Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFT a revisar la política para devolver frecuencias de radio AM por la falta de cobertura y continuidad del servicio que afectará a la población, suscrita por los diputados Adolfo Bonilla Gómez y Federico José González Luna Bueno, de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PVEM, respectivamente

Los que suscriben, diputados Adolfo Bonilla Gómez y Federico González Luna Bueno, de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Estamos ante un momento delicado para la radiodifusión sonora en nuestro país, particularmente para las estaciones de amplitud modulada (AM) y para el gran número de radioescuchas que se informan y se divierten con las señales de radio de dichas estaciones, ello en virtud, de que desde 2008 se inició un proceso para que las estaciones de AM, o la mayor parte de ellas, obtuvieran una señal de frecuencia modulada (FM) como parte de un fenómeno de evolución tecnológica.

El proceso que relatamos, prácticamente ha culminado y el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha ordenado que desde fines del pasado mes de enero de 2015 se apaguen estas estaciones de AM y se devuelvan las frecuencias, en cumplimiento de la política pública que se adoptó para lograr dicho adecuación tecnológica.

Esta situación probablemente genere una serie de problemas que deben considerarse por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como órgano regulador del sector, encargado de la ejecución de las diversas políticas públicas que tengan por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución.

La afectación se origina porque las estaciones de AM, técnicamente tienen una mayor cobertura geográfica que las estaciones de FM, por lo que si ordena apagar y devolver las estaciones de AM y devolver las frecuencias, vamos a afectar a miles de poblaciones y a millones de personas.

A efecto de precisar y enumerar las consecuencias adversas de que se ordene se apaguen las señales de radio AM y se devuelvan las frecuencias, tenemos lo siguiente:

1. Se afecta la pluralidad informativa y el derecho de acceso a la información , que son dos derechos fundamentales de las personas, tutelados en el artículo sexto constitucional, ya que si las audiencias dejan de recibir las señales de AM, luego entonces, se cortan o disminuyen las fuentes de información de los ciudadanos.

Cabe recordar que dichos fines constitucionales se plasmaron expresamente en la reforma constitucional de telecomunicaciones del 11 de junio de 2013, por lo que son mandatos constitucionales que deben orientar las decisiones públicas.

2. Se afecta la naturaleza de la continuidad y permanencia de un servicio público de interés general como lo es el servicio de radiodifusión, lo que igualmente está previsto como principio constitucional en el artículo sexto, donde se refiere que el estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. constitucional.

En tal sentido, apagar las señales de AM, (estamos hablando de alrededor de 408 estaciones, de acuerdo a los datos estadísticos de la infraestructura con que cuenta el IFT1 ) significa en consecuencia, disminuir o afectar el servicio que se presta en poco más de 400 localidades principales en el país, y de ahí nuestra aseveración de que se afecta a millones de personas. Si bien sólo deben devolverse las señales AM por parte de quienes obtuvieron una FM, no estamos ante un problema menor.

3. La población afectada por el apagón de las estaciones de AM no tendría acceso a campañas informativas relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia, y que son el medio de difusión más idóneo y de primera mano para afrontar con diligencia y rapidez casos de epidemias, contingencias o accidentes cuyo conocimiento oportuno, constituyen información pública relevante para la población.

Cabe referir que es tal la importancia de ese tipo de campañas informativas que las mismas no se suspenden ni aun en periodos electorales de conformidad con el artículo 41 constitucional, luego entonces, de ahí la necesidad de replantear la devolución de las estaciones de AM que genera la posibilidad de reducir tan importantes contenidos para la población en cuanto a su salud, bienestar y seguridad personal.

4. Otra consecuencia negativa, resulta que al apagarse las señales de AM y devolver dichas frecuencias, en lo que corresponde a las estaciones que se encuentran en las frontera, provocará que dichos espacios los ocupen o invadan estaciones extranjeras , lo que no sólo afecta el aprovechamiento de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico sino también una afectación cultural, lo que igualmente afectaría el valor de la identidad nacional que se tutela en nuestra Constitución.

5. Igualmente grave, resulta el desequilibrio económico que genera el cierre de estaciones de AM para los diversos inversionistas y empresarios del sector, además del consiguiente efecto en la disminución de fuentes formales de empleo , y que además la industria de la radiodifusión es un sector que genera sinergias en otras cadenas económicas.

6. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, de conformidad con el artículo 28 constitucional, tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico. En tal sentido, las frecuencias que queden disponibles por el cierre de las estaciones de AM no tienen un nuevo destino específico y urgente, que amerite su devolución inmediata.

En efecto, el pasado martes 30 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de bandas de frecuencias 2015, en el que precisamente no se contempla el uso y aprovechamiento en alguna licitación sobre las bandas de AM que quedarán disponibles, de ahí la afirmación del párrafo que antecede.

Por tanto, si consideramos que no hay un problema de interferencia perjudicial ni un mejor o nuevo uso a las bandas de frecuencias AM en el futuro cercano, no se entiende la premura por la devolución ordenada en el Acuerdo por el que se establecen los requisitos para llevar a cabo el cambio de frecuencias autorizadas para prestar el servicio de radio y que operan en la banda de amplitud modulada, a fin de optimizar el uso, aprovechamiento y explotación de un bien del dominio público en transición a la radio digital, y en contraposición, si hay efectos adversos con la política de devolución de frecuencias de AM.

7. Un rubro muy particular del derecho a la pluralidad y acceso a la información que también se verá perjudicado, es lo que corresponde al ámbito político electoral. Como ya vimos, el fenómeno provocaría la disminución de fuentes de información en muchas poblaciones dejando sin oportunidad a los ciudadanos de contenidos informativos y noticiosos relativos a los procesos electorales, así como de la propia propaganda política de candidatos y partidos políticos.

Una vez planteado el objeto de este punto de acuerdo, así como los efectos adversos que genera la política de devolución de las frecuencias AM, pasamos a realizar una exposición sobre los diversos antecedentes para un mejor entendimiento del tema:

• El 15 de septiembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, por el secretario de Comunicaciones y Transportes, el acuerdo por el que se establecen los requisitos para llevar a cabo el cambio de frecuencias autorizadas para prestar el servicio de radio y que operan en la banda de amplitud modulada, a fin de optimizar el uso, aprovechamiento y explotación de un bien del dominio público en transición a la radio digital. (En lo sucesivo, el Acuerdo )

• En virtud del Acuerdo se otorga la posibilidad para que las estaciones de radio de la banda de AM, pudieran solicitar el cambio para operar en la banda de FM, bajo los presupuestos de una mejor prestación de servicios, mayor calidad en las señales y de un mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico.

Además, de que dicha conversión sería un paso previo para que en el futuro, se pudiera migrar en forma más ordenada hacía un nuevo estándar digital en la radio, es decir, primero saltar de la AM a FM y posteriormente a la nueva radio digital, aclarando que para 2008 aún no se definía el estándar tecnológico2 .

En su momento, el Acuerdo representó un beneficio para los radiodifusores de AM, particularmente por la mayor penetración comercial y crecimiento que había tenido la radio FM++NOTA 3++ , de acuerdo a datos de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), se recibieron 541 solicitudes de cambio de frecuencias de AM a FM.

• Dentro de los cuestionamientos a dicha política de transición de AM a FM, fue precisamente la posibilidad de que haya una interrupción del servicio público que afectase a la población o bien que hubiere disminuciones en la cobertura del servicio, en razón de que el Acuerdo obliga a devolver las frecuencias de AM después de un año de transmisiones simultaneas de AM y FM (en combo), y otorgó a la Cofetel, la facultad discrecional para establecer un plazo mayor para no devolver la frecuencia de AM, siempre que las transmisiones de AM sean las únicas en las poblaciones en las que se tenga cobertura.

Efectivamente, en el artículo sexto del Acuerdo se dispone lo siguiente:

“Sexto. El concesionario o permisionario deberá iniciar operaciones en la frecuencia de FM en un plazo no mayor de un año, contado a partir de que se notifique el cambio de frecuencia, atendiendo a los parámetros autorizados.

El concesionario o permisionario deberá continuar la operación de la frecuencia de AM, estando obligado a transmitir en forma simultánea el mismo contenido de programación en las frecuencias de AM y FM durante un año, contado a partir del cambio de frecuencias, salvo que en la cobertura de la estación de AM se encuentren poblaciones que únicamente reciben el servicio de AM, debiendo transmitir en forma simultánea el mismo contenido en ambas frecuencias por el tiempo que determine la comisión en cada caso.

Vencido dicho plazo, concluirá el derecho del concesionario o permisionario de usar, aprovechar y explotar la frecuencia de AM, y únicamente podrá prestar el servicio concesionado a través de la frecuencia de FM.”

En tal sentido, al devolverse las frecuencias y dejar de transmitir en AM, se puede llegar a producir la interrupción del servicio o bien la disminución de su área de cobertura.

