Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4253-VII, martes 14 de abril de 2015
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Proposiciones de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, la SHCP y el SAT a informar a la opinión pública si se realiza alguna investigación en torno a la probable asignación de contratos a cambio de sobornos en Sonora donde participarían el gobernador Guillermo Padrés Elías y su hermano Miguel Padrés Elías, a cargo del diputado Willy Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado Willy Ochoa diputado federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El pasado jueves 5 de marzo de 2015 el diario estadounidense The Wall Street Journal, publicó un artículo en el que se advierte la posibilidad de actos de corrupción en México, específicamente en Sonora al destacar una investigación por sobornos donde se señala como probables actores al Gobernador de la entidad, Guillermo Padrés Elías y a su hermano Miguel Padrés Elías.
De acuerdo con el diario, el gobierno federal abrió una investigación al respecto, encabezada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, basada en las acusaciones de que los hermanos Padrés Elías recibieron pagos por la cantidad de 3.3 millones de dólares (equivalentes a 51 millones 150 mil pesos al tipo de cambio de 15.50 pesos por dólar), por parte de firmas que ganaron contratos públicos con el gobierno sonorense, equivalentes a 20 millones de dólares (310 millones de pesos).
The Wall Street Journal expone que, según la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, el dinero fue pagado por el empresario Mario Aguirre, para obtener las licitaciones para proveer uniformes escolares.
Adicionalmente, se refiere que la investigación de la SHCP sostiene que Miguel Padrés transfirió 5.7 millones de dólares (88 millones de pesos) a una cuenta bancaria en Estados Unidos, que abrió en 2012, a nombre de Tenerife CV, una firma con sede en Holanda. También se tiene referencia de que Miguel Padrés depositó adicionalmente 522 mil dólares (8 millones de pesos) en otra cuenta en Estados Unidos abierta por su hermano en el 2011, a nombre de Dolphinius, CV, otra sociedad de responsabilidad limitada con sede en Holanda. En total, Miguel Padrés transfirió 8.9 millones de dólares (137 millones de pesos) de cuentas de México a cuentas en bancos de Estados Unidos, desde que su hermano Guillermo Padrés se convirtiera en gobernador de Sonora en el año 2009.
Cabe destacar que el 24 de febrero pasado, tanto el gobernador Guillermo Padrés y su hermano Héctor, Miguel y Julio aseguraron públicamente que su fortuna familiar ascendía a 261 millones 875 mil 633 pesos entre mueblerías y ranchos sin mencionar ni hacer referencia a las cuentas citadas por The Wall Street Journal.
La nota cita la investigación en el sentido de que se realizaron una serie de operaciones en el Sistema Financiero Nacional y extranjero, con recursos que posiblemente tienen un origen ilícito y con un alto grado de probabilidad se operaron con la finalidad de ocultar su origen, localización, destino o propiedad?, también ha sido señalada la ausencia de explicación sobre la raíz de los fondos de Miguel Padrés, ni de sus actividades empresariales ni sus declaraciones juradas.
El gobernador Padrés, ha negado categóricamente haber abierto cuentas bancarias a nombre de la firma holandesa y desconoció la investigación tratando de desacreditarla, achacándola a rivalidades políticas.
Sin embargo, los señalamientos hechos al gobernador Padrés son graves y deben ser aclarados, más aún cuando se ha puesto en entredicho a la investigación, si el gobernador sonorense cuenta con dinero que no debería o cuyo origen sea inexplicable, la tarea de la Secretaría de Hacienda es investigar y la de las instituciones, como esta soberanía, es mantener ojos vigilantes en él.
Siendo necesario recordar que no es la primera vez que el gobernador Padrés se ha visto envuelto en controversias, simplemente basta con evocar una represa en su rancho en Sonora, cuyos habitantes se encuentran a merced de las inclemencias del clima, situación que lo hizo acreedor a una multa y a que se le ordenara la destrucción de la represa, símbolo de su inestabilidad y voracidad.
Las acusaciones en contra del gobernador Padrés son graves y deben ser aclaradas en aras de la consolidación de un servicio público transparente, eficaz y, sobre todo, benéfico para la población y no para privilegiar intereses particularmente en detrimento de la ciudadanía, es por lo anteriormente expuesto, que elevo a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria, a efecto de que informen a la opinión pública si se está realizando alguna investigación con relación a la probable asignación de contratos a cambio de sobornos en Sonora, en el que participarían el gobernador Guillermo Padrés Elías y su hermano Miguel Padrés Elías.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2015.
Diputado Willy Ochoa (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales a convocar a reuniones con el titular de la Profepa y con el encargado del Fideicomiso del Río Sonora para abordar el tema relativo a los derrames tóxicos acontecidos en ese estado, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, Lilia Aguilar Gil, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En la madrugada del 7 de marzo se reportó un nuevo derrame en Cananea, Sonora. En esta ocasión se advierte que la responsable fue Minera María, debido a una falla en el sistema de bombeo, provocando una contaminación de 180 metros cúbicos de solución gastada de cobre.
Según la Procuraduría de Medio Ambiente dicho derrame ha contaminado el arroyo El Tordillo, afectando una longitud de 1.6 kilómetros. Al intentar ejecutora las medidas de control, la empresa no pudo dar inicio a las actividades de neutralización de la solución derramada en el cauce del arroyo debido a un enfrentamiento con los locales.
El desastre ecológico, sucede a pocos kilómetros donde seis meses atrás aconteció el derrame de más de 40 millones de litros de lixiviados de cobre acidulado por una falla en la mina de Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, el cual fue considerado el peor desastre ambiental en la historia de la minería moderna.
Existe una gran preocupación de que este tipo de situaciones sigan sucediendo, por lo que se requiere de atención inmediata y apegada al marco jurídico aplicable por parte de las autoridades encargadas de vigilar y supervisar las medidas que deben adoptar las mineras para prevenir y atender dichos acontecimientos.
De tal suerte se busca evitar que se vulneren nuevamente los derechos humanos, especialmente a un ambiente sano, de los habitantes de la zona, como sucedió con el derrame ya referido, en río Sonora el 6 de agosto de 2014.
Por lo anteriormente descrito se presenta a esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Resolutivos
Primero. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Soberanía para que convoquen a una reunión de trabajo con el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a fin de que informe sobre el seguimiento ante los casos de los derrames de soluciones contaminantes de cobre en los Ríos Sonora y Bacanuchi y recientemente, del arroyo El Tordillo, en el estado de Sonora.
Segundo. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Soberanía para que convoquen a una reunión de trabajo con el encargado del Fideicomiso de Río Sonora a fin de que informe sobre el estado que guarda la afectación causada por el derrame de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi, ocurridos el 6 de agosto de 2014 como consecuencia de las actividades de la minera Buenavista del Cobre.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2015.
Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los congresos estatales, salvo el de Hidalgo y la ALDF, a modificar su marco jurídico que rige las comisiones locales de derechos humanos, a cargo de la diputada Martha Loera Arámbula, del Grupo Parlamentario del PRI
Martha Loera Arámbula, diputada en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I y II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a esta soberanía una proposición con punto de acuerdo al tenor de lo siguiente:
Exposición de Motivos
México es Estado Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño1 que “sienta las bases de una relación jurídica entre los Estados y sus sociedades con los niños y las niñas, a quienes fortalece como sujetos de Derecho, dejando de lado sus anteriores consideraciones como objetos de tutela”.2
Conforme a tal instrumento internacional, corresponde al Comité de los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en inglés), vigilar el cumplimiento de las determinaciones previstas en el mismo, así como en los tres protocolos que se derivan de la propia convención.3 Para ese efecto, ésta determina en su artículo 44, inciso 1, que: “Los Estados Partes se comprometen a presentar al Comité, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, informes sobre las medidas que hayan adoptado para dar efecto a los derechos reconocidos en la Convención y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos [...]” y con base en dichos informes, el Comité puede formular sugerencias y recomendaciones generales (atención, artículo 45 de la convención).
Así, en cumplimiento de tal prevención, nuestro país ha presentado sus informes y con motivo del que sustentó sobre el cumplimiento de las prevenciones del Protocolo sobre a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía el referido Comité observó:
Si bien toma nota de la información de la delegación del Estado parte de que los niños pueden presentar quejas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, preocupa al Comité que únicamente la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reciba quejas de los propios niños, mientras que la interposición de quejas ante todas las comisiones de derechos humanos estatales esta? sujeta a la aprobación paterna. Le preocupa asimismo la escasa independencia y capacidad de las comisiones de derechos humanos a nivel de los estados.4
En esos términos el Comité anotó que en nuestro país aún persisten condiciones que inhiben el acceso de las niñas y los niños a procedimientos administrativos y legales para que, por sí o a través de un representante, intervengan en los que les afecten, contrariándose así [...] el principio de participación en los procesos que sean de su interés, siendo éste la base que determina la capacidad jurídica de la niñez y la adolescencia para actuar directamente y de manera independiente en dichos procesos.5
Ciertamente, hasta esa fecha en que se formuló la observación, en nuestro país los menores sólo podían presentar directamente, ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quejas por presuntas violaciones a sus derechos humanos sin necesidad de representante cuando se pusiera en peligro su vida, la libertad o la integridad física o psicológica. Ahora, y a esta fecha, ya también la Comisión del Estado de Hidalgo las puede recibir. En ambos casos, esos organismos se encuentran facultados en los términos de los artículos 27, segundo párrafo y 57 de las leyes que los rigen, respectivamente.6
De esa manera, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como la del Estado de Hidalgo están facultadas expresamente para recibir quejas de niñas y niños cuando se violentan sus derechos, lo que no acontece tratándose de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,7 ni de los organismos protectores estatales que si bien en algunos casos se prevé que podrán recibir quejas de los afectados, sin especificar si en ese supuesto se incluye a los menores, se estima que, para salvaguardar las facultades y derechos de los mismos y avanzar hacia un sistema garantista sustentado en las prevenciones constitucionales que determinan que en nuestro país todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
En el rango constitucional otorgado a los derechos humanos se determinan los principios de interpretación conforme y de interpretación pro persona a partir de los cuales, por una parte, debe realizarse una interpretación sistémica entre las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente constitucional o convencional, con el resto del texto de la propia Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos y, por otra parte, privilegiar las normas que ofrezcan mayor beneficio a las personas, es decir, que la interpretación no sea restrictiva, sino que se maximice.
En ese contexto, se “[r]econoce la naturaleza jurídica de las normas sobre derechos humanos, que establecen pisos mínimos de protección, y son, por tanto, susceptibles de ampliación e interpretación en el sentido de aplicación más favorable a las personas, que además, pueden integrarse en sus contenidos mediante un sistema de reenvíos hacia otros ordenamientos”.8
México es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño por lo que ha asumido el compromiso, en sintonía con las determinaciones constitucionales señaladas en el apartado anterior, de respetar los derechos previstos en él, así como de asegurar su aplicación a cada niña y niño sujeto a su jurisdicción, adoptando medidas que les protejan “contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares”.9
En ese marco de protección y garantía y con base en el principio rector del Interés Superior de la Infancia,10 el Estado Mexicano ha emprendido diversas acciones que van desde el ámbito de lo administrativo y judicial, hasta el legislativo, para proteger los derechos de los menores y garantizar su ejercicio, a fin de promover su supervivencia, desarrollo, crecimiento y bienestar.
Con base en ello, se transita hacía un modelo de protección de los derechos de los niños y las niñas reconociendo su autonomía y “definiendo las responsabilidades del Estado en la tutela de esos límites”11 y, bajo ese esquema, es importante reconocer y garantizar a los menores la posibilidad de que puedan promover directamente ante instancias administrativas y judiciales, sin necesidad de representación o autorización de quienes ejerzan la patria potestad o tutela sobre ellos, acciones para protegerlos en caso de transgresión.
Las prevenciones internacionales reconocen, en el marco del interés superior que asiste a niñas y niños, su capacidad para ejercer y reclamar sus derechos, así como para intervenir por sí en procedimientos administrativos y jurisdiccionales cuando les asista algún interés jurídico. Al respecto se ha señalado que:
El acceso a la justicia de las niñas y los niños debe considerarse desde las diferentes posiciones en que aquellos pueden encontrarse frente a la administración de la justicia. Sobre este punto, la concepción de los niños y las niñas como sujetos de derecho exige, indudablemente, el reconocimiento y estricto respeto del conjunto de derechos y garantías que en el sistema tutelar les fue negado [...] Las niñas y los niños que se encuentren sujetos a un procedimiento administrativo o judicial gozan de todas las garantías que rigen para el proceso de adultos, así como también de aquellas garantías procesales específicas por ser personas menores de 18 años de edad. Por su parte, el niño y la niña víctima o testigo de un delito deben tener la oportunidad de ejercer plenamente su derecho a expresar libremente sus opiniones”.12
Por tanto, si a nivel internacional se reconoce tal capacidad a los menores y, en nuestro país se avanza ya en ese sentido en materia de amparo, estimo debe continuarse por esa misma ruta facultándose a los organismos protectores de derechos humanos para recibir denuncias y quejas directamente de niñas y niños cuando sus derechos se vean violentados.
Hay que dar pasos en esa ruta y uno fundamental es el de adecuar las legislaciones que regulan la competencia y funcionamiento de los organismos protectores de derechos humanos del país para que puedan recibir tales denuncias y quejas de los menores y, para tal propósito, que mejor que sean los propios organismos quienes promuevan en sus respectivas jurisdicciones tales reformas o adecuaciones normativas.
De esa manera, estoy segura, se abonará a la construcción de mayores condiciones de garantía en beneficio de nuestra niñez, por lo que me permito proponer ante esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los Congresos Locales de las entidades federativas, con excepción de Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al Congreso del estado de Hidalgo, a modificar su marco jurídico que rige las Comisiones Locales de Derechos Humanos, para que expresamente se les faculte a recibir quejas de niñas y niños sin necesidad de que a su nombre las formule un representante cuando se ponga en peligro su vida, libertad o su integridad física o psicológica.
Notas
1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 enero de 1991.
2 García Chavarría, Ana Belem, La Convención sobre los Derechos del Niño (fascículo 8). Colección del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos (obra completa). Comisión Nacional de los Derechos Humanos. México, D.F., 2012. p. 13
3 Se trata del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un Procedimiento de Comunicaciones.
4 Secretaría de Relaciones Exteriores. Informes de México sobre los Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativos a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía, y a la Participación de Niños en Conflictos Armados, México, 2011. Pág. 126. Disponible en línea en http://www.sre.gob.mx/images/stories/docsdh/informes/inforni.pdf
5 García Chavarría, Ana Belem, op. cit., nota 2, p. 40.
6 Disponibles en http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/ley-de-la-cdhdf/ y
http://www.cdhhgo.org/home/images/pdf/Ley%20derechos%20humanos.pdf respectivamente.
