Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 4140-IV, jueves 23 de octubre de 2014
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Proposiciones de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a colaborar por sus dependencias con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones conducentes a deslindar responsabilidades, aplicar sanciones y subsanar el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI y por Enrique Aubry de Castro Palomino, del PVEM
Los suscritos, diputados federales de Jalisco por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a colaborar por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y todas las autoridades competentes de la administración pública federal con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones necesarias a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen las sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La laguna de Cajititlán, en Tlajomulco de Zúñiga, cerca del lago de Chapala, tiene 9 kilómetros de longitud y 2 de ancho. Es pequeña, comparada con el lago de Chapala, pero se le considera la laguna de la zona metropolitana de Guadalajara por su majestuosidad y atractivo turístico.
Formada con el agua de lluvia proveniente de las serranías que la rodean, la laguna de Cajititlán es un lugar único y muy especial para los tapatíos y todos los jaliscienses.
Hoy, desgraciadamente, nuestra bella laguna está sufriendo los embates de los cambios climáticos o, peor aún, de posibles actos de negligencias y violencia ambiental.
Según la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, hasta el domingo 31 de agosto se habían extraído más de 30 toneladas de peces muertos. Para el martes ya se contabilizaban más de 50 toneladas.
Debemos reconocer que las autoridades han puesto su empeño para detectar la causa de la muerte de la gran cantidad de peces en la laguna.
Aparentemente se desconoce si es un fenómeno natural o se trata de un evento provocado por conductas perniciosas de ciertos individuos.
La secretaria de Medio Ambiente en Jalisco, Magdalena Ruiz, informó que ya se han enviado brigadas de trabajadores para apoyar a los pescadores locales en la retirada de los peces muertos, así como técnicos para evaluar la situación de las plantas de tratamiento de aguas de la ribera de la laguna.
De acuerdo con el doctor Manuel Guzmán Arroyo, director del Instituto de Limneología de la Universidad de Guadalajara, se trata de un problema provocado por el nivel de agua de la laguna, “que resulta demasiado bajo para cubrir las necesidades de oxígeno de los peces”.
El especialista explicó que “el lago tiene problemas porque le sacan demasiada agua. Una ventisca fuerte puede remover el fondo se levantan los sedimentos, se mezcla y se agota el oxígeno en el agua”.
Otra explicación que se ha dado es que la ausencia de agua suficiente y de oxígeno obedece al riego del valle adyacente y la existencia de un canal de adiestramiento para deportes acuáticos que también extrae agua de la laguna.
Durante estos días, la secretaria de Medio Ambiente de Jalisco ya dio a conocer que estableció un mando único para la atención de la contingencia ambiental. La Profepa y la Comisión Estatal del Agua han tomado importantes medidas de coordinación para que la contingencia ambiental se estabilice de manera positiva, se recupere el equilibrio ecológico de la zona y, desde luego, se subsane en lo posible el daño ambiental ocasionado.
En resumen:
(i) La recurrente crisis ambiental en la laguna de Cajititlán –cuatro periodos de muertes masivas de peces– puede tener su causa en cuestiones cíclicas u ocasionadas por la acción irresponsable del hombre; y
(ii) Ante estos hechos, hay instancias gubernamentales competentes para investigar el hecho y las formas de resarcir el daño ocasionado, buscando a su vez a los responsables y sancionándolo conforme a las leyes que nos hemos dado.
Nuestra posición como diputados al Congreso de la Unión es coadyuvar con las autoridades locales para resolver, de acuerdo con nuestras atribuciones, los problemas que pudiesen afectar a nuestros representados.
Hoy, las niñas, los niños, las mujeres y los hombres de Jalisco están sufriendo una afectación ambiental que merece toda la atención, tanto de las autoridades locales como federales. Merece que nos dispongamos a revisar las leyes en materia ambiental, tanto por lo que toca al Congreso de Jalisco, como lo que corresponde al Congreso de la Unión. Deben provocar toda nuestra atención y, desde luego, la coordinación de todas las autoridades competentes al efecto de deslindar responsabilidades, encontrar y sancionar a los culpables y, más importante aún, lograr reestablecer el equilibrio ecológico en la zona afectada y prevenir nuevas afectaciones.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de la Cámara de Diputados el presente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a colaborar por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y todas las autoridades competentes de la administración pública federal con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones necesarias a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen las sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2014.
Diputados: Abel Salgado Peña (rúbrica), Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica), Leonardo Alcalá Padilla (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Salvador Barajas del Toro, Marco Antonio Barba Mariscal, Sergio Armando Chávez Dávalos, Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la secretaria de Salud a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y los instrumentos destinados a crear conciencia, prevenir y alertar a la población sobre la prevalencia de factores epidemiológicos que se acentúan en esta temporada en diversas partes del país, a cargo del diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
El que suscribe, Rubén Benjamín Félix Hays, diputado de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, respetuosamente somete a consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
El derecho a la salud, en su máxima expresión y alcance, fue consagrado por primera vez en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS)1 de 1946, al señalarse que ““...el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión ideología política o condición económica o social...”.
Desde entonces, este derecho humano se ha expresado en la Declaración Universal (artículo 25) y Americana (artículo 11) de Derechos Humanos en 1948; afianzado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y reiterado en la Declaración de Alma-Ata de 1978 y en la Declaración Mundial de la Salud de 1998.
En tal sentido, el acceso a los bienes, servicios y oportunidades destinados a satisfacer las necesidades de salud es un derecho humano fundamental y es la clave para que las personas puedan disfrutar de otros derechos humanos fundamentales.
Indudablemente, en México se ha avanzado sustantivamente en la construcción de una cultura de derechos humanos, misma que ha comprendido procesos de armonización legislativa con los más altos estándares internacionales, de fortalecimiento institucional e instrumentación de políticas públicas específicas en la materia.
