Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4404-V, jueves 12 de noviembre de 2015
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Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4404-V, jueves 12 de noviembre de 2015
De la Cámara de Senadores, con las que remite cuatro proposiciones con puntos de acuerdo por los cuales se solicita a la Cámara de Diputados que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016 considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por integrantes de diversos grupos parlamentarios
México, DF, a 12 de noviembre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, las senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y Leticia Herrera Ale, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se designe mayor presupuesto a las y los pensionados, de acuerdo a la Ley del Seguro Social.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados./
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres
Vicepresidente
Las suscritas, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y Juana Leticia Herrera Ale, senadoras de la República de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, fracción II, y el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes
Consideraciones
Podemos definir la seguridad social un sistema integral y homogéneo de prestaciones, de derecho público y supervisión estatal, que tiene como finalidad garantizar un derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, mediante la redistribución de la riqueza nacional, especialmente dirigido a corregir supuestos de infortunio.1
Actualmente la seguridad social ha presentado una creciente crisis en todo el mundo, de conformidad con las estimaciones disponibles, cerca del 50 por ciento de la población mundial tiene acceso a algún tipo de seguridad social, aunque sólo el 20 por ciento de la población dispone de una cobertura adecuada de la seguridad social. Nuestro país sin duda mantiene una situación grave, que pareciera ser se acrecienta al paso de los años, lo que nos invita a hacer un compromiso más sólido con la ciudadanía, de forma específica con aquellos grupos más vulnerables como son las y los pensionados.
Varias convenciones e instrumentos internacionales han respaldado el derecho la seguridad social, y su reconocimiento como un derecho humano fundamental, así lo instaura la Declaración de Universal de los Derechos Humanos de 1948.
Otros Instrumentos Internacionales que respaldan el derecho a la Seguridad Social son:
• Declaración iberoamericana de seguridad social de buenos aires, 1972.
• Convenio iberoamericano de seguridad social de Quito, 1978.
• Convenio iberoamericano de cooperación en seguridad social de Quito, 1978.
• Tratado de la comunidad iberoamericana de la seguridad social, 1982.
• Declaración de Acapulco, 1992.
• Acuerdo multilateral de seguridad social del Mercado Común del Sur, Dec número 19/97, 1997.
• Acuerdo multilateral para la protección en salud de los asegurados en tránsito de las instituciones de seguridad social de Centroamérica, 1994.
• Instrumento Andino de seguridad social, 1977.
En este contexto la seguridad social se encuentra regulada en el Apartado A fracción XXIX y en el Apartado B fracción XI del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en donde se establece:
Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:
...
XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.
...B. Entre los Poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:
...
XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. ... B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:
...
XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:
a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.
b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley.
c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieran adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.
d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley.
e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares.
f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.
Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enterradas al organismo encargado de la seguridad social regulándose en su Ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos.
Derivado de ello el día de hoy se plantea la necesidad de garantizar la seguridad social y su cobertura en la vejez, esto ya que es considerado como un derecho fundamental para las y los ciudadanos en nuestro país.
Por lo anterior resulta importante fortalecer la seguridad social para las personas adultas mayores con la finalidad de generar mayor riqueza y bienestar y con esto incentivar el crecimiento económico y social del país.
Al respecto es innegable que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, ha evocado importantes esfuerzos para fortalecer los programas que benefician a las y los ciudadanos que se encuentran en un inminente estado de desigualdad y que de igual forma ha creado diversas políticas públicas para apoyar a los sectores más vulnerables del país.
En México el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi), estima que hay 31 personas adultas mayores por cada 100 niñas, niños y jóvenes, lo que representa que en virtud de que la esperanza de vida ha crecido en los últimos 20 años, cada vez existen más mexicanos que alcanzan la vejez.
Las pensiones son mecanismos de protección destinadas a asegurar el ingreso de las y los trabajadores y de sus dependientes económicos, ante contingencias como la invalidez por riesgos de trabajo, el deceso delas trabajadoras y los trabajadores o bien cuando se ha llegado a la edad de retiro de la vejez. [*] Los indicadores de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2013, estiman que existen 3, 530,764 jubilados y pensionados en el país.
Por tal motivo, es necesario garantizar el derecho a la seguridad social de los jubilados, pensionados y adultos mayores, por medio de reformas en el marco normativo que fortalezcan el sistema de pensiones en México. Otorgándoles además diversos estímulos y consideraciones de índole fiscal que les permitan solventar un nivel de vida digno.
En virtud de que nos encontramos en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, debemos considerar hacer un análisis puntual, sobre la situación que impera entre las personas adultas mayores, que son pensionados y jubilados, para vigilar que se destine el presupuesto necesario para cubrir con todas las prestaciones que por ley les corresponden y así garantizar el derecho a una vida digna.
Derivado de lo anterior y por los argumentos debidamente fundados y motivados, someto ante esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la honorable Cámara de Diputados, para que en el marco del análisis, discusión y aprobación, del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, se designe mayor presupuesto al grupo de jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados, de acuerdo a la Ley del Seguro Social.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a los 11 días del mes de noviembre de 2015.
Senadoras: Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Juana Leticia Herrera Ale.
