Gaceta Parlamentaria, año XIX, número 4413-V, jueves 26 de noviembre de 2015
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Proposiciones de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a establecer en todas las presas del país una política de operación basada en una curva índice de elevación o de almacenamiento, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita diputada federal de la LXIII Legislatura, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita que esta honorable Cámara de Diputados que exhorte a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a establecer una política de operación en todas las presas del país basada en una curva índice, ya sea de elevación o de almacenamiento, como urgente u obvia resolución bajo los siguientes
Considerandos
Dentro del marco de atribuciones de la Conagua en su Programa Nacional Hídrico tiene, entre otros objetivos el de “incrementar la seguridad hídrica ante sequías e inundaciones”.
Una de las instancias que permiten a ese organismo descentralizado de la Semarnat cumplir con ese objetivo son los Comités Técnicos de Operación de las Obras Hidráulicas, que operan ya en algunas de las cuencas de diversas entidades del país.
La Comisión Nacional del Agua, en estos últimos meses del 2015, advirtió sobre el incremento de volúmenes de desfogue de la presa Miguel Hidalgo, Sinaloa, como medida precautoria por los altos niveles de escurrimiento que se han registrado en los últimos días en la parte alta de la cuenca del sistema Fuerte-Mayo.
Cuenca Pacifico Norte de la Conagua, dio a conocer que las presas de ese sistema hídrico del norte de Sinaloa están en constante monitoreo por los altos porcentajes de almacenamiento.
En similar situación se encuentra la ciudad de Tamaulipas, En cuanto a los niveles de las presas, existe un protocolo que marca el comité de operación de obras hidráulicas de la comisión nacional del agua en la Ciudad de México, el cual señala que las presas deben están al nivel de aguas máximas ordinarias antes del primero de junio, para permitir la liberación de agua hacia el río San Juan y hasta el río Bravo, de acuerdo con el director de la Comisión Estatal del Agua en Tamaulipas.
Asimismo el huracán patricia categoría V, provoco el pasado 24 de octubre, que la presa San Blas en el municipio de Pabellón de Hidalgo en Aguascalientes se desbordara.
Cabe decir que las comunidades de la parte baja de la cuenca del río Papaloapan en Veracruz, históricamente han sufrido inundaciones. De hecho, aún se recuerdan las ocurridas en 1944. En ese entonces no existía presa alguna para el control del caudal, y la superficie afectada fue de 470 mil hectáreas.
Inclusive, en 2010, con el Huracán Karl y la Tormenta Tropical Mathew, que ocasionaron los peores desastres de las últimas décadas, el área afectada en la Cuenca del Papaloapan ascendió a 160 mil hectáreas.
La Cuenca del Río Papaloapan comprende la región hidrológica número 28B y se encuentra ubicada en la vertiente del Golfo de México, aproximadamente en la parte media del arco que forma el litoral mexicano. El área de la cuenca se calcula de 46,517 kilómetros cuadrados y comprende territorialmente las entidades federativas de Puebla, Oaxaca y Veracruz, en la que se ubican 244 municipios y radica una población de 3.3 millones de habitantes.
El sistema fluvial del Papaloapan es el de mayor importancia en el país después del sistema Grijalva-Usumacinta, abarca aproximadamente 47 mil 448 kilómetros cuadrados de superficie correspondiendo 52 por ciento a Oaxaca, 38 por ciento a Veracruz y 12 por ciento a Puebla, cuenta con 15 sistemas hidrográficos que por, su caudal ocupa el segundo lugar el país con 47 mil millones de m3 de escurrimiento medio anual que son vertidos en la Laguna de Alvarado. Los principales afluentes de este río son: El Blanco, Tonto, Santo Domingo, Usila, Valle Nacional, Obispo, Tesechoacan y San Juan.
Precisamente, la necesidad de reducir el riesgo de inundaciones y de introducir medidas preventivas para proteger a la población y la infraestructura hidráulica de esa región, llevó a la Conagua y al Gobierno del Estado de Veracruz, a crear el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas para la cuenca del Papaloapan.
Creado en 2013 para el sistema de presas de la región Golfo centro, ese Comité Técnico ha operado “para revisar y, en su caso, ajustar colegiadamente las políticas de operación del (sistema de presas del) Río Papaloapan, en función de los elementos técnicos y escenarios de prospección climatológica, meteorológica, hidrológica e hidráulica, para mitigar en lo posible los efectos nocivos de las sequías o las inundaciones y mantener una ordenada operación del complejo hidroeléctrico”.1
En él, participan la Conagua, la Comisión Federal de Electricidad, los gobiernos de Oaxaca y Veracruz, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Instituto de Ingeniería de la UNAM y siempre que se considera necesario se invita a otros especialistas en la materia.
De la utilidad y eficacia del Comité, baste decir que desde su creación no ha habido inundaciones significativas en la región. Más aún, en 2013 año atípico por el elevado volumen de agua que significó la temporada de lluvias y ciclones tropicales, todos los ríos de Veracruz se desbordaron, excepto, precisamente, el Papaloapan.
Ello, gracias a la revisión y ajuste colegiado de parámetros de elevación o almacenamiento del agua, mediante la definición de una curva índice, calculada para cada sistema en función de la conciliación de prioridades de abasto de agua, seguridad física de la población y, en su caso, de generación de energía eléctrica.
Instituir una política de regulación de presas para todas las cuencas hidráulicas del país, implicaría que la Conagua en el ejercicio de sus funciones, implemente en cada una política de operación basada en una curva índice, tanto para elevación como para almacenamiento, en función de los escenarios de prospección climatológica, meteorológica, hidrológica e hidráulica con la finalidad de mitigar o reducir al mínimo los riesgos de inundaciones o sequias, así como mantener una ordenada operación de la presa o del complejo hidroeléctrico correspondiente.
Por lo antes expuesto, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, como urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para que en el ejercicio de sus funciones, conforme los Comités Técnicos de Operación Hidráulica Regionales en los Organismos de cuencas faltantes, que permita coordinar la política de operación técnica de las presas, basada en la definición colegiada de una curva índice, de elevación o almacenamiento y que concilie las prioridades de abasto de agua, seguridad física de la población y, en su caso, de generación de energía eléctrica.
Nota
1 Lineamientos que tienen por objeto el funcionamiento del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas regional Golfo Centro (CTOOHRGC), Xalapa. Equez., Veracruz de Ignacio de la Llave, 29 de mayo de 2012.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2015.
Diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la SRE, el Indautor y la CDI que intervengan en defensa de los textiles producidos por los artesanos mixes de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones III, IV y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de urgente resolución para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional de Derechos de Autor y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, su intervención para la defensa de los textiles producidos por los artesanos mixes de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado julio, la diseñadora francesa Isabel Marant presentó como propia la blusa tradicional del poblado de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, y a través de la empresa Antiquité Vatic inició un juicio para defender los derechos de la prenda. Esta empresa, también de origen francés, pretende obtener la patente del diseño tradicional y podría comenzar la explotación comercial del bordado.
Según Erasmo Díaz González, presidente municipal de esta localidad, se trata de una violación a los derechos de la propiedad intelectual del pueblo mixe, por lo que investigarán el alcance de la demanda francesa. En los seis mil kilómetros cuadrados que abarca el municipio, que agrupa a cien comunidades, se usa de manera cotidiana esta prenda textil de manufactura artesanal y que simboliza la tierra y el territorio, además de constituir una actividad socioeconómica de sustento.
Cito el manifiesto emitido por el edil:
La blusa de Tlahuitoltepec es identidad y no justifica la probable afinidad de Isabel Marant sobre la blusa, más bien la considera la apropiación de una identidad cultural con fines comerciales y atenta contra la idea del colectivo y no se trata de la creación de un recurso creativo, inspiración o influencia, porque ignora que las dimensiones sociales y culturales plasmadas prevalecen sobre las económicas ocasionando perjuicio contra las comunidades indígenas”.
Doña Honorina Gómez Martínez, que tiene 46 años dedicados al bordado, dice al respecto:
No lo bordamos dibujado, no lo copiamos, sale del corazón, si bien sale de mi cabeza mi corazón me dice qué voy a bordar, porque ya lo tengo en la memoria, nacemos con esa idea o sentimiento, vivencia, es la vida cotidiana como mixe. Es una representación de sangre, alimentación y naturaleza.
A pesar de que la Constitución, en el artículo 2º reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad, en materia de derechos de autor, no existe una regulación que determine derechos específicos, ni a favor de los pueblos indígenas ni de las personas que los integran.
La Ley Federal de Derechos de Autor dice proteger “las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal, así como todas las manifestaciones primigenias en sus propias lenguas, y los usos, costumbres y tradiciones de la composición pluricultural que conforman al Estado mexicano, que no cuenten con autor identificable” (artículo 157).
En el mismo sentido, el artículo 158 expresa que “las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal; desarrolladas y perpetuadas en una comunidad o etnia originaria o arraigada en la República mexicana, estarán protegidas por la presente Ley contra su deformación, hecha con objeto de causar demérito a la misma o perjuicio a la reputación o margen de la comunidad o etnia a la cual pertenecen”.
Sin embargo, el artículo 159 estipula que “es libre la utilización de las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal protegidas por el presente capítulo, siempre que no se contravengan las disposiciones del mismo”. En otras palabras, las obras populares de cultura indígena están protegidas contra su deformación, pero sus autores no pueden reclamar ningún derecho o beneficio sobre ellas, pues por disposición legal pueden usarse de manera libre .
Dice el artículo 160 que “en toda fijación, representación, publicación, comunicación o utilización en cualquier forma, de una obra literaria, artística de arte popular o artesanal; protegida conforme al presente capítulo, deberá mencionarse la comunidad o etnia, o en su caso la región de la República mexicana de la que es propia” (artículo 160), agregando que “corresponde al Instituto (Nacional de Derechos de Autor) vigilar el cumplimiento de las disposiciones del presente capítulo y coadyuvar en la protección de las obras amparadas por el mismo” (artículo 161).
Este caso representa algo más que un litigio legal. Detrás de cada diseño no sólo está la visión de uno de nuestros pueblos originarios, sino además una actividad socioeconómica de sustento, pues casi la mitad de los 12 mil habitantes de esa comunidad mixe se dedica a la elaboración de esta blusa. Es una apropiación del trabajo tradicional: una prenda de este tipo cuesta en el mercado local cerca de 300 pesos, y en la tienda en línea Net-a-porter, el equivalente a 5 mil pesos.
Cada vez se observa más en la industria de la moda que diseñadores internacionales copian piezas tradicionales sin dar ningún crédito o referencia de su procedencia y origen; con el plagio se daña a los productores tradicionales, como ha pasado con los pueblos tarahumaras o huicholes. Más grave aún resulta que en el caso referido, las comunidades enfrentan el despojo además de su creatividad, del reflejo de su cosmovisión, en un mercado totalmente asimétrico, en el que sus diseños tradicionales no tienen una cobertura “de patente” como los diseños “de renombre”, e incluso en el colmo de los males, los creadores originales son acusados de plagio. Una etiqueta no puede hacer la diferencia.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único . La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional de Derechos de Autor y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que, en el marco de sus atribuciones, ofrezca la asesoría jurídica y el apoyo necesario a la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, para la defensa de los textiles producidos por su población de manera artesanal a fin de preservar su patrimonio, su cultura y su identidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2015.
Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INE y la SRE a generar una reglamentación sobre la metodología del voto de los mexicanos en el exterior, a cargo de la diputada Maricela Emilse Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Maricela Emilse Etcheverry Aranda, diputada federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho a voto para la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos y senadores, así como gobernadores de las entidades federativas y del jefe de gobierno del Distrito Federal, siempre que así lo determinen las Constituciones de los estados o el Estatuto de gobierno del Distrito Federal.
Existe la laguna jurídica que debe atender la Secretaría de Relaciones Exteriores, las embajadas correspondientes y al Instituto Nacional Electoral, para que que consideren la reglamentación, la metodología, las estrategias, las vinculaciones y especificaciones sobre destinatarios, excepciones y estados participantes sobre el voto de los mexicanos en el exterior.
En los procesos electorales se dirimen una serie de cuestiones importantes: ciudadanía, representación, organización política, gobernabilidad; en esencia, las características del régimen político y sus formas concretas. Los procesos electorales, por otra parte, son una peculiaridad básica de las democracias modernas, aun cuando también podemos encontrar elecciones en sistemas totalitarios, las cuales, en sentido estricto, no son precisamente elecciones, debido a que no se elige, sino que sólo se “aprueba” a candidatos predeterminados en postulaciones restringidas.1
La idea de ciudadanía ha ido cambiando y también las concepciones sobre el ser humano que la encarna. En las primeras etapas de la democracia moderna, la ciudadanía se definía más por exclusión que por inclusión. Por ejemplo, el número de votantes en Francia, hacia fines del siglo XVIII, era mínimo con relación al total de la población. El primer país que incluyó a las mujeres fue Nueva Zelanda, un siglo después, y en los Estados Unidos la mayoría de los negros carecían de posibilidades efectivas de sufragar hasta la puesta en marcha de las reformas por los derechos civiles en la década de los años sesenta del siglo pasado. La teoría de la democracia asume que los seres humanos son seres racionales, que ansían participar políticamente y que están ideológicamente convencidos de la importancia social de votar; todos estos supuestos pueden ser puestos en duda a la luz de la praxis política de las modernas democracias.
El mecanismo del voto, el conjunto de acciones específicas que un ciudadano realiza para dejar constancia de su elección, también ha sido objeto de regulaciones con efectos sobre los resultados y, en consecuencia, sobre los electos.
En México las primeras elecciones se realizaron en los años 1812-1824, en medio de una guerra civil que marcaba el proceso de disolución del orden colonial. Estas elecciones se hicieron bajo el ordenamiento legal de la Constitución de Cádiz; la consecuencia de ello, a mediano plazo fue la presencia cada vez mayor de los cuerpos intermedios (cabildos, juntas, etcétera) y con ello la relativa anarquía. Muchos cabildos buscaron una situación más igualitaria frente a las cabeceras tradicionales y de allí la sensación de desorden y pérdida de organización. El proceso de reorganización que siguió a las luchas de la independencia implicó una serie de marchas y contramarchas en la designación de autoridades; luego de la derrota del proyecto imperial, la restauración republicana reinstauró las elecciones, pero “al pueblo raso no le importaba la democracia; el voto lo tenía sin cuidado”. El embajador de Estados Unidos escribirá por esas fechas que, en los siete años que estuvo en México, visitó los lugares de elecciones y que nunca vio a un solo ciudadano en el acto de votar. El 26 de octubre de 1876 fue declarado reelecto Sebastián Lerdo de Tejada; y se inició un ciclo de golpes de estado, elecciones y reelecciones; fue cuando la figura de Porfirio Díaz adquirió especial relevancia.
Ya en el siglo XX, las elecciones estuvieron marcadas por el conflicto abierto o velado, dado que fueron realizadas en circunstancias especiales y diferentes a las que suelen normar la vida política de la mayoría de los países democráticos (o así considerados de manera general).
El 11 de julio de 1904 la población se enteró de que había elegido nuevamente a un señor de 75 años para asumir la presidencia. A mediados de 1909 apareció el Club Central Anti-Reeleccionista, cuyo lema principal fue “Efectividad del Sufragio y No-Reelección”, pero el 26 de junio y el 10 de julio de 1910 se realizaron elecciones en las que se reeligió una vez más a Porfirio Díaz. Después de los festejos del centenario, Francisco I. Madero, refugiado en San Antonio, Texas, emitió un mensaje por el que declaró nulas las elecciones, desconoció al gobierno de Díaz, exigió sufragio efectivo y declaró el 20 de noviembre como el día del levantamiento en armas contra el tirano, cosa que no ocurrió sino hasta abril de 1911 cuando en varios lugares del país diversos grupos de orientación o adhesión maderista comenzaron a tomar plazas y ciudades.
El 6 de noviembre de 1911 se realizó la elección donde Madero y Pino Suárez obtuvieron la presidencia y vicepresidencia del país; el 19 de diciembre de ese mismo año se aprobó una nueva ley electoral que daba personalidad jurídica a los partidos y establecía el voto secreto. El 20 de septiembre de 1916 una nueva ley marcaba un retroceso: se establecía que la boleta electoral debía ir firmada por el votante y debía expresar su nombre en voz alta a la mesa receptora. La Constitución de 1917 no corrigió esta publicidad y será la ley aprobada el 2 de julio de 1918 la que establecerá el secretismo. Esta ley, además, proclamaba la libertad de participación política para los ciudadanos, aunque las condiciones sociales y culturales limitaran severamente tal posibilidad. Las leyes electorales fueron modificadas sucesivamente en varias ocasiones a través de los años, para adaptarlas a las condiciones cambiantes de la sociedad y adecuarlas a las tendencias internacionales (como el voto femenino); sin embargo, no pudieron conseguir una imagen de transparencia y verosimilitud.
A partir de 1977 las leyes y reglamentos que regulan la actividad política y electoral comienzan a establecer modificaciones a favor de una apertura y flexibilidad; se instituye el sistema de representación proporcional adosado al de mayoría relativa, lo que permitirá una presencia más elevada de la oposición en la Cámara de Diputados. Los partidos políticos son definidos como “entidades de interés público”, lo que les confiere el rango de institución de estado y no simple organización de la sociedad civil. El artículo 48 de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales aprobada el 30 de diciembre de 1977 establecía prerrogativas para los partidos políticos, como “tener acceso en forma permanente a la radio y a la televisión”, “contar en forma equitativa, durante los procesos electorales, con un mínimo de elementos para sus actividades, encaminadas a la obtención del sufragio popular”. La Comisión Federal Electoral se integra con representantes de todos los partidos políticos, pero sólo confiere voto a los representantes de los tres principales partidos en el orden nacional (por el número de votos obtenidos). A pesar de ello, la idea de que el aparato del estado controlaba los comicios no desapareció.
El 6 de abril de 1990 se modifican varios artículos de la Constitución que regulan la actividad política; el artículo 41 establece que la organización de las elecciones en el ámbito nacional es una función estatal ejercida por los poderes Legislativo y Ejecutivo, pero dispone que esa función se ejercerá a través de un organismo público. El 15 de agosto se aprueba la creación del Instituto Federal Electoral dentro del marco jurídico regulado por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). También se establece que el Tribunal Federal Electoral será la instancia superior y definitiva en la resolución de los recursos de apelación e inconformidad y crea la credencial de elector con fotografía, con validez de documento oficial de identidad.
En septiembre de 1993 vuelven a modificarse una serie de artículos de la Constitución: se pone fin a la autocalificación para los procesos electorales y se establecen mecanismos por los cuales el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral serán los órganos encargados de ello. También se determina que ningún partido político podrá obtener más de 315 diputados (en combinación de la mayoría relativa y representación proporcional, con lo cual, por principio, ningún partido podrá tener más de 63 por ciento de los votos en la Cámara). También se eleva a cuatro el número de senadores por estado, siendo asignados tres, al partido de mayoría relativa y el cuarto, al partido que le siga en número de votos. Con ello se aseguraría que al menos una cuarta parte del Senado pertenezca a la oposición.
El 19 de abril de 1994 se reforma nuevamente la Constitución y se establece que un organismo público autónomo, con participación de los ciudadanos, organizará las elecciones; la autoridad de ese organismo se constituirá a partir de consejeros ciudadanos designados por los poderes legislativo y ejecutivo y por representantes de los partidos políticos.
En noviembre de 1996 vuelve a modificarse el mecanismo de representación del Senado, por el cual dos senadores por estado serán asignados a la primera mayoría; uno, a la primera minoría y uno, por un sistema de representación proporcional en el que se agrupan territorios electorales. También se reduce a 300 el número máximo de diputados al que puede aspirar un partido (60 por ciento del total). Ello obliga a contar con más de un grupo parlamentario para lograr cualquier reforma constitucional. Se conserva la primacía del financiamiento público por sobre los fondos de procedencia privada para la actividad de los partidos políticos: ninguno podrá recibir de sus simpatizantes más del 10 por ciento del total del financiamiento público.
En su versión actual, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, un corpus de 272 artículos más los adicionales y transitorios, es el principal elemento de ordenación de las elecciones y los partidos políticos; fue aprobado el 15 de agosto de 1990 y que recibió algunas modificaciones en fechas posteriores, las cuales terminaron por ciudadanizar las instituciones electorales. Su extensión responde a una especie de necesidad de dejar claros todos los aspectos posibles, lo cual redunda en un instrumento jurídico que puede ser interpretado y sobreinterpretado, de manera que su posible objetivo, facilitar el funcionamiento de las instituciones, puede terminar en un efecto perverso. Pero también, sin duda, estaba presente en su construcción la idea de imposibilitar a cualquier grupo el disponer de ventajas o prerrogativas con respecto a los demás. A este Código lo complementa la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, aprobada el 22 de noviembre de 1996; esta ley está integrada por 108 artículos y también existen algunos instrumentos jurídicos complementarios. Esta ley no es menos complicada, en sus términos y su redacción, que el instrumento mencionado en primer lugar, de manera que a los conflictos electorales en sí se agrega el problema de las interpretaciones de los instrumentos jurídicos y sus posibles aplicaciones (IFE 2002).
Los diferentes estados del país crearon instituciones similares de competencia en su ámbito, aunque no siempre coincidentes en el espíritu y en la letra: en algunos casos se mantienen ciertas restricciones para una completa ciudadanización del proceso, sosteniéndose distorsiones a favor de los caudillismos locales. Aun cuando ello puede ser combatido y corregido, las elecciones de los ámbitos locales siguen provocando más polémicas e impugnaciones que las del orden nacional. En las elecciones del año 2003 se registraron 127 impugnaciones en el orden federal, mientras que sólo en Nuevo León (el 7.23 por ciento de los votantes nacionales) se registraron 33 impugnaciones en las elecciones estatales. Debe tenerse en cuenta, además, que las impugnaciones del orden federal se concentraron en ciertos distritos (en Colima, Aguascalientes y Michoacán se impugnaron todos los distritos y en Coahuila, Veracruz y Oaxaca más de la mitad), fenómeno que debería analizarse en profundidad, tratando de encontrar las causas de las diferencias.
Todo lo descrito se relaciona y fundamenta en los artículos 7, párrafo 2; 341, párrafo 1; 341, párrafo 3, inciso c; y, 343, párrafo 2, inciso c de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible; además, de acuerdo con el artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Los ideales democráticos, vale decir, el imaginario que dio origen a los regímenes democráticos reales, incluían una serie de promesas que difícilmente se han realizado y que en algunos casos han devenido en su opuesto. Asimismo, la realidad global a la que México, y el resto del mundo se enfrentan, es un nuevo paradigma y una nueva exigencia para que las estrategias de integración democrática se consideren a escalas mayores.
En este contexto, el proceso democrático que contemple a las minorías de mexicanos que viven en el extranjero y que son afectados directa o indirectamente por las decisiones de índole electoral es un tema sustantivo para el desarrollo democrático en México.
Justo de todo este engranaje histórico y del análisis de la realidad interna surge la necesidad de que como Cámara de Diputados seamos capaces de responder a las exigencias contemporáneas, y que instemos a las dependencias correspondientes a que respondan con eficacia y eficiencia en materia de legislación, metodología y estrategias para que el voto desde el extranjero sea transparente, único, autónomo y de incidencia democrática.
Para que el punto de acuerdo que se refiere tenga éxito y sea turnado a las comisiones pertinentes, es necesario realizar ciertas consideraciones que a continuación se presentan.
Consideraciones
A. Respecto al Instituto Nacional Electoral
1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la Ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.
2. Que el artículo 5, párrafos 1 y 2 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone que la aplicación de las normas corresponde en sus respectivos ámbitos de competencia , al Instituto, al Tribunal Electoral, a los Organismos Públicos Locales y a las autoridades jurisdiccionales locales en la materia, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión . Y su interpretación se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución.
3. Que la citada disposición constitucional determina a su vez en el párrafo segundo que el Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público.
4. Que el artículo 29 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que el Instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones.
5. Que el artículo 30, párrafo 2 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
6. Que el artículo 31, párrafo 4 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que el Instituto se regirá para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales relativas y las demás aplicables. Además se organizará conforme al principio de desconcentración administrativa.
7. Que el artículo 44 párrafo 1 incisos a) y b) de la Ley General, establecen como atribuciones del Consejo General aprobar y expedir los reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio de las facultades y atribuciones del Instituto; así como vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamientos de los órganos del Instituto.
8. Que derivado de la reforma constitucional en materia política-electoral y la expedición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en función del principio de unidad normativa y con la finalidad de brindar coherencia integral al sistema institucional de toma de decisiones, se hace necesario expedir el Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de voto en el extranjero, que se adecue a los cambios de estructura y funcionamiento del Instituto Nacional Electoral.
9. Que a partir del régimen iniciado este año sobre la posibilidad de voto en el extranjero, es necesario realizar ajustes a las normas institucionales que rigen el ejercicio de ese derecho en aras de una transición adecuada al modelo que obligará directamente al Instituto Nacional Electoral y a los partidos políticos.
