Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4250-VII, jueves 9 de abril de 2015
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Proposiciones de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, la SHCP y el SAT a informar a la opinión pública si se realiza alguna investigación en torno a la probable asignación de contratos a cambio de sobornos en Sonora donde participarían el gobernador Guillermo Padrés Elías y su hermano Miguel Padrés Elías, a cargo del diputado Willy Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado Willy Ochoa diputado federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El pasado jueves 5 de marzo de 2015 el diario estadounidense The Wall Street Journal, publicó un artículo en el que se advierte la posibilidad de actos de corrupción en México, específicamente en Sonora al destacar una investigación por sobornos donde se señala como probables actores al Gobernador de la entidad, Guillermo Padrés Elías y a su hermano Miguel Padrés Elías.
De acuerdo con el diario, el gobierno federal abrió una investigación al respecto, encabezada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, basada en las acusaciones de que los hermanos Padrés Elías recibieron pagos por la cantidad de 3.3 millones de dólares (equivalentes a 51 millones 150 mil pesos al tipo de cambio de 15.50 pesos por dólar), por parte de firmas que ganaron contratos públicos con el gobierno sonorense, equivalentes a 20 millones de dólares (310 millones de pesos).
The Wall Street Journal expone que, según la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, el dinero fue pagado por el empresario Mario Aguirre, para obtener las licitaciones para proveer uniformes escolares.
Adicionalmente, se refiere que la investigación de la SHCP sostiene que Miguel Padrés transfirió 5.7 millones de dólares (88 millones de pesos) a una cuenta bancaria en Estados Unidos, que abrió en 2012, a nombre de Tenerife CV, una firma con sede en Holanda. También se tiene referencia de que Miguel Padrés depositó adicionalmente 522 mil dólares (8 millones de pesos) en otra cuenta en Estados Unidos abierta por su hermano en el 2011, a nombre de Dolphinius, CV, otra sociedad de responsabilidad limitada con sede en Holanda. En total, Miguel Padrés transfirió 8.9 millones de dólares (137 millones de pesos) de cuentas de México a cuentas en bancos de Estados Unidos, desde que su hermano Guillermo Padrés se convirtiera en gobernador de Sonora en el año 2009.
Cabe destacar que el 24 de febrero pasado, tanto el gobernador Guillermo Padrés y su hermano Héctor, Miguel y Julio aseguraron públicamente que su fortuna familiar ascendía a 261 millones 875 mil 633 pesos entre mueblerías y ranchos sin mencionar ni hacer referencia a las cuentas citadas por The Wall Street Journal.
La nota cita la investigación en el sentido de que se realizaron una serie de operaciones en el Sistema Financiero Nacional y extranjero, con recursos que posiblemente tienen un origen ilícito y con un alto grado de probabilidad se operaron con la finalidad de ocultar su origen, localización, destino o propiedad?, también ha sido señalada la ausencia de explicación sobre la raíz de los fondos de Miguel Padrés, ni de sus actividades empresariales ni sus declaraciones juradas.
El gobernador Padrés, ha negado categóricamente haber abierto cuentas bancarias a nombre de la firma holandesa y desconoció la investigación tratando de desacreditarla, achacándola a rivalidades políticas.
Sin embargo, los señalamientos hechos al gobernador Padrés son graves y deben ser aclarados, más aún cuando se ha puesto en entredicho a la investigación, si el gobernador sonorense cuenta con dinero que no debería o cuyo origen sea inexplicable, la tarea de la Secretaría de Hacienda es investigar y la de las instituciones, como esta soberanía, es mantener ojos vigilantes en él.
Siendo necesario recordar que no es la primera vez que el gobernador Padrés se ha visto envuelto en controversias, simplemente basta con evocar una represa en su rancho en Sonora, cuyos habitantes se encuentran a merced de las inclemencias del clima, situación que lo hizo acreedor a una multa y a que se le ordenara la destrucción de la represa, símbolo de su inestabilidad y voracidad.
Las acusaciones en contra del gobernador Padrés son graves y deben ser aclaradas en aras de la consolidación de un servicio público transparente, eficaz y, sobre todo, benéfico para la población y no para privilegiar intereses particularmente en detrimento de la ciudadanía, es por lo anteriormente expuesto, que elevo a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria, a efecto de que informen a la opinión pública si se está realizando alguna investigación con relación a la probable asignación de contratos a cambio de sobornos en Sonora, en el que participarían el gobernador Guillermo Padrés Elías y su hermano Miguel Padrés Elías.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2015.
Diputado Willy Ochoa (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales a convocar a reuniones con el titular de la Profepa y con el encargado del Fideicomiso del Río Sonora para abordar el tema relativo a los derrames tóxicos acontecidos en ese estado, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, Lilia Aguilar Gil, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En la madrugada del 7 de marzo se reportó un nuevo derrame en Cananea, Sonora. En esta ocasión se advierte que la responsable fue Minera María, debido a una falla en el sistema de bombeo, provocando una contaminación de 180 metros cúbicos de solución gastada de cobre.
Según la Procuraduría de Medio Ambiente dicho derrame ha contaminado el arroyo El Tordillo, afectando una longitud de 1.6 kilómetros. Al intentar ejecutora las medidas de control, la empresa no pudo dar inicio a las actividades de neutralización de la solución derramada en el cauce del arroyo debido a un enfrentamiento con los locales.
El desastre ecológico, sucede a pocos kilómetros donde seis meses atrás aconteció el derrame de más de 40 millones de litros de lixiviados de cobre acidulado por una falla en la mina de Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, el cual fue considerado el peor desastre ambiental en la historia de la minería moderna.
Existe una gran preocupación de que este tipo de situaciones sigan sucediendo, por lo que se requiere de atención inmediata y apegada al marco jurídico aplicable por parte de las autoridades encargadas de vigilar y supervisar las medidas que deben adoptar las mineras para prevenir y atender dichos acontecimientos.
De tal suerte se busca evitar que se vulneren nuevamente los derechos humanos, especialmente a un ambiente sano, de los habitantes de la zona, como sucedió con el derrame ya referido, en río Sonora el 6 de agosto de 2014.
Por lo anteriormente descrito se presenta a esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Resolutivos
Primero. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Soberanía para que convoquen a una reunión de trabajo con el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a fin de que informe sobre el seguimiento ante los casos de los derrames de soluciones contaminantes de cobre en los Ríos Sonora y Bacanuchi y recientemente, del arroyo El Tordillo, en el estado de Sonora.
Segundo. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Soberanía para que convoquen a una reunión de trabajo con el encargado del Fideicomiso de Río Sonora a fin de que informe sobre el estado que guarda la afectación causada por el derrame de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi, ocurridos el 6 de agosto de 2014 como consecuencia de las actividades de la minera Buenavista del Cobre.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2015.
Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, relativo a la firma del protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, a cargo de la diputada Martha Loera Arámbula, del Grupo Parlamentario del PRI
Martha Loera Arámbula, diputada en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I y II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a esta soberanía una proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, en el ámbito de sus atribuciones, firme ad referéndum el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un Procedimiento de Comunicaciones y coordine las acciones necesarias para que sea firmado por el Presidente de la República y, posteriormente ratificado, a fin de que México sea parte del mismo, al tenor de lo siguiente:
Exposición de Motivos
Nuestro país ratificó en 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño1 y, en 2002, sus dos protocolos facultativos –relativos, uno, a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y, el otro, a la participación de niños en los conflictos armados.2 De la firma y ratificación de esos protocolos se derivó para México la obligación de rendir ante el Comité de los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en inglés), informes sobre las medidas que ha adoptado para cumplir con las determinaciones previstas en ambos instrumentos internacionales.3
En esos informes, presentados con base en los lineamientos definidos por el propio Comité, el Estado Mexicano reiteró su “firme voluntad de cooperar [...] con los órganos de vigilancia de los tratados, sobre el cumplimiento de las obligaciones emanadas de los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que es parte”,4 aceptando someterse a evaluación y recibir recomendaciones de aquella instancia internacional.
Con motivo de lo anterior, el Comité de los Derechos del Niño en sus observaciones finales al informe presentado por México sobre el cumplimiento de las prevenciones del Protocolo sobre a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía externo que:
Si bien toma nota de la información de la delegación del Estado parte de que los niños pueden presentar quejas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, preocupa al Comité que únicamente la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reciba quejas de los propios niños, mientras que la interposición de quejas ante todas las comisiones de derechos humanos estatales esta? sujeta a la aprobación paterna. Le preocupa asimismo la escasa independencia y capacidad de las comisiones de derechos humanos a nivel de los estados”.5
De esa forma, el Comité observó por primera vez la necesidad de que en nuestro país se acogieran medidas para mejorar el acceso de las niñas y los niños a procedimientos administrativos y legales, así como para dar voz a sus testimonios. Lo anterior encuentra sustento en el artículo 12, numerales 1 y 2, de la citada convención que reconocen el derecho de los menores a expresar libremente su opinión en todos los asuntos que les afectan y, por tanto, a que sean tomadas en cuenta en función de su edad y madurez. Por lo que, los Estados deben garantizar el ejercicio de ese derecho para que cada niña o niño, por sí o a través de un representante, intervenga en los procedimientos judiciales o administrativos que le afecten. Así, se establece [...] el principio de participación en los procesos que sean de su interés, siendo éste la base que determina la capacidad jurídica de la niñez y la adolescencia para actuar directamente y de manera independiente en dichos procesos.6
En ese marco de garantía, en 2012, dentro del sistema de las Naciones Unidas, se adoptó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un Procedimiento de Comunicaciones, a partir del cual, reafirmando la condición de los menores como sujetos de derechos y su capacidad para promover su reparación por transgresiones a los mismos, se estableció un procedimiento de comunicaciones que posibilita al Comité de los Derechos del Niño a recibir y examinar comunicaciones por vulneraciones a los derechos previstos en la referida convención, una vez que se hayan agotado todos los recursos que determinan las disposiciones nacionales, así como a realizar visitas tendientes a investigar casos de violaciones graves y sistemáticas de los derechos de niñas y niños.
Sin embargo, nuestro país no ha firmado este último instrumento, que será parte importante de la ruta que trazó la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, la cual definió nuevos esquemas de reconocimiento, tutela y garantía de los derechos fundamentales de las personas.
Este instrumento mejora el acceso a la justicia al posibilitar a niñas y niños, así como a sus representantes, en el marco del interés superior que les asiste, a presentar quejas directamente ante el Comité de los Derechos del Niño por presuntas violaciones a los derechos humanos que les están reconocidos en la referida convención, así como en sus dos Protocolos Facultativos, además da voz a sus testimonios. En suma, se les reconoce capacidad para ejercer y reclamar sus derechos.
El punto medular del tercer protocolo de la Convención sobre los Derechos del Niño radica en el reconocimiento a su capacidad para intervenir por sí en procedimientos administrativos y jurisdiccionales cuando les asista algún interés jurídico. Al respecto se ha señalado que:
El acceso a la justicia de las niñas y los niños debe considerarse desde las diferentes posiciones en que aquellos pueden encontrarse frente a la administración de la justicia. Sobre este punto, la concepción de los niños y las niñas como sujetos de derecho exige, indudablemente, el reconocimiento y estricto respeto del conjunto de derechos y garantías que en el sistema tutelar les fue negado [...] Las niñas y los niños que se encuentren sujetos a un procedimiento administrativo o judicial gozan de todas las garantías que rigen para el proceso de adultos, así como también de aquellas garantías procesales específicas por ser personas menores de 18 años de edad. Por su parte, el niño y la niña víctima o testigo de un delito deben tener la oportunidad de ejercer plenamente su derecho a expresar libremente sus opiniones”.
Cierto es también que la firma y ratificación del protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un Procedimiento de Comunicaciones, les posibilitará acudir ante instancias internacionales en apoyo a sus pretensiones de tutela y garantía.
La tutela del interés superior de la niñez demanda de la adopción y puesta en marcha de medidas y acciones para proteger los derechos de los menores y promover su supervivencia, desarrollo, crecimiento y bienestar. En suma, de la plena satisfacción de sus derechos y, para ello, es indispensable un sistema normativo que, armonizado con las prevenciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, garantice su ejercicio.
A mayor abundamiento respecto al Interés Superior del Niño, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha señalado que:
En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: “la expresión ‘interés superior del niño’ ...implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño” (subrayado nuestro).7
De esa forma y en palabras de la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas [...] necesitamos que el interés superior de la niñez, consagrado tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que México es parte, constituya, el criterio rector para la elaboración de normas y para la aplicación de éstas, en todos los órdenes relativos a la vida de las y los niños”.8
Conforme a lo anterior, puede decirse que se transita hacía un modelo de protección de los derechos de los niños y las niñas reconociendo su autonomía y “definiendo las responsabilidades del Estado en la tutela de esos límites”9 y, en ese esquema, la firma de instrumentos internacionales, desempeñan un papel fundamental.
Dada la importancia de avanzar hacia la consolidación de un sistema de protección y garantía sustentado en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos, resulta oportuno proceder a la firma del protocolo y, de esa manera, ampliar el sistema de garantía de los derechos de las niñas y niños mexicanos y posibilitarles el acceso a instancias internacionales, por lo que me permito proponer ante esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, en el ámbito de sus atribuciones, firme ad referéndum el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un Procedimiento de Comunicaciones, y coordine las acciones necesarias para que sea firmado por el Presidente de la República y, posteriormente ratificado, a fin de que México sea parte del mismo.
Notas
1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 enero de 1991.
2 Protocolos que fueron adoptados y abiertos a firma el 25 de mayo de 2000. México los firmo? el 7 de septiembre de 2000 y los ratifico? el 15 de marzo de 2002. Las obligaciones establecidas en ellos entraron en vigor el 15 de abril de 2002.
3 Presento? sus informes iniciales sobre los protocolos facultativos en 2008. Posteriormente, el 31 de enero 2011 sustento? dichos informes ante el Comité de los Derechos del Niño en Ginebra, Suiza.
4 Secretaría de Relaciones Exteriores. Informes de México sobre los Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativos a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía, y a la Participación de Niños en Conflictos Armados, México, 2011. Pág. 13. Disponible en línea en http://www.sre.gob.mx/images/stories/docsdh/informes/inforni.pdf
5 Ibídem, p. 126
6 García Chavarría, Ana Belem, La Convención sobre los Derechos del Niño (fascículo 8). Colección del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos (obra completa). Comisión Nacional de los Derechos Humanos. México, D.F., 2012. P. 40.
7 Tesis: 1a./J. 25/2012 (9a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Tomo 1, diciembre de 2012. P. 334 disponible en http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=%2522interes%2520superior%2520del%2520ni%25C3%25B1o%2520concepto%2522&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=159897&Hit=1&IDs=159897&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=
8 Sánchez Cordero de García Villegas, Olga, op. cit. nota 9, p. 36.
9 García Chavarría, Ana Belem, nota 6, p. 26.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2015.
Diputada Martha Loera Arámbula (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar por la SHCP una reasignación del gasto público en favor de las organizaciones de la sociedad civil, a cargo de la diputada Blanca Jiménez Castillo, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Blanca Jiménez Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
En los tiempos de cambio que vivimos actualmente, la participación de la sociedad civil organizada se constituye en un actor esencial de la acción pública, que complementa la acción gubernamental y de la cual nos beneficiamos todos.
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) tienen una particular importancia, emanan de la pluralidad social por lo que son conscientes de las demandas y necesidades de la ciudadanía y, por tanto deben gozar de derechos y garantías para participar en el desarrollo de la democracia y la construcción de una mejor sociedad que brinde más y mejores oportunidades a la población en general. En el proceso de consolidación democrática del país, su experiencia debe enriquecer la planeación y diseño de las políticas públicas, supervisar su ejecución y evaluar sus resultados, así como colaborar con el Estado en la lucha contra la pobreza y la desigualdad.
La Constitución Política establece diversos artículos relacionados con los derechos de los ciudadanos relativos a la participación ciudadana; entre ellos destaca el artículo 6 constitucional se refiere a los derechos del ciudadano a la libre manifestación de las ideas y el acceso a la información.
El artículo 8o. establece el derecho de petición del ciudadano a todo funcionario público y la obligación del servidor público de emitir respuesta por escrito; el artículo 9, que es particularmente importante, consagra el derecho de asociación y a tomar parte en los asuntos políticos del país y, complementa el derecho de petición con el derecho a presentar una queja ante cualquier acto de la autoridad.
No obstante, la sociedad civil organizada en México enfrenta grandes retos, variados y muy complejos: las libertades y derechos fundamentales de sus ciudadanos se ven amenazados desde diversos frentes, desde la extrema pobreza y los bajos niveles educativos hasta los preocupantes niveles de violencia e inseguridad.
En el país persisten rasgos de autoritarismo y corrupción que la transición democrática no ha terminado de erradicar. Sin embargo, ciertamente lo que observamos en México no es una política de Estado dirigida a sofocar a su sociedad civil; o persecución sistemática y generalizada contra las organizaciones ciudadanas, ni la promulgación de leyes represivas que restrinjan los derechos fundamentales. Empero, lo que encontramos en México es la simple y llana ausencia de una política de Estado frente a la sociedad civil.
