Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4240-VII, martes 24 de marzo de 2015
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Proposiciones de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, la SHCP y el SAT a informar a la opinión pública si se realiza alguna investigación en torno a la probable asignación de contratos a cambio de sobornos en Sonora donde participarían el gobernador Guillermo Padrés Elías y su hermano Miguel Padrés Elías, a cargo del diputado Willy Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Dip. Willy Ochoa Diputado Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El pasado jueves 5 de marzo de 2015 el diario estadounidense The Wall Street Journal, publicó un artículo en el que se advierte la posibilidad de actos de corrupción en México, específicamente en Sonora al destacar una investigación por sobornos donde se señala como probables actores al Gobernador de la entidad, Guillermo Padrés Elías y a su hermano Miguel Padrés Elías.
De acuerdo con el diario, el gobierno federal abrió una investigación al respecto, encabezada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, basada en las acusaciones de que los hermanos Padrés Elías recibieron pagos por la cantidad de 3.3 millones de dólares (equivalentes a 51 millones 150 mil pesos al tipo de cambio de 15.50 pesos por dólar), por parte de firmas que ganaron contratos públicos con el gobierno sonorense, equivalentes a 20 millones de dólares (310 millones de pesos).
The Wall Street Journal expone que, según la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, el dinero fue pagado por el empresario Mario Aguirre, para obtener las licitaciones para proveer uniformes escolares.
Adicionalmente, se refiere que la investigación de la SHCP sostiene que Miguel Padrés transfirió 5.7 millones de dólares (88 millones de pesos) a una cuenta bancaria en Estados Unidos, que abrió en 2012, a nombre de Tenerife CV, una firma con sede en Holanda. También se tiene referencia de que Miguel Padrés depositó adicionalmente 522 mil dólares (8 millones de pesos) en otra cuenta en Estados Unidos abierta por su hermano en el 2011, a nombre de Dolphinius, CV, otra sociedad de responsabilidad limitada con sede en Holanda. En total, Miguel Padrés transfirió 8.9 millones de dólares (137 millones de pesos) de cuentas de México a cuentas en bancos de Estados Unidos, desde que su hermano Guillermo Padrés se convirtiera en gobernador de Sonora en el año 2009.
Cabe destacar que el 24 de febrero pasado, tanto el gobernador Guillermo Padrés y su hermano Héctor, Miguel y Julio aseguraron públicamente que su fortuna familiar ascendía a 261 millones 875 mil 633 pesos entre mueblerías y ranchos sin mencionar ni hacer referencia a las cuentas citadas por The Wall Street Journal.
La nota cita la investigación en el sentido de que se realizaron una serie de operaciones en el Sistema Financiero Nacional y extranjero, con recursos que posiblemente tienen un origen ilícito y con un alto grado de probabilidad se operaron con la finalidad de ocultar su origen, localización, destino o propiedad?, también ha sido señalada la ausencia de explicación sobre la raíz de los fondos de Miguel Padrés, ni de sus actividades empresariales ni sus declaraciones juradas.
El gobernador Padrés, ha negado categóricamente haber abierto cuentas bancarias a nombre de la firma holandesa y desconoció la investigación tratando de desacreditarla, achacándola a rivalidades políticas.
Sin embargo, los señalamientos hechos al gobernador Padrés son graves y deben ser aclarados, más aún cuando se ha puesto en entredicho a la investigación, si el gobernador sonorense cuenta con dinero que no debería o cuyo origen sea inexplicable, la tarea de la Secretaría de Hacienda es investigar y la de las instituciones, como esta soberanía, es mantener ojos vigilantes en él.
Siendo necesario recordar que no es la primera vez que el gobernador Padrés se ha visto envuelto en controversias, simplemente basta con evocar una represa en su rancho en Sonora, cuyos habitantes se encuentran a merced de las inclemencias del clima, situación que lo hizo acreedor a una multa y a que se le ordenara la destrucción de la represa, símbolo de su inestabilidad y voracidad.
Las acusaciones en contra del gobernador Padrés son graves y deben ser aclaradas en aras de la consolidación de un servicio público transparente, eficaz y, sobre todo, benéfico para la población y no para privilegiar intereses particularmente en detrimento de la ciudadanía, es por lo anteriormente expuesto, que elevo a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único.- La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria, a efecto de que informen a la opinión pública si se está realizando alguna investigación con relación a la probable asignación de contratos a cambio de sobornos en Sonora, en el que participarían el gobernador Guillermo Padrés Elías y su hermano Miguel Padrés Elías.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2015.
Diputado Willy Ochoa (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales a convocar a reuniones con el titular de la Profepa y con el encargado del Fideicomiso del Río Sonora para abordar el tema relativo a los derrames tóxicos acontecidos en ese estado, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, Lilia Aguilar Gil, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En la madrugada del 7 de marzo se reportó un nuevo derrame en Cananea, Sonora. En esta ocasión se advierte que la responsable fue Minera María, debido a una falla en el sistema de bombeo, provocando una contaminación de 180 metros cúbicos de solución gastada de cobre.
Según la Procuraduría de Medio Ambiente dicho derrame ha contaminado el arroyo El Tordillo, afectando una longitud de 1.6 kilómetros. Al intentar ejecutora las medidas de control, la empresa no pudo dar inicio a las actividades de neutralización de la solución derramada en el cauce del arroyo debido a un enfrentamiento con los locales.
El desastre ecológico, sucede a pocos kilómetros donde seis meses atrás aconteció el derrame de más de 40 millones de litros de lixiviados de cobre acidulado por una falla en la mina de Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, el cual fue considerado el peor desastre ambiental en la historia de la minería moderna.
Existe una gran preocupación de que este tipo de situaciones sigan sucediendo, por lo que se requiere de atención inmediata y apegada al marco jurídico aplicable por parte de las autoridades encargadas de vigilar y supervisar las medidas que deben adoptar las mineras para prevenir y atender dichos acontecimientos.
De tal suerte se busca evitar que se vulneren nuevamente los derechos humanos, especialmente a un ambiente sano, de los habitantes de la zona, como sucedió con el derrame ya referido, en río Sonora el 6 de agosto de 2014.
Por lo anteriormente descrito se presenta a esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Resolutivos
Primero. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Soberanía para que convoquen a una reunión de trabajo con el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a fin de que informe sobre el seguimiento ante los casos de los derrames de soluciones contaminantes de cobre en los Ríos Sonora y Bacanuchi y recientemente, del arroyo El Tordillo, en el estado de Sonora.
Segundo. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Soberanía para que convoquen a una reunión de trabajo con el encargado del Fideicomiso de Río Sonora a fin de que informe sobre el estado que guarda la afectación causada por el derrame de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi, ocurridos el 6 de agosto de 2014 como consecuencia de las actividades de la minera Buenavista del Cobre.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2015.
Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INAH y la SEP a iniciar con sus homólogas de Oaxaca un proyecto de preservación y divulgación de la cultura de la entidad, a cargo del diputado Samuel Gurrión Matías, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Samuel Gurrión Matías, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto el artículo 6, fracción I y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Cultura engloba las concepciones de vida de una sociedad; es decir, relaciones entre los miembros de una comunidad que marcan los patrones de conducta, valores éticos, actitudes, hábitos.1
Nuestro país cuenta con una enorme riqueza cultural tanto indígena como popular que muestra, nuestra identidad como mexicanos. Partimos del concepto de que la tradición oral consiste en la transmisión de conocimientos de una generación a otra;
Estos conocimientos podrían pasar a través de consejos, cuentos o leyendas y por lo tanto hablamos de cultura de tal suerte que es importante conservarla ya que está ayuda a heredar conocimiento a futuras generaciones y así conservar nuestras tradiciones por más años.
Desafortunadamente, para algunas personas ya no muestran interesadas en estos temas y lo consideran de poca importancia; debido a que ya no es muy utilizado en estos tiempos, y que esto ha ido desapareciendo gracias a los avances tecnológicos.
Para Víctor Montoya, la tradición oral latinoamericana, desde su pasado milenario, tuvo innumerables personajes, que aún sin saber leer ni escribir, transmitieron las fábulas de generación en generación y de boca en boca, hasta cuando aparecieron los compiladores, quienes gracias al buen manejo de la pluma y tintero, perpetuaron la memoria colectiva en las páginas de los libros.
La cultura es un derecho fundamental consagrado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 2 fracción IV estipula: “Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.” Por lo tanto la cultura debe ser respaldada por el Estado, es decir, es el Estado mismo quien debe impulsar los mecanismos necesarios para que la cultura sea salvaguardada, pero sobre todo debe asegurarse que este derecho se encuentre garantizado en todos los órdenes de gobierno.
En un estudio realizado por Irene y Narciso García,2 titulado “Leyes estatales en materia del patrimonio cultural”, comenta que en 5 legislaciones estales –todas ellas recientes- incluyen “patrimonio cultural intangible” siendo los siguientes estados: Nuevo León 1991, Guanajuato 1992, Baja california 1995, Jalisco 1998 y Coahuila 1996.
Cabe mencionar que el estado de Oaxaca no cuenta con una ley que enuncie el rescate a la cultura intangible de la localidad, solo cuenta con la Ley Sobre Protección de Monumentos Coloniales, Artísticos e Históricos y Poblaciones Típicas, publicada en el periódico oficial de la entidad con fecha de 17 de enero de 1942 y actualmente se realizan esfuerzos para el rescate de la cultura.
Hay que considerar que el estado de Oaxaca tiene una gran cantidad de espacios turísticos, en donde no solo podemos encontrar museos, edificios históricos, mercados y plazas; si no también, baile tradicionales, costumbres y tradiciones como son la historia de los alebrijes de San Antonio Arrazola, la historia del árbol del tule en Santa María y un sinfín de historias y leyendas en cada una de las localidades del estado.
En general, la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura del estado de Oaxaca y que muchos de ellos son intangibles y es necesario que permanezcan para que se siga conservando la identidad de los pobladores.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. El honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia, y a la Secretaría de Educación Pública, para que en coordinación con sus homólogas del estado libre y soberano de Oaxaca inicien un proyecto de preservación y divulgación de la cultura oaxaqueña.
Notas
1 Artículo web: La interpretación de las culturas, editorial Gedisa, Barcelona, 1995. Consultado el 20 de enero de 2015, disponible en http://www.colmich.edu.mx/relaciones25/files/revistas/038/GeertzCliffor d.pdf
2 Ver Irene y Narciso Mario, García, El patrimonio intangible, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 2006. Consultado el 18 de enero de 2015
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de marzo del año 2015.
Diputado Samuel Gurrión Matías (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al órgano de fiscalización superior y la Contraloría General de Baja California Sur a investigar y auditar al gobierno municipal de La Paz por el posible desvío en el uso de predios, suscrita por las diputadas Heidy Guadalupe Estrada Martínez, Martha Guadalupe Villarreal Rangel y María Lucrecia Arzola Godínez, del Grupo Parlamentario del PAN
Heidy Guadalupe Estrada Martínez, Martha Guadalupe Villareal Rangel y María Lucrecia Arzola Godínez, diputadas del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Órgano de Fiscalización Superior y a la Contraloría General del Estado de Baja California Sur para qué en el ámbito de sus atribuciones y competencias realicen una investigación y una auditoría al gobierno municipal de la Paz, por el posible desvío en el uso de predios, propiedad del ayuntamiento cuyo uso está destinado a actividades de integración social y fueron destinados para favorecer a particulares.
Consideraciones
Las relaciones de poder entre lo público y lo privado, que representaron durante décadas, ocasiones de permanente tensión y de situaciones que propiciaban los espacios idóneos para la corrupción y la impunidad, a la sombra de la opacidad imperante, gradualmente han ido matizándose en sus alcances en la medida en que la sociedad civil se ha ido involucrando y ha ido transformándose la participación ciudadana en los asuntos públicos del país.
Las personas, las ciudadanas, los ciudadanos, han ido evolucionando su papel, de espectadores mudos y acríticos de los acontecimientos y decisiones del Estado y del mercado, a actores y promotores de su entorno, conscientes de su dignidad como personas humanas y capaces de incidir en la formación y diseño de su destino.
Es por ello, que hoy más que nunca Acción Nacional ha insistido en la instrumentación de un Sistema Nacional Anticorrupción que ayude a prevenir, a sancionar y a disminuir sustancialmente el flagelo de la corrupción en nuestro país.
Ello también implica que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esté acorde con la reforma constitucional del año pasado para empoderar más a los ciudadanos en su derecho a tener información oportuna y certera sobre el manejo de los recursos públicos y el cumplimiento de las normas en materia de licitaciones y obras públicas, concesiones y uso de espacios públicos bajo responsabilidad de los gobiernos.
Sin embargo, aún prevalecen prácticas en las que el Estado toma decisiones en la opacidad por encima y en contra de los ciudadanos violentando sus derechos fundamentales.
Las diputadas y los diputados, cualquiera que sea nuestro ideario, estamos siempre dispuestos a escuchar y ser la voz de la ciudadanía para encontrar soluciones justas a los problemas surgidos de su realidad social, política e histórica, somos, no lo perdamos de vista, representantes del pueblo y este digno recinto es, por tanto, el sitio donde se encuentra la más alta Tribuna de la Nación para defender a nuestros representados.
Una de nuestras responsabilidades y deberes es llamar a cuentas a quienes nos gobiernan y por eso esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión tiene como atribución constitucional el nombramiento de quien es titular de la Auditoría Superior de la Federación, pero así mismo tenemos la facultad de hacer pronunciamientos a través de exhortos a las autoridades correspondientes cuando consideramos que ello es muy relevante para el fortalecimiento de la democracia en nuestro país.
En esta ocasión me permito ocupar el podio más importante de México para dar a conocer una situación que está ocurriendo en la Capital de Baja California Sur y que representa una oportunidad invaluable para medir el alcance del progreso ciudadano antes descrito.
Como botón de muestra, un predio, propiedad del Municipio de La Paz, un área de donación de un poco más de seis mil ochocientos metros cuadrados ubicada entre las calles beige y de la silla en el Fraccionamiento Camino Real, donde las personas y las familias solían hacer ejercicio, jugar, platicar, descansar y, en general, usar para el esparcimiento y la sana convivencia, hoy se encuentra en peligro de ser desincorporado como bien de uso común del Municipio, para cubrir un adeudo a un proveedor.
Me explico: Si un fraccionador obtiene los permisos para lotificar y edificar, conforme estipula el Reglamento de Fraccionamientos del Estado de Baja California Sur1, se obliga a entregar un porcentaje de lo que piensa desarrollar. En la Fracción III del Artículo 27, del Capítulo Quinto De las Obligaciones del Fraccionador , dicho reglamento dispone:
Las personas que realicen un fraccionamiento, tendrán las obligaciones siguientes:
(...)
III. Donar al Municipio, la superficie de terreno equivalente al diez por ciento del área lotificable vendible, la que se utilizará exclusivamente para equipamiento urbano. Las áreas de donación destinadas a equipamiento urbano, deberán ser forestados por el fraccionador, en tanto se construyan las obras de equipamiento.
Tal equipamiento urbano, cuya finalidad última implica integración social, puede ser un hospital, un parque, una escuela, una estación de policía o bomberos, un centro cultural, una iglesia... Para el caso particular, se reconocía tal superficie, entre la comunidad, como el Campo Deportivo “Club Guaycuras de Camino Real”.
Pues bien, es el caso que la presidenta municipal priísta de La Paz, Estela Ponce y su cabildo, quien le autorizó a la fecha dos licencias para separarse de su cargo, con miras, primero, a la Candidatura de su Partido al Gobierno del Estado y, ahora, enfilando sus baterías para sentarse en una de las 500 curules de esta Soberanía, desde finales de 2014, decidieron, ¿Por qué no?, que sería una buena idea pagar a los proveedores con quienes tienen añejas deudas, con terrenos donados al Municipio en las condiciones que el Reglamento arriba señalado dispone. Se trata de una acción pública encaminada a cubrir una obligación con un particular por encima de la Comunidad. Favorecer a un particular a costa de la integración social es, a todas luces, aberrante.
Así, en las colonias Fidepaz, Villas del Encanto y, ahora Camino Real, los vecinos han alzado la voz, ante la nula sensibilidad social de la alcaldesa trapecista y su lamentable cabildo. Por lo que se sabe, estos casos son únicamente la punta del iceberg y esta es la ocasión idónea para que los órganos estales y federales en materia de Auditoría Superior puedan esclarecer esta situación que presuntamente viola la ley.
En Acción Nacional hemos sabido comprender que el bien común no es la simple suma aritmética de muchos bienes individuales; que la moral no es el árbol que da las moras y la dignidad de la persona humana es premisa para avanzar desde cualquiera que sea la trinchera de coexistencia: Estado, mercado o Sociedad Civil.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Órgano de Fiscalización Superior y a la Contraloría General del estado de Baja California Sur para qué en el ámbito de sus atribuciones y competencias realicen una investigación y una auditoría al gobierno municipal de La Paz, por el posible desvío en el uso de predios, propiedad del ayuntamiento cuyo uso está destinado a actividades de integración social y fueron destinados para favorecer a particulares.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo del 2015.
Diputadas: Heidy Guadalupe Estrada Martínez, Martha Guadalupe Villareal Rangel y María Lucrecia Arzola Godínez (rúbricas)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a titulares de distintas dependencias federales a establecer un programa y una campaña de detección temprana del cáncer de pulmón, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Yesenia Nolasco Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración el presente punto de acuerdo, conforme al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que el carcinoma broncogénico (CB), mejor conocido como cáncer de pulmón, ocupa el primer lugar en incidencia y mortalidad a nivel mundial, representa el problema principal de salud en materia de oncología y uno de los más importantes en general, siendo la décima causa de muerte a nivel global.1
Que en México al año se diagnostican 8 mil 600 nuevos casos, de los cuales 8 mil personas mueren por este mal.
Que para el 2010 el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática INEGI, reportó 74,685 muertes por cáncer representando el 13 por ciento del total de muertes en México, de las cuales el 9 por ciento fueron por cáncer de pulmón, ubicándose en el 1er lugar en nuestro país.2
Que el cáncer de pulmón se origina cuando las células comienzan a reproducirse de manera descontrolada, forman un tumor y se trasladan a otras partes del organismo donde comienzan a crecer y a formar nuevos tumores que remplazan al tejido normal. Generalmente comienza en las células que envuelven los bronquios, los bronquiolos y/o los alvéolos. 3
Que según cifras de la Secretaría de Salud (SS), cada año se presentan alrededor de 8 mil casos de cáncer pulmonar, es decir, 21 diarios, pero sólo 15 por ciento de los pacientes se cura, debido a que la detección es tardía.
Que en México, el 7.2 por ciento de los pacientes con cáncer tienen tumores malignos en los pulmones, según estimaciones de Globocan.4 Siendo el cáncer de pulmón el segundo más mortal para los hombres, con el 14 por ciento de las muertes por tumores malignos, después del de próstata.
