Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4202-IX, miércoles 28 de enero de 2015
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, para que se realicen diversas actividades con motivo de los 70 años de la participación del Escuadrón 201 en la Segunda Guerra Mundial, suscrita por la diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La Segunda Guerra Mundial dio inicio el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Polonia por parte de Alemania. A partir de ese momento, diversos países se declararon la guerra, siendo las principales naciones participes en este conflicto Alemania, Japón, Francia, los Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética y China,1 por mencionar sólo algunos.
No obstante de que México había declarado su neutralidad ante el conflicto internacional, el 13 de mayo de 1942 el barco petrolero mexicano “Potrero del Llano” fue torpedeado y hundido por el U – 564, un submarino de las marina alemana capitaneado por Reinhard Suhren. Como consecuencia de ello, el Gobierno de México elevó una enérgica protesta y solicitó de la Alemania nazi una indemnización, a lo que el régimen de Adolph Hitler respondió, siete días después, con el ataque a otro navío mexicano, “El Faja de Oro”. Estos hechos fueron detonantes para que el entonces Presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, declarase estado de Guerra contra las potencias del Eje,2 señalando que existía “el compromiso moral de coadyuvar al triunfo común contra las dictaduras nazi fascistas”.3
No conforme con lo anterior, la marina de guerra alemana hundió cuatro buques mexicanos más: Túxpam, Las Choapas, Oaxaca y Amatlán.
Ya con la declaratoria formal de Guerra, el 8 de marzo de 1944 el presidente Ávila Camacho dio a conocer sus intenciones de tomar parte en la Guerra a través de la fuerza aérea, por lo que en julio del mismo año fue creado el “Grupo de Perfeccionamiento Aeronáutico”, integrado por 300 elementos procedentes de diversas unidades y dependencias del ejército, incluyendo civiles del Departamento de Materiales de Guerra, para ser enviado a capacitarse a los Estados Unidos de América.4
Tras la solicitud presidencial, el 29 de diciembre de 1944 el Senado de la República autorizó la salida de tropas de combate, organizándose formalmente el grupo por mando, grupo de comando, Escuadrón 201 y grupo de reemplazos. Se decidió que las fuerzas en adiestramiento en Estados Unidos se convirtieran en la “Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana” (FAEM), con lo que el “Grupo de Perfeccionamiento Aeronáutico” se transformó entonces en el “Escuadrón de Pelea 201” de la “FAEM”, conocido como Águilas Aztecas.
El grupo de combate recibió entrenamiento los primeros días del mes de enero de 1945 en varias localidades de los Estados Unidos, principalmente en el campo aéreo de Greenville, Texas y en el de Pocatello, Idaho.
Los integrantes del Escuadrón 201 cumplieron misiones de vuelo de bombardeo y ametrallamiento sobre las bases y posiciones japonesas, sobre talleres, vehículos en convoy, emplazamientos de artillería, y como asistentes en zonas de concentración de soldados. Participaron en peligrosos vuelos en barrida sobre lejanos territorios y cumplieron misiones de bombardeo sobre la isla de Formosa, como antecedente a la invasión contra Japón.
La escuadra mexicana realizó 59 misiones, lanzó 252 bombas de propósito general de 1000 libras y disparó 138,652 cartuchos de ametralladora calibre 0.50. Voló en conjunto un total de 1,966 horas en zonas de combate.
A su regreso al país, los integrantes del Escuadrón 201 fueron premiados con ascenso al grado inmediato superior y las Condecoraciones “Servicio en el Lejano Oriente”, “Legión de Honor de México”, “Liberación de la República Filipina” con gafete de Recomendación Presidencial, así como las condecoraciones estadounidenses “Eficiencia del Ejército”, “Eficiencia de la Fuerza Aérea”, “Campaña de América”, “Campaña Asia-Pacífico” y “Victoria de la Segunda Guerra Mundial”. Los pilotos recibieron además la “Medalla del Aire” y el Coronel Cárdenas y el Capitán Gaxiola la “Legión al Mérito”.5
Actualmente, la Asociación Mexicana de Veteranos de la II Guerra Mundial A.C., reconoce año con año a quienes con gran valentía y coraje pusieron muy en alto el nombre de México y quienes han sido ejemplo para millones militares integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana y del Ejercito.
Cabe señalar que en el año 2005 se publicó el en Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adiciona a la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, la fecha 2 de mayo, como “Conmemoración de la muerte de los pilotos de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, en 1945”, celebrándose cada año con una ceremonia solemne en el monumento a dicho organismo en la primera sección del bosque de Chapultepec.6
Hace siete décadas nuestro país se vio precisado a pelear en contra de potencias extranjeras. La lucha en ese momento no sólo era para responder a una agresión injustificada, sino para preservar los valores de la civilización frente a los delirios de dictadores genocidas, como Hitler y Mussolini.
La participación de nuestro país, aunque modesta frente al tamaño de la conflagración, sirvió para dar cuenta de los valores que rigen desde hace mucho a la política exterior de nuestro país, así como también para hacer patente el profesionalismo, entrega y abnegación de nuestras fuerzas armadas, en especial, de la fuerza aérea.
Hoy, como en 1945, el ejército mexicano sigue siendo una institución sólida y confiable que goza justificadamente del respeto y el cariño del pueblo de México. Así como en aquel momento los elementos del aire acudieron presurosos al llamado que les hizo la patria, hoy, los soldados, marinos y pilotos arriesgan sus vidas para preservar la seguridad interior y auxiliar a la población en casos de desastre.
Cierto es que, en tanto instituciones públicas, nuestras fuerzas armadas están sujetas al necesario escrutinio de la opinión pública, tal y como debe ser en un país democrático como el nuestro, pero ello no debe ser pretexto para socavar sus cimientos, regatear sus méritos y pretender alejarlas del pueblo mexicano. Una cosa es la crítica y otra muy diferente el ataque sistemático destinado a erosionar su prestigio. Apostarle al debilitamiento del ejército, la marina y la fuerza aérea es irresponsable, pues nadie gana con ello.
Traer a este momento la gesta del Escuadrón 201 no sólo tiene como objetivo rendir un homenaje a quienes se distinguieron por su valor en el combate, sino que debe ser un ejercicio de memoria destinado a recordarnos que nuestro país es capaz de intervenir en defensa de los más altos valores que rigen la convivencia de nuestra especie, que seguimos contando con instituciones prestas a garantizar la seguridad y la viabilidad del país.
Es por lo anteriormente expuesto que se somete a la consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, a fin de que expida un billete conmemorativo del 70º Aniversario del inicio de operaciones en el frente del Escuadrón 201.
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Servicio Postal Mexicano, a efecto de que emita una estampilla postal conmemorativa del 70 aniversario del inicio de operaciones en el frente del Escuadrón 201.
Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a ambas Cámara del H. Congreso de la Unión, con la finalidad de que lleven a cabo sendas sesiones solemnes destinadas a conmemorar el 70º aniversario del inicio de operaciones en el frente del Escuadrón 201.
Notas
1 http://es.slideshare.net/morelosteacher2285/paises-participantes-en-la- segunda-guerra-mundial 22 de enero de 2015 15:02 horas.
2 Consultado en <http://quo.mx/noticias/2013/05/12/por-que-mexico-participo-en-la-sg m>, 22 de enero de 2015 15:06 horas.
3 Consultado en <http://www.sedena.gob.mx/mexico-en-la-ii-guerra-mundial>, el 22 de enero de 2015 15:08 horas.
4 Consultado en <http://quo.mx/noticias/2013/05/12/por-que-mexico-participo-en-la-sg m> 22 de enero de 2015 18:41 horas.
5 Consultado en <http://www.sev.gob.mx/difusion/ejercito_mexicano/escuadron201.pdf>, el 22 de enero de 2015 18:55 horas.
6 Consultado en <http://www.sedena.gob.mx/mexico-en-la-ii-guerra-mundial>, el 22 de enero de 2015 19:57 horas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de enero de 2015.
Diputada María de Carmen García de la Cadena Romero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a revisar el proyecto de ampliación de la garita de San Ysidro, en Tijuana, Baja California, suscrita por el diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, facultado en las potestades conferidas en los artículos 6, numeral primero, 79, numeral 2, fracción III, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes
Consideraciones
Actualmente Tijuana es la ciudad más poblada del estado de Baja California, cabecera del municipio del mismo nombre y es conocida como “La esquina de México” o “La Puerta de México”.
Dentro de los edificios emblemáticos de la ciudad de Tijuana podemos encontrar “Puerta México”, obra del célebre arquitecto mexicano Mario Pani, que ha sido el autor de números edificios en México y en el extranjero que constituyen verdaderas joyas de la arquitectura mexicana moderna, entre ellos la Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El edificio “Puerta México” fue construido en 1961 dentro del Programa conocido como Programa Nacional Fronterizo, el cual tuvo como objeto dotar la apariencia física de las poblaciones fronterizas en beneficio de la fama y buen nombre de México, ya que Tijuana constituye la puerta de entrada a nuestro país, siendo la primera impresión que recibe tanto los mexicanos que regresan a su patria, como a los extranjeros que nos visita.
La Puerta México, es una obra testigo de la dinámica de la vida de intercambio comercial y cultural de la región Tijuana-San Diego, es un edificio que cumple con las características para ser considerado Edificio Histórico, Patrimonio de Baja California.
En este sentido, resulta importarte resaltar que se entiende como Patrimonio Cultural al conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y naturales que forman parte de prácticas sociales, a los que se les atribuyen valores a ser transmitidos, y luego resignificados, de una época a otra, o de una generación a las siguientes; es el producto de un proceso social permanente, complejo y polémico, de construcción de significados y sentidos.
De lo anterior, La Ley de Preservación del Patrimonio Cultural del Estado de Baja California establece en su artículo 4o. lo siguiente:
El patrimonio cultural de Baja California estará integrado por los siguientes bienes que se localicen en su territorio:
I. Edificios
II. ...IX.
En este orden, el artículo 5o., para efectos de esta ley se entiende por:
I. Edificios. “Construcciones creadas principalmente para cobijar o permitir el desarrollo de cualquier actividad humana, que se encuentren vinculadas a la historia social, política, económica, cultural, artística y religiosa del Estado, o que tengan más de cuarenta y nueve años de construido, así como aquellas relacionadas con la vida de un personaje de la historia de la entidad”.
Por lo que, la Puerta México está plenamente ligada con la historia social y económica de los tijuanenses, la cual ha fungido como vinculo de comunicación con otros. Este símbolo de identidad cumple con los supuestos establecidos en la citada Ley para poder ser considerado como Patrimonio Cultural del Estado de Baja California.
Sin embargo, nuestro Gobierno actual ha demostrado que no le interesa conservar los edificios históricos de la ciudad que dan identidad a la población, ya que el Gobierno de la República pretende desaparecer tan inigualable obra, estructura que simboliza un águila estilizada, el cual representa los beneficios del Programa Nacional Fronterizo, mismo que inyectó poco más de 37 millones de pesos de esa época en la economía de Tijuana.i
La Puerta México, puesta en servicio en 1964 (hace más de 50 años) la cual ayudó a lanzar un período de modernización de Tijuana, correrá la misma suerte de edificios emblemáticos de la ciudad como la Torre de Agua Caliente que fue derruida por considerar que estorbaba al tráfico vehicular, así como el edificio de la Cárcel Pública de la Calle Ocho, el cual, sin ninguna razón fue demolido.
A partir de que las autoridades de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes anunciaron el derribamiento del citado icono inmueble, diversas Asociaciones Civiles, Colegios, Grupos, y Ciudadanos, han creado un amplio movimiento social, que ha manifestado su inconformidad y defensa por Puerta de México, el cual es considerado por su población como emblema importante para nuestra ciudad.
En este sentido, resulta importante destacar el trabajo del Grupo 100 por Tijuana A.C., quien a partir del 2012 formó la Coalición Ciudadana Pro Puerta México, después de realizar el Foro Ciudadano Binacional con el propósito de defender la Garita Puerta México.
La Asociación 100 por Tijuana como parte de las diversas acciones emprendidas por este movimiento a partir de la publicación de la citada noticia, el pasado 19 de diciembre de 2014, presentó ante el Instituto de Cultura de Baja California el documento que dará inicio al proceso para poder ingresar a este emblemático edificio dentro del Listado de Bienes Susceptibles de ser Declarados Patrimonio Cultural del Estado, esto con el objeto de defender su permanencia por ser parte importante de la Historia de Tijuana.
La histórica Puerta México debe de ser conservada ya que representa parte de la entidad de los tijuanenses. Basta con terminar con la historia de nuestra ciudad. La Puerta México significa como lo dice el eslogan de Tijuana “Aquí empieza la Patria”.
Punto de Acuerdo
Con carácter de urgente y obvia resolución:
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, a efecto de revisar y redefinir el proyecto de ampliación de acceso a la garita San Ysidro, disuadiendo el propósito de demoler la Puerta México.
Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 28 del mes de enero de 2015.
Diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se hace un reconocimiento al pintor oaxaqueño Francisco Toledo por la donación al pueblo mexicano de su acervo de más de 125 mil objetos de arte, suscrita por el diputado Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Valentín Maldonado Salgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Consideraciones
México subsiste, gracias a los talentos geniales y generosos, como el de Francisco Benjamín López Toledo, conocido como Francisco Toledo. Originario de Juchitán, Oaxaca, se ha constituido en uno de los pintores más reconocidos a nivel nacional e internacional, en cuya obra conviven, en el esplendor, una fantasía jocosa que parte de la realidad imbuida de elementos naturales, para crear realidades propias, que sintetiza las técnicas occidentales con la riqueza espiritual, cultural de lo prehispánico (no sólo pasado sino presente vivo), en combinaciones alucinantes de formas y color. Pero además Francisco Toledo, se destaca como dibujante, escultor, ceramista, impresor. Ha recibido múltiples reconocimientos nacionales como el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el año de 1998, y otros de carácter internacional. Más su mayor premio es el reconocimiento y amor profundos que le profesan el pueblo de nuestra nación.
En su generosidad, que debe destacarse una y otra vez, ha fomentado por diversos medios la formación de los artistas y la preservación del patrimonio artístico de nuestro país, ha estado permanentemente al lado del pueblo en diversas luchas sociales, ha defendido con especial amor al medio ambiente, por citar algunos. En suma, es por encima de todo un profundo ser humano con esa sensibilidad, libertad, riqueza de alma, altruismo, congruencia, que debiera ser ejemplo para muchos en todas las esferas de la actividad nacional.
En suma de lo anterior, el pasado 20 de enero del año que corre, entregó al pueblo de México, por conducto del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), dos de sus propiedades más queridas, el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) y el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, con un acervo de más de 125 mil objetos de arte, además de los valiosos inmuebles en que vienen funcionando los mismos.
Estos 125 mil objetos de arte, están conformados por pinturas, grabados, más de 50 mil libros (algunos de ellos invaluables), fotografías, fonogramas y material audiovisual, entre otros. Destaca la colección gráfica con obras del propio Francisco Toledo y de Alberto Durero, Francisco Goya, Joan Miró, Pablo Picasso, Salvador Dalí, José Guadalupe Posadas, por citar algunos autores. En suma, una de las colecciones de arte más valiosas del mundo, producto de toda una vida.
Sobre esta donación histórica, el señor Rafael Tovar y de Teresa presidente de Conaculta, en la ceremonia de la entrega ya aludida, señaló: “Esta mañana presenciamos uno de los actos de mayor generosidad que se ha dado en nuestro país. Creo que la sencillez de Francisco Toledo no debe limitar...toda la importancia, toda la solemnidad y dejar de subrayar un gesto que es absolutamente ejemplar en un país como México de un artista como él, que no sólo ha compartido su arte, sino el producto de su talento”.
Toledo al concluir la ceremonia oficial señaló entre carcajadas: “continuaré en pie de lucha, en defensa del patrimonio cultural y natural: "como dicen: la lucha sigue".
Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente hace un reconocimiento al gran pintor oaxaqueño Francisco Toledo, por su arte inigualable de trascendencia nacional e internacional, y al propio tiempo por la entrega al pueblo de México, por conducto del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), de dos de sus propiedades más queridas, el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) y el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, con un acervo invaluable de más de 125 mil objetos de arte, una de las colecciones de arte más importantes del mundo, además de los inmuebles en que vienen funcionando los mismos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 28 de enero de 2015.
Diputado Valentín Maldonado Salgado (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE, la SHCP y el SAT a analizar la posibilidad de ajustar las cuotas de importación de autos usados, suscrita por el diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, David Pérez Tejada Padilla, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Las disposiciones que en materia económica se han implementado en la franja fronteriza norte de nuestro país, han impactado de manera negativa en el ánimo de los habitantes de aquella región, parte de la cual represento como diputado federal por Baja California e integrante de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, así como de la Comisión Especial de la industria maquiladora.
Parte esencial del trabajo legislativo requiere mantenerse al pendiente de las exigencias ciudadanas y del sentir de aquellos en quienes impactan directamente las políticas públicas.
En este caso, se trata de escuchar las voces en contra de las modificaciones realizadas a la actividad comercial que involucra la importación de autos usados desde los Estados Unidos hacia México.
Esta situación tiene antecedente, puesto que desde finales del año pasado, representantes de los comerciantes de autos usados intentaron acercarse a diversas instancias gubernamentales para intentar posponer o detener la implementación del aumento en los costos de importación para autos usados.
Los comerciantes no están negados al diálogo, pero exigen una respuesta que satisfaga su necesidad de empleo, pues esta política pública si bien intenta reducir la circulación de autos con un funcionamiento deficiente, no viene acompañada de una estrategia que le permita a los trabajadores del ramo de la importación de vehículos usados colocarse en actividades laborales iguales a las que desarrollaban.
El momento coyuntural alcanzó un punto de quiebre el viernes pasado, cuando se anunció que, a falta de acuerdos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se realizarían bloqueos en las garitas comerciales de toda la franja fronteriza del norte del país, lo cual se llevó a cabo, costando una pérdida estimada de 425 millones de dólares diarios, de acuerdo con datos de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) de Mexicali.
Si bien el monto calculado podría resultar exagerado, no es menos preocupante la falta de información acerca del impacto que la medida en comento significa para comerciantes y sociedad. Como muestra de ello, se observa que la reducción en las ventas de vehículos usados representa el mayor reto para los comerciantes del ramo. Tan sólo en Tijuana llegaban a cruzar la frontera un promedio de mil 500 vehículos por semana hasta antes de la implementación de las nuevas disposiciones. Ahora, el flujo se redujo a 500 vehículos por semana y en Mexicali, de acuerdo a la Asociación de Agentes Aduanales, la reducción se verificó en un rango de mil 200 a 200 vehículos por semana.
Siguiendo con la política de desarrollo competitivo en materia económica, el cierre de las garitas comerciales por falta de diálogo con las autoridades competentes resulta en un retroceso en los esfuerzos para alcanzar la meta propuesta por el gobierno federal y que conviene a nuestro país.
El aumento en el costo de importación de autos usados afecta a toda una cadena de trabajo: hojalateros, tapiceros, mecánicos, refaccionarias, entre otros giros dedicados al mantenimiento y reparación de autos. El aumento en las cuotas de importación de vehículos disparó las operaciones en este sector, pues anteriormente una operación que antes costaba 800 dólares ahora supera los mil 200, además del costo de estacionamiento para las unidades que no pueden ser vendidas en territorio mexicano, sumando pérdidas que, en un día pueden llegar a los seis mil dólares. Pero el sector privado no es el único afectado.
Las condiciones del transporte público son deficientes, lo que obliga a los ciudadanos a procurarse un transporte propio, ya sea para trasladarse al trabajo, la escuela, espacios recreativos, o para trasladar mercancías o enseres de trabajo.
La gran mayoría de ciudadanos no cuenta con recursos económicos altos, lo que les impediría solicitar créditos en las automotrices que ofrecen vehículos nuevos, por lo que adquirir un auto usado a menor precio, es una opción para muchas familias mexicanas, sobre todo en la zona fronteriza, la cual conserva lazos culturales y comerciales muy cercanos a la gran economía del norte.
No debemos olvidar que el diálogo se construye por medio de propuestas expresadas por actores contrapuestos, pero que tienen la intención de alcanzar un objetivo en común, que en este caso se define como el logro de un acuerdo entre comerciantes y gobierno en cuanto a la importación de autos usados.
Los comerciantes, que han tomado medidas drásticas para hacerse escuchar, no decidieron bloquear las garitas comerciales de un día para otro, sino que esta acción se gestó durante varios meses de expresiones menos radicales, las cuales no dieron los resultados esperados.
Como integrantes de la estructura gubernamental, es nuestro deber evitar que los conflictos lleguen a niveles incontrolables, cuando se puede gestionar una salida que convenga a las partes, considerando nuevas alternativas, pero sobre todo, privilegiando el diálogo con actores congruentes que no buscan la confrontación, sino la construcción de acuerdos.
Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Economía, de Hacienda y Crédito Público, y al Servicio de Administración Tributaria, a través de la Administración General de Aduanas, a fin de que analicen la posibilidad de realizar un ajuste en las cuotas importación de autos usados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 28 de enero de 2015.
Diputado David Pérez Tejada Padilla (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la comisión especial de la Cámara de Diputados que da seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, contra alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, suscrita por la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, diputada federal Lilia Aguilar Gil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 58 y el 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo por el que se propone que la presidencia de la Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa “Raul Isidro Burgos” sea sustituida bajo las siguientes
Consideraciones
El viernes 26 de septiembre policías preventivos del municipio de Iguala y civiles armados realizaron tres ataques a diferentes horas contra normalistas de Ayotzinapa, lo que dejó un saldo de 6 muertos incluyendo 3 estudiantes, un futbolista, un chofer de autobús y un ama de casa, y 43 estudiantes desparecidos.
Por lo que, la Junta de Coordinación Política estimó indispensable crear una comisión especial, por lo anterior, en fecha 7 de octubre de 2014, la Cámara de Diputados aprobó la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, que tiene como objetivo allegarse de la información que considere pertinente, así como reunirse, cuando lo estime necesario, con las autoridades competentes responsables y desempeñar cualquier otra acción, de conformidad al marco normativo aplicable.
La comisión especial, está conformada por siete integrantes, uno de cada grupo parlamentario con representación en la Cámara de Diputados y la presidencia corresponderá al diputado representante del Partido Acción Nacional, está integrada por los diputados:
1) Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 2) Alberto Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 3) Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 4) Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 5) Ricardo Mejia Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 6) Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y 7) Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Por lo que en fecha 8 de octubre de 2014, se realizó la reunión de la instalación de la comisión especial y se aprobó el plan de trabajo en que comprende los objetivos específicos y acciones específicas.
Los objetivos específicos son los siguientes:
1. Atender con imparcialidad, únicamente en base a criterios objetivos y que garanticen la protección más amplia de las personas, los asuntos que le sean encomendados por los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados.
1.1. Elaborar las opiniones y trabajos que la Mesa Directiva turne a la comisión especial.
1.2. Llevar a cabo las comisiones, funciones y trabajo, que en su caso, determine la Junta de Coordinación Política.
2. Solicitar, de conformidad con el numeral quinto del acuerdo de creación de esta comisión, informe para conocer las actuaciones así como el estatus que guardan los asuntos a su cargo, a las autoridades competentes que atienden o guardan relación con respecto a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, y celebrar reuniones con las mismas, así como con agrupaciones relacionadas en el tema.
De ahí que esta comisión especial a realizado reuniones con autoridades federales y estatales, y con organismo internacionales y nacionales, así como solicitudes de información a diferentes instancias, no obstante desde el 26 de noviembre de 2014, donde los integrantes de esta comisión especial nos reunimos con el procurador general de la República Jesús Murillo Karam, no ha llevado tarea alguna para darle continuidad al plan de trabajo.
Sin embargo estas desapariciones son fuente de grave preocupación para la comunidad nacional e internacional, y refleja la crítica situación de derechos humanos que vive México. Ayotzinapa no es un hecho aislado, sino un evento que se suma a casos como las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, los feminicidos en Chihuahua y en diversas partes del país, las decenas de miles de secuestros a migrantes, y las más de 23 mil personas desaparecidas.
Por lo que es indispensable contribuir, desde la esfera de competencia de esta comisión especial, a facilitar, agilizar y complementar la búsqueda de los estudiantes desparecidos, así como verificar que las investigaciones realizadas con respecto a los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, procedan conforme la más estricta sujeción al estado de derecho, a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales de la materia de los que México es parte, y la legislación correspondiente así como los principios de trasparencia, rendición de cuentas, protección a la víctimas y establecer mecanismos de comunicación con las víctimas de los hechos, tanto los estudiantes sobrevivientes y todos los familiares en general de los desaparecidos forzadamente, ejecutados extrajudicialmente y torturados.
Asimismo es indispensable realizar una propuesta para mejorar y hacer más efectiva la legislación actual, particularmente las relativas a las de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, con el propósito de que estas sean eficaces para prevenir, investigar, sancionar y reparar la violación a los derechos humanos.
De la misma forma, fortalecer las labores de esta comisión especial y dar continuidad con convicción e interés a las diligencias pendientes para dar cumplimiento al plan de trabajo que se realizó por las propuestas de cada uno de los integrantes, por lo que es importante que esta comisión especial sea rotatoria entre los representantes de los grupos parlamentarios que la integran con el fin de promover la objetividad y pluralidad en el ejercicio y desempeño de todas las facultades que tiene encomendadas.
Por lo expuesto, se somete a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con las facultades que le confiere el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados conforme al artículo 42 de la citada ley, que la Presidencia de la Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos” sea sustituida entre los representantes de los grupos parlamentarios que la integran, a fin de promover la objetividad y pluralidad en el ejercicio y desempeño de todas las facultades que tiene encomendadas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de enero de 2015.
Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a las afectaciones de Pemex al ambiente y la población, suscrita por la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Nelly del Carmen Vargas Pérez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta ante esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Aun con la reforma energética, Petróleos Mexicanos (Pemex) es la empresa pública estatal encargada de administrar la exploración, explotación y ventas del petróleo. Se le considera una de las mayores empresas del mundo.
Sin embargo, la coexistencia y convivencia de los ciudadanos con Pemex mantiene a la población en un constante peligro, debido a los riesgos que esta representa por lo que es necesario de parte de la paraestatal, mayores y mejores condiciones de seguridad e incentivos con la población.