Pese al avance logrado con la promulgación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAOSC), la administración pública federal no ha establecido una política de Estado integral que permita impulsar sólidamente las actividades de las OSC que pueden contribuir a la creación de sinergias gobierno-sociedad para impulsar el desarrollo social y la participación ciudadana.
Es necesario que los programas sectoriales de la administración pública federal incorporen como un insumo básico los objetivos planteados en la LFFAOSC.
Si bien en años recientes se han promulgado leyes que promueven mayor apertura y reconocimiento del papel de las organizaciones ciudadanas, confirmamos al mismo tiempo la persistencia de una serie de normas obsoletas, vacíos legales, objetivos de política pública contradictorios y, en suma, un marco legal que revela que México, con todos los avances que ha logrado en los últimos tiempos, es aún un país en transición. Un país que aún no define cuál quiere que sea el papel de sus ciudadanos en la esfera pública.
Todavía predomina en el marco legal una visión de las OSC que las equipara con empresas lucrativas, por lo que se mantiene la misma estructura de impuestos: sobre la renta, al valor agregado, sobre nómina, etcétera. Ello afecta los costos de operación y la viabilidad financiera de dichas organizaciones.
Más aún, es necesario realizar un cambio a fondo en lo que respecta a la relación de las organizaciones de la sociedad civil no sólo con el gobierno, sino con la iniciativa privada y con la sociedad en general. Parte de esto implica un cambio cultural en el que los ciudadanos se involucren más con estas instituciones, y que éstas a su vez se vuelvan más democráticas y transparentes en sus prácticas, rindiendo cuentas a la sociedad y facilitando la participación de otras personas interesadas en sus actividades.
Es importante impulsar una serie de reformas al marco normativo de las OSC, especial la citada Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, que considere mayores facultades, fortalezca sus órganos y su autonomía, así como también se contemple la distribución de mayores recursos económicos para garantizar sus objetivos y propuestas de vigorizar la presencia de la sociedad civil en México.
Este último aspecto es muy importante, de manera lamentable el financiamiento público a las actividades de las OSC todavía se encuentra muy rezagado. Esta situación es muy preocupante debido a que de acuerdo a diversos estudios comparativos, la importancia del financiamiento público en nuestro país es marginal. Lo cual representa un reto para la sustentabilidad del sector tercer sector.
Conocer el estado del financiamiento público y privado al sector no lucrativo de nuestro país debe ser una prioridad estratégica en virtud de que el crecimiento y fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil depende de la propia existencia de recursos suficientes para su financiamiento y también de la difusión sobre la disponibilidad de éstos a fin de que las instituciones filantrópicas puedan conocer las diversas fuentes de financiamiento para desarrollar sus actividades.
Según diversos estudios de los recursos públicos federales destinados a apoyar las actividades de las OSC, se desprende la necesidad de aumentar los recursos a fin de hacer efectiva la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil. De la misma manera, un mayor flujo de recursos públicos federales a las OSC materializaría diversas estrategias planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018), en las que se subraya la importancia de la participación ciudadana.
Tres fuentes de financiamiento sostienen el sector: la filantropía, constituida por donativos de individuos, de fundaciones y de empresas; los recursos públicos; y los ingresos autogenerados por venta de servicios, de productos y de asesorías.
En México, el ingreso más importante de las OSC es el correspondiente a las cuotas y servicios. De acuerdo con un estudio comparativo, el concepto de cuotas y servicios representa 85 por ciento de los recursos financieros con que cuentan para llevar a cabo sus actividades.
Esa proporción no sólo es superior al promedio, de 49 por ciento, sino que resulta la más alta respecto a los 22 países de Asia, Medio Oriente, Latinoamérica, Norteamérica, y Europa Occidental y Central que fueron estudiados.1
El restante 15 por ciento se distribuye entre 6 por ciento para el financiamiento privado y el 9 por ciento de financiamiento público, porcentaje muy bajo comparativamente hablando: en Europa los recursos públicos para las OSC oscilan entre 60 y 80 por ciento aproximadamente.2
En virtud de lo anterior requerimos promover ante las dependencias de la administración pública federal que se consideren mayores recursos en los programas en donde participan las OSC.
De tal manera, los entes encargados de implantar la política pública deberían considerar lo siguiente:
• Las dependencias y los órganos desconcentrados de la administración pública federal deben establecer un capítulo de sus partidas presupuestales para apoyar las actividades de las OSC que trabajan en áreas relacionadas con su materia de acción, y contempladas en la LFFAOSC.
• Fijar criterios que permitan incrementar los recursos de manera proporcional al número de organizaciones y así asegurar un mayor respaldo a sus proyectos y actividades y asegurar una distribución equilibrada de recursos para evitar una concentración de fondos un área en específico (asistencial) y garantizar el fomento a la diversidad y heterogeneidad de todas las actividades de las OSC.
• Por último, y de particular importancia, es indispensable que se incremente el número de programas sujetos a reglas de operación en los que exista la posibilidad de que las OSC puedan tener acceso a recursos y concretar de esta forma una política real de fomento del sector.
Como legisladores, tenemos la responsabilidad de fortalecer el marco jurídico creado por la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil para que el Congreso de la Unión, con el gobierno federal, pueda gestionarse un aumento de los recursos a las organizaciones de la sociedad civil, así como también un marco legal idóneo que promueva efectivamente el crecimiento de este sector, y se siga fortaleciendo la transparencia en el otorgamiento de los recursos.
Por lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a considerar por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el ámbito de sus atribuciones una reasignación del gasto público en favor de las organizaciones de la sociedad civil, y prever en los procesos de presupuestación subsecuentes un incremento en las partidas presupuestales para apoyar las actividades de las OSC que trabajan en las actividades comprendidas en la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a incrementar por de las dependencias y los órganos desconcentrados de la administración pública federal el número de programas, proyectos y acciones institucionales de fomento de la participación de las organizaciones de la sociedad civil.
Notas
1 Estudio promovido por el Johns Hopkins Center for Civil Society Studies. Citado en Recursos públicos para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil. Cemefi-Indesol. México, 2007.
2 Ibídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2015.
Diputada Blanca Jiménez Castillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CDH de Puebla a investigar las presuntas violaciones cometidas contra el ciudadano Alejandro Mondragón; y al secretario de la Contraloría local, a indagar sobre el presunto conflicto de intereses entre el gobierno y Prosfer Corporación, SA de CV, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, Roxana Luna Porquillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La tendencia nacional por autoridades de todos los niveles de gobierno de limitar los derechos humanos de expresión e información parece una constante que va en aumento.
Las represiones, las amenazas, el hostigamiento y los ataques que enfrentan las personas que ejercen el periodismo en México son alarmantes. El país es considerado uno de los lugares más peligrosos para ejercer esta profesión.
De acuerdo con datos presentados en el informe anual Estado de censura, de la organización Artículo 19, tan sólo en 2014 se registraron 326 ataques contra comunicadores, y 5 reporteros fueron asesinados. Además, en el país 1 periodista es agredido cada 26.7 horas.
Estos datos representan un aumento de 80 por ciento del promedio de agresiones a la libertad de expresión en México durante los dos primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto.
A esta información se suma el reporte de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República que señala que en los últimos 15 años fueron asesinados 103 periodistas y 25 más están desaparecidos.
La violencia que enfrenta el gremio no se limita a estos ataques. Como muestra puede señalarse el caso de persecución política y encarcelamiento injusto de Pedro Canché, de Quintana Roo, periodista y activista crítico del gobernador Roberto Borge, del Partido Revolucionario Institucional.
En el mismo sentido se presenta el caso del periodista Alejandro Mondragón quien por sus investigaciones y críticas al gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas ha sido fuertemente perseguido y hostigado. Actualmente enfrenta una multa de 2 millones 500 mil pesos por presunto daño moral a la empresa Prosfer Corporación, destacada por su conexión con el gobernador de Puebla.
Alejandro Mondragón es director general de Grupo Status y autor de la columna “Al Portador” en la cual ha denunciado distintos actos de corrupción del gobierno en turno del estado poblano.
En el portal que maneja el periodista, en 2014 fue publicada una nota donde se señaló que la empresa Prosfer Corporación, SA de CV, fue constituida fiscalmente 16 días después de la toma de posesión del gobernador y que desde entonces ha ganado sin licitación los principales contratos de imagen –videoclips, comerciales y audiovisuales– del sexenio morenovallista.
De igual forma debe señalarse, como narrado en otra de las notas periodísticas del portal, que en las páginas de transparencia de la Secretaría de Turismo ni en la de Puebla Comunicaciones existen rastros de los contratos que le empresa presume en torno a la realización de spots para la feria de Puebla en 2012, y para el Tianguis Turístico que se realizó en la entidad en 2013.
Por esa razón, un presunto conflicto de interés entre Prosfer, la administración estatal y el ex director del organismo Puebla Comunicaciones, Marcelo García Almaguer, fue señalado por el periodista. En 2013, la estación 1010 AM, de José Hanán, le quitó de un día para otro y sin notificación el espacio matutino que conducía.
Ahora, Alejandro Mondragón se ha enfrentado a un juicio por la empresa Prosfer por daño moral, y el Juzgado Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla ha fallado a favor de la empresa e impuesto una reparación del daño por una suma exorbitante: 2.5 millones de pesos.
Alejandro Mondragón ha asegurado que el Juzgado Segundo de lo Civil nunca le notificó sobre la denuncia ni sobre la sentencia, por lo que no pudo defenderse de la acusación en su contra, siendo violado su derecho al debido proceso. La persecución por parte del estado de Puebla en contra de periodistas y en aras de limitar la libertad de expresión e información es preocupante.
Conforme a la información presentada en el informe anteriormente mencionado “Estado de Censura”, en cuatro años de gobierno morenovallista se han contabilizado 33 ataques contra periodistas, de los cuales 16 ocurrieron en 2014, año con el mayor número de ataques.
En febrero de 2011, al inicio de su gobierno, Rafael Moreno Valle lanzó la propuesta de despenalizar los “delitos contra el honor” (difamación y calumnia) para pasarlos al Código Civil con objeto de imponer sanciones económicas de hasta mil salarios mínimos por daño moral, generando así la oposición del gremio periodístico. A esta iniciativa le llamaron la “Rafamordaza” y se exigió un tope máximo de 300 salarios mínimos puesto que los mil resultaban absurdos.
Continuando el estado intimidatorio y de represión, en octubre de 2012, se dio a conocer una lista negra de 18 comunicadores a los que el gobierno poblano pretendía denunciar penalmente. “Esto sucedió el día en que se dio a conocer la denuncia penal interpuesta por el gobierno de Puebla contra Fabián Gómez Hernández, director del portal Contraparte Informativa, y Adrián Ruiz, columnista del periódico El Heraldo de Puebla, acusados “por abuso de la libertad de expresión mediante la ofensa y la denostación de funcionarios” (artículo 19. “Estado de censura. Los ataques a la prensa poblana”. Consultado el 31 de marzo de 2015. En línea: http://www.articulo19.org/estado-de-censura-informe-anual-de-violencia- contra-la-prensa/).
Frente a esas acusaciones, el gobierno de Puebla negó la existencia de tal lista, pero para las personas que ejercen el periodismo y las agencias, el mensaje de advertencia era claro, no se toleraría ningún tipo de crítica al gobierno en turno y mucho menos al gobernador.
Puebla es un foco rojo en materia de derechos humanos. No debe olvidarse que en el estado continúa la resistencia a transparentar información relacionada con publicidad oficial, finanzas e infraestructura, y la defensa a cualquier costo de esta información que pudiese manchar la carrera presidencial de Rafael Moreno Valle.
Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla a investigar de acuerdo con sus atribuciones las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas contra el ciudadano Alejandro Mondragón durante el juicio por daño moral que enfrentó.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno de Puebla a detener los ataques contra las personas que ejercen el periodismo y a garantizar los derechos humanos a la información y expresión.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Contraloría de Puebla a investigar el presunto conflicto de interés entre el gobierno del estado y la empresa Prosfer Corporación, SA de CV.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2015.
Diputada Roxana Luna Porquillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a las autoridades competentes a realizar inspecciones periódicas en los planteles educativos de todo el país para evitar que sigan cobrándose cuotas escolares, a cargo de la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quien suscribe, Gabriela Medrano Galindo, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El derecho a la educación se plasmó en el artículo tercero de nuestra Constitución Política vigente desde su promulgación en febrero de 1917, instaurándose así uno de los derechos fundamentales más importantes para el pueblo mexicano.
Nuestra Carta Magna consagra dos premisas fundamentales: que todo individuo tiene derecho a recibir educación; y que la educación que el Estado imparta será laica y gratuita, las cuales han pretendido fortalecer el derecho de acceso universal a la formación académica en México, entendiendo que ésta es la puerta de entrada hacia el progreso individual de las personas en particular y de la nación en general.
El derecho a la educación no sólo se sujeta a lo instituido por el artículo tercero constitucional, sino que es regulado por lo establecido en la Ley General de Educación y los demás ordenamientos relativos al tema educativo, incluyendo asimismo las leyes estatales en la materia que rigen en el ámbito local.
Amén de lo anterior, para visualizar de modo integral el panorama jurídico del derecho a la educación se debe tomar en cuenta que éste es también un derecho fundamental reconocido internacionalmente como tal en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrito y ratificado por nuestro país, con lo cual México se compromete a observarlo, respetarlo e implementarlo.
No obstante lo anterior, en nuestro país subsisten barreras que impiden la realización plena de los postulados del artículo tercero de nuestra Ley Fundamental. Uno de esos obstáculos es el requerimiento hecho a padres de familia o estudiantes por parte de algunas autoridades de escuelas públicas, condicionando la permanencia de los educandos o la entrega de documentos, a cambio de una cantidad monetaria específica, lo cual atenta en contra de la gratuidad de la educación.
Esta práctica indebida ha constituido, desde hace años, una preocupación constante para el Partido Verde porque sabemos que para ciertos sectores de la población, enviar a sus hijos a la escuela, con la esperanza de forjarles un mejor futuro, representa un esfuerzo muy importante.
Por este motivo, más allá de que en algunos casos las cuotas suelen ser usadas para realizar mejoras en las instalaciones escolares que sí benefician a los alumnos, nos parece injusto que se exija el pago de determinada cantidad monetaria, especialmente a personas que no están en posibilidad de pagarlas, no porque no tengan la voluntad de contribuir con la escuela sino porque sus ingresos no alcanzan para ello.
En correspondencia con nuestra preocupación, planteamos como una de nuestras propuestas de campaña para el proceso electoral federal 2011-2012 prohibir el cobro de cuotas en las escuelas públicas, propuesta que tuvo una gran acogida entre la población y nos permitió ganar la confianza de un buen número de ciudadanos que enfrentan todos los días problemas como este y otros que afectan su economía y que demandaban una solución a los mismos.
En este tenor, la reforma educativa representó una gran oportunidad para establecer en la ley disposiciones encaminadas a poner fin al abuso por parte de las autoridades escolares. Hoy, la Ley General de Educación, como lo establece su artículo sexto, prohíbe categóricamente el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos. Así mismo, señala que en ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna.
Además de lo anterior, los legisladores del Partido Verde en esta LXII Legislatura consideramos que para acabar de modo tajante con el cobro de cuotas hacían falta medidas coercitivas, pues en varias ocasiones al no existir una sanción ejemplar, quienes están a cargo de la administración y gerencia de la escuela, son los primeros en infringir los dispositivos normativos.
Ante esta problemática, presentamos una iniciativa en esta Cámara de Diputados el 7 de febrero de 2013, la cual fue aprobada en el pleno con 380 votos a favor el 29 de abril del mismo año, la cual adiciona el artículo 215 bis al Código Penal Federal y tiene por objeto equiparar como delito de abuso de autoridad, a quien en el ejercicio de sus funciones de autoridad escolar impida el ingreso, o retenga documentación, o condicione la permanencia de cualquier alumno en los centros de educación del Estado en los que se imparta la enseñanza en los niveles básico o medio superior, a cambio de la entrega de contraprestaciones económicas, estableciendo una sanción de uno a trescientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, a quien cometa dicho delito. La minuta de esta reforma fue turnada al Senado de la República a efecto de continuar el trámite legislativo.
No obstante estos esfuerzos institucionales, lamentablemente, se tiene conocimiento que esta práctica se sigue llevando a cabo en muchas escuelas del país y los de padres de familia siguen siendo víctimas de las llamadas “cuotas voluntarias” que oscilan entre 250 y 300 pesos por estudiante según el plantel y la zona en la que éste se ubique, de acuerdo a lo reportado por la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia, la cual estima que por dicho concepto, las escuelas registran ingresos por unos 7 mil millones de pesos, en promedio, y sigue sin haber claridad respecto al destino que tienen esos recursos.
