Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4367-IV, martes 22 de septiembre de 2015
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de bosques y selvas, a cargo del diputado José Lorenzo Rivera Sosa, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito José Lorenzo Rivera Sosa, diputado federal, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de obvia resolución, para crear la Comisión Especial de bosques y selvas al tenor de las siguientes
Consideraciones
El futuro de nuestra sociedad está íntimamente ligado a la permanencia de los bosques. Éstos tienen un papel central en la economía, no sólo porque proporcionan bienes valiosos como la madera, el papel y otros productos como hongos, miel, o resina; además los bosques y selvas proveen de indispensables servicios ambientales como la captación y filtración de agua, la protección de los suelos frente a la erosión, la captura de carbono y producción de oxígeno y la regulación del clima.
Al contar con una diversidad de climas, México es uno de los cinco países con mayor riqueza biológica en el mundo. Entre esta diversidad de paisajes, 33.5 millones de hectáreas son bosques templados, mientras que 31.3 millones de hectáreas son selvas.
México cuenta con 65 millones de hectáreas de bosques, aproximadamente un tercio (33 por ciento) de los 195 millones de hectáreas de la superficie total del país. De estas 95 por ciento son de bosques naturales.
La Asamblea General de las Naciones Unidas define el manejo forestal sostenible como un “concepto dinámico y en evolución, que tiene como objetivo conservar y aumentar los valores económicos, sociales y ambientales de todos los tipos de bosque en beneficio de las generaciones presentes y futuras”. El concepto de manejo forestal sustentable abarca tanto los bosques naturales como las plantaciones, y comprende diversas funciones forestales: conservación, para la producción de bienes y servicios ambientales.
México, como miembro de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, debe participar de manera más activa en el (Inegi) como la UNAM reportan que el país presenta una tasa de deforestación más de tres veces superior a la antes mencionada; el INEGI indica que cada año se deforestan 478 mil 922 hectáreas de bosques y selvas, en tanto que la Universidad señala que la cifra es de casi 484 mil hectáreas anuales.
Las causas de la deforestación son múltiples pero entre los principales factores destacan el fomento a la ganadería extensiva y la agricultura de subsistencia, así la expansión de la frontera agrícola intensiva para algunos productos rentables, y el crecimiento urbano desorganizado, que se explica por una deficiente planeación territorial. 82 por ciento de la deforestación es producto del cambio de uso de suelo y el 8 por ciento se debe a tala ilegal.
Debemos concientizarnos de que el manejo forestal razonable, nos otorga mejores niveles ambientales, económicos y sociales. El primer paso es reconocer su enorme valor y lo que grandes beneficios que generan.
Cabe citar que en la LV legislatura existió una comisión ordinaria de bosques y selvas, y es hasta la legislatura LIX donde se retoma la importancia del sector forestal creando la Comisión Especial de atención a pueblos que viven en el bosque, por lo anterior y los graves riesgos y efectos de la deforestación y el cambio climático, tenemos el deber, de conservar nuestros bosques convirtiéndolos en un motor del desarrollo económico, por tal motivo es de suma importancia la creación de una comisión especial que norme y vigile desde éste órgano legislativo, de manera particular los bosques del país.
La comisión especial tendrá el número de integrantes que acuerde la Junta de Coordinación Política, cuidando los justos criterios de proporcionalidad y peso específico de cada grupo parlamentario.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a proponer ante a los integrantes del pleno de esta soberanía la creación de la Comisión Especial del bosques y selvas, que funcionará durante la LXIII Legislatura, cuyo objeto será contribuir al desarrollo sostenible de los bosques y selvas del país, al igual que contribuir al fortalecimiento de los procesos y mecanismos que permitan el impulso de esta actividad, en el contexto nacional como internacional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2015.
Diputado José Lorenzo Sosa (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para el fortalecimiento de la producción y exportación de berries, a cargo del diputado José Antonio Salas Valencia, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado José Antonio Salas Valencia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 39, numeral 2, y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, fracción I, 79, 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición de acuerdo para crear la Comisión Especial para el fortalecimiento de la producción y exportación de berries, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
La producción de frutillas mexicanas atraviesa un momento clave en su consolidación como puntal de desarrollo humano y económico para distintas regiones de nuestro país.
Las exportaciones de zarzamora, fresa, arándano y frambuesa pasaron de diez mil toneladas en 2003 a doscientas tres mil en 2014, un incremento de dos mil por ciento con una derrama económica de más de mil millones de dólares en este último año.
Los estados de Michoacán, Baja California, Guanajuato, Jalisco y Puebla generan ya más de 110 mil empleos gracias al esfuerzo de productores agrícolas que vienen trabajando desde hace al menos quince años, cuando el cultivo de las frutillas comenzaba a desarrollarse en México.
Lamentablemente, a pesar del potencial existente y de que en nuestro país existen grandes superficies con condiciones óptimas para su producción, el Atlas Agroalimentario 2014 elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, da cuenta del mínimo o nulo aprovechamiento que existe en la mayor parte de las entidades de la República.
A la fecha, sólo 82 municipios del país cuentan con este tipo de cultivos y 25 de ellos concentran la mayor parte de la producción al generar casi el 80 por ciento del total de la producción nacional.
Por ello, la participación de las distintas instituciones del Estado, en sus diferentes órdenes de gobierno, no puede seguir siendo una actividad de mero acompañamiento y acciones aisladas, sino que es indispensable convertirse en acciones de verdadero fortalecimiento que apuntalen la producción y exportación de berries mexicanas.
Aprovechar la demanda internacional y ampliar el potencial de la fresa, frambuesa, zarzamora y arándano, no sólo permitiría consolidar productos que se han convertido en el quinto captador de divisas para nuestro país, sino sobre todo, representa una ventana de enormes oportunidades para revertir la marginación y el abandono que priva en gran parte del campo mexicano.
Los esfuerzos realizados por productores y empresarios deben ser respaldados de tal manera que se superen las dificultades para diversificar los cultivos y para aumentar las superficies de producción en el país, así como para perfeccionar los procesos de calidad y cumplir los protocolos de sanidad.
La transferencia de tecnología, los esquemas fitosanitarios y de inocuidad, la capacitación y la disponibilidad de infraestructura, la adaptación de tierras y el mejoramiento de semillas, así como el riego tecnificado, los invernaderos, centros de acopio y redes de frío, son proyectos que deben reforzarse para que alcancen los resultados que se deberían obtener.
Un ejemplo de los resultados posibles lo da la Asociación de Productores, Comercializadores y Exportadores de Frutillas Aneberries, constituida en 2010 con 15 empresas exportadoras, que cultivan aproximadamente 5 mil hectáreas de frutillas en Michoacán, Jalisco, Baja California y Colima, con un valor de 550 millones de dólares al año, generando más de 35 mil empleos; que hoy está buscando condiciones que les permitan duplicar su producción y por ende sus beneficios para la economía nacional, lo cual por supuesto debe ser un interés primordial para todos los órdenes de gobierno.
Existen casos de éxito que nos demuestran que sí es posible lograr este tipo de resultados tan ambiciosos; por ejemplo, el Valle de los Reyes en Michoacán, históricamente tuvo una vocación agrícola que descansaba en el cultivo de caña y la producción de azúcar, pero bastaron sólo 15 años para que hoy aporte el 96 por ciento de la producción total de zarzamora del país, con un valor de casi dos mil millones de pesos, ubicando a Michoacán como la principal entidad productora de berries en el país.
Este panorama que se presenta en algunas regiones del país es verdaderamente alentador y las condiciones resultan propicias para dedicar tiempo, dinero y esfuerzo en su multiplicación; los datos son claros, los mercados internacionales existen; Estados Unidos, Holanda, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, España y Canadá ya importan berries mexicanas.
Incluso, en este año 2015, después de un largo proceso de acuerdos entre países y de homologación sanitaria, salió primer embarque de berries con destino a China, cargado con 6 toneladas iniciales de frutillas procedentes de Michoacán y Jalisco.
Pero aún existen objetivos a cubrir, en los que encontramos países como Corea del Sur, India y Rusia, mercados donde México podría ser un competidor con bastantes ventajas, pues a pesar de que este cultivo es relativamente nuevo para nosotros, hoy somos uno de los pocos productores a gran escala.
En síntesis, los agricultores e inversores han incrementado su conocimiento acerca de los productos, de los manejos de inocuidad, las buenas prácticas internacionales y de la normatividad en la materia, logrando resultados positivos, pero estos procesos deben atenderse con mayor atención para estar en mejores posibilidades de competir ante el panorama internacional.
Compañeras y compañeros, estas oportunidades son tan grandes que no podemos cometer el error de menospreciarlas, menos aún ante la adversa situación económica global que demanda el compromiso de todos para implementar alternativas viables en el campo mexicano.
Por lo expuesto, agradezco su atención y propongo el siguiente
Acuerdo
Primero. Se crea y constituye la Comisión Especial para el fortalecimiento de la producción y exportación de berries, cuyo objeto es acompañar activamente los esfuerzos de productores y exportadores en el mercado nacional e internacional, así como gestionar y colaborar con las distintas instancias públicas vinculadas con este sector productivo en los diferentes órdenes de gobierno a efecto de potencializar los beneficios y la derrama económica que resultan de las frutillas.
Segundo. Para la integración y nombramiento de la junta directiva de la Comisión Especial para el fortalecimiento de la producción y exportación de berries se estará a lo dispuesto en la normatividad aplicable.
Tercero. La Comisión Especial para el fortalecimiento de la producción y exportación de berries se extinguirá al término de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Palacio Legislativo, México, DF, a 22 de septiembre de 2015.
Diputado José Antonio Salas Valencia (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política que se difunda por la Secretaría General la información relativa al cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las recomendaciones que vuelvan eficiente su cumplimiento, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Rafael Hernández Soriano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La responsabilidad de acreditar ética en el ejercicio necesariamente pasa por el tamiz de la congruencia.
La actual situación financiera y social obliga al Poder Legislativo, en lo particular a la Cámara de Diputados, por ser esta en la que se aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación, demostrar un uso racional de los recursos públicos, que de seguir la tendencia económica como va requeriremos realizar ajustes en el presupuesto.
Pero ¿por qué esperar? La crisis que enfrenta la Nación depende de múltiples factores económicos externos a lo que en la Cámara de Diputados podamos hacer para revertirla en un corto plazo.
La Cámara de Diputados en 2014 ejerció 4735 millones de pesos; en 2013, 6960 millones; en 2011, 5300 y en 2010, 4900 millones de pesos. Eso es presupuesto similar al de algunas Secretarías de Estado o programas federales.
Pero, ¿cuál es el asunto que pretendo plantear a esta Soberanía? El asunto es la poca transparencia en el uso de recursos públicos en la Cámara de Diputados.
De acuerdo con la Unidad de Enlace de Acceso a la Información, esta Cámara de Diputados, recibió en el año 2014 un total de 1443 solicitudes, de las cuales 1439 son de acceso a la información pública; 3 de acceso a datos personales y 1 de rectificación de datos personales.
Las áreas que atienden las solicitudes se detallan a continuación: Servicios Administrativos y Financieros, el 22.5 por ciento; Servicios Parlamentarios el 4.2 por ciento; la Unidad de Enlace el 61.3 por ciento y otras unidades el 12.1 por ciento.
Lo que significa que los solicitantes desean saber en qué gastamos el dinero del erario del público.
De este informe destaca que tan solo el 25 por ciento de la información solicitada se encuentra disponible en la página web de la Cámara de Diputados. Es necesario que ese 25 por ciento progresivamente vaya aumentando. Las diputadas y los diputados necesitamos ejercer con mayor responsabilidad los recursos públicos.
Mitofsky en agosto de 2012 en la encuesta de confianza en las instituciones ubicó a los diputados en el sitio 15 de confianza, a la policía en el 14, a los partidos políticos en el 13, a los senadores en el 12 y a los sindicatos en el 11. Ocupan los primeros lugares de confianza las Universidades, en el segundo la iglesia y en el tercer sitio el ejército.
Es urgente que ampliemos el 25 por ciento de información disponible en la página de internet, así como facilitar los mecanismos para que la gente acceda a la información de manera más ágil y expedita.
La propuesta que hoy planteo, no se refiere solamente a un asunto interno de la administración de esta Cámara; también se trata de un asunto de interés público, al estar en juego el ejercicio del derecho humano de acceso a la información que la Constitución reconoce en su artículo 6 a todas las personas sujetas a la jurisdicción del Estado Mexicano, previsto inclusive en pro de las personas que no formulan peticiones de información, pero que acceden a ella en la red de información mundial conocida como internet.
En efecto, dice el precepto supremo, en su segundo párrafo:
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
Por su parte, la fracción I, apartado A, del párrafo cuarto del mismo artículo 6º constitucional, dispone que
Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información .
Luego entonces, si toda la información en posesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión es pública, y respecto de la misma rige el principio de máxima publicidad, resulta indudable que, toda aquella información a que enunciativamente alude el precepto legal que más adelante se señala, debe constar y estar disponible oportunamente y en tiempo real, incluso como información pública de oficio, en la página web www.diputados.gob.mx, teniendo en cuenta que, hace años, nuestro país se comprometió a cumplir los preceptos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que, particularmente, en su artículo 13 numeral 1, el Pacto de San José, reconoce que
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección .
Lo que conlleva el deber de los Estados partes, previsto asimismo en los artículos 1 y 2 de dicha Convención, de adoptar las medidas legislativas y de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.
Al respecto, no está de más recordar que, el artículo 1º de la Constitución Mexicana, en su tercer párrafo, determina que
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
De esta forma, y considerando la regulación legal que enseguida invoco como sustento de mi proposición, considero que no solo el suscrito, sino también todos los diputados y diputadas de este órgano del Estado, tenemos el deber de cumplir los preceptos convencional y constitucionales referidos, según nuestro ámbito competencial.
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 7 establece cual es la información a la que los sujetos están obligados a hacer pública:
Artículo 7. Con excepción de la información reservada o confidencial prevista en esta Ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, en los términos del Reglamento y los lineamientos que expida el Instituto o la instancia equivalente a que se refiere el artículo 61, entre otra, la información siguiente:
I. Su estructura orgánica;
II. Las facultades de cada unidad administrativa;
III. El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes;
IV. La remuneración mensual por puesto, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes;
V. El domicilio de la unidad de enlace, además de la dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información;
VI. Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos;
VII. Los servicios que ofrecen;
VIII. Los trámites, requisitos y formatos. En caso de que se encuentren inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios o en el Registro que para la materia fiscal establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberán publicarse tal y como se registraron;
IX. La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo Federal, dicha información será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto;
X. Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que realicen, según corresponda, la Secretaría de la Función Pública, las contralorías internas o la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso, las aclaraciones que correspondan;
XI. El diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los programas de subsidio. Así como los padrones de beneficiarios de los programas sociales que establezca el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación;
XII. Las concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos;
XIII. Las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación aplicable detallando por cada contrato:
a) Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios contratados; en el caso de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico;
b) El monto;
c) El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya celebrado el contrato, y
d) Los plazos de cumplimiento de los contratos;
XIV. El marco normativo aplicable a cada sujeto obligado;
XV. Los informes que, por disposición legal, generen los sujetos obligados;
XVI. En su caso, los mecanismos de participación ciudadana, y
XVII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.
La información a que se refiere este artículo deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. Las dependencias y entidades deberán atender las recomendaciones que al respecto expida el instituto.
Es fundamental que la Junta de Coordinación Política ponga especial énfasis en el ejercicio de sus atribuciones establecidas en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en particular con los incisos e) y f) del numeral 1 del artículo 34:
Artículo 34.
1. A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes:
e) Aprobar el anteproyecto del presupuesto anual de la Cámara de Diputados;
f) Analizar y en su caso aprobar el informe de ejecución presupuestal que reciba de la Secretaría General, en donde se establezca el estado que guardan las finanzas de la Cámara;
Ejercicio que nos lleve a contar con informe, y una serie de recomendaciones, que nos permita tener un panorama de qué es lo que debemos enfatizar o qué es a lo que le debemos de dar continuidad en la transparencia.
Esperamos recomendaciones que nos lleven a mejorar la percepción de los ciudadanos en las y los diputados.
Por lo anteriormente fundado, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados solicita a la Junta de Coordinación Política instruya a la Secretaría General para que haga del conocimiento público el cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como recomendaciones que eficienticen el pleno cumplimiento de esta Ley.
Dado en la sede de la Cámara de Diputados a 22 de septiembre de 2015.
Diputado Rafael Hernández Soriano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para el desarrollo rural sustentable, a cargo del diputado Jorge Álvarez López, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quien suscribe, Jorge Álvarez López, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El campo mexicano se encuentra hoy en una evidente situación de rezago económico, social y tecnológico, lo cual lo pone en franca desventaja ante un contexto de mercado global. No obstante que el sector rural fue uno de los pilares sobre los cuales durante mucho tiempo se sostuvo la estructura económica nacional, en las últimas décadas éste ha sido objeto de abandono y exclusión por parte de un modelo de desarrollo que privilegia el impulso de otros sectores de la economía.
Si bien un sector de la población campesina de nuestro país ha logrado integrarse a la agricultura tecnificada que concurre a los mercados y agrega valor a su producción, lo cierto es que la gran mayoría de la misma vive en el atraso y la marginación y enfrenta condiciones de pobreza y pobreza extrema.
Ante la escasez de oportunidades para salir adelante, este segmento mayoritario de la población rural se debate entre: seguir dedicando su vida a una actividad que, sin la tecnificación y los apoyos suficientes, se torna cada vez menos productiva y sirve apenas para garantizar la subsistencia; emigrar en busca de integrarse a la fuerza de trabajo de las ciudades ya sean mexicanas o de los Estados Unidos; o bien, realizar actividades informales e ilegales.
A pesar de que 145 millones de hectáreas de los 198 que conforman el territorio nacional son propicias para la actividad agropecuaria, cada año porciones más amplias de tierra dejan de ser aprovechadas. Además, la participación del sector rural en el Producto Interno Bruto ha descendido de manera constante al grado de que hoy sólo representa menos del 5 por ciento del total, lo cual es indicativo de su limitada productividad y competitividad.
Igualmente, se debe señalar que una inadecuada planeación en el sector agropecuario tiene como consecuencia la explotación irracional de los recursos naturales y la degradación del medio ambiente, cuyo ritmo ha aumentado de manera continua, hasta alcanzar un promedio de crecimiento mayor incluso que el de la propia producción del sector. Es generalmente aceptado que la práctica no sustentable de actividades agropecuarias tiene una fuerte injerencia sobre la deforestación y la pérdida de biodiversidad.
Así, nuestro país se encuentra ante el reto de fortalecer la productividad y la competitividad del sector rural que fomente un desarrollo social justo y equitativo, al mismo tiempo que garantice que sus recursos naturales sean explotados racionalmente.
Se requiere entonces impulsar un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades, es decir, un desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable no es un asunto ideológico sino un modelo racional de largo plazo que contempla la transversalidad de todos los temas concernientes al Estado y al individuo, el cual debe ser incorporado a la planeación del desarrollo nacional.
El desarrollo rural sustentable debe incluir principios fundamentales en la búsqueda de un mayor equilibrio en la relación de los propietarios rurales y su entorno. La visión de un campo mexicano productivo, rentable, generador de empleos, que contribuya de manera significativa al crecimiento de la economía nacional y al mejoramiento integral del bienestar de la población campesina debe ser compatible con la conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales que prestan los territorios comprendidos fuera de los núcleos urbanos.
Otro de los retos importantes que debe afrontar México a través del desarrollo sustentable es generar una mayor cantidad de alimentos para garantizarle a la población un abasto oportuno y suficiente que nos permita mantener la soberanía alimentaria de la nación, es decir, la libre autodeterminación del país en materia de abasto, producción y acceso a los alimentos.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el desarrollo rural sustentable contribuirá de modo decisivo a lograr los objetivos de desarrollo del milenio, pues éste es clave para la reducción de la pobreza y del hambre, así como para garantizar la sostenibilidad medioambiental.
Ante esta situación, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México propone la creación de la Comisión Especial para el Desarrollo Rural Sustentable a fin de impulsar la armonización del marco legal de nuestro país en materia de desarrollo rural para que éste garantice la sustentabilidad. Asimismo, la citada Comisión Especial deberá promover la orientación del gasto público hacia programas y proyectos dirigidos a fortalecer el desarrollo sustentable del país.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en términos de los artículos 32, inciso c), de la Ley Orgánica Del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se discuta, y en su caso, se apruebe y emita el acuerdo de creación de la Comisión Especial para el Desarrollo Rural Sustentable.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de septiembre del año 2015.
Diputado Jorge Álvarez López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Chiapas a resolver por las instancias correspondientes la problemática de carácter religioso de los indígenas desplazados de localidades de San Cristóbal de las Casas, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputado de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II y numeral 2, fracciones I y II, de Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En los últimos años, los medios han publicado varios casos de enfrentamientos y persecución religiosa en algunas comunidades de Chiapas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca e Hidalgo.
En Chiapas, la historia de los conflictos relacionados con diferencias religiosas tiene varios años y, según datos de distintas organizaciones, es un fenómeno en ascenso. Hay que recordar que es el estado del país con mayor diversidad religiosa.
De los 4 millones 796 mil 580 habitantes, el 58.3% son católicos (25% por debajo de la media nacional), el promedio más bajo entre las 32 entidades federativas, pues se ubica 25 puntos porcentuales debajo de la media nacional. De acuerdo con datos censales de 2010, en Chiapas, 921,357 personas mencionan ser miembros de una religión protestante o evangélica, constituyendo el 19.2% de la población total de la entidad.
Según algunas organizaciones civiles y religiosas, existen por lo menos 30 conflictos en once municipios, en particular en Las Margaritas, La Trinitaria, Altamirano, Comitán, San Cristóbal de Las Casas, Huixtán, Venustiano Carranza, Ocosingo, Chilón, Tila y Palenque. Entre las hostilidades están la prohibición (social) de acceder al agua, asistir a la escuela, recoger leña, cuidar y sembrar parcelas y el pastoreo de animales.1
En este contexto, el día 12 de enero de 2010, como parte de agravios, ofensas y otras demostraciones de intolerancia religiosa, hombres, mujeres y niños tzotziles de la localidad de Los Llanos, ubicada en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, fueron violentamente desalojados de sus hogares; incluyendo al comisariado ejidal, bajo el argumento de que “eran responsables de causar división en el ejido y se habían negado a realizar trabajos comunitarios”.
Luego de ser desalojados, los agraviados no tuvieron más remedio que observar cómo vecinos y autoridades locales destruían sus hogares, parcelas y demás posesiones.
Desde que se produjeron estos lamentables hechos, el grupo de familias expulsadas de Los Llanos ha acudido en innumerables ocasiones a denunciar los hechos ante las autoridades del Gobierno del Estado de Chiapas, solicitando su mediación y conciliación para la solución del conflicto, con la esperanza de un pronto retorno a su comunidad. Sin embargo, no han encontrado más que indolencia por parte de los órganos del gobierno estatal.
Adicionalmente, el 25 de junio de 2013, se registró un violento altercado que enfrentó una vez más a los expulsados de Los Llanos con pobladores de la comunidad, durante un esfuerzo de los primeros por regresar a sus hogares y recuperar parte de sus antiguas pertenencias. El episodio dejó un saldo de ocho personas lesionadas, incluyendo mujeres y ancianos, que tuvieron que recibir atención médica después de haber sido retenidas, amarradas, golpeadas y amenazadas, además de haber sido rociadas con gasolinas.
En este contexto de conflicto, el pasado diciembre de 2014, el Gobierno del Estado firmó una minuta de acuerdos con los agraviados, comprometiéndose a hacer posible su reubicación a más tardar en el mes de abril de 2015 mediante la compra de terrenos y la gestión de viviendas, el cumplimiento del convenio se ha soslayado arguyendo trabas burocráticas e imposibilidad institucional.
Los hechos y el incumplimiento de acuerdos, evidencia el estado en el que se halla la atención a los conflictos, lo que ha desembocado en la realización de numerosas marchas y plantones por parte de los afectados y organizaciones simpatizantes en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas para exigir la reubicación de los desplazados y la indemnización de los agraviados por los daños sufridos durante los más de cinco años, en favor del respeto y reconocimiento de sus libertades.
Estos acontecimientos se suscitan en un contexto regional y estatal de violaciones flagrantes en contra de los derechos humanos y de la libertad que nuestra Constitución consagra en su artículo 24°, que a la letra dice:
“Artículo 24°: Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley”.
Por su parte, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, menciona:
“Artículo 2°: El Estado Mexicano garantiza en favor del individuo, los siguientes derechos y libertades en materia religiosa:
a) Tener o adoptar la creencia religiosa que más le agrade y practicar, en forma individual y colectiva, los actos de culto o ritos de su preferencia
b)...
c) No ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de sus creencias religiosas, ni ser obligado a declarar sobre las mismas”.
Cabe destacar que durante la administración de Manuel Velasco Coello, gobernador en turno del estado de Chiapas, se han registrado cincuenta y siete casos de violencia vinculada a intolerancias religiosas en el estado. Los municipios que presentar un número más alto de expulsiones motivadas por asuntos religiosos son San Cristóbal de Las Casas, Huixtán, Teopisca, Venustiano Carranza, Altamirano y Ocosingo, que en conjunto suman la afrentosa cantidad de más de mil personas afectadas.
Sólo en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, se cuenta con la presencia de decenas de grupos de refugiados de las localidades de Los Llanos, Yashintin, Chilil, San Gregorio Huixtán y Las Florecillas.
Además, se ha registrado la destrucción de por lo menos cincuenta y nueve viviendas y despojos de un centenar de hectáreas de terrenos agrícolas en propiedad.
Lamentablemente, desde mediados de los años setenta, al estado de Chiapas se le reconoce como una entidad donde la intolerancia religiosa alcanza niveles de gravedad que cotidianamente ponen en entredicho los preceptos constitucionales y fijan un futuro incierto a los procesos de democratización política y social; de ahí, pues, nuestra propuesta del presente punto de acuerdo.
A todos debería preocupar este incremento de intolerancia y discriminación por motivos religiosos; ya que afecta a la persona en sus convicciones más íntimas y trascendentes. Y en palabras de Mahatma Gandhi, “ojo por ojo y el mundo entero terminará ciego”.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición:
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados, exhorta al Gobernador del Estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello, para que a través de las instancias correspondientes, resuelva la problemática de carácter religioso, de los indígenas desplazados de las localidades de Los Llanos, Yashintin, Chilil, San Gregorio Huixtán y Las Florecillas del municipio de San Cristóbal de Las Casas.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados, exhorta al Gobernador del estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello, a dar inmediato cumplimiento a los acuerdos de reubicación e indemnización de las familias desplazadas de Los Llanos firmados en diciembre de 2014, y abrir todos los expedientes relacionados con los casos de beligerancia religiosa en Chiapas para su escrutinio público, a fin de encontrar pronta resolución a los conflictos religiosos en la entidad y el restablecimiento del estado de derecho.
Nota
1 http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/intolerancia-religiosa-un-desafi o-creciente-en-mexico.html
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2015.
Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SEP y de la Secretaría de Salud a difundir la información sobre el avance de la instalación de bebederos de agua potable en los planteles educativos, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita Claudia Sofía Corichi García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud hacer pública la información sobre el avance de instalación de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar, parte de la Estrategia Nacional para la prevención y control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En México, el sobrepeso y la obesidad representan uno de los mayores problemas de salud pública, ya que 39.05 por ciento de la población tiene sobrepeso y 32.15 por ciento obesidad, incrementándose substancialmente el riesgo de sufrir enfermedades como diabetes y cáncer.
Al respecto, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, los niños en edad escolar (ambos sexos), de 5 a 11 años, presentaron una prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en 2012 de 34.4 por ciento, 19.8 por ciento para sobrepeso y 14.6 para obesidad, mientras que en los adultos la prevalencia combinada es de 73 por ciento para las mujeres y 69.4 por ciento para los hombres.
Estos problemas de salud pública tienen como una causa central el consumo de refrescos, ya que México es el principal consumidor de estas bebidas en el mundo. Nuestro país consume un promedio de 163 litros de refresco por persona por año, lo que es 40 por ciento mayor que el consumo de un estadounidense promedio (118 litros).
Según los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2010, el gasto de las familias mexicanas en bebidas no alcohólicas (incluyendo a los refrescos) representó 5.7 por ciento del gasto en alimentos y bebidas. Los hogares mexicanos destinaron la misma cantidad de dinero en refrescos que en carne de res y ternera.
El nuevo informe Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: tendencias, efecto sobre la obesidad e implicaciones para las políticas públicas muestra que de 2000 a 2013 las ventas per cápita de estos productos aumentaron en América Latina, aun cuando las ventas de estos productos estaban disminuyendo en América del norte. El incremento del consumo se correlaciona fuertemente con el aumento de peso corporal promedio, lo que indica que estos productos son un importante motor en el crecimiento de las tasas de sobrepeso y obesidad en la región.
En un comparativo de ventas al menudeo anuales per cápita de alimentos y bebidas ultraprocesados en 80 países, México encabeza la lista de los países de América Latina con 212.2 kilogramos (kg) por persona.
“Para frenar el aumento del consumo de alimentos ultraprocesados y las crecientes tasas de obesidad y sobrepeso en América Latina, el informe recomienda que los gobiernos, la comunidad científica y las organizaciones de la sociedad civil apoyen e implementen políticas para proteger y promover la elección de alimentos saludables. Estas políticas pasan por campañas de información y educación, pero también por la aprobación de normativa sobre precios, incentivos, agricultura y comercio para proteger y promover la agricultura familiar, los cultivos tradicionales, la inclusión de los alimentos frescos de origen local en los programas de almuerzo escolar, y la promoción de las habilidades domésticas de preparación de alimentos y cocinar. Estas medidas están en consonancia con el Plan de Acción para la Prevención de la Obesidad en Niños y Adolescentes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)/ Organización Mundial de la Salud (OMS) que se aprobó en 2014 y también llama a establecer límites estrictos a la comercialización de productos alimenticios poco saludables para los niños”.
En octubre de 2013 se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y se crea un impuesto especial de 5 por ciento a alimentos “chatarra” y un peso por litro a bebidas saborizadas con azúcares añadidas. Desde entonces los consumidores pagan 1 peso más por litro por estas bebidas, así como los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permiten obtener bebidas saborizadas, que contengan cualquier tipo de azúcares añadidas.
Evidencias científicas demuestran que existe cierta relación entre el consumo de bebidas azucaradas y el incremento de peso, sin embargo, el nivel de evidencias es relativamente bajo.
Cabe mencionar que la dieta de los mexicanos ha consistido, desde hace 70 años, en una ingesta superior a las mil calorías, lo que infiere un exceso de energía durante casi 40 años. Por lo que el punto realmente importante no es el consumo de un producto, sino la dieta en cada persona y la educación alimenticia que recibe1 .
Tomando en cuenta que México se encuentra entre los países con peores resultados en materia de obesidad, con uno de cada tres niños con sobrepeso y como primer lugar mundial en obesidad infantil, la Red por los Derechos de la Infancia en México señaló que es necesario que el Estado mexicano cumpla con lo dispuesto en el artículo 4o. de la Convención sobre los Derechos del Niño, con el fin de adecuar su legislación y destinar el máximo de recursos posibles, para que a más tardar en tres años, niñas y niños puedan tener acceso a agua potable en sus escuelas, tal como lo establece el artículo 24 de dicha convención que obliga al gobierno mexicano a asegurar la salud de niñas, niños y adolescentes, con el más alto nivel.
El artículo 4o. constitucional dice: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”. En opinión de Hazett Cervantes, de SARAR-Transformación, en las escuelas públicas de educación básica en México no se puede cumplir este escenario, al no contar con un plan integral de gestión del vital líquido en el entorno escolar que tome en cuenta la fuente de abastecimiento de agua segura y constante. Sin este plan, se pueden dar casos tan increíbles en donde las y los alumnos cuenten con el recurso económico, pero no tengan acceso, ni para beber agua ni para los sanitarios. Dijo Cervantes: “Por lo anterior recomendamos que los montos generales asignados a infraestructura escolar, y el específico a bebederos, que se asigne debe ser suficiente para proveer a cada comunidad educativa del país con su propio plan de gestión integral de agua y saneamiento, en el cual los usuarios, con una buena asesoría, seleccionen los sistemas adecuados a sus necesidades y contexto para garantizar agua para beber y su correcta disposición”
El 18 de marzo de 2014, se publica reforma a los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, en materia de bebederos escolares:
Artículo Único . Se reforman los artículos 7 y 11, y la fracción XII del artículo 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, para quedar como sigue:
Artículo 7. La infraestructura física educativa del país deberá cumplir requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta suficiente de agua potable para consumo humano, de acuerdo con la política educativa determinada por el estado –federación, estados, Distrito Federal y municipios–, con base en lo establecido en el artículo 3o. constitucional; la Ley General de Educación; las leyes estatales de educación y del Distrito Federal; el Plan Nacional de Desarrollo; el Programa Sectorial; los programas educativos estatales y del Distrito Federal, así como los programas de desarrollo regional.
...
Artículo 11. En la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE deberán cumplirse las disposiciones de la Ley Federal de las Personas con Discapacidad y las leyes en la materia de las entidades federativas. Asimismo, se garantizará la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. Se asegurará la atención a las necesidades de las comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o dispersa, se asegurará la aplicación de sistemas y tecnologías sustentables, y se tomarán en cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de las necesidades individuales y sociales de la población.
Artículo 19 . Son atribuciones del instituto las siguientes:
I. a XI. ...
XII. Construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir y habilitar en el Distrito Federal, en las entidades federativas en el caso de instituciones de carácter federal o cuando así se convenga con las autoridades estatales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 de esta ley.
Transitorios
Primero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Con fundamento en el artículo 19, fracción I, de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente decreto, emitirá lineamientos generales en materia de bebederos escolares y calidad de agua para consumo humano en las instalaciones del Sistema Educativo Nacional.
Tercero. El Presupuesto de Egresos de la Federación contemplará una partida anual para efectos del cumplimiento de los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.
Cuarto. La Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, emitirán en un plazo de 90 días, los lineamientos previstos en el artículo 11.
Quinto. El Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa dará prioridad a las instalaciones educativas con más de 100 alumnos para efecto de la instalación de los bebederos de agua potable previstos en los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.
Sexto. Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa procurará que las instalaciones del Sistema Educativo nacional cuenten con las instalaciones de bebederos de agua potable previstos en los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en un plazo máximo de 3 años a partir de la publicación del presente decreto.
Es claro que los plazos ya han sido vencidos y que deberíamos ver avances acerca de este rubro, desgraciadamente en el Informe de Gobierno de este año no aparece ninguna información acerca del avance de la instalación de estos bebederos.
El pasado 18 de agosto en el periódico El Financiero publicaron los datos más cercanos “La meta sexenal de 40 mil bebederos en escuelas públicas sólo registra 6.68 por ciento de avance, según dio a conocer la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Hasta ahora, de los 40 mil planteles educativos que están en la meta sexenal, sólo se han instalado dos mil 675 bebederos, mil 174 durante 2014 y en lo que va del año, mil 500.
Miguel Ángel Vega Vargas, director del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed), dijo que se espera que la instalación de los bebederos se adelante cuando se conozcan los lineamientos y se haga pública la licitación, que se espera sea en septiembre.
Y es pertinente decir que estos lineamientos fueron aprobados y publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 11 de septiembre, cuando debieron ser publicados mucho tiempo antes.
Según los cambios que se dieron con la reforma educativa, la Ley General de la Infraestructura Física Educativa señala que “se garantizará la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública”.
Por lo anteriormente expuesto es que someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud, hagan pública la información sobre el avance de instalación de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar, parte de la Estrategia Nacional para la prevención y control del sobrepeso, la obesidad y al diabetes
Notas
1. Aguilar, Karen. Revista. Diabetes, Bienestar y Salud. Octubre, 2013
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2015.
Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para conmemorar el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
El que suscribe, diputado de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, Luis Alfredo Valles Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se solicita la creación de la Comisión Especial para conmemorar el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos fue aprobada y firmada por los integrantes del Poder Constituyente Originario, fue promulgada el 5 de febrero de 1917, y entró en vigor el 1º de mayo de 1917. La Constitución, es norma y programa histórico que demanda cumplimiento, es documento regulador del pacto social entre los mexicanos.
La Carta Política de 1917, desde el punto de vista político e ideológico, resume las aspiraciones de la Revolución Mexicana, y, en esa medida, representa la derrota del viejo régimen, caracterizado por la inequidad en el reparto de los bienes materiales y culturales, y la sólida concentración del poder político en una corrupta clase dirigente.
La Constitución General de la República es la máxima ley, es ley fundamental y la norma de mayor jerarquía. A partir de ella se estructura la convivencia social porque se establecen los derechos y obligaciones de los ciudadanos y bajo sus lineamientos se aprueban las demás normas que rigen la vida del país. También establece la estructura y organización del Estado, los organismos del poder público y las tareas encomendadas a cada uno de ellos para cumplir con sus objetivos.
La Constitución Mexicana está próxima a cumplir 100 años, representa un contrato vivo, dinámico y susceptible de modificaciones y adiciones, acordes a la compleja realidad de una nación en constante evolución y crecimiento. No puede ser estática, se reforma para mantenerla en congruencia a la realidad política, social y económica de la vida nacional. La nación mexicana no permanece estacionaria y, en consonancia a la dinámica social, las instituciones deben perfeccionarse, para adecuar la Constitución a las necesidades cambiantes, porque las reformas o adiciones, resultan ser válvulas de seguridad para evitar revoluciones armadas o estallidos sociales.
A 98 años de su promulgación, la propia Constitución ha evolucionado, confeccionando un nuevo rostro de México. Nuestro Contrato Social ha tenido 225 reformas, 22 de las cuales se llevaron a cabo apenas en la LXII Legislatura.
8 de esas 22 reformas constitucionales forman parte de las 11 llamadas reformas estructurales, porque cambiaron de forma radical la organización del país en diversas áreas: en materia educativa, energética, de competitividad económica, financiera, político electoral, de transparencia, de telecomunicaciones y se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales único para toda la República.
Por su trascendencia, también destacan las recientes reformas en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, la prohibición de utilizar el trabajo de menores de quince años y la incorporación en la Constitución del derecho de toda persona a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento.