Que de todos los tipos de cáncer, el de pulmón es el que causa más muertes en tan sólo en México, cada día 22 personas pierden la vida a causa de esta enfermedad, según Óscar Arrieta Rodríguez, coordinador de la Clínica de Cáncer de Pulmón y Tumores Torácicos del Instituto Nacional de Cancerología (INCAN).
Que la agresividad y rapidez con que se propaga el cáncer de pulmón es demostrada en cifras del INCAN, en el cual anualmente se detectan 250 nuevos casos, de los cuales 90 por ciento muere antes de los 18 meses.
Que la detección temprana es una de las claves principales para lograr superar el cáncer, esto es incluyente y de forma más acentuada en lo referente al cáncer de pulmón.
Que es urgente sensibilizar y capacitar a los profesionales de la salud encargados de la atención primaria, incluyendo un diagrama en el cual se especifiquen los principales síntomas y pueda detectarse tempranamente.
Que lo anterior además de permitir una detección precoz, será de gran utilidad y facilitará el pase a las unidades de especialistas específicas evitando defunciones mediante la reducción del tiempo desde la sospecha diagnostica hasta el inicio del tratamiento adecuado.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que a través de la Secretaria de Salud y la Secretaria de Desarrollo Social se promueva una campaña de detención temprana del Cáncer de Pulmón, con la finalidad de iniciar el posible tratamiento precoz evitando defunciones y disminuir el impacto social y económico que este mal provoca.
Notas
1 http://www.hgm.salud.gob.mx/
2 Ibídem.
3 http://www.imss.gob.mx/
4 Globocan es un proyecto especializado en proporcionar estimaciones contemporáneas de la incidencia de la mortalidad y la prevalencia de los principales tipos de cáncer a nivel nacional para 184 países del mundo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 24 días del mes de marzo de 2015.
Diputada Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades educativas y ambientales de los diferentes órdenes de gobierno a realizar acciones con motivo de la celebración del Día Mundial Forestal, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, Ricardo Astudillo Suárez, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Es la ubicación geográfica, la diversidad de ecosistemas y la variedad de climas lo que propician la existencia de alrededor de un 70 por ciento de vegetación forestal en México, lo que equivale a 138 millones de hectáreas, en las que se encuentran alrededor de 30 mil especies vegetales, siendo las principales los matorrales xerófilos, bosques, selvas, pastizales y vegetación acuática, distribuidas a su vez en 10 diferentes ecosistemas, colocando a nuestro país dentro de los 5 países con mayor diversidad biológica a nivel mundial.
Los recursos forestales prestan servicios ambientales indispensables como la producción de oxígeno, absorción de bióxido de carbono, la regulación del clima, así como propician la recarga de los mantos freáticos y protegen el suelo de la erosión, propiciando con ello la reservación de hábitats para especies de flora y fauna, algunas de ellas de relevancia para mitigar los efectos del cambio climático.
Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), identifica cuatro aspectos principales en la que los bosques y sus industrias pueden contribuir a un futuro sostenible:
1. Como fuente de energía;
2. Como ecosistemas que proporcionan a las personas bienes y servicios ambientales;
3. Como actividades económicas rurales que mejoran el desarrollo local mediante el aumento del empleo y los ingresos, y
4. Como fuente de productos que contribuyan al crecimiento económico, los medios de vida y el bienestar.
Sin duda, los recursos forestales de nuestro país representan una enorme fuente de reversión a los efectos negativos del cambio climático, sin embargo, hoy en día nos enfrentamos a una de las épocas con mayor afectación a los mismos.
Dentro de los principales factores que los afectan encontramos la deforestación, al respecto el Instituto de Geografía de la UNAM, señala que cada año perdemos 500 mil hectáreas de bosques y selvas, colocándonos en el quinto lugar de deforestación a nivel mundial, siendo su principal causa el cambio de uso de suelo, las actividades agropecuarias, seguidas por los desmontes ilegales y los incendios forestales.
Respecto de estos factores de afectación y la variación de la superficie forestal, sirven de apoyo las siguientes gráficas obtenidas de la última emisión de los Indicadores de Evaluación para el Desempeño Ambiental de 2000, formulados por el entonces Instituto Nacional de Ecología de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, documento que refleja la gravedad de la afectación a nuestro medio natural incluso desde hace 15 años atrás.
De lo anterior, se muestra una realidad no muy distinta a la que observamos actualmente, hoy en día seguimos enfrentándonos a una sociedad poco consiente de la verdadera riqueza e importancia de nuestros recursos forestales, la mayoría de las personas desconoce las elementales funciones que estos recursos naturales aportan para la auto preservación ambiental, pero principalmente de los enormes beneficios que aportan a la salud humana.
Como mecanismo de combate a dicha situación, a nivel internacional los diferentes gobiernos impulsaron la conmemoración del “Día Internacional de los Bosques”, la cual se celebra cada 21 de marzo, ocasión en que se hace un llamado especial a todas las naciones para redoblar esfuerzos en el cuidado de los diversos tipos de bosques a través de acciones y planes que permitan su conservación y crecimiento, así como despertar el interés en las nuevas generaciones y valorar cada elemento que conforma el medio ambiente.
Sin duda dicha conmemoración abona en beneficio de la protección de los recursos forestales, sin embargo, hoy en día seguimos enfrentándonos a constantes atentados contra de los mismos; la falta de conciencia y educación provocan que la sociedad no se sume a la labor de las autoridades para el combate a la degradación de nuestro medio natural.
Se debe hacer un atento llamado a la sociedad como participante fundamental para lograr que cualquier política encaminada a la protección de nuestro medio natural tenga éxito.
Por ello consideramos urgente la participación de todos los órdenes de gobierno y la sociedad para impulsar acciones encaminadas a la protección de nuestros recursos naturales, principalmente aquellos que nos aportan un sin número de beneficios y que desafortunadamente hoy se encuentran en grave estado de afectación.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades educativas de los diferentes órdenes de gobierno, a efecto de que se diseñen e implementen campañas de difusión e información ambienta que garanticen la concientización e integración de la sociedad en las labores de protección y conservación de los recursos naturales, especialmente aquellos que representan mayor beneficio para la salud de los seres humanos y la subsistencia de los diferentes ecosistemas, como lo son los recursos forestales.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades ambientales de los diferentes niveles de gobierno, a efecto de que diseñen e implementen programas de reforestación que incluyan la participación de la sociedad que habita especialmente las zonas urbanas con mayor índice de pérdida de cobertura vegetal, cuya finalidad sea la preservación de los recursos forestales como un medio eficiente para la protección de la salud humana.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2015.
Diputado Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al titular de la SFP a establecer medidas para garantizar que no se ejerzan con fines electorales recursos públicos en Guerrero, a cargo de la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Zuleyma Huidobro González, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
El pasado 2 de marzo del presente año, la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral, INE, a fin de garantizar la equidad de la contienda a celebrarse en unos meses, mediante la no utilización de los programas sociales con fines electorales.
El consejero presidente, Lorenzo Córdova, sostuvo la importancia de preservar los programas sociales y el combate a la pobreza, sin que ello implique que tengan sesgos políticos o fines electorales.
A su vez, la titular de la Sedesol, Rosario Robles sostuvo que tienen claro la necesidad de garantizar los derechos sociales con un esquema ajeno a incidir en el sentido de los votos. Aseguró que la dependencia garantizará que los recursos públicos destinados a los programas sociales se aplicarán con respeto a la equidad de la contienda.
Apenas hace unos días, la Comisión de Quejas y Denuncias aprobó medidas cautelares mediante los cuales prohibía a Sedesol la contratación de gacetillas para la difusión de logros de la dependencia qué contengan imágenes de los funcionarios públicos. Funcionarios de Sedesol consultados al respecto fueron escuetos: “eso seguirá sus propios cauces con independencia del convenio firmado”.
Que el órgano encargado de la coordinación y realización de los comicios a nivel nacional signara un convenio con la Secretaría gubernamental encargada de la distribución de recursos mediante programas sociales no es coincidencia.
De acuerdo con el estudio partidos políticos, programas sociales y elecciones locales1 , publicado en el año 2013, que abordara el uso de programas del gobierno federal con fines electorales, el desvío de recursos públicos con fines electorales es una práctica que se ha generalizado en nuestro país.
El investigador de la UNAM, Emilio Vizarretea Rosales, responsable de dicha investigación, recordó que existe un señalamiento constante respecto a gobiernos federales o locales, que utilizan programas para apoyar una campaña política, pero normalmente no hay pruebas de ello.
En su estudio, se pudo comprobar la utilización de recursos de los programas de Sedesol en el estado de Veracruz por parte del Partido Revolucionario Institucional, PRI, para influenciar el sentido de los votos de los habitantes de dicha entidad, caso que fue denunciado por el Partido Acción Nacional, PAN; pero a su vez pudo comprobarse que el albiazul llevó a cabo una práctica similar durante el gobierno de Felipe Calderón.
Para la fundamentación de tal afirmación, se hizo un “cruce” de la estructura del PAN en Veracruz y el padrón del programa Oportunidades, con lo que se detectó que existía una gran coincidencia en ambos, entre ellos, el nombre de un diputado local panista.
El uso político abierto e indiscriminado de los programas sociales del gobierno federal se inició en el año 2006, cuando Josefina Vázquez Mota, secretaria de Desarrollo Social, usó el padrón del programa Oportunidades y el Censo de Población 2000 y Conteo de Población 2005 en forma ilegal, para integrar el padrón de afiliados del Partido Acción Nacional y el uso de esos datos para la promoción electoral.
Estas acciones ilícitas se pueden probar en el Informe de la Cuenta Pública 2006 y en documentos internos del Partido Acción Nacional de esa época. Vázquez Mota no integró deliberadamente los padrones como era su responsabilidad y usó la información de que disponía la dependencia para proporcionarla a su partido, contribuyendo a la obtención de votos para Felipe Calderón.
Específicamente, sobre caso del padrón de beneficiarios de Oportunidades, existió un 20 por ciento de casos en el que éste coincide con el padrón de afiliados al PAN en Veracruz.
Sin embargo, este tipo de estudios, así como la firma de convenios como el antes mencionados, son completamente insuficientes a la luz de acciones de gobierno que ponen en entredicho la separación de los programas sociales para el beneficio de la población, y su uso para influenciar el voto en épocas electorales.
Tal es el caso de lo sucedido en Guerrero, en donde el ex subsecretario de Desarrollo Comunitario y Participación Social de la Sedesol, Javier Guerrero García, ha sido designado como el nuevo delegado general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en la entidad. Su responsabilidad más reciente: representar a Rosario Robles en el estado de Guerrero, y coordinar la Cruzada Nacional Contra el Hambre y las obras de reconstrucción tras los daños que dejó la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, en 2013.
Junto con Javier Guerrero estará José Parcero López quien a mediados de febrero fue nombrado delegado nacional del PRI en Guerrero proveniente de Tamaulipas donde desempeñó las mismas funciones en esa entidad.
Con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, así como del Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, la revista “Forbes México”, confirmó que existen 129 mil 415 familias en 19 entidades del país que, aunque deberían recibir su televisión digital, no podrán utilizarla por el hecho de que no cuentan con electricidad.
Siendo que los beneficiarios de las televisiones son a su vez beneficiarios de los programas de la Sedesol, la publicación detalló que se trata de la población de más bajos recursos, por lo que, según los datos obtenidos por Forbes, hay municipios donde la totalidad de beneficiarios no contará siquiera con luz en sus viviendas.
Además, los datos que reportan acerca de los televisores entregados a nivel estatal y municipal son dispares, pues de los 2 millones 79 mil 445 televisores entregados a nivel estatal, los municipios solamente reportan 2 millones 79 mil 426.
Forbes recuerda que la meta del gobierno federal era repartir 13.8 millones de televisores digitales (cifra que sufrió un recorte a raíz del ajuste presupuestal anunciado por Hacienda los primeros días de febrero), con la estimación de lograr un ahorro conjunto de mil 683 millones de pesos año en consumo de energía eléctrica.
Por mencionar algunos datos, la prestigiosa revista señala que en el poblado de Coalcomán, en Michoacán, se entregaron 152 pantallas a los más pobres, quienes viven dentro de las 430 viviendas que carecen de luz en la zona, al igual que pasa en Iturbide (Nuevo León) o Metztitlán, Tlahuiltepa y Nicolás Flores (Hidalgo), donde entre 50 y 95 por ciento de los beneficiarios del programa tampoco tienen el suministro.
Este tipo de programas han demostrado ser poco operativos y eficientes, por lo que su razón de ser es ampliamente cuestionable, y ha sido denunciada por la mayoría de partidos políticos como un medio a través del cual se puede comprar los votos de los beneficiarios de dicho programa, a favor del partido en el gobierno.
Guerrero enfrenta situaciones particulares tanto en su gobierno como en la vida de sus pobladores, por lo que el riesgo para la utilización de los programas sociales resulta sumamente alto, más aún cuando quien coordinaba la administración de los mismos es ahora la máxima autoridad estatal de un partido en la misma región, generando un evidente conflicto de interés.
Fundado y motivado en las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión:
Único. Exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, a que en el ámbito de sus facultades y en cumplimiento a las disposiciones legales en diversas materias, gire instrucciones a quien corresponda, a fin de realizar diversas auditorías respecto al gasto de recursos federales ejercidos por la Secretaría de Desarrollo Social durante el proceso electoral de 2015 en Guerrero, así como a tomar cualquier medida necesaria, a fin de garantizar que el ejercicio presupuestal no se realice con fines electorales.
Nota
1 Emilio Vizarretea Rosales. (2013). Partidos políticos, programas sociales y elecciones locales. De Universidad Nacional Autónoma de México Sitio web: http://es.scribd.com/doc/147610594/EleccLocal2013Corte12jun
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 días de marzo de 2015.
Diputada Zuleyma Huidobro González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento, y de Recursos Hidráulicos a retirar el dictamen de la Ley General de Aguas para considerar las observaciones de especialistas y organizaciones civiles, a cargo del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de la agrupación Movimiento de Regeneración Nacional
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, diputado federal en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones II y III; 100 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a las juntas directivas de las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento, y de Recursos Hidráulicos para retirar el dictamen de la Ley General de Aguas publicado en la Gaceta de la Cámara el día cinco de marzo del año en curso, con objeto de considerar las observaciones de especialistas y organizaciones civiles, con las siguientes
Consideraciones
El día cinco de marzo del año en curso, se publico en la Gaceta de la Cámara de Diputados dictamen en sentido positivo que presentan las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento, y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Aguas.
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Cámara de Diputados, en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del día cinco de marzo del año en curso, se cumplió con la declaratoria de publicidad del proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas, presentado por las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos.
Que el diez de marzo de dos mil quince, el diputado Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Junta de Coordinación Política, informó en conferencia de prensa que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados decidió, por unanimidad de sus ocho partidos integrantes, posponer ‘‘el tiempo que sea necesario’’ la discusión en el pleno del dictamen de la Ley General de Aguas, que se pretendía aprobar en la sesión del día diez de marzo del año en curso.
Que el artículo 80, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados establece las comisiones podrán retirar el dictamen enviado a la Mesa Directiva, hasta antes de que se discuta por el pleno.
Por lo que atendiendo al interés expresado por la Junta de Coordinación Política de abrir un espacio de participación ciudadana y de expertos ‘‘para que se aclaren dudas y se deje atrás la desinformación de algunos políticos en campaña, que quieren tomarlo como bandera para confundir´, con el objeto de reencauzar el proceso legislativo de la Ley General de Aguas, se propone a este pleno, proposición de urgente y obvia resolución, en los términos siguientes.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Juntas Directivas de Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados para que retiren el dictamen relativo a la Ley General de Aguas, enviado a la Mesa Directiva y publicado el día cinco de marzo de dos mil catorce en la Gaceta de la Cámara de Diputados, con objeto de abrir un espacio de participación ciudadana y de expertos sobre el tema y hacer posible su modificación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2015.
Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener a fomentar la instalación y el uso de unidades led para el alumbrado público en estados y municipios, a cargo del diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción IV, artículos 100 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La reforma energética es una oportunidad histórica con la que México podrá aprovechar sus recursos energéticos de forma racional, sustentable y con apego a los principios de soberanía nacional, de eficiencia económica y de beneficio social. Con el aprovechamiento eficiente de nuestros recursos naturales, será posible detonar el potencial del sector energético, para generar un mayor bienestar para la población. Este objetivo se logrará a través del aumento de la producción de energía, más limpia y de menor costo, así como la generación de empleos bien remunerados y la protección del medio ambiente1 .
Además, la reforma energética pretende reformar la competitividad del país, haciendo posible que las pequeñas y medianas empresas mexicanas gasten menos en energía, y que la Comisión Federal de Electricidad utilice sus recursos para modernizarse e integrar tecnologías de vanguardia, basándose en los principios de competitividad, apertura, transparencia, sustentabilidad y responsabilidad fiscal.
Desde el año 2011, con el apoyo de la Secretaría de Energía (Sener), se inició el Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal, que suscribieron en un macroconvenio de colaboración: el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC (Banobras), la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee), y la Comisión Federal de Electricidad (CFE); dicho proyecto tiene como objetivo apoyar a los municipios del país en la ejecución del proyecto de sustitución de sistemas de alumbrado público, para que se traduzcan en una reducción importante en el consumo de energía eléctrica.
El servicio de alumbrado público, conforme lo establecido en el artículo 115, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el servicio de iluminación que los municipios tienen a su cargo para ser proporcionado en calles, avenidas, bulevares, plazas, parques y lugares públicos.
Con el uso de las lámparas y focos convencionales que los municipios vienen utilizando, se da cumplimiento al mandato constitucional referido, sin embargo, se vienen presentando muy serios y graves problemas: por el alto consumo de la energía eléctrica utilizada en el alumbrado público, por el alto costo de operación y por la emisión de vapores y gases peligrosos contaminantes y nocivos para la salud.
Lo referido en el párrafo anterior permite afirmar que el uso de luminarias llamadas LED, presentan muchas ventajas sobre las fuentes de luz incandescente y fluorescente, principalmente en el gran ahorro económico que se genera, por el bajo consumo de energía, por su mayor durabilidad, por su tamaño más reducido, por su resistencia a las vibraciones, por su contribución en la mitigación de los efectos invernadero del cambio climático, por ser cien por ciento ecológicas y por la nula posibilidad de ocasionar daños al medio ambiente, su reducción en las emisiones de calor, inhiben la proliferación de insectos y en comparación con la tecnología de inducción magnética, con los cuales se crea una mayor radiación residual hacia el ser humano; cuentan con mejor índice de producción cromática que otros tipos de luminarias, reducen ruidos en las líneas eléctricas, etcétera.