A nivel constitucional y en sus leyes secundarias, la protección y acceso pleno al derecho a la salud de las y los mexicanos está garantizado y existe una muy amplia cobertura de servicios de salud para la población que lo necesita.
No obstante estos avances, es menester que el Estado mexicano redoble esfuerzos en aquellas áreas que puedan, por la naturaleza de sus elementos y factores, generar mayor susceptibilidad y riesgos entre la población del país, de tal manera que se salvaguarde la plena vigencia de derecho humano a la salud, atendiendo prioridades de orden local y nacional.
La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a todos los países ser capaces de detectar, comprobar rápidamente y responder de forma adecuada a las amenazas de enfermedades emergentes y con tendencia a producir epidemias, a fin de reducir al mínimo su impacto en la salud y la economía de la población local y mundial.
Consistente con esta recomendación, la OMS mantiene un sistema de vigilancia epidemiológica que da seguimiento a la evolución de enfermedades infecciosas en el mundo, alertando cuando es necesario, compartiendo conocimientos técnicos, y articulando las respuestas necesarias para proteger a las poblaciones de las consecuencias de las epidemias, cualquiera que sea su origen y dondequiera que se declaren.
De manera correspondiente, en el país contamos con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) el cual ha demostrado su eficacia en la materia, al alertar con prontitud y de manera sumamente responsable una de las mayores contingencias sanitarias que haya ocurrido en el país en los últimos años.
Entre marzo y abril de 2009, cuando el entonces Sistema de Vigilancia Epidemiológica identificó el virus que se denominó como Influenza A (H1N1), se pusieron en marcha diversas acciones en materia de salubridad a fin de controlar la epidemia, prevenir nuevos contagios y combatir el virus existente; asimismo, se pusieron en marcha campañas oportunas de vacunación e información.
Por las acciones realizadas durante dicha contingencia, México recibió amplio reconocimiento a nivel internacional: en la 62ª Asamblea Mundial de la Salud, efectuada del 18 al 22 de mayo de 2009, en Ginebra, Suiza, el país fue calificado como ejemplo de cooperación internacional y durante la 49ª Reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), celebrada del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2009, en Washington, D.C., se otorgó un reconocimiento al trabajo del Gobierno mexicano por su labor frente a la contingencia epidemiológica, destacando la transparencia que se tuvo en el manejo de información.
La situación epidemiológica mundial y regional nos obliga a retomar la pasada experiencia y ser muy responsables en la vigilancia y monitoreo que se realice a los factores epidemiológicos internacionales, además de estar alerta a los del orden nacional.
Basta recordar que la alerta sobre el brote de enfermedad por el virus del ébola del pasado 30 de agosto del año en curso en Senegal transitó a la generación de una alerta regional para África Occidental en menos de una semana (4 de septiembre de 2014), coincidiendo con el reporte de dos casos de infección humana por virus de la gripe aviar A(H7N9) en la República Popular de China, confirmada mediante pruebas de laboratorio.
En el caso de China, su gobierno, atendiendo protocolos sanitarios internacionales, tomó las siguientes medidas de vigilancia y control:
a) fortalecimiento de la vigilancia y el análisis de la situación;
b) fortalecimiento de la atención clínica y el tratamiento médico;
c) comunicación pública del riesgo y difusión de información.
En el caso del ébola, según la OMS en uno de sus últimos comunicados, su brote en el África Occidental es el peor en la historia. El número de muertes por el virus asciende a más de 3 mil y el número de casos de personas infectadas alcanzó ya los 6 mil 553.
Esta enfermedad se caracteriza por la aparición súbita de fiebre, debilidad intensa, mialgias, cefalea y odinofagia, seguido de vómitos, diarrea, conjuntivitis, erupciones cutáneas, disfunción renal, hepática y en algunos casos, sangrado gastrointestinal y coagulación intravascular diseminada.
Dada la cobertura mediática que ha tenido en los últimos días hemos tenido conocimiento de su ingreso al continente americano, específicamente mediante un caso comprobado de un paciente en el estado de Texas, en los Estados Unidos de América.
La primera persona en ser diagnosticada con ébola en territorio estadounidense acudió a una sala de emergencias la última semana del mes de septiembre pasado, pero no fue internado por el personal del hospital a pesar de que indicó que había viajado a Liberia.
Tal razón obedeció a que basados en sus síntomas, los médicos tratantes indicaron que no había razón para internarlo cuando se presentó por primera ocasión en la sala de emergencias, el pasado jueves 25 de septiembre por la noche.
Tres días después, el hombre regresó al centro médico, en donde se determinó que probablemente tenía ébola. Fue en ese momento que se decidió aislarlo.
En una reunión de alto nivel, convocada por el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, el mandatario estadunidense, Barack Obama, urgió al mundo a convertir en una “prioridad” la lucha contra el brote de ébola en África Occidental y advirtió que puede causar una “catástrofe humanitaria” en la región y es una “creciente amenaza a la seguridad global”.
Por su cobertura mediática, como advertíamos líneas arriba, y la falta de información y estrategias de comunicación oficial entre la población, el ébola ya ha caudado confusión y alerta en el país.
La llegada, el pasado 1 de octubre del año en curso, de un paciente africano de origen ghanés, al Hospital General doctora María del Socorro Quiroga Aguilar, en Ciudad del Carmen Campeche, con síntomas similares al virus del ébola, generó pánico entre el personal que ahí labora y familiares de los pacientes que se encontraban en el área de urgencias.
La Secretaría de Salud de Campeche, ese día informó del ingreso al citado hospital de un paciente de origen ghanés con un cuadro clínico que corresponde a un síndrome febril, sin asociación epidemiológica con el virus del ébola.
