Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4404-III, jueves 12 de noviembre de 2015
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador y distintas autoridades de Michoacán a respetar los lineamientos del acuerdo para la formalización laboral de los trabajadores de salud, suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios
Los diputados integrantes de los diversos grupos parlamentarios del estado de Michoacán de Ocampo que conforman la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La Comisión Nacional para la Formalización Laboral de los Trabajadores de Salud en las Entidades Federativas, emitió el 15 de noviembre del 2013 los Lineamientos que se deberán observar en el proceso de formalización laboral de los trabajadores de la salud en las entidades federativas.
Una representación de la Comisión Nacional para la Formalización Laboral permaneció en el Estado de Michoacán durante la segunda mitad de 2013 con la finalidad de recabar información laboral de los trabajadores, y con base al diagnóstico elaborado se destinaran los recursos monetarios necesarios para “Regularizar” la situación laboral de aquellos trabajadores contratados bajo el régimen de “honorarios” y que estuviesen en una situación considerada como precaria. Dicha comisión reportó que, hasta el 30 de agosto de 2013, en Michoacán se registraban un total de 4 mil 675 expedientes de trabajadores en la situación mencionada, de los que un total de 2007 presentaban alguna inconsistencia derivada principalmente de documentación incompleta.
En la primera etapa del proceso de formalización laboral efectuada en el año 2014, se presentaron una serie de irregularidades y violaciones a los Lineamientos de Formalización Laboral anteriormente señalados; sin embargo, debido a que la autoridad responsable de la elaboración de la lista de beneficiarios ya no representaba a los Servicios de Salud en Michoacán en ese momento, y a que los representantes en funciones no eran responsables de lo ocurrido, se les respaldo para que en la primera etapa del Proceso de Formalización Laboral se aplicara el presupuesto sin enmienda alguna.
El doctor Carlos Esteban Aranza Dóniz, director de los Servicios de Salud del Estado, reconoció públicamente ante diversos medios que en tal proceso había 131 inconsistencias y se comprometió a que en la Segunda etapa del Proceso de Formalización Laboral se apegaría a derecho, tal y como se puede constatar en la publicación del 21 de octubre de 2014 en el periódico La Jornada de circulación en Michoacán.
Para la segunda etapa del proceso de formalización laboral en el estado de Michoacán, la Subcomisión para la Formalización Laboral se integró como lo manda el Artículo Sexto de los Lineamientos de Formalización, por los siguientes personajes: El director de los Servicios de Salud en Michoacán, doctor Carlos Esteban Aranza Dóniz; Director del REPSS en Michoacán, Ing. Cesar Flores Gutiérrez, y por el Delegado Administrativo de los Servicios de Salud en Michoacán, Lic. Ramón Edmundo Vega Mendoza; así como por tres representantes del Sindicato Nacional de Salud. El Listado de personal beneficiado en la Segunda Etapa de Formalización Laboral en el Estado de Michoacán de Ocampo fue entregada el día 6 de agosto del presente en la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Dirección General de Recursos Humanos Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico, y el 10 de agosto del 2015 en la Secretaría de Salud.
En esa fecha, se solicitó al director de los Servicios de Salud en Michoacán el apego a los Lineamientos emitidos por la Comisión Nacional para el Proceso de Formalización Laboral, ya que éstos pugnan por “el estricto apego al criterio de antigüedad en el servicio público, bajo un estricto sentido de justicia laboral” , del mismo modo se le solicitó la lista de los trabajadores cuyos expedientes presentaban inconsistencias con el fin de que estos pudieran reponer algún documento faltante y así regularizar su situación. Del mismo modo fue solicitada la supervisión del proceso por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El 14 de agosto de 2015 en reunión de trabajo, el doctor Carlos Esteban Aranza Dóniz manifestó que las 2007 inconsistencias se encontraban solventadas en ante la Secretaría de Salud Federal y, que recurso destinado a la Segunda etapa del proceso de Formalización laboral ascendía a 58.1 millones pesos, que serían aplicados de acuerdo a “derecho de antigüedad laboral”.
En septiembre de 2015 fue publicada la Lista de personal beneficiario en la Segunda Etapa de Formalización Laboral en el Estado de Michoacán de Ocampo beneficiando 808 trabajadores con códigos del área médica, paramédica y administrativos; violando los Artículos Tercero.- “El proceso de formalización laboral se llegará a cabo con base en la disponibilidad presupuestaria que para tal efecto autorice la Cámara de Diputados, en los correspondientes Presupuestos de Egresos de la Federación, priorizando en todos los casos el criterio de antigüedad en el servicio público, bajo un estricto sentido de justicia laboral”; Quinto.- III “ Se considerará al personal cuya fecha de ingreso en la Institución de Salud de la que se trate, sea anterior al 30 de agosto de 2013” y Quinto.- V “ Los códigos otorgados bajo este proceso de formalización laboral, deberán ser considerados como pie de rama, salvo aquellas plazas cuyos códigos no sean sujetos de escalafón”.
Tras analizar el listado y recabar primer talón de pago y/o nombramiento laboral en los SSM de un gran número de trabajadores, así como el cruce de datos con información obtenida de forma anónima a través de personal del área de Recursos Humanos de Servicios de Salud en Michoacán se informa lo siguiente: 5 beneficiarios no cuentan con registro de laborar en los Servicios de Salud de Michoacán (revisado hasta el 15 de septiembre 2015), se incluye personal que inició contrato laboral posterior al 30 de agosto de 2013, 97 personas cuentan con fechas de ingreso alteradas generando mayor antigüedad para el trabajador, no se ha respetado el criterio de estricto apego a la antigüedad laboral y 17 han sido formalizados con sus códigos actuales sin ir a pie de rama.
El doctor Carlos Esteban Aranza Dóniz, ha incumplido la palabra que empeño en múltiples ocasiones de forma pública, abalando un proceso corrupto, transgrediendo los derechos de los trabajadores, ha informado que la Secretaría de Salud Federal se niega a corregir el listado actual y que este se aplicará. Sin embargo, representantes de la Secretaría de Salud Federal nos informaron en reunión sostenida el 26 de octubre del presente, que el Estado tiene autonomía para reponer el proceso, ya de que la Subcomisión Estatal elaboran el listado de beneficiarios y única condición que estrictamente debe cumplirse es la dispersión de recurso antes del 31 de diciembre de 2015.
Se han realizado múltiples gestiones ante diversas Instituciones en el Estado de Michoacán, sin obtener respuesta, acudimos a Ustedes sabiendo de su compromiso, solicitamos su apoyo para hacer cumplir los derechos legítimos de los trabajadores de la salud en Michoacán.
Con base en lo expuesto, proponemos los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al gobernador del estado de Michoacán, ciudadano Silvano Aureoles Conejo, para que respete los lineamientos del Acuerdo para la Formalización Laboral de los Trabajadores de Salud en las Entidades Federativas emitido el 15 de noviembre de 2013 por la Secretaría de Salud Federal.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Michoacán para que respete los Lineamientos establecidos en la Comisión Nacional para la Formalización Laboral de los Trabajadores de Salud y de cabal ejercicio al presupuesto autorizado para el proceso de formalización laboral de los trabajadores de salud en el estado de Michoacán.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2015.
Diputados: Salomón Fernando Rosales Reyes, Víctor Manuel Silva Tejeda, Marco Polo Aguirre Chávez, Alfredo Anaya Orozco, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, Rosa Alicia Álvarez Piñones, Omar Noé Bernardino Vargas, Daniela de los Santos Torres, Angélica Reyes Ávila, Érik Juárez Blanquet, Marko Antonio Cortés Mendoza y José Carlos Ramírez Marín (rúbricas).
Con punto de acuerdo, relativo a la vigilancia y el control de estancias infantiles en Chiapas, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Natalia Karina Barón Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II; numeral 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, sometemos a consideración del pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 27 de febrero de 2015, un caso indignante para la sociedad mexicana y en perjuicio del bienestar y seguridad de la infancia tuvo lugar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuando una madre, Diana Sarahí Ramírez Ruiz, tuvo la fatal noticia del deceso de su pequeña, Kimberly Isabella Albores Ramírez, quien dejó de existir al interior de “Pasitos de Colores”, denominación del local afiliado al programa de estancias infantiles para apoyar a las madres trabajadoras y del cual es responsable la Secretaría de Desarrollo Social.
Los argumentos de los responsables explicaron a los padres de la pequeña que ella había muerto a causa de broncoaspiración; la estancia infantil fue clausurada, tres maestras, una cocinera y la encargada fueron detenidas para iniciar las averiguaciones y deslindar las responsabilidades.
Sin embargo, y de acuerdo al testimonio de los padres y de las periciales efectuadas, la necropsia del cuerpo de la pequeña Kimberly reveló que ella no murió por broncoaspiración y sí por ahorcamiento, además de golpes contundentes en la parte frontal de su cabecita, dos vértebras rotas del cuello y la huella de una marca en la piel en esa misma zona del cuerpo. Según estas periciales, se habría determinado la muerte de la pequeña tres horas antes del arribo de los cuerpos de emergencia, por lo que podría haberse dado la presunta negligencia del personal encargado de la estancia infantil “Pasitos de Colores”.
De acuerdo con los autos que obran en la averiguación previa 44/CAJ6-1/2015, la perito adscrita al Servicio Médico Forense del estado concluyó de forma indubitable que Kimberly Isabella Albores Ramírez falleció debido a la asfixia mecánica por ahorcamiento, estado que por su naturaleza en medicina forense se clasifica como mortal.