7 Que solamente en los términos del artículo 25 de su ley orgánica recibirá denuncias de los menores cuando éstos lo hagan porque los interesados estén privados de su libertad o se desconozca su paradero. Igual situación acontece tratándose de los organismos protectores de derechos humanos de los Estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas.
8 Caballero Ochoa, José Luis, La cláusula de interpretación conforme y el principio pro persona (artículo 1o., segundo párrafo, de la constitución) , en la reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma, Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro (coord.) Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, D.F., 2011, p. 109.
9 Artículo 2 de la citada Convención.
10 “[...] es posible señalar que la disposición del artículo tercero de la Convención constituye un “principio” que obliga a diversas autoridades e, incluso, a instituciones privadas a estimar el “interés superior del niño” como una consideración primordial para el ejercicio de sus atribuciones, no porque el interés del niño sea un interés considerado socialmente como valioso, o por cualquier otra concepción del bienestar social o de la bondad, sino que, y en la medida que, los niños tienen derechos que deben ser respetados, o dicho de otro modo, que los niños tienen derecho a que antes de tomar una medida respecto de ellos se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no las que los conculquen”. Cillero Brun?ol, Miguel, profesor Chileno citado por García Chavarría, Ana Belem, nota 6, p. 27.
11 García Chavarría, Ana Belem, op. cit., nota 2, p. 26.
12 Ibídem, p. 78.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2015.
Diputada Martha Loera Arámbula (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a proporcionar apoyo económico a los menores de 14 años con discapacidad, a cargo del diputado Germán Pacheco Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numeral 1, fracción II, numerales 2 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con puntos de acuerdo, por los que se exhorta al Ejecutivo federal a proporcionar apoyo económico a los menores de 0 a 14 años de edad con algún tipo de discapacidad, a fin de que puedan tener una vida digna, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Según estadísticas de 2012, en México hay 520 mil niños con algún tipo de discapacidad. Estos datos fueron publicados principalmente para conocer las condiciones generales y la situación económica actual en que viven 32.5 millones de mexicanos de 0 a 14 años de edad.
Es relevante que de los 520 mil niños, quienes representan 1.6 por ciento de la población infantil del país reportó tener alguna discapacidad. Con base en los resultados del cuestionario ampliado del Censo de Población y Vivienda de 2010 se identificó que de los 5.7 millones de mexicanos con alguna discapacidad, 520 mil (es decir, 9.1 por ciento) es población de entre 0 y 14 años de edad, cuya mayoría (58.3) corresponde a hombres.
Los niños con discapacidad presentan un reto especial debido a que, a la vulnerabilidad propia de estar en desarrollo, se suma la provocada por su condición de discapacidad. Por ello es importante contar con información actualizada sobre este grupo de la población con el fin de tener las herramientas necesarias para la elaboración y evaluación de políticas públicas.
Las entidades federativas que rebasan el promedio nacional de niños con discapacidad (1.6 por ciento) son Chihuahua, Nayarit, Durango, Tabasco y Guanajuato, con entre 1.9 y 2.1. Por el contrario, las entidades que están por debajo de tal valor son Coahuila, Guerrero y Baja California Sur, con proporciones de entre 1 y 1.3.
La discapacidad más frecuente entre la población de 0 a 14 años es la limitación para caminar, moverse y subir o bajar escaleras, con 29.5 por ciento de casos; le siguen las limitaciones para hablar o comunicarse (28.3), mental (19.3), ver (17.8), poner atención (15.9), escuchar (7.4) y, finalmente, la limitación para vestirse, bañarse o comer (7.3).
En la población infantil, los problemas derivados del nacimiento son la principal causa de discapacidad en todos los tipos (67.4 por ciento); en segundo lugar se hallan la discapacidad por enfermedad (17.8), por más de una causa (6.4) y accidentes (4.9); y hay 3.4 de los que no se especifica el origen.
Las causas de tipo congénito o derivadas del nacimiento tienen un mayor peso en las limitaciones mentales y de comunicación (74.7 por ciento) y de atención (68.5) que en las dificultades para ver, oír, vestirse o caminar; en cambio, en estas últimas, las enfermedades y los accidentes tienen una mayor importancia.
Otro elemento importante a considerar, es el nivel de acceso y permanencia en la escuela que tienen los niños con algún tipo de discapacidad es significativamente inferior comparado con los menores que no presentan alguna discapacidad. De acuerdo con los datos del Censo 2010, 84 de cada 100 niños sin discapacidad asisten a la escuela, mientras 73 de cada 100 en el caso de los que tienen discapacidad.
Es necesario establecer una vinculación estrecha con el sector educativo, que permita a los menores con discapacidad favorecer y potenciar su acceso y permanencia en la educación; así como, impulsar la creación de entornos favorables y accesibles.
El Inegi señala que la atención médica es de gran importancia, de ahí que es relevante conocer a qué institución asisten cuando presentan problemas de salud y si hay diferencias con los niños con discapacidad. Las instituciones de salud a las que asiste la población infantil con y sin discapacidad son las siguientes: Centros de Salud de la Secretaría de Salud; el Seguro Social (IMSS); y los consultorios, clínicas y hospitales privados. Sin embargo, es de resaltar que los niños con discapacidad asisten en mayor proporción a los centros de salud de la Secretaría de Salud (Seguro Popular) que al IMSS o los servicios privados.
Debido a que los niños con discapacidad en México son uno de los grupos poblacionales que siguen enfrentando condiciones de desventaja con relación a sus pares para el ejercicio de los mismos derechos como a la salud y a la educación, es fundamental el papel del Estado como generador de oportunidades y condiciones de acceso, promoción, movilidad y estabilidad para concretar el derecho a una vida digna, y más aún, cuando las familias con un menor con discapacidad se enfrentan a la falta de apoyos para este núcleo, en virtud de los enormes gastos que representa la atención especial de los niños de 0 a 14 años con discapacidad.
La Constitución prohíbe en el artículo 1o. “toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. En el artículo 4o. señala que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.
Con base en lo anterior, las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
La discriminación y desigualdad en las oportunidades de acceso a la salud están estrechamente relacionadas al cumplimiento de los derechos de la niñez; considerando como discriminación a toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas (artículo 4 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación).
De acuerdo con el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (propuesta y ratificada por México en 2007), son personas con discapacidad “aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.
La convención señala en el artículo 7 como una obligación de los Estados parte tomar todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, asimismo, este artículo establece como una consideración primordial la protección del interés superior del niño en todas las actividades relacionadas con las niñas y los niños con discapacidad.
La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual se expidió en 2011, después de un amplio debate para armonizar el marco normativo con la Convención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad precisa que el Ejecutivo federal deberá establecer acciones afirmativas positivas que consisten en apoyos de carácter específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural (artículos 4, 6...), así como la facultad del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a suscribir convenios con el sector gubernamental y los sectores productivos y empresariales, para que se otorguen descuentos, facilidades económicas o administrativas en la adquisición de bienes y servicios públicos o privados, a las personas con discapacidad o sus familias (artículo 42).
Entre otras disposiciones, se establece la obligación de la Secretaría de Salud de crear bancos de prótesis, órtesis, ayudas técnicas y medicinas de uso restringido, que sean accesibles a la población con discapacidad (artículo 7), como ejemplo a cargo del Seguro Popular se otorgan implantes cocleares.
A la Secretaría de Educación Pública corresponde, entre otras disposiciones, proporcionar a los estudiantes con discapacidad materiales y ayudas técnicas que apoyen su rendimiento académico, procurando equipar los planteles y centros educativos con libros en braille, materiales didácticos, apoyo de intérpretes de lengua de señas mexicana o especialistas en sistema braille, equipos computarizados con tecnología para personas ciegas y todos aquellos apoyos que se identifiquen como necesarios para brindar una educación con calidad, así como establecer un programa nacional de becas educativas y becas de capacitación para personas con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo nacional (artículo 12).
Hay disposiciones legales que implican descuentos, facilidades económicas o administrativas para adquirir bienes y servicios, como apoyos educativos y médicos que inciden en favorecer el acceso y ejercicio a derechos de la niñez como son la educación y la salud, a los cuales interesa cubrir la proposición con punto de acuerdo, a fin de garantizar una vida digna.
Por lo expuesto se somete a consideración la siguiente proposición con puntos de acuerdo, en términos de los siguientes
Considerandos
Primero. Los niños con discapacidad presentan un reto especial debido a que, a la vulnerabilidad propia de estar en desarrollo, se suma la provocada por su condición de discapacidad. Por ello es importante contar con apoyo de parte del Estado para que puedan tener una vida digna, sin desventaja con relación a sus pares en el ejercicio de los mismos derechos.
Segundo. La discriminación y desigualdad en las oportunidades de acceso a la salud están estrechamente relacionadas al cumplimiento de los derechos de la niñez; considerando como discriminación a toda distinción, exclusión o restricción que les impida o anule el reconocimiento o el ejercicio de sus derechos y la igualdad real de oportunidades.
Tercero. La Constitución consagra la obligación del Estado a velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades entre las principales están la alimentación, salud y educación; derechos que para un menor con discapacidad es casi imposible obtener, por el costo tan elevado en los tratamientos y servicios que requieren por su condición en sí.
Cuarto. Actualmente, la realidad en la vida de los menores de 0 a 14 años de edad con discapacidad, dista mucho de respetar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (propuesta y ratificada por México en 2007), aún y cuando obliga a los Estados Partes a tomar todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas.
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal y al titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a informar anualmente y publicar en medios electrónicos y escritos sobre los convenios suscritos con los sectores gubernamental y productivos y empresariales a fin de otorgar descuentos, facilidades económicas o administrativas en la adquisición de bienes y servicios públicos o privados dirigidos a las personas con discapacidad, a que se refiere el artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal y al titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a proporcionar una tarjeta a las personas con discapacidad o a los padres o tutores de los menores de 14 años que presentan alguna discapacidad para que hagan válidos los descuentos, y las facilidades económicas o administrativas en la adquisición de bienes y servicios públicos o privados a que refiere el artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Tercero. Se exhorta al Ejecutivo federal y al titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a realizar acciones específicas que garanticen a todas las niñas y los niños con discapacidad el ejercicio pleno de sus derechos humanos fundamentales en igualdad de condiciones como los demás niñas y niños.
Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2015.
Diputado Germán Pacheco Díaz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo al diseño y la implantación de medidas para prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra candidatas en el presente proceso electoral, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del PRD
Las suscritas diputadas, María del Rocío García Olmedo, Martha Gutiérrez, Lourdes Quiñones, Beatriz Zavala y Martha Lucía Mícher Camarena, integrantes de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I, III, IV y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar a las autoridades electorales a garantizar la seguridad de las candidatas mujeres en la presente contienda electoral, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
La participación política de las mujeres, es hoy por hoy un derecho humano cuyo libre ejercicio debe ser plenamente garantizado por el Estado mexicano, a través de las instituciones electorales.
No obstante la vigencia de ese derecho, el actual proceso electoral ha dado cuenta de que en nuestro país, a pesar del reconocimiento jurídico de los derechos políticos de las mujeres, participar en este ámbito para las mujeres sigue representando un gran desafío, particularmente porque la violencia política en su contra es una realidad, esa violencia que se traduce en acciones y/o conductas agresivas cometidas por una o varias personas por sí o a través de terceros, que causan daño físico, psicológico o sexual en contra de una o varias mujeres y/o de sus familias, en el ejercicio de su ciudadanía política, merma el pleno desarrollo de sus capacidades en el ámbito político-electoral y en la toma de decisiones.
La prevalencia de expresiones de discriminación y violencia contra las mujeres en el ámbito de la participación política, nos coloca frente a una problemática estructural, tan compleja como preocupante. El reciente homicidio de Aidé Nava pre candidata del Partido de la Revolución Democrática a una alcaldía de Guerrero, quien fue emboscada y brutalmente asesinada o las persistentes amenazas de muerte contra Gabriela Cano, candidata a una diputación federal por del Partido Acción Nacional en el estado de Morelos, quien junto con su asistente fue encañonada tras exigírsele recursos económicos de la campaña, son indicadores de un exacerbado ánimo machista y misógino latente en el contexto electoral, que demuestra la resistencia de algunos sectores frente al avance democrático que trae consigo el respeto a la paridad de género, tal como lo prevé nuestra Constitución Política.
Consideramos que ninguna expresión de violencia contra las mujeres puede justificarse y quedar impune, pero sobre todo abogamos para que las autoridades electorales asuman con responsabilidad su obligación de generar las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres, libre de discriminación y violencia.
Estamos frente a graves expresiones de violencia política contra las mujeres y ante la ausencia de normas específicas que se hagan cargo de la misma, por lo que es indispensable que las autoridades electorales tomen medidas con carácter de urgente para evitar que la escalada violencia contra las mujeres en este proceso electoral, llegue a tener consecuencias irreparables.
Creemos que las autoridades electorales deben orientar mayores esfuerzos para transformar el clima de violencia y adversidad al que están expuestas las mujeres en este proceso electoral. Las instituciones competentes, deben mantenerse alertas y garantizar con inmediatez condiciones de seguridad para las mujeres contendientes, durante todos los meses que comprende las campañas electorales.
Consideramos que la protección y seguridad de las candidatas es un asunto que debe ser prioritario en la agenda de los gobiernos de federal, de los estados y del Distrito Federal, que no debe soslayarse pues la violencia política contra las mujeres es vergonzosamente aberrante e inaceptable.
Al margen de ideologías políticas, las diputadas de todos los partidos, externamos a las autoridades de nuestro país nuestro temor y preocupación por las recurrentes e impunes manifestaciones de violencia en contra de diversas candidatas.
Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados respetuosamente exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y a los Consejos Generales de los Organismos Públicos Electorales de las Entidades Federativas, a diseñar y aplicar las medidas pertinentes para prevenir, atender la violencia contra las mujeres candidatas así como para garantizar la seguridad de éstas en el marco del actual proceso electoral.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados respetuosamente exhorta a los gobiernos federal, de los estados y del Distrito Federal, a las autoridades de procuración y administración de justicia de la Federación y de las entidades federativas a efecto de investigar y en su caso sancionar la violencia contra las mujeres candidatas así como para garantizar la seguridad de éstas en el marco del actual proceso electoral.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 14 de abril de 2015.
