propósito de establecer escuelas con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural. El funcionamiento del Programa aún se encuentra vigente hasta el ejercicio fiscal 2016.

Cabe destacar que entre las Reglas de operación de éste, se prevé que en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria, se impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos del alumnado.

Dicho programa se fundamenta en las observaciones realizadas por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). En cuanto a la calidad de la educación, la premisa que dictan es la siguiente: ampliar las horas de clase y los tiempos de enseñanza facilitan el fortalecimiento de la calidad educativa, elevando los niveles de conocimiento y desempeño del alumnado.

Los tres organismos internacionales identifican y comparten que los puntos de referencia claves para mejorar la calidad de la educación en México son: la duración de la jornada escolar, el número de días de trabajo efectivo del calendario escolar anual, el uso efectivo del tiempo escolar en actividades con sentido educativo, así como el reconocimiento de las necesidades sociales relacionadas con los diversos cambios en la estructura familiar (madres trabajadoras, familias uniparentales, etcétera).

Operación

De conformidad con el numeral 3.4 de las Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2014, los recursos federales que transfirió la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el desarrollo del Programa a las entidades federativas y, en su momento al entonces Distrito Federal, se consideran subsidios, debiendo sujetarse al artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables en la materia, pudiendo constituirse en apoyos técnicos o financieros. De esta manera, éstos serían de carácter no regularizable y se entregarían a las escuelas beneficiadas por una única ocasión en el periodo correspondiente.

De los recursos transferidos para la operación del Programa, se podrá destinar hasta un 61 por ciento (sesenta y uno por ciento) de dichos recursos federales, para el pago de apoyo económico a directivos, docentes y personal de apoyo de las Escuelas de Tiempo Completo.

Los recursos para la operación e implementación de éste en el ciclo escolar 2014-2015, se marcó que corresponderán al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2014, de los cuales el 98 por ciento de los recursos se transferirán a las entidades federativas y el 2 por ciento restante se destinará a gasto de operación central.

El monto definitivo a transferir a cada entidad sería definido de acuerdo a los criterios de distribución de recursos y a la demanda, considerando criterios de equidad y subsidiariedad y a la disponibilidad financiera asignada al logro de las metas del Programa.

Desde el 2010 al 2016 se han asignado recursos públicos por 46,467.79 millones pesos para el descrito Programa Escuelas de Tiempo Completo.

Para la revisión de la Cuenta Pública 2013 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó 28 auditorías con el objetivo de fiscalizar los recursos transferidos a las entidades federativas a través del Programa, así como el cumplimiento de metas y objetivos. Entre los principales resultados destaca que

- El programa no cuenta con un marco normativo adecuado para regular sus operaciones, en virtud de que registra vacíos y ambigüedades cuya principal consecuencia es que los recursos no sean devengados de manera correcta, lo que va en detrimento de la fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.

- El control interno del programa presenta deficiencias, lo que no permite que se lleve a cabo un adecuado apoyo en su gestión y en la detección de debilidades e irregularidades.

- La mayoría de las entidades no remiten información sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos del programa, lo cual se traduce en opacidad.

- El programa no cuenta con indicadores que permitan evaluar de manera exhaustiva los avances programados.

Programa Escuelas de Tiempo Completo: Estado de México

En concatenación con lo anterior, durante el ejercicio fiscal 2014, la Federación a través de la SEP transfirió al Estado de México por medio de la Secretaria de Finanzas del Estado el monto de 787.36 millones de pesos, para el “Programa Escuelas de Tiempo Completo”.

Del 100 por ciento de los recursos transferidos, al cierre del ejercicio (31 diciembre 2014) solamente se habían ejercido 289.34 millones de pesos (menos del 50 por ciento ).1 A la fecha no se realizaron los reintegros correspondientes a la Tesorería de la Federación (Tesofe) por los recursos no erogados y por los rendimientos financieros, 498.02 millones de pesos parte de las transferencias que no se ejercieron y 5.79 millones de pesos de los rendimientos.2

Por la situación anterior, la ASF determinó un Pliego de Observaciones por un daño de 503.81 millones de pesos causados a la Hacienda Pública Federal, más los intereses que se hayan generado por no reintegrar a la Tesofe los recursos e intereses no ejercidos ni devengados al cierre del ejercicio.

De conformidad con el Informe Individual de auditoria 14-A-15000-14-0644 en el estado de México existen 14 mil 700 centros de trabajo de educación básica, de los cuales sólo el 8 por ciento; es decir, mil 176 centros, están incorporados al Programa de Escuelas de Tiempo Completo.

Del total de alumnos atendidos en el estado con el programa en referencia, el 8.2 por ciento de la matricula fue atendido, en este sentido, la información complementaria para poder corroborar esta aseveración no se encuentra dentro del Informe Individual de auditoría realizada al Gobierno del Estado de México. Según estadísticas e indicadores educativos por entidad, del Sistema Nacional de información Estadística Educativa de la SEP, el estado de México tiene un total de alumnos matriculados en educación básica de 3,070,005 alumnos, y 15 mil 376 escuelas, cantidad que, por cierto, difiere de la información presentada por la ASF.

Argumentación

Agregando a lo ya expuesto, debe recordarse que en el artículo 3o. constitucional se establece la obligatoriedad de la educación básica, así como la gratuidad de la misma. De acuerdo con este artículo, la educación básica en México comprende que los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media superior, son obligatorios.

Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad, y por lo tanto todos los habitantes del país deberían tener las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional.

La educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, es un proceso permanente de contribución al desarrollo de los individuos y al mismo tiempo a la transformación de la sociedad, además, es un factor determinante para la formación de mujeres y hombres con sentido de solidaridad social.

El artículo 51 de la Ley General de Educación precisa que la autoridad federal educativa determinará el calendario escolar aplicable a toda la República, para cada ciclo lectivo de la educación preescolar, primaria y secundaria, necesarios para cubrir los planes y programa aplicables.

La importancia de la duración de la jornada en los centros educativos, el número de días de trabajo efectivo del calendario escolar anual y el uso efectivo de ese tiempo en actividades académicas, se manifestó en la reunión realizada en Cochabamba, Bolivia, realizada como respuesta a la convocatoria de la UNESCO. En ésta se puntualizó que “aumentar el tiempo dedicado al aprendizaje teniendo como horizonte la ampliación progresiva del calendario e implementar medidas que faciliten el aprovechamiento efectivo de las horas clase, son factores que influyen directamente en la mejora de la calidad educativa”.

En este sentido es importante señalar que de acuerdo al indicador de rezago educativo por entidad federativa de la SEP 2015, el estado de México ocupa el lugar número 3 de personas analfabetas. 3 De conformidad con el Índice de Desempeño Educativo Incluyente (2009-2013) desarrollado por la organización Mexicanos Primero, tanto la educación primaria como la secundaria, mantienen niveles de desempeño que han fijado a la entidad en los últimos 10 lugares de desempeño.4

Sin duda, la educación es un derecho fundamental esencial para poder ejecutar todos los demás derechos, y es obligación del Estado (Federación, Entidades Federativas y Municipios) proporcionar servicios educativos de calidad.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea considerado para su aprobación el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados hace un respetuoso exhorto al titular del gobierno del estado de México para hacer del conocimiento público:

- El impacto en la calidad de la educación de la entidad por el subejercicio del recurso del “Programa de Escuelas de Tiempo Completo”, y el número de escuelas y alumnos a los que se dejó de beneficiar.

- Cuántas escuelas públicas de educación básica había en el Estado de México hasta el 2015, cuántos alumnos matriculados hay en las escuelas públicas de educación básica desde el 2013 hasta el 2015, y cuál es el monto total transferido con motivo “Programa Escuelas de Tiempo Completo de 2013 a 2015” y el desglose por ejercicio fiscal de tal recurso.

- Cuántas escuelas públicas de educación básica han sido beneficiadas por el Programa de Escuelas de Tiempo Completo del 2013 al 2015, y el total de alumnos beneficiados por el Programa Escuelas de Tiempo Completo hasta el 2015.

- Cuál es el motivo del no ejercicio del 100 por ciento de los recursos que fueron asignados durante el ejercicio fiscal 2014 del “Programa Escuelas de Tiempo Completo”, y qué medidas se han considerado y ejercido en contra de los servidores públicos responsables.

- Cuál es el logro educativo de las escuelas que han sido beneficiadas con el Programa Escuelas de Tiempo Completo.

- Qué es lo que sucede con las escuelas de tiempo completo que han sido beneficiadas durante un año, sin que estos apoyos tengan continuidad para el próximo año, qué indicadores tienen para medir las consecuencias o para determinar que se cumplió con la meta del apoyo.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública para hacer del conocimiento público los mecanismos para garantizar la continuidad del “Programa Escuelas de Tiempo Completo”, dado que los apoyos tienen el carácter de presupuesto no regularizable; de igual forma a hacer del conocimiento público las razones por las que éste sigue en operación, y qué medidas va a tomar o está tomando al respecto.

Notas

1 36.74 por ciento del total de la transferencia.

2 Información publicada por la ASF, Revisión de la Cuenta Pública 2014.

3 http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/Rezago_encuesta_intercensal201 5.pdf fecha de consulta 08 marzo 2016.

4 http://www.mexicanosprimero.org/images/recursos/idei/20 13/IDEI_2009-2013.pdf fecha de consulta 08 marzo 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.

Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a las irregularidades detectadas respecto al alcalde de Ajalpan, Puebla, a cargo del diputado Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Rodrigo Abdala Dartigues, Integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. Que los sucesos acontecidos el lunes 19 de octubre de 2015 colocaron al municipio de Ajalpan, Puebla, en la cúspide de la barbarie, sin justificar, el actuar de las personas que intervinieron ante el hartazgo de la población y el vacío de poder de las autoridades municipales.

II. Que desde antes de ser candidato a la presidencia municipal el ciudadano Gustavo Salomón Lara Torres fue señalado como un personaje corrupto y se expuso ante los medios que había sido detenido por fuerzas federales y salió libre.

III. Que durante tres años se promociono para presidente municipal y regaló despensas, viajes al extranjero, bandas de guerra, tractores, uniformes deportivos, amén de que en su campaña regaló dinero en efectivo, ganando de manera irregular, sin que la autoridad electoral lo investigara.

Que una vez que estando en la presidencia asignó obras sin licitación, a empresas de su propiedad, las cuales habilitó con prestanombres para no ser descubierto.

Aunado a lo anterior, se han realizado obras innecesarias, de ornato, de mala calidad, sin proyectos validados, ejecutadas por empresas de fuera del municipio, sin fomentar la economía local y sin considerar la priorización de inversión en acciones básicas de combate a la pobreza.

IV. Que el nepotismo en la administración del ayuntamiento es evidente ya que se encuentran trabajando familiares cercanos, como es el caso de la regidora de educación cuyo esposo es el tesorero municipal.

En ese mismo sentido la regidora de hacienda es esposa del contador general municipal el ciudadano Enrique Gómez Soto; el ciudadano Juan Lozano Castillo es el director de Industria y Comercio, su hermana, María del Carmen Lozano Castillo es la directora de grupos vulnerables.

V. Que por cuanto a la justicia impartida por el ayuntamiento, ésta se realiza sin apego al nuevo sistema penal acusatorio adversarial; las detenciones a personas señaladas por delito grave no son puestas a disposición de las autoridades competentes, sea el Ministerio Público del fuero común o Ministerio Público federal, solamente se realizan convenios con las autoridades menores quedando en libertad.

Este precedente es la causa de los hechos violentos de Ajalpan; ya que fomenta la impunidad.

VI. Que tan es así, que desde el inicio del mandato del ciudadano Gustavo Salomón Lara Torres, tuvo conocimiento de que el regidor de gobernación, Joel González García tiene nexos con la delincuencia organizada y hasta el día de hoy, se encuentra sujeto a un proceso penal y está encargado de la seguridad pública del municipio.

El citado regidor, el 26 de noviembre de 2015, fue detenido por el delito de posesión de arma de fuego de las prohibidas y que son reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, siendo puesto a disposición del Ministerio Público federal y, casualmente el arma tiene reporte de robo presentado por el presidente Municipal, después de los hechos acontecidos el día 19 de octubre de 2015.

VII. En un recuento de hechos podemos señalar que cuando empezó el robo de casas habitación, de negocios, de maquilas, asaltos a mano armada, secuestros, extorsiones, asesinatos, hubo un intento de linchamiento y la autoridad Municipal hizo caso omiso.

También, se mencionó que el presidente municipal, Gustavo Salomón Lara Torres, estaba de acuerdo en el robo de ganado, granjas, comercios y todo ello se volvió cotidiano.

Una maquila fue asaltada cuando embarcaban su corte y los asaltantes se llevaron hasta el vehículo; todos estos casos nunca se aclararon.

Ciudadanos y empresarios ajalpenses desesperados e indignados quisieron hablar con el presidente municipal, quien hizo caso omiso a dichas denuncias. Y como consecuencias empezaron a aparecer mantas advirtiendo a los delincuentes de que la justicia se forjaría por mano propia. Ante la negativa obtenida por las autoridades correspondientes.

El 26 de mayo de 2014 la presidencia municipal fue vandalizada en protesta por la detención de cuatro personas que se manifestaban pacíficamente por el abuso de autoridad de los elementos de tránsito.