El 28 d febrero, la responsable del cuidado directo de Kimberly y la encargada de la estancia infantil fueron remitidas al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados “El Amate”, en Cintalapa, Chiapas, por la presunta comisión del delito de homicidio calificado; sin embargo, el Juez Tercero de lo Penal recalificó el delito de homicidio doloso calificado a culposo o imprudencial contra las responsables de quienes, se dice, no cuentan con estudios en puericultura, ni eran educadoras o tenedoras de cualquier otra profesión que avalara su capacidad para ser calificadas en el cuidado, educación y vigilancia de niños y niñas al interno de estancias infantiles.
El ocho de marzo, las presuntas responsables de la comisión del delito fueron puestas en libertad por lo que los padres de la menor interpusieron el recurso de apelación ante la Segunda Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado donde se desestimó la necropsia debido a que no hay evidencias de que la pequeña hubiera tratado de defenderse contra una acción que pusiera en peligro su vida.
Ante tal resolución, los padres promovieron juicio de amparo para obtener la protección de la Justicia de la Unión contra el acto reclamado de la Segunda Sala Colegiada en Materia Penal, Zona 01, Tuxtla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, lo cual obtuvieron, efectivamente, el seis de octubre de dos mil quince. El amparo concedido por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chiapas tuvo los efectos para que:
a) La Sala responsable del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas deje insubsistente el acto reclamado y emita otro en el que se valore debidamente el dictamen de la necropsia de ley sin restarle el valor probatorio;
b) La Sala responsable del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas determine que la menor falleció por asfixia mecánica por lo que el delito de homicidio es doloso tal como se precisó en la consignación;
c) La Sala responsable del Tribunal Superior de Justicia analice debidamente el caudal probatorio de la causa para fincar la probable responsabilidad de las indiciadas, si es el caso de que no encuentre elementos suficientes para establecer ésta, deberá volver los autos al fiscal consignador para que realice sus funciones conforme a derecho, a fin de que se obtenga la verdad y se busque la justicia y se repare el bien lesionado por el antisocial.
Tales evidencias derivan en la negligencia, irresponsabilidad y ocultamiento de pruebas que podrían indicar la comisión de un homicidio contra una pequeña de un año en una estancia infantil bajo la supervisión de la Secretaría de Desarrollo Social.
A pesar de las lecciones y hechos lamentables, como fue el caso de la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el cinco de junio de dos mil nueve y donde los padres no han tenido la justicia plena, y no obstante que el Poder Legislativo de la Unión decretó la expedición y vigencia de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integra Infantil, publicada el veinticuatro de octubre de dos mil once en el Diario Oficial de la Federación, llegan al conocimiento público estos hechos que ponen en evidencia el riesgo que podrían correr los niños y niñas en estancias infantiles que, a pesar de los requerimientos legales y reglamentarios, son instalados en condiciones francamente hostiles para el desarrollo integral de los niños, dando empleo a personas quienes carecen de los estudios profesionales y de la experiencia en el cuidado de la infancia.
De acuerdo al capítulo de derechos humanos establecido en nuestra Constitución Política, niñas y niños tienen derecho a servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en condiciones de calidad, calidez, seguridad, protección y respeto a sus derechos, identidad e individualidad con el fin de garantizar el interés superior de la niñez; los prestadores de tales servicios deben ceñirse escrupulosamente a los requisitos legales para abrir espacios libres de violencia, seguros y afectivos; que permitan el cuidado y protección contra actos u omisiones que puedan afectar la integridad física y psicológica de niñas y niños; a la promoción y cuidado de su salud, a dar alimentación para una nutrición adecuada y otorgar servicios de calidad y con calidez por parte de personal apto, suficiente y que cuente con formación o capacidades desde un enfoque de los derechos de la niñez.
Para tales efectos, la política nacional en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil coadyuvará con las autoridades estatales y municipales a fin de permitir la prestación efectiva y eficiente de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil; que permita la conjunción de esfuerzos de los distintos órdenes de gobierno y de los sectores público, privado y social en la promoción de condiciones favorables al cuidado y desarrollo integral de niñas y niños.
Por lo anterior expuesto, y ante las graves evidencias del caso de la niña Kimberly Isabella Albores Ramírez, es necesario realizar los llamados a las autoridades responsables de las estancias y del desarrollo infantil a fin de conocer cómo se llevan a cabo los propósitos de la política nacional establecida en la legislación en vigor y, de forma particular, conocer cuál es el estado de la estancia que ocupa al caso particular de esta Proposición con Punto de Acuerdo, a fin de evitar más tragedias de las cuales ya deberíamos haber aprendido y, sobre todo, para proteger el interés superior de la niñez como mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de los que México es parte.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
De urgente u obvia resolución
Primero. Se exhorta a la titular para el Desarrollo Integral de la Familia, Sistema DIF Nacional, a que haga del conocimiento público sobre la realización puntual de los objetivos de la Política Nacional en materia de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social para que, en el ámbito de su competencia, haga del conocimiento público sobre la situación administrativa y jurídica de la estancia infantil “Pasitos de Colores” de Tuxtla Gutiérrez, municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Tercero. Se exhorta al gobernador de Chiapas para que, en el ámbito de su competencia, haga del conocimiento público sobre los resultados relativos a la aplicación de los objetivos de la Política Nacional en materia de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el Estado de Chiapas.
Cuarto. Se exhorta a la Coordinadora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Chiapas, Sistema DIF Chiapas, haga del conocimiento público sobre la situación administrativa, jurídica y del otorgamiento de recursos públicos federales y estatales de la estancia infantil “Pasitos de Colores” de Tuxtla Gutiérrez, municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2015.
Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales y del DF, así como a la Dirección Nacional del Conalep, a destinar al programa de homologación de docentes de esa institución los fondos recibidos en el ramo 33, “Aportaciones federales para entidades federativas y municipios”, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Patricia Elena Aceves Pastrana, Araceli Damián González y Mario Ariel Juárez Rodríguez, diputados integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de este Pleno, la proposición de punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Desde su creación, hace más de 35 años, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) es la institución diseñada para responder a las necesidades de formación de cuadros técnicos que demandan las unidades económicas del aparato productivo del país, bajo un modelo basado en competencias laborales certificadas, cuyos principios son la calidad para la competitividad. Actualmente es una institución más de la federación, constituida por una unidad central (oficinas nacionales de Conalep) que norma y coordina al sistema; 30 colegios estatales, una unidad de operación desconcentrada en el Distrito Federal y la representación de Oaxaca. Esta estructura hace posible la operación de los servicios en 302 planteles, los cuales se encuentran en las principales ciudades y zonas industriales del país y ocho centros de asistencia y servicios tecnológicos (CAST), con 22,000 docentes que atienden aproximadamente a 300,000 estudiantes anualmente.
El Conalep y los colegios estatales que integran el sistema Conalep se encuentran en un proceso de crucial redefinición, que conlleva los retos de asegurar la calidad de la formación que se ofrece a los jóvenes, con la superación de limitaciones relacionadas con la forma de contratación de los profesores que imparten sus conocimientos en los planteles del país.
De entrada para la federación y Conalep nacional, los docentes no son considerados como trabajadores, sino prestadores de servicios académicos. La descentralización del Conalep se realizó en 1999 pasando su operación a los gobiernos estatales, quienes funcionan como patrón de los maestros, estos últimos cuando después de una larga lucha logran conseguir el registro sindical, son reconocidos como trabajadores, pero solo para los gobiernos estatales, más no para el gobierno federal. Los docentes de Conalep además de ser los más mal pagados de los subsistemas de la educación media superior en el país, reciben una serie de tratos violatorios a sus derechos humanos y laborales.
Alto porcentaje de ellos son contratados por honorarios, firmando contratos de trabajo cada seis meses, que los dejan desprotegidos de todos los derechos que por ley les corresponde, firmando y comprometiéndose en ese contrato a no ejercer ningún de tipo de acción legal que afecte a la institución. Antes del inicio de cada semestre los directivos escogen a los docentes que son de su agrado, que sean serviles y no les causen problemas con demandas o protestas, para volverlos a contratar. Las maestras para volver a ser ocupadas cada semestre deben presentar certificado médico de gravidez, violando sus derechos humanos, sexuales y reproductivos. No cuentan con servicio médico, bonos de despensa ni apoyo a material didáctico.
Las autoridades siempre están en el entendido que como empresa Conalep puede rescindir del contrato en el momento que el trabajador incurra en una falta de acuerdo al manual del trabajador académico o cuando a la institución lo considere pertinente sin ninguna liquidación, se tenga uno o 20 años de antigüedad.
La amenaza constante de perder su empleo y dejar de llevar el sustento a casa, les obliga a aceptar todas estas irregularidades, humillaciones y faltas de respeto a la dignidad humana por personas que deciden quien trabaja y quien no, sin sustento pedagógico y didáctico, permitiéndoles solapar el amiguismo, compadrazgo y las palancas para contratar a sus parientes, amigos o conocidos en detrimento de la preparación académica de los alumnos.
Ya en la Legislatura LXI se emitieron puntos de acuerdo, exhortándoles a:
Modificación del decreto de creación del Colegio Nacional de Educación profesional Técnica (Conalep) de 1993 y reconozca al prestador de servicios profesionales como personal docente. Que dicha modificación, incluya los conceptos más importantes que tienen los demás Subsistemas de Educación Media Superior, en materia de derechos laborales, niveles salariales y de prestaciones de seguridad social de los trabajadores y que se iniciara un programa de Homologación para los docentes, en proceso gradual durante cinco años y otorgarles la seguridad social y todas aquellas prestaciones que en derecho correspondan.
En consecuencia, la Cámara de Diputados otorgó 200 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el ejercicio 2011 y 200 millones más en el presupuesto del 2012, etiquetados como Programa de Incorporación 1ª. Y 2ª. Etapa, lo que permitió iniciar un cambio en la situación laboral, posibilitando la incorporación de un creciente número de docentes a la seguridad social, en virtud de cambios introducidos en el régimen de contratación, o el de obtener alguna prestación faltante. El contar con los recursos financieros resultó fundamental para esta modificación en beneficio de los docentes.