Diputadas: Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), Lourdes Eulalia Quiñones Canales, Beatriz Zavala Peniche (rúbrica), Martha Gutiérrez Manrique (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al titular de la SEP a implantar un programa de becas especiales que proporcione a niños y a jóvenes de los grupos sociales más vulnerables apoyos económicos para cubrir el costo de uniformes, útiles escolares, transporte y alimentación, a cargo de la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quien suscribe, Gabriela Medrano Galindo, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La deserción escolar, definida ésta como el abandono de las actividades académicas antes de terminar algún grado o nivel educativo, es un fenómeno que genera elevados costos, tanto sociales como privados, por lo cual su atención se ha vuelto de interés prioritario en la agenda pública de los países que la padecen.
Entre los costos sociales de la misma se encuentran aquellos que derivan de disponer de una fuerza de trabajo menos competente y más difícil de integrar al mercado laboral, así como los surgidos de contar con un capital social incapacitado para colaborar activamente en el desarrollo económico y social de la nación, lo cual, indudablemente, tiene efectos negativos en los niveles de bienestar de la población y provoca un desequilibrio entre los deberes y derechos ciudadanos.
En el caso de niños y adolescentes, el precio de la deserción escolar es advertido cuando el ocio, la sustracción de los ambientes controlados por la disciplina y la indefinición de objetivos productivos, inciden en la construcción de entornos inseguros, propios para la generación de climas de violencia y la comisión de actos delictivos.
Entre los costos privados de la deserción escolar, están la reproducción de las desigualdades sociales, la pobreza y su repercusión en la integración social.
Los individuos que carecen del conocimiento, de la formación y orientación que se obtienen en la escuela son más proclives a incurrir en conductas de riesgo que trastocan su seguridad, integridad física, salud, libertad e incluso su propia vida.
Al decidir o verse obligados a abandonar la escuela, los niños y adolescentes inciden negativamente sobre las posibilidades de llevar a cabo una vida adulta plena pues impiden que la escuela cumpla con las funciones que tradicionalmente se le han asignado, entre las que se encuentran:
• Ser el lugar en donde los jóvenes adquieren conocimientos científicos, técnicos y culturales que les permitirán contar con la información necesaria para discernir lo conveniente de lo inconveniente, lo bueno de lo malo, o bien, lo sano de lo insano.
• Recrear y reproducir valores y bienes culturales, previamente consolidados y legitimados, que fundamenten los lazos sociales.
• Propiciar el aprendizaje y práctica de las normas, reglas y costumbres de la comunidad, de tal manera que éstas encuadren la búsqueda del bienestar personal y social en un marco de plena legalidad.
• Informar a los educandos para que puedan saber y comprender las implicaciones de incurrir en conductas riesgosas.
Además, la formación académica contribuye de manera directa en la obtención de un empleo digno, es decir, a mayor educación mayor probabilidad de alcanzar la estabilidad y el éxito laboral.
Tan sólo por citar un ejemplo de lo anterior, en el Distrito Federal existe una diferencia de 14.6 por ciento en la tasa de ocupación de la población adulta sin instrucción con respecto a quienes cursaron la educación superior. Asimismo, destaca que únicamente 43 por ciento de la población entre 15 y 29 años que no cuenta con educación básica posee un empleo estable y formal, lo cual contrasta con el 71.4 por ciento de quienes lograron acceder a la universidad.
La deserción escolar no es una decisión individual pues está condicionada por diversos factores contextuales. Entre las principales causas de este fenómeno se encuentran la integración temprana al mercado laboral, situaciones familiares adversas, el rechazo de instituciones de nivel medio superior y superior, la falta de motivación y la reprobación escolar.
De acuerdo a datos obtenidos del documento Principales cifras del sistema educativo nacional , elaborado por la Secretaría de Educación Pública, un millón 47 mil 718 niños y jóvenes que se inscribieron para cursar el ciclo 2012-2013 dejaron la escuela antes de que éste concluyera. La cifra anterior arroja un promedio de 5 mil 238 alumnos que dejan la escuela cada uno de los 200 días de clase que conforman un ciclo escolar.
Es importante destacar que el porcentaje más alto de abandono se presenta en el bachillerato, en donde se registra una tasa de deserción escolar de 14.5 por ciento, equivalente a cerca de 485 mil jóvenes.
En el compendio citado se destaca que los recursos públicos que se gastan en la educación de los alumnos de cada nivel educativo es de 14 mil 100 pesos para los alumnos de primaria, 21 mil 600 para la educación secundaria, 30 mil 200 para el bachillerato y 67 mil 600 para el caso de los universitarios. Con base en lo anterior, el costo total de la deserción escolar en el ciclo 2012-2013 ascendió a más de 34 mil millones pesos.
La titular del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Sylvia Schmelkes Del Valle, señaló recientemente que la deserción escolar es un problema de la mayor relevancia, pues afecta a 20 por ciento de una generación de secundaria y hasta 40 por ciento de una perteneciente al nivel medio superior. Uno de cada tres niños de 15 años se encuentra fuera de la escuela, y una quinta parte de los jóvenes de entre 18 y 24 años no continúa su instrucción.
Uno de los principales problemas que registra el INEE es la inequidad educativa por la desigualdad en el acceso a la escuela, sobre todo, para los niños de 3 años y para la población que se encuentra entre los 13 y los 17 años, por lo cual recomienda revertir esta tendencia del gasto público y recurrir a la innovación educativa a favor de los que más lo necesitan, venciendo así una situación inercial.
Por tal motivo, es necesario lograr la disminución de la cantidad de alumnos en riesgo de dejar la escuela. Identificarlos, caracterizar las condiciones de su vulnerabilidad y buscar alternativas pedagógicas que favorezcan su permanencia en la escuela, son algunas de las acciones propuestas por el INEE.
En conclusión, la deserción escolar es un fenómeno que se ha acrecentado hasta el punto de alcanzar a poco más de la cuarta parte de los estudiantes potenciales de entre 12 y 18 años de edad en el país. Detener este crecimiento, supone intervenir a nivel de la economía de las familias para evitar que los motivos económicos sigan siendo la principal razón por la cual más de un millón de niños y jóvenes se ven obligados a abandonar sus estudios.
En este sentido, resulta de suma importancia apuntalar económicamente a los estudiantes y sus familias. Es sabido que el gobierno de la República ha realizado importantes esfuerzos con el propósito de apoyar a los niños y jóvenes en situación de desventaja, pues durante el ciclo escolar 2013-2014, según el segundo Informe de Labores de la Secretaría de Educación Pública, se otorgaron 7.6 millones de becas para alumnos de escuelas públicas en todo el país, lo cual implica que actualmente 3 de cada 10 estudiantes recibe algún tipo de apoyo para continuar su formación académica.
No obstante lo valioso de dichos esfuerzos, éstos no han sido suficientes para conjurar el riesgo de que un cierto sector de niños y jóvenes mexicanos abandonen sus estudios por no contar con todos los elementos necesarios para garantizar su permanencia en la escuela, tales como útiles escolares, uniformes, alimentación y transporte.
En virtud de lo anterior, en el Partido Verde Ecologista de México consideramos que la Secretaría de Educación Pública debe implementar un programa de becas especiales que brinde a los niños y jóvenes de los grupos sociales más vulnerables apoyos económicos suficientes para cubrir el costo de los uniformes, útiles escolares, transporte y alimentación que se requieren para garantizar la conclusión de los estudios que por ley son obligatorios en nuestro país.
Por lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a implementar un programa de becas especiales que brinde a los niños y jóvenes de los grupos sociales más vulnerables apoyos económicos suficientes para cubrir el costo de los uniformes, útiles escolares, transporte y alimentación que se requieren para garantizar la conclusión de la educación obligatoria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2015.
Diputada Gabriela Medrano Galindo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la creación de la universidad de la energía en Tabasco, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Nelly del Carmen Vargas Pérez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La cobertura en educación superior en el país alcanza apenas alrededor de 24 por ciento del grupo de edad escolar correspondiente, y la oferta que mantiene y reproduce se ubica en disciplinas que ya no se corresponden con la producción y transferencia de nuevas áreas del conocimiento moderno, de tipo inter y transdisciplinario.
Efectivamente, como se ha dicho en otras partes, la educación no puede solucionar ni la pobreza ni las crisis políticas, pero sin ninguna duda, sin su intervención no podrán edificarse las bases constitutivas de un nuevo desarrollo más justo y democrático. Es una condición necesaria aunque no siempre suficiente.
Esto supone el impulso a la creación de un tipo de universidad y de sistema de producción de conocimientos distinto, que haga de lo educativo y de la educabilidad un proceso institucional compartido, participativo y deliberativo para centrar sus objetivos en construir nuevos conocimientos que puedan ser apropiados con fines de transformación y liberación. Ello tiene que ver también con la redimensionalidad de esta formación y de la construcción educativa, con la gestión de los conocimientos y su organización desde formas distintas, porque desde allí es que se reproducen modelos de organización social, familiar y relaciones interpersonales que pueden superar las actuales estructuras piramidales, asimétricas y autoritarias, por otras de corte eminentemente participativas y comunitarias, que puedan llegar a operar por encima de las prácticas dominantes que buscan en lo fundamental la desorganización y la confrontación de los grupos mayoritarios de la sociedad entre sí, para diferenciarlos y sojuzgarlos.
Es por ello que la propuesta que aquí se presenta busca incrementar la capacidad del sistema de educación superior nacional, así como organizar la oferta educativa en áreas de frontera y de gran impacto en la sociedad y la producción, ubicando la misma en un estado, como lo es el de Tabasco, en donde se cuenta con condiciones óptimas para el despliegue de esta propuesta, dada su cercanía con campos petroleros, sus excepcionales condiciones medioambientales que deben protegerse, una gran capacidad educativa y tecnológica instalada y la infraestructura para lograrlo, así como con la voluntad política de un gobierno, como el del licenciado Arturo Núñez, que ha decidido ubicar la educación como prioridad de su política pública, desde una visión adecuada a la construcción de una sociedad del conocimiento, y del aprovechamiento de los saberes para fines de bienestar y desarrollo económico y social.
Desde las perspectivas estratégicas de una propuesta como esta, se debe concebir que el cambio estructural de una Universidad de la Energía debe ser un imperativo, y que en éste juega un papel muy relevante la puesta en marcha de decisiones que se orienten de manera explícita a la innovación y al cambio de manera integral en el conjunto del sistema educativo. El propósito fundamental de esta acción debe estar dirigido a fortalecer los componentes claves de la integración y la articulación de los sujetos, instituciones, agencias y recursos para garantizar una estructura flexible de redes y de movilidad académica que evite sustituir, alterar o dirigir la iniciativa local.
Crear la Universidad de la Energía en la zona centro del estado de Tabasco, como una institución de investigación y formación de profesionales relacionados con los campos del conocimiento de la existencia, aprovechamiento, control y producción de la energía desde tres ámbitos de su estudio y aplicación, a saber: el subsuelo, el suelo y la atmósfera.
Dar sustento a la creación y desarrollo de una institución de educación superior (IES), en un estado que cuenta con todos los componentes y elementos del contexto de su aplicación, como lo es el de Tabasco.
Este proyecto de creación de una nueva universidad, por el modelo de innovación que impulsa, estaría organizado para producir y transferir un alto valor social en conocimientos y aprendizajes relacionados con la energía , con la pertinencia y responsabilidad social en sus tareas y procesos académicos, y de bien público de la institución hacia su entorno. La transformación de sus estructuras irán tomando el cuerpo de una red que se sostiene en plataformas de cooperación interinstitucionales de todo tipo y nivel desde proyectos compartidos, con una muy amplia movilidad de académicos y estudiantes, con la coparticipación de recursos, instalaciones y equipo y con una orientación educativa no punitiva sino sustentada en un aprendizaje múltiple, significativo, complejo, interdisciplinario e inter y transcultural. Los valores educativos se comparten y son motivo de análisis e investigación, la docencia se articula con la investigación cognitiva y se da un fuerte impulso a la investigación estratégica con el objetivo de que el cambio de contenidos sea permanente y en correspondencia con el logro de objetos de conocimiento y aprendizaje, la creación de nuevas habilidades y capacidades de resolución de problemas desde el contexto de su aplicación. Este modelo se articula con una amplia posibilidad de innovación, con actores comunitarios y regionales, nacionales e internacionales que la impulsan de adentro hacia afuera de la universidad.
Esta concepción de nueva universidad se sostiene en la construcción de una identidad que hace posible la fortaleza institucional enraizada en la problemática social, en la comprensión de la necesidad de impulsar un desarrollo original, en la búsqueda de reconstituir las capacidades de las personas como actores reales de su proceso cognitivo y en evitar que la educación siga siendo un mecanismo de desigualdad, de violencia, de competencia mercantil y de diferenciación racista.
Desde la formulación académico institucional anterior, la estructura y proceso académico (así como las carreras que se proponen) de la Universidad de la Energía, sería la siguiente:
1. Primer tramo formativo: tronco básico interdisciplinario. Duración dos semestres.
2. Segundo tramo formativo: ingreso a alguna de las tres áreas de conocimiento:
a) Energía del Subsuelo (geofísica, geología, gas, petróleo, minerales, etcétera).
b) Energía del Suelo (áreas acuíferas y marítimas –ríos, mar, extracción petrolera, medio ambiente, sustentabilidad, nuevas tecnologías de aplicación, etcétera).
c) Energía de la Atmósfera (viento, sol, ciencias del espacio, etcétera).
3. Tercer tramo formativo: ingreso a la especialidad en alguna de las tres áreas anteriores, sobre la base de proyectos de generación de conocimientos, su aplicación y generación de empresas relacionadas.
Por lo anteriormente expuesto presentamos ante el pleno de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que en conjunto con Petróleos Mexicanos, impulse la creación de la Universidad de la Energía, en el estado de Tabasco, como una institución de investigación y formación de profesionales relacionados con campos del conocimiento para el aprovechamiento y desarrollo de la energía, desde tres ámbitos de su estudio y aplicación, a saber: el subsuelo, el suelo y la atmósfera en el estado de Tabasco, con recursos compartidos para su ejecución y función en el próximo periodo electivo con los primeros 150 espacios.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2015.
Diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta lo mismo a las Comisiones de Hacienda y Crédito Púbico, y de Presupuesto y Cuenta Pública que al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas a sostener reuniones sobre los temas de ajuste preventivo del PEF de 2016, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, Lilia Aguilar Gil, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En fecha reciente, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, anunció que en 2016 habrá un nuevo recorte presupuestal y se elaborará con base a una metodología de presupuestar que se conoce como de Base Cero.
La Secretaría de Hacienda propuso para el año entrante al Congreso de la Unión un ajuste preventivo al gasto adicional por 135 mil millones de pesos, que permitirá mantener el compromiso con la trayectoria de déficit decreciente.