México, DF, a 12 de noviembre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, incremente los recursos asignados para impulsar el sector económico primario y el desarrollo rural sustentable de San Luis Potosí.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres
Presidente
El que suscribe, Teófilo Torres Corzo, senador de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la honorable Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, incremente los recursos asignados para impulsar el sector económico primario y el desarrollo rural sustentable de San Luis Potosí, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En México se han identificado 196,157 localidades con menos de 2,500 habitantes, de las cuales, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, considera que 188 mil 569 son asentamientos rurales en los que habitan más de 26.6 millones de personas, que representan el 22 por ciento de la población nacional;1 en su mayoría, se ocupan en actividades del sector económico primario2 y en menor medida, a las industriales, comerciales y de servicios.
Las principales actividades desarrolladas por el sector primario son: agropecuarias3 , pesqueras4 y acuícolas5 . Se estima que en nuestro país 13.4 por ciento de la población ocupada labora en este sector, el cual resulta estratégico para la economía nacional, gracias a su potencial para reducir la pobreza e incidir sobre el desarrollo regional.
Nuestro país ocupa el 13 por ciento de la superficie nacional en actividades agroalimentarias, posicionándolo como la décima segunda potencia productiva de alimentos a nivel mundial, con más de 26 millones de hectáreas para sembrar, cerca de 109 millones para ganadería y 11 mil 122 kilómetros de litorales para la producción pesquera.
Por su parte, el 31.7 por ciento de la población de San Luis Potosí, habita en zonas rurales; el 18 por ciento de la población ocupada trabaja en el sector primario, del cual el 82.7 por ciento realiza actividades agropecuarias y el 17.3 por ciento pecuarias. La economía potosina genera el 2 por ciento del producto interno bruto, PIB,6 nacional; del cual, el sector primario potosino aporta también el 2 por ciento del PIB primario nacional.7
Las actividades primarias representan el 3.2 por ciento del PIB de la entidad; además de que contribuyen con 11 millones 298 mil 466 toneladas de producción al volumen agropecuario y pesquero nacional, posicionando a San Luis Potosí como la sexta entidad que más aporta. De esta producción, el 97.3 por ciento proviene de la producción agrícola, el 2.6 por ciento dela pecuaria y 0.1 por ciento de la pesquera. Entre los productos locales más importantes por su volumen de producción son la caña de azúcar, pastos, carne bovina y de ave, bagre y mojarra.
En noviembre de 2014, la Sagarpa reportó que el PIB primario se comportó de forma positiva, gracias a una mayor actividad agrícola, que alcanzó el 7.3 por ciento más que en 2013; esto generó un crecimiento sostenido en los últimos meses de aquel año.
En septiembre de 2015,el Inegi, reportó que el PIB de las actividades del sector primario durante el primer semestre de 2015 creció 4.5 por ciento en su comparativo anual;(en el mes de octubre) el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE)8 elaborado por la misma Institución, reportó que las actividades primarias aumentaron 7.7 por ciento a tasa anual, durante el mes de agosto de 2015,siendo el sector de mayor crecimiento en términos anuales durante el mes de referencia; en comparación con el mes de julio, las actividades se incrementaron en 6.6 por ciento, siendo superior al resto de los sectores.
La Sagarpa prevé finalizar el año con un incremento superior al 4 por ciento en la producción de los principales cultivos en relación al 2014.9 Este crecimiento, se debe en gran medida al interés del Gobierno de la República y los legisladores, por fortalecer al sector primario para impulsar el desarrollo y la productividad rural; prueba de ello fue la asignación para ejercicio fiscal de 2015 de una partida presupuestal histórica demás de 92 mil millones de pesos.
Por lo anterior, considero que estas cifras positivas a nivel nacional y en particular de San Luis Potosí, son un incentivo para continuar fortaleciendo el crecimiento del sector agropecuario, motivo por lo cual, se requiere asignar mayores recursos presupuestarios a los programas del Ramo 8 “Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación” para el ejercicio fiscal 2016, que permitan impulsar al campo como sector productivo estratégico en beneficio de la economía nacional y mejorar el bienestar social de población, principalmente del campo potosino.
Ésta asignación permitirá combatirlos bajos niveles de desarrollo humano y la nula capitalización social y productiva que presentan las comunidades rurales, lo que incrementará la productividad e ingreso de las familias que dependen de la producción agropecuaria.
El incremento que solicito contribuirá a robustecerla infraestructura e inversión agropecuaria, disminuir las pérdidas del sector ocasionadas por los fenómenos climáticos, sanitarios y migratorios e incentivará el desarrollo rural sustentable10 , estimulando el crecimiento económico y la disminución de la pobreza rural.
Para combatir el rezago social que presentan las comunidades rurales que dependen de los ingresos del sector primario, también considero necesario incrementar los recursos del ramo 8 destinados al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 11 2014-2018, para el ejercicio fiscal de 2016, el cual comprende las políticas públicas orientadas a la generación y diversificación de empleo, y garantizar a la población campesina su bienestar social, participación e incorporación al desarrollo nacional, dando prioridad a zonas de alta y muy alta marginación, así como a las poblaciones con bajo desarrollo económico y social.12
En este sentido, la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal para 2016 del proyecto de Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal de 2016, presentado el pasado 8 de septiembre de 2015 ante la Cámara de Diputados, establece para el Ramo 8 “Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación”, una nueva estructura programática, con el fin de precisar las acciones y metas que permitan continuar con el desempeño de la transformación profunda del campo y la pesca en nuestro país.13
Sin embargo, dicha estructura programática asigna para 2016 76 mil 715 millones 536 mil 886 pesos, es decir, aproximadamente 16.74 por ciento menos que para 2015, lo que podría representar un riesgo para la actividad primaria de la economía nacional. Además, reduce el número de programas presupuestarios de 35 a 23; fusiona 30 programas en 14, y cambia la denominación de 6 programas presupuestarios.