En virtud de lo anterior, las y los legisladores del Partido Verde solicitamos a las autoridades educativas de nuestro país que hagan cumplir lo establecido por la ley y vigilen que la gratuidad de la educación y no sea afectada por el cobro de cuotas en las escuelas públicas, especialmente ahora que se acerca el fin del ciclo escolar 2014-2015, lo cual es aprovechado para condicionar la entrega de documentos. Por lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a las autoridades competentes a realizar inspecciones periódicas en las escuelas de todo el país a fin de evitar que se siga realizando el cobro de cuotas escolares.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de abril del año 2015.
Diputada Gabriela Medrano Galindo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, sobre la implantación de políticas públicas para detener la pérdida de la biodiversidad, a cargo del diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Danner González Rodríguez, diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
América es el continente con más países ricos en biodiversidad de flora y fauna del planeta. Nuestro país alberga entre 10 y 12 por ciento de las especies del mundo, debido a la privilegiada posición geográfica con la cuenta, la variedad de climas, su compleja topografía y porque es uno de los países con mayor extensión de costas (lo que supone el segundo arrecife más grande del mundo)1 .
Lamentablemente pueden enunciarse dos factores que son los detonantes principales para la pérdida de la biodiversidad; los fenómenos naturales y la acción u omisión del hombre. En los primeros destacan los incendios, erupciones volcánicas, huracanes, inundaciones y terremotos. En los segundos podemos señalar la degradación, fragmentación o eliminación del hábitat como consecuencia de la contaminación, la urbanización, la cacería, el tráfico de especies, los incendios forestales provocados por el hombre, inundaciones por construcción de represas, extracción de madera sin reforestación, compactación de suelos y el sobre pastoreo2 .
De conformidad con el artículo 28 Bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Secretaría de Medio Ambiente “es la dependencia responsable de coordinar las políticas de preservación y restauración del equilibrio ecológico, forestal, cambio climático y protección del medio ambiente en el estado”. Y de acuerdo a la fracción III del artículo 28 Ter de la normatividad referida, al secretario de Medio Ambiente de la entidad le corresponde “atender los asuntos relativos a la preservación, conservación y restauración del equilibrio ecológico, forestal y protección al ambiente, así como aplicar los instrumentos de política ambiental de conformidad con las leyes, normas y demás disposiciones aplicables, en el ámbito de su competencia”.
En el ámbito federal, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le corresponde “la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales”, así lo estipula la fracción I del artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
En tanto que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), como órgano administrativo desconcentrado de la Semarnat, y con autonomía técnica y operativa, debe lograr los más altos índices de cumplimiento de las leyes en materia ambiental y combatir los focos rojos que atentan contra las riquezas naturales de nuestro país como la depredación de la flora y fauna silvestres.
Sin embargo, en el tema de la pérdida de biodiversidad, parece que las autoridades no están actuando conforme a las exigencias del problema, en el mejor de los casos, y en peor brillan por su ausencia ya que están “durmiendo el sueño de los justos”.
Si bien este es un problema de dimensión internacional, nuestro país, y de manera concreta el estado de Veracruz, hoy en día son el más claro ejemplo de la irracionalidad del hombre y de la negligencia de las autoridades, ya no digamos para resolver la pérdida de la biodiversidad con la que cuenta la entidad, sino para atender y hacer frente a esta problemática.
La superficie de ecosistemas naturales del país se ha reducido desde mediados del siglo pasado, y hasta este año se contabiliza la pérdida de 23.4 millones de hectáreas de selva y 12.9 millones de bosques. Datos de la Semarnat refieren que Veracruz ha perdido gran capacidad de suelo natural y ha habido cambio de uso de suelo, lo que ha provocado pérdida de especies de vida silvestre. En términos cuantitativos, la entidad ha perdido 82 por ciento de su territorio natural en los últimos 10 años3 .
La Norma Oficial Mexicana 059, Protección Ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, señala que en el país hay 2 mil 584 especies bajo alguna categoría de riesgo; 41 están extintas, 373 en peligro de extinción, 842 amenazadas y mil 327 sujetas a protección especial, 400 de estas especies animales están en Veracruz y 60 por ciento está amenazada con desaparecer4 .
Por mencionar algunas especies de animales en peligro de extinción en el estado de Veracruz tenemos a: la chachalaca, la garza rojiza, el ocelote, el mono saraguato, el chivizcoyo, el bejuquillo, el puma, el coral, la codorniz, la boa, el tapir, el manatí, la gallina de monte, el cocodrilo de pantano, el venado cola blanca, la tortuga marina, el tucán, el jaguar, el mono araña y la anguila ciega5 .
Lo anterior revela que no hay políticas eficientes en el ámbito estatal y federal para detener la pérdida de la biodiversidad, ya que no es un buen indicador la incautación y aseguramiento de especies como lo quieren ofertar las autoridades, más bien es una acción tardía y no un logro. La política debiera ser preventiva.
Pensar que esta rapiña y depredación no afecta al hombre, es un error. Hay una interdependencia entre los seres vivos y su hábitat, una alteración entre los seres vivos modifica el hábitat y viceversa, la pérdida de la biodiversidad equivale a la pérdida de la calidad de nuestra vida y del entorno que nos rodea.
Las autoridades del gobierno estatal de Veracruz y del gobierno federal deben colaborar de manera más dinámica y dar resultados efectivos en materia de cuidado y conservación de la biodiversidad, sólo así se podrá revertir este déficit que se tiene en la materia.
En virtud de lo anterior, someto a la consideración de esta asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno del Estado de Veracruz, para que en el ámbito de sus atribuciones legales diseñe y ponga en marcha políticas públicas encaminadas a detener la pérdida de la biodiversidad en la entidad.
Segundo. Se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que en el ámbito de sus atribuciones legales diseñen y pongan en marcha políticas públicas encaminadas a detener la pérdida de la biodiversidad del país, y a que tengan una mayor colaboración institucional con las secretarías de medio ambiente de las entidades federativas para atender esta problemática.
Notas
1. “Top 10 países con más biodiversidad”, Sostenibilidad para todos. Disponible en: http://www.sostenibilidad.com/top-10-paises-mayor-diversidad [Última consulta: 1 de abril de 2015]
2. “La pérdida de la biodiversidad biológica: causas y consecuencias”, Desarrollo Argentino, 27 de octubre de 2014. Disponible en: http://www.desarrolloargentino.org/desarrollo-sostenible/la-perdida-de- la-biodiversidad-biologica-causas-y-consecuencias [Última consulta: 1 de abril de 2014]
3. “Tráfico, caza e invasión de territorios extinguen fauna salvaje en Veracruz”, Imagen del Golfo, 14 de marzo de 2015. Disponible en: http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=41055625 [última consulta: 1 de abril de 2015]
4. Ibídem.
5. Ibídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2015.
Danner González Rodríguez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a diseñar e implantar con sus homólogas estatales programas para reducir los partos accidentados, a cargo del diputado Samuel Gurrión Matías, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Samuel Gurrión Matías, diputado federal del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Es un hecho que el Estado debe procurar el derecho a la salud y a la vida de todos sus ciudadanos. En concordancia, aquellas mujeres que se encuentran en etapa de embarazo deben estar protegidas de enfermedades, lo que les permitirá asegurar la vida del infante y la integridad de la madre, contribuyendo de igual manera al desarrollo de una sociedad más activa y próspera.
La aseguración y procuración de la salud de las mujeres embarazadas es un tema que está presente en toda sociedad, más aún cuando se trata de la protección de los recién nacidos; son ellos los que requieren de cuidados especiales y atenciones inmediatas, que de contar con ello se avanza hacia un sano desarrollo; empero, de no presentarse condiciones salubres para la atención de los recién nacidos se acarrea nuevos obstáculos para la atención de la salud de los futuros niños, lo que representa una falla a los objetivos principales del Estado.
Existen factores como la desigualdad (particularmente la dificultad del acceso, cobertura y deficiente utilización de los servicios médicos), escasez de recursos, manejo ineficiente de éstos y la valoración deficiente de las mujeres en trabajo de parto, mismos que conllevan a una complicación para la atención de las mujeres embarazadas. Dichos factores deben ser entendidos en su magnitud y en sus posibles combinaciones, tomando en cuenta el amplio abanico que sugiere la sociedad mexicana, amén de dimensionar las condiciones geográficas y económicas que caracteriza el territorio nacional, todo esto con el fin de darle la prioridad necesaria y la oportuna atención que implique.
Bajo este razonamiento, queda claro que ningún niño tendría que nacer en un espacio público, más aún, es reprobable que existan nacimientos en la vía pública o en lugares inadecuados, de igual forma también es inaceptable que el ambiente represente un riesgo para la madre y el recién nacido.
Un nacimiento accidentado revela un grave síntoma de desigualdad, que no sólo se presenta en dónde viven las comunidades indígenas, sino que ha escalado a los cinturones de miseria, tornándose preocupante y dejando claro que los partos fuera de hospitales son un sinónimo de una negligencia en los servicios de salud.
La pertinencia de reducir los partos en el hogar, en condiciones de riesgo o el parto accidentado no hospitalario, recae en la idea de minimizar los riesgos de complicaciones maternas y perinatales.
En función de lo anterior, se recuerda que en la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes prevé en las fracciones A y F del artículo 28 que el Estado se compromete a:
A. Reducir la mortalidad infantil.
F. Ofrecer atención pre y post natal a las madres, de conformidad con lo establecido en esta ley.
Por ello, resulta reprobable que cifras del Sistema Nacional de Información de Salud (Sinais) revelen que en México casi mil niños nacen en la vía pública cada año. En 2011 se presentaron 966 partos en la calle, avenidas o cerca de hospitales, en 2012 se registraron 961, de manera preliminar en 2013 reportan 987.
Los partos ocurridos en el hogar y en vía pública de 2011 a 2013 representaron 1.3 por ciento del total de alrededor de 2 millones de nacimientos en el país. De forma alarmante, podemos subrayar dos categorías del subsistema que indican nacimientos en “otro lugar” (8 mil nacimientos anuales) y la categoría “no especificado” (250 nacimientos anuales).
Bajo este tenor, los partos accidentados aparecen como un problema que atenta contra la salud tanto de las futuras madre como de los recién nacidos.
En consecuencia someto a consideración del Pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en coordinación con sus homólogas estatales:
a. Elaboren e implementen un programa que contribuya a reducir los partos accidentados y minimizar el riesgo de muerte en las madres y de los recién nacidos;
b. Que en las instituciones públicas que se encargan de brindar servicios de salud, se le dé prioridad y pronta atención a las embarazadas para así evitar nacimientos accidentados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2015.
Diputado Samuel Gurrión Matías (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para emitir un extrañamiento al gobernador de Chihuahua debido a las declaraciones vertidas por el fiscal de la zona centro en el estado sobre el asesinato de dos jóvenes militantes del Partido Acción Nacional, a cargo de la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, legisladora ante la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 3, fracción XIX, 6, fracción I, 62, numeral 2, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y V, y 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con punto de acuerdo con el propósito de emitir un atento y enérgico extrañamiento al titular del Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua, ante las precipitadas y desafortunadas declaraciones vertidas por el titular de la Fiscalía Zona Centro en el estado de Chihuahua, licenciado Sergio Almaraz Ortiz, con relación al asesinato de dos jóvenes militantes del Partido Acción Nacional en la ciudad de Chihuahua; ello en atención a la siguiente
Exposición de Motivos
I. Con profunda tristeza he de comentar este caso en el cual hemos sido sumamente prudentes. No lo abordamos en días pasados para permitir que la Fiscalía General del Estado resuelva y esclarezca este hecho que ha lastimado profundamente a la juventud de Chihuahua, al Partido Acción Nacional y a la sociedad mexicana.
Es el caso del asesinato de dos jóvenes profesionistas, ocurrido el pasado viernes 20 de marzo en las afueras de Chihuahua ciudad capital. Me refiero a Martín Alonso Colmenero Ledezma y Francisco Javier Aguilar Siller, jóvenes militantes del PAN de amplio reconocimiento y trayectoria pública impecable.
Ante este hecho lamentable solicitamos atentamente al Gobernador del Estado, César Horacio Duarte Jáquez y al Fiscal General del mismo, Jorge González Nicolás, para que en uso de sus facultades y atribuciones legales redoblen los esfuerzos para el pronto esclarecimiento del caso y se lleve a la justicia al o a los responsables de los hechos. En este mismo sentido, ya el Presidente de Acción Nacional Gustavo Madero, les instó a que realizaran las investigaciones correspondientes sobre el asesinato de estos jóvenes.
Pero a tan sólo cuatro días, el Fiscal de la Zona Centro en el Estado, Lic. Sergio Almaraz Ortiz, en rueda de prensa anuncia, no la aprehensión del o los responsables de esos arteros crímenes, sino que dio a conocer las indagatorias emprendidas por la Fiscalía, primero violentando la secrecía de la investigación y por otro lado violando los derechos de las víctimas y ofendidos del delito, añadiendo de un supuesto y absurdo crimen pasional.
Cabe señalar que estas expresiones han sido calificadas por muchos diputados y diputadas federales de diversas corrientes partidistas como “homofóbicas”, incluso al grado de que dichas declaraciones, según el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos José Luis Armendáriz pudieron haber violado el derecho humano de las víctimas y ofendidos del delito, reconocidos en el artículo 7, inciso siete de la Ley de Atención y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito del Estado de Chihuahua que a la letra dice:
Artículo 7. Las víctimas u ofendidos de un delito tendrán, sin perjuicio de lo dispuesto en otros ordenamientos legales, los siguientes derechos:
...
Fracción VII. Que la autoridad investigadora o jurisdiccional dicte las providencias legales necesarias para proteger su vida, integridad física, sicológica y moral, bienes, posesiones o derechos, incluyendo los sujetos protegidos, cuando existan datos suficientes que demuestren que éstos pudieran ser afectados por los probables responsables del delito o por terceros implicados; “
En el caso de que se trate de un crimen con connotaciones de carácter sexual, es posible que entonces el fiscal también hubiere faltado al artículo 16 de la misma ley, que obliga a la autoridad a preservar los derechos de privacidad de las víctimas u ofendidos del delito y que se expresa:
Artículo 16. Con el objeto de salvaguardar la integridad física y mental de las víctimas u ofendidos por la comisión de delitos sexuales, el Ministerio Público deberá de abstenerse de revelar la identidad de los mismos, en los casos que de manera fundada y motivada considere conveniente, a efecto de preservar los derechos de privacidad de las víctimas u ofendidos del delito.”
II. Lo expresado por el fiscal Zona Centro en Chihuahua no sólo ha indignado a los familiares de los jóvenes asesinados y a la militancia Panista, sino que nos ha puesto en alerta a toda la sociedad, en virtud de la doble victimización que realiza el Gobierno estatal, aun cuando éste ha sido pionero en la reforma al sistema de justicia penal acusatorio, sistema en donde se otorgan más derechos a las víctimas del delito y a los ofendidos del mismo.
Sabemos que hay personas y funcionarios públicos que aún no están convencidos en una verdadera protección a los derechos humanos, hoy vemos cómo un alto funcionario del gobierno del estado denosta a las víctimas y se enfoca en hechos que no están probados, cuando no se sabe si se han agotado otras líneas de investigación. Pareciera que lo que el fiscal quiere es no enterrarlos a ellos, sino enterrar la verdad para que otro asesinato más en Chihuahua, al igual que muchos otros quede impune.
Aquí hay algo más de fondo y mucho más perverso: la vieja, sucia y socorrida técnica de denostar a la víctima para quitarle autoridad, solidaridad y, sobre todo, credibilidad. No es la primera vez en la cual la autoridad estatal recurre al descrédito de la víctima como una forma de desinflamar el descontento social ante un crimen de alto impacto.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados de la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, emite un atento y enérgico extrañamiento al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, ante las precipitadas y desafortunadas declaraciones vertidas por el titular de la Fiscalía Zona Centro en el estado de Chihuahua, licenciado Sergio Almaraz Ortiz, con relación al asesinato de dos jóvenes militantes del Partido Acción Nacional en la ciudad de Chihuahua.
Segundo. Derivado de las probables violaciones a los derechos humanos de las víctimas y ofendidos del delito cometidos por la autoridad investigadora, se exhorta a la Procuraduría General de la República a efecto de que ejerza su facultad de atracción en la investigación de los homicidios de Martín Alonso Colmenero Ledezma y Francisco Javier Aguilar Siller, a fin de que garantice imparcialidad y agote todas las líneas de investigación que permitan dar con los probables responsables de la comisión de este atroz delito.
Tercero. De la misma forma, se exhorta de manera respetuosa y diligente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, para que en uso de sus facultades y atribuciones, gire las instrucciones correspondientes para que se investigue si hubo o no violaciones a la Ley de Atención y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito del Estado de Chihuahua por parte del funcionario público Sergio Almaraz Ortiz, y en su caso, si es de considerar la sanción, se efectúe la destitución inmediata del Fiscal de la Zona Centro. De la misma forma para que se proceda a incoar el procedimiento de responsabilidad que le corresponda, en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Chihuahua, por incumplimiento a la máxima diligencia en el servicio encomendado y actuar con deficiencia y abuso indebido de su cargo.