La dependencia federal envío al legislativo los pre-criterios presupuestales para el año entrante, en lo que el gobierno federal calcula una caída de los ingresos públicos de 88 mil 700 millones de pesos respecto a lo previsto para este año, resultado de menores ingresos petroleros por 287 mil 300 millones de pesos.
Una disminución de 170 mil millones de las entidades de control directo, Pemex y CFE, a consecuencia, particularmente, de la reducción de las tarifas eléctricas, compensada parcialmente por mayores ingresos tributarios (ISR, IVA, IEPS) por 208 mil 600 millones de pesos, de manera significativa por la aplicación del IEPS a las gasolinas.
Se prevén ingresos presupuestales por 4 billones 74 mil 92.9 millones de peso, que significa 2.1 por ciento menos en términos reales que en 2015, y en un gasto neto pagado por 4 billones 660 mil 91.9 millones de pesos, es decir 3.5 por ciento menos que este año.
Bajo el concepto de presupuesto base cero, se considera la eliminación o modificación de programas en términos de su vinculación a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, así como de programas de bajo desempeño de acuerdo con el Sistema de Evaluación del Desempeño; la fusión de programas complementarios o duplicados; la re-sectorización de programas y estructuras para una mejor vinculación institucional y administrativo, la eliminación de estructuras organizacionales cuyas funciones sean similares o complementarias con otras estructuras, así como la asignación del gasto de operación y administrativo estrictamente necesario.
Se puntualiza que los pre-criterios de este año se presentan bajo un entorno externo complejo que tiene repercusiones sobre las finanzas públicas. Destaca la caída del precio del petróleo y la mayor volatilidad de los mercados financieros asociada a la normalización de la política monetaria en Estados Unidos.
La Secretaría de Hacienda ajustó a la baja la estimación de producción petrolera y con ello se planteó una plataforma de 2 millones 288 mil barriles diarios para este año y de 2.4 millones para 2016. Estos niveles no implican una disminución de las metas de producción para Pemex, sino un escenario conservador que permitirá al gobierno federal realizar estimaciones de finanzas públicas responsables, así como tomar las medidas necesarias para que, en caso de materializarse dicho escenario, cuente con los márgenes fiscales suficientes para cumplir con la trayectoria de déficit decrecientes desde 2013.
La Secretaría de Hacienda informó que para 2016 se considera un precio de 55 dólares por barril de la mezcla mexicana de petróleo de exportación, lo que representa una disminución de 24 dólares por barril respecto a la Ley de Ingresos de la Federación de 2015. Dicha reducción representa una presión importante para las finanzas públicas que no podrá ser compensada con instrumentos financieros, como en 2015 (en referencia a las coberturas petroleras), o con un aumento en la plataforma de producción, dado el tiempo necesario para la maduración de la reforma energética.
Asimismo se establece que el ajuste descansará en reducciones al gasto programable. Las presiones y los compromisos de gasto no programable implican una reducción del gasto programable en 2016 de 135 mil millones de pesos (0.7 por ciento del PIB) respecto al estimado de cierre para 2015, equivalente a una reducción anual de 4.3 por ciento real. Este ajuste de gasto representa un reto para las finanzas públicas del país.
El gobierno federal tiene un reto importante para construir el Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF, de 2016 base cero, el Estado tiene compromisos ineludibles que le dejan un margen de acción limitado.
México tiene obligaciones financieras inevitables, como el costo financiero de la deuda pública, el pago de pensiones, seguridad social, entre otros, que en los últimos años han representado cerca del 70 por ciento del gasto público cada año.
“Queda entre el 27 por ciento y 28 por ciento con el que se puede revisar y ver los programas que se pueden hacer más eficientes o recortar.
Por lo que es importante que el presupuesto base cero sea una discusión pública ya que la Secretaria de Hacienda entrega el paquete económico 2016 en el mes de septiembre ya habrá una nueva legislatura.
Asimismo, es indispensable que el secretario de Hacienda refiera cuales son los montos esperados para los ingresos de la federación en 2016, como pretenden que el excesivo endeudamiento federal se abata, para disminuir los requerimientos financieros del sector público y finalmente como se establecerán las bases para cumplir con el plan de austeridad, que no perjudique a los programas sociales destinados a la genta más marginada.
Por lo expuesto, se somete a consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo.
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que convoque a una reunión de trabajo a los Subsecretarios de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Fernando Aportela Rodríguez y Miguel Messmacher Linartas, para tratar los temas del ajuste preventivo del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 y la reingeniería presupuestal bajo el concepto de presupuesto base cero.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las Comisiones de Hacienda, de Presupuesto y Cuenta Pública y al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, para que lleven a cabo mesas de trabajo con la Auditoría Superior de la Federación, expertos en la materia, y diputados federales de la presente legislatura, respecto a los pre-criterios presupuestales y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2015.
Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades federales y de Sonora a instalar una mesa de diálogo para responder a las demandas de las familias afectadas por el derrame de lixiviado de cobre y metales pesados por la actividad minera de Grupo México, a cargo del diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, de la agrupación Movimiento Regeneración Nacional
Diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y de la Agrupación de Diputados Afiliados al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta Cámara de Diputados, el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El 20 de septiembre de 2014, la mina Buenavista del Cobre, propiedad de la empresa Grupo México, informó a la Comisión Nacional del Agua, Conagua, que el 16, 17 y 18 de ese mes se registró un derrame de tóxicos hacía los afluentes del río Sonora, aduciendo como causas del hecho a las fuertes lluvias que se presentaron en esa entidad.
De acuerdo con el reporte enviado al Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, la fuga de lixiviados de cobre y agua pluvial se presentó en los represas Tinajas 1 y Tinajas 21 .
Según la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, los costos del ecocidio provocado por el derrame de 40 millones de litros de lixiviados de cobre en los ríos Sonora y su afluente el Bacanuchi, fueron estimados de manera preliminar en mil 800 millones de pesos.
En octubre de 2014 el procurador Guillermo Haro Bélchez aseguró que los daños a la flora y fauna a lo largo de más de 270 kilómetros de cauces naturales se conocerían a mediano y largo plazo, cuando los efectos de los metales pesados fueran patentes, situación que sería informada a través de un estudio que se haría público2 .
Indicó también que Grupo México, responsable del derrame tóxico, debería presentar a finales de octubre de 2014 su proyecto de remediación ambiental para el arroyo Las Tinajas y la presa "El Molinito", ambos ubicados en los recorridos del río Bacanuchi y el río Sonora.
En ese tenor, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS, indicó que, como parte de las visitas de verificación llevadas a cabo en la mina Buenavista del Cobre, la empresa minera debía corregir 267 irregularidades que garantizaran la seguridad en las instalaciones. La Secretaría solicitó en ese momento medidas técnicas de seguridad e higiene en tuberías conductoras de fluidos; prevención y protección contra incendios; salidas de emergencia y rutas de evacuación; equipo de protección personal y condiciones de seguridad; equipo y maquinaria; así como la mejora de condiciones en edificios y centros de trabajo.
Alfonso Navarrete, titular de la STPS, señaló que se establecieron plazos para el cumplimiento de estas medidas técnicas, recalcando que si la empresa caía en incumplimiento, podrían aplicarse multas de hasta 5 mil salarios mínimos por cada falta.
No obstante la cobertura mediática que ha recibido el asunto y el rio de declaraciones hechas por diversos actores, actualmente el incidente sigue afectando gravemente la salud, economía y estabilidad familiar de los habitantes de las inmediaciones del río Sonora.
Ante estas circunstancias, los ciudadanos sonorenses, en pleno uso de sus derechos políticos, han conformado un frente común para exigir de parte de la empresa Grupo México el resarcimiento del daño, no sólo en el ámbito ecológico sino también por las complicaciones financieras en las que se han visto inmersas las familias afectadas.
Como un medio para manifestar esta demanda, un grupo de miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, han permanecido desde el 16 de marzo a las afueras de la planta de rebombeo "Los Patos" en Buenavista del Cobre, con la finalidad de establecer un diálogo con los representantes de Grupo México, sin que hasta el momento hayan recibido respuesta alguna.
Esta situación de indiferencia por parte de los concesionarios agrava la deplorable situación ambiental y económica que se vive en esa región de Sonora. La calidad de vida de los habitantes de los ríos afectados está en riesgo con cada día que transcurre sin una solución consensuada entre las partes involucradas, razón por la que consideramos que es inaplazable la actuación de las autoridades correspondientes para atender dicha problemática.
Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, del Trabajo y Previsión Social, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al gobernador de Sonora, así como a los titulares de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios a instalar de inmediato una mesa de diálogo y dar respuesta a las demandas de las familias afectadas por el derrame de lixiviado de cobre y metales pesados por la actividad minera de la empresa Grupo México.
Notas
1 Fuente: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/09/20/982749
2 Fuente: http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=356122
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2015.
Diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a implantar asignaturas y programas educativos relativos al emprendimiento en los niveles de educación básica, media superior y superior, a cargo del diputado Alberto Leónides Escamilla Cerón, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado Alberto Escamilla Cerón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción IV, artículos 100 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo con base en la siguientes
Consideraciones
Respecto al emprendimiento, cabe hacer mención que diversos columnistas, investigadores y estudiosos de la lengua española señalan la palabra emprendedurismo o emprendurismo como incorrectas por provenir de la palabra en ingles entrepreneur , por lo que el término correcto según la real academia de la lengua española es emprendimiento1 , dicho esto el punto de acuerdo que vengo a presentar es para que esta Cámara haga un exhorto a la Secretaría de Educación Pública federal para que la misma haga una revisión minuciosa de los planes de estudios y programas educativos y una vez hecha dicha revisión, sean implementadas en ellos, modificaciones para que incluyan materias relacionadas con el emprendimiento como habilidades relacionadas a la administración de proyectos, a las finanzas y hasta de contabilidad, que se incluyan desde el nivel básico, medio superior y superior dado que nuestro país, según recientes estudios, se sitúa con bajos estándares de cultura y educación para emprendedores, en algunos portales financieros se informa que en el año 2013 “el emprendimiento de la población en general en México a nivel América Latina, sólo superó a Panamá, que registra una tasa de actividad emprendedora (TEA, por sus siglas en inglés) de 9 por ciento, mientras que Ecuador se apunta como el primer lugar de la región en la actividad emprendedora con una tasa de 27 por ciento, de acuerdo con datos de Global Entrepreneurship Monitor (GEM).
Margarita Chico, directora corporativa de Comunicación de trabajando.com México, comentó que de acuerdo con un estudio que realizaron, 85 por ciento de los jóvenes mexicanos quiere emprender pero pocos son los que logran alcanzar el objetivo.
A su vez, Hugo Beteta, subdirector regional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en México, señaló que los principales obstáculos que encuentran los jóvenes son la falta de financiamiento, falta de contactos, escasa formación empresarial y carencia en el sistema educativo de la cultura emprendedora2 , sin embargo atendiendo la razón de este punto de acuerdo de implementar dichos cambios en la estrategia educativa nacional, lograríamos efectuar un universo de nuevas oportunidades al ampliar los mecanismos de aprendizaje de las nuevas generaciones en relación con el emprendimiento, logrando un gran avance en la educación a nivel nacional, lo que traería como consecuencia en algunos años, cuando los estudiantes que reciban este nuevo modelo de educación sobre emprendimiento, un impacto en la economía general de nuestro país al generar las condiciones para que los estudiantes, al ir terminando sus estudios, tengan las herramientas y sobretodo el conocimiento para desarrollar una empresa, lo que se reflejaría en los recursos económicos de cada familia mexicana, con esta nueva educación podemos lograr un gran cambio en la forma de pensar y de trabajar de las nuevas generaciones, inculcándoles una educación más innovadora enfocada a los negocios y el emprendimiento, ya no saldrán de sus estudios con el miedo al futuro y con un panorama desconocido donde deben buscar algún espacio para desarrollarse, sino que ellos crearán esos espacios y saldrán ya con el conocimiento que se requiere para ser emprendedores de sus propias empresas si así lo desean.
En números el GEM indica que en México, 45 por ciento de la población mexicana adulta percibe que hay buenas oportunidades para iniciar un negocio3 , si este es el panorama de la población adulta aun teniendo una educación deficiente en el tema, con una educación enfocada en emprendedores podríamos formalizar el ímpetu de los jóvenes para emprender.
Tenemos que aprovechar el contexto que nuestro país está viviendo con las políticas económicas impulsadas por la actual administración federal y aprobadas en esta Cámara, entre las que sobresalen las reformas estructurales como la energética, de telecomunicaciones, laboral, fiscal, educativa y de competencia económica, así como programas y proyectos específicos como el Fondo Nacional del Emprendedor y crear las bases de una mejor educación financiera desde el sistema educativo mexicano.
Según datos del GEM, el nivel educativo que registra tasas de emprendimiento más altas en negocios con más de 3.5 años de vida es el de educación técnica o superior e incluso posgrado4 , si educamos desde su inicio en el sistema educativo a nuestra niñez y juventud podríamos alcanzar cifras mayores de éxito en las empresas.
Como joven y habiendo estado siempre cerca de la juventud, puedo decir que muchas de las solicitudes, sugerencias o pedimentos de las familias en todos los rincones a donde me he dirigido, se refiere a algún tema económico, de falta de educación y de oportunidades, por lo que estoy convencido de que la forma más eficaz de que detonemos la economía de nuestro país es educando.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a realizar un estudio minucioso de los actuales planes de estudio y a construir en consecuencia una estrategia que incluya modificaciones en dichos planes e implementación de materias y programas educativos relativos al emprendimiento en los niveles de educación básica, media superior y superior.
Notas
1. M. cualidad de emprendedor. En: http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=emprendimiento
2. Diario El Financiero ; Fuerte rezago de México en materia de emprendimiento; 15 de Septiembre de 2013;
Nota que puede ser consultada en: http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/fuerte-rezago-de-mexico-en-materia-de-emprendimiento.html
3. Naranjo, Elvira; Campos, Marcía; et. al; Monitor Global de la Actividad Emprendedora de México 2012 GEM, ITESM, Instituto para el Desarrollo Regional; México, 2012.
4. Amorós, José Ernesto; Bosma, Niels; Global Entrepreneurship Monitor, 2013 Global Report; Babon, Universidad del Desarrollo, Universiiti Tun Abdul Razak; 2013; cifras citadas en el artículo de Gómez González, Janet; 3 grandes errores de los emprendedores mexicanos; 4 de febrero de 2015 en: http://www.merca20.com/3-grandes-errores-de-los-emprendedores-mexicanos /
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2015.