Entre los programas que contempla el Ramo 8 para 2016,destacan: fomento a la agricultura, fomento ganadero, fomento a la productividad pesquera y acuícola, de productividad y competitividad agroalimentaria, de productividad rural, de sanidad e inocuidad agroalimentaria, de comercialización y desarrollo de mercados, de concurrencia con las entidades federativas y de apoyo a pequeños productores.
Las principales erogaciones de dicho sector en San Luis Potosí y a nivel nacional para 2016, son:
1) Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable. Se asignan 331 mil 839.7 millones de pesos; 6 por ciento menos que en 2015. Este gasto, de acuerdo al proyecto de egresos, se debe destinar a políticas públicas orientadas a incrementar la producción, la productividad y la competitividad agroalimentaria y pesquera del país; fomentar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población; contribuir en el combate a la pobreza, apoyar a los productores; e impulsar los mercados del sector.
2) Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas. Con él se realizan acciones en concurrencia con los gobiernos estatales en materia de fomento a la Agricultura, Ganadería y de Productividad Pesquera y Acuícola; se le otorgan 3 mil 271.8 millones de pesos, los cuales serán depositados en los Fideicomisos de Fomento Agropecuario de la entidad correspondiente, que en comparación con 2015,el recorte presupuestario es de 31 por ciento; de los cuales, para San Luis Potosí se asignan 87.3 millones de pesos, es decir, 36.6 millones de pesos menos.
3) Programa de Productividad Rural. A través del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), pretende incrementar la producción en localidades rurales de alta y muy alta marginación; se destinan 2 mil 604.3 millones de pesos entre los estados, mientras que para 2015 el monto ascendió a 3 mil 360.9 millones de pesos; de ellos, para San Luis Potosí corresponden 97.8 millones de pesos, lo que implica una reducción del 24.7 por ciento en relación a los otorgados para 2015 (126 millones de pesos).
4) Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. Se considera de los más importantes e incluso puede estimarse como instrumento con implicaciones de seguridad nacional, ya que asegura el estatus sanitario de zonas agropecuarias, acuícolas o pesqueras, y mantiene a nuestro país como productor con los más altos índices de calidad agroalimentaria; se destinan a los estados mil 878.6 millones de pesos, que representan 161 millones de pesos menos que en 2015; de los cuales 54.1 millones de pesos se le atribuyen a San Luis Potosí, recursos que disminuyen en 7.8 por ciento.
5) Por otro lado, en 2015 para la Conservación y uso sustentable de suelo y agua, se destinaron 460.9 millones de pesos para las entidades, de los cuales 12.1 millones fueron para San Luis Potosí; en este sentido, para 2016 se tiene previsto 415.3 millones de pesos para Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua, de los cuales 10.9 se asignaron a San Luis Potosí.
También sufrieron recortes presupuestales para 2016, el Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 14 que pasa de los 6 mil 444 millones 127 mil 670 pesos a 4 mil 658 millones 495 mil 357; el Programa de Fomento Ganadero15 de 6 mil 384 millones 502 mil 593 pesos a 5 mil 556 millones 152 mil 527; el Programa de Fomento a la Producción Pesquera y Acuícola16 de 2 mil 410 millones 201 mil 700 a mil 885 millones 507 mil 240; y el Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados de 12 mil 7 millones 125 mil 598 pesos a 10 mil 271 millones 810 mil 540 pesos.
El Proyecto de Egresos para 2016, crea el nuevo programa Apoyos a Pequeños Productores, que entre sus componentes y acciones, integra el subprograma extensionismo17 para el cual se invierten 600 millones de pesos distribuidos entre las entidades federativas, 5 por ciento menos que en 2015; de los cuales, para San Luis Potosí corresponden 15.8 millones de pesos, cifra que disminuyó respecto al presupuesto 2015.
En cifras positivas, se incrementó en 0.04 por ciento el Programa de Fomento a la Agricultura18 , es decir de 21 mil 500 millones 242 mil 416 pesos a 21 mil 509 millones 559 mil 445; así como en 3 por ciento los recursos destinados al Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, es decir, de 2 mil 64 millones 626 mil pesos a 2 mil 128 millones 629 mil 406 pesos.
Por todo lo anterior, solicito a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que en el proceso de análisis, discusión y aprobación; del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016; se destinen mayores recursos para el sector primario de la economía y para el desarrollo rural sustentable de mi estado, San Luis Potosí; a fin de continuar con la reducción de los índices de pobreza y carencia alimentaria, impulsar la productividad y competitividad agropecuaria y acuícola potosina; la modernización del campo potosino a través de nueva tecnología; ampliar la atención a localidades rurales de alta y muy alta marginación para la realización de proyectos de producción para autoconsumo y venta de excedentes; e incentivar la inversión en infraestructura hidráulica.
Además, considero muy importante que a nivel nacional se incrementen los recursos asignados a los programas del Ramo 8 contemplados en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016; a fin de que continúe el crecimiento del sector primario de economía nacional, se impulse la productividad, se garantice el abasto y producción de alimentos fortalezca la lucha contra la pobreza, reduzca la carencia alimentaria de la población rural, aumente los ingresos de las familias rurales y de los productores agropecuarios; impulse el mejoramiento integral del bienestar social y de las actividades económicas rurales; y la conservación de los recursos naturales.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, los siguientes:
Puntos de Acuerdo
Primero. El Senado de la República exhorta a la H. Cámara de Diputados, para que a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, incremente los recursos asignados para el estado de San Luis Potosí, respecto del Ramo 8:“Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación”, que permitan impulsar el sector económico primario de la entidad.