El próximo 05 de febrero de 2017, se cumple el centenario de la promulgación de 1917. En función de ello, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza considera que es una obligación cívica hacer un reconocimiento de la que fuera la primera constitución social del siglo XX, inspiración de derechos sociales porque recogía las causas sociales emanadas de la Revolución Mexicana, como el supremo derecho a la educación, a la tierra, a la salud, al trabajo.
Consideramos ineludible que la Cámara de Diputados se sume a los festejos que el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos suscitará en México, en cada una de las entidades federativas, e incluso, en el mundo. La dimensión de la celebración amerita, sin lugar a dudas, la creación de una comisión especial que participe en la organización de las actividades conmemorativas.
La misma decisión de crear la Comisión Especial para conmemorar el centenario de nuestra Ley Suprema constituirá la primera acción fundamental de la Cámara de Diputados para celebrar la Constitución de 1917, documento fundamental que no sólo reflejó la realidad socioeconómica prevaleciente en el momento de su promulgación, sino que a lo largo de toda su existencia ha sido instrumento de transformación social profunda por la vía no violenta, por la vía institucional.
¿Por qué tiene que existir una comisión especial en la Cámara de Diputados para celebrar de manera activa el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?
Es tan importante la conmemoración del centenario de la Constitución General de la República, que desde el 5 de febrero de 2013, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, los Presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores y el Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal suscribieron el Acuerdo al que concurren los tres Poderes de la Unión para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de establecer en forma coordinada los eventos, celebraciones, homenajes, expresiones y demás acciones que habrán de llevarse a cabo hasta el 05 de febrero de 2017, propiciando la participación de los sectores público, social y privado.
Los tres Poderes de la Unión acordaron la creación del Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que está integrado por los 4 presidentes arriba señalados. El Comité sesionará de manera ordinaria por lo menos dos veces al año y podrá invitar a los gobernadores de los estados y al jefe del gobierno del Distrito Federal.
Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, resulta de la mayor importancia proponer la creación de una comisión especial en la Cámara de Diputados para conmemorar el Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos porque al interior de esa Comisión deben participar todos los Grupos Parlamentarios y así reflejarse la pluralidad que identifica a la Cámara de Diputados.
De conformidad con el artículo 40 de la propia Constitución General, somos una república representativa y esa representación se ejerce en la Cámara de Diputados a través de los representantes de la nación. Luego, según su afiliación de partido y a fin de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas en la Cámara de Diputados, las diputadas y los diputados, se congregan en grupos parlamentarios.
Por ello, es de fundamental importancia que todos los grupos parlamentarios se expresen, propongan y participen en las acciones que habrán de llevarse a cabo en el país con motivo del Centenario de la Constitución General de la República.
En ese sentido, en la comisión especial que se está solicitando crear cada diputada o diputado integrante podrá proponer acciones conmemorativas específicas en las entidades federativas y municipios con el fin de difundir el contenido de la ley fundamental, recordar su importancia histórica y reflexionar sobre los mecanismos para hacer efectivos los derechos en ella consagrados; las propuestas se harán siempre bajo los principios de transparencia y autoridad republicana.
Los acuerdos tomados al interior de la comisión especial serán informados al presidente de la Cámara de Diputados y, en términos del acuerdo suscrito por los tres Poderes la Unión, será el propio presidente de este órgano legislativo quien realice las propuestas correspondientes al Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es por todo ello que la Cámara de Diputados no puede quedarse al margen de la celebración de los cien años de la promulgación de la ley fundamental. La creación de la Comisión Especial para conmemorar el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es indispensable para reflejar la pluralidad de ideas y estar a la altura de las circunstancias.
En virtud de lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial para conmemorar el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. Tomando en cuenta la pluralidad representada en la Cámara de Diputados, el objeto de la comisión especial será:
I. Determinar los eventos, celebraciones, homenajes, expresiones y demás acciones que serán llevadas a cabo por los tres Poderes de la Unión.
II. Promover la participación de los sectores privado y social en las acciones conmemorativas del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
III. Proponer acciones específicas a las entidades federativas, congresos de locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como instituciones educativas y culturales y a organismos de la sociedad civil.
IV. Promover exposiciones, estudios, obras, investigaciones, ediciones especiales, encuentros con especialistas, difusión masiva en medios de comunicación, exposiciones artísticas, y demás similares que fomenten el conocimiento de la Constitución, sus principios, valores y derechos contenidos en ella.
V. Impulsar mecanismos de participación ciudadana para el conocimiento y difusión de la Constitución.
Tercero. Las determinaciones tomadas por los integrantes de la comisión especial serán informadas al presidente de la Cámara de Diputados para que sean comunicados al Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos integrado por los tres Poderes de la Unión, tomando en cuenta las propuestas de los grupos parlamentarios, a efecto de garantizar la participación de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados.
Cuarto. La comisión especial estará integrada por doce diputadas y diputados, de los distintos grupos parlamentarios, con un presidente y tres secretarios. La Junta de Coordinación Política determinará la integración correspondiente.
Quinto. La comisión especial contará con los recursos necesarios para desarrollar adecuadamente sus actividades con cargo al presupuesto autorizado a la Cámara de Diputados.
Sexto. La comisión especial tendrá vigencia desde la aprobación de su creación, hasta el 5 de febrero de 2017, debiendo entregar un informe final de actividades.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2015.
Diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del IMSS a difundir las causas del deceso de 11 recién nacidos en el hospital regional número 1 de Culiacán, Sinaloa, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del PES
Alejandro González Murillo, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de que haga pública las causas del deceso de 11 recién nacidos en el Hospital Regional número 1 de Culiacán, Sinaloa; asimismo, para que lleve a cabo todas las medidas pertinentes y necesarias, que garanticen la salvaguarda del resto de los pacientes que son atendidos en dicho nosocomio, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En días pasados se ha podido conocer una serie de notas periodísticas que dan cuenta de la muerte, en las últimas dos semanas, de 11 recién nacidos en el Hospital Regional Número 1 de Culiacán, Sinaloa.
Al respecto, la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya anunció una investigación para atender dicha situación y ordenó el aislamiento de la zona de cuneros del hospital, en espera de los resultados de las investigaciones que están en marcha.
Se sabe que todos los bebes fallecidos habían sido prematuros; asimismo, ha trascendido que tres de los 11 bebés extintos presentaron un cuadro de sepsis (una respuesta inflamatoria del organismo ante una infección grave) que se presume pudo ser contagiado durante las labores de gestación o parto.
Se tiene conocimiento de que las autoridades del IMSS han enviado un equipo de epidemiólogos a este nosocomio para investigar la muerte de los 11 bebés. El equipo está integrado por cinco especialistas que tienen como objetivo investigar puntualmente las posibles causas de los decesos de los recién nacidos.
En razón de lo antes expuesto, es que se presenta el presente punto de acuerdo para conocer las causas del deceso de los 11 bebes; al tiempo de solicitar al IMSS ponga en marcha las medidas preventivas necesarias para la salvaguarda de los pacientes que son atendidos en dicho hospital; para lo cual, se le solicita a las autoridades, no escatimar recursos humanos y materiales, en la ejecución de las medidas de prevención.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de que haga públicas las causas del deceso de 11 recién nacidos en el Hospital Regional número 1 de Culiacán, Sinaloa; asimismo para que lleve a cabo todas las medidas pertinentes y necesarias, que garanticen la salvaguarda del resto de los pacientes que son atendidos en dicho nosocomio.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 22 de septiembre de 2015.
Diputado Alejandro González Murillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para el desarrollo integral de la minería, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, diputados Francisco Escobedo Villegas, Benjamín Medrano Quezada y las diputadas Araceli Guerrero Esquivel y Claudia Edith Anaya Mota, pertenecientes a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II; numeral 2, fracciones I, II y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
El titular del Ejecutivo federal envió al Congreso de la Unión la llamada reforma hacendaria, donde se incluyó el tema minero, que los legisladores de la Sexagésima Segunda Legislatura aprobaron, modificando diversos artículos de la Ley Federal de Derechos, reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014.
Esta reforma para los municipios y entidades federativas mineras del país, es de suma importancia ya que en ella se fijaron nuevas reglas para este sector, en los artículos 268,269 y 270 de la Ley Federal de Derechos:
• Se estableció un nuevo derecho especial sobre minería: Se paga por la utilidad una tasa del 7.5%
• Se estableció un derecho adicional por las concesiones ociosas del 50% de la cuota que determina la propia ley de derechos.
• Se fijó un nuevo derecho extraordinario del 0.5% por la enajenación de oro, plata y platino.
De igual forma fue creado el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros y se integra con los recursos por derechos sobre minería y son empleados en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, incluyendo:
• La construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares;
• Pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, así como la instalación y mantenimiento de alumbrado público;
• Rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras de drenaje público, manejo de residuos sólidos, y mejora de calidad del aire;
• Obras que preserven áreas naturales, como por ejemplo, reforestación y rescate o rehabilitación de ríos y otros cuerpos de agua, y
• Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo sistemas de trenes suburbanos, metrocable de transporte o equivalentes.
Para aplicar los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, se ha conformado en cada entidad federativa un Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras, el cual está integrado por:
• Un representante de la Administración Pública Federal, en este caso, por el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;
• Un representante del Gobierno del Estado o del Distrito Federal;
• Un representante del o de los municipios o demarcaciones en donde se localicen las actividades mineras;
• Un representante común de las comunidades indígenas o núcleos agrarios, en el caso de que las actividades mineras se realicen en dichas comunidades;
• Un representante de las empresas mineras relevantes con actividades en la demarcación.
Como es del conocimiento, los recursos de derechos de minería se distribuyen el 20% a Gobierno Federal, 80% al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, el cual se otorga 62.5% a los municipios y demarcaciones del Distrito Federal en los que tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias minerales y; 37.5% restante a la entidad federativa correspondiente.
Cabe puntualizar que el 25 de septiembre del año pasado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación por parte de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, el cual tiene como objeto establecer los mecanismos y procedimientos para la aplicación de los recursos del Fondo, así como las reglas que regirán a los Comités de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras.
Aunado a lo anterior debemos destacar que la minería es una actividad económica primaria que se refiere a la exploración, explotación y aprovechamiento de minerales y cuya importancia radica en ser el primer eslabón de la cadena productiva de las industrias; los minerales se utilizan para la creación de nuevas tecnologías, la plata se emplea para crear aparatos electrónicos, convertidores catalíticos de automóviles, instrumentos médicos, ropa, herramientas fotográficas, joyería, entre otros. El oro se usa como medicamento para tratar el cáncer, partes de computadoras, circuitos de naves aeroespaciales, etcétera.
Nuestro país cuenta con una amplia riqueza de minerales en todo el territorio nacional, tanto metálicos como no metálicos, además de yacimientos de clase mundial como son las salinas de Guerrero Negro en Baja California Sur; el yeso de la Isla San Marcos y de la costa oriental de la península de Baja California; Las Cuevas en San Luis Potosí, la más importante de fluorita; y Proaño en Fresnillo, Zacatecas, la mina de plata más rica y grande del mundo.
México a nivel internacional es el primer productor de Plata, el tercero en Bismuto, quinto en Plomo, noveno en Oro y décimo primero en Cobre. Los principales estados mineros de la república mexicana son:i) Sonora, primer lugar en la producción de Aluminio, Cobre, Molibdeno y Oro; ii) Zacatecas, primer lugar en Plata, Zinc y Cadmio; iii) Chihuahua, primer lugar en Plomo y Pizarra; iv) Coahuila, primer lugar en Antimonio, Bismuto, Fierro y Carbón; v) San Luis Potosí, primer lugar en Fluorita; y vi) Durango, primer lugar en Bentonita y Perlita.
Datos de Pro México, indican que el valor de la producción minera durante el 2011 fue de 16,761 millones de dólares (mdd), lo que representó un crecimiento de 48 por ciento respecto a 2010 (11,298 mdd). Igualmente, datos de ese organismo federal señalan que en la presente administración se captaron 16,700 mdd en Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector minero. Durante 2011 la IED total aumentó 42.7 por ciento respecto a 2010, pasando de 3,316 mdd a 4,731 mdd.
Es claro que la industria minera es clave para el desarrollo de México y que sin duda es una fuente generadora de trabajo; al mes de diciembre de 2011 registró un total de 309,725 empleos directos.
No es desconocido para nadie las problemáticas históricas a las que se han enfrentado los trabajadores de éste sector con las empresas mineras del país, por lo que, como legisladores debemos estar atentos y colaborar y coadyuvar con el titular del Ejecutivo Federal en la mediación de intereses, velando por el sector industrial y protegiendo los derechos humanos y laborales de los trabajadores.
Por todo lo anterior, es claro que existe el interés de compañeros diputados en crear una comisión especial que atienda la problemática de los trabajadores mineros, que atienda de manera integral la dinámica de este sector, por ser la minería de gran importancia para la economía nacional.
Por tal motivo esta soberanía debe de considerar de suma importancia, la creación de la comisión especial que se solicita se constituya y en virtud que el artículo 42 de la Ley Orgánica, otorga al pleno la facultad de acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico y que, en términos del artículo 34, numeral 1, inciso c) del mismo ordenamiento, a la Junta de Coordinación Política corresponde proponer al pleno la integración de las comisiones, es por lo que sometemos al pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial para el Desarrollo Integral de la Minería.
Segundo. El objetivo de esta Comisión será el seguimiento de la situación nacional de la minería; así como la formulación y presentación de proyectos legislativos para su puntual atención.
Tercero. La comisión especial se integrará por diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios con base en el criterio de proporcionalidad e inclusión, entre la integración del pleno y su conformación.
Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de esta comisión especial deberán ser aprobados por la Junta de Coordinación Política.
Cuarto. Esta Comisión estará vigente hasta el término de la presente legislatura y el acuerdo entrará en vigor al siguiente día de su aprobación.
Quinto. Para el debido seguimiento de los asuntos, se deberán entregar los archivos generados durante la LXII Legislatura y anteriores sobre la materia, a fin de atender debidamente la problemática minera y allegarse de la información que considere pertinente, así como reunirse, cuando lo estime necesario, con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, así como desempeñar cualquier otra acción, de conformidad al marco normativo aplicable.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre del 2015.
Diputados:Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas locales a armonizar sus respectivas normatividades con la Ley General de Transparencia, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, José Hernán Cortés Berumen, diputado federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Derivado de la publicación de la reforma constitucional del 7 de febrero de 2014, y tras la publicación de la Ley General de Transparencia, publicada el 4 de mayo del presente año; las entidades federativas, de conformidad con las disposiciones transitorias, deberán ajustar sus marcos normativos tanto al marco constitucional como legal.
La armonización de las entidades federativas resulta primordial para continuar con el propio funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, ya que este sistema conformado mayoritariamente por los órganos garantes en las entidades federativas requieren que sus lineamientos, políticas y los propios criterios, sean equiparables con la propia Ley General.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en conjunto con el Senado de la República, iniciaron una cruzada titulada llamada “Gira de la Transparencia” en las diferentes Entidades Federativas, con el objetivo primordial de impulsar la armonización legislativa de los marcos normativos en materia de transparencia y acceso a la información pública en los estados.
Por lo que resulta pertinente que esta Soberanía eleve la voz a los Congresos Estatales y puedan éstos establecer un calendario que permita armonizar las Leyes estatales con tiempo y forma ya que la propia Ley General aprobada y publicada fija como plazo límite el 4 de mayo de 2016, para la armonización de dicho ordenamiento.
Es menester de esta soberanía poder impulsar que dichas reformas sean realizadas de manera consensuada y analizada, no sólo por los Congresos locales, en quienes recae la facultad, sino con la participación activa de la Sociedad Civil Organizada en temas de transparencia quienes indudablemente podrán aportar a la armonización incluyendo puntos en los cuales estén interesados.
Por lo expuesto y haciendo un primer llamado para que las Legislaturas estatales diseñen el esquema legislativo que les permita lograr la armonización de su ley a la luz pública y con un serio trabajo de intercambio de opiniones elevo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Legislaturas locales para armonizar sus respectivas Leyes locales con la Ley General de Transparencia, invitando en todo momento a dicha discusión a la Sociedad Civil Organizada para aportar a dicha armonización y que informen a la opinión pública sobre la fase en la que dichos trabajos se encuentran.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para que solicite a los órganos garantes de las entidades federativas, le remitan informe al propio INAI sobre los avances que presenta esta armonización y el trabajo que se ha realizado con los Congresos Locales y a su vez el Instituto pueda determinar la pertinencia y prioridad de las visitas de la “Gira por la Transparencia”.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de septiembre de 2015.
Diputado José Hernán Cortés Berumen (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a las denuncias contra actos de corrupción y tráfico de influencias entre funcionarios federales y del gobierno del estado de México con la empresa OHL, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, diputado Omar Ortega Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Considerandos
Es impostergable que grupo se inicie una verdadera investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas por la empresa OHL en diversas entidades del país a raíz de que se diera a conocer por diversos medios de comunicación las conversaciones difundidas en YouTube en las que se exhiben a Juan Osuna, vicepresidente del Consejo de Administración de OHL México, presionando al gobierno del estado de México para aumentar el peaje del Viaducto Bicentenario, para recuperar lo invertido para la construcción de la fase 2, sin embargo, dicha fase, que consiste en erigir un segundo cuerpo elevado de dos carriles y 22 kilómetros de Tepalcapa a Cuatro Caminos, iniciaría hasta 2023, o tal vez nunca, como se deja entrever en las grabaciones.
Esto es más preocupante, dado que el gobierno de Eruviel Ávila reservó la información sobre el título de concesión, junto con los de otras seis autopistas, desde septiembre pasado. Con esta decisión, no se pueden conocer por ejemplo las bases sobre las cuales se registran los incrementos en el peaje de enero del presente año que pasó de 51.51 a 66.56 pesos para el tramo de Tepalcapa a Cuatro Caminos, o si esta empresa tiene permiso para implementar tarifas diferenciadas según la hora del día en que se circule, como se hace actualmente y que han provocado la indignación en los usuarios.
Cabe recordar que en 2008, el gobierno de Enrique Peña Nieto publicó el dictamen Técnico de la licitación pública número SCEM-CCA-01-07, a través de la cual se adjudicó la concesión para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del viaducto elevado en los tramos: Periférico Manuel Ávila Camacho desde el Toreo de Cuatro Caminos en Naucalpan hasta Valle Dorado en Tlalnepantla y del kilómetro 23 al 44 de la autopista México-Querétaro, en Tepotzotlán.
El escándalo de las grabaciones que exhiben la corrupción de la trasnacional de origen español Obrascón Huarte Laín (OHL), se une al desprestigio de la empresa de por sí señalada en varios escándalos en España y otros países por sus malos manejos y prácticas no éticas en distintos países.
Es de destacar que el presidente Enrique Peña Nieto, sus grandes contratos de obra pública han sido señalados por estar envueltos en actos de corrupción, en su actual administración y durante su mandato como gobernador mexiquense.
Es urgente que se esclarezca el grado de participación de los servidores públicos relacionados con la construcción de obras en las que participó está empresa trasnacional, en las que se presume el cálculo y el cobro de sobrecostos en la construcción y en las tarifas de peaje sobre la base de una serie de variables financieras deliberadamente manipuladas con la estimación de aforos vehiculares alterados del segundo piso mexiquense.
No obstante que existen todos los elementos antes mencionados y numerosas denuncias al respecto, la Procuraduría General de la República, curiosamente, no ha actuado con celeridad en estas investigaciones y en cambio el viernes 11 de septiembre pasado emprendió una cacería, con toda precipitación, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales al ir a catear las oficinas de las empresas Viablis, Holding y Tecnología Aplicada Infraiber que mantienen una disputa legal con la operadora de carreteras OHL.
En información dada a conocer por la revista Proceso se detalla que la acción de la PGR se da apenas un día después de que OHL y su subsidiaria Concesionaria Mexiquense (Conmex) denunciaran penalmente a Infraiber por la difusión de desplegados, comunicados y grabaciones “ilícitas y manipuladas” a través de las cuales, en versión de lo dicho y denunciado por la empresa OHL, se le pretende extorsionar.
Los agentes ministeriales revisaron los equipos de cómputo de la empresa, las memorias USB, teléfonos celulares de los empleados y toda la papelería de la oficina, y mantuvieron a todos los empleados encerrados en las oficinas sin permitirles salir, y a los abogados de la empresa tampoco les permitieron el ingreso.
Llama la atención de que a pesar de que OHL México, unidad de la constructora española OHL, ha estado bajo la lupa desde mayo pasado luego de que se dieron a conocer las primeras grabaciones de llamadas telefónicas que apuntan a una aparente trama de irregularidades entre ejecutivos de la empresa y funcionarios del estado de México.
La investigación oficial derivada de las múltiples denuncias de corrupción que pesan sobre la empresa OHL, y las denuncias de tráfico de influencia en contra de funcionarios federales y estatales, del equipo del hoy Presidente Enrique Peña Nieto, y de cuando éste era gobernador del Estado de México, va muy lento, si no es que inmóvil.
En contraste, es notorio que la empresa Infraiber que está en medio de una disputa con Conmex –una unidad de OHL México que opera una carretera de cuota en el estado de México– y el gobierno estatal por un contrato para instalar un sistema de medición de tránsito vehicular y que el pasado miércoles Infraiber dijo que demandaría en España y en Estados Unidos a OHL, y después de que en la última semana se dieron a conocer nuevos audios que involucran al presidente Enrique Peña Nieto y al secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, y también se registró la súbita detención y liberación del abogado de Infraiber, Paulo Diez Gargari.
De inmediato, el gobierno lanzó toda su fuerza y todo el aparato gubernamental, encabezado por la PRG, en contra de esta empresa.
A pesar de que la PGG informó escuetamente que la actuación del Ministerio Público federal estuvo apegada a derecho al obtener una orden judicial por parte del juez federal penal especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, con sede en esta capital, es absolutamente evidente el ejercicio selectivo del poder por el gobierno federal.
Por lo expuesto pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular de la Procuraduría General de la República a conducir la actuación de su dependencia, y en particular la del Ministerio Público, con estricto apego a la ley, así como también a dar celeridad a las investigaciones que se derivan de las múltiples denuncias en contra de actos de corrupción y tráfico de influencias entre funcionarios federales y del gobierno del estado de México con la empresa OHL, y de abstenerse de intimidar a las empresas privadas Vaiblis Holding e Infraiber y a sus directivos.
Dado en el Palacio de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2015.
Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de implantar campañas de información y toma de conciencia respecto a las afectaciones de la salud humana y en general del ambiente provocadas por el uso irracional de automóviles, a cargo del diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, Jesús Sesma Suárez, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1 fracción I y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
A principios de los años noventa en Europa fueron impulsadas diversas iniciativas, cuya finalidad era concientizar a la sociedad sobre la problemática del uso desmedido de los automotores en las ciudades.
El resultado derivó en la celebración de una conferencia en Ámsterdam en 1994 con el significativo título: ¿Ciudades libres de coches?, en donde se propuso el lanzamiento de una red de ciudades que, con el nombre de Club de Ciudades Libres de Autos, tienen en común el objetivo de promover la movilidad urbana sostenible o, en términos más claros, reducir el uso del vehículo privado y promover los modos de transporte más amistosos con el medio ambiente.
Asimismo, se emitieron diversos informes que tuvieron como fin demostrar que una ciudad sin autos puede ser más eficiente económica y socialmente que otra basada en el uso de éstos. Comparando los dos modelos con y sin coches, se obtuvo que ésta última resultaba entre 3 y 5 veces menos costosa que la primera.
Otro modelo europeo atiende al lema “sin coches”, concentrado en núcleos turísticos, especialmente en Suiza y Alemania, que ofrecen sus servicios sin la presencia de automóviles o, al menos, sin los propulsados por motores de combustión alternando una serie de vehículos eléctricos de baja velocidad.
Desafortunadamente estas alternativas suelen calificarse de selectivas, ya que el costo de dichos transportes es elevado, característica que limita su capacidad de extensión, especialmente a los países con menor desarrollo económico, como el nuestro.
Es por ello, que con la intención de desincentivar el uso del automóvil, se determinó conmemorar cada 22 de septiembre, el Día Mundial sin Automóvil, como una manifestación de la preocupación que generan las repercusiones ambientales a nivel mundial y cuyo objetivo es crear consciencia en la sociedad sobre los daños provocados por el uso irracional de automóviles en cualquier sitio, especialmente en las ciudades, donde hoy en día se concentran mayores densidades de población y por ende, disminuyen los espacios verdes.
Sirven de referencia, los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que señalan que en el año 2014, a nivel nacional existían 17,081,833 automóviles registrados en circulación, entendiéndose por éstos, a los vehículos de motor destinados principalmente al transporte de personas, que cuentan hasta con siete asientos (incluyendo el del conductor).
En apariencia dicha cifra no representa un peligro significativo, sin embargo, ello no garantiza que así sea, pues la suma de dichos indicadores a nivel mundial, reflejan una realidad verdaderamente preocupante; inicialmente la movilidad en las principales ciudades cada día se torna mucho más difícil y con ello un problema ambiental de grandes dimensiones.
No menos importante son las afectaciones a la salud humana, debido principalmente a la emisión de contaminantes que se encuentran en el aire y que hoy en día afectan gravemente a la sociedad, especialmente aquellos sectores considerado vulnerables, sean niños o adultos mayores los principales afectados de esta situación.
En un afán de contribuir al combate y erradicación de los diversos factores que provocan la contaminación del aire y la imposibilidad de transitar con mayor facilidad, cada 22 de septiembre, a nivel mundial se impulsan acciones que tienen como finalidad concientizar a la sociedad sobre los impactos negativos provocados por el uso desmedido de automóviles, principalmente en ciudades en donde las áreas verdes cada vez son más pequeñas y en ocasiones, inexistentes.
Si bien es cierto que las actividades propias de las grandes ciudades implican la utilización de medios de transporte, lo cierto es que hoy en día es común observar a personas que hacen uso de sus vehículos para recorrer distancias pequeñas, sin que sea necesario la utilización de dicho medio de transporte.
Actualmente se ha buscado implementar políticas públicas encaminadas a desincentivar el uso desmedido de automóviles, esto no por el simple hecho de conmemorar un día sin auto, sino porque verdaderamente nuestro medio ambiente requiere de dicha práctica de manera cotidiana.
Son muchas las razones por las cuales podemos afirmar que dejar de utilizar un auto beneficiaría la vida de sus usuarios; como Partido Verde, estamos comprometidos con la preservación de nuestro medio ambiente, es por ello que hacemos eco de todas aquellas acciones que busquen erradicar los impactos ambientales que pueden ser previsibles y evitables.
No obstante, nos enfrentamos ante una afectación que impacta de forma preocupante a la salud de los seres humanos; como ya se ha hecho mención, los contaminantes provocados por las emisiones de los autos en circulación, estimulan afecciones respiratorias que en ocasiones ponen en peligro la vida de las personas más vulnerables.
Así también, queremos hacer énfasis en un factor determinante que daña la salud, quizás es poco visible pero como ya se ha referido, existen personas que utilizan el automóvil para desplazarse incluso en mínimas distancias, ejemplo de ello, son aquellos padres que trasladan a sus hijos a la escuela en auto por no más de 5 calles, o bien, para adquirir productos o servicios en tiendas cercanas.
Lo anterior, más allá de reflejar el grado de inconsciencia de la sociedad, evidencia el sedentarismo en el que lamentablemente estamos involucrados, lo que sin duda abona al problema de salud pública que tanto aqueja a nuestro país, el sobrepeso y la obesidad.
Es por ello que como integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, hacemos un llamado especial a la sociedad para que prioricemos el uso alternativo de medios de transporte, principalmente a aquellos que impacten en menor cantidad y de preferencia, aquellos que no generen una afectación al medio ambiente y a la salud humana.
En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades ambientales y de salud de los diferentes niveles de gobierno, a efecto de que implementen campañas de información y concientización respecto de las afectaciones a la salud humana y en general al medio ambiente provocadas por el uso irracional de automóviles; desincentivando el uso de automotores e impulsando la movilidad y activación física de la sociedad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2015.
Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para que la ASF fiscalice todos los contratos de servicios financiados por la Secretaría de Salud en el ejercicio fiscal de 2014, suscrita por los diputados Mariana Trejo Flores, Roberto Guzmán Jacobo y Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena
Los que suscriben, diputados Roberto Guzmán Jacobo, Mariana Trejo Flores y Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
La dinámica económica de las últimas décadas ha restado recursos públicos a la inversión, los múltiples frentes que debe atender el presupuesto público, en aspectos sociales, gubernamentales o de fomento económico, siempre resultan prioritarios ante proyectos de inversión, que generalmente son susceptibles de diferirse. A principios de la década de los noventa, en Gran Bretaña se impulsaron esquemas de asociaciones público-privadas para llevar a cabo la inversión pública necesaria para la provisión de servicios, en áreas como transporte, defensa, agua, educación y salud.
México inició con la implementación de este esquema que se denominó Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) en el año 2002, esta modalidad de asociación público-privada, permite que el sector privado brinde servicios de apoyo al gobierno para que éste, a su vez, preste un servicio público1 . Para lo cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública (SFP) definieron el marco legal que regula su aplicación, conformado por las reglas para desarrollar los PPS, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de abril de 2004.
En un proyecto PPS, el gobierno suscribe con una empresa privada un contrato de largo plazo, 15 años o más, para diseñar, financiar, construir y operar bienes o servicios, tales como escuelas, hospitales, carreteras y prisiones, entre otros, con los que el gobierno, a su vez, presta un servicio a la población. Las ventajas de este sistema son que el gobierno no debe desembolsar de una vez, el gasto en infraestructura y, por otra parte, la contraparte privada se encarga del mantenimiento, por un pago periódico.
La finalidad esencial de los PPS es elevar la cobertura y calidad de los servicios públicos que otorgan las dependencias y entidades gubernamentales, por medio de la contratación de servicios de apoyo proporcionados por un inversionista proveedor. Los servicios que se contraten a través de un PPS deberán servir de apoyo al gobierno para dar mejor cumplimiento a las funciones y servicios públicos que tienen encomendados.
Ya transcurrida una década desde la implementación de los PPS, la Secretaría de Salud, llevó a cabo un estudio de satisfacción de usuarios del Sistema de Protección Social en Salud 2013. El estudio, fue realizado por el Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas (CIEE) del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) buscó documentar la percepción de satisfacción de los usuarios del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) respecto de los servicios de salud que reciben, en aras de ofrecer recomendaciones a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud que permitieran incrementar la satisfacción de los usuarios e incidir en el acceso efectivo a los servicios de salud por parte de los afiliados.
El estudio documenta entre otros aspectos los retos en varios términos: el tiempo de espera, ya que puede ser de hasta dos horas para recibir atención en clínicas y hospitales, asimismo reveló que los ciudadanos consideran que las instalaciones se encuentran en condiciones de regulares a muy malas, otro problema detectado es el surtimiento de recetas en las 32 entidades del país, y para los tres niveles de atención. El análisis identifica que la interacción con los médicos y la atención clínica es deficiente, pues no se realizan los procedimientos para el adecuado control de enfermedades, uno de los elementos evaluados más importantes fue la calidad, puesto que éstos revelan, son los elementos que mayor incidencia tiene en la satisfacción, y en particular el recibir información completa y clara sobre el padecimiento y sobre el tratamiento a seguir. A diez años de su implementación, éste sigue como un asunto pendiente.
Si sólo consideráramos lo que reveló el estudio de satisfacción de usuarios, y nos enfocáramos en modificar los indicadores reveladores, en definitiva, no se resolvería el problema en el sector salud.
Para poder tener una visión más amplia y entender el verdadero problema en este sector, debemos poner la vista no solo en la atención que recibe el usuario en las instalaciones, tenemos la obligación de conocer cómo se administran y quiénes administran los recursos que son destinados para ofrecer los servicios públicos.
Este tema, al igual que las reformas a la ley, ya ha trastocado los bolsillos de los mexicanos, los malos manejos y las prácticas corruptas de los titulares de las dependencias gubernamentales, han traído como consecuencia, que millones de mexicanos hoy se encuentren en situaciones de extrema pobreza y que los servicios de salud que se ofrecen a la sociedad mexicana sean precarios.
El sector salud, se encuentra en una encrucijada, las modificaciones a la ley y sus titulares han generado que hoy el gobierno federal esté pensando en lograr una cobertura “universal en salud”, en otras palabras transitar a privatizar el sector.
En el marco de la revisión de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación de 2013, reveló que entre los sectores que presentan más irregularidades en el manejo, uso, destino y transparencia de los recursos públicos es el sector salud. Algunas observaciones según la auditoría evidencian a Michoacán; por no transparentar ni justificar el destino de mil 272 millones de pesos; en el caso de Veracruz, las irregularidades ascienden a mil 5 mil 974 millones de pesos. Otras irregularidades por cientos de millones de pesos se presentan en Jalisco, Chiapas, Zacatecas, Hidalgo. Es relevante mencionar que los estados de la República antes mencionados, son estados gobernados por el PRI y por el Partido Verde Ecologista de México.
En el estado de Guerrero la Contraloría General de Guerrero, ya ha generado expedientes por la falta de comprobación de recursos destinados al sector salud y la utilización de recursos no autorizados, así como por el pagos de servicios adjudicados directamente a empresas como: Jobamex Seguridad Privada, Limpomex y Distribuidor Científico Pallach. Empresas que han obtenido recursos por adjudicación directa para brindar servicios de limpieza, vigilancia y otorgar servicios de salud a los usuarios2 .
Por su parte el diario La Jornada, publicó el reciente caso de Graco Ramírez, gobernador de Morelos, en septiembre de 2015, que el mandatario fue denunciado penalmente en la Procuraduría General de la República (PGR), por su presunta responsabilidad en el desvío de 570 millones de pesos en 2013, a través de la subrogación de servicios en el sector salud. Los morelenses buscarán iniciar juicio político contra dicho gobernador.
Gerardo Becerra Chávez Hita, vocero oficial de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, dijo que la PGR debe investigar al mandatario estatal por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades.
La acusación es por el gasto de un crédito de más de 2 mil 800 millones de pesos “en perjuicio de la sociedad morelense”3 .
Morena se ha dado a la tarea de indagar las diferentes denuncias de desvió de recursos en el sector salud, hasta ahora se ha identificado, que la normatividad vigente no regula adecuadamente la prestación de los servicios, esto ha generado prácticas de corrupción. De los recursos que son asignados a la prestación del servicio este es subrogado a empresas que se han visto favorecidas con contratos millonarios. De acuerdo a los contratos PPS que actualmente se encuentran en vigor, la secretaría, que es la que otorga el contrato, asume la responsabilidad de otorgar los servicios al usuario, sin embargo, lo que se ha detectado es que este recurso es subrogado a empresas privadas.
Esta situación ha generado en primera instancia que la Secretaría de Salud (Ssa) no tenga el control sobre el sector, la entrega de este tipo de concesiones –PPS– de largo plazo ha generado que estas, inflen sus costos y en un momento determinado tomen el control no sólo de lo establecido en el contrato, sino que además administren por su propia cuenta los servicios, es decir, esta situación vuelve vulnerable a la institución convirtiéndola en simple oficialía de partes, pues quien en realidad administra todo es la empresa a la que se le otorgó la concesión y con esto, el control total. El caso del estado de Veracruz evidencia dicha situación.
El ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, firmó un contrato por 11 mil millones de pesos, que tiempo después puso en jaque a la Secretaría de Salud de Veracruz y en riesgo a más de 100 mil pacientes. El ex gobernador decidió concesionar los servicios especializados de mayor demanda en once hospitales estatales, y con el aval de los diputados locales, otorgó el contrato por 11 años a la empresa Finamed SA de CV.
El 29 de septiembre de 2008 se firmó el contrato que se convirtió en un pleito en los juzgados que inició con el reclamo de pagos pendientes de la empresa y se convirtió en un intento de expropiación de los equipos médicos de la Secretaría de Salud, pero el proceso judicial 24 meses ventiló una serie de irregularidades como el cobro de facturas dobles, anomalías contractuales e irregularidades en el servicio y la atención por parte de la empresa.
A los cinco años de la firma del contrato, el negocio se convirtió en un dolor de cabeza para la Secretaría de Salud, cuando aparecieron hojas duplicadas de pago por servicio, con la firma de directores de hospitales, y con un costo 30 por ciento arriba del mercado. Pablo Anaya Rivera, primer titular de la Secretaría de Salud, aparentemente identificó el problema y presentó observaciones a los órganos de control interno.
Al 2013, Finamed ya había recibido mil 93 millones de pesos , pero había saldos por cubrir, así que reclamó el pago inmediato por 595 millones de pesos , y para asegurarse el recurso, la empresa amenazó con retirar sus equipos y dejar de prestar los servicios complementarios de cirugía cardiovascular y hemodinamia, quirófanos, imagenología y hemodiálisis en once hospitales.
Según los cálculos de la Secretaría de Salud, unos 100 mil veracruzanos estaban en riesgo, pues recibían los servicios especializados de Finamed en Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, Veracruz, Río Blanco, Yanga, Tierra Blanca, San Andrés Tuxtla, Coatzacoalcos, el Centro de Especialidades Médicas de Xalapa y el Hospital Civil , también en la capital del estado.
En un primer intento de negociación, el entonces titular de la Secretaría de Salud, Juan Antonio Nemi Dib, ofreció un plan de pagos chiquitos y mantener el servicio, como consta en actas notariales, pero Finamed quería sus 595 millones de pesos de deuda acumulada por los secretarios anteriores a Nemi...
Por si esto no fuera suficiente el 14 de septiembre de 2015, el diario Reforma hace del conocimiento público que a siete años del arranque de la construcción y con una inversión de más de 200 millones de pesos, la torre pediátrica de Veracruz se encuentra abandonada y la Secretaría de Salud en la entidad no tiene fecha para concluirla.
Se trata de un proyecto iniciado en 2008, durante el final de la administración del ex gobernador Fidel Herrera, en el cual se anunció una inversión de 275 millones de pesos4 ...
Como lo reflejan las notas de diferentes estados como Guerrero, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Guanajuato, Puebla y Zacatecas, se han visto afectados por desvío de recursos, corrupción y concesiones otorgadas a empresas favoritas, abonan a la precariedad en la que se encuentra el sector salud.