• Inclusive, este fenómeno adverso para la cobertura del servicio, no sólo se puede deber a una decisión discrecional, sino que también obedece a un aspecto técnico, ya que el propio Acuerdo en su último considerando, refiere que al dejar de transmitir en AM y sólo en señal de FM, se puede reducir el área de cobertura, párrafo que se cita a continuación:

“Que dadas las características de propagación de las señales de FM en la banda de 88-108 megahertz (MHz), es posible que en algunos casos la cobertura de las estaciones se vea reducida en relación con la cobertura actual de las estaciones de AM en la banda de 535-1705 kilohertz (kHz), por lo que en tales casos, es necesario se lleven a cabo los procesos de licitación o asignación respectivos, para contar con nuevas concesiones y permisos en la banda de FM, y...”

Ante los antecedentes narrados, el Instituto Federal de Telecomunicaciones como la nueva autoridad encargada de la política pública de radiodifusión debe revisar puntualmente que la devolución de frecuencias de AM, no vayan a provocar afectaciones a la población, ya sea porque se interrumpe el servicio, o bien porque se disminuye su cobertura.

Además, debe contemplarse que la propia política definida desde 2008 trata de salvaguardar en todo momento la continuidad y permanencia de los servicios de radiodifusión, por lo que dicho principio de previsión debe adoptarse y considerarse en toda su extensión.

En tal tesitura, de conformidad con el artículo 28 constitucional, el Instituto Federal de Telecomunicaciones es el órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto, entre otros, el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, teniendo a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución.

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que revise la política pública para la devolución de las frecuencias de radio AM por los efectos adversos que se pudiesen generar con motivo de dicha política pública.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que revise y, en su caso, modifique el Acuerdo por el que se establecen los requisitos para llevar a cabo el cambio de frecuencias autorizadas para prestar el servicio de radio y que operan en la banda de amplitud modulada , a efecto de que se suspenda la devolución de las frecuencias de radio AM, hasta en tanto se implementen las acciones necesarias que garanticen la cobertura, continuidad, pluralidad de la información para la población, así como la no afectación a la industria de la radiodifusión sonora.

Notas

1. El listado completo de estaciones AM, se puede consultar en: http://www.ift.org.mx/iftweb/wp-content/uploads/2015/01/Infraestructura _AM_20-01-15.pdf

2. Fue hasta el 16 de junio de 2011, cuando se publicó el Acuerdo por el que se adopta el estándar para la radio digital terrestre y se establece la política para que los concesionarios y permisionarios de radiodifusión en las bandas 535-1705 kHz y 88-108 MHz, lleven a cabo la transición a la tecnología digital en forma voluntaria.

3. De conformidad con el Acuerdo del 15 de septiembre de 2008, en el año 2003 las 473 estaciones de FM obtuvieron el 72 por ciento de los ingresos por publicidad en tanto las 760 estaciones de AM lograron ingresos del 28 por ciento por el mismo rubro. La participación de audiencia de la radio FM pasó del 8 por ciento en 1972 al 77 por ciento en 2005, en tanto que para el 2005 la media de participación de audiencia de la FM fue de 83 por ciento y la de la AM del 17 por ciento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2015.

Diputados:

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al INE a diseñar y realizar una campaña en los medios de comunicación para explicar que los beneficios de los programas sociales son un derecho de los mexicanos y no se entregan a cambio de votos, a fin de garantizar la equidad en los procesos electorales, a cargo del diputado Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Luís Alberto Villarreal García integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, y el artículo 79, numeral I, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La democracia como sistema de vida y de gobierno se funda en la igualdad esencial de todos los seres humanos. Es la forma superior de legitimación del ejercicio político y el sistema óptimo para respetar la dignidad de la persona humana; por lo tanto, se requiere de la presencia de instituciones sólidas que actúen siempre y en todo momento a favor de la legitima expresión de la voluntad popular, haciendo frente a todas aquellos obstáculos que van en detrimento de los estándares de ésta; de tal suerte que la transparencia y rendición de cuentas, se inscriben como los principales mecanismos para llevar a cabo dichos fines, ya que representan la principal herramienta del sistema democrático que permite un efectivo combate al fenómeno de la corrupción; por tanto, a través de la promoción de su ejercicio, se garantiza la existencia del estado de derecho.

El compromiso de Acción Nacional a efecto fomentar el ejercicio de la transparencia en todas aquellas acciones que conllevan el ejercicio de la vida política de México, se inscribe como una de sus más grandes prioridades. Informar a los ciudadanos respecto al destino del pago de sus impuestos, constituye una de las principales obligaciones que dan sentido y congruencia al ejercicio político, en donde el apego al principio de la legalidad, representa una garantía absoluta de eficacia y eficiencia del sistema democrático.

El Instituto Nacional Electoral, INE, como institución garante de la debida manifestación popular en México, tiene la misión de contribuir al desarrollo de la vida democrática, garantizando el ejercicio de los derechos político-electorales de la sociedad a través de la promoción de la cultura democrática y la organización de comicios federales en un marco de equidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

Por lo tanto, el asegurar el desarrollo de procesos electorales justos y equitativos apegados a derecho, en donde se ponga de manifiesto la importancia de contar con un adecuado sistema de transparencia que impida el uso inadecuado de recursos que condicionen el voto de los ciudadanos mexicanos, representa una de las metas que permiten salvaguardar los principios y valores democráticos que deben imperar en el Estado mexicano.

Los programas sociales, son pagados con los impuestos de los mexicanos y por lo tanto, nunca pueden ser utilizados como un medio condicionante por cualquiera de las fuerzas políticas con la finalidad de obtener algún tipo de ventaja en el terreno de las contiendas electorales; no obstante, desafortunadamente hemos visto que esta práctica ha sido llevada a cabo en ocasiones anteriores, violentando de manera alarmante la promoción y garantía del bien común a través de alardes antidemocráticos y autoritarios, basta con recordar la utilización con fines electorales de programas públicos del gobierno federal por la Secretaria de Desarrollo Social en 2013, situación que fue denunciada en su momento por Acción Nacional.

En el México de hoy no puede permitirse que en ningún orden de gobierno, haya quien aproveche su condición en el servicio público para sus propios intereses y para los fines de un grupo por encima del interés general. La democracia exige de todos los actores, y en especial de los gobernantes cumplir con la ley, con el Estado de Derecho, y no presentando programas gubernamentales bajo la bandera de ningún partido político.

Pero también es necesario contribuir a que la ciudadanía esté bien informada sobre el ejercicio libre del voto, y que no se sienta o sea coaccionada por la obtención de un beneficio social o por la amenaza de perderlo.

El INE es la institución propicia para promover y generar los marcos de equidad necesarios para que la próxima contienda del 7 de junio no se vea opacada por acciones o prácticas antidemocráticas.

Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al Instituto Nacional Electoral a diseñar y difundir de forma constante, a través de los medios de comunicación, una campaña para explicar, de forma clara y precisa, que los beneficios de los programas sociales gubernamentales son un derecho de los mexicanos que no se entregan a cambio de votos, con el fin de garantizar la equidad en los procesos electorales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2015.

Diputado Luís Alberto Villarreal García (rúbrica)

Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), Federico José González Luna Bueno.
Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Medio Ambiente del DF a realizar labores de recuperación, mantenimiento y conservación en lagos y humedales de la demarcación, a cargo del diputado José Pilar Moreno Montoya, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Pilar Moreno Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 79, fracción segunda, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

En todo el mundo, desde épocas remotas, la gente ha observado con interés la aparición y desaparición temporal de muchas especies de aves, pero en los últimos dos siglos, la observación y el estudio del fenómeno de la migración de las aves y su ecología se convirtieron en materia preferida de científicos y observadores de aves, gracias a lo cual hoy tenemos una mejor comprensión de sus causas, características e implicaciones biológicas.1

La conducta migratoria de las aves consiste en la realización de viajes estacionales regulares generados por la drástica disminución de alimento en su país de origen a causa del invierno. Debido a la poca disponibilidad de comida para las diversas especies de aves, la mayoría ahorra energía antes de que escasee el alimento, acumulando grasa en el cuerpo para poder emprenden un peligroso viaje rumbo a otras regiones para conseguir alimento.

Miles de aves migratorias, provenientes de Alaska, Canadá y Estados Unidos, llegan a México a partir del 26 de diciembre para establecerse transitoriamente en diversos lagos y humedales del Distrito Federal para descansar, alimentarse y poder seguir su camino hasta las costas de Chiapas; o en su caso llegar hasta América Central, el Caribe, Costa Rica, Panamá, Colombia, etc.

En Chiapas, entre las comunidades de Chocohuital, Riveras de Playa Azul, Costa Azul y Playa Grande, está un punto de encuentro importante de aves endémicas y migratorias, por lo cual se realiza el Festival de Aves Martinica,2 con la finalidad de conservar éstos lugares y ofrecer a las aves sitios para descansar, anidar y alimentarse con plena comodidad, además de motivar entre los visitantes la apreciación, conocimiento y conservación de la naturaleza.