La lucha por la homologación de los docentes de Conalep con otros maestros pertenecientes a los otros subsistemas de educación media superior, tiene más de 8 años pero los resultados no son los esperados, debido a que solo en los dos primeros años se presupuestaron y utilizaron egresos para este programa de homologación pero llegado el nuevo gobierno federal y la nueva legislatura, los docentes de Conalep nuevamente no fueron incluidos en el presupuesto 2013, 2014 y 2015.
Sin embargo, durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, se estableció un compromiso por parte de la autoridad hacendaria, de que los “compromisos multianuales” serían contemplados. Una vez publicado el Decreto en el Diario Oficial de la Federación, se advirtió la ausencia del presupuesto para la tercera etapa del proceso de homologación docente, por lo que los trabajadores acudieron de nueva cuenta a la Cámara de Diputados y con apoyo de la diputada Socorro Ceseñas, de la LXII Legislatura, se emitieron dos puntos de acuerdo más, en donde se solicita a las autoridades involucradas a informar el estado que guarda el proceso de homologación, así como los montos gastados en ello del 2011 y 2012 en cada entidad federativa y a gestionar una reunión entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría de Educación Pública (SEP), autoridades del Conalep Nacional y la representación de trabajadores.
Esta reunión se celebró el 24 de enero del 2013, y según acta la titular de la SHCP informa que en su análisis se reconocen 175 millones de pesos en el PEF 2013, que fueron etiquetados en el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) de los estados y esto fue reconocido por el Director de la SEP y la titular del Conalep Nacional. Se recibieron informes de las entidades federativas en donde aceptan haber recibido el presupuesto de 2011 y 2012, justificando los gastos en el rubro de Seguridad Social. Sin embargo, en muchos estados los directores estatales nunca aceptaron que ya estaban los recursos y que iban incluidos en su FAETA anual, y ante la incapacidad de la SHCP de acreditar la ministración recibida de cada entidad federativa, el presupuesto nunca se aplicó al seguimiento del proceso de homologación de docentes, ni se deslindaron responsabilidad administrativas por la falta de entrega de estos recursos que previamente la Cámara de Diputados había etiquetado para los docentes de Conalep.
La relevancia que reviste la educación media superior del país, fue reconocida por el Congreso, al incluir en el artículo 3º de la Constitución Política de México el nivel medio superior como parte de la educación obligatoria en México, en donde el Conalep juega un papel sobresaliente para dar cobertura a ese nivel educativo.
Parte fundamental de la educación es precisamente la labor del docente, por lo que todos los puntos de acuerdo se han votado en sentido positivo y por unanimidad, siendo también el caso de la solicitud de los trabajadores del Conalep de aumentar el presupuesto del 2015, para continuar con el proceso de homologación que fue suspendido sin razón desde el 2013, logrando que se destinaran 100 millones de pesos a este concepto, detallado en el Ramo 33 Subramo 1009 del FAETA para Educación Tecnológica y catalogado como ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados.
Al estar a dos meses de la terminación del año presupuestado y no habiendo recibido los recursos de las entidades federativas para el programa de homologación, proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Por el que la honorable Cámara de Diputados exhorta a los 31 gobiernos estatales y al del Distrito Federal, y a la dirección nacional del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica para que los 100’000,000.00 de pesos que recibieron en el Ramo 33 (Aportaciones federales para entidades federativas y municipios), subramo 1009 (FAETA educación tecnológica) sean destinados al programa de homologación de docentes del Conalep, ampliación aprobada por la Cámara de Diputados para dicho fin.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre 2015.
Diputados:Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para la reforma de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Las suscrita, María Victoria Mercado Sánchez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II; 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, así como en los artículos 34, numeral 1, incisos a) y c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se constituye la comisión especial para el análisis y estudio de la iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
I. El artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que:
El pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico. El acuerdo que las establezca señalará su objeto, el número de los integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomendado. Cumplido su objeto se extinguirán. Cuando se haya agotado el objeto de una comisión especial o al final de la legislatura, el secretario general de la Cámara informará lo conducente a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, la cual hará la declaración de su extinción.
Atendiendo a las acciones con las que se ha venido desarrollando la presentación, el estudio, las opiniones y próximamente los dictámenes, a la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, propuesta por el Ejecutivo federal, el pasado 8 de septiembre, que establece sustancialmente la creación de una nueva empresa con participación estatal mayoritaria en sustitución del Pensionissste y, aunque no menciona los porcentajes (gran error o descuido), se ha adelantado que 51 por ciento será para el Estado y el resto para la iniciativa privada, con las administradoras de los fondos para el retiro (Afore). Esta iniciativa fue presentada conjuntamente con la iniciativa con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016.
En el proceso legislativo, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó, de conformidad a sus facultades, la iniciativa para su dictamen y opinión a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como a la Comisión de Seguridad Social, el proceso legislativo en este sentido ha ido de manera exprés, y razón, que nos parece que está equivocada; la Comisión de Seguridad Social nunca debió ser considerada para dicha opinión, si no que correspondió haber participado de manera activa ya que es su materia de estudio y discusión.
La seguridad social es un derecho fundamental de cuarta generación como se enuncia en la de Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el artículo XVI: “toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia”. Es por ello es vital, a stricto sensu, que los proteja, que sea lo mejor para los salvaguardados. Considero que hoy con la iniciativa propuesta por el Ejecutivo, se generará más perjuicios e incertidumbre que beneficios para los trabajadores al servicio del estado. Así mismo y parece ser que los motivos que generaron los supuestos de la iniciativa son contrarios y se encuentran cargados de datos no fidedignos, ya que no se aportan datos duros que motiven la desaparición del Pensionissste.
Para ser más explícita en el tema, debo señalar las ventajas contra la reforma planteada a la que se hace mención:
Primera. Está el hecho de que Pensionissste es un órgano desconcentrado del ISSSTE, por lo tanto pertenece a la esfera del gobierno federal en su totalidad (es garante de su destino), y que su objeto solo es la administración y operación de las cuentas individuales de los trabajadores y aunado a lo anterior es sin fines de lucro, este hecho es muy importante ya su interés es solo los trabajadores, si se cuentan con utilidades serán reinvertidas en ellos mismos, dándoles a estos una ventaja mayor que la que pudieran darles las Afore, ya que estas obtienen una utilidad y utilizan esos recursos para realizar inversiones millonarias en la bolsa, financiar proyectos, créditos bancarios y un sinfín de prácticas de cobro de intereses, que reportan ganancias a las administradoras y de las cuales los dueños originales del dinero los trabajadores ven en el mejor de los casos poca utilidad, y lo que se obtenga no sabemos a dónde se destinará (el gobierno deja de ser garante del destino de las pensiones).
Segunda. El costo de la administradora Pensionissste, es la que cobra menor porcentaje por comisión anual, que a agosto pasado fue de 0.92 por ciento sobre saldo, mientras el promedio de las demás Afore fue de 1.11. otra desventaja para los trabajadores y seguimos creyendo que es mejor la propuesta del Ejecutivo, para seguir abundando otra de las ventajas de Pensionissste es que ha reportado altos rendimientos para sus afiliados de todas las edades, sino que, históricamente, es a los trabajadores de mayor edad a quienes se ha otorgado mayores beneficios en términos de rendimientos netos, donde está la desventaja de esta figura, al cierre de agosto el indicador de rendimiento neto de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro arrojó que las sociedades de inversión del Pensionissste ocupaban el primer lugar para personas de 60 años y más; el segundo para gente de entre 37 y 45; el segundo para los de entre 46 y 59 años, y el cuarto para menores de 36 años de nueva cuenta donde esta que es una mala figura esta administradora, es la que mejores rendimientos ofrece y por si fuera poco se reinvierte en benéfico de los trabajadores y no de particulares.
Tercera. Si se considerar la creación de la paraestatal, el gobierno federal se quedaría sólo con el control de 51 por ciento de la empresa y no se especifica qué inversionistas se podrían quedar con el resto, se pueden perder los recursos, ya que el Estado mexicano deja de ser garante de este fondo, solo no debemos olvidar que son los trabajadores del este mismo Estado, de quienes estamos hablando y por si esto fuera poco partiendo de este supuesto generaríamos que 49 por ciento del total del valor de Pensionissste, que actualmente es de 119 mil 373 millones de pesos, se fraccione y la iniciativa privada controle eso que son 58 mil 493 millones de pesos, que no les costó nada, ni promoción y gasto de operación, solo lo entregamos cautivo. Por lo que, ante un atropello a los derechos de los trabajadores, ya que no existe consulta a los mismos, estamos omitiendo su derecho de audiencia y legalidad, ya que ellos libremente escogieron la administradora Pensionissste y con un albazo legislativo que se está haciendo exprés, desaparecemos esta figura, con la sospechada preocupación que lo hacemos por ellos.
Cuarta. Sabemos que existen comisiones ordinarias para el estudio y cuenta de las iniciativas, pero el día de hoy ante este embate y mayoriteo, de los cuales han sido objeto los intereses de los trabajadores del Estado mexicano, obedeciendo a estos intereses y toda vez que no han sido escuchados los beneficiarios, los actores, organizaciones sindicales, legisladores y demás, es necesario frenar el avance de esta iniciativa, hasta que se agoten todas las instancias y se escuche los pro y los contras que surgirán al aprobar esta reforma, es de suma importancia ya que se dote de más discusión, escuchar y replantear la urgencia de la aprobación, con la creación de la comisión especial estaremos dando la oportunidad de que los trabajadores conozcan el tema, se posicionen y se agoten todas la vertientes; es preocupante que uno de los pilares de la motivación en la iniciativa del señor Presidente de la Republica, sea el tema de la migración de los beneficiarios, argumentando que ha sido del 20 por ciento siendo lo veraz los datos emitidos por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) que solo han verificado un 6 por ciento de migración, esto es grave ya que estamos parafraseando en cuanto al estudio de la iniciativa, señores estamos discutiendo el interés de 1 millón 463 mil 958 trabajadores, familias que dependerán de estos ingresos en futuro próximo, por eso instamos a darle el tiempo de estudio y se agoten todos los recursos legislativos para éste.