En este contexto en donde las concesiones y los servicios son entregados a las empresas privadas, la pregunta obligada es ¿y todo el personal que está a cargo de la Secretaría de Salud? y ¿las partidas presupuestarias para el pago por sus servicios?, ¿no debería de pensarse en un mejor control y monitoreo de la ejecución de los recursos?, antes de pensar es su privatización.
Para Morena, el tema del desvío de recursos y el combate a la corrupción que se ejerce no sólo en el sector salud, en todos los sectores públicos, no puede seguir impunemente, nuestro grupo parlamentario, desde inicios de esta legislatura, ha abanderado el tema de la Austeridad Republicana, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, tenemos comprobado que con poco hemos logrado grandes avances.
En este sentido estamos dando la lucha por erradicar estas prácticas corruptas, una adecuada administración de los recursos federales permitirá un gobierno con mayor eficiencia, eficacia y una adecuada rendición de cuentas. Mientras no haya un control por parte del estado en la ejecución de los recursos federales, el Ejecutivo federal no quitará el dedo del renglón sobre la latente privatización de los servicios de salud, considerando equivocadamente que éste es el mejor camino para resolver la demanda de la sociedad.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión instruye a la Auditoría Superior de la Federación para que, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en el marco de la revisión de la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal de 2014, fiscalice y audite todos los contratos de servicios financiados por la Secretaría de Salud en virtud de las múltiples denuncias de desvió de recursos y corrupción.
Notas
1.Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Palacio Legislativo de San Lázaro, marzo de 2007, Proyectos para Prestación de Servicios (PPS), Serie de Cuadernos de Finanzas Públicas.
2. http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=188068
3. http://www.jornada.unam.mx/2015/09/03/estados/033n1est
4. http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2015.
Diputados:Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y al Consejo Nacional de Seguridad Pública a formular, emitir e intensificar políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar la violación de los derechos humanos de los internos de los centros de reinserción social, a cargo de la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Quien suscribe, Soralla Bañuelos de la Torre, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., fracción I; 62, numeral 3; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De conformidad con el artículo 18 de nuestra Constitución Política, el Sistema Penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción1 del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. 2
La reinserción social se inscribe como uno de los fines esenciales de la pena de prisión y se establece como un derecho fundamental de los reclusos para su futura vida en libertad, pero también tiene como objetivo natural la seguridad, el orden y la paz pública.
Si partimos de la base de que el Estado es el encargado de vigilar el orden y de garantizar la paz y la seguridad de la comunidad, tendríamos que escudriñar cuáles son los valores que debe proteger en esta fundamental función. En respuesta diremos que los valores aludidos son, el bien común, la justicia y la seguridad.
Es difícil decirle a la gente que estamos en armonía en la convivencia y que el índice delictivo ha disminuido, cuando a diario se cometen actos ilegales que perturban la paz y la tranquilidad social, afectan el bienestar, la seguridad y el patrimonio de las familias, y en no pocas ocasiones lesionan irreparablemente la integridad física e incluso la vida de muchos mexicanos. Cuando estos delitos no se resuelven o no se sancionan prevalece la impunidad y se quebranta seriamente el Estado de derecho.
El sistema penitenciario moderno establece que la pena impuesta por un juez o un tribunal no debe ser considerada como castigo. Por el contrario, se debe entender como un medio para que el delincuente tenga la posibilidad de restructurar su personalidad dañada o insuficiente para vivir en sociedad, y que no sólo evite causar daño sino que además haga el bien y sea productivo.3
Es una realidad constatar el abandono del sistema penitenciario. Resulta inadmisible que la prisión sea un núcleo de perfeccionamiento del crimen, a causa del hacinamiento, la falta de espacios educativos, servicios de salud insuficientes, nula la actividad deportiva, alimentación inapropiada, el maltrato y el autogobierno. La experiencia acredita todos los días que quienes van a prisión, vuelven peores y algunos enteramente incorregibles.
El suministro de servicios básicos dentro de las prisiones, el mantenimiento de la higiene y la seguridad, así como los programas de rehabilitación se encuentran en un estado de profundo deterioro. La corrupción es latente, la arbitrariedad y abusos son la práctica de cada día dentro de las cárceles. La mayoría de los prisioneros depende de sus familias para acceder a medicamentos, vestimenta, calzado y los recursos básicos necesarios para su higiene (por ejemplo, jabón, papel higiénico y pasta dentífrica). Pocas veces, los prisioneros reciben una educación o tienen la oportunidad de trabajar porque no existe la infraestructura para darles cobertura y cumplimiento.
Para nadie es un secreto, porque es del dominio público, las lamentables condiciones en que se encuentran actualmente las prisiones mexicanas. Afirmación que se refuerza con el informe que emitió la CNDH, como se da cuenta a continuación.
De acuerdo con cifras emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,4 en los centros penitenciarios del país se presentan recurrentemente violaciones a los derechos fundamentales5 de los internos y advierte que los factores que determinan la violencia son entre otros, el hacinamiento, la sobrepoblación, servicios de salud insuficientes y deficientes, trato degradante, déficit en la estructura de trabajo, educativo y de actividades deportivas, ausencia de programas de prevención a las adicciones y desintoxicaciones.6
Según los indicadores del organismo garante de los derechos humanos, las acciones implementadas para prevenir hechos de violencia son deficientes, pues del primero de enero a diciembre de 2014, acontecieron mil 713 casos de ese tipo, de ellos 993 se presentaron en centros estatales, 740 en los federales y cuatro en prisiones militares.7 El reporte fue realizado tras la visita, a 130 centros estatales considerados los más poblados del país, que albergaban hasta diciembre de 2014 una población de 195 mil 329 internos; también se acudió a 20 prisiones federales y algunas militares.
Otra condiciones deplorables reveladas son aquellas que tienen que ver con la falta de personal capacitado en las cárceles, el maltrato que reciben los internos, tanto en su ingreso como en su estancia, lo que atentan contra su dignidad; existe cotos de poder de unos presos que gozan de ciertos privilegios que les permite ejercer violencia y control sobre el resto de la población,8 no se respeta el derecho de audiencia,9 no siempre se realiza la certificación de integridad física, se presentan carencias en las áreas como dormitorios, falta de higiene, agua insalubre,10 mobiliario que ya terminó su vida útil.11 Deficiencias en los servicios sanitarios, principalmente en la escases de medicamentos y material para curación instrumental hospitalario.12
Ante ese contexto, en Nueva Alianza sostenemos que la pena de prisión es una respuesta del Estado al infractor del orden social. En este sentido, la cárcel tiene doble intencionalidad: que el reo expíe su culpa y que además, logre su reinserción social, mediante la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, el deporte y la salud. El propósito es ajustar la conducta del delincuente a la norma social prevaleciente, que el infractor de la norma penal vuelva a observar el comportamiento que siguen los integrantes de la sociedad a la que pertenece.
El reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos revela que existe una gran cantidad de centros de reclusión que presentan deficiencias relacionadas con la falta o la insuficiencia de personal técnico necesario para la aplicación del tratamiento individualizado que requiere cada uno de los internos para su readaptación.13
Partiendo del diagnóstico dado a conocer por el ombudsman mexicano, es importante colegir que no existe una política nacional integral y coordinada en la materia, ya que tanto la legislación federal como la de los estados, le dan tratamiento diferente a una sola problemática.
La política carcelaria presenta los siguientes problemas: corrupción de funcionarios, fugas masivas,14 asesinatos, prostitución, tráfico de drogas, organización de secuestros y extorsiones planeadas desde el interior de los Ceresos y que se cometen en el exterior. Como se advierte, son fenómenos nada nuevos en las prisiones mexicanas, desde hace tiempo descuidadas por las autoridades.
Esa pérdida de control, por parte de la potestad pública, se ha extendido a la mayoría de las prisiones. A grado tal que en los dos últimos años, los delitos aludidos en el apartado precedente acusan un incremento notable. Las autoridades carcelarias parecen incapaces de hacer frente a la violencia en las prisiones.15
Si el Estado no es efectivo en alcanzar que el reo se readapte socialmente, mandato previsto en el citado artículo 18, como consecuencia, le surte afectación grave a ciertos derechos humanos previstos en la Constitución Federal, como son:
a) El derecho humano a la educación contemplado en el artículo 3o.;
b) derecho a la alimentación nutritiva , suficiente y de calidad, a la protección de la salud ; al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible; al acceso a la cultura ; y a la cultura física y a la práctica del deporte . Todos ellos prescritos en el artículo 4o.;
c) al acceso a información plural y oportuna, al internet , consignado en el 6o.
d) El derecho a dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode consagrado en los artículos 5o., 14, 18 y 123;
e) Derechos de legalidad , seguridad jurídica y de reinserción social que se encuentran contenidos consagrados en los artículos 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero, y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además están reconocidos en diversos instrumentos internacionales de los cuales forma parte nuestro país y que, de acuerdo con el artículo 133, de la citada Carta Magna, se consideran como ley suprema de toda la Unión.
Esta problemática obliga necesariamente a que con urgencia se revisen los procedimientos y formas de operar de manera conjunta los sistemas de prevención, procuración e impartición de justicia y de readaptación social. Se debe reconocer que este último es la etapa final porque representa la ejecución de la pena; un momento fundamental para que todo el camino que se recorrió se vea culminado en un trabajo serio y de calidad, que le conceda congruencia a los esfuerzos gubernamentales, con el fin de reinsertar al interno a la sociedad como persona libre.
La educación, el trabajo, la capacitación para el trabajo, el deporte y la salud, son insumos o incentivos que condicionan a las personas humanas para transitar hacia un futuro promisorio. La gente preparada y capacitada tiene mejores horizontes, mira las cosas con otra perspectiva. La finalidad es infundir esos hábitos a los reos, durante el tiempo que estén privados de su libertad, para transformarlas en personas productivas, útiles y propositivas para el tejido social. La negación de esos derechos implica responsabilidad de la autoridad.
En mérito de lo antes expuesto, Nueva Alianza, comprometido con los grandes proyectos que redunden en el bienestar social, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Consejo Nacional de Seguridad Pública para que dentro de sus facultades procedan a reformular, emitir e intensificar medidas y políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar la violación de los derechos humanos de las personas internas en los centros de reinserción social del país; que tiendan a mejorar las condiciones de las mismas en ingreso y estancia; así como incrementar las supervisiones en los espacios carcelarios, tanto estatales como federales.
Notas
1 El proceso de reinserción implica proporcionar al sentenciado las herramientas cognoscitivas, relacionales, de hábitos y costumbres, de disciplina, así como de capacitación, que faciliten una adecuada reinserción social del individuo, todo esto a través del tratamiento penitenciario.
2 Párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.
3 Galindo, Antonio Sánchez. Manual de conocimientos básicos para el personal de centros penitenciarios . México: Comisión Nacional de Derechos Humanos. 1990, página 33. Apud Bringas, Alejandro H. y Quiñones, Luis F. Roldán. Op. cit. , página 26.
4 Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014. 9 de septiembre de 2015.
5 Con la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos fundamentales de la persona, corresponde al Estado la tutela de los derechos humanos, considerando como tales aquellos que le son inherentes a la persona humana y que le permite vivir con dignidad.
6 Periódico La Jornada, de fecha 10 de septiembre de 2015. Página 7.
7 Ibídem.
8 Situación que se encontró en 81 de las 130 instalaciones visitadas.
10 No se cumple con lo previsto por el artículo 15 la de la Convención que establecen las citadas Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos aprobado por Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Ginebra, 22 de agosto a 3 de septiembre de 1955, que a la letra establece que “se exigirá de los reclusos aseo personal y a tal efecto dispondrán de agua y de los artículos de aseo indispensables para su salud y limpieza”.
11 Condiciones que guardan un centenar de centros de reclusión de los visitados por el Ombudsman mexicano.
12 El documento ilustra que en 54 Ceresos, se presentas estas condiciones
13 Según la Organización de las Naciones Unidas, es fundamental contar con personal técnico capacitado, en virtud de que de la misma manera que los médicos tratan a los enfermos, así los técnicos penitenciarios a través de un tratamiento individualizado, desean sanar al hombre delincuente, de esa rara enfermedad llamada delito. Esta afirmación nos permite asegurar que una prisión es un equipamiento tan especializado y costoso como un hospital, El Organismo Internacional ha denominado a los delincuentes como “minusválidos sociales”, con lo cual se establece, que en un centro carcelario de lo que se trata es de rehabilitar enfermos sociales.
14 De acuerdo con un informe emitido en septiembre de 2012, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos La fuga de presos que se presenta en las distintas cárceles del país no tiene nada de fortuito: porque el 60 por ciento de los penales mexicanos son gobernados por el crimen organizado, que los ha convertido en bastiones fuera de la ley y en centros de reclutamiento.
15 El deterioro en los últimos años es innegable, como lo demuestran las fugas, las riñas, los autogobiernos así como las agresiones contra el personal de los centros penitenciarios, así lo señaló el ombudsman mexicano.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2015.
Diputada Soralla Bañuelos de la Torre (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial que atienda, apoye e impulse el desarrollo económico de la frontera norte, a cargo del diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del PES
José Alfredo Ferreiro Velazco, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, fracción I, artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, a efecto de crear una Comisión Especial que atienda, apoye e impulse el desarrollo económico de la frontera norte, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La frontera norte de México se extiende en tres mil 185 kilómetros, abarca los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, delimitando el territorio nacional con el de los Estados Unidos América.
El tener como vecino a la economía más importante del mundo, ha generado que estas entidades federativas hayan presentado un desarrollo económico, social y cultural diferenciado al del resto de los estados de la Republica; esta situación, nunca ha sido comprendida por los distintos gobiernos federales a lo largo de la historia, los cuales, siempre han tomado decisiones centralizadas, que lejos de apoyar o contribuir al desarrollo de la frontera norte, casi siempre han resultado contraproducentes para el bienestar de sus pobladores.
Los estados de nuestra frontera norte enfrentan una compleja situación derivada de su condición Binacional, misma que se ve agravada por:
• Toma de decisiones centralistas del Gobierno Federal, lo cual provoca, problemas de coordinación entre los tres niveles de gobierno.
• Falta de autonomía local en asuntos binacionales y de una política fiscal acorte a la condición binacional.
• Problemas de planeación y logística fronteriza.
• Alta demanda de infraestructura, y de gestión de aguas transfronterizas.
• Falta de una estrategia de integración económica local.
La frontera norte de nuestro país representa un importante polo de desarrollo económico nacional, mas la falta de sensibilidad de nuestros gobiernos ha impedido un desarrollo más dinámico y acelerado de nuestra frontera norte. Como país no hemos sido capaces de aprovechar la cercanía con la economía más grande del mundo, y crear las condiciones de infraestructura, logística, mano de obra calificada, incentivos fiscales y energéticos, que permitan a los sectores industriales, del comercio y servicios, desarrollarse, crecer y consolidarse en mejores condiciones, con la finalidad de que puedan ser competitivos en el mercado norteamericano. Con lo cual, no solo se generarían más y mejores empleos para los residentes de aquella región del país.
Como consecuencia de políticas públicas federales incorrectas, hoy nuestra frontera norte es afectada por:
• Bajos niveles de ingresos.
• Fuga de consumidores nacionales hacia Estados Unidos.
• Pérdidas económicas por cruces fronterizos muy lentos.
• Economía fuertemente dependiente de Estados Unidos y la Industria Maquiladora.
• Bajos niveles de inversión local y nacional, y disminución de la internacional.
• Alta tasa de economía informal y perdida en niveles de competitividad.
• Condiciones poco atractivas para inversión.
• Recursos insuficientes para promoción y fomento turístico.
• Crecimiento urbano con deficiencias de conectividad vial de transporte público, equipamientos y servicios.
• Ineficiente estructura de movilidad que genera impactos en materia ambiental, social y económica; transporte y enlaces viales deficientes.
• Modelo de transporte desarticulado, caro y contaminante.
• Necesidad de proyectos integrales que favorezcan la proximidad de actividades y la movilidad mediante modos no motorizados.
Resulta urgente trabajar desde todos los frentes, en la búsqueda de políticas públicas efectivas que contribuyan al desarrollo económico de nuestra frontera norte. En este sentido, se hace indispensable conformar una agenda transversal que involucre el trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno.
Si bien es cierto que existe la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, la misma se encarga de toda la problemática general que enfrenta la región, lo cual le impide abocarse de lleno a un tema tan complejo y amplio como es el desarrollo económico de la región. Aunado a lo anterior, la comisión especial deberá estudiar y proponer alternativas que resuelvan problemas tales como:
• El incremento al impuesto al valor agregado en la zona fronteriza.
• La fluctuación de cambiaria del dólar.
• Las restricciones en la importación de algunas mercancías necesarias, como el caso de la importación de los vehículos usados a la región fronteriza, entre otras.
A raíz de una serie de reformas fiscales y aduaneras, las condiciones económicas y comerciales de la región se han visto afectadas.
Muestra de lo anterior, son los datos expuestos en el primer boletín del observatorio de coyuntura económica fronteriza, del Colegio de la frontera Norte (Colef) , el cual señala, que el incremento al Impuesto al Valor Agregado, frenó el crecimiento, disparo la inflación, afectó al empleo y el ingreso disponible de los habitantes de las ciudades fronterizas.
Al respecto, el doctor Wilfrido Ruiz, académico del Colef, revela que se han visto afectadas aproximadamente 7.5 Millones de personas que habitan la franja fronteriza del Norte del País.
A pesar de los esfuerzos y planes que los gobiernos de las entidades fronterizas, han puesto en práctica, para mitigar las políticas fiscales y aduaneras erróneas, no han resultado suficientes para reactivar el desarrollo económico de la región, lo anterior, a pesar del buen momento por el que atraviesa la economía norteamericana.
Los mexicanos que viven en la frontera norte exigen nuestra intervención para apoyarlos en la aplicación de políticas públicas diferenciadas y compensatorias, que permitan volver competitiva a nuestra frontera norte, frente al mercado estadounidense y al interior.
Resulta necesario que esta LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados apruebe la creación de la comisión aquí propuesta con el objetivo de fortalecer los procesos de coordinación y cooperación en la implantación de políticas públicas y proyectos que fortalezcan e impulsen el desarrollo económico de la frontera norte del país.
Asimismo, dicha comisión deberá estudiar y proponer estímulos fiscales, que contribuyan a incentivar la inversión en los sectores industria, comercio y servicios, en la región.
Como es de todos conocido, el Ejecutivo Federal ha enviado iniciativa a esta soberanía, a efecto de que se declare zona económica especial, algunas zonas de los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca; para lo cual, propone un marco regulatorio especial e incentivos para atraer empresas y generar empleos de calidad, dando un trato fiscal diferenciado.
En este contexto, la creación de una comisión especial para impulsar el desarrollo económico de la frontera norte, busca establecer un mecanismo de cooperación y coordinación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, junto con los congresos y gobiernos de los estados fronterizos, los mecanismos fiduciarios, las instituciones académicas, organismos empresariales y las asociaciones civiles que están involucradas e interesadas en construir una frontera norte que permita, lograr un mayor y mejor desarrollo de la población.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara Diputados para que dentro del ámbito de su competencia, acuerde la creación de una Comisión Especial que atienda, apoye e impulse el Desarrollo Económico de la Frontera Norte.
Palacio Legislativo de San Lázaro, septiembre de 2015.
Diputado José Alfredo Ferreiro Velazco (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado Alfredo Anaya Orozco, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la comisión especial para la cuenca Lerma-Chápala-Santiago , al tenor de las siguientes
Consideraciones
El sistema hidrológico Lerma-Chápala-Santiago es uno de los más importantes de México, con una superficie estimada de 130 mil kilómetros cuadrados. Se trata de una cuenca compleja que ocupa gran parte del estado de México, norte de Michoacán, sureste de Querétaro, sur de Guanajuato, este, centro y norte de Jalisco, todo Aguascalientes, el sur de Zacatecas, sureste de Durango y noroeste y centro de Nayarit. Por su gran extensión y orografía diversa la cuenca posee diferentes climas, desde los templados de altura hasta los tropicales lluviosos y es en ella donde se encuentra varios de los centros de población más importantes del Altiplano Central Mexicano.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología (INE), la cuenca Lerma-Chápala constituye un paradigma de desarrollo económico sin planificación ambiental, que ha dado lugar a múltiples problemas sociales, políticos y ambientales. Ante la situación, la Dirección de Manejo Integral de Cuencas Hídricas emprendió estudios con un enfoque interdisciplinario para entender las causas y las consecuencias de la problemática, en vistas de impulsar un plan de manejo integral para la cuenca.
La Cuenca Lerma-Chápala es una de las más importantes del país, no sólo porque concentra el 16 por ciento de la población nacional de acuerdo al Instituto Nacional de Ecología, sino también por el preocupante grado de contaminación que presenta.
El 60 por ciento del agua que se utiliza en la zona metropolitana de Guadalajara, proviene de esta Cuenca, al ser el Lago de Chápala la principal fuente de abastecimiento de este vital líquido.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología (INE), la cuenca Lerma-Chápala constituye un paradigma de desarrollo económico sin planificación ambiental, que ha dado lugar a múltiples problemas sociales, políticos y ambientales. Ante la situación, la Dirección de Manejo Integral de Cuencas Hídricas emprendió estudios con un enfoque interdisciplinario para entender las causas y las consecuencias de la problemática, en vistas de impulsar un plan de manejo integral para la cuenca.
Según datos del instituto, la cuenca comprende en su hidrografía entre el río Lerma, el lago de Chápala y el río Santiago se encuentra en 204 municipios en 5 entidades, distribuidos de la siguiente manera: Guanajuato, 43.75; Michoacán, 30.26; Jalisco, 13.42; estado de México, 9.8; y Querétaro, 2.76. Abarca 830 mil hectáreas de riego.
La cuenca Lerma-Chápala-Santiago reviste gran importancia porque concentra el 16 por ciento de la población nacional, de acuerdo con el INE, y también por el alarmante grado de contaminación que presenta. Diversos estudios arrojan como resultado un gran daño a los ecosistemas derivados de la contaminación, la sobreexplotación y el desperdicio en el uso de la cuenca. Además del daño ecológico, el deterioro ha provocado graves enfermedades en la población dedicada a la actividad pesquera, gran proliferación del lirio acuático, que tienen por consecuencia que la calidad del agua para consumo humano y animal sea insalubre, también representando daños a la cría de diferentes especies de ganado, haciendo énfasis de que la mayoría de la población que habita en la colindancia de la cuenca (32 por ciento) se dedica a actividades del sector primario de la economía.
Con la creación de este órgano de apoyo legislativo se establecerá un diálogo constante con las autoridades involucradas y, por supuesto, con la sociedad civil que tenga el legítimo derecho para exigir el cumplimiento de las políticas públicas en materia hidráulica y para desarrollar los mecanismos de gestión para ampliar el presupuesto para tareas de prevención, saneamiento, programas de concientización y manejo adecuado de las aguas subterráneas y superficiales de la cuenca Lerma-Chápala-Santiago, apoyando desde la Cámara de Diputados el acercamiento con las autoridades competentes y los actores involucrados.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política, en uso de sus facultades, la creación de la Comisión Especial de la cuenca Lerma-Chápala-Santiago de la Cámara de Diputados.
Segundo. La Comisión Especial de la cuenca Lerma-Chápala-Santiago de la Cámara de Diputados se integrará por el número de diputados que así lo determine la Junta de Coordinación Política y de manera proporcional a la representación de cada uno de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados.
Tercero. La Comisión Especial de la cuenca Lerma-Chápala-Santiago de la Cámara de Diputados tendrá vigencia a partir de publicada su creación en la Gaceta Parlamentaria.
Cuarto. La Comisión Especial de la cuenca Lerma-Chápala-Santiago de la Cámara de Diputados contará con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para la realización de sus atribuciones que para tal efecto autorice el Comité de Administración con apego a la normatividad aplicable de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2015.
Diputado Alfredo Anaya Orozco (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la ratificación por la STPS y la Cámara de Senadores del convenio 156 de la OIT, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, a cargo de la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, del Grupo Parlamentario del PAN
Las suscritas, diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita se tenga bien someter a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, el presente punto de acuerdo relativo a la ratificación por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Senado de la República del Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares, firmado en 1981, fundamentado en lo siguiente
Consideraciones
El preámbulo de la Carta de Naciones Unidas establece “la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres” así como “promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad”.
Nuestro país firmó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). La CEDAW establece que nuestro país debe adoptar “todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres”, por lo que nuestro país debe dar el “apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública” (artículo 1, numeral 2, inciso c) ).
La Organización Internacional del Trabajo reconoce “que todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades” (Preámbulo del Convenio 156 de la OIT).
Derivado de lo anterior, es que la Organización Internacional del Trabajo cuenta hoy en día con 189 convenios internacionales -de los cuales nuestro país ha ratificado 79-; y dentro los que destacan la ratificación de nuestro país el Convenio 100 Sobre igualdad de remuneración y el Convenio 111 Sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación).
La Ley Federal del Trabajo, reformado por esta soberanía en el 2012, establece en su artículo 2° la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres trabajadores “se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres”.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la CEDAW, en su 52º período de sesiones, llevado a cabo del 9 a 27 de julio de 2012, en sus observaciones finales tomó nota con reconocimiento de la adopción en 2009 de la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Hombres y Mujeres, instrumento no vinculante que certifica a las organizaciones públicas, sociales y privadas que incluyen una perspectiva de género en sus prácticas de empleo.
Sin embargo, el Comité observó con preocupación la persistencia de las prácticas discriminatorias contra la mujer en el ámbito del empleo dentro de su apartado “Principales ámbitos de preocupación y recomendaciones”.
Por ello, recomendó para que nuestro país para que se “Ratifique el Convenio número 156 de la OIT sobre los trabajadores con responsabilidades familiares”.
De allí, la importancia que esta soberanía impulse la necesidad de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como la Cámara de Senadores aprueben el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajos Sobre las trabajadores con responsabilidades familiares, con fundamento en el artículo 76, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto, las diputadas del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentan lo siguiente:
Puntos de Acuerdo
Artículo Primero. Solicitamos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social impulse la ratificación del Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los trabajadores con responsabilidades familiares.
Artículo Segundo. Solicitamos a la H. Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión apoye la ratificación del Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los trabajadores con responsabilidades familiares.
México, DF, a 22 de septiembre de 2015.
Diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Senado de la República a dictaminar el proyecto de decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inmunidad de servidores públicos, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Julio Saldaña Morán, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno las siguientes
Considerandos
El pasado 1 de diciembre de 2011 el pleno de la Cámara de Senadores, remitió a la Cámara de Diputados, el expediente de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inmunidad de servidores públicos, para sus efectos constitucionales.
El 6 de diciembre del mismo año la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dio cuenta de la minuta en comento, turnándola a la Comisión de Puntos Constitucionales para análisis y elaboración de dictamen correspondiente.
Dicha minuta fue aprobada en lo general y particular por el pleno de la Cámara de Diputados el 5 de marzo de 2013, y el proyecto fue devuelto al Senado para los efectos dispuestos en el artículo 72 de la Constitución Política.
El proyecto en comento es importante porque establece que los servidores públicos no podrán ser privados de su libertad durante el ejercicio de su cargo, pero si podrán ser sometidos a proceso penal en la comisión de un delito y continuaran en funciones hasta que se dicte la sentencia condenatoria respectiva. La sentencia será del conocimiento del órgano al que pertenece el servidor público con la finalidad de separar al sentenciado de su cargo.
Con esta reforma que elimina el fuero se busca acabar con las impunidades al tiempo que se renueva el Sistema Político, pues se establece en su lugar una inmunidad que solo garantiza la libertad durante el proceso. Esta adecuación es, sin lugar a dudas, respuesta a las demandas ciudadanas de que ninguna persona se encuentra por encima de la ley.
En la historia reciente se ha evidenciado a servidores públicos de los tres niveles de gobierno, que aprovechando su envestidura, cometen malas prácticas con los recursos públicos o abusan del poder y estos hechos quedan en total impunidad. Por ello la urgencia de contar con mecanismos para combatir la corrupción que se ejerce por quienes son representantes de la sociedad.
Nos encontramos frente a una fuerte crisis de gobernabilidad donde la población cada día desconfía más de sus representantes y de las instituciones, razón por la cual es fundamental que el Senado de la Republica dictamine el proyecto que regula la inmunidad a servidores públicos para que este se convierta en una realidad y en una herramienta para castigar a funcionarios que no cumplen con sus obligaciones.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Senado de la Republica a que dictamine, con la brevedad posible, la minuta que le fue devuelta por la Cámara de Diputados, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inmunidad de servidores públicos, enviada para su estudio y votación.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 22 de septiembre de 2015.
Diputado Julio Saldaña Morán (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la prevención del “cortejo”, o grooming, por internet, a cargo de la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario del PVEM
La que suscribe, diputada federal Sara Paola Galico Félix Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracciones II demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Esta historia no trata tanto de lo que no se ve, como de lo que, viéndose, no se mira.
Belén Gopegui
La trata de personas es una nueva forma de esclavitud que vulnera en su totalidad los derechos humanos de la persona víctima que es traficada y explotada como mercancía para fines de comercio sexual, pornografía y servidumbre forzada, en donde una vez más las principales víctimas son mujeres, niñas y niños.
La regulación contra la trata de personas a nivel internacional se incrementa a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando se realizó un Convenio para la Represión de la trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, misma que surgió durante la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1949.
A nivel internacional, existen convenios, protocolos, tratados, que México ha firmado, para la prevención, erradicación y sanción en el tema de Trata y Tráfico de Personas, entre los que se encuentran:
• La Convención sobre los Derechos de los Niños (CDN).
• Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW en Ingles).
• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención Belém do Pará (1994).
• Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía.
• Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
• Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CPDTM).
• Protocolo contra el tráfico ilícito de Migrantes por tierra, mar y aire.
• Convención Americana de los Derechos Humanos, Pacto de San José
• ILO 105. Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso
• ILO 182. Convenio sobre las peores formas de Trabajo infantil.
• Declaración y plataforma de Acción de Pekín (Cuarta conferencia Mundial sobre la Mujer (1995), adoptada por 189 gobiernos.
De acuerdo al Informe Mundial sobre la Trata de Personas realizado por la Oficinas de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito1 del año 2009, se estableció que la explotación sexual es con gran diferencia, la forma de trata de personas detectada con más frecuencia 79 por ciento, seguida del trabajo forzado 18 por ciento, lo que podría obedecer a un sesgo estadístico.
Europa es el destino de víctimas de los más variados puntos de origen; las víctimas procedentes de Asia son objeto de trata a la más amplia variedad de destinos; mientras que el continente americano destaca como origen y destino de las víctimas de trata de seres humanos.
En 2014, en el marco del Día Internacional de la Prevención del Abuso Infantil, Unicef advirtió que 150 millones de niñas y 73 millones de niños en el mundo han sido víctimas de alguna forma de abuso sexual antes de cumplir los 18 años de edad.
Sobre el particular, no podemos perder de vista que además del aumento en el número de víctimas, el nivel de organización y estructura que han alcanzado las redes delincuenciales dedicadas a la trata y explotación de personas en nuestro país, se ha incrementado, así como las gigantescas ganancias que este mercado ilícito genera.
México, no sólo se ha convertido en un destacado destino para el turismo sexual, sino que además ocupa el segundo lugar a nivel mundial de producción de pornografía infantil, adolescente y tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, sólo atrás de Tailandia; y el quinto en trata de personas en sus diversas modalidades, lo que representó a nivel mundial en el 2012, una ganancia de 32 mil millones de dólares.
Datos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, arrojaron en promedio que a diario se denuncian dos casos de abuso sexual contra infantes -muchos de ellos cometidos por familiares o amigos-, siendo tan sólo en el año 2010 recibidas por esa Institución 18 mil 12 denuncias de maltrato infantil, de las cuales: alrededor del 5 por ciento correspondieron a denuncias referentes al abuso sexual infantil - equivalente a 900 denuncias en ese año-.
De igual forma, el Diagnóstico de Human Trafficking Assesment Tool, realizado por la American Bar Association (ABA), señala que en México se han detectado 47 bandas dedicadas a la trata de personas con fines sexuales y laboral, y se ha documentado que las entidades con mayor riesgo de que se cometa este ilícito son Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala, Quintana Roo, entre otras.
En cuanto al Diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la Trata de Personas en México, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, dado a conocer el año 2014, se estableció que en nuestro país cerca de 12 millones de personas son víctimas de trata, de las cuales:
a) 79 por ciento son para explotación sexual,
b) 3 por ciento son para extracción de órganos, y
c) 18 por ciento son para explotación laboral.
El Inegi por su parte, señala que de 3.6 millones de personas que sufren trata: 31 por ciento son menores de edad, -entre 5 y 17 años-, y 70 por ciento son personas migrantes e indígenas que se explotan para realizar trabajos peligrosos para su seguridad, salud y moral.
Adicionalmente, se tienen registros de más de 16 mil niños y adolescentes sometidos a esclavitud sexual, y que fue enganchado a través de internet, medio que resulta muy conveniente al traficante por las facilidades que brinda, por ejemplo, la accesibilidad, la posibilidad de hacerse pasar por otra persona, de conocer gente de cualquier lugar del mundo y de interactuar con varias personas a la vez valiéndose del anonimato.
De este modo, Internet ha pasado a formar parte del proceso de la trata por lo que se insiste, sobre todo a padres de familia y a adolescentes ser cautelosos ya sea con la supervisión para los primeros y el manejo de información y contactos con los segundos.
A mayor abundamiento, la encuesta básica que la Alianza por la Seguridad en Internet (ASI) aplicó en mayo del 2014 entre casi 5000 alumnos del programa CENETIC Escolar, cuyas edades fluctúan entre los once y los quince años reveló que:
— 23.9 por ciento se han encontrado en el mundo real con personas que conocieron en Internet.
— 10.5 por ciento se han enamorado de personas a quien conocen única y exclusivamente por Internet.
— 10.4 por ciento hablan de sexo por Internet, ya sea ocasional o frecuentemente. No podemos pasar por alto el uso de nuevas tecnologías y una mayor cantidad de tiempo del uso de la red sin supervisión de al menos un adulto, entre los menores, se ha convertido en una ventana de posibilidades para los delincuentes que están al acecho de víctimas para la comisión de diversos delitos.
Una de estas nuevas formas de cometer delitos por medio de la tecnología, es el llamado “cortejo” o “groomin”, el cual consiste en el proceso sistemático de acercamiento entre un acosador o depredador en línea hacia un menor de edad; el perseguidor prepara el encuentro físico entre ambos y tiene por objeto eliminar la resistencia del menor hacia los extraños y hacia contenidos inapropiados para él.
El proceso de “el cortejo” consiste en siete etapas:
1. Encuentro. Sitios populares entre los menores de edad en donde son ubicados por el acosador.
2. Compartir intereses. Desarrollan la nueva “amistad” haciendo ver al menor cuantas cosas tienen en común.
3. Ganar confianza. Se gana su confianza con un apoyo constante a sus ideas.
4. Obtener secretos. Desarrolla intimidad con el menor, lo convence de que son los mejores amigos, nada debe interponerse.
5. Romper barreras de resistencia. Como esta relación es diferente a todas las demás, se establecen nuevos parámetros y fronteras.
6. Amenazas. Lo adentra en la posibilidad de exponer todo lo que han hablado como amigos, se supone que son cosas privadas, o peor aún, lastimar a su familia, y
7. Encuentro físico. El menor siempre es la víctima, y en este momento el acosador, también lo obligará a llevar al encuentro el equipo que usó en sus conversaciones, para deshacerse de la evidencia de los contactos sostenidos, frecuentemente porque sus intenciones sí son criminales.
Vale la pena mencionar que este proceso puede llevarse en promedio hasta seis meses, lo que nos deja ver que si bien no existe un estereotipo del acosador en Internet, algo que siempre los caracteriza es que son pacientes, aunque no siempre tolerantes.
Asimismo, cabe destacar que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece en sus artículos 47, fracciones III, IV y V, así como el artículo 12 lo siguiente:
“Artículo 47. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por:
III. Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables;
IV. El tráfico de menores;
V. El trabajo antes de la edad mínima de quince años, prevista en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables;
Artículo 12. Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido, en cualquier forma, violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente y, en su caso, instrumentar las medidas cautelares, de protección y de restitución integrales procedentes en términos de las disposiciones aplicables.”
Por su parte, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y el Código Penal Federal han tipificado el delito de trata de personas e imponen sanciones a los vendedores, compradores, promotores, divulgadores y traficantes de trata de personas con fines de explotación sexual y comercial sexual infantil, en la vertiente de explotación sexual y comercio infantil con fines sexuales.
De manera adicional en el Título Tercero de la Ley General relativo a las facultades y competencias de las autoridades de los tres Órdenes de Gobierno, en su Capítulo II que se refiere a las autoridades, Estatales, Municipales y del Distrito Federal, de manera expresa mandata entre otros temas en su artículo 114:
“Artículo 114. Corresponden de manera exclusiva a las autoridades de los estados y el Distrito Federal, en sus respectivos ámbitos de competencia, las atribuciones siguientes:
I. En concordancia con el Programa Nacional, formular políticas e instrumentar programas estatales para prevenir, sancionar y erradicar los delitos previstos en esta Ley, así como para la protección, atención, rehabilitación y recuperación del proyecto de vida de las víctimas y posibles víctimas, ofendidos y testigos de los mismos;
III. Prestar servicios de formación, actualización, capacitación y profesionalización para las y los actores institucionales que participan en los procesos de prevención y combate a los delitos previstos en esta Ley y de asistencia y protección de las víctimas, de conformidad con las disposiciones generales que las autoridades federales determinen;
IV. Implementar, en coordinación con la Federación, programas y proyectos de atención, educación, capacitación e investigación en materia de esclavitud, trata de personas o explotación y demás delitos previstos en esta Ley;
V. Impulsar programas para prevenir los factores de riesgo para posibles víctimas de los delitos previstos en esta Ley que incluyan programas de desarrollo local;
VI. Creación de refugios, albergues y casas de medio camino para las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos que esta Ley define como del fuero común, o apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, para la creación y operación de los mismos, hasta la total recuperación de las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos contenidos en la presente Ley;
VII. Revisar y evaluar la eficacia de las políticas, programas y acciones con base en los lineamientos que para tal efecto desarrollen las autoridades federales;
VIII. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, la información necesaria para su elaboración;
IX. Impulsar reformas legales para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, y
X. Las demás aplicables a la materia, que les confiera esta Ley u otros ordenamientos legales.”
En virtud de lo aquí expuesto ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. El pleno de esta honorable Cámara de Diputados respetuosamente exhorta a las autoridades de los tres niveles de Gobierno a fin de que ejecuten de manera permanente campañas de información a niñas, niños y adolescentes, así como a personas adultas sobre el llamado “cortejo” o “grooming”; explicando detalladamente en que consiste este acercamiento por parte de los delincuentes, como identificarlo, como se puede denunciar, e invitar a los padres de familia a involucrarse en las actividades de sus hijos a fin de evitar la comisión de un posible ilícito.
