Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4363-I, martes 15 de septiembre de 2015
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Comunicaciones oficiales
De la Junta de Coordinación Política, por la que informa sobre la designación de un integrante del Grupo Parlamentario de Morena como consejero del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
México, Distrito Federal, a 10 de septiembre de 2015.
Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva
Presidente de la Mesa Directiva
Honorable Cámara de Diputados
Presente
Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo establecido por el artículo 36 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito informarle que el Grupo Parlamentario de Morena ha designado al diputado Rodrigo Abdalá Dartigues como consejero propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Reciba un cordial saludo.
Luis Molina Robles (rúbrica)
Secretario Ejecutivo
De la Cámara de Senadores, por la que remite proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Cámara de Diputados a efecto de que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016 se consideren y destinen recursos para construir un distribuidor vial en Baca, Yucatán, suscrita por el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN
México, DF, a 8 de septiembre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a efecto de que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016 se consideren y destinen recursos para la construcción de un distribuidor vial en Baca, Yucatán.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
El suscrito, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, senador de la república por Yucatán e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Considerandos
Los municipios de Yucatán requieren hoy más que nunca el fortalecimiento de las comunicaciones, incluidas la construcción y modernización de la infraestructura carretera, para facilitar el traslado de productos y servicios, así como hacer eficiente y sobre todo seguro el tránsito de las personas.
Una de las obras de la infraestructura civil que en tiempos modernos es responsable del crecimiento sin precedente del desarrollo socioeconómico de un estado y de la calidad de vida es su sistema de infraestructura carretero. La infraestructura vial, incluidos puentes y todo el mobiliario, tanto en el entorno urbano como en el rural, ha ido evolucionando con un énfasis inicial en movilidad con sus autopistas, carreteras y accesibilidad con sus conexiones y calles locales hasta convertirse hoy en un sistema integrado compartido, el cual tiene como propósito atender las necesidades de los peatones, ciclistas, motoristas y personas con impedimento en un ambiente seguro para todos.
Sin embargo, la seguridad vial es uno de los problemas que presenta la infraestructura carretera del país, pues cerca de 60 por ciento de los tramos existentes se construyeron hace más de 40 años, con criterios de diseño, especificaciones y materiales diferentes de los exigidos hoy, aunado al crecimiento demográfico y, por ende, a las exigencias actuales de circulación y seguridad. También el volumen de tránsito que circula actualmente por la red federal es mucho mayor que el previsto en su diseño original. Basta mencionar que el porcentaje de vehículos pesados se ha incrementado hasta en 50 por ciento en algunos tramos.
Por ello, aun con todos los adelantos tecnológicos para reducir la severidad de choques y salvar vidas, lamentablemente en el país y en concreto en el estado el número de muertes por accidentes carreteros ha ido en aumento, muchas veces por el mal estado de la infraestructura, la falta de accesos seguros a vías rápidas, o bien, su mala planeación.
De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes, de 2007 a la fecha se tienen registradas más de 2 mil 20 muertes como consecuencia de accidentes de tránsito en Yucatán. Las alarmantes cifras requieren una acción concertada y estratégica del gobierno, en combinación con la sociedad civil, para contrarrestar esta crisis que afecta a todas las familias y futuras generaciones.
Para el caso concreto de Yucatán, varias carreteras requieren modernización o ampliación; y por su localización, de realizarse las mejoras respectivas repercutirán en mayor seguridad vial para conductores y población en general.
Ése es el caso que se presenta recurrentemente en la región centro-norte del estado, en específico en Baca, Yucatán, municipio que queda comprendido entre los paralelos 21° 05’ y 21° 11’ de latitud norte y los meridianos 89° 22’ y 89° 27’ de longitud oeste, el cual limita al norte con Motul, al sur con Yaxkukul, al este con Motul y al oeste con Mocochá.
Ya que sobre la carretera federal número 176 (Mérida-Motul) en el entronque que comunica la población de Baca con la comisaria de la misma localidad, llamada Tixkuncheil, y a su vez ésta con Yaxkukul, en los últimos 4 años se han registrado innumerables accidentes de tránsito, dejando más de 97 personas fallecidas y familias desamparadas. En lo que va de 2015, los accidentes de tránsito en ese punto carretero han ocasionado más de 13 muertos, de acuerdo con reportes de la Policía Federal.
Ese tramo carretero se ha convertido en un entronque de gran peligrosidad, pues no hay un puente vehicular de incorporación y cruce de la carretera Mérida-Motul, y por sus características de vía rápida ha generado impactos fatales.