Segundo. El Senado de la República exhorta a la H. Cámara de Diputados, para que a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, incremente los recursos asignados para el Desarrollo Rural Sustentable del estado de San Luis Potosí.
Tercero. El Senado de la República exhorta a la H. Cámara de Diputados, para que a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016; incremente los recursos asignados para el Ramo 8 “Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación” que impulsen el sector primario de la economía nacional y el desarrollo rural sustentable en todo el país.
Notas
1 Principales Resultados por Localidad (ITER) del Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el Inegi; en relación al conjunto de indicadores de población y vivienda a nivel localidad de todo el país.
2 Sector primario. Son todas las actividades donde los recursos naturales se aprovechan tal como se obtienen de la naturaleza, ya sea para alimento o para generar materias primas; entre las cuales se encuentra la agricultura, explotación forestal, ganadería, minería y pesca.
3 Actividades agropecuarias. Son los procesos productivos primarios basados en recursos naturales renovables: agricultura, ganadería (incluye caza), silvicultura y acuacultura (incluye pesca). Artículo 3 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
4 Pesca. es la captura de organismos acuáticos en zonas marinas, costeras e interiores.Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
5 Acuícola. es el cultivo de organismos acuáticos tanto en zonas costeras como del interior que implica intervenciones en el proceso de cría para aumentar la producción. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
6 Producto Interno Bruto (PIB). Suma de los valores monetarios de los bienes y servicios producidos por el país, evitando incurrir en la duplicación derivada de las operaciones de compra-venta que existen entre los diferentes productores.
7 Infografía Agroalimentaria de San Luis Potosí 2014, Servicio de Información Agroalimentaria y pesquera (SIAP) de la Sagarpa.
8 El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) permite conocer y dar seguimiento a la evolución del sector real de la economía, en el corto plazo, proporcionando valiosa información para la toma de decisiones. INEGI.
9 “Aumenta Producción Agrícola 6.1 en los primeros siete meses de 2015”; Boletín de prensa; SAGARPA, 21 de septiembre de 2014.
10 Desarrollo Rural Sustentable. Es el mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados como urbanos de acuerdo con las disposiciones aplicables, asegurando la conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio.Artículo 3 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
112 Programa Especial Concurrente. Es aquel que incluye un conjunto de programas sectoriales para el Desarrollo Rural, donde participan las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Salud; Educación Pública; Economía; Energía; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Turismo, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Relaciones Exteriores, Trabajo y Previsión Social; Comunicaciones y Transportes; y Desarrollo Social.
12 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-2018.
13 Ramo 8: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Estrategia Programática; Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.
14 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria. Tiene como propósito disminuir los excedentes estacionales, proporcionará un mayor acceso a la información de mercados y mejorará el manejo de la postcosecha.Ramo 8: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Estrategia Programática; Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.
15 Programa de Fomento Ganadero. Es aquel por el cual se otorgan incentivos que contribuyen a incrementar la productividad bajo el planteamiento de impactos medibles. Especial importancia reviste la recuperación de ranchos, agostaderos y explotaciones de animales en confinamiento. Ramo 8: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Estrategia Programática; Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.
16 Programa de Fomento a la Producción Pesquera y Acuícola. Impulsa la capitalización pesquera y acuícola, así como reorienta su actividad hacia un enfoque de productividad y fortalecimiento.Ramo 8: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Estrategia Programática; Presupuesto de Egresos de la Federación 2016
17 Extensionismo Rural. Es la promoción y gestión del desarrollo rural, favorece la realización de procesos de desarrollo rural, por medio de servicios profesionales de extensión e innovación, asistencia y organización de eventos de intercambio de conocimientos, experiencias y proyectos relevantes. Sistema de Extensionismo Rural Mexicano, Sagarpa.
18 Programa de Fomento a la Agricultura. Es aquel que busca incrementar la producción y productividad agrícola y el uso sustentable de los recursos naturales, a fin de elevar el ingreso de los productores, promover el empleo, garantizar la seguridad alimentaria y reducir la pobreza. Ramo 8: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Estrategia Programática; Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a 12 de noviembre de 2015.
Senador Teófilo Torres Corzo (rúbrica)
México, DF, a 12 de noviembre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, destine recursos suficientes a la zona industrial de San Luis Potosí a fin de que, en apego a los objetivos, estrategias y líneas de acción establecidas en el programa para democratizar la productividad, se dé mantenimiento a su infraestructura.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
Teófilo Torres Corzo, Senador de la República por el estado de San Luis Potosí e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1, fracción II, y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, destine recursos suficientes a la zona industrial de San Luis Potosí, a fin de que en apego a los objetivos, estrategias y líneas de acción establecidas en el programa para democratizar la productividad, se dé mantenimiento a su infraestructura, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Suele decirse que México es un país de contrastes. En el plano económico, las disparidades entre grupos sociales, industrias y regiones del país son una realidad. Estas se originan en el bajo crecimiento económico que ha impedido generar suficientes empleos de calidad, reducir de manera significativa la pobreza y brindar a las familias una mejor calidad de vida.1
Estudios recientes explican que entre las principales causas del bajo crecimiento económico nacional se encuentran el limitado acceso al financiamiento, la falta de competencia en diversos sectores de la economía, la poca inversión en capital humano, y la insuficiente inversión en infraestructura productiva .