Nota
1 www.unodc.org. Resumen Ejecutivo Informe Mundial sobre la Trata de Personas UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito). Febrero de 2009.
Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 22 de septiembre de 2015.
Diputada Sara Paola Galico Félix Díaz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a subsanar las irregularidades detectadas en la empresa de participación estatal Exportadora de Sal, SA de CV, y proceder conforme a derecho, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, Norma Rocío Nahle García, diputada federal a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
En la península de Baja California se encuentra una de las principales salineras del mundo, la empresa Exportadora de Sal, SA de CV, con 9 millones 500 mil toneladas producidas de sal en el 2014, lo que representa arriba del 25% del mercado mundial.
Localizada en Guerrero Negro, Baja California Sur, donde opera la salina más grande del mundo y cuenta con sus propias instalaciones de carga de barcos en Isla de Cedros, Baja California, con capacidad para recibir y cargar navíos hasta de 180,000 toneladas.
Exportadora de Sal, SA de CV (ESSA) es una sociedad mercantil mexicana constituida en 1954 cuyo objeto social es la producción y exportación de sal de origen marino. Este producto es obtenido utilizando grandes extensiones naturales de terrenos planos e impermeables junto a la costa, a partir de la evaporación de agua de mar por radiación solar, aprovechando el viento favorable y la escasa precipitación pluvial de la región. Conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, ESSA es una Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Sectorizada con la Secretaría de Economía a través de la Coordinación General de Minería.
En la estructura de su capital social, participa con el 51% de las acciones el Gobierno Federal Mexicano a través del Fideicomiso del Fomento Minero y el 49% restante pertenece a la empresa privada japonesa Mitsubishi Corporation. Esta proporción de capital social data del 22 de noviembre de 1976 preservando el mismo estado a la fecha, por lo cual ESSA es una empresa de participación estatal mayoritaria y se encuentra sectorizada en la Secretaría de Economía.
Actualmente ESSA cuenta con cuatro concesiones mineras de explotación de sal vigentes en 2013, emitidas el 18 de noviembre de 2003, 19 de abril de 2005, 21 de abril de 2005 y 6 de julio de 2011, respectivamente, cuyas fechas de vigencia concluyen una en septiembre de 2043, dos en abril de 2055 y una en julio de 2061.
Además, cuenta con dos prórrogas de concesión para el uso de las zonas federales marítimo terrestres ubicadas en Chaparrito, Puerto de Guerrero Negro, Laguna Ojo de Liebre, Municipio de Mulegé, Baja California Sur y en Morro Redondo, Puerto de Isla de Cedros, Bahía de San Sebastián Vizcaíno, Municipio de Ensenada, Baja California, mismas que fueron emitidas en 2008 y 2009, la primera de las cuales venció en septiembre de 2013 con una prórroga emitida en marzo de 2014; ambas prórrogas vencen en 2019; asimismo cuenta con una prórroga de concesión emitida el 3 de febrero de 2006 para operar los muelles e instalaciones portuarias ubicadas en las zonas mencionadas, con vencimiento al 28 de abril de 2026.
Pese a su volumen de producción, que la sitúan como una de las empresas salineras más grandes e importantes del mundo, de significativa participación en el mercado internacional, los beneficios que aporta a nuestro país distan mucho de ser los óptimos. Si bien en los estados financieros de ESSA de 2013 se reportaron 1 mil 691 millones 847 mil pesos de las ventas de sal industrial, de los cuales 1 mil 691 millones 531 pesos, el 99.98%, correspondieron a ventas al extranjero y 316 miles de pesos, el 0.02%, a empresas mexicanas, las utilidades netas que dejaron al país estas ventas podrían haber sido mucho mayores.
De entrada y en contra de la lógica empresarial, ESSA ha cedido el mercadeo de sus productos.
El 28 de abril de 1977, ESSA, celebró con Mitsubishi Corporation (MSK) y Mitsubishi International Corporation (MIC), subsidiaria de MC, empresas de capital extranjero, un contrato denominado “Contrato ESSA-MIC comisiones s/ventas de sal”. En la cláusula 7 de dicho contrato se establece que “MSK gozará de los derechos de exclusiva de venta de los Productos en Japón”; en la cláusula 8 se estipula que “... ESSA nombra a MIC su agente y representante de ventas exclusivo para que venda los Productos en los Estados Unidos y Canadá, y para que funja, de cualquier otra forma, como el representante de ESSA ...”, además, conforme a la cláusula 10, ESSA nombra a MSK su representante de ventas para que esta última venda los productos y funja como su representante en todos los lugares del mundo que se encuentren fuera de Japón, salvo los Estados Unidos y Canadá, y la cláusula 26 estipula que “Este contrato surtirá efecto entre las partes a partir del 1 de septiembre de 1976, exceptuando únicamente que la compensación pagadera a MIC, de conformidad con éste, causará efectos a partir del 1 de enero de 1977”.
Desde la fecha de la firma del contrato y hasta el cierre de 2013, se celebraron, respecto de dicho contrato, dos memorándums, un acuerdo y un convenio modificatorio. En el contrato del 28 de abril de 1977 y su convenio modificatorio del 18 de noviembre de 2010, MC y MIC adquieren el rol de únicos compradores, distribuidores y comercializadores en todo el mundo de la sal que produce ESSA, además de ser MC, a su vez, socio minoritario de ESSA, lo que denota condiciones desfavorables para ESSA y beneficios a MC y MIC en perjuicio del interés económico del accionista mayoritario que es el Gobierno Mexicano, ya que no se establecen condiciones equitativas, lo cual limita la actuación de la entidad fiscalizada para acceder a nuevos mercados y evaluar otras.
De hecho, lo anterior dio pie a que la Auditoria Superior de la Federación (ASF), como parte de la Auditoria Financiera y de Cumplimiento: 13-2-10KN-02-0030, practicada por este órgano de fiscalización a la empresa de participación estatal mayoritaria ESSA, recomienda:
“... que Exportadora de Sal, SA de CV (ESSA), por conducto de su Consejo de Administración, realice las acciones conducentes a fin de que se revisen y modifiquen el Contrato Original (contrato celebrado el 28 de abril de 1977 y los documentos modificatorios del 22 de julio de 1987, 7 de septiembre de 1993 y 22 de noviembre de 2006), así como el convenio modificatorio del 18 de noviembre de 2010, celebrados por ESSA con Mitsubishi Corporation (MC) y Mitsubishi International Corporation (MIC), para que se modifique la estrategia de comercialización de la sal y se establezcan condiciones equitativas de manera que ESSA pueda acceder a los mercados finales y buscar alternativas de comercialización con clientes potenciales, así como alternativas para la distribución, debido a que se observó que en el contrato del 28 de abril de 1977 y su convenio modificatorio del 18 de noviembre de 2010, MC y MIC adquieren el rol de únicos compradores, distribuidores y comercializadores en todo el mundo de la sal que produce ESSA, además de ser MC, a su vez, socio minoritario de ESSA, lo que denota condiciones desfavorables para ESSA y beneficios a MC y MIC en perjuicio del interés económico del accionista mayoritario que es el Gobierno Mexicano, ya que no se establecen condiciones equitativas.”
Como si el dejar en manos del socio minoritario las ventas de la empresa no fuera suficientemente malo, el problema no termina ahí. De la auditoria practicad por la ASF se desprenden una serie de irregularidades que van más allá de la simple incompetencia y displicencia, que pasan por la venta de la sal a precios inferiores a los de su producción, irregularidades en los contratos de venta, conflicto de intereses de servidores públicos, por mencionar tan solo algunas de las irregularidades detectadas.
En cuanto al precio en que ESSA vende sus productos, por ejemplo, de documento entregado por la ASF tenemos que:
“El precio de venta establecido en 13 de los 26 contratos celebrados entre ESSA, MC y MIC, y en una oferta en firme suscrita por ESSA, fue inferior al costo promedio de producción incurrido en 2013 de 15.25 dólares por tonelada métrica (TM), ya que en dichos contratos y en la oferta en firme se estipularon precios que van de 10.00 a 15.03 dólares la TM, lo cual representa un daño para la empresa, en incumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 26, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales , así como de la cláusula 18 del convenio modificatorio del 18 de noviembre de 2010 al Contrato ESSA-MIC Comisiones s/ventas de sal del 28 de abril de 1977 y de la disposición décima del Manual de Políticas y Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para Exportación de Exportadora de Sal, SA de CV”.
Continúa el documento de la auditoria señalando que, “... se observa que la Secretaría de Economía, como parte del Consejo de Administración de ESSA, no realizó las acciones conducentes a fin de que esa entidad contara con la autorización de los precios de venta de sal aplicables al ejercicio 2013, en incumplimiento de los artículos 36 y 58, fracción III, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
...
Lo anterior denota que los precios de venta de la sal aplicados por ESSA son inferiores a los precios de venta en el mercado internacional, toda vez que en 2013 utilizó un precio promedio de 17.50 dólares por TM, por lo que se observa incumplimiento de los artículos 36 y 58, fracción III, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 26, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 86 fracciones XII y XV, 215 y 216, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 18 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, así como la NIF-C13 “Partes Relacionadas ” y la disposición cuarta del Manual de Políticas y Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para Exportación de Exportadora de Sal, S.A. de C.V.”
Lo anterior además de violar varias normas jurídicas, algunas ya señaladas en los párrafos precedentes, entre ellas las hacendarias, representa también un daño patrimonial a la empresa, al respecto la ASF menciona:
“... que Exportadora de Sal, SA de CV (ESSA), por conducto de su Consejo de Administración, realice las acciones necesarias a fin de establecer una política de precios de venta de sal, considerando el costo de producción y los precios prevalecientes en el mercado internacional conforme a criterios de eficiencia económica y saneamiento financiero que beneficien a la entidad. Ello, debido a que se observaron ventas en las que el precio aplicado en 2013 fue inferior al costo promedio de producción, lo que propició que ESSA no recibiera 3,412.8 miles de dólares, equivalentes a 43,816.8 miles de pesos , para cubrir al menos dicho costo; asimismo, utilizó precios inferiores a los prevalecientes en el mercado internacional. Además, los precios base de venta que aprobó el Consejo de Administración en el acta del 26 de noviembre de 2012, incluyen precios inferiores al costo promedio de producción de 15.25 dólares la tonelada métrica, ya que de un total de 25 precios listados (de acuerdo al destino y tipo de sal), 14 oscilan entre 11.00 y 15.00 dólares por tonelada métrica.”
También se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) por la omisión de precios en los contratos o por el manejo de los mismos ya que la ASF detecto serias irregularidades, a decir de este órgano de fiscalización tenemos por ejemplo que:
“Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de Exportadora de Sal, SA de CV (ESSA), por un monto de 264,409.64 dólares, equivalentes a 3,393,269.66 pesos (tres millones trescientos noventa y tres mil doscientos sesenta y nueve pesos 66/100 M.N.) pagados a Mitsubishi International Corporation (MIC), con motivo de la aplicación de precios distintos a los establecidos en 2 contratos de compraventa de sal celebrados entre ESSA y Mitsubishi Corporation y Mitsubishi International Corporation, así como de la aplicación de ajustes en precio y calidad a las ventas correspondientes a 3 contratos, de lo cual ESSA careció del soporte documental que sustente el análisis, elaboración, revisión y autorización de dichos ajustes, así como la justificación de su procedencia.
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al Patrimonio de Exportadora de Sal, SA de CV (ESSA) por 10,791,402.46 dólares, equivalentes a 137,261,042.50 pesos (ciento treinta y siete millones doscientos sesenta y un mil cuarenta y dos pesos 50/100 M.N.), pagados a Mitsubishi International Corporation en 2013 por ajustes al precio por la venta de sal industrial de exportación facturada en los ejercicios 2012 y 2013, mediante las cuatro notas de débito números 98023865 del 29 de marzo, 98024671 del 28 de junio, 98025402 del 30 de septiembre y 98026013 del 24 de diciembre, todas de 2013, sin que ESSA contara con evidencia que justificara los motivos de su autorización y realización.”
En cuanto al actuar de algunos funcionarios, este deja mucho que desear, cuando menos en lo referente a sus intereses personales, por ejemplo, del reporte de la ASF tenemos que:
“Se identificó que en las actas de la sesión del 26 de noviembre de 2012 y de la tercera sesión de 2013 del Consejo de Administración de ESSA, se consigna la participación de una persona por parte de Mitsubishi Corporation (MC) como Consejero Suplente , representante de la Serie “B”, quien había sido designado como Consejero Propietario de dicha serie, y en las actas de la primera, segunda, cuarta y quinta sesiones del 2013 como Consejero Propietario, representante de la Serie “B”, sin embargo, esa misma persona se desempeñó como Director Adjunto de ESSA ; asimismo, en las actas de la segunda a la quinta sesiones de 2013 se consigna la participación de otra persona por parte de MC como Consejero Suplente , representante de la Serie “B”, no obstante que esa persona se desempeñó como Gerente de Apoyo Productivo de ESSA , lo que denota presuntos intereses en conflicto, al tratarse de servidores públicos de ESSA y al mismo tiempo ser representantes de MC, que además de ser accionista de ESSA, es, a su vez, el principal comprador de la sal industrial que produce la entidad.
Al respecto, de conformidad con las resoluciones adoptadas por unanimidad fuera de asamblea por los accionistas de Exportadora de Sal, SA de CV, de fechas 31 de mayo de 2012, 11 de marzo y 30 de abril de 2013, el Consejero Propietario y el Consejero Suplente mencionados, contaron con esa designación, sin embargo, de acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, también se desempeñaron como empleados de ESSA, en incumplimiento de los artículos 8, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 156 de la Ley General de Sociedades Mercantiles .”
De lo anterior y de otras irregularidades detectadas por la ASF es que vemos como indispensable que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión tome nota del asunto y por medio de un exhorto a diversas autoridades busque lo que a derecho proceda.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de la Función Pública y del Servicio de Administración Tributaria, para que de acuerdo a las facultades y atribuciones conferidas a sus respectivas instituciones por la normatividad vigente, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicien las acciones que conforme a derecho proceda por las irregularidades detectadas en la Auditoria Financiera y de Cumplimiento: 13-2-10KN-02-0030, practicada a la empresa Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA), por parte de la Auditoria Superior de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2015.
Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de citricultura, a cargo del diputado Alberto Silva Ramos, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Alberto Silva Ramos, y las diputadas y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México por Veracruz, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, y 79, numeral II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los que se solicita la creación nuevamente de la comisión especial de citricultura, de acuerdo con la siguiente
Exposición de Motivos
Las legislaturas pasadas en la Cámara de Diputados fueron sensibles a la problemática citrícola en nuestro país al crear la comisión especial de citricultura, mediante la cual se daba seguimiento al presupuesto asignado, políticas, acciones y actividades que promovieran el desarrollo sustentable de la citricultura, presentando iniciativas que el sector demandara, a fin de que fuera rentable y competitivo.
Además, a través de esta comisión se daba puntual seguimiento al presupuesto asignado, se proponían y generaban modificaciones legales para el sector, se daba seguimiento a las políticas, programas y acciones relacionadas con el sector y se atendía problemática o situaciones específicas del sector, entre otras cosas.
En la LXI Legislatura fue aprobada por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, 34, numeral uno, inciso c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la creación de la comisión especial de citricultura que estuvo en funciones desde el 10 de diciembre de 2009 y hasta 2012.
Es importante que esta soberanía reconozca y apoye al sector citricultor y siga estimulando los trabajos de evaluación y seguimiento de políticas públicas que repercuten en el sector citrícola nacional, ya que 24 estados en el país son citrícolas, siendo ésta una actividad de gran importancia económica y social en México y una fuente importante de ingresos en las zonas rurales destinadas a su cultivo.
De acuerdo con el informe de la Sagarpa presentado con motivo del tercer Informe de Labores del presidente de la República, en 2014 la producción agrícola de los 52 cultivos que contribuyen con alrededor de 90 por ciento del valor de la producción nacional, muestran un incremento de 1.7 millones de toneladas, 0.9 por ciento más que en 2013, resultado atribuible al aumento de la producción de granos básicos y cultivos hortícolas.
En el grupo de cultivos perennes, cinco de las principales frutas lograron una recuperación productiva: naranja, papaya, limón, aguacate y piña, debido a las buenas condiciones imperantes durante el desarrollo de las plantaciones del occidente y del sureste del país (tercer informe de labores, informe de la Sagarpa, página 26).
México se encuentra entre los cuatro primeros lugares en exportación de cítricos, los cuales compiten a nivel internacional por su calidad, precio y nivel sanitario. En cuanto al limón México ocupa el tercer lugar en exportación (tercer Informe de Gobierno. Resumen ejecutivo 2012-2013 JDO, página 30).
El campo veracruzano continúa siendo determinante en la producción de alimentos para la nación. Por su aportación en la producción agropecuaria, Veracruz es el segundo estado más importante en el sector primario: contribuye con 7.7 por ciento del valor de la producción en el ámbito nacional, es además el primer productor de cítricos, produciendo 55 por ciento del total nacional (tercer Informe de Gobierno. Resumen ejecutivo 2012-2013 JDO, páginas 29 y 30).
La citricultura veracruzana es pilar fundamental en la vida económica del estado. En 2013 se cosecharon en el estado 164 mil 626 hectáreas de naranja, con una producción de 2 millones 34 mil 625 toneladas, además de 42 mil 830 hectáreas de limón, con una producción de 559 mil 63 toneladas (tercer Informe de Gobierno 2012-2013 JDO, anexo estadístico páginas 66 y 67).
Veracruz cuenta con una posición geográfica estratégica para fortalecer la citricultura de exportación, así como la comercialización en el mercado nacional e internacional
Sin embargo, igual que en el resto del país, en los últimos años la producción de cítricos se ha visto afectado por presencia de plagas y enfermedades, fenómenos climatológicos que afectan la producción como la sequía, falta de subsidios como en el caso de otros cultivos nacionales, bajos precios de fruta y jugo concentrado, baja adopción de innovaciones tecnológicas, todo lo que ha acentuado la crisis en particular en el sector citrícola.
Desde esta Cámara de Diputados, tal y como se hizo en la LXII legislatura, debemos continuar salvaguardando esta actividad, con una visión integradora y de largo alcance.
Se deben impulsar políticas públicas dirigidas a la dotación de recursos que permitan erradicar plagas y enfermedades que ponen en riesgo miles de hectáreas de superficie y millones de empleos, recursos destinados a investigación y adopción de innovaciones tecnológicas, nuevos esquemas de producción y comercialización que permitan impulsar ventajas competitivas a nivel internacional, programas para mejorar los precios de venta reales de frutas cítricas, para conseguir mejores condiciones de vida para quienes desarrollan esta actividad agrícola.
Por lo expuesto me permito proponer ante este pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, 34, numeral uno, inciso c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la creación de la Comisión Especial de Citricultura se solicita respetuosamente que el periodo de funciones de esta comisión especial comprenda toda la LXIII Legislatura.
Segundo. La Junta de Coordinación Política de la Cámara establecerá el número de integrantes de dicha Comisión Especial de Citricultura, con base a la representatividad proporcional de los grupos parlamentarios que la conformarán debiendo estar formada; su junta directiva por un presidente y los secretarios que se consideren convenientes, asignándole para su desempeño de los recursos materiales, humanos y financieros necesarios.
Tercero. A través de esta Comisión Especial de Citricultura no sólo se dará seguimiento a los asuntos pendientes en materia citrícola y los programas que inició la Comisión Especial de Citricultura de la LXI Legislatura sino que, además, sus integrantes se abocarán a promover políticas, acciones y actividades necesarias para el desarrollo sustentable de la citricultura, a revisar y adecuar el marco jurídico en la materia, vigilar la oportuna aplicación de recursos públicos e impulsar políticas públicas que garanticen el desarrollo sustentable de dicha industria.
Cuarto. A través de esta Comisión Especial de Citricultura se deberá respetuosamente exhortar a las Secretarías de Desarrollo Social; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Economía, así como a los gobiernos estatales, a conjuntar esfuerzos con los trabajos de esta comisión especial, para destinar más recursos en innovación, capacitación, investigación y desarrollo, así como en la promoción de productos mexicanos en los mercados internacionales
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 septiembre de 2015.
Diputados: Alberto Silva Ramos (rúbrica), Érick Alejandro Lagos Hernández, Sofía del Sagrario de León Maza, María del Carmen Pinete Vargas, Heidi Salazar Espinosa, Adolfo Mota Hernández, Noemí Zoila Guzmán Lagunés, Marco Antonio Aguilar Yunes, Antonio Tarek Abdala Saad, Lillian Zepahua García, Jorge Alejandro Carvallo Delfín, Carlos Federico Quinto Guillén, Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo, Fidel Kuri Grajales, José Luis Sáenz Soto, Javier Octavio Herrera Borunda, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinozo Carrera, Cirilo Vázquez Parissi.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a realizar por la SHCP acciones para garantizar la adecuada aplicación de los recursos otorgados a los municipios de Coahuila mediante el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal en el presente ejercicio fiscal, a cargo del diputado César Flores Sosa, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal César Flores Sosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional representado en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El artículo 4o. del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 señala en la fracción segunda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá las disposiciones que rigen la aplicación de los recursos provenientes del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (Fopadem) correspondiente al ramo general 23, “Provisiones salariales y económicas”. La misma fracción establece que los recursos serán ministrados a los municipios, a través de las entidades federativas, 50 por ciento a más tardar en marzo y 50 a más tardar en agosto, enlistándose en el anexo 20.2 del Decreto los municipios que fueron beneficiados con este fondo y los montos asignados a cada uno, destinándose a los municipios de Coahuila un monto equivalente a 136 millones 338 mil 85 pesos.
Las disposiciones del Fopadem fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2015, en el Anexo 1 se enlistaron los proyectos a ser apoyados con los recursos del fondo, el monto de cada uno y el municipio beneficiado.
La mecánica operativa de este fondo es omisa, a diferencia de otros fondos pertenecientes al ramo general 23, en requerir que los municipios presenten la información técnica necesaria (nota técnica, análisis costo-beneficio simplificado o análisis costo-eficiencia simplificado) en el portal del Serfir 23 con objeto de que se realicen las aportaciones correspondientes, por el contrario, los únicos requisitos que se establecieron para acceder a los recursos de este fondo fueron que se solicitaran en tiempo y forma a través de las entidades federativas, se celebrara el convenio respectivo y se cumpliera los lineamientos.
Esta omisión en los lineamientos podría ser la causa de que un proyecto aprobado con determinado monto en los hechos sea licitado y adjudicado por otro notablemente menor, ya que de elaborarse un proyecto técnico a precios de mercado y considerando todos los factores que influyen para la elaboración de los generadores de obra no se justificaría dicha reducción.
Para ejemplificar lo anterior, observemos que los montos de las obras enlistadas en el anexo 20.2 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2015 y en el anexo 1 de las disposiciones del Fopadem para Torreón y Monclova, Coahuila, presentan una diferencia significativa respecto a los montos establecidos en los fallos de licitación e invitación restringida:
Aunado a lo anterior y a pesar de existir la obligación de informar el ejercicio del gasto tanto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el Decreto de Presupuestos de Egresos de la Federación 2015 y en las disposiciones del Fopadem, el informe del segundo trimestre del año que presenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante el Congreso de la Unión señala un cero por ciento de avance físico y financiero en las obras antes mencionadas, considerando que algunas de estas obras fueron adjudicadas desde mayo y la primera ministración de los recursos tuvo verificativo en marzo.
Es preocupante no solamente el hecho de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice las ministraciones de proyectos que no han pasado por una revisión técnica por la misma secretaría, pero es más preocupante aún que los proyectos aprobados con un monto establecido se estén licitando o adjudicando con diferencias importantes en su costo que en algunos casos implica un remanente de más de 8 millones de pesos, recursos de los cuales se tiene que garantizar su aplicación para el aumento y mejoras de las metas del proyecto o su reintegro a la Tesofe, como se señala en las disposiciones de este fondo.
Ante lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a realizar acciones para garantizar la adecuada aplicación de los recursos otorgados a los municipios de Coahuila mediante el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal durante el presente ejercicio fiscal.
Segundo. Se informe a la opinión pública, en un plazo no mayor de 30 días naturales, sobre las acciones tomadas respecto a este asunto.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 22 de septiembre de 2015.
Diputado César Flores Sosa (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial que atienda los asuntos relacionados con la pornografía infantil en México, a cargo de la diputada Miriam Tinoco Soto, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Miriam Tinoco Soto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en relación con lo previsto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Consideraciones
Proteger la infancia contra la violencia, la explotación y el abuso sexual constituye un componente integral de la protección de su derecho a la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo. Estamos obligados a crear en el mundo un ambiente protector, donde los niños y niñas estén libres de violencia, explotación y separación innecesaria de la familia; y en el que las leyes y prácticas minimicen la vulnerabilidad de la infancia.
Hasta el día de hoy es imposible cuantificar la verdadera magnitud de la violencia contra los menores en todo el mundo. No hay cifras exactas de víctimas infantiles: porque los casos se esconden y se mantienen en secreto y no son denunciados. Sin embargo se estima que entre 500 y 1500 millones de niños experimentan la violencia anualmente.
La pornografía infantil se refiere al abuso y explotación sexual de menores de edad con algún fin de lucro. Se cataloga como delito trasnacional y penado con cárcel en cualquier parte del mundo. Este delito se propaga por medio de vendedores de DVD, CD, bandas de personas que se encargan de prostituir o vender menores y el más común en la actualidad es el internet, las páginas web donde se encargan de publicar videos, fotografías y/o se acuerdan citas de encuentro.
Las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño1 (CDN), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,2 la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,3 la Convención contra la Tortura y otros Tratados o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,4 y otros tratados, particularmente los tratados regionales de derechos humanos, son aplicables a la violencia contra los niños y niñas en la comunidad.
Todos estos instrumentos tratan las prácticas tradicionales dañinas: la esclavitud, la servidumbre, la tortura y el trato o castigo cruel, inhumano o degradante. El Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños,5 (más conocido como Protocolo contra la trata de personas) fue adoptado en Palermo Italia en el 2000, y es un acuerdo internacional adjunto a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; define la obligación legal de tipificar como delito y luchar contra la trata de personas. El Protocolo facultativo de la CDN6 relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía define normas relacionadas contra la explotación de los niños y niñas en la prostitución y la pornografía.
En el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía de Organización de las Naciones Unidas, en su artículo 347 cita:
“Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:
a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;
b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;
c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.”.
Existen pocas estadísticas en relación con la explotación sexual de los niños y niñas, puesto que estos delitos se cometen de manera encubierta y suelen estar asociados con intensos sentimientos de vergüenza que impiden a los niños y a adultos pedir ayuda a las autoridades competentes.
La Organización Mundial de la Salud8 calcula que 150 millones de niñas y 73 millones de niños han experimentado relaciones sexuales forzadas u otras formas de violencia sexual que implican contacto físico. Los cálculos relativos al año 2000 indican que 5.7 millones realizaban trabajo forzoso o trabajo en condiciones de servidumbre, 1.8 millones trabajaban en la prostitución y la pornografía y 1.2 millones eran víctimas de la trata de niños.9
Lamentablemente y muy a mi pesar, también debemos reconocer que la mayoría de las niñas y niños no denuncian la violencia sexual que experimentan porque temen lo que les pasará a ellos y a sus familias. Temen que nadie les crea cuando por fin toman el valor de decirlo. Y peor aún, temen que no se hizo nada al respecto cuando no les creen o porque la familia lo niega y esconde.
Hoy en día las imágenes explícitamente sexuales de menores de edad están prohibidas prácticamente en todo el mundo y su producción se restringe casi en su totalidad a producciones independientes o caseras facilitadas en gran medida por la masificación de la fotografía y el vídeo digital. Al contrario de lo que suele creerse comúnmente, estas colecciones fabricadas en casa rara vez son objeto de transacciones comerciales, siendo usualmente material de intercambio entre personas que comparten un interés de carácter marcadamente erótico o sexual por los niños o niñas.
La violencia contra los niños jamás es justificable; toda violencia contra los niños se puede prevenir. A pesar de todo, dicha violencia existe en todos los países del mundo, independientemente de las culturas, clases sociales, niveles educativos, ingresos y origen étnico. En contra de las obligaciones que exigen los derechos humanos y de las necesidades de desarrollo de los niños, la violencia contra éstos está socialmente consentida en todas las regiones, y frecuentemente es legal y está autorizada por el Estado. Proteger a los niños de la violencia es una cuestión urgente. Los niños han sufrido durante siglos la violencia de los adultos sin ser vistos ni oídos. Ahora que las consecuencias de toda forma de violencia contra los niños están comenzando a ser más conocidas, es necesario prevenir esta violencia y proteger a los niños de manera eficaz, como lo exige su derecho incuestionable.
La violencia pasa desapercibida también porque no existen vías seguras o fiables para que los niños o los adultos la denuncien. En algunos lugares del mundo la gente no confía en la policía, los servicios sociales u otras autoridades; en otros, sobre todo en zonas rurales, no hay autoridades accesibles a las que se pueda acudir. En los casos en que se recopilan datos, no se recogen siempre de forma completa, coherente o transparente. Concretamente, se dispone de pocos datos sobre la violencia en instituciones de acogida y dependencias de detención, ya que, aunque los incidentes estén documentados, la mayoría de las instituciones no está obligada a registrar y dar a conocer tal información, ni siquiera a los padres de los niños afectados.
En las últimas décadas se ha reconocido y documentado que la violencia contra los niños ejercida por los padres y otros miembros cercanos de la familia —física, sexual y psicológica, así como la desatención deliberada— es un fenómeno corriente. Desde la infancia temprana hasta los 18 años de edad, los niños son vulnerables a variadas formas de violencia en sus hogares. Los agresores son diferentes de acuerdo con la edad y madurez de la víctima, y pueden ser los padres, padrastros, padres de acogida, hermanos y otros miembros de la familia y cuidadores.
La explotación de los niños menores de 18 años en la prostitución, la pornografía infantil y actividades similares constituyen formas de violencia.10 Se calcula que 1 millón de niños se incorpora a estos sectores cada año.11
Muchos son coaccionados, secuestrados, vendidos y engañados para hacerles emprender estas actividades o son víctimas de la trata. Además de la violencia sexual intrínseca a la prostitución infantil, los chicos y chicas empleados en la prostitución y otros ámbitos relacionados con ella sufren violencia física y psicológica, además de desatención.
La pornografía es una industria, una cadena productiva que involucra a personas que lucran con ella, que trabajan directamente en ella y consumidores que pagan por ella y que obtienen a cambio una gratificación sexual. La pedofilia es la presencia de fantasías o conductas que implican actividad sexual entre un adulto y un niño. Las conductas de la pedofilia van del simple exhibicionismo hasta la penetración. El adulto suele ganarse la confianza y el cariño del niño para luego llevar a cabo sus objetivos. El abuso sexual de los menores puede acontecer dentro del cuadro familiar (incesto), en el ámbito comunitario (pederastia) o a nivel internacional (prostitución infantil).
La internet se ha convertido en el primer distribuidor de videos y fotos de pornografía infantil, en este problema los países que tiene más índice de pornografía son: Estados Unidos, Colombia, México y Venezuela.12
En las redes de la prostitución infantil, la agresión viene de la industria sexual organizada, que bajo pretexto de turismo, actúa sobre millares de criaturas del mundo de la miseria y del hambre, ante la pasividad complaciente de Estados y Gobiernos del mundo entero.
La internet también estimula la producción, distribución y uso de materiales en los que se muestran actos de violencia sexual contra niños. Se ha utilizado la Internet para pedir relaciones sexuales en línea o para “preparar” a niños, obtener su confianza para que acaben en una situación en la que pueden sufrir daños. También expone a los niños a materiales violentos o pornográficos, así como a hostigamiento e intimidación por parte de adultos y otros niños. En la actualidad un gran número de escolares han sido hostigados, intimidados o victimizados por correo electrónico, chats o teléfonos móviles, o alguien ha publicado información engañosa sobre ellos por Internet. El acceso a la Internet y su uso por parte de los niños es más difícil de controlar que su uso de los medios impresos, la televisión y las películas.
Ahora bien. En nuestro país, son decenas de ciudades donde cada vez es más frecuente la explotación sexual de menores:
• En Cancún al menos 30% de las sexoservidoras son niñas.
• En Acapulco, existen más de medio centenar de puntos donde se ejerce la prostitución infantil, son lugares ni siquiera alejados de los ojos de la ciudadanía y las autoridades, plazas, playas o centros comerciales.
• Guadalajara no es la excepción: la zona del mercado de San Juan de Dios, los alrededores del centro comercial Plaza del Sol, el Mercado de Abastos, el parque Morelos y la antigua central camionera son sitios donde de día y de noche se oferta los servicios sexuales de menores.13
• En 2010 se descubrieron 580 cuentas, en 2011 la cifra subió a más de tres mil; para 2012 ya eran siete mil y en 2013 superaban las 12 mil.
• En el 2014 se detectaron más de 12,300 cuentas de Internet que desde México distribuyen fotos y videos que exhiben a niños explotados sexualmente, de acuerdo a la Procuraduría General de la República (PGR). 14
• Esta última cifra colocó a México en el primer lugar mundial en difusión de pornografía infantil, afirma la Organización de Naciones Unidas 15 así como el Departamento de Seguridad de Estados Unidos.
• La cantidad de cuentas que distribuyen materiales pornográficos ha ido en aumento desde 2010, fecha en la que la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas comenzó con las indagaciones.
La noticia más reciente:
El 10 de septiembre de 2015, Matthew David Graham, de 22 años de edad, fue arrestado en Melbourne por dirigir una red de sitios de pornografía infantil, que también ofrecían el “servicio” en diversas ciudades del mundo, incluyendo el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey y Morelia, en México.16
Actualmente México se ubica en el quinto lugar a nivel mundial en el delito de trata de personas, además de que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef por sus siglas en inglés) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que aproximadamente 16 mil niños son explotados sexualmente en el territorio nacional.
Ahora bien, en México la dependencia que se encarga de prevenir, investigar y perseguir las conductas ilícitas, consumadas por medios electrónicos, cibernéticos o tecnológicos es la Policía Federal-División Científica, y en específico la Coordinación para la Prevención de los Delitos Electrónicos. Que con base en el Artículo 21 Constitucional y 8 de la Ley de la Policía Federal, así como 15 y 27 del Reglamento de la Ley de la Policía Federal realiza entre sus actividades:
• Análisis y monitoreo de la red pública de internet.
• Participación en programas y acciones para la prevención de los delitos electrónicos.
Y atiende entre otros delitos el de pornografía infantil. Y realiza el monitoreo e investigación de la red pública de internet; hace difusión para la prevención de delitos electrónicos contra personas menores de edad.17 Aunque no se debe omitir mencionar que en materia de aplicación de la ley, dicha actividad se realiza a través de las autoridades judiciales.
Seguramente la dependencia a cargo hace todo lo posible, sin embargo no es suficiente, ya que diariamente se realizan más de 116 mil búsquedas en la web y al menos 80 mil niñas y niños son explotados.18
En el mundo la pornografía infantil es el tercer delito que mayores ganancias genera a grupos del crimen organizado, los cuales obtienen más de 30 mil millones de dólares al año, lo cual coloca a este ilícito como el tercero en ganancias, sólo por debajo del narcotráfico y el tráfico y la trata de personas.
El 26 de septiembre de 2013, la titular de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos reveló que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas firmó un convenio que permitirá que la PGR intercambie información con autoridades de 48 países sobre pornografía y explotación sexual infantil.19
Y todas estas acciones están llenas de buenas intenciones. Empero, en México tenemos un problema real. Crudo para quienes en estos mismos momentos están padeciendo el infierno de ser explotados sexualmente, de vivir bajo el yugo de quienes los están abusando.
Es nuestro deber crear sistemas de denuncia y servicios accesibles, adecuados y eficientes para los niños. Establecer mecanismos seguros, bien publicitados, confidenciales y sobre todo accesibles para los menores, sus representantes y otras personas para denunciar la violencia contra los niños. Líneas telefónicas de ayuda mediante los cuales los niños puedan denunciar los abusos, hablar con un asesor capacitado de manera confidencial, pedir apoyo y asesoramiento, y se debemos considerar la posibilidad de crear otras maneras de denunciar los casos de violencia mediante nuevas tecnologías.
Tenemos la obligación de proteger a nuestros niños, no sólo con el discurso o con leyes y buenas intenciones que en la práctica no se respetan. Permiten que sigan creciendo las cifras. Pero aún más allá de las cifras, estamos permitiendo que nuestros menores sean abusados. Ello nos convierte en participes y cómplices al no generar lo necesario y fundamental para su protección.
Por todo lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero . La Cámara de Diputados acuerda de conformidad la creación de una comisión especial que atienda los asuntos relacionados de pornografía infantil en México.
Segundo . La comisión especial creada por el presente acuerdo tendrá el objeto de su denominación, ejerciendo sus atribuciones y facultades en la forma más amplia que en derecho proceda, y su duración será por toda la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Tercero. La comisión especial que por el presente Acuerdo se crea se integrará por los diputados y diputadas pertenecientes a todos los grupos con base en el criterio de proporcionalidad e inclusión, entre la integración del pleno y su conformación. Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de ésta comisión especial deberán ser aprobados por la Junta de Coordinación Política.
Cuarto. Para cumplir su objeto, de manera enunciativa y no limitativa, la comisión especial podrá requerir y allegarse la información que estime pertinente. Así como reunirse con autoridades competentes de cualquier orden de gobierno u organismos descentralizados, órganos autónomos y cualquier ente público. Así como llevar a cabo cualquier otra acción concerniente a su objeto y en el ámbito de su competencia.
Quinto. En el ejercicio de sus atribuciones, la comisión especial respetará en todo tiempo el principio de máxima publicidad de la información en posesión de cualquier autoridad, poder o ente público, en consecuencia, publicará, periódicamente y en tiempo real, la información atinente.