Hoy estamos ante los ojos de escudriño del pueblo de México, no seamos solo el paso de los intereses de unos cuantos, seamos responsables del actuar, solicitamos la creación de la comisión especial para la reforma de la Ley del ISSSTE, ya que hemos sido objeto de ese embate y mayoriteo, que se estila en las practicas del viejo y nuevo régimen de gobierno, seamos congruentes con nuestra libertad de acción, señores legisladores no encontramos pro a esta iniciativa solo contras, pareciera ser que nos urge regalar a la iniciativa privada 58 mil 493 millones de pesos, no hay buenas solo malas, no hay beneficios para los interesados solo contras, estamos ante algo inédito, lo malos de esto es que necesitan el aval del Congreso para llevarlo a cabo opongámonos y creemos esta comisión especial para atender ello.
Por lo expuesto y fundado ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Crear la comisión especial para la reforma de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE.
Segundo. El objetivo de la comisión especial para la reforma la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado será el estudio de los beneficios, alcances y consecuencias de la desaparición del Pensionissste, como órgano desconcentrado, para dar lugar a la creación de una paraestatal y proponer el cambio necesario para su adecuación y o modificación.
Tercero. La comisión especial para la reforma la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado estará integrada por miembros de todos los grupos parlamentarios, en el número que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando el equilibrio y pluralidad que guarda la composición de esta Legislatura, y cuyos integrantes serán propuestos por las fracciones parlamentarias, contando para la dirección de sus trabajos con un presidente y tres secretarías.
Cuarto. La comisión especial para la reforma la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado tendrá vigencia a partir de la publicación del presente punto de acuerdo en la Gaceta Parlamentaria, y hasta el 31 de agosto de 2016.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2015.
Diputada María Victoria Mercado Sánchez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Segob que emita la declaratoria de alerta de género para el municipio de Benito Juárez y notifique al Ejecutivo de Quintana Roo a fin de que se realicen acciones conducentes a enfrentar y erradicar la violencia y los feminicidios, suscrita por la diputada Isaura Ivanova Pool Pech e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, diputada Isaura Ivanova Pool Pech, así como los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación que declare alerta de género para el municipio de Benito Juárez y notifique al Poder Ejecutivo de Quintana Roo para que se realicen las acciones necesarias tendientes a enfrentar y erradicar la violencia y los feminicidios perpetrados en su mayoría en Cancún; lo anterior en virtud de las siguientes
Consideraciones
El Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Gobernación tiene la facultad para declarar “alerta de violencia de género”, debiendo notificar al Poder Ejecutivo de la entidad sobre ello, a efecto de garantizar la seguridad de las mujeres y el cese de la violencia en su contra.
La inseguridad que se vive en Quintana Roo a causa del crimen organizado, ya incluye alarmantes cifras de feminicidios; por ello en Cancún, el destino turístico más importante del país y América Latina, ante su incremento, y la indolencia de las autoridades locales para contenerlo, se realizó este primero de noviembre la marcha ciudadana para exigir justicia y poner un alto a la violencia contra las mujeres.
Los últimos tres años suman 48 casos reportados de mujeres asesinadas en la entidad y más del 95 por ciento se han perpetrado en Cancún dentro del municipio de Benito Juárez.
Por si esto fuera poco, durante la marcha más concurrida de la que se tenga memoria nuevamente en Cancún, falleció una joven más. Horas después de que se efectuara la protesta contra los feminicidios registrados en la ciudad, la asesinaron y su cuerpo fue abandonado en plena vía pública.
Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Villas del Mar III, en la Región 248, donde se encontró el cadáver de la mujer de aproximadamente 25 años, cubierto por una sábana. El reporte preliminar de los peritos indica que recibió heridas por arma blanca en el cuello, el abdomen y la espalda.
La sociedad quintanarroense está conmocionada e indignada ante los asesinatos feminicidas, por los que más de cinco mil personas protestaron ante la muerte de Karen Carrasco Castilla, joven de 19 años estudiante de la Universidad del Caribe, quien el martes 27 de octubre fue hallada violada y asesinada en un lote baldío de la Región (colonia) 217, de Cancún. La necropsia reveló que la causa de la muerte fue por traumatismo cráneo-encefálico severo y trauma toráxico severo; y se confirmó el abuso sexual.
Apenas el domingo 18 de octubre, otro asesinato estremeció a Cancún: Rebeca Rivera Neri, de 22 años, fue encontrada victimada mediante estrangulación en una zona de departamentos de la Región 251. Originaria de Veracruz, fue salvajemente golpeada.
Su cuerpo semidesnudo lo hallaron en plena calle en el fraccionamiento Puertas del Mar, según la necropsia, la joven fue estrangulada y los exámenes ginecológicos revelaron que sostuvo relaciones sexuales antes de ser victimada.
Otro causo ocurrido en Cancún en abril pasado que provocó la indignación ciudadana, se trató de una niña: María Fernanda Vargas Sánchez, de sólo 13 años de edad que fue violada y asesinada a golpes de pica hielo. El hallazgo del cuerpo ocurrió en un camino de terracería ubicado en la Región (colonia) 251.
Quintana Roo ocupa ya el primer sitio en violaciones contra mujeres, además del incremento cada año del delito de trata, es el octavo estado más inseguro del país y no muestra avances en la coordinación de autoridades para atender este flagelo.
Un dato contundente y revelador por el cual no se debe aplazar la solicitud que se realiza mediante el presente punto de acuerdo sobre la urgente declaratoria de la alerta de genero para el municipio de Benito Juárez, es que si bien es cierto dos de cada 10 homicidios dolosos contra mujeres en el país ocurren en el Estado de México, donde el pasado 28 de julio se realizó la primer declaratoria de alerta de género, su tasa de incidencia es de 1.3 por ciento, lo cual significa que es 10 veces menor a la de Quintana Roo, de 13.7 por ciento, por cada 100,000 habitantes, considerando el volumen de población de cada entidad.
No está en funcionamiento el edificio del Centro Integral de Atención de Violencia contra Mujeres por el contrario se encuentra en total abandono.
Los hospitales generales no cuentan con unidades de atención a la Violencia de las Mujeres.
La Procuraduría de Justicia debe mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia sexual.
El Tribunal de Justicia debe garantizar la impartición de justicia con enfoque de género.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo debe capacitar a su personal para defender la garantía de los derechos a las mujeres.
No existen protocolos para clasificar los feminicidios, pues la PGJE los clasifica con frecuencia como simples homicidios o suicidios.
Como consecuencia de lo anterior en Quintana Roo es prácticamente imposible acreditar los feminicidios1 y es necesario señalar que la violencia contra las mujeres en la entidad va más allá de golpes, insultos y violaciones sexuales, pues llega al asesinato, y es que tres de cada 10 mujeres en violencia extrema están expuestas a la muerte.
A pesar de que la Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres (Onumujeres) ha revelado que cada día siete mujeres mexicanas han sido asesinadas en el país por razones de género, hasta ahora el municipio de Benito Juárez, así como el gobierno Estatal, no han realizado las acciones necesarias en coordinación con el gobierno federal, para frenar el incremento de feminicidios.
En ese orden de ideas la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en su capítulo V de la violencia feminicida y de la alerta de violencia de género contra las mujeres establece lo siguiente:
“Artículo 21. Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 325 del Código Penal Federal”.
“Artículo 22. Alerta de violencia de género: Es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”.
“Artículo 23. La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que se deberá:
I. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo;
II. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida;
III. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres;
IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, y
V. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar”.
“Artículo 24. La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, se emitirá cuando:
I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame;
II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y
III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten”.
“Artículo 25. Corresponderá al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación declarar la alerta de violencia de género y notificará la declaratoria al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate”.
Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Único. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Gobernación emita la declaratoria de alerta de género para el municipio de Benito Juárez y notifique al Poder Ejecutivo de Quintana Roo para que se realicen las acciones necesarias tendientes a enfrentar y erradicar la violencia y los feminicidios perpetrados en su mayoría en Cancún.
Nota
1 Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2015.