Como se mencionó anteriormente, las aves migratorias llegan primeramente a los lagos de la Ciudad de México, especialmente al lago del Parque Ecológico de Xochimilco y a los humedales de Tláhuac, los cuales a través de los años han actuado como sitios de paso, permitiendo a las aves descansar, alimentarse y en dado caso reproducirse, durante sus ciclos anuales de migración.

El arribo de miles de aves es un espectáculo natural digno de admirar, pero existe una situación actual que merece total atención, ya que estas aves migratorias cuando llegan al lago de Xochimilco o a los humedales de Tláhuac, en busca de refugio invernal, se encuentran con lugares descuidados, lo cual hace que su estancia sea cada vez menos hospitalaria.3

En primer lugar, el Parque Ecológico de Xochimilco, el cual es reserva natural de más de 200 hectáreas donde sus tres lagos son receptores importantes de aves migratorias como el pato canadiense, grullas y garzas, entre otras;4 ha perdido en los últimos años 40% de su área de agua porque se han expandido dos plagas, las plantas de lirio y tule, que a causa de la falta de mantenimiento y descuido de las autoridades, han provocado que el agua se convierta en suelo firme.

En segundo lugar, están los humedales5 de Tláhuac, los cuales también presentan síntomas de desgaste, ya que el medio natural que rodea los humedales presenta una significativa deforestación lo que ha causado la desecación de los mantos acuíferos.

Estas dos áreas de parada que las aves necesitan para completar sus viajes de cientos de kilómetros, están siendo degradadas y van desapareciendo poco a poco, lo que provocaría un impacto ambiental importante a causa de un desequilibrio ecológico que, hasta pudiera tener como consecuencia, la extinción de algunas especies de aves en los próximos años. Por consiguiente, debe procurarse la conservación y manejo sustentable de los ambientes prioritarios para las aves migratorias, que en su travesía por México, buscan sitios de estancia y parada que les proporcione refugio, alimentación y descanso.

Es necesario que se lleven a cabo, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, diversas acciones tendientes a la recuperación, mantenimiento y conservación de estos cuerpos de agua tan importantes para evitar, en un futuro, un desequilibrio ecológico que pudiera ser catastrófico.

El gobierno federal ya demostró su compromiso con el medio ambiente y la estabilidad ambiental del Parque Ecológico de Xochimilco, ya que a lo largo del 2014, a través de su compromiso presidencial CG-201, se realizaron trabajos de mantenimiento con la finalidad de conservar esta zona forestal, reportando un avance del 92%.6

Ahora, es el turno del Distrito Federal para que, a través de su Secretaría de Medio Ambiente, realice acciones tendientes a la recuperación, mantenimiento y conservación de estos lagos y humedales en favor de las aves migratorias que transitoriamente ocupan estos sitios y así tengan una estancia digna para descansar y alimentarse.

Además, debe establecerse una política de atención especializada consistente en la supervisión, por clubes de observación de aves y científicos que también evalúen las condiciones de la flora y fauna en la que se establecen.7

Si bien es cierto, el Distrito Federal destinó, en el 2014, más de 14 millones de pesos para preservar, conservar y recuperar las áreas de Xochimilco y Tláhuac,8 con el propósito de proteger el patrimonio ecológico y cultural que comprende esta zona, dicha acción no fue suficiente ya que se siguen presentando las mismas deficiencias que en años anteriores, pero ahora con una afectación mayor en los hábitats temporales de las aves migratorias.

Es por lo anteriormente expuesto, y para que el fenómeno de la migración de aves siga siendo uno de los maravillosos ciclos y espectáculos de la naturaleza, se somete a la consideración de esta soberanía el siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la titular de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal para que realice las labores de recuperación, mantenimiento y conservación de los diversos lagos y humedales en la demarcación.

Segundo. La Cámara de Diputados de honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la titular de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal para que establezca una política de atención especializada para el monitoreo de las aves migratorias y sus hábitats temporales.

Notas

1 Consultado en:
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/scripts_aves/do cs/naturalia_aves.pdf, 28 de enero de 2015, 17:59 horas.

2 Consultado en: http://www.turismochiapas.gob.mx/sectur/divirtete/festival-de-aves-mart inica, 28 de enero de 2015, 14:44 horas.

3 Consultado en:
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=447670&v=4&urlredirect= http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=447670&v=4, 28 de enero de 2015, 11:50 horas.

4 Consultado en: http://www.turiguide.com/tour-en-la-ciudad/resto-de-la-ciudad/75-canale s-de-xochimilco.html, 28 de enero de 2015, 14:49 horas.

5 La Ley de Aguas Nacionales define los Humedales como las zonas de transición entre los sistemas acuáticos y terrestres que constituyen áreas de inundación temporal o permanente, sujetas o no a la influencia de mareas, como pantanos, Ciénegas y marismas, cuyos límites los constituyen el tipo de vegetación hidrófila de presencia permanente o estacional, las áreas en donde el suelo es predominantemente hídrico; y las áreas lacustres o de suelos permanentemente húmedos por la descarga natural de acuíferos.

6 Consultado en:
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/7/5787Concluyen%20obras%20del%20compromiso %20presidencial%20en%20 Xochimilco.pdf, 28 de enero de 2015, 19:37 horas.

7 Consultado en: http://www.tallapolitica.com.mx/?p=316588, 29 de enero de 2015, 12:36 horas.

8 Consultado en:
http://info7.mx/a/noticia/508710/destinan_14_mdp_para_recuperar_xochimilco_tlahuac_y_milpa_alta, 28 de enero de 2015, 19:32 horas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2015

Diputado Pilar Moreno Montoya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Oficina de la Presidencia de la República a llevar a cabo un análisis interdisciplinario sobre la viabilidad de una política pública similar al plan Nuevo Guerrero para Michoacán, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Ernesto Núñez Aguilar, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La seguridad es la primera función del Estado, así se reconoce por los estudiosos de la ciencia política, la teoría general del Estado y la ciencia jurídica.

Por ello la función ejecutiva en turno debe asegurar un compromiso para conseguir la protección de todas las personas halladas en el correspondiente territorio luchando en contra de la inseguridad y cualquier estado de violencia, un ejemplo de ello es la intervención del gobierno federal encabezado por el Presidente de la República ante la difícil situación vivida en la entidad federativa de Guerrero.

Hasta hace unos meses el contexto social, de administración pública, y el político era muy delicados en aquel sitio, pero gracias al despliegue del llamado PlanNuevo Guerrero la realidad se ha transformado positivamente.

Aquél Plan cuenta con un respaldo financiero poderoso lo cual implica una inversión sin precedentes en infraestructura, fomenta el crecimiento económico y el desarrollo social incluyente.

El presidente dio a conocer los ejes centrales en los cuales se basa dicho plan para la reconstrucción de las zonas que resultaron afectadas en la entidad; así mismo, precisó que se alentará el desarrollo logístico e industrial del Puerto Balsas, en la Costa Grande de Guerrero, hasta el Puerto Lázaro Cárdenas, en Michoacán, con la construcción de la autopista intercostera, que tendrá una conexión desde Michoacán hasta Puerto Chiapas.

Los avances derivados del plan implicarán también un desarrollo integral de conectividad, pues se ampliará la red de fibra óptica y los puntos de acceso gratuito en escuelas, hospitales, ayuntamientos y otros sitios públicos.

En este mismo sentido podemos apreciar también los beneficios respecto a los servicios públicos, pues en este contexto se implementará un plan hídrico para la región, llevándose a cabo la rehabilitación y construcción de nuevas fuentes de abastecimiento de agua potable para las ciudades de Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Iguala y Taxco.

En materia de vivienda se buscará la rezonificación y reconstrucción de casas habitación para albergar a la población afectada; en salud, se considera construcción del nuevo Hospital de Acapulco Guerrero, y la conclusión del nuevo Hospital General en Coyuca de Catalán.

Asimismo se destinarán recursos sin precedentes para los cultivos, para la producción, así como para generar inversión en infraestructura y equipamiento del campo.

En la actualidad el Plan Guerrero ya cuenta con avances, pues al presente ya se han ejercido 39 mil millones de pesos, esto es una inversión histórica para reconstruir más de mil caminos rurales, seis carreteras y 11 puentes.

En este mismo sentido de bienestar, la Secretaria, Robles Berlanga aseguró que a través del Plan Nuevo Guerrero se brinda apoyo permanente a los empresarios y a las familias que viven del turismo, principalmente en Acapulco, Zihuatanejo y Taxco, mediante la exención de cargas fiscales para promover la reactivación económica.