Notas
1 http://www.ohchr.org/SP/Professionalinterest/Pages/CRC.aspx
2 http://www.ohchr.org/SP/Professionalinterest/Pages/CCPR.aspx
3 http://www.unicef.org/panama/spanish/MuJeresCo_web.pdf
4 http:j /www.pgjdf.gob.mx/temas/ 4-6-1/fuentes/11-A-2.pdf
5 http://www.pgjdf.gob.mx/temaS/4-6-1/fuentes/4-A-9.pdf
6 http://www.unicef.org/spanísh/crc/index_protocols.html
7 http:// www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Programas/Discapacidad/Con v_DNi%C3% B1o.pdf
8 http://www,who,int/mediacentre/news/releases/2006/pr57/es/
9 Un futuro sin trabajo infantil: Informe global (Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo), 2002.
10 Para una definición completa de la explotación sexual de los niños con fines comerciales, véase la Declaración del Congreso Mundial contra la Explotación Sexual comercial de los Niños, Estocolmo, junio de 1996. Para verlo en línea: http://www.esecworldcongress.org/sp/index.htm
11 Aprovecharse del abuso: una investigación sobre la explotación sexual de nuestros niños y niñas (Nueva York, UNICEF, 2001.)
12 http://www.iaba.org/site/
13 http://www.lajornadajalisco.com.mx/2013/09/27/prostitucion-y- pornografia-infantil-en-mexico/
14 http://www.pgr.gob.mx/Fiscalias/fevimtra/Paginas/ default.aspx
15 http://www.onu.org.mx/inicio_ONU_Mexico.html
16 http://www.theage.com.au/victoria/how-matthew-david-grahams-hurtcore-pa edophile-habit-began-on-the-dark-web-20150908-gjhz43.html
17 Aunque considero que es poca la difusión, ya que muy pocos ciudadanos conocen de esta misma.
18 http://www.jornada.unam.mx/2013/09/26/sociedad/035n1soc
19 http://www.jornada.unam.mx/2013/09/26/sociedad/035n1soc
Palacio Legislativo de San Lázaro,a 22 de septiembre de 2015.
Diputada Federal Miriam Tinoco Soto (rubrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para el seguimiento de todas las desapariciones forzadas ocurridas en el país, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena
Las diputadas y los diputados suscritos, de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 dela Ley Orgánica del Congreso y la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
Primera . Que la desaparición forzada de personas es un delito de lesa humanidad y que es una preocupación del gobierno mexicano y de la comunidad internacional, que exigen se apliquen medidas para su solución y que estos crímenes no queden en la impunidad.
Segunda. Que al efecto de combatir este flagelo se han creado sendos instrumentos internacionales, de los cuales el estado mexicano es parte, donde se tipifica el delito de desaparición forzada de personas, a saber:
1) La Resolución 47/133, sobre La Declaración sobre la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, del 18 de diciembre de 1992 de la Organización de Naciones Unidas;
2) La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belém do Pará, Brasil, del 9 de junio de 1994;
3) El Estatuto de la Corte Penal Internacional del 17 de julio de 1998; y
4) La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, del 20 de diciembre de 2006,
Tercera. Que en los instrumentos internacionales mencionados ha quedado asentado, entre otras cosas que la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas se declara:
“Profundamente preocupada por el hecho de que en muchos países, con frecuencia de manera persistente, se produzcan desapariciones forzadas, es decir, que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley.”
Y se considera que “las desapariciones forzadas afectan los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que su práctica sistemática representa un crimen de lesa humanidad .”
Cuarta. Que a nivel internacional existe consenso sobre la definición de Desaparición Forzada de Personas y ha quedado asentado el tipo penal de Desaparición Forzada de Personas, el cual considera que “se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad, cometida por agentes del Estado, o por personas o grupos de personas, que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad, o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.
Quinta. Que en México el número de desapariciones forzadas ha llegado, hasta marzo de 2015, se enlistaron oficialmente 25 mil 821 personas “no localizadas” en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De éstas, 10 mil 836 desaparecieron en lo que va del actual gobierno. El resto, es decir la mayoría, data de la administración de Felipe Calderón. Por su metodología, la base de datos gubernamental podría ocultar centenas de desapariciones, señalan organizaciones civiles. Esta realidad constituye “una verdadera tragedia nacional”, considera Santiago Corcuera, integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
Sexta. Con fecha 6 de octubre de 2014 la LXII legislatura creo la Comisión Especial para dar seguimiento a las Investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, con el objeto de allegarse elementos de información relativa al caso, lo que incluía la solicitud de información a las dependencias involucradas, reuniones con autoridades estatales, federales, ministeriales y judiciales, particulares, organizaciones de derechos humanos
Séptima. Que el 15 de Septiembre de 2015 la LXIII legislatura creo la Comisión Especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a los alumnos dela escuela rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”.
Octava. Que existe un debate nacional sobre la necesidad de crear una fiscalía general para que atienda todos los casos de desapariciones forzadas en el país, dada la magnitud que ha cobrado el problema. Que ha llegado a considerarse como una Crisis Humanitaria.
Novena. Que es obligación del estado Mexicano crear un marco jurídico para prevenir y castigar las Desapariciones Forzadas en el país, por lo que esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, como parte de uno delos poderes dela Unión, tiene la obligación ética, política y jurídica para realizar actos, que contribuyan al establecimiento de ordenamientos generales leyes que permitan solucionar las condiciones de seguridad de la población en general y que para ellos puede, entre otras cosas,
1. Solicitar, informes a las autoridades competentes correspondientes, para conocer las actuaciones así como el estatus que guardan los asuntos a su cargo, que atienden o guardan relación con respecto a las investigaciones relacionadas a Desapariciones Forzadas de Personas;
2. Celebrar reuniones con autoridades de todos los niveles de gobierno;
3. Entrevistarse con agrupaciones relacionadas en el tema, buscando tener reuniones con autoridades federales, autoridades estatales, autoridades municipales, comisiones de DDHH, organizaciones no gubernamentales, familiares y órganos de apoyo, organizaciones internacionales.
De igual manera, además, al menos, puede realizar las siguientes acciones:
a. Contribuir, desde la esfera de su competencia, a facilitar, agilizar y completar la búsqueda de personas desaparecidas.
b. Gestionar en lo inmediato con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la protección y la reparación integral de las víctimas directas e indirectas de los hechos.
c. Verificar que las investigaciones realizadas procedan conforme al más estricto apego al Estado de Derecho, a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales de la materia de los que México es parte, y la legislación correspondiente, así como los principios de Buena fe, Transparencia, Rendición de Cuentas, Protección de las Víctimas, Probidad, Honradez, y Objetividad.
d. Fomentar, dentro de la esfera legislativa, la vinculación de los tres poderes de la unión y órdenes de gobierno para trabajar coordinadamente en el pronto esclarecimiento de los hechos y abrir sus canales de comunicación e intercambio de información.
e. Promover la aplicación de protocolos y mejores prácticas internacionales en el desarrollo de las investigaciones relacionadas con hechos de Desaparición Forzada de Personas ocurridos en cualquier lugar del país.
f. Exhortar a las autoridades competentes a que se conduzcan con apego a los principios de preservación del lugar de los hechos y la cadena de custodia, y en general todos los procesos que aseguren que no se desvanezca la evidencia que permita esclarecer este caso.
g. En su caso, tomar en cuenta y fomentar en las autoridades correspondientes la atención a los informes y el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Comisión Inter americana de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que permitan coadyuvar en las investigaciones relacionadas con hechos de Desaparición Forzada de Personas ocurridos en todo el territorio nacional.
h. En su caso, tomar en cuenta y fomentar en las autoridades correspondientes la atención a los informes y el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por los organismos internacionales y nacionales de Derechos Humanos que permitan coadyuvar en las investigaciones relacionadas con los hechos de Desaparición Forzada de Personas ocurridos en todo México.”
i. Fomentar, de ser necesario, la cooperación internacional para la colaboración con las autoridades mexicanas para el esclarecimiento del caso.
j. Impulsar y dar seguimiento a las investigaciones, programas, medidas y acciones que se diseñen e implementen para facilitar los trabajos y conclusión de la investigación que lleven a esclarecer los hechos.
k. Supervisar y verificar que, en caso de que se determine responsabilidad a servidores públicos, se inicien, desarrollen y resuelvan los procedimientos civiles, penales y/o administrativos correspondientes.
l. Fomentar el trabajo articulado de la academia y las organizaciones de la sociedad civil, a fin de contribuir con las investigaciones.
m. Promover el diseño e implementación de una campaña de difusión para incentivar la denuncia pública, ante las autoridades competentes, para que la población colabore en aportar información que facilite su tarea de investigación sobre los hechos que dieron origen a esta Comisión.
n. Establecer mecanismos de comunicación con todos los actores y población en general que deseen aportar a los trabajos de esta Comisión.
o. Formular iniciativas, para mejorar y hacer más efectiva la legislación actual, particularmente las relativas a las de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, con el propósito de que éstas, sean eficaces para prevenir, investigar, sancionar y reparar la violación a los derechos humanos.
Por tanto y con fundamento en lo expresado así como en las disposiciones expresadas en el proemio, se propone como de urgente u obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
ÚNICO. SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL SEGUIMIENTO DE TODAS LAS DESAPARICIONES FORZADAS OCURRIDAS EN EL PAIS. EL NÚMERO DE SUS INTEGRANTES Y EL PLAZO PARA EFECTUAR SUS TAREAS SERÁN PROPUESTOS POR LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, GUARDANDO LOS PRINCIPIOS DE PLURALIDAD Y PROPORCIONALIDAD.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2015.
Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la ratificación del convenio 189 y la recomendación 201 de la OIT, sobre el trabajo decente para los trabajadores domésticos, a cargo del diputado Enrique Rojas Orozco, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Enrique Rojas Orozco, diputado a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 55, 58 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Cámara el siguiente punto de acuerdo en relación con la ratificación del Convenio 189 y la Recomendación 201, de la Organización Internacional del Trabajo, Sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos; al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La presente iniciativa tiene como propósito llamar la atención acerca de una importante omisión en materia de derechos humanos que persiste en México. Se trata de las deficientes condiciones laborales que a la fecha enfrentan las personas dedicadas al trabajo doméstico.
De acuerdo con cifras reveladas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que se desprenden de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) en el primer trimestre de 2015, el 4.7 por ciento de la población ocupada en México se desempeña en el trabajo doméstico remunerado. Este porcentaje representa 2.3 millones de personas, las cuales realizan labores diversas que los dividen en cinco grupos principales: empleados domésticos; cocineros domésticos; lavanderos y planchadores; cuidadores de enfermos, niños o ancianos; y choferes particulares.
De los grupos mencionados, el que muestra mayor presencia en México es el de los empleados domésticos, sumando más de 1 millón 958 mil personas que se ganan la vida ejecutando la limpieza y otras tareas del hogar. El Inegi también reporta que de la totalidad de los trabajadores en el área doméstica, 95 por ciento son mujeres, mientras que 5 por ciento correspondiente a los hombres ya suma más de 121 mil trabajadores.
Más de la mitad de las y los trabajadores domésticos están concentrados en el rango de edad de los 30 a los 49 años; ello significa, sin duda alguna, que esta línea de trabajo ocupa una amplia parte de la vida productiva de las personas y que no se trata de empleos que se desempeñen de manera eventual. Asimismo, el Inegi contabiliza que de las mujeres trabajadoras domésticas, un 48.8 por ciento tienen a su cargo más de tres hijos, en tanto que un 29.3 por ciento de ellas tienen uno o dos; estadísticas que resaltan el papel crucial que estas mujeres cumplen dentro de sus familias. Por su parte, de los hombres que realizan trabajo doméstico remunerado, 62.7 por ciento son jefes de sus hogares.
Con números como los que registra México, los derechos de este grupo de trabajadoras y trabajadores tendrían que volverse de innegable interés para las políticas gubernamentales y la legislación del país. En marzo de 2014 el Inegi informó que 75 por ciento de los trabajadores domésticos percibían menos de dos salarios mínimos, 50 por ciento laboraba más de 35 horas por semana, y que 76.1 por ciento no gozaba de ningún tipo de prestación laboral.
La falta de prestaciones y la informalidad con que estas personas se ven obligadas a brindar sus servicios son, a todas luces, circunstancias violatorias de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe citar, al respecto, el artículo 123 de nuestra máxima ley, el cual determina que “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil (...)”. En su apartado A, el mismo artículo despliega un listado de preceptos básicos y generales bajo los cuales debe operar toda relación laboral, especificando que esta norma incluye, entre otros, a los empleados domésticos.
A pesar del reconocimiento que la Constitución hace de los trabajadores domésticos, la Ley Federal del Trabajo es escueta en el manejo de estas relaciones laborales, dando lugar a un marco jurídico que, por su vaguedad, permite que los empleados y empleadas del hogar sean tratados con desigualdad y carezcan de garantías para reclamar derecho alguno. La Ley del Seguro Social, además, ha terminado por disponer que no existe obligación por parte de los patrones, de inscribir a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social o al Sistema de Ahorro para el Retiro.
Por desgracia, la legislación mexicana, aunada a la fuerte necesidad de empleo que pesa sobre los trabajadores domésticos, favorece la prevalencia y la impunidad de esta situación injusta que atenta contra la dignidad del ser humano y que es en verdad un problema de clase mundial.
En junio de 2011, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) elaboró y adoptó dos documentos que tienen como objetivo fijar los lineamientos básicos para brindar una realidad más decente a los trabajadores domésticos y comprometer a los estados que suscriben a mejorar sus políticas y leyes en favor de este grupo vulnerable. Los documentos son el Convenio 189 y la Recomendación 201, Sobre el trabajo decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, firmados en Ginebra, Suiza, durante la centésima Conferencia General de la OIT.
Los datos recabados por la OIT antes de dar forma a estos dos instrumentos nos dejan ver una realidad mundial lamentable. Según el informe Los trabajadores domésticos en el mundo , que recopila estadísticas oficiales de 117 países y territorios, a finales de 2010 existían 52.6 millones de trabajadores domésticos en el mundo; habiendo aumentado en 19 millones desde 1995. El informe muestra también que más de 80 por ciento de esta fuerza laboral, internacionalmente, son mujeres.
La OIT reportó que alrededor del planeta sólo 10 por ciento de los trabajadores domésticos estaba cubierto por una legislación al nivel general del resto de los trabajadores, mientras que 29.9 por ciento quedaba totalmente excluido del alcance legislativo. En medio de ambos extremos se encontraron disparidades y coberturas medias que usualmente dan cabida a jornadas laborales excesivas, poca valoración del trabajo realizado y, por ende, salarios muy bajos, e incluso pagos en especie como parte del salario mínimo.
El Convenio número 189 y la Recomendación número 201 fueron estructurados sobre una premisa fundamental: los trabajadores del hogar no son ni sirvientes, ni miembros de la familia, ni trabajadores de segunda clase. Luego, dichos instrumentos buscan sentar una base normativa general para este segmento de personas, quienes han tenido que desarrollarse principalmente en el sector informal del trabajo.
La misión del Convenio 189 es garantizar la protección mínima con que deben contar los trabajadores domésticos, a la par con las demás categorías de trabajadores. El documento comienza por definir el trabajo doméstico, para luego fijar reglas básicas referentes a la aplicación del convenio, y exponer cuatro derechos fundamentales que deben tener estos trabajadores:
a) Libertad de asociación, libertad sindical y reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva;
b) Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;
c) Abolición efectiva del trabajo infantil, y
d) Eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
El convenio, asimismo, establece que los trabajadores domésticos menores de 18 años y mayores de la edad mínima para el empleo, no sean privados de la escolaridad obligatoria. Se prevé también la obligación de los estados miembros a adoptar medidas que protejan a los trabajadores domésticos de toda forma de abuso, acoso y violencia.
Algunos de los puntos clave en el convenio son: la existencia de contratos escritos y convenios colectivos; las condiciones mínimas de respeto para los trabajadores domésticos migrantes; los periodos obligatorios de descanso semanal; el beneficio de un régimen de salario mínimo en efectivo; el acceso de los trabajadores domésticos a los tribunales y a otros mecanismos de resolución de conflictos; y el establecimiento de medios eficaces para asegurar el cumplimiento de la legislación nacional en materia de trabajo doméstico.
La Recomendación 201, por su parte, da orientaciones prácticas y útiles sobre la forma de dar cumplimiento a las obligaciones plasmadas en el convenio. Se trata de un documento con líneas específicas de operación destinadas a proteger la salud, el salario digno, las condiciones laborales, las jornadas y la seguridad social de los trabajadores domésticos, entre otros aspectos.
Gracias a la ratificación de este Convenio 189, un mayor sentido de responsabilidad ante el sector del trabajo doméstico se ha mostrado en América Latina, una de las regiones mundiales donde más común es este tipo de trabajo. Los gobiernos de países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Paraguay y Uruguay, han dado su consentimiento para obligarse por las disposiciones del Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos.
Nuestro país no ha ratificado el convenio, ni su recomendación, por lo que continuamos en una especie de limbo normativo donde se permite la violación a la dignidad de los trabajadores más vulnerables, como son los empleados domésticos. Esto sucede pese a que México forma parte de la OIT desde hace más de ocho décadas.
Por ello, hoy llamo a mis compañeros diputados a conceder la importancia que poseen los trabajadores domésticos como personas integrantes de la sociedad mexicana, y como parte de la fuerza laboral del país. Es urgente lograr que el gobierno de México ratifique estos dos instrumentos, que constituyen un primer paso hacia la igualdad de los trabajadores domésticos con el resto de los trabajadores, y hacia el pleno acceso de este grupo a la seguridad social.
Ratificar el Convenio 189 y la Recomendación 201 es otorgar a los trabajadores domésticos, hasta ahora tan subvalorados y vulnerados, una protección escrita al mismo nivel jerárquico de la Constitución federal. De este modo, el trabajo doméstico contaría con las bases para convertirse en un sector estable y seguro, puesto que el convenio en cuestión podría ser invocado en todos los casos donde los derechos de los trabajadores domésticos sean transgredidos.
México no puede permitirse quedar rezagado en un tema que afecta los derechos humanos de sus gobernados; un tema en el cual varias naciones de América Latina han puesto el ejemplo con su ratificación. Un estado de derecho que no ha sido capaz de garantizar a su fuerza laboral condiciones equitativas y dignas, debe poner mayor voluntad y empeño en lograrlo.
Debido a los motivos y fundamentos que se han expresado, el suscrito considera pertinente y necesario exhortar al Ejecutivo federal, a que ratifique ambos instrumentos y brinde, en términos de la Ley sobre la Celebración de Tratados, su consentimiento en obligarse por ellos. Negarse a ratificar el Convenio 189 y la Recomendación 201 para su aplicación en México, sería dar la espalda a los principios que nuestro orden jurídico afirma defender.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y haciendo uso de las facultades que me otorga el orden constitucional y legal vigente, me permito someter a la consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a fin de que ratifique el Convenio 189 y la Recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo, Sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, manifestando así su voluntad de obligarse por las disposiciones de estos instrumentos internacionales.
Con su ratificación, el Ejecutivo federal declarará su compromiso de implementar todas las medidas que lleven al cumplimiento efectivo de lo dispuesto por los artículos del Convenio 189 y la Recomendación 201.
Segundo. El Ejecutivo federal deberá llevar a cabo los trámites necesarios ante el Senado en lo relativo a la aprobación del convenio y la recomendación en cuestión, de acuerdo con lo dispuesto por las leyes y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2015.
Diputado Enrique Rojas Orozco (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a efecto de que en el acuerdo sobre la integración de las comisiones que atiendan las iniciativas enviadas por el Ejecutivo federal, en el paquete económico de 2016, se considere también la formación de las Comisiones de Desarrollo Social, de Comunicaciones, y de Cultura y Cinematografía, suscrita por los diputados Felipe Reyes Álvarez y Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD
Con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en relación con lo previsto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Las iniciativas de ley que forman parte del paquete económico 2016 que el Ejecutivo Federal ha enviado a la Cámara de Diputados para su dictaminación, contemplan modificaciones a diversos ordenamientos que abarcan un espectro mucho más amplio del ámbito económico inmediato porque tienen que ver con temas que impactan directamente en la seguridad social, en la estructura orgánica de la administración pública federal y en asuntos relativos a comunicaciones y transportes, entre otros.
Las reformas que se incluyen en el paquete económico tienen una trascendencia que va más allá del ejercicio 2016 porque tendrán repercusiones en las políticas públicas en materia social y por tanto, deben ser cuidadosamente analizadas.
Las reformas que están a consideración del Congreso tienen modificaciones a la Ley de Asociaciones Público Privadas, la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; la Ley de la Economía Social y Solidaria, las Leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte federal, de Puertos, de Aeropuertos y Reglamentaria del Servicio Ferroviario; así como la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Como lo indica el marco jurídico del Congreso de la Unión, las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, tienen el objeto de dictaminar los asuntos de su competencia, por tal motivo, es esencial que al momento de instalarse la comisión de Hacienda y Responsabilidad Hacendaria y la de Presupuesto y Cuenta Pública, paralelamente se instalen también las comisiones que tienen competencia en los temas que serán objeto de reformas y a donde éstas ya fueron turnadas.
Es necesario que se instale la Comisión de Cultura y Cinematografía para analizar la propuesta que pretende trasladar facultades de la Secretaría de Educación Pública a una nueva Secretaría de Cultura; La Comisión de Desarrollo Social, para evaluar el impacto que tendrán en la Secretaría de Desarrollo Social, las nuevas facultades al frente del Instituto Nacional de la Economía Social, que hasta la fecha ha funcionado como un órgano administrativo y desconcentrado de la Secretaría de Economía; y finalmente, la Comisión de Comunicaciones, para analizar las modificaciones que se prevén a los requisitos de los títulos de concesión y prórrogas de los mismos. También sería deseable que se instalara la Comisión de Seguridad Social para evaluar la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal que pretende desaparecer el Pensionissste, aunque no le fue turnada dicha iniciativa, sin embargo, nuestra bancada solicitará el returno a esta comisión que es la que verdaderamente tiene la competencia de dictaminar en tal delicada materia.
De acuerdo con lo que establece el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Cámara de Diputados tiene un plazo máximo hasta el 20 de octubre para aprobar la Ley de Ingresos, por tal motivo, el paquete de iniciativas que acompañan al paquete económico, deberán ser aprobadas por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores en esa fecha o antes.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración la presente proposición con
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a que en el acuerdo que emitirá para la integración de las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, contemple también la integración de las comisiones de Desarrollo Social, Comunicaciones, Cultura y Cinematografía y Seguridad Social, por ser comisiones que tienen competencia directa en la dictaminación de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo dentro del paquete económico 2016.
Palacio Legislativo de San lázaro, a 22 de septiembre de 2015.
Diputados:Con punto de acuerdo, relativo al desalojo de los locatarios de los mercados en Tampico, Tamaulipas, a cargo del diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena
Los que suscriben, diputados federales a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX, 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento para la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta H. Legislatura, el siguiente punto de acuerdo, según los sucesivos
Antecedentes
Que el gobierno de Tamaulipas en el año 1925 adquirió terrenos que eran propiedad de la Federación y posteriormente, serían cedidos o enajenados al ayuntamiento de Tampico, el cual, los destinó a mercados públicos, los cuales cumplen con la función de garantizar el abastecimiento de la zona en que se ubican y, son el lugar de encuentro de los ciudadanos.
Los primeros mercados Hidalgo y Juárez, iniciaron sus actividades en 1926 y después, fueron creados otros tres, los cuales se ubican entre las Calles de Benito Juárez, Fray Andrés de Olmos y Cristóbal Colón de esa ciudad; cuatro generaciones atendiendo a los habitantes de Tampico.
Que pese a que los mercados de Tampico en agosto de 2015 cumplieron 80 años de construidos y son tan fuertes como sus locatarios que representan a más de 300 familias, recientemente han sido desalojados y sus mercados demolidos, socavando sus derechos humanos y al margen del estado de derecho, aún y a pesar de tener varias suspensiones provisionales de jueces federales.
Las autoridades por su parte, viven lucrando a nombre del pueblo, al que han dejado de representar y su actuación, se aparta de los valores que pregonan la fraternidad, solidaridad, justicia, generosidad y el servicio que deben a su comunidad.
Considerando
Que una vez tomada la protesta de ley, somos representantes de la Nación en términos del artículo 51 del Código Político de 1917 y por ende, nos debemos al pueblo.
Es por ello, que venimos ante esta Soberanía a nombre de los locatarios de los mercados del Municipio de Tampico, Tamaulipas, a los cuales visitamos el 11 de septiembre del presente año, a exhortar a sus autoridades locales, que dejan a más de 300 familias sin fuentes de empleo.
Que demolieron los mercados Benito Juárez y Miguel Hidalgo, a pesar de las suspensiones provisionales de jueces federales, y actuaron al margen de las disposiciones constitucionales y legales, pesando amenaza de seguir la misma suerte los otros tres mercados.
Que es prudente remarcar que a las autoridades locales, se les olvida o desconocen, sus obligaciones, consistentes en respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos, de conformidad con los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Que la obligación de respetar, consiste en el deber de la autoridad que le impide interferir en el ejercicio de los derechos o ponerlos en peligro, ya sea por acción o por omisión; es decir, la autoridad, en todos sus niveles (federal, estatal o municipal) y en cualquiera de sus funciones (ejecutiva, legislativa o judicial), debe mantener el goce del derecho y, por ende, su cumplimiento es inmediatamente exigible.
Que a la vez, la obligación de proteger dentro del margen que sus propias atribuciones les confieren, las autoridades deben prevenir violaciones a los derechos fundamentales, ya sea que provengan de una autoridad o de algún particular y, por ello, debe contarse tanto con mecanismos de vigilancia como de reacción ante el riesgo de vulneración del derecho, de tal forma que se impida la consumación de la violación. En este último sentido, su cumplimiento es inmediatamente exigible.
La conducta estatal debe encaminarse a resguardar a las personas de las interferencias a sus derechos provenientes de los propios agentes del Estado y que tal fin se logra, en principio, mediante la actividad legislativa y de vigilancia en su cumplimiento y, si esto no es suficiente, mediante las acciones necesarias para impedir la consumación de la violación a los derechos, luego entonces, el Estado incumple su obligación si no realiza acción alguna, sobre todo porque, en el caso de sus propios agentes está obligado a saber todo lo que hacen.
Que el Estado debe garantizar la realización del derecho y debe tener conocimiento suficiente de las necesidades de las personas o grupos involucrados, lo que significa que debe atender a la situación previa de tales grupos o personas y a las demandas de reivindicación de sus derechos y por ello, dentro de su ámbito de facultades, se encuentra obligado a investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos.
Que las autoridades, lejos de darle cabal cumplimiento a lo estipulado en el párrafo tercero del artículo 1o. de la Ley Fundamental que dispone como obligaciones generales de las autoridades del Estado Mexicano, respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos, actúan al margen de sus atribuciones, de manera arbitraria, discrecional y vulnerando los derechos humanos de los locatarios de los mercados de Tampico.
Que no dejamos de señalar que la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del Instituto Nacional de Bellas Artes informó que los Mercados Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Francisco I. Madero, están ubicados dentro de la zona patrimonial del municipio de Tampico por su valor cultural en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y son considerados, monumentos conmemorativos y murales con valor histórico artístico cultural del gobierno de Tamaulipas.
Asimismo, llama la atención la intervención de la policía municipal, estatal y federal con el objeto de realizar la demolición de los mercados. Quisiéramos que se nos dé una explicación del porqué de su intervención.
Que el trabajo, amén de ser la actividad creadora y transformadora del ser humano y única fuente generadora de la riqueza social y humana, es un derecho humano garantizado en nuestra Ley Suprema, por lo que debe ser respetado a los locatarios de los mercados de Tampico.
Que es preciso señalar, que el respeto de los derechos humanos es fundamental, pues estos constituyen el origen y la justificación misma del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y por la grave situación por la que atraviesan los locatarios ante la falta de su fuente original de trabajo, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente
Puntos de Acuerdo
De urgente u obvia resolución
Primero. La Cámara de Diputados, con pleno respeto de la soberanía del Estado de Tamaulipas, exhorta al Gobernador de dicha entidad federativa, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, tenga a bien, a través de sus buenos oficios, establecer una mesa de trabajo a efecto de que las autoridades municipales y los locatarios de los mercados de Tampico aludidos, puedan dialogar con los integrantes del ayuntamiento de Tampico y en un marco de respeto de los ordenamientos jurídicos, puedan llegar a entendimientos, sobre la problemática que aqueja a este sector.
Segundo. Que de manera respetuosa y con pleno respeto a sus atribuciones, la Cámara de Diputados solicita al presidente municipal de Tampico, difunda el estado que guardan los mercados de ese municipio.
Tercero. La soberanía nacional requiere de manera respetuosa al Congreso del Estado de Tamaulipas pueda atender las demandas de los locatarios de los mercados de Tampico citados y se entrevisten con las autoridades municipales con el objeto de conocer esta problemática e intervenir en la solución de la misma.
Cuarto. Esta representación nacional solicita respetuosamente a las Comisiones Nacional de Derechos Humanos y Comisión Estatal de Derechos Humanos, con pleno respeto a sus atribuciones, salvaguarde los derechos humanos de los locatarios de los mercados de Tampico y difunda el estado que guardan los mismos.
Quinto . La Cámara de Diputados solicita a la procuradora general de la Republica y al Procurador del Estado de Tamaulipas, en el ámbito de sus atribuciones, pueda investigar los presuntos actos constitutivos de delitos que refieren los locatarios de los mercados de Tampico, por violación a sus derechos humanos y difunda el estado que guardan los mismos, así como requerir a la policía municipal, estatal y federal, el motivo de su intervención, motivando y fundamentando su intervención.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2015.
Diputado Renato Josafat Molina Arias (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para realizar acciones a fin de recuperar los espacios recreativos y culturales en Monterrey, Nuevo León, a cargo del diputado Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Pablo Elizondo García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Antecedentes
Nuevo León se ha destacado como un estado que no se rinde ante la adversidad, los neoleoneses nos hemos caracterizado por hacer de un medio agreste un estado pujante y de vanguardia, haciendo de esta entidad federativa ejemplo de desarrollo en beneficio de sus habitantes y del país en general. Así son los regiomontanos, de hablar brusco pero honesto y ante todo trabajadores y responsables. Famosos por su dedicación al trabajo arduo.
Actualmente la capital del estado se distingue por la cada vez más amplia oferta cultural. Foros como el Teatro de la Ciudad, el Museo de Arte Contemporáneo (MARCO), cuya exhibición permanente de obras latinoamericanas es la más grande del continente; el parque Fundidora, antiguo recinto acerero hoy se ha convertido en un complejo cultural y de negocios representativo de la ciudad de Monterrey al contar con ciclopistas abiertas al público, una pinacoteca, el centro de las artes, el Horno Trex Museo del Acero, una pista de patinaje sobre hielo, la Cineteca de Nuevo León, sede de festivales locales, nacionales e internacionales de cine de cámara alternativa o de arte como también se le conoce, la Arena Monterrey donde se realizan conciertos y otros espectáculos, además del Auditorio Coca-Cola, y el gran Centro de Convenciones de Cintermex; entre muchos otros
Es por esto que los espacios de conveniencia, son altamente apreciados por nuestra gente. Espacios que fomentan la convivencia familiar y la salud a través de distintas disciplinas deportivas prácticas y actividades culturales.
En el año de 2014 En el municipio de Monterrey, encabezo un proyecto de rehabilitación siguiendo la visión ecohidrológica, rescatando las áreas de inundación y destinándolas a usos temporales o “suaves.” Para lograr esto, el gobierno municipal, a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, en la persona del secretario, licenciado Francisco Rodríguez, realizó un proyecto de desarrollo urbano denominado “Parque Ecológico Río Santa Catarina”. Este proyecto convirtió el cauce mayor del río Santa Catarina en un parque deportivo, ecológico, cultural y de entretenimiento. La rehabilitación del espacio fluvial y su conversión a espacio urbano brindaba a la población local una ciudad más grata de habitar, saludable y segura.
El río Santa Catarina tiene una orientación predominante de oriente a poniente, y se constituye en el espacio público más importante del área metropolitana de la ciudad de Monterrey. El gobierno municipal lo considera como la columna vertebral de la ciudad.
Es así como se construyeron canchas deportivas a lo largo de la ribera del río Santa Catarina, que es signo distintivo de la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey, para que fueran estas canchas centros de convivencia y de la salud que proporciona el deporte.
Destinando en este espacio un parque lineal de práctica deportiva y recreación en una superficie de 100 hectáreas. En estos lugares se llevaban a cabo prácticas como el fútbol soccer, fútbol rápido, básquetbol, vóleibol, pistas para go-kart y foros al aire libre, estos últimos destinados a actividades culturales.
También se consideraron áreas destinadas al comercio temporal, los llamados “tianguis”. Los “tianguis” son una tradición mexicana que se remonta a tiempos precolombinos.
La viabilidad económica del proyecto se aseguró mediante el uso de diversas estrategias. Los taludes externos de la sección del río se adjudicaron a diversos usos con fines publicitarios, con arreglos florales destinados a vender productos de reconocida trayectoria comercial. Las fuentes de financiamiento incluyeron el Banco Interamericano de Desarrollo y los consorcios con inversionistas privados e instituciones financieras. Además, se firmaron convenios de colaboración con empresas interesadas en el desarrollo de actividades deportivas, de esparcimiento y culturales. El objetivo principal fue concebir un esquema de uso económico de las áreas de inundación que no dependiera de los cambios en la administración municipal, asegurando la continuidad del proyecto a mediano y largo plazo.
En julio de 2010 el estado de Nuevo León fue abatido por fenómeno meteorológico Alex, el huracán Alex, que ocasionó inundaciones y pérdida de vidas humanas.
En esa ocasión la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señaló que en 24 horas, el huracán Alex dejó lluvias de 446.5 milímetros, mientras que en 1988 el huracán Gilberto, generó 280 milímetros, en la misma cantidad de horas.
Las lluvias ocasionaron la crecida de ríos y arroyos, que con su desbordamiento se llevaron decenas de automóviles, causaron daños en la infraestructura vial y en casas, la evacuación de más de 6 mil 145 personas además del deterioro de la infraestructura de la ciudad de Monterrey, en particular por el paso del río Santa Catarina.
Parte importante de esos daños fue el ocasionado a la infraestructura deportiva que se había construido en la ribera de este emblemático río de Santa Catarina, consistentes primordialmente en canchas para la práctica del deporte, mismas que desaparecieron en su totalidad arrastradas por el desbordamiento provocado por el huracán Alex.
Consideraciones
En atención a diversas peticiones de los vecinos en el municipio de Monterrey, Nuevo León y como parte de mi propuesta de campaña expongo a ustedes el deseo de la comunidad regiomontana para recuperar y restablecer estos espacios que fomentaron en su momento la convivencia familiar y social, la práctica del deporte fomentando una vida saludable, algunos de esos beneficios (como son, por ejemplo, la disminución del estrés, el aumento del rendimiento académico y la mejora de las relaciones familiares) han demostrado ser medidas cautelares en la esfera del consumo indebido de drogas
Asimismo, quiero destacar la disposición de los vecinos de participar activamente en el rescate de estos espacios para la convivencia social, conservando su carácter de espacios públicos de y para las comunidades.
En concordancia con los motivos expuestos, y en concreto con el afán de coadyuvar a la petición de los ciudadanos, y en apoyo a la niñez, la juventud y la comunidad en su conjunto, es que someto a consideración de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, de la delegación estatal de la Secretaría de Economía del estado de Nuevo León, y en coordinación con el gobierno estatal se realicen todos los trámites legales y administrativos que se requieran, para recuperar espacios en la ribera del río Santa Catarina y se restablezcan canchas deportivas que contribuyan al esparcimiento y convivencia de los niños, jóvenes y familias de la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey.
Segundo. Se exhorta a la delegación estatal de la Secretaría de economía, y conjuntamente con el gobierno del estado de Nuevo León, proporcionen los recursos económicos e incentivos necesarios a las empresas privadas que deseen participar en la rehabilitación para la construcción y equipamiento de estas canchas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2015.
Diputado Pablo Elizondo García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la urgencia sanitaria que afecta los cultivos de sorgo y ajonjolí en Sinaloa, a cargo de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben Gloria Himelda Félix Niebla, David López Gutiérrez, Martha Sofía Tamayo Morales, Enrique Jackson Ramírez, Germán Escobar Manjárrez, Rosa Elena Millán Bueno, Evelio Plata Inzunza y Bernardino Antelo Esper, diputadas y diputados a la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo a fin de que se atienda la emergencia sanitaria que afecta los cultivos de sorgo y ajonjolí en el estado de Sinaloa, al tener de las siguientes:
Consideraciones
México ocupa un lugar importante en la producción agrícola en el mundo. Sin embargo, este sector enfrenta de forma cotidiana un enemigo común: las plagas, que dañan severamente a los cultivos y ocasionan por ello graves pérdidas a los productores.
En el sector agrícola la globalización presenta un reto, que no sólo se relaciona con la competitividad de los mercados internacionales, sino también con el riesgo cada vez mayor que enfrentan los productores agrícolas, debido a la transmisión de plagas y enfermedades en sus cultivos.
Cabe señalar que esto puede representar por un lado, riesgos a los sistemas productivos agrícolas y por otras afectaciones a la salud pública por enfermedades de origen alimentario. Todo ello impone exigencias sanitarias y de inocuidad cada vez más estrictas, a fin de reducir efectos nocivos en productores y consumidores.
En base a lo señalado, el estado de Sinaloa no es ajeno a esta problemática, ya que actualmente se encuentra inmerso en un problema muy serio debido a la infestación de plagas en los cultivos de ajonjolí y sorgo por la presencia del pulgón amarillo y el gusano telarañero, del cual se tienen registros en nuestro país desde 2013, cuando afectó el norte de Tamaulipas y en nuestra entidad desde el año pasado.
Ante la ausencia de control preventivo de estas plagas, en el año en curso se ha siniestrado totalmente el principal sustento de 40 mil familias que habitan en comunidades de Los Altos de Sinaloa y cuyo sustento principal es la agricultura de temporal y la ganadería.