La infraestructura productiva comprende el ejercicio de actividades de creación, funcionamiento y producción de servicios. Para el desarrollo de las mismas, San Luis Potosí cuenta con 17 Parques Industriales, siendo la conservación y mantenimiento de Zona Industrial de San Luis Potosí , el objetivo central de este documento legislativo.
La Zona Industrial de San Luis Potosí tiene una extensión de 2 mil 300 hectáreas y comprende territorio de los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Reyes. Aquí se genera cerca del 35% del PIB Estatal, ofrece empleo a más de 100 mil personas2, y alberga aproximadamente a 400 empresas dedicadas a distintas actividades manufactureras como son: 1) la industria alimentaria; 2) de fabricación de equipo de transporte; 3) de productos metálicos; 4) de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica; 5) de productos a base de minerales no metálicos, y 6) de minería.
Esta infraestructura posiciona a San Luis Potosí como una de las 16 entidades del país con el mayor número de personas dedicadas a actividades manufactureras. No obstante lo anterior, la Zona Industrial presenta graves y diversos rezagos como son:
1. Fuerte presencia del sector informal (ambulantaje).
2. Rezago en la Infraestructura de la zona (reflejada en la presencia de baches, falta de atención a camellones y alumbrado público; inundaciones; vialidades en mal estado que ocasionan saturación vehicular en horas punta; insuficiente señalética; deficiente servicio de recolección de basura; fugas de agua potable y falta de puentes peatonales).
3. Pésimas condiciones de la Carretera Federal México 57 y de los Ejes 114 -120 y 134.
4. Descoordinación policial para contener la ola de asaltos, robos y homicidios (lo cual ha llevado a las empresas a colocar señalamientos de advertencia para la protección de sus trabajadores).
5. Insuficientes accesos para la Zona Industrial; y finalmente,
6. Ineficiente servicio de transporte público.
La acción gubernamental, en sus tres órdenes, juega un papel fundamental en la construcción de un entorno de negocios propicio para el crecimiento y la democratización de la productividad. En consecuencia y para subsanar esta situación, presento el siguiente Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, destine recursos suficientes a la Zona Industrial de San Luis Potosí, a fin de que en apego a los objetivos, estrategias y líneas de acción establecidas en el Programa para Democratizar la Productividad, se dé mantenimiento a su infraestructura.
Como bien sabemos, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece cinco metas nacionales y tres estrategias transversales que son ejecutadas a través de programas especiales. En el caso de la Estrategia Transversal “Democratizar la Productividad”, veremos que su aplicación se realiza a través del Programa para Democratizar la Productividad (PDP ), el cual coordina las acciones de gobierno encaminadas a llevar a cabo las políticas públicas que eliminen los obstáculos que limiten el potencial productivo de los ciudadanos y las empresas.
El Programa para Democratizar la Productividad tiene como principal objetivo, combatir los factores que frenan el crecimiento y la democratización de la productividad.
Para cumplir este objetivo, contempla numerosas estrategias. Por ejemplo, su Estrategia 3.5.Promover inversiones en infraestructura física y de logística para reducir los costos de operación de las empresas , propone mediante dos líneas de acción: 1) adoptar nuevas modalidades de operación y conservación de autopistas, de acuerdo a estándares internacionales, para reducir costos operativos del transporte; y 2) modernizar y ampliar la red de caminos rurales y alimentadores, así como caminos interestatales.
Así también, en su Estrategia 4.1. Promover un desarrollo regional equilibrado que aproveche las ventajas competitivas de cada región , propone desarrollar infraestructura que favorezca la integración logística y aumentar la productividad regional.
Como ya se mencionó, la Zona Industrial de San Luis Potosí cuenta con una infraestructura rezagada en servicios de pavimentación, alumbrado, señalética, alcantarillado, ordenación territorial, planeación y seguridad, condiciones que ocasionan pérdida de competitividad y productividad, afectan de forma negativa la imagen de la Zona Industrial, frenan las inversiones nacionales y extranjeras, y por supuesto, ponen en riesgo la seguridad e incluso la vida de los trabajadores.
Por este motivo, considero que mediante el fortalecimiento del Programa para Democratizar la Productividad y su aplicación en el Estado de San Luis Potosí, estas problemáticas pueden ser combatidas y aminoradas.
Como se pudo observar en el recuadro de la presente pieza legislativa, las principales causas de que existan brechas regionales y sectoriales, son las dificultades intrínsecas a la modernización y transformación productiva de sectores tradicionales, y la divergencia de la productividad entre los estados, originada por la falta de infraestructura que permita acceder eficaz y eficientemente a los mercados locales; situaciones que evidentemente están presentes en la Zona Industrial de San Luis Potosí y que con la participación activa del Gobierno Federal, pueden ser subsanadas.
El Proyecto de Egresos de la Federación 2016, establece en el Ramo 9. Comunicaciones y Transportes, Análisis Funcional Programático Económico, una asignación de 51 millones 855 mil 592 pesos para realizar Estudios técnicos para la construcción, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes.
De igual manera, en el Ramo 10. Economía, establece una partida presupuestaria de 78 millones, 919 mil, 432 pesos para la Promoción del desarrollo, competitividad e innovación de los sectores industrial, comercial y de servicios.