El jueves 23 de octubre de 2014 nuevamente el palacio municipal fue saqueado y apedreado por la molestia de la ciudadanía de liberar a un delincuente que había sido detenido por los habitantes al intentar robar una iglesia de la localidad.

Los sucesos acontecidos el 19 de octubre de 2015, en donde lamentable y dolorosamente dos personas perdieron la vida, son resultado del vacío de poder de las autoridades municipales, de la desesperación de la ciudadanía ante la inseguridad.

VIII. Que el presidente municipal el ciudadano Gustavo Salomón Lara Torres es el inmediato responsable de la ingobernabilidad del municipio por lo que en un intento de liberarse de los señalamientos y de las responsabilidades forjadas en su contra, recurrió a la detención de ciudadanos ajalpenses con señalamientos dolosos y de mala fe; acrecentando el contexto de ingobernabilidad ocasionado por la impunidad y la desconfianza hacia la autoridades municipales.

Que es importante considerar al respecto la opinión del profesor Raúl Rodríguez Guillén miembro del departamento de sociología de la Universidad Autonomía Metropolitana plantel Azcapotzalco que menciona:

“Los linchamientos tienen una raíz común: la inseguridad y la ausencia de la autoridad. la imagen negativa que se tiene de la sociedad de los integrantes de las fuerzas policiacas y militares, así como de las autoridades políticas, de los jueces y ministerios públicos, lo que propicia que las personas tomen justicia por su propia mano”.

El gobernador constitucional de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas señaló el jueves 22 de octubre de 2015, al establecer el decreto de mando único para este municipio, reconociendo la situación de ingobernabilidad que prevalece, que el lunes 19 de octubre de 2015 en el municipio de Ajalpan, Puebla:

“se perdió la paz, el orden y la seguridad en los bienes e incluso la vida de 2 personas, frente a las propias autoridades municipales que se vieron rebasadas por la población”...

“Que la responsabilidad de los municipios en materia de seguridad está contemplada en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su correlativo en la constitución local, además de los artículos 211, 212, y 213 de la ley orgánica municipal y establece que el presidente municipal tiene como obligación ejercer el mando inmediato de los cuerpos de seguridad en el territorio del municipio, así como asegurar el disfrute de los bienes posesiones y derechos de las personas que se encuentren dentro del mismo”...

“es claro que las autoridades municipales de Ajalpan no cumplieron con estas obligaciones”...

Aquí es importante señalar que el decreto de mando único, con el establecimiento de la policía estatal como responsable de la seguridad del municipio; en los hechos de nada sirve a los ciudadanos del municipio de Ajalpan. La situación de inseguridad e ingobernabilidad continua, la policía estatal solo se dedica a cuidar el palacio municipal; no a otorgar seguridad a los ciudadanos.

Posterior al establecimiento del mando único la inseguridad persiste. Tres compañeros integrantes de este comité fueron agredidos a balazos mientras realizaban asambleas de información en las comunidades de este municipio que se encuentran ubicadas en la Sierra Negra de Puebla. Hubo un robo de ganado 120 borregos, el robo de un vehículo en plena cabecera municipal, un intento de asalto a mano armada y el estallamiento de un petardo en una vivienda que se encuentra a una cuadra del palacio municipal, en donde esta destacamentada la policía estatal.

Ante los trágicos hechos ocasionados por la desesperación y el miedo de un pueblo oprimido por la delincuencia se debe investigar profundamente y a fondo, castigando a los verdaderos culpables. Así como, a las autoridades municipales y estatales que no cumplieron con la responsabilidad constitucional de detener a los delincuentes a tiempo; otorgando seguridad a la población, previniendo un estallido de consecuencias funestas como los hechos ocurridos el lunes 19 de octubre de 2015.

Debemos mencionar que hemos solicitado ante el honorable Congreso del estado de Puebla, amparados en los artículos 8o. y 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Puebla la suspensión y desaparición de poderes en el municipio de Ajalpan, Puebla a la fecha no hemos obtenido respuesta alguna.

Los hechos mencionados demuestran que las autoridades municipales fueron rebasadas por la delincuencia, sin que tuvieran capacidad de otorgar seguridad a los ciudadanos, como es su responsabilidad constitucional.

El clima de temor de la población, la incapacidad manifiesta y la omisión de las autoridades municipales ocasionaron los hechos trágicos del día 19 de octubre de 2015.

El decreto de mando único solo sirvió para justificar a las autoridades estatales en su intención de legitimar un sistema de seguridad que de nada sirve a los ciudadanos del municipio de Ajalpan; Puebla ya que la situación de inseguridad e ingobernabilidad continúa.

Las autoridades municipales continúan en funciones, con el conocimiento de las autoridades estatales de la situación de inseguridad y delincuencia, mismas que se han encargado de encubrir dicha situación.

Asumiendo que la convención americana de derechos humanos de la que México forma parte, garantiza los derechos civiles y políticos de los ciudadanos mexicanos, así como, de los países firmantes de dicha convención.

El Grupo Parlamentario de Morena, tiene como compromiso combatir y denunciar la corrupción, las injusticias, el autoritarismo, los abusos del poder donde quiera y contra quien sea que se presenten.

Es nuestro deber hacer frente a la adversidad, fortalecer nuestros principios y convocar al pueblo de México a un nuevo episodio de la lucha por su dignidad.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición los siguiente:

Puntos de Acuerdo

Primero. Esta representación nacional, con pleno respeto de sus atribuciones solicita a la procuradora general de la República y al Procurador General de Justicia del Estado de Puebla, en el ámbito de sus competencias, tenga a bien investigar y perseguir los delitos del orden federal y común, de ser el caso, que se cometieron el lunes 19 de octubre de 2015 en el municipio de Ajalpan, Puebla.

Asimismo de existir averiguaciones previas o carpetas de investigación, y haga público el estado que guarda las mismas.

Segundo. Esta representación nacional, con pleno respeto de sus atribuciones, requiere a la contraloría que realice de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Puebla, tenga a bien investigar a los servidores públicos antes referidos y de que si de su actuar incurrieron en actos u omisiones establezca las sanciones administrativas a las que haya lugar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016

Diputado Rodrigo Abdala Dartigues (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a investigar la emisión de placas y engomados por organizaciones a escala nacional, a cargo del diputado Daniel Adrián Sosa Carpio, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Daniel Adrián Sosa Carpio, diputado a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La importación definitiva de vehículos se encuentra regulada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la Secretaría de Economía, siendo las mismas las responsables de velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes en relación al tema.

Se estima que en México la cantidad de vehículos que se encuentran circulando de forma ilegal se contabilizan en millones. Lo anterior ha constituido un gran negocio para diferentes organizaciones como lo son la Unión Campesina Democrática (UCD) y la Organización Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar (Onappafa). Estas organizaciones se encargan de afiliar los vehículos por un costo promedio de 3 mil pesos de acuerdo con el valor de la unidad.

Las personas que afilian sus vehículos a dichas organizaciones reciben unas placas y engomados, mismas con las que prometen poder circular de forma regular. Dado el incremento del decomiso de vehículos por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) muchos ciudadanos han optado por recurrir a dichas organizaciones como un mecanismo para “regularizar” sus vehículos.

La ilegalidad con la que circulan miles de automóviles representa un riesgo para el patrimonio de los propietarios y facilita la extorsión, en medida que el miedo a perder el vehículo permite que las autoridades cometan abusos y actos de corrupción.

En la medida que se permite la proliferación de autos sin registros y permisos adecuados, expedidos por autoridades oficiales, aumenta de manera significativa la probabilidad de que éstos sean utilizados como móviles por parte del crimen organizado. Tener un auto sin registro oficial permite a los criminales evadir a la justicia con mayor facilidad pues el rastreo adecuado del vehículo resulta imposible para las autoridades.

Asimismo, la falta de control y registro de las unidades que se importan al país evita una correcta revisión de los vehículos en cuanto a su estado y emisión de gases se refiere, pudiendo generar graves peligros para la salud y seguridad de las personas.

En el caso de Tamaulipas se calcula que circulan ilegalmente alrededor de 20 mil vehículos de procedencia extranjera. La UCD aglutina al mayor número de “beneficiados” puesto que agrupa alrededor de 17 mil vehículos, mientras que la Onappafa tiene en sus registros a un poco más de 2 mil 700 unidades.

En Ciudad Victoria, la Onappafa y la UCD se promocionan como opciones para regularizar los automóviles de procedencia estadounidense, y tan sólo basta ser parte de alguna de ellas para circular sin ser molestados. Los documentos que expiden dichas organizaciones carecen de toda validez oficial ya que no provienen de una autoridad legalmente constituida.

Según declaraciones de los líderes de las organizaciones antes mencionadas, la razón por la que los propietarios de vehículos pueden circular sin problema alguna, es que tanto la Onappafa como la UCD cuentan con un acuerdo ante autoridades estatales y federales para que sus agremiados circulen, pues refieren que han pedido al gobernador, la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría, Tránsito, Seguridad Pública, la Federal además del Ejército y la Marina para que se les permita circular sin que sean decomisados los vehículos; sin embargo, autoridades de Policía Federal en Ciudad Victoria descartaron que se tenga algún acuerdo con estas organizaciones y que las unidades puedan circular sin restricción alguna.

A pesar de la clara usurpación de funciones que cometen dichas organizaciones al emitir “placas” para “amparar” vehículos estadounidenses, las autoridades solapan a la UCD y la Onappafa al no imputar las sanciones correspondientes.

Por lo antes expuesto se propone ante esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República para que realice una investigación mediante la cual se trasparente el proceso por el cual en diferentes estados de la Republica, la Unión Campesina Democrática y la Organización Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar emiten placas y engomados para la circulación de vehículos, dando a conocer los criterios por los cuales se extienden los mismos.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que genere un mecanismo accesible para la regularización de los vehículos que se encuentran actualmente portando placas de dichas organizaciones, logrando su apropiada identificación y recaudación de los derechos correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.

Daniel Adrián Sosa Carpio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a difundir por la Conapesca los servicios de las subdelegaciones y oficinas locales de pesca, y dotarlas de nuevas atribuciones y facultades para ofrecer al sector pesquero y acuícola nacional atención expedita, a cargo del diputado Próspero Manuel Ibarra Otero, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, integrantes de la Comisión de Pesca de Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, para que a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, realice acciones de promoción y difusión de los servicios que ofrecen las subdelegaciones y oficinas de pesca en las entidades federativas; y dote de nuevas atribuciones y facultades a estas instancias con la finalidad de ofrecer una atención pronta y expedita al sector pesquero y acuícola nacional, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación le corresponde, a través de una entidad pública, el despacho de los asuntos pesqueros y acuícolas de la nación.

Entre las atribuciones que tendrá a su cargo dicha entidad pública se encuentran las siguientes:

• Realizar directamente y autorizar conforme a la ley, lo referente a acuacultura; así como establecer viveros, criaderos y reservas de especies acuáticas;

• Promover, fomentar y asesorar técnicamente la producción, industrialización y comercialización de los productos pesqueros en todos sus aspectos, en coordinación con las dependencias competentes;

• Estudiar, proyectar, construir y conservar las obras de infraestructura pesquera y de acuacultura que requiere el desarrollo del sector pesquero, con la participación de las autoridades estatales, municipales o de particulares;

• Proponer a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la expedición de las normas oficiales mexicanas que correspondan al sector pesquero;

• Regular la formación y organización de la flota pesquera, así como las artes de pesca, proponiendo al efecto, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las normas oficiales mexicanas que correspondan;

• Promover la creación de las zonas portuarias, así como su conservación y mantenimiento;

• Promover, en coordinación con la Secretaría de Economía, el consumo humano de productos pesqueros, asegurar el abasto y la distribución de dichos productos y de materia prima a la industria nacional; y los demás que expresamente le atribuyan las leyes y reglamentos;

Para el desarrollo de estas funciones, en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 5 de junio de 2001 se publicó el Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, indispensable para la administración, regulación y fomento de la pesca y la acuacultura además de las actividades de inspección y vigilancia en la materia, para contribuir a elevar la eficiencia, calidad, rentabilidad y sustentabilidad del desarrollo acuícola y pesquero.

Constituida la Conapesca, definidas sus facultades e instaladas sus oficinas centrales con sede en la Ciudad de Mazatlán Sinaloa; en los años posteriores se fueron delimitando sus políticas de acción y promoción de los servicios, ya que tendría que considerar para la correcta ejecución de sus políticas y programas, los 11,122 kilómetros de costas del país, que incluyen, el litoral del Pacífico y Golfo de California, los cuales cuentan con 7,828 kilómetros y 3,294 km en el Golfo de México y Mar Caribe.

Al ser además una Comisión acuícola, su campo de acción no son solo las costas y la zona económica exclusiva, sino también el interior del territorio nacional, y las regiones destinadas o susceptibles de uso para la acuacultura.

La misión de la Conapesca, es ser el órgano comprometido con la legalidad, la calidad y la transparencia, encargado de fomentar y desarrollar mecanismos de coordinación con diferentes instancias para implementar políticas, programas y normatividad que conduzcan y faciliten el desarrollo competitivo y sustentable del sector pesquero y acuícola del país, para incrementar el bienestar de los mexicanos.

Para el desarrollo de sus funciones, y procurar un acercamiento de los usuarios a sus oficinas, con fecha 18 de agosto de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crean las 5 oficinas regionales de pesca y acuacultura como parte de la estructura orgánica de la Conapesca, se establece su organización y circunscripción territorial, y se asignan las atribuciones y funciones.