Diputados: Isaura Ivanova Pool Pech, José de Jesús Zambrano Grijalva, Reynoso Sánchez Alejandra Noemí, Ojeda Anguiano Jerónimo Alejandro, Celis Aguirre Juan Manuel, Botello Santibáñez María Bárbara, Godoy Ramos Ernestina, Bolaños Aguilar Edmundo Javier, Delgadillo García Verónica, De los Santos Torres Daniela, Ocampo Bedolla María Eugenia, Bañales Arambula Ramón, Perea Santos Ana Guadalupe, Francisco Martínez Neri (rúbrica), María Élida Castelán Mondragón (rúbrica), Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica), Olga Catalán Padilla (rúbrica), Omar Ortega Álvarez (rúbrica), Maricela Contreras Julián (rúbrica), Felipe Reyes Álvarez (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), Agustín Basave Benítez (rúbrica), José Antonio Estefan Garfias, Ángel Alanís Pedraza (rúbrica), Waldo Fernández González, Martha Laura Almaraz Domínguez, Óscar Ferrer Ábalos (rúbrica), Leonardo Amador Rodríguez (rúbrica), Lluvia Flores Sonduk (rúbrica), Hortensia Aragón Castillo, María Cristina Teresa García Bravo (rúbrica), Tania Victoria Arguijo Herrera, David Gerson García Calderón (rúbrica), Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica), Héctor Javier García Chávez (rúbrica), Ricardo Ángel Barrientos Ríos (rúbrica), Cristina Ismene Gaytán Hernández, María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Elio Bocanegra Ruiz, Carlos Hernández Mirón, Érika Irazema Briones Pérez (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), Fidel Calderón Torreblanca, Karen Hurtado Arana (rúbrica), Ana Leticia Carrera Hernández (rúbrica), David Jiménez Rumbo (rúbrica), Érik Juárez Blanquet (rúbrica), Karen Orney Ramírez Orney (rúbrica), Sergio López Sánchez, Juan Fernando Rubio Quiroz (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Julio Saldaña Morán (rúbrica), Luis Maldonado Venegas, Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Norberto Antonio Martínez Soto (rúbrica), José Santiago López (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Araceli Saucedo Reyes, Lucía Virginia Meza Guzmán (rúbrica), Armando Soto Espino, Ariadna Montiel Reyes, Cecilia Guadalupe Soto González, Francisco Xavier Nava Palacios, Miriam Tinoco Soto, Tomás Octaviano Félix Jesús Salvador Valencia Guzmán, Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, Victoriano Wences Real Daniel Ordoñez Hernández, Héctor Peralta Grappin, Evelyn Parra Álvarez, Candelario Pérez Alvarado.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta gobernador y el Congreso de Chiapas a declarar área natural protegida el territorio denominado “El Edén y sus Alrededores”, en Ocozocoautla de Espinosa y Berriozábal, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El agua es un recurso de vital importancia para la existencia y desarrollo de todo ser viviente. Desgraciadamente, en la actualidad diversas naciones y regiones enfrentan una crisis en el acceso y abastecimiento de este preciado recurso, derivada principalmente de la acción humana desmedida sobre el ambiente y sus efectos en los ciclos naturales de recarga y descarga acuífera, elementos cruciales en la intensificación de los procesos de cambio climático y calentamiento global. Frente a la responsabilidad humana que existe antes estos hechos, es menester sensibilizarnos, tomar conciencia y llevar a cabo acciones urgentes centradas en el cuidado del agua que junto con los boques, la tierra y la energía calorífica del sol forman el cuadrinomio perfecto, sustento de la existencia humana y de toda forma de vida en el planeta.
Si bien muchos estudios han señalado las dimensiones globales de los fenómenos vinculados al cambio climático, también es posible observar sus repercusiones a nivel local y regional. Este es el caso de lo sucedido con los mantos acuíferos ubicados en el área natural protegida Cerro Mayapac, así como los localizados en una de sus áreas de influencia, llamada “El Edén y sus Alrededores”, ambas superficies situadas en Berriozábal y Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas.
Son muchas las bondades que desde el punto de vista ambiental caracterizan a ambas áreas de referencia. Destaca su promedio anual de precipitación pluvial, que oscila entre 800 y 900 mm, una geomorfología formada por cuencas, subcuencas, cauces y planicies con alturas de entre 700 y mil 100 metros sobre el nivel del mar, un clima preponderante que fluctúa entre 18 y 30 grados Celsius y una notable diversidad florística y faunística. Como se deduce y, en su caso, constata, tanto el conjunto de recursos naturales como el complejo sistema hídrico que ahí se asienta, formado por corrientes superficiales y subterráneas en forma de veneros que dan origen a vertientes, arroyos y por lo menos 300 pozos artesianos, hacen posible un exuberante ecosistema que ha sostenido por siglos los asentamientos humanos ubicados en la cabecera municipal y sus comunidades.
Sin embargo, poco ha servido el reconocimiento de la riqueza natural de estos enclaves biológicos, pues en lugar de implementar una estrategia integral de preservación y aprovechamiento sustentable de dichas áreas, el gobierno del estado ha optado por solicitar, mediante el oficio número ICJyAL/ 0004777/ 2014, de fecha del 15 de octubre de 2014, la donación del terreno al gobierno federal para que en el marco del Programa Especial para el Desarrollo Logístico del Estado de Chiapas 2013-2018 lleve a cabo el desarrollo de una plataforma logística para la atención de flujos de carga con origen/destino en el centro del país y con destino/origen el en sur y sur-este de Chiapas y Centroamérica, permitiéndole habilitar y construir infraestructura productiva para impulsar la inversión y el desarrollo económico en la región.
Dicha solicitud fue avalada mediante acuerdo suscrito el 15 de octubre de 2014 por la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, a través del licenciado Julián Alfonso Olivas Ugalde, entonces subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre del mismo año.
Esto significaría que el gobierno del estado contaría con la facultad y los recursos logísticos y financieros necesarios para realizar grandes obras de infraestructura productiva en extensas porciones de la superficie que corresponde a ambas áreas naturales. Para ello, se efectuarían cambios en el uso de suelo que implicarían la cesión del terreno a particulares para la construcción de fábricas y empresas de diversa índole, provocando un impacto ambiental irreparable en detrimento no sólo del municipio de Ocozocoautla de Espinosa, sino de la riqueza biológica que distingue al estado de Chiapas.
Además, la implantación de un proyecto de industrialización de estas dimensiones pondría en riesgo la seguridad en el suministro de agua en Ocozocoautla, así como en municipios circunvecinos y el resto de la región que se abastece del acuífero Ocozocoautla, perteneciente a la cuenca Río Grijalva-Tuxtla Gutiérrez.
Lo anterior puede corroborarse con información difundida en diversos medios de distribución local, en los cuales se han divulgado declaraciones del secretario de Economía del estado, licenciado Ovidio Cortázar Ramos, quien menciona que para 2016 se ha previsto edificar en ésta área natural un parque industrial de gran envergadura que aspiraría a convertirse en el mayor centro de acopio y distribución de productos químicos y agroquímicos en el sureste de México.
La decisión de construir un parque industrial en las entrañas del Área Natural Protegida del Cerro de Meyapac constituye una amenaza al equilibrio medioambiental de la región y al derecho de los chiapanecos a vivir y disfrutar de un ambiente sano, adecuado para su salud y bienestar. En ese tenor, contraviene el espíritu del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en el párrafo tercero versa:
La nación tendrá en todo tiempo el derecho (...) de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación , lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques , (...) para preservar y restaurar el equilibrio ecológico ; (...) para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad .
Asimismo, quebranta lo establecido en el artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que en los numerales II, III y IX dicta:
Artículo 23. Para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación del desarrollo urbano y la vivienda, además de cumplir lo dispuesto en el artículo 27 constitucional en materia de asentamientos humanos, considerará los siguientes criterios:
II. En la determinación de los usos de suelo, se buscará lograr una diversidad y eficiencia de los mismos y se evitará el desarrollo de esquemas segregados o unifuncionales, así como las tendencias a la suburbanización extensiva ;
III. En la determinación de las áreas para el crecimiento de los centros de población se fomentará la mezcla de los usos habitacionales con los productivos que no representen riegos o daños a la salud de la población y se evitará que se afecten áreas con alto valor ambiental;
IX. La política ecológica debe buscar la corrección de aquellos desequilibrios que deterioren la calidad de vida de la población, y a la vez, prever las tendencias de crecimiento del asentamiento humano, para mantener una relación suficiente entre la base de recursos y la población, y cuidar de los factores ecológicos y ambientales que son parte integrante de la calidad de vida...
Así como con lo dispuesto en el artículo de la 88 de la misma ley, que en los numerales I y III establece:
Artículo 88. Para el aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas acuáticos se considerarán los siguientes criterios:
I. Corresponde al Estado y a la sociedad la protección de los ecosistemas acuáticos y del equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico ;
III. Para mantener la integridad y el equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico, se deberá considerar la protección de suelos y áreas boscosas y selváticas y el mantenimiento de caudales básicos de las corrientes de agua, y la capacidad de recarga de los acuíferos; y...
Si bien es importante incentivar programas y proyectos de inversión que impulsen el desarrollo industrial en la república, éstos deben implantarse en concordancia con una política de desarrollo agroalimentario, económico y ambiental basada en la sustentabilidad y la justicia social.
De la misma forma, la ejecución de proyectos de esta índole no debe estar nunca por encima de la protección y preservación de los ecosistemas y recursos naturales, incluidos los mantos acuíferos.
Esto es especialmente cierto para la región que ocupa las áreas Cerro Meyapac y El Edén y sus Alrededores, pues estudios como el “Proyecto hidrológico geofísico para localizar fuentes de abastecimiento subterránea al municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas”, llevado a cabo por la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de México, han señalado entre sus recomendaciones que es de vital importancia mantener el área de lomeríos altos denominado “Antiguo Aeropuerto”, inscrita en las áreas naturales que son objeto de esta proposición, como zona protegida y evitar la construcción de conjuntos habitacionales o industriales en el área, debido a que esta es el principal punto de recarga del acuífero Ocozocoautla.
La defensa de la biodiversidad y los recursos naturales debe convertirse en un imperativo de la política pública en un estado como Chiapas, cuya riqueza y diversidad natural ha sido señalada como uno de los más valiosos tesoros ecológicos nacionales, pulmón para el país y el mundo.
En síntesis, esta demanda tiene como fin primordial actuar frente a las amenazas que se ciernen sobre los acuíferos ubicados en la zona del Cerro Meyapac y en especial en una de sus áreas de influencia conocida como “El Edén y sus Alrededores” y la apremiante necesidad de preservar y defender sus recursos, con el objetivo de garantizar el acceso y continuo suministro de agua a las generaciones presentes y futuras de Ocozocoautla y Berriozábal, Chiapas.