Diputado Alberto Escamilla Cerón (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a emitir el Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a cargo de la diputada Leticia Salas López, del Grupo Parlamentario del PAN
Leticia Salas López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
El camino largo y sinuoso de los derechos de la mujer
Las mujeres han contribuido sobradamente y desde siempre a la conservación, consolidación y proyección de la familia, la comunidad y la nación. El común denominador de dichas aportaciones es que se hace a partir de una posición social de sumisión.
La subordinación en que se coloca a las mujeres en prácticamente todos los órdenes de la vida social eleva barreras casi insuperables para el reconocimiento de su dignidad como seres humanos. Los obstáculos para romper el status quo e introducir en las leyes de la república enunciados normativos que otorguen derechos a las mujeres se tradujeron en que entre la primera y la segunda generación de derechos de la mujer se abrió un abismo de un cuarto de siglo.
El otorgamiento del voto a la mujer tuvo lugar el 17 de octubre de 1953, y hasta la década de 1970 no se introdujo en la Constitución General de la República el derecho a la igualdad, de la mano de los derechos reproductivos.
Más de 30 años tuvieron que transcurrir para que los postulados constitucionales en torno a los derechos de las mujeres dieran lugar a sendos ordenamientos que abordaran en toda su amplitud la cuestión de la igualdad de género.
Aun así, la expedición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación y la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres resulta insuficiente.
No basta reconocer los derechos humanos de las mujeres en la Ley Fundamental ni con iniciar, debatir y aprobar leyes secundarias que desarrollen los más altos valores, principios y bienes jurídicos sobre la igualdad de género. Es importante contar con mecanismos que permitan llevar a la realidad cotidiana a través de acciones, planes y programas el catálogo de objetivos que nos lleven hacia el respeto y protección absolutas de los derechos de la mujer.
A diferencia de muchas otras familias o categorías de derechos que convierten la vigencia jurídica en vigencia sociológica en un breve plazo, los derechos de la mujer requieren de apoyos adicionales para transformar la realidad social. Ello es así en razón de que la génesis de la preceptiva de los derechos femeninos se encuentra inmersa en una contra-cultura caracterizada por prejuicios y estereotipos que funcionan eficazmente para ahogar e inhibir cualquier esfuerzo innovador.
Por las razones anteriores, las normas programáticas ocupan un lugar destacado en la preceptiva de los derechos de la mujer. Estas normas hacen referencia en sus hipótesis o supuestos a los propósitos y finalidades que se pretende alcanzar a través de la ley. La técnica legislativa recomienda que sólo se les utilice por excepción, pues los objetivos de cualquier ordenamiento se hacen explícitos en la exposición de motivos.
Sin embargo, cuando se legisla para romper costumbres discriminatorias y promover un nuevo paradigma social, las normas programáticas constituyen la piedra angular de la nueva arquitectura jurídica. En este orden de ideas, entre la ley y las políticas públicas que buscarán llevar a la realidad los elevados postulados de la filosofía feminista, los reglamentos adquieren un valor estratégico.
De la importancia de la facultad reglamentaria
La ley, por naturaleza, es una norma abstracta. Su objeto primordial consiste en el reconocimiento de derechos a través del establecimiento de una serie de hipótesis que los hacen viables para crear situaciones jurídicas convirtiendo así a sus destinatarios en centros de imputación normativa.
En la tradición liberal individualista, se pensaba que el equilibrio en la sociedad se alcanzaría a través del reconocimiento de la autonomía de la voluntad y, en consecuencia, el principal acto jurídico que reconocían y protegían las leyes era el contrato. Así, el derecho privado llegó a un punto de maduración mucho antes que el derecho público.
En las naciones influidas por el derecho continental europeo proliferaron los ordenamientos civiles inspirados en el Código de Napoleón. Sin embargo, a finales del siglo XIX la experiencia histórica demostró la insuficiencia de la visión que dejaba la justicia social en manos del libre mercado.
La revolución industrial trajo consigo masas de obreros desplazados que se hacinaron en cinturones de miseria, nunca antes vistos en los núcleos urbanos. De la mano del trabajo de los obreros y los campesinos, surgió la expansión del derecho público en dos vertientes: a) la social que reconocía vertiginosamente y en muchos casos a raíz de movimientos insurreccionales los derechos sociales básicos y, asimismo, b) preceptivas espejo que ampliaban cada vez más las atribuciones y deberes de los entes públicos para brindar satisfacción a las necesidades crecientes de la población siempre en aumento en todos los países.
El giro en las ideas políticas que introdujo una mayor participación del Estado en la vida social propició el surgimiento y desarrollo acelerado del derecho administrativo. Esta nueva rama jurídica se caracteriza por la habilitación de entes públicos para proveer de servicios públicos de todo tipo e intervenir como reguladores en el campo de las relaciones sociales.
En el estado social y democrático de derecho que vivimos hoy, la facultad reglamentaria cobra cada vez mayor importancia. En efecto, mientras las leyes secundarias se ocupan de desarrollar el objeto y deberes de los sujetos obligados con referencia a los derechos fundamentales, los reglamentos tejen todo un entramado para crear la estructura organizacional y de procedimientos administrativos que permitan elaborar, lanzar y evaluar políticas públicas que den respuesta a las demandas diversas que se generan en la sociedad del siglo XXI.
El título tercero de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contiene el capítulo I, “Del sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”. Dicho capítulo se integra por tres preceptos, de los artículos 35 a 37. Esta última disposición establece el deber de la secretaría ejecutiva de elaborar el proyecto de reglamento para el funcionamiento del sistema.
Los derechos de las mujeres a plenitud
La Auditoría Superior de la Federación llevó a cabo el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2013. En dicho paquete, destaca el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2013 en cuanto al análisis que se realiza del sistema de control interno en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Por lo que hace a la norma tercera, “Actividades de control interno”, aparece lo siguiente:
... Se reportó un cumplimiento de 49.8 por ciento, por no contar con un Manual de organización autorizado y no se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento para el funcionamiento del sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
El reglamento puede consultarse en el módulo de transparencia de la comisión. Consta de 18 artículos y un régimen transitorio que contiene dos disposiciones. De éstas, la segunda establece a la letra, lo siguiente:
Segundo. La presidencia del sistema proveerá lo necesario para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Para construir, preservar y fortalecer la cultura de igualdad entre mujeres y hombres adquiere la mayor importancia que el reglamento del sistema tenga amplia difusión. Para ello, nada mejor que su publicación en el medio de comunicación oficial por excelencia.
Además, sin duda, la publicación del reglamento haría que se obtengan mayores y mejores resultados en la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, como establece el artículo 35 de la ley de la materia.
Por otra parte, es importante que en el ámbito de los derechos de la mujer se observen las normas que amplían el efecto regulador para crear una cultura de equidad de género. En este sentido, se ha de tener presente que resulta impostergable cumplir con lo dispuesto en la fracción II del artículo 3o. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, el cual dispone que serán materia de publicación en dicho medio los decretos, reglamentos, acuerdos y órdenes del Ejecutivo federal de interés general.
Sin temor a equivocarnos, el Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres cumple dicho atributo.
En consecuencia, con el propósito de empoderar a las mujeres en su larga lucha por el reconocimiento de sus derechos a través de la elaboración de políticas públicas tendentes a crear, conservar y fortalecer la cultura de equidad de género me permito elevar a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta con toda atención al secretario de Gobernación a enviar el Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2015.
Diputada Leticia Salas López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la incitación al exterminio de ciudadanos de origen oaxaqueño en Baja California, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Carol Antonio Altamirano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I, III, IV y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 17 de marzo del presente año, se inició en el Valle de San Quintín, en Baja California una protesta por parte de jornaleros agrícolas que exigen entre otras mejoras a sus condiciones de trabajo, el aumento de su jornal.
La situación de protesta observó una escalada innecesaria que derivó en diversos actos violentos que afectaron los derechos, evidentemente, tanto de los jornaleros que protestaban como de la ciudadanía de aquel estado.
El conflicto laboral de los jornaleros de San Quintín pusieron de nueva cuenta sobre la mesa la caótica e injusta situación que viven los trabajadores del campo mexicano, el uso de la represión como instrumento gubernamental y la alta vulnerabilidad de los derechos humanos en México.
Situación en exceso grave que permite vislumbrar la desventajosa situación que se vive con relación al debido respeto de los derechos laborales y sobre todo de los derechos humanos de los y las trabajadoras mexicanas y que ha expuesto un ingrediente más que debe ser tratado con diligencia y efectividad por parte del gobierno de Baja California y del Estado mexicano: los delitos de odio.
Los delitos de odio tienen lugar cuando una persona ataca a otra y la elige como víctima en función de su pertenencia a un determinado grupo social, según sus características como lo pueden ser la edad, raza, género, religión, etnia, nacionalidad, ideología, afiliación política, discapacidad, orientación sexual, u origen. Y si bien las agresiones y la violencia no tienen justificación, los ataque justificados con base en una característica o condición del ser humano son del todo irracionales.
Entre los jornaleros que llevan a cabo las protestas en San Quintín se cuenta un número significativo de ciudadanos mexicanos de origen oaxaqueño que han resultado el blanco de las agresiones racistas cuya raíz han sido sitios creados en las redes sociales, principalmente la conocida como FaceBook, con el objeto expreso de incitar al exterminio de los jornaleros oaxaqueños.
La página “Exterminio de Oaxacos en BC”, creada al seno de Facebook, escudada en el anonimato y en una mal entendida libertad de expresión, se encuentra activa aún el día de hoy a pesar de las múltiples denuncias hechas ante los administradores de la aplicación de la nocividad de dicha página.
Con 1,151 “me gusta” –medio utilizado por el Facebook para hacer saber su agrado por lo publicado – la página que orienta sus escritos a la aniquilación de oaxaqueños en Baja California no permite conocer al iniciador ni seguidores de dichas publicaciones y ha causado confrontaciones cibernéticas que de saltar de la virtualidad de internet a la realidad social provocaría enfrentamientos cruentos y mortales entre mexicanos.
Las publicaciones basadas en la discriminación y frustración personal del individuo o individuos que dieron vida a este espacio cibernético al ser una clara transgresión de las leyes mexicanas no pueden ser ignoradas a la espera de que sean olvidadas por quienes en ella se expresan, a favor o en contra.
Uno de los grandes peligros que encierra este tipo de espacios de internet es la posibilidad de comunicación privada entre aquellos que desean llevar a cabo los actos que en público pudieran considerarse únicamente alardes pero que protegidos por la clandestinidad y el anonimato fácilmente pudiesen dar paso a la planeación y ejecución real de su dicho en internet.
La provocación de delitos y la apología de éstos se encuentran tipificados en nuestro Código Penal Federal y en la mayoría de los códigos penales de los estados, a esto se sumarían el delito de discriminación y violencia moral y dado el caso de materializar su dicho, en lesiones, atentados y homicidios perpetrados contra las personas en razón de su origen oaxaqueño.
El desconocimiento de la identidad del autor o autores de esta página que incita al exterminio impide saber si se trata de ciudadanos o de ciudadanos investidos por algún cargo público, a la vez de imposibilitar conocer si ya han llevado a cabo acciones delictivas relacionadas o si han sido incitadores de la violencia en los enfrentamientos acaecidos.
Ante esto, es impostergable e imperante que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, la defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca; la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia de Baja California, la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca; el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación, el Consejo Estatal para eliminar y prevenir la Discriminación de Baja California y la Comisión para atender, prevenir y eliminar la Discriminación de Oaxaca, trabajen conjunta y coordinadamente para:
1. Investigar a fondo y fincar las responsabilidades penales generadas por el o los iniciadores de la página de Facebook denominada “Exterminio de Oaxacos en BC”;
2. Los alcances y repercusiones que han tenido las expresiones manifestadas en dicha página,
3. La responsabilidad de la empresa de Facebook ante la indolencia observada con su tolerancia a la existencia de este tipo de publicaciones,
4. La posible intervención de los participantes de esta página en las agresiones y actos violentos registrados en las protestas laborales del Valle de San Quintín; y
5. Garantizar la integridad física de las personas, el ejercicio pleno de la libertad de expresión y el derecho a la manifestación pacífica, así como el respeto irrestricto de los derechos humanos inherentes a los jornaleros, ya sean oaxaqueños o no.
Derivado de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales antes citados, pongo a consideración de este cuerpo colegiado la subsecuente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca; a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría General de Justicia de Baja California, a la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca; al Consejo Nacional para prevenir la Discriminación, al Consejo Estatal para eliminar y prevenir la Discriminación de Baja California y a la Comisión para atender, prevenir y eliminar la Discriminación de Oaxaca, su actuación inmediata, coordinada y eficaz para investigar y fincar las responsabilidades penales y civiles derivadas de la incitación al exterminio de ciudadanos mexicanos oaxaqueños en el estado de Baja California a través de las redes sociales, así como instaure las medidas necesarias para garantizar su integridad física y el respeto irrestricto de sus derechos humanos.
Segundo. Haga públicos los avances de dichas investigaciones y de las acciones realizadas como mecanismos de prevención y protección de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas mexicanas jornaleros de Baja California, así como de los resultados obtenidos de la investigación y acciones de prevención y protección.
Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 14 de abril de 2015.
Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público a dictaminar las iniciativas en estudio sobre el cambio de régimen de pequeños contribuyentes al de incorporación fiscal, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito, José Francisco Coronato Rodríguez, así como Juan Ignacio Samperio Montaño, Danner González Rodríguez, Aída Fabiola Valencia Ramírez, José Antonio Hurtado Gallegos, Martha Beatriz Córdova Bernal, Merilyn Gómez Pozos, Zuleyma Huidobro González, José Soto Martínez, José Luis Valle Magaña, Nelly del Carmen Vargas Pérez, todos diputados federales integrantes de la fracción legislativa Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, proponen a esta presidencia de la Junta de Coordinación Política, formule exhorto a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, toda vez que no se ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, con la finalidad de que se dictaminen las iniciativas que reforma los artículos 111, 112 y 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta relativo al tema del cambio de régimen de pequeños contribuyentes al de incorporación fiscal, en razón de los siguientes
Antecedentes
I. En el Proyecto de Ley de Ingresos del 2013, se presentó la Nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta, donde nació el Régimen denominado de Incorporación Fiscal, en el cual se incluyó a los que tributaban bajo el Régimen de Pequeños Contribuyentes.
II. Este nuevo esquema afecta considerablemente a las zonas en donde los avances tecnológicos, equipo de cómputo, redes inalámbricas, etcétera, no tienen la más mínima influencia, como consecuencia existe un rezago tecnológico, que genera un estado de vulnerabilidad para los habitantes de esas regiones.
III. Desde el año de 2014 a la fecha se han elaborado cinco iniciativas de reforma, con el objeto de que se les respete sus derechos a los contribuyentes antes denominados pequeños comerciantes que ahora están inmersos en el Régimen de Incorporación Fiscal.