Sin embargo, con fecha 14 de enero del 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se transfiere la estructura orgánica y administrativa, recursos materiales, humanos y financieros de las Subdelegaciones de Pesca, que anteriormente formaban parte de las delegaciones de la Sagarpa en los estados, a la Conapesca, con la finalidad de fortalecer al sector pesquero y acuícola del territorio nacional, a cargo de la Comisión.

El objetivo de esta transferencia fue fortalecer al sector pesquero y acuícola del territorio nacional; ya que antes, estas instancias formaban parte de las delegaciones de la Sagarpa en los estados y no dependían directamente de la Comisión del ramo.

Más allá de las políticas adoptadas para la correcta atención que debe ofrecer la Conapesca; quienes participan en la cadena productiva y comercial del sector pesquero y acuícola, tales como pescadores, acuicultores, armadores, procesadores, distribuidores y comercializadores, han manifestado en reiteradas ocasiones, el desconocimiento de los servicios que ofrecen las subdelegaciones y oficinas de pesca en las entidades federativas y la falta de facultades que las mismas tienen en asuntos, como la emisión de concesiones o permisos y/o para ofrecer atención personalizada sobre inquietudes de los programas públicos que implementa el Gobierno Federal a través de la Sagarpa y Conapesca.

Ante tal situación, quienes ocupan la resolución de alguno de los asuntos de competencia de la Comisión, tienen que trasladarse directamente hasta las oficinas centrales de la Conapesca, ubicadas en la ciudad de Mazatlán Sinaloa, lo que implica el uso de recursos económicos y tiempo suficiente, que en ocasiones carecen los involucrados.

Sólo por mencionar un caso, para transportarse de la ciudad de Campeche, Campeche, (uno de los estados por excelencia productores de pescados y mariscos), a la sede de Conapesca, en un viaje en automóvil particular, se requiere recorrer una distancia de más de 2300 kilómetros de carreteras, con un costo aproximado de más de $ 4,000 entre combustible y casetas. En transporte aéreo con escalas el costo puede llegar a triplicarse.

Por lo anterior, legisladores del Congreso de la Unión en diferentes ocasiones, han propuesto situar la sede de la Conapesca en la Ciudad de México, como punto de referencia y accesibilidad para todo el país. Sin embargo el traslado de los recursos de la sede generaría un impacto presupuestario considerable, por un monto de alrededor de 83 millones 179 mil 337.5 pesos.

Situación que se complica ante ajuste al presupuesto del presente ejercicio fiscal, que se ha anunciado en fechas recientes, derivado de la situación económica internacional. Sin embargo es necesario procurar una correcta ejecución de los recursos para el sector, sin que se menosprecie la atención pronta y expedita que debe ofrecer la Comisión a través de sus oficinas y subdelegaciones.

En conclusión, es necesario que la Conapesca, realice acciones de promoción y difusión de los servicios que ofrecen las 32 subdelegaciones de pesca y las 121 oficinas de pesca, distribuidas en las entidades federativas; y dote de nuevas atribuciones y facultades a estas instancias con la finalidad de ofrecer una atención pronta y expedita, además de que dejen de ser percibidas como oficinas encargadas de la recepción y distribución de documentación, y sean consideradas como oficinas de gestión y resolución de los asuntos de competencia de la Conapesca.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, para que a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, realice acciones de promoción y difusión de los servicios que ofrecen las subdelegaciones y oficinas de pesca en las entidades federativas; y dote de nuevas atribuciones y facultades a estas instancias con la finalidad de ofrecer una atención pronta y expedita al Sector Pesquero y Acuícola nacional.

Diputados: Próspero Manuel Ibarra Otero (rúbrica), Efraín Arellano Núñez (rúbrica), Rosa Elena Millán Bueno, José Luis Toledo Medina (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Blandina Ramos Ramírez (rúbrica), Candelario Pérez Alvarado (rúbrica), Diego Valente Valera Fuentes (rúbrica), Fidel Calderón Torreblanca (rúbrica), David Aguilar Robles (rúbrica), Lucely del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo (rúbrica), Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo (rúbrica), Moisés Guerra Mota (rúbrica), Mario Ariel Juárez Rodríguez, Nelly del Carmen Márquez Zapata, Jisela Paes Martínez (rúbrica), Esdras Romero Vega (rúbrica), Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a resolver la problemática de los artesanos de las zonas arqueológicas de Teotihuacán y Chichen Itzá, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Que el día 16 de marzo del año en curso un grupo de artesanos de las zonas arqueológicas de Teotihuacán y Chichen Itza, se presentaron en la sede de este Poder Legislativo para plantear una serie de problemas que presentan en el ejercicio de su actividad laboral, como es el caso del cobro de acceso a las zonas arqueológicas referidas, el cual según de viva voz de los manifestantes es de sesenta y cinco pesos por día, y que es por concepto de estacionamiento, lo cual ocurrió a partir del 1 de enero del año en curso, según lo refieren los artesanos.

También los inconformes manifestaron que han sido objeto de una serie de hostigamiento, y que existe la advertencia de desalojarlos con el uso de la fuerza pública, por lo que existe el temor fundado de que sin el respeto a sus derechos humanos y garantías individuales sean desalojados.

Refieren los artesanos que durante años han realizado esta actividad laboral de expender artesanías y en ningún momento se les había cobrado dicho derecho, pero además refieren que es un duro golpe a su economía familiar ya que es insostenible pagar dicha cuota diariamente.

Es preciso señalar que los artesanos inconformes se autoadscriben como indígenas mayas, y se acogen al artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los tratados internacionales.

Cabe señalar que los artesanos están dispuesto a entablar mesas de diálogo a efecto de destensar la problemática antes señalada, por ello, es importante que exista sensibilidad por parte del Gobierno Federal y se entable un diálogo constructivo que permita resolver las inconformidades de los artesanos.

Es evidente que el Poder Legislativo no puede hacer criterios a priori ni mucho menos conceder la verdad a posicionamiento de un grupo, pero si puede solicitar respetuosamente a las autoridades competentes la atención de cualquier problema social, lo anterior con la única finalidad de atender las inconformidades sociales y buscar el diálogo como una alternativa para resolver los problemas.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, con pleno respeto a la División de Poderes, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que instruya a las dependencias del gobierno federal competentes a efecto de que atiendan y resuelvan la problemática de los artesanos de las zonas arqueológicas de Teotihuacán y de Chichen Itza, procurando en todo momento el respeto de los derechos humanos de los artesanos.

Diputado Victoriano Wences Real (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de Hidalgo y Yahualica a resolver el desabasto de agua en Tetla, perteneciente a ese municipio, a cargo del diputado Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Rodrigo Abdala Dartigues, diputado federal a la LXIII Legislatura, integrante del grupo parlamentario de morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

En la parte noreste del estado de Hidalgo a una altitud sobre el nivel del mar de 660 metros se encuentra el municipio de Yahualica, y si bien, una de las traducciones que se hacen sobre el nombre del municipio es la de “Lugar rodeado de agua”, paradójicamente una parte de la población de este municipio, como lo es la localidad de Tetla no cuenta con un servicio de agua potable que garantice en los términos señalados en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes el acceso al vital líquido, ya que su sistema de agua potable se encuentra seriamente deteriorado y requiere de urgentes reparaciones.

En esta comunidad marginada la falta de agua potable es uno de los mayores problemas, debido al estado en que se encuentra su sistema de agua potable los habitantes tienen que caminar hasta tres kilómetros para poder acarrear el agua en botes y cubetas, y por lo general son los niños quienes se encargan de transportar el líquido, inclusive los pobladores deben esperar a la temporada de lluvia para poder tener agua, el mal estado de los caminos y el difícil acceso a la localidad hacen que el transporte en pipas sea impráctico.

La comunidad de Tetla lleva años tratando de conseguir la reparación del sistema de agua que abastece a su localidad, para este fin se han dirigido a diversas autoridades municipales, estatales y federales y realizado diversas gestiones ente las mismas, siendo una de las últimas la carta fechada el 18 de febrero de 2015, entregada en Secretaría de Desarrollo Social y dirigida al Gobernador de dicho estado, Lic. Francisco Olvera Ruíz.

De igual forma, con la misma fecha mencionada en el párrafo anterior dirigen solicitud de ayuda para la rehabilitación del sistema de agua a la Secretaría de Desarrollo Social, misma que les responde el día 14 de abril del presente año, por conducto de su Dirección de Atención a Indígenas, indicándoles que de acuerdo a las reglas de operación publicadas en el diario oficial de la federación el día 24 de diciembre de 2014, no cuentan con partida programática para ese tipo de acciones, aconsejándoles que en coordinación con las autoridades municipales, busquen alguna fuente de financiamiento para la realización de la rehabilitación.

Posteriormente, con la intervención de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de esta Cámara de Diputados el delegado municipal presentó el día 27 de abril del 2015 un escrito por medio del cual se solicitó a la Dirección Local de Conagua la revisión del sistema de agua potable, a fin de que esta dependencia hiciera un dictamen técnico que contenga los conceptos de obra y los materiales necesarios para la rehabilitación de dicho sistema.

El día 5 de junio de 2015 en la Dirección General de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, se les informó que el status que guarda el Expediente Técnico para Estudio y Proyecto de Tecacahualco - Tetla, es decir, para las obras que dan origen al presente Punto de Acuerdo, es el de validado con el No. de Expediente ID: 1043/2008, de fecha 25 de julio de 2008, mismo que de ser necesario tendría que actualizarse al 2015, cosa que los gestores de Tetla ya habían hecho, como se menciona en párrafos anteriores, recibiendo respuesta el día 9 de julio del 2015 por parte de la Dirección Local Hidalgo, Área de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la Conagua.

En la respuesta de la Conagua se les dice a los interesados que la revisión del sistema de agua potable, en la localidad de Tetla, municipio de Yahualica, Hidalgo, por parte de su personal técnico se realizó el 7 de mayo de 2015, por lo cual, como resultado de la misma se cuenta con el expediente técnico que contiene los conceptos de obra y los materiales necesarios para rehabilitar dicho sistema de agua potable, por lo que se les sugiere coordinarse con el municipio de Yahualica para la gestión de los recursos necesarios para dicha rehabilitación.

Según los datos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del gobierno federal, el municipio de Yahualica cuenta con un grado de marginación muy alto, que el grado de rezago social municipal es alto, su porcentaje de población en pobreza extrema es del 48%, de esta, el 9% se encuentra en grado de marginación muy alto y el 88.5% en grado de marginación alto, además, es un municipio que por su pobreza se encuentra incluido como parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Si tomamos en cuenta los datos presentados por el Sistema de Apoyo para la Planeación de la Sedesol, entonces consideramos injusto que las respuestas que han conseguido los habitantes de Tetla con respecto al estado inoperante de su sistema de agua potable sea la de: “que busquen por su cuenta los recursos para la rehabilitación de dicho sistema.”

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobernador del Estado Libre y Soberano de Hidalgo a que, en el marco de sus atribuciones y facultades que le son conferidas por la normatividad aplicable, haga lo necesario para que se lleven a cabo las obras de rehabilitación del sistema de agua potable, en la localidad de Tetla, municipio de Yahualica, Hidalgo.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al honorable ayuntamiento municipal de Yahualica, Hidalgo, a que en el marco de sus atribuciones y facultades que le son conferidas por la normatividad aplicable, haga lo necesario para que se lleven a cabo las obras de rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de Tetla, municipio de Yahualica, Hidalgo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.

Diputado Rodrigo Abdala Dartigues (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, la Profepa y la Sagarpa a tomar medidas y sancionar a quienes quemen gavilla en Sonora y Sinaloa, y ejecutar campañas de toma de conciencia sobre los daños provocados por esa actividad, a cargo de la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Refugio Trinidad Garzón Canchola, diputada federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero fracción II y segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat ), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa ) y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa ) para que tomen las medidas necesarias y sancionen a todas aquellas personas que realicen la quema de gavilla en el estado de Sonora y Sinaloa y al mismo tiempo ejecuten campañas de concientización acerca de los daños que provoca esta actividad y se oriente y capacite a los agricultores sobre las medidas alternativas.

Consideraciones

Los estados de Sonora y Sinaloa son reconocidos a nivel nacional por su principal actividad primaria: la Agricultura, destacando en Sonora El Valle del Yaqui, del Mayo, Valle de Guaymas, la costa de Hermosillo, Costa de Caborca y Valle de San Luis Río Colorado; por su parte los principales municipios de Sinaloa que se dedican a esta actividad, se localizan del centro al norte del estado, entre ellos Ahome, El Fuerte, Guasave, Angostura, Navolato, Culiacán, Elota y Mocorito.

Pese a que la agricultura en ambos estados goza de una alta calidad y productividad, existe una situación que no ha sido tratada en su totalidad y que afecta considerablemente la salud de las personas y el medio ambiente, nos referimos a la quema agrícola, mejor conocida como quema de gavilla.

La quema de gavilla consiste en eliminar los residuos de las cosechas de maíz, frijol, trigo, arroz, cártamo y otros granos, pero desafortunadamente en el proceso se destruye la fauna benéfica que hay en la tierra, así como también los nutrientes que se han acumulado en el suelo.

Dicho proceso además de afectar la tierra de cultivo, es un causante de contaminación por las liberaciones de sustancias altamente tóxicas como ser las dioxinas y furanos, provocando daños en la salud y el medio ambiente, además de altas temperaturas pues se genera un efecto invernadero.