El mercado de diodos emisores de luz (LED por sus siglas en inglés) se está incrementando rápidamente en todos los países desarrollados y en algunos subdesarrollados, ya que se están instalando estas luces en sus ciudades, en empresas, hoteles, supermercados y tiendas de autoconsumo, por ser más eficientes, más económicas, más duraderas y de primer mundo, y además, por el insalvable obstáculo de que, las luces y lámparas convencionales incandescentes ya han sido prohibidas.
El funcionamiento de las luminarias LED de consumos variables pero que en la iluminación de alumbrado público oscila entre los 50 y 100 watts reemplazan a las tradicionales lámparas de vapor de sodio y de aditivos metálicos que consumen 150, 175, 300 o más watts; matemáticamente podemos advertir, que si se instalaran en calles y avenidas de nuestros municipios luminarias LED, las administraciones municipales podrían tener un ahorro mínimo de 80 por ciento en las facturaciones de su alumbrado público.
Este importantísimo ahorro fortalecería las finanzas públicas de los municipios y les proporcionaría remanentes reales que podrían ser canalizados a otros programas prioritarios de desarrollo social.
Estas luminarias LED, disminuyen notablemente el costoso gasto de mantenimiento en toda la red de alumbrado público municipal, ya que por ser selladas, no requieren de mantenimiento y tienen una vida útil mínima de 10 años, superan las 100 mil horas de luminosidad en cualquier condición de alimentación eléctrica y climática, mientras que las otras lámparas de vapor de sodio, su luminosidad tiene una duración de entre cuatro y cinco años.
El uso de luminarias LED le permitirá al gobierno de la República, a los gobiernos municipales y a la Comisión Federal de Electricidad, obtener considerables ahorros económicos y beneficios en el uso de las mismas, como son:
Primero. Los gobiernos municipales obtendrán un ahorro directo de 65 por ciento en el pago de la energía eléctrica utilizada en el alumbrado público municipal, por el enorme diferencial de los consumos mensuales, entre las lámparas convencionales y las luminarias LED.
Segundo. Por la reducción considerable en la capacidad de los transformadores instalados y en los enlaces de las cargas eléctricas, se reducirán paralelamente todos los gastos de operación de la red eléctrica de esa paraestatal, obteniendo un importante ahorro adicional que tendrá que considerarse.
Tercero. Por el hecho de que las luminarias LED no son sensibles a las frecuencias eléctricas o cambios bruscos de voltaje, la durabilidad de la red eléctrica será mucho mayor, favoreciendo con ello, las finanzas de la CFE.
El objetivo de la presente proposición es promover el uso de las luminarias LED en el alumbrado público de estados y municipios, coadyuvando a la reducción de los impactos ambientales que resultan de la producción, transformación, distribución y uso final de la energía.
Esta propuesta de punto de acuerdo que someto a la consideración de esta honorable asamblea tiene como propósito que las autoridades federales promuevan el uso de las luminarias LED en el alumbrado público de estados y municipios, coadyuvando a la reducción de los impactos ambientales y a la modernización del alumbrado público municipal.
Diversos estudios nacionales e internacionales señalan que si se ilumina adecuadamente una ciudad o delegación, automáticamente se estarán reduciendo los índices de inseguridad poco más de 40 por ciento y el de accidentes viales poco más de 23 por ciento; por lo que el uso de luminarias LED también permitirá que los presidentes municipales le brinden a sus conciudadanos una mayor e imprescindible seguridad física y emocional.
Es de reconocer que el uso de las luminarias LED ha aumentado en los hogares de todo el país, beneficiando la economía y el ambiente de los hogares quienes hacen uso de las mismas, por lo que se cree conveniente ampliar dichas luminarias a los espacios públicos, favoreciendo a los gobiernos locales y municipales, pero principalmente fomentando un mayor bienestar entre los ciudadanos, quienes podrán gozar de múltiples espacios con una luminaria agradable al ambiente y a las personas.
Es por lo anteriormente expuesto que se somete a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Energía a fin de que lleve a cabo acciones que fomenten entre los gobiernos estatales y municipales la instalación y uso de luminarias LED para el alumbrado público, con el objeto de disminuir el consumo de energía eléctrica, además de resultar amigable con el medio ambiente.
Nota
1. http://www.gob.mx/presidencia/reforma/reforma-energetica-2/ 19 de marzo de 2015
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2015.
Diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los congresos estatales a legislar para constituir un marco normativo que fortalezca la actuación de las organizaciones de la sociedad civil, a cargo de la diputada Blanca Jiménez Castillo, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Blanca Jiménez Castillo, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo con base a las siguientes
Consideraciones
Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), tienen una gran importancia en democracias incipientes como la mexicana, representan un motor para ser agentes de cambio político y social. No obstante, en comparación con otros países, el impacto del tercer sector en México es aún limitado. Un problema mayor radica en el marco legal que regula a las OSC en nuestro país no crea un ambiente propicio que fomente las actividades no lucrativas.
Requerimos alentar el desarrollo de las OSC especialmente en lo que concierne a las organizaciones que trabajan en los campos de la asistencia, la promoción y el desarrollo social, así como las que promueven la apertura de espacios ciudadanos y el respeto y la expansión de derechos sociales, civiles y políticos, se precisan una serie de modificaciones legislativas, fiscales y de política pública que permitan crear un entorno para su evolución y crecimiento de manera sustentable.
Las OSC necesitan establecer una dinámica con el gobierno de cooperación y confianza, a través de un marco regulatorio y de disposiciones gubernamentales que no sean una traba, sino que signifiquen un apoyo para las actividades de las OSC; y en el cual las organizaciones sean reconocidas, no como una carga, sino como un aliado importante del gobierno.
El marco normativo que rige a las organizaciones de la sociedad civil en México tiene su fundamento en el artículo noveno constitucional, que establece el derecho de asociación.
Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar. No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto o una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.
De aquí se deriva un marco regulatorio amplio que incluye particularmente la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, las diferentes leyes de fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil a nivel estatal, y, entre otras.1
Sin lugar a dudas, la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil marcó una gran diferencia en la concepción de las organizaciones como parte de un sector de la sociedad que debe ser impulsado desde el Estado.
Es con la expedición de dicha ley en 2004 que se generó un nuevo marco de apoyo a las OSC, se amplió el marco de sus actividades, estableció organismos institucionales de interlocución entre el Estado y las OSC, y garantizó, por un lado, su acceso a apoyos y estímulos públicos y, por otro, su participación en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas.
Sin embargo, si bien se ha constituido un marco legal para el desarrollo pleno de las organizaciones civiles a nivel federal, este enfrenta serios obstáculos en las entidades federativas. Como ha ocurrido en el caso de otras legislaciones (electorales, derechos humanos, transparencia) no existe la obligación de que las entidades federativas legislen en concordancia con la ley federal en la materia.
Ciertamente, los mexicanos tenemos una baja participación en acciones civiles; las instituciones en las que más nos involucramos son las iglesias y la escuela; que la participación es informal y se hace de manera individual; y que preferimos dar dinero a ser voluntario en alguna institución. Este panorama nos advierte de la necesidad de fomentar la organización y participación de los ciudadanos a nivel local, particularmente en problemáticas que los atañen directamente.
Así, el fomento de una cultura cívica de corresponsabilidad entre el Estado y las OSC que comenzó, a nivel federal, con la aprobación de la Ley, debería ser reproducido y adecuado a las condiciones específicas de las 32 entidades federativas. Sin embargo, esto no ha ocurrido todavía así.
El proceso de institucionalización que se vivió durante la última década a nivel federal, no ha sido igual a nivel local. Derivado de lo anterior, no se cuenta con una normatividad que permita un cambio en la realidad que viven las OSC respecto de su relación con los gobiernos de las 32 entidades federativas. Como sucede con en el tema electoral y el de acceso a la información por ejemplo, resulta imprescindible que las entidades federativas se involucren de alguna u otra manera en la construcción de esa democracia de ciudadanos. Los municipios y los estados son las instancias gubernamentales más cercanas a la ciudadanía y por tanto, son quienes deberían legislar y promover la participación de las OSC en la toma de decisiones, desgraciadamente parece que no lo están haciendo.
Únicamente 10 estados de la República, es decir, el 30 por ciento de las entidades, cuentan con una ley específica de regulación o fomento a las actividades de las OSC: Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.2 Dichas leyes varían sustancialmente, tanto en los ámbitos que regulan y las autoridades encargadas de su ejecución, como en los derechos y obligaciones que otorgan a las organizaciones. Mientras que algunas de estas leyes ofrecen beneficios adicionales claramente encauzados al impulso de las OSC (la ley del Distrito Federal, por ejemplo, prevé el acceso a beneficios fiscales para efectos del impuesto predial, sobre nómina, derechos de agua, entre otros), otras legislaciones están más enfocadas en la supervisión y el control de las organizaciones.
La mayoría de las leyes estatales de fomento a OSC coinciden en establecer la obligatoriedad de inscribirse a un Registro (que es independiente del Federal); pero en algunas de ellas los requisitos de inscripción son más difíciles de cumplir. Tal es el caso de Tlaxcala, donde uno de los requisitos para solicitar el registro es exhibir el padrón de beneficiarios actualizado, el cual deberá contener nombre completo, localidad, municipio y clave de credencial de elector, lo cual podría constituir una barrera de entrada para organizaciones que, por la naturaleza misma de sus actividades, no cuenten con un padrón formal de beneficiarios. Otro caso a destacar es el de Baja California, que contempla dos tipos de Registro: uno para efectos de promoción, difusión y acceso a recursos públicos y otro para todos los beneficios de la ley excepto la obtención de recursos.
Existen también normas y procedimientos anacrónicos y complejos, los cuales no se han ido adecuando de manera suficientemente rápida e integral a la realidad del sector. Lo anterior se debe a que éste ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos 20 años, con lo cual ha cambiado de manera acelerada, haciendo que los intentos por ajustar la legislación no sean capaces de seguirle el paso a un sector de por sí heterogéneo en su composición, diverso en sus actividades y complejo en su funcionamiento.
En este contexto, con las actuales disposiciones, se inhibe la creación y formalización de OSC, no se fomentan los donativos a las mismas ni se ayuda a desarrollar modelos de gestión institucionales que garanticen su sustentabilidad financiera, orientación profesional con resultados en el trabajo y sueldos decorosos para sus miembros. Lo anterior hace imprescindible el diseño de normas y criterios diversificados, claros e integrados en un sistema coherente para responder a las necesidades, tanto del gobierno y de las OSC, como de la sociedad.
Lamentablemente observamos que los gobiernos estatales son reacios a extender los beneficios y apoyos para el desarrollo de las OSC. Permanecen herencias del pasado reciente, de gobiernos que actúan sin la participación ciudadana. Ha existido poca voluntad política de gobernadores y congresos locales para entender los nuevos tiempos y construir procesos participativos que consideren el nuevo papel que asume la sociedad civil organizada, y se continúa sin reconocimiento a las contribuciones que las OSC han hecho al desarrollo local y a la reconstrucción del tejido social. Se siguen manteniendo formas tradicionales llámense corporativas y clientelares de relación con los ciudadanos.
Incluso en aquellos estados donde se cuenta con la ley respectiva, se presentan vacíos notorios y lagunas, los ordenamientos legales son imprecisos en la definición de las instancias y de los ámbitos de actuación y no consignan los requerimientos para realizar el fomento y apoyo a las asociaciones civiles. Además de que se establecen mecanismos para la dosificación de recursos, la discrecionalidad y el control de las organizaciones.
Es necesario transitar a una nueva etapa en la que las organizaciones civiles asuman un papel primordial y junto con los actores políticos locales (partidos, diputados, funcionarios) construyan un entramado normativo e institucional fomente los diversos ámbitos de actuación del sector no lucrativo en beneficio de los millones de mexicanos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, marginación, violencia, que ven vulnerados constantemente sus derechos humanos.
Las OSC deben tomar la iniciativa nuevamente, y formular y acompañar el proceso de propuestas que incidan directamente en la creación de condiciones que permitan la incidencia y participación ciudadana en las decisiones de los gobiernos locales, principalmente en los espacios municipales.
Si queremos el fortalecimiento de nuestra sociedad, se requiere de un marco normativo más comprehensivo a nivel local, actualmente la relación entre la sociedad civil y el gobierno exige establecer mecanismos e instrumentos que permitan fortalecer su acción y contribuyan a profundizar la institucionalidad democrática y el desarrollo integral de la sociedad, con procedimientos participativos, plurales y trasparentes en sus acciones; buscando la equidad y combatiendo la corrupción; apoyando el dialogo y la concertación y operando sobre reglas del juego claras que les permitan asumir responsabilidades en los espacios de la acción pública.
Es fundamental avanzar hacia un entorno legal que facilite, incentive y fomente la transparencia, por medio de la armonización de los marcos normativos que promueven la acción ciudadana, articulando una visión donde el trabajo de las OSC sea reconocido y apoyado. Un elemento central de este entorno debe ser la confianza, entendida como una construcción social con leyes, procesos y procedimientos definidos que aseguren la igualdad de oportunidades y eviten la discrecionalidad.
Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a los Congresos Locales de las Entidades Federativas, particularmente a aquellas que no cuentan con una ley de fomento a las actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, a legislar para constituir un marco normativo adecuado que fortalezca la actuación de las OSC en las diversas áreas relacionadas con su materia de acción e impulse la participación ciudadana y el desarrollo social en todo el territorio nacional.
Notas
1 Que comprende además al Código Civil Federal y sus equivalentes a nivel estatal y la Ley de Asistencia Social básicamente.
2 Vargas González Pablo. “Reinserción de las organizaciones civiles en México. Estudio comparativo de la Ley de Fomento en diez estados”. Espiral, estudio sobre Estado y sociedad. Vol. XIX, número 53. Enero-abril 2012.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2015.
Diputada Blanca Jiménez Castillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la STPS a expedir las tablas de enfermedades de trabajo y valuación de incapacidades permanentes, a cargo de la diputada Elizabeth Vázquez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Elizabeth Vázquez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en virtud de las facultades conferidas en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes.
Consideraciones
La protección social de los trabajadores es un tema de gran relevancia que debe caracterizarse por la calidad de servicios para los trabajadores. La protección social a través del tiempo ha sido elevada a la categoría de un derecho humano fundamental por parte de la Organización de las Naciones Unidas e impulsada por la Organización Internacional del Trabajo.
La Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud refieren que cada año se registran alrededor de 1.2 millones de accidentes laborales y 160 millones de casos de enfermedades profesionales en todo el mundo.
Es por lo anterior que los trabajadores que prestan su fuerza de trabajo a cambio de un salario y que se encuentran en una situación de riesgo o incapacidad de seguir desempeñando sus funciones deben tener derecho a una indemnización o incapacidad de acuerdo a los criterios que indique la legislación correspondiente.
El mismo organismo internacional mencionó que: “la lista de enfermedades profesionales debe incluir pago por servicios de rehabilitación y asistencia médica para los trabajadores lesionados y víctimas de trastornos relacionados con el trabajo1 ”.
La importancia de estas listas radica en que si el trabajador, durante su estancia en el área laboral llegase a tener alguna enfermedad o bien algún accidente ya sea temporal o permanente originado por desempeñar alguna actividad laboral, con base en las referidas tablas se pueda brindar protección al trabajador en el sentido jurídico y en términos médicos a los que tiene derecho.
En nuestro país el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dio a conocer que cada año se registran 346 mil accidentes de trabajo, 5 mil personas se enferman a causa de las tareas que realizan y mil mueren desempeñando sus labores o a consecuencia de ellas2 . Asimismo, que los trabajadores que desempeñan labores en la industria que tiene que ver con la extracción de minerales como oro, plata, mercurio, antimonio, cobre, plomo y carbón así como quienes laboran en la fundición de hierro y acero o se dedican a la fabricación de yeso, cal, ladrillos y arcilla, son las personas que presentan una mayor predisposición a desarrollar alguna enfermedad.
Por otro lado, el mismo instituto señala que quienes desempeñan funciones en el trasporte terrestre representan el mayor número de muertes seguido de los trabajadores de la construcción. Y por último, el mayor número de personas que sufren accidentes en el trabajo son los que se desempeñan como vendedores de tiendas de autoservicio, preparación de alimentos y bebidas.
La tabla anterior con datos proporcionados por el IMSS, en la cual se evalúa el avance de accidentes, incapacidades y defunciones de trabajo a nivel nacional, en la cual se puede observar que para el caso de los accidentes de trabajo en el año 2004 la cifra fue de 282 mil 469 yendo en aumento y para 2013 escalando al doble a 416 mil 660. Para el caso de las enfermedades de trabajo en 2004 fue de 7 mil 418 y para 2013 descendió a 6 mil 364 junto con las defunciones que en 2004 presentó una suma de mil 77 en comparación con 2014 que fue de 982.
La cifra de incapacidades en cambio sí aumentó pues en 2004 era de 20 mil 753 y para 2013 se registraron 25 mil 625 casos.
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante que se trabaje en la elaboración actualizada de las tablas de enfermedades pues la que actualmente se encuentra vigente data del 1 de abril de 1970, es decir hace ya 45 años y existen un gran número de enfermedades de trabajo que no se encuentran contempladas en dicha tabla y circunstancias.
Los datos anteriores son de mucha importancia para los empleadores ya que muestran que los accidentes laborales en los últimos nueve años han ido en aumento junto con las incapacidades por lo que los patrones deben tomar las medidas de prevención correspondientes en los centros de trabajo.
Ya que nuestra Carta Magna, en su artículo 123, fracción XIV, refiere que los empresarios serán responsables de los accidentes de trabajo y enfermedades sufridas con motivo del ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten, por lo tanto, los patrones deberán pagar la indemnización correspondiente que haya traído como consecuencia.
Sin embargo para determinar una justa indemnización o incapacidad es indispensable que exista la tabla de enfermedades y accidentes laborales actualizada, la cual a la fecha no ha sido elaborada.
Siguiendo con el tema, la Organización Internacional del Trabajo, en su convención celebrada en 2012, emitió una serie de recomendaciones entre las cuales destacan que es obligación de las autoridades competentes elaborar una lista de enfermedades profesionales y en México esta obligación se está pasando por alto a pesar de los diferentes exhortos de los demás legisladores.
Algunos antecedentes al respecto son los siguientes: el 28 de marzo de 2014, la senadora María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó un punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a informar el motivo por el cual no se ha llevado a cabo la actualización de la tabla de enfermedades; por su parte, el 18 de junio de 2014 el Senado de la República emitió un punto de acudo en donde exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a enviar informe sobre los trabajos para la actualización de la tabla de enfermedades e incapacidades permanentes de los riesgos de trabajo.
Es por esto que al igual que los senadores, hacemos un llamado a la elaboración y modificación de esta tabla como se estableció en el artículo cuarto transitorio de la reforma a la Ley Federal del Trabajo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012:
“La Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá expedir las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo, en un término de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto...++NOTA 3++”
Puesto que la seguridad laboral es un derecho indispensable para los trabajadores en nuestro país.