La falta de mantenimiento de la infraestructura e instalaciones de Pemex ha generado filtraciones, las cuales incluso han llegado a los mantos freáticos, representando un riesgo tóxico.
Esto último es sólo un ejemplo al azar de las consecuencias ambientales que provoca Pemex, sin mencionar las constantes explosiones por ordeña ilegal de ductos, las lluvias ácidas que provocan los gases emitidos al ambiente que afectan las cosechas y producciones campesinas, sin dejar de lado consecuencias directas en la salud de la población como casos de leucemia, ceguera y afecciones pulmonares.
Para evitar este tipo de eventualidades, necesitamos que la información contenida en el atlas de riesgo de Pemex sea actualizada y pública para las entidades más vulnerables, a fin de que se realicen acciones que mitiguen los efectos dañinos hacia la población, la infraestructura y el entorno.
Por otro lado, la misma actividad petrolera de Pemex ha afectado de manera física y tangible el entorno de las comunidades. El desgaste del patrimonio de las poblaciones aledañas no ha sido retribuido de manera justa y debe ser parte de las responsabilidades de Pemex como empresa paraestatal, hacerse cargo de la reparación de todas y cada una de las afectaciones que su intensa actividad ha generado. A esto último hago alusión a la infraestructura física de los entornos de las comunidades aledañas.
México necesita que sus empresas y la población en general construyan juntos el camino hacia el desarrollo sin mirarnos de más o de menos. La clave para el progreso conjunto está en poder coexistir de en una manera responsable, justa y por consecuencia pacífica. Pemex debe incentivar e incluir a las comunidades en su operación y ser sobretodo, responsable de las consecuencias negativas en cuanto a las afectaciones directas hacia la población y su ambiente.
Por lo expuesto, ante el pleno de esta asamblea se presenta, con carácter de urgente u obvia resolución, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta y se exige a Petróleos Mexicanos la regularización rigurosa de la seguridad en las poblaciones donde hay actividad petrolera y en los yacimientos y pozos.
Segundo. Se exhorta y se exige a Petróleos Mexicanos la remediación inmediata de la infraestructura física y ambiental en las zonas y comunidades donde se tienen operatividad y actividad petrolera.
Tercero. Se exhorta al director general de Pemex, maestro Emilio Lozoya Austin, a llevar a cabo reuniones con los presidentes municipales de la zona del sureste (Tabasco, Campeche y Chiapas) a fin de llegar a estrategias conjuntas para la retribución y remediación de zonas afectadas por Pemex.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de enero de 2015.
Diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la STPS a generar con la SEP y el Injuve campañas de dignificación de empleo para jóvenes, suscrita por el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
El suscrito, diputado José Angelino Caamal Mena, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
El pasado 19 de noviembre la Comisión Económica para América Latina dio a conocer los resultados de la investigación realizada por el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la Agencia Española de Cooperación (Aecid), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Fondo de la Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Secretaría General Iberoamericana (Segib), misma que advierte que la incorporación de los jóvenes al mundo laboral les permite ser parte de la sociedad de manera autónoma, facilitándoles el desarrollo interpersonal y el reconocimiento recíproco en colectivos que tengan características similares.1
Asimismo en el contenido del informe se da a conocer que dentro del Programa de Acción Mundial para los jóvenes, se establecieron 15 áreas prioritarias, dentro de la cual se encuentra en el número dos el empleo, además de establecer el impulso de una agenda de desarrollo e inversión social en juventud con objetivos para 2030, contenido la inserción laboral, procurando equiparar las tasas de desempleo y subempleo juvenil con las correspondientes al desempleo y subempleo adulto.
En este tenor el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en 2014 residían 31.4 millones de jóvenes de 15 a 29 años en nuestro país, lo que presenta el 26.3 por ciento del total de la población y en el primer trimestre del año en curso se reportó que la tasa de desempleo de los jóvenes de 20 a 24 años era de 9.8 y 9.2 por ciento, respectivamente, edad en donde se puede obtener el primer empleo de manera formal.
Por otra parte, además del desempleo en México los jóvenes enfrentan problemas tales como la falta de experiencia, teniendo que aceptar empleos temporales que no otorgan seguridad social, o bien trabajan más horas de trabajo por el mismo pago.
La Organización Internacional del Trabajo ha identificado que además se presenta un desajuste de competencias laborales entre los jóvenes, ya que la sobreeducación y el exceso de competencias coexisten con la subeducación y la escasez de competencias, lo que genera una brecha de oportunidades entre los jóvenes no sólo del mundo, sino también en nuestro país, a ello tenemos que sumar los factores sociales, económicos, geográficos y variables como el género, la etnia y las condiciones de salud, lo que limita las oportunidades de empleo y estudio ente sector tan importante de la población que representan gran parte del desarrollo económico de nuestro país, quienes además en algunos casos se ven vulnerados en las condiciones laborales que tienen que aceptar, además de que en ocasiones aceptan empleos sin seguridad social, lo que afectará sus condiciones de vida en un futuro, como lo es hoy el tema de las pensiones.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza sabemos de la importancia de impulsar empleos para los jóvenes, bajo condiciones dignas y formales, teniendo la participación de las Instituciones, de la sociedad y de los empleadores.
Por ello es importante implementar esfuerzos y coordinación de capacitación y actualización entre la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Educación Pública, además es importante generar campañas de concientización y sensibilización para que todos los jóvenes desde el momento de su prestación del servicio social puedan recibir apoyos que retribuyan su esfuerzo y que además no generen gastos adicionales para ellos y sus familias.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y el Instituto de la Juventud de México se generen campañas de dignificación de empleo para jóvenes.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que en coordinación con el Instituto de la Juventud se hagan campañas de concientización y que sea retribuido la prestación de servicio social a los jóvenes de todo el país.
Nota
1. CEPAL, comunicación de prensa: Solo uno de cada 10 dólares de inversión social se destina a personas jóvenes en Iberoamérica.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 28 de enero de 2015.
Diputado José Angelino Caamal Mena (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INE y el Conapred a prevenir y sancionar cualquier tipo de violencia contra candidatas a cargos de elección popular, suscrita por la senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, Lilia Guadalupe Merodio Reza, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Un informe presentado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denominado Violencia contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos 1 da muestras de las distintas maneras de discriminación a las que están expuestas las mujeres, entre las que destacan sus derechos políticos.
En el informe que se presentó, indica que la violencia que viven las mujeres en el ámbito político se puede enmarcar en cinco tipos: psicológica, física, patrimonial, económica y sexual; y en tres modalidades de violencia: familiar, en la comunidad e institucional.
Lo que trae como consecuencia que mujeres abandonen su carrera política, así como las futuras generaciones de mujeres desistan de su participación a cargos de elección popular.
La Constitución política de nuestro país establece, de manera muy clara, que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la misma, así como los establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Lo mismo se reafirma en el artículo 4, donde se reconoce que el varón y la mujer son iguales ante la ley.
El pasado 7 de octubre de 2014 el Instituto Nacional Electoral dio inicio al proceso electoral 2014-2014, donde se llevarán a cabo nueve elecciones para gobernador, se elegirán 903 presidencias municipales, así como 639 diputados locales, y las 500 diputaciones federales.
Ante dicha situación, desde el comienzo de la actual administración del gobierno de la República, se planteó una estrategia con perspectiva de género, donde la participación de la mujer se distinguiera más que en otras ocasiones, por ello se propuso garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres en los cargos de elección popular.
Por ello, desde el Plan Nacional de Desarrollo se conformó una estrategia con perspectiva de género como principio esencial. Esto es, que contemplaría la necesidad de llevar acciones orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación.
Para el gobierno de nuestro país era inconcebible aspirar a que México cumpliera con su máximo potencial cuando más de la mitad de su población se enfrentaba a brechas de género en todos los ámbitos.
A 60 años de que celebramos el derecho al voto de las mujeres, y con el fin de fomentar un proceso que realmente tome en cuenta sus derechos políticos, el presidente de la República, en el año 2013, presentó una iniciativa para que 50 por ciento de las candidaturas de elección popular sean de mujeres, al igual que sus suplentes, la cual deberán cumplir todos los partidos políticos, misma que fue aprobada y que hoy día debe operar.
Con lo anterior el Estado mexicano hace tangibles los compromisos asumidos al ratificar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer con respecto a los derechos políticos a los que la mujer debe tener acceso.
La reforma que se aprobó era necesaria, toda vez que, en los últimos años, en México la participación de las mujeres en la política ha ido en aumento, basándonos en el acceso de las mismas al Poder Legislativo federal, así como en las gubernaturas.
Sin embargo, las mujeres aún siguen siendo objeto de la discriminación, lo que se traduce en violencia, el mismo informe de la ONU sobre violencia contra las mujeres en sus derechos políticos, señala que en el caso de las precandidatas y candidatas, en el pasado se ha observado el mal uso del presupuesto destinado para la capacitación a mujeres, así como las presiones para ceder o no reclamar la candidatura correspondiente, la ausencia de apoyos materiales y humanos, y sobre todo, van en aumento las agresiones y amenazas durante las campañas y el trato discriminatorio de los medios de comunicación y los contendientes políticos del sexo masculino.
Nuestro país está comprometido en la lucha a favor de las mujeres libres de violencia, por lo cual se trabaja para su empoderamiento, a través de buscar la igualdad de oportunidades mediante una estrategia integral.
Las mujeres que hacemos un equilibrio en la vida política de nuestro país queremos que las precampañas y las campañas que tendrán lugar para que el próximo 7 de junio llevemos a cabo los comicios pertinentes, se vivan libres de violencia contra las mujeres.
De otra manera, quien no se comprometa a respetar los derechos de las mujeres, y quien no deje de ejercer violencia contra las precandidatas y candidatas, sea responsable de las sanciones correspondientes.
Es fundamental que las mujeres en este proceso electoral gocen de su libertad, así como de sus derechos políticos y que dejen de ser objeto de injurias lascivas, y que se fomente el uso de las herramientas legales existentes para denunciar este tipo de actos y que conozcan sus derechos para su pleno ejercicio.
Por ello, es importante que el Instituto Nacional Electoral y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación lleven a cabo las acciones pertinentes para garantizar a las precandidatas y candidatas a cargos de elección popular durante el presente proceso electoral, una vida libre de violencia.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el presente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Instituto Nacional Electoral, así como al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a que en el ámbito de sus atribuciones prevenga y, en su caso, sancione a quien comenta cualquier tipo de violencia contra las mujeres que resulten ser candidatas a cargos de elección popular en el país.
Nota
1. http://genero.ife.org.mx/docs/docs_mat-PNUD-2_10jul2012.pdf.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 28 de enero de 2015.
Senadora Lilia Merodio Reza (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR a nombrar una fiscalía especial que investigue la procedencia del patrimonio de diversos servidores públicos adscritos al Poder Ejecutivo federal, suscrita por el senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, senador Javier Lozano Alarcón, en nombre de los diputados y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con base en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República a nombrar un fiscal especial que investigue la procedencia del patrimonio del presidente Enrique Peña Nieto, de los secretarios de Estado y personal de la presidencia de la República ante la sospecha fundada de manifiesto conflicto de intereses, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Una vez más, se ha puesto en cuestionamiento el procedimiento ético del Poder Ejecutivo mexicano. En este caso, se hizo del conocimiento público la adquisición por parte del presidente Enrique Peña Nieto de una propiedad en el club de golf de Ixtapan de la Sal a una compañía de Roberto San Román Widerlehr, este último, empresario de la industria de la construcción mientras se desempeñó como gobernador del estado de México.
El tema de reflexión no es, como se puede pensar de manera incorrecta, la compra de una casa. Tampoco lo es el que pensemos que de acuerdo a la normatividad vigente, el presidente Peña Nieto tenga autoridad para signar contratos de obra a empresarios que participan en concursos para la construcción de obra pública, tal y como lo plantea un comunicado emitido por la oficina de la presidencia emitido hoy a las 2.30 de la madrugada.
Muy por el contrario, el tema es de mayor importancia. Podemos apreciar, en este sexenio, la aparición de un modelo constante; la compra de casas a empresarios que después aparecen como beneficiarios de contratos de obra pública. Así sucedió con la compra de la residencia situada en la calle de Sierra Gorda, con los números 150 y 160 en las Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México y de la cual la sociedad mexicana se enteró por un reportaje de la prensa nacional y propiedad de la señora Angélica Rivera Hurtado, y así sucedió con la casa comprada por el actual secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ambas compradas al empresario beneficiado con contratos de obra pública.
En el caso de la compra en Ixtapa de la Sal, la noticia publicada por el diario Wall Street Journal señala que el empresario San Román Widerlehr ha sido beneficiado con once contratos desde que Peña Nieto es presidente de México, y que durante el gobierno de éste en el estado de México el empresario obtuvo contratos que le dejaron ganancias por más de 100 millones de dólares.
Si bien, la residencia de Ixtapan de la Sal fue reportada por Peña Nieto en su declaración patrimonial, hasta el día de hoy es que se sabe la identidad del propietario de la desarrolladora.
Todos estos acontecimientos, conocidos en la sociedad mexicana a través de la prensa nacional e internacional, ponen al descubierto un método de gobernar, el cual, por lo menos, generan desconfianzas y levantan sospechas.
Por estas consideraciones, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al titular de la Procuraduría General de la República a nombrar un fiscal especial, que cuente con probada independencia, autonomía y solvencia moral, para que investigue la procedencia del patrimonio del presidente Enrique Peña Nieto, de los secretarios de Estado y personal de la Presidencia de la República ante la sospecha fundada de manifiesto conflicto de intereses.
Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 28 de enero de 2015.
Senador Javier Lozano Alarcón (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente se congratula por la toma de mando presidencial del señor Juan Evo Morales Ayma, en el Estado Plurinacional de Bolivia, suscrita por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables y relativas del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición sobre la base de las siguientes
Consideraciones
El pasado 12 de octubre de 2014, por tercera ocasión, Juan Evo Morales Ayma ganó con un amplio margen las elecciones presidenciales, en los que logró un apoyo del 61.04 por ciento de la votación ciudadana, es decir, con un poco más de 3 millones 53 mil 846 votos de un padrón de un total de 4.090.711 ciudadanos.
Los resultados obtenidos fueron indudablemente resultado de los logros que el gobierno nacional boliviano ha obtenido durante las dos gestiones presidenciales de Evo Morales. Logros que se han destacado entre otros por haber impulsado una nueva Constitución que entró en vigor en 2009, en donde desde su primer artículo se plasma la nueva concepción del Estado boliviano, unitario y social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. En suma, en Bolivia se consagra constitucionalmente la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del dicho país. Con ocasión de la entrada en vigor y la juramentación respectiva de esa nueva Constitución, Evo Morales declaró que habían logrado transitar de la rebelión de los antepasados a la revolución democrática y cultural, a la refundación de Bolivia y a la reconciliación entre originarios milenarios y originarios contemporáneos.
Otro cambio significativo a nivel constitucional que se plasmó es una nueva concepción de vida, el Buen Vivir/Vivir Bien como resultado de un importante proceso de serias transformaciones estructurales de un Estado boliviano que venía desarrollándose bajo los preceptos neoliberales de la economía; es decir, en Bolivia se ha logrado refundar el Estado acorde a las necesidades y demandas de la población.
La concepción del “Vivir Bien” obedece al reconocimiento de los valores del Estado boliviano y se cita explícitamente en el artículo 8 con el vocablo aymara “suma qamaña”, garantizando a la vez, las condiciones mejores de vida de las mujeres y hombres bolivianos.
De esa manera, el “Vivir Bien” constituye el pilar de ese nuevo estado plurinacional pues implica el disfrute pleno y el acceso a los recursos materiales y, lo más importante, la realización en tanto ser humano en una estrecha e indisoluble armonía con la naturaleza y priorizando el valor de vivir en comunidad. Esa es la esencia del Estado plurinacional, que le ha llevado a implementar políticas sociales que puedan consolidar esa visión, el conocimiento de que se es persona miembro de una comunidad cuya pertenencia está en compromiso íntimo y permanente, así como se vive la experiencia de unidad de la vida propia con la vida toda del mundo-humano andino.
Lo anterior necesariamente se ha visto reflejado en las leyes actuales, en donde, además, los pueblos originarios encuentran plasmados sus derechos ancestrales sobre sus propias comunidades y tierras, en donde su habla, se reconoce y se defiende. Leyes que marcan de manera vital, la estrecha relación entre los pueblos y la naturaleza y donde la cosmovisión de esos pueblos hermanos está garantizada, de esa manera, se ha garantizado a la vez, un gran proyecto de real descolonización a partir de las naciones y pueblos originarios. Hasta aquel momento, nunca antes se había acometido un esfuerzo de tales dimensiones para integrar a sectores marginados de la sociedad y a la población indígena en las responsabilidades de gobierno. Las 36 naciones que conforman el Estado Plurinacional de Bolivia, por vez primera se veían integradas y sus derechos preservados.
De entre los principales logros que a lo largo de sus dos periodos constitucionales al frente del gobierno nacional de Bolivia, Evo Morales logró destacan: tras la nacionalización de los hidrocarburos en 2006 Bolivia, por primera vez, incrementó sus ingresos económicos y la población comenzó a pagar impuestos, lo cual fue un indicador de la confianza hacia a las autoridades, junto con otra de las líneas centrales de la estrategia de su gobierno que apuntó a la reducción de la desigualdad social y la pobreza, la cual en los recientes ocho años se ha reducido en un 18 por ciento. De la misma manera, la prioridad del gobierno de Evo Morales ha sido la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, de la población nativa de América Latina y el Caribe, la cual fue prácticamente exterminada en muchos países y ha estado desprotegida durante muchos siglos.
Por lo que corresponde al contexto internacional, Bolivia no solo se ha dedicado a promover la defensa de sus intereses nacionales, sino que le ha apostado a grandes problemas importantes como el cambio climático global y la protección de la naturaleza contra la contaminación ambiental y la degradación; a la defensa de los derechos humamos y contra el capitalismo y su modelo neoliberal que cada día viola los derechos fundamentales de las personas en el mundo a la educación, la salud y a la alimentación y, ha enfocado su política en favor de la integración regional, con su visión de respeto a la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia de intereses extranjeros en su territorio y la diplomacia de los pueblos.
Respecto de la integración regional, Bolivia constituye un país clave tanto por su situación geográfica y singular estado de mediterraneidad, enlace entre los distintos esfuerzos latinoamericanos de integración. Esta voluntad integracionista se manifiesta es su membresía plena en la Organización Mundial de Comercio (OMC), en la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) Además de ser miembro asociado del Mercado Común del Sur (Mercosur), Bolivia tiene carácter de observador en las negociaciones de tratado de libre comercio entre Estados Unidos y los países de Colombia, Ecuador y Perú respectivamente, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) y, por supuesto en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) entre otros organismos regionales.
Nadie puede negar que los procesos de integración en América Latina y el Caribe, están en un constante y renovado impulso político y, pese a los obstáculos, avanzan en diferentes frentes y a diferentes velocidades. Actualmente hay vigentes decenas de acuerdos económicos regionales o subregionales, pero enfrentamos un proceso impuesto por Estados Unidos de América, que puede trastocar los anhelos libertarios de los países con gobiernos nacionales, como Bolivia, emanados de la izquierda y con amplia base popular, me refiero a la Alianza del Pacífico y al Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, mejor conocido como TPP.
El rol estratégico de Bolivia dentro de los procesos de integración se encuentra todavía sin lugar a dudas en la relación comercial y política con la Comunidad Andina de Naciones tanto por cuestiones de infraestructura como de inversiones, por ello, es fundamental la construcción de la identidad y la ciudadanía regional como elemento clave para la consolidación del proceso de integración. Para esto es necesario reconstruir la idea de que somos distintos y ajenos entre los pueblos que componen nuestra patria grande y fomentar los mecanismos de participación popular, sobre todo a la luz de las profundas transformaciones geopolíticas que se suceden a nivel global.
Muchos son los logros de los dos períodos constitucionales en Bolivia con Evo Morales al frente de la Presidencia, entre ellos el lograr una Bolivia autonómica; fin del centralismo; la nacionalización y recuperación de la propiedad, posesión y control de su gas y toda la cadena hidrocarburífera; tras 20 años de implementación del modelo neoliberal, refundó la Corporación Minera de Bolivia mediante una adecuada política de inversión, gestión y modernización minera incrementando las exportaciones hasta 5.139 millones de dólares; la recuperación y refundación de la Empresa Nacional de Electricidad y la nacionalización de las Telecomunicaciones como un derecho fundamental del pueblo boliviano. Paradójicamente México ha caminado en sentido contrario a estos procesos de mayor rectoría del Estado que conducen a reducir la desigualdad social.
Bolivia además de los logros a nivel social, como la reducción de la pobreza, ha conseguido aumentar la generación de empleos, la garantía del acceso a la salud y educación, y un crecimiento de su producto interno bruto (PIB) que ha crecido en promedio a una tasa de 5.17 por ciento durante el periodo 2006-2008 (el crecimiento de 2008 ha sido el mayor en 30 años). En 2009, a pesar de la crisis financiera y económica global, la economía boliviana registró la mayor tasa de crecimiento (2.11 por ciento) de América del Sur en el primer trimestre: Paraguay (-4.1 por ciento), Chile (-2.1 por ciento), Brasil (-1.8 por ciento), Colombia (-0.6 por ciento), Perú (1.8 por ciento) y Argentina (2.0 por ciento) como resultado de definir su política económica con soberanía, aumentando a la vez en un 47 por ciento el salario mínimo y cuenta además con una solvencia interna que convierte a dicho país en un Estado sólido y estable en lo político y económico.
Este 22 de enero pasado Juan Evo Morales Ayma asumió por tercera ocasión un nuevo mando presidencial y de su discurso sobresalen los compromisos de reducción de la pobreza a un dígito en 2020, agregando que aun cuando Bolivia era el último país en pobreza en América Latina y el Caribe, la actual situación política acredita que en ese país se tiene y se convive con estabilidad política.
Morales agregó que ha habido una sustancial disminución de la desigualdad social, la que se redujo de 2005 a la fecha, en 42 veces, como resultado del socialismo comunitario y en materia educativa, informó que Bolivia ocupa el segundo lugar después de Cuba en materia de inversión, según datos de la UNESCO lográndose una tasa de cobertura neta de 99.82 por ciento en educación primaria y en el nivel secundario del 72.15 por ciento un aspecto preocupante, aunque se tiene una tasa de deserción del 1 por ciento en primaria, gracias al Bono Juancito Pinto.
Resaltó que estas cifras hacen que Bolivia sea respetada en el ámbito internacional dado que no es un resultado del gobierno, sino de la lucha del pueblo boliviano que dejó el Estado boliviano colonial, para contar con un país digno que se construye con unidad.
De parte del Ejecutivo federal de nuestro país el canciller José Antonio Meade Kuribreña asistió a la ceremonia de toma de posesión, compartió lugar con los presidentes de Trinidad y Tobago, Costa Rica y Venezuela. Aún así, también es oportuno que desde el Congreso de la Unión extendamos un mensaje en representación del pueblo de México a nuestra hermana república latinoamericana.
Así es que en el espíritu de amistad entre México y Bolivia, se propone que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión extienda un mensaje al presidente Evo Morales por motivo de la toma de posesión a su tercer mandato oficial.
En suma, por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su reconocimiento a los logros del Estado Plurinacional de Bolivia en bien de los intereses de su pueblo y saluda la toma de mando presidencial de los señores Juan Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera como presidente y vicepresidente, respectivamente, para el tercer mandato constitucional 2015-2020, deseando el mayor de los éxitos al frente de su gestión.
Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, sede de la Comisión Permanente, a 28 de enero de 2015.
Senadora Dolores Padierna Luna (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a promover la cultura laboral, suscrita por la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del PVEM
La que suscribe, Rosa Elba Pérez Hernández, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Al inicio de la presente legislatura nos tocó vivir y participar intensamente en dos reformas preferentes, proceso inédito en la historia legislativa mexicana. Uno de aquellos retos trascendentales, fue el tema de la reforma laboral, la cual, con todos los paralelismos hallados en este plural grupo de formadores de leyes, alcanzó, en términos generales, por todas las fuerzas políticas del país, y en las dos Cámaras, puntos en comunión logrando ser remitida por el Senado al Ejecutivo federal para la correspondiente promulgación. Confiamos que la reforma laboral, hoy ley vigente, debe fungir como un pistón en el engranaje social para generar empleos y crecimiento en la economía.
Sin embargo, pese a ser un cambio fundamental, no dado desde hace cuatro décadas, es un logro inacabado que debemos intentar mejorar constantemente.
Por ello en esta ocasión traigo a la reflexión un fenómeno social común: la discriminación laboral por edad, la cual se encuentra vinculada con el bono demográfico presente en el país y su proyección en algunos años más.
La discriminación laboral por edad se acentúa a partir de los 35 años, circunstancia indeseable, pues a esas alturas de la vida las personas cuentan con fuerza física plena y además, con la experiencia propia de la vida, así como la propia de su técnica o profesión.
El Reporte sobre la discriminación en México 2012, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, informa que el mercado laboral se caracteriza por la exclusión de personas cuya edad se encuentra por encima de 35 años. Señala que 90 por ciento de las ofertas de empleo excluyen a las personas que tienen más de 35 años, y de ellas, una escasa proporción (no más de 35 por ciento) corresponde a empleos reales y radicados, por lo general, en actividades como guardias de seguridad o personal de limpieza.
Ese reporte subraya que la situación es aún más difícil en el caso de las mujeres, que padecen una discriminación múltiple: por edad, por sexo o discapacidad.
Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del Inegi, la población desocupada en el tercer trimestre de 2014 fue de 2.7 millones de personas; de ese total, 1.2 millones de personas pertenece al grupo de edad de 25 a 44 años, con lo que se infiere que dicho grupo representa 44 por ciento de los desempleados de un sexo y otro.
Los empleadores suelen no contratar a personas de este segmento, porque sus honorarios son más costosos a los de jóvenes, y a éstos se les puede remunerar con cantidades decrecientes en comparación a las personas mayores.
Es común constatar en los anuncios clasificados de los diarios del país la exclusión de contratar solamente a menores de 40; esto repercute de modo considerable en la economía y el bienestar de familias cuyas cabezas de hogar rondan por esas edades y con preocupación atestiguan una baja en el poder adquisitivo.