En el reporte se lee que el paciente masculino, de 52 años de edad, se encuentra aislado, como marca el protocolo ante cualquier cuadro clínico de este tipo. Asimismo, se realizan estudios de laboratorio para descartar enfermedades infecciosas, tales como dengue, chikungunya, paludismo, leptospira, toxoplasma, rubeola y citomegalovirus.
Un día antes, el pasado martes 30 de septiembre, la Secretaria de Salud federal, la Médico Cirujano Mercedes Juan López, afirmó, en el marco de su participación en la 53 reunión de la Organización Panamericana de la Salud en Washington, DC, que el país tiene los recursos necesarios para el diagnóstico y manejo de cualquier sospecha de ébola.
Se ha indicado que México es considerada una nación de muy bajo riesgo dada la localización geográfica y el escaso flujo migratorio del país con la zona de riesgo; no obstante, a las personas que abordan aviones en la zona del brote se les revisa si sufren fiebre, pero los síntomas pueden comenzar hasta 21 días después de la exposición.
El ébola no es contagioso hasta que comienzan los síntomas, y se necesita un estrecho contacto con los fluidos corporales de un enfermo para que se propague.
De ahí la importancia de que se difunda, de manera clara, pertinente y oportuna la información sobre los efectos, síntomas y acciones a seguir en casos infecciosos como el ébola.
Sin embargo, a nivel local, en el país tenemos otros casos altamente epidemiológicos que atender.
Mientras que la posibilidad de que el virus del ébola llegue es extremadamente remota, es un hecho que el chikungunya 2 llegará al país.
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud federal, doctor Pablo Kuri, indicó desde el pasado mes de agosto a un medio de comunicación nacional que “...hay un caso importado, es decir, no se contagió aquí, se contagió en las islas del Caribe, pero como tenemos el vector y hay mucho tránsito entre mexicanos a la zona donde hay casos seguramente va a llegar, la pregunta es ¿cuándo y dónde?, no sabemos, pero hay que estar atentos para cuando llegue”.3
En la misma entrevisto dejó ver que se desconocen los alcances que podría tener el brote una vez que el virus comience a circular, por lo que recomendó tomar las medidas preventivas para evitar la proliferación del mosquito transmisor.
Las personas contagiadas de chikungunya presentan fiebre, dolores articulares, dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas, según la Organización Mundial de la Salud.
La enfermedad puede presentarse entre tres y siete días después de la picadura del mosquito infestado, y las manifestaciones clínicas pueden durar entre dos y 12 días.
Clínicamente es difícil su diferenciación con dengue, sin embargo en la infección por virus chikungunya el dolor es mucho más intenso y localizado en las articulaciones y tendones, y en algunos casos pude ser incapacitante. Se debe distinguir chikungunya del dengue, que puede tener una evolución más tórpida, ocasionando inclusive la muerte.
No existe ningún antivírico específico para tratar la fiebre chikungunya; e l tratamiento consiste principalmente en aliviar los síntomas, entre ellos el dolor articular, con antipiréticos, analgésicos óptimos y líquidos. No hay comercializada ninguna vacuna contra el virus chikungunya.
Aunque la afección llamada chikungunya generalmente no es fatal, la epidemia ha rebasado la capacidad de atención de los hospitales y mermado la productividad económica de varios países de Sudamérica y el Caribe y se ha manifestado con notables efectos en Colombia, Ecuador, Brasil y Venezuela y con mucha proximidad en El Salvador, Nicaragua, Belice y Guatemala.
La República Dominicana es el país más afectado por el virus debido a que tiene la mitad de los casos en el continente americano; según la Organización Panamericana de la Salud, el chikungunya se ha propagado a mínimo 24 países y territorios en el hemisferio occidental desde que se registró el primer caso, a finales del 2013, en la parte francesa de la isla caribeña de San Martín, contabilizándose hasta el pasado mes de mayo de 2014, más de 4 mil 500 infectados en el continente Americano.
Por otro lado, el escenario reportado sobre una enfermedad epidemiológica en los últimos Informes Epidemiológicos semanales por la Dirección de Información Epidemiológica, dependiente de la Secretaría de Salud, llama poderosamente la atención del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Nos referimos en caso concreto con el avance y daños que está generando la fiebre hemorrágica por dengue en el país, hasta el pasado 29 de septiembre de 2014.
Si bien los reportes confirman un descenso de los registros en el 2014, respecto del año precedente, en un 64 por ciento de los casos estimados y del 55 por ciento de los confirmados, es notorio el incremento y tendencia de casos confirmados, por cada 100 mil habitantes, en entidades como Baja California Sur (204.58), Colima (74.17), Sinaloa (53.81), Campeche (41.49) y Oaxaca (36.43).
La estadística anterior nos permite dimensionar el problema; sin embargo, atendiendo la información sobre el número de personas registradas por casos confirmados de dengue, el panorama es sumamente desalentador.
5 entidades del país acumulan el 50%: Veracruz, con 2 mil 160 personas; Sinaloa, con 1,591; Baja California Sur, con 1 mil 519; Oaxaca, registra 1,452 y Guerrero 1 mil 286 . Conviene recordar que los datos anteriores pueden ser mayores, pues derivan de la confirmación de casos probables, después de practicados diversos análisis de laboratorio
En el país, en lo que va del año, se han registrado 16,092 casos confirmados de personas afectadas por el virus del dengue y se encuentran bajo análisis otros 24,959 más; sin embargo, en cinco entidades, el incremento porcentual en las últimas cinco semanas ha rebasado al 50%.
Así, estados como Veracruz, con 2,160 casos (78.7 por ciento); Sinaloa, con 1,591 (57.2 por ciento); los 1,519 de Baja California (164.2 por ciento), así como los 1,452 enfermos de Oaxaca (59.2 por ciento) y los 549 registrados en Morelos (61.0 por ciento) nos deben de movilizar a la acción, urgiendo que las autoridades sanitarias actúen con prontitud ante este mal que es sustancialmente prevenible, mediante acciones concretas, probadas y coordinadas entre el nivel Federal, estatal y municipal.