Cuarto. La honorable Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, solicita al Gobernador del Estado de Chihuahua y al Fiscal General del mismo, redoblen los esfuerzos y agoten todas las líneas de investigación respetando los derechos de las víctimas y ofendidos del delito, a efecto de que se den con él o los responsables del doble homicidio y se haga efectiva la procuración e impartición de justicia en el estado de Chihuahua.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los nueve días del mes de abril del año dos mil quince.
Diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Conapred a investigar y fincar las responsabilidades correspondientes al alcalde de Chihuahua por su conducta discriminatoria, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe Karen Quiroga Anguiano, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Antecedentes
El Día de la Empleada Doméstica, celebrado el pasado 22 de marzo, el mexicano Javier Garfio Pacheco, alcalde de Chihuahua, en su discurso, aconsejó a las empleadas domésticas que usen la televisión para ver telenovelas y no los noticieros, en el evento el gobierno estatal y municipal regalaron televisiones de plasma.
“Las pantallas plasma son las más requeridas para que puedan ver las novelas en su rato de descanso. No vean las noticias porque no crean que son tan buenas las noticias, vean más bien las novelas y sobre todo las novelas buenas, así es que yo espero que traigan mucha suerte. Este evento lo hacemos con mucho esfuerzo el gobierno del estado y el gobierno municipal, para que ustedes tengan un momento de esparcimiento, puedan llevarse un regalo y poderlas apapachar a todas ustedes. Muchas felicidades y que Dios me las bendiga a todas” (sic), mensaje con el que cerró el evento Javier Garfio Pacheco.
En México, 2.2 millones de personas, de las cuales noventa y cinco de cada cien son mujeres, se dedican al trabajo del hogar, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2010; Se trata más de dos millones de personas que, de acuerdo al informe Legislar sin discriminación, sufren varias violaciones a sus derechos humanos elementales, como la discriminación, el maltrato y la humillación.
El trabajo doméstico consiste en el trabajo que se lleva a cabo en un hogar y para él, y lleva implícito las tareas domésticas, el cuidado de niños entre otros; genéricamente se puede diferenciar entre remunerado y no remunerado. Y las trabajadoras reivindican su actividad económica, productiva; con el llamado trabajo del hogar.
El Día de las Trabajadoras del Hogar, es instituido por los movimientos sociales y organizaciones de trabajadoras del hogar lo que llevo a considerar precisamente la intención de colocar en la agenda pública su situación de discriminación sistemática y de indiferencia social.
En 1988, en Bogotá, Colombia, tuvo lugar el primer Congreso de Trabajadoras del Hogar, donde se conformó la Confederación Latinoamericana y del Caribe de trabajadoras del Hogar (CONLATRAHO), y se instituyó el 30 de marzo como Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, como fecha conmemorativa y de reivindicación de los derechos de este sector compuesto en su mayoría por mujeres indígenas o empobrecidas.
Para diferenciar las labores domésticas que se realizan en casa, generalmente no remunerado y realizado por integrantes de la familia, las trabajadoras del hogar han definido que se les denomine de esa manera, precisamente porque lo que exigen en primera instancia es que se les reconozca como trabajadoras y que en correspondencia con esta condición, tengan acceso igual al goce de los derechos como cualquier trabajador y trabajadora.
Al finalizar el festejo, el edil aseguró que se trató de “un chascarrillo”, tal vez no se ha percatado que la discriminación como lo establece el Consejo para Prevenir la Discriminación, es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido, en este caso específico a las trabajadoras domésticas, a las que ha puesto por un lado en el rol de que por su género, (ya que en la practica la mayoría son mujeres), su inteligencia no da más allá de la comprensión de una telenovela; y por el otro como ciudadanas de este país, les hace notar que el estado no tiene nada bueno que hacerles saber a través de los noticieros, derecho de todos los gobernados.
La discriminación ocurre cuando hay una conducta que demuestre distinción, exclusión o restricción, a causa de alguna característica propia de la persona que tenga como consecuencia anular o impedir el ejercicio de un derecho, El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación refiere que el trabajo que realizan las trabajadoras del hogar es considerado social y económicamente inferior, queda claro que este fue la postura del alcalde.
Por lo expuesto con anterioridad, someto a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Exhortar al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, investigar y fincar las responsabilidades a que haya lugar e imponer las sanciones respectivas, en los términos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades, por la conducta discriminatoria al alcalde de Chihuahua, Javier Garfio Pacheco.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2015.
Diputada Karen Quiroga Anguiano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades ambientales de los diferentes niveles de gobierno a garantizar la implantación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, Ricardo Astudillo Suárez, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En la última década, nuestro país ha sufrido una serie de desastres naturales que han puesto en riesgo a millones de personas que fueron afectadas tanto en su salud como en sus pertenencias, sin embargo, no podemos omitir la gravedad de las afectaciones que se han producido en el medio ambiente.
Poco se hace referencia a los efectos más patentes del cambio climático, las inundaciones, los huracanes, temporales, olas de frío o calor, sequías, incendios y plagas, son sólo algunas de las demostraciones de las graves afectaciones a nuestro medio ambiente provocados por el cambio climático.
México no ha sido ajeno a estos efectos, en las últimas décadas hemos afrontado fenómenos naturales como el huracán Emily en el año 2005, las inundaciones en Tabasco en el año 2007 y el huracán Manuel e Ingrid el pasado 2013, mismos que sin duda ponen a prueba las capacidades técnicas y económicas de nuestro país.
Lo anterior, por lo que hace a fenómenos naturales poco predecibles, pero con mucha carga de responsabilidad de la sociedad que aún continúa observando el cambio climático como un asunto ajeno.
Ahora bien, existen desastres ambientales generados por la intervención directa del hombre, a diario nos enfrentamos a noticias que evidencian la desmedida tala ilegal, los incendios forestales, el tráfico de especies silvestres, la ocupación ilegal de la zona federal marítimo terrestre, la construcción irregular en ecosistemas costeros, la afectación a los recursos marinos, y no menos importante, a la contaminación.
Ejemplo de ello es el denominado peor desastre ambiental ocurrido en agosto del año pasado donde aconteció el derrame de más de 40 millones de litros de lixiviados de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi por una falla en la mina Buenavista del Cobre, filial de Grupo México; posteriormente se confirmó que la empresa Minera María, en Cananea, Sonora, derramó 180 metros cúbicos de solución gastada de cobre, como resultado de una falla en el sistema de bombeo.
Sin duda es evidencia de la grave situación que enfrenta nuestro país, por una parte la falta de educación y conciencia ambiental que por décadas había imperado en el sistema escolar de México, así también la falta de herramientas para las autoridades responsables de la vigilancia y sanción en materia ambiental.
Preocupados por la situación y comprometidos con el medio ambiente, el pasado 25 de agosto de 2010, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó una iniciativa a través de la cual se creó la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, misma que entró en vigor el 7 de julio de 2013 y la cual define bases sólidas y precedentes respecto la definición de daño ambiental, el establecimiento de las directrices bajo las cuales habrá de repararse el daño ambiental, así como la procedencia de la compensación y la legitimación de las procuradurías ambientales locales para defender judicialmente el daño producido en su jurisdicción territorial, entre otras.
Con esta legislación se da paso a una nueva era, en donde además de darle la relevancia necesaria al tema ambiental, se pone un alto a los vacíos legales que por años había impedido la correcta impartición de justicia en materia ambiental.
Tomando en consideración la situación actual de la afectación del medio ambiente y sus recursos naturales, en donde desafortunada e invariablemente se ve involucrado el actuar del ser humano, inicialmente esta ley tiene el carácter de instrumento de contención, pues busca que todos aquellos que lleven a cabo una actividad que dañe el medio ambiente, sin la debida previsión y, en su caso, autorización, sean responsabilizados y obligados a la reparación del daño que hayan causado, sin embargo, la esencia de la misma como cualquier instrumento normativo ambiental tiene el carácter preventivo a través de la educación y concientización de las acciones y consecuencias de las mismas.
Convencidos de que esta legislación es un precedente para la exitosa ejecución de la justicia y ante la inminente evidencia de la omisión de las personas para su obediencia, resulta necesario seguir impulsando mecanismos eficientes para su exacta aplicación, pues con ello no sólo se garantiza un correcto estado de derecho, sino la verdadera protección a nuestros recursos naturales, como medio indispensable para la subsistencia del equilibrio ecológico, e incluso en beneficio de la salud de las y los mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades ambientales de los diferentes niveles de gobierno, a efecto de que garanticen la implementación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental como fundamento legal de las diferentes acciones de inspección y vigilancia, así como en los respectivos procedimientos administrativos interpuestos en contra de las personas que hayan cometido un daño ambiental, para que de esta forma se garantice la preservación de los ecosistemas que componen nuestro medio natural.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2015.
Diputado Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la seguridad pública y procuración de justicia que garanticen el libre ejercicio del periodismo en Veracruz, a cargo del diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Danner González Rodríguez, diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El año 2012 fue el más catastrófico para los periodistas en México y para el ejercicio de su profesión en más de una década, se registraron once asesinatos y el país se ubicó en la posición 4 a nivel mundial en esta materia.
En 2013, el país registró dos casos de periodistas asesinados, ocupando el lugar once de 17 países, empatando con Mali y Rusia. Y el año pasado, México se situó en la posición seis a nivel mundial en homicidios de periodistas al registrar tres casos, de acuerdo con la organización Reporteros sin Fronteras1
También durante el año 2014 el país estuvo en el lugar cinco de la lista negra de lugares en el mundo con más secuestros a periodistas, ya que se contabilizaron tres plagios en contra de comunicadores2 .
El estado de Veracruz ha sido la entidad que más asesinatos de periodistas ha registrado. Desde enero de 2000 a junio de 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que en el país se han perpetrado 87 homicidios de periodistas, pero la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión señala que han sido asesinados 102 periodistas3 , de éstos, al día de hoy, 16 han sido en Veracruz y de los cuales once se han dado en la actual administración estatal4 .
Los nombres y los perfiles de estos valientes veracruzanos con vocación de servicio y arrojo por la verdad son5 :
• Noel López Olguín
Periodista colaborador de los semanarios locales Horizonte, Noticias de Acayucan y del diario La Verdad . Desapareció el 8 de mayo de 2011 y fue hallado muerto el 31 de mayo de ese año.
• Miguel Ángel López Velasco
Periodista del diario Notiver , destacó por su trayectoria en investigar temas relacionados con el narcotráfico. Fue asesinado el 20 de junio de 2011 junto con su esposa e hijo.
• Misael López Solana
Fotógrafo del diario Notiver e hijo de Miguel Ángel López Velasco. Asesinado el 20 de junio de 2011.
• Yolanda Ordaz
Reportera del diario Notiver . Fue secuestrada por un comando armado y su cuerpo fue encontrado el 27 de julio de 2011.
• Regina Martínez
Corresponsal de la revista Proceso en Xalapa. Fue encontrada muerta el 28 abril de 2012 en su casa, con rastros de golpes en el rostro y cuerpo.
• Guillermo Luna Varela
Trabajaba para la agencia fotográfica Veracruz News y para el periódico Notiver , pero en julio de 2011, tras la muerte de su compañera Yolanda Ortiz, salió del estado y había regresado recientemente a Veracruz. Su cuerpo fue encontrado cercenado el 3 de mayo de 2012.
• Gabriel Huge Córdova
Trabajaba para la agencia fotográfica Veracruz News . Al igual que Luna Varela, había dejado el estado tras el asesinato de Yolanda Ordaz, con quien también había trabajado. Junto con Luna Varela, desapareció tres días antes de que su cuerpo fuera encontrado cercenado atrás de una planta de tratamiento de aguas negras el 3 de mayo de 2012.
• Esteban Rodríguez
Trabajaba como soldador cuando fue asesinado el 3 de mayo de 2012, pero había sido fotógrafo del diario AZ de Veracruz por cinco años y cubría notas policiacas para TV Azteca Veracruz. Su cuerpo fue encontrado junto con los de Luna Varela y Huge Córdova, también cercenado.
• Víctor Manuel Báez Chino
Reportero y editor de Milenio El Portal de Veracruz , afiliado a Grupo Milenio, y director adjunto del diario digital reporterospoliciacos.com . Fue secuestrado por hombres armados el 13 de junio de 2012 y su cuerpo mutilado fue hallado al día siguiente.
• Gregorio Jiménez
Reportero de los diarios Notisur y Liberal del Sur . Fue secuestrado el miércoles 5 de febrero de 2014 y su cuerpo fue hallado el día 11 del mismo mes.
• José Moisés Sánchez Cerezo
Era editor del periódico La Unión de Veracruz, y fue privado de su libertad por hombres armados el 2 de enero de 2015 en su hogar. De acuerdo con las declaraciones de los detenidos por este móvil, el subdirector de la policía del municipio de Medellín de Bravo, fue quien encargó secuestrar y asesinar al periodista, a petición expresa del alcalde de ese municipio.
La violencia contra periodistas es un atentado contra el derecho humano de opinión y libertad de expresión. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este derecho se encuentra consagrado en el párrafo segundo del artículo 6o. y en el primer párrafo del artículo 7o.
En el derecho internacional de los derechos humanos, la libertad de opinión y expresión está consagrada en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; en el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; y en el artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, por mencionar algunos.
Es un mandato constitucional, y un deber que impone el bloque de convencionalidad de los derechos humanos, a las autoridades del Estado mexicano garantizar que no se afecte, limite o menoscabe el derecho a la información o las libertades de opinión y expresión.
Es verdad que se han puesto en marcha acciones para atender al sector periodístico del país, por ejemplo, en el año 2006 se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión. En el año 2011 se aprobó la derogación de los artículos 1 y 31 de la Ley sobre Delitos de Imprenta, para despenalizar los delitos de difamación, calumnia e injuria. En el año 2012 se adicionó el párrafo segundo a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las autoridades federales pudieran atraer bajo su jurisdicción los crímenes y delitos que atenten contra la libertad de expresión, información e imprenta, o contra el ejercicio del periodismo.
En Veracruz, las autoridades han dicho que los crímenes en contra de periodistas no quedarán impunes6 , han manifestado su compromiso absoluto para esclarecer los asesinatos7 , y se ha conformado la Comisión de Atención y Protección a Periodistas8 , asimismo, se han comprometido a apoyar a los familiares de las víctimas.
No obstante, estas acciones no han sido suficientes. Las investigaciones con frecuencia se cierran de prisa o las trabas burocráticas las hacen lentas, pero nunca terminan por esclarecerse lo hechos, lo cual lleva a un clima de impunidad.
En este contexto, muchos periodistas veracruzanos han optado por huir y exiliarse ante las amenazas, agresiones y nulas garantías que tienen para ejercer su profesión y salvaguardar su integridad personal y la de sus familiares.
Exigimos un alto a esta ola de violencia en contra de los periodistas veracruzanos ya que parece ser sistemática, y no es la excepción sino la norma.
Por la inseguridad y violencia, se ha perdido la capacidad de asombro, y también poco a poco se nos ha arrebatado la tranquilidad y el ejercicio de nuestras libertades y derechos. Lo cual es inadmisible.
En virtud de lo anterior, someto a la consideración de esta asamblea los presentes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta, respetuosamente, al gobierno estatal de Veracruz, para que esclarezca los asesinatos de periodistas ocurridos en la entidad, procurando que no quede ningún caso por resolver.
Segundo. Se exhorta, respetuosamente, al gobierno estatal de Veracruz, para que a la brevedad se cumpla con los compromisos de apoyo a las familias de los periodistas asesinados que quedaron en el desamparo.
Tercero. Se exhorta, respetuosamente, al gobierno estatal de Veracruz, para que implemente los mecanismos necesarios de seguridad pública y procuración de justicia que garanticen el libre ejercicio del periodismo y prevengan actos delictuosos en contra de los periodistas, a fin de garantizar el derecho humano a la libertad de opinión y expresión.
Notas
1. “México, sexto país con más periodistas asesinados y quinto en secuestros”, CNN México, 16 de diciembre de 2014. Disponible en: http://mexico.cnn.com/nacional/2014/12/16/mexico-sexto-pais-con-mas-periodistas-asesinados-y-quinto-en-secuestros [Última consulta: 10 de marzo de 2015]
2. Ibídem.
3. “Registro de homicidios de periodistas enero de 2000 al 30 de junio de 2014”, Procuraduría General de la República. Disponible en: http://www.pgr.gob.mx/Combate%20a%20la%20Delincuencia/Documentos/Delitos%20Federales/FPeriodistas/acuerdos/ESTADISTICAS%20JUNIO%202014-totales.pdf [Última consulta: 2 de abril de 2014]
4. “82 periodistas mexicanos muertos, 16 en Veracruz y 11 con Javier Duarte”, Página 3, 27 de enero de 2015. Disponible en: http://pagina3.mx/2015/01/82-periodistas-mexicanos-muertos-16-en-veracr uz-y-11-con-javier-duarte/ [Última consulta: 10 de marzo de 2015]
5. Ibídem.
6. “Ninguno de los asesinatos contra periodistas quedará impune”, Punto Revista, 23 de mayo de 2013. Disponible en: http://www.puntorevista.com/secciones/estatal/estatal2305gina_dmguez_pe riodistas.html [Última consulta: 10 de marzo de 2015]
7. “Se reúne el gobernador Javier Duarte con directivos de Proceso”, Medios en México, 29 de abril de 2012. Disponible en: http://mediosenmexico.blogspot.mx/2012/04/se-reune-el-gobernador-javier -duarte.html [Última consulta: 10 de marzo de 2015]
8. “Ninguno de los asesinatos contra periodistas quedará impune”, Op. Cit.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2015.