Los informes de algunas compañías expertas en búsqueda de empleo, manifiestan que 80 por ciento de la oferta de trabajo, excluye a profesionales que sobrepasan la edad de 40 años. El rango de edad se ha convertido en un factor determinante para la inserción en el mercado laboral. Esta condición sin justificación alguna, no solo distorsiona el mercado laboral sino discrimina a personas en su mejor periodo productivo y con un importante bagaje de experiencia.
De este modo, el ciclo económico y las condiciones del mercado laboral, convierten a las personas en este supuesto, en subempleados, trabajando en cuestiones diferentes a su preparación, percibiendo poco y no proporcionar todos lo aprendido durante años.
Países como España, Australia, Chile o Argentina han reconocido esta situación y cuentan con marcos jurídicos dedicados a resolverla. Estados Unidos de América cuenta con The Age Discrimination in Employment Act, o Ley de Discriminación por Edad en el Empleo, con la que se establece, entre otras cosas, lo siguiente:
• Define la discriminación por edad cuando el patrón da un trato menos favorable a algún candidato o empleado por motivo de edad de más de 40 años.
• Prohíbe la discriminación por edad en cualquier contexto del empleo, ya sea en el proceso de contratación, de despido, de pago, para promociones, beneficios y cualquier otra condición para el empleo.
La cláusula antidiscriminatoria para el país, ha quedado establecida en el párrafo quinto del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
En la legislación mexicana, el concepto de discriminación ha quedado definido en el artículo 4 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación:
Artículo 4. Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, talla pequeña, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.
También se entenderán como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones.
Un factor adicional que se debe reconocer es que la esperanza de vida se ha incrementado: s egún una estimación que aporta la Organización de las Naciones Unidas, la esperanza de vida al nacer aumentó de 30 a 67 años en el periodo 1800-2005. Este dato pone en perspectiva la urgente necesidad de garantizar el derecho al empleo de las personas de 25 a 44 años, sobre quienes recae el sustento de hijos pequeños y padres adultos mayores.
En el entendido de que la reforma constitucional en materia de derechos humanos define las obligaciones del Estado para garantizar su disfrute en igualdad de condiciones, el objeto de este punto de acuerdo es proteger los derechos de las personas del rango 25 a 44 años para que puedan tener acceso a oportunidades de empleo.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) es la dependencia del gobierno federal encargada de contribuir a que los mexicanos se incorporen de manera formal a un trabajo decente y digno para construir una sociedad más igualitaria e incluyente; su misión es fortalecer la política laboral a partir de cuatro ejes rectores dirigidos a lograr que los mexicanos tengan acceso a empleos formales y de calidad, con prestaciones y derechos plenos, a través de la democratización de la productividad y la plena salvaguarda de sus derechos y el de las personas en situación de vulnerabilidad.
Ejes rectores de la política laboral de México
I. Impulsar el empleo de calidad e intermediar en el mercado laboral para favorecer la empleabilidad, la protección social y la ocupación productiva.
II. Democratizar la productividad laboral, la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores.
III. Salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral.
IV. Conservar la paz laboral, así como fortalecer la conciliación, procuración e impartición de justicia laboral.
Los ejes rectores, las estrategias y las acciones de la política laboral de México quedan establecidas en el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018. El eje III, “Democratizar la productividad laboral, la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores”, prevé que corresponde a la STPS vigilar que a todas las personas les sea respetado su derecho a tener un trabajo digno o decente, sin importar su situación en cuanto al sexo, edad , preferencia sexual, situación social, raza, religión o algún tipo de discapacidad y al respecto señala:
La discriminación y la desigualdad en las oportunidades de empleo están estrechamente relacionadas con la cultura, por ello, la STPS busca promover una cultura laboral donde el sexo, la edad, la discapacidad, el estado de salud o cualquier otra condición, no sean obstáculo para la inclusión laboral; donde la responsabilidad social de los centros de trabajo con los sectores más desfavorecidos de la sociedad sea un valor. [...] La vulnerabilidad laboral de las personas en el país, condicionada por su sexo, edad, discapacidad o cualquier otra condición, constituye un problema que impide a distintos sectores de la población en edad productiva, su acceso, promoción, movilidad y estabilidad en el empleo.
En virtud de lo anterior y con el propósito de fortalecer la política laboral, y la plena salvaguarda de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, y favorecer su empleabilidad, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a colaborar en el ámbito de su competencia y establecer conforme a sus facultades un programa que promueva la cultura laboral hacia la inclusión de personas del grupo de edad de 25 a 44 años, con objeto disminuir los índices de desocupación de ese sector y pueda integrarse al mercado laboral del país.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de enero de 2015.
Diputada Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al INE y los órganos electorales locales a garantizar transparencia y equidad en los próximos comicios, suscrita por el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT
Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El próximo 7 de junio se celebrarán elecciones en 17 entidades federativas de México, se elegirán Ayuntamientos, Jefes Delegacionales, Diputados Locales y Federales y en 9 estados se elegirán a Gobernadores.
En los próximos comicios se diputarán 500 caragos a Diputado Federal (300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional); asimismo, se elegirán 641 diputaciones locales, (387 de mayoría relativa y 254 de representación popular), 993 alcaldías, en Campeche 20 juntas municipales y las 16 jefaturas delegaciones en el Distrito Federal.
Los nueve estados donde se elegirá Gobernador son Baja California Sur, Sonora, Guerrero, Colima, Campeche, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí y Querétaro.
Estas elecciones intermedias serán la prueba de fuego para las recientes reformas aprobadas en materia electoral. El Instituto Federal Electoral (IFE) cambió de nombre, pero no cambió, aparentemente, el fondo y la esencia de éste, no pugnó, desde su interior, por erradicar sus vicios, la corrupción, y la presunta parcialidad de sus integrantes; ahora el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales tienen el reto de mostrar al pueblo de México que los cambios planteados y las reformas ya aprobadas y publicadas, realmente brindarán los beneficios que tanto se publicitaron
Así pues, en junio los ciudadanos elegirán a sus nuevos representantes, y el INE deberá velar porque la decisión de la sociedad sea respetada por los partidos políticos, tarea sumamente ardua, pues se debe recordar que precisamente son los partidos, las instituciones a quien menos confianza le tiene la población.
A diciembre de 2014, solamente el 22 por ciento de la población confía en los partidos políticos; 29 por ciento en el Congreso de la Unión; 31 por ciento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y 33 por ciento en el Ejecutivo Federal.1
En este sentido, es necesario contar con una ciudadanía alerta, comprometida y activa, claramente consciente de los fundamentos democráticos, capaz de poder denunciar actos de corrupción, así como el abuso y despilfarro de recursos en las campañas electorales.
Se debe recordar que la historia reciente del país en materia electoral ilustra de sobremanera los avances y retrocesos que se han tenido en este tópico. Por un lado, se han modernizado y transformado tanto las instituciones electorales como la normatividad que rige la materia, y por otro lado, persisten irregularidades e inconsistencias antes, durante y después de los comicios.
Muestra de lo anterior es lo referente a la fiscalización de los recursos económicos que eroguen los partidos políticos, así como los candidatos, es un tema de alta relevancia para que efectivamente se alcancen elecciones justas y equitativas.
Es muy sabido que el problema de la inequidad de los procesos electorales es el dinero, ya que si no existen contrapesos contra el ejercicio discrecional del presupuesto, el problema seguirá existiendo.
En su mayoría, los gastos de campaña resultan muy difíciles de detectar, dado la liquidez con la que se manejan, lo cual facilita la ausencia de reportes ante la autoridad y en consecuencia, la impunidad prevalece.
Por tal motivo, el tema de fiscalización será, en gran medida, el punto toral de los comicios de este año, en virtud de que el INE, en un lapso de 45 días, dictaminará sobre la aplicación de los gastos en el proceso electoral.
Lo anterior implica que la autoridad electoral está obligada a dictaminar, sobre el particular, antes de que tome protesta el candidato electo, si se rebasó o no los topes de campaña, por lo que las unidades de fiscalización, tanto la federal como las locales, deberán realizar sus funciones con la mayor objetividad, imparcialidad, profesionalismo y celeridad posible.
Además, una elección tan concurrida como la de 2015 significa que se deberán fiscalizar y auditar más de 75 mil informes de gastos de precampaña y campaña; lo que implica que el 2015, será el año con la elección más fiscalizada de la historia. Ante esta situación, los partidos políticos deberán reflejar su contabilidad en un sistema informático que permita ordenar los ingresos y gastos en tiempo real y emitir las alertas correspondientes para detonar y, en su caso, aplicar procedimientos sancionadores.
No obstante, un problema ya se presentó al interior del Instituto Nacional Electoral, y esto es, el incumplimiento de los plazos del contrato firmado para la Implementación del Sistema de Contabilidad en Línea de los Partidos Políticos, Aspirantes, Precandidatos y Candidatos.
Ante este retraso es plausible cuestionar una efectiva y eficaz fiscalización de los recursos erogados por los institutos políticos, precandidatos y candidatos, máxime cuando el propio Consejero Presidente del INE, admitió el pasado 21 de noviembre un posible retraso en el arranque del sistema de contabilidad en línea para los partidos políticos.
El Presidente del máximo órgano electoral administrativo ha sido cauto y ciertamente responsable en sus declaraciones, no obstante, es de alarmar cuando menciona que no pueden echar a andar un sistema que eventualmente no esté probado, que no tenga alguna dosis de certidumbre que va a funcionar; aunado a que señaló que: "si podemos tenerlo listo antes de las precampañas, perfecto, si no, tenemos que tenerlo listo cuando arranquen las campañas".
Estas situaciones exógenas, ciertamente encienden los focos de alerta sobre el correcto funcionamiento de los mecanismos para la fiscalización y rendición de cuentas de quienes participen activa y pasivamente en los comicios federales y locales de este año.
Por ende, el Instituto Nacional Electoral tiene el deber jurídico de encontrar prontas soluciones ante este contratiempo ya citado, con el objetivo de garantizar que ningún partido político, aspirante, precandidato o candidato, transgreda la ley y se vulneren los principios constitucionales en materia electoral.
Otra tema sobresaliente es el abuso de publicidad con fines electorales por parte de partidos políticos o servidores públicos, la sobreexplotación de la imagen de algunos líderes políticos es escandalosa ya sea en televisión, cine, radio, internet y en calles, existe una campaña mediática que no tiene otro objetivo más que promocionar su imagen para que en el momento oportuno, se consiga el voto de los ciudadanos hacia alguna institución partidaria en específico.
Dicha práctica mediática no es nueva, regularmente meses antes de que inicie las campañas electorales algunos partidos políticos bombardean con spots a los ciudadanos, esto genera que se vulnere el principio de equidad e imparcialidad, pues se posiciona electoralmente a un partido, cuando aún no inician las campañas.
Recientemente la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó por unanimidad que el Partido Verde Ecologista de México suspendiera la campaña que sostiene desde hace tres meses en cine-minutos en salas de cine y retirar la propaganda fija en las calles.2 Acción beneplácita, aunque tardía pues el daño estaba hecho.
Los medios de comunicación juegan un papel preponderante en el terreno político. Sin embargo, no deben ser instrumentos para construir o destruir respaldos políticos, mucho menos para satanizar a opositores y disidentes sobre la base de una relación clientelar con el gobierno en turno.
En este año se deben evitar gobiernos ilegítimos, el país ya no debe ni tiene que soportar y tolerar alcaldías al servicio y merced del crimen organizado. La corrupción ha llegado a niveles inimaginables, muestra de ello es lo que se ha observado en Michoacán, pues hay 224 servidores públicos detenidos durante los últimos 10 meses, de los cuales tres son ex secretarios de primer nivel, seis presidentes municipales, un tesorero y dos síndicos, así lo dio a conocer el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de esa entidad federativa.
Esto es una radiografía de lo que sucede en el país, es innegable que poco a poco el crimen organizado ha ido penetrando en la esfera política. En este tenor es necesario que las instituciones electorales federales y locales trabajen conjuntamente a fin de blindar las elecciones del crimen organizado y del lavado del dinero, esto se llevaría a cabo certificando a todos y cada uno de los candidatos a representante de elección popular.
Ante tal panorama, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), debe estar alerta ante cualquier posible delito electoral. La democracia en México acarrea un sinfín de delitos en materia electoral, y son el reflejo fiel de la falta de una cultura democrática y de voluntad política para que partidos políticos y candidatos se apeguen a lo establecido en las leyes en la materia.
Lamentable es que en pleno año electoral la FEPADE no cuente con un fiscal, esto es el reflejo de la mezquindad política que existe entre las llamadas fuerzas partidarias del país, esta falta de voluntad política puede desembocar en violaciones graves en las leyes en materia electoral y provocar que se incida en los resultados de alguna elección.
Por tal razón, en el proceso electoral de este año, debe existir plena voluntad de todas las instituciones públicas federales, estatales y municipales, así como de las organizaciones de la sociedad civil, para que conjuntamente se trabaje en la transparencia y equidad de las elecciones, a través de la construcción de blindajes electorales que no permitan actos de corrupción y se respete en todo momento la voluntad soberana del pueblo mexicano.
Por su parte, las instituciones electorales públicas federales y locales deben realizar las funciones para las que fueron diseñadas, sin sesgos partidistas ni compromisos pre adquiridos. Los Organismos Públicos Locales serán un pilar importante para que efectivamente se desarrollen con absoluta transparencia y equidad las elecciones de este año.
Se debe esperar de ellos la objetividad, imparcialidad y profesionalismo que la normativa les demanda, a fin de garantizar elecciones, en el que abuso de los recursos económicos no sea el tema central este año. La explotación de las precarias condiciones de los más necesitados no debe ser el instrumento ni el medio para coaccionar el voto de este desprotegido sector de la población.
Será también una obligación de los Organismos Públicos Locales, sancionar en tiempo y forma, las irregularidades denunciadas, a fin de imponer medidas de apremio que eviten conductas contrarias a derecho.
De igual manera, los partidos políticos se deben conducir con estricto apego a la legalidad, conscientes de la trascendencia que implica la renovación de los Congreso locales y la importancia que tienen estos en el desarrollo político, social y económico del país.
Los comicios a celebrarse este año deben apegarse en todo momento bajo el principio de transparencia y equidad, es tiempo de abatir la opacidad y corrupción antes vivida. Es menester que este año se vigilen estrictamente los comicios locales y federales, los cuales, deben celebrarse con absoluto apego a derecho.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a:
a. El Instituto Nacional Electoral, así como a los organismos públicos locales de las entidades federativas en donde se realizarán elecciones este año, a regirse bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, así como garantizar comicios transparentes, justos y equitativos.
b. El Instituto Nacional Electoral, así como a los organismos públicos locales a sancionar en tiempo y forma, las irregularidades denunciadas en el próximo proceso electoral, a fin de imponer medidas de apremio que eviten conductas contrarias a derecho.
c. A los partidos políticos y candidatos independientes a que se conduzcan en el próximo proceso electoral, bajo el marco jurídico de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en las leyes aplicables en materia electoral.
Notas
1 “Se hunde más confianza en las instituciones”, en el periódico Reforma, consultado el 5 de enero de 2015, disponible en http://www.reforma.com/libre/acceso/acceso.htm?urlredirect=/encuestas/? pxs=1
2 “El PVEM pagó más de $450 millones por sus anuncios y no $72 millones como declaró: PRD”, en el periódico La Jornada, consultado el 5 de enero de 2015, disponible en http://www.jornada.unam.mx/2015/01/02/politica/011n1pol
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 28 de enero de 2015.
Senador David Monreal Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la construcción del Museo Internacional Barroco, en Puebla, suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
¿Qué diferencia a las democracias modernas que existen en el mundo de aquéllos adefesios políticos que aspiran a convertirse en un sistema de gobierno eficiente? Sencillo, en el primer esquema la rendición de cuentas y la imposición de sanciones a los servidores públicos son instrumentos con los que cuentan los ciudadanos para monitorear el correcto desempeño de sus gobernantes.
Lamentablemente, México dista mucho de pertenecer a ese grupo de gobiernos en el que los habitantes pueden castigar a sus funcionarios cuando éstos cometen un acto ilícito. Por lo contrario, vivimos en un país en el que la compra por parte del presidente de una casa a un constructor que después ganó lucrativos contratos en el estado de México es “legal”; en el que la “casa blanca” de la primera dama y Grupo Higa, comprada con recursos que todavía no ha comprobado, es “legal”; en el que la adquisición de la mansión de Luis Videgaray en un club de golf en Malinalco, con un préstamo a una tasa de interés aún desconocida, provisto por una inmobiliaria beneficiada por el gobierno –Grupo Higa– es “legal”; en el que la licitación del tren rápido México-Querétaro es “legal”; en el que no importa que los funcionarios públicos no expliquen a cabalidad sus declaraciones patrimoniales ni hagan públicas sus declaraciones de impuestos ni revelen posibles conflictos de interés, pues esto es “legal”; en el que los “moches” no investigados ni sancionados son “legales”1 ; es decir, una nación en la que la corrupción, la impunidad y el enriquecimiento ilícito son legales.
Al gobierno federal poco le ha importado el descontento e indignación de los ciudadanos por hacerles creer que la primera dama, Angélica Rivera, era una actriz de telenovelas tan bien pagada que logró acumular una fortuna lo suficientemente grande como para adquirir una casa valuada en 86 millones de pesos; ya que continúa perpetrando el capitalismo de cuates que ha caracterizado a la actual administración, el cual ha ocasionado que el índice de aprobación de Peña Nieto descienda hasta el 40 por ciento, siendo cercano al nivel más bajo en la historia para un presidente mexicano.
Aunado a “la casa blanca”, a la residencia de Videgaray y a la fraudulenta licitación, y abrupta cancelación, del tren rápido México-Querétaro; hoy nuevamente somos testigos de un caso más en el que Grupo Higa se beneficia de contratos millonarios debido a su cercanía con los funcionarios públicos.
En tan sólo tres años como gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, ha otorgado proyectos al empresario Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, por un monto que asciende a 26 mil 212 millones de pesos.
Lo preliminar se debe a que Hinojosa fundó en 2006 la empresa Eolo Plus, en sociedad con Tribasa y Grupo Hermes, de la cual también es socio; mientras que “La Peninsular”, filial de Grupo Hermes, y “Concretos y Obra Civil del Pacífico”, filial de Higa, participan en la construcción, equipamiento, operación y mantenimiento del Museo Internacional Barroco de Puebla, con un valor de 7 mil 280 millones de pesos.
De este modo, la construcción del museo se traduce en una corrupción desmedida que involucra tráfico de influencias y conflicto de intereses, puesto que el proyecto, licitado bajo el esquema de Proyectos para la Prestación de Servicios, se autorizó por Banobras en un tiempo récord de únicamente 8 días, solicitándose el 20 de junio de 2012 y aprobándose el 28 de junio.
Así, Grupo Hermes se configura como la conexión financiera entre Moreno Valle y el Gobierno Federal, con negocios que incluyen una línea de crédito con el gobierno de Puebla de 3 mil 252 millones de pesos y un fideicomiso bancario de Agua de México, por 3 mil 800 millones de pesos.+++2+++
No podemos permitir que la corrupción, el compadrazgo, el tráfico de influencias y la impunidad sigan siendo las constantes en los negocios que imperan en nuestro país. Es necesario realizar una investigación en la que se demuestre que Grupo Higa fue elegido por ser el licitante más atractivo, y no por su cercanía con el gobierno, para la construcción del proyecto mencionado; de lo contrario, se evidenciará que Hinojosa Cantú es uno de los principales beneficiarios, no tan sólo del Gobierno Federal, sino también del de Puebla, en un país en el que la imposición de sanciones y de responsabilidades políticas continúa siendo una utopía y no una realidad.
Con base en lo expuesto, propongo los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, para hacer pública la información respecto a las licitaciones y contratos celebrados con Grupo Hermes, La Peninsular, Grupo Higa, y Concretos y Obra Civil del Pacífico, respecto a la construcción, equipamiento, operación y mantenimiento del Museo Internacional Barroco de Puebla.
Segundo. Se exhorta al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, para hacer pública la información respecto a la línea de crédito de 3 mil 252 millones de pesos y el fideicomiso bancario de Agua de México, por 3 mil 800 millones de pesos, celebrados entre el Gobierno del Estado de Puebla y Grupo Hermes.
Tercero. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una investigación respecto a la licitación y contrato celebrado entre el gobierno del estado de Puebla y Grupo Hermes, La Peninsular, Grupo Higa, y Concretos y Obra Civil del Pacífico, sobre la construcción, equipamiento, operación y mantenimiento del Museo Internacional Barroco de Puebla.
Cuarto. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para realizar una investigación respecto a la autorización de Banobras solicitada el 20 de junio de 2012 y aprobada el 28 de junio del mismo año, sobre el proyecto del Museo Internacional Barroco de Puebla, bajo el esquema proyectos para la prestación de servicios.
Quinto. Se solicita la creación de una comisión de investigación al interior del Congreso de la Unión, que tenga por objeto específico transparentar los contratos y licitaciones celebradas entre el gobierno del estado de Puebla y Grupo Hermes, La Peninsular, Grupo Higa, y Concretos y Obra Civil del Pacífico, durante la presente administración.
Notas
1 http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=54880&urlredirect= http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=54880
2 http://www.sinembargo.mx/23-01-2015/1227992
Dado en la sede la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 28 de enero de 2015.
Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud de Campeche a mejorar la calidad de atención primaria en la red hospitalaria y las clínicas de la entidad, suscrita por el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
El suscrito, José Angelino Caamal Mena, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del Estado de Campeche para que revise y, en su caso, mejore la calidad de la atención primaria en la red hospitalaria y del estado, de la misma forma remita a esta soberanía un informe detallado del destino de los recursos asignados al sector salud para 2014, al tenor de los siguientes
Antecedentes
El estado de Campeche cuenta con una extensión total de 57 mil 924 kilómetros cuadrados. Su población total según cifras del Censo de Población y Vivienda 2010, es de 822 mil 441 habitantes. Este estado se encuentra en una posición geográfica de transición entre la selva tropical del Petén guatemalteco y la selva baja caducifolia del extremo norte de la península de Yucatán.
Campeche cuenta con once municipios que se enumeran a continuación:
1. Calkiní
2. Campeche
3. Carmen
4. Champotón
5. Hecelchakán
6. Hopelchén
7. Palizada
8. Tenabo
9. Escárcega
10. Calakmul
11. Candelaria.
En los últimos días, diversos medios de comunicación local señalan que la gente se ha mostrado insatisfecha con la atención brindada en los centros de salud rurales, ponderando la falta de capital humano (médicos) y de medicamentos necesarios para tratar sus padecimientos, que en la mayoría de los casos son enfermedades crónicas degenerativas.
Existen municipios con grandes problemas en la atención brindada por los servicios de salud pública, pero que además cuentan con problemas ambientales graves que los llevan a contraer enfermedades. Un ejemplo de ello es la situación que se presenta en Palizada, existe un problema grave de contaminación ambiental provocado por el vertedero de los sanitarios en el drenaje pluvial que van a dar al vaso regulador en los terrenos de Petróleos Mexicanos (Pemex) que se encuentran a campo abierto.
Es urgente que la Secretaría de Salud del estado clarifique el destino de los recursos que se han asignado para este sector, ya que la aprobación de la gente es mínima en este sector.
Lo anterior no es todo el problema del sector salud estatal, ya que el mismo secretario de Salud del estado, Alfonso Cobos Toledo, ha señalado que en materia de infraestructura del sector, aún existen 12 obras pendientes con inversión superior a los 600 millones de pesos y deben estar listas antes de concluir la actual administración.
Las obras referidas son las siguientes: en el municipio de Calkiní, son dos obras pendientes, en Isla Arena y en Dzitbalché, también en Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo, en el municipio de Campeche hay pendientes en Lerma y Seybaplaya Champotón, en Ciudad del Carmen; un centro de salud y el hospital materno infantil, mientras en Candelaria, en la comunidad de Estado de México, una obra por sustitución y otra en el Aguacatal.
En la capital del estado se encuentra pendiente el Centro Estatal de Rehabilitación Integral (CERI) que sustituirá al Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) a entregarse en febrero.
Los datos mencionados nos reflejan la mala planificación que existe en el sector salud estatal, es por ello que en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza exhortamos a la misma institución para que transparente el destino de los recursos e incluso brinde un informe detallado de la forma en que se ha gastado el presupuesto de egresos asignado, que el año pasado fue de 258 millones 715 mil 441 pesos.
Los diputados de Nueva Alianza estamos comprometidos con todos y cada uno de los estados de la República, es por ello que buscaremos que los servicios de salud que se brindan a la población sean de calidad, suficientes y que se encuentren al alcance de todos los ciudadanos.
De conformidad con todo lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Primero. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del Estado de Campeche para que revise y, en su caso, mejore la atención primaria en la red hospitalaria local.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud del Estado de Campeche para que remita a esta soberanía un informe detallado del destino de los recursos asignados al sector salud en el ejercicio de 2014.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 28 de enero de 2015.
Diputado José Angelino Caamal Mena (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar acciones para prevenir la anemia femenil, suscrita por la diputada Irazema González Martínez Olivares, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, Irazema González Martínez Olivares, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La anemia es un problema de salud mundial que afecta tanto a países desarrollados como subdesarrollados y su presencia ocasiona una disminución en la calidad de vida de las personas.
La presencia de la anemia se caracteriza por una disminución de los niveles de hemoglobina o del número de glóbulos rojos en la sangre, debido a que no se producen los suficientes, toda vez que se presenta un trastorno en la maduración de los glóbulos rojos, porque se destruyen o pierden a mayor velocidad, entre otros motivos.
Los síntomas son distintos y dependen de la gravedad. Los más habituales son cansancio, palidez cutánea, taquicardia y dificultad respiratoria.
La Organización Mundial de la Salud establece que la anemia afecta en todo el mundo a mil 620 millones de personas, lo que corresponde a 24.8 por ciento de la población.
El grupo de población en el que se tiene mayor prevalencia de anemia es el de los niños en edad preescolar; sin embargo, la población que se encuentra más afectada es el grupo comprendido por las mujeres no embarazadas, representando 468 millones de mujeres en el mundo, con base de datos sobre la anemia de la Organización Mundial de la Salud.