Ya van 22 decesos en este 2014 y aunque la tendencia sea menor que los 40 fallecimientos registrados en el 2013, la letalidad es 28.2 por ciento mayor que la registrada el año pasado; si se previene y se actúa oportunamente, no deberemos lamentar un fallecimiento más.
Es importante recalcar que aunado a una efectiva política pública en materia sanitaria que contribuya con acciones concretas a prevenir y reducir los daños que el virus del dengue llegase a ocasionar en la salud de las y los mexicanos, también debe prevalecer una absoluta transparencia en el manejo de la información, además de que esta debe ser suministrada a la ciudadanía de manera oportuna.
El dengue históricamente en el país, ha presentado una tendencia de mayor incidencia entre los meses de julio a octubre, coincidiendo con la temporada de lluvias y las condicionantes que propician su proliferación.
No obstante la preparación y capacidad probada de las instituciones del sector salud sobre la detección, tratamiento y medidas preventivas, entidades como Baja California Sur, Sonora y Sinaloa presentan un mayor grado de alerta por las condiciones de salubridad en que quedaron después del paso de Odile por esa región, al grado que la incidencia fue la mayor del país en Baja California Sur, alcanzando 327.95 por cada 100 mil habitantes.
En Nueva Alianza coincidimos en que el derecho a la salud debe ser visto como el derecho a un sistema de salud efectivo e integrado , que abarque la asistencia médica y los determinantes subyacentes de salud, que responda a las prioridades locales y nacionales , y que esté al acceso de todos; por ello, las instituciones responsables de la salud de millones de mexicanos debe brindar información más precisa sobre aquellos padecimientos que por su impacto en la salud pública requieren de una vigilancia estrecha y la difusión oportuna de información.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que fortalezca los mecanismos, protocolos e instrumentos implementados para la vigilancia epidemiológica en el país, de tal manera que ante la presencia de un agente epidemiológico relevante, las instituciones del Sector Salud respondan con pertinencia y eficacia a las contingencias sanitarias que se presenten a lo largo del país.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades, dicte las medidas necesarias a efecto de que en los medios masivos de comunicación informe a la ciudadanía sobre la sintomatología más relevante del ébola y con ello, coadyuve a la proliferación de un clima social sano, responsable y ordenado, evitando desinformación y psicosis social.
Tercero. Finalmente, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal y a las instituciones de salud estatal para que refuercen la vigilancia epidemiológica, la atención médica y las medidas preventivas ante los incrementos focalizados del dengue en el país, principalmente en los estados de Baja California Sur, Colima y Sinaloa que tienen un mayor registro de casos de dengue hemorrágico.
Notas
1 Documentos Básicos, 43ª edición. Organización Mundial de la Salud, Ginebra 2001. La Constitución fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional de 1946.
2 La palabra chikungunya proviene de la lengua makonde de Tanzania, en el este de África, y podría traducirse como “lo que dobla”, en referencia al severo dolor en las articulaciones que hace que los enfermos se contorsionen.
3 Preocupa más chikungunya que el ébola, Laura Toribio. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/08/06/974750
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2014.
Diputado Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Quintana Roo a realizar diversas acciones en materia de libertad de expresión, a cargo de la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en la fracción II del numeral 1, y numeral 2 todos del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes
Consideraciones
Las condiciones democráticas del México de hoy exigen, sin duda alguna y sin reparo, de las garantías por parte del estado a la libre expresión y manifestación de las ideas. Pero también, debe ser parte sustancial de una nueva cultura política la responsabilidad de hablar con la verdad, de propiciar ambientes de mayor respeto en la búsqueda del fortalecimiento de la democracia y de las instituciones que la sustentan.
Lamentablemente hoy existen en nuestro sistema político voces y actitudes irresponsables; unas escudadas en su fuero constitucional, en el ejercicio del poder, y otras que utilizan su capacidad de influencia mediática para, escudados en la libertad de expresión, hacer señalamientos infundados con el fin de dañar a las personas, a los adversarios políticos y a las instituciones del Estado mexicano.
Acción Nacional quiere apelar a la responsabilidad de quienes tienen el mandato constitucional de servir al pueblo y no de servirse de él. Apelamos a la responsabilidad de quienes ostentan un encargo público; responsabilidad para consolidar nuestra democracia, para hacer de la palabra un instrumento para la búsqueda de la verdad. Responsabilidad por parte de los actores políticos para edificar un México diferente, donde las insinuaciones o especulaciones no priven como verdades absolutas, donde se construyan nuevos ambientes de diálogo en pro de la patria y no en detrimento de la sociedad.
Y nos referimos a las acciones que ha llevado a cabo en últimas fechas el gobernador del estado de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo. Basta citar dos casos que atentan profundamente en contra de la libertad de expresión.
Los acontecimientos señalados por la revista Luces del siglo , en Quintana Roo, la cual ha denunciado que han sido víctimas de “robos dirigidos, persecuciones, agresiones contra reporteros y reporteras y repartidores del semanario”, y que a las opiniones disidentes y opositores se les somete a un régimen de terrorismo político-fiscal, por el simple hecho de atreverse a criticar o disentir de lo que piense el gobernador.
La estrategia para coartar, someter y acallar las opiniones críticas a su administración es la de fabricar campañas de desprestigio, así lo afirman los directivos de esa revista, que aseguran, ha sido objeto del trabajo sucio ejecutado durante un mes por parte del periódico Respuesta con fotomontajes y caricaturas grotescas de miembros del semanario, acompañadas con información dolosa, afirman los miembros de Luces del siglo , que son acusados de extorsionadores, defraudadores y vendedores de droga, los ejemplares de Respuesta fueron distribuidos en las colonias, zonas habitacionales del entorno laboral para desprestigiar a los directivos de Luces del siglo .