10. Que a partir del nuevo proceso de credencialización para los mexicanos en el exterior, se busque la metodología, estrategias y reglamentación de conformidad con los lineamientos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
B. Respecto a la Secretaría de Relaciones Exteriores
Según la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su Artículo 28, le corresponden las siguientes funciones:
• Promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la administración pública federal; y sin afectar el ejercicio de las atribuciones que a cada una de ellas corresponda, conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte.
• Dirigir el servicio exterior en sus aspectos cotidiano en, la tardeadas diplomático y consular en los términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y, por conducto de los agentes del mismo servicio, velar en el extranjero por el buen nombre de México; impartir protección a los mexicanos; cobrar derechos consulares y otros impuestos; ejercer funciones notariales, de Registro Civil, de auxilio judicial y las demás funciones federales que señalan las leyes, y adquirir, administrar y conservar las propiedades de la Nación en el extranjero.
• Intervenir en lo relativo a comisiones, congresos, conferencias y exposiciones internacionales, y participar en los organismos e institutos internacionales de que el gobierno mexicano forme parte.
• Intervenir en todas las cuestiones relacionadas con nacionalidad y naturalización, así como velar por los derechos de mexicanos en el extranjero .
• Legalizar las firmas de los documentos que deban producir efectos en el extranjero y de los documentos extranjeros que deban producirlos en la República.
En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestos, propongo a consideración de esta honorable soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a trabajar de manera urgente y conjunta para que generen una reglamentación sobre la metodología del voto de los mexicanos en el exterior, tomando en cuenta la nueva credencial de elector que ha impulsado el Instituto.
Nota
1 Infante, José María, “Elecciones en México: restricciones, fraudes y conflictos”, en revista Confines, página 65.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 26 de noviembre de 2015.
Diputada Maricela Emilse Etcheverry Aranda (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para supervisar la construcción del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, a cargo de la diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I, 62, 76, fracción IV; y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 9 de septiembre de 2014, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la LXII Legislatura, Marcelo Torres Cofiño, presentó ante esta soberanía el punto de acuerdo por el cual proponía la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento a las obras del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
En seguimiento de aquella propuesta, el Grupo Parlamentario del PAN considera que la LXIII Legislatura puede asumir un nuevo compromiso con la vigilancia y supervisión de una obra tan importante.
El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México tendrá la capacidad de transportar en una primera fase a 50 millones de pasajeros, y concluida la obra, a 120 millones, proyectada originalmente para el año 2020, aunque hay quienes han referido que en 2018 podría estar comenzando sus operaciones.
Sin duda alguna, la construcción de una nueva terminal aeroportuaria de las dimensiones y capacidad previstas generará un impacto positivo para la economía de nuestro país. No obstante, sin una adecuada planeación y una visión integral, la obra traerá consigo consecuencias negativas y probablemente irreversibles en materia ambiental, urbana y social, así como en la operatividad a largo plazo del propio aeropuerto.
Refrendamos los puntos clave a considerar para la creación de esta comisión especial:
1. Recursos. Se tiene prevista la construcción de la obra en una zona federal de 3 mil hectáreas con un costo total de 169 mil millones de pesos, mismos que requerirán la contratación de un crédito por parte del gobierno federal, el que asumirá 58 por ciento, mientras que 42 por ciento restante provendrá de recursos privados. Es necesario que el gasto se realice con toda pulcritud y transparencia.
2. Ingeniería. Los terrenos en donde se planea construir el aeropuerto, en la parte norte del actual, son suelos altamente salitrosos que no aguantarían de forma estable una construcción de la magnitud que se está considerando, tanto de las pistas, como del edificio; aunado a ello los hundimientos por la excesiva extracción de agua en la zona. Por su condición natural se trata de suelos inestables sobre los que muy difícilmente se pueden llevar a cabo construcciones seguras por la alta acumulación de agua que ahí deriva. De hecho, estos terrenos estaban previstos para ser parte del proyecto ecológico Parque de Texcoco, que no se llevó a cabo. Para dar un ejemplo de la inestabilidad de estos suelos, baste con observar los hundimientos del Circuito Exterior Mexiquense y las constantes reparaciones que se le han hecho y que han sido muy costosas. Lo mismo podría ocurrir con el nuevo aeropuerto, que más allá de la inversión total para la ejecución de la obra, sus costos de mantenimiento se eleven para hacer reparaciones no contempladas originalmente.
3. El impacto de la obra en materia ambiental. La zona del lago de Texcoco estaba proyectada para ser el centro de un programa de sustentabilidad hídrica para el Valle de México en función de la grave situación del agua, debido al agotamiento de los acuíferos, el hundimiento constante del suelo y al no contar ya con zonas de regulación, con zonas inundables. Se trata de la última zona lacustre del Valle de México. Este proyecto tenía previsto la construcción de lagunas de regulación, de captación, pero también de amplias áreas deportivas y de recreación para los habitantes del Distrito Federal y del estado de México. De igual forma, la zona es receptora de diversas especies de aves migratorias que seguramente se verán afectadas debido a la incompatibilidad del tránsito aéreo con el vuelo de las aves.
4. Las condiciones urbanísticas de la obra. Los terrenos previstos para la construcción del aeropuerto se encuentran en una zona de confluencia de todos los drenajes, sin tratamiento, del río de la Compañía, de río Churubusco, del río Mixcoac, del río de la Piedad, y del río de los Remedios, por lo que también habrá que hacer obra de infraestructura pública en el lugar ante el desafío de las inundaciones. También es importante revisar la forma en que se construirán las vías de acceso al aeropuerto. La Ciudad de México tiene una gran problemática en materia vial y de transporte público. Los conflictos viales y la mala calidad en los servicios públicos de transporte también tendrán que ser solventados como parte del proyecto integral de la obra.
5. En materia social se deben tener en consideración otro tipo de incentivos. La zona, en la que confluye el oriente del Distrito Federal y los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Texcoco, que creció exponencialmente sobre la base de una mala planeación urbana y la ocupación irregular de los terrenos; son lugares deprimidos socialmente. Será importante crear un plan de desarrollo que integre a estos municipios con la infraestructura y el desarrollo del Valle de México.
6. El plan para la renovación y el uso del terreno que hoy ocupa el aeropuerto Benito Juárez de aproximadamente 460 hectáreas. Se corre el riesgo de centrar la vista en la construcción del nuevo aeropuerto y dejar a un lado lo que pueda pasar con esta importante área dentro de la gran urbe que puede convertirse, con un plan bien diseñado, en un foco de desarrollo sustentable realmente importante para la vida, la salud, la educación, la recreación y la cultura de los habitantes de la zona metropolitana.
En resumen, y reconociendo que la construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México traerá consigo múltiples beneficios particularmente en materia económica, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por la cantidad de recursos provenientes del gasto, la transparencia respecto a las licitaciones de cada fase que comprende la obra, y el impacto urbano de la misma, considera importante y necesario insistir en que la Cámara de Diputados supervise y dé seguimiento puntual al desarrollo y la ejecución del proyecto así como el destino del actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez.
Derivado de lo anterior, es que se propone a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a crear la Comisión Especial de Supervisión de la Construcción del Nuevo Aeropuerto en la Ciudad de México.
Segundo. El objeto de la Comisión Especial será la vigilancia de los recursos públicos erogados, así como sobre la contratación de créditos, la supervisión de la obra de infraestructura, la transparencia y legalidad de las licitaciones y los contratos con particulares sobre las obras del nuevo aeropuerto e infraestructura vial y de transporte público para los accesos al mismo, el destino que se habrá de dar al terreno en que se encuentra el actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez.
Tercero. La Comisión Especial estará integrada por los miembros que determine la Junta de Coordinación Política, en forma proporcional a la representación en la Cámara de Diputados.
Cuarto. Para el cumplimiento de su objetivo, la Comisión Especial podrá allegarse la información que considere pertinente; así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, en el ámbito de sus competencias.
Quinto. La Comisión Especial objeto del presente punto de acuerdo, funcionará de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.
Sexto. La duración máxima de los trabajos que realice la Comisión Especial, será por tiempo indefinido, hasta cumplir el objetivo para el cual fue creada y entregará informes periódicos de sus trabajos y resultados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2015.
Diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Senado de la República a dictaminar la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, suscrita por el diputado Luis Maldonado Venegas, del Grupo Parlamentario del PRD, e integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación
Las y los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que conferida por los artículos 45, numeral 6, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente al Senado de la República para que, conforme a los procedimientos establecidos en su Reglamento, dictamine la minuta con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, aprobada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Antecedentes
1. El 18 de diciembre de 2013, el diputado José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura presentó al pleno de la Cámara de Diputados la “iniciativa que reforma los artículos 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 228 del Reglamento de la Cámara de Diputados”; esta iniciativa fue suscrita por el legislador referido, así como por los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
La iniciativa se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, correspondiente al año XVII, número 3930-II del día miércoles 18 de diciembre de 2013.
2. Esta iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, así como de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, quienes el 10 de abril de 2014, emitieron sendos dictámenes positivos, uno por lo que hace a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y el restante en cuanto al Reglamento de la Cámara de Diputados.
Ambos dictámenes se publicaron en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, correspondiente al año XVII, número 4105-II del día jueves 4 de septiembre de 2014.
3. El 4 de septiembre de 2014 se discutieron ambos dictámenes en el pleno de la Cámara de Diputados aprobándolos en lo general y en lo particular, el relativo a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación por 316 votos a favor y el que reforma el Reglamento de la Cámara de Diputados por 334 votos a favor; en ambas no hubieron votos en contra o con abstención.
El 8 de septiembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la referida reforma al artículo 228 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
4. Con oficio DGPL 62-II-7-1614 del 4 de septiembre de 2014, la Secretaría de esta Cámara, remitió la minuta correspondiente al Senado de la República, quien lo publicó en su Gaceta Parlamentaria número LXII/3PPO-6/50111 del 9 de septiembre de 2014.
5. En la sesión pública ordinaria que tuvo verificativo el 9 de septiembre de 2014, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la minuta a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, para sus efectos correspondientes, sin que a la fecha se haya aprobado un dictamen de la misma y, consecuentemente, no se haya sometido a la consideración del Pleno de la Cámara Alta.
Consideraciones
I. Bajo el régimen constitucional que rige a nuestra Nación, el Poder Legislativo Federal se deposita en un Congreso General, que se divide en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores, las cuales, conforme a los artículos 50 y 72 Constitucionales, participan en la discusión y aprobación de las leyes de la Unión.
En ese sentido, se requiere la participación activa de ambas Cámaras para que el proceso legislativo sea pronto, eficiente y eficaz, así como que responda a las necesidades y exigencias de la sociedad mexicana.
II. La “iniciativa de decreto que reforma los artículos 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 228 del Reglamento de la Cámara de Diputados”, suscrita por el diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD, y por integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, tiene como principal objetivo armonizar la referida Ley Federal con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A mayor abundamiento, el 9 de agosto de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas constitucionales en materia política que, entre otros artículos, reformó el párrafo cuarto de la fracción VI del artículo 74 constitucional en el sentido de establecer que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del informe del resultado de la entidad de fiscalización superior de la federación, a que se refiere el artículo 79 de la Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la entidad de fiscalización superior de la federación, seguirá su curso en términos de los dispuesto en dicho artículo.
En el artículo segundo transitorio de dicho decreto, el constituyente permanente estableció el plazo de un año para que se realizaran las adecuaciones precedentes a las leyes federales, para armonizar la reforma constitucional, en los siguientes términos:
Artículo Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación para hacer cumplir lo dispuesto en el presente decreto, a más tardar en un año contado a partir de la entrada en vigor del mismo.
Como el decreto de reformas constitucionales que nos ocupa, entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en términos de su artículo Transitorio Primero, el plazo de un año feneció el 10 de agosto de 2013, por lo cual este H. Congreso de la Unión tiene un rezago de más de dos años en el cumplimiento del mandato establecido por el constituyente permanente.
III. En el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, las Comisiones Unidas consideraron que la modificación propuesta en la iniciativa pretende hacer concordante y armonizar el texto de la norma secundaria (Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación) con respecto al de la Carta Magna, por lo cual las comisiones dictaminadoras concluyeron que era evidente la procedencia de la iniciativa.
IV. El artículo 212, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República establece que las iniciativas y proyectos turnados a comisiones son dictaminados dentro de un plazo no mayor a treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la recepción del turno, con las prórrogas y salvedades que establece el propio Reglamento.
Cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establezca plazos, términos o mecanismos específicos para la expedición de determinados ordenamientos, las comisiones dictaminadoras deben tomarlos en consideración para efectos de la planeación de sus trabajos, de conformidad con el artículo 213, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República.
En ese orden de ideas, los artículos 217 y 218 del Reglamento del Senado de la República establecen que, vencidos los plazos y prórrogas sin que se presente dictamen ni exista causa justificada para ello, el Presidente de la Mesa Directiva reasignará el turno a la comisión o a las comisiones pertinentes, las cuales tendrán un plazo para dictaminar no mayor a treinta días hábiles, sin posibilidad de prórroga; si éstas no emiten el dictamen correspondiente, el Presidente someterá el asunto directamente al Pleno para su discusión y votación.
Por lo expuesto y fundado se pone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Senado de la República para que, conforme a los procedimientos establecidos en su Reglamento, dictamine la minuta con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, aprobada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, recibida por esa Cámara alta el 9 de septiembre de 2014.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de noviembre de 2015.
Por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación
Diputados: Luis Maldonado Venegas (rúbrica), presidente; Fidel Almanza Monroy (rúbrica), Jorge Carlos Ramírez Marín, Martha Sofía Tamayo Morales (rúbrica), Ruth Noemí Tiscareño Agoitia (rúbrica), Eukid Castañón Herrera (rúbrica), Minerva Hernández Ramos, Luis Gilberto Marrón Agustín, Alicia Barrientos Pantoja (rúbrica), Claudia Sofía Corichi García (rúbrica), Francisco Javier Pinto Torres, Maricela Contreras Julián, David Jiménez Rumbo, Emilio Enrique Salazar Farías, secretarios; Marco Antonio Aguilar Yunes (rúbrica), Leticia Amparano Gámez, Pablo Bedolla López (rúbrica), Paloma Canales Suárez (rúbrica), Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica), Marko Antonio Cortés Mendoza, Araceli Damián González (rúbrica), Javier Guerrero García (rúbrica), Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica), María Luisa Sánchez Meza, María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Víctor Manuel Silva Tejeda (rúbrica), María Monserrath Sobreyra Santos, Alma Carolina Viggiano Austria, Ricardo Ángel Barrientos Ríos.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y el IMSS a construir el inmueble de la clínica número 58 del Seguro Social en Huatusco, Veracruz, a cargo del diputado Miguel Ángel Sedas Castro, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, Miguel Ángel Sedas Castro, diputado integrante de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
El Sistema de Salud de México está compuesto por dos sectores: público y privado. El sector público comprende a las instituciones de seguridad social [Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar) y otros], que prestan servicios a los trabajadores del sector formal de la economía, y a las instituciones que protegen o prestan servicios a la población sin seguridad social, dentro de las que se incluyen el Seguro Popular de Salud (SPS), la Secretaría de Salud (Ssa), los Servicios Estatales de Salud (Sesa), y el Programa IMSS-Oportunidades (IMSS-O).
El sector privado presta servicios a la población con capacidad de pago. El financiamiento de las instituciones de seguridad social proviene de tres fuentes: contribuciones gubernamentales, contribuciones del empleador (que en el caso del ISSSTE, Pemex, Sedena y Semar es el mismo gobierno), y contribuciones de los empleados. Estas instituciones prestan sus servicios en sus propias instalaciones y con su propio personal. Tanto la Ssa como los Sesa, se financian con recursos del gobierno federal, y los gobiernos estatales, además de una pequeña contribución que pagan los usuarios al recibir la atención (cuotas de recuperación).
La población que es responsabilidad de la Ssa y de los Sesa, se atiende en las instalaciones de estas instituciones, las cuales cuentan con su propio personal. Finalmente, el sector privado se financia con los pagos que hacen los usuarios al momento de recibir la atención, y con las primas de los seguros médicos privados, y ofrece servicios en consultorios, clínicas y hospitales privados.
Entendiendo las bases de la seguridad social
Los conceptos más básicos de la seguridad social definen los roles dentro de la relación laboral, así como la justificación de la seguridad social y son:
• Patrón . Persona que paga un sueldo o salario a otra a cambio de un servicio o trabajo, ya sea mental o físico. También se le conoce como “sujeto obligado”, por ser la persona que debe realizar el pago de cuotas obrero-patronales.
• Trabajador . Persona que presta sus servicios a otra, a cambio de una remuneración económica que le permita llevar una buena calidad de vida. El trabajador puede ser eventual cuando su relación de trabajo es por tiempo u obra determinada y es permanente cuando la relación de trabajo es por tiempo indefinido.
• Seguridad social . Es la búsqueda de la garantía de una mejor calidad de vida de los trabajadores. A través de la seguridad social el estado busca asegurar el derecho a la salud, dar una mejor calidad de vida al trabajador durante y después de trabajar y otorgar los servicios necesarios para que esto pueda ser llevado a cabo.
• Cuotas obrero-patronales . Son las aportaciones obligatorias que el patrón debe realizar para garantizar la seguridad social del trabajador. Para definir el monto exacto de estas cuotas es necesario tomar en consideración varios requisitos: obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Social, características de la relación de trabajo y del trabajador y aspectos fiscales.
• Salario . Pago que recibe el trabajador a cambio de la prestación de sus servicios.
• Régimen obligatorio . Cuando un trabajador inicia la relación laboral, el patrón está obligado a darlo de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
• Régimen voluntario . Cuando una persona trabaja por su cuenta tiene la posibilidad de afiliarse al Instituto Mexicano del Seguro Social y hacer las aportaciones correspondientes por su cuenta y de manera voluntaria.
Una garantía de calidad de vida para el trabajador
A través de la seguridad social, el estado busca asegurarse de que todos los trabajadores tendrán acceso a los niveles básicos de calidad de vida. Para poder llevar esto a cabo, tanto el estado como los patrones están obligados a realizar las aportaciones correspondientes en la cuenta que para eso designe el IMSS y en tiempo y forma estipulados en la Ley de Seguridad Social.
Ahora bien, la unidad médico familiar (UMF) número 58 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en el municipio de Huatusco, en el estado de Veracruz, funciona desde el año de 1975 en un domicilio particular, donde se atiende a una población derechohabiente de más de 12 mil habitantes, provenientes de los municipios circundantes de Comapa, Sochiapa, Tenampa, Tlacotepec de Mejía, Totutla y Zentla, además de la población de la ciudad de Huatusco en el estado de Veracruz.
Esta UMF presta entre otros servicios, el de consulta externa, atendida por cinco médicos y el de laboratorio clínico, cuyos estudios de gabinete según su naturaleza corresponda, son remitidos a las ciudades que se ubican en los municipios de Orizaba y Córdoba, porque esta unidad UMF no cuenta con la infraestructura suficiente para ser atendidos, cabe señalar que dicha clínica no cuenta con servicios de urgencia ni de maternidad.
Ante este escenario y dada la preocupación de los derechohabientes, en el año 2002 se constituyó el comité pro-construcción de la UMF número 58, dicho comité ha venido gestionando ante diferentes autoridades, como municipales, estatales y del mismo Instituto Mexicano del Seguro Social; gestiones que hasta el momento no se han concretado, para la realización de la obra, a pesar de que en instituto cuenta con un terreno de 2 mil 970.96 metros cuadrados para su construcción y dicho terreno es propiedad del instituto.
Que el PDN 2013-2018 establece el asegurar recursos humanos, equipamiento, infraestructura y tecnologías de la salud suficientes, oportunas y acordes con las necesidades de salud de la población, las características de esta vertiente de política incluyen la edificación de más hospitales regionales y en general, la ampliación de la infraestructura de salud y sus equipos en las ciudades y el campo , así como la mejoría y el mantenimiento de las instalaciones que ya funcionan.
En este mismo sentido plantea que en materia de infraestructura física en salud, se consolidara la red de servicios de atención a la salud. Priorizando a la Red de Hospitales Regionales de Alta Especialidad y las unidades de especialidades médicas.
La UMF número 58, que se encuentra ubicada en el municipio de Huatusco del estado de Veracruz, es insuficiente para atender a toda la población derechohabiente de esta misma clínica, quienes ante tal panorama se ven en la penosa necesidad de transportarse a otras clínicas fuera de su demarcación municipal, lo que ocasiona tener mayores gastos para la atención de su estado de salud, es por ello que se requiere ampliar estos servicios de salud, que permitan proporcionar un servicio adecuado y suficiente para la población derechohabiente de la demarcación, es por ello que desde este momento estoy solicitando se otorgue la cantidad de 14 millones de pesos , para la construcción de la clínica número 58, en el terreno que es propiedad del Instituto Mexicano del Seguro Social y destinado para dicha causa , para que se agregue y se tome en consideración en el Presupuesto de Egresos de la Federación, mismo que será aprobado en próximos días.
El punto de acuerdo es viable ya que el IMSS cuenta con la solvencia económica para poder llevar a cabo esta obra que beneficiaría a más de 12 mil derechohabientes.
Durante los últimos años el IMSS ha venido reportando informes, que para sacar lo obsoleto que resulta de los 28 años de edad de las UMF en condiciones inadecuadas de operación, las necesidades de remodelación y ampliación de servicios, así como las adecuaciones en los inmuebles a las que obligan las actividades de los programas integrados de salud (Prevenimss) y del proceso de mejora de medicina familiar, se ha establecido entre otras acciones, la construcción de nuevas UMF para incrementar la infraestructura en consultorios y ampliar la capacidad de atención, así como la remodelación de las unidades de medicina familiar ya existentes, para mejorar su funcionalidad e imagen, y llevar así una recuperación de las obras inconclusas.
La construcción de las UMF han permitido el otorgamiento de prestaciones médicas en áreas geográficas relativamente circunscritas, para que acerquen los servicios a la población, y así evitar grandes desplazamientos, es por lo que resulta necesario que se realicen las gestiones a las que haya lugar para la realización de la obra correspondiente a la UMF número 58, ubicada en el municipio de Huatusco en el estado de Veracruz.
Por lo antes expuesto, atentamente someto a consideración de esta soberanía la presente propuesta de urgente u obvia resolución:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados respetuosamente exhorta a la titular de la Secretaría de Salud y al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, a construir el inmueble de la clínica 58 del Seguro Social, en la ciudad de Huatusco, Veracruz, y atender las necesidades de la población del distrito XIII.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2015.
Diputado Miguel Ángel Sedas Castro (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a retirar su iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como otras disposiciones, para crear la Secretaría de Cultura, presentada el 8 de septiembre de 2015, a cargo de la diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés, del Grupo Parlamentario de Morena
Laura Beatriz Esquivel Valdés, en mi calidad de diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral I, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
1. El pasado 8 de septiembre, el Ejecutivo federal entregó ante esta Soberanía junto con el paquete económico, ocho iniciativas entre las cuales se incluyó una con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras disposiciones para crear las Secretaría de Cultura.
Resulta significativo y preocupante que en la exposición de motivos, el Ejecutivo federal señale textualmente “esta iniciativa confirma que la cultura es una prioridad nacional y subraya que su fortalecimiento institucional es un impulso al bienestar y al desarrollo integral de los mexicanos. Nada recompensará más a los mexicanos que, con la creación de la Secretaría de Cultura, no sólo se resguarde y conserve para las siguientes generaciones su herencia y patrimonio culturales, sino que se enriquezcan en estos años...”, mientras vemos que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que presenta ese mismo día, se asigna una diferencia negativa de 2 mil 206 millones de pesos para 2016, respecto del presupuesto de 2015. Hay una reducción de 19 mil 239 millones 177 mil 928 a 17 mil 32 millones 747 mil 382 millones de pesos. Del análisis, se confirma que los más afectados son los proyectos estatales y municipales de cultura, pues se cancela el “fondo de cultura” del Ramo 231 . Esa era la propuesta del Ejecutivo federal. Si las cifras cambiaron en el Presupuesto de Egresos votado en esta soberanía, fue por las reasignaciones que se hicieron en la Cámara de Diputados.
2. En la lectura de la exposición de motivos, se percibe una serie de inconsistencias que dejan entrever que la iniciativa es producto de una decisión a la ligera y que refleja una falta de conocimiento no sólo de la materia, sino de la historia, las normas y de la situación actual del sector. Tan sólo en el primer párrafo, antecedentes, señala que la historia comenzó en 1825, con la fundación del Museo Nacional, sin tomar en cuenta que en 1790 se inauguró el Primer Gabinete de Historia Natural en la calle de Plateros 89 para estudiar y recopilar ejemplares de animales, plantas y minerales, colección que en 1902 acogió el Colegio de San Ildefonso2 . Menciona a la Secretaría de Instrucción Pública de 1905 y luego a la Secretaría de Educación Pública de 1921, pero omite el Departamento Universitario y de Bellas Artes que sustituyó en 1917 a la Secretaría de Instrucción Pública a partir del decreto de Venustiano Carranza de la Ley de Secretaría de Estado3 . El Instituto Nacional de Antropología e Historia nace con la publicación del decreto de su Ley Orgánica en 1939 y no en 1938, y la Ley que Crea al Instituto Nacional de Bellas Artes se publica en 1947 y no en 1946.