No debemos olvidar que las Estrategias Transversales o en este caso, el “Programa para Democratizar el Desarrollo”, se implementan a través de políticas públicas que se ejecutan de forma simultánea en todas las dependencias de la Administración Pública Federal, a efecto de que atiendan con mejor y mayor amplitud las necesidades productivas de una región, sector, o población. Es decir, ambos recursos están destinados al fortalecimiento del desarrollo industrial nacional y son producto de la aplicación del mismo programa.
En conclusión, estoy convencido de que el fortalecimiento de este programa, así como su aplicación en las diversas zonas y parques industriales de todos los estados de la República, permitirán un crecimiento incluyente que esté al alcance a todos los mexicanos y en especial, de los menos favorecidos.
Por lo anteriormente expuesto y a fin de que en apego a los objetivos, estrategias y líneas de acción establecidas en el Programa para Democratizar la Productividad, se dé mantenimiento a la infraestructura de la Zona Industrial de San Luis Potosí, presento el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, destine recursos suficientes a la zona industrial de San Luis Potosí.
Notas
1 Programa para Democratizar la Productividad.
2 Censo Económico 2009. Inegi.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 12 días del mes de noviembre de 2015.
Senador Teófilo Torres Corzo (rúbrica)
México, DF, a 12 de noviembre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha el senador Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a crear un fondo para compensar la entrega de agua que el estado de Chihuahua hace a Estados Unidos de América.
La Presidencial con fundamento en los artículos 66¡ párrafo 1¡ inciso a) y 67¡ párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos¡ y 276¡ párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo¡ mismo que se anexa¡ se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres
Vicepresidente
El suscrito senador Patricio Martínez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El río Conchos es el más importante de Chihuahua. Para el Texas Center for Policy Studies, es además, uno de los sistemas ribereños más importantes de todo el norte de México. Desde su fuente, en las alturas de la Sierra Madre Occidental, la cuenca tiene grandes distritos de riego en las llanuras centrales de Chihuahua, hasta su confluencia con el Río Bravo en Ojinaga, muy cerca del Parque Nacional de Big Bend y el área protegida del Cañón de Santa Elena. El Río Conchos es un camino de agua, esencial para la vida en este clima desértico.
Actualmente al río Conchos se le demanda cobertura extraordinaria, según el incremento y diversificación de las necesidades humanas: abastece agua para la industria, la agricultura y los habitantes de los municipios por donde corre. Una vez que las aguas del Conchos se mezclan con el Río Bravo, se utilizan para satisfacer las mismas necesidades en Texas y los estados fronterizos mexicanos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Las mismas características que hacen al Conchos una pieza clave para esta zona - ser un río abastecedor transfronterizo en una región árida que experimenta crecimiento- incrementa la complejidad para el manejo del agua y esto es un reto impostergable para la cultura del medio ambiente y el cuidado de los recursos naturales. Sin embargo, pese a la gran importancia de esta enorme cuenca para México y los Estados Unidos de América, existe escasa divulgación de datos trascendentales.
El uso del agua para el riego agrícola equivale a 90 por ciento de la cuenca. Sin embargo: el crecimiento demográfico y la industrialización han generado impacto en el uso del agua. Dos realidades vinculadas a la integración de las economías mexicana y estadounidense y al TLCAN, propiciaron aumento en la demanda de agua para la industria y el uso doméstico, con proyección de incremento en las próximas décadas; simultáneamente crece la preocupación para conservar el ecosistema en la cuenca del Conchos.
Además; conforme al Tratado de Aguas de 1944 que rige la distribución binacional de las aguas del Río Bravo y sus afluentes, México se encuentra “frecuentemente endeudado” porque eventualmente la sequía ha impedido cumplir la cuota asignada (aunque este año fue posible cubrir la cuota pactada). Algunos campesinos texanos han declarado violación de México a este tratado; queja que, al menos, llamó la atención en Washington y en México, DF. Es verdad que México aporta 431.7 millones de metros cúbicos en ciclos de cinco años, y a cambio recibe 1,850 millones de metros cúbicos de la cuenca del Río Colorado; en sentido volumétrico global es un trato ventajoso para nuestro país. Sin embargo: desde una perspectiva regional y la orientación de los derechos humanos, el Estado de Chihuahua se coloca en una situación crítica que dificulta o de plano impide atender al acceso al agua como derecho humano, bajo la idea del uso sustentable del agua disponible. Esta visión, con absoluto respeto al pacto federal, se deja entrever en varios acuerdos generados a lo largo de los años:
A. El Acuerdo para el uso sustentable del agua superficial en la cuenca del Río Bravo; Segundo acuerdo; sección cuarta, menciona: “Con base en criterios de productividad y de acuerdo con un orden que de prioridad al mayor impacto de las obras en la cuenca, modernizar y tecnificar la superficie sustentable de los distritos y unidades de riego de la cuenca del río Bravo.” Esto llevado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua.