Diputado Danner González Rodríguez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita al Infonavit que promueva medios para que los trabajadores puedan transferir los recursos de su subcuenta de vivienda en el momento del retiro o los no utilizados a la subcuenta de sus beneficiarios, a cargo del diputado Víctor Hugo Velasco Orozco, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado federal Víctor Hugo Velasco Orozco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La evolución de la vida del hombre en sociedad ha ido, a lo largo de la historia, en la formación de instituciones, producto de un acuerdo y pacto social entre ciudadanía y gobierno, consagrados en la consolidación del Estado de derecho.
La sociedad mexicana no es la excepción, planteado en la consagración de nuestra Carta Magna, el Constituyente del 17 erigió como primicia la protección y garantía real de los derechos ciudadanos, individuales y colectivos.
Así, uno de los derechos que se consolidó para los mexicanos, es el establecido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que se expresa el derecho de todas las familias a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Con esto, se construye el andamiaje legal para instrumentar las acciones necesarias para materializar este derecho.
Con tal ordenamiento y en la evolución institucional del Estado Mexicano en la consagración de derechos ciudadanos, es que se observa en artículo 123 de la misma Carta Magna, parte de la instrumentación para acceder a dicho derecho; en él, se obliga a las empresas a realizar aportaciones a los trabajadores para poder dotarlos de viviendas a través de financiamientos que permita otorgarles créditos para adquirir un patrimonio.
En este sentido, el Estado mexicano con base en el máximo ordenamiento legal, crea un organismo encargado de administrar tales financiamientos; a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); y con ello la regulación de financiamiento se establece a través de su propia ley o Ley del Infonavit.
En principio y de acuerdo a su contexto, la instrumentación para dotar de viviendas a los ciudadanos y particularmente a los trabajadores al servicio de la Iniciativa privada, materializó el mandato constitucional a través del financiamiento para la adquisición de viviendas permeada por su carácter estrictamente social y lo sigue siendo en la actualidad.
Sin embargo, y como se mencionó en el proemio del presente, la evolución social no se detiene y las instituciones del Estado Mexicano tampoco lo pueden hacer, pues en caso contrario, el arreglo social carecería de legitimidad y legalidad.
Entrando de lleno al objeto del presente análisis, de acuerdo con algunas cifras del Infonavit, casi el 70 por ciento de los derechohabientes no acceden a un crédito de vivienda por diversas circunstancias, pese a ello, los recursos de su subcuenta de vivienda contribuyen de manera solidaria al Fondo de Vivienda de los Trabajadores, administrados por el Instituto para otorgar créditos.
Dicha circunstancia, resalta a la vista, el derecho de los trabajadores para obtener o disponer de los recursos de su subcuenta de vivienda. Sin embargo, hace poco tiempo y atendiendo nuevas dinámicas sociales, se modificaron ordenamientos para que los recursos de la subcuenta de vivienda de los trabajadores que no solicitaron un financiamiento, les sean entregados a dichos beneficiarios.
Lo anterior significa un nuevo producto y/o servicio del Instituto, atendiendo la naturaleza social en el presente contexto. Sin duda, éste, constituye un avance significativo en los derechos de los trabajadores para obtener el fruto de su trabajo derivado de años de esfuerzo.
En este sentido, se puede observar la actualización del Instituto para atender las nuevas demandas y situaciones de los derechohabientes, ejemplo de ello, es una reciente reforma a su legislación, para establecer esquemas de cobranza social, que permite a los acreditados conservar su patrimonio a través de diversas soluciones que evalúan su condición económica y laboral.
Lo anterior, muestra la voluntad y sensatez del Estado Mexicano a través del actual Gobierno Federal y de los Legisladores, para impulsar y consolidar los derechos más esenciales de los trabajadores.
Ante estas consideraciones y observando la gran diversidad de cambios y transformaciones sociales y demográficas, existe una creciente diversidad de hogares denominados extensos o familiares en donde los jefes de familia no poseen la propiedad de la vivienda que ocupan y la comparten con sus hijos; es decir, hogares nucleares, en donde habitan hasta 3 generaciones en una casa alquilada.
Esta situación, se vuelve cultural y las nuevas generaciones de estas familias se encuentran en un escenario de continuidad con el modo de vida familiar, quedándose sin el beneficio de un patrimonio.
Lo anterior, pone en duda la capacidad institucional de proveer a la ciudadanía de satisfactores indispensables para la vida en sociedad; así como de atender a cabalidad el ordenamiento constitucional, señalado en líneas anteriores.
En este sentido, el presente punto de acuerdo busca motivar la búsqueda de un nuevo esquema para que los trabajadores jóvenes adquieran su vivienda, y/o para que los trabajadores jubilados junto con el apoyo de sus hijos o beneficiarios adquieran en conjunto una vivienda propia.
Es decir, se busca un nuevo producto que implique la asociatividad de las subcuentas de vivienda de varios integrantes de una misma familia para adquirir una vivienda de un monto y condiciones adecuadas a las necesidades de hogares integrados por más de una familia.
Así se podría atender la particularidad de estas familias, a través de un nuevo producto del Infonavit, que genere otra alternativa de la subcuenta de vivienda de trabajadores.
La idea es propiciar una correcta utilización de la subcuenta de vivienda de los trabajadores, que beneficie a las familias de trabajadores con menores ingresos y a jóvenes trabajadores.
De igual forma, se busca que bajo este mismo esquema se mantenga la posibilidad de que el trabajador que no haya ejercido su crédito de vivienda, pudiera transferir su saldo de la subcuenta de vivienda a la de sus hijos que coticen como activos ante el Instituto, o bien a sus beneficiarios al momento de su retiro.
En este sentido, de concretarse la idea, se abriría la posibilidad de que nuevas generaciones de trabajadores recibieran los recursos transferidos de la subcuenta de sus padres al momento de su retiro, y así pudiesen adquirir un crédito de vivienda.
Con lo anterior, se atendería una situación negativa que no permite un adecuado desarrollo familiar, se promovería un uso adecuado de los recursos de la subcuenta vivienda no utilizados y se apoyaría a los jóvenes trabajadores para contar con un patrimonio.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores a que establezca los mecanismos necesarios para que se permita la asociatividad de subcuentas de vivienda de integrantes de varias familias con parentesco en primer grado y que vivan en un mismo hogar, a efecto de posibilitar la adquisición de vivienda de un mayor monto y condiciones adecuadas a las necesidades de estas familias, así como para que los trabajadores puedan transferir los recursos de su subcuenta de vivienda, en el momento de su retiro o recursos no utilizados, a la subcuenta de vivienda de sus hijos en activo o bien a sus beneficiarios.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2015.
Diputado Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y el director general del IMSS a dotar a éste de recursos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones relativas al seguro de enfermedades y maternidad, a cargo del diputado Simón Lomelí Cervantes, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Simón Lomelí Cervantes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
Toda persona sujeta a una relación laboral formal tiene derecho a que al agotarse su fuerza productiva, le sea proporcionado un esquema de aseguramiento que le permita, a él y a su familia, poseer lo necesario para su digno desarrollo como seres humanos; con esa finalidad se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social.
El IMSS es la institución con mayor presencia en la atención a la salud y en la protección social de los mexicanos desde su fundación en 1943, para ello, combina la investigación y la práctica médica, con la administración de los recursos para el retiro de sus asegurados, para brindar tranquilidad y estabilidad a los trabajadores y sus familias, ante cualquiera de los riesgos especificados en la Ley del Seguro Social.
La seguridad social en México es un derecho de carácter social relacionado intrínsecamente con el Derecho al trabajo digno y socialmente útil, así como al derecho a la protección de la salud amparados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde 1917.
La finalidad de la seguridad social es garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, previo cumplimiento de los requisitos legales, es garantizada por el Estado.1
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el año de 1952 mediante el convenio 102 señala que “La seguridad social constituye un sistema de conjunto que comprende una serie de medidas oficiales, cuya finalidad es proteger a la población, o a gran parte de esta, contra consecuencias de los diversos riesgos sociales como la enfermedad, el desempleo, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, las cargas de familia, la vejez, la invalidez y el fallecimiento del sostén de la familia”, esto es, del trabajador.
Las bases mínimas para efectos de la organización de la seguridad social se componen de tres vertientes fundamentales: la protección de la salud, la protección para la conservación del empleo y el bien estar del trabajador extensivo a su familia.2 Entre las bases de protección de la salud se encuentran, la cobertura de los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y la maternidad.
El Grupo Parlamentario de Acción Nacional está completamente consciente de que los institutos de seguridad social de nuestro país constituyen un pilar fundamental e insustituible para el Sistema Nacional de Salud, pues a través de ellos se proporciona atención médica a más de la mitad de la población del país.
El tema presupuestal y la viabilidad financiera de los institutos de seguridad social es un tema sensible pero insoslayable y un signo justificado de preocupación porque nuestra nación pueda garantizar en el futuro, para cada mexicano, las condiciones necesarias para el ejercicio del derecho a la seguridad social.
Un gran reto para el poder legislativo es el de lograr la instrumentación de las acciones legislativas necesarias para garantizar la continuidad en el conjunto de prestaciones a cargo del Seguro Social y a favor de los derechohabientes y beneficiarios.
Es claro que a través de los recursos que originalmente se encuentran destinados al seguro de enfermedades y maternidad se ha utilizado para cubrir el sistema de pensiones a fin de garantizar su viabilidad financiera a corto y largo plazo.
De esa manera se han tenido que tomar recursos, tan solo en este año por un monto de 19 mil 595 millones de pesos de la Reserva Financiera Actuarial del Seguro de Enfermedades y Maternidad.
En 2014 las reservas totales del IMSS cayeron en 796 millones de pesos, debido a que el instituto ha echado mano de ellas para hacer frente a su operación diaria que incluye obligaciones patronales y servicios de salud.
Resulta imprescindible tener presente que para el 2015 se proyecta un déficit en las arcas del Instituto por 18 mil 499 millones de pesos. Que el Seguro de Enfermedades y Maternidad presentó un déficit de 48 mil 46 millones de pesos en 2013. Durante ese año, el 58.7 por ciento de los ingresos del IMMS fue por cuotas obrero-patronales y 41.3 por ciento por concepto de otros ingresos y aportaciones del gobierno federal.
Resulta indiscutible que el déficit en los recursos ha impactado gravemente en la calidad de los servicios de salud que proporciona el Instituto a sus asegurados. Número limitado de consultas otorgadas, postergación de consultas con especialistas hasta por seis meses, postergación por tiempo indefinido de intervenciones quirúrgicas que podrían clasificarse como urgentes, transferencia del gasto en medicamentos y en insumos para la salud al bolsillo de los asegurados; son algunos de los problemas cotidianos.
Es por ello que con base en las consideraciones aquí expuestas, me permito poner a consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal y al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social en su carácter de presidente de su Consejo Técnico, a realizar las acciones administrativas y financieras necesarias para dotar al IMSS de los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le impone la Ley del Seguro Social con relación al Seguro de Enfermedades y Maternidad; bajo la premisa de la prestación de servicios con calidad idónea y suficiencia de recursos para la salud.
Notas
1 Ley del Seguro Social artículo 2. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lss.htm tomado en enero de 2012
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 123, apartado B, fracción XI.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2015.
Diputado Simón Lomelí Cervantes (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Conapred a impartir con el INE el programa de educación presencial Formación Especializada a los candidatos que participarán en el proceso electoral federal de 2015, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, Karen Quiroga Anguiano, diputada a la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para que en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, imparta el programa de educación presencial Formación Especializada a cada uno de los candidatos que participarán en el proceso electoral federal de 2015, con el fin de inculcar el respeto y tolerancia en la sociedad.
Consideraciones
Cada periodo electivo donde se renueve el Poder Legislativo o Ejecutivo a nivel federal, se destaca por las diversas declaraciones que hacen cada partido o candidato a algún cargo de elección popular. Con afán de convencer a sus potenciales electores en los ideales que persigue cada organización o persona, realizan manifestaciones que reflejan no sólo el sentir subconsciente del individuo, sino también la poca tolerancia que existe y la posible ignorancia o desconocimiento en algún tema o contra un sector de la sociedad.
Tal es el caso de las declaraciones realizadas por el candidato a gobernador del estado de San Luis Potosí por el partido Encuentro Social, el ciudadano Arturo Arriaga Macías, quien anunció que la homosexualidad, el aborto y el embarazo en madres solteras son situaciones que rompen con el supuesto “esquema tradicional” de la familia y que deben atenderse como la inseguridad, la violencia y el narcotráfico.
Sus manifestaciones han sido tomadas con rechazo e indignación por los diversos sectores de la sociedad tanto de la comunidad lésbico, gay, bisexual y transexual (LGBT) como de los grupos feministas quienes condenaron categóricamente su aberrante afirmación y cuestionaron la posibilidad de que dicho candidato gobernara el estado.
En un país donde persiste aún una sociedad machista que denigra a la mujer y castiga la homosexualidad injustificadamente, no se puede permitir que personas que aspiran a cargos de elección popular tengan una concepción discriminatoria y poco tolerante de los diversos sectores de la sociedad. Nuestro país debe ser gobernado por personas que tengan principios definidos y con valores dirigidos al respeto y tolerancia de la diversidad de las familias; un gobierno que permita la inclusión de las personas en las actividades cotidianas sin que sean presas del rechazo o elitismo de las clases gobernantes.
Cada aspirante o candidato a un cargo de elección popular, independientemente de la ideología de derecha o izquierda que rija a su partido o como persona, debe poseer los conocimientos básicos de una cultura de tolerancia y respeto. Existen leyes tanto federales como locales que protegen y salvaguardan los derechos humanos de cada miembro de la sociedad. Pero esta educación no se imparte totalmente en la escuela o institución donde estudien; esta educación se recibe en los hogares y, en caso contrario, existen instituciones públicas y privadas que buscan fomentar la cultura del respeto, de la equidad de género y de la diversidad.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación es la autoridad responsable, de acuerdo al artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, de diseñar estrategias e instrumentos, así como promover programas, proyectos y acciones que prevengan y eliminen tal conducta abusiva. Es por ello que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) tiene dentro de sus múltiples facultades, la de promover a nivel nacional una cultura de inclusión, pluralidad, tolerancia, respeto y en general, de igualdad de derechos, trato y acceso a las oportunidades de desarrollo. Este organismo público ha demostrado que México avanza en la inclusión de los derechos de los diferentes sectores segregados, sin embargo aún existen tabúes, desconocimiento del tema y falta de información entre los ciudadanos.
En este contexto y frente a las elecciones que se avecinan en los próximos meses, resulta necesario que el Conapred y Instituto Nacional Electoral (INE), autoridad encargada de organizar todo el proceso electivo de este año, establezcan convenios de colaboración para que cada uno de los candidatos que pretendan o aspiren a un cargo de elección popular federal, sean ilustrados con temas que les aporten los elementos en materia de igualdad y no discriminación.
Dichas acciones educativas deberán impartirse a través de seminarios, talleres o cursos especializados de forma presencial y obligatoria, lo anterior para poder garantizar que cada uno de los candidatos asistan y se formen bajo criterios de vanguardia para una mejor clase política, de gobierno y representación. Asimismo, tanto el INE como el Conapred deberán garantizar la impartición de dichos cursos antes de la jornada electoral del 7 de junio de 2015; realicen una difusión informada en los diversos espacios públicos y privados de todas las entidades federativas para una mejor cohesión social.
Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para que en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, imparta el programa de educación presencial Formación Especializada, a cada uno de los candidatos que participarán en el proceso electoral federal de 2015, con el fin de inculcar el respeto y tolerancia en la sociedad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2015.
Diputada Karen Quiroga Anguiano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes a apoyar a las instituciones científicas mexicanas encargadas de luchar contra el mal de Parkinson, a cargo del diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quien suscribe, Carlos Octavio Castellanos Mijares, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La enfermedad de Parkinson es un trastorno degenerativo del sistema nervioso central, la primera descripción de la enfermedad fue hecha por el médico británico James Parkinson en 1817, posteriormente fue el reconocido neurólogo francés Charcot el cual le otorgo el nombre de enfermedad de Parkinson.
Este trastorno neurodegenerativo se produce por el daño y degeneración de las neuronas localizadas en la sustancia negra, estas neuronas son las encargadas de producir una sustancia llamada dopamina, esta sustancia es vital para que el movimiento del cuerpo se realice correctamente, de esta manera cuando nuestro organismo no dispone de la dopamina suficiente, los mensajes de cómo y cuándo moverse se transmiten de forma errónea, apareciendo de forma escalonada y progresiva los signos y señales típicos de la enfermedad.