En ese mismo párrafo señala la evolución del sector cultural como la “suma de diversas áreas de la tarea cultural” y menciona diferentes instancias que tienen naturaleza jurídica muy diferente y que en una coyuntura como la creación de una secretaría de Estado, deberían ordenarse, pero no en una reforma a la Ley Orgánica, sino en una disposición que dicte la política cultural para poder establecer un orden o una organización de donde se derive una Secretaría, bajo el principio que establece el artículo 9o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que señala: “Las dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal conducirán sus actividades en forma programada, con base en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades de la planeación nacional del desarrollo, establezca el Ejecutivo federal”, pero en este caso estamos frente a una reforma a la Ley Orgánica antes que una ley u ordenamiento que dicte la política cultural con objetivos y prioridades alineadas con la planeación nacional del desarrollo.
Precisamente por esa falta de claridad, en ese mismo párrafo de la exposición de motivos, se mezclan las diversas áreas de la tarea cultural como si fuera una coctelera, sin importar si se trata de un conjunto de instancias (Red Nacional de Bibliotecas), dos Direcciones Generales (Publicaciones y Culturas Populares), un órgano público descentralizado (Imcine), un Fideicomiso (Cineteca Nacional), dos empresas de participación estatal mayoritaria (Estudios Churubusco y Canal 22), un Mandato (Fonca), un par de Entidades muy importantes pero que tienen una figura jurídica que no existe en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; que fueron creadas por Decreto de Ley, tienen las características de una Entidad, pero son Órganos Desconcentrados a partir de un Reglamento (INAH e INBA) y otra instancia que tampoco existe en la Ley Orgánica de la Administración Pública federal: una Asociación Civil (Centro de Capacitación Cinematográfica) con presupuesto anual asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Y me da gusto que se apoye al cine, pero si se le da esa asignación en el PEF al CCC, ¿Por qué la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas tiene que pasar por los apuros financieros por los que pasa? ¿Y el Teatro, la Danza y las otras disciplinas?
3. En el numeral II. Política Nacional en materia de cultura, al final del primer párrafo, señala que la decisión de crear una Secretaría de Cultura es un “anhelo que ha expresado de manera reiterada la comunidad artística y cultural de México”. Esta aseveración es un reflejo de la falta de conocimiento de lo que sucede en el sector cultural. Si bien hay voces que expresan que hay que tener una Secretaría de Cultura, no es definitivamente, toda la comunidad cultural y artística. Hay muchas opiniones al respecto, pero casi todas coinciden en que la creación de una Secretaría no tiene sentido si no se define con claridad una política pública, sin una Ley General o al menos un esbozo de cómo se reorganizará el sector. Da la impresión de que el presidente tiene que demostrar que la cultura sí le importa y que tiene que hacer una acción contundente que haga que todo México olvide el papelón que hizo en la Feria del Libro de Guadalajara el 2 de diciembre de 2011.
4. En el segundo párrafo del punto II de la exposición de motivos dice: “La cultura es una actividad descentralizada por su propia naturaleza”. Este planteamiento contradice el espíritu de la propia iniciativa. El párrafo segundo del artículo primero de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, señala: “La oficina de la Presidencia de la República, las secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal y los órganos reguladores coordinados integran la administración pública centralizada.”. Luego entonces, si la cultura es descentralizada, ¿Por qué crear una dependencia de la administración centralizada?
5. En el sexto párrafo del punto II de la exposición de motivos dice “...la conciencia de que el apoyo a la cultura es responsabilidad y a la vez derecho de todos; y nuevas vías de colaboración entre la Federación, las Entidades Federativas y Municipios que reconocen la pluralidad de voces de la nación.”.
En el siguiente párrafo señala “...que este nuevo mapa institucional permitirá contar con un organismo integrador del conjunto vasto y heterogéneo de instancias culturales federales...”. Y en el párrafo 8, dice: “Será una institución mejor preparada, en suma, para responder al precepto constitucional que en 2009 incorporó el derecho universal de acceso a la cultura y el ejercicio de los derechos culturales como derechos humanos fundamentales.”
Las aseveraciones planteadas nos confirman la necesidad de que antes de la Reforma a la Ley Orgánica que propone el Presidente, es necesario tener una ley en la materia y ahora sí concretamente, una ley general ya que alude a competencias entre la Federación, estados y municipios, para establecer con claridad las competencias y, en su caso, el establecimiento de delegaciones de la Secretaría señalando con precisión las atribuciones y facultades, sobre todo si tomamos como referencia la interpretación del artículo 133 Constitucional emitida por el Tribunal del Poder Judicial de la Federación que dice:
“...debe entenderse que las leyes del Congreso de la Unión a las que se refiere el artículo constitucional no corresponden a las leyes federales, esto es, a aquellas que regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito federal, sino que se trata de leyes generales que son aquellas que pueden incidir al Estado Mexicano. Es decir, las leyes generales corresponden a aquellas respecto a las cuales el Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado Mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio establecido por el artículo 124 constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motu proprio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales”4 .
6. Si hay algo que nos enorgullece, caracteriza y distingue en el mundo entero, es nuestra identidad. Nuestra personalidad y manera de ser; nuestra gastronomía, los nopales, chiles, tortillas y moles; los legados al mundo como el guajolote, el aguacate, el jitomate, el cacao; nuestro pasado arqueológico y las bellezas naturales de nuestro territorio. Tenemos una identidad y un rostro perfectamente claro que asume con orgullo cualquiera que se precie de ser de nacionalidad mexicana.
Por eso resulta de muy mal gusto y grotesco, lo que señala el tercer párrafo del numeral III de la exposición de motivos en donde dice: “...en la cultura, habita el imaginario que los mexicanos de hoy debemos crear y proyectar, la nueva narrativa, individual y social, que nos dé un nuevo rostro, ante el mundo y nosotros mismos”.
7. En el siguiente apartado, la exposición de motivos habla del Programa Especial de Arte y Cultura, lo cual me llevaría a un análisis más amplio fuera del objetivo del presente documento, mismo que debe centrarse en la iniciativa. Por ello, no comentaré al respecto y continuaré con el siguiente apartado, que se refiere al contenido de la iniciativa.
Dice el Ejecutivo federal en las dos primeras líneas del apartado IV de la exposición de motivos: “En línea con el compromiso que anuncié en mi Tercer Informe de Gobierno de crear la Secretaría de Cultura, se propone la modificación de diversos ordenamientos...”. El presidente Peña Nieto ya no está en campaña, de manera que no tiene que esforzarse por cumplir compromisos que hace en un discurso. En primer término porque el compromiso al que se refiere no lo hizo en su Informe de Gobierno. Repasé completo el informe entregado al Congreso de la Unión y en él no menciona la creación de una Secretaría de Cultura. En el informe encontré, en la página 307 la referencia a la forma de convenios marco de colaboración, lo que refuerza el planteamiento de la necesidad de tener una ley general en la materia.
El compromiso a que se refiere el presidente en su exposición de motivos, lo hizo en el marco del mensaje que dio a sus mil 500 invitados y más de 500 periodistas nacionales e internacionales acreditados5 el 2 de septiembre a las 12:00 horas en el patio principal de Palacio Nacional. Una dependencia no se debe crear a partir de una promesa que se hace en un discurso de esta naturaleza, sino a partir de una necesidad que surja de un plan de trabajo. Así surgió el Indautor, derivado de la Ley Federal del Derecho de Autor, o el Inali, derivado de la Ley de Derechos Lingüísticos.
Del párrafo dos al cuatro de ese numeral, se trata de explicar y justificar que para la creación de una Secretaría basta con una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública y no la definición de una política pública en una ley en la materia. Estos párrafos se refieren a las funciones y atribuciones que tiene la SEP pero que pasarían a la nueva secretaría.
En el párrafo cinco nos encontramos nuevamente la coctelera. Aquí se menciona todo lo que tendría que hacer la nueva secretaría y se mencionan aspectos que son competencia del INBA, del INAH, de Relaciones exteriores y del Indautor. Datos que son tomados de las fracciones que se derogan del artículo 38 de la Ley Orgánica y se transcribirán al nuevo 41 Bis. Por cierto, ¿por qué 41 Bis y no 38 Bis? ¿Será sólo para alejarlo más de la Educación? Puede ser significativo que el 41 Bis es porque quedaría después del 41 que corresponde a desarrollo territorial y antes del 42 que corresponde a turismo, lo que se podría interpretar como que el territorio nacional en donde se ubica el patrimonio, se relacionaría con los aspectos culturales vinculados con el turismo. Tiene cierta lógica con enfoque liberal.
Lo que llama la atención es que la fracción XVII del artículo 38 se deroga y se transcribe tal cual a la Secretaría de Cultura. En la fracción XVI del nuevo 41 Bis, que dice “Organizar misiones culturales”. Lo que debe entender la gente que apoyó al titular del Ejecutivo federal en la redacción de la iniciativa, es que las misiones culturales no tienen que ver en absoluto con cultura. Las misiones culturales que pensó José Vasconcelos eran brigadas que se trasladaban a lugares en donde no había centros educativos y estaban muy lejos de alguna escuela, en una época en la que había realmente pocas escuelas. Eran equipos de trabajo que enseñaban a leer, a veces a escribir, elementos muy básicos de aritmética y formaban algo que llamaban “orfeos corales”, pero que aunque cantaban, el propósito era llevar a cabo una actividad grupal para propiciar la integración. Desde este punto de vista la organización de misiones culturales tiene que permanecer en la SEP. Por otro lado, actualmente las misiones culturales tienen como finalidad la capacitación de los docentes, sobre todo en áreas rurales y ya ni siquiera se forman coros, que era lo que tenía cierta relación con la actividad artística, que sería el propósito de la Secretaría de Cultura.
Más adelante se refiere a que la educación artística debe asumirla la Secretaría de Educación Pública, pero en coordinación con la nueva Secretaría. Es desconcertante porque la creación de una Secretaría podría ser un buen momento para ordenar la ambigüedad que hay entre la SEP y el INBA. La fracción II del actual artículo 38 dice “II. Organizar y desarrollar la educación artística que se imparta...” y ésta no se deroga, sino se modifica para quedar como “II. Organizar y desarrollar, en coordinación con la Secretaría de Cultura, la educación artística que se imparta ...” , al tiempo que el transitorio cuarto dice que el Instituto Nacional de Bellas Artes continuará rigiéndose por la misma ley que lo creó, la cual señala en la fracción II del artículo 2, que el INBA tendrá dentro de sus finalidades.
II. La organización y desarrollo de la educación profesional en todas las ramas de las Bellas Artes; de la educación artística y literaria comprendida en la educación general que se imparte en los establecimientos de enseñanza preescolar, primaria, de segunda enseñanza y normal.
Más adelante plantea algo similar con relación a aspectos patrimoniales, pero no alude en lo más mínimo al Instituto Nacional de Antropología e Historia, institución que también se menciona en el mismo transitorio cuarto como que continuará rigiéndose por la misma ley. O sea se mantiene la ambigüedad.
Y nuevamente en el párrafo once del apartado IV, se menciona que “se aplicará una política de renovación de los mecanismos de trabajo entre la Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y las diversas comunidades...”, lo cual nos lleva nuevamente a la reflexión sobre la necesidad de tener, antes de una reforma a la Ley Orgánica, una Ley General de Cultura.
8. Ya en el decreto, el Ejecutivo propone en un primer artículo, derogar diversas fracciones del Artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que corresponden a la SEP y prácticamente todas ellas quedan en el nuevo artículo 41 bis que corresponde a las atribuciones de la nueva secretaría de cultura, en donde nuevamente encontramos las inconsistencias que hay actualmente entre las atribuciones que tiene la SEP en la Ley Orgánica y otras instituciones que tienen atribuciones en las leyes que las crean.
En los siguientes 19 artículos del decreto, se proponen reformas y adiciones a los siguientes ordenamientos:
• Ley de Fomento para la Lectura y el Libro
• Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo
• Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas
• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
• Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad.
• Ley General de Turismo
• Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles
• Ley Federal de Cinematografía
• Ley General de Educación
• Ley de Asociaciones Religiosas
• Ley del Servicio de Administración Tributaria
• Ley Federal del Derecho de Autor
• Ley General de Bibliotecas
• Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
• Ley General de Bienes Nacionales
• Ley sobre el Escudo, la Bandera e Himno Nacionales
• Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
• Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia
• Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes
En estos ordenamientos prácticamente se sustituye en donde dice Secretaría de Educación Pública, debe decir: Secretaría de Cultura. Pero nuevamente hay inconsistencias. Y sólo para citar un ejemplo, puesto que el presente no es un dictamen, sino una proposición con punto de acuerdo, podemos citar que a excepción de las reformas a la Ley General de Bienes Nacionales en los artículos 30, 64 y 103, se señala con claridad acciones que en su casó haría la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia o a través del Instituto Nacional de Bellas Artes. Hay que recordar, como ya se mencionó anteriormente, que en una reforma como la que se propone habría que regularizar la situación de estos dos institutos, que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, pero que en los artículos decimonoveno y vigésimo del proyecto de decreto se mantienen como órganos desconcentrados, lo cual es una inconsistencia, ya que los órganos que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, son los órganos descentralizados, fideicomisos o empresas de participación estatal mayoritaria. A esto hay que agregar que el artículo cuarto transitorio reafirma mantener el status administrativo irregular con el que ha funcionado durante tantos años, en que la dependencia de ambos institutos de la SEP y su calidad de órganos desconcentrados se establece en el reglamento interior, contraviniendo a la Ley de Entidades Paraestatales y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
9. No obstante que en la Iniciativa del Ejecutivo Federal se señalan reformas a 19 Leyes, además de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no se consideran reformas a otras disposiciones, como
• Decreto de Creación del Instituto Nacional de Cinematografía
• Decreto por el que se crea el organismo descentralizado Fondo de Cultura Económica y se ordena la disolución y liquidación de la empresa de participación estatal mayoritaria del mismo nombre.
• Ley de Entidades Paraestatales
• Ley sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos
• Ley del Impuesto sobre la Renta.
Además de las disposiciones relativas con la Cineteca Nacional, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Canal 22, entre otras, lo cual se pretende solventar con un artículo noveno transitorio que señala “Las atribuciones y referencias que se hagan a la Secretaría de Educación Pública o al Secretario de Educación Pública que en virtud del presente Decreto no fueron modificadas, y cuyas disposiciones prevén atribuciones y competencias en las materias de cultura y arte que son reguladas en este Decreto se entenderán referidas a la Secretaría de Cultura o Secretario de Cultura.” Esta situación puede provocar más situaciones ambiguas con repercusiones legales o administrativas, lo cual se evitaría si existiera una ley general de cultura que estableciera claramente la política pública en la materia, que estableciera los ámbitos de competencia, facultades y atribuciones de todos y cada uno de los organismos que conforman el sector, además de los mecanismos de coordinación entre la federación, estados y municipios.
En Morena creemos que la cultura es fundamental para la ciudadanía y ha sido un factor realmente importante en nuestro país. No estamos en contra de la creación de una Secretaría, sólo pedimos que se haga, si se requiere, a partir de la definición clara de una política pública en materia de cultura con estrategias transversales que se relacionen con la educación, el turismo, la estrategia digital del Gobierno de la República, la salud, el medio ambiente, la ciencia y el Desarrollo Social. Esto no se logra con una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Por lo anterior y hasta en tanto el Ejecutivo federal no presente una ley específica en materia de cultura se hace la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al ciudadano presidente de la República a que retire su iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras disposiciones para crear la secretaría de cultura, presentada el 8 de septiembre de 2015.
Notas
1 Datos proporcionados de Cultura México, AC.
2 http://www.museosdemexico.org/museos/entradamuseo.php?idMuseo=74&id Menu=4&Tipo=0
3 Carrillo Castro, Alejandro. Génesis y Evolución de la Administración Pública Centralizada. Colección 200 años de Administración Pública en México. INAP, 2011. México.
4 Tesis: página vii/2007 en materia constitucional página 5. Semanario del Poder Judicial de la Federación, Gaceta XXV, abril de2007 Novena época registro 172739.
5 Excélsior. 3 de septiembre de 2015.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2015.
Diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a realizar gestiones para incluir en los programas y planes de estudio de todos los niveles educativos los temas de anticorrupción, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Educación Pública para solicitar el apoyo de los centros de investigaciones y posgrados universitarios que analizan y estudian temas de anticorrupción para la inclusión de este tema como materia en la currícula y materiales de los programas y planes de estudio, en todos los niveles educativos, con base en las siguientes:
Consideraciones
El combate a la corrupción, la búsqueda por garantizar que los recursos públicos lleguen a su destino, la generación de condiciones jurídico-administrativas para la rendición de cuentas y la construcción de una sociedad intolerante ante la corrupción, es una tarea estratégica para el Estado Mexicano. Por ello, los diputados y las diputadas ciudadanas, constantemente buscamos fortalecer los mecanismos de controles transversales y rendición de cuentas que empoderan al ciudadano frente a problemas de nuestra sociedad como es la corrupción y sus efectos.
Entre los problemas que genera la corrupción, está el deterioro de la comunicación y la confianza entre las personas y entre estas y sus representantes. Esto, se refleja en la perspectiva de una tercera parte de nuestra población que considera que la confianza se podría recuperar con un combate efectivo a la corrupción, mientras que el 20 por ciento de la nación, cree que la confianza se recuperaría con aplicar la ley sin distinciones.
En este sentido, los sondeos a la ciudadanía sobre confianza en las instituciones de la República, elaborados por consultoras como Mitofsky, marcan que la aprobación que el ciudadano da a la clase gobernante ha bajado en promedio 26 puntos porcentuales en 5 años.1
Ante estos datos, alguna perspectiva poco autocrítica podría sugerir que la desconfianza de los ciudadanos y la percepción sobre la corrupción y complicidad de sus gobernantes, es una constante en cualquier sociedad. Sin embargo, los estudios de centros de investigación como el Centro de Investigaciones y Docencia Económica (CIDE), del Banco Mundial o el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ubican a nuestro país como uno de los ejemplos donde la corrupción prolifera y se tolera. En este sentido, se nos ha situado en los lugares más vergonzosos en materia de corrupción, circunstancia de la que se estima inhibe en un 18.6 por ciento la generación de negocios.
Esta percepción, nacional e internacional, se ve alimentada tanto por los casos de corrupción que han quedado en el imaginario colectivo como hechos de impunidad y en la cotidianeidad del ciudadano que ve en las distintas interacciones ejemplos de poco respeto a la legalidad. Esta falta de respeto, es facilitada por la alta tolerancia a la corrupción que tiene nuestra sociedad y que al ver a políticos y empresarios en cualquier noticiario, observar el tránsito o realizar trámites podemos apreciar.
Como diputada ciudadana, me niego a aceptar el infundado prejuicio de que este tipo de actitudes, propias de una sociedad anómica, sean un irremediable rasgo cultural.
Por el contrario, estos comportamientos, abundantes en nuestra vida diaria y en la forma en que se desarrolla nuestra élite, tienen su origen en la formación de los ciudadanos.
En este sentido, a pesar de 30 años de construcción de un entramado institucional anticorrupción que actualmente se debate su rediseño, nuestro país sigue sufriendo este problema. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Transparencia Internacional nos considera en el lugar 103 de 175, es decir hay 102 Estados menos corruptos. Asimismo, entre los miembros del G20 somos percibidos como la cuarta nación más corrupta y para el Banco Mundial estamos en el lugar 127 en cuanto a combate a corrupción.2
Lo anterior indica que la mejor ingeniería constitucional es poco eficaz si el problema no se ataja también desde la raíz, me refiero al tratamiento de esta problemática desde el sistema educativo, en todos sus niveles.
En este sentido, conscientes de la responsabilidad de generar un Sistema Nacional Anticorrupción eficaz, debemos actuar desde todos los ámbitos para potencializar sus fortalezas. Por ello, hago esta invitación a que actuemos para apuntalar la lucha anticorrupción desde el sistema educativo y la instrucción que reciben los niños y jóvenes mexicanos.
Por todo lo anterior, presento ante esta honorable asamblea las siguientes
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Educación Pública para solicitar el apoyo de los centros de investigaciones y posgrados universitarios que analizan y estudian temas de anticorrupción para la inclusión de este tema como materia en la currícula y materiales en los programas y planes de estudio en todos los niveles educativos.
Notas
1 Véase a Mitofsky file:///C:/Users/RAEN/Downloads/20150907_NA_CONFIANZA_EN_INSTITUCIONES. pdf y Mitofsky file:///C:/Users/RAEN/Downloads/201508_EVGOBTrim11-1 por ciento20(1).pdf
2 Véase a Casar, María Amparo, Anatomía de la Corrupción, IMCO-CIDE, México, 2015
http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/2015_Libro _completo_Anatomia_corrupcion.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2015.
Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a reconsiderar la definición de las franjas horarias establecidas en los lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y del servicio de televisión y audio restringidos, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
La que suscribe, Angélica Reyes Ávila, diputada del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
Una de las once reformas estructurales que se llevaron a cabo durante la LXII Legislatura fue la de telecomunicaciones, referida al terreno de telefonía, internet, televisión por cable y similares, para ponerse al día en los avances tecnológicos, aceptar la convergencia de servicios y promover la competitividad con mercados abiertos y libres.
Así, el 14 de julio de 2014 se publicó en el Diario Oficial la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), la cual establece que la Secretaría de Gobernación tiene la atribución exclusiva de emitir los lineamientos del sistema de clasificación de contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y del servicio de televisión y audio restringidos.
En la nueva ley se determinó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones no tiene atribuciones en la regulación de contenidos, por ello, el pasado 4 de noviembre de 2015 la Secretaría de Gobernación expidió los Lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y del servicio de televisión y audio restringidos.
Cabe resaltar que en la reforma en materia de telecomunicaciones se promovió el principio de interés superior de la niñez al señalar que la programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringidos, en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información, deberá propiciar, entre otros aspectos, el desarrollo armónico de la niñez.
Por su parte, el artículo 226, fracciones III y XV de la LFTR señala que a efecto de promover el libre desarrollo armónico e integral de niñas, niños y adolescentes, así como contribuir al cumplimento de los objetivos educativos planteados en el artículo 3o. constitucional, la programación radiodifundida dirigida a las personas menores de edad deberá “evitar contenidos que estimulen o hagan apología de la violencia”, además de cumplir con la clasificación y los horarios relativos a la utilización y difusión de contenidos pornográficos.
Asimismo, el artículo 228 de la mencionada norma establece que los concesionarios que presten servicios de radiodifusión o de televisión y audio restringidos, deberán hacer del conocimiento público la clasificación y advertir de contenidos inadecuados para las personas menores de edad, de conformidad con el sistema de clasificación que se establezca en las disposiciones reglamentarias.
También recientemente se publicó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que establece el derecho de las personas menores de edad al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet, en términos de lo previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Para tales efectos, el estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la presentación de dichos servicios.
La referida ley general es enfática al señalar, en el artículo 68, que respecto a la programación dirigida a niñas, niños y adolescentes, así como los criterios de clasificación emitidos de conformidad con la misma, las concesiones que se otorguen en materia de radiodifusión y telecomunicaciones deberán contemplar la obligación de los concesionarios de abstenerse de difundir o transmitir información, imágenes o audios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, o que hagan apología del delito, en contravención al principio de interés superior de la niñez.
Las niñas y los niños tienen derecho a recibir contenidos audiovisuales de calidad acordes a su edad, grado de madurez y desarrollo, por ello el artículo trigésimo sexto transitorio de la LFTR se ordenó al Instituto Federal de Telecomunicaciones realizar los estudios para analizar la pertinencia de incentivar a los concesionarios a incluir una barra programática dirigida al público infantil en la que se promueva la cultura, el deporte, la conservación del medio ambiente, el respeto a los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la no discriminación.
En cumplimiento a lo anterior, en febrero de 2015 el Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó el Estudio sobre oferta y consumo de programación para público infantil en radio, televisión radiodifundida y restringida del cual se destacan los siguientes datos:
• Con respecto a los hábitos de consumo de programas de televisión en la población infantil de 4 a 12 años, de lunes a viernes, la exposición a la televisión empieza entre las 13:00 y las 17:00 horas y de ahí comienza una curva de crecimiento alcanzando el mayor nivel entre las 20:00 y las 22:00 horas.
• Los fines de semana, en el horario matutino de 8:00 a 12:00 horas, se registra un incremento en el consumo de televisión, especialmente los sábados, manteniéndose en el mismo nivel hasta las 19:00 horas, momento en que se vuelve a incrementar la exposición hasta llegar al nivel máximo entre las 20:00 y las 22:00 horas.
• Al menos 3 de cada 10 niños poseen un televisor en su recámara.
• Después de la televisión radiodifundida, la televisión restringida es el medio con un mayor consumo, seguido de internet.
• En 2014, el público infantil pasó frente al televisor un promedio de 4 horas con 34 minutos al día.
• El tiempo que las niñas y los niños destinan a ver canales de televisión restringida, incrementó 40 minutos en 2014.
De los datos precedentes se destaca que, siendo la televisión el medio de comunicación de mayor penetración y consumo entre la niñez mexicana, es obligación de las autoridades competentes hacer que en los contenidos que se transmitan en servicios de televisión y audio restringidos se cumpla y garantice el principio de interés superior de la niñez, promoviendo el desarrollo integral y armónico de las niñas y los niños.