Los accidentes en su mayoría se pueden prevenir; sin embargo, se requieren disposición y atención de las autoridades competentes para brindar una solución, que si bien requiere una inversión económica, ésta es muy mínima en comparación con el beneficio y la seguridad que generará en la población de las 15 localidades y cabecera municipal de Baca.
El tema no es actual, pues en los dos últimos años se han realizado por el presidente municipal diversas gestiones ante autoridades estatales y federales en pro de la construcción de este puente. Sin embargo, éstas no han tenido la sensibilidad para considerar prioritaria esta problemática. Por ello es ineludible y urgente apoyar a la población y estados a los cuales representamos.
Por todo lo anterior es necesario que se asignen a las entidades o instancias competentes recursos económicos suficientes para que en el ejercicio fiscal de 2016 se construya un distribuidor vial en el entronque de la carretera federal número 176 (Mérida -Motul), kilómetro 20+800, que comunica Baca con la comisaria de la misma localidad, llamada Tixkuncheil, y a su vez ésta con Yaxkukul, Yucatán.
En virtud de lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 se consideren y etiqueten recursos suficientes para la construcción de un distribuidor vial en la carretera federal número 176, Mérida-Motul, en el entronque con Baca, Yucatán.
Senado de la República, a 31 de agosto de 2015.
Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica)
De la Cámara de Senadores, por la que remite proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a efecto de que en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016 se fortalezcan las ampliaciones presupuestales para el rubro de grupos vulnerables, suscrita por las senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, Cristina Díaz Salazar, Anabel Acosta Islas, Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PVEM
México, DF, a 8 de septiembre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a usted que, en sesión celebrada en esta fecha, las senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, Cristina Díaz Salazar, Anabel Acosta Islas, Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el dictamen que realice sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se fortalezcan las ampliaciones presupuestales para el rubro de grupos vulnerables.
La presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, Cristina Díaz Salazar, Anabel Acosta Islas, Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrante del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables presentamos ante esta Soberanía, una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirma que entre las personas más pobres del mundo, una de cada cinco es una persona con discapacidad. A su vez, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que cerca del 60 por ciento del total de las personas con discapacidad en edad de trabajar están desempleadas y que la tasa de participación económica en la población con discapacidad es sólo del 25 por ciento.
De acuerdo con el Censo de 2010, en ese año México tenía 10´612,489 personas mayores de 60 años, lo que representó el 6.1 por ciento de la población total. La dinámica poblacional y económica obliga a hacer con carácter de urgente las previsiones de las que alerta la curva demográfica, como es el hecho de que diariamente 800 personas pasan a formar parte del sector de población de mayores de sesenta años. Según estimaciones del Consejo Nacional de Población, para el año 2015 habrá 15 millones de adultos mayores y para el 2050 sumarán 42 millones.
Se calcula que más de la mitad de las personas con discapacidad en nuestro país no recibe ingresos y que casi el 20 por ciento percibe menos de un salario mínimo. Por otro lado, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, las personas con discapacidad ocupan el tercer lugar como grupo social que se siente más desprotegido y el segundo lugar como grupo social más discriminado.
En este grupo poblacional encontramos una situación multifactorial que deteriora su calidad de vida en prácticamente todas las áreas, especialmente en los ámbitos sanitario, económico, educativo, alimenticio, psicológico, social y familiar.
En resumen, más de 55 millones de mexicanas y mexicanos son permanente y sistemáticamente vulnerables o vulnerados, y el Estado tiene la obligación de destinar los recursos necesarios para corregir las desigualdades y para establecer las condiciones para la igualdad y la equidad, especialmente en aquellas materias más básicas y necesarias como la salud o la alimentación y en aquellas otras indispensables para su desarrollo como es la educación y el trabajo.
2. El Presupuesto de Egresos tiene una relación directa con el bienestar social, en la medida que corrige vacíos que las fuerzas libres del mercado no atienden, al disponer de subsidios para la población que no puede acceder a los bienes y servicios necesarios para cubrir sus necesidades, además que incentiva la generación de empleos y, a su vez, el crecimiento y el desarrollo.