La edad media de comienzo de la enfermedad está en torno a la sexta década de la vida, a pesar de esto, uno de cada cinco pacientes es diagnosticado antes de los cincuenta años y afecta más a los hombres que a las mujeres.
La enfermedad de Parkinson es una enfermedad crónica y progresiva, lo cual implica que los síntomas se incrementarán con la evolución de la enfermedad, sin embargo, el Parkinson es un trastorno dispar, ya que cada paciente puede presentar unos síntomas y curso muy variable, es por lo anterior que su tratamiento debe ser individualizado.
Es importante mencionar, que el Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa en frecuencia tras la enfermedad de Alzheimer, la prevalencia es de 0.3% de la población, aumentando al 2% a partir de los 60 años de edad, es importante hacer énfasis en que la edad es un importante factor de riesgo para enfermedad.
Se calcula que 10 millones de personas padecen esta enfermedad alrededor del mundo, esto según The Pakinson’s Disease Foundation; en México se presentan 50 casos por cada 100,000 habitantes al año, esto según datos del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, datos que representan una dura realidad, ya que es la cuarta causa de consulta en pacientes en dicha institución.
Aunque se trata de una enfermedad degenerativa, no es una enfermedad mortal en sí misma, por lo cual, la expectativa promedio de vida de un paciente con Parkinson generalmente es la misma que las personas que no la padecen, sin embargo, en las etapas tardías de la enfermedad se presentan complicaciones como ahogos, neumonía y caídas que pueden llevar a la muerte.
Otro aspecto de la enfermedad de Parkinson es su impacto económico, en primer lugar tenemos los costos directos, los cuales abarcan los generados directamente por la asistencia médica y los tratamientos, por otro lado tenemos los costos indirectos, los cuales se relacionan con la disminución de la productividad laboral por jubilación anticipada y la disminución de la misma por parte de las personas que cuidan y atienden al paciente, de igual manera existen costos intangibles que tienen vinculación con el grado de sufrimiento del paciente en relación con el decremento de la calidad de vida.
Al día de hoy se sigue sin conocer la causa que produce la perdida neuronal la cual causa la enfermedad de Parkinson, sin embargo, se cree que la causa de la enfermedad se debe a una combinación de factores genéticos y medioambientales que pueden variar de una persona a otra, en este sentido, la herencia familiar tiene un papel preponderante ya que se estima que entre el 15 y el 25% de las personas con la enfermedad de Parkinson tiene o tuvo algún pariente con la enfermedad; el papel del entorno también tiene incidencia para el posible desarrollo de la enfermedad, ya que determinadas sustancia químicas toxicas como pesticidas pueden producir síntomas parkinsonianos.
Por todo lo anterior, la Organización Mundial de la Salud declaró y estableció en 1997 que el 11 de abril sería el Día Mundial del Parkinson, el cual coincide con el aniversario de nacimiento de James Parkinson.
Este día debe ser un periodo de tiempo para generar conciencia sobre esta enfermedad; asimismo, nos debe incitar a conocer más sobre la enfermedad para tener conocimiento sobre los síntomas tempranos, lo cual nos ayudará a reconocer la presencia de la enfermedad y recibir un tratamiento adecuado que nos permita llevar un adecuado nivel de vida.
En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a las autoridades competentes a apoyar a las instituciones científicas mexicanas encargadas de luchar contra la enfermedad de Parkinson, ya que sólo de esta manera se podrá encontrar medicamentos que retrasen la enfermedad y a la postre una cura para esta endemia.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de abril de 2015.
Diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a liberar en beneficio de los productores veracruzanos los recursos del Programa Emergente del Café relativo a 2014, a cargo del diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Danner González Rodríguez, diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La industria cafetalera en nuestro país había registrado en los últimos años un crecimiento considerable, ya sea para consumo interno o para exportación.
Por ejemplo, entre 2010 y 2011, creció 13% el consumo de café en México, según un estudio de la Asociación Nacional de la Industria del Café (Anacafe).1
La Organización Internacional del Café, a través de su Informe del mercado del café febrero 2015, estimó que la producción total de nuestro país y Centroamérica durante el periodo que comprende 2014-2015, llegará a 18 millones de sacos; cifra menor en 2 millones de sacos respecto de la producción de esta región entre 2011-2012.2
Otras fuentes han señalado que debido a las afectaciones por el hongo de la roya, el abandono de fincas y la falta de apoyos al campo por parte de las autoridades gubernamentales, se espera que la producción del café en México caiga un 70%.3
El Estado de Veracruz se ha caracterizado por su gran producción de café, lo cual se traduce en empleos directos e indirectos, en ingresos para las familias que se dedican a esta actividad y, en general, en una importante derrama económica que impacta a otras áreas productivas de la economía estatal y regional.
Sin embargo, varios centros cafetaleros de la entidad han sido afectados por los factores enunciados anteriormente, principalmente por la roya. Al día de hoy, Veracruz perdería por este hongo el 50% de su producción, ya que hay 42 mil hectáreas afectadas severamente por la roya.4
Los lugares más afectados son: Atzalán, Catemaco, Cosautlan de Carvajal, Fortín de las Flores, Huatusco, Juchique de Ferrer, Soteapan, Tezonapa, Tlaltetela, Totula y Zongolica. Esto ha hecho que el Estado se encuentre en la alerta roja del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.5
Una de las acciones gubernamentales que se puso en marcha para apoyar a los productores de café y así poder hacer frente a la grave contingencia, fue la aprobación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Programa Emergente del Café 2014, cuyo fondo asciende a 238 millones de pesos.
No obstante, estos recursos no se han bajado en su totalidad. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), ha retardado la entrega de este fondo a través de los dañinos y engorrosos trámites burocráticos, por lo que aún tardarían meses para que los recursos puedan beneficiar a los cafetaleros de Veracruz.
La Sagarpa no puede ser indiferente y ajena a la emergencia económica que vive nuestro país (marcada por inflación, desempleo, estancamiento, entre otras circunstancias lesivas) y a la necesidad que tienen los productores cafetaleros de Veracruz, muchos de los cuales ven en la cosecha del café su única fuente de empleo e ingresos para sus familias.
Es necesario darle dinamismo y rapidez a las reglas de operación, a fin de que no se afecte más a los productores veracruzanos de café y para que a la brevedad reciban el apoyo económico que les permita poner en marcha sus actividades y reactivar su fuente de empleo.
En virtud de lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea el presente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que a la mayor brevedad posible se liberen los 283 millones del Programa Emergente del Café 2014, a fin de que los cafetaleros veracruzanos reciban el apoyo mencionado cuanto antes.
Notas
1 “Crece 13 por ciento en México el consume de café, revela estudio de la industria”, La Jornada, 19 de septiembre de 2011. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2011/09/19/politica/030n1pol [Última consulta 31 de marzo de 2015]
2 “Falta café, pero caen los precios”, La Jornada, 21 de marzo de 2015. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2015/03/21/cam-cafe.html [Última consulta 31 de marzo de 2015]
3 “Se desplomará 70% la producción de café en México”, Formatosie7e, 19 de marzo de 2015. Disponible en: http://formato7.com/2015/03/19/se-desplomara-70-la-produccion-de-cafe-e n-mexico/ [Última consulta: 31 de marzo de 2015]
4 “Veracruz, en alerta roja por la plaga de la Roya del café; afectada 17% de su superficie: Senasica”, Imagen del Golfo, 1 de abril de 2015. Disponible en: http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=41058630 [Última consulta: 5 de abril de 2015]
5 Ibídem.
Dado en el palacio legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de abril de 2015.
Diputado Danner González Rodríguez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que la ASF y la SFP practiquen procedimientos de auditoría e investigación sobre la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los ayuntamientos de Nuevo León por el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, a cargo del diputado César Agustín Serna Escalera, del Grupo Parlamentario del PRI
César Agustín Serna Escalera, diputado en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I y III, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación y exhortar a la Secretaría de la Función Pública, a que, conforme a sus facultades y ámbitos de competencia, realicen los procedimientos de auditoría e investigación necesarios para fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los municipios de San Nicolás, San Pedro y Santa Catarina, del estado de Nuevo León, a través del Fondo de pavimentación y desarrollo municipal, a fin de comprobar que las inversiones se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
De acuerdo con la fracción III del artículo 115 constitucional, los municipios tienen a su cargo diversas funciones y servicios públicos básicos, entre otros, los aquéllos orientados al mantenimiento de calles y su equipamiento.
En el mismo numeral del artículo referido, se señala que:
Los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio.
En función de dichas responsabilidades, existen previsiones presupuestales y una serie de reglas que establecen los mecanismos de la relación entre la federación, los gobiernos de los estados y los municipios, para la transferencia de los recursos destinados a dichos fines.
El cumplimiento de estas obligaciones, con apego a dichas reglas, es de la mayor importancia en términos de las responsabilidades administrativas que las autoridades están obligadas cumplir frente a la ciudadanía, y también como imperativos de buen gobierno en la aplicación, seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.
Recientemente, en Nuevo León se ha generado una polémica a partir del señalamiento que han hecho diputados locales, el compañero diputado federal Homero Niño de Rivera 1 y alcaldes del área metropolitana emanados del Partido Acción Nacional, para exigir la entrega de 400 millones de pesos para reparar baches.
Se alega que se trata de recursos públicos federales que debieron llegar al gobierno del estado para repartirse entre los municipios en diciembre del año pasado y se hacen acusaciones en el sentido de que sólo a municipios del PRI les han entregado recursos para rehabilitar pavimentos.
El tema, desde luego no es cosa menor; estamos hablando de un problema que afecta a miles de neoleoneses, de un servicio básico que compromete la movilidad de personas y mercancías, que afecta patrimonialmente los automovilistas y autotransportistas que circulan en las vialidades afectadas, que tiene impacto en la seguridad de las personas y en las actividades económicas.
Estamos hablando de un asunto en el que están implicados, efectivamente, recursos federales, cuyo manejo con estricta observancia a la ley, es un asunto que interesa a todos y de manera muy especial, en esta Cámara de Diputados.
Estamos hablando de que esta controversia se crea y se alienta en la víspera del arranque de las campañas electorales de este año, en las que se renovará la titularidad del poder ejecutivo del estado, de 51 ayuntamientos y se elegirán diputados federales.
Todo lo anterior, pone de manifiesto la relevancia del asunto que nos ocupa.
Subrayamos, en primer lugar, que la transferencia de recursos a las entidades federativas y a los municipios, no se rige bajo el arbitrio personal de ningún servidor público sino bajo reglas definidas previa y claramente.
A este respecto, es necesario hacer una serie de precisiones.
La Cámara de Diputados aprobó, en los Anexos 20 y 20.2 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, una asignación de 5 mil millones de pesos para el Fondo de pavimentación y desarrollo municipal.
En el artículo 4, fracción II del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se establece que los recursos para el Fondo de pavimentación y desarrollo municipal previstos en el Anexo 20 de dicho ordenamiento se destinarían a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
En tanto que Secretaría de Hacienda y Crédito Público conoció en tiempo y forma la opinión y los proyectos relacionados con los recursos asignados al Fondo de pavimentación y desarrollo municipal, el 30 de enero de este año, emitió las disposiciones para la aplicación de los recursos de dicho fondo y la relación de proyectos, entre los cuales, 327 millones 958 mil 493 pesos corresponden a Nuevo León
En el Capítulo IV de las Disposiciones, relativo a la disposición de los recursos del Fondo, se estableció que:
“14. Para que las entidades federativas estén en posibilidad de disponer totalmente de los recursos, será necesario:
a) Presentar a la UPCP [Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP] la solicitud de los recursos del Fondo, a más tardar el 15 de marzo del 2015, en hoja membretada, formato libre, debidamente firmada por el o los servidores públicos facultados para tal efecto;
b) Cumplir con lo previsto en las Disposiciones; y
c) Celebrar el Convenio o mecanismo de coordinación específico que la UPCP establezca para tal efecto.
15. La UPCP llevará a cabo la formalización de los convenios correspondientes con las entidades federativas a más tardar en el mes de marzo del 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del PEF.
16. En términos del artículo 4 del PEF, los recursos serán ministrados de la siguiente forma: 50 por ciento a más tardar en el mes de marzo y 50 por ciento a más tardar en el mes de agosto, ambos de 2015, sujeto a la disponibilidad presupuestaria.
17. Previo a la entrega de los recursos por parte de la SHCP, las entidades federativas deberán contratar en la institución de crédito de su elección y registrar, conforme a las disposiciones establecidas por la TESOFE, una cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva, para la identificación, registro y control de los recursos públicos federales.
18. La entidad federativa respectiva deberá transferirles los recursos que correspondan a los municipios o a las demarcaciones territoriales beneficiadas, únicamente de la cuenta bancaria aperturada para tal efecto, en términos del párrafo anterior, en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a la recepción de los mismos; para lo cual, la instancia ejecutora deberá abrir una cuenta bancaria, informando de ello a la entidad federativa, con las características mencionadas en el numeral anterior.2
No existe resquicio para conjeturar que autoridad alguna pueda hacer retenciones o distribuciones discrecionales; los montos, los requisitos, las formalidades que deben observarse y los plazos, están claramente definidos en los criterios normativos que rigen su ejercicio, encaminados a la gestión eficaz del recurso, obligatorios para todas las autoridades que intervienen, sean del nivel de gobierno que sean y del partido político que sean.
Por lo demás, subrayamos que los recursos federales del fondo de pavimentación de 2012 a 2014 se han entregado a los municipios puntualmente y al 100 por ciento (ver tabla 1).
Muestra de la mala fe que se vierte en las acusaciones que hablan de una distribución política de recursos, téngase presente un dato: del monto de los Fondos Federales para Pavimentación acumulado de los años 2012 hasta 2014, que asciende a 1,432.6 millones de pesos, el 76 por ciento ha sido canalizado a municipios gobernados por el PAN (ver tabla 2).
Es preciso anteponer el sentido de urgencia que impone la situación que han vivido los pobladores de los municipios neoleoneses que en los meses recientes padecieron los efectos negativos de las lluvias registradas desde septiembre del año pasado y que impactaron principalmente en las vialidades con encharcamientos, corrientes de agua, arrastre de materiales, deslaves y desde luego, baches.
La magnitud del problema ha sido muy significativa; téngase presente, por ejemplo, que el ayuntamiento de Monterrey estimó en 26 millones de pesos las afectaciones en 150 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica en el norponiente de la ciudad, tras las lluvias de septiembre.3
La necesidad de restaurar las vialidades y el sentido de urgencia que ameritan, recibe todo nuestro respeto, por lo cual, consideramos que es absolutamente necesario despolitizar la discusión del tema, exigir la mayor responsabilidad ética y política a quienes hablan de una presunta retención de fondos municipales, para que den cuenta de qué han hecho con los recursos del Fondo de pavimentación y, en su caso, promuevan las acciones que correspondan a su alegato, para evitar con ello, que se haga de los ciudadanos rehenes de intereses políticos que medran con la demanda social, porque, efectivamente, quienes salen perdiendo son los ciudadanos de Nuevo León.
Tomamos la palabra al diputado Niño de Rivera, quien ha dicho que se debe buscar la intervención de la Auditoría Superior de la Federación y poner especial énfasis en la ruta de los recursos públicos.4
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados solicita a la Auditoría Superior de la Federación y exhorta a la Secretaría de la Función Pública a que conforme a sus facultades y ámbitos de competencia, realicen los procedimientos de auditoría e investigación necesarios para fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los municipios de San Nicolás, San Pedro y Santa Catarina, Nuevo León, a través del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, a fin de comprobar que las inversiones se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable.
Notas
1 Gobierno de Nuevo León “congela” 400 millones de pesos destinados para baches?, en Regiando, http://regiando.com/gobierno-de-nuevo-leon-congela-400-millones-de-peso s-destinados-para-baches%e2%80%8f/#more-21446
2 Disposiciones para la aplicación de los recursos del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal para el ejercicio fiscal 2015; Diario Oficial de la Federación, 30 de enero de 2015, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5380010&fecha=30/01/2 015
3 “Daños en calles suman 26 mdp por lluvias en Monterrey”, Azteca Noticias-Notimex, 26 de septiembre de 2014, http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/estados/202126/danos-en-calles-s uman-26-mdp-por-lluvias-en-monterrey
4 “Baches causan conflicto entre poderes estatales”, en Milenio Monterrey, 19 de marzo de 2015, http://www.milenio.com/monterrey/baches-baches_conflicto_gobierno-recur sos_baches_0_484151595.html
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2015.