Al publicar los lineamientos de clasificación de contendidos de servicios de radio y televisión restringidos, y establecer que los concesionarios pueden transmitir contenidos clasificación B para adolescentes y adultos a partir de las 16:00 a las 5:59 horas, la Secretaría de Gobernación debió tener en cuenta que para niñas y niños la televisión sigue siendo la pantalla principal a pesar de que ahora conviven con las computadoras, dispositivos móviles y videojuegos, ésta sigue manteniendo gran importancia.
Estos nuevos lineamientos permitirán que el contenido dirigido a adolescentes (mayores de 12 años) se transmita a partir de las 16:00 horas, en lugar de las 20:00 horas, y los programas con clasificación B 15 para mayores de 15 años y adultos se proyecten desde las 19:00 horas y no a partir de las 21:00 horas como se regulaba anteriormente en el Acuerdo mediante el cual se emiten los criterios generales de clasificación de películas, telenovelas, series filmadas y teleteatros grabados, vigentes desde 2007, mismos que se abrogan con la publicación de los multicitados lineamientos. Esto es grave porque la publicación de los lineamientos contradice los resultados del multicitado estudio realizado por la máxima autoridad en materia de telecomunicaciones, que, como se dijo, señalan que la mayor demanda de audiencia infantil empieza desde las 13:00 y las 17:00 horas alcanzando la mayor audiencia entre las 20:00 y 22:00 horas.
Además, la nueva regulación, que entrará en vigor el 4 de diciembre de 2015, permite que se proyecte contenido para mayores de 15 años a partir de las 19:00 horas; y para los mayores de 18 años, a las 21:00 horas se podrán transmitir escenas de violencia, consumo de sustancias ilícitas, desnudez erótica y cualquier tipo de lenguaje.
La oferta de contenidos audiovisuales dirigida al público infantil es escasa y lo será más, al reducir en cuatro horas la franja horaria de contenidos dirigidos a este sector de la población.
Otro elemento para exhortar a la Secretaría de Gobernación (Segob) a revocar los lineamientos es que con su expedición se hace aún más laxa la regulación sobre publicidad de alimentos y bebidas ya que ahora se podrán transmitir comerciales de comida chatarra desde las 4 de la tarde cuando los niños vean películas dirigidas a adolescentes ya que éstas están exentas de regulación. La situación es grave, porque en México, según datos de la Secretaría de Salud, 2 de cada 3 niños padecen obesidad o sobrepeso.
Por todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a reconsiderar la definición de las franjas horarias establecidas en el punto noveno , fracciones III y IV de los Lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y del servicio de televisión y audio restringidos, por contravenir el principio de interés superior de la niñez.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2015.
Diputada Angélica Reyes Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que, por su conducto, las secretarías de Estado revisen la similitud de programas y acciones federales de desarrollo social, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Francisco Escobedo Villegas, perteneciente a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 79, numeral 1, fracción, II; numeral 2, fracciones I, II y III, del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de ésta soberanía el presente punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
El Plan Nacional de Desarrollo rige la programación y presupuestación de toda la administración pública federal, todos los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que definen las acciones del gobierno, deberán elaborarse en congruencia con el plan, en él se expone la ruta que el gobierno de la república se traza para contribuir, de manera eficaz, que México alcance su máximo potencial.
Como es del conocimiento de todos, en el plan se establecieron cinco ejes de acción: Un México en Paz, un México Incluyente, un México con Educación de Calidad, un México Próspero y un México con Responsabilidad Global. Asimismo, se presentan Estrategias Transversales para Democratizar la Productividad, para alcanzar un Gobierno Cercano y Moderno, y para tener una perspectiva de género en todos los programas de la administración pública federal.
Con visión y convicción y gracias al liderazgo del Presidente Enrique Peña Nieto, México ha sorteado las diversas situaciones y problemas que como país enfrentamos, gracias a ese liderazgo hemos salido adelante como nación.
La política social y económica que se ha implementado, la responsabilidad con que se ha actuado para alcanzar bienestar de la población está rindiendo frutos, muestra de ello es el la reducción de las carencias sociales, así lo indica el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, del 17 de agosto 2015, entre ellas, es importante resaltar las disminuciones en la carencia a los servicios de salud que pasó de 32.9 por ciento entre 2013 y 2014 a 9.2 en 2015 y el acceso a la alimentación que pasó de cien a 42.5 por ciento.
Recordemos que la Ley General de Desarrollo Social establece la creación del CONEVAL, como un organismo público descentralizado de la administración pública federal con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social. Sus esfuerzos están enfocados en diseñar una institución que tenga la capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza.
El informe de referencia del Coneval, indica que programas como: Prospera, Abasto Rural de Diconsa, Abasto Social de Liconsa, Apoyo Alimentario, Pensión para Adultos Mayores, Comedores Comunitarios, manejados por la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, impactan de manera directa en el abatimiento de la pobreza alimentaria.
Programas como: Educación para Adultos Mayores, Prospera, Apoyo a La Educación Indígena, Atención a Jornaleros Agrícolas, Seguro de Vida para Jefas de Familia, Programa Nacional de Becas, Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria (Conafe), han contribuido a la alfabetización en nuestro país.
De igual forma los programas a cargo de la Secretaría de Salud como: El Seguro Popular, Seguro Médico Siglo XXI, Unidades Médicas Móviles, están contribuyendo de manera directa a mejorar las condiciones de vida de la población.
El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para la Vivienda, el Programa de Infraestructura Indígena, Programa Hábitat, han contribuido de manera directa en el rezago a la vivienda.
Programas manejados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, como: Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, la Gestión Integral de Residuos, Agua Limpia, Infraestructura Hídrica, Infraestructura Indígena, están contribuyendo de manera directa en la población.
Por otra parte, es justo mencionar que los diferentes programas que el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha implementado, están contribuyendo de manera efectiva a que la población alcance los derechos sociales que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Desarrollo Social, derechos como: accesos a la educación, la salud, a la alimentación, a la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a lo discriminación, sabemos que no es fácil, mas sin embargo estoy convencido, al igual que muchos mexicanos, que vamos por buen camino.
Para seguir adelante con buenos resultados, como hasta ahora se han dado, es loable que las secretarías de estado, con base en el informe del Coneval revisen los diferentes programas que manejan para buscar mayor impacto en la población y así evitar similitudes y acciones que diversifican esfuerzos. Es por lo que someto al pleno de esta soberanía, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 79, numeral 1, fracción, II; numeral 2, fracciones I, II y III del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, para que por su conducto las secretarías de Estado revisen la similitud de programas y acciones federales de desarrollo social.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2015.
Diputado Francisco Escobedo Villegas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se propone la creación de la comisión especial para conmemorar el centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito diputado José Hernán Cortés Berumen, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 62, 76 fracción IV y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con puntos de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el máximo cuerpo normativo de nuestro sistema jurídico del cual emana todo ordenamiento legal ya sea federal o local. Contiene los principios y objetivos de la nación, establece la existencia de órganos de autoridad, sus facultades y limitaciones, así como los derechos de los individuos y las vías para hacerlos efectivos.
Lo anterior se debe a que en sus disposiciones descansa el espíritu de la norma, que representa la esencia misma y razón de ser del estado de derecho, en cuyo ejercicio se logra el desarrollo del bien común a favor de la sociedad, en donde las disposiciones que velan por la salvaguarda de la dignidad inherente de cada ser humano, representan la máxime en la actuación en torno al ejercicio del buen gobierno.
El nacimiento de nuestra Constitución trajo como consecuencia el establecimiento de una nueva realidad social para nuestro país, apegada a los principios y valores que marcan el rumbo de una nación fuerte y unificada, mediante la garantía de los derechos de todos los mexicanos a una vida digna y plena de acuerdo a una normatividad que asegura el respeto de la soberanía de las entidades que componen nuestro pacto federal.
Bajo esta tesitura el garantizar la inclusión de todos los ciudadanos en el desarrollo de la vida pública de México a través de la libertad de expresión, el derecho al trabajo y la libre asociación de los trabajadores, el derecho a la educación laica y gratuita, la equidad de género y la no discriminación, se inscriben como los elementos que determinan la excelencia de un Estado que se rige mediante el apego a los principios de justicia y equidad social.
Aunque nuestra actual Constitución difiere en muchos aspectos de la forma en que fue concebida en 1917, a consecuencia de las reformas que se le han hecho con la finalidad de mantenerla vigente de acuerdo a los cambios sociales y económicos en México y el mundo, su espíritu sigue representando un baluarte de la democracia de nuestro país, y ahora con la reforma al artículo 1o. y la inclusión de los derechos humanos dentro del apartado de las garantías individuales de nuestra Carta Magna, nuestro país se ha puesto a la vanguardia y ha adquirido un compromiso con la Sociedad Internacional a efecto de actuar siempre y en todo momento a favor de la defensa, promoción y garantía de los derechos humanos al amparo de nuestra Ley Suprema.
La Constitución, por tanto, representa el eje rector del principio de la legalidad mediante la consolidación de un sistema democrático; por lo que se pone de manifiesto, la importancia de su análisis y difusión, con el objetivo de avanzar hacia una realidad plena en términos de justicia.
El próximo 5 de febrero de 2017 se celebrará el centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que creemos importante se lleven a cabo una serie actos de diversa índole por parte de la Cámara de Diputados para conmemorar tan representativa fecha.
Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial para conmemorar el centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. El objeto de la comisión especial será definir y organizar actividades como: ediciones especiales, encuentros de reflexión entre los poderes de la Unión, coloquios de intelectuales y juristas, difusión masiva, lecturas públicas, exposiciones, y demás similares, en torno a la Constitución Política de 1917.
Tercero. La Junta de Coordinación Política determinará el número de integrantes de la comisión especial velando por la pluralidad en la participación de los grupos parlamentarios.
Cuarto. La comisión especial contará con los recursos necesarios para desarrollar adecuadamente sus actividades.
Quinto. La comisión especial tendrá vigencia desde la aprobación de su creación, hasta el final de la LXIII Legislatura, debiendo entregar un informe final de actividades.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2015.
Diputado José Hernán Cortés Berumen (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales y la ALDF a establecer en los respectivos códigos civiles la edad mínima de 18 años de edad de mujeres y de hombres para contraer matrimonio, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Considerandos
1. El matrimonio infantil, lo define el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), como un matrimonio formal o unión informal antes de los 18 años, el cual es una realidad que afecta de manera más desproporcionada a las niñas. En su informe, “Progreso para la Infancia de 2010”, dicha agencia de Naciones Unidas sostiene que alrededor de una tercera parte de las mujeres de 20 a 24 años de edad a nivel mundial se casaron cuando eran niñas; precisa que si bien los datos de 47 países muestran que, en general, la edad mediana del primer matrimonio está aumentando gradualmente, esta mejora se ha limitado principalmente a las niñas de las familias con ingresos más altos e informa que mientras que el 48% de las mujeres de 45 a 49 años de edad se casaron antes de cumplir los 18 años, la proporción sólo ha bajado a 35% de las mujeres 20 a 24 años de edad.
2. Para el UNICEF el matrimonio infantil funciona como una norma social discriminatoria y violatoria de los derechos humanos porque pretende reducir la carga económica que representan las niñas y adolescentes en las familias pobres. Esta práctica profundiza las brechas de desigualdad y marginación, condenando principalmente a las mujeres, porque:
• Alienta el embarazo prematuro y sin espaciamiento.
• Fomenta la preferencia del varón en la educación.
• Fomenta la deserción escolar en niñas y adolescentes.
• Circunscribe a las mujeres a las tareas domésticas, privándolas de elegir una actividad fuera del hogar.
• El riesgo de que su bebé muera en su primer año de vida es de un 60% más que el de un bebé nacido de una madre mayor de 19 años.
3. En México, de 2005 a 2012, los matrimonios infantiles aumentaron seis por ciento en nuestro país, pues de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cada año más de 113 mil niñas entre los 15 y 18 años se casan en el país, es decir, una quinta parte del total de los matrimonios a nivel nacional, estimándose la existencia de 389 mil niñas y niños entre 14 y 17 años, que están casados o viven en unión libre. En tanto la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 da cuenta de que la proporción de mujeres adolescentes entre 15 y 19 años que viven en unión libre o matrimonio, representa 15 de cada 100.
4. Actualmente, el Código Civil Federal permite a mujeres mayores de 14 años y a los hombres mayores de 16, contraer matrimonio, siendo México uno de los 52 países que permiten esta unión legal entre menores con el consentimiento de sus padres. Esta situación llevó a esta Soberanía a aprobar una serie de reformas al Código Civil Federal donde se propone aumentar la edad a 18 años como requisito para que un hombre y una mujer puedan casarse. Actualmente se encuentra en análisis y discusión la Minuta respectiva en el Senado de la República.
5. Por otra parte, el 4 de diciembre de 2015, fue publicada la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes enfocada a reconocer a la niñez y adolescencia como sujetos de protección de los derechos humanos y entró en vigor al siguiente día. En su artículo 45 que corresponde al Título Segundo, de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Capítulo Séptimo, Del derecho a vivir en Condiciones de Bienestar y un Sano Desarrollo Integral, expresa que:
“Las leyes federales y de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años.”
Mientras en su artículo segundo transitorio se establece que dentro de 180 días a partir de la promulgación de la Ley, se deben modificar las legislaciones y han transcurrido al menos 170 días desde que el plazo se venció sin que haya una respuesta satisfactoria a esta obligación legal, pues solo 6 estados han reformado su Código Civil para establecer los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio sin ninguna excepción, 17 han reformado su ley pero establecen excepciones lo que permite vulnerar el derecho y las restantes siguen estableciendo la edad mínima de 14 y 16 años.
6. Sin duda alguna, el matrimonio infantil es una vulneración a los derechos de las niñas y niños, constituye una práctica nociva que violenta la integridad y la dignidad de ellos y, sobre todo, constituye un elemento que alienta las brechas de desigualdad de género y busca alentar la reproducciones de roles tradicionales en las mujeres desde la temprana edad, lo cual es inaceptable.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos locales de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a establecer, en sus respectivos Códigos Civiles, como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años de edad para mujeres y hombres, a fin de dar cumplimiento al artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 26 días de noviembre de 2015.
Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la expedición de la Ley Reglamentaria del Artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Modesta Fuentes Alonso, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, Modesta Fuentes Alonso, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Antecedentes
En nuestro país se concentran distintos movimientos migratorios: es un país de origen, de destino, de retorno y de tránsito de personas migrantes. El gobierno ha enfrentado estos fenómenos desde una óptica de seguridad nacional, de control y de criminalización, a través de una política migratoria irregular de las personas que transitan por territorio mexicano.
Al respecto, en 2013, el Instituto Nacional de Migración (INM) registró 86 mil 929 eventos de extranjeros detenidos en estaciones migratorias, de los cuales uno de cada 10 (9 mil 893) fueron registrados como menores de edad.
En este mismo sentido, el INM reportó 80 mil 79 eventos de extranjeros devueltos a su país de origen o de residencia, la gran mayoría de las personas deportadas son originarias de Centroamérica, particularmente de Honduras, Guatemala y El Salvador, países que enfrentan graves problemas socio-políticos, con altos índices de violencia.
Las detenciones de personas migrantes en México se llevan a cabo en 58 estaciones migratorias y estancias provisionales distribuidas en puntos estratégicos del flujo migratorio, sin embrago, se convierten en un gran desastre en materia de derechos humanos.
En nuestro país, las personas extranjeras que no acreditan una estancia legal son detenidas y sufren un menoscabo en la esfera de sus derechos, pues son víctimas de diversos delitos como secuestros, violaciones, desaparición forzada y trata de personas.
Lo anterior derivado de que no existe un procedimiento administrativo que regule la expulsión del territorio nacional de personas extranjeras.
En este sentido, el pasado 10 de junio de 2011 se aprobó una reforma al artículo 33 de nuestra Ley Fundamental con el objeto de colocar a los derechos humanos como la piedra angular del Estado, señalando que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, y que tales derechos deben interpretarse de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, además de otorgar la garantía de audiencia a toda persona que pretenda ser expulsada del país.
Derivado de la reforma, debe interpretarse que toda autoridad debe proteger y respetar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio nacional, situación que no se lleva a cabo en las estaciones migratorias de nuestro país.
Al respecto, es importante destacar que el decreto por el que se modifica la denominación del capítulo I del título primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 10 de junio de 2011, establece que “el Congreso de la Unión expedirá la Ley Reglamentaria del artículo 33 constitucional, en materia de expulsión de extranjeros en un plazo máximo de un año contado a partir del inicio de la vigencia de este decreto... “.
Derivado de lo anterior el 14 de agosto de 2013, diversas senadoras y senadores presentaron una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 33 Constitucional. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado remitió para su estudio y dictamen la iniciativa señalada a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, y de Estudios Legislativos.
Con fecha 11 de septiembre de 2013 fue rectificado el turno correspondiente ampliándose a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos.
Posteriormente el 22 de octubre de 2013, el titular del Poder Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, por conducto de la Secretaría de Gobernación, remitió al Senado de la República iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que el 24 de octubre de 2013, la Mesa Directiva turnó la iniciativa en comento a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos.
Así, el día 28 de abril del año 2014, se llevó a cabo una reunión en la que participaron las Comisiones mencionadas en el párrafo anterior, y fue sometido a consideración de los integrantes de las mismas el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que fue aprobado por unanimidad de los presentes, sin embargo éste dictamen no ha sido discutido en el pleno del Senado del Congreso de la Unión.
Por lo antes expuesto y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio, se somete a consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a las Juntas de Coordinación Política del Senado de la República y de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que sea discutida y en su caso aprobada la Ley Reglamentaria del Artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre extranjeros, derivada de la reforma constitucional en materia de derechos humanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2015.
Diputada Modesta Fuentes Alonso (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a tomar medidas por la Sagarpa y la Semarnat para evitar la entrada del salmón transgénico en el país, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita, Claudia Sofía Corichi García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que, a través de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tomen las medidas precautorias necesarias para evitar la entrada de salmón transgénico a nuestros país, al tenor de las siguientes
Consideraciones
I. La nutrióloga María del Carmen Iñárritu, del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) afirma que en las últimas décadas, la súper abundancia de comida procesada y la ingesta insuficiente de alimentos frescos ha llevado a la deficiencia de nutrientes esenciales en nuestra dieta.
Los ácidos grasos poliinsaturados como el omega 3 y el omega 6 también conocidos como grasas buenas, a diferencia de las grasas de las carnes y los productos lácteos enteros, tienen efectos positivos en nuestra salud.
Los omega 3 son ácidos grasos poliinsaturados, grasas esenciales que el cuerpo no puede producir y, por lo tanto, tenemos que obtenerlos de nuestra dieta. Principalmente forman parte de las membranas celulares y contribuyen a un mejor funcionamiento de las células, además ayudan en la función cerebral, la visión y la función inmunológica.
El omega 3, también conocido como ácido alfa-linolénico, se encuentra en los vegetales de hoja verde como el brócoli, las espinacas y las leguminosas. Otro tipo de omega 3 conocido como DHA o ácido docosahexaenoico, es abundante en los pescados sobre todo de aguas frías y profundas como el salmón, la sardina, el atún y la trucha.
Los ácidos grasos omega 3 también contribuyen a disminuir triglicéridos séricos, y ayudan a la vasodilatación, además “se ha visto que los ácidos grasos omega 3 ayudan para el desarrollo neuronal y de la visión de los niños”1 .
II. Como vimos al principio de esta administración, el presidente Enrique Peña Nieto anunció una Estrategia Nacional para la Prevención y Control de la Obesidad y Diabetes. Entre las acciones que incluye están la de aumentar impuestos a la comida chatarra, leyes que prohíben la venta de esos alimentos en escuelas, campañas para fomentar la actividad física, nuevas etiquetas en los productos, campañas educativas sobre una alimentación sana, etcétera.
III. El omega 3 más abundante, como lo vimos anteriormente, se encuentra en pescados de agua fría como el salmón, y en México, en los últimos diez años el consumo de salmón ha crecido enormemente, antes sólo se consumía en Navidad o en fechas muy definidas, este crecimiento en parte ha sido por la popularidad de restaurantes japoneses, pero también y en gran parte debido al tema de la salud, ya que se ha difundido la información sobre el bien que hace a nuestra salud consumirlo.
IV. El 19 de noviembre del presente año las autoridades sanitarias de Estados Unidos de América (EU) aprobaron un tipo de salmón genéticamente modificado para consumo humano, el primer animal transgénico que se servirá a los consumidores de aquel país.
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) considera que el producto “cumple con los requisitos reglamentarios” y es apto para consumo humano, esto tras un análisis exhaustivo de los elementos presentados por la evidencia científica que entregó AquAdvantage Salmon, sin embargo el desarrollo corresponde a la empresa de biotecnología AquaBounty Technologies con sede en el estado de Massachusetts.
La decisión prosigue a un año de controversia sobre el pez desarrollado a partir de la especie del Atlántico a la cual se le inyectó un gen del salmón Chinook del Pacífico para incentivar un crecimiento más rápido, lo cual significa que alcanza su madurez entre los 16 y 18 meses, frente a los 30 que requiere el del Atlántico.
De acuerdo con la FDA, la nueva especie de salmón es “tan seguro y nutritivo” como cualquier otro salmón que no se haya modificado genéticamente, además no hay diferencias biológicas relevantes en el perfil nutritivo, pero éste deberá criarse únicamente en estanques de dos instalaciones específicas en Canadá y Panamá, ello a consecuencia de la aprobación que impide su crianza en EU.
V. Los organismos genéticamente modificados u OGM, son aquellos que surgen a partir de la inserción de genes de una especie a otra para brindarle una característica en especial. En el área de la agricultura esto puede hacerse para otorgarle a una planta características deseables ya sea una mayor resistencia a enfermedades, plagas y virus, una mayor eficiencia en la absorción de los compuestos del suelo o para que produzcan algún nutriente o compuesto en específico entre muchas otras mejoras.
En la acuicultura la modificación genética de especies acuáticas puede incrementar la cantidad y la calidad de los productos de la acuicultura. Se han identificado varios genes de interés que pueden transferirse a distintas especies.
Algunos estudios experimentales sobre organismos transgénicos demostraron que pueden mejorarse las tasas de crecimiento y otras características comercialmente importantes, como la resistencia a enfermedades y la tolerancia a condiciones ambientales adversas.
VI. Organismos en defensa de consumidores estiman que este tipo de salmón podría ser peligroso para la salud humana y representar riesgos para otros peces de ser liberado en la naturaleza, sin embargo, la FDA afirma que es estéril y si alguno de estos llegase a escaparse, no podría reproducirse o establecer poblaciones en estado salvaje.
Las asociaciones también piden el etiquetado del producto, aunque la legislación estadounidense indica su necesidad cuando existe una diferencia sustancial entre el transgénico y el natural, pese a lo cual emitió recomendaciones para quienes deseen etiquetar de manera voluntaria el nuevo salmón.
VII. En México el debate sobre organismos transgénicos inició en 1988, cuando se presentó la primera solicitud para la experimentación con el jitomate genéticamente modificado. Para resolver la pertinencia de liberar este tipo de cultivos, el gobierno convocó a un grupo de expertos y conformó el Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola (CNBA) como un grupo consultivo coordinado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
En los años noventa, el comité evaluó y aprobó algunos experimentos con maíz transgénico bajo confinamiento. Sin embargo, al aumentar las solicitudes de maíz transgénico y ante las diversas incógnitas, el comité organizó diversos foros de análisis sobre el maíz transgénico y las implicaciones que para México tendría. En el informe elaborado por académicos de diversas instituciones públicas se sugirió al gobierno de México que se detuvieran los experimentos con maíz transgénico, ante las implicaciones que tendría esta tecnología para la biodiversidad de maíces existentes en el territorio nacional. El 3 de septiembre de 1999, la titular del comité, la química Amada Vélez, anunció que no recibirán más solicitudes, estableciendo una moratoria de facto.
Por su parte, el Poder Legislativo fue presionado para crear una ley de bioseguridad, en aras de regular a los organismos transgénicos y evaluar los riesgos e incertidumbres asociadas. El proceso legislativo inició en 1999 con la presentación de la primera iniciativa, finalmente la iniciativa de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados que se discutió fue promovida por las empresas y era francamente promotora de la siembra y comercialización sin restricciones de los transgénicos. En el debate los legisladores comprendieron que el tema toral era la bioseguridad de los organismos genéticamente modificados producto de la biotecnología moderna en relación con la salud –humana y animal– y el ambiente.