La contaminación, el calor y el humo son un detonante para la población en general, pues afectan las vías respiratorias de quienes aspiran y en las personas que sufren de enfermedades como el asma o alergias agravan el padecimiento en un 35 por ciento.

De acuerdo con el Inventario Nacional de dioxinas y furanos, la quema de residuos agrícolas es la tercera fuente de emisiones de estas sustancias en México.

Los agricultores a pesar de estar al tanto de la problemática, se escudan en decir que es un “mal necesario”, pues no pueden costear el paso de maquinaria para triturar la gavilla en las parcelas y les permite ahorrar tiempo de preparación de la tierra para el siguiente cultivo.

Por otra parte, existe el antecedente de intentar limitar y regular esta práctica a través de diversas iniciativas de reforma que se han presentado a la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del estado de Sonora, lamentablemente las mismas fueron desechadas.

Hoy en día aun existe una falta de educación ambiental que aunada a la ausencia de programas y capacitación para difundir las técnicas alternativas a la quema del rastrojo, han creado un problema con graves consecuencias tanto para el medio ambiente como para la población.

Por todo lo anterior, los Diputados y Diputadas de Movimiento Ciudadano externamos nuestra preocupación sobre los efectos en la salud que causa la quema de gavilla, así como los daños al medio ambiente, por lo cual solicitamos de carácter urgente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a través de sus titulares, tomen las medidas necesarias y sancionen a todas aquellas personas que realicen la quema de gavilla en el estado de Sonora y Sinaloa y al mismo tiempo realicen campañas de concientización acerca de los daños que provoca esta actividad y se oriente y capacite a los agricultores sobre las medidas alternativas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.

Diputado Refugio Trinidad Garzón Canchola (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a implantar una campaña de difusión para prevenir, controlar y atender la hepatitis C, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito diputado Marco Antonio García Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 numeral 1 fracción I, 62 numeral 2, 65, 76 numeral 1 fracción II, 79 numeral 1 fracción II y numeral 2 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de ésta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo

Para exhortar respetuosamente a la Secretaría de Salud federal, para que implemente una campaña de difusión en materia de prevención, control y atención de la hepatitis C, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. La hepatitis es una enfermedad consistente en la inflamación del hígado provocada por infección de un virus, y en algunas ocasiones por intoxicación. El síntoma principal es la ictericia (coloración amarilla de la piel). Como consecuencia de la inflamación, se bloquea el paso de la bilis que produce el hígado al descomponer la grasa, y se altera la función del mismo.

2. Cuando una persona contrae hepatitis, el hígado se inflama y deja de funcionar de manera adecuada. El hígado es el órgano más importante del cuerpo en cuanto a la actividad metabólica del organismo, tiene por funciones: secretar la bilis, formar glucógenos, fijar la grasa, convertir las sustancias nitrogenadas en urea, contribuir a la formación y destrucción de los hematíes y neutralizar, fijar o destruir los venenos, toxinas o bacterias.

3. Los virus responsables de la hepatitis son gérmenes que hacen que la enfermedad, en sus tres tipos más habituales se contagie de una persona a otra; se denominan, respectivamente, virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis C.

La persona que contrae cualquiera de las formas de hepatitis, A, B o C, acostumbra sentirse como si tuviera gripe. Hay síntomas que dentro del cuadro clínico aparecen siempre, y otros que sólo los presentan algunas personas; incluso hay ocasiones en que el portador del virus no presentan ningún síntoma.

4. La hepatitis C es causada por el virus HCV o VHC; este virus causa inflamación hepática, suele ser asintomático, si no es detectada y tratada en forma temprana puede producir fibrosis, cirrosis, e incluso cáncer hepático.

En 1989, este virus fue reconocido, anteriormente se denominaba hepatitis no A o no B, hasta que finalmente se la identificó como hepatitis C y se estudió las características de este virus, que difiere de las otras formas de hepatitis.

5. Una de las principales características de la hepatitis C es que en la mayoría de los casos no presenta síntomas visibles, hasta que no se encuentra en un período avanzado o bien en su etapa aguda, que muchas veces es confundido con un malestar hepático, dado que los síntomas de la etapa aguda permanecen poco tiempo en el paciente.

6. Existen diversos tipos de hepatitis C, tales como la hepatitis endémica o la hepatitis de inoculación:

Hepatitis endémica, cuando se contrae de forma directa: ingestión de un alimento en malas condiciones (leche, mantequilla, mariscos, etcétera).

Hepatitis de inoculación, cuando se contrae durante un acto terapéutico que comporte inyección de sangre u otros productos. El periodo de transmisión es el tiempo que la persona portadora del virus de la hepatitis puede contagiar a otras personas. Es importante darse cuenta de que una persona portadora, aunque no tenga síntomas, puede contagiar la enfermedad.

7. El virus de la hepatitis C se transmite por contacto directo con sangre infectada o hemoderivados; la transmisión sexual es de muy baja incidencia, si bien se ha encontrado virus en otras secreciones no ha sido en las cantidades necesarias para una posible trasmisión.

Es importante exigir la esterilización adecuada para el virus de la hepatitis C cuando se acude al odontólogo, podólogo, manicura y todos aquellos profesionales que utilicen elementos cortantes o invasivos en el cuerpo (tatuajes, piercing, etcétera).

Del mismo modo, se concluye que la hepatitis no se contagia de las siguientes maneras:

• Por contacto casual con el portador.
• Por contacto con sudor del infectado.
• Al comer alimentos preparados por una persona portadora.
• Al besar a un portador.
• Al compartir utensilios de mesa, platos o taza.
• Visitar en sus hogares a personas infectadas.
• Estornudos.
• Tos.

8. Por estas características, se considera que en el mundo existen 200 millones de personas infectadas y la mayoría no saben que lo están, generalmente su detección es casual (cuando se acude a donar sangre, por ejemplo) o cuando el médico realiza un completo chequeo físico.La hepatitis C es una enfermedad peligrosa, dado que no presenta síntomas y el virus que se halla presente en la sangre, ataca y deteriora al hígado llegando en algunos casos al cabo de 20 0 30 años a producir cirrosis o cáncer hepático.

De acuerdo con el Instituto para la Evaluación y Medición de la Salud de la Universidad de Washington, la hepatitis C es considerada un problema mundial, debido a que afecta a más de 150 millones de personas en todo el mundo; y de estas aproximadamente 350 mil mueren al año a causa de problemas o complicaciones relacionadas con esta enfermedad.

9. De conformidad con cifras proporcionadas con la Secretaría de Salud Federal, se considera que en México existen más de 19 mil 900 personas diagnosticadas con el virus de hepatitis C:

“...Entre 2003 y 2013 se detectaron 19 mil 915 casos de hepatitis C en el país...”

35 por ciento de los pacientes es atendido en clínicas del sector salud, que carecen de cobertura en la oferta de medicamentos para su tratamiento.

Para 2012-2013 el Distrito Federal era la tercera entidad con más casos de hepatitis C (494) sólo precedido por Jalisco con 577 casos y Baja California con 592 casos.

10. No existe en la actualidad una vacuna para la hepatitis C, pero si tratamientos que serán más efectivos atacando al virus, cuanto antes se detecte la infección.

El método de tratamiento para este tipo de hepatitis es igual que el de la hepatitis tipo B, la administración de un medicamento (interferón) que se aplica mediante inyecciones. La mayoría de los pacientes se somete a este tratamiento en promedio durante cuatro meses.

Por su parte, está la opción de trasplante de hígado por cirugía (necesario en ciertos casos en que el hígado deja de funcionar correctamente a causa de este tipo de hepatitis). Existen también terapias alternativas (tales como la homeopatía, dietas macrobióticas, plantas medicinales y otras) que han tenido una respuesta muy exitosa en reducir el daño hepático y mejorar la salud general de la persona. Antes de acudir a un terapeuta alternativo, hay que tomar en cuenta:

• Si tiene experiencia en tratar con la hepatitis.

• Si está adecuadamente calificado y reconocido en el medio.

• Cuánto va a costar el tratamiento.

• Cómo mide el terapeuta la recuperación de sus pacientes y la efectividad de la terapia.

Considerandos

Primero. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4° establece el derecho a la protección de la salud, del cual debe gozar toda persona dentro del territorio nacional sin excepción alguna, texto constitucional que en su parte conducente es del tenor siguiente:

Artículo 4o. ...

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XI del artículo 73 de ésta Constitución.”

Segundo. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo octavo señala que:

Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

Tercero. Que es facultad de las y los diputados de ésta soberanía presentar proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido por el Reglamento de la Cámara de Diputados en el artículo 6, numeral 1, fracción I; que señala:

Artículo 6.

Serán derechos de los diputados y diputadas:

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones ante la Cámara;

...

Cuarto. Que el ordenamiento antes señalado precisa en el artículo 79 numeral 1, fracción II lo siguiente:

Artículo 79.

El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus integrantes, a través de:

I. ...

II. Puntos de acuerdo, que representan la posición de la Cámara, en relación con algún asunto específico de interés nacional o sus relaciones con los poderes de la Federación, organismos públicos, entidades federativas y municipios, y

2. y 3. ...

Quinto. Que la presente proposición con punto de acuerdo da cumplimiento a lo señalado por la fracción I del numeral 2 del artículo 79, y se sujetará a lo previsto por las fracciones II y V del numeral 2 del mismo artículo:

Artículo 79.

1. ...

2. Las proposiciones con punto de acuerdo se sujetarán a lo siguiente:

I. Deberán presentarse a través de un escrito fundado, con una propuesta clara de resolutivo y firmadas por sus autores;

II. Las proposiciones presentadas por las diputadas y los diputados y las que se registren a nombre de Grupo, pasarán a comisión;

III. y IV. ...

V. Las proposiciones que la Junta no considere proponer ante el Pleno con el carácter de urgente u obvia resolución, se tramitarán conforme al artículo 62, numeral 3 de este Reglamento;

VI. y VII. ...

3. ...

Sexto. Que la Ley General de Salud señala en el artículo 3o. que es materia de salubridad general la atención a hepatitis virales como padecimiento sujeto a vigilancia epidemiológica:

Artículo 3o. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:

I. La organización, control y vigilancia de la prestación de servicios y de establecimientos de salud a los que se refiere el artículo 34, fracciones I, III y IV, de esta ley;

II. a XIV...

XV. La prevención y el control de enfermedades transmisibles;

XXVI. El control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y sus componentes y células;

XXVIII. Las demás materias que establezca esta ley y otros ordenamientos legales, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 4o. constitucional.

Séptimo. Que en materia de prevención y control de enfermedades y accidentes, la Ley General de Salud establece:

Título Octavo
Prevención y Control de Enfermedades y Accidentes

Capítulo I
Disposiciones comunes

Artículo 133. En materia de prevención y control de enfermedades y accidentes, y sin perjuicio de lo que dispongan las leyes laborales y de seguridad social en materia de riesgos de trabajo, corresponde a la Secretaría de Salud:

I. Dictar las normas oficiales mexicanas para la prevención y el control de enfermedades y accidentes;

II. Establecer y operar el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, de conformidad con esta Ley y las disposiciones que al efecto se expidan;

III. Realizar los programas y actividades que estime necesario para la prevención y control de enfermedades y accidentes, y

IV. Promover la colaboración de las instituciones de los sectores público, social y privado, así como de los profesionales, técnicos y auxiliares para la salud y de la población en general, para el óptimo desarrollo de los programas y actividades a que se refieren las fracciones II y III.

Octavo. Que la Ley General de Salud establece la competencia de la federación y las entidades federativas en materia de enfermedades transmisibles:

Capítulo II

Enfermedades transmisibles

Artículo 134. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes enfermedades transmisibles:

I. Cólera, fiebre tifoidea, paratifoidea, shigelosis, amibiasis, hepatitis virales y otras enfermedades infecciosas del aparato digestivo;

...

Artículo 141. La Secretaría de Salud coordinará sus actividades con otras dependencias y entidades públicas y con los gobiernos de las entidades federativas, para la investigación, prevención y control de las enfermedades transmisibles.

Noveno. Que la Secretaría de Salud Federal cuenta con un manual de procedimientos estandarizados para la vigilancia epidemiológica, mismo que se encuentra homologado al proyecto de norma oficial mexicana PROY-NOM-017-SSA2-2012; y a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-003-SSA3-2010 para la práctica de hemodiálisis y la NOM-003-SSA2-1993 para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos, mismos que contemplan a la hepatitis viral como padecimiento sujeto a vigilancia epidemiológica.

Décimo. Que de acuerdo con la estrategia 2.3.2 “Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud” del objetivo 2.3 incluido en el eje estratégico “Para un México Incluyente” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se establece como línea de acción:

...Reducir la carga de morbilidad y mortalidad de enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente diabetes e hipertensión...”

...Privilegiar acciones de regulación y vigilancia de bienes y servicios para la reducción de riesgos sanitarios, así como acciones que fortalezcan el Sistema Federal Sanitario en general...”

... Coordinar actividades con los sectores productivos para el desarrollo de políticas de detección, prevención y fomento sanitario en el ámbito laboral...

Undécimo. Que las Estrategias Transversales para el Desarrollo Nacional, establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 dentro de Gobierno Cercano y Moderno, señalan la necesidad de crear infraestructura adecuada a fin de garantizar a la población el libre goce de los derechos consagrados por la Constitución, concretamente el derecho a la protección de la salud.