Como nos hemos percatado el Plan Guerrero es una idea exitosa misma que se va materializando y estamos convencidos que se reflejará en objetivos conseguidos en pro de los ciudadanos guerrerenses y de todo México.

Por lo anterior referimos y realizamos el presente punto de acuerdo reconociendo lo que se ha avanzado en el territorio y en la sociedad, pero así mismo, alzo la voz de manera respetuosa, en nombre de mi estado para exigir el mismo trato ante circunstancias parecidas, en este sentido me refiero a la entidad federativa de Michoacán de Ocampo que como es del conocimiento de todos los representantes populares quienes conformamos la presente sexagésima segunda legislatura sufre situaciones muy parecidas a Guerrero, por lo cual recibimos el apoyo de la Presidencia, pero aunque la ayuda no fue menor y la seguridad está en mejores condiciones que hace algunos meses creemos conveniente implantar, al igual que Guerrero, un plan maestro que provea desarrollo y asegure inversión para un crecimiento óptimo.

Lo anterior se justifica más con datos del documento Incidencia Delictiva 2014 elaborado por el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública, según esta fuente existieron en Michoacán de Ocampo hasta el 31 de octubre del año 2014 un gran total de 32465 delitos; 14882 robos, de estos con violencia fueron 2309; robo a instituciones bancarias 48; robo en carretera 43, de éstos 36 fueron con violencia; existió un total de lesiones dolosas de 2909; hubieron 823 homicidios dolosos; se actualizaron 99 secuestros y; 396 violaciones.

Como es notorio la sociedad michoacana requiere mejorar, proveer seguridad y desarrollo económico a todos sus integrantes.

Por todo lo expresado y acudiendo a la solidaridad federal representada en el artículo 119 constitucional pedimos la implementación de un plan para Michoacán de Ocampo similar al llamado Plan Nuevo Guerrero cuya finalidad sea asegurar en definitiva la paz pública, fuentes de producción para el crecimiento económico del estado, fuentes de trabajo, y promoción de actividades benéficas a la sociedad michoacana tales como salud y promoción deportiva y cívica.

En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la Sexagésima Segunda Legislatura exhorta respetuosamente a la Oficina de la Presidencia de la República para llevar a cabo un análisis interdisciplinario que permita determinar la viabilidad de una Política (pública) similar al Plan Nuevo Guerrero para la entidad federativa de Michoacán de Ocampo con la finalidad de asegurar en definitiva la paz y la seguridad pública, fuentes de producción para el crecimiento económico, generación de empleos permanentes y promoción de actividades benéficas a la sociedad michoacana.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de febrero de 2015.

Diputado Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a revisar los planes y programas de estudio de nivel superior, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, diputada federal Magdalena Núñez Monreal, secretaria de la Mesa Directiva e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo a través del cual se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para llevar a efecto la revisión de los planes y programas de estudio de nivel superior a partir del nuevo paradigma del aprendizaje, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los mexicanos nos sentimos orgullosos de los logros que compatriotas nuestros obtienen en diversas áreas del conocimiento, de la cultura y del arte como el alcanzado por los cineastas Alejandro González Iñárritu y Emmanuel Lubezki en la pasada entrega del premio Oscar, que tuvo verificativo el domingo 22 de febrero de la presente anualidad.

Al recibir el reconocimiento de la Academia a la mejor película, Alejandro González Iñárritu expresó lo siguiente: “Finalmente solo quiero tomarme un segundo para dedicar este premio a mis compañeros mexicanos: los que viven en México, ruego porque podamos encontrar y construir el gobierno que merecemos...”

La construcción del México que todos deseamos y del gobierno que merecemos necesariamente tiene que sustentarse en una educación de calidad para todos, que permita a todos nuestras niñas, niños y jóvenes adquirir los recursos y las herramientas necesarias para ser exitosos.

Sin embargo una vida exitosa o de fracaso depende de diversos aspectos que determinan la vida de los individuos como los son factores sociales, económicos, educativos y culturales, por ello es importante que la política educativa que se imparta por parte del Estado y los particulares, en todos los niveles, desde preescolar hasta el superior, se sustente en el nuevo paradigma no de la enseñanza, sino del aprendizaje.

Por ello coincido con el destacado investigador Eduardo Andere, autor de diversos libros y artículos relacionados con el tema de la educación, cuando afirma que “enseñar desde la perspectiva de lo que el maestro desea y no desde lo que el alumno necesita es una visión superada en esta paradigma del aprendizaje” y que “para ello, es preciso se centre la formación de los maestros en las necesidades de los alumnos, de la sociedad y de su desarrollo, enseñar no es suficiente, debemos aprender.”

Y precisamente parafraseando al maestro Andere, si lo importante es aprender y no enseñar, es fundamental que la Secretaría de Educación Pública lleve a efecto una revisión de los programas de estudio de las carreras que se ofrecen en el nivel superior para que se rediseñen los planes y programas de estudio en el nivel superior y no solamente en la etapa inicial y hasta la educación media superior.

Si otros países han llevado a efecto la revisión de los currículos de educación superior, es necesario que México avance a la brevedad en ese sentido, con la finalidad de que el aprendizaje sea el centro de la política educativa.

El mundo ha cambiado y la tecnología ha influido radicalmente en ese cambio, por lo tanto la Secretaría de Educación Pública necesita armonizar habilidades, conocimientos, valores y actitudes en nuevos planes y programas de estudio en el nivel superior.

De esta manera, estaremos en la posibilidad de edificar el país que todas y todos los mexicanos anhelamos, y contar con el gobierno que merecemos.

Por lo anteriormente manifestado, se somete a consideración del pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a llevar a efecto la revisión de los planes y programas de estudio de nivel superior a partir del nuevo paradigma del aprendizaje.

Palacio Legislativo de San Lázaro, febrero 26 de 2015.

Diputada Magdalena Núñez Monreal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la reubicación de los desalojados de la calle Roma de la colonia Juárez, en Cuauhtémoc, Distrito Federal, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, de la agrupación Movimiento de Regeneración Nacional

Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho a una vivienda digna implica no solamente el derecho de toda persona de disponer de cuatro paredes y un techo donde encontrar refugio, sino que también implica acceder a un hogar y a una comunidad segura, con dignidad, salud física y mental .

Conforme a los derechos humanos, es necesario garantizar el derecho a una vivienda adecuada y por ende el derecho a la familia, a la no injerencia en la vida privada, a la seguridad personal, a la salud y, en definitiva, para asegurar el derecho a la vida.

El derecho a una vivienda adecuada se halla reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); en el que se estipula el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas y una mejora continuada de las condiciones de existencia.

Sin embargo, desde hace unos días, un numeroso grupo de personas entre ellos niños menores de edad y personas de la tercera edad tomaron “de vivienda” parte de la calle Roma, en la colonia Juárez, perteneciente a la delegación Cuauhtémoc, como protesta por ser desalojados a la fuerza por granaderos de un predio que llevaba muchos años en abandono, siendo en el pasado, la sede de la embajada española, del cual no se acredita plenamente la propiedad, razón que hace injusto e ilegal el desalojo.

Este grupo de personas, instaló un tendedero en plena vía de circulación, donde además, se encuentra imposibilitado el paso en las calles de Roma y Milán.

Aunado a lo anterior, las medidas de higiene son escasas, en razón de que evidentemente no cuentan con baños para higiene personal, creando un foco de infección y despido de olores, que además de afectarlos directamente, también se han visto repercutidos algunos negocios locales, establecimientos de comida y a los museos emblemáticos en la capital de Cera y Museo de Ripley.

El presente punto de acuerdo se sustenta primordialmente en la garantía social consagrada en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, como el derecho irrestricto a favor de todos los ciudadanos a gozar de una vivienda digna, decorosa y segura; estableciendo por parte de la Ley instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de la asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a que se hagan valer los derechos fundamentales de las personas que se encuentran desalojadas en la calle Roma en la colonia Juárez de la delegación Cuauhtémoc.

Segundo. Se solicita al titular de la delegación Cuauhtémoc, a que se les reubique en algún predio a las personas que se encuentran pernoctando en las calles Roma y Milán de la colonia Juárez ubicados en su jurisdicción.

Tercero. Se solicita al titular de la delegación Cuauhtémoc, a que efectúe una campaña de salud en atención a las personas que se encuentran desalojadas en las calles Roma y Milán de la colonia Juárez ubicados en su jurisdicción, debido a la forma precaria en la que se encuentran.

Cuarto.- Se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que en el ámbito de su competencia realice las acciones necesarias para investigar por qué la autoridad pertinente no está respaldando a los ciudadanos afectados.

Quinto. Se exhorta al Titular del Instituto de Vivienda en el Distrito Federal para que en el ámbito de su competencia realice las acciones necesarias para promover, coordinar ejecutar y evaluar las políticas y programas de vivienda enfocados a favor de los habitantes del inmueble ubicado en la calle Roma de la Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc.