Diputado César Agustín Serna Escalera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a colocar por la SCT señalamientos horizontales y verticales de ciclovías en la carretera 2, que comprende Altar, Pitiquito, Caborca y Sonoyta, Sonora, a cargo de la diputada Ana María Gutiérrez Coronado, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Ana María Gutiérrez Coronado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, numeral 1,fracción XIX; 6 numeral 1,fracción I y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, II y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes coloque señalamientos horizontales y verticales de ciclo vías en la carretera 2 que comprende a los municipios de Altar, Pitiquito, Caborca y Sonoyta, de Sonora, a fin de salvaguardar la integridad de los ciclistas que utiliza esta importante vía de comunicación
Consideraciones
El ciclismo en ruta se desarrolla corriendo por la carretera, normalmente cubriendo la distancia que separa a dos poblaciones o más, o por las calles de la ciudad siguiendo un circuito o recorrido que se establece con mucha precisión. Cuando el ciclismo es de nivel internacional, como Juegos Panamericanos, la ciudad se llena de fiesta y de orgullo. Pues los ciclistas durante el recorrido de su prueba, van pasando por las construcciones y lugares que son el emblema de la sede. Y al paso del pelotón, los medios de comunicación que cubren el evento, lo muestran a todo el mundo detonando así el turismo a nivel nacional e internacional y generando derrama económica para la región.
En México se realizó una encuesta en donde se entrevistó un sector amplio de personas en la República mexicana y el 17.3 por ciento contestaron que el principal inconveniente de la bicicleta es el riesgo de ser atropellado. A eso hay que sumarle un buen número de respuestas que podemos considerar en la misma línea: el exceso de tráfico y falta de señalamientos del tránsito de ciclo vías (9.9 por ciento), la falta de suficientes vías exclusivas para los ciclistas (12.1 por ciento) o la falta de respeto por parte de los conductores (3.2 por ciento).
De tal suerte que esta encuesta refleja que tanto a nivel nacional como mundial es un problema de movilidad como también tiene un impacto en el sistema del sector salud.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, en México todos los años, más de 1,2 millones de personas fallecen como consecuencia de accidentes en las vías de tránsito y otros 50 millones sufren traumatismos.
El informe sobre la situación mundial de la seguridad vial representa el primer reporte realizado a nivel mundial. Los datos provienen de una encuesta realizada en 2008 en 178 países.
Los traumatismos por accidentes de tránsito someten a una gran presión a los sistemas nacionales de salud, muchos de los cuales tienen niveles de recursos lamentablemente insuficientes.
Cerca de la mitad de las personas que fallecen cada año por accidentes de tránsito en el mundo son peatones, motociclistas, ciclistas y pasajeros del transporte público; esta cifra es aún mayor en los países y comunidades más pobres del mundo.1
Según cifras del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, en México, se ha popularizado el uso de la bicicletas ya se recreacional, deportivo y de movilidad entre 2007 y 2012 aumentó 90.8 por ciento el número de bicicletas circulando2 . Sin embargo, dicho incremento no está acompañado de una planificación urbana, infraestructura, promoción de conductas seguras, ni adecuación de marcos normativos que permita la protección de estos y otros usuarios vulnerables, es decir en el país nos falta infraestructura en la materia.
Por lo tanto, el STCONAPRA les denomina usuarios vulnerables a aquellos que no cuentan con estructuras rígidas que los protejan en caso de un choque, como los vehículos de cuatro ruedas, de ahí que reciben la transferencia de energía en su cuerpo. Por lo tanto, se puede denominar usuarios vulnerables a los peatones, los ciclistas y los motociclistas en su conjunto.
El STCONAPRA publica los incidentes entre usuarios vulnerables, en 2014 se registraron 67 mil 272 incidentes en estos usuarios, lo que representa el 14.6 por ciento del total de los incidentes. Este porcentaje es mayor a lo registrado en 2010 donde se observó que el 10.1 por ciento correspondió a estos usuarios
Si bien el cambio no es muy notorio, al desagregar por tipo de usuario es evidente que el número de incidentes donde se involucran ciclistas y motociclistas aumentó 3.1 por ciento respectivamente en comparación con 2013.
En 2007 perdieron la vida 5 mil 550 usuarios vulnerables en incidentes de tránsito, con una tasa de mortalidad de 5.1 muertes por cada 100 mil habitantes. En 2014, el número de muertes de usuarios vulnerables ascendió a 6 mil 388 defunciones y la tasa de mortalidad incrementó. Entre 2007 y 2014, la tasa de mortalidad aumentó en usuarios vulnerable mientras que en ocupantes aumentó.
Al desagregar las defunciones por tipo de usuario, se puede observar que entre 2007 y 2014 el mayor incremento se registró en los usuarios de motocicleta 76.3 por ciento, seguidos por los de bicicleta 21.6 por ciento y luego por los peatones 7.4 por ciento.
En relación con las muertes por tipo de usuario y la edad, en los usuarios de motocicleta en defunciones se concentran en jóvenes y adultos de 10 a 44 años. En cambio para los ciclistas, las defunciones empiezan a ser importantes a partir de los 30 años y hasta los 69, siendo que en este grupo se concentran 62.1. por ciento de las defunciones.
En términos de morbilidad, con respecto a los egresos hospitalarios, 49.2 por ciento corresponde a usuarios vulnerables. De este porcentaje, el 43.6 por ciento son motociclistas, 38.9 por ciento peatones y 17.4 por ciento ciclistas. Con respecto a 2014 aumentaron 15.2 por ciento los egresos por lesiones entre usuarios vulnerables. Particularmente aumentó en peatones en ciclistas y en motociclistas.
Por lo antes mencionado, y para ejemplificar les expongo un caso lamentable de “un ciclista enfermo de diabetes que recorría el mundo para probar que su padecimiento no era obstáculo para alcanzar sus metas, murió atropellado por un camión de carga en las inmediaciones de la comunidad de Trincheras al noroeste de Sonora.
Se trata de Mauro Talini, originario de Viareggio, Italia, quien a sus 40 años y pese al padecimiento que lo aquejaba, recorrió miles de kilómetros como parte del proyecto “Una Bici Mil Esperanzas” (Una Bici Mille Speranze), con el que pretendía llegar a la meta de 25 mil kilómetros desde la Patagonia en Argentina hasta Alaska.
Los hechos ocurrieron la tarde del lunes a 500 metros de la caseta de cobro entre Santa Ana y Caborca, cuando el ciclista transitaba de oriente a poniente con destino a Tijuana, Baja California; fuentes policiales afirmaron que un tractocamión lo embistió y arrastró más de 100 metros, dejando la bicicleta y el cuerpo totalmente desechos.
El ciclista inició su trayecto por América en la ciudad argentina de Ushuaia con destino a Prudhoe Bay en Alaska, su idea era enviar un mensaje a las personas que padecen diabetes de que a pesar de la enfermedad se pueden alcanzar todas las metas y lograr un mejor mañana; éste propósito lo llevó a pedalear desde Italia a Jerusalén, recorriendo gran parte del viejo continente”.3
Por lo antes mencionado este trágico suceso se hubiera prevenido con las señalizaciones correctas en la carretera, así como la cultura y el repasto de los demás usuarios que transitan por las carreteras mexicanas.
Es por la razón de ser de este punto de acuerdo en donde solicito que se implanten los señalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas se integra mediante marcas en el pavimento y en las estructuras adyacentes; tableros con símbolos, pictogramas y leyendas, así como otros elementos, constituyendo un sistema que tiene por objeto delinear las características geométricas de esas vías públicas; denotar todos aquellos elementos estructurales que estén instalados dentro del derecho de vía; prevenir sobre la existencia de algún peligro potencial en el camino y su naturaleza; regular el tránsito señalando la existencia de limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que restringen su uso; guiar oportunamente a los usuarios a lo largo de sus itinerarios, indicando los nombres y ubicaciones de las poblaciones, los lugares de interés y las distancias en kilómetros, e informando sobre la existencia de servicios o de lugares de interés turístico o recreativo, transmitiéndoles indicaciones relacionadas con su seguridad y con la protección de las vías de comunicación, para regular y canalizar correctamente el tránsito de vehículos y peatones, por lo que, con el propósito de facilitar que los usuarios comprendan esas indicaciones, dicho sistema debe ser uniforme en todo el territorio nacional, para disminuir los accidentes.
Por lo antes expuesto, pongo a su consideración este punto de acuerdo y les exhorto a votar a favor del mismo para proteger a los usuarios más vulnerables y con ello prevenir los accidentes en carretera, en este sentido y como representante popular, así como practicante y portavoz de la comunidad de ciclistas, propongo el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes coloque señalamientos horizontales y verticales de ciclo vías en la carretera 2 que comprende a los municipios de Altar, Pitiquito, Caborca y Sonoyta, de Sonora, a fin de salvaguardar la integridad de los ciclistas que utiliza esta importante vía de comunicación.
Notas
1 Organización Mundial de la Salud accidentes viales.
2 Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, DOF: 29/04/2014
Marco Normativo
3 Periódico Excélsior . Nota de Daniel Sánchez título de la nota periodística “Ciclista italiano recorría el mundo y muere atropellado en Sonora”, con fecha de 15 de mayo de 2013.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2015.
Diputada Ana María Gutiérrez Coronado (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a garantizar por la Segob la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo en México, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Karen Quiroga Anguiano, diputada a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Artículo 19 (Article 19) es una organización civil independiente de derechos humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.
Recientemente dicha organización dio a conocer un informe en el que se indica que el promedio de agresiones a la libertad de expresión en México subió 80 por ciento durante los dos primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto.
En el sexenio de Calderón se documentaron mil 92 agresiones, un promedio anual de 182 ataques; mientras que en los dos primeros años del gobierno actual se registraron 656 –330 en 2013 y 326 en 2014–, un promedio de 328 ataques al año.
“Con Felipe Calderón Hinojosa se agredía a un comunicador cada 48.1 horas y con Peña Nieto es cada 26.7 horas”, se advierte en dicho informe.
Sobre las agresiones graves a la prensa, la organización puntualiza que 54 periodistas fueron asesinados –un promedio de nueve por año– en el sexenio de Calderón; mientras que con Peña Nieto son nueve los comunicadores muertos en los dos primeros años –cuatro homicidios en 2013 y cinco en 2014– en lo que va del sexenio.
En los primeros dos años de gobierno de Peña Nieto fueron registradas 656 agresiones, 14 graves, 10 asesinatos y 4 desapariciones, las agresiones a periodistas mujeres totalizaron 122, 59 en 2013 y 63 en 2014.
Los estados donde ocurrieron la mayoría de las agresiones en 2014 fueron el DF, 85; Quintana Roo, 42; Veracruz, 41; Guerrero, 28, y Oaxaca, 22.
Una de las características más graves de los ataques contra la libertad de expresión en México es que de las 326 agresiones, 48 por ciento fueron cometidas por funcionarios públicos; es decir, 156.
A pesar de que existen mecanismos gubernamentales para la protección de los periodistas; las agresiones del crimen organizado sumaron 2.4 por ciento del total, ocho agresiones contabilizadas.
Los periodistas de medios impresos son los que reciben más agresiones con 48.7 por ciento de los casos, seguidos de los medios digitales, con 20.8 por ciento, y radio y televisión con 16 por ciento.
Por otra parte, María del Carmen Aristegui Flores es la periodista mexicana de mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional, cuyas investigaciones e información proporcionan al público en general un sentido de confianza y veracidad en sus declaraciones. Con su labor en la prensa, en la radio y la televisión, ha permitido llegar a miles de hogares con información útil, verdadera y coherente; información que es el reflejo de un periodismo imparcial, que no obedece a los intereses de las cúpulas del poder ni de las grandes empresas televisivas. Sus investigaciones demuestran un trabajo exhaustivo y bien sustentado, lo que ha puesto en peligro en más de una ocasión, los intereses de los más altos líderes, políticos, empresarios y jefes de grandes fortunas y poder.
Recientemente los acontecimientos ocurridos el pasado once de marzo del presente año fueron la gota que derramó el vaso para desacreditar nuevamente a la periodista y llevarla a una guerra injusta y falaz. El pobre argumento de la televisora MVS para despedir a dos de sus reporteros e investigadores del noticiero, Daniel Lizárraga e Irving Huerta, aludiendo la unión de la periodista a la plataforma Méxicoleaks, fue una simple estrategia orquestada por los más grandes bandos de poder para censurar una vez más, la libertad de expresión de los miles de reporteros que buscan informar con hechos verdaderos e imparciales. Asimismo, con el despido de la periodista Carmen Aristegui el pasado 15 de marzo, queda claro una vez más que el gobierno federal no garantiza el derecho a la libertad de expresión, sino por el contrario, fomenta y patrocina la censura, callando miles de voces y privando a los mexicanos de su derecho a la información.
En un país donde se premia la corrupción y la impunidad persiste, no existe más que un estado fallido del derecho o, en el mejor de los casos, un estado de censura; el estado no tiene la capacidad de garantizar la libertad de expresión consagrado en su artículo 7o. constitucional, tampoco está garantizando a todos los mexicanos su derecho a la información contemplado en el artículo 6o. de nuestra máxima ley. Estas deficiencias se traducen en censuras y violaciones flagrantes a la manifestación pública de las opiniones e ideas de los mexicanos, es regresar a una época de miedo y opresión tal como si fuera una edad medieval; no protege de ninguna forma a los mexicanos la libre expresión de sus ideas y por el contrario, reprime por la fuerza a todos aquellos que osen ir contra su voluntad o sus intereses, según se desprende del estudio de Artículo 19.
El miedo no anda solo y esto demuestra únicamente el riesgo que corren los intereses de los más grandes mandos de poder. Incluso las cadenas televisivas sumisas al poder federal (o cabría decir que es al revés) obedecen a caprichos para coartar la libertad de expresión. El despido de la periodista y la protesta en las redes sociales de grupos activistas, estudiantes, docentes, investigadores y demás académicos interesados en la investigación y la divulgación de la información, ha causado la indignación de la sociedad. No fue suficiente la gran desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa que puso de manifiesto la gran corrupción e ineficacia de las instituciones del pueblo mexicano a nivel internacional, sino que ahora nuevamente la nación vuelve a ser foco de atención ante la gran atrocidad y vulneración flagrante de los derechos fundamentales de los mexicanos.
El caso de Carmen Aristegui no es aislado; existen miles de periodistas que trabajan en televisoras reconocidas, radiodifusoras, en periódicos, revistas, medios digitales o incluso de forma independiente en blogs o foros, que deben someterse a la voluntad de estas grandes cadenas o de sus patrones para conservar su empleo. Cambian completamente sus ideales y su forma de pensar para evitar ser reprimidos y, en el peor de los casos, si no siguen el patrón que mandata el gobierno o su contratante, son asesinados como los casos más conocidos en Veracruz y Guerrero. Recordemos que México es el sexto país del mundo con más homicidios de periodistas, tres durante el año 2014, por lo que esta represión simboliza la pérdida de la confianza en nuestras instituciones.
Actualmente la sociedad es más consciente e informada de lo que ocurre en México. Ya no cree tan fácilmente de las miles de cortinas de desinformación que transmiten grandes cadenas televisivas y radiofónicas para confundir al auditorio. La tecnología y el uso de redes sociales ha permitido que la sociedad mexicana empiece a forjarse un criterio más objetivo e informado que trasciende en las decisiones más comunes de los ciudadanos como votar en las elecciones, participar en las asambleas, juntas vecinales o reuniones ciudadanas con el gobierno y exigir más a sus representantes.
La salida de Carmen Aristegui demuestra una completa sumisión de la cadena a los intereses del gobierno federal. De la contradicción de sus principios y valores como una prensa que busca informar objetivamente a sus lectores y escuchas, a un esclavo del sistema inepto y fraudulento. La farsa de una “pérdida de confianza” que desencadenó el despido de los colaboradores de la periodista, pone en duda la veracidad de las declaraciones hechas por MVS.
Es por ello que el gobierno federal debe buscar mecanismos de solución a través de instancias laborales como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para evitar este tipo de atropellos a los periodistas mexicanos. Asimismo, deberán emprenderse acciones tendientes a garantizar el derecho a la libertad de expresión y manifestación de sus ideas, medidas que deberá también hacer valer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como máximo órgano garante de los derechos humanos de los mexicanos, y en su caso denunciar los graves casos para no dejar impunes estas violaciones.
Por todo lo anterior, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Exhorta al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación, para que se garantice la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo en México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2015.
Diputada Karen Quiroga Anguiano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Unesco y autoridades nacionales que intervengan y verifiquen las obras realizadas desde 2014 por el gobierno de Puebla en los alrededores de la Gran Pirámide del Santuario de los Remedios, en San Andrés Cholula, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Karen Quiroga Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2; y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La zona arqueológica de Cholula es un sitio histórico localizado siete kilómetros al oeste de Puebla de Zaragoza, capital del estado mexicano de Puebla. Es una zona federal que se encuentra entre los municipios de San Pedro Cholula y de San Andrés Cholula, y su nombre deriva del vocablo náhuatl Cholollan, que significa “agua que cae en el lugar de huida”. Se trata de uno de los asentamientos más antiguos de México, y presenta una ocupación continua desde el período preclásico superior.
El primer asentamiento de Cholula se localizaba en las inmediaciones de un lago que ha desaparecido. Esto ocurrió en el periodo Preclásico Medio o Superior, aproximadamente entre los siglos VIII y III antes de nuestra era. En aquel tiempo, las poblaciones mesoamericanas eran pequeñas aldeas cuya ocupación principal era la agricultura de subsistencia, centrada especialmente en el cultivo del maíz. Alrededor del siglo I antes de nuestra era, en Cholula se construyó el primer centro ceremonial importante, a partir del cual crecería lo que sería uno de los principales centros religiosos de Mesoamérica.