IV. Se han generado reuniones de trabajo con diversas autoridades en la materia, como lo es el Lic. Aristóteles Núñez Sánchez, Jefe del Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SAT), en fecha 18 de septiembre de 2014, a la cual acudieron diferentes líderes de organizaciones de comerciantes de todo el país a exponerle sus propuestas.
V. En la misma tesitura, se han propiciado innumerables reuniones con este sector social al interior de ésta Cámara, en la cual han presentado propuestas, han buscado externar sus inquietudes, han insistido respecto de la dictaminación a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de las iniciativas presentadas por diversos legisladores.
Consideraciones
Primera. En la fracción legislativa de Movimiento Ciudadano, estamos conscientes de que los principios básicos que deben orientar la política Fiscal los establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en el artículo 31, fracción IV: “Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: ...IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.”, por lo tanto, la aplicación de este nuevo régimen, en ningún momento es proporcional, dado que este sector contributivo no tiene la capacidad del manejo de los sistemas digitales para todo el país, amén del desconocimiento de los principios contables respecto a temas relativos a ingresos y egresos, lo que incrementa los gastos, ya que requieren contratar servicios de personal especializado y con conocimientos para presentar las declaraciones fiscales e información que requiera la autoridad fiscal.
Segunda. El principio de proporcionalidad se rompe dado que los ingresos de los contribuyentes de este Régimen es muy diferenciado, un campesino se diferencia en mucho al de la miscelánea o al de un comerciante de mercado público, destacando que ninguno de ellos tienen los recursos que una pequeña, mediana o gran empresa dispone para el pago de contadores o equipo necesario.
Tercera. Existe una inequidad tributaria derivado de la desproporción del pago que se propone, si en este momento se aplicara en forma total el régimen, el 46% de los ingresos se tendría que pagar, mientras que los grandes contribuyentes no pagan y se les ha condonado más de 1,123 millones de pesos por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT) en el ejercicio fiscal 2013, según la misma Auditoría Superior de la Federación, siendo necesario destacar que en materia tributaria nuestra Carta Magna establece los principios rectores de las contribuciones fiscales de los ciudadanos.
Cuarta. Para dar certeza jurídica y facilitar las contribuciones de éste sector, se debe tomar en consideración el principio constitucional antes aludido, asimismo lo establecido en las propuestas de las cinco iniciativas presentadas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Por otra parte, también se debe atender lo establecido en las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJNIX/2005 y X/2005, emitidas en la novena época, pleno; SJF y Gaceta Tomo XXI, de marzo 2005, página 8.
Quinta. La Junta de Coordinación Política de ésta H. Cámara de Diputados aprobó el exhorto dirigido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el objeto de que amplíe la prórroga establecida en la cuarta Resolución Miscelánea para el 2014, aprobada el 24 de febrero de 2014.
Por lo anteriormente expuesto y al no haberse observado lo establecido en el artículo 182 de Reglamento de la Cámara de Diputados, a usted ciudadano presidente de la Junta de Coordinación Política de esta soberanía, atentamente solicitamos:
Único. Se solicita a esa Junta de Coordinación Política que realice exhorto a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con el objeto de que a la brevedad posible dictamine las cinco iniciativas que están pendientes en dicha comisión relativas al tema del cambio de régimen de pequeños contribuyentes al de incorporación fiscal, formulando como consecuencia el dictamen correspondiente a cada una de ellas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los catorce días del mes de abril año dos mil quince.
Diputados: José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño, Danner González Rodríguez (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), Martha Beatriz Córdova Bernal, Merilyn Gómez Pozos, Zuleyma Huidobro González (rúbrica), José Soto Martínez (rúbrica), José Luis Valle Magaña, Nelly del Carmen Vargas Pérez.
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Segob a actualizar y publicar el estado que guardan los beneficiarios del Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, de la agrupación Movimiento Regeneración Nacional
Diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y de la agrupación de diputados afiliados al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta Cámara de Diputados, el siguiente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Antecedentes
La migración mexicana hacia Estados Unidos se reinició de manera importante en los años cuarenta como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. El aumento de la influencia de trabajadores migratorios se debió, principalmente a la fuerte escasez de mano de obra norteamericana, un año después de haber entrado ese país a tomar parte en la conflagración.
La escasez de los trabajadores locales llevó a los agricultores del suroeste de Estados Unidos a presionar a su gobierno, demandando un programa de gran escala para contratar mano de obra mexicana que cultivara los campos. Como consecuencia, de ello, las autoridades norteamericanas iniciaron acercamientos con el gobierno mexicano con el fin de llegar a un acuerdo. México, en un principio, se resistió pues temía que se presentara el nuevo retorno de los trabajadores mexicanos, durante una depresión. Asimismo, el gobierno de México estaba consciente de la discriminación de la que eran objeto los migrantes mexicanos, en el suelo norteamericano, y se cuestionaba si la emigración de sus trabajadores pondría en peligro el desarrollo industrial recién iniciado en el país.1
Sin embargo, el gobierno mexicano consideró los aspectos positivos de un posible programa; una importante participación en el acuerdo, podría tener efectos positivos por los conocimientos que adquirieran los braceros, y lo más importante, era que ingresaría al país una cantidad importante de divisas.
Así, el 23 de agosto de 1942, el gobierno de Franklin Rooselvelt, de Estados Unidos, y el de Manuel Ávila Camacho, de México, instituyeron el Programa Bracero. El campesino mexicano tuvo entonces una alternativa a su pobreza, al enrolarse de bracero, y al mismo tiempo se satisfacía la necesidad de brazos para trabajar los campos agrícolas norteamericanos. En este programa bracero, quedaron incorporadas las demandas mexicanas que procuraban la defensa de sus ciudadanos; así como las garantías de un trato no discriminatorio; condiciones dignas de trabajo y salario equitativo, de acuerdo a los recibidos por los norteamericanos.
Con la firma del Programa se estima que de 1942 1964 salieron dos millones de personas.2 Por lo que respecta al pago que recibirían nuestros connacionales, la quinta cláusula del contrato que firmaron los braceros, estipulaba que además del sueldo percibido (variable en función del estado y la actividad del sector primario a la que se dedicasen) se les descontaría el 10 por ciento de su salario conservado en calidad de depósito en el Banco de Crédito Agrícola de México,3 para devolverlo a los entonces braceros, a su regreso a la ciudad de México, cantidad con la que Estados Unidos consideró que ahorrando su propio dinero no se irían con las manos vacías.
Problema seguimiento al pago de los ex trabajadores migrantes.
ex trabajadores, sino de aportaciones enio de Vicente Fox Quesada, se cática actual
A la fecha –casi setenta años después– no todos los braceros o sus familiares directos han recibido las utilidades de ese ahorro. Este problema no es menor y no ha habido la suficiente voluntad gubernamental para solucionarlo.
Durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, se creó el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos cuyo objetivo era otorgar un apoyo social en términos del Programa de Trabajadores Migratorios.4 Durante estos diez años, las secretarías de Estado responsables (Hacienda y Crédito Público, Gobernación, Desarrollo Social, Relaciones Exteriores y Función Pública) formaron parte del Comité Técnico que le daría seguimiento al pago de los ex trabajadores migrantes.5
Una herramienta diseñada para tal efecto es el Sistema Integral del Fideicomiso de Ex trabajadores Migratorios Mexicanos6 la cual sirve a los interesados para conocer el estado que guarda la gestión del trámite de recuperación de sus ahorros. Si bien es un esfuerzo notable es insuficiente para dar cumplimiento a la demanda de este sector consistente en contar con información clara y puntual de las personas a las que ya se les otorgó el apoyo y las que faltan por hacerlo.
De hecho, el artículo octavo transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015 refiere lo siguiente:
Octavo. La Secretaría de Gobernación deberá implementar los mecanismos que se requieran para concluir con la revisión de los expedientes de las personas que, en términos de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, hayan presentado solicitud para recibir el apoyo previsto en la misma; determinar conformar a los términos y condiciones establecidos en dicha ley aquellos que tienen derecho a recibir el apoyo respectivo, así como realizar el pago correspondiente, incluyendo a los beneficiarios que no se han presentado a cobrarlo, a más tarda el 31 de diciembre de 2015.
Es decir que implícitamente se reconoce que no hay información fidedigna que permita conocer cuántos trabajadores ya han recibido su pago, los montos respectivos, así como una relación de las personas que no han realizado el trámite a efecto de que ellos mismos o sus familiares puedan gestionarlo, pese a que organizaciones populares estiman que se trata de entre 42 y 50 mil ex braceros en tal situación.
Esto se traduce en un problema de comunicación de cara a los que tienen el derecho a este pago, pues se confunde con opacidad o desinterés por parte de la autoridad para atender esta demanda que, como ha quedado señalado, tiene más de setenta años.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a dar cumplimiento al artículo octavo transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, y que actualice y publique el listado de aquellos beneficiarios que ya han recibido el apoyo señalado en la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, y la relación de aquellas personas que no han hecho la gestión correspondiente.
Notas
1 Mercado, H. y Palmerín, M. (s/f) Causas y consecuencias de la migración de mexicanos a los Estados Unidos de América”. Versión digital, disponible en http://www.eumed.net/librosgratis/2009c/597/html, consultado el 13 de marzo de 2015.
2 Barroso Figueroa, J. (1987) ¨Derecho Internacional del Trabajo¨, Editorial Porrúa p.40, en Esquivel Leyva, M, ¨La migración de trabajadores mexicanos a los Estados Unidos de América¨ Disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2993/8.pdf consultado el 13 de marzo de 2015
3 Conocido después como Banco de Crédito Rural del Centro y hoy Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
4 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de 2005.
5 El recurso destinado al pago de los braceros se ha estipulado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) al menos desde el año 2005.
6 http://consultaexbraceros.segob.gob.mx/atencion_form_consulta_pub.php
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de dos mil quince.
Diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SHCP a emitir lineamientos que excluyan el requisito de historial crediticio para solicitantes de crédito por Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, suscrita por los diputados Ossiel Omar Niaves López y José Daniel Ochoa Casillas, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, diputados federales por el Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura Ossiel Omar Niaves López y José Daniel Ochoa Casillas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El financiamiento de proyectos productivos, es indispensable para que emerja el desarrollo en la sociedad, para lo cual los bancos adquieren un papel elemental en el desarrollo económico tanto para incrementar el ahorro, como por su capacidad de ofrecer instrumentos crediticios para impulsar una actividad económica. Cuando las instituciones financieras realizan de manera adecuada sus funciones, los costos de los intermediarios financieros disminuyen y el crecimiento económico incrementa. Es por ello que la banca de desarrollo, cumple una función de suma importancia para potencializar el desarrollo en los sectores más vulnerables de la población, como es el caso del sector rural.
Los servicios financieros a las zonas rurales incluyen, por un lado, un riesgo, y por otro una alternativa para mejorar la rentabilidad económica de los productores. El riesgo se da con relación a la alta posibilidad de perder los montos que se otorguen como créditos debido a una nula recuperación, y también a que los productores no sean sujetos de crédito por tener garantías o figurar en el buró de crédito por no haber pagado créditos en el pasado. Por otro lado, la oportunidad es tangible al existir una demanda insatisfecha de crédito rural atendida por prestamistas y cajas populares locales.
Precisamente, atendiendo a las necesidades de las actividades productivas del sector rural, con la reforma financiera, la Institución por antonomasia de la Banca de Desarrollo encargada de los proyectos rurales Financiera Rural se transformó en la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Este ente, con la reforma financiera se moderniza para proporcionar de manera más eficaz y eficiente los servicios financieros que el sector rural requiere.
El objeto de esta entidad financiera se establece en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero el cual reza lo siguiente:
“Coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del Estado de impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás actividades económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la productividad, así como de mejorar el nivel de vida de su población. Para el cumplimiento de dicho objeto, otorgará crédito de manera sustentable y prestará otros servicios financieros a los Productores e Intermediarios Financieros Rurales, procurando su mejor organización y mejora continua. Asimismo, ejecutará los programas que en materia de financiamiento rural se determinen en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Adicionalmente, promoverá ante instituciones nacionales e internacionales orientadas a la inversión y al financiamiento, proyectos productivos que impulsen el desarrollo rural. Además, operará con los gobiernos Federal, Estatales y Municipales, los programas que se celebren con las instituciones mencionadas.”
No obstante, como se dijo anteriormente muchos productores ven lejos la oportunidad de solicitar un crédito toda vez que por alguna situación incurrieron en demora con respecto a algún crédito que obtuvieron anteriormente, situación que los coloca en la incertidumbre de no ser beneficiarios de otro crédito, en virtud de que recurrentemente el financiamiento de los proyectos productivos son frenados debido a que el Buró de Crédito como sociedad de información crediticia califica a los solicitantes de crédito como morosos, lo cual hace nugatorio el acceso a un crédito financiero.
La realidad nos muestra que los historiales crediticios que figuran en los el acervo de datos del Buró de Crédito, han servido para la práctica de la discriminación infligida a personas que por alguna razón incumplieron en el pago de sus créditos y por ende pasaron a formar parte de la lista de morosos. Pero lo más sorprendente es que esta práctica, que debería de servir como una herramienta para el manejo de riesgo de las instituciones de crédito, es un auténtico des incentivador del otorgamiento de créditos, toda vez que la metodología empleada se da mediante una clasificación de acuerdo a un catálogo formulado por las sociedades de información crediticia., en el cual se consideran rangos que pueden calificar desde un atraso de un mes en el pago de un crédito de algún electrodoméstico, hasta un eventual fraude, sucediendo esto aun cuando el deudor ya ha reestructurado su crédito por medio de una quita en el monto de la deuda, o bien, se empleó un método alternativo de solución como la mediación.
En este orden, figurar en el buró de crédito desalienta la posibilidad de que los interesados puedan adquirir nuevos créditos, toda vez de que las instituciones financieras niegan el acceso a éstos, debido al historial crediticio que se obtiene de las sociedades de información crediticia ya que los solicitantes se encuentran boletinados.
Se debe considerar que en muchas ocasiones, la actualización de la información manejada por parte de las sociedades de información crediticia es tardía y ello repercute negativamente en los solicitantes de crédito, ya que el intercambio de información se desfasa causando perjuicios para los solicitantes.