Sexto. Se exhorta al Titular del Instituto de Vivienda en el Distrito Federal para que en el ámbito de su competencia realice las acciones necesarias para que en coordinación con las Instituciones Financieras promuevan y ejecuten los esquemas de otorgamiento de créditos con garantías diversas para la adquisición en propiedad de las viviendas que se construyan de carácter social y popular en el inmueble ubicado en Calle Roma, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de febrero de 2015.

Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat a llevar a cabo acciones para solucionar el deterioro en los suelos del país, a cargo de la diputada Diana Karina Velázquez Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Diana Karina Velázquez Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La flora y la fauna de nuestro país, así como las actividades económicas que se desarrollan en el mismo, han sido gracias al amplio territorio con el que se cuenta. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el territorio nacional tiene una extensión de 1, 964,375 kilómetros cuadrados de superficie territorial y 3, 149,920 kilómetros cuadrados de superficie marítima;1 lo cual lo hace ser el quinto país más grande de América y el número 13 del mundo.

El vasto territorio permitió que durante casi todo el siglo XX se repartieran 100 millones de hectáreas de las 196.4 millones con las que se cuenta, es decir, se repartió para la actividad agraria más de la mitad del territorio nacional. Es así que el suelo mexicano ha sido utilizado para actividades como la agricultura y la ganadería, las cuales han representado la base primordial de la economía de las y los mexicanos, pero no sólo es utilizado para este tipo de actividades, sino que la industria, la manufactura, la acuacultura y un sinnúmero de acciones se llevan a cabo como forma de subsistencia de millones de mexicanos, de tal suerte que siendo el suelo elemento esencial para la mayoría de las actividades económicas, resulta sumamente idóneo el proteger y cuidar la superficie del país.

El suelo es la parte exterior de la corteza terrestre, constituido por una capa de material fragmentario no consolidado y es el resultado de la interacción de varios factores ambientales, tanto geológicos, fisiográficos, climáticos, biológicos y el material parental que proviene de la roca madre, el cual está constituido por minerales, materia orgánica, diminutos organismos vegetales y animales.2

Los suelos se clasifican por su origen geológico y su forma, conforme un estudio denominado “perfil de suelo”, con los cuales se puede afirmar que en el país existe el 87% de los tipos de suelos que hay en todo el mundo. En este sentido, México cuenta con suelos como: arenosos, arcillosos, dúplex, de tierras bajas, de tierras altas, salinos y sódicos, de yeso, erosionados, de alto contenido de material orgánico, los hechos por el hombre y los que se encuentran en las regiones volcánicas.3

Como lo señalamos anteriormente, la importancia de los suelos radica principalmente en el uso que se le otorga al mismo, tal es el caso de la agricultura, la industria, uso forestal y la habitación; de tal suerte que, como lo señala el Inegi, conocer sus características es importante para aprovecharlos de la mejor manera, por lo que el buen uso, cuidado y respeto de sus áreas naturales es esencial para su conservación y uso prolongado.

Desafortunadamente, diversos factores naturales y del ser humano, han provocado una seria degradación del suelo, lo que hace que miles de kilómetros cuadrados hagan imposible el uso del mismo. Al respecto, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) define la degradación como la reducción o destrucción del potencial biológico de la tierra que puede llevar a la creación de condiciones análogas a las de un desierto natural.4

La degradación del suelo ha alcanzado niveles sumamente preocupantes, ya que datos expuestos por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), aseguran que el 45.2% de la superficie del país presentaba degradación inducida por el hombre,5 siendo los procesos físicos y químicos, los principales factores del fenómeno.

Lo señalado anteriormente es confirmado por el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que a través de diversos estudios realizados por expertos de la materia, aseguran que cerca del 45 por ciento de nuestros suelos se encuentra con algún nivel de deterioro, “situación que intensifica los procesos de desertificación e incrementa la vulnerabilidad de la población ante eventos hidrometeorológicos extremos”.6

En este mismo tema, la Semarnat asegura que entre las principales causas de degradación se encuentran el cambio de uso del suelo para fines agrícolas y el sobrepastoreo (17.5 por ciento en ambos casos), la deforestación (7.4 por ciento) ocupa el tercer lugar, seguida de la urbanización (1.5 por ciento); todo lo anterior tiene una importante relación con la afectación de la cubierta vegetal, responsable de la conservación del suelo.7

Esta degradación, como lo señala las organizaciones Oxfam y Red Mexicana de Esfuerzos contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales, constituyen una de las problemáticas ambientales, sociales y económicas más graves en México.8

En esta misma problemática, la erosión es un serio problema ecológico, ya que es considerado uno de los principales promotores de la desertificación del territorio nacional. Este fenómeno natural es reconocido como el desgaste de los suelos producido por acción de los agentes erosivos, que son el agua en movimiento y el viento.9

El INECC asegura que de los casi 200 millones de hectáreas del territorio nacional 154 millones están sujetos a diversos grados de erosión (leve y, moderada, entre 74 y 94 millones de hectáreas; severa y muy severa entre 60 y 80 millones de hectáreas), lo que representa 78.30 por ciento de la superficie del país, siendo las entidades más afectadas: Oaxaca, Tamaulipas, Yucatán, Veracruz, Chiapas, Nuevo León, estado de México, Coahuila, San Luis Potosí y Michoacán.10

Es tan grave la situación respecto de la degradación y la erosión del suelo, no solo a nivel nacional, sino en todo el mundo, que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), nombró al año 2015 como el Año Internacional de los Suelos , ello con el fin de que los países integrantes lleven a cabo acciones encaminadas a la protección y buen uso de los suelos.

Entre las acciones planteadas para el 2015 por parte de la FAO se encuentran el aumentar la conciencia entre los principales actores de la sociedad, concientizar a la sociedad, apoyar políticas y medidas eficaces para la gestión y protección sostenible de los recursos del suelo, promover inversiones en actividades sostenibles de gestión de los suelos, fortalecer iniciativas relacionadas con el proceso de los objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda posterior a 2015 y promover el rápido aumento de capacidad para la recopilación y el seguimiento de información sobre los suelos a todos los nivele.

Cabe resaltar que el Instituto de Geofísica propuso como medida para poner un alto a la degradación del suelo, la puesta en marcha de estrategia nacional que permita conjuntar y direccionar esfuerzos y recursos y que toda práctica de preservación tenga el soporte científico para su realización y cuente con la debida evaluación de su aplicación.11

Los datos anteriormente expuestos nos permiten señalar la importancia y urgencia de poner en marcha acciones por parte del Gobierno Federal, locales y municipales, a fin de prevenir y disminuir considerablemente los suelos erosionados o degradados. Si bien estos fenómenos son “naturales”, el uso inadecuado del suelo y el abuso del mismo propician la pérdida de su capacidad productiva, lo cual merma de forma directa actividades como la agricultura y la industria.

Es importante también, que la sociedad en general haga conciencia de las repercusiones tan serias que tiene el no poder hacer uso del suelo, sea la actividad que fuere, de tal suerte que todas las personas deben realizar las acciones necesarias a fin de proteger y aumentar la vida del suelo en el que se vive y en el que se trabaja, y con ello proteger la fuente de trabajo de millones de personas.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la titular de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que realice un estudio y análisis pormenorizado respecto de la situación actual de los suelos en el país y sus niveles de degradación y erosión.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, una vez realizado el estudio referente a la degradación y erosión de los suelos, realice y lleve a cabo un plan de trabajo con el fin de proteger y hacer buen uso de los suelos en el país y con ello disminuir su degradación y erosión.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, a la par de las acciones señaladas por la FAO en el Año Internacional de los Suelos, lleve a cabo campañas de concientización sobre la protección y el buen uso de los suelos del país.

Notas

1 http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/extension/default.aspx?tema=T 17 de diciembre de 2014 12:00 horas.

2 http://www.fao.org/docrep/006/w1309s/w1309s04.htm 17 de diciembre de 2014 12:20 horas.

3 http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/suelo.aspx?tema=T 17 de diciembre de 2014 12:56 horas.

4 http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/16/parte2.html 17 de diciembre de 2014 13:40 horas.

5 http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_resumen/03_suelos/cap3.html 17 de diciembre de 2014 13:46 horas.

6 http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2014_717.html 17 de diciembre de 2014 13:51 horas.

7 http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_resumen/03_suelos/cap3.html 17 de diciembre de 2014 13:55 horas.

8 http://www.jornada.unam.mx/2014/03/30/politica/017n1pol 17 de diciembre de 2014 14:22 horas.

9 http://www.fundacionacude.org/UserFiles/File/DeterioroSuelos.pdf 17 de diciembre de 2014 14:01 horas.

10 http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/16/parte2.html 17 de diciembre de 2014 14:09.