En 2002, la anemia por deficiencia de hierro fue considerada a escala mundial como el principal tipo que se presentó en las mujeres, debido a que durante la adolescencia, los requerimientos de este elemento son mayores como consecuencia del inicio de la menstruación.
Durante el embarazo, el hierro es fundamental y necesario porque se transporta continuamente por medio de la circulación materno-fetal. Su adecuado suministro implica que los niños cuando nazcan tengan un peso adecuado.
Por tanto, la prevalencia de anemia durante embarazo origina un descenso en la realización de actividades físicas y mayor susceptibilidad en el desarrollo de infecciones. En cuanto a los niños, ocasiona que nazcan prematuros o con bajo peso; además, la lactancia que reciben presenta deficiencia de hierro o en cantidades mínimas para su adecuada alimentación y, por tanto, crecimiento.
En 2010, la Secretaría de Salud, en el estudio Prevención, diagnóstico y tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro, destacó que cerca de 25 por ciento de premenopáusicas presentan anemia por deficiencia de hierro asociadas a pérdidas aumentadas por la menstruación.
Aunado a lo anterior, 10 por ciento de los adultos mayores de 65 años presenta anemia; y de éstos, aproximadamente una tercera parte tiene evidencia de deficiencia de hierro, folatos o vitamina B12, mientras que otra tercera parte presenta insuficiencia renal, enfermedades o inflamación crónica y el resto anemia de origen inexplicable.
El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de 2014 señaló que 18 por ciento de las embarazadas y 11.6 de las no embarazadas de 12 a 49 años fueron clasificadas como anémicas.
Sin duda, éste es un tema de gran importancia ya que puede desencadenar resultados graves. Por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas, se puede propiciar la muerte materna y perinatal, además de que aumenta el riesgo de partos prematuros y que los bebes nazcan con bajo peso.
La prevención es fundamental porque representa un paso importante que logra poner un alto a la anemia. En el caso de la anemia por deficiencia de hierro, ésta se puede prevenir promoviendo que las personas consuman una dieta rica en este mineral, consumir vitamina C en abundancia y tomar algún suplemento de hierro, entre otras opciones.
En caso de que ya se padezca, es vital un diagnóstico adecuado, a fin de contar con un historial clínico dirigido para conocer la dieta, nivel social y cultural, factores demográficos y fisiológicos, así como una evaluación de los síntomas y un examen físico, entre otros análisis que permitan identificar la causa de la anemia.
Los resultados que se obtienen del diagnóstico son fundamentales para realizar el tratamiento adecuado, aunado a que dependerá de la edad, el sexo y los síntomas que presentan.
Por ello se presenta el siguiente punto de acuerdo, a fin de que la Secretaría de Salud realice acciones para prevenir, diagnosticar y tratar la anemia femenil, en virtud de que representa un problema de salud a las mexicanas que está cobrando auge en el número de pacientes en cualquier etapa de la vida, pero sobre todo en las mujeres embarazadas, originando que se produzca una disminución en su calidad de vida y para sus hijos, lo que representa un desgaste físico, económico y emocional para ellas y para los integrantes de sus familias.
Por lo expuesto y fundado presento a esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la secretaria de Salud a realizar acciones para prevenir, diagnosticar y tratar la anemia femenil.
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 28 de enero de 2015.
Diputada Irazema González Martínez Olivares (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Bancomext a emitir una moneda conmemorativa del centésimo aniversario de la Batalla de Celaya, suscrita por el diputado Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del PAN
El diputado Luis Alberto Villarreal García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Banco de México para que emita una moneda conmemorativa del 100 aniversario de la batalla de Celaya luchas decisivas para la revolución mexicana que se celebraron del 6 al 15 de abril de 1915. Las tropas constitucionalistas al mando de Álvaro Obregón derrotaron a la división del norte de Francisco Villa, con base en las siguientes:
Consideraciones
El 10 de agosto de 1914, con los acuerdos de Teoloyucan se establecía la entrada del Ejército Constitucionalista a la capital y las condiciones de rendición y disolución del Ejercito Huertista.
Durante ese periodo Venustiano Carranza ocupó la Presidencia, pero Francisco Villa y Emiliano Zapata lo rechazaron, en vano fueron los esfuerzos de Obregón por dialogar con ellos.
Todo el tiempo existió riña entre Carranza y Villa además de Zapata, cada uno pedía sus exigencias para reconocer el gobierno de Carranza. Villa exigía que se aceptara el Plan de Ayala mientras que Zapata exigía que el nuevo gobierno aceptara la repartición de tierras.
Los intentos de Obregón por conciliar las fuerzas revolucionarias se rompieron definitivamente cuando éste intento asesinar a Villa. Durante el segundo semestre de 1914, los revolucionarios tuvieron reuniones, mismas que dieron como fruto la aprobación del Plan de Ayala.
El 3 de noviembre de 1914 fue nombrado presidente Eulalio Gutiérrez, pero posteriormente abandono el cargo en franca oposición a Carranza. Deja la presidencia en pugna con Villa pues le negó toda ayuda Emiliano Zapata y se pasó al bando Obregonista. Entre tanto, se hizo cargo el general Roque González Garza del 18 de enero de 1915 al 10 de Junio del mismo año, quien tuvo apoyo de villistas y de zapatistas.
Las diferencias entre Villa y Carranza se agravaron de tal manera que Carranza envió a la guerra a Álvaro Obregón. Es así como la Batalla de Celaya tuvo lugar en las inmediaciones de Celaya, Guanajuato, del 6 al 15 de abril de 1915 entre la División del Norte, encabezada por Francisco Villa, contra tropas Constitucionalistas al mando del General Álvaro Obregón.
El General Obregón, encargado de la campaña contra Villa, concentró a su ejército en Querétaro, mientras que Villa hizo lo propio en Irapuato. Obregón siempre actuó a la defensiva. Obregón inició la concentración de sus fuerzas en la región del Bajío a dónde acudió Villa para enfrentarlo.
La primera fase de los enfrentamientos ocurrió entre 6 y 7 de abril de 1915, en los cuales Obregón defendió la posición ante las arremetidas de los villistas, tal y como lo planteó y ante la repentina táctica villista que se vio nulificada por los contrataques obregonistas.
La fase clave comenzó el 13 de abril, cuando el General Obregón aprovechó las debilidades de la estrategia de Villa. Dos días posteriores, la victoria correspondió a las tropas del General Obregón, tras lo cual Villa se vio obligado a replegase en León, Guanajuato.
De este modo, el gobierno carrancista pudo consolidarse en el poder y promulgar dos años más tarde la Constitución Política que actualmente nos rige. Las batallas aquí mencionadas revisten gran importancia porque se logró desmantelar el Villismo que fue una facción muy poderosa y propició con ello que Venustiano Carranza pudiera convocar a elecciones y ser electo como Presidente de la República y que convocara a una reunión en Querétaro, logrando tiempo después, la Carta Magna que rige a los mexicanos y da origen a todas sus instituciones.
Por los anteriores argumentos, me permito someter a consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta al Banco de México para emitir una moneda conmemorativa del 100 aniversario de la Batalla de Celaya.
Por lo anterior se pone en consideración el siguiente resolutivo:
Único. Se exhorta al Banco de México para que emita una moneda conmemorativa del 100 aniversario de la batalla de Celaya luchas decisivas para la revolución mexicana, que se celebraron del 6 al 15 de abril de 1915. Las tropas constitucionalistas al mando de Álvaro Obregón derrotaron a la división del norte de Francisco Villa, de conformidad con el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las siguientes características:
I. Valor Nominal: Cien Pesos
II. Forma: Circular
III. Diámetro: 40mm (Cuarenta milímetros)
IV. Ley 0.720 (setecientos veinte milésimos de plata)
V. Metal de liga: 0.075 (setecientos veinte milésimos de plata)
VI. Peso; 27.0 g (veintisiete gramos)
VII. Contenido: 24.975 g (veinticuatro gramos novecientos setenta y cinco miligramos) de plata pura
VIII. Tolerancia en ley: 0.005 (cinco milésimos) en más;
IX. Tolerancia en peso: Por unidad 0.216g (doscientos dieciséis miligramos); por un conjunto de mil piezas; 6,831 g (seis gramos ochocientos treinta y un miligramos), ambas en más o en menos;
X. Canto: Estriado; y
XI. Cuños
a. Anverso: Al centro, el Escudo Nacional en relieve escultórico circundado en semicírculo superior en la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”. El marco liso y
b. Reverso: La Ciudad de Celaya y, en el campo superior en semicírculo, la leyenda “100 Aniversario de la Batalla de Celaya” El marco liso.
Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el día 14 de enero de 2015.
Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua a revisar la actuación del juez cuarto de lo familiar por presuntas irregularidades en diversos procesos, suscrita por la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Martha Lucía Mícher Camarena, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Consideraciones
En días recientes recibí un documento con información sobre una serie de presuntas irregularidades en la actuación del juez cuarto de lo Familiar del estado de Chihuahua, tuvimos conocimiento de que existen al menos 15 madres de familia que han denunciado la conducta discriminatoria y omisa del juez cuarto de lo Familiar, Carlos Espino Holguín, argumentan ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos por parte del juzgador, quien les ha impedido la convivencia con sus hijos e hijas, en el contexto de sus respectivos procesos de divorcio.
Es también de nuestro conocimiento que el Centro Estatal de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) ha documentado decenas de casos de expedientes radicados en el juzgado cuarto de lo familiar, que demuestran los sesgos ideológicos, sexistas y discriminatorios, que norman el criterio del juzgador en las resoluciones judiciales.
Es significativo destacar que además existe una denuncia penal presentada en contra del juez Carlos Espino Holguín, ante la Unidad Especializada del Delito contra el Servicio Público de la Fiscalía Zona Centro, la cual quedó radicada con el número de investigación (682/2015), donde el juzgador es acusado de los delitos de discriminación, tráfico de influencias, negación a la impartición de justicia y prevaricación.
Sin embargo, hasta el momento la situación de violencia institucional por parte del juzgador persiste pues a pesar de que las mujeres víctimas de estos actos interpusieron debidamente sus recursos legales de queja en contra de la actuación del juzgador, éstas fueron desechadas. De igual manera al solicitar que se realizara una auditoría al juzgado para demostrar las graves irregularidades que constituyen violaciones a los derechos humanos de las mujeres, niños y niñas, las peticiones fueron sistemáticamente denegadas.
En ese sentido consideramos preocupante la tolerancia del Tribunal Supremo de Justicia en torno a la indebida actuación del licenciado Carlos Espino Holguín, quien como hemos señalado, ha sido denunciado en forma reiterada porque en su desempeño como funcionario público responsable de la impartición de justicia carece de perspectiva de género; es ajeno al debido proceso y la debida diligencia; ignora el principio pro persona y la salvaguarda del interés superior de la niñez, así como los estándares internacionales de protección a mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Lo anterior nos obliga a recordar que en México existe la obligatoriedad jurídica de las y los servidores públicos de integrar en su desempeño una perspectiva de género en virtud de que el gobierno mexicano ha firmado diversos mecanismos internacionales, como la Convención contra la Tortura, y más específicamente, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
El derecho a la igualdad y de acceso a la justicia son normas imperativas del derecho internacional público que generan obligaciones erga homnes. Quienes imparten justicia están especialmente obligados a que ambos derechos se traduzcan en realidad, para ello cuentan con una serie de herramientas que de no utilizarlas podrían no sólo estar perpetuando la discriminación y revictimizando a las mujeres, sino negándoles sus derechos y generando responsabilidad para el Estado mexicano.
Por ello llama la atención que el Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua no haya actuado de manera pronta y efectiva para que cesen las manifestaciones misóginas a cargo del juez cuarto de lo Familiar y para que se rectifique la aplicación de criterios excluyentes y discriminatorios en perjuicio de las mujeres y del interés superior de la niñez.
En ese sentido cabe precisar que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJ) ha señalado públicamente, que estará atento a que la actuaciones de los juzgadores sea apegada a derecho, sin embargo no se ha pronunciado porque también se incorporen la perspectiva de género y el interés superior de la niñez como criterios obligatorios que deben normar la actuación de las y los juzgadores.
Por ello hacemos un respetuoso llamado a la congruencia, pues cabe destacar que el Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua recién instaló en noviembre del año pasado, la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos, instancia que busca una impartición de justicia con criterios de igualdad, y que tiene como una de sus prioridades, la capacitación a juzgadores en el tema de perspectiva de género, de acuerdo a estándares internacionales a favor de la protección de los derechos de las mujeres. Además de que busca erradicar la discriminación en contra de las mujeres en el ejercicio de su derecho de acceso a la justicia.
Por tal motivo estimamos que como expresión de una justicia igualitaria, es necesario que las autoridades competentes investiguen y analicen la actuación del juez cuarto de lo Familiar, Carlos Espino Holguín, para que se deslinde su probable responsabilidad por las irregularidades en los procesos citados y por las violaciones a los derechos humanos en perjuicio de las mujeres que han interpuesto recursos de queja en su contra y se haga efectiva la garantía de no repetición.
Por todo lo anterior someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Esta Comisión Permanente exhorta respetuosamente al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, José Miguel Salcido Romero, a revisar la actuación del juez cuarto de lo Familiar, Carlos Espino Holguín, con respecto a los casos en que ha sido denunciado por actuar conforme a criterios inconstitucionales, parciales, excluyentes y discriminatorios en perjuicio de los derechos humanos de las mujeres y del interés superior de la niñez.
Asimismo se le exhorta a generar las condiciones aptas para que la Unidad de Género y Derechos Humanos del Supremo Tribunal de Justicia, inicie dentro de la brevedad posible un programa de capacitación para las y los jueces en materia de justicia con perspectiva de género.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 28 de enero de 2015.
Diputada Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar la educación sexual para hombres y mujeres, suscrita por la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del PVEM
La que suscribe, diputada Rosa Elba Pérez Hernández, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En 1994 se celebró la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo. Este acontecimiento reviste importancia pues con él se consolida y se define el campo de la salud sexual y los derechos reproductivos con base en los siguientes conceptos:
“La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y con sus funciones y procesos. Ello lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información y tener acceso a métodos de su elección seguros, eficaces, aceptables y económicamente asequibles en materia de planificación de la familia, así como a otros métodos de su elección para la regulación de su fecundidad, que no estén legalmente prohibidos, y el derecho de la mujer a tener acceso a los servicios de atención de la salud que propicien los embarazos y los partos sin riesgos. La atención de la salud reproductiva incluye la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales.
Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales de derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas, aprobados por consenso. Esos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el momento de tenerlos, y a disponer de la información y de los medios necesarios para ello, y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye el derecho de todas las personas a adoptar decisiones en relación con la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia. Se debe prestar plena atención a la promoción de relaciones de respeto mutuo e igualdad entre hombres y mujeres, y particularmente a la satisfacción de las necesidades adicionales y de servicios de los adolescentes con objeto de que puedan asumir su sexualidad de modo positivo y responsable.
...
[...] Deberían elaborarse programas innovadores para que los adolescentes y los hombres adultos tuvieran acceso a información, asesoramiento y servicios de salud reproductiva. Esos programas deben educar y facultar al hombre para que comparta por igual las responsabilidades de la planificación de la familia y las labores domésticas y de crianza de los hijos y acepte la importante responsabilidad de prevenir las enfermedades de transmisión sexual.”.1
Uno de los objetivos acordados en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de 1994 es lograr que los hombres participen más y asuman una mayor responsabilidad práctica en la planificación de la familia.
Los hombres, por lo general, se involucran en la sexualidad y en la reproducción desde una posición de control del cuerpo de las mujeres que asumen como algo natural; esto se debe principalmente a que ellos no tienen procesos reproductivos en sus cuerpos – no menstrúan, ni se embarazan - y pueden evadir las consecuencias de sus prácticas sexuales. Los riesgos y responsabilidades tanto de la planificación familiar como del cuidado de la progenie recaen predominantemente en las mujeres. Esta realidad deja lejos las decisiones compartidas.
Debemos reconocer que desde la perspectiva del cuidado de la salud, es esencial que existan políticas concentradas en el rol reproductivo materno; sin embargo, el estereotipo de la mujer como única responsable del control natal y por tanto como única usuaria de los servicios de planificación familiar debe ser superado.
Sabemos que culturalmente el control natal es considerado terreno femenino y que la participación masculina en la regulación de la fertilidad es muy escasa. Estudios con varones indican que los hombres no se sienten responsables por las consecuencias del ejercicio de su sexualidad, delegando en la mujer toda la responsabilidad en la prevención del embarazo. La mayoría de los condones son solicitados por mujeres.
Actualmente el gobierno federal desarrolla un importante esfuerzo para la promoción y difusión de los derechos sexuales y reproductivos; el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres Proigualdad 2013-2018, cuyo propósito es alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, en un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos de las mujeres y las niñas, plantea políticas públicas centradas en reducir las brechas de desigualdad que actualmente se observan entre mujeres y hombres. Este programa registra que el acceso de las mujeres a los servicios de salud es escaso y que apenas un 50% de las unidades médicas del primer y segundo nivel de atención cuenta con personal para la promoción en planificación familiar y anticoncepción; asimismo reconoce el desabasto de anticonceptivos como un problema generalizado del sistema de salud, particularmente para las mujeres indígenas.
Entre los objetivos transversales de Proigualdad destaca el objetivo 4: Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar. A través de este objetivo se plantean las siguientes líneas de acción para el ejercicio de los derechos reproductivos:
Se comprende pues, que la política nacional para reducir las brechas de desigualdad que actualmente se observan entre mujeres y hombres, ubica a las mujeres como principales sujetos de los servicios de cuidado a la salud en todo el ciclo de vida y que las líneas de acción para la salud reproductiva van dirigidas exclusivamente a las mujeres, como se puede apreciar claramente en la línea de acción 4.1.6, 4.2.3, 4.2.4 y 4.2.6.
En cuanto a la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993, que se refiere a los servicios de planificación familiar e incluye tanto la selección, prescripción y aplicación de métodos anticonceptivos, como los elementos de información, orientación y consejería, sorprende que el enfoque es casi exclusivo a la mujer, dejando al hombre en un segundo plano.
Por su parte, con el propósito de garantizar la difusión de información sobre los métodos anticonceptivos y las consecuencias de desarrollar una vida sexual a temprana edad, la Secretaría de Salud ha lanzado el Programa de Acción Específico de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 2013-2018 cuyos objetivos están enfocados a brindar información universal sobre derechos sexuales y reproductivos; no obstante, consideramos que se trata de un programa específico que atiende solo a los jóvenes, mientras que el resto de la población no recibe el importantísimo mensaje de la responsabilidad compartida en el ejercicio de los derechos sexuales.
El propósito de este punto de acuerdo es que las políticas públicas centradas en reducir las brechas de desigualdad que actualmente se observan entre mujeres y hombres, reconozcan al hombre de cualquier edad, que ha alcanzado la madurez sexual, como sujeto de derechos sexuales y reproductivos y se le incluya como receptor de la difusión de las campañas sobre derechos sexuales y reproductivos y el acceso a anticonceptivos. La prestación de servicios, tanto en asesoría como en la atención, la vigilancia de los usuarios y la disponibilidad de insumos para la planificación familiar, debe ser para hombres y mujeres por igual.
El enfoque de equidad de género debe involucrar como concepto fundamental la responsabilidad compartida de hombres y mujeres. No buscamos identidades excluyentes, simplemente esperamos replantear integralmente la interpretación del ejercicio de los derechos reproductivos; para alcanzarlo, creemos que tanto hombres como mujeres deben contar con la atención, la información, la educación, la prevención y la anticoncepción necesarias para tomar decisiones responsables y negociar con sus parejas en el terreno de la reproducción.
La responsabilidad supone el reconocimiento del “otro” y tomar en consideración las consecuencias de las decisiones propias en otra y otras personas.2 Entonces, por dicho reconocimiento, se debe asumir a hombres y mujeres como sujetos iguales de las políticas de planificación familiar.
En virtud de lo anterior se somete a consideración del pleno de la asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en el marco del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres Proigualdad 2013-2018, incluya en sus estrategias el fortalecimiento de capacidades para la responsabilidad compartida en el ejercicio de los derechos reproductivos y sexuales, a fin de que hombres y mujeres tengan acceso a la información, la educación y servicios de salud reproductiva por igual.
Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las diferentes autoridades educativas y de salud de los diferentes niveles de gobierno a efecto de que se ejecuten mecanismos suficientes y eficaces que garanticen como receptores de la difusión de información sobre los métodos anticonceptivos a hombres y mujeres por igual.
Notas
1 Resumen del programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, Capítulo VII, Cairo, septiembre de 1994, Nueva York, Organización de las Naciones Unidas, 1994
2 Elsa Guevara Ruiseñor. “Los derechos reproductivos de los hombres. El debate pendiente” Desacatos, CIESAS, número 011, México 2003, p.112
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de enero de 2015.
Diputada Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión de investigación encargada de examinar los contratos suscritos por organismos públicos y empresas de participación estatal mayoritaria y el grupo de empresas de Juan Armando Hinojosa Cantú y las relacionadas con ellas, suscrita por el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara y el senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del PT
El que suscribe, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a su consideración proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El titular del Poder Ejecutivo federal está siendo cuestionado por el conflicto de intereses en la asignación de contratos públicos a personas con quienes ha tenido una relación de negocios o de amistad. Lo anterior ha trascendido internacionalmente, y es un motivo de desprestigio en las instituciones públicas del país.
Un grupo de 192 diputados presentó a la Junta de Coordinación Política una solicitud para crear una comisión de investigación encargada de examinar los contratos suscritos por organismos públicos y empresas de participación estatal mayoritaria y el grupo de empresas de Juan Armando Hinojosa Cantú y las relacionadas con ellas.
Esta solicitud se fundamenta en el tercer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo federal.
El texto no genera dudas de su contenido; su interpretación textual, palabra por palabra, no requiere de mayores elementos, como lo han pretendido otros grupos parlamentarios. Una parte del funcionamiento de estas instituciones son los procesos de contratación de acuerdo con sus facultades, ya sea de obra o de adquisiciones.
La Junta de Coordinación Política, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es un órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y los órganos necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.
Como está demostrado en el documento citado, la creación de la comisión investigadora es una decisión constitucional y legal correspondiente a la Cámara de Diputados, por lo que la Junta tiene las facultades necesarias para crearla, dada la coyuntura actual del país.
Por eso, ante el pleno de la Comisión Permanente solicitamos que se exhorte a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que en aras de la importancia del tema y de los múltiples cuestionamientos que han tenido las instituciones públicas, presente ante el pleno de esa Cámara el acuerdo en que se cree la comisión de investigación encargada de examinar los contratos suscritos por organismos públicos y empresas de participación estatal mayoritaria y el grupo de empresas de Juan Armando Hinojosa Cantú y las relacionadas con ellas, como un signo del consenso que tienen los grupos parlamentarios para transparentar las actividades de las entidades paraestatales. Por su importancia, esta proposición con punto de acuerdo es de urgente y obvia resolución.
Por lo expuesto someto a consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a acordar la creación de la comisión de investigación encargada de examinar los contratos suscritos por organismos públicos y empresas de participación estatal mayoritaria y el grupo de empresas de Juan Armando Hinojosa Cantú y las relacionadas con ellas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de enero de 2015.
Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a auditar la construcción de pavimento asfáltico del camino Entabladero-Melchor Ocampo, en Espinal, Veracruz, suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja diputado de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014, en el rubro Programas y Proyectos de Inversión, se incluyó la construcción de pavimento asfáltico en el camino que va de las comunidades de Entabladero a Melchor Ocampo, en el municipio de Espinal, Veracruz, con una inversión total de 13 millones 501 mil 530 pesos.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014 (PEF), la inversión para el camino rural se efectuaría en su totalidad durante el año en mención.
La colocación de pavimento asfáltico sobre este camino rural era una añeja demanda de los habitantes de la región, ya que permitiría llevar los productos rurales que ahí se producen a los mercados más cercanos de forma más rápida, seguro y a menor costo.
Las comunidades veracruzanas de Entabladero como Melchor Ocampo tienen una vocación rural principalmente. En Entabladero viven más de 3 mil 300 personas, de las cuales la mayoría hablan una lengua indígena y se dedican a la agricultura.
En tanto, Melchor Ocampo cuenta con más de mil 200 habitantes que igualmente tienen una lengua indígena y se dedican a la agricultura.
De estas estadísticas se desprende que hay más de mil familias que dependen económicamente de que sus productos agrícolas salgan de las comunidades para ser comercializados, con el fin de obtener recursos para su subsistencia.
Sin embargo, pese a que la colocación de pavimento asfáltico del camino rural estaba etiquetado, los habitantes de la región han denunciado en diversas ocasiones que las obras fueron iniciadas, pero no han concluido.
Asimismo, los tramos que ya fueron asfaltados presentan una baja calidad de los materiales y un terminado incompleto, por lo que resultan intransitables para los vehículos de carga de los habitantes de la región.
De ninguna manera los trabajos realizados hasta la fecha corresponden o justifican el gasto de 13 millones 501 mil 530 pesos asignado en el PEF de 2014 para dicha obra.
Los daños ocasionados por esta obra inconclusa han motivado la intervención de organizaciones sociales como la Asociación México con Valores, las cuales han buscado la intervención de autoridades estatales y federales para que se corrijan las obras mal realizadas. Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía el siguiente resolutivo
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a auditar la construcción de pavimento asfáltico del camino Entabladero-Melchor Ocampo, municipio de Espinal, Veracruz.
Segundo. La honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Dirección General de Caminos Rurales a efectuar las acciones necesarias para que se construya el tramo y se concluya con las obras programas en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014.
Tercero. La honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia de Veracruz a investigar las posibles acciones de corrupción que se pudieran haber cometido en la mala construcción del camino.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 28 de enero de 2015.
Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y la Semarnat a analizar la viabilidad de incorporar un sistema de alerta temprana vía teléfono móvil para informar a la población sobre contingencias ambientales, suscrita la senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, María Cristina Díaz Salazar, senadora de la República de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8, numeral 1, fracción II, y el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
Debido a nuestra diversidad geográfica, México está expuesto a una amplia variedad de peligros geológicos e hidrometeorológicos. Entre 1970 y 2009, aproximadamente 60 millones de personas se vieron afectadas por desastres naturales en el país. Debido a esta situación México está clasificado como uno de los 30 países en el mundo más expuestos a tres o más tipos de peligros naturales1 .