Asimismo, pretende contribuir con la construcción de una política integral de desarrollo sustentable en la región que, distanciándose de los modelos de desarrollo industrializador que, cabe decir, han sido cuestionados ampliamente por numerosos estudios científicos, esté basada en la implantación de programas de conservación y restauración de las áreas naturales junto con proyectos de reconversión productiva con asesoría técnica y financiera a los pequeños propietarios y ejidatarios de la zona en cuestión, máximos guardianes de la riqueza natural que existe en el área.
Por todo lo expuesto y fundando someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al licenciado Manuel Velasco Coello, gobernador de Chiapas, a convocar a una comisión de expertos en materia ambiental, geológica, hidrológica, geofísica, ecológica y topográfica para que, en colaboración con la población local, realicen estudios exhaustivos en el área natural protegida Cerro de Meyapac, así como en el área territorial El Edén y sus Alrededores, a fin de que pueda establecerse con precisión el estatus ecológico y valor natural de ambas áreas.
Segundo. Se exhorta al gobierno de Chiapas a detener cualquier iniciativa de desarrollo industrial en la zona que ocupan el área natural protegida Cerro de Meyapac y el área territorial El Edén y sus Alrededores hasta que la comisión de expertos convocada por el gobierno del estado haga público el estatus ecológico de la zona y evalúe, con base en un acceso pleno a la planes gubernamentales sobre desarrollos futuros, los riesgos biológicos y ambientales de implementar proyectos de desarrollo industrial en el área.
Tercero. Se exhorta al Congreso de Chiapas para que, en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal, sea declarada como área natural protegida con carácter de zona sujeta a conservación ecológica al área territorial denominada “El Edén y sus Alrededores”, inserta en la jurisdicción de Ocozocoautla de Espinosa y Berriozábal, Chiapas, a fin de preservar el sistema hídrico que ahí se localiza y garantizar a la población local el acceso pleno y sostenido al agua.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2015.
Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a garantizar la adecuada aplicación de los recursos en los programas asignados al ramo 15 en el PEF de 2016, a cargo de la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 6, numeral 1 fracción I, y 79 numerales 1, fracción II; y 2 fracciones I y II, así como los demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito poner a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación garantice la adecuada aplicación de los recursos a los programas asignados al Ramo 15 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016.
Consideraciones
El Programa Sectorial de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (PSDATU) 2013-2018, tiene como objetivo primordial proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna, tomando en cuenta los problemas que afectan al sector; en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, regional, agrario y vivienda. Todo lo anterior coordinado por el Ramo Administrativo 15 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016.
La estructura programática del Ramo 15 sufre un cambio importante, fusionando los programas: Habitat, Fomento a la Urbanización Rural, Rescate de Espacios Públicos, Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales y, Desarrollo de Zonas Prioritarias; en el nuevo Programa de Infraestructura (PpS273).
Anteriormente, el Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias (PpS216), era sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); tras la fusión, el recurso será re-sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) bajo el nombre de Programa de Infraestructura (Pp S273). Se explica que aun cuando el programa atiende a localidades en situación de pobreza, su enfoque es territorial y con intenciones de mejorar la vivienda e infraestructura social; debido a eso, sectoriza el programa al Ramo 15.
En comparación con lo asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2015 (PEF 2015); el Ramo 15 muestra un incremento en Gasto Total de 25.2 por ciento; equivalente a $5,562,551,940 pesos (cinco mil quinientos sesenta y dos millones quinientos cincuenta y un mil novecientos cuarenta pesos).
Del Ramo 15, destacan los siguientes incrementos:
• Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable . Con un incremento de 203.4 por ciento, que representa un aumento de $10,393,100,000 pesos (diez mil trescientos noventa y tres millones cien mil pesos.) contra año anterior.
• Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables . Con un incremento de 727 por ciento, que representa un aumento de $293,975,674 pesos (doscientos noventa y tres millones novecientos setenta y cinco mil seiscientos setenta y cuatro pesos) contra año anterior.
• Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático . Con un incremento de 4,516.7 por ciento, que representa un aumento de $2,386,470,362 pesos (dos mil trescientos ochenta y seis millones cuatrocientos setenta mil trescientos sesenta y dos pesos) contra año anterior.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorte respetuosamente a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para que garantice la correcta aplicación de los recursos a los programas asignados al Ramo 15. Lo anterior con la finalidad de procurar transparencia en la ejecución de los proyectos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2015.
Diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía a dictaminar la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal en materia de responsabilidad hacendaria para las entidades federativas y los municipios, a cargo del diputado Fidel Calderón Torreblanca, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, Fidel Calderón Torreblanca, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Tomando en cuenta que con fecha 26 de mayo del año en curso fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios.
Que en esta reforma se establece claramente como obligación del Estado mexicano que velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo.
Que en el artículo 73 de la Constitución se estableció que el Congreso en materia de deuda pública tiene la facultad para emitir las bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación, para aprobar esos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional.
Estableció que ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos o, en términos de la ley de la materia, los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda que deberán realizarse en las mejores condiciones de mercado, así como los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el presidente de la República en los términos del artículo 29.
También facultó a las Cámaras del Congreso para aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público; y para establecer en las leyes las bases generales, para que los estados, el Distrito Federal y los municipios puedan incurrir en endeudamiento; los límites y modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno podrán afectar sus respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan; la obligación de dichos órdenes de gobierno de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, de manera oportuna y transparente; un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda; así como las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus disposiciones.
Dichas leyes deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados conforme a lo dispuesto en la fracción h) del artículo 72 de esta Constitución.
Que por virtud de esta reforma se estableció que el Congreso de la Unión, tendrá una comisión legislativa bicamaral competente en la materia, la cual analizará la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados y, en su caso, emitirá las observaciones que estime pertinentes, sobre los ajustes que deban hacer tanto los estados como los municipios.
Que el titular del Poder Ejecutivo federal ya presentó la iniciativa de ley reglamentaria, en el receso del segundo periodo del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura a la Comisión Permanente –el pasado 17 de agosto–, que fue enviada a la Cámara de Diputados y, a su vez, turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, como aparecen los registros de la Gaceta Parlamentaria el pasado 25 de agosto.
Que la reforma constitucional señala en su artículo segundo transitorio que la Ley reglamentaria deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 90 días naturales a la entrada en vigor de ese decreto.
Dada la importancia de contar con este dispositivo legal, también es imprescindible que esta ley contenga bases jurídicas suficientes para que pueda operar la comisión bicamaral mencionada, en el entendido de que esta materia tendría que ser regulada también en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, como parte de una reestructuración de sus contenidos actuales.
Por lo expuesto ponemos a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a dictaminar con la mayor brevedad la iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo federal en materia de responsabilidad hacendaria para las entidades federativas y los municipios, tomando en cuenta el mandato constitucional que establece que el Congreso de la Unión deberá contar con una comisión legislativa bicamaral que sea competente en la materia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2015.
Diputado Fidel Calderón Torreblanca (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a desechar la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de arraigo, y décimo primero transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 18 de junio de 2008, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita diputada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Considerandos
1 . El arraigo ha demostrado ser un instrumento útil para autoridades arbitrarias cuya responsabilidad es la integración de una averiguación previa; aún y cuando existen diversas recomendaciones internacionales y nacionales que advierten sobre los riesgos de utilizar medidas de excepción como el arraigo, a la fecha no se ha eliminado esta lesiva figura.
2 . Desde hace 19 años que se introdujo el arraigo a nuestra legislación a través de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en 1996 y el Código de Procedimientos Penales en 1999, se señalaba ya la ilegalidad del mismo; paradójicamente al haber voces acerca de su inconstitucionalidad, en lugar de derogarlo, fue incluido en el párrafo octavo del artículo 16 constitucional como parte del paquete de reformas en materia de seguridad pública y justicia penal aprobado en junio de 2008, lo que sin duda legitimó el ejercicio excesivo del poder punitivo del estado manifestado en el ámbito penal, ya que la autoridad cuenta con amplios márgenes de actuación y discrecionalidad que van más allá de los derechos y garantías establecidos en la propia Constitución y de los estándares internacionales de derechos humanos.
3 . El principal pretexto para mantener el arraigo estriba en que el estado está privilegiando la seguridad ciudadana; sin embargo esta tesis cae por sí misma dado el aumento de los niveles de violencia y criminalidad; con argumentos como que “se está haciendo frente a la delincuencia organizada” o que “se está reforzando a las autoridades responsables de la seguridad y procuración de justicia”, el Estado mexicano sólo ha justificado la incorporación de medidas de excepción de derechos humanos para fortalecer el poder punitivo del estado y restringirlos, aún y cuando de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos, como los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos así como los artículos 7 y 8 de la Convención Americana, el arraigo, dada su naturaleza y la temporalidad con la que el Ministerio Público la puede emplear constituye una restricción del derecho a la libertad y seguridad personal.
4 . El gobierno mexicano a través de Jesús Murillo Karam, cuando era procurador general de la República, reconoció que desde 2008 se ha abusado de la aplicación del arraigo, ya que de un total de 4 mil órdenes de arraigo, sólo se consignaron 200; asimismo, a través del ejercicio del derecho de acceso a la información pública –con solicitudes hechas a la Procuraduría General de la República– por distintas organizaciones de la sociedad civil han logrado tener acceso a información oficial sobre la aplicación del arraigo y los efectos para hacer frente a la delincuencia organizada, fue el periódico La Jornada el que publicó los resultados de esas solicitudes y dio cuenta que de enero de 2008 al 13 de diciembre de 2013 habían sido arraigadas 9 mil 582 presuntos delincuentes: 50 por ciento superaron los 40 días y 2 por ciento permaneció en esa situación durante el tiempo máximo permitido por la ley; de ese total, sólo 490 personas fueron consignadas ante un juez, es decir que sólo en 5 por ciento de los casos el Ministerio Público logró comprobar que estas personas estaban involucradas en algún ilícito.