Derivado de lo anterior sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados los siguientes:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a expedir a la brevedad posible, las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo.
Segundo. La Cámara de Diputados convoca a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que formule una consulta pública, a fin de integrar las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo con los sectores público, privado y social.
Notas
1. Archivo en línea
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc 90/rep-v-1.htm#Cuadro I del Convenio sobre las prestaciones consultado 13 de marzo de 2015 a las 2:36 hrs.
2. Archivo en línea http://mexico.cnn.com/salud/2013/04/28/los-trabajos-que-provocan-mas-en fermedades-accidentes-y-muertes-en-mexico consultado 13 de marzo de 2015.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2015.
Diputada Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo al Código Hacendario de Xalapa, Veracruz, a cargo del diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Danner González Rodríguez, Diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100, numeral 2, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La ciudad de Xalapa, ha sido a través de los tiempos referente cultural no sólo en el estado de Veracruz, sino a nivel nacional e internacional por sus callejones, monumentos históricos, la Universidad Veracruzana, las actividades artísticas como la música, el teatro, la danza, las artes visuales y otras. En Xalapa se respira día a día la cultura en todas partes.
Desafortunadamente, la ausencia de políticas culturales construidas desde la perspectiva de quienes hacen arte y cultura diariamente, y las determinaciones públicas erróneas de las autoridades municipales, el día de hoy ponen en peligro ya no sólo el desarrollo de la vida cultural del municipio de Xalapa, sino la existencia misma de ésta.
El 19 de diciembre de 2014 se concretaron una serie de reformas al Código Hacendario para el municipio de Xalapa, entre éstas destacan las que se hicieron al título II, capítulo II, Sección II, particularmente al artículo 206 de la normatividad referida.
A pesar de que el propio presidente municipal, Américo Zúñiga Martínez, ha dicho que no se afecta a los comerciantes ni artistas y que no hay nuevos impuestos, puesto que “sólo se ha procedido a actualizar los lineamientos del Código que rige la administración de la hacienda municipal respecto a los ingresos propios del Ayuntamiento que son destinados a servicios y obra de beneficio social”,1 , la realidad es otra.
A continuación se hace un cuadro comparativo entre el texto vigente del artículo 206 del Código Hacendario de Xalapa y el texto del mismo artículo pero antes de las reformas de diciembre del l9 de diciembre de 2014.
Con base en lo anterior, podemos decir que se establece un gravamen excesivo, toda vez que es objeto de contribución la publicidad inherente a la promoción de espectáculos artísticos y comerciales. Se están aplicando parámetros que resultan excesivos e injustos, lo cual vulnera los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad, consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: ...IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.
Las medidas fiscales tienen su génesis en la propia obligación de contribuir para sufragar los gastos públicos, pero de este deber no se desprende una regla general u omnímoda que imponga el sometimiento a contribuir con la misma intensidad a todas las manifestaciones de capacidad contributiva, sino por el contrario, del referido artículo 31, fracción IV, constitucional, deriva un mandato que obliga al legislador a diferenciar todas esas manifestaciones al tenor de sus características cualitativas o cuantitativas, a efecto de verificar si pueden ser gravadas o en qué medida pueden serlo.2
Además, 7 de los 14 incisos de la fracción II del artículo 206 del Código Hacendario de Xalapa, hacen referencia a gravar los medios a los que tradicionalmente recurre el teatro independiente para llevar público a sus espectáculos. Esto es desdeñar la importancia que tiene para la localidad los hacedores del teatro independiente y restringir las posibilidades de trabajo en la entidad.3
No se trata de un reclamo aislado o carente de sentido. La importancia del teatro independiente es ampliamente reconocida desde el punto de vista económico, social y cultural. Los hacedores de teatro independiente generan ingresos de entre cuarenta y sesenta millones de pesos al año para la entidad, es dinero que entra fresco a Xalapa y se queda circulando en la economía municipal. Y estoy hablando sólo de los hacedores teatrales. El teatro de Xalapa es un embajador en México y el mundo, representan el pasado, el presente y el futuro inmediato del teatro nacional.4
Si por ineficacia del gobierno estatal para garantizar la seguridad y la libertad de expresión ya nos quedamos sin el evento que desde el año 2011 se venía realizando llamado “Hay Festival Xalapa”. Ahora, bajo ninguna circunstancia podemos permitir que el arte y la cultura de Xalapa reciban otro agravio.
En el presente punto de acuerdo estoy solicitando que se exhorte, respetuosamente, al ayuntamiento de Xalapa para que haga las reformas inmediatas al Código Hacendario, y así evitar que se siga lesionando con cargas fiscales excesivas a los artistas y comerciantes de ese municipio, por un lado, y por el otro, para que implemente políticas públicas destinadas a alentar la vida cultural y artística de Xalapa, mediante estímulos al arte y a la cultura.
Tal vez habrá quien diga que con los resolutivos de esta proposición se vulneraría la autonomía municipal. Sin embargo, si bien es cierto que la Carta Magna en el artículo 115 establece que los estados tendrán como base de su división territorial y de su organización política y administrativa al municipio, y que la fracción IV del referido artículo constitucional señala que los municipios administrarán libremente su hacienda. También es cierto que en el ejercicio de la facultad que le da la Constitución federal a los municipios para manejar su hacienda, éstos deben apegarse al principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así lo ha dicho a través de jurisprudencia la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.5
Las autoridades municipales deben entender que con medidas como las del Código Hacendario, lejos de fortalecer la hacienda municipal y transparentar el cobro de las tasas, cuotas y tarifas de las contribuciones, se propiciará el desfalco en las arcas públicas por la inviabilidad en el pago y la renuencia a los cobros desproporcionados.
En los últimos días ha habido reuniones entre las autoridades municipales y representantes de la sociedad civil y organizaciones artísticas y de comerciantes de Xalapa, para que las inquietudes y reclamos sean oídos y, en función de ello, poder alcanzar un acuerdo. Sin embargo, no hay voluntad política suficiente para dar marcha atrás a las reformas regresivas en materia hacendaria.
Por lo tanto, considero necesario que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión debe hacer un exhorto a la autoridad municipal para que atienda esta problemática y no siga lesionando con cargas hacendarias excesivas a los artistas y comerciantes de Xalapa.
En virtud de lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea el presente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta, respetuosamente, al Ayuntamiento de Xalapa para que haga las reformas inmediatas al Código Hacendario para evitar que se siga lesionando con cargas fiscales excesivas a los artistas y comerciantes de ese Municipio.
Segundo. Se exhorta, respetuosamente, al Ayuntamiento de Xalapa para que implemente políticas públicas destinadas a alentar la vida cultural y artística de Xalapa, mediante estímulos al arte y a la cultura.
Notas
1 “No habrá nuevos impuestos en Xalapa: Américo Zúñiga”, Comunicado número 1877, 28 de noviembre de 2014, portal de internet del ayuntamiento de Xalapa. Disponible en http://xalapa.gob.mx/blog/no-habra-nuevos-impuestos-en-xalapa-americo-z uniga/
2 Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada: I.15o.A.155 A, tomo XXXII, noviembre de 2010, novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
3 “Reformas al Código Hacendario de Xalapa sí afectan a los artistas”, Al calor político, 2 de marzo de 2015. Disponible en: http:www.alcalorolitico.com/información/reformas-al-codigo-hacendario-de-xalapa-si-afectan-a-los-artistas-162079.html#.VPXF0YbFWf0 [Última consulta: 4 de marzo de 2015]
4 Ibídem.
5 Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia 2a./J. 126/2013 (l0a.), libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, Décima Época, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de marzo de 2015.
Diputado Danner González Rodríguez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por los titulares de la Sener y de Pemex acciones de mantenimiento y conservación de las refinerías, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Genaro Carreño Muro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a través del secretario de Energía y del director general de Petróleos Mexicanos, para que dentro del ámbito de sus atribuciones, realicen diversas acciones en materia de mantenimiento y conservación de las refinerías, lo anterior al tenor y bajo las siguientes
Consideraciones
Ante la caída en los precios del petróleo, el consejo de administración de la empresa productiva del estado autorizó un recorte al presupuesto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en su sesión del 13 de febrero del año en curso, aprobando así el plan de ajuste presupuestario por el orden de 62 mil millones de pesos, lo que representa una disminución de 11.5 por ciento respecto al presupuesto programable autorizado por el Congreso de la Unión.1
En este sentido, dicho plan de ajuste presupuestario se construyó con base en las siguientes premisas2 :
1. Minimizar el efecto en la producción de crudo y gas;
2. Minimizar el impacto en la restitución de reservas;
3. Mantener la capacidad de proveer al mercado nacional de petrolíferos;
4. Minimizar el impacto en la seguridad y confiabilidad de las instalaciones, con apego a las normas ambientales ;
5. Minimizar el posible impacto en la competitividad futura para la apertura del mercado nacional de petrolíferos, e
6. Incrementar la rentabilidad de Pemex.
Como podemos observar, uno de los puntos torales con los cuales se sustentó el plan de ajuste, es precisamente minimizar el impacto en la seguridad y confiabilidad de las instalaciones, por lo que es necesario referirnos al tema específico de las refinerías existentes en nuestro país, pero, sobre todo, es necesario impedir, a toda costa, que el recorte de gasto presupuestario que se tiene previsto realizar en Pemex Refinación, afecte la conservación y el mantenimiento de las refinerías, evitando poner en riesgo tanto la seguridad de los trabajadores como la de los habitantes de zonas aledañas a las instalaciones, así como evitar paros no programados, accidentes y el deterioro de los activos de la empresa por la falta de operación.
El gasto de presupuesto para la operación de Pemex Refinación en 2014 fue de 5 mil 485 millones de pesos, y para el ejercicio de 2015 se habían solicitado para la paraestatal 9 mil 798 millones de pesos. Sin embargo, sólo se le aprobaron 5 mil 304 millones de pesos, esto le genera una afectación para atender los compromisos operacionales y pasivos financieros, situación que la pone en un serio riesgo por la falta de recursos suficientes que permitan su eficaz funcionamiento.
Las adecuaciones presupuestarias establecidas para cubrir las obligaciones autorizadas para el mes de febrero del 2015 se consideraban 996 millones de pesos, pero sólo se ejercieron 694 millones de pesos, esto significó 302 millones menos de los programados para atender la operación continua y segura de los compromisos operacionales y financieros de las refinerías de Salamanca, Tula, Madero Cadereyta, Minatitlán y Salina Cruz.
Es importante señalar que más de 80 por ciento del gasto acumulado del presupuesto de operación se concentra en los rubros de mantenimiento, adquisiciones y servicios auxiliares y el restante se enfoca al rubro de otros.
90 por ciento de los recursos comprometidos por Pemex Refinación se centra en la categoría de críticos como: catalizadores, químicos, tratamientos integrales, refacciones, mantenimiento, arrendamiento, etcétera, insumos que permiten mantener la operación continua de las instalaciones. 10 por ciento restante se ubica en la categoría de ineludibles y contractuales dentro de los cuales resaltan: el contrato colectivo de trabajo, ropa de seguridad, contrato de agua para consumo, entre otros.
Con lo anteriormente mencionado las afectaciones son principalmente para la subsidiaria Pemex Refinación. El Ejecutivo considera privilegiar el tema de la exploración, por encima de la producción. La intención de Pemex, de mantener una política de austeridad en el área de refinación, para dar prioridad en el uso de sus recursos a exploración y producción, por considerarlo más rentable.
Esto sin duda tendrá consecuencias lamentables para todos los mexicanos. Afectará principalmente los proyectos de inversión que ya se tenían contemplados, como los de las reconfiguraciones pendientes en tres de las seis refinerías
Además, la falta de inversión en el Sistema Nacional de Refinación, ocasionará que las plantas sean más obsoletas y con menos capacidad, por lo que en un futuro serán inservibles y en el corto plazo disminuirán aún más su capacidad de producción.
Lo más grave es que sin los recursos indispensables para su operación y mantenimiento, se pondrá en riesgo la seguridad de los trabajadores y los habitantes de las comunidades aledañas a las instalaciones de Pemex.3
A pesar de que estos proyectos estratégicos de inversión podrían haber revertido la situación actual de Pemex Refinación, han sido cancelados o pospuestos. Este anuncio por parte de Pemex, afecta también los recursos humanos y servicios. Habrá una alarmante reducción del gasto para capacitación, incluso será inminente un escenario de despido de personal.
El riesgo por los recortes no puede tratarse a la ligera. Pemex Refinación permanece con un atraso considerable a pesar de los montos de inversión de proyectos como: calidad de los combustibles y programas de mantenimiento de la capacidad de producción de las refinerías que año con año se aprueban en el presupuesto.
Es evidente que Pemex Refinación ha tenido en los últimos años un ineficiente desempeño operativo, asociado a prácticas operativas poco favorables, limitaciones de infraestructura, rezagos en mantenimiento y recursos humanos, reconocido, por el propio Pemex. En su informe anual 2013 Petróleos Mexicanos reportó que algunos de los paros no programados en Pemex-Refinación, fueron producto de fallas en equipos, esto es un ejemplo de lo que esta subsidiaria padece debido a su mala administración, casos de corrupción, subutilización de plantas de refinación y tecnología obsoleta que disminuye la producción y aumenta los costos.
Pemex Refinación enfrenta una situación desfavorable ocasionada por graves deficiencias operativas y restricciones de infraestructura, e insuficiencia de recursos para financiar sus programas de operación, mantenimiento y expansión. A lo anterior se suman el aumento de accidentes que cuestan vidas.
En tanto prevalece esta situación, en Pemex Refinación la opacidad y la falta de información siguen imperando. No se tiene claridad con respecto al destino de los recursos enfocados a la operación y al mantenimiento de las plantas. Lejos de poner atención en estas fallas para mejorar la operación del Sistema Nacional de Refinación, se insiste en que a Pemex le conviene más refinar petróleo fuera de México que gastar en invertir en sus refinerías. La infraestructura actual con la que cuentan las refinerías, no ofrece posibilidades para su desarrollo.
Es difícil conocer a detalle y con certeza cuál es el destino del gasto ejercido por Pemex y sus organismos subsidiarios, la opacidad y la falta de acceso a la información siguen siendo una tarea pendiente para esta empresa productiva del estado. Al respecto, es preciso mencionar que la información que poseen los órganos del estado, cualquiera que sea su naturaleza, es información que, salvo ciertas excepciones, debe ser publicitada y dada a conocer a los gobernados a fin de acreditar tanto su buena administración en el manejo de recursos públicos, como generar una cultura de transparencia y rendición de cuentas.
Además, dicha información es un mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en el actuar de la administración, conducente y necesaria para una sana y efectiva rendición de cuentas.
Existe por parte de la población mucha desconfianza con respecto a la reforma energética recientemente aprobada, solamente una rendición de cuentas efectiva podría revertir esta situación. Los ciudadanos necesitan saber qué es lo que sucede con la administración de los recursos petroleros del país.
Particularmente en el caso de Pemex Refinación, se requiere comenzar a reconstruir la confianza acerca de sus decisiones, la forma en que se gastan los recursos, así como, en sus procesos internos, y sobre todo, en sus resultados.
El sector refinación tiene un impacto directo en la sociedad, tan solo en 2013, existían en Pemex Refinación, según datos del informe anual de 2013, 7 mil 92 plazas de confianza y 40 mil 888 de base. El desarrollo económico de la población que habita en los lugares en donde se encuentran ubicadas las refinerías, depende en buena medida de su existencia.
Debemos hacer de Petróleos Mexicanos una institución fuerte, capaz de establecer un buen sistema de rendición de cuentas, la desconfianza seguirá medrando en contra de la igualdad y la calidad de vida de todos.
La rendición de cuentas puede ser la puerta de entrada hacia la devolución de la confianza para los mexicanos que tanto necesitan. No basta con la nueva reforma energética. No es suficiente la reforma fiscal de Pemex. Lo que más falta es transparencia, en especial de su subsidiaria Pemex Refinación, para erradicar su ineficiencia administrativa que es muy costosa y de la cual depende el abasto de los petrolíferos del país, y con ello el desarrollo de la actividad económica de la nación.
Ahora bien, en términos de las manifestaciones anteriormente establecidas, tengo a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal, a través del secretario de Energía y del director general de Petróleos Mexicanos, para que dentro del ámbito de sus atribuciones, realicen las siguientes acciones:
1. Rectifiquen la política de recorte de gasto presupuestario que se tiene previsto realizar en Pemex Refinación, a fin de no llevar a cabo ninguna reducción de gasto en el tema de conservación y mantenimiento de las refinerías, dando cumplimiento así a la cuarta premisa con la cual se elaboró el plan de ajuste presupuestario de Pemex, la cual mandata minimizar el impacto en la seguridad y confiabilidad de las instalaciones.
2. Refuercen el programa de conservación y mantenimiento, tanto operativo como preventivo en las diversas refinerías del país, con el propósito de evitar poner en riesgo tanto la seguridad de los trabajadores como la de los habitantes de zonas aledañas a las instalaciones, así como evitar paros no programados, accidentes y el deterioro de los activos de la empresa por la falta de operación, y
3. Evitar a toda costa continuar con los despidos innecesarios de los trabajadores en el sector.
Notas
1. Ante la baja de los precios del crudo, el gobierno federal anunció recientemente un corte del gasto de 124 mil 300 millones de pesos (8 mil 290 millones de dólares). De este recorte, 62 mil millones corresponden a la petrolera; es decir, una disminución de 11.5 por ciento.
2. http://www.pemex.com/prensa/boletines_nacionales/Paginas/2015-011-nacio nal.aspx
3. Recientemente, Pemex oficializó que pronto México importará 100 mil barriles diarios de petróleo ligero desde EU, lo que arrancará para marzo o abril. Pemex Refinación no tiene capacidad para enfrentar un creciente consumo de petrolíferos, dado el incremento de la población y sus mayores necesidades. La producción total de petrolíferos que generó Pemex se situó en 2014 en un millón 229 mil barriles diarios, o sea que bajó 13.5 por ciento contra 2009. En concreto en gasolinas prácticamente ya importamos 53 por ciento de nuestros requerimientos que son de 770 mil barriles por día. Mientras en 2009 comprábamos 329 mil 500 barriles diarios de gasolina, el año pasado la cifra se incrementó a 408 mil 600 barriles.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2015.
Diputado Genaro Carreño Muro (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SEP, la PGR y el DIF a llevar a cabo una campaña de prevención, orientación e información respecto al grooming, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Karen Quiroga Anguiano, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El día diecinueve junio del año 1990, en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, México dejó claro que todas las niñas y los niños de nuestro país son sujetos de derechos que todo Gobierno, cualquiera que fuera el nivel, debería respetar, salvaguardar y garantizarlos en beneficio de los millones de niños mexicanos para una nueva estructura generacional. En este tenor, la República Mexicana y cada una de sus entidades federativas han elaborado propuestas y modificaciones a sus legislaciones, especialmente las leyes locales, con el fin de dar certeza, similitud y congruencia con este Tratado Internacional.