B. El tratado de 1944 no menciona (tal vez por la antigüedad del convenio) las obras hidráulicas que se pueden y deben realizar en la cuenca del Río Conchos en el estado de Chihuahua, solamente la obligación de entregar la tercera parte de su corriente para el río Bravo. Así: el artículo 5 del mencionado Tratado los dos gobiernos se comprometen a construir conjuntamente, por conducto de sus respectivas secciones de la Comisión, las siguientes obras en el cauce principal del río Bravo: una de las presas de almacenamiento se construirá en el tramo entre el Cañón de Santa Elena y la desembocadura del río Pecos; otra en el tramo comprendido entre Piedras Negras, Coahuila y Nuevo Laredo, Tamaulipas (Eagle Pass y Laredo en los Estados Unidos); y una tercera en el tramo entre Nuevo Laredo, Tamaulipas y San Pedro de Roma, Tamaulipas (Laredo y Roma en Estados Unidos). Sin embargo quedan pendientes esfuerzos para la tecnificación hidráulica de la cuenca del Río Conchos que permitan, de una parte, cierta compensación al problema de extracción periódica del recurso hídrico durante la vigencia del Tratado y de otra la transversalización de sus efectos que hace crisis de manera igualmente periódica y puede ser disminuida si se da eficiencia al uso de los dos tercios del agua que conserva de manera regular, a través de las recomendaciones de organismos internacionales. No puede pasarse por alto que desde febrero de dos mil doce, México incluye en la Constitución Federal el derecho humano al agua.
Chihuahua merece que sea reconocido el gran papel que desempeña para cumplir obligaciones de la Federación respecto al tratado con Estados Unidos ya mencionado; es obviedad señalar que los compromisos asumidos son del orden Federal. Sin embargo: para el mejor aprovechamiento del agua en la zona chihuahuense de la cuenca del Río Conchos, el estado de Chihuahua requiere trato que equilibre el desabasto periódico de agua, que desde luego incluye su extracción de la que ha sido almacenada en cumplimiento del pacto, mediante la creación de un fondo para la realización de proyectos hidráulicos, bajo un marco orientador hacia un desarrollo sostenible, como lo han recomendado la FAO y la UNESCO, finalmente encaminados a la realización de los derechos humanos.
Esta propuesta toma como ejemplo que ya existe en el actual presupuesto, un Fondo de Capitalidad, el cual es una aportación de la federación por los servicios que presta la Ciudad de México por ser la capital del país, la cual tiene el carácter de subsidios federales y deberán destinarse a proyectos con impacto. El Estado de Chihuahua asume plenamente, por sí mismo, los compromisos, responsabilidades y derechos vinculados con las obligaciones jurídicas, financieras, técnicas y de cualquier otro tipo, relacionadas con los proyectos hidráulicos que se generen a partir de este fondo para la cuenca del Río Conchos y sus interiores, bajo la perspectiva anotada que no es ajena a la orientación del gasto público. Incluso existen distintas escalas espacio temporales que se han presentado a lo largo de los años de vigencia del referido tratado que, como se apuntó, evidencian el origen multicausal del problema y hace crisis de manera bilateral:
La Comisión Internacional de Límites y Aguas, Sección Mexicana señala los volúmenes (en metros cúbicos) entregados a los Estados Unidos, del afluente del Rio Bravo, conforme al Tratado de 1944 durante el actual quinquenio que concluyo el pasado día 24 del mes de octubre:
A. Durante el presente quinquenio (desde el 25 de octubre de 2010 al 24 de octubre de 2015) se habían entregado a ese país 1 mil 523.365 millones de metros cúbicos, al 25 de abril del presente año, con un faltante por parte de nuestro país por 419.971 millones de metros cúbicos. Recientemente se informó de la entrega de este faltante.
B. Simultáneamente: esta situación irregular de los pagos de agua, sucedió por la falta de pago del vecino país en este mismo año 2015; debido al bajo nivel de las presas en el alto Rio Bravo durante el primer trimestre de este año. Esto dio lugar a que los agricultores del Valle Bajo recibieran volúmenes menores a los estipulados.
En ambos casos, sólo en el último quinquenio, se ilustra el problema de la cuenca como consecuencia del bajo régimen pluvial; no de incumplimiento derivado de la voluntad de las partes. El esfuerzo para cumplir compromisos tiene impacto, finalmente, en las personas.
Esta situación ha originado graves daños económicos a miles de familias del Estado de Chihuahua, cuyos derechos, fundamentalmente el de acceso al agua para uso doméstico y agrícola, es necesario visualizar y atender con base en los conceptos mínimos de justicia, ante una situación inequitativa prolongada durante décadas; que ha pasado por alto mecanismos o herramientas que la Ingeniería Hidráulica y ramas afines pueden aplicar en zonas áridas, cuya población está sometida al multireferido tratado y carecen de cabal disponibilidad del recurso hídrico.
El Estado Mexicano ha visibilizado situaciones de vulnerabilidad similares y ha dado respuesta que equilibra especiales desventajas. Ésta es oportunidad idónea para incorporar un fondo que al menos apoye a la población de la región aportante del estado de Chihuahua; decisión que tiene sustento en la atención a los asuntos relacionados con los derechos humanos y los más elementales principios de justicia que exige la población afectada. Ya el ramo 28 se ocupa de los estados petroleros del sureste del país; les destina un fondo especial asignado a esas entidades como resultado de la importancia que tienen sus aportaciones de petrolíferos para la economía nacional. Igual: la Ciudad de México, Distrito Federal, recibe un Fondo de Capitalidad por los servicios que ofrece por ser la capital de nuestro país. Si esto es así, bajo argumentos similares, la población de Chihuahua también merece y exige un desembolso presupuestal por parte de la Federación, que irá destinado a fortalecer la infraestructura hidráulica de la región y con esto a hacer más eficiente el uso del agua en esta zona y cumplir con lo estipulado en el tratado de 1944, afectando lo menos posible los intereses de la población de Chihuahua.