Esta estrategia gubernamental de ataque a las opiniones críticas ha incluida la clonación del semanario en 40 ediciones digitales y 8 impresas. En los ejemplares se sustituye el contenido real de la publicación, la cual es de crítica al gobierno del estado, con boletines y noticias que favorecen a la administración estatal; además de artículos para descalificar a los opositores del Ejecutivo estatal.
La situación es tan grave que el juez cuarto de distrito de Quintana Roo, Ricardo de Jesús Vázquez Carballido, al otorgar una suspensión provisional de amparo, ha ordenado al gobernador Borge Angulo abstenerse de elaborar y difundir las portadas y ejemplares falsos de la revista, a rendir un informe donde aclare “si son o no ciertos los actos que se le atribuyen, pudiendo agregar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión”, así también se ordena por el juez que “cese la transmisión de mensajes difamatorios, denostativos o acusatorios” en contra del medio.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido la siguiente jurisprudencia:
“Libertad de expresión y derecho a la información. Concepto de interés público de las expresiones, informaciones, ideas y opiniones sobre funcionarios y candidatos.
La jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que las expresiones e informaciones atinentes a los funcionarios públicos, a particulares involucrados voluntariamente en asuntos públicos, y a candidatos a ocupar cargos públicos, gozan de un mayor grado de protección. Tales personas, en razón de la naturaleza pública de las funciones que cumplen, están sujetas a un tipo diferente de protección de su reputación o de su honra frente a las demás personas, y correlativamente, deben tener un umbral mayor de tolerancia ante la crítica. Ahora bien, a fin de determinar si cierta expresión sobre algún funcionario o candidato a ocupar un cargo público tiene relevancia pública no se requiere que un determinado porcentaje de la población concentre su atención en la controversia o que los líderes de opinión se refieran a ella, pues el mero hecho de que la expresión esté relacionada con el control ciudadano sobre su desempeño hace la información relevante.
Amparo directo en revisión 3123/2013. María Eugenia Olavarría Patiño. 7 de febrero de 2014. Cinco votos de los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa.
Esta tesis se publicó el viernes 11 de abril de 2014 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la Federación.”
Como podemos observar, estas denostaciones y calumnias por medio de supuestas publicaciones periodísticas, no se limitan al periodismo crítico. Incluyen también a partidos políticos y a representantes populares. El pasquín Razón QR , elaborado desde las oficinas gubernamentales en donde no se incluye responsable de la publicación o redactor de las notas, no sólo realiza el culto a la personalidad del gobernador Roberto Borge Angulo, sino además fomenta la guerra sucia rebajando el debate político con notas que rayan en la vulgaridad, la misoginia y en la violación de las leyes.
Acción Nacional siempre, como lo ha hecho hasta ahora, defenderá la libertad de expresión de todos los ciudadanos, bajo el entendido de que es la única forma en que se pueden construir nuevos ambientes en la convivencia pública. La libertad de expresión debe ser ejercida no sólo como un derecho, sino como una virtud democrática. Cuando se restringe la libertad de expresión, por el motivo que sea, se deteriora el orden y el respeto, y eso es algo que la sociedad mexicana no puede permitirse. Es necesario que el Estado mexicano proteja a como dé lugar esa libertad que tanto esfuerzo y lucha ha costado a los mexicanos.
Y también queremos que todos los esfuerzos que desde el Poder Legislativo se han hecho para proteger la seguridad, la integridad y la dignidad de las mujeres sea una realidad en todos y cada uno de los rincones del país. Por ello evitar la violencia en cualquiera de sus tipos y modalidades contra ellas es un imperativo, además para los tres órdenes de gobierno.
Nuestra norma fundamental es clara en señalar la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas y cada una de las y los mexicanos, y específicamente en el tema de violencia contra las mujeres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece la obligación de los gobiernos federal, local y municipal, a través de los cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de organizar el aparato gubernamental de manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Por tanto, es nuestra obligación que desde este Congreso de la Unión se promueva la protección y respeto del derecho de las mujeres a vivir con paz, con tranquilidad y a garantizarles el pleno respeto a su dignidad humana.
En otro criterio de la Suprema Corte de Justica de la Nación encontramos que:
“Daño al patrimonio moral de las personas. Se puede causar con notas periodísticas que sobrepasan los límites del libre ejercicio del periodismo, el derecho a la información y la libertad de expresión, al no tener la intención de hacer del conocimiento un hecho de interés general, ni sirven a las personas para la toma de decisiones que enriquezcan la convivencia o participación democrática (Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal).
Atendiendo a lo previsto por el artículo 1 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha diecinueve de mayo de dos mil seis, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, su objeto o finalidad es regular el daño al patrimonio moral de personajes de la vida nacional o servidores públicos, derivado exclusivamente del abuso del derecho a la información o de libertad de expresión. Por consiguiente, la responsabilidad civil por daño al patrimonio moral de las personas que se reclame al amparo de la referida ley debe, necesariamente, tener su origen en la utilización de medios informativos, a través de los cuales se ejerza tal libertad de expresión. Ahora bien, conforme a la citada ley, se considera que la información que den los periodistas debe ser de interés público y no debe sobrepasar ciertos límites, esto es, no debe ir en contra de la reputación de persona alguna, aun y cuando ésta sea un personaje de la vida nacional o bien un servidor público , pues el derecho de información no debe ser totalitario, sino que debe tener como sustento dos condiciones, a saber: que esa información sea de interés general o en beneficio de la sociedad democrática. Ello en virtud de que la finalidad de una nota periodística es informar al público en general sobre hechos de interés general. En consecuencia, las expresiones denostatorias que se realicen en un medio informativo en contra de determinada persona sin ese propósito, es decir, que no conllevan la finalidad de informar, sino sólo el de dirimir conflictos personales entre el autor de la nota periodística y la persona a la que se hace referencia en la misma, se deben considerar como insultantes, vejatorias e innecesarias en el ejercicio de la libertad de expresión, porque sobrepasan los límites de libre ejercicio del periodismo, el derecho a la información y la libertad de expresión, al no tener la intención de hacer del conocimiento un hecho de interés general, ni sirven a las personas para la toma de decisiones que enriquezcan la convivencia o participación democrática.
Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Amparo directo 474/2010. Miguel Lerma Candelaria. 28 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Concepción Alonso Flores. Secretaria: Laura Ivón Nájera Flores.”
En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Cámara de Diputados, lamentamos que la democracia, que tanto trabajo ha costado consolidar a nivel nacional, no sea una práctica común a nivel local. Es inaudito que haya entidades como Quintana Roo, donde los derechos humanos y las libertades ciudadanas sean vulnerados de forma tan evidente y que el oprobio se haya convertido en lo habitual y cotidiano.
Pero más grave es que estas acciones sean dirigidas en contra de mujeres quintanarroenses que por su actividad política o periodística, se vean inmiscuidas en publicaciones denostativas, que dañan su imagen pública, su integridad moral y que de alguna u otra manera, forman opinión pública negativa en su contra.
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución.
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo de Quintana Roo, licenciado Roberto Borge Angulo, a respetar los derechos humanos e implementar las acciones necesarias que permitan el correcto ejercicio de la libertad de expresión en los medios de comunicación, vigilar su estricto cumplimiento, así como a acatar la resolución del juez cuarto de distrito de Quintana Roo, Ricardo de Jesús Vázquez Carballido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2014.
Diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña (rúbrica)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades del Poder Ejecutivo federal a mitigar las repercusiones ambientales y económicas tras el derrame de sustancias contaminantes de la mina Unidad El Herrero, en Cosalá, Sinaloa, a cargo de la diputada Francisca Elena Corrales Corrales, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada federal Francisca Elena Corrales Corrales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, de los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno, la proposición con punto de acuerdo de acuerdo a la siguiente
Exposición de Motivos
El caso del derrame de la mina Buenavista del Cobre en Sonora, propiedad de Grupo México, que causó graves daños ambientales la entidad; envenenó los ríos y provocó daños irreversibles a la población, a la fauna y la flora, ha sido un llamado de atención sobre cómo se están llevando a cabo las actividades mineras en el país.
Pescadores del norte de México han sufrido, desde hace ya más de un año, la contaminación de los ríos Los Remedios, en Durango, y San Lorenzo, en Sinaloa, con sustancias tóxicas que tienen como origen la mina unidad “El Herrero”, de Grupo Bacis, ubicada en el municipio de Otáez, Durango.
Al romperse la represa de jales de la mina unidad “El Herrero”, propiedad de la familia Gutiérrez Núñez, el mes de enero de 2013, se vertieron cerca de 300 mil toneladas de residuos tóxicos en el Río Los Remedios, llegando de forma posterior la contaminación al Río San Lorenzo en el municipio de Cosalá, Sinaloa. Desde los últimos veinticuatro años Grupo Minero Bacis ha estado en constante crecimiento, según lo declara en su propio portal electrónico, y en la mina unidad “El Herrero” cuenta con una producción cercana a las mil 500 toneladas de concentrado “bulk” diarias, siendo este producto una mezcla de plata y oro, el cual es remitido a la empresa metalúrgica fundidora Met-Mex Peñoles, en la ciudad de Torreón, Coahuila, para llevar a cabo todos los procesos asociados para su refinación y posterior refinación. Grupo Minero Bacis cuenta con operaciones mineras en los estados de Durango, Zacatecas y Sinaloa.
De acuerdo con las denuncias presentadas por la población afectada, las comunidades que han sido perturbadas por el derrame de contaminantes son Mezcaltitán, La Ilama, Higueras de Jacopa, El Ranchito y San José de Las Copas, todas ubicadas en el Municipio de Cosalá en Sinaloa.
La contaminación no ha venido sola, sino que ha ocasionado un daño considerable al ecosistema y a los medios de subsistencia de las familias que dependen de las actividades productivas asociadas con los ríos: La actividad pesquera se ha visto perturbada y en consecuencia la situación económica de quienes viven en las inmediaciones de los arroyos, siendo particularmente preocupante la grave contaminación, denunciada por los pescadores de la entidad, con metales pesados de la presa Presidente José López Portillo, conocida como presa de El Comedero.
La presa de El Comedero ocupa el cuarto lugar en el estado de Sianloa respecto a su tamaño, contando con una capacidad de almacenamiento de 3,400 millones de m³ de agua, capacidad instalada de 110 MW de potencia y una área de riego de 14,000 ha; entre las especies que se pueden encontrar en la presa de El Comedero destacan la Tilapia, introducida por un esfuerzo comunitario de las cooperativas de pescadores que ahí realizan sus actividades, además de Lobina, Bagre, Carpa y otras de escama de agua dulce.
Los pescadores han declarado que no han sido atendidos por las autoridades, por lo que acudirán a las vías jurisdiccionales para que se determine la reparación del daño al ecosistema y se subsane el menoscabo patrimonial a las familias.
Los pescadores que realizan sus actividades en la presa han visto considerablemente disminuida su actividad y sus ingresos como consecuencia de la contaminación provocada por desechos tóxicos que fueron vertidos en los cauces ríos, en este sentido se solicitó el apoyo del al Laboratorio de Geoquímica y Contaminación Costera de la Unidad Académica Mazatlán del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, para que se llevara a cabo una investigación sobre los peces muertos en la presa de El Comedero quedando a cargo de la investigación el Dr. Federico Páez Osuna. Los estudios mostraron contaminación de los especímenes acuáticos por mercurio y otros metales pesados como el zinc, cadmio y cobre, el daño podría subsistir entre 8 a 10 años ya que el río San Lorenzo sigue incorporando a la presa El Comedero lodos con contaminantes y metales pesados.