De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (2010), el territorio mexicano está expuesto a riesgos naturales específicos tales como:
Ubicado a lo largo del “cinturón de fuego” donde ocurre 80 por ciento de la actividad sísmica mundial, México se encuentra en alto riesgo de sufrir desastres geológicos. En promedio, el país experimenta más de 90 sismos al año con una magnitud de 4 grados o más en la escala de Richter (Fondo de Desastres Naturales 2011). Casi la totalidad del territorio mexicano, incluyendo su capital (Ciudad de México) está altamente expuesto al riesgo sísmico. Asimismo, la Ciudad de México se encuentra asentada en el eje volcánico, donde se ubican nueve volcanes activos. Además, los maremotos representan una amenaza importante a lo largo del litoral mexicano que se encuentra en el océano Pacífico.
Los desastres ocurridos entre los años 2007 y 2012 fueron fenómenos sin precedente histórico. En 2013 vivimos una histórica temporada de ciclones. En total, se formaron 32 ciclones, 18 se registraron en el océano Pacífico y 14 en el Atlántico.
En un hecho histórico que no ocurría desde 1958, la interacción de dos sistemas por una parte el huracán Ingrid, en el Golfo de México y Manuel en el Pacífico, hicieron el mes de septiembre el mes más lluvioso del año, afectando a 23 entidades del país.
Más recientemente, el huracán Odile impactó con gran fuerza al territorio de la Paz y Los Cabos, en Baja California Sur, dejando daños que ascienden a 3 mil millones de pesos, según las estimaciones de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
Bajo este panorama, es necesario fortalecer el sistema de comunicación de información oportuna que permite a las personas adoptar medidas para reducir los efectos de los peligros.
En tal sentido, la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (EIRD) adoptada en el año 2000, es el punto focal del sistema de Naciones Unidas encargada de promover vínculos y sinergias entre la coordinación de actividades de reducción de desastres en las áreas social, económica humanitaria y de desarrollo, así como de apoyo a las políticas de integración.
El compromiso de la comunidad internacional para reducir el riesgo de desastres se refleja en un instrumento denominado el Marco de Acción de Hyogo (MAH) tendiente a la implementación de la reducción del riesgo de desastres.
El objetivo del MAH es aumentar la capacidad de respuesta de las naciones y las comunidades ante los desastres al lograr, para el año 2015, una reducción considerable de las pérdidas que ocasionan los desastres, tanto en términos de vidas humanas como en cuanto a los bienes sociales, económicos y ambientales de las comunidades y los países. El MAH tiene cinco áreas prioritarias para la toma de acciones, al igual que principios rectores y medios prácticos para aumentar la respuesta de las comunidades vulnerables a los desastres, en el contexto del desarrollo sostenible.
El logro principal de la conferencia, la Declaración de Hyogo y el Marco de Acción de Hyogo, representaron un compromiso significativo de la comunidad internacional para enfrentar la reducción del riesgo de desastres y para comprometer, con base en resultados, el plan de acción de la década siguiente 2005-2015.
En este sentido, el marco de acción estableció como una de las actividades esenciales la creación de “sistemas de alerta temprana centrados en la población, en particular sistemas que permitan alertar a tiempo y en forma clara a las personas expuestas, teniendo en cuenta las características demográficas, el género, la cultura y el modo de vida de los destinatarios, que den orientación sobre la forma de actuar en caso de alerta y que contribuyan a la eficacia de las intervenciones de los encargados de la gestión de las situaciones de desastre y otras autoridades.”
Para lograr un sistema eficiente, dicha normativa sugiere utilizar los conocimientos, las innovaciones y la educación para crear una cultura de seguridad y de resiliencia a todo nivel, priorizando la necesidad de proporcionar información clara sobre los riesgos de desastre y las distintas formas de protección, en particular a los ciudadanos de las zonas de alto riesgo, para motivar a la población y permitirle tomar medidas para reducir los riesgos y aumentar su resiliencia.
Por otro lado, el Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018, establece en su objetivo número 5, la necesidad de fomentar y adoptar el uso de innovación tecnológica aplicable a la protección civil, señalando que:
“En la medida de que la tecnología permita conocer las causas y reducir los efectos de los fenómenos perturbadores, el Sistema Nacional de Protección Civil contará con mayores y mejores elementos para la mejora de los procesos de planeación en la prevención, atención y reducción de los desastres. La innovación es un eje fundamental en el mundo moderno, actualizar y mejorar las tecnologías actuales mantendrán al Sistema Nacional de Protección Civil a la vanguardia en el conocimiento, uso y difusión de las tecnologías para la Protección Civil.”
Es necesario destacar los importantes mecanismos que se han venido impulsando diversas dependencias, tales como:
1. La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (Segob), pondrá este año al alcance de la ciudadanía una aplicación móvil que alertará sobre la ocurrencia de sismos, huracanes, tsunamis, incendios, derrames de sustancias peligrosas o accidentes carreteros.
2. En conjunto con la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República y con el objetivo de informar oportunamente sobre fenómenos meteorológicos que pongan en riesgo a la población, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se unió al programa de Alertas de Twitter. De esta manera, en caso de emergencias o momentos de crisis en los que otros canales de comunicación no estén operando, Conagua enviará alertas a través de dispositivos móviles, por notificaciones o short message service (SMS).
No obstante, los mencionados mecanismos funcionan con un registro previo de los usuarios interesados, limitando los resultados preventivos esperados. Es por ello, que mediante el presente punto de acuerdo, se propone la incorporación del servicio de mensajes cortos o SMS, a fin de brindar información oportuna y focalizadamente en situaciones de contingencias ambientales.
Al respecto, se pueden citar diversas experiencias exitosas con la implementación de este mecanismo:
• Con variados y potentes desastres naturales, Japón ha sabido desarrollar eficientes planes de alerta para advertir a su población. El país asiático ha creado numerosas iniciativas que aprovechan diferentes plataformas de comunicación. Por ejemplo, cada vez que hay un sismo o catástrofe natural, la Agencia Meteorológica de Japón emite y difunde señales de advertencia para toda la población, dependiendo del territorio. Estos mensajes no sólo se propagan a través de los teléfonos celulares, sino que también se emiten alertas que interrumpen la programación de las radios y los canales de televisión. La inmediatez de este avanzado plan permite que los avisos lleguen a la población en menos de tres minutos, aminorando los efectos que producen las catástrofes.
• En varias ciudades de Estados Unidos de América, los sistemas de alerta no sólo notifican a la población ante los eventuales riesgos de un maremoto, sino que también advierten sobre los peligros de una tormenta, accidentes de tránsito, incendios forestales o tornados. La particularidad de este modelo es que los celulares emiten un sonido particular, que ya es asimilado por la población como una señal de emergencia. Detrás de este sistema, se han impulsado grandes campañas de información, que permiten que la ciudadanía valore y ponga atención a estas advertencias. Son estas campañas las que han influido positivamente en el resultado de estos sistemas, que ya se han consolidado entre los habitantes.
El mencionado mecanismo ha tenido resultados positivos por lo cual cada vez son más los países que implementan de lleno o inician proyectos piloto, como Perú, Colombia, Australia, Brasil, Filipinas, Ruanda, España, entre otros.
El éxito radica en que el número de usuarios de telefonía móvil está aún en crecimiento, pero como una característica ya consolidada en el tema de conectividad de las naciones.
En México, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) confirmó que al cierre de 2012, México rebasó por primera vez la barrera de los 100 millones de suscripciones en telefonía móvil, llegando a 100.6 millones, además de que la modalidad de contrato alcanzó un máximo histórico al representar 15.5 por ciento del total.
Tal cifra representa una penetración de 85.7 suscripciones por cada 100 habitantes.
Según dicho organismo, durante el primer trimestre de 2013, la telefonía móvil tuvo un millón de suscripciones más respecto al mismo periodo del año pasado, con lo que en la actualidad existe una penetración de 86 suscriptores por cada 100 habitantes.
De esta manera, se propone establecer un convenio entre:
• El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo encargado de proporcionar información sobre el estado del tiempo a escala nacional y local en nuestro país, y que depende de la Comisión Nacional del Agua, la cual forma parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
• El Centro Nacional de Prevención de Desastres, órgano administrativo desconcentrado, jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Gobernación, tiene el objetivo de crear, gestionar y promover políticas públicas para la prevención de desastres y reducción de riesgos a través de la investigación, el desarrollo, aplicación y coordinación de tecnologías; así como impulsar la educación, la capacitación y la difusión de una cultura preventiva y de autoprotección para la población ante la posibilidad de un desastre.
• La Coordinación Nacional de Protección Civil tiene por objetivo ofrecer prevención, auxilio y recuperación ante los desastres a toda la población, sus bienes y el entorno, a través de programas y acciones.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que analicen la viabilidad de incorporar al sistema de alerta temprana, mensajes cortos (SMS) vía teléfono móvil, con el fin de mantener informada a la población en situaciones de contingencias ambientales o desastres naturales.
Nota
1. “Estadísticas a propósito del Día Internacional para la Reducción de Desastres”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Aguascalientes, Aguascalientes, México, 13 de octubre de 2013.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 28 de enero de 2015.
Senadora Cristina Díaz Salazar (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Profepa a informar sobre el estado que guarda el programa de restauración ecológica del predio El Tucán, en Benito Juárez, Quinta Roo, suscrita por la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 60, 176 y demás ordenamientos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 8o., numeral 1, fracción II, 95, numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo sobre el proyecto Dragon Mart Cancún, con fundamento en las siguientes
Consideraciones
El 26 de enero de 2015 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) emitió un comunicado en el cual se establece que la obra conocida como proyecto Dragon Mart Cancún incumplió medidas correctivas ordenadas desde septiembre de 2014 tras la aplicación de sanciones económicas por poco más de 21 millones de pesos. Se dictaminó que el predio “El Tucán”, del municipio de Benito Juárez, sí se encuentra en terrenos forestales como lo precisó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y el Inventario Nacional Forestal.
La Profepa procedió a imponer una multa en materia de impacto ambiental para el proyecto el 12 de agosto de 2014, por 7 millones 233 mil 675.00 pesos, además ordenó que el proyecto se sometiera a la evaluación de impacto ambiental el proyecto y a la restauración del sitio.
Por otro lado también el 8 de septiembre del 2014, impuso otra multa en materia forestal por 2 millones 758 mil 890.00 pesos, además de una compensación ambiental por 9 millones 380 mil 818.35 y por restauración 2 millones 508 mil 243.15. De igual manera se les ordenó tramitar la autorización de cambio de uso de suelo en una superficie de 203.93 hectáreas y la conservación total de 357.44 ha que aparentemente no se encuentran afectadas.
En dicho comunicado la Profepa advierte que la obra incide negativamente en el área para la conservación de aves del corredor “Cancún-Tulum” y la región marina prioritaria denominada “Punta Maroma–Nizuk”; además señala que procedió a “la clausura de manera total el proyecto Dragon Mart Cancún, tras constatar el incumplimiento de las medidas correctivas que le había ordenado, así como por la afectación ambiental por la remoción de la vegetación natural causada por sus obras de construcción.
Profepa estableció que con base en los estudios y dictámenes realizados, el predio sí está ubicado en un ecosistema costero donde se registra la presencia de vegetación de manglar conforme a los registros de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). A criterio de la Semarnat, el proyecto requiere de dos autorizaciones: una por cambio de uso de suelo forestal y otra en materia de impacto ambiental.
La Profepa señaló que presentó una denuncia penal el 3 de octubre de 2014 ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente (UEIDAPLE) de la Procuraduría General de la República, por los delitos contra la biodiversidad, previstos en los artículos 418 y 420 Bis del Código Penal Federal, es decir, por destrucción de vegetación natural, cambio de uso de suelo, daño, y relleno de humedal.
Por otro lado, conforme a información publicada por diversos medios de comunicación, el director y socio comercial de Dragon Mart señaló que la clausura ejecutada por el gobierno federal no significaba la “cancelación definitiva” del proyecto, ya que los procedimientos iniciados por la Profepa aún están pendientes de recibir una resolución judicial definitiva
Debido a que el fondo del asunto se encuentra aún en litigio es indispensable que la Profepa difunda la información necesaria para conocer el estado jurídico actual en el que se encuentra el proyecto “Dragon Mart Cancún”.
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que informe con brevedad a esta soberanía sobre el estado actualizado en el que se encuentra la elaboración del programa de restauración ecológica del predio “El Tucán”, del municipio de Benito Juárez, en el cual se construía el proyecto “Dragon Mart Cancún”.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que informe con brevedad a esta soberanía sobre el estado actualizado del cumplimiento de medidas y sanciones impuestas al proyecto “Dragon Mart Cancún”.
Dado en el salón del pleno de la Comisión Permanente, a 28 de enero de 2015.
Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se reconoce la importancia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la labor desarrollada por Costa Rica en su presidencia, suscrita por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables y relativas del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición sobre la base de las siguientes
Consideraciones
En ocasiones anteriores, en esta soberanía se ha dado cuenta de la importancia de organismos regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la cual ha llevado a la articulación socioeconómica y política de la región a una realidad tangible, con una perspectiva de cooperación y complementariedad como fue el principal objetivo de su creación, donde hay que señalar, México fue un gran impulsor.
La CELAC surge como tal en 2011 en ocasión de la tercera Cumbre de América Latina y el Caribe (CALC), celebrada en Caracas, Venezuela, con el objetivo principal de impulsar la integración en todos los ámbitos de los países que la conforman y fomentar el desarrollo sostenible de la región a través de la cooperación y el desarrollo de las complementariedades económicas. Hereda, por tanto, el acervo histórico de la CALC y del Grupo de Río, que cesaron formalmente sus funciones, al tiempo que su propósito busca la sinergia, complementariedad y coordinación de los diferentes procesos de integración regionales y subregionales.
Cabe señalar que, excepto Estados Unidos de América y Canadá, en la CELAC confluyen todos los países del continente latinoamericano y caribeño, sobre la base de la unidad y la integración de nuestra región con flexibilidad, respeto al pluralismo, a la diversidad y al derecho soberano de cada uno de nuestros pueblos para escoger su sistema de organización política y económica.
En la segunda Cumbre de la CELAC realizada en La Habana, Cuba, en enero de 2014, fue cuando dicho Organismo alcanzó un elevado nivel vinculatorio en la integración y desarrollo de los países integrantes. Cabe destacar que en la Declaración de La Habana, las jefas y jefes de Estado expresamente señalaron que
“...Hemos logrado construir un espacio de diálogo y concertación política que nos une y hace posible la aspiración de trabajar juntos por el bienestar de nuestros pueblos; que permite, a su vez, una mejor inserción y la proyección de nuestra región en el ámbito internacional... Hemos sido, somos y seremos diversos, y a partir de esta diversidad es que tenemos que identificar los desafíos y objetivos comunes y los pisos de convergencia que nos permitirán avanzar en el proceso de integración de nuestra región. Fortalezcamos nuestras democracias y todos los derechos humanos para todos; demos mayores oportunidades a nuestra gente; construyamos sociedades más inclusivas; mejoremos nuestra productividad; estrechemos nuestro comercio; mejoremos nuestra infraestructura y conectividad y las redes necesarias que unan cada vez más a nuestros pueblos; trabajemos por el desarrollo sostenible, por superar las desigualdades y por una más equitativa distribución de la riqueza, para que todas y todos sientan que la democracia les da sentido a sus vidas. Esa es la misión de la CELAC, esa es la tarea a la que hemos sido convocados y esa es la responsabilidad política que tenemos por delante y de la cual deberemos dar cuenta a nuestros pueblos...”.1
En dicha Cumbre, los países miembros ratificaron su pleno compromiso con los principios rectores de la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional para el logro de la estabilidad política en la región, y contribuir así, a la paz y la seguridad internacionales sobre la base de reafirmar que solamente, a través de la integración regional, se puede avanzar en la idea del derecho y una cultura de paz. La segunda Cumbre de la CELAC, determinó así, considerar a nuestra región latinoamericana y caribeña, como zona de paz, sobre la base del respeto a los principios y normas que rigen el Derecho Internacional.
En esta ocasión Cuba, que había realizado un ejemplar papel a cargo de la Presidencia Pro Tempore, entregó a Costa Rica la presidencia, misma que culminará con la celebración de la tercera Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de la CELAC, a celebrarse en San José los días 28 y 29 de enero de 2015, donde se dará paso a Ecuador para desempeñar tan alta responsabilidad.
La siguiente cumbre de la CELAC será ocasión de evaluar los avances en los compromisos suscritos por los países miembros, destacando que Costa Rica, en su encargo al frente de la presidencia pro tempore, presentó ante el Comité de Información de Naciones Unidas en su 36 periodo de sesiones, a nombre de la CELAC, un reconocimiento a los informes presentados por el secretario general sobre las Actividades del Departamento de Información Pública (DIP) referidos a los servicios de comunicaciones estratégicas, de noticias y de divulgación.2
Con ese motivo, Costa Rica reconoció la labor realizada por el DIP y los “esfuerzos para continuar el fortalecimiento de la interacción con otros organismos del Sistema de las Naciones Unidas, en especial su estrecha colaboración con el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y el Departamento de Apoyo sobre el Terreno, así como la ampliación de las actividades relacionadas con el mantenimiento de la paz y la consolidación de la paz”.3
Por ello, es de reconocer que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños constituye una clara opción frente a las prácticas imperialistas de Estados Unidos de América que siempre ha deseado apoderarse de la región y de sus recursos, impulsando políticas de acuerdo a los criterios de la Doctrina Monroe y el Destino Manifiesto y, recordar que el surgimiento de la CELAC coincidió con la idea de contar con una institucionalidad regional en el marco del bicentenario de la Independencia de la mayoría de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Lo que de inicio ha sido considerado como un hecho histórico y de gran transcendencia, por sus claros objetivos de profundizar en la integración de la región en un contexto de la más amplia solidaridad, cooperación, complementariedad y concertación política, incluso considerando con el más irrestricto respeto, las disimilitudes entre los gobiernos y los sistemas políticos.
Quiero hacer énfasis en que el quehacer de la CELAC no se limita exclusivamente a la región, prueba de ello es la celebración del primer Foro Ministerial de la CELAC-China, los pasados días 8 y 9 de del presente mes, en donde surgió el compromiso de Pekín de tomar en cuenta las necesidades de desarrollo de los países Miembros de la CELAC mediante un nuevo modelo de cooperación Sur-Sur con el fin de que ambas partes recojan pronto los frutos de ese encuentro, contrariándose especialmente en la infraestructura básica. Se acordaron alianzas estratégicas que abarcan la cooperación en alimentación, infraestructura, tecnología, informática, turismo, agricultura e innovación técnica, entre otras áreas.4
De la misma manera y sobre la base de la Declaración de Santiago de la primera Cumbre CELAC-UE, la CELAC mantiene relaciones con los países de la Unión Europea, por lo que habrá de celebrar la Cumbre CELAC-UE en Bruselas este 2015 con el tema central que será “alianza para un desarrollo sustentable: promoviendo inversiones de calidad social y ambiental”, al tiempo que se abordarán distintos asuntos como la actual coyuntura financiera y económica internacional, el rol de las inversiones en el crecimiento económico, la generación de empleo y la disminución de las desigualdades sociales, la responsabilidad social empresarial, la protección del medio ambiente y la utilización de energías renovables. Paralelamente, se realizará la primera Cumbre Judicial, la primera Cumbre Académica y la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y sus resultados serán plasmados en un plan de acción conjunto incorporando temáticas como inversiones y género.
Finalmente, Ecuador, en su nueva encomienda, iniciará su presidencia con el reto de enfrentar los desafíos en educación, ciencia, tecnología e innovación, y plantear objetivos regionales para la mejora del nivel del talento humano y de la educación en las universidades, así como la erradicación de la pobreza extrema y el fortalecimiento con China y los países que integran la Unión Europea.
Pero sobre todo, el que Ecuador presida la CELAC durante 2015 y hasta enero de 2016, hará que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños se fortalezca aún más al tener como meta, el impulsar los Tratados como un solo bloque al tiempo que podrá estimular Centros de Arbitrajes Regionales, que al decir del presidente de Ecuador, Rafael Correa, es la gran oportunidad para posicionar a la región en el mundo e incidir en un orden mundial absolutamente injusto.
Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía se aprueben los presentes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, partiendo de sus valores y principios de política exterior, reconoce la importancia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, los avances para el desarrollo de los países miembros, así como la diversificación de sus objetivos para bien de los pueblos que representa y saluda la determinación de considerar a nuestra región como zona de paz, sobre la base del respeto a los principios y normas que rigen el derecho internacional.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión reconoce la labor desarrollada por Costa Rica al frente de la presidencia pro tempore de la CELAC en el periodo 2014-2015 y saluda al gobierno nacional de la República del Ecuador que ostentará, a partir de fines de enero de 2015, la presidencia pro tempore, deseando el mayor de los éxitos al frente de la misma.
Notas
1 Declaración de La Habana, II Cumbre de la CELAC, 28 y 29 de enero de 2014, disponible en http://www.cubadebate.cu/especiales/2014/01/29/declaracion-de-la-habana -pdf-y-fotos/#.VMKQpEeG9Rw
2 Discurso de la Misión Permanente de Costa Rica ante Naciones Unidas en nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, disponible en file:///C:/Users/Jonathan/Downloads/F17041-CELAC%2036.%20Comit%C3%A9%20 Informaci%C3%B3n-ESP%20+%20ENG.pdf
3 Ídem.
4 Primera reunión ministerial del Foro CELAC-China, Embajada de Uruguay en Estados Unidos, disponible en http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,embajada-eeuu,ampliacion-embaja da,O,es,0,PAG;CONC;442;5;D;-28312;1;PAG;
Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente, a 28 de enero de 2015.
Senadora Dolores Padierna Luna (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al GDF a otorgar un reconocimiento al policía herido al intentar frustrar un robo en el centro comercial Santa Fe, suscrita por el diputado José Luis Flores Méndez, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, José Luis Flores Méndez, diputado federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La zona de Santa Fe captó desde hace años el interés de inversionistas y grupos corporativos para el desarrollo de nuevos mercados, centros residenciales de alto poder adquisitivo, corporativos, escuelas, universidades y otros servicios, convirtiéndose en el desarrollo urbano y financiero más importante de la capital.
Esta situación permitió la edificación del Centro Comercial Santa Fe, en el cual se reciben mensualmente dos millones 500 mil visitas, ya que alberga en su interior más de 512 establecimientos comerciales, 12 bancos y 23 salas de cine, distribuidos en seis niveles.
A pesar de ser uno de los Centros Comerciales más grandes e importantes de la Ciudad de México, éste no se ha encontrado al margen de la delincuencia y una muestra de ello es que el pasado viernes 23 de enero la tienda Saks Fifth Avenue fue objeto de un robo en el que, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, un grupo armado de al menos 20 hombres que portaban cubre bocas, gorras y sudaderas, así como mazos con los que rompieron los cristales de los exhibidores, participaron en la comisión de este hecho, sustrayendo un botín valuado en cerca de 2.5 millones de dólares, en productos de joyería y relojería.
A pesar de que este hecho resulta ser lamentable si consideramos que se colocaron en una situación de riesgo a miles de personas que se encontraban en las instalaciones de este centro comercial, resulta importante resaltar la valentía y heroísmos que se vieron reflejados por un Policía Auxiliar, de quien no se conoce su nombre, que se encontraba fuera de funciones y que se encontraba realizando compras como cualquier civil, ya que sin pensar en su integridad, hizo frente a este grupo armado, lo que trajo consigo que fuera lesionado en una pierna.
Este hecho deja patente el compromiso de justicia y responsabilidad civil con la que cuenta este policía, ya que por encima de su propia vida, ponderó la seguridad de las personas que se encontraban en el lugar, pero no sólo eso, también demuestra que existen elementos policiacos prestos a servir a la población cuando ésta más los necesita, que están dispuestos a enfrentar el peligro con el riesgo de su propia vida.
Es por esto que proponemos que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorte al Gobierno del Distrito Federal, para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública, se otorgue un reconocimiento al policía auxiliar por el valor y heroísmo demostrado en cumplimiento de su deber, al intentar frustrar el robo efectuado en el centro comercial de Santa Fe, aún y cuando se encontraba fuera de servicio.
Con independencia de lo anterior, resulta importante mencionar que esta es la tercera ocasión en menos de un año que se presenta un robo en este centro comercial, por lo que también proponemos que se exhorte al Gobierno del Distrito Federal, para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia se lleven a cabo operativos en los diversos centros comerciales del Distrito Federal, así como análisis de riesgo en cada una de sus instalaciones y se establezcan protocolos de seguridad, con la finalidad de prevenir se sigan suscitando hechos delictivos que pongan en peligro la integridad de la población.
Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Distrito Federal, para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública, se analice la posibilidad de otorgar un reconocimiento al policía auxiliar que resultó herido al intentar frustrar un robo en el centro Comercial Santa Fe.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Distrito Federal, para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, se realicen análisis de riesgo en los diversos centros comerciales del Distrito Federal, se establezcan protocolos de seguridad, y se certifique a cada uno de ellos en materia de seguridad, con la finalidad de prevenir se sigan suscitando hechos delictivos que pongan en peligro la integridad de la población.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de enero de 2015.
Diputado José Luis Flores Méndez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta lo mismo a la CNDH que a la PGJE y al gobierno de Baja California a investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos de María Aurora Meza Calles, suscrita por los diputados Carlos de Jesús Alejandro y Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD
Quienes suscriben, los diputados Carlos de Jesús Alejandro y Aleida Alavez Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
En un régimen verdaderamente democrático, los principios básicos de bienestar, desarrollo humano, salud, educación, justicia económica, política y social, de cualquier persona, pero sobretodo de las mujeres indígenas y sus familias, son garantizados, protegidos y respetados en un marco jurídico congruente con una visión de derechos humanos.
Sin embargo, en los últimos años encontramos que la violación de garantías y derechos parece no ser la excepción sino la regla, confirmando la falta de un estado democrático y garante de la seguridad de su ciudadanía; este es el caso de la señora María Aurora Meza Calles, mujer del pueblo indígena Kumiai de la comunidad de Las Palmas, municipio de Tecate, Baja California.
Además con la agravante que el pueblo indígena Kumiai pertenece a la familia lingüística cochimí-yumana, la cual se encuentra en peligro de extinción.