Además tiene una gran relevancia desde el punto de vista social; y en el caso de los grupos vulnerables es todavía más patente, debido a las condiciones de desventaja en las que se encuentran en prácticamente todas las esferas de la vida, así como por su dimensión dentro de la totalidad de la población nacional. Al estudiar el peso cuantitativo y la situación por la que atraviesan día con día los tres principales grupos en situación de vulnerabilidad, nos encontramos que:
En 2010 había en nuestro país 39’226,948 niñas y niños menores de 18 años de edad, lo que representó el 34.91 por ciento de la población total, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). El 51 por ciento son niños y 49 por ciento niñas.
Los problemas más comunes que ponen el riesgo el desarrollo y el cumplimiento de los derechos de la niñez, son: la explotación sexual infantil; los problemas derivados de una alimentación inadecuada como la desnutrición, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria, el embarazo adolescente; así como otras circunstancias que agravan la vulnerabilidad como la orfandad, situación de calle, las enfermedades crónicas y la migración.
En lo que concierne a las personas con discapacidad, según el Censo de 2010, en México 5’739,270 personas viven con discapacidad, lo que representa el 5.1 por ciento de la población total.
3. Por ello, es necesario que los recursos públicos destinados a la población en condiciones de vulnerabilidad se establezcan con claridad en el presupuesto de egresos, no solo para identificar las materias a las que se les asignan los mismos, sino especialmente para conocer su variación anual y tendencia, y de esta forma cuidar que no disminuyan, sino que por el contrario se incrementen, debido a la situación de desventaja que generalmente padecen los grupos vulnerables en nuestro país.
Las reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2012, obligan a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se plasme el monto de los recursos que se asignarán a los siguientes rubros: Igualdad entre Mujeres y Hombres; Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas; Desarrollo de los Jóvenes; Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; Atención a Grupos Vulnerables; y los Recursos para la Mitigación de los efectos del Cambio Climático.
De forma más específica, los artículos 2 y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, señalan que el Presupuesto de Egresos de la Federación incluirá anexos transversales; en los cuales se contemplen las previsiones del gasto destinado a obras, acciones y servicios vinculados con el desarrollo de los sectores y áreas mencionados, dentro de los cuales se encuentran los Grupos Vulnerables.
Finalmente, el último párrafo del artículo 58 de esta misma Ley establece que no se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios, ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; las erogaciones correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas y la Atención a Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos establecidos en la presente Ley y con la opinión de la Cámara de Diputados.
El hecho de que se etiqueten los recursos para los grupos vulnerables es un gran logro digno de reconocerse; sin embargo, también resulta de lo más necesario que en las ampliaciones de recursos que realizan los diputados, se fortalezcan las asignaciones para la atención de los grupos vulnerables.
Con base en lo anteriormente expuesto y en razón que la Cámara de Diputados ejerce con plenitud su facultad exclusiva de aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, tal como lo establece la Fracción IV del Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita respetuosamente a la Presidencia de esta H. Cámara de Senadores que sea turnada a la Cámara de Diputados la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Dictamen que realice sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se fortalezcan las ampliaciones presupuestales para el rubro de Grupos Vulnerables a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad; asimismo, se exhorta a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados para que vigile que en el proceso de aprobación del Presupuesto se logre dicho fortalecimiento presupuestal.
Salón de sesiones del Senado de la República, a 8 de septiembre de 2015.
Senadoras: Hilda Esthela Flores Escalera (rúbrica), Lilia Guadalupe Merodio Reza(rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Itzel Sarahí Ríos de la Mora (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar, Anabel Acosta Islas (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale, María Elena Barrera Tapia (rúbrica).
De la Secretaría de Gobernación, con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la creación de la Universidad de la Energía, en Villahermosa, Tabasco
México, DF, a 4 de septiembre de 2015.
Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número DGPL 62-II-5-2792 signado por el diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 100.DGVI.327/15 suscrito por el ingeniero Ismael Orozco Loreto, director general de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Energía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a impulsar la creación de la Universidad de la Energía en Tabasco, como una institución de investigación y formación de profesionales relacionados con campos del conocimiento para el aprovechamiento y desarrollo de la energía, desde tres ámbitos de su estudio y aplicación, a saber: el subsuelo, el suelo y la atmósfera en Tabasco, con recursos compartidos para su ejecución y función.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica)
Subsecretario
México, DF, a 3 de septiembre de 2015.
Licenciado Felipe Solís Acero
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
Presente
Por este medio, me permito hacer referencia a su atento oficio SELAP/UEL/311/786/15, por medio del cual se solicita la opinión de esta dependencia al acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el martes 28 de abril pasado, mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a Petróleos Mexicanos para que impulsen en conjunto la creación de la Universidad de la Energía en Tabasco, como una institución de investigación y formación de profesionales relacionados con campos del conocimiento para el aprovechamiento y desarrollo de la energía desde tres ámbitos de su estudio y ampliación, saber el subsuelo, el suelo y a la atmósfera en Tabasco, con recursos compartidos para su ejecución y función.