En estas comunidades se sembraron alrededor de 160 mil hectáreas de sorgo de temporal en el ciclo primavera-verano 2015 y alrededor de 20 mil hectáreas de ajonjolí, cuyos esquilmos son el sustento principal de la ganadería, que le sirve a los productores para contrarrestar a su vez la sequía cíclica de los meses que van de febrero a julio.
En razón de ello, se está solicitando se declare zona de desastre las superficies dañadas, de suerte tal que puedan recibir apoyos para compensar el deterioro económico que esta situación está representando ya para las miles de familias afectadas.
Es por ello que urge la intervención de las autoridades competentes, a efecto de que se instrumenten las medidas y mecanismos necesarios para el combate de estas plagas, así como para resarcir de alguna manera las pérdidas económicas que tendrán los productores y sus familias por las afectaciones a los cultivos.
Esta H. Cámara de Diputados, debe preocuparse y en el marco del análisis, discusión y, aprobación en su caso, del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se deben considerar recursos para la instrumentación de un programa de apoyo a los productores agrícolas para la prevención y el combate de las plagas denominadas pulgón amarillo y gusano telarañero y de esta forma evitar siniestros futuros.
Algo que señalamos con énfasis es que de no contar con un plan de contingencia urgente, el problema de esta plaga se podría trasladar al siguiente ciclo otoño-invierno, cuyas consecuencias serían de mayor gravedad no solo para la economía de Sinaloa si no porque trastoca la cadena productiva y alimentaria.
Por lo anteriormente expuesto, elevamos a la consideración de esta honorable asamblea de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Como de urgente u obvia resolución.
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del gobierno federal, que a través de sus áreas competentes se realicen en lo inmediato los estudios, análisis y elaboración de dictámenes técnicos que determinen los niveles de afectación que las plagas denominadas pulgón amarillo y gusano telarañero han causado a los cultivos de sorgo y ajonjolí en los municipios de Sinaloa, de suerte tal que ello permita sustentar y gestionar la declaratoria de desastre y contribuir así a mitigar las afectaciones que sufren los productores de estos cultivos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2015.
Diputada Gloria Himelda Félix Niebla (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la ASF a fiscalizar y, en su caso, sancionar la adjudicación del gobierno de Puebla a Impulsora Tlaxcalteca de Industrias, SA de CV, por la obra Continuación del Proyecto de Desarrollo Turístico Ferroviario Museo del Ferrocarril-Cholula en Puebla, a cargo de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Graciela Palomares Ramírez, diputada federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes.
Consideraciones
Nunca se ve con buenos ojos que no existan licitaciones para la adjudicación de obras que se ejecutan con recursos públicos.
El 13 de septiembre del presente año, la administración del gobernador Rafael Moreno Valle adjudicó de manera directa a la empresa Impulsora Tlaxcalteca de Industrias, SA de CV (ITISA) por un monto de 195 millones 898 mil pesos (con IVA).
Lo preocupante para las y los poblanos, es que aparte de ser adjudicada de manera directa, dicha empresa fue la responsable del cierre de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.
Por información dada a conocer por el Gobierno de la Ciudad de México, ITISA aportó durmientes defectuosos en la línea 12, lo que llevo a su desgaste y posterior cierre de la línea, para no poner en riesgo de percance a los usuarios del Metro.
El material de mala calidad que usaron pudo derivar en el descarrilamiento de algún tren. Los poblanos sabemos que al adjudicar la obra, tendrán que realizar la continuación del Proyecto de Desarrollo Turístico Ferroviario Museo del Ferrocarril-Cholula, en Puebla.
Lo que nos preguntamos es si dicha empresa tiene la solvencia económica, técnica y tecnológica para poder realizar la obra y no poner en peligro la vida de poblanos y turistas que harán uso del ferrocarril.
Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, audite y en su caso sancione la adjudicación del Gobierno del estado de Puebla a la empresa Impulsora Tlaxcalteca de Industrias S.A de C.V. por la obra denominada “Continuación del Proyecto de Desarrollo Turístico Ferroviario Museo del Ferrocarril-Cholula, en Puebla”
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2015.
Diputada Graciela Palomares Ramírez (rubrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a emitir una alerta de género en Puebla, a cargo de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Graciela Palomares Ramírez, diputada federal de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes.
Consideraciones
Una vida libre de violencia sigue siendo un anhelo inalcanzable para muchas mujeres, un objetivo por el que se pierde la vida. Y es que aunque han existido avances legislativos, políticos, jurídicos y sociales gracias a los movimientos feministas, la realidad es devastadora.
En los últimos veinticinco años han existido 34 mil feminicidios. Actualmente siete feminicidios ocurren a diario, tres mujeres son desparecidas al día, es un problema que limita el desarrollo de vida de toda mujer.
El rol de mujer estereotipa y profundiza la desigualdad y violencia que enfrentan las mujeres, recrudece su opresión al añadir al componente de género, elementos de clase, edad y etnia, porque es indiscutible que las mujeres son un grupo vulnerable.
En este contexto, la ignorancia y desprecio por los problemas que aquejan a las mujeres parece una constante del Gobierno del estado de Puebla. En diversos medios de comunicación del estado de Puebla, se habla que entre 2014 y 2015 se han contabilizado 181 casos de feminicidios, contando a la última mujer desaparecida, Paulina Camargo.
La respuesta del gobierno del estado ha sido la de minimizar el problema, declarando que sólo tienen registrados 20 casos de feminicidios y omitiendo entrar a una investigación profunda de los asuntos.
Según el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos cada mes mueren 4.5 mujeres, es decir que cada semana una poblana muere de manera violenta, con tortura, golpes, maltrato, calcinamiento, entre muchas formas de violencia por feminicidio.
Las cifras oficiales no coinciden con la realidad de las mujeres de Puebla, más aún cuando en el Tribunal Superior de Justicia tampoco se conoce la cifra oficial de sentencias derivadas de este delito y cuando se dice que sólo es una de 2013 a la fecha.
Es por ello que con base en lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La H. Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir una alerta de género en el estado de Puebla, derivado del aumento de feminicidios.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2015.
Diputada Graciela Palomares Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de Pemex, la Sener, la Sedena, la PGR, la Semar y la Policía Federal la resolución sobre el robo de hidrocarburos en Puebla, a cargo del diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 79, 113 y 139, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El robo de combustible en Puebla repuntó al inicio del presente gobierno estatal, al pasar de una toma clandestina hallada por semana a un total de seis en el mismo periodo de tiempo, refieren cifras oficiales proporcionadas por Petróleos Mexicanos (Pemex).
Fueron encontradas mil 157 tomas clandestinas en los ductos que pasan por Puebla. La mayoría de dichas tomas se ubican en Tepeaca, Quecholac, Acatzingo, Acaje y Amozoc. Los puntos localizados por Pemex abarcan un total de 32 municipios poblanos.
Como se aprecia esta situación ha ido en aumento, lo anterior representa pérdidas económicas millonarias, para todos los poblanos. Cada vez que roban combustible, no solo cometen un delito; también ponen en peligro la seguridad nacional, pues se genera mayor riesgo de fuga o incendio que expone a la gente que vive en comunidades aledañas a las instalaciones de Pemex.
Como se observa en la fracción XIII del artículo 31 de la Ley de Petróleos Mexicanos, la atribución sobre los sistemas de seguridad de Pemex se ejerce en coordinación con las dependencias competentes de todas las órdenes de gobierno. De ahí se deriva que no solo Pemex tiene responsabilidades en el tema, sino también la Secretaría de Energía, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Marina y la Policía Federal, para que se haga realidad la coordinación referida, y se coordinen labores de inteligencia con más recursos económicos y humanos para evitar el robo de hidrocarburos.
Cabe señalar que la Secretaría de Energía (Sener) reconoce que esta situación es uno de los problemas que enfrenta Petróleos Mexicanos (Pemex) en medio de su reorganización ante la aprobación de la reforma energética, y lo cual afecta principalmente a la logística de la recién creada Empresa Productiva Subsidiaria de Transformación Industrial-Refinación, pues asegura que aún hace falta la “detección oportuna de tomas clandestinas”.
Durante los primeros 7 meses de este año la cifra llegó al acumulado de 453, con lo que la entidad se mantiene en el tercer sitio a nivel nacional en cuanto a tomas detectadas para extracción ilegal de combustible.
Además del daño patrimonial para Pemex, debe considerarse el riesgo para la seguridad de poblados y municipios.
Otro factor es que una gran parte del combustible robado, es usado para abastecer una más de las redes del crimen organizado, gasolineras “pirata” así como el transporte en general (pasajeros y carga de todo tipo), en unidades sin ninguna verificación y que son auténticos ataúdes rodantes.
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Gobierno del estado de Puebla, para que en coordinación con el director general de Petróleos Mexicanos, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República fortalezcan acciones para abatir el robo de combustible en el sistema estatal de gasoductos y poliductos; así como fortalecer la ejecución de una estrategia integral de abatimiento del mercado ilícito de combustible.
Cámara de Diputados, a 22 de septiembre de 2015.
Diputado Alejandro Armenta Mier (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para impulsar la industrialización de la agricultura, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito diputado de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, Alfredo Anaya Orozco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo en base a las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura por años se ha considerado a la agricultura y la industria como dos sectores separados por sus características y funcionamiento en el crecimiento económico de un país.
La industrialización tiene efectos sobre la agricultura y las comunidades rurales, al transformar esta actividad con el desarrollo de infraestructura estratégica e incluyendo a las unidades de producción rural para abastecer sostenida y competitivamente a la población con alimentos, fibras y combustibles de origen agrícola.
En este sentido se integran los procesos de producción, transformación y comercialización de los productos primarios agropecuarios, así como la conservación de los productos alimentarios.
México es un país que cuenta con todos los elementos para hacer de la agricultura un motor fundamental en el desarrollo, incentivado con los procesos de industrialización por la diversidad de sus climas, tierras, mano de obra, industriales, productos agrícolas, así como el mercado nacional y extranjero que genera altas demandas constantemente.
Hoy en día la industrialización de la agricultura potencializa el empleo de la población rural, no solo en la agricultura sino también en las actividades no agrícolas tales como la manipulación, envasado, procesamiento, transporte, comercialización de productos alimenticios y agrícolas.
En tiempos actuales se tiene la certeza de que la industrialización de la agricultura tiene un impacto global significativo para el desarrollo económico, pero también en la reducción gradual de pobreza tanto en el sector rural como en el urbano. Sin embargo, estoy seguro que este impacto puede incrementarse en gran medida con una serie de acciones legislativas que coadyuven en el ejercicio de nuestro gobierno, así como en la generación de una instancia que sea capaz de organizar, apoyar e incentivar a los actores que intervienen en este proceso.
Como bien refiere la FAO, el desarrollo de agroindustrias tiene muchos efectos benéficos que retornan a la misma agricultura, como en el estímulo para incrementar la producción mediante la expansión del mercado,1 la demanda de los productos así como la generación de empleo rural.
Asimismo esta actividad beneficia a otras ramas como la del transporte, la energética, de servicios entre otras necesarias para la misma instalación y operación.
En el Estado de Michoacán como en la mayoría de los Estados, los productores optan por abandonar el campo ya que es difícil comercializar sus productos por no cumplir con las exigencias de calidad para industrializarlas, por no sembrar el género del producto requerido o por no cumplir con las normas sanitarias, reduciendo así la economía de su entorno y por consecuencia de nuestro país.
El desinterés de las políticas públicas en esta materia, el abandono en que se tiene al campo y la falta de una estrategia gubernamental que vincule los diferentes organismos y actores que intervienen en este proceso dan como consecuencia la falta de abasto en el mercado interno y la importación de productos.
Esto representa un gran desafío en el sector agropecuario mexicano para poder ser competitivo a nivel local y global. Una medida inmediata debe ser la reactivación de la banca de desarrollo y otorgarle a la Sagarpa las atribuciones y el presupuesto para integrar a los productores primarios a lo largo del proceso y a los industriales desde el inicio de las actividades de la Comisión que se propone.
El reto más importante que tenemos en términos de política agropecuaria es el posicionamiento de sus productores primarios como socios estratégicos de los sectores secundarios y terciarios, para asegurar su subsistencia en el largo plazo.
Con este esbozo he pretendido introducir un tema de vital importancia para el desarrollo del campo y sus trabajadores. La industrialización de la agricultura no sólo genera beneficios a los industriales, es un medio para lograr el desarrollo económico y social de los productores y sus familias, es una rama de producción que eleva en mucho la economía y el posicionamiento internacional.
El sector agroindustrial en nuestro país requiere que desde el Congreso de la Unión se haga una revisión puntual, tanto del marco jurídico que regula este sector, como en el ejercicio de la facultad de control constitucional que tienen las cámaras para dar seguimiento exhaustivo a las políticas públicas, apoyos y programas que son otorgados a los productores.
La Comisión para impulsar la industrialización de la agricultura sería la encargada de promover las reformas y en su caso impulsar las leyes necesarias para que el sector agroindustrial de nuestro país se fortalezca en capacidades técnicas, de dirección y comerciales de todos los actores que intervienen en la cadena alimenticia, además de proporcionar un soporte político jurídico que dote de un incremento real en la productividad del campo, mediante el uso correcto de la tecnología disponible, para lograr el desarrollo de ventajas y beneficios para productores, intermediarios, industriales y comerciantes y permita otorgar el valor agregado a los diferentes productos.
Es necesario incluir este tema en un apartado dentro de los trabajos que desempeñe la LXIII Legislatura en el Congreso de la Unión, por lo que expongo y someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura acuerda crear la Comisión Especial para Impulsar la industrialización de la agricultura; que cuente para su desempeño con los recursos financieros, materiales y humanos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.
La Comisión Especial objeto del presente punto de acuerdo, funcionará de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el periodo de funciones de ésta comisión especial comprenderá desde su aprobación en el pleno hasta el término de la LXIII Legislatura.
Segundo. El objeto de la Comisión Especial será emprender lo que se deriva de su denominación y estará encargada de promover las reformas y en su caso impulsar las leyes necesarias para que el sector agroindustrial se fortalezca, además de proporcionar un soporte político jurídico que dote de un incremento real en la productividad del campo incluyendo la visión de los sectores productivos e industriales.
Tercero. En el marco de los trabajos de ésta comisión, se llevará acabo seminarios, foros y encuentros necesarios con productores, agricultores e industriales, así como con académicos, investigadores y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de elaborar un diagnóstico integral del sector.
Cuarto. Ésta comisión podrá reunirse cuando lo considere necesario con autoridades federales, estatales y municipales para formular propuestas de acciones para el impulso de acuerdos, y para el cabal cumplimiento de su objetivo en el ámbito de su competencia; además deberá rendir de manera periódica un informe de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados.
Quinto. La comisión estará conformada por los miembros que determine la Junta de Coordinación Política, que serán elegidos con los criterios de pluralidad y proporcionalidad.
Nota
1 El estado mundial de la agricultura y la alimentación 1997, http://www.fao.org/docrep/w5800s/w5800s12.htm#E25E3
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2015.
Diputado Alfredo Anaya Orozco (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para entender la problemática de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, a cargo de la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita diputada, Martha Lorena Covarrubias Anaya integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6 y el 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para solicitar la creación de la comisión especial para atender la problemática de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago con base en lo siguiente
Exposición de Motivos
El área geográfica de la cuenca Lerma-Chapala, tiene una superficie de 125 mil 555 kilómetros cuadrados, es decir, compone el 6 por ciento territorio nacional y pertenece a la región hidrológica número 12, la cual se encuentra ubicada en el centro del país. Comprende 9 estados: México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. Involucra directamente una población de 20 millones de habitantes (Inegi, 2010) y en forma indirecta a 36 millones de habitantes, lo equivalente al 33.5 por ciento de la población de nuestro país.
El río Lerma es el colector principal de este sistema hídrico. Nace en la laguna de Chignahuapan, ubicada en Almoloya del Río, población localizada al sureste de la ciudad de Toluca y termina en el Lago de Chapala, donde comienza el Río Santiago, que se extiende hasta el municipio de San Blas, Nayarit; desembocando en el océano Pacífico. En cuanto a su longitud, es la segunda cuenca con el río más largo Lerma-Chapala-Santiago con un total de mil 281 kilómetros. Compuesta por 708 kilómetros del río Lerma, 11 kilómetros del lago de Chapala y 508 kilómetros para el río Santiago.
Existen 22 presas de mayor importancia por los que atraviesa el río Lerma, y dos lagos: Yuriria y Chapala, aunque sólo la Tepuxtepec y Solís están sobre el propio rio Lerma; y para el Santiago están la presa de Colimilla, Santa Rosa, la Yesca, Cajón y Aguamilpa.
En las cuencas cerradas de Pátzcuaro se encuentra el lago del mismo nombre, mientras que la cuenca cerrada de Cuitzeo sobresalen Malpais, Cointzio y el lago de Cuitzeo.
Por sus dimensiones, diversidad climática y enorme población urbana y rural que habita en ella o de ella obtiene agua y otros recursos para la subsistencia, el buen desarrollo de la cuenca Lerma-Chapala implica hacer frente a una compleja problemática que se expresa principalmente en la sobre explotación de sus recursos hídricos tanto superficial como subterránea y el deterioro marginal de la calidad del agua, lo que nos obliga a replantear la forma en la que utilizamos el agua, pues en esta tiene que predominar un reparto y manejo que considere la calidad de vida de la sociedad, así como el uso ambiental de los recursos, ya que toda persona tiene derecho constitucional de vivir en un ambiente sano y tener acceso al agua en cantidad y calidad adecuada para su óptimo desarrollo.
En relación con la integridad de dicho problema, la Ley de Aguas Nacionales en su arto 3-XXXIX, manifiesta que la gestión integrada de recursos hídricos, GIRH, “es la base de la política nacional a través de un proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinado del agua, tierra, los recursos ambientales, con el fin de maximizar el bienestar social y económico equitativamente sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales”.
Una de las principales estrategias en la aplicación de la GIRH lo representa el enfoque eco-sistémico, que establece que el recurso natural no es un elemento aislado, sino parte de un sistema socio-ambiental ligado al económico, en los que la alteración de uno provoca la modificación de los demás.
La población de la Región Lerma-Santiago es de 20’089,516 habitantes (INEGI, 2005), de la que el 77 por ciento se asienta en localidades urbanas; y el 23 por ciento en rurales. Representa el 19.5 por ciento de la población total del país. La distribución de la población es un gran reto para la dotación de infraestructura, por el alto número de localidades rurales y semiurbanas. Más de 30 mil localidades son menores de 2 mil 500 habitantes. Existen 37 localidades con más de 50 mil habitantes, en las que se concentra el 51 por ciento de la población total de la región; 4 ciudades de éstas cuentan con población mayor de 500 mil habitantes: Morelia, Michoacán; León, Guanajuato; y Querétaro, Querétaro, en la subregión Lerma; así como la zona metropolitana de Guadalajara en la subregión Santiago.
Las ciudades de León y Celaya, Guanajuato y la de Querétaro, Querétaro, presentan en la actualidad problemas de abasto de agua por agotamiento de sus fuentes locales, dificultando su desarrollo futuro. El resultado de la relación entre la población y el volumen de agua disponible indica que la región se encuentra bajo estrés hídrico ya que se necesitan aproximadamente mil metros cúbicos por habitante al año, esto provoca que los conflictos por su acceso, uso, calidad o conservación se generalicen en los próximos años.
La cuenca actualmente soporta con la presión de 6 centros urbanos con más de un millón de habitantes: Ciudad de México, Guadalajara, Toluca-Metepec-Lerma, León, Morelia y Querétaro, principalmente con el uso agrícola y urbano-industrial.
De acuerdo con las proyecciones realizadas, se estima que la población está observando un crecimiento en la Región de un 16 por ciento en el periodo 2005-2030.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología el índice de antropización, es decir el grado de impacto de los humanos, permite caracterizar a la cuenca en grado alto, 50 por ciento de su superficie. Se caracteriza por un amplio predominio de la actividad agrícola y pecuaria, y cuenta con amplia infraestructura urbana e industrial concentrada en el corredor industrial del Valle de Toluca y al oriente del lago de Chapala.
Ello remarca el hecho de que el 72 por ciento de la cuenca presenta algún proceso de degradación de suelos, la declinación de la fertilidad representa 56 por ciento de los procesos y la erosión hídrica superficial el 32.7 por ciento lo que en conjunto abarca casi el 90 por ciento de los procesos de degradación de la cuenca.
La región hidrológica Lerma-Chapala representa poco más del 6 por ciento de la superficie nacional pero alberga la décima parte de la población del país, en un marcado proceso de urbanización. El recurso hídrico generado sirve tanto a la población asentada dentro de su ámbito, como a dos grandes ciudades: La Ciudad de México (extracción del acuífero Valle de Toluca) y la zona metropolitana de Guadalajara (extracción directa del Lago de Chapala).
Según el catálogo de acuíferos (cuerpos de agua subterráneos) de la Conagua se definen 37, de los cuales 16 corresponden a Guanajuato, 6 a Jalisco, 2 al estado de México, 9 a Michoacán y 4 a Querétaro. Según los estudios geo-hidrológicos, la extracción de agua subterránea en la zona, es del orden de 5 mil 200 kilómetros cúbicos por año, mediante 14 mil 652 pozos activos.
Los acuíferos de la zona están sometidos a una severa sobreexplotación, problemática presentada particularmente en los estados de Guanajuato y Querétaro, iniciada en los años 60, extendiéndose de forma gradual a través de los años, en algunas zonas han bajado hasta los 100 m provocando inclusive el hundimiento de tierras.
En el ámbito de producción económica, la región de la cuenca contribuye con el 16.6 por ciento del PIB (producto interno bruto) nacional, donde la industria manufacturera es la de mayor aportación. A nivel estatal, son Jalisco, Guanajuato y México los estados de mayor relevancia, con un 6.3 por ciento, 3.9 por ciento y 1.6 por ciento de participación en el PIB, respectivamente. El Alto Santiago concentra a la mayor PEA (población económicamente activa de la región con un 35 por ciento de una PEA de 2 millones 514 mil 603 habitantes; en contraste con el Sajo Santiago y la Costa de Michoacán que concentran un 3 y 4 por ciento, respectivamente. En el sector manufacturero, se identifica a Guadalajara y León como los centros más grandes de la región con el 35 por ciento de personas ocupadas de una relación de 20 municipios.
El sector agrícola abarca 1.2 millones de hectáreas de riego, de las que 67.5 por ciento son de pequeña irrigación (urderales) y el resto corresponden a distritos de riego. La región se considera como una importante abastecedora de granos a nivel nacional. Al interior de la región, las subregiones más importantes en la producción de ganado son el Alto Santiago y Medio Lerma, y son también las principales productoras de aves. El establecimiento de agroindustrias ligadas a la producción agrícola y ganadera se localizan en la cuenca media del Lerma-Chapala, en los Altos de Jalisco y las planicies costeras de Colima y Nayarit. En términos generales, en la región, aproximadamente, por cada 10 trabajadores, 4.1 laboran en el sector terciario, 3.8 en el secundario y 2 en el primario. En cuanto al desempeño económico, en la subregión Lerma se tiene que el sector agrícola presenta una baja generación de valor y de ocupación de empleos por unidad de volumen, caso contrario con el sector pecuario e industrial. El sector privado junto con el incremento del valor agregado de la actividad manufacturera son las dos actividades preponderantes en términos de generación de valor. El sector de las manufacturas genera en promedio 420 empleos por mil metros cúbicos de agua, y en el ramo de la construcción es de 70 puestos de trabajo. Los servicios ocupan el tercer lugar en la generación de valor con relación a los volúmenes de agua utilizados, se observan valores de 53 empleos anuales, por cada mil metros cúbicos utilizados de agua.
Dentro de la región de la Cuenca, se localizan 77 áreas naturales protegidas, de las cuales 50 son zonas de protección forestal, 8 parques nacionales, 6 santuarios, 3 áreas de protección de la flora y fauna, 3 reservas de la biosfera, 2 zona de reserva y sitios de refugio para la protección, conservación, repoblación, desarrollo y control de las diversas especies de tortuga marina, 1 zona sujeta a conservación ecológica y 1 área de protección de recursos naturales. Además de éstos, existen ocho sitios Ramsar (Convenio 2 de febrero de 1971, en Ramsar, Irán), 7 en la Subregión Lerma y uno en la Pacífico, los cuales tienen un gran valor desde el punto de vista ambiental, al contar con una gran diversidad de recursos bióticos; así como económico, constituyen sitios para la práctica de actividades productivas como la pesca y la recreación; así como en el ámbito social, al servir como fuente de abastecimiento de agua a la población, y representar en algunos casos un patrimonio cultural y de usos tradicionales.
En la subregión Lerma se tienen identificadas un total de 23 subcuencas hidrológicas, que a excepción de Pátzcuaro, y Zapotlán, que todavía presentan disponibilidad, todas las demás se encuentran en condición de déficit. Por otra parte todas las subcuencas de las subregiones Santiago y Pacífico cuentan todas con disponibilidad. Se debe lograr el restablecimiento del equilibrio hidráulico y saneamiento de la cuenca Lerma-Chapala, para ello una de las medidas que se necesita implantar de manera urgente es realizar estudios de caudales ecológicos conforme a la NOM-AA-159-SCFI-2012
En la región de la Cuenca se generan alrededor de 36 mil 663 litros por segundo de aguas residuales, de ellos sólo se trata 12 mil 481 litros por segundo en 346 plantas de tratamiento, lo que corresponde a un 34 por ciento de cobertura de saneamiento. El resto del caudal no tratado se envía a cuerpos de agua o drenes agrícolas sin un previo tratamiento. De acuerdo con los resultados del monitoreo de la calidad de las aguas superficiales 2005, obtenidos por la Conagua en la región, la calidad del agua medida como demanda bioquímica de oxigeno (080) y Demanda Química de Oxígeno (DQO), de los cuales se concluyó que existe un deterioro general en la calidad del agua provocado por altas concentraciones de nutrientes y metales pesados. 12 de 38 embalses presentaron estado mesotrófico (medianamente descompuesto) y 26 presentaron estado eutrófico (realmente descompuesto) por las descargas de aguas residuales y la actividad agrícola a su alrededor.
Con lo expuesto, muestro la problemática actual existente en nuestra Cuenca, la cual podemos dividir en 3 grandes vertientes, mismas que deberemos estudiar de manera profunda con el fin de concientizarnos, ser sabedores de los riesgos y descuidos diarios; así como, emprender acciones en conjunto con los representantes de los tres niveles de gobierno, que sean de corto, mediano y largo plazo destinadas a mejorar en la situación actual y lograr una sustentabilidad real en la Cuenca.
Si hablamos de 3 categorías o sectores lo estructuramos en ecológico, social y económico, en el ámbito ecológico englobamos y nos avocamos al estudio del impacto ambiental, la contaminación, vertedero de residuos en los ríos y lagos; en la parte social nos adentramos a su impacto con la vida diaria del ser humano, la problemática de desabasto de agua en las ciudades, las enfermedades provocadas en los habitantes, por la mala calidad de agua; y finalmente en el rubro económico analizamos los perjuicios recibidos por la industria, los agricultores, pescadores, turistas y demás problemas que ha desencadenado el deplorable estado en el que se encuentra nuestra cuenca.
Finalmente, es menester destacar que la presente propuesta llama a una petición social, de la gente que a diario sufre los estragos de esta aberrante situación, pero sobre todo a una obligación moral hacia la gente que nos honra con la oportunidad de representarlos ante el honorable Congreso de la Unión; donde es imperante emprender acciones encaminadas hacia recuperar nuestros ríos, nuestros lagos y darle a la gente el líquido vital en estado puro, garantizando el derecho humano establecido en la Carta Magna en el artículo 4 el derecho al agua, generando un impacto positivo en el medio ambiente, concientizando a la ciudadanía, los empresarios, los campesinos, los pescadores, del uso racional que debe de hacerse de los recursos que esta Cuenca nos obsequia, promoviendo un gran respeto al medio ambiente y vigilando el cumplimiento de las medidas, para que los recursos que sean empleados en la conservación y preservación de los recursos hídricos y el saneamiento de la cuenca, cumplan su real objetivo.
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política en uso de sus facultades la creación de la Comisión Especial para atender la problemática de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago.
Segundo. La Comisión Especial para atender la problemática de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago se integrará por el número de diputados que tenga a bien determinar la Junta de Coordinación Política y de manera proporcional a la representación de cada una de las fracciones parlamentarias con representación en la Cámara de Diputados y que tendrá como funciones las siguientes.
A. Realizar las investigaciones, análisis y estudios de campo para determinar y concientizar la situación real de la cuenca.
B. Crear los mecanismos necesarios para dar acceso a las comunidades y habitantes, directa o indirectamente afectados con la contaminación de la cuenca y el desabasto de agua, dando foro para que sea expuesta la problemática y priorizar necesidades.
C. Coordinar las agendas, actividades a desarrollar en relación directa con las secretarías del Ejecutivo federal, Cámara de Senadores, organizaciones no gubernamentales, paraestatales, representantes de los diversos niveles de gobierno y asociaciones civiles para atender la problemática y emprender el apoyo a la cuenca Lerma-Chapala-Santiago.
D. Impulsar, coadyuvar, organizar, coordinar y desarrollar las actividades relacionadas con la prevención y saneamiento de la Cuenca, acercando sesiones informativas y activaciones de concientización que permitan el mejoramiento de las condiciones y la preservación de los recursos naturales relativos a la Cuenca.
E. Dar seguimiento a los temas, proyectos y planes de trabajo de la Comisión Especial cuenca Lerma-Chapala en las anteriores 4 legislaturas, con el fin de dar continuidad a los avances obtenidos y fortalecer algunas de las acciones emprendidas.
F. Realizar las gestiones presupuestales correspondientes, para emprender acciones preventivas y de saneamiento en los puntos críticos de la cuenca.
G. Proponer las modificaciones convenientes, en el marco normativo del ámbito federal, para regular y ejecutar las acciones correspondientes en materia de prevención, ejecución y saneamiento de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago.
H. Las que tenga a bien determinar o sean establecidas por la Junta de Coordinación Política.
Tercero. La Comisión Especial para atender la problemática de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago tendrá vigencia a partir del día de la publicación de su creación en la Gaceta Parlamentaria y hasta la conclusión de la presente legislatura.
Cuarto. La Comisión Especial para atender la problemática de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago contará con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para la realización de sus atribuciones que para tal efecto autorice el Comité de Administración con sujeción a la normatividad aplicable de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 22 de septiembre de 2015.
Diputados: Martha Lorena Covarrubias Anaya, Hugo Orozco Sánchez Aldana, Laura Valeria Guzmán Vázquez, Rafael Yerena Zambrano, Hugo Daniel Gaeta Esparza, Laura Nereida Plascencia Pacheco, Ramón Báñales Arámbula, Jesús Zúñiga Mendoza, Javier Santillán Oceguera (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SE y de la SHCP a incluir Veracruz en el Programa de Zonas Económicas Especiales, a cargo del diputado Adolfo Mota Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado federal Adolfo Mota Hernández, del estado de Veracruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en lo que disponen los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretarías de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que se considere la inclusión del estado de Veracruz dentro de la propuesta de Zonas Económicas Especiales, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El dinamismo de la economía en el entorno internacional, en el marco de la globalización, obliga a que los gobiernos de las economías emergentes, rediseñen sus políticas públicas, para fortalecer el desarrollo en sus regiones más vulnerables y con mayor índice de rezago.
Uno de los esquemas de este rediseño y reingeniería económica, se basa en un mejor aprovechamiento de las zonas costeras y de los puertos marítimos, que cuentan con una red de intercomunicación carretera eficiente, así como en la cercanía con centros económicos de alto impacto, lo que hacen más eficaz su operación comercial.
Algunos países en desarrollo, han creado con éxito estas Zonas desde hace poco más de dos décadas, como es el caso de China e India, y más recientemente algunos países latinoamericanos.
De acuerdo con Bancomext,1 en estas Zonas Económicas Especiales se ofrecieron paquetes de incentivos a empresas nacionales y extranjeras, con el objeto de hacer más atractivas las inversiones para construir plantas manufactureras modernas, alentadas con tecnología y capital extranjeros, para dinamizar el crecimiento y la promoción de las exportaciones.
Entre algunas de las características a considerar para la creación de las Zonas Económicas Especiales, se encuentra una adecuada ubicación geográfica estratégica.
Recientemente, el presidente Enrique Peña Nieto planteó la creación de tres Zonas Económicas Especiales en México, con el objeto de impulsar el desarrollo de las regiones con mayor rezago, y de contribuir a combatir la desigualdad y la inseguridad.
Dichas Zonas estarían en el corredor interoceánico en el Istmo de Tehuantepec; en Puerto Chiapas, cercano a la frontera con Guatemala; y otra más en los municipios colindantes a Puerto Lázaro Cárdenas, entre Guerrero y Michoacán.
La propuesta del Ejecutivo federal, establece que el Programa de Zonas Económicas Especiales contará con un marco regulatorio que permitirá financiamiento preferencial de la Banca de Desarrollo, facilidades para la realización de actividades de comercio exterior, y un trato fiscal preferente, dando como resultado, entre otros beneficios, la creación de empleos de calidad y mejor pagados.
Ya en nuestro país existen centros económicos de éxito, en los cuales la inversión nacional y extranjera ha permitido la generación de más empleos y mejor pagados, citando como ejemplos a las industrias automotriz, aeroespacial y en general, a la industria maquiladora de exportación del norte del país, que han potenciado el desarrollo regional, y que son reconocidos por su elevada competitividad y altos estándares de calidad.
La implementación de este tipo de medidas permite la disminución de la inseguridad, y genera un sólido y permanente crecimiento económico.
El presidente Enrique Peña Nieto, en el marco de su reciente Informe de Gobierno, señaló que el espíritu de la iniciativa preferente que enviará al Congreso de la Unión, en próximos días, consiste en que es un “instrumento de desarrollo que se ha utilizado con éxito en diversas partes del mundo y que México, hasta ahora, no se había atrevido a implementar”.
Se trata de una propuesta integral que traería como efecto la homogeneidad de la exitosa economía del norte, con aquellas de las entidades del sur, que siguen viviendo aún en condiciones de retraso y marginación.
Considerando lo anterior, me permitiré enunciar las razones por las cuales de forma respetosa, se solicita la inclusión de Veracruz en este importante proyecto.
Con una extensión de 71,820 kilómetros cuadrados, Veracruz ocupa el lugar 11 a nivel nacional por ser de las entidades más grandes de la República Mexicana. Situado en las costas del Golfo de México, colinda al norte con Tamaulipas, al este con el Golfo, Tabasco y Chiapas; al sur con Chiapas y Oaxaca, y al oeste con Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí.
Hablar de Veracruz es referirse a una de las entidades de mayor biodiversidad y riqueza en recursos naturales del país, con una alta vocación hacia las actividades marítimas y portuarias.
Cuenta con un importante número de sitios en donde se realizan diversas actividades comerciales, industriales, turísticas y de explotación pesquera; sobresalen también las actividades de explotación petrolera y petroquímica básica en donde Veracruz es pieza clave en la economía nacional.
El litoral de Veracruz cuenta con más de 720 kilómetros, es decir, el 29.3 por ciento de la costa mexicana del Golfo de México, ocupa el quinto con mayor área de litoral, lo que representa el 6 por ciento del total nacional, es una Entidad privilegiada que cuenta con una excelente ubicación geográfica estratégica, históricamente reconocida.
Su región costera es una de las de mayor extensión territorial en el país, con acceso a tres de los más importantes puertos de México: Veracruz, Coatzacoalcos y Tuxpan.
La ampliación del Puerto de Veracruz, junto con los recintos de Tuxpan y Coatzacoalcos, formarán el centro logístico más importante de México, al contar con una gran infraestructura petroquímica que lo convierte en uno de los principales polos económicos del país, listo para la llegada de inversiones privadas directas nacionales y extranjeras.
Dicha ampliación aumentará tres veces su tamaño y cinco su capacidad operativa, confirmándose a nivel internacional como el recinto más importante de México y principal centro de operaciones marítimas en América Latina.
El puerto de Coatzacoalcos, por su parte, aunado al Complejo Etileno XXI, impulsará la economía del sur de la entidad, ya que ésta cuenta con una importante infraestructura petroquímica que la consolida como una de las principales productoras de petróleo, gas natural y derivados petrolíferos a nivel nacional, contribuyendo así a la fortaleza económica de México.
De acuerdo con información del Anuario Estadístico y Geográfico de Veracruz de Ignacio de la Llave 2014 del Inegi,2 el Volumen total de la carga marítima movida por puerto según tipo de tráfico y movimiento en 2013, fue de más de 60 mil 500 toneladas, distribuidas en los Puertos de Veracruz, Coatzacoalcos y Tuxpan, como lo muestra el siguiente cuadro.
Así, por su ubicación estratégica en la cuenca del Golfo de México, Veracruz ofrece un fácil acceso a las rutas comerciales marítimas con Europa y el este de los Estados Unidos de Norteamérica.
La red carretera y ferroviaria del estado de Veracruz está integrada por carreteras federales y de cuota, que aseguran la comunicación directa entre las entidades federativas, puertos marítimos, así como con los cruces fronterizos.
El Puerto de Tuxpan es el más cercano a la Ciudad de México, y gracias a la nueva autopista de cuatro carriles, recientemente inaugurada, representa excelentes condiciones junto con la región norte del estado para desarrollar actividades industriales enfocadas principalmente a la exportación.
Por su parte, el Puerto de Coatzacoalcos posee la infraestructura necesaria para el manejo de carga, por carretera se puede llegar al puerto de Salina Cruz, Oaxaca, en el Océano Pacifico a través del Istmo de Tehuantepec, accediendo de esta forma a los mercados asiáticos.
Asimismo, Veracruz goza de una cercanía con centros económicos de alto impacto, relacionados con el ramo turístico, con el sector petrolero, y con los rubros ganadero y agrícola.
Si a estas razones, de orden técnico, agregamos que de acuerdo a estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el 17.2 por ciento de los veracruzanos viven en pobreza extrema, aun a pesar de la excepcional tarea realizada por la presente administración estatal, estaríamos justificando plenamente la atenta solicitud que realizamos para incluir a Veracruz en este importante proyecto.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta soberanía, a nombre de los diputados federales veracruzanos del Grupo Parlamentario del PRI, la siguiente Proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Secretarías Economía, y de Hacienda y Crédito Público, a efecto de considerar la inclusión del Estado de Veracruz, dentro del Programa de Zonas Económicas Especiales.