María Aurora, mujer perteneciente a esta comunidad indígena, fue aprehendida y encarcelada el día viernes 19 de diciembre de 2014 por policías ministeriales sin una orden de aprehensión y con base en engaños, puesto que las autoridades le informaron que solo la interrogarían y desde ese momento se encuentra detenida.
Acusada por el presunto delito de abigeato de dos caballos y presentada ante el Juez de primera instancia del ramo penal del Partido Judicial de Tecate, enfrenta un proceso penal sumario injusto con causa penal 728/2014.
De acuerdo con María Aurora, desde hace más de un año, algunos caballos cuyo dueño era desconocido, entraron en diversas ocasiones en su propiedad, causando daños a sus cultivos. Frente a esto, ella recurrió en múltiples ocasiones a la Secretaría de Fomento Agropecuario del estado para tratar de encontrar una solución a su problema sin éxito alguno, de manera que tomó la decisión de llevar a los caballos (cinco) a la delegación municipal del Valle de Las Palmas, del municipio de Tecate, para que el dueño de los equinos cubriera los daños ocasionados en su propiedad o, según el caso, vendiera los animales y de allí cobrase la reparación del daño.
María Aurora logró vender los caballos y dio aviso a Fomento Agropecuario, institución que le dijo que había actuado incorrectamente por lo que le regresaron los animales y ella el dinero.
Algunos días después, Rubén Martínez Pérez, junto con otras personas, llegó a la propiedad de María Aurora y se llevaron a todos los caballos que estaban en el lugar para luego acusarla de abigeato.
Ante la detención, la Procuraduría General de Justicia de Baja California informó que ella declaró su culpabilidad pues reconoció que los animales se encontraban en su propiedad. Por su parte, la comunidad kumiai advirtió que se trata de un caso de despojo de tierras y un delito fabricado contra ella; además, señalaron a Rubén Martínez Pérez como uno de los invasores del territorio kumiai, ya que desde hace tiempo sus caballos ocupan tierras de la comunidad, sin cubrir ningún pago y dañando la fuente de agua potable.
La hermana de María, Norma, dio a conocer en una carta escrita en su lengua original que su hermana asegura no haber sido tratada adecuadamente en prisión y que no recuerda haber firmado ningún documento donde ella se culpara de este delito. De igual forma, afirma que una noche antes de ser enviada a Tijuana, María Aurora, estuvo en el hospital en un cuadro de shock durante el cual fue obligada a firmar algunos papeles.
Con 57 años de edad y diabetes, María Aurora enfrenta un encarcelamiento injusto originado de un indebido proceso, y su comunidad teme por su salud por lo que se han manifestado a las afueras del palacio municipal de Tecate y del juzgado de lo penal.
Desde hace treinta años la comunidad kumiai ha tratado de desalojar a 13 personas que se han asentado dentro de los terrenos de la comunidad. Los terrenos de la comunidad son agostaderos de mala calidad no aptos para la agricultura, carecen de infraestructura para el desarrollo de actividades pecuarias, lo que ha originado que sus recursos escasos recursos naturales sean explotados por las personas que invaden a la comunidad, o bien por empresas trasnacionales.
Resulta indignante que en medio de la crisis de derechos humanos que atravesamos, el delito de abigeato sea catalogado como grave y por ello, una mujer indígena inocente no tenga derecho a ningún beneficio hasta que se dicte sentencia.
Por lo anteriormente expuesto sometemos a su consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia de Baja California a garantizar la salud, integridad, y a respetar el derecho al debido proceso apegado al pleno respeto a sus garantías procesales de la imputada y observando los más altos estándares en materia de derechos humanos a la ciudadana María Aurora Meza Calles, originaria del pueblo indígena kumiai, de la comunidad de Las Palmas, municipio de Tecate, Baja California.
Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de María Aurora Meza Calles.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Baja California a cesar el hostigamiento, la persecución social y jurídica en contra de las comunidades indígenas de Baja California, y que cese la violación de derechos y las agresiones a los integrantes de la comunidad kumiai.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 28 de enero de 2015.
Diputados:Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a considerar las denuncias ciudadanas en el programa anual de auditorías sobre la Cuenta Pública de 2014, suscrita por senadoras del Grupo Parlamentario del PRI
Las que suscriben, senadoras María del Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Mely Romero Celis y Margarita Flores Sánchez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos ante esta soberanía, proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
A nivel mundial la participación ciudadana, más allá del ámbito electoral, se consolida cada vez más como un elemento imprescindible y legitimador de las democracias modernas. La lucha por introducir este componente en los asuntos públicos, ha generado importantes sinergias de mayor participación proactiva y permanente de los ciudadanos en la esfera política, cambiando de manera importante la relación entre el gobierno y la sociedad.
Refiere el académico Mauricio Merino que “Un gobierno democrático tiene que ser un gobierno responsable, en el doble sentido del término, pero no puede llegar a serlo, paradójicamente, si los ciudadanos a su vez no logran establecer y utilizar los cauces de participación indispensables para asegurar esa responsabilidad.”1 Bajo esta perspectiva, debemos entender hoy en día, a la participación de los ciudadanos como una obligación de corresponsabilidad en las acciones o iniciativas de coadyuvancia a los mecanismos de control del quehacer del estado.
En nuestro país, aunque no tenemos una Ley Federal de Participación Ciudadana, a diferencia de la mayoría de las entidades federativas y el propio Distrito Federal que cuentan con una ley sobre la materia, existen leyes que fomentan y regulan la participación ciudadana como la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley de Asistencia Social, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, entre otras.
Particularmente la primera (LFRCF), establece en sus artículos 109 y 110 que será a través de la Contraloría Social, el mecanismo mediante el cual la ciudadanía tendrá derecho a presentar denuncias o solicitudes de atención ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados (CVASF), de la siguiente manera:
Artículo 109. La comisión recibirá peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas por la sociedad civil, las cuales podrán ser consideradas por la Auditoría Superior de la Federación en el programa anual de auditorías, visitas e inspecciones y cuyos resultados deberán ser considerados en el informe del resultado.
Artículo 110. La comisión recibirá de parte de la sociedad opiniones, solicitudes y denuncias sobre el funcionamiento de la fiscalización que ejerce la Auditoría Superior de la Federación a efecto de participar, aportar y contribuir a mejorar el funcionamiento de la revisión de la cuenta pública.
Aunado a lo anterior, en el ámbito del derecho internacional, el Pacto de San José o Convención Americana sobre Derechos Humanos2 establece en los incisos a) y c) del párrafo 1 del artículo 23 que:
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
b) ...
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
2. ...
Por su parte, el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos3 establece los mismos derechos en sus incisos a) y c).
Sin embargo, a pesar de todo este andamiaje jurídico, en nuestro país la participación ciudadana no constituye un contrapeso para los poderes públicos y mucho menos existen incentivos, ni un marco legal que involucre a los ciudadanos en la toma de decisiones y en los propios procesos de fiscalización, de transparencia y de rendición de cuentas.
Lo anterior se constata en el Diagnóstico sobre las políticas de participación ciudadana empleadas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF)++++NOTA 4+++, realizado por las ganadoras del decimocuarto Certamen Nacional de Ensayo sobre Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, Karen Susana Góngora Pantí y Saraí Maribel Flores Domínguez, donde analizaron como respondió la ASF ante 84 exigencias de la sociedad mediante solicitudes presentadas ante la CVASF de 2009 al 2013 (obtenidas vía Infomex), de las cuales la ASF respondió satisfactoriamente en 12 casos y de manera negativa en 62.
Refiere el ensayo, que los temas principales que denunciaron los ciudadanos fueron irregularidades en el ejercicio presupuestal –incluidos los recursos del Ramo 33–, incumplimiento de diversas normas operativas y financieras, contrataciones irregulares, abusos de autoridad y desvíos de recursos.
Las justificaciones que utilizó el órgano de fiscalización para negarse a actuar fueron las seis siguientes: “No es competencia de la ASF” (15 respuestas); “No es posible realizar la auditoría solicitada debido al principio de anualidad” (14 respuestas); “Se tomó nota para considerar la petición en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (PAAF)” (34 respuestas); “No es posible atender el asunto debido a la falta de capacidades y recursos de la ASF” (3 respuestas); “No es posible atender la solicitud debido al grado de avance en los trabajos de fiscalización” (4 respuestas) y “No se atenderá la solicitud debido a que se contrapone con los criterios establecidos en el PAAF” (2 respuestas).
En la mayoría de los casos la ASF respondió que tomaría nota para integrar las peticiones ciudadanas en el PAAF (34 casos); sin embargo, en los oficios de contestación no es posible advertir de qué forma la ASF dio seguimiento a dichas solicitudes. Tampoco en los informes de resultados es posible conocer qué sucedió con las mismas, ya que el apartado de atención a las solicitudes de la CVASF sólo hace mención del tratamiento a los requerimientos formulados por el pleno de la Cámara de Diputados o por la propia comisión, y no de aquéllos promovidos por la ciudadanía.
De lo anterior deducimos que a pesar de que la ciudadanía advirtió sobre asuntos de posibles fraudes y malversación de recursos, la ASF no atendió cabalmente las denuncias y tampoco utiliza esta información para delimitar el universo de programas a auditar. Las legisladoras que suscribimos el presente documento, consideramos que lo anterior desincentiva la participación de la ciudadanía y no abona a la consolidación de un estado democrático abierto y transparente. Consideramos que la lucha que hoy emprendemos a nivel legislativo, y desde el gobierno federal, contra la corrupción, no podrá librarse sin la participación activa de los ciudadanos y sin mecanismos que fomenten la transparencia y la rendición de cuentas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a la consideración del pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para que en el marco de su autonomía técnica y de gestión, considere las denuncias o solicitudes de atención ciudadana en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2014.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación y a las auditorías superiores de las 31 entidades federativas y del Distrito Federal, para que promuevan la participación ciudadana en los procesos de fiscalización.
Notas
1. Merino, Mauricio. La participación ciudadana en la democracia . Instituto Federal Electoral. Cuadernos de divulgación de la cultura democrática, número 4. México. 2001. P. 49. [En línea] [fecha de consulta: 22 - Enero - 2015]. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=499
2. Convención Americana sobre Derechos Humanos. San José, Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 1969. [fecha de consulta: 22 - Enero - 2015]. Disponible en: http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Der echos_Humanos.htm
3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adopción, Nueva York, EUA, 16 de diciembre de 1966. Adhesión de México: 24 de marzo de 1981. [fecha de consulta: 22 - Enero - 2015]. Disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D47.pdf
4. Góngora, Karen S. y Flores, Sarai M. La participación ciudadana en las tareas de fiscalización. ASF en coordinación con la CVASF, la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro de Investigación y Docencia Económicas. México 2014. [En línea] [fecha de consulta: 22 - Enero - 2015]. Disponible en: http://www.asf.gob.mx/uploads/65_Certamen_Nacional_de_Ensayo_Sobre_Fisc alizacion_Superior_y_Rendicion_de_Cuentas__Trabajos_Ganadores_del_Prime r_Certamen_Nacional_de_Ensayo_sobre_Fiscalizacion_Superior_y_Rendicion_ de_Cuentas___Trab/XIV_Certamen_2014.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 28 de enero de 2015.
Senadoras:Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del DF a informar a esta soberanía sobre las políticas, los programas y las acciones relacionados con la reglamentación del transporte público, suscrita por el senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD
El senador Isidro Pedraza Chávez, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral I, fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, para exhortar al jefe de gobierno del Distrito Federal a que informe a esta soberanía sobre las políticas, programas y acciones relacionadas con la mejoría, modernización y reglamentación del transporte público concesionado y permisionado de la Ciudad de México.
Considerandos
En la Ciudad de México se realizan 5 millones de viajes al día en la red de transporte público concesionado o permisionado.
En los últimos diez años se han desarrollado cinco líneas de metrobus que cubre un poco más del 5 por ciento de la demanda diaria de trasportación. El resto de la demanda se distribuye en 11 líneas y media de Metro y por 22000 microbuses con edades de 22 a 24 años que circulan por las calles y avenidas urbanas y en las zonas sub urbanas de la ciudad.
Los microbuses son unidades viejas, altamente contaminantes, peligrosos por su uso excesivo; la Red es una red anárquica, desordenada, insuficiente y ecológicamente muy costosa.
Por otra parte los propietarios de las unidades sufren por tarifas bajas que no se ajustan conforme a los costos diarios de operación. El precio actual de la gasolina es de 14.70 pesos por litro, mientras las tarifas se han mantenido estables por los últimos 4 años.
El gobierno de la ciudad mantiene una flotilla de unidades en servicios subsidiados que hacen competencia “desleal” a los microbuses por que cobran tarifas de 2 pesos.
Se aplica la ley de manera irregular predominando la discrecionalidad por parte de la autoridad y una serie de multas y sanciones anticonstitucionales aplicadas de manera tortuosa y lenta, lo que propicia corrupción de autoridades menores e incumplimiento por parte de los permisionarios y concesionarios.
El parque vehicular, ya viejo y obsoleto, sigue su proceso de envejecimiento mientras procesos burocráticos retrasan la sustitución de microbuses por autobuses nuevos.
No existe certeza jurídica respecto a los transportes: las concesiones son dadivas de la autoridad; los permisos no dan garantía a los permisionarios, ya que quedan atados a regulaciones poco claras y a la discrecionalidad de los funcionarios encargados del tema.
Los bonos de chatarrización que se ofrecieron a los concesionarios para sustituir el parque vehicular dejaron de aplicarse, lo que obviamente ha retrasado el cambio de unidades.
Algunas rutas hicieron el esfuerzo de cambiar unidades, invirtiendo sumas importantes en la adquisición de unidades nuevas. Sin embargo la autoridad les ha impedido entrar en operación provocando pérdidas importantes a los permisionarios.
Han pasado dos años y dos meses del cambio de gobierno en el Distrito Federal y no se ha presentado ningún proyecto de mejora al transporte público permisionado o concesionado. La ciudad sigue sufriendo la estructura anárquica de rutas sin planeación, unidades ruinosas, accidentes evitables que se producen por la circulación de vehículos viejos y en malas condiciones.
La integración de nuevas empresas para atender el transporte se ha frenado por la inmovilidad burocrática ya que actualmente hay empresas que habiendo cumplido con los acuerdos para renovar sus flotillas de autobuses y dar de baja microbuses no han recibido la autorización para operar las rutas que tienen asignadas.
En los últimos meses no ha habido ninguna acción de cambio o mejoramiento de la movilidad urbana, no se han establecido pautas para resolver el problema social del transporte, no ha entrado en vigor la nueva Ley de Movilidad por falta de reglamentos. Lo único que ha ocurrido es la suspensión de la línea 12 del Metro, que hizo más complicada la transportación para medio millón de habitantes del oriente de la Ciudad de México.
Ante la demanda social por un mejor transporte, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión
Acuerda
Primero. Se exhorta al jefe de gobierno del Distrito Federal, ciudadano Miguel Ángel Mancera a que informe a esta soberanía sobre los programas relacionados con la movilidad urbana, y sobre las medidas y que se han tomado para garantizar a los habitantes de la capital un adecuado servicio de transporte público concesionado o permisionado, con mayor calidad y seguridad.
Segundo. Informe sobre la razones que tiene el gobierno del Distrito Federal para retrasar la entrada al servicio de transporte, a empresas que ya han cumplido el programa de sustitución vehicular, a las que no se les permite operar, estas son: la Ruta 26, que ha realizado una inversión de 80 millones de pesos para sustituir 150 microbuses por 50 autobuses nuevos y no le han entregados las tarjetas de circulación por parte de la Secretaría de Movilidad; el corredor vial Metro Taxqueña-UAM Xochimilco y el corredor vial Avenida 5-Metro Chapultepec que habiendo hecho la sustitución vehicular no les permiten operar.
Tercero. Informe sobre el avance en la elaboración y puesta en vigor de los Reglamentos de Transporte y Vialidad y sobre los operativos para evitar la invasión de rutas por unidades irregulares, llamadas “piratas” en los corredores y rutas autorizadas.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 28 de enero de 2015.
Senador Isidro Pedraza Chávez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional contra las Adicciones a emitir un programa nacional contra la adicción y el abuso del alcohol, suscrita por el diputado Víctor Hugo Velasco Orozco, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado Víctor Hugo Velasco Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguientes
Consideraciones
La transformacion de la sociedad implica grandes beneficios en términos de derechos, libertades y beneficios para la población, pero al mismo tiempo, conlleva a transformaciones profundas en la conformación de las relaciones en el seno mismo de las familias y de la comunidad.
De manera paradójica a la vez que existe una comunicación practicamente universal, un flujo constante y permanente de información en tiempo real y la economía, la educación y la tecnología se han globalizado, eliminándose las barreras de las distancias y acortándose las brechas sociales; también existen impactos negativos en el desarrollo fisico y mental de las nuevas generaciones, ya que existen fenomenos de aislamiento, de descomposición social, con multiplicidad de familias monoparentales, aumento de fenomenos como las adicciones al alcohol, cigarro y drogas, violencia escolar y padecimientos en aumento como la obesidad infantil o el suicidio juvenil.
Muchas de estas circunstancias alcanzan una importancia cuantitativa o cualitativa tan importante que se convierten en temas de salud pública o en materia de la agenda de gobierno.
Tal ha sido el caso de el llamado bullying y la obesidad infantil, que debido al aumento de casos, así como las consecuencias cada vez más graves que están teniendo.
Por ejemplo, ante los hechos ocurridos este año en estados como Tamaulipas o el estado de México, en donde jovenes estudiantes perdieran la vida por agresiones de sus propios cumpañeros y una actitud omisa de las autoridades educativas, se dejó ver la magnitud del problema en el país.
Diversos estudios de universidades y organizaciones, entre ellos, el realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre los países miembros reporta que en México, 40.24 por ciento de los estudiantes declara haber sido víctima de acoso; 25.35 por ciento haber recibido insultos y amenazas; 17 por ciento ha sido golpeado y 44.47 por ciento dice haber atravesado por algún episodio de violencia verbal, psicológica, física y ahora a través de las redes sociales.
Según estos datos, México ocuparía el primer lugar internacional de casos de bullying en educación básica ya que afecta a 18 millones 781 mil 875 alumnos de primaria y secundaria tanto públicas como privadas.
Se generó entonces, todo un movimiento antibullyng en todo el país, con el impulso de organizaciones de la sociedad civil, amplia participación de los medios masivos de comunicación, e incluso con un auge relavante en redes sociales, lográndose no sólo el repudio social a estas actitudes, sino la generación de campáñas formales e informales contra el fenómeno y desenbocó en una acción institucionjal contundente a través de tres acciones formales:
1. El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Consejo Nacional de Seguridad Pública arrancó en junio de 2014, una campaña en seis entidades del país con mayor incidencia de bullying, violencia y acoso escolar: Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán, estado de México, Campeche y Baja California. La campaña cuenta con participación de padres de familia, maestros, alumnos y artistas.
2. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) dieron inicio, tambien en junio de 2014, a una campaña en contra el acoso escolar o bullying, con la firma de diez compromisos para capacitar, en una primera etapa, a 1.6 millones de maestros agremiados al SNTE, contra el problema de la violencia escolar, que en los últimos cuatro años ha tenido un crecimiento exponencial, de acuerdo con el titular de la CNDH.
3. El Congreso de la Unión y el gobierno de la república pusieron en marcha la campaña #Yoloborro, en redes sociales, mediante la firma en septiembre de 2014, de un acuerdo para difundir mensajes y tomar acciones contra el ciberbullying. En consecuencia, se emitió en medios un spot elaborado por la Cámara de Diputados para llamar a los usuraios de internet a ser cuidadosos con la información o las fotos que publican para prevenir posibles agresiones, así como a que no ataquen a otros cibernautas.
4. El 1 de septiembre de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado una iniciativa preferente para crear una Ley General para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, cuyos ejes son: obligar a las autoridades federales, estatales y municipales a garantizar el respeto a los derechos de los menores; establecer procuradurías que apoyen a aquellos que estén sujetos a procesos penales o administrativos, y fijar medidas para combatir el bullying en las escuelas.
Con moficiaciones de ambas Cámaras al proyecto original se crea la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se reformaron los artículos 25 y 26 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, además de abrogarse la Ley para la Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Así las cosas, se trata de acciones contundentes para tratar de aminorar o erradicar el problema del bullying.
En el caso de la obesidad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la OCDE, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad en niños y adultos, desplazando a Estados Unidos, que ocupaba el primer lugar.
Siete de cada diez mexicanos padecen odesidad. Las razones son el alto consumo de alimentos procesados ricos en calorías, sumados a un estilo de vida cada vez más sedentario. La consecuencia es el incremento de las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, enfermedades de las articulaciones y algunos tipos de cáncer.
Ante la seriedad del problema, el gobierno de la república tomó acciones contundentes para tratar de revertir el creciente fenómeno:
1. México gasta 7 por ciento del presupuesto destinado a salud para atender la obesidad, sólo debajo de Estados Unidos que invierte 9 por ciento.
2. La Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014, reformas al Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Publicidad y al Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, dentro de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.
Con las reformas México establece reglas de etiquetado y publicidad de alimentos y bebidas no alcoholicas, incorporando prácticas internacionales para el diseño y suministro de información transparente a los consumidores.
Ahora es obligatorio calcular el contenido calórico de un producto y reportar el contenido energético total del producto para el caso de bebidas saborizadas, chocolates, botanas y productos de confitería.
Por otra parte, se establecen horarios en televisión y cine para restringir la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas que no cumplan con los estándares de calidad nutrimental.
3. Se restringió la venta en escuelas, de alimentos y bebidas poco nutritivos y con alto contenido de grasas, sales y azúcares, conocidos como alimentos chatarra y se hizo obligatoria la disponibilidad de bebederos en sus instalaciones, mediante modificaciones legales y reglamentarias.
Pero el presente documento tiene por objeto llamar la atención sobre otro problema de salud pública que se ha mantenido presente en la sociedad a lo largo del tiempo, y que por su aceptación social ha permanecido en un bajo perfil en los medios de comunicación, pero que no debe dejar de tener importancia para las autoridades en materia de salud y de prevención de adicciones, me refiero al alcoholismo.
De acuerdo con la OMS, México se encuentra en el lugar diez en consumo de alcohol en América Latina, con 7.2 litros de consumo per cápita por año.
Según datos de una encuesta de la firma Consulta Mitofsk, la edad promedio de inicio en el consumo de bebidas alcohólicas es de 17.4 años; 16.8 años para los hombres y 18.3 para las mujeres. Y 22 por ciento de los mexicanos declaran consumir bebidas alcohólicas por lo menos una vez por semana, mientras que 18 por ciento declara hacerlo una vez por mes y 35 por ciento aún con menor frecuencia; una cuarta parte de la población declara no ingerir bebidas alcohólicas “nunca”.
Algunos estudios como el denominado Investigación social y cultural sobre el consumo del alcohol y el alcoholismo en México, del doctor Luis Alfonso Berruecos Villalobos, arrojan estos datos:
• El alcoholismo es el principal causante de accidentes con 70, 60 por ciento de los traumatismos.
• 80 por ciento de los divorcios están asociados al alcoholismo.
• 60 por ciento de los suicidios están vinculados con el alcoholismo.
• El alcoholismo representa 11.3 por ciento de la carga total de enfermedades.
• 38 por ciento de los homicidios en el país son cometidos por estar bajo los efectos del alcohol.
• 38 por ciento de los casos de agresión con lesiones, particularmente entre jóvenes de 15 y 25 años de edad, están relacionados con el consumo del alcohol y los accidentes ocupan la primera causa de mortalidad.
En el caso de las mujeres, según estudios de la División de Investigaciones Epidemiológicas y Sociales, del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, de la Secretaría de Salud:
• 9 por ciento de las mujeres entre los 18 y los 65 años de zonas urbanas beben 5 copas o más en cada consumo.
• 10 por ciento de las bebidas alcohólicas que se venden en México son consumidas por mujeres.
• Las mujeres mayores de 60 años de edad son el grupo más afectado, usualmente es población que empezó a beber en la juventud y continúa haciéndolo.
• Actualmente beben a la par que los hombres, lo que las pone en desventaja en cuanto a los riesgos a su salud, dado que cuentan con más grasa corporal impide que el alcohol se pueda diluir y por lo mismo son más vulnerables a la intoxicación con menores dosis de alcohol.
• 16.8 por ciento consumió bebidas alcohólicas durante su embarazo.
• En 7.4 por ciento la cerveza era la bebida de preferencia de mujeres que amamantaban a su hijo.
Por su parte, la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, señala:
• 32.8 por ciento de los mexicanos tiene un consumo alto de alcohol, es decir, más de 30 millones de personas.
• 6 por ciento de la población tiene dependencia.
• Aqueja a 10.8 por ciento de los hombres de entre 12 y 17 años y a 1.8 por ciento de las mujeres.
• Afecta a 4.1 por ciento de los adolescentes y 6.6 por ciento de los adultos, este índice aumentó significativamente entre los hombres de 2008 a 2011.
• 55 por ciento de los consumidores se inició antes de los 17 años, previo a la edad legal para poder comprar alcohol, el 39 por ciento entre los 18 y 25 años y solamente 5.9 por ciento después de los 25 años.
• Solamente 6.8 por ciento de los enfermos con dependencia reciben tratamiento. El rezago es mayor en las mujeres, hay 2.2 hombres con dependencia en tratamiento, por cada mujer en esta misma condición.
• Hay más bebedores en las regiones centro, que incluye a Guanajuato, Hidalgo, estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.
De tal suerte es un tema de salud pública que merece atención permanente de los distintos órdenes de gobierno, de organizaciones de la sociedad civil y de la sociedad en general.
En este sentido es importante destacar que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y de forma concordante el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 establece como meta establecer una política pública exitosa de prevención, protección y promoción, que deba incorporar no sólo acciones propias de salud pública, sino también intervenciones que cambien el actuar de las personas, en términos de su responsabilidad respecto a comportamientos sexuales, actividad física, alimentación, así como de consumo de alcohol.
Pero es necesario ampliar las acciones de prevención y atención de este enfermedad más allá de la sola acción del gobierno de la república, para incorporar un esfuerzo de los estados y los municpios, que sea permanente y de alto impacto.