El planteamiento que hacemos es la creación de un Fondo para indemnizar por la entrega de agua realizada por Chihuahua para aplicar a la cuenca del mismo río Conchos.
Proponemos realizar el cálculo de dicho fondo tomando como base el tratado en el cual se obliga al estado de Chihuahua a entregar anualmente la cantidad de 431.721 millones de metros cúbicos de agua, si tomamos como entregada esta cantidad de agua, reconociendo que ha habido quinquenios en los cuales se ha entregado menos o en algunos casos más agua de lo señalado en función de las precipitaciones que se presentan en dicha región, tendríamos que se han entregado a partir de 1944 durante 70 años, es decir al año 2014, un total de 30 mil 220.47 millones de metros cúbicos de agua, Para estimar el cálculo que debe incluir el fondo podemos mencionar que el precio promedio a nivel internacional del metro cúbico de agua para cualquier uso (riego, industrial y de consumo) es sumamente variable, según una encuesta de tarifas elaborada por la GWI (Global Water Intelligence), el promedio del costo de agua en 310 ciudades fue de 1.98 dólares el metro cúbico, tomando como referencia un promedio de consumo de 15 metros cúbicos al mes.
Las tarifas más altas se encuentran en ciudades como Aarhus (Dinamarca) o Essen (Alemania) con costos que van desde 9.21 dólares el metro cúbico a 7.35 dólares, respectivamente.
Al interior de los Estados Unidos de América se encuentran tarifas de 0.40 dólares el metro cúbico en Clovis, California, o el caso contrario en la Ciudad de Seatle, Washington, es de 1.60 dólares el metro cúbico.
A partir de estas estadísticas y tomando como referencia la cifra promedio de esta encuesta que es de 1.98 dólares el metro cúbico del agua, tomando en cuenta, las circunstancias presupuestales que actualmente presenta la administración, proponemos la conformación de un fondo acumulado que sirva para apoyar a la población de la región aportante del estado de Chihuahua.
Fijando un costo por metro cúbico del agua de 10 centavos de dólar por metro cúbico, podemos hacer el cálculo que se debería de pagar por los 70 años que ha estado vigente el tratado, tomando por hecho que se ha cumplido la entrega de agua se daría por entregada la cantidad de 30 mil 219 millones de metros cúbicos, lo que daría una cantidad de 3 mil 021.9 millones de dólares y tomando en cuenta un tipo de cambio de 16.90 pesos por dólar, daría un total de 51 mil 070 millones de pesos.
Se solicita la conformación de este Fondo tomando en cuenta tan solo el último año de aplicación de este tratado y fijando un costo de 0.10 dólares el metro cúbico. La bolsa que conformaría este fondo sería de729 millones573 mil pesos, tomando en cuenta tipo de cambio vigente al 26 de octubre de 2015 que es de 16.90 pesos por dólar en ventanilla, aplicaciones exclusivamente para infraestructura que logre eficiencia en el uso del agua.
Cifra que a razón de las más elementales nociones de justicia, se tendría que aportar por parte de la Federación para el Estado, sin embargo, el objetivo se reduce a conformar este fondo anualmente, integrarlo en el Decreto final de Presupuesto de Egresos de la Federación, empezando a partir de éste último quinquenio que acaba de concluir.
La intención de este punto de acuerdo, es solicitar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para que a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, incluya en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, la creación de un Fondo para compensarla entrega de agua realizada por el Estado de Chihuahua hacia los Estados Unidos de América; fondo que será utilizado en proyectos hidráulicos en la cuenca del río Conchos e incluye cuencas interiores del estado de Chihuahua, con el objeto de generar un mejor aprovechamiento del vital líquido y se pueda cumplir la disposición en el tratado internacional de aguas, atenuando los severos daños que sufren los habitantes de la cuenca del Río Conchos y todo el Estado.
Es en base a esto, que someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: El Senado de la República solicita respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sea incluido en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 La Creación De Un Fondo (ubicado en el Ramo 28) para indemnizarla entrega de agua realizada por el estado de Chihuahua para aplicar en la cuenca del mismo río Conchos. fondo que deberá ser utilizado en proyectos hidráulicos y una cuenca interior aportante de agua potable a poblaciones de la cuenca del Conchos, con objeto de generar un mejor aprovechamiento del vital líquido y se pueda cumplir lo dispuesto en el Tratado Internacional de Aguas, atenuando los daños que ocasiona la entrega de agua a Estados Unidos, daños que por muchos años ha asumido la población estatal, por lo mismo, que se logre el uso sustentable del agua; sean cumplidas disposiciones del Tratado Internacional de Aguas de 1944 y simultáneamente se atiendan lineamientos de la UNESCO y la FAO, ya bajo la perspectiva del agua en el universo de los derechos humanos, cabalmente compatible con la noción de proteger el medio ambiente, disminuyendo la afectación que sufren la población en general, así como el acceso al derecho humano al agua de uso doméstico y las actividades de industria, agricultura y ganadería del estado de Chihuahua, que contribuyen a garantizar la seguridad alimentaria del país. El monto de este fondo sería de 729 millones 573 mil pesos para pagar el agua entregada en 2015 tomando un precio por metro cúbico de 10 centavos de dólar.
Dado en el Salón de Sesión a los doce días del mes de noviembre de 2015.
Senador Patricio Martínez García (rúbrica)