Notas
1 http://www.bancomext.com/columnas/7061
2 http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2015/02/AEyGVeracruz.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2015.
Diputado Adolfo Mota Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas a iniciar estudios a fin de que San Buenaventura sea incluido en la zona metropolitana centro (Frontera-Monclova-Castaños) de Coahuila de Zaragoza, suscrita por los diputados Ana María Boone Godoy, María Guadalupe Oyervides Valdez y Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del PRI
Quienes suscriben, Francisco Saracho Navarro, Ana María Boone Godoy y María Guadalupe Oyervides Valdez, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas, con la finalidad de que, con base en los resultados del Conteo de Población y Vivienda 2015, inicie los estudios pertinentes a fin de que el municipio de San Buenaventura sea incluido en la zona metropolitana centro del estado de Coahuila de Zaragoza, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Todo fenómeno de urbanización sucede como una consecuencia del surgimiento de asentamientos humanos que se concentran en determinadas zonas, lo que paulatinamente genera una mayor demanda de servicios públicos, así como una interacción económica, productiva, social, cultural, laboral, académica en forma permanente, incluso hasta se llega a crear una identidad entre dichas poblaciones, por lo que es necesario que los gobiernos municipales, e incluso los estatales que estén involucrados, tengan los instrumentos y los recursos que se requieran para responder a las exigencias ciudadanas, pero con una visión de progreso y desarrollo.1
Una zona metropolitana podemos definirla como “el conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica...”.2
Toda zona metropolitana se caracteriza por tener rasgos físicos o continuidad urbana, sólo que por esa misma razón, también deben contar con una infraestructura y mejores servicios públicos, con una homologación de la normatividad, criterios y políticas públicas de los municipios involucrados con la finalidad de ser más funcionales para la ciudadanía, además de la constante comunicación que debe haber entre sus autoridades, lo que facilitará realizar una planeación que tienda a fomentar su crecimiento y su desarrollo, en forma ordenada y sustentable, propiciando un nivel de vida óptimo para sus residentes.
Dicho fenómeno de urbanización tiene lugar cuando una zona urbana alcanza a otra zona urbana derivado del crecimiento o extensión demográfica, que en muchas ocasiones se da en forma desordenada, rebasando los límites políticos del municipio o de la entidad federativa,3 lo que en forma incipiente constituye una región susceptible de ser reconocida como una zona metropolitana.
A nivel nacional, el número de zonas metropolitanas reconocidas por las instancias federales asciende a 59, y son susceptibles de recibir anualmente recursos económicos del Presupuesto de Egresos de la Federación, cuya finalidad, es que se apliquen a esas zonas urbanas para fortalecerlas y dotarlas de los elementos indispensables para mejorar su infraestructura y sus servicios públicos, y responder a las demandas ciudadanas.
El estado de Coahuila de Zaragoza no es ajeno a este fenómeno de urbanización, ya que su existencia es visible en diversas regiones de su territorio, por lo que él crecimiento económico y el progreso obtenido por esa entidad federativa en la última década se debe en gran parte al reconocimiento y fortalecimiento que han tenido sus zonas metropolitanas,4 lo que ha posibilitado la concentración de diversos entes de producción en esa entidad, propiciando el incremento de las actividades económicas, de producción, fomento a la competitividad, de turismo, así como de la fluidez del mercado laboral, e incluso de las actividades académicas.
El reconocimiento de una zona metropolitana puede darse a nivel estatal y a nivel federal. En el caso del reconocimiento estatal, este tiene que ser efectuado por las instituciones competentes en la entidad federativa o en las entidades federativas involucradas, previa realización de diversos estudios técnicos y análisis de características físicas.
En el caso del reconocimiento federal, al igual como sucede en el estatal, los municipios que aspiren a ser reconocidos como zonas metropolitanas, serán analizados por el Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas, compuesto por representantes de la Secretaría de Desarrollo Social, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, así como del Consejo Nacional de Población, para realizar estudios técnicos y de verificación de la existencia de características físicas.5
En ese orden de ideas, y de acuerdo a datos obtenidos por el Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2010, el municipio de San Buenaventura contaba con 22, 149 habitantes, colindando con la Zona Metropolitana Centro de esa entidad, es decir, con los municipios de Frontera, Monclova y Castaños, los cuales concentran a 317, 313 habitantes.
La referida Zona Metropolitana Centro y el municipio de San Buenaventura, por la proximidad y continuidad urbana que hay entre ellos, mantienen desde hace algunos años una cotidiana interacción de tipo económico, comercial, laboral, salud, cultural, social, académico, lo cual ha llegado a crear una sensación de identidad entre su población.
Aunado a lo anterior, los asentamientos humanos concentrados en el ejido “8 de enero”, ubicado entre San Buenaventura y Frontera, deben ser considerados como un aspecto de gran importancia que contribuirá a la incorporación de esa municipalidad a la Zona Metropolitana Centro, debido a la constante interacción que hay entre dichas municipalidades, mismas que comparten servicios de salud, de educación, abasto, entre otros.
Sí el municipio de San Buenaventura es incorporado a dicha zona metropolitana, le podrán ser asignados recursos económicos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que fortalecerá su infraestructura y cada uno de sus servicios públicos, y tendrá un alto impacto al beneficiar a un importante núcleo poblacional, brindándoles la posibilidad de acceder a un mejor nivel de vida, de progreso y desarrollo.
Durante la LXII Legislatura, el diputado Federal Alfio Vega de la Peña presentó ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo por el que se exhortó al Grupo Interinstitucional para la Delimitación de Zonas Metropolitanas, iniciará los estudios pertinentes para que el municipio de San Buenaventura sea integrado a la Zona Metropolitana Centro integrada por los municipios de Monclova, Frontera y Castaños, todos en el Estado de Coahuila de Zaragoza, proposición que fue turnada para su dictamen a la Tercera Comisión.
La Tercera Comisión presentó al pleno de la Comisión Permanente, un dictamen en sentido positivo a la propuesta antes planteada, misma que fue aprobada por la Asamblea el 14 de agosto de 2013, para realizar el exhorto al Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas para los efectos planteados, derivándose una respuesta por parte del Consejo Nacional de Población, dependiente de la Secretaría de Gobernación, mediante el oficio número SG/197/2013 de 28 de agosto de 2013,6 en el siguiente sentido:
“Aunque el Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitanos de México planea continuar con los trabajos, no hay por el momento información más reciente que permita la actualización de los indicadores estimados en el ejercicio de delimitación de 2010; mismos que se actualizarán a la luz de la publicación del próximo Conteo de Población y Vivienda a realizarse en el 2015...”
Ahora bien, el Conteo de Población y Vivienda 2015 fue realizado durante el mes de marzo del año en curso, por lo que con base en los nuevos datos e información surgida de tal conteo, resulta viable exhortar al Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas, para que inicie los estudios técnicos y verificación de las características físicas para que el municipio de San Buenaventura, en Coahuila de Zaragoza, sea incluido en la Zona Metropolitana Centro, tal como lo establece Conapo en el oficio número SG/197/2013 de 28 de agosto de 2013.
En este sentido, los proponentes al observar las necesidades de crecimiento y desarrollo que tiene el municipio de San Buenaventura, en Coahuila de Zaragoza, así como los antecedentes legislativos que hay sobre el particular, es que pedimos el respaldo de esta soberanía para que ese municipio sea incorporado a la citada Zona Metropolitana Centro, razón por la que presentamos la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
ÚNICO. Se exhorta al Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas, conformado por representantes de la Secretaría de Desarrollo Social, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y del Consejo Nacional de Población, con la finalidad de que, con base en los resultados del Conteo de Población y Vivienda 2015, inicie los estudios pertinentes a fin de que el municipio de San Buenaventura, sea incluido en la Zona Metropolitana Centro (Frontera-Monclova-Castaños) del estado de Coahuila de Zaragoza.
Notas
1 Delimitación de las zonas metropolitanas, página 9, disponible en http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/otras/zonas _met.pdf ... “En sentido genérico, la formación de zonas metropolitanas corresponde con el desarrollo económico, social y tecnológico alcanzado por la sociedad en un período determinado y conforma una estructura territorial compleja que comprende distintos componentes: la concentración demográfica, la especialización económico-funcional y la expansión física sobre ámbitos que involucran dos o más unidades político-administrativas, ya sean éstas municipales, estatales o en algunos casos desbordando las fronteras nacionales. Por esa razón, las metrópolis son espacios estratégicos de vinculación entre las regiones del país y el resto del mundo. Al fungir como centros de actividad económica y de prestación de servicios a nivel regional, las zonas metropolitanas representan una gran oportunidad para propagar el desarrollo económico y social más allá de sus propios límites territoriales, lo que requiere del óptimo aprovechamiento de sus ventajas competitivas, incluidos sus recursos humanos y materiales.”
2 Definición del libro Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2005, Conapo, Sedesol, Inegi.
3 Un ejemplo claro de ello es la Zona Metropolitana de La Laguna, misma que es compartida por los Estados de Coahuila de Zaragoza y Durango.
4 El Estado de Coahuila de Zaragoza, cuenta con 4 zonas metropolitanas reconocidas a nivel federal, mismas que son las siguientes:
Zona Metropolitana Sureste (Saltillo-Ramos Arizpe-Arteaga);
Zona Metropolitana de La Laguna (Torreón-Matamoros-Lerdo-Gómez Palacio);
Zona Metropolitana Centro (Monclova-Frontera-Castaños); y
Zona Metropolitana Norte (Piedras Negras-Nava).
5 Ver en Criterios utilizados en la delimitación de las zonas metropolitanas de México, 2005. Conapo, Sedesol, Inegi... “1. Municipios centrales. Corresponden a los municipios donde se localiza la ciudad principal que da origen a la zona metropolitana, los cuales se identificaron a partir de las siguientes características: 1a. Municipios que comparten una conurbación intermunicipal, definida ésta como la unión física entre dos o más localidades censales de diferentes municipios y cuya población en conjunto asciende a 50 mil o más habitantes. 1b. Municipios con localidades de 50 mil o más habitantes que muestran un alto grado de integración física y funcional con municipios vecinos predominantemente urbanos. 1c. Municipios con ciudades de un millón o más habitantes. 1d. Municipios con ciudades que forman parte de una zona metropolitana transfronteriza, con 250 mil o más habitantes.
2. Municipios exteriores definidos con base en criterios estadísticos y geográficos. Son municipios contiguos a los anteriores, cuyas localidades no están conurbadas a la ciudad principal, pero que manifiestan un carácter predominantemente urbano, al tiempo que mantienen un alto grado de integración funcional con los municipios centrales de la zona metropolitana, determinados a través del cumplimiento de cada una de las siguientes condiciones: 2a. Su localidad principal está ubicada a no más de 10 kilómetros por carretera pavimentada y de doble carril , de la localidad o conurbación que dio origen a la zona metropolitana en cuestión. 2b. Al menos 15 por ciento de su población ocupada residente trabaja en los municipios centrales de la zona metropolitana, o bien, 10 por ciento o más de la población que trabaja en el municipio reside en los municipios centrales de esta última. 2c. Tienen un porcentaje de población económicamente activa ocupada en actividades industriales, comerciales y de servicios mayor o igual a 75 por ciento. 2d. Tienen una densidad media urbana de por lo menos 20 habitantes por hectárea. El criterio 2a permite identificar a aquellos municipios con un alto grado de accesibilidad a la ciudad central, determinado a través de la longitud y amplitud de las vías de comunicación que conectan a ésta con la localidad más importante (con mayor población) del municipio exterior. El parámetro de 10 kilómetros se determinó analizando el rango de distancia en el que se sitúa la mayor parte de los municipios que no tienen localidades conurbadas con la ciudad central pero que presentan niveles de integración funcional significativos, conforme a los parámetros establecidos en el criterio 2b. Esto, en combinación con los criterios de carácter urbano (2c y 2d), permitió identificar un conjunto de municipios exteriores muy homogéneo en términos de su articulación con los municipios centrales de las zonas metropolitanas. El criterio 2b se utiliza como evidencia de integración funcional entre los municipios exteriores y los municipios centrales de las zonas metropolitanas. Cabe precisar que no es necesario que un municipio cumpla con las dos condiciones indicadas en este inciso, sino con al menos una de ellas para que se considere funcionalmente integrado a la zona metropolitana en cuestión. Los criterios 2c y 2d, por su parte, dan cuenta del carácter predominantemente urbano de los municipios exteriores, en términos de su estructura ocupacional y de la intensidad de ocupación de su territorio. La densidad media urbana de cada municipio se calculó a partir de la densidad bruta de cada una de sus áreas geoestadísticas básicas (AGEB) urbanas ponderada por el tamaño de su población. Esta forma de calcular la densidad da mejor cuenta del grado en que se concentra espacialmente la población urbana de un municipio, de aquella que se hubiera obtenido al considerar la superficie total del mismo, o bien al sumar la superficie de todas sus AGEB urbanas, ya que gran parte del territorio de la mayoría de los municipios del país no está urbanizado.
3. Municipios exteriores definidos con base en criterios de planeación y política urbana. Son municipios que se encuentran reconocidos por los gobiernos federal y locales como parte de una zona metropolitana, a través de una serie de instrumentos que regulan su desarrollo urbano y la ordenación de su territorio, independientemente de su situación respecto de los criterios señalados en el punto anterior. Para su incorporación se tomó en cuenta el cumplimiento de al menos una de las siguientes condiciones: 3a. Estar incluidos en la declaratoria de zona conurbada o zona metropolitana correspondiente. 3b. Estar considerados en el programa de ordenación de zona conurbada o zona metropolitana respectivo. 3c. Estar reconocidos en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio vigente. ”
6 Mismo que se anexa a la presente iniciativa.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2015.
Diputados:Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas a iniciar estudios a fin de que la región de la Carbonífera (Sabinas-San Juan de Sabinas-Múzquiz) de Coahuila de Zaragoza sea reconocida como zona metropolitana, suscrita por los diputados Ana María Boone Godoy, María Guadalupe Oyervides Valdez y Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del PRI
Quienes suscriben, Francisco Saracho Navarro, Ana María Boone Godoy y María Guadalupe Oyervides Valdez, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas, con la finalidad de que, con base en los resultados del Conteo de Población y Vivienda 2015, inicie los estudios pertinentes a fin de que la región de la Carbonífera (Sabinas-San Juan de Sabinas-Múzquiz) del estado de Coahuila de Zaragoza, sea reconocida como una zona metropolitana, con base en las siguiente:
Exposición de Motivos
El fenómeno de las zonas metropolitanas es, hoy por hoy, uno de los principales retos al que tienen que hacer frente los estados contemporáneos en los que el crecimiento económico y el desarrollo ha difuminado las barreras o delimitaciones que antaño parecían tan evidentes entre dos Estados, regiones, zonas o municipios.
Nuestro país no es ajeno a este proceso y, en lo particular, el Estado de Coahuila de Zaragoza tampoco lo es. Esta proposición con punto de acuerdo se orienta precisamente a describir un fenómeno de zona metropolitana existente en los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz, todos ellos en el Estado de Coahuila y cuyas condiciones justifican su reconocimiento federal de zona metropolitana.
Una zona metropolitana constituye “el conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica...”1
El reconocimiento de zona metropolitana, no obstante, no es unilateral sino que debe de iniciarse un procedimiento administrativo en el que tanto el gobierno local como el federal se encuentran involucrados. En principio, se requiere un reconocimiento en el ámbito local que corresponde a la entidad o entidades federativas concernientes y con posterioridad, de un estudio técnico elaborado por parte del “Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas”, mismo que se integra con representantes de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) y del Consejo Nacional de Población (Conapo). En dicho estudio, se determinará si los municipios involucrados reúnen las condiciones necesarias para ser reconocidos como una zona metropolitana. Estos requisitos obedecen a características de distancia, población, integración funcional, etc.
A juicio del Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas, existen diversas clases de municipios, cuyas características para ser incluidos en una zona metropolitana pueden consistir en:
“1. Municipios centrales. Corresponden a los municipios donde se localiza la ciudad principal que da origen a la zona metropolitana, los cuales se identificaron a partir de las siguientes características:
1a. Municipios que comparten una conurbación intermunicipal, definida ésta como la unión física entre dos o más localidades censales de diferentes municipios y cuya población en conjunto asciende a 50 mil o más habitantes.
1b. Municipios con localidades de 50 mil o más habitantes que muestran un alto grado de integración física y funcional con municipios vecinos predominantemente urbanos.
1c. Municipios con ciudades de un millón o más habitantes.
1d. Municipios con ciudades que forman parte de una zona metropolitana transfronteriza, con 250 mil o más habitantes.
2. Municipios exteriores definidos con base en criterios estadísticos y geográficos. Son municipios contiguos a los anteriores, cuyas localidades no están conurbadas a la ciudad principal, pero que manifiestan un carácter predominantemente urbano, al tiempo que mantienen un alto grado de integración funcional con los municipios centrales de la zona metropolitana, determinados a través del cumplimiento de cada una de las siguientes condiciones:
2a. Su localidad principal está ubicada a no más de 10 kilómetros por carretera pavimentada y de doble carril , de la localidad o conurbación que dio origen a la zona metropolitana en cuestión.
2b. Al menos 15 por ciento de su población ocupada residente trabaja en los municipios centrales de la zona metropolitana, o bien, 10 por ciento o más de la población que trabaja en el municipio reside en los municipios centrales de esta última.
2c. Tienen un porcentaje de población económicamente activa ocupada en actividades industriales, comerciales y de servicios mayor o igual a 75 por ciento.
2d. Tienen una densidad media urbana de por lo menos 20 habitantes por hectárea.
El criterio 2a permite identificar a aquellos municipios con un alto grado de accesibilidad a la ciudad central, determinado a través de la longitud y amplitud de las vías de comunicación que conectan a ésta con la localidad más importante (con mayor población) del municipio exterior.
El parámetro de 10 kilómetros se determinó analizando el rango de distancia en el que se sitúa la mayor parte de los municipios que no tienen localidades conurbadas con la ciudad central pero que presentan niveles de integración funcional significativos, conforme a los parámetros establecidos en el criterio 2b. Esto, en combinación con los criterios de carácter urbano (2c y 2d), permitió identificar un conjunto de municipios exteriores muy homogéneo en términos de su articulación con los municipios centrales de las zonas metropolitanas.
El criterio 2b se utiliza como evidencia de integración funcional entre los municipios exteriores y los municipios centrales de las zonas metropolitanas. Cabe precisar que no es necesario que un municipio cumpla con las dos condiciones indicadas en este inciso, sino con al menos una de ellas para que se considere funcionalmente integrado a la zona metropolitana en cuestión.
Los criterios 2c y 2d, por su parte, dan cuenta del carácter predominantemente urbano de los municipios exteriores, en términos de su estructura ocupacional y de la intensidad de ocupación de su territorio.
La densidad media urbana de cada municipio se calculó a partir de la densidad bruta de cada una de sus áreas geoestadísticas básicas (AGEB) urbanas ponderada por el tamaño de su población.8
Esta forma de calcular la densidad da mejor cuenta del grado en que se concentra espacialmente la población urbana de un municipio, de aquella que se hubiera obtenido al considerar la superficie total del mismo, o bien al sumar la superficie de todas sus AGEB urbanas, ya que gran parte del territorio de la mayoría de los municipios del país no está urbanizado.
3. Municipios exteriores definidos con base en criterios de planeación y política urbana. Son municipios que se encuentran reconocidos por los gobiernos federal y locales como parte de una zona metropolitana, a través de una serie de instrumentos que regulan su desarrollo urbano y la ordenación de su territorio, independientemente de su situación respecto de los criterios señalados en el punto anterior. Para su incorporación se tomó en cuenta el cumplimiento de al menos una de las siguientes condiciones:
3a. Estar incluidos en la declaratoria de zona conurbada o zona metropolitana correspondiente.
3b. Estar considerados en el programa de ordenación de zona conurbada o zona metropolitana respectivo.
3c. Estar reconocidos en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio vigente.”2
Debe indicarse que las zonas metropolitanas son de vital interés para nuestro país pues al ser derivadas de un creciente proceso de urbanización, directamente se proyectan como un centro de potencial desarrollo industrial, económico y social, ello se ha constatado en nuestro Estado a través de sus cuatro zonas metropolitanas:
- Zona Metropolitana Sureste (Saltillo - Ramos Arizpe – Arteaga);
- Zona Metropolitana de La Laguna (Torreón – Matamoros – Lerdo – Gómez Palacio);
- Zona Metropolitana Centro (Monclova – Frontera – Castaños); y
- Zona Metropolitana Norte (Piedras Negras – Nava)
En estos municipios, a través de su reconocimiento federal de zona metropolitana, se ha permitido elevar los niveles de desarrollo y bienestar de su población, así como una mayor integración intermunicipal, posibilitando la solución de problemas comunes y la respuesta a problemas esenciales para la población, tales como el empleo, la salud, educación, vivienda, etcétera.
Aunado a ello, la compatibilidad de acciones en estos municipios resulta totalmente viable, dada la gran cantidad de elementos que poseen en común y, entre los cuales se incluye: historia, tradiciones, costumbres, necesidades, orografía, actividades de desarrollo (minería) y, ante todo, la convicción de impulsar el desarrollo de la región.
Pero antes bien que una compatibilidad de acciones, a juicio de los proponentes, se requiere la necesaria coordinación entre los Municipios involucrados en esta región, dada la evidente situación de urbanización generada y que, como hemos indicado, ha difuminado claramente las delimitaciones entre los propios municipios. Ante ello, la planeación del crecimiento urbano y la de su proyección física, así como la provisión de servicios públicos esenciales y el cuidado del entorno ambiental, se erigen en aspectos que sólo pueden ser abordados desde una perspectiva metropolitana, misma que se la podrá dar el reconocimiento de zona metropolitana.
En el ámbito local, el reconocimiento de zona metropolitana ya ha sido dado por parte del Gobierno de Coahuila de Zaragoza, de tal manera que se ha reconocido oficialmente a la región carbonífera como una zona metropolitana, en virtud de que tras la realización de diversos estudios se concluyó que la región cumplía con las características de integración física y funcional que una zona metropolitana requiere, así como ante la comprobada existencia de una movilidad social entre estos municipios a nivel de actividades estudiantiles, laborales, de salud y de flujo comercial permanente.3
No obstante, la región carbonífera no ha sido reconocida como una zona metropolitana por parte de la Federación y ello se traduce en la imposibilidad de gestionar diversos estímulos que contribuyan al impulso económico y social de la región.4
Nuestro estado, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, cuenta con 2,748,391 habitantes concentrados en un territorio de 151,000 Kilómetros cuadrados, sin embargo, dadas las especiales características geográficas de nuestra región (desierto), un 75% de la población se concentra en alguna de las cuatro zonas metropolitanas ya existentes.5
En el caso de los Municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz, el total de su población alcanza cerca de 135 mil personas y, no obstante ello, no ha sido reconocida como una Zona Metropolitana, a pesar de la permanente interacción existente entre estos municipios.6
Es de indicarse que, estos municipios conforman lo que se ha conocido como la Región Carbonífera, dada la especial actividad que durante muchos años se ha dado aquí y que, sin lugar a dudar, con el reconocimiento federal de Zona Metropolitana, coadyuvará al crecimiento de la región. Basta señalar que esta zona forma parte del yacimiento de carbón mineral Eagle Ford , uno de los más grandes yacimientos de gas en el mundo y que desgraciadamente no ha sido explotado en todo su potencial.
En estos tiempos, regiones como la carbonífera deben de ser aprovechadas de la mejor manera, ya que tenemos una reforma energética cuyos efectos positivos apenas habrán de proyectarse y que, a través del impulso de estas regiones cobrará especial fortaleza para maximizar sus efectos entre toda la población.
Asimismo, es de indicarse que la propuesta de reconocimiento federal de Zona Metropolitana a los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz no es nueva, ya que en anteriores legislaturas se ha planteado esta solicitud y, si bien ha sido reconocido que en esta región existe una confluencia de factores que permitirían el reconocimiento de zona metropolitana, no obstante, el mismo aún no se ha dado.
Así tenemos que en la LXII Legislatura, el diputado federal Alfio Vega de la Peña presentó una proposición con punto de acuerdo a fin de que el Grupo Interinstitucional para la Delimitación de Zonas Metropolitanas tuviera a bien reconocer la Zona Metropolitana constituida por los municipios de Sabinas y San Juan de Sabinas.7
En sus consideraciones, el diputado Vega de la Peña prestó especial interés al desarrollo económico que se ha dado en el Estado de Coahuila, gracias –entre otros factores- al reconocimiento de zonas metropolitanas en su territorio, ello, indicó, ha permitido la realización de diversas actividades de naturaleza comercial, dándole fluidez al mercado laboral de la región, así como mayores estímulos a través de los recursos económicos asignados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Al respecto, debe indicarse que este punto de acuerdo fue aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, y se obtuvo respuesta por parte del Consejo Nacional de Población mediante oficio con número SG/197/2013 de 28 de agosto de 20138 y en el que se indica que:
“Aunque el Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México planea continuar con los trabajos, no hay por el momento información más reciente que permita la actualización de los indicadores estimados en el ejercicio de delimitación de 2010; mismos que se actualizarán a la luz de la publicación de los resultados del próximo Conteo de Población y Vivienda a realizarse en el 2015”
Con base en esta respuesta de Conapo, y toda vez que se ha cumplimentado ya el “Conteo de Población y Vivienda 2015” existen razones suficientes para insistir en el planteamiento presente a fin de que el Grupo Interinstitucional tenga a bien la creación de la Zona Metropolitana de Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz, además, como se ha indicado, existe ya una respuesta de Conapo en donde indican que con base en los resultados del Conteo de Población y Vivienda 2015 actualizaran sus bases de datos y con base en ello, se determinará si existen las condiciones necesarias para el reconocimiento de una nueva zona metropolitana en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Por todo lo antes expuesto, los proponentes presentamos ante esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas, compuesto por representantes de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), así como del Consejo Nacional de Población (Conapo), con la finalidad de que, con base en los resultados del Conteo de Población y Vivienda 2015, inicie los estudios pertinentes a fin de que la región de la Carbonífera (Sabinas-San Juan de Sabinas-Múzquiz) del Estado de Coahuila de Zaragoza, sea reconocida como una zona metropolitana.
Notas
1 Definición del libro Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2005, Conapo, Sedesol, Inegi.
2 Criterios utilizados en la delimitación de las zonas metropolitanas de México, 2005. Conapo, Sedesol, Inegi.
3 Ibídem.
4 http://www.unimediosagencia.com/gestionan-que-la-region-carbonifera-sea -reconocida-como-zona-metropolitana-en-la-entidad/ Nota de Eduardo Santos
5 http://www.vanguardia.com.mx/encoahuilaserialacarboniferazonametropolit ana-2167484.html Nota de Antonio Ruiz Coronado.
6 Ibídem.
7 En otros antecedentes, la senadora Hilda Flores Escalera presentó en la LXII Legislatura una proposición con punto de acuerdo para incluir a los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz en una nueva zona metropolitana, mismo planteamiento fue realizado a nivel local por el diputado Antonio Nerio Maltos quien presentó el 19/01/2015 ante el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, proposición con punto de acuerdo a fin de encomendar a la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas del Congreso Local, que gestionara los procesos correspondientes a fin de que se creará la zona metropolitana comprendida por los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz.
8 Mismo que se anexa a la presente iniciativa.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de septiembre de 2015
Diputadas: María Guadalupe Oyervides Valdez, Ana María Boone Godoy (rúbricas).
Diputado Francisco Saracho Navarro (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de la industria automotriz, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del PRI
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados; 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, el que suscribe, diputado Armando Luna Canales, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La existencia de la Comisión Especial de la Industria Automotriz al interior de esta Soberanía se remonta al 29 de septiembre de 2009, fecha en la que el entonces diputado Rubén Moreira Valdez presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, una Proposición con Punto de Acuerdo por la que se propuso la creación de la Comisión Especial de la Industria Automotriz.
Posteriormente, el 10 de diciembre de ese mismo año, fue publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta Cámara de Diputados, el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituyeron 28 comisiones especiales, entre las que se incluía la Comisión Especial de la industria automotriz, la cual tenía por objeto dar seguimiento a la situación y al efecto de la industria automotriz en la economía del país, así como establecer las medidas necesarias para su recuperación en beneficio de la generación de empleos.
La naciente Comisión Especial estuvo presidida en un primer momento por el diputado Melchor Sánchez de la Fuente, y posteriormente por el diputado Hugo Héctor Martínez González, ambos legisladores del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Por otra parte, ya en la LXII Legislatura, el18 septiembre de 2012, el diputado Salomón Juan Marcos Issa, parlamentario del Estado de Coahuila de Zaragoza e integrante del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una proposición con punto de acuerdo para solicitar la creación de la Comisión Especial de la Industria Automotriz con el propósito de dar continuidad a las actividades realizadas por su homónima de la anterior legislatura.
Así, el 21 de diciembre de 2012, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la creación de 27 comisiones especiales que habrían de funcionar durante la LXII Legislatura, y entre ellas, se contempló a la Comisión Especial de la Industria Automotriz y del Acero, misma que estuvo presidida por el diputado Salvador Romero Valencia del Grupo Parlamentario del PRI.
Una vez señalados los antecedentes de esta importante comisión especial, es necesario resaltar que la industria automotriz tiene una trascendental importancia en la economía de nuestro país. De acuerdo con el artículo “Industria automotriz, sigue moviendo la economía de México”, de Modern Machine Shop México, se señala que esta rama de la industria sigue liderando las inversiones que empresas extranjeras hacen en el campo de la manufactura mexicana. A la vez, se citan datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), los cuales precisan que en nuestro país este sector aporta el 3.5% del PIS nacional y el 19.8% del PIB manufacturero. A la vez, se da cuenta que a nivel internacional, México contribuye con el 3.5% de la producción mundial de automóviles, por lo que nuestro país se ha posicionado como el séptimo fabricante de vehículos ligeros en el mundo y el primero en América Latina, el cuarto exportador mundial, el quinto exportador mundial de autopartes y el proveedor de partes y componentes automotrices más importante de Estados Unidos.1
Durante 2014, la industria automotriz mexicana recibió 1,763.3 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa (IED); adicionalmente, el sector de autopartes en nuestro país percibió 1,163.6 millones de dólares en inversiones.
A la vez, esta industria ha cobrado mayor relevancia porque impulsa el desarrollo de otros sectores de la economía nacional y genera múltiples empleo en beneficio de la población mexicana.
De acuerdo con el documento “Industria automotriz”2 elaborado por ProMéxico, instancia sectorizada en la Secretaría de Economía, durante el año 2013 la industria automotriz mexicana y el sector de autopartes en México ha sido impulsado por la presencia productiva de las principales empresas armadoras de vehículos (ligeros y pesados) en el mundo, tales como: General Motors, Ford, Chrysler, Volkswagen, Nissan, Honda, BMW: Toyota, Volvo y Mercedes-Benz. En total, existen en el país 19 complejos productivos en 15 estados del país, en los que se realizan actividades que van desde el ensamble y blindaje, hasta la fundición y el estampado de vehículos y motores. Actualmente, en México se producen más de 40 modelos de automóviles y camiones ligeros. Asimismo, se señala que “la mayoría de las empresas armadoras en México cuentan con empresas de autopartes que se localizan alrededor de sus plantas de vehículos para cumplir con las exigencias de proveeduría y tiempos de entrega”.
Para el 2013 los sectores automotriz y de autopartes representaron el 9.4% del total de la inversión extranjera directa (IED).
El sector automotriz de México cuenta con inmejorables condiciones para la inversión, mismas que se ven reflejadas en las siguientes fortalezas.
• Costos competitivos. De acuerdo con estimaciones de AlixPartners 2013, México fue el país más competitivo en costos de manufactura, los cuales son aproximadamente 16% más bajos que en Estados Unidos y 9% menores que en China.
• Experiencia. La primera planta de la industria automotriz se estableció en México en 1921, por lo que nuestro país cuenta con una tradición de casi un siglo en este importante sector. Los productos que se hacen en México han posicionado al país como una plataforma para el desarrollo y la fabricación de vehículos, partes y componentes con los más altos y estrictos estándares de calidad internacional.
• Amplia red de proveeduría. La reconocida calidad de manufactura automotriz mexicana ha hecho posible que diversas armadoras elijan a México como plataforma única de fabricación para todos sus mercados. Así, diversos modelos vendidos alrededor del mundo se producen exclusivamente en plantas mexicanas, tales como el Ford Fusion, el Lincoln Zephyr MKZ y el Volkswagen Beetle.
• Talento. De acuerdo con cifras reportadas por el Inegi, 697 mil 582 personas conformaron la planta de empleados del sector manufacturero automotriz y autopartes, a diciembre de 2013.
Por otra parte, de acuerdo con el Boletín de Prensa de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A. C., correspondiente al mes de diciembre de 2014, la producción .nacional de la industria automotriz de ese año fue de 3,219,786 unidades producidas, lo cual representó un incremento del 9.8% con relación al 2013.3
En el primer semestre del 2015, la producción de la industria fue de un millón 727 mil 557 unidades, lo que representó un incremento del 8.1 % con relación al mismo periodo del año 2013.4
Adicionalmente, conforme a datos proporcionados por el INEGI,5 el valor de la producción bruta para 2013, relativa a precios corrientes, fue de un 1 billón A68 mil 731 Millones de pesos, lo que representó un incremento del 19.4% respecto del año 2012.
Para 2014 las ventas en el mercado nacional se ubicaron en un millón 135 mil 409 unidades, es decir, un 6.8% más que las del año 2013. Cabe destacar que de dichas ventas, el 47% se cubrieron con vehículos producidos en nuestro país y el 53% fueron de origen extranjero.
Para el primer semestre de 2015 se comercializaron 609 mil 825 unidades en el mercado nacional, lo que representó un 21.9% más que en el mismo periodo del año 2013.
Por otra parte, las ventas al mercado exterior se ubicaron en 2 millones 642 mil 887 unidades, lo que representó un 9.1 % más que las ventas del 2013.
El destino de las exportaciones se sigue concentrando en Estado Unidos (70%), Canadá (10.1%) y Latinoamérica (9.4%). Sin embargo, por regiones, las que muestran mayor crecimiento son el continente asiático y Canadá.
Para el primer semestre de 2015 se exportaron un millón 405 mil 458 vehículos, lo que representó un crecimiento del 10.4% comparado con el total exportado en el primer semestre de 2014.
De acuerdo con el reporte de Ward’s Automotive, en Estados Unidos se comercializaron 8 millones 485 mil 493 vehículos ligeros durante el primer semestre de 2015, y de esa cantidad, los vehículos mexicanos representaron el 11.7%, registrando así nuestro país, junto con Corea, tasas de crecimiento positivas del 10.3% y 21.0% respectivamente, mientras que Japón y Alemania mantienen tasas decrecientes.
Cabe destacar que ante los graves problemas que ha causado a Pemex la baja de los precios del petróleo, la industria automotriz se ha convertido en el más importante generador de divisas para nuestra economía, tan sólo en el 2013, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) señala que la balanza automotriz fue superavitaria al alcanzar 43 mil 453 millones de dólares; convirtiéndose en uno de los factores determinantes para la recuperación económica de nuestro país.
Adicionalmente, la industria automotriz se ha constituido como precursora de la competitividad en las regiones donde se ha establecido, lo que se ha traducido, entre otros resultados, en empleos más calificados y mejor remunerados, así como en un mayor desarrollo del capital humano. En promedio, las remuneraciones de la industria automotriz terminal en México equivalen a 2.3 veces las del resto de las manufacturas.6
Aunado a esto, cabe destacar que gran parte del éxito de esta industria en México se debe no solo haber podido mantener la inversión en nuestro país, sino a atraer nuevas, Audi en 2012 inicio la construcción de una planta en el Estado de Puebla, con una inversión de 1,300 mdd, misma que entrara en operación en 2016; Nissan-Daimler también construye una planta para la producción de vehículos compactos de lujos en Aguascalientes, con una inversión de 1,360 mdd, la cual iniciara operaciones en 2016; BMW iniciara operaciones en San Luis Potosí en 2019 con una inversión de 1,000mdd; KIA Motors invierte 1,000 mdd en la construcción de una planta nueva en Nuevo León que comenzará a funcionar a partir de 2016; Toyota también invertirá 1,000 mdd en una planta en Guanajuato, cuyas operaciones iniciarían en 2019; Ford invertirá 2,500 mdd para una nueva planta de motores en Chihuahua y otra de Trasmisiones en Guanajuato.
Por lo anteriormente expuesto y ante la relevante importancia que reviste la industria automotriz para nuestro país y el Estado de Coahuila de Zaragoza, acudimos ante esta Tribuna para solicitar su respaldo a la propuesta de dar continuidad a las actividades de la Comisión Especial de la industria automotriz durante esta LXIII Legislatura.
Proposición con Punto de Acuerdo
Único: Se crea la Comisión Especial de la Industria Automotriz, cuyo objetivo será dar continuidad a las actividades de seguimiento de la industria automotriz, su efecto en la economía del país y las medidas necesarias para su fortalecimiento en beneficio de la generación de empleos.
Notas
1 Industria automotriz, sigue moviendo la economía de México, artículo de Modern Machine Shop México de fecha 7 de enero de 2015, consultado en: http://www.mms-mexico.com/articles/industria-automotriz-sigue-moviendo- la-economa-de-mexico
2 Industria Automotriz, ProMéxico 2014, consultado en http://mim.promexico.gob.mx/JS/MIM/PerfilDelSector/Automotriz/150213_DS _Automotriz_ESP.pdf
3 Boletín de Prensa correspondiente al mes de diciembre de 2014 de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AC, consultado en: http://www.amia.com.mx/descargarb.html
4 Boletín de Prensa correspondiente al mes de junio de 2015 de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AC, consultado en: http://www.amia.com.mx/descargarb.html
5 La Industria Automotriz en México 2014, Serie estadísticas sectoriales, Inegi, consultado en: http://www.amdamex.mx/images/industriaautomotriz14.pdf
6 Industria Automotriz, Monografía; Secretaría de Economía, marzo de 2012.consultado en: http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/ Monografia_Industria_Automotriz_MARZO_2012.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de septiembre de 2015.