Duodécimo. Que es importante que la Secretaría de Salud Federal implemente, coordine y fortalezca las medidas tendientes a la detección oportuna, tratamiento y cuidado de enfermedades transmisibles y no transmisibles, impulsando así desde el poder legislativo la promoción de la salud para el desarrollo del Estado.

Por lo expuesto, someto a consideración de ésta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal para que en coordinación con las Secretarías de Salud de las 32 entidades federativas, implemente una campaña de difusión en materia de prevención, control y atención de la hepatitis C, que comprenda la siguiente información:

1. Mecanismos de detección oportuna.

2. Divulgación de las medidas para el control epidemiológico.

3. Causas, sintomatología y prevención.

Dado en el salón de sesiones del recinto legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.

Diputado Marco Antonio García Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a armonizar las respectivas leyes con la General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil; y a los gobiernos estatales, a emitir reglamentos que garanticen la operación adecuada de dicha normativa, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Rafael Hernández Soriano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El próximo 5 de junio se conmemora el séptimo aniversario de la que se considera la peor tragedia que involucra a la niñez de México, el incendio de la guardería ABC en Hermosillo Sonora, que tuvo como resultado la muerte de 49 niñas y niños y 76 más que resultaron con lesiones respiratorias, del corazón y físicas.

Sobre el particular, se ha informado a través de los medios de comunicación que el incidente fue resultado del sobrecalentamiento del sistema de enfriamiento de una bodega de archivos del gobierno de Sonora, el cual fundió el aluminio del motor del sistema, lo que provocó que fragmentos en llamas cayeran sobre lo archivado.

El incendio rápidamente se incrementó y se propagó a la estancia infantil, en la que se encontraban 176 niñas y niños resguardados y aproximadamente 50 empleados.

Cabe señalar que este espacio no contaba con las medidas mínimas necesarias para la realización de la importantísima tarea que es el cuidado y desarrollo de los infantes.

Lo anterior trajo consigo el incumplimiento de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo artículo 3 establece:

Artículo 3.

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados parte se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión.1

Cabe señalar que, tras la tragedia, madres y padres de las víctimas insistieron y trabajaron en la creación de una ley específica en la materia, para evitar que se repitieran hechos como los ocurridos en la guardería ABC en Sonora.

Como resultado de estos trabajos, se elaboró la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil (LGPSACDI), la cual fue aprobada y publicada en 2011. Derivado de la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 2011, las entidades federativas, de conformidad con las disposiciones transitorias, deberían ajustar sus marcos normativos conforme a lo dispuesto en dicho decreto.

Con esta ley se busca que las estancias infantiles públicas, privadas o mixtas, garanticen un marco de ejercicio pleno de los derechos de la niñez desde los 43 días de nacido. Garantiza asimismo que las guarderías se sometan a inspección y vigilancia periódica. Además, obliga a la creación del Registro Nacional de Guarderías donde figuren todas las estancias infantiles del país, sus trabajadores y la capacidad de atención que tienen, ubicando de esta forma cuántos centros de atención infantil existen en el país, cómo operan y en dónde están. Esta información debería estar ya incluida en el Registro Nacional de Guarderías. Del mismo modo, establece que los centros a los que hace referencia la citada legislación, deberán proporcionar seguridad, supervisión e inspección efectiva en materia de protección civil, fomento al cuidado a la salud, atención médica en caso de urgencia, así como alimentación adecuada y suficiente, entre otras actividades para su desarrollo integral.2

Sin embargo, y a pesar de que en el artículo segundo transitorio de la LGPSACDI, establece: “El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las modificaciones legislativas conforme a lo dispuesto en el presente decreto, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor”. Desde que el decreto entró en vigor el 25 de octubre de 2011 a la fecha existen marcados incumplimientos de lo establecido en la ley. Como prueba se señala lo siguiente:

De acuerdo con un diagnóstico oficial, mil 82 guarderías, estancias y centros de atención infantil en el país no cuentan con protocolos de protección civil. Se trata de 882 establecimientos privados y 400 públicos, que en conjunto representan 5 por ciento de los que operan en el país.

Además, mil 364 establecimientos privados no disponen de protocolos para la atención de emergencias médicas, mientras que sólo 41 por ciento de los públicos –dependientes de IMSS, ISSSTE, Sedesol, DIF y SEP– ha establecido convenios con alguna institución médica para atender dichas urgencias.

La legislación también obliga a adaptar los inmuebles de acuerdo con especificaciones de protección civil, a fin de eliminar cualquier factor de riesgo que afecte a los niños. Además, indica que la baja presencia de inmuebles apropiados a nivel nacional limita la adaptación de las instalaciones, por lo que una política pública que considere cambios importantes es inaplicable. Lo anterior se encuentra establecido en el segundo informe semestral de actividades 2015 del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.3

A más de seis años de la tragedia en la guardería ABC, 3 mil 442 centros no realizaron simulacros de incendio durante los últimos seis meses, pese a que la Ley obliga a efectuarlos cada dos.4

De lo señalado se desprende la urgente necesidad de urgir el trabajo de todos los congresos de los estados donde aún no se realiza la tarea legislativa, para crear el andamiaje jurídico necesario para garantizar y avanzar en el desarrollo individual y colectivo de las niñas y niños usuarios de los servicios de atención, cuidado y desarrollo infantil, a través básicamente de la armonización legal con la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

En este sentido, resulta preocupante que a la fecha existan estados de la federación que no cuentan con el instrumento jurídico indispensable para la regulación de los espacios para la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil.

La existencia de esta ley en cada uno de los estados es fundamental para que el Estado mexicano garantice que las y los pequeños que asistan a guarderías que cuenten con servicios de calidad en condiciones de igualdad, seguridad y protección adecuadas a sus derechos y necesidades.

A casi siete años de que ocurrió la tragedia de la guardería ABC, los congresos y gobiernos estatales han tomado como asunto menor la obligación de contar con una ley que regule a las dependencias y organismos de seguridad social que presten los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil.

A más de cuatro años de su publicación, únicamente 23 entidades federativas cuentan con una legislación local conforme la ley general, 2 tienen una disposición en la materia, sin embargo no se encuentra armonizada con su contenido y 7 no cuentan con ninguna regulación; lo que genera un estado de indefensión a la niñez que acude a centros de atención infantil en cualquiera de sus modalidades. Esta omisión legislativa es violatoria de los principios internacionales en materia de derechos humanos, así como de las obligaciones establecidas en el artículo 1o. de la Carta Magna.

Se sabe que entre los estados sin este instrumento jurídico figuran Aguascalientes, Campeche, Guanajuato, Tlaxcala y Veracruz. En otros estados hay ley, pero no está armonizada con la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, ni tampoco se cuenta en todos los estados con los reglamentos que garanticen la operación adecuada de la ley en comento.

Por ello es menester que esta soberanía exhorte a las legislaturas estatales para que diseñen el esquema legislativo que les permita lograr la armonización con la Ley General para la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para que no volvamos a presenciar tragedias como la mencionada; así también, que las demandas incumplidas para este sector de la población sean erradicadas con la atención, protección y garantía de sus derechos como un tema de prioridad e interés nacional.

Asimismo, concebimos el compromiso de crear en nuestra sociedad, una nueva cultura donde se incluya a las niñas y los niños como ciudadanos en crecimiento, con validez de sus derechos e inclusión en la igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad, como sujetos con derechos plenos y seres humanos con dignidad y con capacidades en evolución.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los congresos de los estados de la federación que aún no cuentan con la ley estatal correspondiente a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, conocida como “Ley 5 de Junio”, que entró en vigor el 25 de octubre de 2011, para que armonicen sus leyes locales con la misma.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de los estados que cuenten con la ley en la materia para que con la mayor brevedad expidan los reglamentos que garanticen su operación adecuada.

Notas

1 Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, del 20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990.

2 Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, artículos 34 y 38.

3 Incumplen la ley mil 82 guarderías, Agencia Reforma, México, 17 de enero de 2016.

4 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.

Diputado Rafael Hernández Soriano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a aplicar un programa integral permanente de abasto de agua para zonas carentes de ella, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, 14 millones de personas carecen de agua en sus viviendas, los estados con la mayor problemática son Veracruz, Guerrero, México y la Ciudad de México; además en el país existen 34 millones de personas que dependen de acuíferos en proceso de agotamiento para aprovisionarse del recurso.

El Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018 señala que la disponibilidad media de agua en México cayó de 18 mil 35 metros cúbicos anuales por habitante en 1950, a 3 mil 982 metros cúbicos anuales por habitante en 2013.

Con base en los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 en la Ciudad de México del total de 8 millones 851 mil 80 habitantes 289 mil 710 personas de su población no cuentan con agua suficiente en su vivienda, siendo las delegaciones que más lo padecen Xochimilco, Tlalpan e Iztapalapa.

La Ciudad de México cuenta con dos fuentes básicas de aprovisionamiento de agua: 700 pozos artesianos y un grupo de presas y acueductos llamado Sistema Cutzamala, de esta última fuente depende 30 por ciento del agua que se consume en la ciudad y el abastecimiento entra por el poniente de esta, lo que provoca que el vital líquido se acabe antes de llegar a las delegaciones del oriente como es el caso de Iztapalapa, donde la población que se encuentra en su zona montañosa, más de 300 mil personas, vive una crisis severa de abastecimiento de agua suficiente y de calidad.

Los 79 pozos que existen en esa delegación no son suficientes para cubrir la demanda, además que algunos dejaron de funcionar y/o tienen problemas de azolve, es decir, basura y lodo que obstruyen los ductos. Por otra parte, la extracción de agua ha provocado grietas en algunas zonas y el hundimiento provoca la fractura de tubos y ductos; esto, causa la escasez y el tandeo de agua que se traduce en una o dos horas de abasto.

Peor aún, a falta de presión suficiente en los tubos, el suministro de agua se cubre a través de pipas que son insuficientes y provocan problemas sociales.

El abastecimiento del líquido es uno de los problemas más serios de la capital de la República por lo que se advierte que en los últimos años ha ido en aumento la crisis que por el incremento de recortes al servicio de suministro. De acuerdo con datos del Servicio Público de Localización Telefónica de la Ciudad de México (Locatel) recibe 18 mil llamadas telefónicas para denunciar falta de abastecimiento, fugas y solicitudes de pipas con agua.

Tan sólo en enero de este año, el gobierno del Distrito Federal informó que habría una reducción de hasta cien por ciento de suministro del vital líquido debido al mantenimiento preventivo del Sistema Cutzamala; motivo por el cual, más de la mitad de la población de la Ciudad de México se vería afectada. Por lo que anunció varias acciones en las 13 delegaciones más afectadas por el recorte, entre ellas la distribución gratuita de agua con 450 pipas.

No es solo el mantenimiento al Sistema Cutzamala lo que priva del suministro del vital líquido a la Ciudad de México. El problema va más allá, la falta de mantenimiento a la infraestructura hidráulica; falta de atención inmediata a fugas de agua internas y externas; por ejemplo, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México calcula que 42 por ciento del abasto se pierde en tuberías rotas o problemas en las viviendas, lo que equivale a 12 mil litros por segundo desperdiciados; otra causa es el voraz crecimiento de desarrollos inmobiliarios que han colapsado los servicios públicos, por ejemplo en agua y drenaje. Y no menos importante, la falta de cultura para cuidar y preservar el agua.

Todo lo anterior se traduce en una ausencia de política pública adecuada a las circunstancias que hoy privan en la Ciudad de México, es decir, dar atención y solución integral para superar la carencia del suministro de agua, suficiente y de calidad, que garantice el derecho humano al agua de todas y todos los capitalinos.

Por lo anteriormente expuesto, y por considerarse de urgente u obvia resolución, me permito presentar ante este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobierno de la Ciudad de México a que implemente de manera urgente un programa integral permanente de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura hidráulica, que garantice cero fugas para con ello evitar un desperdicio indiscriminado y garantizar el abasto del vital líquido en las zonas de la ciudad que con urgencia lo necesitan. Asimismo, en el ámbito de sus atribuciones, implemente políticas públicas de cultura de aprovechamiento y cuidado del agua.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.

Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a exentar del programa Hoy no Circula en la Ciudad de México el autotransporte de carga e impulsar en el plan de contingencias ambientales atmosféricas medidas de prevención de largo plazo que no afecten el sistema de abasto realizado por dicho medio en el país, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, María Bárbara Botello Santibáñez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a exentar al autotransporte de carga del programa Hoy no Circula en la Ciudad de México, así como impulsar medidas de prevención de largo plazo en el Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas, que no afecten el sistema de abasto que realiza el autotransporte de carga en el país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con el objetivo de proteger la salud de la población en la temporada seca-cálida y prevenir altas concentraciones de ozono en la atmósfera, dado que se pronostican por lo menos hasta el mes de junio escenarios de poca dispersión de contaminantes asociados a alta radiación solar, intensa estabilidad atmosférica y poca humedad en el ambiente, el pasado 30 de marzo del año en curso la Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció medidas emergentes temporales a este respecto, para la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del estado de México.

Por una parte, anunció medidas que modifican de manera temporal el programa Hoy no Circula, los cuales entran en vigor hoy y que estarán vigentes hasta el 30 de junio de este año.

Entre éstas, estableció restricciones en el tránsito del autotransporte de carga con perecederos los cuales podrán circular todos los días en un horario limitado de las 22 hasta las 5 de la mañana, con lo cual se corre el riesgo de colapso en el sistema de abasto de productos perecederos en la capital.