11 http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2014_717.html 17 de diciembre de 2014 14:26 horas.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 26 de febrero de 2015

Diputada Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR a actuar con oportunidad e imparcialidad por la Fepade en el presente proceso comicial, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Magdalena Núñez Monreal, secretaria de la Mesa Directiva e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Procuraduría General de la República (PGR) a actuar con oportunidad e imparcialidad por la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) en el presente proceso comicial, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Recientemente, la colegisladora designó a un nuevo titular de la Fepade, adscrita a la PGR, por unanimidad de los grupos parlamentarios representados en ella.

Sin embargo, el respaldo otorgado a quien ahora la preside deberá en los hechos corresponder a esa confianza con resultados oportunos, pues fueron desatendidos los exhortos que el Poder Legislativo emitió hace seis años con motivo de las elecciones intermedias a efecto de que la fiscalía implantara medidas preventivas para evitar la comisión de conductas delictivas relacionadas con los procesos electorales.

La falta de oportunidad con que los ministerios públicos adscritos a la Fepade integran las indagatorias correspondientes alienta que prácticas lesivas de la democracia continúen, como la compra del voto, el uso de programas sociales con fines electorales, el desvío de recursos públicos para privilegiar a determinados candidatos o partidos, la realización de obras públicas para inclinar las preferencias electorales hacia determinada opción partidista, la utilización de más de una credencial para votar y la injerencia de servidores públicos federales y locales en los procesos electorales.

Por tanto, es necesario que la Fepade conduzca sus actuaciones en el presente año electoral con transparencia y responsabilidad. Para cumplirlo será necesario que atienda con oportunidad y no por consigna las denuncias que presenten los partidos, las organizaciones sociales y los particulares.

No basta que la PGR y la Fepade suscriban convenios de colaboración con las Secretarías de la Función Pública, y de Gobernación, los 31 gobernadores y el jefe del gobierno del Distrito Federal para desarrollar acciones de difusión, capacitación, prevención y atención en materia de delitos comiciales y de responsabilidades administrativas de los servidores públicos durante los procesos federales y locales. Se necesita que la institución se sujete a la legalidad y atienda las denuncias que reciba.

Por lo expuesto se somete a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a actuar con oportunidad e imparcialidad por la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales en el presente proceso comicial.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2015.

Diputada Magdalena Núñez Monreal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la problemática social debida a irregularidades en diversos inmuebles de la colonia Juárez, en Cuauhtémoc, Distrito Federal, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, de la agrupación Movimiento de Regeneración Nacional

Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Identificar la estructura social que tiene actualmente la delegación Cuauhtémoc, es hacer un alto en el camino para hacer una reseña de la historia más reciente de esta demarcación. Evocar la vocación productiva de su población implica involucrarse necesariamente en las raíces de los establecimientos y oficios centenarios que le han dado vida.

La colonia Juárez en la Ciudad de México es uno de los espacios territoriales con mayor historia en el Distrito Federal, dado el importante patrimonio inmobiliario que posee, caracterizado por la permanencia de antiguas construcciones afrancesadas que datan de la época del porfiriato, mismas que son admiradas y reconocidas tanto por los habitantes de la zona, como por los visitantes de la misma.

Sin embargo, en diferentes inmuebles se ha dado una gran problemática, debido a las negligencias e irregularidades por parte de supuestos dueños o en su defecto por algunas inmobiliarias; generando una grave crisis social.

Por ejemplo la situación que imperar en el edificio de la calle Versalles 84, localizado entre Turín y Barcelona, es de total abandono y negligencia por parte del que ahora se dice dueño del predio y de su edificio. Después de que sus habitantes (algunos inquilinos y otros posesionarios), disfrutaron de paz y tranquilidad, en el menor de los casos por más de dos décadas y en el mayor por más de cinco; desde hace aproximadamente dieciocho meses irrumpieron dicha calma sigilosamente diversas personas que trataron de apoderarse tanto del edificio como de los departamentos. Por ello no es aceptable que a estas fechas aparezca un supuesto dueño y que lleve a juicio a todos y cada uno de los habitantes, sin respetar la garantía de audiencia o su derecho de defensa, violación que se hace más perversa y descarada cuando este supuesto dueño contrata a una compañía de seguridad y vigilancia para consumar las anomalías efectuadas a dichos vecinos.

Estos guardias amedrentan y agreden de manera verbal y física a las mujeres que ahí habitan, sin mencionar que se ha utilizado la fuerza pública para desalojar a un anciano de más de 80 años, con por lo menos 200 granaderos y 10 cuadrillas de cargadores, lo anterior es para demostrar la fuerza e intimidar a los demás habitantes; en medio de la confusión desalojaron un departamento en el cual no se encontraban sus habitantes, violando flagrantemente la ley.

Por otro lado, pero con gran similitud los inquilinos del edificio ubicado en calle Liverpool No. 9, muestran una gran incertidumbre pues después de que un grupo de arquitectos y peritos del INBA realizaron diferentes estudios topológicos y levantamientos para modificar y aumentarle 2 pisos extra, se presentó en el inmueble el propietario con la intención de forzarlos a firmar una notificación en la que se les imponía la renuncia de su derecho del tanto, la cual se negaron a firmar, posteriormente comenzaron el envío de Jurisdicciones Voluntarias en la que se les imponía el plazo de treinta días para desocupar y/o desalojar los departamentos y locales comerciales según correspondiera.

En más de una ocasión los inquilinos manifestaron al propietario su voluntad para ejercer el derecho de adquirir el inmueble, según el artículo 2447 del Código Civil del Distrito Federal, el cual les fue negado.

En el caso de los vecinos de la calle Abraham González, la arrendadora que es administrada por una inmobiliaria les envía avisos en los cuales se les notifica que al término del contrato no desea seguir arrendando, solicitando de igual manera le sea desocupado el inmueble. En cuanto a los locales comerciales cabe señalar que es el patrimonio de varias familias por el que han trabajado.

Es evidente que en esta delegación el principal problema es el cambio de reacomodo social, generando un gran desplazo habitacional ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Por qué la autoridad no está respaldando a la ciudadanía?

Por estas irregularidades es necesario la intervención del gobierno, que no se permita una injusticia más, que se respete el derecho de defensa, la garantía de audiencia constitucional y que se haga una investigación sigilosa del por qué la autoridad no está respaldando a la ciudadanía.

El presente punto de acuerdo se sustenta primordialmente en la garantía social consagrada en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, como el derecho irrestricto a favor de todos los ciudadanos a gozar de una vivienda digna, decorosa y segura.

Asimismo, en la facultad conferida al Jefe de Gobierno del Distrito Federal como la autoridad con amplia potestad para aplicar las modalidades y restricciones al dominio privado y hacer uso de dichos espacios, a fin de salvaguardar la integridad de la colectividad, sin que por esto se lesione el derecho constitucional a la propiedad.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al jefe delegacional en Cuauhtémoc para que en el ámbito de su competencia realice las acciones necesarias para implementar un plan de trabajo que permitan la protección a los vecinos afectados.

Segundo. Se exhorta al jefe delegacional en Cuauhtémoc para que en el ámbito de su competencia tenga a bien realizar una reunión con los afectados y se efectúen las acciones necesarias para darle solución a tal problemática.

Tercero. Se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que en el ámbito de su competencia realice las acciones necesarias para investigar por qué la autoridad pertinente no está respaldando a los ciudadanos afectados.

Cuarto. Se exhorta al titular del Instituto de Vivienda en el Distrito Federal para que en el ámbito de su competencia realice las acciones necesarias para promover, coordinar ejecutar y evaluar las políticas y programas de vivienda enfocados a favor de los ocupantes de los inmuebles ubicados en Calle Versalles 84; Calle Liverpool·9, Calle Abraham González, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc.

Quinto. Se exhorta al titular del Instituto de Vivienda en el Distrito Federal para que en el ámbito de su competencia realice las acciones necesarias para que en coordinación con las Instituciones Financieras promuevan y ejecuten los esquemas de otorgamiento de créditos con garantías diversas para la adquisición en propiedad de las viviendas que se construyan de carácter social y popular en los inmuebles ubicados en Calle Versalles ·84; Calle Liverpool ·9, Calle Abraham González, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc.

Sexto. Se exhorta al titular del Instituto de Vivienda en el Distrito Federal para que en el ámbito de su competencia genere una mesa de trabajo con los habitantes afectados de los inmuebles ubicados en calle Versalles·84; calle Liverpool·9, calle Abraham González, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc; con el objetivo de darle certidumbre y llegar a un acuerdo mutuo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de febrero de 2015.

Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNBV a establecer medios y procedimientos institucionales para atender los reclamos de los ahorradores defraudados por Caja Progresa, SC de RL de CV, de Dolores Hidalgo, Guanajuato, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Lilia Aguilar Gil, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La población del municipio de Dolores Hidalgo Guanajuato ha sido defraudada por la empresa Caja Progresa, SC de RL de CV, que es dirigida por la C Lidia Arvizu García como Directora General. Desde el mes de octubre del año 2010, no ha dado cumplimiento a los pagos de capital e intereses invertidos en dicha caja, ocasionando un grave problema económico y social aproximadamente a 6000 ahorradores, de los cuales se ha podido documentar 1600, por lo que se sospecha que los 4400 restantes pudieran ser ficticios.