Diputado Armando Luna Canales (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a intensificar el programa de erradicación y prevención de la mosca de la fruta en Nuevo León, a cargo del diputado Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado federal Pablo Elizondo García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I, III, IV y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a intensificar el Programa de Erradicación y Prevención de la Mosca de la Fruta en el estado de Nuevo León, principalmente en la zona centro sur, vía el sistema de liberación de moscas estériles, además de evaluar e implementar el uso de las trampas Cera Trap, para el beneficio del estado.
Considerandos
Diputadas y diputados, tengo el gran honor de representar a uno de los estados más prósperos de nuestro país, el estado de Nuevo León, un territorio que además de bello, mezcla todas las bondades que un estado puede tener para desarrollar una mejor calidad de vida, tanto en la ciudad como en el campo. Nuevo León representa modernidad, tradiciones, arte, cultura y aún más, aporta a nuestro territorio nacional, una gran variedad de productos alimenticios, siendo la industria de la citricultura, una de las más importantes dentro de la región.
Amigas y amigos, la importancia de la citricultura en el estado, consiste en que aporta el 14% de la producción nacional. Nuevo León tiene 2,695 huertas con 25,457 hectáreas, ubicadas en los municipios de Montemorelos, General Terán, Cadereyta, Linares, Allende y Hualahuises. Con una producción de 306,155 toneladas y valor de 237 millones 979 mil 387 pesos. Esta actividad provoca una derrama económica que trae consigo la comercialización de combustibles, lubricantes, transporte y mano de obra, principalmente en la cosecha, agroquímicos y fertilizantes, sistemas de riego, plásticos, cajas de cartón, entre otros insumos y servicios incluyendo la industrialización y comercialización.
Lamentablemente, los productores de naranja del estado, tienen problemas para vender su producto, tanto en el mercado interno como en el extranjero, ya que, el estado, aun no es declarado como zona libre de la mosca de la fruta en su totalidad, lo que genera grandes pérdidas para quien invierte su capital y mucho más aun, su patrimonio en la producción y comercialización del producto, por lo que debemos adoptar medidas que impacten de manera trascendental, que ayuden a eliminar las larvas de esta plaga, y así, declarar esta zona, libre del mosca de la fruta, con lo que se incrementaran las ganancias y se facilitará su comercialización.
Hoy en día, una de las principales medidas fitosanitarias que se utilizan en la campaña, es el uso de la técnica del insecto estéril, la cual consiste en la cría masiva y liberación de moscas de la fruta de la misma especie, previamente esterilizadas mediante irradiación. También se hace uso del control biológico a través de la cría y liberación de avispas, que son enemigos naturales de la plaga, así como el uso de cebos selectivos para moscas de la fruta. Estos métodos permiten el control de las moscas de la fruta, y constituyen una estrategia amigable al ambiente al reducir o en su caso evitar la aplicación de productos químicos a los cultivos. Los citricultores de esta zona, La Centro – Sur igualmente y con recursos propios han implementado un preventivo, utilizando un total de 40 trampas por hectárea, con Cera Trap que es un atrayente alimenticio específico para la captura de diversas moscas de la fruta, la evaporación de Cera Trap provoca la emisión de unos compuestos volátiles, principalmente aminas y ácidos orgánicos, de elevado poder atrayente para los adultos de esta plaga, especialmente para las hembras.
Diputadas y diputados, ayudemos a quienes producen el alimento de nuestra nación, nuestras acciones, pueden mejorar la producción agrícola, y más aún, la vida de nuestros paisanos que viven en él.
Derivado de lo anterior sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero: Se exhorta a la Secretaria de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación Sagarpa para que se intensifique el programa de Erradicación y Prevención de la Mosca de la Fruta en el Estado de Nuevo León, principalmente en la Zona centro Sur. Vía el sistema de liberación de moscas estériles.
Segundo: Se exhorta a la Secretaria de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación Sagarpa para que se evalué la conveniencia e implementación, así, como los apoyos económicos necesarios para aplicación de las trampas con Cera Trap, en la región citrícola zona centro sur del estado para contrarrestar a la mosca de la fruta.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2015.
Diputado Pablo Elizondo García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta el titular de la SCT y a las empresas ferroviarias a tomar medidas preventivas para reducir accidentes que pongan en riesgo a la población, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Noemí Guzmán Lagunes, diputada federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 9 de septiembre en el municipio de José Azueta, ubicado al sur de Veracruz, en la cuenca del Papaloapan ocurrió el descarrilamiento de cuatro furgones de un ferrocarril de la empresa Ferromex.
Uno de los furgones explotó y los otros derramaron las sustancias químicas que transportaban tales como: óxido de etileno, bióxido de carbono, amoniaco y otras, derivadas de hidrocarburos.
Este siniestro se dio en una zona despoblada, a tres kilómetros de la estación más próxima.
En este suceso hubo daños patrimoniales y ambientales, porque se trata de una importante zona agropecuaria y por la contaminación de suelo, aire y agua, provocada por líquidos y vapores altamente tóxicos.
Este tipo de accidentes, por eso mismo, resultan ser catastróficos al propiciar un riesgo excesivo para la seguridad de la población y su integridad.
La respuesta inmediata la otorgó el gobernador de Veracruz a través del Comité Estatal de Emergencias y hasta la fecha se han realizado recorridos en el lugar del accidente por parte de funcionarios Federales, Estatales y Municipales para atender los daños por la explosión y el derrame, con base en protocolos muy precisos: Asistir, evacuar y acordonar la zona de impacto: 10 familias y 11 trabajadores fueron trasladados a lugares seguros.
Asimismo, se realizaron recorridos en campo para una primera inspección y evaluación de daños agrícolas y ambientales y se determinaron acciones a seguir para reparar los daños de inmediato.
De igual manera con directivos de Ferromex, funcionarios estatales, municipales y el diputado federal de la zona Erick Lagos Hernández para acordar acciones de restitución de daños y prevenir futuros accidentes.
Al lugar acudieron bomberos de Cosamaloapan, Tierra Blanca y de la Zona Conurbada Veracruz Boca del Rio; y equipos contraincendios del Comité Local de Ayuda Mutua de la zona industrial de Coatzacoalcos.
Es importante resaltar, que de la empresa Ferrosur no hubo respuesta inmediata para atacar el incendio o detener el derrame.
De hecho, no fue sino hasta dos días después, cuando una empresa contratada por Ferrosur se presentó al sitio del accidente en la comunidad de Dobladero del Municipio de José Azueta Veracruz.
Tan sólo en Veracruz en los últimos meses, con éste han ocurrido tres accidentes ferroviarios, que también provocaron riesgos por contaminación, daños patrimoniales y personales, aunque sin pérdida de vidas humanas.
Uno de ellos el 18 de mayo de 2014, en el que hubo un derrame del orden de los 11,500 litros de combustible. Y
El otro, fue el pasado 5 de septiembre, cuando colisionaron dos máquinas por falta de comunicación de ambos operadores, dejando a una de ellas totalmente destruida.
Pensemos que, de acuerdo con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la red ferroviaria es de 26 mil 727 kilómetros de vía.
Ferrocarril Mexicano, SA de CV, conocida como Ferromex, opera una de las redes ferroviarias más grandes del país con casi 10,000 kilómetros de vía, cubriendo las principales zonas industriales, de consumo y de servicios con 631 locomotoras, conectándose a 8 puertos y 4 cruces fronterizos. De estos ocho, dos están en Veracruz.
Ferrocarril del Sureste por sus siglas Ferrosur, filial de Ferromex, cubre el corredor del Golfo de México, operando principalmente en los estados de Oaxaca y Veracruz y cuenta con 147 locomotoras, que cruzan zonas urbanas, altamente pobladas.
En el territorio veracruzano contamos con 1806.4 kilómetros de vías Troncales, ramales y vías secundarias.
Esas empresas, por su propia responsabilidad, están obligadas a contar con Planes de Emergencia internos y externos; y, además de cumplir las disposiciones de seguridad de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, deben también observar la Ley General de Protección Civil y las Leyes estatales en la materia.
Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados, el siguiente
Punto de Acuerdo
1. Solicitar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vigile en las empresas de transporte de carga, especialmente aquellas que mueven sustancias químicas peligrosas, el cumplimiento de las normas, reglamentos y protocolos de seguridad y de protección civil, con énfasis a su paso en las zonas urbanas y rurales más pobladas.
2. Exhortar a las autoridades y a las empresas ferroviarias para que:
a. Entreguen a los Gobiernos de los Estados información del recorrido de ferrocarriles por su territorio; e informes detallados de los materiales peligrosos que transportan.
b. Acaten las disposiciones en materia de seguridad de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, así como las relativas al transporte de materiales peligrosos.
c. Cumplan con lo dispuesto en la Ley General de Protección Civil y en las leyes estatales respectivas. Y que,
d. En todos los casos, aplique seguros contra daños a quienes resulten afectados en su salud, bienes, posesiones y entorno ambiental.
e. Que no se permita el traslado, si no cuentan con el seguro ambiental, para resarcir afectaciones a los suelos y garantizar el pago a los agricultores afectados.
Palacio Legislativo, a 22 de septiembre del 2015.
Diputada Noemí Guzmán Lagunes (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la CFE, la Conagua, la SE y la SHCP a ratificar y hacer lo pertinente para evaluar de manera correcta y constante las condiciones climáticas de la región norte de Veracruz, a cargo de la diputada Sofía del Sagrario de León Maza, del Grupo Parlamentario del PRI
La justicia requiere poder, inteligencia y voluntad.
Leonardo da Vinci.
La suscrita diputada Sofía del Sagrario de León Maza integrante de la LXIII Legislatura y las diputadas y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, por el estado de Veracruz, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición al tenor de lo siguiente
Exposición de Motivos
Quiero poner a la consideración de esta soberanía un reclamo constante de las comunidades y municipios del norte de Veracruz. El asunto de la reclasificación de la tarifa eléctrica en los municipios de: Pánuco, Pueblo Viejo, El Higo, Tampico Alto, Tempoal, Ozuluama y Huayacocotla en Veracruz y El Ébano en el estado de San Luis Potosí.
Desde 2010, cuando precisamente por un punto de acuerdo propuesto por la LX Legislatura del Congreso de la Unión, se determinó que las zonas geográficas en donde el promedio de temperaturas fuera mayor a los 30° centígrados se debería aplicar la Tarifa 1C. Tampico, Tamaulipas quedó incorporado a esa tarifa especial desde entonces, misma que debió de incluir a la zona norte de Veracruz por mantener condiciones climáticas muy semejantes, e incluso en algunos casos o temporadas con condiciones de calor y sequía más severas. Todos son municipios con una altitud menor a 50 metros del nivel del mar y que en la mayor parte del año registran temperaturas entre 30° y 35° centígrados y en los meses de mayo a agosto la temperatura se eleva hasta los 48° centígrados.
Además, por el inminente cambio climático y el “fenómeno del niño” que se prevé sea uno de los más severos desde el período 1997-1998, todo indica que habrá un incremento mayor de las temperaturas en la región norte de Veracruz, con drásticos y repentinas variaciones de los fenómenos meteorológicos.
Entonces, ¿Cuál ha sido el impedimento para que las familias Veracruzanas no se incorporen al régimen especial por altas temperaturas? La única explicación es que esto obedece a una torpeza, a una negligencia burocrática.
La Comisión Nacional del Agua, Conagua, responsable de medir las temperaturas, ubicó su antena en un lugar equivocado, lo hace en la rivera de la laguna “La Tortuga” en el municipio de Pánuco de Veracruz, precisamente donde las mediciones, por la humedad del entorno, arrojan temperaturas promedio de 29° centígrados. Es decir, un grado por debajo del límite, y que automáticamente se traduce en incrementos en las tarifas eléctricas superiores al 50 por ciento.
Se trata de un grave error técnico que, en la práctica, representa una gran injusticia para las familias del Norte de Veracruz; que entorpece el desarrollo económico de una región que, de por sí, ha vivido rezagada en los últimos años.
No podemos castigar a las familias por su alto consumo de energía eléctrica, porque éste no corresponde a un despilfarro o una falta de conciencia ecológica. La razón de los altos consumos responde a la misma razón de todas las entidades del norte del país, la ineludible necesidad de ventiladores, refrigeradores y climas artificiales, sin los cuales se presentarían graves problemas de salud.
Aún más, la reactivación económica que estamos esperando se dé para esta región con el impacto de la autopista México-Tuxpan y el anuncio que recientemente hizo el gobernador del estado, doctor Javier Duarte de Ochoa, de la construcción de nueva infraestructura carretera que comunicará al puerto de Tampico, al puerto de Tuxpan y al puerto de Veracruz, no tendrá el mismo efecto dinamizador de mantenerse la actual tarifa eléctrica.
De seguir aplicándose a esta zona la Tarifa 1B cuando debería de ser la Tarifa 1C, por si solo ese error, nos colocan en una evidente desventaja competitiva.
Se requiere desde luego voluntad y sensibilidad política para resolver este problema.
Por ello, con fundamento en la Ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica y tal como se encuentra conformada la región noroeste por todos los municipios de Nuevo León y Tamaulipas; Todos los municipios de Coahuila excepto los comprendidos en la región norte. Los municipios de Zacatecas: Concepción del Oro y El Salvador. Los municipios de San Luis Potosí: Vanegas, Cedral, Cerritos, Guadalcazar, Ciudad Fernández, Río Verde, San Cirio de Acosta, Lagunillas, Santa Catalina, Rayón, Cárdenas, Alaquines, Ciudad del Maíz, Ciudad Valles, Tamasopo, Aquismon, Axtla de Terrazas, Tamazunchale, Huehuetlan, Tamuin, Tancahuitz, Tanlajas, San Antonio, Coxcatlan, Tampamolon, San Vicente Tancuayalab, Ébano, Xilitla, Tampacan, Tanquian de Escobedo y los municipios de Veracruz: Pánuco, Tempoal de Sánchez, Pueblo Viejo, Tampico Alto, Ozuluama de Mascareñas, El Higo y Huayacocotla.
Por lo expuesto, me permito proponer ante esta Soberanía el siguiente punto de acuerdo por obvia y urgente resolución:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión:
Exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, a la Comisión Nacional del Agua; a la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que rectifiquen y hagan todo lo pertinente para evaluar de manera correcta y constante las condiciones climatológicas de la región norte de Veracruz, sobre todo ante los cambios inminentes que irremediablemente nos está trayendo el cambio climático global y el fenómeno del Niño y se modifique la aplicación de la Tarifa 1B y sea cambiada a la Tarifa 1C la cual es la más apegada a las condiciones climatológicas que prevalecen en estos Municipios del norte de Veracruz: Pánuco, Tempoal de Sánchez, Pueblo Viejo, Tampico Alto, Ozuluama de Mascareñas, El Higo y Huayacocotla, y El Ébano en San Luis Potosí; y una vez hecho lo anterior se remita el acuerdo correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para publicación y se ejecute conforme a la Ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica, su Reglamento y el Manual de Servicios al Público en el artículo 30.
En esa medida se brindará un apoyo justo y muy necesario a las familias y al desarrollo económico de la Región Norte del Estado de Veracruz.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2015.
Diputados: Sofía del Sagrario de León Maza, Érick Alejandro Lagos Hernández, Alberto Silva Ramos, María del Carmen Pinete Vargas, Heidi Salazar Espinoza, Adolfo Mota Hernández, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Marco Antonio Aguilar Yunes, Antonio Tarek Abdala Saad, Lillian Zepahua García, Jorge Alejandro Carvallo Delfín, Carlos Federico Quinto Guillén, Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo, Fidel Kuri Grajales, José Luis Saenz Soto, Javier Octavio Herrera Borunda, Adriana Sarur Torre, Miguen Ángel Sedas Castro, Edgar Spinozo Carrera, Cirilo Vázquez Parissi (rúbricas)
Anexo
Descripción.
Las tarifas se identifican opcionalmente por su número o letra(s) y sólo en los casos en que sea preciso complementar la denominación; delante de su identificación se escribirá el título de la respectiva tarifa.
Efemérides
Con motivo del 22 de septiembre, aniversario de la inauguración de la Universidad Nacional Autónoma de México, a cargo del diputado Matías Nazario Morales, del Grupo Parlamentario del PRI
Un día como hoy es festejo y orgullo esencial en todo estudiante y académico, ya que se celebran los antecedentes tangibles de lo que hoy es nuestra Alma Mater: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La Universidad Nacional de México se creó en medio de fenómenos sociales de inicios de siglo XX, es así que durante la presidencia del general Porfirio Díaz, en los festejos del centenario de la Independencia de México, el ilustre y en ese entonces secretario de Instrucción Pública, Justo Sierra Méndez, fue promotor de la Constitución y fundación de lo que hoy es nuestra Universidad.
Cabe señalar que aunque no tenía autonomía, se debe reconocer que fue el primer paso para llegar a tenerlo, ya en 1929 se logra dicha autonomía, en la presidencia de Emilio Portes Gil.
El proyecto de Justo Sierra dio y sigue dando frutos, la UNAM siempre está en las primeras posiciones del mundo y sobretodo de Latinoamérica, ha ganado infinidad de premios, ha contribuido con investigaciones que mejoran el entorno y sigue educando a mexicanos y extranjeros.
Tenemos que estar alegres por tener a tan digna Universidad, felicidades a todos.
Muchas Gracias.
Diputado Matías Nazario Morales (rúbrica)
Con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niños y Niñas, a cargo de la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario del PVEM
Hace 200 años, el parlamentario británico William Wilberforce y un grupo de valientes activistas cambiaron la percepción pública acerca de la esclavitud y, superando una fuerte resistencia, lograron que se promulgara legislación que permitió poner fin a la trata transatlántica de esclavos.
A pesar de los logros de estos abolicionistas del siglo XIX, la esclavitud sigue estando presente entre nosotros en la actualidad.
Hoy, en todo el mundo, millones de personas, generalmente mujeres y niños, se ven atrapados en una forma de esclavitud moderna, la llamada trata de personas.
Muchas personas hemos tomado la decisión de ser abolicionistas en el siglo XXI, trabajando para que promulguen leyes y se tomen medidas a fin de liberar a las víctimas de la trata y erradicar un delito que nos debe avergonzar a todos por igual.
William Somerset Maugham, en su obra La servidumbre humana , señaló: “En su lucha contra el individuo, la sociedad tiene tres armas: Ley, Opinión Pública y Conciencia.”
A nivel mundial la Organización de las Naciones Unidas ha señalado el 23 de septiembre el Día Internacional de la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas. Dato erróneo, es el 30 de julio, revísalo bien por favor.
De acuerdo al Protocolo de Palermo, la trata de personas se presenta cuando una persona promueve, solicita, ofrece, facilita, consigue, traslada, entrega o recibe, para sí o para un tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral, el engaño o el abuso de poder, para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes.
Adicionalmente, no debemos perder de vista que la trata de personas es un problema mundial y uno de los delitos más vergonzosos que existen, ya que priva de su dignidad a millones de personas en todo el mundo.
Los tratantes engañan a mujeres, hombres y niños de todos los rincones del planeta y los someten diariamente a situaciones de explotación. Si bien la forma más conocida de trata de personas es la explotación sexual, cientos de miles de víctimas también son objeto de trata con fines de trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos.
Sin duda con armas como la Ley, la opinión pública y la conciencia, daremos visibilidad a las personas de todas las edades, condición social, raza, nacionalidad que hoy por hoy son víctimas de la trata y tráfico de personas.
Finalmente, las y los diputados del Partido Verde Ecologista de México, hacemos nuestras las palabras del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon en su mensaje del 13 de julio de 2015:“Todos los países deben aunar esfuerzos para superar esta amenaza transnacional apoyando y protegiendo a las víctimas sin dejar de perseguir y enjuiciar a los delincuentes. Tomemos la decisión de actuar de común acuerdo en nombre de la justicia y la dignidad para todos.”
México, sin duda, ha dado pasos importantes en el combate y erradicación de la trata de personas, tales como la firma del Protocolo de Palermo y los convenios modificatorios del mismo, entre otros instrumentos internacionales.
En consecuencia, en los últimos 10 años hemos creado todo un marco legal de prevención, protección a las víctimas de trata y sanción a delincuentes.
Como botón de muestra, actualmente existe la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y en cada uno de los 31 Estados y en el Distrito Federal se han creado los ordenamientos legales en esta materia.
De igual forma, se han modificado los Códigos Penales Federal y Estatales, así como el del Distrito Federal, sancionando la trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual, tal y como lo establece el Protocolo de Palermo.
Respecto al tema de la prevención de la trata y tráfico de personas, en México, actualmente contamos con el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar, Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos, el cual fue publicado el 30 de abril del año 2014.
Entre los objetivos de este programa se encuentran: “realizar estudios e investigaciones en los sectores público, social y privado, que permitan conocer las causas y contexto del delito para prevenir y erradicar la trata de personas”.
En dicho programa se establece entre otras líneas de acción:
- La necesidad de elaborar un diagnóstico nacional del delito.
- Elaboración del perfil delincuencial de los tratantes que permita sustentar la prevención del delito.
- Enriquecer las políticas públicas y estrategias de persecución de los delincuentes.
- Enriquecer las políticas públicas y estrategias de persecución del delito.
- Elaboración de un mapeo georreferencial que permita identificar las particularidades e incidencia de la trata en el territorio nacional.
Las acciones referidas, han dado sus primeros frutos, prueba de ello es que México, cuenta con:
a) Un diseño e implementación de un sistema eficiente y ágil para la búsqueda de personas desaparecidas.
b) Contamos con un sistema de monitoreo de los contenidos en medios de comunicación para evitar que se promuevan conductas vinculadas a la trata de personas.
c) Existe un código de conducta entre los medios de comunicación a través del cual se comprometan a no difundir anuncios que fomenten la trata de personas.
d) Existen campañas sobre la no tolerancia del delito, la sanción y el repudio a los tratantes y consumidores, principalmente en contra de la pornografía, prostitución forzada, explotación sexual y laboral, y las diversas conductas y riesgos de la trata de personas.
e) Se están dando los primeros pasos para implementar actividades de prevención y de denuncia del delito de trata de personas en escuelas públicas y privadas.
f) Se está trabajando en el establecimiento de mecanismos de participación conjunta con medios de comunicación para impulsar el rechazo social hacia la explotación sexual y laboral, así como prostitución, tráfico ilícito de personas y demás conductas vinculadas con la trata de personas.
Así, en el 2012 el Sistema de Alerta Roja refiere que los principales Estados de la República Mexicana de destino de trata interna son: Distrito Federal, Chiapas, Puebla, Morelos, estado de México, Oaxaca, Baja California, Hidalgo y Tabasco.
La mayoría de las víctimas de trata en nuestro país son nacionales. Sin embargo, la trata de personas también está asociada con la población migrante y refugiada. Algunas personas que cruzan la frontera son un blanco fácil del crimen organizado, el cual utiliza mecanismos ilegales de control que van desde la retención de pasaportes o documentos de identidad, substracción de dinero, imposición de deudas por transporte, alimentación, alojamiento y otras necesidades básicas, hasta amenazas de informar su condición migratoria irregular a las autoridades, sometimiento a través del abuso físico y mental, incluyendo golpes, uso forzoso de estupefacientes, encierro y hambre, circunstancias que presentan un riesgo de muerte.
Por lo que hace al tema de denuncia y detención de delincuentes, podemos señalar como líneas de trabajo ejecutadas desde el Gobierno Federal, los Gobiernos de algunos Estados y del Distrito Federal, entre otros:
• Creación y promoción por parte de la Procuraduría General de la República y de algunos Estados, de las ciber-policía y de sitios de Internet para denunciar páginas Web que ofrezcan servicios de prostitución, pornografía infantil y demás delitos conexos, vinculando a las redes sociales.
• La integración de una base de datos sistematizada y homologada sobre los servicios de atención otorgados a las personas en situación de trata, que permitan darle un seguimiento a su condición jurídica, atención, tratamiento y ubicación.
• La creación de Fiscalías especializadas en víctimas de Trata de personas, así como de refugios especializados para la atención no solo de las personas que han sufrido trata sino también de sus familiares.
En consecuencia, datos de las autoridades federales, al año 2013 señalan que: la Fiscalía a cargo de la Procuraduría General de la República, cuenta con 28 agentes del Ministerio Público de la Federación, con oficinas en el Distrito Federal y oficinas regionales en los estados de Chihuahua, Veracruz y Chiapas para la atención de los delitos de su competencia.
En materia de procuración e impartición de justicia, las acciones para la investigación y sanción del delito de trata de personas. En cuanto al procedimiento de averiguación previa, se iniciaron 69 de ellas en 2011, 72 en 2012, y 54 en el primer semestre de 2013. Sin embargo, el número de sentencias condenatorias corresponde sólo a 2 personas como responsables por la comisión del delito, acreedoras a pena privativa de libertad. Es decir, de 195 averiguaciones previas iniciadas en dos años y medio, sólo el 1.024% derivaron en sentencia condenatoria.
Sin duda, se han dado los primeros pasos, pero aún falta mucho por trabajar, en el tema de la prevención y eficaz sanción, pues la persecución penal de la comisión de estos delitos requiere, para combatir eficazmente la impunidad, de un impulso renovador que permita mejorar los niveles de denuncia, así como el número y la calidad de las investigaciones, cuyo efecto permita, en plazos razonables y el adecuado procesamiento de los delitos y eventuales sentencias condenatorias.
Diputadas y diputados, la complejidad del problema de la trata de personas deriva no sólo de diversas conductas, medios y fines de su comisión, sino muy especialmente del entramado de condiciones que ponen en riesgo a un número considerable de la población de un país que, como México, está abriéndose paso hacia el desarrollo y el progreso humano, y a pesar de que se han realizado esfuerzos sustanciales, aún son insuficientes para estabilizar y extender su desarrollo financiero, lo que le impide elevar la calidad de vida de mayores sectores de su población.
Debemos reconocer que la desigualdad que persiste en el país no permite garantizar a la población los derechos sociales como el acceso universal a los servicios de salud, educación, vivienda y trabajo, condicionando las oportunidades de bienestar personal, familiar y consecuentemente social; sin embargo, esto no puede seguir siendo, ni ser justificación para que millones de mujeres, jóvenes y niños sean utilizados para la trata de personas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre del 2015.
Diputada Sara Paola Galico Félix Díaz (rúbrica)
Con motivo del Día Internacional de la Paz, a cargo de la diputada Sasil Dora Luz de León Villard, del Grupo Parlamentario del PVEM
Al estudiar la historia escrita la encontramos marcada de periodos de crisis y conflictos, de violencia y de guerra, en síntesis, las relaciones entre naciones se dan alrededor de una estructura que se califica de anárquica, lo que origina que las relaciones internacionales se lleven a cabo en un contexto de conflictividad.
A partir de la Revolución Industrial las costumbres bélicas empezaron a cambiar, debido en gran parte al desarrollo de los avances tecnológicos impulsados por el acero, el carbón y la química.
Por lo anterior, observamos pues, que en la primera guerra mundial se empezó a utilizar el tanque, los aviones, las armas químicas y los submarinos; en la segunda guerra mundial las zonas donde se libraban las batallas incluía a las zonas pobladas afectando terriblemente a la población civil, dejando tras de sí un sinnúmero de refugiados y un gran sufrimiento humano.
Después de presenciar los horrores de las dos guerras mundiales, la comunidad internacional propuso la creación de una entidad supranacional que regulara las relaciones internacionales entre los Estados.
Conscientes de que la paz constituye una de las grandes aspiraciones de la humanidad y que la responsabilidad de lograrla y mantenerla es universal, se reunieron en 1945 representantes de 50 países en San Francisco en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, para redactar la Carta de las Naciones Unidas.
En la Carta de las Naciones Unidas se estableció en su artículo primero, que uno de los propósitos principales de la ONU es el de mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias.
Paradójicamente la Organización de las Naciones Unidas, cuyo principal objetivo es el mantenimiento de la paz mundial, depende a su vez del Consejo de Seguridad, cuyo núcleo duro está integrado por Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y China, países que casualmente son los mayores fabricantes y exportadores de material bélico en el mundo y los que mayor dinero destinan al sector militar.
La industria armamentista es en gran medida culpable de la multiplicación de los conflictos armados, 74 de los 100 mayores fabricantes de armamento se localizan en los Estados Unidos y Europa Occidental, que generan el 90 por ciento de las ventas en este sector.
A ciento un años del inicio de la Gran Guerra, las similitudes del mundo actual con aquella época inquietan: proliferan ideologías extremistas, furias nacionalistas y ambiciones imperialistas.
Las constantes en el escenario internacional están lejos de ser la paz y la estabilidad, por el contrario, el mundo en la actualidad es escenario de conflictos con raíces políticas, étnicas, religiosas, sociales y económicas que en la mayoría de los casos desembocan en violentas crisis.
Aunque no existe ninguna guerra activa declarada oficialmente entre diferentes Estados, el mundo atestigua al menos diez grandes conflictos armados, que nos recuerdan que al igual que 100 años atrás, el orden internacional vigente se despedaza.
En una suerte de revanchismo Rusia se anexa a Crimea y la violencia estalla en el este de Ucrania. En Irak, el radicalismo islámico vuelve a resurgir y estrecha lazos formando el grupo autollamado Estado Islámico. La Franja de Gaza una vez más, sangra y arde. La cruel guerra civil en Siria lleva más de cuatro años sin tregua.
Se trata de conflictos de baja intensidad pero de larga duración los cuales no respetan en absoluto los principios del Derecho Internacional Humanitario y expulsan a una gran cantidad de refugiados, los cuales buscan escapar de las atrocidades de la guerra para darles a sus familias un futuro digno.
Ian Bremmer, presidente del grupo Eurasia, elaboro el término “mundo G-0”, para explicar el orden global en el que vivimos. “Estamos en un mundo en el que ningún país o grupo de países puede o quiere asumir un liderazgo mundial”, lo anterior permite que guerras civiles como la de Siria siga segando miles de vidas sin que la comunidad internacional quiera o pueda hacer algo.
El Día Internacional de la Paz, el cual se celebra cada 21 de septiembre, es una ocasión para reflexionar, un día en el que reiteramos que creemos en la no violencia e instamos a que cesen las hostilidades a nivel mundial.
Este año, el lema es “Alianzas para la paz, dignidad para todos”, a fin de resaltar la importancia de que todos los grupos sociales debemos trabajar juntos para lograr la paz.
Por lo tanto hacemos votos porque este Día Internacional de la Paz, nos comprometamos a enseñar a nuestra familia el valor de la tolerancia y el respeto mutuo; invirtamos en las escuelas y los maestros que construyan un mundo justo e inclusivo que abrace la diversidad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2015.
Atentamente
Diputada Sasil Dora Luz de León del Villard
Con motivo del 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz, a cargo de diversas diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena
“La forma más estúpida de acabar con lo mejor de una sociedad es la guerra.”
Abel Pérez Rojas
El Día Internacional de la Paz fue establecido en 1981, por la Asamblea General de la Naciones Unidas, sin embargo y pese a numerosos esfuerzos por conciliar la paz mundial, en la actualidad tenemos frente a nosotros un mundo cuyo rostro se encuentra caracterizado por los crímenes de guerra, los desplazados, la venta indiscriminada y tolerada de armamento, etcétera; las redes sociales nos exponen de una manera muy natural y sin tregua alguna la muerte de inocentes.
¿Pero qué hay detrás de la guerra y de una retórica promesa de paz?
Para darnos una idea, en la actualidad hay 22 países en guerra, mientras que el número de niños soldado que participa en ellas ronda más de 300 mil, según datos de la Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
El Instituto de Investigación de la Paz de Estocolmo (SIPRI) resume en su anuario de 2013, que las ventas mundiales de armas y servicios militares de las 100 mayores empresas de armamento y equipamiento bélico, fue de 465.770 millones de dólares en 2011, versus los 411 mil millones de dólares en 2010, lo que representó un aumento de 14 por ciento. Desde el año 2002, las ventas de las 100 mayores empresas productoras de armas y equipamiento bélico han aumentado en 60 por ciento, confirmando que estas empresas están lejos de sufrir los impactos de la crisis financiera, que ha sacudido al mundo, lo que convierte a este negocio en uno de los más lucrativos y rentables, cuyo destino final es la franca y letal muerte de seres humanos.
En el mundo y producto de las guerras actualmente 60 millones de personas en el planeta han sido desplazados de sus países, según Antonio Gutiérrez, Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, de los cuales la mayor parte son mujeres y niños.
Por tradición, las guerras siempre responden a los intereses de los países desarrollados, cuya intención es simple, apropiarse de los recursos energéticos y económicos, controlar el comercio internacional, además de conseguir un dominio geoestratégico de zonas donde se concentran reservas importantes de petróleo, gas, uranio, oro, diamantes, etcétera.
El negocio radica en alimentar los conflictos religiosos y sociales, destruyendo estados y ejércitos, para después controlar a los gobiernos, a través de la incursión de empresas transnacionales y cogobiernos seudodemocráticos.
Así, el objetivo de la guerra parece ser la acumulación desmedida de capital y la polarización de la sociedad.
En el plano del derecho internacional, éste se encuentra tristemente minimizado y caricaturizado por el espionaje y el soborno, y por otro lado la inmunidad que se les otorga a los países que han cometido serios crímenes de guerra. Recordemos el conflicto en Gaza, donde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Amnistía Internacional encontraron culpable a Israel de haber cometido crímenes de guerra, sin haber sanción alguna.
En México, la guerra parece ser de otra latitud; ciertamente nuestro concepto de guerra está ligado al narcotráfico y alrededor de 22 tipos de delitos económicos que subyacen de esta guerra que parece ser interminable; en la lista de los delitos se incluyen el tráfico de armas, el tráfico de personas, la explotación sexual de mujeres y niños, el secuestro, etcétera. Temas donde nuestro país mantiene los nada honrosos primeros lugares, situación que pone al descubierto el verdadero rostro de nuestro país que ciertamente no está en guerra con ningún país, pero que convulsiona por dentro.
Terminar con la guerra en nuestro país es construir una ciudadanía crítica, libre y con la capacidad de elegir. El camino hacia la paz que requiere nuestro país, tiene que ver con generar las condiciones para vivir en armonía, transitar sin obstáculos y sin miedos, pero sobre todo respetar la voluntad del pueblo.
Concluir con la guerra en México tiene que ver con fortalecer el tejido social y profundizar nuestras políticas de alto impacto, para evitar que el futuro de las generaciones que están creciendo les sea arrebatado.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2015.
(Rúbrica)
Con motivo del Día Mundial sin Automóvil, que se celebra el 22 de septiembre, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena
La celebración de este día es con el objetivo de frenar el uso del automóvil, impulsar el transporte público como medio alternativo y hacer conciencia sobre las diversas problemáticas que trae consigo el uso del automóvil en lo social, la salud y el medio ambiente.
Asimismo, sobre el uso de otros medios no contaminantes como la bicicleta, el transporte público y el caminar si es que nuestro destino es cercano. Todo esto sumado genera una mejor calidad de aire en las comunidades y nuestro estado de salud.
En México existe un vehículo por cada cuatro mexicanos, mientras que en lugares como los Países Bajos o Suecia, hay un vehículo por cada 48 ciudadanos.
En la Ciudad de México el auto moviliza el 28 por ciento de los viajes pero ocupa el 90 por ciento del espacio vial. El 70 por ciento de esos viajes se hacen con un solo pasajero. Solo el 1 por ciento de los viajes se hacen en bicicleta.
La crisis energética, el cambio climático, la pandemia de sobrepeso y obesidad que sufre nuestro país, así como las crisis urbanas de contaminación, ruido, tráfico y estrés producidas por el desarrollo centrado en el automóvil, nos obligan a cambiar de paradigma urbano y empezar a invertir en un desarrollo urbano sustentable y una movilidad no motorizada
Reconozcamos en este día, la necesidad de desincentivar el uso del automóvil, viendo que su uso a gran escala está produciendo daños en el medioambiente, en esta jornada hacemos un llamado a los ciudadanos a dejar este medio de transporte por un día y probar nuevos medios de desplazamiento.
Actualmente existen muchos grupos que buscan promover el uso de otros medios de transporte como la bicicleta; ésta no solo es el invento más longevo de la historia contemporánea, es también el medio de transporte más civilizado de todos, dado que no contamina, no ocupa mucho lugar y contribuye con nuestra salud.
Asimismo, la bicicleta para muchos, ha sido una herramienta indispensable para desarrollar su trabajo, o para transportarse de un lugar a otro, uniendo comunidades aisladas y de esta manera manteniéndolas comunicadas. Se calcula que existen más de 20 millones de bicicletas en México.
A diferencia del automóvil, la bicicleta es un vehículo versátil que permite a las personas incorporar el ejercicio físico a su vida cotidiana. La mayor parte del territorio nacional cuenta con condiciones topográficas y climáticas que permiten usar la bici a lo largo de todo el año.
México sería otro si más ciudadanos usáramos con mayor frecuencia la bicicleta, para movilizarnos al trabajo o a la escuela, para ir de compras o por recreación. No mandaríamos tóxicos a la atmósfera. Tendríamos más dinero en nuestros bolsillos. Seríamos más sanos y fuertes.
La bicicleta es fácil de adoptar por las personas de todas las edades y en todos los lugares, pero evidentemente falta infraestructura que garantice la seguridad de los ciclistas. Leyes y Reglamentos que los protejan. Programas sociales que faciliten la adquisición de bicicletas y una educación que permita, desde la niñez, asumir el buen hábito de utilizarla. Eso y la promoción mediática que dé a la bicicleta su justo valor.
La gran mayoría de las personas son conscientes, no sólo de los efectos negativos del uso del automóvil sino que también ya gozan de los beneficios de usar la bicicleta.
Andar en bicicleta es una de las formas más económicas y accesibles de movilidad. Impulsar su uso ofrece la posibilidad de transformar al país en un lugar saludable, sostenible, equitativo y competitivo. La bicicleta es una opción de movilidad democrática, equitativa, ecológica y saludable.
Contribuyamos todos para vivir mejor, sociedad y gobierno; el gobierno, construyendo la infraestructura y la seguridad vial que se requieren, y nosotros comprometiéndonos con el uso de medios de transporte alternos como la bicicleta, como lo hacen hoy en día millones de mexicanos.
Cuidemos el planeta, nuestra salud y nuestra economía, promovamos el uso de la bicicleta.
Muchas Gracias
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2015.
Atentamente
Diputado Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica)
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