Por citar sólo un ejemplo, en la central de abasto de la Ciudad de México, se calcula que se comercializan diariamente 30 mil toneladas de productos alimentarios, equivalentes a 80 por ciento de los alimentos que consumimos los habitantes de la ciudad, con una capacidad de almacenaje de 122 mil toneladas que transportadas por 52 mil vehículos de todos los tonelajes día tras día procedentes de diversas entidades.

El papel que tiene el transporte de carga para abastecer de productos perecederos a la Ciudad de México representa un eslabón en la cadena de suministros, que al ser restringido, genera un colapso en toda cadena productiva.

En términos microeconómicos, lo que se propiciará es que al retrasar la entrega de productos perecederos a la ciudad, se reducirá por unas horas la oferta de estos bienes, provocando especulación en el precio de su venta, que podría causar un alza pese a que la demanda será la misma.

Con estas medidas se afecta el traslado que realizan diariamente transportistas de Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Durango y muchas otras entidades del país hacia la Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Transportes y Vialidad del gobierno capitalino, todos los días se movilizan alrededor de 1 millón 100 mil toneladas de carga, en 68 mil unidades de todo tipo, de las cuales el 18 por ciento son vehículos con placas del servicio público federal.

El parque vehicular del autotransporte federal está en un proceso continuo de renovación, precisamente con el propósito de contaminar menos.

Además, el Senado de la República analiza reformas de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal con objeto de establecer disposiciones en materia ambiental para que los vehículos de autotransporte federal tengan una antigüedad no mayor de cinco años a partir del año modelo de su fabricación y sólo puedan transitar un máximo de 20 años.

Todas las medidas que realicen las autoridades federales y estatales en coordinación para contener los altos índices de contaminación en la megalópolis, deben estar orientadas a lograr la reducción de altos índices de ozono, sin que ello implique generar externalidades negativas en los sectores económicos.

Las medidas en comento para la protección en la salud de los habitantes de los estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México, son preventivas y coyunturales que no resuelven de fondo el problema de contaminación atmosférica, por lo que se requieren medidas de largo plazo que no afecten a los sectores de la economía y menos a un eslabón en la cadena de suministros, el autransporte de carga.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis y al gobierno de la Ciudad de México a exentar al autotransporte de carga del programa Hoy no Circula en la Ciudad de México.

Segundo. Asimismo, se exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a establecer el impulso de medidas de prevención de largo plazo dentro del Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas, para la protección de la salud de los habitantes de los estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México, sin ocasionar externalidades negativas al sistema de abasto que realiza el autotransporte de carga en el país.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Nacional de Seguridad a establecer las medidas necesarias y de seguridad en las carretas de ingreso en la Ciudad de México, desde el 5 de abril hasta el 30 de junio de 2016, a los transportistas de carga.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.

Diputada Bárbara Botello Santibáñez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar por la SEP sobre el estado actual de la distribución de libros de texto gratuitos en sistema braille, a cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita diputada federal, Lluvia Flores Sonduk, integrante de la LXIII Legislatura, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, somete a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que: “Toda persona tiene derecho a recibir educación. ...” Por lo que es necesario que el Estado realice acciones tendentes a garantizar que la educación llegue a todas las personas.

Ha salido a la luz pública el desfase de los libros de texto gratuitos en sistema Braille y se ha hablado también de un retraso en la distribución de éstos en las entidades federativas.

Cabe resaltar que maestros, organizaciones sociales y padres de familia se han manifestado señalando que la Secretaría de Educación Pública no ha provisto en tiempo y forma los libros de texto en sistema Braille y que aunado a lo anterior, el contenido de estos corresponde al del ciclo escolar anterior, es decir se encuentran desfasados.

Por lo que de seguir con esa tendencia, se vulnera el derecho de las personas invidentes o débiles visuales de tener un acceso pleno a la educación como lo dispone el artículo 3o. de nuestra ley fundamental.

En nuestro país la ceguera es la segunda causa de discapacidad, después de la motriz, se estima que afecta a 1 millón 300 mil personas en todo el territorio nacional. 45 por ciento de la población requiere de algún tipo de atención optométrica, es decir necesitan realizarse estudios para corregir alguna falla en su visión, ya que de no hacerse podría tener como consecuencia alguna debilidad visual e incluso la ceguera.

20 por ciento de las personas en edad escolar presenta algún tipo de problema visual, lo que a decir de los especialistas, resulta un grave problema, en virtud de que el 80 por ciento de la información que adquirimos ingresa por los ojos y en ese contexto se puede advertir que tres de cada cuatro fracasos escolares están relacionados con una visión deficiente.

De ahí la importancia de que las autoridades educativas, realicen las acciones necesarias a fin de que las personas en edad escolar con algún tipo de discapacidad visual, cuenten con las herramientas necesarias para poder adquirir los conocimientos que son proporcionados en las aulas; un componente esencial en la educación de los infantes ha sido el acceso a los libros de educación gratuitos, por tanto contar con ellos, en sistema Braille o macrotipo, son de invaluable utilidad para los educandos con discapacidad visual.

El Programa Sectorial de Educación 2013-2018, señala que: “la educación de calidad debe ser un verdadero instrumento que ayude a superar las graves desigualdades que padecen millones de mexicanos y favorezca un panorama de oportunidades al alcance de todos.”

La Secretaría de Educación Pública al respecto ha señalado que: “de acuerdo con el enfoque de la educación inclusiva, se impulsa como política educativa pública, el respeto inalienable del derecho de todos los niños, las niñas y los jóvenes a acceder a una educación básica de calidad. Por ello resulta vital construir una escuela inclusiva que reciba y atienda a todas las personas de la comunidad, independientemente de su condición personal, de género o procedencia social, cultural, étnica, lingüística y económica, incluyendo a aquéllas que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación”.1

En el documento intitulado “Educación pertinente e inclusiva. La discapacidad en la educación indígena. Guía cuaderno 5: Atención educativa de alumnos y alumnas con discapacidad visual” emitido por la SEP, señala que cuando se habla de ceguera o baja visión se hace referencia a condiciones caracterizadas por una limitación total o muy seria de la función visual.2

La ceguera es cuando una persona no ve o tiene una ligera percepción de luz que le permite distinguir entre la luz y la obscuridad pero no la forma de objetos y por tanto requieren de apoyos para poder tener acceso a la educación como es el caso de los textos en Braille.

En la población infantil la deficiencia visual crea problemas en el desarrollo, pues evidentemente esta característica dificulta significativamente su inclusión en la sociedad, por lo tanto es necesario contar con una educación inclusiva que comprenda métodos alternos para la lectura y la escritura, a fin de facilitar a estos el acceso a la misma información que se les proporciona en las aulas a los no invidentes.

Por lo expuesto, someto a la consideración de la honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de

Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Educación Pública, haga del conocimiento público, el estado que guarda la distribución de libros de texto gratuito en sistema Braille.

Notas

1 Información obtenida de:
http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/tabinicio/2013/indigena/5Discapacidad_Visual.pdf
El texto resaltado es de la que suscribe.

2 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016

Diputada Lluvia Flores Sonduk (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cofece a presentar en uso de sus facultades denuncia penal por la manipulación del precio de venta de pollo, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Juan Romero Tenorio, diputado a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso y la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

Primero . La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) es la autoridad responsable de vigilar los mercados para garantizar un entorno favorable a la competencia, en beneficio de los consumidores y el crecimiento económico de México.

Teniendo en todo momento como objetivo garantizar la libre competencia y concurrencia, y prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas, emitir lineamientos para regular los insumos esenciales y eliminar las barreras a la competencia y libre concurrencia, así como las demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que establecen la Constitución, los tratados y las leyes.

Valiéndose para ello de opiniones, estudios y resoluciones que contribuyen al crecimiento económico y al bienestar de los mexicanos, y que es referente obligado en las decisiones de política pública por su apego a los valores de legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia y excelencia.

Segundo . El 28 de marzo de 2016 la Cofece, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 12, fracción XXIX, de la Ley Federal de Competencia Económica, derivado del análisis ex post para medir los efectos causados por una colusión (práctica monopólica absoluta) en el mercado de pollo de la Ciudad de México, realizada por diversos agentes económicos, dio a conocer públicamente los resultado del estudio Evaluación del Impacto en el Bienestar de los Consumidores Derivado de la Sanción a Cárteles en el Mercado de Pollo EVA-001-2016”, la que se estima causó un daño a los consumidores de al menos 107 millones de pesos.

Este documento evalúa el impacto en el bienestar de los consumidores derivado de la sanción de 13 acuerdos colusivos en los estados de Quintana Roo –Cancún y Chetumal– y Veracruz –Córdoba, Veracruz y Orizaba–, así como en el Distrito Federal y su área metropolitana, ocurridos entre 2005 y 2010.

El documento presenta una evaluación ex post del impacto de la fijación de precios en los consumidores. La evaluación fue comisionada por la Cofece y busca medir el impacto en los consumidores usando la información recabada por la CFC en sus diligencias, y complementando esa información con datos sobre precios de pollo de dos fuentes: la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía.

Los resultados indican que, de acuerdo con la información disponible, los acuerdos colusivos generaron un daño a los consumidores de entre 118 y 212 millones de pesos. La mayor parte del daño (entre 107 y 186 millones de pesos) corresponde a la Ciudad de México y su área metropolitana, donde la autoridad de competencia encontró un sobreprecio de 32 por ciento con una duración acumulada de la práctica de 44 días.

Tercero . La anterior Comisión Federal de Competencia, ahora Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), determinó la existencia de colusión para la fijación de precios (una práctica monopólica absoluta) en la comercialización de pollo en tres regiones del país entre 2005 y 20101 .

En el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y el Área Metropolitana (DF y AM), se identificó un acuerdo de fijación de precios entre las empresas Bachoco, San Antonio, Pilgrim’s, Tyson y PQRO. El acuerdo tuvo una duración acumulada de 44 días entre 2008 y 2009, y afectó la venta en pollerías y mercados públicos.

En Córdoba, Orizaba, y Veracruz/Boca del Río, en el estado de Veracruz, se determinó que las empresas Neria, Marver, Agroindustrias, Aca, San Antonio y Bachoco hicieron un acuerdo para fijar precios. La práctica duró un total de 52 días entre 2005 y 2009, y afectó la venta en pollerías y mercados públicos.

En Cancún y Chetumal, Quintana Roo, se determinó que hubo un acuerdo para fijar precios entre Crío y Bachoco , y también Oxtankah en Chetumal. El acuerdo en Cancún tuvo una duración de siete días y en Chetumal tuvo una duración de 285 días, ambos durante 2010.

La autoridad de competencia determinó la duración de las prácticas con base en evidencia física. En el caso de los acuerdos en Córdoba, Orizaba, Veracruz/Boca del Río y DF y AM, el inicio y la conclusión del pacto colusorio se determinaron con base en la vigencia de publicaciones con ofertas de pollo en medios de comunicación .

En la práctica realizada en Cancún, la duración se determinó con base en un acuerdo de precios que se presentó ante las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Quintana Roo. Para el acuerdo celebrado en Chetumal, la duración se estableció con base en actas levantadas en las reuniones celebradas para coordinar la fijación en precios.

El tamaño y la importancia relativa de los participantes en los acuerdos de fijación de precios difieren entre los distintos casos. Algunos de los participantes son distribuidores locales y otros tienen presencia nacional. El rango de sus ventas anuales se ubica entre 40 y 18 mil 211 millones de pesos.

Para poner en perspectiva los resultados, podemos expresarlos como el gasto adicional de los hogares que la fijación de precios hubiera generado si (en lugar de limitarse a unos cuantos días) hubiera durado un año.

Si suponemos un consumo per cápita de pollo de 25 kilogramos (Salazar et al. 2005), un hogar de cuatro integrantes, y un precio promedio por kilogramo de 15 pesos, la fijación de precios hubiera resultado en un incremento de entre 158 y 468 pesos en el gasto anual de los hogares2 .

Por tanto es posible aproximar con supuestos razonables desde el punto de vista de la teoría económica el impacto de la fijación de precios en los consumidores.

Los resultados del análisis ex post implican un impacto claro en los casos de Cancún y Chetumal de al menos 10.5 millones de pesos y de hasta 24.5 millones de pesos.

Con base en los cambios en precios empleados por la autoridad de competencia, el impacto en el bienestar de los consumidores es de al menos 118.4 millones de pesos y de hasta 212.3 millones de pesos.

Cuarto . El Código Penal Federal establece en su capítulo... los delitos contra la economía pública y dentro de ellos los específicamente referidos a la

El Código Penal Federal en su artículo 254 Bis a la letra señala:

“Artículo 254 Bis . Se sancionará con prisión de cinco a diez años y con mil a diez mil días de multa, a quien celebre, ordene o ejecute contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea cualquiera de los siguientes:

I. Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados;

II. Establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o adquirir sino solamente una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación o transacción de un número, volumen o frecuencia restringidos o limitados de servicios;

III. Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios determinados o determinables;

IV. Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos, subastas o almonedas, y

V. Intercambiar información con alguno de los objetos o efectos a que se refieren las anteriores fracciones.

El delito previsto en este artículo se perseguirá por querella de la Comisión Federal de Competencia Económica o del Instituto Federal de Telecomunicaciones, según corresponda, la cual sólo podrá formularse con el dictamen de probable responsabilidad, en los términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia Económica.