Por lo que el presente documento propone a esta soberanía exhortar a la Secretaría de Salud del gobierno de la república y a la Comisión Nacional contra las Adicciones para que emitan un programa nacional contra la adicción y el abuso del alcohol, que coordine acciones permanentes en los tres órdenes de gobierno, en rubros como:
• La prevención del consumo temprano de alcohol.
• La disminución del alto consumo en la población de 12 a 65 años.
• La inclusión de atención de enfermos dependientes del alcohol en instancias del sector público.
• La puesta en marcha de una compaña específica para disminuir el consumo de alcohol en mujeres, especialmente en embarazadas y lactantes.
• La puesta en macha de una campaña específica de prevención y atención del alcoholismo en la zona centro del país, que incluya a los gobierno estatales y municipales.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno de la república y a la Comisión Nacional contra las Adicciones, para que emitan un programa nacional contra la adicción y el abuso del alcohol que coordine acciones permanentes en los tres órdenes de gobierno.
Segundo. Que dicho programa nacional contra la adicción y el abuso del alcohol contenga entre otras, acciones específicas para:
1. La prevención del consumo de alchohol a temprana edad.
2. La disminución del alto consumo en la población de 12 a 65 años.
3. La inclusión de atención a enfermos dependientes del alcohol en instancias del sector público.
4. La puesta en marcha de una compaña específica para disminuir el consumo de alcohol en mujeres, especialmente en embarazadas y lactantes.
5. La puesta en marcha de una campaña específica de prevención y atención del alcoholismo en la zona centro del país, que incluya a los gobierno estatales y municipales.
Referencias y sitios consultados
1. Programa Sectorial de Salud 2013-2018.
2. Encuesta Nacional Contra las Adicciones 2011.
3. www.presidencia.gob.mx
4. www.senado.gob.mx
5. www.diputados.gob.mx
6. http://www.oecd.org/centrodemexico/
7. http://www.who.int/countries/mex/es/
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 28 de enero de 2015.
Diputado Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a distintas dependencias federales y de Oaxaca a implantar una estrategia de impulso turístico sustentable en el proyecto Desarrollo Playa Cacaluta, Órgano y Maguey, suscrita por la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Yesenia Nolasco Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración el presente punto de acuerdo, conforme al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que el 25 de Marzo del año 2008, fue anunciado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) el proyecto de desarrollo turístico “Desarrollo Playa Cacaluta, Órgano y Maguey”.
Que la microcuenca Cacaluta, la cual es considerada como un humedal de importancia internacional y fue integrada al catálogo de sitios protegidos por la Convención Ramsar1 el 27 de noviembre de 2003, reconocida como sitio 1321 cuencas y corales de la zona costera de Huatulco, además de ser declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco.
Que el proyecto en Cacaluta prevé también una subestación de 30 megavatios que construye la Comisión Federal de Electricidad, en respuesta a una petición que presentó el Fonatur en 2008.2
Que la Fonatur señala que Huatulco cuenta con lotes para usos de suelo comercial de equipamiento hotelero, industrial, multifamiliar y espera ampliar la oferta turística e inmobiliaria con productos que resulten atractivos y de alto diseño constructivo.
Así mismo reza que es considerando una zona con excelentes vistas y amplio frente de playa que se comercializará a través de megalotes con servicios, con el fin de atraer a prestigiadas cadenas hoteleras e inmobiliarias para el desarrollo de villas y condominios, un campo de golf, una casa club, hoteles boutique, hoteles 5 estrellas, clubes de playa y comercios.3
Que el proyecto “Desarrollo Playa Cacaluta, Órgano y Maguey” concibe la construcción de cuatro mil 500 cuartos de hotel a pie de playa, así como el establecimiento de campos de golf, canchas de tenis y clubes de playa, entre otras instalaciones.4
Que además del impacto ambiental la obra afectará sitios arqueológicos zapotecos de alto valor cultural y religioso en la bahía de Cacaluta, por la introducción de conexiones subterráneas de energía eléctrica.5
Que el estado de Oaxaca se caracteriza por impulsar un turismo basado en la promoción de bahías de Huatulco y Puerto Escondido en base a los tres ejes para el desarrollo del turismo en el estado: conectividad, desarrollo de productos turísticos y promoción asertiva.6
Lo anterior permite ubicar a Oaxaca dentro de los primeros destinos con mayor crecimiento en el país, además de Veracruz, Puebla y Michoacán, gracias al esfuerzo de las acciones de promoción que se realizan a nivel local, nacional e internacional por parte del gobierno del estado.
Que conociendo el imprescindible valor económico que refiere el turismo para Oaxaca, así como que la región de Cacaluta alberga gran riqueza biológica, en la que destaca uno de los arrecifes más significativos del Pacífico mexicano.
Así como el gran valor natural, ecológico y paisajístico; en la parte baja de la región de Cacaluta, hay varios humedales que congregan abundante vegetación acuática y subacuática, condiciones que contribuyen durante el estiaje como fuente de agua para los animales; además de formar parte del sitio Ramsar 1321 y poseer un bosque tropical caducifolio con características únicas en el país, con especies arbóreas de entre 15 y 18 metros de alto.7
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), para que se modifique la idea original del proyecto “Desarrollo Playa Cacaluta, Órgano y Maguey”, con la finalidad de impulsar una estrategia de ecoturismo que respete el medio ambiente y el equilibrio ecológico de la región.
Segundo. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y al Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable de Oaxaca, para que implementen una estrategia de impulso turístico sustentable en el proyecto “Desarrollo Playa Cacaluta, Órgano y Maguey”.
Notas
1 Según lo define la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se define a la convención Ramsar como el primero de los tratados modernos de carácter intergubernamental sobre conservación y uso sostenible de los recursos naturales, que está dedicado a un ecosistema, con disposiciones relativamente sencilla y general.
2 www.jornada.unam.mx/
3 www.fonatur.gob.mx/
4 www.noticiasnet.mx/
5 www.jornada.unam.mx/
6 www.oaxaca.gob.mx/
7 www.jornada.unam.mx/
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente, a 28 de enero de 2015.
Diputada Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos y congresos locales y la ALDF a armonizar sus legislaciones con los términos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, suscrita por las senadoras Lisbeth Hernández Lecona e Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del PRI
Las que suscriben senadoras de la República de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión Lisbeth Hernández Lecona e Hilda Esthela Flores Escalera, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente, la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a las legislaturas locales, a los titulares del gobierno federal y de las 32 entidades federativas a adoptar los términos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El 3 de mayo de 2008, entró en vigor para México la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, el principal objetivo de este tratado internacional es el de es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, así como promover el respeto de su dignidad inherente.
Para verificar, la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se creó el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad como un Órgano del Sistema de Naciones Unidas, conformada por expertos. En tal virtud, los Estados parte, deben presentar al Comité, por conducto del secretario general de las Naciones Unidas, un informe exhaustivo sobre las medidas adoptadas para cumplir las obligaciones que dimanan del instrumento internacional en comento; así como los avances realizados a partir de su entrada en vigor.
En razón de lo anterior, México se vio en la necesidad de armonizar las leyes que atienden lo referente a las personas con discapacidad y poner en práctica políticas públicas, leyes y medidas administrativas para asegurar los derechos reconocidos en la convención y abolir leyes, reglamentos, costumbres y prácticas constitutivos de alguna forma de discriminación.
Bajo esta tesitura, la regulación del derecho a la no discriminación se encuentra contenido en el artículo 1 párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al referirse al principio de igualdad. Así mismo, se encuentra incorporado en el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en diversas legislaciones locales y en sus planes y programas de los que se deriva la instrumentación de políticas públicas concretas, en este caso, a favor de las personas con alguna discapacidad, tal y como lo prevé el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2014, documento que establece como una de sus metas garantizar la protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación, lo que se logrará a partir de los trabajos que se realicen en el marco del Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación 2014-2018.
Sin embargo, la incorporación del principio de igualdad y la prohibición de la discriminación en diversos ordenamientos jurídicos no ha sido suficiente para prevenir y eliminar la discriminación de hecho o de derecho que prolifera en nuestro país. Como muestra de ello, los resultados generales de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010, único referente estadístico sobre el tema de discriminación, indican que la misma afecta a gran número de personas por razones distintas, entre las cuales están diversas condiciones de vida y características de identidad.
En el caso particular, la ENADIS 2010 señala que las personas con discapacidad representan el 5.1% de la población en México; la discriminación en contra de ellas parte del supuesto de que son consideradas “anormales” o “incapaces”, por ese motivo, no pueden o no deben participar en la dinámica social. En consecuencia, las instituciones, la infraestructura, el transporte, la información, los servicios de salud, la educación, el empleo, los eventos culturales, etcétera; no están diseñadas para la participación de las personas con discapacidad, por lo tanto quedan excluidas del goce efectivo de sus derechos humanos.
En relación con lo anterior, la ENADIS 2010 indica que una de cada tres personas encuestadas considera que no se respetan los derechos de las personas con discapacidad; así mismo, la población con discapacidad considera que la gente con mucha frecuencia no deja pasar en la fila a personas con discapacidad (55.5 por ciento) y que se estacionan indebidamente en lugares reservados (55.1 por ciento); 52.3 por ciento de las personas con discapacidad declaró que la mayoría de sus ingresos proviene de su familia, lo cual se complementa con el hecho de que 36.4 por ciento de este sector dijo encontrar difícil, muy difícil o que no puede realizar actividades del trabajo o escuela; para 33 por ciento los servicios de salud son suficientes porque le brindan la atención que necesita, lo que las coloca en situación de desventaja.
Aunado a los datos que anteceden, la ENADIS 2010 también afirma que en las regiones de Baja California-Baja California Sur, Chihuahua-Sinaloa-Sonora, Coahuila-Nuevo León-Tamaulipas, Durango-San Luis Potosí-Zacatecas, Aguascalientes-Guanajuato-Querétaro y Campeche-Quintana Roo-Yucatán, la opinión de la población acerca de que en México no se respetan los derechos de las personas con discapacidad es menor al promedio nacional de 34 por ciento. En la región de Tabasco-Veracruz prevalece la opinión de que sí se respetan sus derechos, con lo que supera ampliamente el 28.2 por ciento del promedio nacional.
Por su parte, en las zonas metropolitanas, se señala en mayor proporción que los derechos de las personas con discapacidad sí se respetan en Torreón (35 por ciento) y León (29 por ciento), por encima del promedio nacional (28 por ciento). Mientras que en Toluca, Puebla-Tlaxcala, Juárez, Guadalajara y la Ciudad de México predomina la opinión de que no se respetan.
Tomando en consideración la situación que prevalece en nuestro país, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha recomendado al Poder Legislativo desarrollar sus funciones desde una perspectiva transversal que permita proteger, garantizar y respetar la igualdad y no discriminación, así como los derechos humanos que gozan todas las personas, en el contexto de las obligaciones adquiridas a través de la firma y ratificación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos; utilizando datos confiables y actuales sobre el tema para guiar la actuación legislativa en todos los niveles, debiendo incorporar un lenguaje incluyente y facilitar la adopción de medidas y ejecución de acciones para erradicar las desigualdades entre los mexicanos, que sin duda son de gran obstáculo para el desarrollo nacional.
Por otro lado, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad examinó, mediante la formulación de diferentes cuestionamientos y a través del diálogo constructivo, el informe inicial de México en sus sesiones 145 y 146, celebradas el martes 16 y miércoles 17 de septiembre de 2014, respectivamente y se pudo vislumbrar que el comité observa con agrado las acciones realizadas por nuestro país, en materia de inclusión de las personas con discapacidad. El objeto de esta reunión, fue el de sostener un diálogo con México, respecto a la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a efecto de poder emitir las recomendaciones, que junto con las emitidas por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, contribuyan a mejorar la aplicación de dicho instrumento internacional.
Nuestro país fue el segundo Estado examinado por el comité, se abordaron todos los artículos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dando especial atención a los temas relativos al cambio de paradigma sobre la discapacidad, del modelo médico al modelo social; participación de la sociedad civil en temas como toma de decisiones en la vida familiar y en el tema de autonomía; estado de las políticas públicas, ordenamientos, legislaciones, normativas, que estaban en proceso; estadísticas sobre trabajo, educación inclusiva, salud, casos de discriminación, sentencias, entre otras; mecanismo de monitoreo para el cumplimiento de las normas de accesibilidad; medidas que ha tomado el Estado para armonizar su legislación con los comentarios generales sobre capacidad legal y sobre accesibilidad; temas transversales como: mujeres, educación, seguridad social; medidas que ha tomado el Estado para implementar la convención a nivel Federal y estatal; así como discapacidad de personas pertenecientes a grupos étnicos y de quienes viven en zonas rurales de alta marginación.
De dicho ejercicio, resultó que es de celebrarse que el estado mexicano haya adoptado legislación y políticas públicas con el propósito de promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, al Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad le preocupa que la legislación civil de algunas entidades federativas todavía contenga expresiones derogatorias para referirse a las personas con discapacidad y por lo tanto recomienda redoblar esfuerzos en el ámbito del proceso de armonización legislativa con la Convención a fin de que todos los estados federales eliminen terminología derogatoria de los derechos de las personas con discapacidad. Así mismo, el Comité no favorece que las organizaciones de personas con discapacidad en México, tengan limitada su participación en la implantación y seguimiento de la convención, por lo que recomienda mecanismos regulares para convocar consultas con las organizaciones de personas con discapacidad, asegurando que sus opiniones sean consideradas adecuadamente.
Ante este panorama, es necesario refrendar el mandato de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por ello el Estado mexicano, a través del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades federativas, debe tomar todas las medidas pertinentes, incluidas las legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad. Asimismo, se debe sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia de las personas con discapacidad, fomentando el respeto de sus derechos y dignidad.
Por lo expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con:
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a las legislaturas de las 31 entidades federativas ya la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que realicen una labor de armonización legislativa con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, eliminando de las legislaciones locales, toda aquella expresión derogatoria, utilizada para referirse a las personas con discapacidad.
Segundo. Se hace un atento exhorto al titular del Ejecutivo federal, a los titulares del Poder Ejecutivo de las 31 entidades federativas y al jefe del gobierno del Distrito Federal, para que en el ejercicio de sus funciones, implementen mecanismos regulares para convocar consultas con las organizaciones de personas con discapacidad y con ello asegurar que sus opiniones sean consideradas adecuadamente en la implementación y seguimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Dado en el recinto de la Comisión Permanente, a los veintiocho días del mes de enero del año dos mil quince.
Senadoras: Lisbeth Hernández Lecona, Hilda Esthela Flores Escalera (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversos congresos locales a tipificar en sus códigos penales los delitos de robo, fraude y falsificación de vales y tarjetas electrónicos, suscrita por los diputados Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez y Raymundo King de la Rosa, del Grupo Parlamentario del PRI
Los abajo suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, pertenecientes a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan la proposición al rubro citado al tenor de las siguientes
Consideraciones
La creciente ola de violencia e inseguridad que aqueja al país, encuentra como uno de sus elementos generadores, el alto grado de impunidad de los delitos cometidos. Mientras no exista una sanción efectiva a estas conductas antisociales, los criminales seguirán cometiéndolas libremente; con las amplias ganancias y negativas consecuencias sociales por todos conocidas.
Otro elemento que facilita la comisión de delitos es la falta de un marco normativo que permita a las autoridades perseguir y sancionar las conductas que resultan nocivas para la sociedad en sus derechos y bienes; lo que a la larga se traduce en una falta de certeza para las inversiones y pérdida de competitividad de los estados para atraer y mantener dichas inversiones (Situación que más adelante se desarrollará con detalle).
En este contexto se encuentran los delitos que se cometen con los vales utilizados para el canje de bienes y servicios, en donde las empresas emisoras son objeto de falsificaciones, robos, fraudes y alteraciones con vales de papel; y recientemente a través de los dispositivos electrónicos en forma de tarjeta plástica.
Como un elemento que refuerza lo anterior, es la Encuesta Nacional sobre Inseguridad del año 2010 1 que con datos estadísticos revela el alarmante crecimiento de la actividad delictiva en el país.
Dicha encuesta señala al robo como el delito de carácter patrimonial con mayor prevalencia, seguido por el de fraude; a lo que debemos agregar la falta de denuncia (que representa una importante cifra negra) derivado de la falta de confianza en las instituciones para cumplir el objeto para el que fueron creadas.
El vale y ahora estos nuevos dispositivos electrónicos en forma de tarjeta plástica, constituyen el medio más adecuado y utilizado para otorgar a los trabajadores la ayuda de despensa; la cual es una de las más importantes prestaciones de previsión social y que representan un ingreso exento para los mismos, en los términos del artículo 25, fracción X, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Los tipos de delitos que se cometen con los vales son:
a) Robo. Que ocurre en dos momentos:
• Los que sufren los clientes cuando acuden a recoger sus vales a las empresas emisoras.
• Los que se comenten directamente a las empresas emisoras en sus instalaciones o vehículos de mensajería.
Las empresas emisoras tienen documentados 250 casos en los últimos dos años por un importe de 15 millones de pesos. Sin embargo, no ha sido posible cuantificar los siniestros ocurridos a los clientes por parte de bandas organizadas que los esperan en los alrededores de sus centros de trabajo y los siguen hasta despojarlos de sus vales, ya que no presentan la denuncia correspondiente por temor a represalias o por desconfianza en el papel de la autoridad.
b) Falsificaciones . Este delito se realiza con mayor intensidad, ya que se pueden obtener grandes beneficios por parte de las bandas organizadas. Lo cual ha originado que las personas morales autorizadas para ello inviertan una gran cantidad de recursos en el desarrollo e implementación de medidas de seguridad como son: tintas especiales, papel seguridad, grabados, troquelados, entre otros.
No obstante lo anterior, como se dijo, en años anteriores, cinco empresas sufrieron algún tipo de falsificación superando los 1.5 millones de pesos en pérdidas por estos ilícitos.
c) Fraude. No sólo las empresas se han visto afectadas por este tipo de ilícito. Adicionalmente, los falsificadores distribuyen y en algunos casos comercializan los vales en los alrededores de tiendas comerciales aprovechándose de la buena fe de las personas al venderles un vale a un precio menor al de su valor nominal. Una vez adquirido y al llegar a la caja con sus productos, les informan que los vales son falsos y por ello no se los pueden aceptar.
Problemática
Con las acciones mencionadas, se ha defraudado frecuentemente a amas de casa o trabajadores que se quedan sin dinero y sin su despensa, muchas veces, la de todo un mes; ya que impunemente son engañados al pagar por algo que no tiene valor.
Otros afectados por las falsificaciones y fraudes, son los establecimientos afiliados al sistema que realizan el canje de bienes y servicios, pero al final, son las empresas emisoras las que tienen que responder a totalmente por la recepción de estos vales falsificados o utilización de dispositivos electrónicos, so pena de que los establecimientos –como las grandes cadenas comerciales y tiendas departamentales– ya no los reciban.
Ante el crecimiento de este tipo de conductas antisociales, las grandes cadenas o tiendas de autoservicio –sobre todo en entidades como Tabasco, Quintana Roo en el sur del país; Tlaxcala y San Luis Potosí en el centro y bajío respectivamente– han expresado su intención de no recibir más los vales y tarjetas como medio de canje de bienes y servicios.
De concretarse lo anterior, sería en perjuicio no sólo de las empresas emisoras, sino también de miles de trabajadores que por medio de esta prestación social -como son los vales y ahora las tarjetas electrónicas- complementan su canasta básica y hacen su despensa en este tipo de establecimientos; lo cual sería en agravio de miles de familias.
Si bien, los códigos penales de las entidades antes señaladas contemplan los delitos de robo, fraude y falsificación, no existe una definición clara de la naturaleza jurídica de lo que es un “vale”, por lo cual, considera sería un gran avance el hecho de que en la legislación quedara plasmado y sirviera como un referente obligado para la interpretación o cualquier efecto jurídico “erga omnes”; por tener una naturaleza jurídica distinta a la de los títulos de crédito como son el pagaré o cheque, ya que los vales –por ejemplo– no son endosables o autónomos como aquellos; por lo que no se ajusta o “encuadra” en el tipo penal preexistente.
Ante la ausencia de una tipificación concreta de las conductas que tienen que ver con la producción, impresión, enajenación, distribución, alteración, y falsificación, robo y fraude de vales de papel o cualquier dispositivo en forma de tarjeta plástica, emitido por personas morales utilizados para canjear bienes y servicios, resulta necesario establecer como medida de política criminal, el calificar las conductas; lo que permitirá darle una mayor punibilidad. Recordemos la máxima de derecho que sine pena sine lex (No hay pena sin ley) ya que el derecho penal debe ser en “estricto sensu”.
Por ello, es necesario que el legislador local –por tratarse de delitos del fuero común– realice una modificación a la normatividad sustantiva penal que atienda un problema que impacta y pude impactar aún más, a empresas mexicanas y a las familias de trabajadores que reciben esta prestación.
Antecedentes y derecho comparado
Es prudente comentar que esta misma Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió el 29 de junio de 20112 un atento exhorto en el mismo sentido de la propuesta que se presenta; sólo que a los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Zacatecas. De estos, sólo el estado de San Luis Potosí no atendió el exhorto para reformar su código.
Efectivamente, con el fin de proporcionar a los señores legisladores de esta Cámara de Diputados mayores elementos para la toma de decisiones, se consultó la Gaceta Parlamentaria en cuestión que contiene el dictamen aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión3 del cual recogemos dos párrafos que son de particular interés y que fue considerado también en la presente propuesta:
“Asimismo el agente del Ministerio Público, al integrar los elementos necesarios para la averiguación previa por la comisión de un delito , ya sea de acción u omisión, necesita cuadrar exactamente la conducta realizada por quien delinque al tipo penal, es decir a la ley, no obstante que éste también puede allegarse de elementos de valoración cultural, de no encontrarse una valoración jurídica adecuada.
Igualmente es menester del legislador coadyuvar en la procuración e impartición de justicia, creando normas claras y concisas , allanando en todo lo posible la responsabilidad del Ministerio Público en su encomiendo constitucional de administración de justicia, dotándolo de leyes claras y concisas, no dejando lugar a las lagunas jurídicas.”
Cabe señalar que las prestaciones de previsión social tienen como finalidad proporcionar a los trabajadores y a sus familias la satisfacción de sus necesidades esenciales y la posibilidad de superación del nivel de vida.
Las ayudas de despensa constituyen, como bien sabemos, una conquista laboral y representa hoy en día, la prestación más apreciada por los trabajadores ya que los beneficios que de ella obtienen son inmediatos.
Surgida en los años 60 otorgaba en un principio solamente despensas físicas. Posteriormente, y dado que el número de trabajadores fue creciendo, el manejo de despensas físicas complicaba su distribución, lo cual dio origen a la introducción de los vales de despensa como el medio más adecuado para dar esta prestación; ya que permite a los trabajadores decidir dónde canjearlos y por los artículos que más le convengan o necesite.
Esta prestación de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) mejora el poder adquisitivo familiar, pues los trabajadores dedican a la compra de alimentos 34 por ciento de su gasto total; por lo que es una de las más apreciadas por los trabajadores, ya que la recibe periódicamente y está destinada a la familia.
Es un hecho, que las prestaciones de previsión social complementan el sueldo que reciben los trabajadores, y que tan sólo el recibir vales de despensa hace que una persona física o moral cuenta con mayores recursos económicos al estar exenta como lo estable la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) y contribuyen a paliar los efectos inflacionarios en los bienes de consumo de primera necesidad como de la canasta básica.
Cabe señalar que los vales o tarjetas son en su mayoría utilizados en establecimientos como tiendas de abarrotes, carnicerías, panaderías, farmacias, mercados, cadenas de autoservicios, tiendas gubernamentales y sindicales, e incluso para el pago de gasolina.
Concretamente, se habla de aproximadamente 305 mil 526 familias las que estarían en riesgo de perder esta prestación; este dato sacado con información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al 31 de diciembre de 2013 (Fecha en que se dio la última publicación oficial) en donde se estima que la tercera parte de los trabajadores dados de alta ante el instituto reciben vales o similares; conformándose de la siguiente manera:
Si a esto se agregan las estimaciones del Inegi de que una familia está compuesta en promedio por cuatro integrantes, estaríamos hablando de un universo de un millón 222 mil 109 personas susceptibles de ser afectadas.
El sector dedicado a la emisión de vales y medios electrónicos en forma de tarjetas para el intercambio de bienes y servicios se ha visto gravemente afectado en su actividad, debido a la proliferación de conductas ilicititas como son el robo, fraude, falsificación y alteración que les implican pérdidas económicas considerables, poniendo en riesgo fuentes de empleo; demanda acciones en contra de esta situación.
Un elemento que sustenta este hecho, es la primera Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, elaborada por el Inegi reveló que en 2014, un millón 310 mil empresas que representan 33.6 por ciento del total nacional fueron víctimas de 2 millones 524 mil 229 delitos.
Lo cual les causó pérdidas económicas por 115 mil 200 millones de pesos equivalentes a 0.75 por ciento del producto interno bruto4 .
Otro elemento que debe orientar el criterio de esta soberanía para aprobar el punto de acuerdo puesto a consideración, es el relativo a la pérdida de competitividad. El Índice de Competitividad Mundial 2014-2015 elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) en el que se observa que México cayó seis lugares en su nivel de competitividad derivado de la creciente inseguridad y violencia que se registra en el país; pasando del lugar 55 el año pasado al 61 en este.
No escapa tampoco, la Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: noviembre de 2014, publicada apenas el 2 de diciembre del mismo año por el Banco de México, aplicada a 30 grupos de análisis y consultoría económica.
En la encuesta figura un cuadro con la distribución de las respuestas de los analistas consultados por el Banco de México, en relación a los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México en los próximos meses.
En dicho cuadro, los especialistas consideran que los principales factores son, en orden de importancia: La debilidad del mercado externo y la economía mundial; la inestabilidad financiera internacional; la ausencia de cambio estructural en México; y, los problemas de inseguridad pública5 .
Asimismo, los resultados sobre la percepción que tienen los analistas respecto al entorno económico actual6 se aprecia que:
• En relación con la encuesta anterior, disminuyó la proporción de analistas que considera que el clima de negocios en los próximos seis meses mejorará, al tiempo que aumentó el porcentaje de analistas que considera que empeorará.
• El porcentaje de analistas que afirma que la economía no está mejor que hace un año es el preponderante y se mantuvo sin cambio en relación a la encuesta anterior.