VIII. “En el salmón normal, el gen que controla la producción de hormona de crecimiento se activa con la luz, de modo que el pez crece sólo durante los meses soleados del verano. Pero al agregarle a este gen una “secuencia promotora” de otra especie (Macrozoarces americanus, un pez típico del Atlántico norte), el salmón produce la hormona de crecimiento durante todo el año. Este salmón genéticamente modificado no es diferente, ni en apariencia ni en sabor, al convencional, pero puede ser muy diferente para los productores, ya que la compañía estima que los productores podrían disminuir los costos 35 por ciento por pescado, duplicando la producción. Por otro lado, la FDA le exigió a la compañía que respondiera con una enorme cantidad de información sobre el salmón transgénico: la descripción del transgén, en qué lugar del genoma del salmón está insertado, si no afecta la expresión de otros genes y si se transmite en forma estable de generación en generación. La FDA debe garantizar la bioseguridad de este pescado para los consumidores. Un desafío para la compañía fue la de alejar el temor de que si este salmón se escapa al océano podría aparearse con sus pares silvestres, afectando la población mundial de salmones silvestres. Para evitar este problema, la compañía decidió solicitar la aprobación sólo para salmones estériles o para los que sólo se crían en cautiverio. De todos modos hay estudios, como el realizado por la Universidad de Purdue, que indican que para que un pez transgénico desplace a su par no transgénico el macho debe ser más grande, para tener alguna ventaja durante la época de apareamiento. Pero estos salmones transgénicos no son más grandes que los silvestres, sino que crecen más rápido, y además son hembras”2 .
IX. Estados Unidos es el primer socio comercial de México y nuestro país es el segundo socio de la Unión Americana. En 2012, el comercio bilateral ascendió a 472.9 mil millones de dólares (mmd). Las exportaciones de México a Estados Unidos sumaron 287.8 mmd, mientras que las importaciones 185.1 mmd.
El intercambio comercial entre México y Estados Unidos se inscribe en el marco conformado por dos tratados, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
X. De acuerdo a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la responsabilidad del Ejecutivo es negar cualquier permiso que involucre cualquier transgen, ya que en su artículo 34 señala:
La Secretaría correspondiente en su resolución podrá
“II. Negar el permiso en los siguientes casos:
C) Cuando la secretaría correspondiente concluya que los riesgos que pudieran presentar los organismos genéticamente modificados (OGM) de que se trate afectarán negativamente a la salud humana o a la diversidad biológica, o a la sanidad animal, vegetal o acuícola, pudiéndoles causar daños graves o irreversibles.”
En este contexto es que propongo, para poder tener siempre un nivel de seguridad y salud óptimos, prever desde ahora, la importación de un producto que puede o no ser beneficioso para el consumo de los mexicanos.
“En cuanto a las posibles consecuencias para la salud, algunos científicos alertan de la ligereza con la que suele actuar la FDA en sus estudios, pues parte del principio de la equivalencia sustancial, esto es, que la modificación genética no supone ninguna diferencia para el alimento que se obtiene. Este organismo norteamericano debería tener en cuenta que, con la aprobación del consumo del salmón transgénico, vamos a ingerir proteínas nuevas y no sabemos, por ejemplo, si éstas nos van a producir algún tipo de alergias”3 .
Por todo lo anteriormente expuesto es que presento a esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que, a través de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el ámbito de sus competencias, tomen las medidas precautorias necesarias para evitar la entrada de salmón transgénico a nuestro país.
Segundo. Asimismo se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a reforzar las revisiones en las autorizaciones para la importación de salmón destinados a la alimentación y proceder en consecuencia.
Notas
1. Iñárritu, María del Carmen, Artículo publicado por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia – UNAM, México, 24 de septiembre de 2014.
2. Acuña, Cintia “Biotecnología aplicada a la acuicultura” Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología. 2004.
3. Benigno, Elvira, Almodóvar, Ana “Problemas para el consumo del salmón transgénico”, Departamento de Zoología y Antropología Física, Facultad de Biología, Universidad Complutense de Madrid.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2015.
Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las entidades federativas a implantar campañas de prevención de infecciones de transmisión sexual en adolescentes, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Marco Antonio García Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 numeral 1 fracción I, 62 numeral 2, 65, 76, numeral 1, fracción II, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de ésta soberanía, la presente
Proposición con punto de acuerdo
Para exhortar respetuosamente al gobierno de las 32 entidades federativas para que, implementen campañas de prevención de infecciones de transmisión sexual en adolescentes, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
1. Las infecciones de transmisión sexual, ITS, han alcanzado en los últimos años proporciones alarmantes, convirtiéndose en verdaderas epidemias. La Organización Mundial de la Salud considera que las ITS constituyen un problema de salud pública principalmente en países en vía de desarrollo debido a que 85 por ciento de su población es sexualmente activa, por lo que el riesgo de contraer esas infecciones se incrementa.
2. Las ITS son causadas por más de 30 bacterias, virus y parásitos diferentes, y se propagan predominantemente por contacto sexual, incluidos el sexo vaginal, anal y oral. Algunas ITS se pueden propagar por contacto sexual cutáneo. Los organismos causantes de ITS también se pueden propagar por medios no sexuales, por ejemplo, las trasfusiones de productos sanguíneos y los trasplantes de tejidos. Muchas ITS, especialmente clamidiasis, gonorrea, hepatitis B, VIH, VPH, HSV2 y sífilis, se pueden transmitir también de la madre al niño durante el embarazo y el parto.
3. La Organización Mundial de la Salud destaca lo siguiente:
• Cada día, más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual.
• Se estima que, anualmente, unos 500 millones de personas contraen alguna de las cuatro infecciones de transmisión sexual siguientes: clamidiasis, gonorrea, sífilis o tricomoniasis.
• Más de 530 millones de personas son portadoras del virus que provoca el herpes genital tipo 2.
• Más de 290 millones de mujeres están infectadas con el virus de papiloma humano.
• La mayor parte de las ITS pueden triplicar con creces el riesgo de infecciones con el VIH.
• Más allá del efecto inmediato de las infecciones en sí misma, las ITS pueden tener consecuencias graves, entre ellas transmisión de infecciones y enfermedades crónicas de la madre al niño.
• Las ITS tienen efectos profundos en la salud sexual y reproductiva en el todo el mundo y figuran entre las cinco categorías principales por las que los adultos buscan atención médica.
• Anualmente, la infección de VPH provoca 530 mil casos de cáncer cervicouterino y 275 mil defunciones.
4. Las infecciones de transmisión sexual son la principal causa prevenible de infertilidad, sobre todo entre las mujeres. Entre el 10 por ciento y el 40 por ciento de las mujeres con clamidiasis no tratada acaban presentando enfermedad inflamatoria pélvica sintomática. Las lesiones tubáricas posteriores a una infección son responsables del 30% a 40% de los casos de infertilidad femenina. Además, las mujeres que han padecido enfermedad inflamatoria pélvica tienen entre 6 y 10 veces más probabilidades de sufrir un embarazo ectópico (tubárico) que las que no la han padecido.
5. La transmisión de la madre al niño puede dar lugar a muerte prenatal, muerte neonatal, insuficiencia ponderal al nacer y prematuridad, septicemia, neumonía, conjuntivitis neonatal y deformidades congénitas. Cada año, la sífilis durante el embarazo provoca aproximadamente unas 305 mil muertes fetales y neonatales, y deja a 215 mil lactantes en grave riesgo de defunción por prematuridad, insuficiencia ponderal o enfermedad congénita.
6. En México, las ITS se sitúan entre los cinco primeros motivos de demanda de consulta en el primer nivel de atención médica y se encuentran entre las diez primeras causas de morbilidad general en el grupo de 15 a 44 años de edad.
7. Las ITS son frecuentes en los adolescentes ya que carecen de adecuada educación sexual y de acceso a métodos de prevención tanto para el embarazo como para contagiarse.
8. El asesoramiento puede mejorar la capacidad de las personas para reconocer los síntomas de las ITS, con lo que aumentarán las probabilidades de que soliciten atención o alienten a sus parejas sexuales a hacerlo, lamentablemente la falta de sensibilidad del público, la falta de capacitación del personal sanitario y el arraigado estigma generalizado en torno a las ITS siguen dificultando un mayor y más eficaz recurso a esas intervenciones.
Considerandos
Primero. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4o. establece el derecho a la salud, del cual debe gozar toda persona dentro del territorio nacional sin excepción alguna; texto constitucional que en su parte conducente es del tenor siguiente:
Artículo 4o. ...
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XI del artículo 73 de ésta Constitución.”
Segundo. Que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo octavo señala que:
Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.
Tercero. Que es facultad de las y los diputados de ésta soberanía presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido con el Reglamento de la Cámara de Diputados en el artículo 6, numeral 1, fracción I; que señala:
Artículo 6.
Serán derechos de los diputados y diputadas:
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones ante la Cámara;
...
Cuarto. Que el ordenamiento antes señalado precisa en el artículo 79, numeral 1, fracción II, lo siguiente:
Artículo 79.
1. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus integrantes, a través de:
I. ...
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición de la Cámara, en relación con algún asunto específico de interés nacional o sus relaciones con los poderes de la Federación, organismos públicos, entidades federativas y municipios, y
2. a 3. ...”
Quinto. Que la presente proposición con punto de acuerdo da cumplimiento a lo señalado por la fracción I del numeral 2 del artículo 79, y se sujetará a lo previsto por las fracciones II y V del numeral 2 del mismo artículo:
Artículo 79.
1. ...
2. Las proposiciones con punto de acuerdo se sujetarán a lo siguiente:
I. Deberán presentarse a través de un escrito fundado, con una propuesta clara de resolutivo y firmadas por sus autores;
II. Las proposiciones presentadas por las diputadas y los diputados y las que se registren a nombre de Grupo, pasarán a comisión;
III. a IV. ...
V. Las proposiciones que la Junta no considere proponer ante el Pleno con el carácter de urgente u obvia resolución, se tramitarán conforme al artículo 62, numeral 3 de este Reglamento;
VI. a VII. ...
3. ...
Sexto. Que de conformidad con el artículo 3 de la Ley General de Salud es materia de salubridad general:
Artículo 3o. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:
I. a X. ...
XI. Educación para la salud;
XII. a XIV...
XV. La prevención y control de enfermedades transmisibles;
XV Bis. El Programa Nacional de Prevención, Atención y Control del VIH/sida e Infecciones de Transmisión Sexual;
XVI. a XXVIII. ...
Séptimo. Que el capítulo II “Educación para la Salud” de la ley en cita señala que:
Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:
I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud;
II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos del ambiente en la salud, y
III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, donación de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.
Octavo. Que la misma ley en el Título Octavo “Prevención y Control de Enfermedades y Accidentes” en su capítulo II “Enfermedades Transmisibles” señala que:
Artículo 134. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes enfermedades transmisibles:
I. a VII. ...
VIII. Sífilis, infecciones gonocóccicas y otras enfermedades de transmisión sexual;
IX. a XIV.
...
Artículo 157 Bis. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la promoción del uso del condón, priorizando a las poblaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo de contraer la infección del VIH/SIDA y demás enfermedades de transmisión sexual.
Noveno. Que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en materia de Protección de la Salud y Seguridad Social tienen garantizados los siguientes:
Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de:
I. a IV. ...
V. Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, y la educación y servicios en materia de salud sexual y reproductiva;
VI. a IX. ...
X. Atender de manera especial las enfermedades respiratorias, renales, gastrointestinales, epidémicas, cáncer, VIH/sida y otras enfermedades de transmisión sexual e impulsar programas de prevención e información sobre éstas;
XI. Proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva;
XII. a XVIII. ...
...
...
...
Décimo. De acuerdo con la estrategia “Diseñar estrategias para la reducción de conductas de riesgo que afectan la salud de las y los jóvenes” del objetivo “Promover condiciones para que las y los jóvenes tengan un entorno digno a través de esquemas de salud, convivencia y seguridad” del Programa Nacional de Juventud 2014-2018, se establece como línea de acción:
Contribuir en la detección oportuna de infecciones de transmisión sexual en población joven
Undécimo. Que es necesario implementar programas que garanticen el acceso de la población adolescente, a servicios de salud integrales, amigables y cercanos, desde la promoción del autocuidado y la toma de decisiones previniendo las infecciones de transmisión sexual mejorando así su calidad de vida.
Por lo expuesto, someto a consideración de ésta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno de las 32 entidades federativas para que respectivamente y en el ámbito de sus competencias, implementen campañas de prevención de infecciones de transmisión sexual en adolescentes.
Dado en el salón de sesiones del Recinto Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2015.
Diputado Marco Antonio García Ayala (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a elaborar por las autoridades correspondientes un diagnóstico de las causas por las que México no ha alcanzado las metas del plan Supre de la OMS y tomar medidas para lograr los objetivos de reducir el número de víctimas de suicidio en el país, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Nelly del Carmen Márquez Zapata, diputada por el estado de Campeche e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento de la Cámara de Diputados presento proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El suicidio afecta a diario al mundo entero, reflejándose en cifras alarmantes aunado a la angustia y al dolor de los familiares y amistades que viven la desdicha de que un ser querido haya tomado la decisión de terminar con su vida.
Según la Organización Mundial de la Salud, mueren en el mundo alrededor de un millón de personas por suicidio, también estima que un intento suicida ocurre aproximadamente cada tres segundos y un suicidio completo ocurre aproximadamente cada minuto; Esto significa que más personas mueren a causa del suicidio que a causa de conflictos armados, lo que representa una tasa anual mundial de suicidio de 16 por cada 100 mil habitantes siendo la segunda causa principal de muertes entre personas de 15 a 29 años.
Hay indicios de que por cada adulto que se suicidó, posiblemente más de otros 20 intentaron consumarlo y actualmente el representa una de las tres primeras causas de muerte en el mundo.
México no escapa a esta devastadora situación ya que los niveles en nuestro país son crecientes y alarmantes. De ello dan cuenta las estadísticas del INEGI en las que sus cifras constituyen un indicador que demanda una respuesta urgente de atención al tema.
Según el INEGI de 1990 a 2012 La tasa de suicidios en México represento una tendencia creciente de 114 por ciento, al pasar de 2.2 a casi 5 suicidios por cada 100 mil habitantes, en el 2013 esta cifra aumento ya que se registraron cinco mil 549 casos de los cuales el 80.6 por ciento fueron consumados por hombres y 19.4 por ciento por mujeres. De este registro 2,345 casos fueron en jóvenes de 15 a 29 años, Estos datos nos indica que nadie es vulnerable y afecta a cualquiera sin distingo de sexo, edad, ni posición social.
La Secretaria de Salud del gobierno de la Republica dio a conocer en enero pasado que en los últimos 30 años el número de suicidios en el país aumento 300 por ciento constituyendo una de las primeras causas de muerte en el sector salud y un grave problema de salud pública.
En 1999 y en el marco de la 66. (Sexagésima sexta) Asamblea Mundial de la Salud se implementó el primer Plan de acción sobre salud mental de la historia, de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La prevención del suicidio forma parte de este plan, que se propone reducir un 10% para el 2020, la tasa de suicidio en los países de mayor incidencia.
México, es participe de este plan y ha adoptado las acciones y directrices emanadas de dicho Organismo Mundial, sin embargo las cifras en el país no son nada halagadoras y vemos con mucha preocupación que se han estado incrementado año con año.
Estas cifras también nos indican que las acciones que se están implementando NO están dando los resultados esperados ya que no van acorde con las metas establecidas por la Organización Mundial de la Salud .
Compañeros diputados, esta situación exige nuestra atención, por lo que habría que preguntar a nuestras autoridades responsables ¿Que están haciendo al respecto? ya que las estadísticas presentadas con anterioridad no van acorde con los objetivos trazados.
Estamos conscientes que es un problema complejo y que la tarea para bajar los índices de suicidio no es fácil, pero también sabemos que es posible prevenirlos y disminuirlos y para ello se requieren acciones coordinadas de las instancias responsables en el tema que van, desde la provisión de las mejores condiciones posibles para la educación de nuestros niños y jóvenes a través del tratamiento efectivo de los trastornos mentales hasta el control ambiental de los factores de riesgo, además que la difusión apropiada de la información y una campaña de sensibilización del problema considero son elementos esenciales para el éxito de los programas de prevención del suicidio.
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración para su análisis, discusión y en su caso aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud y demás autoridades responsables en el tema elaboren un diagnóstico de las causas por la cual no se están alcanzando, en México, las metas establecidas en el plan SUPRE de la Organización Mundial de la Salud y se tomen las medidas pertinentes y necesarias para la reorientación de las acciones que permitan alcanzar los objetivos trazados, con la consiguiente reducción de las víctimas de suicidio en nuestro país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de noviembre de 2015.
Diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para que se incorpore Loma Bonita, Oaxaca, a las demarcaciones que participarán del Subsemun de 2016, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD
El presente, diputado Felipe Reyes Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que los municipios son la instancia de representación social más cercana a la ciudadanía, siendo los encargados de proporcionar los servicios públicos mínimos requeridos por la población.
Asimismo una de las atribuciones de mayor importancia a nivel municipal es la procuración de seguridad, para salvaguardar el orden y la paz generando un ambiente de respeto basado en el Estado de Derecho para los habitantes de una demarcación.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), es garante de lo anterior, lo cual está encuadrado en el artículo 21 en sus párrafos 9 y 10, que a la letra señalan;
Artículo 21...
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.
Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:1
Por su parte la Ley General del Sistema. Nacional de Seguridad Pública, establece la participación de los tres órdenes de gobierno en la participación para garantizar la seguridad a nivel Federal, Estatal y Municipal, sobre todo la coordinación que debe existir en el marco de respeto a la autonomía en las funciones en la materia.
Así mismo lo establece la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca en su artículo 77 que reza;
Artículo 77. Los agentes municipales y de policía actuarán en sus respectivas demarcaciones y tendrán las atribuciones que sean necesarias para mantener, en términos de esta Ley y disposiciones complementarias, el orden, la tranquilidad y la seguridad de los habitantes del lugar donde actúen.2
Para fortalecer la responsabilidad en materia de seguridad en el año 2007, la Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008 un artículo 10º, en el cual se estableció un rubro específico para otorgar subsidios a los municipios y al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, para salvaguardar y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
Para dar cumplimiento al decreto del PEF 2008, se publicó el en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el “acuerdo 01/2008 por el que se establecen las bases para la elegibilidad de municipios para la asignación de recursos del subsidio para la seguridad pública municipal” en dicho acuerdo de elegibilidad se eligieron 150 municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que accedieron al programa (Subsemun).
Que el Subsemun es un subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, a los Estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados con ellos, para fortalecer las instituciones de seguridad municipales
Con este subsidio se cubren aspectos de prevención del delito, evaluación de control de confianza de los elementos operativos de las instituciones policiales municipales, su capacitación, recursos destinados a la homologación policial y a la mejora de condiciones laborales de los policías, su equipamiento, la construcción de infraestructura y la conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia.3
Que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el pasado 15 de Enero, dio a conocer el proceso de elegibilidad para los municipios y demarcaciones del Distrito Federal para el otorgamiento del subsidio, contenido en el artículo 8 del PEF para el año 2015, en él se establecen las bases y mecanismos mediante los cuales se otorga el subsidio.
Que si bien lo establecen los lineamientos Los municipios beneficiarios con el Subsemun son elegidos tomando en cuenta la población municipal, la incidencia delictiva y las características del municipio en cuanto a que sean destinos turísticos, zona fronteriza, municipios conurbados o próximos a zonas de alta incidencia delictiva.4
Loma Bonita, Oaxaca, colinda con los municipios de José Azueta, Cosamalopan y Playa Vicente Veracruz adicionalmente tiene una cercanía que varía entre 40 y 90 km con Isla, Tres Valles y Tierra Blanca del Estado de Veracruz.
El municipio lomabonitense sufre el grave caso de ingobernabilidad de los municipios arriba enunciados, como el caso de Cosamaloapan en donde se llegó a estudiar emitir una solicitud a la Fuerza Civil para apoyar las labores de seguridad aunado a la coordinación con fuerzas federales, como el Ejército y la Armada de México.5
Lo mismo sucede con Playa Vicente, también del Estado de Veracruz, lugar en el cual el día 28 de julio de 2015 se informó de 19 asesinatos en 72 horas.
La situación de inseguridad en el Municipio de Loma Bonita es en gran parte debido a que Veracruz ha sido escenario de pugnas territoriales y por el control de secuestros y extorsiones, entre células delictivas de la organización de “Los Zetas”, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y, en el norte de la entidad, del Cártel del Golfo.6
La situación geográfica del Municipio de Loma Bonita señalada en el párrafo anterior, así como su colindancia con el territorio veracruzano, ha provocado que la delincuencia migrara de fuera hacia dentro y, que con el paso del tiempo la delincuencia organizada haya convencido y obligado a jóvenes de la entidad municipal para integrarlos a los grupos delictivos.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del año 2015 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), tiene el propósito de proporcionar información sobre los índices de seguridad pública a nivel nacional, la información estadística que se genera a través de la encuesta debería ser de ayuda para determinar procesos de política pública.
Basados en la ENVIPE de 2015, se pueden destacar que en el Estado de Oaxaca la percepción sobre inseguridad está por encima del promedio nacional, lo mismo ocurre con las estadísticas sobre defunciones por homicidio que se ubican arriba de la media del país.
El número de víctimas en el Estado de Oaxaca también se vio incrementado en un 23% según lo define el citado estudio, pues pasaron de 16,291 en 2013 a 20,061 víctimas en 2014.
Las gráficas anteriores señalan las características de incremento en delitos que afectan de manera directa a los habitantes del Estado principalmente a municipios con cercanía a Estados con alto índice de delitos, en este orden de ideas se encuentra el Municipio de Loma Bonita.
El municipio de Loma Bonita en el Estado de Oaxaca, en sus estadísticas también establece márgenes crecientes en cuanto a secuestros , esto es en parte atribuibles a su ubicación geográfica, durante los años 2014 y 2015 se incrementó un 10 y 20 por ciento en relación al 2013, a su vez este aumentó en un 25 por ciento en lo que va de 2015 comparado con el cierre de 2013.
Lo que se refiere a homicidios la entidad municipal hizo grandes esfuerzos y logro una reducción considerable en el año 2011 y 2012, sin embargo para 2013 este delito se incrementó en un 100 por ciento, lo que urgió a implementar medidas inmediatas, con el estado de fuerza existente.
El robo con violencia es otra estadística que indica la necesidad de apoyar al municipio para implementar mecanismos de prevención del delito y cohesión social, el delito ya enunciado se incrementó hasta en un 400 por ciento para 2014 comparado con el año 2012, lo que motivo que se igualara en cifras del 2010.
Ahora bien retomando las cifras del ENVIPE, de los delitos por cada 100 mil habitantes y consideramos los 45513 habitantes del Municipio de Loma Bonita, Oaxaca, podremos realizar el análisis siguiente.
A nivel nacional en 2014 se dio cuenta de 48 delitos por portación de arma de fuego , la media en Oaxaca es de 23 de los cuales Loma Bonita contribuye con 5, esto significa que el municipio participa, con solo la mitad de la población, a nivel nacional con el 10.41 por ciento y a nivel estatal con un 21.7 por ciento.
En cuanto a homicidios la media nacional por cada 100 mil habitantes señala la ENVIPE es de 16 defunciones, a nivel estatal la media es de 18 por cada 100 mil habitantes y en el Municipio de Loma Bonita se cometieron en el mismo año de estudio 4, lo que significa que a nivel nacional Loma Bonita tiene un orden de significancia del 25 por ciento y a nivel estatal del 22 por ciento , estas estimaciones son de igual manera con solo 45513 habitantes, es decir la participación es fuerte con respecto al análisis de cada 100 mil habitantes.
En atención a lo anteriormente señalado y con la finalidad de cumplir con la ciudadanía en las funciones básicas y esenciales de la federación con la consecuente participación corresponsable del Municipio de Loma Bonita, Oaxaca, someto a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaria de Gobernación, y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que estudien e incorporen al Municipio de Loma Bonita, Oaxaca, dentro de los Municipios beneficiarios del Subsidios para la Seguridad en los Municipios, para el año 2016.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente, al Consejo Nacional de Seguridad Pública y a la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, para que incorporen al municipio de Loma Bonita, Oaxaca, dentro de las demarcaciones que participaran del Subsidios para la Seguridad en los Municipios 2016, para dar cumplimiento a los lineamientos de elegibilidad establecidos por el mismo secretariado nacional de seguridad pública, que señalan a las demarcaciones en zona fronteriza y municipios conurbados o próximos a zonas de alta incidencia delictiva.
Notas
1 www.diputados.gob.mx/
2 http://www.lomabonita.gob.mx/
3 www.secretariadoejecutivo.gob.mx/
4 Ibídem
5 veracruz.quadratin.com.mx/
6 plumaslibres.com.mx/
7 www.inegi.org.mx/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 26 días del mes de Noviembre de 2015.
Diputado Felipe Reyes Álvarez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a los derechos laborales de los migrantes mexicanos que prestan servicios en Canadá, a cargo de la diputada Modesta Fuentes Alonso, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, Modesta Fuentes Alonso, del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Diversos estudios realizados por investigadores mexicanos y canadienses indican que la migración mexicana a Canadá es muy diferente a la migración mexicana a Estados Unidos.
Por lo general los migrantes mexicanos en Canadá provienen de las clases media y alta. En su mayoría, cuentan con documentos migratorios legales y viven en zonas urbanas.
En el caso de los trabajadores del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales cuentan con permiso temporal de trabajo y no son considerados como población inmigrante.
Canadá es el segundo país con mayor número de mexicanos residentes en el exterior.
De acuerdo a la última información del National Household Survey (NHS, por sus siglas en inglés), en el 2011 el número total de inmigrantes mexicanos en Canadá fue de 96,055 personas, lo cual significa que de los 6.8 millones aproximados de inmigrantes que ingresaron a Canadá en 2011, el 1.4% son de origen mexicano en comparación con 2006, el porcentaje de mexicanos en Canadá tan solo ascendía a 0.8%.