5 . la aplicación de esta medida en más de una ocasión ha evidenciado la ineficacia de su aplicación aún y cuando se ha publicitado su aplicación en casos de alto impacto y que han sido ventilados ante la opinión pública en los medios de comunicación, tal es el caso del exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, donde en primera instancia se arraigó al exgobernador y posteriormente un tribunal federal lo absolvió de forma definitiva del supuesto lavado de 25 millones de pesos que se le imputa.
O en el caso de El Cuini , que es identificado por los Estados Unidos como el principal aliado de Nemesio Oseguera alias El Mencho , líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación; que fue detenido a finales de febrero por elementos de la Marina durante un despliegue especial en Puerto Vallarta. En el comunicado 018/15 la Armada dijo que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada había emitido una orden de localización y presentación en contra de este sujeto por actividades de tráfico de drogas y armas; pero en los siguientes dos meses no se supo públicamente nada de él, pasado el tiempo la Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que lo había mantenido arraigado y que finalmente fue recluido en el penal federal del Altiplano. Lo sorpresivo fue que la PGR no pudo fincarle acusación alguna a González, pese a las semanas que lo tuvo arraigado.
Asimismo, la PGR libra desde 2014 una batalla por retener en prisión a Rubén Oseguera, hijo del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación. En los últimos 18 meses ha tenido que detenerlo en cuatro ocasiones luego de que los jueces han terminado por soltarlo al considerar que las pruebas en su contra son insuficientes o que se violaron sus derechos.
En enero de 2014 la PGR detuvo por primera vez a Rubén, conocido con el alias de El Menchito pero un juez federal en Toluca ordenó su libertad por falta de evidencia. Luego, en octubre de ese mismo año, fue capturado nuevamente, arraigado y consignado al penal de Puente Grande, pero tres meses después fue liberado por segunda ocasión, el 23 de junio agentes policiales detuvieron por tercera vez a Oseguera en Jalisco, lo trasladaron a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) en la Ciudad de México y se le consignó por tres delitos federales pero la juez federal, Nadia Villanueva, decretó el auto de libertad, tras considerar que se cometieron atropellos en su detención como la falta de un defensor de oficio o el ingreso a su domicilio sin orden judicial.
La anterior situación ocasionó que la PGR expidiera de urgencia una orden de localización para detener por cuarta vez a Rubén Oseguera, esta vez por la supuesta desaparición de dos personas en Michoacán, delito por el cual no podría ser consignado ya que sólo es aplicable a servidores públicos.
La Procuraduría además apeló el auto de libertad decretado en favor de El Menchito tras considerar que no incurrió en las violaciones señaladas por la juez Villanueva.
6 . Actualmente, el artículo 16 constitucional concede al Ministerio Público la facultad de detener a una persona cuya conducta es sospechosa de estar relacionada con el crimen organizado o en delitos graves por un periodo de 40 días, prorrogable por otro similar, hasta un total de 80 días. Durante ese periodo, los agentes ministeriales pueden mantener detenida a la persona en cualquiera de los Centros de Investigación Federales que operan en Morelos y el Distrito Federal. Estas personas, que no han sido formalmente declaradas culpables de cometer algún delito, la mayoría de las personas se encuentran en un estado de indefensión y vulnerabilidad, además son incomunicadas de sus abogados y familiares; desconocen su situación jurídica al no ser presentados ante un juez, no pueden tener acceso a sus objetos personales; en general del funcionamiento de estos centros de arraigo se sabe poco, pero las denuncias de violación a derechos humanos van en aumento.
7 . Ante este panorama, presenté el 3 de noviembre del año que cursa una iniciativa que propone derogar la figura del arraigo en nuestra Constitución Política, a fin de que no se sigan violando los derechos humanos so pretexto de que un presunto delincuente pueda sustraerse de la acción de la justicia, sin elemento de prueba alguno; así como también para extinguir la contradicción entre esta figura y la tradición garantista y de respeto a los derechos humanos en nuestra Constitución Política Federal.
8 . Ahora bien, durante la LXII legislatura existieron diversas iniciativas que abordaron la problemática y contradicción jurídica que representa la figura del arraigo en nuestra Constitución; por lo que el 29 de abril de 2013 se puso a consideración en el Senado de la República la minuta que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de arraigo, y décimo primero transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008; sin embargo la aprobación de este proyecto de decreto por parte de la anterior legislatura sólo acorta los plazos en que una persona pueda estar sujeta a arraigo de la autoridad ministerial; estableciendo que los organismos de derechos humanos podrán revisar en todo momento la aplicación de esta medida a solicitud de la persona sujeta a arraigo o de su representante; sin embargo, ante las recomendaciones internacionales para eliminar esta figura y el principio pro persona de nuestra Constitución, de ninguna manera es compatible que sólo se acote y que el Ministerio Público pueda seguir obsequiando este tipo de órdenes sólo por simples indicios; por lo que tal minuta deberá desecharse en términos de lo previsto en el artículo 72 constitucional apartado D a fin de que se elimine de manera definitiva esta medida cautelar que viola los derechos humanos de las personas y que lamentablemente se encuentra en nuestra Constitución Política.
Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único . El pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Senado de la República para que, previo a agotar el procedimiento conducente, deseche en términos de lo previsto en el artículo 72 constitucional apartado D, la minuta que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de arraigo, y décimo primero transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2015.
Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)
Efemérides
Con motivo del 12 de noviembre, Día Nacional del Libro, a cargo del diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PVEM
Leer un libro enseña más que hablar con su autor, porque el autor, en el libro, sólo ha puesto sus mejores pensamientos.
René Descartes
El libro es una herramienta fundamental para el desarrollo de una nación y de cada sujeto, ya sea como personas, estudiantes o sociedad, la lectura es una actividad irremplazable para desarrollar adultos emprendedores y productivos, así como comunidades francas, amigables y abiertas.
En México el 12 de noviembre tiene un significado muy especial, se celebra el Día Nacional del Libro, es un momento importante para destacar el valor y el beneficio de la lectura; quiero enfatizar tres argumentos clave de dicha actividad: primero, es un instrumento primordial del perfeccionamiento personal e intelectual del individuo, segundo, nutre el progreso de las civilizaciones contemporáneas, y tercero, a través de la lectura se instruye a los ciudadanos, se crean hábitos de análisis, síntesis, reflexión, debate y se fomentan valores.
En el marco del natalicio de la gran poeta y dramaturga sor Juana Inés de la Cruz, nacida en 1651, quien contribuyo a exaltar la cultura Novohispana y fuera una apasionada lectora y escritora de poesías, obras de teatro, opúsculos filosóficos y hasta obras musicales.
En este tenor de ideas si incorporamos estos dos grandes acontecimientos, por un lado el innegable proceso de transmitir información a partir de un libro y, por el otro, la contribución de la mayor prócer de la cultura de Nueva España.
Es un esfuerzo palpable que en México se busque formar lectores más responsables y comprometidos con su sociedad, todo mediante la divulgación en el uso del libro, el cual es considerado un instrumento de transmisión cultural en la historia de la humanidad y una herramienta fundamental para el mejoramiento de cualquier persona o sociedad.
Es importante destacar en este día y darle un reconocimiento justo al libro, entre otras labores destacadas, porque leer ayuda a descubrir nombres de literatos llenos de enseñanza, desde autores mexicanos clásicos como Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Octavio Paz, Juan Rulfo y Carlos Fuentes entre muchos más hasta escritores de otras latitudes que han sido reconocidos por la cantidad de laureles y galardones, por ejemplo: Julio Verne, William Shakespeare, Edgar Allan Poe o Gabriel García Márquez, entre cuantiosísimos más.
En México se lee más y mejor, este es uno de los principales datos que arroja la Encuesta Nacional de Lectura y Escritura 2015, actualmente se lee 5.3 libros al año, de los cuales 3.5 son leídos por gusto y 1.8 por necesidad, las cifras muestran el cambio generacional, el cual es claro y contundente, la lectura no es un asunto estrictamente escolar y el acceso a la cultura escrita está a disposición para la mayoría de la población.
Otra de las aportaciones importantes de este estudio, es que se destaca que los maestros estimularon la lectura del 60.5 por ciento de los entrevistados y los padres de familia de un 43.8 por ciento, es decir en conjunto tienen un valor de 77.8 por ciento del total de los entrevistados. Por ellos y para ellos la difusión de la cultura a través del libro, debe tener como finalidad promover el reconocimiento público, impulsar la actividad de lectura, mejorar la calidad de las publicaciones y reconocer el papel fundamental tanto de los padres y maestros por avivar el hábito la lectura, porque son los primeros en incentivar la formación de lectores activos y curiosos.
Nos da mucho confianza empezar a tener avances hacia una nación en el que todos tuviesen un hábito de lectora desarrollado, porque la lectura en general perfecciona habilidades para desenvolverse con facilidad en otros ámbitos sociales y laborales, quienes leen tienen una mayor capacidad de comunicarse con los demás, de entender, argumentar, analizar, criticar y hasta de construir una realidad diferente.
Un país de lectores es un recurso renovable que el Estado necesita de forma urgente y masificada, porque el avance de las nuevas tecnologías y la comunicación a través de Internet, cada día cobra mayor relevancia.
Contribuir para que la lectura en el largo plazo beneficie a toda la población, que los esfuerzos de diferentes actores tanto del gobierno como de la sociedad civil se sumen en este pensamiento: “nuestra meta es ser eficaces en promover y facilitar la lectura, para formar un espíritu de creación y posesión de los tesoros más grandes de la humanidad, los libros”.