Primeramente, la mayor grande reforma fue reformas, el artículo 4º de nuestra Constitución se modificó para establecer lo siguiente: “Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.” Asimismo en ese mismo precepto se establece a rango constitucional que “El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.”
Por lo tanto, en cumplimiento a los principios constitucionales y la obligación del Estado de salvaguardar el interés superior de los menores, se publicó el año pasado en la Diario Oficial de la Federación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde se enunciaron una serie de garantías en su artículo 13 como son: el Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; el Derecho de prioridad; el Derecho a la identidad; el Derecho a vivir en familia; el Derecho a la igualdad sustantiva; el Derecho a no ser discriminado; el Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; el Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal; el Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social; el Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; el Derecho a la educación; el Derecho al descanso y al esparcimiento; el Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura; el Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información; el Derecho de participación; el Derecho de asociación y reunión; el Derecho a la intimidad; el Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso; los Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y el Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet.
Las autoridades de todos los niveles de Gobierno han trabajado constantemente para proteger a las niñas y los niños del país, con el objeto de que tengan un normal y sano crecimiento y desarrollo libre de toda clase de violencia, sin embargo de acuerdo con cifras del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal en el año 2007, se registraron 16,779 casos de maltrato a niños y niñas, de las cuales el 37.6 por ciento fueron de abuso físico y 25.2 por ciento de abuso emocional.
En el caso de abuso sexual, la proporción de denuncias hechas fue de apenas 5.2 por ciento, esto ante las amenazas provocadas por los propios generadores de violencia e incluso, por la desconfianza que existe con las autoridades que no puedan resolver sus casos con la mayor prontitud y eficiencia posible. Además, no obstante que el propio Código Penal impone sanciones desde ocho hasta veinte años de prisión a quienes abusan sexualmente de los menores de doce años, la falta de información y de seguridad en las instituciones que imparten justicia, ha provocado que pocas denuncias se hagan valer ante el Ministerio Público, imposibilitando que se les dé seguimiento a cada uno de estos casos.
Pero los padres no pueden proteger constantemente a sus hijos y menos cuando por derecho tienen la libertad al acceso a las tecnologías de la información, medio por excelencia de un millar de delitos, falsificaciones, estafas y robos sin que tengan un seguimiento y castigo a quienes los cometen. Enfrenta nuestra sociedad un problema serio ante las nuevas conductas atípicas como el sexting y el grooming .
Éste último caso, el grooming , hace referencia a un término anglosajón que se define como “las acciones que lleva a cabo un adulto por internet para ganarse la confianza y amistad de un menor haciéndose pasar por otro de la misma edad, con el objeto de pedirle imágenes o actos de contenido sexual o erótico para satisfacerse sexualmente”. Esta conducta se presenta constantemente en las redes sociales, chats, foros, blogs, correos electrónicos o webcams y puede ser generador de otros grandes delitos e incluso, ser parte de una red delictiva, como la pornografía infantil, trata y prostitución.
Esta conducta aún no tipificada en nuestro Código Penal Federal, acarrea una serie de eventos desafortunados que dañan psicológicamente a los menores incluso en agresiones físicas, amenazas, acoso o daño moral. Aunado a ello, los padres o tutores, profesores y maestros conocen poco o no dan la debida importancia a este tipo hechos, dejando pasar por alto problemas que pueden estar afectado seriamente y de manera irreversible a las y los niños.
Por lo tanto, es necesario y urgente que el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación Pública, la Procuraduría General de la República y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia elabore una campaña para prevenir el “grooming ”, de tal manera que difunda el tema en la sociedad, proporcione ayuda y orientación en sus centros de atención tanto a adultos como menores; se otorguen pláticas grupales en Colegios y Centros Sociales para explicar a los padres esta conducta y como evitarla, enseñando a sus hijos que es lo que deben y no deben hacer y en su caso, fomentar la denuncia a través de la policía para que realicen las investigaciones necesarias y se castiguen a los culpables.
Lo anterior, podrá incentivar a cada habitante que denuncie los casos de abuso sexual cometidos en contra de nuestros menores de edad, darle el respectivo seguimiento por las autoridades competentes hasta su total conclusión y así inhibir el índice de delitos registrados, salvaguardando los derechos de las niñas y niños del país.
Por todo lo anterior, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública y a las titulares de la Procuraduría General de la República y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para que en el ámbito de sus respectivas facultades, lleven a cabo una campaña de prevención, orientación e información a las y los mexicanos contra la conducta atípica denominada “grooming”.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de marzo de 2015.
Diputada Karen Quiroga Anguiano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a coordinar y realizar por la Segob y Capufe acciones para erradicar el ambulantaje en el puente internacional Hidalgo-Reynosa, de Tamaulipas, a cargo del diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal Humberto Armando Prieto Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional representado en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tengo a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la cual se exhorta al Poder Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Gobernación y al titular de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que se coordinen y realicen las acciones necesarias para erradicar el ambulantaje que se presenta en el puente internacional Hidalgo-Reynosa en el estado de Tamaulipas, bajo las siguientes:
Consideraciones
De acuerdo con la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF), establece en el artículo 5o. que es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes, así como el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares.
El artículo 31 de la LCPAF menciona que el establecimiento de puentes internacionales lo hará el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o bien podrá concesionar, en la parte que corresponda al territorio nacional, su construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento a particulares, estados y municipios en los términos de la ley, y conforme a lo que establezcan los convenios que al efecto se suscriban.
El puente internacional Hidalgo-Reynosa pertenece a la red operada por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), siendo este un Organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, y entre sus atribuciones se encuentran:
1) Conservar, reconstruir, mejorar, administrar y explotar por sí o a través de terceros los caminos y puentes a su cargo.
2) Administrar caminos y puentes federales concesionados mediante la celebración de los convenios correspondientes.
3) Coadyuvar a solicitud de la SCT en la inspección de carreteras y puentes federales concesionados y, en su caso, en la operación de estos últimos, así como en la ejecución y operación del programa de caminos y puentes concesionados.
Con lo anteriormente señalado, el puente internacional Hidalgo-Reynosa tiene su operación, administración y conservación bajo la responsabilidad de Capufe; por lo que la seguridad y protección civil de los usuarios que hacen uso de esta infraestructura está bajo su resguardo.
De acuerdo al Estatuto Orgánico de Capufe, el organismo debe establecer programas de seguridad vial y protección civil que atiendan la infraestructura carretera
En la mayoría de las carreteras y autopistas de nuestro país, sobre todo en las casetas y/o zonas de descanso o de baja velocidad es común encontrar vendedores ambulantes que desarrollan esta actividad como un manera de sobrevivir, como un trabajo, que aunque en la mayoría de los casos no afectan a los usuarios tampoco es una actividad legal. Poco se ha logrado y en muchos de estos casos, poco se ha intentado hacer para erradicar esta costumbre, al parecer se ha convertido en el menor de los males con lo que tienen que lidiar los responsables de Capufe.
Sin embargo, el ambulantaje en los puentes y/o cruces fronterizos en los últimos años ha evolucionado de una complicidad entre los comerciantes para crecer el negocio, a una mafia donde compiten entre ellos a través de la violencia.
Han transcurrido ya más de 5 años desde que se llevan a cabo reuniones entre diferentes autoridades municipales y federales para planear estrategias de cómo erradicar el ambulantaje, en específico, en el puente internacional Hidalgo, en donde hace unos meses se publicó una grabación de una riña entre “limpiavidrios” que utilizaban objetos punzocortantes para agredirse unos a otros sobre los automóviles que se encontraban esperando en línea para cruzar el puente, lugar en donde existen señalamientos que prohíben claramente el ambulantaje. Lo más preocupante de todo es que durante esta riña jamás se acercó ningún elemento de seguridad y/o policía. Claramente es una situación de la cual ya se perdió el control.
Que tiene que suceder para que esto llame la atención de los responsables de mantener el orden en estos puntos del País y lleven a cabo acciones que sean suficientes para terminar con el ambulantaje en esta zona. Existe la evidencia de una grabación que hizo publica un riña en específico, pero quién vigila y controla que lo anterior no se repita todos los días, que efectivamente se cumplan con los señalamientos que prohíben el ambulante.
Es obligación de los titulares de Capufe, apoyarse con las autoridades ya sea municipales o federales para poner orden en los puentes que se encuentran bajo su administración, por imagen, por seguridad de los usuarios y simplemente porque es una actividad ilegal.
Es importante darle una respuesta a los ciudadanos mexicanos, demostrarles que como autoridades llevamos a cabo todas las acciones que están a nuestro alcance para asegurar su integridad, que volteamos ante sus necesidades, esta es una petición para que se tomen medidas que demuestren ésta lucha contra la violencia, aún más ante los ciudadanos que habitan o visitan el norte del País. El quedarnos un año más sin intentarlo y en silencio, es apoyar esa violencia y fomentar por consecuencia el miedo y la falta de aliento para recuperar la paz en esta zona de México.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Gobernación y al Titular de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que se coordinen y realicen las acciones necesarias para erradicar el ambulantaje que se presenta en el puente internacional Hidalgo-Reynosa en el Estado de Tamaulipas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2015.
Diputado Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los medios de comunicación públicos de radio y televisión a destinar un espacio para transmitir el programa de noticias de la periodista Carmen Aristegui, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del PRD
Con fundamento en el artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados el que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
Detrás del supuesto conflicto entre MVS y Carmen Aristegui, existe un vínculo endogámico entre la dirección de MVS y funcionarios del gobierno federal que explica el origen de la insidia que finalmente desembocó en la censura del grupo de periodistas incómodos al gobierno actual.
Las virulentas reacciones que ha emprendido la dirección de MVS en contra de los periodistas que exhibieron públicamente el conflicto de interés entre la Presidencia, los contratos del Grupo Higa y la famosa Casa Blanca presidencial, no podría entenderse tan nítidamente si no conociéramos los vínculos entre la dirección de MVS y el gobierno federal, particularmente la relación familiar que existe entre Felipe Chao, vicepresidente de Relaciones Institucionales de MVS y su hermano Andrés Chao, actual subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación.
Adicionalmente, Eduardo Sánchez, quien hace un par de semanas acaba de ser nombrado director de Comunicación Social de la Presidencia, mantiene una añeja relación con la empresa MVS, de la cual ha sido consejero de Estrategia y coordinador de la Presidencia, también fue vicepresidente corporativo de Asuntos Jurídicos y Telecomunicaciones y se desempeñó como abogado general de MVS hasta antes de que el Partido Revolucionario Institucional asumiera la Presidencia en 2012.
De tal forma que la andanada que ha emprendido la dirección de MVS en contra del grupo de periodistas críticos y por tanto incómodos al gobierno de Enrique Peña Nieto, no obedece a un asunto entre particulares, todo indica que se trata de una vendetta cuyos operadores conforman una poderosa hidra con cabezas tanto en el gobierno federal como en MVS, dispuestas a amordazar a cualquiera que toque a su gobierno.
Genera mucha suspicacia que sea justamente el micrófono del equipo de periodistas que documentaron casos como el de Monex, que exhibieron la red de prostitución de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, y quienes evidenciaron los conflictos de interés en los que está involucrado el propio presidente de la República, hayan sido silenciados con un pretexto tan pueril como la mala utilización de la marca MVS.
En una democracia jamás se debe acallar a la crítica, mucho menos de una forma tan vulgar y tan despótica, vulnerando derechos constitucionales como la libertad de expresión y el derecho a la información.
En México existe un sistema público de radio y televisión administrado por las universidades, por los gobiernos locales, por el Poder Legislativo y el Poder Judicial, tales como TV UNAM, Canal 22, Canal Once, Canal Judicial, Canal del Congreso o el Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal, por mencionar sólo algunos ejemplos. Estos espacios son una alternativa para enfrentar el duro embate a la libertad de expresión que estamos advirtiendo en estos momentos y para brindar un espacio donde se pueda expresar la pluralidad de ideas del país.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a los medios de comunicación públicos de radio y televisión como TV UNAM, Canal 22, Canal Once, Canal Judicial, Canal del Congreso y al Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal, a que destinen un tiempo en su programación a fin de que sea transmitido el programa de noticias de la periodista Carmen Aristegui, y con ello enfrentar el duro embate que está experimentando nuestro país al derecho a la información y a la libertad de expresión, ambos derechos establecidos en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2015.
Diputado Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por el director general de Capufe acciones para restablecer la iluminación en el acceso del puente internacional Reynosa-Pharr, en Tamaulipas, a cargo del diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal Humberto Armando Prieto Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, representado en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la cual se exhorta al Poder Ejecutivo federal a través del Titular de Caminos y Puentes de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), para que realice las acciones necesarias que permitan el restablecimiento de la iluminación en el acceso al puente internacional Reynosa-Pharr, en Tamaulipas, bajo las siguientes
Consideraciones
Con la construcción y apertura de diversos puentes, túneles y vías en la parte norte del país se ha logrado poner al alcance de un gran número de ciudadanos un traslado más directo y más seguro a las ciudades que son frontera con Estados Unidos. Reynosa es una de las ciudades beneficiadas con estos proyectos ya que se ha convertido en el medio idóneo para que los habitantes de entidades colindantes o cercanas como lo son Sinaloa y Nayarit puedan visitar el país vecino a través del puente internacional Reynosa-Pharr.
El pasado 29 de septiembre se dio a lugar la conferencia del titular de Capufe, Benito Neme Sastré ante la Comisión de Transportes, en el marco de la glosa del segundo informe de gobierno del ejecutivo federal, dentro del cual, el suscrito le transmitió directamente las inquietudes que hoy existen sobre el deficiente mantenimiento que se le brinda a ciertas autopistas y puentes internacionales en la frontera norte de México.
En resumen, el representante de Capufe reiteró sobre lo complicado y costoso que puede convertirse el mantenimiento de este tipo de vialidades, y que puede tomar su tiempo el ejecutar los arreglos necesario para mantener en buen estado estas vías, manifestación que sólo excusa mas no justifica el deterioro de estas vías de comunicación.
El caso que nos preocupa sobre todo por cuestiones de seguridad, es la falta de iluminación notable en algunos tramos del acceso del puente internacional Reynosa Pharr, todo el alumbrado del lado mexicano se encuentra apagado.
El puente internacional Pharr representa una importante obra de infraestructura que favorece al intercambio comercial y al flujo de personas entre México y Estados Unidos. El responsable del puente y concesionario es Banobras-Farac, pero es Capufe quién opera su funcionamiento.
De acuerdo a sus especificaciones físicas, el puente presenta una longitud de 2.6 kilómetros, cuenta con cuatro carriles y posee una banqueta peatonal en ambos sentidos, para que las personas puedan acceder a las garitas y realizar sus trámites correspondientes de migración e internación.
De los 11 puentes internacionales que opera Capufe, este es el que registra más tránsito vehicular de carga, con alrededor de 2 mil unidades diarias además de las 3 mil unidades ligeras que cruzan la frontera diariamente.
En teoría, Capufe pone en manos de empresas privadas el mantenimiento de sus puentes y vías, sin embargo es su responsabilidad verificar de dichas empresas cumplan con los contratos y obligarlas a que realicen las acciones necesarias para que se brinde este servicio esencial.
Si la causa de la falta de iluminación es imputable a la Comisión Federal de Electricidad, entonces se le invita a que gestione los oficios necesarios para que dicha Comisión verifique sus cableados y se logre brindar la electricidad necesaria a la zona. En fin, se responsabilice y solucione este problema.
Está de sobra destacar la inseguridad que en la actualidad habita en el estado de Tamaulipas y lo complicado que esta siendo poder recuperar la tranquilidad de sus habitantes y/o de turistas que ayuden a mejorar la situación económica que viven la mayoría de los tamaulipecos que decidieron no abandonar sus hogares o sus negocios.
Este tipo de problemas son detalles que esta en nuestras manos solucionar, a través de la eficiencia y de nuestro compromiso podemos a los usuarios el servicio que se merecen y que por derecho nos obliga y simultáneamente brindarles ciertas seguridad.
La falta de iluminación notable en este puente no sólo daña la imagen de Reynosa, también simboliza que Tamaulipas no es si quiera capaz de responsabilizarse de sus puentes fronterizos, como entonces se espera que se responsabilice de la situación social, y en consecuencia y en contraste con el país vecino es México también quien se ve afectado por esta falta de servicio, si no podemos darles iluminación a los ciudadanos, como queremos prometerles seguridad. Es momento de aprovechar estas oportunidades que tenemos de hacer las cosas correctamente, Tamaulipas lo necesita.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a través del titular de Caminos y Puentes de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), para que realice las acciones necesarias que permitan el restablecimiento de la iluminación en el acceso al puente internacional Reynosa-Pharr en Tamaulipas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2015.
Diputado Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a atender la solicitud del gobierno de Colima para liberar los recursos del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas en apoyo de los productores agrícolas de la entidad afectados en sus cultivos por las recientes lluvias, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN
La diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN en la LXII Legislatura, con fundamento con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracciones II y III, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del gobierno federal, para que atienda a la brevedad la solicitud del gobierno del estado de Colima, a fin de que libere los recursos que maneja el Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, en apoyo a todos los productores agrícolas que han sido afectados en sus cultivos con motivo de las recientes lluvias atípicas en la entidad, al tenor de las siguientes:
Considerandos
En los últimos años, los fenómenos naturales han tenido un mayor índice de afectación en la población mundial, esto debido principalmente al denominado cambio climático, cuyos efectos y repercusiones nuestro país no se encuentra exento de padecer. De esta manera, las estaciones del año se han modificado sustancialmente y muchas veces sus fenómenos característicos se retrasan o adelantan, ocasionando afectaciones directas a la población debido a que toman de improviso a la ciudadanía. Un ejemplo de lo anterior es la temporada de ciclones y huracanes, que además de suscitarse en tiempos y fechas diferentes a las previstas, debido a su intensidad ocasionan inundaciones en diversas comunidades y municipios del territorio nacional, cuyos estragos son notorios y palpables para una gran parte de la población civil.
El caso de Manzanillo es un ejemplo arquetípico de lo sostenido en las líneas anteriores, debido a que por su situación geográfica, a lo largo de los años ha sobrevivido a las diferentes manifestaciones naturales, como en 1959, el huracán Lynda tuvo el mayor impacto en este municipio; en 1999 otro huracán, denominado Greg, ocasionó severos daños por las inundaciones; el huracán Lane, en 2006 ocasionó serios estragos en este municipio colimense; así también, con el paso del huracán Jova en octubre de 2011, fueron afectadas más de 90 mil personas, además de plantaciones agrícolas, conexiones carreteras e infraestructura urbana, y los ciclones Ingrid y Manuel en septiembre de 2013, ocasionó que más de 264 personas fueran desalojadas e instaladas en albergues temporales.