Durante la última década, el personal de la The United Food y Commercial Workers (UFCW), ha documentado agravios contra trabajadores migrantes agrícolas en relación con el tiempo no remunerado en el trabajo, las condiciones de vida, de labores peligrosas, y repatriación arbitraria, ha detallado Andrea Gálvez del Sindicato de enlace para México de UFCW Canadá.
Alrededor de 19 mil trabajadores agrícolas mexicanos son reclutados para trabajar en Canadá, bajo el programa temporal de Trabajadores Agrícolas Temporales, sin embargo el convenio no garantiza la protección de derechos humanos laborales, se destaca en el informe 2015 de The United Food y Commercial Workers Canadá, son vulnerables a la explotación debido a la discriminación legislativa y reglamentaria.
En la última década dichos trabajadores pertenecientes al gremio, han denunciado ante diferentes medios los agravios de los que son objeto, quienes demandan respetar los derechos laborales.
Asimismo exigen inspecciones de salud y seguridad obligatorias sobre las viviendas y observar la libre asociación sindical y negociación colectiva respectivamente.
Por otro lado los trabajadores agrícolas demandan permisos de trabajo abiertos y acceso a la residencia permanente para brindar un trato justo y equitativo.
Los trabajadores agrícolas temen perder el trabajo si denuncian los abusos laborales de los que son objeto, en virtud de la representación de los trabajadores en las mesas de negociación anuales entre México y Canadá.
Con este tipo de contrataciones se facilita el abuso y la explotación, además de destacar que el trabajo agrícola es uno de los más peligrosos e insalubres, debido a las tasas por encima de los promedios provinciales.
En materia de protección social, a pesar de contribuir año tras año al sistema de Seguro de Empleo, la administración del PTAT y los criterios de admisión al seguro hacen prácticamente imposible el acceso a los beneficios de dicho seguro.
En el 2014, se calculaba que las deducciones de ley gubernamentales de todos los participantes del PTAT ascendían a 9.6 millones de dólares canadienses; con 21.5 millones de dólares para el seguro de desempleo, 49 millones el plan de pensión en Canadá, 20 millones en impuesto sobre ingreso.
A esto se agrega el gasto de 22 millones durante la estancia de los trabajadores, con un cálculo de un derrame directo e indirecto sobre la economía de 4.5 billones de dólares canadienses, concluye The United Food & Commercial Workers-UFCW Canadá-México en un comunicado.
Estos y otros obstáculos enfrentan a diario miles de nuestros connacionales, quienes contribuyen a generar riqueza en Canadá y también lo hacen en México, a través de las remesas.
Sin embargo y desafortunadamente no encuentran ninguna correspondencia y reconocimiento, por parte de ningún gobierno. Sus derechos sociales resultan invisibles.
Por lo antes expuesto y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único . Esta soberanía exhorta a la secretaría de Relaciones Exteriores, para que realice las acciones necesarias, con el objeto de garantizar los derechos laborales de los trabajadores migrantes mexicanos, que laboran en Canadá y se observe por este país lo estipulado en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2015.
Diputada Modesta Fuentes Alonso (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a suscribir el Convenio 183 de la OIT y remitirlo al Senado de la República para ratificación, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita Claudia Sofía Corichi García, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, por los que la Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, a suscribir el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo y remitirlo al Senado para ratificación, al tenor de las siguientes
Consideraciones
I. En México, como en todo el mundo, se han establecido legislaciones que tienen por objeto proteger a las mujeres y hombres en los ámbitos laborales. Sin embargo, la brecha entre géneros es en extremo visible en la materia.1 No sólo se trata de salarios asimétricos, dobles o triples jornadas, acoso sexual entre otras cosas las que tiene que soportar las mujeres en los trabajos, sino que también su calidad de mujeres sea motivo de discriminación.
En el país, la protección y el goce de la maternidad son derechos protegidos por las leyes nacionales, lo que debería garantizar el pleno ejercicio estos derechos humanos no solo de las mujeres sino de la población en general. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 123, Apartado B, fracción XI, incisos a) y c), que las trabajadoras tendrán derecho a una licencia de maternidad.
II. Las mujeres son soporte fundamental de la familia, contribuyen con sus actividades al bienestar de la misma y al desarrollo de la sociedad, por lo que la maternidad y el papel que éstas realizan en la procreación de los hijos no deben ser causa de su discriminación.
El empleo representa para cualquier persona una fuente de desarrollo en el ámbito individual, cultural, social y económico, lo que implica por lo tanto, un medio de realización personal. El Banco Mundial señala que el empleo, representa una transformación, al menos, en tres dimensiones: a) nivel de vida, b) productividad, y c) cohesión social.2
III. El Fondo Monetario Internacional, señala que a pesar de los avances de las últimas décadas, el mercado laboral sigue estando dividido por géneros y parece haberse estancado el avance hacia la igualdad de género, por lo que la participación de mujeres en la fuerza laboral se ha mantenido por debajo de la participación masculina.
En ese orden de ideas, es necesario destacar que la Observación General número 18 del Comité DESC, en el marco de las Naciones Unidas señala que “los embarazos no deben constituir un obstáculo para el empleo ni una justificación para la pérdida del mismo”.
IV. Con la reforma constitucional de 2011, la discriminación por motivos de origen étnico o nacional, género, edad, capacidades, condición social o de salud, religión, opiniones, preferencias o estado civil quedó expresamente prohibida en todo México. Asimismo, es de destacar que el artículo 4o. de la Carta Magna garantiza la igualdad entre mujeres y hombres.
La igualdad laboral está fundamentada en el artículo 5o. constitucional, que señala que “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode” y debe entenderse en tres modalidades principales, las oportunidades, el trato y el pago.
V. Desde un enfoque de derechos humanos la negación del trabajo a una mujer por encontrarse embarazada atenta contra su derecho al trabajo y a no ser discriminada, ya que dicha condición forma parte de la identidad femenina y no puede ser motivo de diferenciación en perjuicio de sus derechos laborales.
La igualdad de oportunidades es el derecho de hombres y mujeres a exigir trabajo bajo condiciones equitativas, sin menoscabo de su clase social, edad, estado civil, situación familiar, o cualquier otro motivo y siempre dignificando su calidad de persona.
El artículo 2, párrafo 2, de la Ley Federal del Trabajo señala que el trabajo digno es “aquel en el que (...) no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil”. El mismo artículo señala en los párrafos 4 y 5 que la igualdad sustantiva es un derecho de las y los trabajadores frente al patrón, y que ésta se logra eliminando la discriminación contra las mujeres, que supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres.
VI. En el ámbito internacional, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que México suscribió y ratificó, señala en el artículo 11, numeral 1: “Los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular”. El inciso f, numeral 2, del mismo artículo indica: “A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para...Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o beneficios sociales”.
El artículo 12 de la citada convención señala en el numeral 2: “Los Estados parte garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto...”
VII. El Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la seguridad social, ratificado por México establece que “la obligación de brindar atención médica-obstétrica a la trabajadora debe cubrir cualquier contingencia, cualquiera que fuere su causa, durante el embarazo”, y que la asistencia médica deberá comprender por lo menos
a) la asistencia prenatal, la asistencia durante el parto y la asistencia puerperal prestada por un médico o por una comadrona diplomada; y b) la hospitalización, cuando fuere necesaria.
VIII. Datos del último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan que en 2010, de las mujeres de 15 años y más, 71.6 por ciento había tenido al menos un hijo nacido vivo. En 2011, de las defunciones por complicaciones de emergencia obstétrica, en mujeres de 15 a 49 años, 31 de cada 100 eran por hemorragias posparto, mientras que de las mujeres de 12 años y más que declararon tener al menos un hijo, 45.9 por ciento se encuentra en situación de pobreza multidimensional y de éstas 20.2 presentan pobreza extrema.
De las mujeres con hijos pertenecientes a la población económicamente activa, 96.3 participa en la producción de bienes y servicios; 35 trabaja en el sector informal, 33.5 en empresas y 17.4 en instituciones. Cerca de 30 por ciento de las mujeres ocupadas y con hijos trabajan por cuenta propia; mientras que 3 por ciento trabaja como empleadora; 8.1 no recibe remuneración por su trabajo y la mayoría (6 de cada 10) son trabajadoras subordinadas y remuneradas. De éstas, 81.4 no cuenta con acceso a guardería; 18.7 trabaja más de 48 horas a la semana; 45 gana menos de dos salarios mínimos y un porcentaje muy similar no tiene acceso a servicios de salud por su trabajo (44.7) y labora sin tener un contrato escrito (44.9).
IX. Datos de Endireh señalan la alta vulnerabilidad de las mujeres en los espacios laborales. La mayoría de las agresiones contra las mujeres se da por los jefes. Es decir, 820 mil 772 casos de violencia en el trabajo al año son por los superiores y 398 mil 655 provienen de los compañeros laborales.
En México, 30.1 por ciento de las mujeres ocupadas reporta violencia laboral; de ellas, 23.8 es víctima de discriminación y 12.5 de acoso laboral. En el país, a 35.9 de las mujeres ocupadas violentadas en el trabajo se pidió la prueba de embarazo como requisito para contratarlas; 31.3 dice tener menores oportunidades que los varones para lograr un ascenso, 30.9 mencionó que se le paga menos que a un hombre que hace lo mismo, 21.8 recibe menos prestaciones que un hombre.
Esta violencia laboral ocasiona daños a nivel profesional y personal, y vulnera su situación económica y con ello la de las personas que dependen de su ingreso.
X. La directora regional de ONU Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana, Ana Güezmes, señaló en junio de este año que es fundamental que México ratifique el Convenio 183 de la OIT para responder a las demandas de las trabajadoras del país, quienes se encuentran en una situación de desventaja.
XI. El Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo establece medidas de avanzada en la protección de las mujeres embarazadas en sus trabajos. Su entrada en vigor se dio el 7 de febrero de 2002, y a él se adhirieron ya 29 países miembros especialmente europeos como Portugal, Suiza, Eslovenia, Eslovaquia, Rumanía, Países Bajos, Macedonia, Luxemburgo, Chipre, Italia, Hungría, Bulgaria y Austria así como algunos países africanos como Burkina Faso, Mali y Marruecos, mientras que en el continente han hecho lo propio Cuba, y Belice en el continente americano.
En países como Perú se aprobó ampliar el periodo de licencia de maternidad, como consecuencia de haber suscrito y ratificado el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo.
La suscripción y eventual ratificación del Convenio 183 promoverán cada vez más la igualdad de todas las mujeres trabajadoras, pues de acuerdo con la OIT, “el Convenio 183 establece un mínimo de 14 semanas de prestaciones de maternidad· para las mujeres a las que se aplica el instrumento.
El convenio dispone que los Estados parte deberán adoptar medidas para garantizar que no se obligue a las embarazadas o a las madres en periodo de lactancia a realizar un trabajo que haya sido considerado como perjudicial para su salud o la de su hijo, y establece la protección contra la discriminación basada en la maternidad.
La norma prohíbe que los empleadores despidan a una mujer durante el embarazo, o durante su ausencia por licencia de maternidad, o después de haberse reintegrado al trabajo, excepto por motivos que no estén relacionados con el embarazo, con el nacimiento del hijo y con sus consecuencias o la lactancia.
Se garantiza a la mujer el derecho a reintegrarse en el mismo puesto de trabajo o en un puesto equivalente con la misma remuneración. Asimismo, otorga a la mujer el derecho a una o más interrupciones al día o a una reducción diaria del tiempo de trabajo para la lactancia de su hijo.
XII. Durante la Reunión de líderes globales sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, encabezada por los cuatro países sede de las Conferencias Internacionales de la Mujer (México, Dinamarca, Kenia y China), junto con ONU-Mujeres, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, compartió que se haría promoción a una mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres para mejorar la distribución de la carga del trabajo en el hogar; y se intensificarían las acciones para prevenir la violencia en contra de las mujeres, el embarazo en adolescentes y la mortalidad materna; por lo que este anuncio refuerza la idea de que el Poder Ejecutivo debe suscribir y enviar al Senado el Convenio 183 de la OIT.
La adhesión de México al Convenio podría traducirse eventualmente en una mejora dentro del ranking global en materia de igualdad laboral y derechos laborales de las mujeres, ya que de acuerdo con el Global gender gap report 2014, del Foro Económico Mundial, México se encuentra en la posición 118 de 142 países en la escala de equidad laboral.
México tiene una deuda con las mujeres en diversos ámbitos, es momento de que reduzcamos brechas, y mostremos al mundo nuestro compromiso con la igualdad de género. Por lo expuesto presento a esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores establezca las acciones correspondientes para suscribir el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, a que una vez signado el Convenio 183 de la OIT remita con la mayor brevedad, y en cumplimiento de su mandato constitucional, dicho instrumento al Senado de la República para ratificación.
Notas
1 México, según datos del Reporte global de brecha de género, del Foro Económico Mundial, cayó a la posición 80 desde el lugar 68 en 2014 por la baja presencia de mujeres en espacios de decisión.
2 Banco Mundial, Empleos y desarrollo [en línea]. Disponible en http://www.bancomundial.org/es/topic/jobsanddevelopment/overview
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2015.
Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Segob, la SHCP y la SCT a vigilar y hacer eficientes los programas de ayuda de los connacionales y los extranjeros que hacen uso de aduanas, terminales y puertos con motivo de las conmemoraciones de fin de año, a cargo del diputado David Sánchez Isidoro, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, David Sánchez Isidoro, diputado a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Con el arribo de la temporada de fin de año se incrementa el flujo de connacionales y extranjeros, que movidos por los lazos de afinidad, cruzan las fronteras para reunirse con sus familiares; en ese tenor, es una obligación de las autoridades mexicanas garantizar la libertad de tránsito, que engloba a su vez cuatro libertades específicas: 1) entrar al territorio nacional, 2) salir de él, 3) poder moverse por la República y 3) determinar su lugar de residencia; tratándose del ingreso, si bien este derecho se encuentra sujeto a excepciones, a efecto de proteger otros bienes también consagrados por la Constitución, como, por ejemplo el pago de los impuestos derivados por el exceso en la franquicia;1 empero este tipo de derechos no pueden sobreponerse a los derechos fundamentales que en todo momento deben ser resguardados, a efecto de evitar que algún acto de autoridad violente la seguridad jurídica de aquellos que se encuentran en el territorio nacional.
El desconocimiento de los viajeros en los servicios de aduanas, terminales y puertos, provoca que se incremente el riesgo de sufrir abusos por parte de servidores públicos que ven en estas fechas la oportunidad de sacar provechos personales o propiciar abusos sistemáticos, con el único afán de mermar las economías de aquellos, que muchas veces, por la ignorancia de los reglamentos aplicables o de sus derechos fundamentales, son sometidos a prácticas ilegales que atentan en contra de sus derechos humanos.
El contenido del Código Fiscal, la Ley Aduanera y su Reglamento, y las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2015, sientan las bases para que a su ingreso de connacionales y extranjeros, puedan verse exentos del impuesto por mercancías que se introducen al país (franquicia), que en tiempo vacacional es hasta por 500 dólares por persona, que como se ha dicho con secuencia de las celebraciones de fin de año, en la mayor parte de los casos se cumple o se rebasa esa cantidad, derivado de la compra de mercancías que tienen como destino realizar un regalo u obsequiar a familiares y amigos.
La operatividad fáctica de esos principios enmarcados en las leyes secundaria, producen serios problemas que sufren sus consecuencias en el desempeño de los agentes encargados de llevar a buen término el hipotético señalado en la norma, para muestra baste ver que de acuerdo a datos que el propio Servicio de Administración Tributaria de enero de 2014 a junio de 2015, se recibieron aproximadamente 5 mil quejas por abusos, discrecionalidad y malas prácticas de servidores públicos en las 49 aduanas del país, lo que representa aproximadamente 40 por ciento de todas las denuncias que recibe el Servicio de Administración Tributaria. En ese mismo año se recibieron cerca de 13 mil denuncias, el 40 por ciento fue solo de funcionarios de aduanas, pero solamente en contra de 2 mil 500 de ellos se contó con elementos jurídicos que permitieron iniciar investigaciones y la consecuente sanción administrativa de 160 servidores públicos y penalmente a cerca de 20 servidores públicos.
Retomando lo planteado al inicio de mis considerandos, es bien sabido que de la libertad de tránsito se deduce el principio de movilidad del que todos gozamos, libertad máxima que se materializa en un derecho, aparejada desde luego con sus consecuentes obligaciones, que sin duda existen en todas y cada una de las aduanas, terminales y puertos con los que se cuentan en la República Mexicana; sin embargo, muchas empresas que brindan los servicios de movilidad, no dotan a los usuarios la atención y orientación al pasajero de esos derechos y obligaciones, lo que en caso de existir discrepancias lo ponen en serias desventajas.
El mismo supuesto se presenta en las aduanas en donde no existe una explicación al menos somera del por qué se es sujeto de revisión, por lo que se da lugar a que se generen actos arbitrarios, traducidos en abusos en contra del usuario, pues no sólo no se les atiende o informa, sino que aprovechándose del desconocimiento de este tipo de obligaciones, de forma discrecional la autoridad aduanal impone sanciones, sin que se le dé a conocer al viajero sus derechos u obligaciones o sin que se le informe del procedimiento al que se es sujeto, derivado de los excedentes en sus franquicias y de las sanciones a las que se hace acreedor, lo que materializa un acto arbitrario para imponer una sanción, que muchas veces tiene por objeto, la obtención de un beneficio inducido que de no darse se da paso a una abuso en las funciones que como servidores aduanales les fueron encomendadas.
Por la razón que se expone, es necesario actuar en consecuencia, a fin de que en esta temporada en la que se incrementa el flujo de connacionales y extranjeros, sea por vía terrestre, aérea o marítima, se ponga especial énfasis para que en la instrumentación de los programas a favor del viajero, no sólo en el programa Bienvenido a Casa Paisano , sino todos en los que la Federación, las Entidades y los Municipios pongan en marcha y tengan como propósito ayudar a quienes transitan el territorio nacional; programas en los que es necesario establecer módulos de orientación y defensa de los derechos de los connacionales y extranjeros para evitar abusos por parte de las autoridades responsables, pero sobre todo con la finalidad de que los actos de corrupción no queden impunes; imprimiendo más atención en las aduanas, puertos y aeropuertos que son los lugares en donde más afluencia de personas existe y por tanto se propicia mayor corrupción.
Asimismo resulta necesaria la participación minuciosa de Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que conmine a las terminales de todo el país a proporcionar a sus usuarios una guía en la que se incluya los derechos de los viajeros y en su caso módulos de orientación y defensa de sus derechos, sobre todo en lo referente a la franquicia a la que se tiene derecho o a la orientación del pago justo de los excedentes, lo que implica que exista un tabulador claro y preciso, por el que se haga público el pago que corresponde a ese excedente y que se genera por la introducción de las mercancías legalmente establecidas.
En ese entendido toca la mayor parte de esa responsabilidad a la Secretaría de Hacienda, pues es ella quien puede girar instrucciones al Titular de aduanas y a los encargados de las 49 aduanas del país a efecto para que se opte por la transparencia y el apoyo irrestricto al viajero; de igual manera, corresponde implementar a través de su órgano de control interno las campañas de difusión que promuevan instrumentos ágiles tales como una líneas directa y gratuita a efecto de recabar de forma pronta y óptima la denuncia de actos de corrupción por parte de los agentes aduanales y de todo el personal adscrito a la Dependencia.
Comparte esta responsabilidad la Secretaría de Gobernación y en concreto al Instituto Nacional de Migración, por lo que es menester hacerle la respetuosa solicitud a efecto de que en esa misma tesitura, se implementen programas de difusión de derechos y sobre todo se conmine a todas las áreas a su cargo a fin de que se velen por los derechos humanos de los viajeros, que inician con la orientación y defensa que como viajeros tienen derechos.
Por lo expuesto, es que someto a la consideración de esta honorable asamblea, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación para que a través de todas las áreas a su cargo se difunda, oriente y vigile la implementación de los programas en defensa del viajero y se actúe en consecuencia en contra de los servidores públicos que incumplan la normatividad y cometan actos indebidos o de corrupción.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta en el ámbito de su competencia como defensora de los derechos del pueblo de México, al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que apremie al Titular de aduanas y que a través de su órgano de control interno emprenda campañas de difusión y defensa de los derechos de franquicia y publique un tabulador para la realización del justo pago derivado de los excedentes tanto a connacionales como a los extranjeros, a efecto de que en caso de existir una acto de autoridad arbitrario, pueda recabarse de forma pronta y óptima la denuncia de actos de corrupción por parte de los agentes aduanales y de todo el personal adscrito a esa Secretaría.
Tercero . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que conmine a las terminales de todo el país a proporcionar a sus usuarios una guía en la que se incluya los derechos de los viajeros y en su caso módulos de orientación y defensa de sus derechos.
Cuarto . Se solicita respetuosamente a la Junta de Coordinación Política, para que en al ámbito de las atribuciones de este soberano Poder, pueda formarse un comité permanente de vigilancia, para los efectos legales y trámites correspondientes a los que haya lugar, a fin de que en los tiempos y formas previamente establecidas, se ponga en conocimiento de la autoridad correspondiente, las denuncias de actos de corrupción que nuestros representados nos hagan llegar, a fin de hacer válidos los principios de representación que asumimos al tomar protesta como diputados.
Nota
1 Franquicia : operaciones privilegiadas dentro de la normativa aduanera en las que se determina, por circunstancias especiales, la del no pago o dispensa de los derechos de importación o, en su caso, de los derechos de exportación
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2015.
Diputado David Sánchez Isidoro (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas de los estados, la ALDF y las entidades y las dependencias de la administración pública en sus tres órdenes a realizar las adecuaciones correspondientes de las leyes y los reglamentos en materia de desindexación de salario mínimo, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, Omar Ortega Álvarez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
En un esfuerzo histórico, durante el mes de noviembre del año en curso, fue aprobado el dictamen de la minuta del Senado que reformaba nuestra Constitución Política en materia de desindexación del salario mínimo. Con esta aprobación, se han sentado las bases normativas para impulsar la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos, así como la eliminación de categorías de trabajadores gracias a la homologación a nivel nacional del salario mínimo.
Sin embargo, para lograr un referente salarial digno, aún hacen falta una gran labor y un verdadero compromiso político que conduzcan las directrices necesarias para combatir efectivamente la pobreza y las desigualdades en el país.
Esta premisa se vuelve urgente al recordar lo señalado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la cual reconoce a México como el único país en la región en donde “el salario real mantiene a los trabajadores en un estado permanente de pobreza y no alcanza para cubrir las necesidades básicas de la persona”, situando al país como el único de América Latina con el salario mínimo inferior al umbral de la pobreza.1
En este mismo sentido, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), urgió a México a intensificar los esfuerzos para “cerrar la brecha” de la desigualdad señalando el empeoramiento de la situación en el país en los últimos años, en donde hubo un aumento dos millones de mexicanos que cayeron en pobreza; es decir, aproximadamente dos mexicanos cada minuto durante dos años.2
Aunado a esto, el PNUD remarcó la disminución del ingreso laboral per cápita de los mexicanos en un 6.3 por ciento durante 2012 y 2014, “periodo durante el cual se incrementó la proporción de población ocupada que gana entre uno y tres salarios mínimos pero disminuyeron los porcentajes de ocupados que recibían salarios superiores”.3
Estas cifras adquieren un peso mayor al ser comparadas con el precio de la canasta alimentaria, la cual contempla alimentos como verduras, carnes, fríjol o huevo, y la no alimentaria, conocida como línea de bienestar, que añade partidas como ropa, transporte o vivienda.
Para marzo de este año, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) la canasta básica se situó en 1,284 pesos (84 dólares, aproximadamente) al mes por persona en áreas urbanas y 903.70 pesos (59 dólares) en zonas rurales. Por su parte, la no alimentaria, ascendió a 2,628 pesos (171 dólares) en ciudades y a 1,679 (110 dólares) en el campo.4 De esta forma, el salario mínimo aún dista mucho de ser suficiente para una canasta básica puesto que un hogar con un solo salario mínimo se considera en pobreza extrema.
Por ello, el salario mínimo como política cuyo objetivo principal es proteger a los trabajadores de más bajos salarios estableciendo un piso salarial digno adquiere una mayor importancia en esta coyuntura. De igual forma, como el fin último del salario mínimo en México se había desdibujado, la aprobación de esta reforma adquiere su importancia para retomar el camino hacia la garantía de una vida digna para cualquier persona trabajadora en el país.
En el mismo tenor, el Coneval ha opinado que el salario diario debe rondar los 82 pesos y no los $70 como está fijado actualmente, en un momento muy oportuno dado que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos suele emitir el decreto anual en diciembre de cada año, decreto que por esta ocasión homologará el en búsqueda de la equidad, el salario en todo el territorio nacional. Sin embargo, esto aún no sería suficiente.
Como ha sido descrito en todas estas líneas, la lucha para devolver el valor real al salario no es sencilla pero se puede lograr.