• La proporción de analistas que considera que la coyuntura actual es un buen momento para realizar inversiones disminuyó en la encuesta de junio, en tanto que el porcentaje de analistas que considera que es un mal momento aumentó.
Como se puede observar, entre los principales factores mencionados por los analistas que limitan el ritmo de la actividad económica y que se aplican a la presente proposición, están la inseguridad pública y la ausencia de cambios estructurales.
Entre las medidas que los consultores identificaron como necesarias para alcanzar mayores niveles de inversión se encuentran: reforma fiscal; reforma laboral; reforma del sector energético; mejorar el marco regulatorio, mayor desregulación y facilitar la competencia, mejorar la seguridad pública y abatir las lagunas jurídicas existentes en diversos rubros.
Sobre este último punto y que es del ámbito legislativo, consideran los analistas que es imperativo cubrir dichas lagunas, pues con ello la actividad económica tendría mayor certeza en su realización y se incentivaría su crecimiento; algo que los congresos de los estadios a quienes está dirigido esta propuesta debieran tomar en cuenta.
Por lo tanto, es menester que el legislador local reflexione no sólo en razón de los daños que en materia económica se ocasionan a las empresas, a la economía familiar de miles de trabajadores y a la pérdida de competitividad en sus estados. Esto último, por la inseguridad e incertidumbre para invertir que genera a la comunidad empresarial, la falta de un marco normativo adecuado.
Por lo que una de las formas en las que el Poder Legislativo estatal puede contribuir para alcanzar un mayor desarrollo económico y mejorar las inversiones en sus entidades, es con el abatimiento de las lagunas legales que se presentan sus códigos punitivos.
Por otra parte, si los Congresos locales tienen a bien realizar las adecuaciones a sus marcos normativos, se estaría también contribuyendo a la adecuada instrumentación de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores , aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2011 , pues al garantizarse y protegerse el libre acceso a la canasta básica por medio de los vales se da pauta al cumplimiento del objeto primordial de esta ley y a su efectiva realización en el ámbito estatal, que es el de:
“... promover y regular la instrumentación de esquemas de ayuda alimentaria en beneficio de los trabajadores, con el propósito de mejorar su estado nutricional, así como de prevenir las enfermedades vinculadas con una alimentación deficiente y proteger la salud en el ámbito ocupacional.”7
Sobre este aspecto se hace un respetuoso llamado a las legislaturas locales de San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Quintana Roo y Yucatán para que conscientes de la realidad y de los datos estadísticos que se proporcionan, otorguen elementos claros que posibiliten el acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad de los trabajadores; con lo que en buena medida, va en sintonía con la reforma constitucional8 en la materia y que plasma la obligación del Estado de garantizarla.
Como otro elemento que permita normar el criterio de los legisladores federales para la aprobación de la presente proposición es la revisión de la legislación penal en las diferentes entidades federativas del país; dando como resultado que 18 entidades han modificado sus correspondientes códigos penales en el sentido que nos ocupa y que a continuación se señalan:
Algo que sin duda debe llamar la atención a los integrantes de esta Comisión Permanente, es que en la revisión de los dictámenes o diarios de los debate de los congresos que han reformado sus códigos penales coincidentes con la materia que nos ocupa; dichas modificaciones han sido aprobadas por unanimidad –como recientemente se puede observar en el caso de Veracruz– sin importar el predominio de signo partidista que en algunos congresos impera o imperó.
Lo anterior, nos demuestra que es un tema en el que se pueden generar consensos y acuerdos por el fin que se persigue, alejado de cualquier consideración política.
En síntesis el punto de acuerdo que se pone a consideración propone tiene como objeto que las legisladores locales doten a sus autoridades de mejores y mayores herramientas que permitan la persecución, sanción y disminución de las conductas antisociales, ampliamente referidas; y que como lo señaló en su momento la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el año 2011 “...es menester del legislador coadyuvar en la procuración e impartición de justicia, creando normas claras y concisas, allanando en todo lo posible la responsabilidad del Ministerio Público en su encomiendo constitucional de administración de justicia, dotándolo de leyes claras y concisas, no dejando lugar a las lagunas jurídicas”.
De prosperar en el ámbito local las reformas planteadas, estas coadyuvarán a:
• Evitar pérdidas patrimoniales a empresas emisoras.
• Salvaguardar la prestación de más de 305 mil 526 familias.
• Preservar la ayuda complementaria para la canasta básica de las familias trabajadoras.
• Fortalecer el comercio formal.
• Es una forma de combatir a la delincuencia.
• Dar certeza a las inversiones.
• Evitar pérdida de competitividad de la entidad.
• Defender el poder adquisitivo de los trabajadores que impacta directamente su nutrición.
• Armonizar el marco normativo local con la recientemente publicada reforma constitucional en materia de alimentación así como con una ley de carácter federal como es la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores.
Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a través de su Mesa Directiva, emita un atento y respetuoso exhorto a las legislaturas locales de San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Quintana Roo, para que en el ámbito de su competencia, reformen sus correspondientes códigos penales entorno a los delitos que se cometen con vales y dispositivos electrónicos en forma de tarjetas que ponen en riesgo la prestación social que reciben miles de trabajadores para complementar su canasta básica en dichas entidades; y que ponen en riesgo a empresas mexicanas. Como una forma más de contribuir a combatir la inseguridad e impunidad que se vive con mayor intensidad en algunas zonas del país.
Notas
1. Fuente: Encuesta realizada por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad A. C., 2010.
2. Gaceta Parlamentaria No. 17 correspondiente al segundo receso de la LXI Legislatura.
3. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de diversos estados, modifiquen sus códigos penales para que tipifiquen los delitos de robo, fraude y falsificación teniendo como medio comisivo los vales utilizados para el canje de bienes y servicios, a fin de dotar a las autoridades de instrumentos que permitan perseguir y sancionar este tipo de conductas antisociales. Gaceta del Senado, Miércoles 29 de Junio de 2011.
4. César Castro, director del Centro de Análisis y Proyecciones Económicas para México y Oliver Ambía, académico del Tecnológico de Monterrey, coincidieron en que la inseguridad es uno de los principales problemas que limitan la competitividad e inhiben la inversión en México. Excelsior, sección finanzas, junio de 2013.
5. Cuadro 14, página catorce del documento en cita.
6. Cuadro 15, página quince del documento en cita.
7. Artículo 1°. Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores.
8. Diario Oficial de la Federación, 13 de octubre de 2011.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 28 de enero de 2015.
Diputados:Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al GDF a rediseñar el programa Ecobici, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, senadores de la república de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta honorable asamblea el punto de acuerdo de acuerdo a las siguientes
Consideraciones
En México, entre 70 y 80% de los viajes no se realizan en automóvil (ONU-Habitat, 2011), no obstante la mayor parte de la regulación e inversión en movilidad no se canaliza al transporte público, ni a infraestructura para bicicleta, ni para facilitar los viajes peatonales (2012). En términos de gasto público sólo el 22% del gasto dedicado al transporte se invirtió en transporte público y no motorizado, mientras que el 66% se destinó a la construcción de infraestructura enfocada en el automóvil (1).
En el Distrito Federal habitan más de ocho millones de personas, la capital del país es el centro político, académico, económico y cultural de México, es entendible que una urbe de estas dimensiones presente retos importantes en temas como: infraestructura, servicios, transporte y calidad de vida.
Uno de los retos más importantes del Distrito Federal, es el tema de la movilidad y el transporte, de acuerdo con datos de la Secretaria de Transportes y Vialidad del DF (Setravi) el número de viajes metropolitanos (aquellos que cruzan el límite entre el DF y el Edo. México asciende a 4.2 millones por día, la longitud de la red vial en el Distrito Federal rebasa los 10 mil kilómetros, datos que dan cuenta del reto en el tema de la movilidad.
El 16 de febrero de 2010 se puso en marcha la primera fase del programa EcoBici, en la cual se dio servicio a las colonias Cuauhtémoc, Juárez, Roma Norte, Hipódromo Condesa y Condesa, a través de 85 ciclos estaciones con 1,114 bicicletas.
Las 85 cicloestaciones se encuentran distribuidas con una distancia máxima de 300 metros entre una y otra, y localizadas en puntos estratégicos.
El 29 de octubre de 2011, se ampliaron los alcances del programa con una segunda fase que comprende el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se sumaron 5 cicloestaciones más y 12 se reubicaron sumando un total de 90.
Una tercera ampliación del servicio se cumplió 2011, que abarcó las zonas de Polanco y otras. A la fecha se cuenta con 4,000 bicicletas dentro del sistema.
Es un sistema automatizado, en el que los usuarios pueden acceder a las bicicletas ubicadas en cada ciclo estación a través de un sistema de afiliación basado en una tarjeta que los identifica como usuarios registrados.
Los requisitos para poder acceder al programa son ser mayor de 16 años y contar con una tarjeta de crédito o débito para realizar el pago de la inscripción anual, lo que limita el acceso al sistema.
El 15 de diciembre de 2010 se anunció que también podrán asociarse los cargos del servicio a la cuenta domiciliaria de servicio telefónico del usuario (Telmex) con la finalidad de facilitar la población el acceso al programa, sin embargo a través de esta forma de pago, el costo anual ($400.00) se incrementa en un 150% al tener que cubrir $660 pesos extras por utilizar este medio de pago, lo cual, además, beneficia a una de las empresas monopólicas de México.
El servicio de EcoBici es operado por Clear Channel Outdoors y el Gobierno del Distrito Federal. Si el sistema no registra de forma adecuada la devolución existen cargos de hasta 5,000 pesos (cargados de forma automática) lo cual ha tenido como consecuencia críticas y denuncias por parte de los usuarios.
A la fecha dicho sistema abarca las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, exclusivamente y cubre 19 colonias, lo que representa una cobertura del 16% del total de colonias de dichas delegaciones y una cobertura del 13% del total de delegaciones en el Distrito Federal.
En 2013 estaban registrados 95,780 usuarios lo que solo representa el 1.1% del total de habitantes de la Ciudad de México, y el 0.7% si se toma en cuenta la población flotante que trabaja en el Distrito Federal que es de alrededor de 5,000,000 de personas (población flotante).
El uso de bicicleta como medio de transporte representa únicamente el 1% del total de los medios de trasporte utilizados en la Ciudad de México. Al ser un programa tan restringido en su cobertura, se vuelve discriminatorio para 14 delegaciones lo que obliga a los habitantes a utilizar medios de transporte contaminantes, al no tener opciones de movilidad a través de bicicletas.
Dicho programa se convierte en un programa elitista al circunscribirse a dos delegaciones y colonias con poder económico medio-alto y con requisitos de inscripción que no están al alcance de las mayorías, lo que deja a un lado a más de 7 millones de habitantes y 14 delegaciones del Distrito Federal.
Para garantizar un transporte sustentable de largo plazo se requiere un cambio de hábitos y costumbres entre los ciudadanos: pasar de una ciudad en donde se privilegia el uso del automóvil particular a una centrada en la movilidad no motorizada y el transporte público.
Para lograr esto la educación es un factor determinante. Se necesita crear conciencia de los costos sociales que genera el uso excesivo del automóvil y promover los beneficios de las soluciones y opciones de movilidad, como el transporte público, la bicicleta y la caminata. Tanto la educación como la promoción del uso de estos medios deben ampliar y reforzar la comprensión del problema de movilidad en la ciudad, lo que permita a su vez fomentar un análisis crítico sobre la sostenibilidad de diferentes estilos de vida.
Asimismo es necesaria una educación que promueva el respeto en la convivencia de los automóviles, el transporte público, los peatones y los usuarios de bicicletas, que dé seguridad a todos los actores que se movilizan en la Ciudad de México y su área metropolitana.
De acuerdo con el estudio “Políticas públicas destinadas a reducir el uso del automóvil” realizado por Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP por sus siglas en inglés) gracias al respaldo de la Embajada Británica en México y al Fondo de Prosperidad (1), se requiere, entre otras muchas acciones:
Cambiar o impulsar modos de transporte más eficientes como el transporte no motorizado (caminar o uso de la bicicleta) y el transporte público (autobuses, sistema de Metrobús y Metro, entre otros). Esta estrategia es fundamental para reducir el uso del Instrumentos de planeación e incluyen todas las medidas enfocadas en la planificación del crecimiento urbano y su infraestructura.
Estos instrumentos ayudan a reducir la necesidad de viajar, reducir la duración de los viajes y hacer que sea más seguro y más fácil para las personas poder acceder a puestos de trabajo, a instalaciones de ocio y servicios e ir de compras mediante el uso de transporte público, caminando o usando la bicicleta.
Entre estos instrumentos destacan la redensificación, usos de suelo mixto, planeación orientada al transporte y planeación libre de automóviles. Así como la provisión de transporte público y no motorizado, escolar, laboral y sistemas públicos de bicicletas.
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal a rediseñar el programa de EcoBici, con el fin de ampliar la cobertura del mismo y garantizar que el uso de la bicicleta sea seguro para los usuarios y los peatones, de tal forma que sea posible captar un mayor número de usuarios y contribuir la movilidad en la Ciudad de México, desincentivando la utilización del automóvil.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal a instrumentar un programa intensivo de educación vial, para armonizar la convivencia entre los automovilistas, conductores de transporte público, peatones y ciclistas, mediante el cual se establezcan normas básicas para lograr en el menor tiempo posible una movilidad segura, ecológica y sustentable, para los habitantes de la Ciudad de México.
Nota
(1) Estudio “Políticas públicas destinadas a reducir el uso del automóvil” realizado por Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo.
Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 28 de enero de 2015.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al GDF a informar a esta soberanía sobre las reparaciones de la línea 12 del Metro, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República; y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que en el marco de sus funciones, y a través de la Secretaría de Obras y Servicios de la entidad, informe a esta soberanía nacional sobre las medidas y protocolos que se implementaran para garantizar que las reparaciones de la Línea 12 cumplan los estándares de seguridad internacionales, al tenor de las siguientes
Consideraciones
A más de diez meses del cierre parcial de la denominada línea Dorada del Sistema de Transporte Colectivo Metro, las fallas no han sido resueltas ni tampoco hay fecha cierta para ello, peor aún, la falta de transparencia, simulación e informes ambiguos, siguen siendo una constante que se presenta en detrimento de miles de usuarios, peatones y automovilistas.
Desde su apertura, en octubre de 2012, la línea 12 se ha distinguido por irregularidades entre las que se encuentran retrasos en los traslados e imperfectos, hasta cuestiones mayúsculas como el incumplimiento de estándares de seguridad internacional, situación que pone en riesgo la seguridad de la población.
Debido a los alcances de las omisiones e ilícitos por los que se dio el cierre de 11 de las 20 estaciones que la integran, prácticamente todos los sectores de la población se han inconformado por la opacidad e impunidad inherente a este proyecto que lejos de traducirse en beneficios para la ciudadanía, hasta el momento sólo se traduce en un servicio deficiente y ausencia de soluciones efectivas.
Ante este contexto, a través de diversas acciones e instancias tanto legisladores y dependencias, como la sociedad en general, cada uno desde sus respectivos ámbitos, han promovido diferentes recursos para que los responsables respondan por sus acciones u omisiones, y por supuesto para resolver los conflictos hasta ahora generados, sin embargo, no ha habido respuestas favorables.
En este sentido, el Senado de la Republica ha sido y sigue siendo una de las principales instancias defensoras de la población afectada por las deficiencias en la línea 12, así como por el mal uso, destino y ejercicio de recursos públicos en su construcción, mantenimiento y reparaciones permanentes. Al efecto, si bien dependencias como la Contraloría General del Distrito Federal ha manifestado que debido a la naturaleza de las acciones, es evidente la responsabilidad de diversos funcionarios, también lo es que los mismos no han recibido ni penas ni sanciones acorde a los bienes jurídicamente afectados.
Esto ha tenido múltiples consecuencias, en primer lugar ha contribuido a que gradualmente este medio de transporte deje de ser concebido como uno -rápido, limpio, seguro y económico-, y en segundo lugar, que por el contrario, actualmente sea considerado por los usuarios como -lento, incomodo, inseguro e incluso sucio-.
En este sentido, aunado a las múltiples irregularidades propias de la obra emblemática de la última administración del Distrito Federal y ante los resultados insuficientes, en días recientes se dio a conocer incluso cambiando los 30 trenes de esta línea, el desgaste ondulatorio no se resolverá por completo, ante lo cual las empresas certificadoras han recomendado cambiar todos los trenes.
Al efecto, es importante precisar que el análisis respectivo se hizo a partir de los resultados obtenidos en las pruebas llevadas a cabo por la empresa Systra en el tramo elevado de la línea Dorada, en agosto de 2014. Asimismo, la propia certificadora propone como alternativa un cambio de material, a la letra señala que: “posibilidad de cambiar el material rodante con una configuración de tren adecuada a la línea 12 del Metro de la Ciudad de México”.
En relación a la posibilidad de hacer cambios a los trenes para mejorar su inscripción con el trazo de línea, de manera textual refiere que: “No resolverá el desgate ondulatorio ni los esfuerzos generados sobre la vía en radios de curvas pequeñas, sólo mitigará de forma paliativa el acelerado desgaste”.
Por último, Systra y TÜV Rheinland Services México coinciden en que los trenes construidos por la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, con valor por mil 588 millones 152 mil 500 dólares, impide que esta operación sea costeable en virtud de que la configuración actual de los trenes tiene un costo de mantenimiento fuera de lo usual e inaceptables.
Lo anterior se agrava con el hecho de que la propia empresa Systra ha señalado que aunque los parámetros originales de diseño hacen que los trenes puedan operar con seguridad, el índice de riesgo de descarrilamiento está al límite de lo aceptado, el cual a su vez ha sido calificado como “elevado”, respecto al valor máximo de la norma.
Es menester señalar que las fallas e irregularidades referidas no son exclusivas de la línea 12, sino que más bien responden a una generalidad que impera en toda la red de transporte colectivo metro. Aún con el incremento en su tarifa, el servicio lejos de mejorar, de acuerdo con testimonio de usuarios y las constantes afectaciones al tránsito vehicular en calles y avenidas aledañas a las instalaciones de las 12 líneas, su funcionamiento dista de ser aceptable.
En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor de la transparencia y rendición de cuentas, pero sobre todo, de los mecanismos que garanticen la seguridad e integridad de la población de la entidad, de ahí lo importante del presente asunto.
Por lo expuesto, los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI acudimos a esta asamblea a proponer el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que en el marco de sus funciones, y a través de la Secretaría de Obras y Servicios de la entidad, informe a esta soberanía nacional sobre las medidas y protocolos que se implementaran para garantizar que las reparaciones de la Línea 12 cumplan los estándares de seguridad internacionales.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 28 días del mes de enero de dos mil quince.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades federales y estatales a promover la concienciación ambiental y su integración en los planes de estudio, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República; y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en el ámbito de sus facultades fortalezca e intensifique las campañas de concientización ambiental en el país, asimismo, a la Secretaría de Educación Pública y a las correspondientes de los estados y el Distrito Federal, para que promuevan en los planes de estudio la educación ambiental, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La sustentabilidad ambiental es uno de los desafíos a los que nos enfrentamos como país, esto queda de manifiesto ante el panorama que se da en algunas localidades de México, marcada por la escasez de agua, pérdida de bosques y biodiversidad, lo cual hace evidente la necesidad de generar conciencia social frente a estos problemas y fortalecer las acciones de gobierno en la materia.
Ante este escenario, los legisladores del PRI consideramos como prioritario impulsar la educación ambiental en México, con la finalidad de generar actitudes y valores responsables con el medio ambiente y criterios de sustentabilidad ecológica y equidad social. Estamos seguros que es uno de los aspectos educativos necesarios para crear actitudes de respeto a la vida y a la naturaleza.
Para que nuestro país siga transitando hacia la sustentabilidad, es necesario que autoridades federales estatales y municipales de manera coordinada implementen una estrategia integral de educación que promueva conocimientos, valores y actitudes responsables sobre el medio ambiente.
Las acciones ejecutadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales durante la presente administración, como el Programa de Subsidios a Proyectos de Educación Ambiental, Subsidios para Proyectos de Educación Ambiental y el Programa de Mitigación y
Adaptación del Cambio Climático, son un gran avance, sin embargo, estamos convencidos de que es necesario fortalecerlas, para seguir promoviendo la participación de los mexicanos.
En el mismo sentido, la Secretaría de Educación Pública ha realizado esfuerzos importantes, entre las que destaca establecer como optativa la educación ambiental en distintos niveles educativos e incorporar el tema en los libros de texto de preescolar, primaria y secundaria, estas acciones contribuyen a fortalecer una cultura ambiental en las escuelas de zonas urbanas y rurales de México.
Celebramos que exista una coordinación clara entre la Semarnat y la SEP en relación a esta materia, lo cual se traduce en programas concretos, como el Programa de Certificación Ambiental de Escuelas o “Escuela Verde” con el que se promueve que los espacios educativos diseñen planes de gestión ambiental con la participación de la comunidad educativa.
Otro ejemplo es el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable, a través del cual se elaboran e instrumentan distintas estrategias, programas y proyectos para impulsar una cultura ambiental; estos esfuerzos, se reflejan en comportamientos de la ciudadanía a favor del medio ambiente y propician el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y conservación del medio ambiente.
Es importante mencionar que el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable orienta sus acciones al ámbito de la educación formal para generar nuevas formas de intervención educativa a través del trabajo colaborativo.
Lo anterior es necesario para preservar, bosques, humedales, selvas, pastizales y mares, junto con sus más de 2 mil 545 especies marinas y 200 diferentes especies de vertebrados endémicos, y urgente para acrecentar los 25 millones 387mil 900 hectáreas enmarcadas en 176 áreas naturales protegidas -67 áreas son parques nacionales es decir el 38 por ciento, 41 reservas de la biosfera que representan un 23 por ciento, 37 áreas de protección de flora y fauna que asciende a un 21 por ciento, 18 santuarios con el 10 por ciento, 8 áreas de protección de recursos que representa un 5 por ciento y 5 monumentos naturales con el 3 por ciento.
Los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor de la difusión de diferentes acciones que inculquen en las generaciones presentes y futuras la preservación de nuestro planeta.
Por lo anteriormente expuesto, acudimos a esta asamblea a proponer el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en el ámbito de sus facultades fortalezca e intensifique las campañas de concientización ambiental en el país, asimismo, a la Secretaría de Educación Pública y a las correspondientes de los Estados y el Distrito Federal, para que promuevan en los planes de estudio la educación ambiental.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 28 de enero de dos mil quince.
(Rúbrica)
Agenda política
Comentarios sobre el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI
La Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su resolución 60/7 acordó establecer el 27 de enero de cada año como el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, con la finalidad de instar a los Estados miembros a que elaboren programas educativos que inculquen a las generaciones futuras las enseñanzas del holocausto con el fin de ayudar a prevenir actos de genocidio.
El tema para este año es “la libertad, la vida y el legado de los supervivientes del holocausto”, cuyo objeto es recordar tales hechos históricos, así como el respeto de los supervivientes, pero también constituye un llamamiento a la acción para prevenir actos de genocidio y promover la igualdad y las libertades fundamentales.
Pareciera que conforme pasa el tiempo, se olvidan los hechos atroces que atentaron contra la humanidad durante el régimen nazi, por eso existe la necesidad de recordar, pero sobretodo de realizar nuevos esfuerzos contra aquellos actos inhumanos traducidos en la persecución, la deportación, la prisión y la aniquilación de personas, esto con miras a fomentar la coexistencia pacífica y el reconocimiento de los derechos humanos.
No podemos dejar de mencionar que miles de personas sobrevivieron gracias a héroes que arriesgaron todo para ayudarlos, como fue el caso de Gilberto Bosques, el diplomático mexicano que ayudó a escapar hacia nuestro país a centenares de refugiados españoles, judíos, franceses y libaneses, y cuyos actos lo convirtieron en prisionero por las tropas de ocupación alemanas en Francia hasta que las gestiones de nuestro gobierno le permitieron recobrar su libertad.
En aquel momento, y al igual que Bosques, México escogió como compañeros de viaje a las democracias occidentales, despreciando así a los totalitarismos que buscaban sojuzgar al mundo. Esa preferencia nos definió como país y nos otorgó una altura moral de la que hasta la fecha podemos enorgullecernos. Al escoger esa trinchera, nuestro país también eligió por el respeto, la tolerancia y la igualdad entre las naciones. Esta decisión del presidente Ávila Camacho aún nos alcanza y debe ser valorada en su enorme dimensión.
La conmemoración de este año cobra especial relevancia, pues en diversas latitudes están surgiendo movimientos extremistas cuya violencia nos traen de vuelta a los genocidas encabezados por Adolph Hitler. Agrupaciones como Boko Haram, en África; el Estado Islámico y Al Qaeda, en el Medio Oriente, así como diversas agrupaciones extremistas de derecha en Europa nos recuerdan la fragilidad de la memoria histórica, el peligro de releer la historia sin temor a repetir los horrores del pasado, la necesidad de promover más democracia y un mayor respeto a los derechos humanos, no obstante las coyunturas o los vaivenes de la política.
En nuestra nación tenemos la firme convicción de avanzar como sociedad cultivando el respeto hacia las personas y los pueblos, tal y como lo establece la Carta Magna, rechazando tajantemente cualquier práctica de discriminación motivada por orígenes étnicos o nacionales, de género, edad o por discapacidades, condición social, salud, religión, preferencia política, orientación sexual o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Sin embargo, la educación en el ámbito de la tolerancia es una tarea permanente que a todos involucra. De su trascendencia hacia todos los estratos deriva su éxito y es por ello que debe ser fomentada por el estado y la sociedad en su conjunto. Formar en el respeto a los demás mejorará a nuestra democracia, fortalecerá nuestra imagen ante el mundo y nos volverá una sociedad más progresista.
El Grupo Parlamentario del PRI aprovecha la presente conmemoración a fin de recuperar las enseñanzas dejadas por el holocausto, traerlas al presente y proyectarlas hacia el futuro. Nunca estará de más rememorar la forma en que el mal se adueñó de buena parte del mundo durante la Segunda Guerra Mundial, pero tampoco a quienes sacaron lo mejor de sí mismos y demostraron que, aun en medio de la adversidad, las personas pueden elegir entre ser víctimas o victimarios, héroes o asesinos.
Muchas gracias.
(Rúbrica)
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