En está ocasión, las lluvias atípicas de los días 13, 14, 15 y 16 de marzo provocadas por la Novena Tormenta Invernal localizada al sur de la península de Baja California y la interacción de la masa de aire frío que impulsó al frente frío número 41, con la entrada de aire húmedo del océano Pacífico, ocasionaron daños en muchos estados de república como son: Jalisco, Nayarit, Michoacán, sur de Durango, San Luis Potosí, Aguascalientes, occidente de Zacatecas, Nuevo León, Guanajuato y estado de México y Colima.
En Colima debido a las intensas lluvias el gobierno estatal, por recomendación de la Unidad Estatal de Protección Civil, declaró la suspensión de clases en esos días, y ya está tramitando la declaratoria de emergencia de desastre para los 10 municipios; sin embargo las precipitaciones afectaron gravemente al campo, perjudicando a más de doce mil familias que dependen de cultivos ya que, aproximadamente más de 11 mil 450 hectáreas de tamarindo, mango, limón, zarzamora, melón, sandía, tomate y chile, en los municipios de Armería, Cuauhtémoc, Coquimatlán, Ixtlahuacán, Manzanillo y Tecomán.
Así, el cultivo de tamarindo presenta graves daños en la producción total que se cosecharía en 2 mil 300 hectáreas; por su parte el cultivo del mango presenta daños en la floración, afectando 3 mil 500 hectáreas; por lo que de continuar las lluvias se estima una disminución de la producción del 50 al 60 por ciento, lo que equivale a un volumen de 22 mil 500 toneladas de fruta.
Por su parte el cultivo del limón, quedó afectado a más de 5 mil hectáreas aproximadamente, lo que se estima pérdidas de mil toneladas por afectaciones de la floración. De igual manera, en el caso de las hortalizas, se detectaron graves daños en el melón en 150 hectáreas, de sandía en 60 hectáreas, de tomate en 100 hectáreas y de Chiles en 300 hectáreas. Finalmente, en el caso zarzamora, se detectaron más de 140 hectáreas con pérdidas de fruta en los Municipios de Cuauhtémoc y Minatitlán.
Por lo que corresponde a los daños en la infraestructura, se detectaron crecientes en el río Marabasco y se reportó que a la altura de El Chavarín y El Centinela hubo escurrimientos, los cuales se continúan manifestando. Por lo que respecta a los daños carreteros las principales vías afectadas son la carretera Marabasco-El Charco-El Chavarín, Santiago-chandiablo, Huizcolote-Puertecito de Lajas y acceso a la Universidad Tecnológica de Manzanillo, en el municipio de Manzanillo.
De igual forma, se reportan daños en el ingreso a Cuyutlán-El Tortugario en Armería; el libramiento norte y el Camino Real-Pascuales en Tecomán; la carretera Villa de Álvaréz-Minatitlán; la carretera Puerta de Ánzar-Estapilla en Colima: Trapichillos- Alzada-Alcaraces en Cuauhtémoc; así como en la carretera Carrizalillos-San Antonio-La Becerrera en Comala; camino a Pueblo Juárez en Coquimatlán y Turla-Tamala en Ixtlahuacán.
Así, nuevamente la deficiencia de la infraestructura y de proyectos hidráulicos no terminados para prevenir los daños de este tipo de catástrofes provocadas por fenómenos naturales, ha propiciado que los habitantes de Colima se vean frecuentemente afectados, no sólo durante las temporadas de ciclones en el Pacífico, sino también por estas lluvias atípicas que han ocasionado severos daños y pérdidas económicas en la entidad.
Por lo antes expuesto someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del gobierno federal, para que atienda a la brevedad la solicitud del gobierno del estado de Colima, a fin de que libere los recursos que maneja el Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, en apoyo a todos los productores agrícolas que han sido afectados en sus cultivos con motivo de las recientes lluvias atípicas en la entidad.
Dado en el salón de sesiones, a 24 de marzo de 2015.
Diputada Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Puntos Constitucionales de esta soberanía a dictaminar la iniciativa que reforma los artículos 19, 20 y 73 de la Carta Magna, en materia de desaparición de personas, a cargo de la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Raquel Jiménez Cerrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral i, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, II y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo con base a las siguientes
Consideraciones
Primera. En nuestro país la desaparición forzada de personas era una práctica común en los inicios de la vida independiente, pues las agencias policíacas servían a los intereses de un sector privilegiado de políticos en el poder, cobrando a través de éstas, las venganzas políticas o neutralizando a los adversarios políticos, motivos que llevaban a los Servidores Públicos a cometer conductas de esta índole en contra de los ciudadanos, así como a la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Desafortunadamente, esta lamentable práctica fue retomada en los años 70 durante la guerra sucia, en el que se dejó un número aún desconocido de muertos y desaparecidos en México. El número de denuncias recibidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) relacionadas con crímenes de Estado durante las décadas de 1960 a 1980 asciende a 374. Sin embargo, es posible que las víctimas sean muchas más. Tan sólo el Comité Eureka maneja un total de 557 expedientes de personas desaparecidas entre 1969 y 2001, de las cuales más de 530 corresponden a personas desaparecidas hasta la década de 1980.
Lastimosamente, la impunidad que hubo en los casos anteriormente relatados ha generado condiciones para que conductas tan graves como la que nos ocupa se sigan cometiendo, y que no haya operado la garantía de no repetición, como se advierte con la situación actual que vive el país, pues resulta por demás inaceptable que en este nuevo milenio el Estado siga cometiendo esta clase de delitos como forma de represión a los ciudadanos; esto aunado a que la conducta delictiva ha evolucionado y ya no sólo el estado es quien perpetra las desapariciones de personas, pues el crimen organizado también utiliza esta modalidad para ajustar cuentas o cometer otra clase de delitos como lo es la trata de personas, el tráfico ilegal de órganos, entre otras.
La cifra oficial ofrecida sobre personas en esta condición por el actual gobierno ha oscilado entre 8 mil y 26 mil 121; la más actual, anunciada en octubre de 2014, es de 23 mil 371, sin especificar cuántas corresponden a desaparición forzada, cuáles son atribuibles a la delincuencia organizada y quiénes están en calidad de “no localizadas” y si a eso le sumamos las muchas otras que no son denunciadas, sin duda el número crecería catastróficamente. Cifras preocupantes y desgarradoras, pues la desaparición no sólo afecta al individuo víctima de la conducta, sino también a la familia y a la sociedad en general; es decir si hablamos de víctimas son 23,371 personas desaparecidas, más sus familiares.
Segunda. Acorde con el artículo 1o. constitucional, en México todas las personas gozan de los derechos humanos y garantías para su protección reconocidas en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma Constitución establece.
Asimismo, las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia y todas las autoridades, en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por lo tanto deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
En ese tenor, la tutoría de los derechos humanos para todos los individuos que se encuentran en nuestro territorio, es obligación del estado conferida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiéndole la persecución de delitos, ejecución de penas y sanciones a la federación, estado y municipios, preservando la integridad, orden, libertad y paz social.
Tercera. El día 3 de febrero de 1981, el Estado mexicano firmó y se adhirió a la Convención Americana en materia de Derechos Humanos, suscrita en San José, Costa Rica, el día 22 de noviembre de 1969, comprometiéndose con ello a respetar los derechos y libertades contemplados y reconocidos, así como a garantizarlos. Dentro del documento encontramos derechos esenciales del hombre tales como la vida, la libertad personal y la integridad personal.
Por otra parte, el día 2 de abril de 2002, México ratificó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas , suscrita en la Ciudad de Belem, Brasil el 9 de junio de 1994, Convención que en sus artículos primero y tercero, establece el compromiso de los estados firmantes, de adoptar las medidas de carácter legislativo necesarias para tipificar y sancionar en el ámbito de su jurisdicción el delito de desaparición forzada.
De igual manera, el día 15 de enero de 2008, México ratificó La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que en sus artículos primero, segundo, tercero y cuarto compromete a los Estados parte para que tomen las medidas necesarias para que la desaparición forzada y la desaparición cometida entre particulares, sean tipificadas como delitos en el marco de la legislación local.
Al respecto, cabe destacar que en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece el deber de respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos ella. Respecto a la obligación de Garantía la Corte Interamericana ha establecido que puede ser cumplida de diversas maneras, las cuales tienen que ver con el derecho específico que el propio Estado debe garantizar a los particulares y de las particulares necesidades de protección.
Esta Obligación implica el deber de los Estados de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifieste el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como parte de dicha obligación, el Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación. Lo decisivo es dilucidar si una determinada violación [...] ha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder público o si peste ha actuado de manera que la transgresión se haya cumplido en defecto de toda prevención o impunemente.1
La corte reitera que no basta que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición persona o por la situación específica en que se encuentre.2
De lo anterior se desprende que la obligación de un Estado, en casos específicos de desaparición, implica la obligación de prevenir e investigar las posibles desapariciones, implementando “todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales.3
En tal virtud, el actuar del Estado deberá en todo momento estar regido por la preservación de los derechos humanos, instrumentando las leyes necesarias a fin de fortalecer la estructura legal que garantice el correcto desarrollo de la sociedad, armonizando las leyes promulgadas con los compromisos internacionales a los que el estado mexicano sea parte.
Es decir, el Estado tiene la obligación de proteger al individuo de los actos de particulares y de agentes estatales que obstaculicen el ejercicio de sus derechos, al respecto la Corte Interamericana ha señalado:
...los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones necesarias para que no se produzcan violaciones a los derechos humanos, así como el deber de impedir que sus agentes o particulares atenten contra ellos...4
Los Estados deben adoptar las medidas necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza a los derechos humanos ; establecer un sistema de justicia efectivo capaz de investigar, castigar y dar reparación por la privación de la vida y libertad por parte de agentes estatales o particulares; y salvaguardar el derecho a que no se impida el acceso a las condiciones que garanticen una existencia digna.5
De lo anterior, se concluye que el Estado tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias, tanto a nivel legislativo, administrativo y judicial, mediante la emisión de normas penales y el establecimiento de un sistema de justicia para prevenir, suprimir y castigar la participación de los agentes del Estado en actos criminales, así como también para prevenir y proteger a los individuos de actos criminales de otros individuos e investigar efectivamente estas situaciones.
No obstante lo anterior, al día de hoy no se cuenta con un marco normativo adecuado, que atienda la situación preocupante por la que actualmente atraviesa el país en materia de desaparición de personas, y mucho menos que cumpla con los compromisos internacionales a los que nos encontramos sujetos.
Cuarta. Atento a lo antes expuesto, el pasado 14 de octubre presenté una iniciativa proyecto de decreto que reforma los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desaparición de personas, con objeto de dotar de facultades al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de desaparición de personas; facultar al Juez para ordenar de oficio, prisión preventiva para el caso de desaparición de personas, así como adicionar como derecho de la víctima u ofendido, el de resguardar sus datos personales, cuando se trate de desaparición de personas.
Lo anterior, en virtud de la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar la Desaparición de Personas, que presenté en diciembre pasado, la cual acata puntualmente los compromisos internacionales que el Estado mexicano ha adquirido.
Al respecto, es de destacar que medularmente la iniciativa en comento persigue crear un ordenamiento jurídico con el objeto de tipificar la desaparición de personas; establece los tipos y punibilidades en la materia; da pleno reconocimiento y efectividad a los derechos de las víctimas; establece las reglas básicas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas; propone la creación de una base de datos que contengan los registros de ADN de restos corpóreos encontrados y los de los familiares de las víctimas de desaparición; así mismo prevé un capítulo sobre el procedimiento de declaración de ausencia por desaparición con el propósito de dar pleno reconocimiento a la personalidad jurídica de las víctimas de los delitos previstos en esta ley, independientemente de que se conozca la identidad del responsable, o del estado procesal del caso. Sobre el particular, es de señalar que esta aun no ha sido dictaminada por la Comisión de Justicia.
Quinta. El pasado 2 y 3 de febrero, en el marco del octavo periodo de sesiones del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas celebrado en Ginebra, Suiza; se evaluó a México respecto al alcance de las medidas adoptadas por el gobierno mexicano para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del mencionado tratado internacional desde su entrada en vigor en 2010. México ratificó la Convención en 2008 y es hoy uno de los 44 Estados parte.
Al respecto, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, presentó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un informe donde afirmó que México tiene un “serio problema” en materia de desapariciones ya que no ha cumplido con muchos de sus compromisos internacionales en este tema y no cuenta con un registro nacional eficaz y transparente.
De acuerdo con el documento el ombusdman nacional incluso solicitó al Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU que hiciera diversas recomendaciones al gobierno en esta materia, entre las que destacan las siguientes:
a) La necesidad de contar con un eficaz y exhaustivo Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Para ello es necesario que todas las instituciones de procuración de justicia cuenten con criterios claros, homologados y públicos sobre la forma en que califican las denuncias de desaparición, la investigación que llevan a cabo y la manera en que reportan los casos.
...
e) La conformación de un adecuado sistema nacional para la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas;
f) La creación en el ámbito de las instancias de procuración de justicia, de grupos capacitados y especializados en la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas;
g) La investigación que realicen los órganos de procuración de justicia no debe circunscribirse a encontrar y sancionar a los responsables de una desaparición de personas, sino dar con el paradero de estas últimas;
h) El establecimiento de protocolos de búsqueda de personas desaparecidas que generen una reacción inmediata de las autoridades, para dar con el paradero de las personas;
i) La creación de un sistema nacional de información genética que incluya material de este tipo y muestras biológicas de familiares de personas que han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas, y el análisis de la información genética de restos humanos encontrados en fosas comunes y clandestinas;
...
k) La expedición de una Ley General en materia de Desaparición Forzada;
l) La tipificación del delito de desaparición por particulares y la declaración de ausencia por desaparición;6
Asimismo, el pasado 13 de febrero el Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas remitió al Gobierno de México las observaciones finales y recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada, en respuesta al informe que presentó sobre la implementación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada; entre las que destacan las siguientes:
12. El Comité insta al Estado parte a continuar cooperando con el Comité en el marco de su procedimiento de acción urgente y a garantizar el tratamiento inmediato y el seguimiento regular de todas las acciones urgentes y solicitudes de medidas cautelares y de protección remitidas por el Comité.
...
16. El Comité, recordando el artículo 41 de la Convención, recomienda que el Estado parte adopte las medidas necesarias para asegurar que, tanto a nivel federal como estatal, la legislación y la práctica se ajusten plenamente a las obligaciones consagradas en la Convención. Al respecto, lo alienta a aprobar a la mayor brevedad posible una ley general que regule de manera integral los aspectos de la desaparición forzada contenidos en la Convención, en particular aquellos relativos a la prevención, investigación, juzgamiento y sanción de las desapariciones forzadas así como a la búsqueda y situación legal de las personas desaparecidas. Asimismo, el Comité recomienda que se garantice la participación de las víctimas de desaparición forzada, las organizaciones de la sociedad civil y la CNDH en todo el proceso encaminado a la adopción de esta ley.
...
18. El Estado parte debería adoptar las medidas necesarias a fin de contar con un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional que permita establecer estadísticas confiables con miras a desarrollar políticas públicas integrales y coordinadas encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito aberrante. Dicho registro debería, como mínimo: a) reflejar de manera exhaustiva y adecuada todos los casos de personas desaparecidas, incluyendo información acerca del sexo, edad y nacionalidad de la persona desaparecida y lugar y fecha de desaparición; b) incluir información que permita determinar si se trata de una desaparición forzada o de una desaparición cometida sin ninguna participación de agentes estales; c) permitir generar datos estadísticos respecto de casos de desaparición forzada aun cuando hayan sido esclarecidos; y d) ser completado con base en criterios claros y homogéneos y actualizado de manera permanente. En este contexto, el Estado parte debería valerse de la oportunidad que ofrece el hecho de que la reglamentación de la ley del RNDPED aún esté pendiente para asegurar que cumpla con los criterios antes expuestos. Asimismo, debería adoptar las medidas necesarias para garantizar que las autoridades encargadas de ingresar los datos pertinentes lo hagan de manera uniforme, exhaustiva e inmediata luego de que se tenga conocimiento de una desaparición.
...
20. El Estado parte debería adoptar las medidas legislativas necesarias a fin de asegurar que a la mayor brevedad posible la desaparición forzada sea tipificada, tanto a nivel federal como estatal, como delito autónomo que se ajuste a la definición contenida en el artículo 2 de la Convención y que prevea penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad. A la luz del artículo 8 de la Convención, debería también garantizar que, en caso de que se aplique un régimen de prescripción al delito de desaparición forzada, el plazo del mismo sea prolongado y proporcionado a su extrema gravedad y que, teniendo en cuenta el carácter continuo de la desaparición forzada, se cuente a partir del momento en que cesa el delito.
...
22. El Comité recomienda que el Estado parte adopte las medidas legislativas necesarias con miras a que, tanto en la legislación federal como en la estatal, se prevea específicamente la responsabilidad penal de los superiores jerárquicos en los términos establecidos en el artículo 6, párrafo 1(b), de la Convención.
...
24. El Estado parte debería, en cooperación con los países de origen y destino y con la participación de las víctimas y la sociedad civil, redoblar sus esfuerzos con miras a prevenir e investigar las desapariciones de migrantes; perseguir penalmente a los responsables; y proteger adecuadamente a los denunciantes, peritos, testigos y defensores. Asimismo, el mecanismo transnacional de búsqueda y acceso a la justicia debería garantizar: a) la búsqueda de las personas migrantes desaparecidas y, en caso de hallarse restos, su identificación y restitución; b) el relevamiento de información ante mortem y su integración a la base de datos ante mórtem -post mórtem; y c) que los allegados de las personas desaparecidas, independientemente del lugar en el que residan, tengan la posibilidad efectiva de obtener información y participar de las investigaciones y búsqueda de las personas desaparecidas.
...
28. El Estado parte debería redoblar sus esfuerzos con miras a asegurar que, cuando haya motivos razonables para creer que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, se proceda a realizar sin demora una investigación exhaustiva e imparcial, aun cuando no se haya presentado una denuncia formal, y que los presuntos autores sean enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos. Asimismo, el Estado parte debería:
a) Garantizar que, cuando haya indicios para suponer que se pudiera haber cometido una desaparición forzada, se proceda, sin dilación, a investigar de manera efectiva a todos los agentes u órganos estatales que pudieran haber estado involucrados, así como a agotar todas las líneas de investigación;
b) Fomentar y facilitar la participación de los allegados de la persona desaparecida en las investigaciones, sin que esto les confiera la responsabilidad de producir las pruebas necesarias para la investigación;
c) Garantizar la efectiva coordinación y cooperación entre todos los órganos encargados de la investigación y asegurar que cuenten con las estructuras y los recursos técnicos, periciales, financieros y de personal adecuados a fin de que puedan desempeñar sus funciones con celeridad y de manera eficaz;
d) Tomar las medidas necesarias para garantizar que las fuerzas del orden o de seguridad, sean civiles o militares, cuyos miembros se encuentren bajo sospecha de haber cometido una desaparición forzada no participen en la investigación.