Para abatir la pobreza y las desigualdades enraizadas en México, se ha dado un primer paso que deberá ser vigilado por toda la ciudadanía, para que con una participación de las mexicanas y los mexicanos, no sólo se logre alcanzar una salario digno, sino se consigan también las prestaciones laborales que concedan el acceso a los derechos como salud, educación y vivienda a la que todas las personas tienen derecho.
El camino a seguir es claro. El Poder Legislativo ha hecho su parte por ahora y toca a los congresos estatales la eventual ratificación y realizar las adecuaciones correspondientes en las leyes y ordenamientos. Mientras tanto tocará realizar la normativa reglamentaria que dicte las directrices claras y pertinentes para la ejecución de esta sustantiva reforma.
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las legislaturas de los estados, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como a las entidades y dependencias de la administración pública en sus tres órdenes de gobierno, a realizar a la brevedad posible las adecuaciones que correspondan en las leyes y reglamentos en materia de desindexación de salario mínimo.
Notas
1 Diario de Yucatán. “Salario mínimo mexicano de los peores en Latinoamérica”. Consultado el 23 de Noviembre de 2’015 en:
http://yucatan.com.mx/mexico/economia-mexico/salario-minimo-mexicano-de-los-peores-en-latinoamerica#sthash.9DDkScYR.dpuf
2 Tourliere, M. “Pide PNUD a México cerrar la brecha de desigualdad” Consultado el 23 de Noviembre de 2015 en http://www.proceso.com.mx/?p=412982
3 Ibídem
4 Diario de Yucatán. “Salario mínimo mexicano de los peores en Latinoamérica”. Consultado el 23 de Noviembre de 2015 en:
http://yucatan.com.mx/mexico/economia-mexico/salario-minimo-mexicano-de-los-peores-en-latinoamerica#sthash.9DDkScYR.dpuf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2015.
Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Consar, la SHCP y Pemex a difundir el probable efecto de las pérdidas y el retraso en los pagos por la empresa en los rendimientos del ahorro de los trabajadores de las inversiones realizadas por las Siefore, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, Norma Rocío Nahle García, diputada de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I a III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
Como consecuencia de las administraciones de la Secretaría de Energía y de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Reforma Energética aprobada por la mayoría del PRI y del PAN, se han deteriorado aceleradamente las condiciones de operación de Pemex, empresa estratégica propiedad de todos los mexicanos y ahora, como resultado de la mencionada reforma, Empresa Productiva del Estado.
De acuerdo con sus informes financieros al 30 de septiembre del presente año, sus ventas totales sumaron 313 mil 773 millones de pesos, 22.8 por ciento menos que en el mismo periodo de 2014. A pesar de la caída en sus ingresos, sus costos de ventas crecieron 10 por ciento, hasta llegar a 231 mil 574 millones de pesos. En esas condiciones su rendimiento bruto se redujo de 196 mil 5 millones de pesos a 82 mil 199 millones, una baja de 58 por ciento.
Si eso por sí mismo es algo grave, la situación se vuelve de mayor incertidumbre si consideramos los costos financieros y las pérdidas cambiarias. Debido a que tuvieron un sentido negativo, impactaron en los rendimientos antes de impuestos, por lo que se convirtieron en pérdidas, de una cifra positiva de 137 mil 327 millones de pesos en enero-septiembre de 2014, a una cifra negativa de 68 mil 19 millones de pesos en los primeros nueve meses de este año. Al aplicarle el pago de derechos e impuestos, la pérdida neta crece de 59 mil 717 millones de pesos a 167 mil 634 millones.
Eso repercute en la hoja de balance de la Empresa Productiva del Estado, de modo que los saldos correspondientes a septiembre continuaron deteriorándose. El total de activos creció apenas en 12 mil 180 millones de pesos, principalmente por la valoración de pozos y ductos; en cambio, debido al fuerte aumento de la deuda financiera de largo plazo, en sólo nueve meses el saldo del total de los pasivos creció 344 mil 634 millones pesos, que es una cifra incluso superior a las ventas de los tres primeros trimestres. Con ello, el total del patrimonio de la principal empresa de los mexicanos pasó de un saldo negativo de 767 mil 721 millones de pesos a un saldo también negativo de un billón 100 mil 175 millones de pesos.
En ese contexto, el columnista Alberto Barranco comentó que Pemex no ha entregado a las empresas privadas un contrato importante en lo que va del año y señaló que eso ha puesto en problemas a algunas firmas, Incluso señala que sólo a la empresa Oro Negro, de Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White, parientes del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, se le otorgó un contrato porque estaba en riesgo de entrar a concurso mercantil1 .
De confirmarse esa versión, se habrían puesto en entredicho las bondades de la reforma promovida, entre otros, por el mismo Francisco Gil Díaz. Pero, más allá de lo que podría ser un castigo para los abusivos empresarios que impulsaron y pretenden obtener jugosas ganancias de la reforma aprobada por la mayoría del PRI y del PAN, el columnista advierte el riesgo de que los ahorros de los trabajadores en el Sistema Nacional de Ahorro para el Retiro sean afectados por algunas Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefores), que invirtieron en bonos de la empresa Oro Negro, para financiar la construcción de plataformas. El problema está en que no sería la única inversión en el sector y habría otras que están en riesgo.
Por cierto, no podemos ignorar que como consecuencia de la ineficaz política económica, los ahorros de los trabajadores están sujetos a riesgos crecientes. Por ejemplo, el saldo de los recursos en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), de acuerdo con los agregados monetarios del Banco de México, medidos en dólares al tipo de cambio utilizado por el Banco de México para medir las reservas de divisas de dólares a pesos, se redujo después de alcanzar un máximo de 206 mil 557 millones de pesos en abril de 2014, se cayó 15.3 por ciento, a sólo 174 mil 850 millones de pesos en septiembre de 2015.
Esa comparación en dólares, es válida, considerando que la política económica de los últimos gobiernos está supeditada a la disponibilidad de dólares para la importación de bienes básicos. Conviene recordar que, independientemente de su origen, la obtención de bienes básicos será determinante en el poder adquisitivo de las personas que pasarán a retiro. El problema está en que, debido a la política económica de apertura comercial y al uso que han dado a los recursos disponibles los últimos gobiernos, éstos se han utilizado para importar y no para mejorar la capacidad de producirlos internamente.
Además, el comportamiento del ahorro de las Afores en dólares permite comprobar las distorsiones en las que opera la economía mexicana. Por una parte, produce una enorme concentración de la riqueza en unas cuantas manos, que facilita la salida de capitales del país –en el actual sexenio 45 mil 102 millones de dólares han salido para depositarse en bancos del extranjero y 28 mil 778 para inversiones en el exterior–, los cuales ganan especulando en contra de México. Por esa misma razón, no puede garantizar el valor del ahorro de los trabajadores. Esa misma política es la que propicia que 60 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) trabaje en condiciones de informalidad, es decir, no está considerada en los programas de ahorro para el retiro, reduciendo la capacidad de ahorro y generando un pasivo social cada vez más difícil de financiar.
Para Morena la única forma de garantizar el ahorro de los trabajadores e incorporar a nuevos sectores a ese esfuerzo, es mediante la inversión, mediante recursos físicos, no por el volumen de instrumentos financieros. Por esa razón, durante años se insistió en que se usaran los recursos de las Afores en favor de las empresas públicas pequeñas y medianas del sector social y del sector privado. Esto es, se consideraba necesario aprovechar los recursos de las Afores que son del sector social de la economía, como una condición para fortalecer al país. Desafortunadamente, el desinterés de los últimos gobiernos por fortalecer a la economía nacional frenó cualquier posibilidad de invertir productivamente los recursos de los trabajadores en empresas públicas. Nunca se aceptó diseñar una estrategia de fortalecimiento de Pemex, porque el propósito era restarle capacidad operativa y privatizarlo, al tiempo que se ponían a disposición de los monopolios los recursos de los trabajadores. Sí se invirtieron algunos recursos de la Afores en Pemex, pero con poco interés por rescatar a la empresa.
En contraste, se ha puesto especial interés en usar los recursos de los trabajadores para apoyar a empresas privadas, incluso a fondos como Black Rock, que promueve los intereses monopólicos en el mundo. Es decir, gracias a la actual política económica se cae en la paradoja de que con los recursos de los trabajadores se financia a empresas que actúan contra los trabajadores. Por otra parte, es un abuso que las empresas privadas que se jactaban de su capacidad y promovieron a toda costa la privatización de la energía nacional, requieran recursos del sector social, es decir de los trabajadores para llevar a cabo sus inversiones. ¿Por qué no generar un mecanismo de inversión de los trabajadores, con tantas facilidades y garantías como se dan a la iniciativa privada?
De acuerdo con el Diagnóstico del Sistema de Pensiones de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en junio de 2015 los recursos de las Siefores financiaron a Pemex con 69 mil 22 millones de pesos. En cambio, destinaron 123 mil 402 millones de pesos a inversiones en Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs) y 42 mil 335 millones en Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (Fibras), vehículos financieros operados por fondos privados. También respaldaron 24.9 por ciento del total de la deuda privada de largo plazo, 72.6 por ciento de la inversión en instrumentos de deuda estructurados, entre ellos derivados, y destinaron 70 mil 9 millones de pesos para financiar 29.3 por ciento de la deuda de autopistas, estados y municipios. Todas esas operaciones garantizan las utilidades de los concesionarios y de la banca privada.
Pues bien, uno de los riesgos que hoy enfrentan los ahorros de los trabajadores es la situación en la que se ha puesto a Pemex, por la carga fiscal y el abandono gubernamental, que la han puesto ante la imposibilidad de cumplir con sus compromisos y le ha impedido obtener resultados positivos. Por esa razón, se proponen los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, a que hagan público en detalle cuál es el saldo de la inversión y el rendimiento obtenido por las operaciones de las Siefores en los diferentes instrumentos de inversión colocados por Petróleos Mexicanos o en las empresas privadas proveedoras de esta Empresa Productiva del Estado.
Segundo. Se exhorta a Petróleos Mexicanos para que haga pública su evaluación acerca de si debido a su situación financiera, se ha visto obligada a posponer inversiones programadas o a incumplir con obligaciones contractuales con sus proveedores y, en su caso, qué monto alcanzan el retraso de inversiones o la posposición de pagos.
Nota
1. Alberto Barranco Chavarría, Columna Empresa, El Universal, 18 de noviembre de 2015.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2015.
Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat, la Cofepris y la Ssa a difundir el estado que guardan el fideicomiso y los estudios de riesgos de la salud humana por el derrame en el río Sonora, a cargo de la diputada Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada federal Susana Corella Platt, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 2; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Subsecretaría de Planeación y Política Educativa de la Semarnat, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a la Secretaría de Salud, para que informen a la opinión pública lo relacionado con el estatus que guarda el fideicomiso y el estado actual que guardan los estudios de riesgos a la salud humana producto del derrame del río Sonora, con base en las siguientes
Consideraciones
Como todos recordarán el 6 de agosto del año 2014, en Sonora nos despertamos con una lamentable noticia: La minera Buenavista del Cobre S.A. de CV ubicada en el municipio de Cananea del Estado de Sonora, derramó 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre (CuSO4) en el río Bacanuchi, afluente del río Sonora como consecuencia de una falla en la tubería de salida de una represa.
El derrame ocurrió en la represa denominada “Tinaja 2”, en la que se depositan los desechos de lixiviación. Los excedentes contaminaron el río Bacanuchi afluente del río Sonora, el cual descarga sus aguas en la presa “El Molinito” y la presa “Abelardo L. Rodríguez”, por lo que se presentaron afectaciones en los iniciales en los municipios de: Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, Baviácora, San Felipe de Jesús y Ures, con una población total aproximada de 24,048 habitantes.
El 7 de agosto de 2014 habitantes de la zona informaron a la Unidad Estatal de Protección Civil del Gobierno de Sonora la coloración inusual del río Bacanuchi. La empresa notificó el incidente a la autoridad federal vía telefónica el día 8 de agosto y formalmente hasta el 12 de agosto, por lo que Comisión Nacional del Agua, Conagua, procedió a realizar una visita técnica en el lugar del incidente y elaboró un Dictamen Técnico que demuestra que:
El derrame se ocasionó por la falla en el amarre de un tubo de polietileno (tubificación) en una de las piletas de lixiviados y por la falta de una válvula en la pileta de demasías, imputable a la empresa. El derrame alcanzó a los siguientes cuerpos de agua:
• Arroyo Tinajas (17.6 kilómetros)
• Río Bacanuchi (64 kilómetros)
• Río Sonora (190 kilómetros)
• Presa “El Molinito” (15.4 millones de metros cúbicos) la cual fue cerrada preventivamente, por los resultados preliminares de contaminación por encima de las normas ambienta que ordenó el municipio de Hermosillo.
El extracto anterior, fue tomado del Informe que presentó ante la Cámara de Diputados la Comisión Especial para dar seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes a los ríos Sonora y Bacanuchi, mismo que dentro de su capítulo de Recomendaciones, estableció lo siguiente:
Primera. El estado de Sonora y sus habitantes no se han beneficiado de la explotación de sus recursos naturales. La extracción de sus riquezas minerales no ha ayudado a elevar el nivel de vida de los sonorenses. La empresa Grupo México y su filial la mina Buenavista del Cobre, SA de CV, lejos de actuar como una empresa responsable, respetuosa del medio ambiente y solidaria con la población de la zona, ha puesto en riesgo la vida humana, el entorno ambiental y el desarrollo económico de la región.
Una mina que reporta ganancias de 4.4 millones de dólares diariamente, que cuenta con un historial negativo y de impunidad, que no protege la salud de sus trabajadores y cierra centros hospitalarios (Hospital del Ronquillo), que no respeta sus derechos laborales y que no contrata personas de Cananea y exhibe letreros discriminatorios en las puertas de sus instalaciones, no puede ser considerada en México como una empresa socialmente responsable. Es por ello, que esta soberanía recomienda la creación de un Fondo de Desarrollo Regional, solventado por la empresa, que comprenda todos los aspectos básicos para la reactivación económica y social de Sonora, como lo son: salud, alimentación, educación, infraestructura, trabajo y recuperación de todas las actividades productivas y económicas, como un mecanismo compensatorio que restituya la equidad distributiva con un piso inicial de 5 mil millones de pesos, aportado por la empresa, y detone el potencial de desarrollo que Grupo México le ha escamoteado a la entidad.
Segunda. El fideicomiso anunciado por el gobierno federal con cargo a Grupo México, que tendrá un monto inicial de 2 mil millones de pesos, debe tener un enfoque preponderantemente humano y priorizar la reparación de los daños y perjuicios ocasionados a los jornaleros, productores, comerciantes, ganaderos, a las víctimas del derrame y en general, a toda la población afectada de la región, con una perspectiva a largo plazo que permita evaluar la suficiencia de los recursos y cuantificar las aportaciones necesarias para el resarcimiento del daño social, económico y ambiental infligido . Esta instancia debe contar con un comité técnico especializado que decida los objetivos y que tenga un manejo transparente de los recursos, alejado de toda entrega selectiva o politizada.
Tercera. El fideicomiso solventado por la empresa debe garantizar a los municipios afectados el abasto suficiente y oportuno de agua potable, tanto para consumo humano a través de plantas potabilizadoras, de la infraestructura necesaria que permita a los pobladores ejercer su derecho fundamental de acceso al líquido vital, como para sus múltiples actividades (incluido el uso agrícola y ganadero) y que cumpla con los estándares de calidad. Asimismo, transparentar y publicitar el monitoreo permanente que realice Conagua, a efecto de otorgar certeza y confianza a la población.
Cuarta. Hacer valer el imperio de la ley, exigiendo a todas las autoridades competentes el ejercicio de todas las acciones y recursos civiles, penales, administrativos y laborales a que haya lugar, para sancionar de manera ejemplar a la empresa y personas que resulten responsables.
Quinta . Hacer un llamado a la autoridad competente a redoblar las acciones de vigilancia y supervisión de la mina Buenavista del Cobre, SA de CV, a fin de revisar las violaciones en que ha incurrido la mina y prevenir cualquier otra en el futuro, en materia ambiental, laboral y en general de seguridad industrial, con objeto de proceder a la suspensión de actividades y a la evaluación de la cancelación de la concesión otorgada a Grupo México.
Sexta. Esta Comisión Especial considera urgente e indispensable que las comisiones ordinarias correspondientes de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenten un paquete legislativo que fortalezca al Estado mexicano en su función reguladora y sancionadora, que eleve los montos de las multas y sanciones, que dote al Estado de capacidad para actuar con prontitud; una legislación que cuente con un protocolo claramente definido de los pasos a seguir en caso de cualquier contingencia, sea la actividad de que se trate de cualquier empresa, asimismo que contenga los siguientes principios fundamentales:
1. Sanciones y multas de acuerdo al daño generado, proporcional a las ganancias percibidas y a la reincidencia en ilícitos.
2. Cuando se presente una contingencia ambiental considerada importante por la autoridad correspondiente, debe estipularse claramente que la suspensión de actividades debe ser inmediata, hasta en tanto no se realice la investigación que permita el deslinde de responsabilidades.
3. Debe fortalecerse la capacidad de la autoridad competente para aplicar multas y sanciones de manera directa e inmediata.
4. Debe quedar clara la responsabilidad de que el que contamina paga no solamente la remediación ambiental y la indemnización a las personas directamente afectadas, sino todo lo que comprende la recuperación económica, ambiental y social de una comunidad.
Con independencia del monto de las multas, el que contamina no sólo es responsable del daño ambiental, sino también de las afectaciones económicas y sociales.
5. Pierde la concesión quien contamina y pone en riesgo los ecosistemas y la vida humana.
Séptima. Incluir al municipio de Cananea en el programa de poblaciones afectadas.
Octava. Garantizar el acceso oportuno a servicios de salud de calidad para atender las repercusiones y afectaciones presentes y futuras provocadas por el derrame ocasionado por la mina Buenavista del Cobre S.A. de C.V., así como realizar los estudios necesarios, a efecto de determinar si la región afectada presenta una mayor incidencia en enfermedades y afecciones imputables a la contingencia tales como cáncer, malformaciones, padecimientos crónico-degenerativos y envenenamiento paulatino, entre otras.
Novena. Que la empresa cumpla con las medidas sanitarias pertinentes, emitidas por la autoridad competente, con el objeto de proteger la salud de los pobladores. DÉCIMA. Garantizar a los pobladores de la región el pleno ejercicio de sus derechos humanos, como el acceso al trabajo digno, sin que medie ningún tipo de discriminación”.1
Como bien lo menciona el informe de la comisión, “el fideicomiso debe tener un enfoque preponderantemente humano y priorizar la reparación de los daños y perjuicios ocasionados a los jornaleros, productores, comerciantes, ganaderos, a las víctimas del derrame y en general, a toda la población afectada de la región, con una perspectiva a largo plazo, que permita evaluar la suficiencia de los recursos y cuantificar las aportaciones necesarias para el resarcimiento del daño social, económico y ambiental infligido”.
A inicios de este año, alcaldes de los municipios afectados indicaron que Grupo México, se encontraba distanciada de las reuniones con funcionarios federales,2 a grado tal que José Manuel Valenzuela Salgado, entonces Presidente Municipal de Ures, uno de los municipios afectados, tuvo que solicitar al personal de Grupo México, con presencia en los sitios afectados, que tuvieran la deferencia de atender a los pobladores, toda vez que las inconformidades se hacían cada día más frecuentes.3
Los presidentes municipales de la zona afectada, hacen hincapié en la necesidad de aclarar el tema relacionado con el Fideicomiso conformado, puesto que luego de que los pagos a la población se restringieran a efecto de dar cumplimiento a la veda electoral del año en curso, se ha venido dando toda una serie de especulaciones que no han sido aclaradas por los integrantes de la junta de administración del mencionado Fideicomiso; a razón de lo anterior en fechas pasadas, he venido sosteniendo reuniones con las autoridades locales a fin de lograr sumar esfuerzos y conseguir que no se siga dando seguimiento y evaluación a los daños colaterales provocados por el derrame.4
A un año de que se generara este daño ecológico y poblacional, como Diputada Federal por el cuarto distrito electoral de Sonora, es mi obligación y responsabilidad mantenerme al tanto de los avances de los estudios y proyectos de remediación ambiental, salud, actividades productivas, comunicación y abastecimiento de agua y saneamiento; como de los avances que se tienen en el mecanismo de pago implementado para reclamaciones por afectaciones materiales causadas a las personas como consecuencias del derrame.
Asimismo, Xavier García de Quevedo, vicepresidente de Grupo México, indicó a inicios de este mes (octubre) que la limpieza física del río Sonora ya concluyó, pues se han hecho análisis, estudios y se está cumpliendo con los compromisos y programas. De igual manera, menciona que el fondo del fideicomiso creado por Grupo México hasta el momento es suficiente, y por lo pronto no se contempla un incremento en éste ni reactivación de pagos; pues el fideicomiso tiene un presupuesto y se está cumpliendo todo lo que se prometió.5
En el lado opuesto, tenemos que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) advirtió que Grupo México está obligado a indemnizar, ofrecer consultas médicas y dar seguimiento durante 15 años a todas las personas con daños a la salud por el derrame de la mina Buenavista del Cobre, denunciada por las comunidades aledañas al río Sonora.
En entrevista, el titular de la Cofepris, Mikel Arriola Peñalosa, aseguró que los habitantes de la región tienen todo el derecho de reclamar atención a sus enfermedades, por lo que las brigadas de vigilancia epidemiológica mantienen la búsqueda de nuevos casos de padecimientos vinculados con la contaminación de sulfato de cobre y continúan con el tratamiento a los afectados.6
Así también he de mencionar que el pasado 22 de octubre de año en curso, el Juez Primero de Distrito en Sonora ordenó a la Comisión Nacional del Agua a realizar un nuevo estudio mediante el cual pueda determinarse la calidad del agua en los ríos Bacanuchi y Sonora, de suerte que sea posible saber el estado actual que guardan los cuerpos acuíferos afectados con el derrame.7
Por lo anteriormente expuesto, porque los habitantes de Sonora aún tienen mucha incertidumbre a pesar de que han ido poco a poco rehaciendo su vida normalmente, y porque se ha escuchado que Grupo México tiene la intención de dar por concluido el fideicomiso río Sonora, con fundamento en los artículos referidos en el proemio de este acuerdo, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita respetuosamente al titular de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informe a la opinión pública sobre los avances financieros que ha tenido el fideicomiso conformado para atender las medidas de remediación, reparación y resarcimiento de los daños ambientales y a la salud pública, causados por el derrame ocurrido en el río Sonora.
Segundo. Se solicita al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que informe a la opinión pública si considera necesario, a razón de sus estudios e informes últimos, que se dé seguimiento durante 15 años a todas las personas con daños a la salud por el derrame en la mina Buenavista del Cobre.
Tercero. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud para que informe a la opinión pública lo referente al seguimiento que se ha realizado a los afectados en su salud como consecuencia del derrame en la mina Buenavista del Cobre.
Notas
1 http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2014/sep/20140917-V.pdf
2 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/01/06/1001172
3 http://www.uniradionoticias.com/noticias/riosonora/346668/pide-alcalde-de-ures-dar-la-cara-a-responsables-del-fideicomiso.html
4 http://www.jornada.unam.mx/2015/06/17/estados/030n2est
5 http://www.las5.mx/noticia/57199/asegura-grupo-mexico-termina-limpieza- de-rio-sonora
6 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/04/27/1020954
7 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2015/10/22/ordenan-conag ua-nuevo-estudio-en-rio-sonora
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2015.
Diputada Susana Corella Platt (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de las entidades federativas y el DF a considerar la asignación de recursos para establecer planes, programas y políticas que garanticen los derechos de los indígenas en materia de acceso a la justicia, suscrita por los diputados César Octavio Camacho Quiroz y Miguel Ángel Sulub Caamal, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, diputados César Camacho Quiroz y Miguel Ángel Sulub Caamal, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión por el estado de México y Campeche, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, se estima que existen más de 10 mil indígenas en cárceles del país, pero sólo el 10 por ciento tuvo acceso a un intérprete para comunicarles cuál era su situación legal.
En este sentido, en México existen 15.7 millones de personas que se identifican como indígenas, distribuidos en 68 pueblos indígenas, con 11 familias lingüísticas y 364 variantes de las mismas. Toda esa población padece una situación de franca vulnerabilidad y constantes violaciones a sus derechos, llegando incluso a la privación de su libertad por el simple hecho de que no tienen una defensa adecuada o meramente porque no entienden el procedimiento legal, al no contar con un traductor o intérprete que les pueda transmitir la información legal de manera correcta.
La Reforma Constitucional realizada en 2001 representó un avance en el reconocimiento de los derechos indígenas. Dicha reforma, obligó al Estado a establecer un marco institucional que se encargue de promover su desarrollo integral y a los congresos federal y estatales para que incluyan en sus presupuestos de egresos las partidas correspondientes y necesarias para llevarla a buen término.
Por su parte, en el artículo 2o. constitucional, Apartado B vigente, se establecen responsabilidades dirigidas a las instituciones del Estado para diseñar y poner en marcha una política integral y transversal de atención a la población indígena para garantizar la vigencia de sus derechos.
En su texto se precisa que:
“La federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos”.