La construcción más importante de la zona arqueológica es el Templo de Tláloc –venerado localmente por su nombre calendárico: 9 Lluvia o Chiconquiáhuitl3–, basamento piramidal construido en distintas fases, dedicado a esa divinidad prehispánica y cuyo culto fue uno de los más importantes en toda el área mesoamericana. Es una de las pirámides más voluminosas del mundo, y durante mucho tiempo permaneció en el olvido, creyéndose que era una montaña, sobre la cual fue construido un templo católico en la época colonial. Este templo fue abandonado 100 años después de la caída de Teotihuacán, en tiempo de la hegemonía tolteca en Mesoamérica (Posclásico Temprano).
Para 1300 después de Cristo, Cholula fue abandonada por los toltecas y a la llegada de los españoles, en 1519, los cholultecas eran tributarios privilegiados de Tenochtitlan, y enemigos de los tlaxcaltecas. A la llegada de los españoles el Templo de Quetzalcóatl, se ubicaba al lado poniente de la Gran Pirámide, el cual fue destruido y con sus piedras se edificaron los principales monumentos coloniales. Cholula posee además notables ejemplos de pintura mural, como el llamado “Mural de los Bebedores”.
La Gran Pirámide de Cholula, o Tlachihualtépetl (del náhuatl “cerro hecho a mano”), es el mayor basamento piramidal del mundo, con 400 metros por lado. Es también la pirámide más grande en volumen, con 4 millones 500 mil metros cúbicos, aunque no en altura; tiene 65 metros de alto (similar a la del Sol, en Teotihuacán, con 64 metros y superada por la del Templo IV de Tikal, de 70), mientras que la Gran Pirámide de Guiza en Egipto tiene una altura de 139 metros.
No se sabe con exactitud cuándo se empezó a construir la pirámide pero los arqueólogos creen que fue en 300 antes de Cristo o al comienzo de la era cristiana. Se estima que duró entre 500 y mil años hasta que la pirámide fue acabada.
La construcción del templo de Chiconaquiahuitl (Dios de las Nueve Lluvias) se realizó a lo largo de varias generaciones. Dio inicio en el siglo II antes de nuestra era, y concluyó a la caída de Teotihuacán, que fue la última cultura prehispánica que imprimió su sello en el gran basamento (900 después de Cristo-1100 después de Cristo), antes de la llegada de los españoles. Una de las prácticas constructivas de los mesoamericanos era la remodelación de antiguos edificios, remodelaciones que tenían como objetivo la ampliación y mantenimiento de las construcciones originales, por lo que el dilatado periodo de construcción de este templo debe ser entendido en ese contexto.
El fin del Clásico en el Altiplano mexicano fue un momento de gran violencia que en el registro arqueológico se expresa en la profanación de los símbolos y monumentos icónicos del poder establecido. En Cholula, la saña se centró en el Patio de los Altares, que era la sede del ceremonial político-religioso de la ciudad sagrada.
El Patio de los Altares
Ubicado sobre el costado sur de la Gran Pirámide de Cholula, este conjunto es contemporáneo de las diversas estructuras que se encuentran en el interior del gran basamento y, al igual que éstas muestra por lo menos seis etapas constructivas. Su piso original se localiza aproximadamente 9 metros abajo del nivel actual. Se trata de un gran patio abierto en su extremo sur que originalmente debió tener más de 80 metros de ancho y que aparece limitado en sus extremos oriente y poniente por largos edificios rectangulares; en éstos es común encontrar pinturas en sus tableros. Debe su nombre a tres altares colocados simétricamente: uno al norte, otro al oriente y otro al poniente. Pese al gran número de sobreposiciones que se pueden observar en varios extremos del patio, su construcción queda comprendida dentro de las fases Cholula II y III (200 a 450 años después de Cristo).
El Tlachihualtépetl fue producto de 7 pirámides superpuestas, cada una de las cuales cubría la totalidad de la anterior. Ello motivó el agrandamiento paulatino de la base, que llegó hasta 450 metros de lado, alcanzando una altura de 66 metros.
La apariencia actual de la gran pirámide es la de un cerro en cuya cima se encuentra una iglesia católica, dedicada a la Virgen de los Remedios. Ésta fue construida en 1594, después de tres intentos de los españoles por destruirla en su totalidad durante décadas previas. El templo católico en la actualidad es un importante destino de las peregrinaciones de los creyentes católicos de la región, y también es empleado para la celebración de ritos indígenas. Debido a que el templo católico ha sido declarado patrimonio histórico de la nación mexicana, la pirámide prehispánica no ha podido ser excavada en su totalidad, ya que dicha pirámide fue hecha de tierra.
Lo que se puede observar es el núcleo central de lo que fue la gran pirámide de la última cultura, hay sólo adosamientos aislados de piedra caliza, el resto fue deteriorándose por el abandono de más de 200 años. Sin embargo, los arqueólogos han excavado en la construcción cerca de 8 kilómetros de túneles que permiten la observación de las diferentes fases constructivas de la pirámide y que pertenecen a culturas distintas de la teotihuacana, siendo relevante los murales de los bebedores de pulque, el de los chapulines y el dedicado a Chiconaquiahuitl.
No obstante la importancia histórica y arqueológica del lugar, así como su obvia necesidad de preservación, desde octubre de 2014, pobladores de San Andrés Cholula se han manifestado contra las construcciones que realiza el gobierno del estado, en virtud de la destrucción que se realizó de los mármoles de la región de Tepeaca que formaban el Camino Real de Cholula, y que fueron sustituidos con piedra laja color gris; esto es, se sustituyó el mármol por piedra.
La reacción del presidente municipal, Leoncio Paisano Arias, ha sido denunciar a los habitantes del lugar por despojo y ataques a las vías de comunicación.
Derivado de lo anterior, se realizaron varias acciones de protesta organizadas por diversos grupos activistas para evitar la expropiación de terrenos que se encuentran en las inmediaciones de la Pirámide de Cholula. Dichos terrenos son considerados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) parte de la zona federal protegida debido a la existencia de estructuras piramidales y construcciones prehispánicas, así como otros vestigios.
Esos terrenos pertenecen a varias familias cholutecas, quienes los han heredado de manera legal desde varias generaciones atrás y quienes les han dado un uso principalmente agrícola con la siembra de flores. El proyecto Parque de las Siete Culturas, o Parque Intermunicipal, implicaba la transformación del uso del suelo agrícola a la creación de un producto turístico; es decir, un parque temático.
Si bien las familias de campesinos dueños de los predios que se pretendía expropiar eran los primeros afectados por el cambio en el uso del suelo, muy pronto la población cholulteca se dio cuenta de que la creación del parque ponía en peligro sus usos y costumbres. Arraigada fuertemente en una cultura ancestral, la población choluteca mantiene una identidad profundamente enraizada al territorio y a las construcciones que en el existen. Así, pirámides y templos se convierten en el escenario concreto de las prácticas culturales de la población.
Conocidas como “Las Cholulas”, San Pedro y San Andrés son dos ciudades declaradas recientemente pueblos mágicos por su potencial turístico. Pero si bien una característica sobresaliente de estas comunidades lo es su patrimonio edificado, es su cultura el elemento que determina las formas de vida y la cosmovisión de los habitantes de estas ciudades. El corazón religioso de la región se encuentra justamente en la cima de la gran pirámide de Cholula, se trata de un templo que alberga a la Virgen de los Remedios, patrona de la región, una imagen que representa a la Virgen María. Dicha imagen rige la vida tradicional de al menos 40 comunidades.
Así, cuando el proyecto del parque temático se dio a conocer, los afectados de San Pedro Cholula buscaron el apoyo del licenciado Adán Xicale Huitle quien logró detener la expropiación gracias a los amparos que promovió y ganó. Activistas y académicos que se organizaron en una serie de actos de resistencia contra el proyecto estatal y municipal.
En marzo de 2014, la organización no gubernamental Cholula en Bici fue la primera en denunciar la afectación que un distribuidor vial construido a escasos metros de la zona arqueológica de Cholula traería en relación a aspectos tales como la estética, la visibilidad, la destrucción del patrimonio y la afectación a la vida tradicional. Asimismo, académicos de gran prestigio, como la investigadora Anamaría Ashwell y el doctor Julio Glockner, apoyaron las acciones de Cholula en Bici para promover un amparo en contra de la construcción del distribuidor.
La obra prosiguió y el 27 de octubre de 2014 fue inaugurada, luego de que importantes vestigios prehispánicos se vieran afectados de forma irreversible.
La tarde del 24 de agosto de 2014 se realizó una acción sin precedente: varios miles de personas convocados por el Círculo de Defensa de Cholula se dieron cita en la pirámide vestidos de blanco y llevando veladoras.
Se trataba de la primera protesta pacífica para detener la expropiación de los terrenos de la zona arqueológica. Ahí estaban no sólo los cholutecas: había académicos, activistas, nuevos y viejos vecinos de las Cholulas y gente de la ciudad de Puebla, todos preocupados por el destino de una de las zonas arqueológicas más importantes de México y América.
Después de varias protestas realizadas en los meses de octubre y noviembre de 2014, en donde participaron no solo habitantes de la región, sin investigadores, artistas, académicos e incluso personal del INAH, el gobierno del estado anunció la cancelación definitiva del proyecto del Parque de las Siete Culturas.
No obstante lo anterior, a la fecha continúan los trabajos de construcción que afectan la zona arqueológica con el consentimiento de INAH-Puebla, según se consigna en el semanario Proceso (número 2004), y donde se aprecia la construcción de un viaducto a menos de 500 metros de la Gran Pirámide de Cholula, dañando vestigios arqueológicos.
Por si fuera poco, se sabe que el coordinador en Puebla de la Sección de Monumentos Históricos del INAH, Jorge Salgado Tlahuis, quien ha avalado y autorizado la destrucción monumental, arqueológica y cultural de Cholula por parte del Gobierno del Estado, no cuenta con título y cédula profesionales para desempeñar dicho cargo.
En virtud de la incapacidad del gobierno del estado, el ayuntamiento y el INAH para proteger y preservar la zona monumental, arqueológica y tradicional del San Andrés Cholula Púebla, se debe solicitar la intervención de la UNESCO, para crear condiciones que generen respeto y condiciones de protección al patrimonio cultural de México y el mundo, en el marco de los convenios firmados y ratificados por México.*
Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura a iniciar una investigación y conocer los daños monumentales y arqueológicos producidos con motivo de los trabajos de construcción que realiza el gobierno de Puebla en la zona arqueológica de San Andrés Cholula para protegerla y preservarla.
Segundo. Se exhorta al Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Antropología e Historia a investigar sobre la actuación del coordinador en Puebla de la Sección de Monumentos Históricos del INAH, Jorge Salgado Tlahuis, quien ha avalado y autorizado la destrucción monumental, arqueológica y cultural de Cholula por el gobierno del estado, quien además no cuenta con título y cédula profesionales para desempeñar dicho encargo.
Nota
* Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention. The Hague, 14 May 1954.
Protocol to the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict. The Hague, 14 May 1954.
Universal Copyright Convention, with Appendix Declaration relating to Article XVII and Resolution concerning Article XI. Geneva, 6 September 1952.
Protocol 2 annexed to the Universal Copyright Convention concerning the application of that Convention to the works of certain international organizations. Geneva, 6 September 1952.
International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations. Rome, 26 October 1961.
Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property. Paris, 14 November 1970.
Convention for the Protection of Producers of Phonograms against Unauthorized Duplication of their Phonograms. Geneva, 29 October 1971.
Regional Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in Latin America and the Caribbean. Mexico City, 19 July 1974.
Universal Copyright Convention as revised on 24 July 1971, with Appendix Declaration relating to Article XVII and Resolution concerning Article XI. Paris, 24 July 1971.
Convention relating to the Distribution of Programme-Carrying Signals Transmitted by Satellite. Brussels, 21 May 1974.
Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. Paris, 16 November 1972.
Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat. Ramsar, 2 February 1971.*
Protocol to amend the Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat. Paris, 3 December 1982.
Protocol to amend articles 6 and 7 of the Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat. Regina, Canada, 28 May 1987.
Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict. The Hague, 26 March 1999.
Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Paris, 17 October 2003.
Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage. Paris, 2 November 2001.
Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. Paris, 20 October 2005.
International Convention against Doping in Sport. Paris, 19 October 2005.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2015.
Diputada Karen Quiroga Anguiano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a formular mediante las instancias de procuración de justicia del país un registro nacional y difundir por ellas las estadísticas de las denuncias de tortura y los malos tratos durante la detención, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Karen Quiroga Anguiano, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En 1984 fue aprobada la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. México se adhirió el 23 de enero de 1986 y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo del mismo año, entrando en vigor el 26 de junio de 1987.
En la Convención se reconoce que los derechos como la libertad, la justicia y la paz son iguales e inalienables para la humanidad, con la finalidad de que de estos derechos se emane la dignidad inherente de la personas.
Con lo anterior, México asumió el respeto y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como promover el respeto universal de lo celebrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los cuales se proclama la lucha contra la tortura, penas crueles, inhumanas o degradantes.
Según el artículo 1 de la Convención se entenderá a la tortura como a “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.
En el anterior orden de ideas se sostiene que México debe de asumir y tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole con el objetivo de impedir los actos de tortura en todo el territorio, es decir, debe de constituir a los actos de tortura como delitos conforme a la legislación penal.
México en el artículo 116 de la Carta Magna, fracción novena, establece que la procuración de justicia se realiza con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos. Asimismo en México existe la Ley Federal para prevenir y sancionar la Tortura promulgada en 1994.
En 2008 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para aprobar que se lleven a cabo los juicios orales con el fin de disminuir la injusticia y la impunidad, también se han reformado los códigos de procedimientos penales y las leyes orgánicas de las procuradurías y los tribunales con el objetivo de que se suspendan las averiguaciones previas y los procesos mientras se lleva acabo el procedimiento de mediación.
En otras palabras se pasó del sistema inquisitivo-escrito a uno acusatorio-oral lo que significa que el nuevo sistema de justicia penal demanda profesionalización, capacitación y entrenamiento en el nuevo procedimiento penal en juicios orales y servicios periciales.
Sin embargo las cifras no reflejan avances, según el relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez quien visitó el país del 21 de abril al 2 de mayo de 2014 señaló que de las 12 mil 787 quejas documentadas entre 2006 y 2014, sólo pudo sustentar 14.
En el informe también se destaca que existe un alto índice de las personas que son detenidas al momento de intentar extraer información incriminatoria o bien confesiones de las personas detenidas, incluso en este mismo informe se calcula un porcentaje significativo de las personas que han sido detenidas por personas vestidas de civiles, así como sus autos no son identificados, ni mencionan la causa de la detención en donde la aprehensión está repleta de insultos y amenazas.
Según el relator mencionó que “hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones, y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces”.
Asimismo Amnistía Internacional, estableció en una encuesta que “México es el segundo país con el porcentaje más alto de personas que tienen miedo a ser torturadas en caso de ser detenidos con 67 por ciento”1 , superado únicamente por Brasil.
En este mismo sentido algunas estadísticas proporcionadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que hay un aproximado de 11 mil 608 quejas por torturas y malos tratos entre 2006 y abril de 2014.
Por lo anterior es necesario resarcir la problemática actual que genera que no exista un registro nacional de denuncias de tortura sino que cada entidad tiene sus datos propios. El objetivo es visualizar cifras reales que permitan emprender las acciones por parte del gobierno federal y atienda el problema a fin de generar políticas que impliquen detectar, así como impedir la tortura en los primeros momentos de la detención y tomar las medidas necesarias para generar la prevención de la tortura así como castigar a los responsables de generar tortura y malos tratos.
Por ejemplo el caso del estudiante de Julio César Mondragón, normalista que fue encontrado muerto con la cara arrancada, lo que indica que fue torturado, y que lamentablemente a la fecha no ha sido aclarado por la Procuraduría General de la República.
Asimismo se necesita conocimiento de las acciones que las autoridades correspondientes han emprendido con la finalidad de asegurar que las investigaciones se realicen de forma pronta, imparcial, independiente y exhaustiva.
Bajo el anterior orden de ideas nos encontramos con una sociedad golpeada por los homicidios, el secuestro y la extorción. Es requisito indispensable que un Estado democrático recupere la confianza de sus ciudadanos, así como el respeto a los derechos humanos en donde los jueces, ministerio público y defensores asuman su responsabilidad y evidencien los actos de corrupción e impunidad.
Por lo anterior, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a través de las instancias responsables de la procuración de justicia del territorial nacional a formular un registro nacional así como que se hagan públicas las estadísticas de las denuncias de tortura y los malos tratos durante la detención con el fin de detectar e impedir la tortura en México.
Nota
1 Pérez Silva, Ciro. Rechaza México informe sobre la práctica generalizada de tortura, La Jornada .com. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/03/09/rechaza-mexico-practica-g eneralizada-de-tortura-4367.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2015.
Diputada Karen Quiroga Anguiano (rúbrica)
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