Sin embargo desde inicio de operación de la Caja en el año 2000 hubo irregularidades ya que no se registró ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La actual administradora y Gerente General, se ha negado por completo a devolver el dinero propiedad de los socios afirmando que la esperen porque no es el momento, y hasta la fecha ha dado evasivas e inventando una serie de situaciones con la intención de confundir al socio ahorrador.

Como medida de remediación se constituyó un fideicomiso que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, conocido como Fipago, para pagar a los defraudados.

Desde el 7 y 8 de julio de 2014, se han presentado 900 denuncias penales por el delito de fraude genérico ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, mencionando que es incompetente, por lo que las remite ante la Procuraduría General de la República, manifestando a su vez que no es competencia del órgano federal sino local, donde el daño patrimonial a los clientes se estima en 600 millones de pesos.

Las denuncias penales son un requisito para que los socios defraudados puedan acceder al pago del setenta por ciento de un total ahorrado de $ 240,000.00 (Doscientos cuarenta mil pesos).

El pasado 31 de enero de 2015, los socios defraudados realizaron diversas manifestaciones y trámites ante Fipago, no obteniendo respuesta por parte del Gobierno.

Los socios defraudados han solicitado al Gobierno a contratar un despacho para auditar a Caja Progresa, sin obtener respuesta. Por otra parte en el periódico el correo aparece una foto de Antonio Salvador García Secretario de Gobierno de Guanajuato con Lidia Arvizu García declarando que llegaron a un acuerdo de pagar mediante el Fideicomiso Fipago.

La principal queja de los socios ahorradores es por la falta de sensibilidad del gobierno del estado para resolver este asunto y denuncian tratos oscuros y deleznables del Secretario de Gobierno, Antonio García López con los defraudadores y la falta de atención, e incluso agresiones y amenazas a las víctimas de este delito.

El 16 de Febrero del presente año, en conferencia de prensa el Partido del Trabajo en Guanajuato y el Movimiento de Socios Defraudados de Caja Progresa, se dio a conocer un video donde el Coordinador de Asesores de la Secretaría de Gobierno, Héctor García Cerrillo, manifestó tener conocimiento de los presuntos fraudes y lavado de dinero cometidos por la directora general de la caja Progresa, Lidia Arvizu.

Dentro de los defraudados se encuentran personas de la tercera edad, jóvenes y familias enteras que se sienten desesperadas ante el robo de esta delincuente que se ha aprovechado de la bondad y confianza de la comunidad de Dolores Hidalgo.

Por lo anteriormente descrito se presenta a esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Resolutivos

Primero. La Cámara de Diputados, exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a establecer los mecanismos y procedimientos institucionales necesarios, en el marco de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas y Préstamo y Apoyo a sus Ahorradores, para atender los reclamos de los ahorradores defraudados por la Caja Progresa, SC de RL de CV, a los habitantes del municipio de Dolores Hidalgo del estado de Guanajuato

Segundo. La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente a la Procuraduría Generarla de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, a que realicen una investigación exhaustiva a la Caja Progresa S.C de R.L de C.V por el lavado de dinero y el fraude cometido contra los habitantes del municipio de Dolores Hidalgo del estado de Guanajuato.

Tercero. La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a fin de que lleven a cabo las acciones pertinentes para garantizar la protección de los ahorros de los usuarios de la Caja Progresa, SC de RL de CV, del municipio de Dolores Hidalgo del estado de Guanajuato, así como identificar, y en su caso sancionar conforme a derecho, a quienes incumplen con la ley que las regula.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2015.

Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de Chihuahua a llevar a cabo la debida armonización de su legislación en materia de feminicidio en base a la legislación federal y a los instumentos internacionales aplicables, a cargo de la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano

La suscrita, DIPUTADA MARTHA BEATRIZ CÓRDOVA BERNAL, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, 76 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:

ANTECEDENTES

I Con la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el 1° de febrero de 2007, se establece por primera vez en un ordenamiento jurídico la violencia feminicida, al referirse a la violencia extrema de la violencia de género contra las mujeres, y le añade elementos tales como que se conforma por el conjunto de conductas misóginas, que pueden conllevar impunidad social y del Estado.

II Posteriormente en 2011, se incorpora el delito de feminicidio como un nuevo tipo penal, en el catálogo de delitos del orden federal, dándole un tratamiento de homicidio doloso calificado, a quien prive dolosamente de la vida a una mujer, cuando se cometa en ciertas circunstancias y no sólo atendiendo a la calidad de la víctima.

III De acuerdo al INEGI , en su clasificación de delitos de 2011, esta clase de delito incorpora todas aquellas figuras típicas en las que, para su configuración, el victimario priva de la vida dolosamente a una mujer bajo ciertas circunstancias como: violencia de género, violencia familiar, desprecio u odio a la víctima, tortura o tratos crueles o degradantes, exista o haya existido una relación de afecto o de confianza entre la víctima y el agresor, la víctima se haya encontrado en estado de indefensión o para ocultar una violación.

IV El delito de feminicidio se encuentra ligado con la violencia ejercida en contra de las mujeres, es así que la ENDIREH 2011, reveló que del total de mujeres de 15 años y más, 46.1% sufrieron algún incidente de violencia de pareja a lo largo de su actual o última relación conyugal. El porcentaje fluctúa entre 56.9% en el Estado de México y 29.8% en Chiapas.

V El 42.4% de las mujeres de 15 años y más, declaró haber recibido agresiones emocionales en algún momento de su actual o última relación que afectan su salud mental y psicológica; 24.5% recibió algún tipo de agresión para controlar sus ingresos y el flujo de los recursos monetarios del hogar, así como cuestionamientos con respecto a la forma en que dicho ingreso se gasta.

El 13.5% de estas mujeres de 15 años y más, confesó haber sufrido algún tipo de violencia física que les provocaron daños permanentes o temporales. Los contrastes por entidad federativa son: el Estado de México con 15.5%, mientras que en Sinaloa alcanzó el 9.7 por ciento.

VI Las mujeres de 15 años y más, víctimas de violencia sexual cometida por sus propias parejas, representan el 7.3%; ellas declararon haber sufrido diversas formas de intimidación o dominación para tener relaciones sexuales sin su consentimiento.

VII El delito de feminicidio es sin duda la forma extrema de violencia contra las mujeres, que por lo general se asocia a una violencia sistemática y se encuentran estrechamente vinculados con el odio hacia una condición de género atribuida a las desigualdades que han existido por generaciones y reproducen relaciones de poder inequitativas entre mujeres y hombres, que en la mayoría de los casos, es sufrida en el núcleo familiar por parte del cónyuge, ex parejas o de personas conocidas.

VIII De acuerdo al INEGI, respecto al feminicidio, en 2010, el total de defunciones registradas ascendió a 592 mil 018 (332 mil 027 hombres y 259 mil 669 mujeres), mientras que las muertes por homicidio fueron 25 mil 757 (23 mil 285 hombres y 2 mil 418 mujeres); es decir, el 4.4% de las defunciones del país fueron por esta causa.

IX En 2010, a nivel nacional hubo 4.4 defunciones por cada 100 mil mujeres y las tasas de muertes por homicidio por encima de la media nacional, se registran en Chihuahua, Durango, Nayarit, Sinaloa, Baja California, Guerrero, Tamaulipas, Morelos, Oaxaca, Coahuila y Quintana Roo.

X Desafortunadamente la condición de las mujeres y el tipo de violencia que enfrentan, se exacerban por la proliferación del crimen organizado y el narcotráfico, lo que hace que se incremente el número de feminicidios. Anteriormente se había tipificado el delito dentro de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero no consideraba penas, lo que lo hacía inoperante. Sin embargo, en diciembre de 2010, el Estado de Guerrero, se convirtió en la primera entidad en incluir el delito de feminicidio en su Código Penal.

XI Por lo que se refiere a los lugares en donde se perpetra el feminicidio, de acuerdo con información del INEGI, en el último quinquenio cuatro de cada 10 homicidios de mujeres han ocurrido en su hogar, y tres en la vía pública. Es importante señalar que la proporción de muertes de mujeres en la vía pública aumentó de manera considerable, pasando de 27.9% en 2005 a 35.7% en 2009.

CONSIDERANDO

I. Que la introducción de la palabra feminicidio alude a formas de violencia extrema que conllevan a la muerte de las mujeres caracterizadas tanto por la misoginia en que se originan, como por la tolerancia - expresa o tácita - del Estado e instituciones frente a estas conductas, es decir, la violencia institucional en contra de las mujeres ha contribuido en gran medida a la preservación y reproducción de la sociedad patriarcal, tolerante de la violencia contra las mujeres, en todas sus manifestaciones.