29. El Comité alienta al Estado parte a que considere establecer en el ámbito de la PGR una unidad fiscal especializada en la investigación de las desapariciones forzadas que cuente con recursos adecuados, en particular personal específicamente capacitado en la materia; con una perspectiva estratégica a nivel nacional y trasnacional sobre este fenómeno delictivo; que nutra las tareas de búsqueda; y trabaje de manera coordinada con otras agencias relevantes, en particular la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
...
41. A la luz del artículo 24, párrafo 3, de la Convención, el Estado parte debería redoblar sus esfuerzos con miras a la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la búsqueda, respeto y restitución de sus restos. En particular, debería:
a) Garantizar en la práctica que cuando se tenga noticia de una desaparición se inicie la búsqueda de oficio y sin dilaciones de modo de acrecentar las posibilidades de encontrar a la persona con vida;
b) Asegurar que la búsqueda sea llevada adelante por las autoridades competentes con la participación de los allegados de la persona desaparecida;
c) Fortalecer la base de datos ante mórtem–post mórtem, asegurar que esté plenamente operativa en todas las entidades federativas a la mayor brevedad posible, y garantizar que sea completada con la información pertinente de todos los casos de personas desaparecidas, sin excepción, en estricta conformidad con los protocolos relevantes ;
d) Fortalecer la base de datos genéticos de la PGR con miras a garantizar que incorpore información relativa a todas las personas que hubieran desaparecido en el Estado parte;
e) Garantizar la efectiva coordinación, cooperación y cruce de datos entre los órganos con competencia para la búsqueda de personas desaparecidas e identificación de sus restos cuando hubieran fallecido y asegurar que cuenten con los recursos económicos, técnicos y de personal necesarios.
...
43. El Comité recomienda que el Estado parte adopte las medidas necesarias para asegurar que la legislación en todo el Estado parte establezca un procedimiento para obtener una declaración de ausencia por desaparición forzada con el fin de regular de manera apropiada la situación legal de las personas desaparecidas cuya suerte no haya sido esclarecida y la de sus allegados. 7
Al respecto, en el apartado “Principales motivos de preocupación y recomendaciones” del informe en comento, el Comité de la ONU destaca que los datos aportados por nuestro país ilustran un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio nacional, que en su mayoría podrían calificarse como desapariciones forzadas.
En este sentido, tal y como puede advertirse en la transcripción que antecede, hizo un llamado enérgico al Gobierno de México con el fin de que adopte las medidas necesarias para asegurar que, tanto a nivel federal como estatal, la legislación y la práctica se ajusten plenamente a las obligaciones consagradas en la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; alentándolo a aprobar a la brevedad posible una ley general que regule de manera integral los aspectos de la desaparición forzada contenidos en la Convención, en particular aquellos relativos a la prevención, investigación, juzgamiento y sanción de las desapariciones forzadas, así como a la búsqueda y situación legal de las personas desaparecidas.
Asimismo, el Comité de la ONU agregó que se deben adoptar medidas legislativas para que a la brevedad posible, la desaparición sea tipificada como delito grave y tenga un plazo prolongado de prescripción; recomendó la creación de un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional que permita establecer estadísticas confiables con miras a desarrollar políticas públicas integrales y coordinadas encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar este lastimoso delito.
En sus conclusiones, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas estableció como fecha límite el 13 de febrero de 2018 para que México presente información concreta y actualizada acerca de la aplicación de todas sus recomendaciones.
De lo antes expuesto, se advierte la imperante necesidad de contar con un marco jurídico en la materia, la situación del país lo exige, y los compromisos internacionales nos obligan. En tal virtud y toda vez que en la elaboración de la iniciativa de ley general señalada en la consideración cuarta del presente punto de acuerdo, se llevó a cabo una mesa de trabajo para el análisis y discusión de la misma, con personalidades de la talla del maestro Javier Hernández Valencia, representante del alto comisionado de las Naciones Unidas; el doctor Luis García López Guerrero, primer visitador de la CNDH; el maestro Alán García Campos, consultor jurídico de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas; el maestro Santiago Corcuera Cabezut, miembro Comité sobre las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas; el licenciado Silvano Joel Cantú Martínez, consultor independiente en temas de derechos humanos, así como el licenciado Juan López Villanueva, asesor de la Asociación Civil Fuerzas Unidas de Nuestros Desaparecidos, recopilándose los comentarios y observaciones de estos expertos, para incorporarlos a la iniciativa de mérito, culminando en la presentación de la misma el pasado 2 de diciembre ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados, para ser turnada a la Comisión de Justicia de esta honorable soberanía. Cabe señalar que entre las observaciones de los expertos en comentó, destacó la falta de facultades del Congreso de la Unión para legislar en la materia; razón por la cual primeramente se presentó la iniciativa de reforma constitucional en materia de desaparición de personas, misma que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales el pasado 14 de octubre del año pasado, y que si bien la comisión en comento solicitó prórroga para la dictaminación de la misma, la cual vence en junio del presente año; al día de hoy no se ha elaborado el dictamen correspondiente; lo que nos imposibilita para poder legislar sobre esta problemática que tanto aqueja a nuestra sociedad.
Por las consideraciones antes expuestas, me permito someter a esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desaparición de personas, presentada y turnada el pasado 14 de octubre, para que sea discutido por el pleno en este período ordinario de sesiones, a fin de atender la imperante necesidad de dotar al Congreso de la Unión de las facultades para legislar en la materia y así poder contar con el marco jurídico que exige la situación del país, así como los compromisos internacionales que en la materia tiene el gobierno mexicano.
Notas
1 Corte IDH. Caso González y otras (“campo algodonero”) vs México. Sentencia de noviembre de 2009(excepción preliminar fondo, reparaciones y costas), página 236.
2 Corte IDH. Caso Baldeón García vs Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de 2006
3 Corte IDH. Caso González y otras (“campo algodonero”) vs México. Sentencia de noviembre de 2009(excepción preliminar fondo, reparaciones y costas), página 252.
4 Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang vs Guatemala. Sentencia de 25 de noviembre de 2003 (fondo, reparaciones y costas), página 152 y Caso Juan Humberto Sánchez vs Honduras. Sentencia de 29 de abril de 2004, página 110.
5 Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007, Serue C, número 166, páginas 79 y 81.
6 Consideraciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante el Comité Contra la Desaparición Forzada De La Organización De Las Naciones Unidas. Resumen Ejecutivo, 2 Febrero De 2015. Pág. 6-7.
7 Observaciones finales sobre el informe presentado por México en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, Comité contra la Desaparición Forzada, Ginebra, Suiza; febrero 2015.
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2015.
Diputada Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por la Secretaría de Economía acciones para establecer una política de fijación y ajuste de precios en la comercialización y venta de sal, a cargo de la diputada María Lucrecia Arzola Godínez, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada María Lucrecia Arzola Godines, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, tengo a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por la cual se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal a revisar y, en su caso, tomar medidas legales en favor de la comercialización de la sal y fortalecer a la empresa Exportadora de Sal, SA de CV (ESSA).
Consideraciones
La sal tiene más de trece mil aplicaciones y usos en diferentes campos, algunos de los principales usos de la sal son la alimentación humana, en la cual tiene un papel fundamental, también es usada en gran escala para la conservación de alimentos, en la industria química hace posible la fabricación de vidrio, jabón, plástico, papel, pinturas, hule sintético, cosméticos, medicamentos y pilas eléctricas; cloro sosa, tratamiento de aguas, petroquímica, como salmuera suele emplearse en muchas instalaciones frigoríficas, para transportar el frío desde el líquido como gas frigorífico, hasta las cámaras de refrigeración; esto se debe a la baja temperatura de congelación de la salmuera, que le permite transmitir el frío sin cristalizarse, entre muchos otros beneficios y utilizaciones tiene este importante producto.
México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en lo que respecta a producción de sal y es el primer lugar en América Latina.
Debido a sus características geográficas, México produce, en su mayoría, sal de tipo marino a lo largo de los litorales del Golfo de México y del océano Pacífico. La mayor parte de la producción de México proviene del estado de Baja California Sur, el resto de la producción se distribuye en 14 estados de la República, entre los que destacan: Veracruz, Yucatán, Sonora y Nuevo León.
Es una enorme riqueza, la cual representa una oportunidad para la parte mexicana, no sólo de exportar materia prima sino de generar productos propios que compitan en el mercado mundial.
La salinera de Guerrero Negro ocupa una extensión mayor a la ciudad de Monterrey, y en su entorno hay maravillas naturales como el santuario de la ballena gris y las tierras desérticas de El Vizcaíno, donde se regenera la producción del berrendo, considerado uno de los mamíferos más veloces del mundo y que hace unos años estuvo en peligro de extinción.
Conocida mundialmente, la compañía salinera de Guerrero Negro Exportadora de Sal, SA de CV (ESSA), exporta más de 7 millones de toneladas, mismas que son enviadas a Estados Unidos, Japón, Canadá y muchos más países. Representa la actividad económica más importante de la región y ha logrado un balance exitoso entre las prácticas ecológicas y el trabajo propio de una exportadora de sal.
ESSA mantiene a México entre los primeros productores de sal a nivel mundial, sólo por debajo de Australia y China, con lo cual se demuestra que es altamente competitiva en el comercio exterior en los mercados y representa un mercado potencial en la zona de la cuenca del Pacífico por el manejo de grandes volúmenes, la pureza del producto y la confiabilidad en el abastecimiento, es la principal fuente de empleo de la zona, pues en ella laboran obreros, técnicos y directivos, para llevar a cabo la explotación de las salinas.
El proceso para la producción y embarque de sal en la empresa de Guerrero Negro es totalmente limpio y con pleno respeto a las normas ambientales, lo que también propicia la existencia natural de diversas especies de aves, entre las que sobresalen las águilas y los pelícanos, bajo un mecanismo que combina la extracción con la transportación y el embarque del producto, se movilizan miles de toneladas, sin que haya daños al medio ambiente, gracias a la serie de medidas preventivas y de conservación que se aplican en la empresa.
Exportadora de Sal tiene mil 300 trabajadores, que son el núcleo central del poblado de Guerrero Negro, municipio de Mulegé, con más de 15 mil habitantes, gran parte de ellos familiares de los empleados de la empresa en cuestión.
Así, mediante la aplicación de procesos limpios, cuidadosos del medio ambiente y de las riquezas naturales que la rodean, ESSA es un proyecto sustentable que busca avanzar en sus esquemas de comercialización y diversificación de productos, a fin de consolidarse como una empresa exitosa que al propio tiempo genere más y mejores fuentes de empleo y contribuya a preservar las riquezas naturales que la rodean.
Constituida en 1954, su objeto social es la extracción de sal marina de la costa de Baja California, República mexicana, y la venta y exportación de la misma, así como todos los actos que se relacionen directamente con el objeto social.
El gobierno mexicano, por conducto del Fideicomiso de Fomento Minero, es propietario de 51 por ciento de las acciones de ESSA, por lo que es una empresa de participación estatal mayoritaria. ESSA se constituyó con motivo de una coinversión entre el Fidecomiso de Fomento Minero y Mitsubishi Corporation, empresa de capital extranjero, y se encuentra sectorizada en la Secretaría de Economía. ESSA cuenta con cuatro concesiones mineras de explotación de sal vigentes, emitidas el 18 de noviembre de 2003; el 19 de abril de 2005; el 21 de abril de 2005 y el 6 de julio de 2011, respectivamente, cuyas fechas de vigencia concluyen una en septiembre de 2043, dos en abril de 2055 y una en julio de 2061. Además, cuenta con dos prórrogas de concesión para el uso de las zonas federales marítimo-terrestres ubicadas en Chaparrito, Puerto de Guerrero Negro, Laguna Ojo de Liebre, Municipio de Mulegé, Baja California Sur y en Morro Redondo, Puerto de Isla de Cedros, Bahía de San Sebastián Vizcaíno, municipio de Ensenada, Baja California, mismas que fueron emitidas en 2008 y 2009, la primera de las cuales venció en septiembre de 2013 con una prórroga emitida en marzo de 2014; ambas prórrogas vencen en 2019; asimismo cuenta con una prórroga de concesión emitida el 3 de febrero de 2006 para operar los muelles e instalaciones portuarias ubicadas en las zonas mencionadas, con vencimiento al 28 de abril de 2026. ESSA clasifica la sal que extrae en sal industrial y sal de mesa, la primera con cinco tipos: regular, fina, gruesa, deshielo ASTM (American Society for Testing and Material) con o sin YPS (yellow sodium prosiate) y baja en bromo, la segunda también con cinco tipos: refinada, grano, martajada, baja en sodio y cloruro de magnesio. Los usos que se dan a los diferentes tipos de sal son, entre otros, para las industrias alimenticia y química, y para deshielo de carreteras.
Como se mencionó, 51 por ciento del capital social de Exportadora de Sal, SA de CV (ESSA), y 49 por ciento restante pertenece a la empresa privada japonesa Mitsubishi Corporation, con quien se celebró un contrato denominado Contrato ESSA-MIC comisiones s/ventas de sal ; quienes gozarán de los derechos de exclusividad de venta de los productos en Japón.
Además, se observa que durante la celebración de esos contratos, ESSA nombra a MIC su agente y representante de ventas exclusivo para que venda los productos en los Estados Unidos y Canadá, y para que funja, de cualquier otra forma, como el representante de ESSA, y MSK su representante de ventas para que ésta última venda los productos y funja como su representante en todos los lugares del mundo que se encuentren fuera de Japón, salvo los Estados Unidos y Canadá.
Derivado de lo anterior es que estas empresas adquieren el rol de únicos compradores, distribuidores y comercializadores en todo el mundo de la sal que produce ESSA, además de ser MC, a su vez, socio minoritario de ESSA, lo que denota condiciones desfavorables para ESSA y beneficios a MC y MIC en perjuicio del interés económico del accionista mayoritario que es el gobierno mexicano, ya que no se establecen condiciones equitativas, lo cual limita la actuación de la entidad para acceder a nuevos mercados y evaluar otras alternativas para la venta del producto, a fin de maximizar la generación de valor para México.
Esto se observa en las cifras de la empresa, ya que ésta dejó de vender 5 mil 266.9 millones de pesos en 2013 al dejar en manos de Mitsubishi Corporation, su socio japonés, la comercialización de la sal, en este año, la paraestatal contabilizó mil 830.7 millones de pesos por la venta de 7.7 millones de toneladas métricas de sal a un precio promedio de 18.06 dólares por tonelada métrica siendo la utilidad alcanzada en 2013 de 166.3 millones de pesos.
No obstante, el precio internacional de la sal alcanzó hasta 70 dólares la tonelada métrica, un precio que podría representar más de 7 mil millones de pesos en ingresos y 644 millones de pesos de utilidad anual para ESSA, de acuerdo con cálculos de la Auditoría Superior de la Federación, durante el proceso de examinación de la Cuenta Pública, asimismo se observó que el consejo de administración de ESSA no autorizó los precios de venta de sal aplicables al ejercicio de 2013.
Lo anterior denota que los precios de venta de la sal aplicados por ESSA son inferiores a los precios de venta en el mercado internacional, por lo que se observa incumplimiento de los artículos 36 y 58, fracción III, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 26, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 86 fracciones XII y XV, 215 y 216, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 18 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, así como la NIF-C13 “Partes Relacionadas” y la disposición cuarta del Manual de Políticas y Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para Exportación de Exportadora de Sal, SA de CV.
Esto significa un daño al patrimonio de Exportadora de Sal, SA de CV (ESSA) por un monto de más de 43 millones y medio de pesos, debido a que se identificaron ventas de sal industrial con precios inferiores al costo promedio de producción de 15.25 dólares por tonelada métrica (TM), así como una oferta en firme, toda vez que fueron de 10.00 a 14.55 dólares por TM, lo cual significó que ESSA no recibiera la cantidad mencionada, para cubrir al menos dicho costo de producción.
La situación descrita género que la empresa de participación estatal mayoritaria dejara de percibir 5 mil 266.9 millones de pesos de ingresos, y 478 millones 164 mil pesos de utilidad en 2013. Además que el consejo de administración de ESSA tomó medidas que perjudicaron su operación y rentabilidad, en acciones como la realización de pagos improcedentes por poco más de 56 millones de pesos a la empresa denominada Baja Bulk Carriers SA por concepto de demoras en la entrega de cargamentos de sal en el periodo comprendido entre 2009 y 2014.
Ahora bien, en términos de las manifestaciones anteriormente establecidas, tengo a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
De urgente u obvia resolución
Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, a través del secretario de Economía, a fin de que la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Exportadora de Sal, SA de CV, realice las acciones necesarias para establecer una política de fijación y ajuste de precios en la comercialización y venta de sal, considerando el costo de producción y los precios prevalecientes en el mercado internacional, con sujeción a los criterios de eficiencia económica y saneamiento financiero, en términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, a través del secretario de Economía, a fin de que la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Exportadora de Sal, SA de CV, proceda a revisar de manera exhaustiva los términos y condiciones que fueron pactados en los contratos referentes a la comercialización y venta de sal, mismos que fueron celebrados con la empresa denominada Mitsubishi Corporation y/o Mitsubishi International Corporation y, de resultar pertinente, proceder a la celebración de los convenios correspondientes, a fin de redefinir la estrategia y el uso de nuevas alternativas de comercialización y distribución, las cuales permitan el establecimiento de condiciones más equitativas para ambas partes, así como la actualización de precios por concepto de comercialización y venta de sal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2015.
Diputada María Lucrecia Arzola Godines (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de emprender acciones encaminadas a preservar y garantizar el pleno acceso a sus derechos a los trabajadores agrícolas del país, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
El suscrito, José Angelino Caamal Mena, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, fracción XVIII; 6o., fracción I; 62, numerales 2 y 3, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
El campo mexicano ha pasado por diversas etapas que han marcado significativamente nuestra historia; desde la época precolombina, como referente de la cosmogonía de nuestros pueblos ancestrales, así como crisol y baluarte de una de las máximas de la primera revolución social contemporánea en los albores del siglo XX: tierra y libertad, encarnando la aspiración histórica de miles de mexicanas y mexicanos que habiendo estado sumidos en míseras condiciones de explotación, juntaron su voz y su lucha para lograr un futuro más promisorio.