No existirá responsabilidad penal para los agentes económicos que se acojan al beneficio a que se refiere el artículo 103 de la Ley Federal de Competencia Económica, previa resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica o del Instituto Federal de Telecomunicaciones que determine que cumple con los términos establecidos en dicha disposición y las demás aplicables.

Los procesos seguidos por este delito se podrán sobreseer a petición del pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica o del Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuando los procesados cumplan las sanciones administrativas impuestas y, además se cumplan los requisitos previstos en los criterios técnicos emitidos por la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

La acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad a que se refiere el primer párrafo de este artículo ”.

Quinto . A pesar de la evidencia en contra de las empresas señaladas, éstas se han negado a pagar la sanción establecida por la autoridad administrativa competente, anteponiendo para ello sendos juicios de amparo que aún no causan estado.

Adicionalmente a esta falta de castigo en la comisión de prácticas monopólicas por parte de las empresas referidas en el análisis ex post, se suma la impunidad con la que operan, ya que incluso están a punto de quedar sin castigo los responsables por los delitos cometidos, ya que conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 254 Bis del Código Penal Federal “La acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad a que se refiere el primer párrafo de este artículo”.

Luego entonces, considerando que la penalidad señalada en el primer párrafo del artículo 254 Bis es de “cinco a diez años de prisión y de mil a diez mil días de multa”, el término medio aritmético para ejercer acción penal es de 7 años y medio, por lo que el plazo legal está a punto de concluir considerando que las conductas se cometieron entre 2008 y 2009.

En razón de lo anterior, la Comisión Federal de Competencia Económica debe presentar las denuncias correspondientes y no dejar que prescriban por el simple transcurso del tiempo, ya que esto sólo alienta la impunidad.

El estado tiene la obligación de combatir la impunidad por todos los medios legales disponibles, ya que la impunidad propicia la repetición crónica de delitos y conductas nocivas para la sociedad y deja en estado de indefensión a las víctimas.

Por tanto y con fundamento en lo expresado así como en las disposiciones invocadas en el proemio, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . Se exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica para que en uso de sus facultades presente denuncia penal por delitos contra la economía, el consumo y la riqueza nacionales previstos en el artículo 254 Bis del Código Penal Federal, cometidos en colusión por los cárteles en el mercado de pollo para fijar, concertar y manipular el precio de venta del pollo, ocurrido durante 44 días –transcurridos entre 2008 y 2009– durante los cuales las familias de la Ciudad de México consumidoras pagaron un sobreprecio de 32.4 por ciento.

Notas

1 La Comisión Federal de Competencia fue remplazada por la actual Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). Los expedientes correspondientes a los casos analizados son: IO-005-2009-IA, IO-005-2009-IB, IO-005-2009-II, y IO-005-2009-III.

2 Usando la notación de la ecuación (1), la cifra se calculó como: [ÄEC/(g×d)]×25×4×15. Consideramos los valores mínimos y máximos que resultan de hacer el cálculo para cada caso.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2016.

Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas instancias a difundir los avances y resultados sobre la recomendación 51/2014, emitida por la CNDH respecto al caso Tlatlaya, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Omar Ortega Álvarez, diputado federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El suceso de las 22 ejecuciones cometidas el 30 de junio de 2014 en la zona de San Pedro Limón del municipio de Tlatlaya, estado de México, fue uno de los casos más graves de violaciones a derechos humanos en el país que desató la indignación internacional, mostró la debilidad institucional así como las arbitrariedades del Ejército y la complicidad e ineficiencia de las autoridades de la entidad mexiquense en materia de seguridad y procuración de justicia.

En su momento, para expiar responsabilidades, la comandancia de la 22 Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó sobre un enfrentamiento en el que elementos del Ejército que patrullaban la zona de San Pedro Limón, supuestamente, sufrieron una agresión por parte de integrantes del crimen organizado, la cual repelieron en cumplimiento de su deber y para preservar su propia vida.

En el mismo sentido, el 17 de julio de ese año, el titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de México (PGJEM), Alejandro Gómez Sánchez, también atribuyó a un enfrentamiento entre presuntos integrantes de una banda delictiva llamada Guerreros Unidos, la muerte de las 22 personas y señaló que tras las pruebas periciales practicadas por la Procuraduría estatal “no había evidencias de fusilamiento”.

Sin embargo, investigaciones periodísticas evidenciaron la existencia de diversos elementos que sugerían que, al menos parte de las muertes que se produjeron en Tlatlaya, pudieron ser ejecuciones en una bodega; la presión nacional e internacional obligó a distintas instancias a realizar investigaciones objetivas para esclarecer el caso que apuntaba a ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército Mexicano.

Gracias a lo anterior, en este momento se sabe que tanto la PGJEM como la Sedena, mintieron para ocultar información puesto que en octubre de 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 51/2014 -que fue aceptada por todas las instancias señaladas-, en la que consideró que 15 de las 22 personas asesinadas en Tlatlaya, fueron privadas de su vida por Fuerzas Federales, a pesar de encontrarse sometidas. Al mismo tiempo, la recomendación refirió que “después de utilizar la fuerza pública para contrarrestar la agresión armada, y una vez estando rendidos los civiles, los elementos militares ingresaron a la bodega y a partir de una acción arbitraria, desproporcional, innecesaria, y desapegada al sistema de derechos humanos, privaron de la vida arbitrariamente a 12 personas que se encontraban ahí, vivas, rendidas o heridas”. Aunado a esto, la Recomendación señaló lo que las investigaciones periodísticas ya habían apuntado, la alteración de la escena del crimen.

Por este suceso, la Sedena consignó por la comisión de delitos contra la disciplina militar, a siete elementos de tropa y un oficial quienes fueron puestos a disposición del Juzgado Sexto Militar. Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación sobre el crimen.

No obstante, organizaciones de la Sociedad Civil denunciaron que el Juzgado Sexto Militar, dependiente de la Sedena, el 14 de octubre de 2015 dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete elementos castrenses que participaron en los hechos ocurridos en Tlatlaya, mientras que el séptimo de los acusados fue condenado solamente a un año de prisión por el delito de desobediencia, pena que ya ha sido compurgada.

La exoneración de los elementos castrenses resulta ilegal y demuestra la opacidad y las limitaciones de la justicia en manos de las instancias militares. Esta acción pareciera encaminar el caso de Tlatlaya a la impunidad, lo que debería, como representantes públicos, obligarnos a demandar y velar por justicia en la materia.

Por todo ello, resulta también alarmante que aunque la investigación de la PGR sigue abierta, la Procuraduría la “ha fragmentado integrando varias averiguaciones previas y ha sido reticente a investigar cabalmente a todos los elementos del Ejército que pudieron estar involucrados en los hechos”.1

En este sentido, debe recordarse la acción de las organizaciones que en 2015 exigieron que la PGR desahogara diversas pruebas para investigar la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”. Sin embargo, tras varios meses, el trabajo de la PGR no sido ni efectivo ni eficiente y, mucho menos, expedito. La Procuraduría debe citar a declarar a los mandos militares a cargo de emitir y supervisar dicha orden, a fin de deslindar responsabilidades por cadena de mando.

De igual forma, en el camino de la obstaculización al proceso, la CNDH ha negado a una de las víctimas “el acceso a la versión íntegra del expediente de seguimiento a la Recomendación 51/2014, argumentando que la Sedena había calificado información del expediente como reservada, en contra de la calificación sobre la publicidad del expediente hecha por el propio Ombudsman anteriormente. Por otro lado, la Comisión tampoco ha informado de los resultados de su revisión de las órdenes militares vigentes en el país y si éstas contienen instrucciones de abatir delincuentes, siendo un hecho público que en el contexto de sus operaciones en terreno las Fuerzas Armadas siguen refiriéndose en estos términos a la privación de la vida humana”.2 Adicionalmente, lo anterior vulnera flagrantemente lo establecido en el artículo 5 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública dado que, al tratarse de un hecho en el que se presentaron violaciones graves a los derechos humanos, calificado así por el órgano constitucionalmente autónomo y competente en la materia, la información no puede ser objeto de reserva alguna.

Al respecto, es también importante señalar que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 57 del Código de Justicia Militar, se define como delito contra la disciplina militar, entre otros, los del orden común o federal siempre y cuando no tengan la condición de civil el sujeto pasivo que reciente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien jurídico tutelado. Esto quiere decir que, cuando militares en servicio cometen un delito del orden común, como homicidios, en el cual la víctima o víctimas, tienen la condición de civil, el acto delictivo debe ser objeto de indagatoria por parte del Ministerio Público Federal y procesado en los Tribunales Penales del orden civil.

En el tenor de lo expuesto, sigue pendiente el esclarecimiento de las responsabilidades correspondientes en el ámbito penal, administrativo y de la disciplina militar, de los elementos que integraron la cadena de mando de la Sedena incluyendo mandos jerárquicos y elementos que estuvieron presentes en el lugar de los hechos de Tlatlaya o que, sin haber estado físicamente presentes, tenían responsabilidad respecto a la supervisión de la actuación de dichos elementos.3

Aunado a esto, la adopción de todas las medidas necesarias para evitar que hechos de esta naturaleza se vuelvan a producir, resulta imprescindible para garantizar el Estado de derecho. De esta manera, se vuelve necesario revisar otros casos en los que se han anunciado la existencia de enfrentamientos armados entre elementos castrenses y supuestos criminales, para esclarecer los hechos y, en su caso, depurar responsabilidades, así como para evitar más violaciones a derechos humanos. Un análisis profundo acerca de la vinculación entre violaciones a derechos humanos y la presencia de los militares en tareas de seguridad pública es urgente.

Finalmente, como lo han señalado las organizaciones, es fundamental reiterar la importancia de los diversos procesos que continúan abiertos en torno al caso Tlatlaya: “en la justicia civil federal tres militares están imputados por cargos de homicidio; la PGR aún mantiene abierta la averiguación previa donde se ha solicitado investigar la cadena de mando respecto de la orden de abatir; y, adicionalmente, permanece pendiente el cumplimiento del amparo ganado por una de las víctimas para que la justicia militar no siga conociendo los hechos, expediente que recientemente ha sido remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”.4 Mientras estos procesos sigan abiertos, la vigilancia sobre el apego a la Ley con visión de derechos humanos es fundamental para garantizar la no repetición y la reparación de los daños. Con el ejército aún en las calles, ésta se vuelve una tarea constante.

Por todo lo anteriormente descrito, someto a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que en el uso de sus atribuciones legales, informe públicamente acerca del estado del cumplimiento de la Recomendación 51/204. Asimismo, rinda informe público sobre los resultados de su revisión de las órdenes militares vigentes en el país y si éstas contienen instrucciones de “abatir delincuentes”.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República a hacer pública la información relativa a los avances o los alcances de las investigaciones acerca de los elementos militares bajo custodia o de otras personas con probable responsabilidad, que hayan podido colaborar, presenciar, autorizar, ordenar u obligar a otros respecto a las ejecuciones extrajudiciales cometidas el 30 de junio de 2014 en la zona de San Pedro Limón del municipio de Tlatlaya, estado de México.

Tercero . La Cámara de Diputados exhorta la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la ley, a investigar las presuntas conductas de servidores públicos que pudieran constituir responsabilidades administrativas en el caso de las ejecuciones extrajudiciales cometidas el 30 de junio de 2014 en la zona de San Pedro Limón del municipio de Tlatlaya, estado de México.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno del estado de México a hacer del conocimiento público las razones por las que la Procuraduría General de Justicia del estado de México no investigó acerca de la alteración de elementos y de la escena de los hechos y el desplazamiento de los cadáveres fuera de su posición original, ni se estudió la posibilidad de que pudieron haberse cometido actos de homicidio en agravio de los civiles mientras el caso de Tlatlaya continuaba siendo de su competencia, así como a hacer públicos, con respeto a los derechos de presunción de inocencia y la protección de datos asentada en la Ley, los avances en los procesos penales y administrativos seguidos en contra de servidores públicos, que presuntamente hayan incurrido en conductas ilícitas en torno al Caso Tlatlaya, y la relación que guardan con aquéllos identificados por la Recomendación 51/2014.

Notas

1 IMDHD. “Denuncian absolución de militares en caso Tlatlaya: Se consolida la impunidad”. Consultado el 31 de marzo de 2016 en: http://imdhd.org/prensa-boletines-detalle.php?id=10425

2 Ibídem

3 LXII Legislatura. “Informe final de actividades del grupo de trabajo plural de la Cámara de Diputados para coadyuvar con las autoridades competentes en la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, estado de México, el 30 de junio de 2014”, página 42.

4 MDHD. “Denuncian absolución de militares en caso Tlatlaya: Se consolida la impunidad”. Consultado el 31 de marzo de 2016 en: http://imdhd.org/prensa-boletines-detalle.php?id=10425

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.

Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a difundir información sobre los linderos de las propiedades del centro ecológico de Akumal e iniciar un juicio de lesividad respecto a los certificados catastrales de medidas y colindancias expedidos en favor de personas morales, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada Isaura Ivanova Pool Pech, así como los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, así como el artículo del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a presentar un informe sobre los linderos de las propiedades del centro ecológico de Akumal, e inicie juicio de lesividad respecto a los certificados catastrales de medidas y colindancias que otorgaron distintas autoridades a favor de las personas morales que actualmente se han apropiado de los caminos de acceso público a la playa; así como a la Secretaría de la Función Pública para que inicie los procedimientos de responsabilidad administrativa a que haya lugar; lo anterior en virtud de las siguientes

Consideraciones

1. En franca violación a los derechos de acceso público al sitio conocido como Bahía de Akumal, la asociación civil Centro Ukana I Akumal quien también se designa como Centro Ecológico Akumal, por sus siglas (CEA), colocó maya ciclónica y concertina de acero con púas para restringir el paso a la playa.