Sobre el particular, adjunto al presente la opinión emitida por Petróleos Mexicanos a dicho punto de acuerdo.
Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.
Atentamente
Ingeniero Ismael Orozco Loreto (rúbrica)
Director General
México, DF, a 20 de julio de 2015.
Doctora María de Lourdes Melgar Palacios
Subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía
Presente
En atención al oficio de fecha 4 de mayo de 2015, número 500.-231/2015, el cual alude al oficio de fecha 29 de abril de 2015, SELAP/UEU311/786/15, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en sesión celebrada el 22 de abril de 2015, relativo a:
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de Educación Pública y a Petróleos Mexicanos, para que impulsen en conjunto la creación de la Universidad de la Energía en el estado de Tabasco, como una institución de investigación y formación de profesionales relacionados con campos de conocimiento para el aprovechamiento y desarrollo de la energía, desde tres ámbitos de su estudio y ampliación, a saber: el subsuelo, el suelo y la atmosfera en el estado de Tabasco, con los recursos compartidos para su ejecución y función. ...
Al respecto y para todos efectos a que haya lugar, me permito señalar lo siguiente:
Petróleos Mexicanos apoya el desarrollo de las comunidades localizadas en las zonas petroleras bajo el esquema de donativos (en efectivo) y donaciones (en especie). Los donativos se destinan principalmente al fortalecimiento de infraestructura, vivienda y servicios; proyectos productivos, salud y asistencia social, y capacitación. Las donaciones se destinan fundamentalmente a infraestructura y transporte.
La normativa para el otorgamiento de donativos y donaciones se denominan “Criterios y Lineamientos en Materia de Donativos y Donaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios”, que tienen por objeto regular el análisis, opinión, autorización, documentación, otorgamiento y seguimiento de donativos y donaciones que efectúen Pemex, mismo que se pude consultar en la siguiente liga:
http://www.pemex.com/responsabilidad/social/inversion_s ocial/Documents/Acuerdos_836_ordinarla.pdf.
De esta normatividad se desprende, entre otros puntos, que el peticionario que se ubique dentro de los estados considerados como prioritarios para Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, deberá presentar su petición de donativo o donación a Pemex.
Las peticiones de donativos o donaciones de productos petrolíferos deberán estar dirigidas al director general de Pemex, por otra parte, las donaciones de bienes muebles e inmuebles podrán estar dirigidas al propio director general de Pemex y al director general del organismo subsidiario de que se trate, debiendo marcar copia a la Gerencia Responsabilidad y Desarrollo Social.
Se dará prioridad a las peticiones de donativos y donaciones que tengan efectos directos en las zonas en que está asentada y desarrolla sus actividades Pemex.
Esperando que la información proporcionada en el presente oficio le sea de utilidad, quedamos a sus órdenes.
Atentamente
Licenciada Rosa Brindis Alvarez (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
De la Secretaría de Desarrollo Social, con la que remite la evaluación en materia de diseño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de 2014, y el informe final del análisis y valoración del funcionamiento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal de 2014
México, DF, a 11 de septiembre de 2015.
José de Jesús Zambrano Grijalva
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente
Con fundamento en el artículo 34, fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, y de conformidad con lo establecido en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS, y en los criterios y agenda de evaluación del FAIS, esta Dirección General coordinó en 2014 la evaluación en materia de diseño del FAIS, así como el estudio “Análisis y valoración del funcionamiento Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, FISMDF, 2014” los cuales fueron realizados por Politeia Consultores en Evaluación, SA, de CV, y por la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo, respectivamente.
Por ello y en cumplimiento a lo dispuesto en el Título Cuarto de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, remito en formato electrónico el informe final de dicha evaluación y estudio, así como las posiciones institucionales en las cuales queda asentada la opinión de la Dirección General de Desarrollo Regional –responsable del diseño y puesta en marcha de los lineamientos y criterios para la regulación y seguimiento de los recursos del FAIS– y de esta Dirección General.
Sin otro particular les envío un cordial saludo.
Atentamente
César Octavio Castellanos Galdámez (rúbrica)
Director General
Informe 1 Anexo 1 Informe 2 Anexo 2
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