II. Que es entonces que la violencia contra las mujeres hasta privarles de la vida, un problema social que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, consecuencia de la sistemática vulneración de sus derechos fundamentales, los cuales son inherentes a su condición humana, y que por lo tanto deberían de recocerse sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición.

III. Que en ese sentido, es que se coloca a las mujeres como un grupo social en condición de desventaja, al resultar doblemente o innumerablemente victimizada. Entendiéndose por víctima, de acuerdo a los señalado en la Declaración sobre los principios fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y Abuso del Poder , “como las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones y omisiones que violen la legislación penal vigente en los estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.

IV. Que el acceso y la procuración de justicia para las mujeres, se encuentran condicionados no sólo por su situación económica y social, sino por estereotipos de género y socio culturales regionales, por lo que en muchas ocasiones las mujeres que han sido víctimas de la violencia son ignoradas y marginadas, consecuentemente en algunos casos a estas mujeres sus agresores terminan privándoles de la vida.

V. Que ante ello, el Estado debe proporcionar garantías plenas y efectivas de atención, protección, restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. En ese sentido es fundamental la inclusión de la perspectiva de género en la impartición de justicia, ya que en contra sentido, se estaría consintiendo tácitamente con la comisión de delitos contra mujeres.

VI. Que reconociendo lo anterior, hace falta legislar el delito de feminicidio de manera homóloga, a fin de que en cualquier entidad federativa, se castiguen como tal las mismas conductas que prevé el Código Penal Federal, así como la previsión de las medidas de atención a las víctimas, tales como atención y tratamientos médicos, psicológicos, espacios adecuados, personal calificado y capacitado, para la atención, pero lo más importante para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y la preservación de sus vidas, ya que sin duda, el bien jurídico tutelado más preciado es la vida y es en base a este bien, que pueden desarrollarse los demás derechos de que toda persona es titular, por ello la privación de la vida constituye la conducta mayormente reprochable y condenable por la sociedad y por la ley, por lo que se recomienda considerar:

• Tipificar expresamente el delito de feminicidio en el Código penal estatal, contemplando la definición y la sanción conforme al Código Penal Federal, y señalar las circunstancias que consideran que el delito se cometió por razones de género.

• Establecer para su armonización con el Código Penal Federal, la pena de 40 a 60 años de prisión, así como la determinación de la multa correspondiente, acorde al mismo ordenamiento.

• Incorporar entre las circunstancias que se consideran para que el delito sea considerado como feminicidio, cuando:

* La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo.

* A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia.

* Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima.

* Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza.

p* Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima.

* La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida.

* El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

• Sancionar en la legislación penal, al sujeto activo del delito de feminicidio con la pérdida de todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.

• Sancionar al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia en el delito de feminicidio, armonizándolo con el Código Penal Federal (Pena privativa de libertad, multa y destitución e inhabilitación).

• Ampliar en la ley de violencia estatal, la figura del agravio comparado.

• Incorporar tiempos para emitir la alerta de violencia de género.

• Mandatar explícitamente en la ley de violencia estatal, la especialización de las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a víctimas para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con feminicidio; y la elaboración y aplicación de protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de feminicidio.

VII. Dentro del orden jurídico mexicano, existen otras leyes federales que coadyuvan a la contención del fenómeno de la violencia contra las mujeres, tales como:

• Ley General de Víctimas.

• Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

VIII. Que no obstante lo anterior, la violencia en su peor expresión, que causa la muerte de mujeres en todo el país cobrando la vida de inocentes y que la tipificación del delito de feminicidio en el orden jurídico nacional, constituye un hito en la historia de la defensa de los derechos humanos de las mujeres, es así que de acuerdo a lo establecido en el artículo 325 del Código Penal Federal, la privación de la vida de las mujeres, constituye la máxima afrenta que el derecho penal prevé y sanciona, la conceptualización del feminicidio y su tipificación, encuentran su marco de referencia en diversos instrumentos internacionales y está previsto en él, la adecuación al tipo a través de diferentes causas.

IX. Que es importante recordar que dentro de las recomendaciones hechas al Estado mexicano en materia de derechos humanos, se encuentra llevar a cabo la debida armonización del marco jurídico nacional, que en el delito de feminicidio, se aprecia la existencia de la intencionalidad, es decir la presencia del dolo, ya que concurren la voluntad y la conciencia en el agente activo de ejecutar un hecho con la intención de causar la muerte a una mujer, intención que puede ser determinada de acuerdo a las circunstancias que se señalan en el propio precepto y que se consuma con la muerte de la víctima.

Los sujetos requeridos para que exista el delito de feminicidio son dos, el activo y el pasivo o víctima, aunque pueden existir diversos sujetos activos y diversos sujetos pasivos de este delito. El sujeto activo puede ser cualquier persona, mujer u hombre indistintamente, mientras que el sujeto pasivo siempre será una mujer.

Los objetos que se presentan, como en todo delito, son el material y el jurídico; en este caso el objeto material es la mujer sobre la cual recae directamente el daño, consistente en la privación de la vida de una o más mujeres, con la incidencia de diversos objetos jurídico lesionados, que constituyen cada uno, un bien tutelado por la ley, que son: la vida humana, la integridad física, psíquica, la libertad sexual, la inviolabilidad del cuerpo de las mujeres, actos basados en la discriminación y subordinación implícita en la violencia contra las mujeres.

X. Que en este tipo de delito la conducta típica es privar de la vida a una o más mujeres, que a diferencia del tipo penal del homicidio, este tipo penal si describe diversas causales que señalan formas y medios de ejecución específicos, como el nexo causal entre conducta típica y el resultado típico.

XI. Que la culpabilidad es resultante de la antijuridicidad de la conducta desplegada por el sujeto activo lesionando el bien jurídico tutelado, en ese sentido, en este tipo de delitos, este elemento se encuentra presente, basta estudiar los contextos y las circunstancias en que se perpetra y en donde se evidencia la crueldad y la extrema violencia.

XII. Que dentro de los principales fundamentos para tipificar el delito de feminicidio, se encuentran la igualdad sustancial, la no discriminación, el respeto del derecho de las mujeres a una vida sin violencia y el respeto a la vida de las mujeres.

XIII. Que es importante mencionar que la tipificación del feminicidio, constituye la clasificación independiente, incluyente que visibiliza y reconoce la privación de la vida de mujeres por razones de género, en la que concurren circunstancias especiales de extrema violencia como la tortura, el descuartizamiento, decapitación, la asfixia entre otras, en la que además pueden presentarse otros tipos penales como la violación, la privación de la libertad, la trata de personas, entre otras formas crueles e inhumanas de causar dolor hasta la muerte de una o varias mujeres, lo que justifica plenamente la inclusión de una disposición formalmente separada del tipo penal de homicidio.

XIV. Que el feminicidio surge como medida a la injusticia distributiva, por la selectividad del poder, por la violencia social, por las marcadas desigualdades entre mujeres y hombres, por la falta de acceso a las mujeres a la justicia, entre otras, como una respuesta para crear confianza en el sistema, que ha invisibilizado o minimizado los contextos en los cuales se han perpetrado este tipo de injustos penales que lesionan severamente a la sociedad. Con la aparición de esta figura se obliga al juzgador a realizar un análisis penal exhaustivo de las evidencias en los crímenes de ésta índole.

XV. Que la severidad de la penalidad del delito, hace patente la intolerancia de la desigualdad estructural que ha existido, en perjuicio de las mujeres, en donde se encuentran al extremo de la violencia y de la discriminación por género de las mujeres, por lo que es de estricta justicia exigir al sistema penal la valoración adecuada de la gravedad para la imposición proporcional de las penas.

De lo anterior, se desprende que en el ámbito normativo, se refleja un esfuerzo del Estado mexicano por castigar el delito de feminicidio a fin de estar en congruencia con lo señalado en el derecho supranacional y cumplir con los compromisos internacionales en la materia; y que es una realidad que las mujeres continúan siendo vulneradas en sus derechos fundamentales y humanos por diversos factores, entre ellos por el hecho de ser mujeres, por su estatus social, económico o cultural, así como por la falta de reconocimiento de sus derechos en los cuerpos normativos, en ese sentido se pretende llevar a cabo la armonización del marco jurídico del Estado de Chihuahua, acorde con las normas federales en la materia.

Por lo anteriormente expuesto, es que la suscrita Diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, solicita a esta soberanía, sea aprobado de forma urgente el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se exhorta al Congreso de Estado de Chihuahua a llevar a cabo la armonización legislativa en materia de feminicidio con base a la legislación federal y a los instrumentos internacionales aplicables en materia de derechos humanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2015.

Diputada Martha Beatriz Córdova Bernal

Inklusion
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