Empresarios que evaden el cumplimiento de la ley, aprovechando la inexplicable indiferencia y ausencia de las autoridades, se adjudican atribuciones y facultades que nos les corresponden, utilizando una práctica engañosa como pretexto; “el supuesto interés que tienen por preservar la ecología y la sustentabilidad”.

Ilegalmente cubren ese vacío, provocado por la ausencia de la autoridad, comportándose el Centro Ecológico Akumal como el ente regulador en materia ambiental, cuando son simplemente particulares dentro de un conflicto. En este caso colgaron una manta con la leyenda de “Aviso de Seguridad” por el que se atribuyen el derecho a declarar unilateralmente contingencias ambientales, así como imponer restricciones para el acceso a la zona federal marítimo terrestre (Zofemat).

Es indudable que en materia ambiental la tierra que mayor protección requiere es aquella que se ubica en la franja de transición tierra mar, no sólo debido a la diversidad de flora y fauna que alberga el ecosistema, sino que también no se deja de advertir que se trata de un ecosistema sumamente frágil y expuesto a los cambios climáticos y la mano del hombre.

Por tal motivo los pobladores y pequeñas cooperativas locales del poblado adyacente a la bahía inmediatamente se manifestaron en contra, pues la supuesta preservación ecológica es utilizada por particulares para adueñarse ilegalmente de accesos como éste, privatizándolos para que el personal de ese mismo centro, venda tours de sus asociados, en concreto establecer un control del turismo de la zona con fines meramente comerciales enmascarados de ambientales, para demostrar esto basta con ver que el presidente del consejo del Centro Ukana I, AC o Centro Ecológico Akumal (CEA) es el principal socio y accionista de la empresa Administradora de Conjuntos Hoteleros que opera el segundo hotel más grande de la bahía akumalense.

Consecuentemente lo que existe es la monopolización de las actividades turísticas, sin la intervención de autoridades, mediante la autorregulación ilegal por la cual determinan sus atribuciones en materia ecológica.

2. Las autoridades de los tres niveles de gobierno deben intervenir para atender esta problemática a efecto de evitar que se dé algún enfrentamiento, aunque los vecinos y comerciantes rechazan cualquier tipo de violencia, exigen respeto a sus derechos humanos, a preservar sus fuentes de empleo y a que se respete el carácter público del acceso a la playa.

El cierre de este acceso afecta a los pobladores de Akumal en particular, pero de manera general a la sociedad. Es importante señalar que lo largo de unas horas y por espacio de dos días, el miércoles 9 y jueves 10 de marzo del año en curso, peritos de las Procuradurías General de la República y Federal de Medio Ambiente, llevaron a cabo mediciones de linderos de las propiedades del Centro Ecológico de Akumal, sin embargo a la fecha no se ha retirado el bloqueo del acceso público a la playa, a pesar de que no es la primera ocasión que se realizan este tipo de diligencias, que al parecer solamente avalan negligentemente la violación a la norma.

Con el paso de los días ha ido escalando el conflicto porque se trata de un acceso público al mar en Akumal, cuya disputa afecta a segmentos turísticos cada vez más amplios, así como a los visitantes y obviamente la economía de las familias del poblado de Akumal.

3. La bahía de Akumal se encuentra localizada en la zona federal marítimo terrestre del asentamiento poblacional denominado Akumal perteneciente al municipio de Tulum, Quintana Roo.

El centro de población se extiende a ambos lados de la carretera federal trescientos siete, Cancún-Chetumal, estando de lado oeste de dicha vía el llamado pueblo de apoyo o Akumal Pueblo y del lado este la zona turística o fraccionamiento Akumal.

Luego entonces es el lado este del asentamiento la cual colinda con la zona federal marítimo terrestre en tres áreas conocidas como Bahía de Akumal, Bahía de la Media Luna y Laguna de Yalkú.

Las personas morales denominadas Centro Ukana I Akumal, AC, Club Akumal Caribe, SA de CV operadora del hotel del mismo nombre y diversos locales comerciales, Paraíso Akumal Resorts, SA de CV, constructora del hotel Secrets Akumal y Administradora de Conjuntos Hoteleros, SA de CV operadora del hotel Akumal Bay, respectivamente son propietarios de sendos inmuebles que colindan con la zona federal marítimo terrestre de la Bahía de Akumal.

Las cuatro personas morales se encuentran aprovechando la zona federal marítimo terrestre adyacente a sus respectivos inmuebles, siendo en algunos casos concesionarios formales mediante títulos de concesión emitidos en su favor por la autoridad ambiental federal.

Es importante señalar que los principales socios de Club Akumal Caribe, SA de CV y Administradora de Conjuntos Hoteleros, SA de CV, son a la vez parte del consejo del Centro Ukana I Akumal, AC, que se autonombra protector ambiental de la bahía como Centro Ecológico Akumal; con lo que se hace evidente el claro conflicto de intereses al recoger estas personas el carácter de comerciantes y supuestos ambientalistas.

El fraccionamiento Akumal (zona turística) fue establecido mediante decreto emitido por el Gobierno del Estado de Quintana Roo publicado en el periódico oficial el acto fundacional del fraccionamiento Akumal fue acompañado del registro de los planos que contienen la división del fraccionamiento en secciones que van de la letra a a la h y la respectiva lotificación del área para su individualización, así como la descripción de las áreas de donación para destino público y de equipamiento urbano, incluyéndose el trazo de vialidades y caminos de acceso a la playa o zona federal marítimo terrestre.

4. Es el caso que algunos propietarios inmobiliarios modificaron la descripción catastral de las dimensiones originales de sus predios mediante procedimientos administrativos de certificación de medidas y colindancias llevados ante el ayuntamiento de Tulum, ocasionado así que espacios públicos, como los accesos a la zona federal marítimo terrestre de la Bahía de Akumal se modificaran ilegítimamente; resultando que en la actualidad dichas personas en cuyo favor se otorgaron los certificados catastrales de medidas y colindancias alegan derechos posesorios y de propiedad en los caminos de acceso a la playa, a pesar de que “dichos certificados catastrales expresamente señala que su vigencia es por un tiempo limitado no mayor a seis meses o ciento ochenta días a más de no conferir derechos posesorios, de propiedad o en perjuicio de terceros”.

Resulta evidente que estas personas morales se encuentran aprovechando comercialmente un bien nacional, mediante violaciones a la ley, tal y como se describe, pero ahora han ido más lejos, pues obstaculizan del libre paso o tránsito de personas y realizan obras y construcciones, algunas temporales y otras permanentes, que dañan la zona de anidamiento de las tortugas marinas, entre otras especies, autorregulándose ilegalmente y simulando una supuesta preservación de la ecología y la sustentabilidad, que ellos mismos determinan.

5. Finalmente es importante destacar que el interés primordial del presente punto de acuerdo es:

Que se cumpla lo establecido por la normatividad ambiental y que sean las autoridades federales, estatales y municipales quienes resuelvan en materia de protección al ambiente; se impulse la elaboración e instrumentación de un Plan de Manejo del Área de Refugio para Protección de Especies Marinas de Akumal en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; se coadyuve con las autoridades en el mantenimiento y cuidado de la entrada de Akumal, accesos públicos a la playa y zona federal marítima en la localidad; se reivindique el trazo original del acceso público a la bahía de Akumal; y que las autoridades en materia ambiental sean las que administren y garanticen el acceso a la playa en forma sustentable.

Por lo expuesto, se somete a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que haga público un informe sobre los linderos de las propiedades del Centro Ecológico de Akumal, lo anterior a efecto de garantizar:

I. Que se cumpla lo establecido por la normatividad ambiental y que sean las autoridades federales, estatales y municipales quienes resuelvan en materia de protección al ambiente.

II. Que se impulse la elaboración e instrumentación de un Plan de Manejo del Área de Refugio para Protección de Especies Marinas de Akumal en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

III. Se realice el mantenimiento y cuidado de la entrada de Akumal, accesos públicos a la playa y zona federal marítima en la localidad.

IV. Se reivindique el trazo original del acceso público a la bahía de Akumal.

V. Que las autoridades en materia ambiental sean las que administren y garanticen el acceso a la playa en forma sustentable.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a promover el juicio de lesividad a que se refiere el artículo 13, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo a fin de que se anulen los certificados catastrales de medidas y colindancias que otorgaron distintas autoridades de la administración pública a favor de las personas morales que actualmente se han apropiado ilegalmente de los caminos de acceso público a la playa, de la bahía de Akumal, toda vez que existe información falsa, que permite interpretaciones que contravienen la normatividad local y federal además de lesionar gravemente los derechos humanos de libre acceso los habitantes de la zona y de los ciudadanos en general, así como a disfrutar de un medio ambiente sano.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública a iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa a que haya lugar, por acción u omisión de los servidores públicos que han permitido el daño ecológico en la zona, y la violación de la ley para el libre acceso a la bahía de Akumal, así como el posible conflicto de interés que tengan con los empresarios que resulten responsables.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.

Diputada Isaura Ivanova Pool Pech (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 2 de abril, Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, a cargo de la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

“Reconoce que somos igual de extraños el uno para el otro, y que mi forma de ser no es simplemente una versión deteriorada de la tuya...”: Jim Sinclair

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo para poner de relieve la necesidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo, a fin de que puedan llevar una vida plena y gratificante como parte integrante de la sociedad.1

El autismo es una condición de causas desconocidas. A escala mundial, según la Organización Internacional Autism Speaks, en promedio 1 de cada 88 nacimientos tiene autismo, con un incremento de 20 por ciento anual. En México, 1 de cada 100 niños padece autismo; es decir, de los 2 millones 500 mil nacimientos al año, 25 mil padecen autismo y un niño varón tiene 5 veces más probabilidades de autismo que una niña.2

El autismo no es una enfermedad sino una condición que afecta la forma en que una persona percibe, interpreta y responde al ambiente y a las relaciones sociales; dificulta su comprensión y el uso del lenguaje.

Hace a la persona más solitaria, pues le resulta difícil procesar la información verbal y no verbal a la vez. Imaginen su cerebro como una computadora: cuando ésta realiza cuatro o cinco funciones a la vez, se traba, se pone lenta, lo mismo pasa con las personas con autismo y no por esto no son capaces de realizar ciertas actividades. La cierto es que solo pueden interactuar en base a relaciones uno a uno o en un grupo pequeño.

Pese a esto son personas extremadamente inteligentes, si se les motiva por medio de terapia, se puede desarrollar el talento con el que cada uno cuenta, lo que requiere de acompañamiento y paciencia. La pasión es la energía que se desprende cuando se hace lo que se ama; por ello encontrar el vínculo entre la instrucción, el talento y la pasión genera personas realmente extraordinarias como los autistas.

Grandes personajes a lo largo de la historia han padecido de autismo, como Albert Einstein, uno de los más reconocidos físicos de la historia, en un principio mal diagnosticado con esquizofrenia, pero cuyas teorías la sobre relatividad, la electrodinámica e incluso la mecánica cuántica cambiaron nuestra manera de ver el mundo; y, en la actualidad, Temple Grandin, quien se doctoró en ciencia animal en la Universidad de Illinois y hoy es profesora en la Universidad de Colorado, y a sus 68 años es un referente entre la comunidad autista.

Tener autismo no es sinónimo de desventaja. Aunque hoy la gente piense lo contrario, debemos esforzarnos por la comprensión e inclusión de estas personas.

Son niños, personas como tú y yo, tienen derecho a ser integrados en sociedad. ¿Cómo lo lograremos? Incluyéndolos desde pequeños en escuelas, en la sociedad, con paciencia y amor, adecuándonos a sus necesidades; darle vuelta a la moneda y ver la vida como ellos la ven. Está comprobado que la integración de un niño autista al aula, crea en sus compañeros, un vínculo de comprensión y tolerancia.

Pero por el contrario, como sociedad ignoramos y no proveemos de verdaderos cuidados a los autistas. Tendemos a culparlos de individualistas e inhabilitados para amoldarse a modelo de sociedad... pero irónicamente: ni siquiera la sociedad sabe qué que quiere.

En este momento no hay cura para el autismo o trastorno de espectro autista. La intervención temprana, apropiada e intensiva mejora en gran medida el pronóstico, aprenden con paciencia y con un método rutinario.

Los invito, compañeros diputados y diputadas, a trabajar en leyes que incluyan a las personas con espectro autista en la educación y sociedad, capacitando y capacitándonos para su atención, ofreciéndoles tratamientos y terapias desde temprana edad.

“Hola, mundo... yo te puedo ver, escuchar, sentir, oler y saborearte... ¡pero no pienso que te pueda conocer muy bien!”: palabras de un niño autista. Los niños autistas no viven en su mundo sino en uno igual al nuestro.

El autismo no se cura, se comprende.

Notas

1 http://www.un.org/es/events/autismday/background.shtml

2 http://www.jornada.unam.mx/2015/03/26/sociedad/043n2soc

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.

Diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola (rúbrica)


Inklusion
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