Por todo lo anterior vemos la posibilidad de que se nieguen las solicitudes de crédito para el financiamiento de las actividades agropecuarias, rurales, forestales y pesqueras, particularmente el que ofrece la banca de desarrollo por medio de la nueva Financiera Rural, toda vez que de acuerdo al marco legal establecido en la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero en su Artículo 11 se establece lo siguiente.-
Artículo 11. Para el otorgamiento de sus préstamos o créditos, la reestructuración de operaciones, el otorgamiento de recursos adicionales sobre créditos otorgados y, en general, para la celebración de sus operaciones y prestación de sus servicios, la Financiera deberá tomar en cuenta el historial crediticio del acreditado, así como los demás elementos a que se refiere el artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Pero para fortuna de muchos productores en el segundo párrafo se hace una excepción:
Como excepción a lo anterior, a fin de mantener la operación de la planta productiva, la Financiera podrá otorgar financiamiento para el cumplimiento de obligaciones asumidas y, en aquellos casos que se requiera atención inmediata podrá otorgar créditos considerando integralmente sólo la viabilidad del crédito con lo adecuado y suficiente de las garantías, en ambos casos, previa autorización del Consejo.
Por todos los motivos expuestos, los suscritos proponemos que esta soberanía, atendiendo a la situación de miles de productores rurales necesitados de crédito, exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en uso de sus facultades excluya el historial crediticio en las solicitudes de los créditos dirigidas a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
Por lo anterior se presenta la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público A emitir lineamientos que excluyan el requisito de historial crediticio a los solicitantes de créditos por medio de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
Bibliografía
Silvia Xóchitl Almeraya-Quintero, Benjamín Figueroa-Sandoval, José María Díaz-Puente, Katia Angélica Figueroa-Rodríguez, El crédito en el desarrollo territorial: el caso de Financiera Rural en México, consultado en www.colpos.mx/asyd/volumen8/numero2/asd-10-007.pdf, 09 de marzo de 2015.
Hemerografía
Buró de Crédito, herramienta para obtener un préstamo, El Economista, diario (agosto 5, 2014).
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2015.
Diputados:Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS a agilizar el proceso de aprobación de tratamientos para pacientes con enfermedades lisosomales, a cargo de la diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada Beatriz Yamamoto Cázares, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición.
Consideraciones
En México el derecho a la protección de la salud está consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Salud y en la normatividad jurídica que se desprende de ésta última. Para garantizar este derecho, el Estado mexicano ha integrado el Sistema Nacional de Salud, mismo que está constituido por las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local.
Dentro del Sistema Nacional de Salud, sobresale por su historia, trabajo y esfuerzo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A 70 años de su creación, este instituto es responsable de la salud y seguridad social de sus 58 millones de derechohabientes y de 12 millones de beneficiarios del Programa IMSS-Oportunidades. En un día típico, según se reporta, el IMSS atiende 500 mil consultas, 200 mil niños en guarderías, 50 mil urgencias y cuatro mil intervenciones quirúrgicas diarias.
Las prestaciones y servicios que el IMSS otorga en los diferentes niveles de atención médica en que se organiza su sistema de unidades médicas es esencial para procurar el bienestar físico de los derechohabientes así como para prolongar y mejorar su calidad de vida. Destacan las prestaciones y servicios que se ofrecen en el tercer nivel de atención.
Este nivel, donde se atienden las enfermedades de mayor complejidad, está constituido por unidades médicas de alta especialidad (UMAES) que cuentan con la capacidad tecnológica y máxima resolución diagnóstica terapéutica. De acuerdo con cifras del IMSS, en el tercer nivel de atención se tienen 25 UMAES y 11 unidades médicas complementarias.
Como ya se ha dicho, las UMAES ofrecen servicios para la atención de patologías de alta complejidad diagnóstica y terapéutica. Entre estas patologías se incluye a las enfermedades raras (lisosomales).
Estos padecimientos, mejor conocidos como enfermedades huérfanas o de baja prevalencia, se presentan sólo en 5 de cada 10 mil personas. Tienen un origen genético y, de no tratarse de manera oportuna, conllevan un alto peligro de invalidez crónica y de muerte. Lo síndromes de Hurler (MPSI), Hunter (MPSII), Gaucher y Fabry son algunos ejemplos de este tipo de enfermedades.
El diagnóstico de las enfermedades lisosomales es complicado debido a que las manifestaciones clínicas se confunden fácilmente con otras patologías. Existen, no obstante, signos claros asociados a estas enfermedades: agrandamiento de órganos como el hígado, afectaciones neurológicas y musculares, declinación de la función cardiaca, alteraciones faciales, pérdida auditiva, entre otras.
Es importante mencionar que los efectos de estas enfermedades pueden aminorarse, e incluso revertirse, a través de un diagnóstico temprano y una atención continua. El tratamiento se imparte mediante una terapia de reemplazo enzimático donde se inyecta, vía intravenosa, la enzima faltante en el organismo.
Es claro que el IMSS realiza grandes esfuerzos para dar un servicio de calidad a todos sus derechohabientes, sin embargo, persisten diversas barreras relacionadas con la atención que el instituto le brinda a los enfermos lisosomales.
El primer obstáculo que enfrentan los pacientes lisosomales es la falta de un diagnóstico oportuno. Según la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico, Tratamiento y Seguimiento en Enfermedad de Fabry del propio IMSS, un paciente con enfermedad de Fabry, y en general un enfermo lisosomal promedio, visita a 8 especialistas y puede tardar meses o hasta años antes de recibir un diagnóstico correcto.
Una vez identificada la enfermedad, los pacientes se enfrentan a otro problema. Para tener acceso al tratamiento, los pacientes tienen que esperar la aprobación del IMSS, que en promedio tarda entre 9 y 12 meses. A lo anterior hay que agregar que para recibir la aprobación es necesaria la valoración del Grupo de Expertos en Enfermedades Lisosomales.
Adicionalmente, los derechohabientes del IMSS a los que ya se les ha diagnosticado alguna enfermedad lisosomal y se les ha aprobado el tratamiento con reemplazo enzimático, sufren con frecuencia la interrupción de sus tratamientos o reciben subdosificaciones. La privación parcial o total del tratamiento acarrea perjuicios graves a la salud y expectativa de vida de los pacientes lisosomales.
Reconociendo que todas las barreras que afrontan los enfermos lisosomales derechohabientes al IMSS son contrarias a lo que dispone el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el efectivo derecho a la salud de todos los mexicanos, consideramos necesario que se tomen las necesidades pertinentes para que este instituto garantice el cumplimiento puntual de las normas, políticas, actividades, elementos técnicos y administrativos vigentes para la adecuada atención de los pacientes con enfermedades lisosomales.
Por lo anterior expuesto, me permito presentar el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a emprender las acciones necesarias para agilizar el proceso de aprobación de tratamientos para pacientes con enfermedades lisosomales, para que en un plazo no mayor a seis meses cuenten con tratamiento
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2015.
Diputada Beatriz Yamamoto Cázares (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores de Veracruz y de Puebla a investigar e implantar estrategias de seguridad pública para los transportistas y demás usuarios de la autopista Amozoc-Perote y rutas cercanas, a cargo del diputado Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del PRD
Uriel Flores Aguayo, diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de los gobiernos de Veracruz y de Puebla a investigar e implantar estrategias de seguridad pública en los límites del estado de Puebla y Veracruz, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En las últimas semanas se han suscitado una serie de asaltos a transportistas y usuarios de la autopista Amozoc- Perote; en específico en el tramo que une los estados de Veracruz y Puebla. La falta de vigilancia, lo solitario del camino, así como los horarios en que se han realizado estos delitos han propiciado que la realización de este tipo de actividades ilícitas quede impune.
Según información de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, la autopista Puebla-Veracruz es de las seis carreteras más peligrosas en el país. En ese tramo se reporta la desaparición de camiones de carga, robos y secuestros a transportistas, así como a usuarios de las carreteras comprendidas en estos tramos.
Los transportistas reportan que cuando se estacionan en una gasolinera o aún en circulación son interceptados y despojados de sus mercancías. En redes sociales, usuarios advierten con no abordar los autobuses durante las noches, por lo peligroso que resulta viajar en ese horario.
La importancia de la Autopista Amozoc- Perote radica en que constituye una ruta alternativa que conecta la capital y la región central del país con el Puerto de Veracruz en el Golfo de México, punto de salida y llegada de las mercancías en el intercambio comercial con Europa y puerto estratégico en el desarrollo de corredores para el comercio marítimo con Norteamérica.
Ante la alarmante situación, este punto de acuerdo plantea la necesidad de que las autoridades del estado de Puebla como de Veracruz, investiguen, esclarezcan y creen las condiciones adecuadas de seguridad para los transportistas y los usuarios de dicha autopista.
Por lo anteriormente expuesto, someto al pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta, al gobernador del estado de Puebla y de Veracruz, a hacer uso de sus atribuciones constitucionales en materia de seguridad pública e instruir a las autoridades competentes de sus estados para que se implementen estrategias que permitan la seguridad y el libre tránsito de los transportistas y usuarios de la Autopista Amozoc- Perote y rutas cercanas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, DF, a 14 de abril de 2015.
Diputado Uriel Flores Aguayo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conapesca a fortalecer las campañas encauzadas a fomentar mayor consumo de productos pesqueros y acuícolas, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Alfonso Inzunza Montoya, diputado a la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En algunas naciones del mundo, como son Islandia, Malasia y Japón, el consumo per cápita anual de pescado es de 90, 58 y 55 kilogramos respectivamente, mientras que en México a pesar de contar con altos volúmenes de productividad, la media por habitante es de apenas 9 kilogramos, frente a un promedio mundial que se ubica en los 18 kilos.
Informes dados a conocer por comerciantes, refieren que con eventualidad nuestro país registra alzas en el consumo de productos pesqueros y acuícolas. Sin embargo esto ocurre más como una costumbre de temporada. Es el caso del periodo de semana mayor y los días viernes de cuaresma. No obstante, cálculos a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) indican que apenas un 36 por ciento de la población sustituye el consumo de carnes rojas por pescados y mariscos durante la temporada de cuaresma.
Este comportamiento en el patrón de consumo de pescados y mariscos en nuestro país es contrario a la recomendación dictada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sugiere a las naciones que la población consuma estos productos con una frecuencia de al menos dos y tres veces por semana.
La recomendación sustenta como argumento de peso el hecho de que los pescados y mariscos son fuente rica de vitaminas y proteínas, además de que constituyen productos de precio competitivo, todavía más en naciones con vocación pesquera y acuícola, como es el caso de la nuestra.
Al término de la semana mayor del presente año, comerciantes de algunas plazas del país reportaron que en el periodo que concluyó, la oferta de pescados y mariscos fue mayor a la demanda de estos productos. La causa, dijeron, obedece en parte a la sobreproducción registrada. Está además la importación de productos pesqueros.
Vale citar que tan sólo en la última década, las importaciones de pescado se incrementaron en un 185 por ciento, al pasar de 169.9 millones de dólares en 2004 a 483.4 millones en 2014.1 Los comercializadores precisan que estos hechos motivaron a la modificación en los precios de especies de mayor demanda y consumo, como son el huauchinango, mojarra, tilapia y camarón, en promedios de costos por kilogramo del 10% al 20%.
Ante esta situación, productores y comerciantes de pescados y mariscos de diversos mercados, lonjas y centros de venta del país insisten en la necesidad de fortalecer campañas que motiven entre mayores segmentos de población el consumo de estos alimentos, para situar a nuestro país en la media per cápita mundial de 18 kilogramos por año.
Es de estimarse que por la bondad de objetivos que se persigan en beneficio de la población en general, las diferentes instancias que realizan campañas de fomento al consumo de pescados y mariscos deben verse beneficiadas con una mayor suficiencia presupuestal.
Existe para ello no sólo una oferta garantizada de productos, sino también el compromiso de los agentes que integran la cadena productiva y comercial para procurar el abasto con suficiencia y a precios competitivos de pescados y mariscos.
Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta honorable asamblea de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a que fortalezca las campañas encauzadas a fomentar entre la población mexicana un mayor consumo de productos pesqueros y acuícolas.
Nota
1 http://www.negocioselnorte.com 8 de abril de 2015 15:30 horas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2015.
Diputado Alfonso Inzunza Montoya (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emprender por la Ssa y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud medidas para atender debida y oportunamente a quienes padecen de enfermedades lisosomales, con independencia de su edad, a cargo de la diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, del Grupo Parlamentario del PAN
Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confiere la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y de más relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Consideraciones
El Sistema de Protección Social en Salud ha sido pilar fundamental para avanzar en el acceso efectivo al derecho a la salud que se estipula en el artículo 4 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde su inicio, el Seguro Popular ha contribuido a satisfacer las necesidades de la población sin seguridad social a través de un esquema de aseguramiento público voluntario.
Para brindar servicios de salud a sus afiliados, el Seguro Popular cuenta con el Catálogo Universal de Servicios de Salud, el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, el Programa Seguro Médico Siglo XXI, el Componente de Salud del Programa Desarrollo Humano Oportunidad y el Fondo de Prevención Presupuestal.
Dentro de estos mecanismos, el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos otorga servicios médicos de alta especialidad a las personas que padecen enfermedades cuyo costo y gasto son muy altos debido a su complejidad y a la baja frecuencia con que ocurren. Este fondo cubre en la actualidad 59 intervenciones, clasificadas en 19 grupos de enfermedades.
A partir de 2011 se estableció que dentro del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos deben ser atendidas “las enfermedades lisosomales en menores de 10 años”.
Las enfermedades lisosomales, también llamadas enfermedades raras o de baja prevalencia, se presentan solo en 5 de cada 10 mil personas. Tienen un origen genético y, de no tratarse de manera oportuna, conllevan un alto peligro de invalidez crónica e inclusive de muerte.
Esta limitante en la edad representa una DISCRIMINACION para los enfermos lisosomales de 10 o más años de edad, quienes quedan excluidos de los servicios de salud que se ofrecen dentro del fondo.
Las personas con enfermedades lisosomales que por razones de edad pierdan su derecho a recibir tratamiento en el Seguro Popular tienen la opción de conseguir la seguridad social que brinda el IMSS, ya sea a través de sus padres o por su propia cuenta.
Sin embargo, cuando los padres no logran conseguir la seguridad social que brinda el IMSS, es importante considerar que muy pocos pacientes lisosomales se encuentran en condiciones de desarrollar actividades laborales y los que aún tiene la capacidad para realizarlas solo lo pueden hacer, de acuerdo con la Ley General del Trabajo, a partir de los 14 años de edad, siempre y cuando hayan concluido su educación obligatoria (básica y media-superior), o hasta los 16 años cuando no hayan terminado su educación obligatoria.
Esta situación puede dejar a los pacientes lisosomales de 10 años o más sin seguridad social de 4 a 6 años, tiempo en que de no recibir el tratamiento adecuado, verán su salud deteriorarse rápida y progresivamente o incluso perder la vida.