En refuerzo a este puntual mandato, el penúltimo párrafo del apartado B prevé también:
“Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas”.
De acuerdo con Convenio 169 de Organización Internacional del Trabajo suscrito por nuestro país,1 es condición necesaria, para el debido acceso a la justicia de la población indígena, garantizar la existencia de intérpretes u otros medios eficaces para que puedan comprender y hacerse comprender en los procedimientos legales que sean parte.
A saber:
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes
Artículo 12.
Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces.
A la luz de lo establecido en el artículo 133 Constitucional, respecto del Convenio 169, el Estado mexicano tiene compromisos internacionales vinculatorios, que le exigen garantizar y velar en todo momento por el respeto a los Derechos Humanos de la población indígena, cuyas condiciones sociales y económicas, en la mayoría de las veces, les impide gozar y ejercer sus derechos en el mismo grado que el resto de la población en que viven.
Más aún cuando el derecho al traductor o intérprete en la legislación nacional tiene dos enfoques:
1. La primera que esta? en relación con el derecho al debido proceso; y
2. Que este derecho, va más en el sentido de la perspectiva integral de los derechos indígenas, y se relaciona con el derecho individual y colectivo de los pueblos indígenas a expresarse en su lengua, porque es la garantía de una colectividad de preservar su identidad a través del uso de su idioma.
En refuerzo de lo anterior, nuestra Carta Magna en su fracción VIII del Apartado A del artículo 2 manda que: “Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho de ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura”.
Es por lo anterior, que posee especial relevancia histórica la firma del Convenio para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal con visión Intercultural y Multilingüe, impulsado por el Gobierno de la República y suscrito el pasado 29 de octubre de 2015, por los titulares del Poder Judicial de la Federación, de las Secretarías de Gobernación y de Educación, de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
A la luz de dicho convenio se pretende garantizar el debido acceso a la justicia de la población indígena, reconociendo lo fundamental que resulta el hecho de que en todos los juicios y procedimientos se tomen en cuenta las costumbres y características culturales de los pueblos indígenas, así como el proveerles intérpretes y traductores.
Dicho convenio sin duda, permitirá fortalecer el Padrón de 650 intérpretes y traductores indígenas, así como de 198 abogados indígenas bilingües para que la población indígena tenga una justicia más accesible, imparcial y transparente, mediante la asistencia y apoyo adecuados, además de abonar en la práctica del respeto a sus derechos humanos.
No obstante a lo anterior, es de creerse que urge sumar a este esfuerzo la participación de los gobiernos locales, principalmente en las entidades federativas que cuentan con población indígena, de tal forma que lo establecido en el Artículo 2 Constitucional, Apartado B, deje de ser tan solo una aspiración legal para ser con certeza el ejercicio de un derecho real.
Bajo tal tesitura, la presente proposición con punto de acuerdo, tiene como finalidad alentar el cumplimiento cabal de la garantía antes señalada, salvando así la distancia que pudiera existir entre el discurso de salvaguardar los derechos humanos de la población indígena y la cruda realidad que pudiera hacerse presente en materia de acceso a la justicia.
Amén, de que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, recién aprobada, se considera facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos.
Con base en lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta representación nacional, con carácter de urgente y obvia resolución, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a las honorables Legislaturas de las 31 entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en sus respectivos Presupuestos de Egresos próximos a analizar y aprobar, prevean la asignación de recursos para el establecimiento de planes, programas y políticas, que garanticen el debido ejercicio de los derechos de los indígenas en materia de acceso a la justicia, en lo que se refiere a contar con intérpretes o traductores debidamente capacitados y remunerados.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a los 31 titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas y del Distrito Federal, para que por su conducto instruyan a las instancias locales de administración, procuración e impartición de justicia, a garantizar el acceso a la justicia de la población indígena, mediante la existencia de intérpretes o traductores debidamente capacitados y remunerados; considerando que para la identificación y capacitación del personal que preste dichos servicios pueden coordinarse con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
Nota
1 Se adoptó el día veintisiete del mes de junio del año de mil novecientos ochenta y nueve, en la ciudad de Ginebra, Suiza, durante la Septuagésima Sexta Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo.
El Convenio fue aprobado por la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión el día once del mes de julio del año de mil novecientos noventa, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día tres del mes de agosto del propio año.
El instrumento de ratificación, fue firmado por ciudadano presidente de la República el día trece del mes de agosto del año de mil novecientos noventa, fue depositado ante el director general de la Organización Internacional del Trabajo el día cinco del mes de septiembre del mismo año.
Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 26 de noviembre del 2015.
Diputados:
Efemérides
Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI
Mujeres de distintos países damos vida a la cultura democrática al denunciar la opresión de género y crear una conciencia crítica sobre la condición de las mujeres.
Enfrentamos la falsa creencia sobre lo inevitable de la violencia, la sacamos del encierro y del silencio, del tabú y de la complicidad.
Marcela Lagarde
La violencia en contra de las mujeres es un problema de grandes dimensiones y graves consecuencias para toda la sociedad, pero, antes que nada, para las mismas mujeres que la sufren. Según un estudio realizado por el Banco Mundial, las mujeres pierden 9 años y medio de vida saludable, en promedio mundial, por causa de la violación y la violencia doméstica. Esto significa que a nivel mundial, estas formas de violencia en contra de las mujeres, que no son las únicas, tienen efectos más negativos sobre la salud de las mujeres que todas las formas de cáncer (9 años), los accidentes de tránsito (4.2 años), las guerras (2.7 años) y la malaria (2.3 años)1 .
Según la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer2 , se entiende por violencia contra la mujer “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.”
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 20113 , en México 47 por ciento de las mujeres de 15 años y más sufrió algún incidente de violencia por parte de su pareja (esposo o pareja, ex esposo o ex pareja, o novio) durante su última relación; 4 de cada 10 mujeres (43.1 por ciento ) han sufrido violencia emocional , ya que han sido humilladas, menospreciadas, encerradas, les han destruido sus cosas o del hogar, vigiladas, amenazadas con irse la pareja, correrlas de la casa o quitarle a sus hijos, amenazadas con algún arma o con matarlas o matarse la pareja; 2 de cada 10 (24.5 por ciento) han sufrido violencia económica , ya que han recibido reclamos por parte de su pareja por la forma en que gastan el dinero, les han prohibido trabajar o estudiar, o les han quitado dinero o bienes (terrenos, propiedades, etcétera); 14 de cada 100 (14.0 por ciento) ha sido víctima de violencia física , ya que su pareja la ha golpeado, amarrado, pateado, tratado de ahorcar o asfixiar, o agredido con un arma; asimismo 7 de cada 100 (7.3 por ciento) ha padecido violencia sexual , ya que les han exigido o las han obligado a tener relaciones sexuales sus propias parejas, sin que ellas quieran, o las han obligado a hacer cosas que no les gustan.
Por otro lado, y según la encuesta de referencia, de todas las mujeres de 15 años y más que alguna vez han trabajado, 14.9 por ciento han recibido violencia laboral , ya que les han solicitado el certificado de ingravidez como requisito para su ingreso al trabajo, o por embarazarse las han despedido, no les renovaron contrato o les bajaron el salario, no obstante que la legislación laboral lo prohíbe que alguna vez, de la misma forma 20.6 por ciento declaró haber sufrido algún incidente de discriminación laboral en los últimos 12 meses, ya sea por recibir un menor sueldo que el de sus pares hombres bajo las mismas condiciones de trabajo, tener una menor oportunidad de ascenso o menos prestaciones que un hombre con el mismo nivel; o bien, que debido a su edad o estado civil le han bajado el salario, despedido o no la contrataron.
Por lo que respecta al ámbito comunitario la violencia en contra de las mujeres se manifiesta con agresiones psicológicas, físicas y sexuales perpetradas tanto por conocidos (amigos, vecinos, etcétera) como por desconocidos (extraños, policías o militares, etcétera). Para el caso de esta violencia 26.1 por ciento de las mujeres solteras sufrieron algún evento durante el año previo a la entrevista; 13.2 por ciento de las separadas, y 11.7 por ciento de las casadas. En conjunto, 15.5 por ciento de todas las mujeres de 15 años y más de edad sufrieron al menos un evento de violencia comunitaria durante el último año. Considerando todos los eventos a lo largo de la vida, esta cifra se eleva a 31.7 por ciento4 .
Finalmente y en referencia a la violencia patrimonial , que se entiende como la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades, y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la mujer, la han vivido 3.9 por ciento de las mujeres de 15 años y más, siendo las alguna vez unidas con el porcentaje mayor (7.9 por ciento)5 .
Este fenómeno es un problema que no tiene fácil solución, y que debe ser abordado desde múltiples perspectivas que en ella convergen, como lo son las sociales, culturales, económicas, jurídicas y psicológicas, entre otras, para incidir en el logro de la erradicación de este flagelo que lastima a nuestra sociedad. Dicha violencia constituye un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, como se reconoce en las Estrategias de Nairobi, orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer6 y la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en las que se recomendó un conjunto de medidas integrales encaminadas a prevenir y eliminar la violencia contra la mujer, y también para la plena aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Es un deber señalar que la violencia dirigida en contra de la mujer se agrava cuando ésta pertenece a minorías, es decir; cuando son mujeres indígenas, refugiadas, migrantes, indigentes, con discapacidad, las niñas, las recluidas en diversas instituciones como penitenciarias, psiquiátricas y médicas, las mujeres que viven en comunidades rurales o remotas, las ancianas y las mujeres en situaciones de conflicto armado.
Debido a esta situación de vulnerabilidad respecto de la violencia, las mujeres y las niñas no pueden acceder plenamente al ejercicio de sus derechos humanos ni sus libertades fundamentales por lo que su desarrollo se ve comprometido.
En este contexto histórico la Organización de las Naciones Unidas ha hecho progresos importantes en la lucha por la erradicación de la violencia en contra de la mujer, misma que se ha plasmado en diversos documentos vinculantes para los países miembros como: la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Es así que el 17 de noviembre de 1999 la Organización de las Naciones Unidas en su resolución número 54/134 7 acordó designar el 25 de noviembre de cada año como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer , como una forma de conmemorar y denunciar la violencia que sufre la mujer en todos los ámbitos, esta fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato (ordenado en 1960 por el entonces dictador Rafael Leónidas Trujillo) de las tres hermanas Mirabal: Patria Mirabal Reyes, Minerva Mirabal Reyes, y María Teresa Mirabal Reyes, activistas del movimiento insurgente que surgió en la Republica Dominicana.
El fenómeno de la violencia en contra de la mujer es una violación a los derechos humanos, que está anclada en la construcción vertical y jerarquizada de la sociedad, donde la diferencia siempre ha implicado desigualdad en detrimento de las mujeres.
Por ello conmemorar este día es rendir homenaje a las hermanas Mirabal Reyes, es rendir homenaje a todas las personas que han contribuido y que contribuyen a la eliminación de la violencia en contra de las mujeres; pero además de ello, es necesario tomar plena conciencia de este flagelo y emprender actividades, para que cada actor social, desde su ámbito, emprenda las acciones necesarias para lograr erradicar la violencia en contra de las mujeres.
Notas
1. Datos tomados del Banco Mundial, 2003, disponible en http://datos.bancomundial.org
2. Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen .aspx
3. Fuente de la información 2011: Inmujeres con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011. Bases de datos publicadas el 29 de julio de 2013, ajustadas a las Proyecciones de la Población en México que el Consejo Nacional de Población actualizó el 16 de abril de 2013.
4. Ibídem.
5. Ibídem.
6. Informe de la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, Nairobi, 15 a 26 de julio de 1985 (publicación de las Naciones Unidas. Disponible en: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/54/134
7. Disponible en
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/54/134
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2015.
Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica)
Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a cargo de la diputada Mónica Rodríguez della Vecchia, del Grupo Parlamentario del PAN
“Teníamos dos opciones:estar calladas y moriro hablar y morir,... y decidimos hablar”.
Malala, Premio Nobel de la Paz
Hoy hago presencia en esta máxima tribuna de nuestro país para conmemorar en nombre de mi Partido Acción Nacional, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hace ya dieciséis años, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas decidió declarar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer porque:
1. La violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos.
2. La violencia contra la mujer es consecuencia de discriminación y de las desigualdades por razón de género.
3. La violencia contra la mujer afecta e impide que un país florezca.
4. La violencia contra niñas y mujeres es un mal evitable.
5. La violencia contra la mujer es una pandemia global. Hasta 70 por ciento de las mujeres sufren violencia en su vida.
Las migraciones de familias enteras de refugiados sirios y africanos que hoy leemos en los diarios, tienen rostro femenino. En las guerras y conflictos armados la violencia sexual se vuelve un instrumento de esa misma guerra. El cuerpo femenino es despersonalizado, tomado a la fuerza como objeto, es ocupado como territorio y como mensaje de humillación entre vencedores y vencidos.
Pero estos casos no sólo pasan al otro lado del mundo. Aquí en México, el coordinador de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Pablo Navarrete, aseguró que en nuestro país cada 24 horas se consuman 7.2 feminicidios. Estas lamentables pérdidas, así como las mujeres muertas de Ciudad Juárez o en Ecatepec no son aislados casos de violencia contra las mujeres. Se repiten todos los días en diversas partes de nuestro país. Todos los días.
“Como ven hay mucho por hacer –como afirma Ana Güezmes, representante de ONU Mujeres en México–. Seis de cada diez mujeres en México ha sufrido violencia en algún momento de su vida, y todavía persiste una cultura de violencia e impunidad”.
La Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011; el artículo 4o. constitucional que garantiza la igualdad entre el hombre y la mujer; la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida también como la Convención de Belem Do Pará, ratificada por México en 1998, así como muchos instrumentos jurídicos que a nivel internacional y local se han creado son esfuerzos normativos indispensables, mas no suficientes para erradicar este grave problema.
Existe una disociación entre lo que existe en el mundo de las leyes y lo que sucede en el mundo real. Hacen falta más herramientas para hacer efectivas esas normas y se haga efectivo el derecho del ser humano a vivir sin violencia.
La respuesta a tan doloroso cáncer es sin duda la eminente dignidad de la persona humana.
Las leyes y los gobiernos, la educación en las escuelas y las casas, debería tender más a este valor de la persona humana. El centro de la acción estatal debe ser la persona humana, no sólo en las leyes, sino de manera efectiva. Esto nos supone grandes retos como gobierno y como sociedad. De tales retos está empedrado el camino hacia un México más justo, más próspero y con más oportunidades para todas y todos.
Hoy hay personas e instituciones que ya han andado este camino, reconozco y felicito a los gobiernos, a los y las líderes y a los organismos de la sociedad civil que se han sumado a éste esfuerzo. Sin embargo, nos falta mucho por andar, y por ello, se requiere de todos, se requiere de la suma de gobiernos y sociedad civil, de mujeres y hombres, de niños y niñas construyendo una patria más generosa, más consciente de los otros.
Si en algo podemos coincidir todos los mexicanos, incluidos ustedes compañeras y compañeros legisladores, es en la dignidad de la persona humana. Por ello, los invito no sólo a la reflexión, sino a la acción. Los invito a acercarse más a la realidad de la violencia en sus estados. Los invito a que además de en los temas que sean especialistas hagan suya esta agenda. Sin duda, su intervención será fundamental para la protección de todas las mujeres.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2015.
Diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia (rúbrica)
Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a cargo del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, Jesús Salvador Valencia Guzmán, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción XI, y 62, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a esta Soberanía la siguiente efeméride, relativa al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ; al tenor de las siguientes
Consideraciones
La conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer nos reafirma, año con año, una realidad que debería de estar erradicada por completo: la violencia hacia las mujeres y niñas en el mundo existe y es cada vez mayor.
Por ello, desde 1981, las defensoras y los defensores en favor del derecho de la mujer establecieron el 25 de noviembre como el día contra la violencia hacia el sector.
La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo (1930-1961).
Con base en lo anterior, reconociendo la urgente necesidad de una aplicación universal a la mujer de los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos y que en consecuencia lógica, la mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce y la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y de cualquier otra índole, el 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración 48/104 Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer , la cual será el antecedente directo para que el 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134 , la Asamblea General declarara el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Por ello, en el marco de dicha celebración, debemos de sumar voluntades a efecto de que no solamente el 25 de noviembre de cada año sea el día mediante el cual se busque la eliminación de la violencia hacia las mujeres y niñas, por el contrario, hagamos que todos los días, desde nuestra trinchera, sumemos acciones a favor de la eliminación de todo tipo de violencia hacia las mujeres y niñas de este país.
Hagamos que la estadística cambie, de acuerdo a datos proporcionados por Unicef, en todo el mundo 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental; en 2012 en uno de cada dos casos de mujeres asesinadas, el autor era su compañero sentimental o un miembro de la familia; en América Latina cada minuto, cuatro menores sufren abusos sexuales. Al menos tres, son niñas, las cuales nunca lograran recuperarse de ese trauma. En la mayoría de los casos, los agresores son miembros de la familia. Porque la violencia y discriminación no sólo es un asunto de mujeres adultas, involucra también a niñas y adolescentes.
Por todo lo anterior, pugnemos por que existan más hombres y niños alzando la voz contra la violencia, que no quede en buenas intenciones; la violencia contra las mujeres y las niñas se puede evitar.
Con base en lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en el marco de dicha celebración, nos sumamos a este esfuerzo reafirmando nuestro compromiso de acompañar, fomentar y legislar para que la violencia hacia las mujeres y niñas sea eliminada.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2015.
Atentamente
Diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán (rúbrica)
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a cargo del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El 25 de noviembre fue establecido desde 1981 como Día Latinoamericano para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Es hasta 1999 que la ONU lo declaró como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en nombre de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, asesinadas por el dictador Trujillo en República Dominicana, por atreverse a manifestar sus ideas políticas y decir no a los requerimientos de acoso sexual del mismo dictador a una de ellas.
Además la ONU ha impulsado a desarrollar 16 días de activismo contra la violencia de género y recientemente hace un llamado a que todos los días 25 de cada mes vistamos una prenda color naranja para difundir este activismo.
Las activistas no dejamos de usar el color morado como símbolo del feminismo y creemos que este reconocimiento por la ONU es un reconocimiento de las acciones que se han realizado en la lucha contra la violencia.
Siempre pienso que no deberíamos tener días para recordar el activismo contra la violencia, pero desafortunadamente, cada vez se incrementa; las mujeres constituimos el 52 por ciento de la población, no es justo que estén perdiendo la vida en manos del 48 por ciento de la población que son sus padres, parejas, esposos, hijos o vecinos.
Este hecho tan lamentable se expresa en la vida cotidiana y social, por ello, las acciones que estamos obligadas a desarrollar tienen carácter urgente. De acuerdo con el Inegi, 63 de cada 100 de las mujeres de 15 años o más han sufrido un acto de violencia; y suceden 7 feminicidios por día. La violencia contra los que tiene como origen la discriminación por el hecho de ser mujeres y ejercer sus derechos. Entendamos que el feminicidio atenta y va dirigido a destruir, además es un delito contra bienes jurídicos esenciales de la persona: dignidad, libertad sexual, de decisión, es decir, la autonomía.
De ahí la importancia de reconocerla y sancionarla como un delito grave que afecta a la sociedad.
Es un logro la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sin embargo, los hechos han demostrado que necesitamos como mujeres avanzar en el reconocimiento y goce de nuestros derechos en pie de igualdad con el hombre.
Requerimos un programa urgente para detener la violencia contra las mujeres, que abarque las áreas educativa y cultural, para revertir la desvalorización de las mujeres, pero además se requiere un verdadero acceso a la justicia para erradicar la impunidad de la violencia cotidiana que las mujeres viven en las calles, hogares, lugares de trabajo y escuelas, que es caldo de cultivo para la violencia feminicida, que es el extremo de la violencia.
Este día recordamos el derecho de las mujeres a vivir sin violencia y la obligación del Estado de prevenir, erradicar y sancionar la violencia, y celebramos a las que nos han precedido en la lucha contra la discriminación, reconocemos su legado con honor y agradecimiento, aceptando el compromiso de continuar la lucha para exigir un mundo más justo para las mujeres y para los hombres.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2015.
Atentamente
Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica)
Con motivo de la proclamación del Plan de Ayala, a cargo del diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Quien suscribe, Ángel García Yáñez, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción XI, y 62, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar ante esta soberanía la reflexión por la efeméride con motivo de la proclamación del Plan de Ayala, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Hace 104 años, el 25 de noviembre de 1911, Emiliano Zapata, proclamó el Plan de Ayala, con el cual sentó las bases del movimiento social más grande de México: el agrarista y con ello, rompe con el iniciador del movimiento revolucionario, Francisco I. Madero, al desconocer su gobierno y hacer un llamado para derrocarlo.
Mediante este documento, Zapata acusa al entonces presidente de traicionar las causas campesinas, pues si bien la lucha por la tierra y los derechos sociales se encontraban en el núcleo de la revolución mexicana, la insurrección aún no daba paso a las reformas transformadoras de la realidad social.
Por ello, con el lema Reforma, libertad, justicia y ley”, se hace un nuevo llamado a las armas, para restituir la propiedad de las tierras a los campesinos y concluir la revolución que Madero había postergado.
Para el Caudillo del Sur, la revolución había perdido su esencia al observar claramente en tal documento que las tierras, antes arrebatadas al pueblo por caciques, hacendados y terratenientes, aún no habían sido devueltas a sus dueños originarios, es decir a los campesinos.
Con ello se marcaba un alto grado de desigualdad, que al inicio de la gesta revolucionara 1 por ciento de la población controlaba 97 por ciento del territorio mexicano.
El ideario de Zapata, plasmado en el Plan de Ayala, se basaba en romper con el monopolio de los hacendados y unir al país mediante una política de Estado que incluyera la transferencia de los derechos de propiedad de las tierras a los pueblos y ciudadanos.
Ésas fueron las bases de la reforma agraria, que dio origen al reparto de la tierra y la formación de los ejidos, marcando una clara distinción con la política porfirista en esta materia y continuada hasta entonces por los incipientes gobiernos revolucionarios, los cuales habían reforzado la desigualdad de la estructura social de la población, así como en la propiedad legítima de la tierra.
A partir de la promulgación del Plan de Ayala, se da inicio a una etapa en que los campesinos son reconocidos como actores relevantes y partícipes en la solución de los grandes problemas nacionales.
Esa idea de redistribución de la riqueza de los bienes nacionales, es la idea que debemos continuar persiguiendo para lograr un México más justo e igualitario, a fin de alcanzar el bienestar social al que todos los integrantes de la sociedad mexicana aspiramos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2015.
Diputado Ángel García Yáñez (rúbrica)
Con motivo del 23 de noviembre, Día de la Armada de México, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del PAN
Emplear el poder naval de la federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país, así como coadyuvar en el logro de las condiciones de paz y desarrollo de la Nación, son los pilares en que se sostiene la razón de ser de la Armada de México y que la sitúan como una institución baluarte del Estado mexicano.
En esta conmemoración que se desprende de la batalla por la toma de San Juan de Ulúa en 1825, en el Grupo Parlamentario del PAN queremos que el reconocimiento que se hace a la labor de la Armada de México no quede nunca como simple expresión política o en la retórica de los discursos.
El reconocimiento que debe hacerse a una de las instituciones, quizá la de mayor prestigio en nuestro país, debe estar acompañado de acciones concretas, proclives a honrar y distinguir a quienes tienen el más alto encargo de proteger a la Nación.
Reconocimiento, por supuesto a los hombres que enarbolan la mayor dignidad de las fuerzas armadas, pero queremos también hacer un reconocimiento particular a todas aquellas mujeres de la Marina Armada de México, que defienden a México con gran gallardía y coraje, y que se han convertido en un ejemplo de gran valor para todo el pueblo de México.
La Armada de México es una institución que ha servido a nuestro país en las tareas más nobles, pero también más difíciles como ha sido el apoyo decidido a la población en los casos de mayor dolor como lo son los desastres naturales.
Hoy día esta insigne institución se encuentra cumpliendo otra labor fundamental del Estado que es la de brindar seguridad a la población en la primera línea de batalla.
Y es así porque México está viviendo momentos en los que las decisiones deben ser tomadas con firmeza y las acciones ser contundentes para devolver la seguridad y la tranquilidad a toda la población.
Nuestro país enfrenta a bandas criminales organizadas y del narcotráfico que disponen de un alto poder de acción e influencia para defender sus espacios y actos de impunidad a lo largo de la República.
Pero es una batalla que se debe de encarar con gran determinación, para que las generaciones futuras puedan vivir en un México en paz, lejos de las amenazas a la salud y a la seguridad de las familias.
La Armada de México sabe de esta responsabilidad derivada del compromiso con la patria y sus integrantes han dispuesto su valentía y generosidad al logro de estos nobles fines.
El 21 de noviembre de 1991, por decreto presidencial, se instauró el 23 de noviembre como el día de la Armada de México para conmemorar la gesta heroica realizada por el Capitán de Fragata Pedro Sainz de Baranda y de los hombres que comandaba y, que con ello, contribuyó a la consumación total de la independencia de México.
Vaya desde esta Cámara nuestro reconocimiento a quienes en el mar y en la tierra dedican su vida a proteger a la Nación en su más amplia concepción.
Diputado Wenceslao Martínez Santos (rúbrica)
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