Pero el objetivo de este día también es ofrecer una visión panorámica de los avances y desafíos que los mexicanos alcanzamos al aproximarnos a la palabra escrita. Dichos patrones no son homogéneos; varían según la edad, la escolaridad y el nivel socioeconómico. La lectura debe formularse tomando en consideración estas diferencias y particularidades, la gente lee por estudio o placer, aunque pareciera que también por contagio. Un libro es una de las compañías favoritas para entender más allá de tus fronteras del tiempo, del espacio y la soledad.
El libro muestra el paralelismo existente entre las palabras, la humanidad y la naturaleza. En efecto, tener noción de que nuestra lengua está sometida a múltiples influencias. Porque el libro es una entidad viva que requiere la incorporación de nuevos términos y de nuevos lectores o si no se perdería la oportunidad de entender desde diferentes ópticas las obras de Quevedo, de Sor Juana e incluso las de Cortázar, Rulfo o Cervantes, el discernimiento y la buena administración de los libros son instrumentos para expresar nuestras ideas en esta infaltable posibilidad de crear nuevos libros.
Por todas las recapitulaciones antes citadas, el Estado mexicano ha reconocido como una meta estratégica el promocionar a los libros en su conjunto y a la lectura en particular como componentes prioritarios en la educación de todos sus ciudadanos. Aunado a ello se tiene como meta en el marco de este día, 12 de noviembre, actividades de fomento, impulso y difusión cultural enfocadas en niños, adolescentes y jóvenes.
El objetivo de claro y sencillo, formar nuevas generaciones de lectores, los cuales en su afán de conversar y debatir sobre todos los temas que lean, encontrarán mecanismos para promover el aprendizaje de nuevas materias y aspiraciones que proyecten a la sociedad mexicana como una colectividad en pleno crecimiento de sus capacidades competitivas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de noviembre del 2015.
Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica)
Con motivo del 367 aniversario del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, a cargo de la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Hoy, 12 de noviembre, en la región de los volcanes, oriente del estado de México, en los municipios que integran el territorio del distrito XXXIII de la legislatura federal, se realizan actividades artísticas y culturales para celebrar el 367 aniversario del nacimiento de Juana Inés de Asbaje Ramírez Santillana.
El 20 de abril de este año se cumplieron dos décadas de que, en sesión solemne, quedó plasmado con letras de oro el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz en el Muro de Honor de este recinto parlamentario. El Congreso de la Unión reconocía así las aportaciones de Sor Juana Inés de la Cruz como personaje emérito nacional, su aportación de vida y obra en la formación de nuestra identidad, reconocida a nivel universal. Fue un homenaje póstumo en el tercer centenario de su fallecimiento, ocurrido el 17 de abril de 1695.
Como muchos datos de su vida, el año del nacimiento de Sor Juana es polémico. Diego Calleja, su primer biógrafo, lo data en 1651. Sin embargo, a partir de 1952 en la capilla de la ex hacienda de Chimalhuacán, en Ozumba, México, se encontró documento bautismal de Juana Inés de Asbaje Ramírez Santillana, los apellidos de su madre, sin el apellido paterno, la referencia es ésta: Hija de la Iglesia, es decir, de padre desconocido; en este documento el día de su nacimiento es 12 de noviembre de 1648, por lo que hoy celebramos los 367 años de su natalicio.
Como primera representante parlamentaria federal del distrito XXXIII, mujer y originaria del municipio de Amecameca, cuna del conocimiento de Sor Juana, sectores representativos del mismo, así como de los demás que integran el territorio del distrito que represento, me mandataron para que ante esta Soberanía Parlamentaria proponga ante ustedes, la institución oficial de un festival cultural nacional, cuyo nombre sería festival cultural Juana Inés, Flor de los Volcanes. De esta manera daríamos continuidad y contenido al homenaje realizado el 20 de abril de 1995, cuando quedó grabado su nombre en este recinto parlamentario.
Mucho se ha investigado y escrito sobre la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz; personaje paradigmático de las letras mexicanas a nivel universal, su personalidad ha sido abordada desde diversas ópticas: su voluntad para acceder al conocimiento en un tiempo en el cual la mujer no tenía prácticamente ningún derecho, sometida absolutamente al dominio patriarcal, entre otros, sin derecho al estudio; se sobrepone a todas las limitaciones y desafiante, dedica su vida a la investigación y estudio los conocimientos de su tiempo: científico, filosófico, artístico, teológico, lingüístico, gastronómico, entre otros. En las letras plasma el resultado de sus reflexiones ya en poemas, en textos dramáticos, y en otros donde polemiza sobre teología y su derecho a expresar sus ideas más allá de su condición de mujer; esta autodefensa le valieron persecución y condena, para todos es conocida las consecuencias que le acarrearía esta defensa y que la llevarían finalmente a su muerte. Yo, la peor de todas, frase con que firma su documento testamentario es la prueba fehaciente de la devastación que debió vivir al tener que renunciar a lo que más amaba: su libertad para ser mujer de conocimiento universal.
Es la región de los volcanes el espacio de su origen y formación: Yecapixtla, de su familia; Nepantla, el de su nacimiento; Amecameca, cuna de su formación y la Ciudad de México, capital del virreinato de la Nueva España donde acrecentó y concretó su obra y finalmente cerró su ciclo de vida. El contexto en que se formó, le proporcionó el entendimiento natural de la vida de los indios, de los negros, de las castas; su convivencia como criolla con sectores ilustrados de la región, su asimilación innata de las fiestas religiosas, su avidez por el conocimiento científico: astronómico, matemático, etcétera, finalmente, su facilidad para hablar y entender diversas lenguas, desde el náhuatl, hasta el griego, latín y lenguas romances, y alguna lengua africana, nos explican con mayor claridad, su sensibilidad artística y fortaleza personal, su genialidad. Desde el territorio donde se formó, nudo de rutas hacia los cuatro puntos cardinales, centro de veneración mesoamericana a los Señores del Agua, paso obligado del Atlántico al Pacífico y por tanto Ruta de la Seda, Europa-Asia, Sur-Sureste y Noreste, Amecameca cataliza, en el siglo XVII, una historia continua de aproximadamente 2 mil años.
Hemos forjado una historia llena de lagunas que nos impiden aceptar un rostro y un corazón común y plural a la vez; como pueblo mexicano nos hemos formado lleno de abismos, grietas y laberintos históricos: destruimos todo vestigio del pasado inmediato; nos negamos, tratándonos unos a otros con la visión de castas de la época colonial, nuestra nación requiere para consolidar su rostro y corazón más profundo, aceptarnos como nación multiétnica y multicultural, reconocernos como un arcoíris nacional, es uno de los trabajos pendientes que debemos hacer individual y colectivamente. Sor Juana es un ejemplo de este potencial multicultural éste contexto, estamos convencidos lo adquirió en la matriz territorial de su infancia y primera juventud, por tal motivo es que desde ahí queremos establecer esta fiesta cultural de carácter nacional e internacional, su figura reviste estas características, es su vida la suma de su ser pluriétnico y multicultural, por eso afirmamos es nuestra Flor de los Volcanes.
La Loa al Santísimo Sacramento, obra escrita en náhuatl y español en Amecameca a la edad de 14-15 años, cambió la vida de Sor Juana, poco después partió a la capital del Virreinato; aunque ella ahí se describe criolla, denota su conocimiento, simpatía e identificación con el mundo indígena, este fenómeno es común en muchos de los habitantes criollos del siglo XVII.
En la Colonia se forja nuestra identidad nacional actual y Sor Juana es el hito del rostro que está naciendo.
No sólo por ser la región de los volcanes tierra de origen y formación de Sor Juana Inés de la Cruz, también por su condición geográfica y climática, fue zona de adaptación y naturalización de productos agrícolas y ganaderos que llegaron con la nueva civilización, por tanto crisol también de la actual gastronomía mexicana; fuimos proveedores de materiales para la construcción de templos y palacios de la ciudad colonial de México dada la abundancia de recursos forestales y otros materiales constructivos y por supuesto de mano de obra especializada en su manejo.
No exagero si afirmo que todo este rico patrimonio cultural actualmente está en peligro de extinción: sus vestigios arqueológicos son saqueados o destruidos cotidianamente; el patrimonio arquitectónico y artístico colonial en igual condición, sus bienes naturales no tienen mejor suerte; añado también que esta región es el paisaje geográfico de México por excelencia, el mismo está plasmado en monedas, logotipos institucionales como el de la Universidad Nacional Autónoma de México, tal vez tan conocido como el Escudo Nacional. No nos explicamos por que el abandono y olvido de todas las instancias gubernamentales para preservar el rico legado histórico y cultural que tiene nuestra región que coincide con el distrito XXXIII de esta representación legislativa.
A fin de revertir la depredación que día a día se destruye en el amplio territorio origen formativo de Sor Juana Inés de la Cruz y como homenaje a la Décima Musa, desde ésta tribuna y este día, día de su nacimiento, reitero, cuyo nombre esta escrito en el Muro de Honor de este Recinto Parlamentario, propongo que bajo su nombre, iniciemos el rescate histórico y cultural de nuestra Región de los Volcanes, ya que es patrimonio, no solo de los habitantes de la región, también lo es de todos los mexicanos.
Proponemos para tal objetivo la creación del festival cultural Juana Inés, Flor de los Volcanes. Este festival sería a de carácter nacional e internacional, ya que su nombre convoca a personalidades de distintas regiones del mundo.
Pocos pueblos tienen el privilegio de tener una memoria tan basta y compleja como la que se guarda en el distrito que en esta LXIII legislatura represento, mi obligación y responsabilidad es hacerme eco del sentimiento ciudadano y plantear ante ustedes esta propuesta.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2015.
Diputada Angie Dennisse Hauffen Torres (rúbrica)
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