Por ello, los pacientes lisosomales y su familia deben ser considerados y tratados como un grupo vulnerable debido a las desventajas socio-económicas que dicha enfermedad les obliga a enfrentar y que se interpone en su desarrollo y acceso a mejores condiciones de bienestar.
Recordemos que el alto costo de su tratamiento y su baja incidencia es la razón por la cual el propio Seguro Popular considera que representa gastos catastróficos.
Además, la barrera de edad incorporada en la normatividad del Seguro Popular contradice lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su primer artículo establece la prohibición de discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social u otras.
Por ello, el principal reto del Seguro Popular, a10 años de sui creación y con un padrón de más de 53 millones de afiliados, es asegurar la accesibilidad a servicios oportunos y de calidad en todo el país, bajo una óptica incluyente.
De esta manera se respetara el artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud, en el que se establece que todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados en los servicios de salud que ofrece el Sistema de Protección Social en Salud.
Por lo anterior expuesto, me permito presentar el siguiente punto de acuerdo
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud y, del Consejo de Salubridad General, a gestionar la cobertura de las enfermedades lisosomales en todos los grupos de edad, a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Sistema Nacional de Protección Social en Salud.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2015.
Diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a los titulares de la ASF y la SFP que se realicen procedimientos de auditoría e investigación sobre la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los ayuntamientos de Nuevo León por el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, a cargo del diputado César Agustín Serna Escalera, del Grupo Parlamentario del PRI
César Agustín Serna Escalera, diputado en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I y III, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación y exhortar a la Secretaría de la Función Pública, a que, conforme a sus facultades y ámbitos de competencia, realicen los procedimientos de auditoría e investigación necesarios para fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los municipios de San Nicolás, San Pedro y Santa Catarina, del estado de Nuevo León, a través del Fondo de pavimentación y desarrollo municipal, a fin de comprobar que las inversiones se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
De acuerdo con la fracción III del artículo 115 constitucional, los municipios tienen a su cargo diversas funciones y servicios públicos básicos, entre otros, los aquéllos orientados al mantenimiento de calles y su equipamiento.
En el mismo numeral del artículo referido, se señala que:
Los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio.
En función de dichas responsabilidades, existen previsiones presupuestales y una serie de reglas que establecen los mecanismos de la relación entre la federación, los gobiernos de los estados y los municipios, para la transferencia de los recursos destinados a dichos fines.
El cumplimiento de estas obligaciones, con apego a dichas reglas, es de la mayor importancia en términos de las responsabilidades administrativas que las autoridades están obligadas cumplir frente a la ciudadanía, y también como imperativos de buen gobierno en la aplicación, seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.
Recientemente, en Nuevo León se ha generado una polémica a partir del señalamiento que han hecho diputados locales, el compañero diputado federal Homero Niño de Rivera1 y alcaldes del área metropolitana emanados del Partido Acción Nacional, para exigir la entrega de 400 millones de pesos para reparar baches.
Se alega que se trata de recursos públicos federales que debieron llegar al gobierno del estado para repartirse entre los municipios en diciembre del año pasado y se hacen acusaciones en el sentido de que sólo a municipios del PRI les han entregado recursos para rehabilitar pavimentos.
El tema, desde luego no es cosa menor; estamos hablando de un problema que afecta a miles de neoleoneses, de un servicio básico que compromete la movilidad de personas y mercancías, que afecta patrimonialmente los automovilistas y autotransportistas que circulan en las vialidades afectadas, que tiene impacto en la seguridad de las personas y en las actividades económicas.
Estamos hablando de un asunto en el que están implicados, efectivamente, recursos federales, cuyo manejo con estricta observancia a la ley, es un asunto que interesa a todos y de manera muy especial, en esta Cámara de Diputados.
Estamos hablando de que esta controversia se crea y se alienta en la víspera del arranque de las campañas electorales de este año, en las que se renovará la titularidad del poder ejecutivo del estado, de 51 ayuntamientos y se elegirán diputados federales.
Todo lo anterior, pone de manifiesto la relevancia del asunto que nos ocupa.
Subrayamos, en primer lugar, que la transferencia de recursos a las entidades federativas y a los municipios, no se rige bajo el arbitrio personal de ningún servidor público sino bajo reglas definidas previa y claramente.
A este respecto, es necesario hacer una serie de precisiones.
La Cámara de Diputados aprobó, en los Anexos 20 y 20.2 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, una asignación de 5 mil millones de pesos para el Fondo de pavimentación y desarrollo municipal.
En el artículo 4, fracción II del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se establece que los recursos para el Fondo de pavimentación y desarrollo municipal previstos en el Anexo 20 de dicho ordenamiento se destinarían a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
En tanto que Secretaría de Hacienda y Crédito Público conoció en tiempo y forma la opinión y los proyectos relacionados con los recursos asignados al Fondo de pavimentación y desarrollo municipal, el 30 de enero de este año, emitió las disposiciones para la aplicación de los recursos de dicho fondo y la relación de proyectos, entre los cuales, 327 millones 958 mil 493 pesos corresponden a Nuevo León
En el Capítulo IV de las Disposiciones, relativo a la disposición de los recursos del Fondo, se estableció que:
“14. Para que las entidades federativas estén en posibilidad de disponer totalmente de los recursos, será necesario:
a) Presentar a la UPCP [Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP] la solicitud de los recursos del Fondo, a más tardar el 15 de marzo del 2015, en hoja membretada, formato libre, debidamente firmada por el o los servidores públicos facultados para tal efecto;
b) Cumplir con lo previsto en las Disposiciones; y
c) Celebrar el Convenio o mecanismo de coordinación específico que la UPCP establezca para tal efecto.
15. La UPCP llevará a cabo la formalización de los convenios correspondientes con las entidades federativas a más tardar en el mes de marzo del 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del PEF.
16. En términos del artículo 4 del PEF, los recursos serán ministrados de la siguiente forma: 50 por ciento a más tardar en el mes de marzo y 50 por ciento a más tardar en el mes de agosto, ambos de 2015, sujeto a la disponibilidad presupuestaria.
17. Previo a la entrega de los recursos por parte de la SHCP, las entidades federativas deberán contratar en la institución de crédito de su elección y registrar, conforme a las disposiciones establecidas por la TESOFE, una cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva, para la identificación, registro y control de los recursos públicos federales.
18. La entidad federativa respectiva deberá transferirles los recursos que correspondan a los municipios o a las demarcaciones territoriales beneficiadas, únicamente de la cuenta bancaria aperturada para tal efecto, en términos del párrafo anterior, en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a la recepción de los mismos; para lo cual, la instancia ejecutora deberá abrir una cuenta bancaria, informando de ello a la entidad federativa, con las características mencionadas en el numeral anterior.2
No existe resquicio para conjeturar que autoridad alguna pueda hacer retenciones o distribuciones discrecionales; los montos, los requisitos, las formalidades que deben observarse y los plazos, están claramente definidos en los criterios normativos que rigen su ejercicio, encaminados a la gestión eficaz del recurso, obligatorios para todas las autoridades que intervienen, sean del nivel de gobierno que sean y del partido político que sean.
Por lo demás, subrayamos que los recursos federales del fondo de pavimentación de 2012 a 2014 se han entregado a los municipios puntualmente y al 100 por ciento (ver tabla 1).
Muestra de la mala fe que se vierte en las acusaciones que hablan de una distribución política de recursos, téngase presente un dato: del monto de los Fondos Federales para Pavimentación acumulado de los años 2012 hasta 2014, que asciende a 1,432.6 millones de pesos, el 76 por ciento ha sido canalizado a municipios gobernados por el PAN (ver tabla 2).
Es preciso anteponer el sentido de urgencia que impone la situación que han vivido los pobladores de los municipios neoleoneses que en los meses recientes padecieron los efectos negativos de las lluvias registradas desde septiembre del año pasado y que impactaron principalmente en las vialidades con encharcamientos, corrientes de agua, arrastre de materiales, deslaves y desde luego, baches.
La magnitud del problema ha sido muy significativa; téngase presente, por ejemplo, que el ayuntamiento de Monterrey estimó en 26 millones de pesos las afectaciones en 150 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica en el norponiente de la ciudad, tras las lluvias de septiembre.3
La necesidad de restaurar las vialidades y el sentido de urgencia que ameritan, recibe todo nuestro respeto, por lo cual, consideramos que es absolutamente necesario despolitizar la discusión del tema, exigir la mayor responsabilidad ética y política a quienes hablan de una presunta retención de fondos municipales, para que den cuenta de qué han hecho con los recursos del Fondo de pavimentación y, en su caso, promuevan las acciones que correspondan a su alegato, para evitar con ello, que se haga de los ciudadanos rehenes de intereses políticos que medran con la demanda social, porque, efectivamente, quienes salen perdiendo son los ciudadanos de Nuevo León.
Tomamos la palabra al diputado Niño de Rivera, quien ha dicho que se debe buscar la intervención de la Auditoría Superior de la Federación y poner especial énfasis en la ruta de los recursos públicos.4
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados solicita a la Auditoría Superior de la Federación y exhorta a la Secretaría de la Función Pública a que conforme a sus facultades y ámbitos de competencia, realicen los procedimientos de auditoría e investigación necesarios para fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los municipios de San Nicolás, San Pedro y Santa Catarina, Nuevo León, a través del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, a fin de comprobar que las inversiones se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable.
Notas
1 Gobierno de Nuevo León “congela” 400 millones de pesos destinados para baches?, en Regiando, http://regiando.com/gobierno-de-nuevo-leon-congela-400-millones-de-peso s-destinados-para-baches%e2%80%8f/#more-21446
2 Disposiciones para la aplicación de los recursos del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal para el ejercicio fiscal 2015; Diario Oficial de la Federación, 30 de enero de 2015, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5380010&fecha=30/01/2 015
3 “Daños en calles suman 26 mdp por lluvias en Monterrey”, Azteca Noticias-Notimex, 26 de septiembre de 2014, http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/estados/202126/danos-en-calles-s uman-26-mdp-por-lluvias-en-monterrey
4 “Baches causan conflicto entre poderes estatales”, en Milenio Monterrey, 19 de marzo de 2015, http://www.milenio.com/monterrey/baches-baches_conflicto_gobierno-recur sos_baches_0_484151595.html
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2015.
Diputado César Agustín Serna Escalera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, la Sener, la SE, la CFE y la Comisión Reguladora de Energía a reducir en Quintana Roo las tarifas eléctricas, a cargo de la diputada María de Lourdes Medina Valdés, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada federal María de Lourdes Medina Valdés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional representado en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; a la Secretaría de Energía; a la Secretaría de Economía; a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía, para que en el ámbito y en el ejercicio de sus atribuciones, procedan a reducir en el estado de Quintana Roo el monto que se cobra por concepto de tarifa eléctrica, homologando dicho monto al establecido en los estados de Yucatán y Campeche, la cual se justifica al tenor y bajo las siguientes
Consideraciones
I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en la parte conducente de los artículos 25, cuarto párrafo y 27, sexto párrafo, que:
• El Gobierno Federal mantendrá siempre la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan.
• Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de dicha Constitución, y
• Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.
II. La Ley del Sector Público de Energía Eléctrica, establecía en su artículo 31, que:
• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía y de Economía y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público, y el racional consumo de energía.
III. Por su parte, la nueva Ley de la Industria Eléctrica, dispone en sus artículos 12, fracciones III y IV; 27 y 139, que:
• La Comisión Reguladora de Energía está facultada para establecer las condiciones generales para la prestación del Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, así como las condiciones generales para la prestación del Suministro Eléctrico, y Expedir y aplicar la regulación de las tarifas finales del Suministro Básico.
• Las condiciones generales para la prestación del Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica que expida la Comisión Reguladora de Energía, tendrán por objeto determinar los derechos y obligaciones del prestador del servicio y del usuario, para lo cual deberán contener, como mínimo, las tarifas aplicables, y
• La Comisión Reguladora de Energía aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales del Suministro Básico.
En este sentido, es pertinente dar a conocer a esta Soberanía, la problemática que actualmente se suscita en el Estado de Quintana Roo, respecto al monto que se cobra por concepto de tarifa eléctrica, el cual es un monto superior al cobrado en los Estados de Yucatán y Campeche, aunque en los tres Estados se tengan y presenten casi de manera uniforme, las mismas características y supuestos climáticos y, en especial, de temperatura media.
La situación anteriormente descrita, no es regulada de manera justa y equitativa, por lo que indiscriminadamente existe una clara distinción y un trato distinto entre iguales, lo cual afecta de manera significativa a la economía de los hogares quintanarroenses, al ser considerados y regulados de manera distinta y superior en cuanto a montos de tarifas eléctricas, respecto de sus iguales en los Estados de Yucatán y Campeche.
No debemos pasar de lado el hecho de que esos tres Estados, en términos de las Disposiciones Complementarias emitidas por la Comisión Federal de Electricidad, para efectos del establecimiento de tarifas, integran la denominada “región peninsular”, la cual contempla y regula a todos los municipios de los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche.
Aunado a lo anterior, es de indicarse que para efectos de cobro de tarifas, la Comisión Federal de Electricidad divide a las mismas en cinco grandes grupos: doméstico; agrícola; industrial; comercial y de servicios.
En el caso de las tarifas domésticas, éstas se clasifican en ocho niveles de consumo (1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F y DAC), de los cuales los siete primeros están relacionados con la temperatura media de cada región; es decir, los precios son diferentes en las distintas entidades federativas debido a los subsidios aplicables en las regiones más cálidas del país, además de que existe una variación en los precios dependiendo la época, ya sea verano o invierno, tal y como a continuación se indica:1
Conforme a lo anterior y tomando en consideración que los tres Estados integran la denominada “Región Peninsular” y, que los tres Estados guardan una íntima relación en cuanto a temperatura media, luego entonces, por equidad, por mayoría de razón, pero sobre todo, por así proceder y corresponder en estricta igualdad y justicia, los tres Estados que integran la Región Peninsular deben entonces, en igualdad de condiciones, de contar con el mismo monto de tarifa eléctrica.
Ahora bien, en términos de las manifestaciones anteriormente establecidas, tengo a bien someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; a la Secretaría de Energía; a la Secretaría de Economía; a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía, para que en el ámbito y en el ejercicio de sus atribuciones, procedan a reducir en el estado de Quintana Roo, el monto que se cobra por concepto de tarifa eléctrica, homologando dicho monto al establecido en los estados de Yucatán y Campeche.
Nota
1 Publicación En Contexto, 29 de marzo de 2013. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. CESOP. Cámara de Diputados.
Diputada María de Lourdes Medina Valdés (rúbrica)
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