Sin embargo, a pesar de que ya pasaron más de 100 años del inicio de esa gesta revolucionaria y estamos cercanos a cumplir el primer centenario de la expedición de nuestra Carta Magna, la cual recoge esos anhelos, tanto en el artículo 27, como en el 123, aún prevalecen condiciones de lacerante explotación para los trabajadores del campo, que en nada contribuyen a la consolidación de un Estado moderno, próspero y con justicia social para todas y todos los mexicanos.
Para abordar con precisión la problemática de miles de mexicanos, es pertinente contextualizar las condiciones del sector en donde cotidianamente se desenvuelven.
En primer lugar, atendiendo datos del sector agropecuario, 145 millones de hectáreas se dedican a la actividad agropecuaria, lo que representa el 73.23% del territorio nacional.
De éstas, cerca de 30 millones de hectáreas son tierras de cultivo y 115 millones son de agostadero y más allá de su participación en el PIB nacional, que es de apenas del 4%, las múltiples funciones de la agricultura en lo económico, social y ambiental, determinan que su incidencia en el desarrollo del país sea mucho mayor de lo que ese solo indicador implica.
Además de lo anterior, de este sector podemos mencionar lo siguiente:
• Prácticamente toda la producción de alimentos se origina en este sector, incluyendo la pesca, de manera que la producción generada es fundamental para la seguridad alimentaria, en el costo de la vida y en el ingreso real del conjunto de la población, particularmente de los más pobres que destinan a la compra de alimentos una mayor proporción de su ingreso.
• Los productos agropecuarios están en la base de un gran número de actividades comerciales e industriales, por lo que si consideramos la producción agroindustrial, entonces deberemos consignar que la contribución sectorial al PIB nacional se incrementa de manera superior al 9%.
• La agricultura es una actividad fundamental en el medio rural, en el cual habita una parte altamente significativa de la población nacional.
En segundo lugar, debemos considerar que la situación del trabajo rural y en el campo presenta un notorio desajuste de las políticas públicas destinadas a su supervisión, vigilancia y, sobre todo, a su desarrollo y protección social.
La transformación que experimento el país en más de 100 años es un factor de esta desproporción, sobre todo si consideramos que pasamos de ser un país esencialmente rural, con el 71.3% de la población viviendo en el campo en 1910, a ser eminentemente urbano, con el 78% de mexicanas y mexicanos viviendo en las ciudades.
Eso en parte explica que la gran mayoría de las políticas públicas destinadas a mejorar o compensar los desajustes en las condiciones de desarrollo social y económico, en las que se incluyen las destinadas al trabajo y la protección social, se canalizaron de manera prioritaria en los grandes núcleos urbanos, receptores de la población rural que emigró a las grandes ciudades buscando mejores condiciones de vida.
Los resultados son innegables: observamos que millones de mexicanas y mexicanos que viven en localidades rurales se vean cada vez más sumidos en situaciones de pobreza, o peor aún, que gran parte de ellos subsistan en la que se ha catalogada como pobreza extrema, teniendo muy escasas oportunidades para logar su desarrollo, en tanto que el campo no ha sido una opción viable para estos propósitos, en función de lo limitado que han sido las políticas y programas que buscan este cometido.
Este es el panorama que enfrentan millones de mexicanos y aunque se debe reconocer que existen acciones normativas y programáticas enfocadas a subsanar dichos desajustes, como por ejemplo la atención educativa a la población vulnerable, programas de asistencia social o de atención alimentaria para poblaciones de escasos recursos, la realidad ha superado en muchos sentidos los anhelos bien dispuestos de nuestras normas jurídicas o los objetivos de los programas gubernamentales.
De manera particular, es de mencionarse las precarias condiciones de vida que enfrentan casi 7 millones los jornaleros agrícolas,1 mexicanas y mexicanos considerados actualmente como uno de los grupos más vulnerables de la población mexicana.
Lejos de sus hogares, y en condiciones de trabajos sumamente desfavorables, los jornaleros agrícolas suelen enfrentar problemas como la carencia de servicios básicos de sanidad, la inseguridad, el maltrato, la discriminación y la explotación laboral.
Mención especial debe hacerse de los hijos de los jornaleros, niñas, niños y jóvenes menores de 14 años que se encuentran expuestos a numerosos riesgos que afectan su salud, educación y desarrollo,2 ya que desde temprana edad son incorporados al trabajo, y al igual que los adultos, son obligados a cumplir agotadoras jornadas laborales de hasta ocho horas diarias, en un tercio de los casos, sin remuneración alguna por su labor.3
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2013, en el país hay alrededor de 3 millones de niñas y niños que trabajan en diversas actividades, sobre todo en el campo (773,300), el comercio (657,730) y servicios (623,495), pero se calcula que puede haber un millón más de infantes en dichas condiciones en función de la metodología empleada para su levantamiento, consistente en muestreos, más que en un censo formal.
El pasado 16 de marzo de 2015, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social proporcionó una muestra del ambiente que se vive en el campo mexicano cuando dio a conocer las condiciones en que laboraban más de 200 trabajadores agrícola, indígenas originarios de Chihuahua, Sinaloa y Guerrero, mismos que fueron rescatados de su condición de explotación laboral en Baja California Sur, donde también encontró a 13 menores de edad laborando, así como a 167 trabajadores sin registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y, consecuentemente, sin las prestaciones de ley.
Adicionalmente, se debe sumar la información dada a conocer el día lunes 23 de marzo del año en curso sobre el rescate de un campo agrícola en el estado de Colima de 49 jornaleros indígenas mixtecos del estado de Guerrero, que laboraban en condiciones de explotación, entre ellos, otros 13 menores en edad no permitida para trabajar.
En ambos casos, los jornaleros y sus familias, según informó el titular de esa dependencia, trabajaban en condiciones insalubres, con riesgo inminente para la salud de jornaleros y niños ante las inclemencias de las altas temperaturas del lugar y sin ningún tipo de protección para estas circunstancias.
Y se destaca que entre las principales violaciones a la normatividad laboral, documentadas en esos centros de trabajo, se encuentra el trabajo infantil en su modalidad de trabajo forzoso; trabajo agrícola expuesto a sustancias peligrosas como plaguicidas y pesticidas, carencia total de equipo de protección, seguridad social y capacitación; ausencia de control en el manejo de sustancias químicas para jornaleros, fumigadores y población infantil.
La Ley Federal del Trabajo es clara al señalar las obligaciones patronales para el trabajo en el campo, teniendo en específico un claro y preciso ordenamiento jurídico que va del artículo 280 al artículo 284; no obstante, si no se realizan las inspecciones laborales de manera ordinaria y recurrente, en los términos previstos en la misma legislación laboral, tal como lo indican los artículos 540 al 544, millones de mexicanas y mexicanos seguirán padeciendo de condiciones adversas para su desarrollo.
En este sentido, las entidades federativas deben tomar parte activa de estas obligaciones, pues el trabajo en el campo no se encuentra dentro de los supuestos considerados de obligación federal, contemplados tanto en el artículo 527 y 528 de la citada ley, por lo que los hace copartícipes y responsables de la inspección laboral, atendiendo lo dispuesto por el artículo 529 del instrumento jurídico antes referido.
El trabajo agrícola emplea al 13.6 por ciento de la población ocupada del país y la importancia que ello implica difiere entre los estados; sin embargo, es tal su dimensión que en 20 de nuestras entidades federativas se encuentra entre los tres primeros lugares, ocupando al 82% de los trabajadores agrícolas del país, y aunque en otras entidades porcentualmente no sea significativo este dato, como se aprecia en la tabla siguiente, sí es significativo el número de mexicanas y mexicanos que pueden ser o están sujetos a condiciones de explotación laboral, en tal grado que en pleno Siglo XXI no nos podemos permitir, contando con la protección jurídica que nuestras leyes les ampara.
Trabajadores agrícolas por entidad federativa y porcentaje de ocupación
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en coordinación con los titulares del Ejecutivo de los estados y el jefe de Gobierno del Distrito Federal implemente las acciones encaminadas a preservar y garantizar a los trabajadores agrícolas del país el pleno acceso a sus derechos laborales, en las que se incluye la seguridad social y prestaciones que les confiere la Ley Federal del Trabajo; así como instruyan de manera expedita la realización de inspecciones a los centros de trabajo agrícola, a fin de disuadir y, en su caso, sancionar, el incumplimiento de las obligaciones patronales en las que se incluye la prohibición de emplear a menores de edad en labores agrícolas
Notas
1 La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 279 define que los trabajadores del campo pueden ser permanentes, eventuales o estacionales.
Por su parte, la Sedesol identifica tres tipos de jornaleros agrícolas, según sea la duración y distancia de la tierra de labranza: “jornaleros pendulares, que son quienes dejan su lugar de origen durante períodos de 4 a 6 meses, pero regresan a él una vez que el trabajo concluye; los jornaleros golondrinos, que son aquellos se trasladan constantemente de un lugar a otro durante todo el año; y los jornaleros locales, que son quienes se emplean en lugares relativamente cercanos a su sitio de origen y que no necesitan emigrar durante mucho tiempo”. Secretaría de Desarrollo Social, “Informe de migración, ciclo otoño-invierno 1998/99”. México, 2000.
2 El artículo 175 de la Ley Federal del Trabajo establece expresamente la prohibición de utilizar menores de edad en “labores peligrosas o insalubres que, por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, químicas o biológicas del medio en que se presta, o por la composición de la materia prima que se utiliza, son capaces de actuar sobre la vida, el desarrollo y la salud física y mental de los menores” (fracción IV) y para mayor precisión, en el Artículo 176 indica que se considerarán como labores peligrosas o insalubres las “agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, de caza y pesca” (fracción II, numeral 7).
3 La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2013 informó que 1,158,246 menores son trabajadores no remunerados, 46% de ellos en el sector agropecuario.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2015.
Diputado José Angelino Caamal Mena (rúbrica)
Efemérides
Con motivo del 19 de marzo, conmemoración de los cien años de la creación de la Comisión Técnica del Petróleo, a cargo del diputado Mario Alejandro Cuevas Mena, del Grupo Parlamentario del PRD
De acuerdo con el historiador Joel Álvarez de la Borda (Crónica del Petróleo en México ), el antecedente más remoto del intento de comercializar petróleo en nuestro país, se sitúa en 1863, cerca de Tepetitlán, Tabasco; cuando el sacerdote Manuel Gil y Sáenz, descubrió un yacimiento superficial al que denominó “Mina de Petróleo de San Fernando”. En esa misma década, aparece ya en la jurisdicción del Departamento Administrativo, una “Dirección de Minas”.
En correspondencia con el paulatino desarrollo de la explotación petrolera, hacia el final del régimen de Porfirio Díaz, dentro del Ministerio de Fomento, la Dirección de Minas se transformó en la Dirección de Minas y Petróleo; entre cuyas funciones estaba la de atender lo relacionado a las concesiones de permisos de explotación petrolera.
Después del triunfo de la Revolución Mexicana, la fracción carrancista, instalada en el puerto de Veracruz, consideró que el estatuto jurídico y administrativo de la Dirección de Minas y Petróleo, resultaba inadecuado ante la creciente importancia de la industria petrolera. Por tal motivo, el 19 de marzo de 1915, Venustiano Carranza emitió el “Acuerdo del Ciudadano Primer Jefe del Ejército Constitucionalista”; por el cual se creó la Comisión Técnica del Petróleo, dependiente de la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria (Legislación petrolera 1783-1921 ).
La Comisión debería estar compuesta por un presidente y cuatros vocales, siendo el Secretario de Fomento, Colonización e Industria, “su presidente nato”. Además, se dispuso en el Acuerdo que “para llevar a la práctica los trabajos de investigación que la Comisión Técnica del Petróleo acuerde, se nombrará el personal que fuere necesario, y contará como fuentes de información con el auxilio de las Secretarías de Estado y sus dependencias”. Asimismo, para el funcionamiento de la Comisión, a través del Acuerdo, Venustiano Carranza autorizó que se dispusiera hasta una cantidad de cien mil pesos.
El objetivo fijado a la Comisión fue el de “emprender una investigación completa sobre todo lo que concierne a la industria del petróleo, en la República, y a sus relaciones con el Gobierno; y que proponga las leyes y reglamentos necesarios, para el desarrollo de esa industria”. La presidencia de la Comisión recayó en el Ing. Pastor Rouaix, quien ocupaba en ese momento la titularidad de la Secretaría de Fomento. Como es sabido, Pastor Rouaix, al lado de otros personajes como Luis Cabrera y Francisco J. Múgica, tendría un papel muy destacado en la redacción del Artículo 27 constitucional, durante los trabajos del Congreso Constituyente de 1917. El Ing. Rouaix participó en la Reunión de Querétaro como diputado por su natal Tehuacán, Puebla.
La Comisión Técnica del Petróleo estableció el uso del español y del sistema métrico decimal en los documentos de la industria petrolera. A partir de enero de 1916, inició la publicación del Boletín del Petróleo , en cuyas páginas se perciben ya los principios nacionalistas que se consolidarán en el Constituyente de 1917. La construcción de las bases ideológicas, políticas, técnicas y económicas; presentes en la restauración de la soberanía de la Nación sobe los recursos petroleros, mucho le debe a la experiencia adquirida por la Comisión Técnica del Petróleo.
En 1917, la Comisión sirvió de base para la creación del Departamento del Petróleo, el cual fue adscrito a la naciente Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. Posteriormente, en los años veinte, se crearía el Control de Administración del Petróleo Nacional (CAPN); con el objeto de producir y refinar petróleo en terrenos federales. En 1933, el CAPN sería substituido por la empresa Petróleos de México, S. A. (Petromex), que fue fundamental en el aprovechamiento de la riqueza petrolera en la llamada Faja de Oro y en particular en el campo de Poza Rica, Veracruz. Petromex trasladó sus propiedades, en 1937, a la Administración General del Petróleo Nacional, la cual se haría cargo de los bienes expropiados a las empresas petroleras el 18 de marzo de 1938; hasta la constitución de Petróleos Mexicanos, unos meses más tarde.
Como podemos ver a partir de este breve recuento histórico, la Comisión Técnica del Petróleo constituyó el primer intento de intervención directa del Estado revolucionario, en el sector petrolero nacional. El conocimiento obtenido y el aprendizaje logrado -que se muestran claramente en los números publicados del Boletín del Petróleo- , permitieron darle rumbo, sentido y coherencia a la evolución institucional del manejo del sector petrolero. A partir de los trabajos de la Comisión, fue posible establecer plenamente la soberanía de la Nación en materia de hidrocarburos, así como afianzar el papel que en esta materia jugó el Estado mexicano durante décadas. De ninguna manera fue obra del azar, el papel que su presidente, el Ing. Pastor Rouaix, jugaría en la elaboración del Artículo 27 de nuestra Constitución.
Punto de partida del sendero institucional en materia petrolera, recorrido por nuestro país durante casi un siglo, nunca estará de más recordar los cien años de la creación de la Comisión Técnica del Petróleo. Mucho menos, cuando estamos a unos cuantos meses del regreso de las trasnacionales petroleras y las páginas de las “revistas del corazón” nos restriegan estos días en el rostro la vacuidad y el entreguismo alborozado, de quienes ignoran el nefasto papel que jugó la corona británica tras la expropiación petrolera. (¡Qué lástima que, de toda evidencia, la extensa comitiva que hizo el reciente viaje de Estado y olvido colectivo no aprovechó el tiempo de vuelo para leer uno de los grandes textos del investigador Lorenzo Meyer: “La corona británica contra la Revolución Mexicana”!)
La Comisión Técnica del Petróleo quedará para siempre como un rastro imborrable de lo que una brillante generación de mexicanos fue construyendo con valor, decisión y patriotismo: la voluntad colectiva del aprovechamiento de la riqueza petrolera en beneficio del pueblo mexicano.
Diputado Mario Alejandro Cuevas Mena (rúbrica)
Con motivo del vigésimo primer aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio, a cargo del diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del PVEM
Luis Donaldo Colosio Murrieta nació un l0 de febrero del año 1950, en Magdalena de Kino, Sonora. A principios de 1968, ingresó al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, donde se licenció en economía. En 1975, Luis Donaldo viaja a los Estados Unidos, para cursar la Maestría en Desarrollo Regional. Al concluir sus estudios, en 1977, regresa a su natal Sonora, sólo para volver a partir, invitado a Viena, Austria, por el Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados para incorporarse como investigador académico, donde realiza estudios de Doctorado en Economía Regional y Urbana y tiene la posibilidad de compartir experiencias con especialistas de todo el mundo.
De regreso a nuestro país, en 1979, ejerció como catedrático en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, de la UNAM, en la Universidad Anáhuac y en El Colegio de México. Fue también en 1979 cuando ingresó al Partido Revolucionario Institucional. Gracias al trabajo duro y constante tuvo un rápido ascenso en la política, ocupando diferentes cargos tanto partidarios como en la administración pública.
En el sexenio de Miguel de la Madrid, fue designado por Carlos Salinas de Gortari, entonces secretario de Programación y Presupuesto, como Director General de Programación y Presupuesto Regional dependencia encargada de operar los proyectos de desarrollo regional. Desde ese puesto Colosio implementó programas que significaron un gran apoyo para zonas que atravesaban serias adversidades económicas.
En 1985 fue electo diputado federal y presidió primero la Comisión de Programación y Presupuesto de la LIII Legislatura y luego la Cámara de Diputados en tiempos en que el país enfrentaba dificultades económicas y la pluralidad política comenzaba a plasmarse en el Congreso de la Unión.
En el mes de octubre de 1987, fue designado Oficial Mayor del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y al poco tiempo se convirtió en coordinador de la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari, en donde de manera por demás ejemplar coordina un importante grupo de políticos, mostrando gran capacidad para ello, lo que le valió obtener la candidatura al Senado de la Republica por el estado de Sonora en 1988.
En ese mismo año, asume la presidencia del Comité Ejecutivo del PRI y para 1992 es nombrado secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, dependencia que, a la postre, se transformaría en la Secretaría de Desarrollo Social. En 1993 fue designado como candidato a la Presidencia de la República por el PRI para las elecciones de 1994.
Colosio se erigió como un férreo defensor de la separación entre partido y gobierno para profundizar en la democratización del sistema político mexicano y siempre se mostró dispuesto a revisar la política económica a efecto de que ésta se constituyera en un instrumento para elevar el bienestar de la población.
Luis Donaldo Colosio fue asesinado en plena campaña electoral, el 23 de marzo de 1994, en la ciudad de Tijuana, en Baja California.
Este desafortunado evento nos arrebató a un buen hombre, según afirman quienes lo conocieron y tuvieron la oportunidad de interactuar con él, pero sobre todo, acabó con la vida de un hombre cuya visión y liderazgo habrían catalizado la transformación política de México.
Hoy, la vida y legado del originario de Magdalena de Kino son ejemplo a seguir para quienes como él quieren un México en el que las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso obtengan una respuesta firme y decidida por parte de quienes gobiernan.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a los 24 días del mes de marzo de 2015.
Diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica)
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