La contaminación, agregó, habría ocasionado que prácticamente se terminen las capturas que alcanzaban de mil a mil 500 toneladas de pescado cada año, y el día de hoy llegan con esfuerzos, a 80, pues la contaminación ha disminuido la capacidad de reproducirse de los peces, cayendo dramáticamente las capturas.
Los afectados han denunciado que la presa de jales de la mina unidad “El Herrero” sigue funcionando con un nuevo sistema, donde ya no se vierten residuos líquidos sino que ahora se desechan en forma de una pasta lodosa que sigue contaminando el agua de los ríos.
Asimismo existe, entre la población, el temor fundado ante la posibilidad de la aparición de enfermedades derivadas de la alta toxicidad de las aguas de la presa El Comedero o la manifestación de sus consecuencias.
Conforme a lo anteriormente expuesto, me permito presentar a esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que inicie el proceso de revisión, inspección y verificación del cumplimiento de obligaciones normativas de la mina unidad “El Herrero”, propiedad de Grupo Bacis.
Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Salud, para que lleve a cabo todas las medidas conducentes para evaluar, monitorear y en su caso atender las afectaciones a la salud provocadas por el derrame de metales pesados y sustancias tóxicas de la presa de jales de la mina unidad “El Herrero”, propiedad de Grupo Bacis.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Titular del Ejecutivo Federal, para que, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación para que se implementen los programas y medidas necesarias para reactivar la actividad pesquera en la presa Presidente José López Portillo, conocida como presa de El Comedero.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2014.
Diputada Francisca Elena Corrales Corrales (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la SEP a tomar medidas tendentes a crear un programa de becas para los estudiantes destacados y los de bajos recursos, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del PAN
El que se suscribe, diputado federal Carlos Humberto Castaños Valenzuela, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo y al titular de la Secretaría de Educación Pública a tomar las medidas necesarias para la creación de un programa de becas para los estudiantes destacados y para aquellos estudiantes que se encuentren en una situación económica precaria.
Y por último se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a instaurar un programa emergente de mejoramiento de las instalaciones de las diversas escuelas públicas del país, con base en las siguientes
Consideraciones
• México tiene el tercer porcentaje más alto de jóvenes que no estudian ni trabajan, entre los 34 países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), sólo por debajo de Turquía e Israel.
• El informe Panorama de la Educación 2013 de la OCDE revela que el 24.7 por ciento de los jóvenes mexicanos de 15 a 29 años no tienen trabajo ni asisten a la escuela, un nivel que se ha mantenido por casi una década y que para la organización representa que “existe una falla estructural”.
• El fenómeno de desempleo y falta de educación entre los jóvenes representa una “tragedia individual”, pues implica la pérdida de oportunidades para tener un desarrollo pleno.
• En México, la mayor proporción de jóvenes de 15 a 29 años sin educación ni empleo es mayor entre las mujeres, con el 37.8 por ciento, porcentaje que es tres veces mayor al de los hombres: 11 por ciento.
• En México ha aumentado la cobertura educativa entre los niños de cuatro y 14 años (la cual es prácticamente del 100 por ciento en este grupo de edad), como en los niveles de estudios alcanzados por los jóvenes entre los 25 y 34 años, quienes tienen niveles de escolaridad más altos que generaciones anteriores, según el informe.
• Sin embargo, la proporción de la población que ha obtenido al menos educación media superior en México es de solo 36 por ciento, uno de los porcentajes más bajos entre los países de la OCDE, donde la media es de 75 por ciento, ello, unido al rezago educativo entre la población de más de 15 años, aumenta considerablemente el riesgo de desvinculación, tanto de la educación como del mercado laboral entre los jóvenes.
• Invertir en la educación de niños y jóvenes mexicanos, porque es el seguro más importante que tienen las personas contra el desempleo y para tener una vida productiva más beneficiosa y más retribuyente.
• El informe revela que en México el gasto anual por alumno es el más bajo entre los países de la OCDE. La mayor proporción de recursos de la educación se destina al pago de salarios y la relación de alumnos por maestro es la mayor. El gasto en educación en México es de 6.2 por ciento del PIB, alrededor del promedio de la OCDE, de 6.3 por ciento, pero el gasto por alumno es el más bajo entre los países analizados, de 2 mil 993 dólares al año, contra 9 mil dólares en el organismo.
• México destina 83.1 por ciento de su presupuesto para educación a los sueldos de los profesores y 93.3 por ciento a la remuneración del personal en su conjunto, que son los porcentajes más altos entre los 34 países de la OCDE, donde la media es de 62 por ciento y 78.2 por ciento, respectivamente. Se necesitan más recursos porque por el perfil demográfico de México, es ahora cuando tenemos que invertir en los chicos que están en educación superior y media superior.
En virtud de lo anteriormente expuesto, los diputados firmantes, solicitamos a esta soberanía se apruebe los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo y de la Secretaría de Educación Pública a tomar las medidas necesarias para la creación de un programa de becas para los estudiantes destacados y para aquellos estudiantes que se encuentren en una situación económica precaria
Segundo. Se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo y de la Secretaría de Educación Pública a tomar las medidas necesarias para la difusión del mismo.
Tercero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a que se instaure un programa emergente de mejoramiento de las instalaciones de las diversas escuelas públicas del país
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México DF, a 23 de octubre de 2014.
Diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a atender por la Semarnat, la Profepa y la PGR los derrames y los respectivos daños ambientales por sustancias peligrosas de la mina Dos Señores, en Sinaloa, a cargo de la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del PVEM
Lourdes Adriana López Moreno, diputada a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Exposición de Motivos
En días pasados, alrededor de 10 mil 800 toneladas de material tóxico de la mina Dos Señores se filtraron al arroyo Chupaderos, que desemboca en el río Baluarte, en el municipio de Concordia, en el estado de Sinaloa, lo que obligó a las autoridades estatales y federales a emprender medidas de emergencia y evitar que estos residuos contaminaran el agua y afectaran a los habitantes de la región.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) señaló, a través de un comunicado, que aún se desconoce la composición de los residuos esparcidos.
Los primeros reportes indican que el escurrimiento de residuos mineros se originó por el rompimiento de la represa que los contenía y que eran operados por esta empresa minera. El material químico, informaron autoridades federales, recorrió una distancia de alrededor de 900 metros desde el talud y hasta el arroyo.
Inspectores federales de la Profepa, adscritos a la delegación en el estado, indicaron que fue necesaria la construcción de cuatro represas de emergencia para contener el escurrimiento. Aún se desconocen los daños ambientales generados por este derrame, siendo responsable la mina Dos Señores, en el estado de Sinaloa.
De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en su artículo décimo, toda persona física o moral que con su acción u omisión ocasione directa o indirectamente un daño al ambiente, será responsable y estará obligada a la reparación de los daños al ambiente; de la misma forma estará obligada a realizar las acciones necesarias para evitar que se incremente el daño ocasionado al ambiente.
A este respecto es importante mencionar que la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, establece una sanción económica, que es accesoria a la reparación o compensación del daño ocasionado al ambiente y, en el caso de las personas morales, consiste en el pago por un monto equivalente de mil a seiscientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción, cuando la responsable sea una persona moral. La imposición de la sanción económica a los responsables tiene por objeto la prevención e inhibición efectiva de infracciones dañosas futuras.
La sanción económica la determinará el juez tomando en cuenta la capacidad económica de la persona responsable para realizar el pago, la gravedad del daño ocasionado y el carácter intencional o negligente de la violación, asegurándose que se neutralice el beneficio económico obtenido, si lo hubiere, y se garantice prioritariamente el monto de las erogaciones del actor o actores que hayan sido necesarias para acreditar la responsabilidad.
Las personas e instituciones legitimadas conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental para demandar la responsabilidad ambiental son las personas físicas habitantes de la comunidad adyacente al daño ocasionado al ambiente, así como las procuradurías para la protección del ambiente.
Es importante mencionar que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), está facultada para realizar subsidiariamente por razones de urgencia o importancia, la reparación inmediata de los daños que ocasionen terceros al ambiente. Dicha reparación podrá hacerse con cargo al Fondo Ambiental previsto por la citada ley. En este caso, la Semarnat deberá demandar al responsable la restitución de los recursos económicos erogados, incluyendo los intereses legales correspondientes, los que serán reintegrados al Fondo Ambiental.
El derrame de sustancias tóxicas de la mina Dos Señores en el estado de Sinaloa, evidencia el desinterés que por el ambiente y la salud pública tienen las empresas que se benefician de extraer y procesar minerales.
En este sentido y de conformidad con el artículo 55 de la Ley Minera, mismo que establece que la Secretaría de Economía sancionará con la cancelación de la concesión minera cuando no se ejecuten o comprueben las obras y trabajos previstos en la ley en los términos y condiciones que se señalan en la misma, solicitamos la cancelación de las concesiones otorgadas a las minas en donde se generó el daño ambiental descrito en el presente documento.
Finalmente, es importante mencionar que la minería a cielo abierto es una actividad de alto impacto económico, social y ambiental, pero este impacto es negativo y sólo beneficia a los accionistas de las grandes empresas mineras, algunas de éstas extranjeras. Dentro de estos impactos podemos mencionar los siguientes:
• Afectación de las aguas subterráneas o freáticas: aguas contaminadas con aceite usado, con reactivos, con sales minerales provenientes de las pilas o botaderos de productos sólidos residuales de los procesos de tratamiento, así como aguas de lluvia contaminadas con contenidos de dichos botaderos, que pueden llegar a las aguas subterráneas. Además, puede haber un descenso significativo en los niveles de estas aguas subterráneas cuando son fuente de abastecimiento de agua fresca para operaciones de tratamiento de minerales.
• Impacto sobre las poblaciones: puede provocar conflictos por derechos de utilización de la tierra y agua, dar lugar al surgimiento descontrolado de asentamientos humanos ocasionando una problemática social y destruir áreas de potencial turístico. Puede provocar una disminución en el rendimiento de las labores de pescadores y agricultores debido al envenenamiento y cambios en el curso de los ríos debido a la elevación de nivel por sedimentación. Por otra parte, la minería a cielo abierto puede provocar un impacto económico negativo por el desplazamiento de otras actividades económicas locales actuales y/o futuras.
• Impacto sobre la fauna: la fauna se ve perturbada y/o ahuyentada por el ruido y la contaminación del aire y del agua. Además, puede darse también envenenamiento por reactivos residuales contenidos en aguas provenientes de la zona de explotación.
• Impacto sobre la flora: implica la eliminación de la vegetación en el área de las operaciones mineras, así como una destrucción parcial o una modificación de la flora en el área circunvecina, debido a la alteración del nivel freático.
• Contaminación del aire: el aire puede contaminarse con impurezas sólidas, por ejemplo polvo y combustibles tóxicos o inertes, capaces de penetrar hasta los pulmones, provenientes de diversas fases del proceso. También puede contaminarse el aire con vapores o gases de cianuros, mercurio, dióxido de azufre contenidos en gases residuales, procesos de combustión incompleta o emanaciones de charcos o lagunas de aguas no circulantes con materia orgánica en descomposición.
• Afectación de la superficie: devasta la superficie, modifica severamente la morfología del terreno, apila y deja al descubierto grandes cantidades de material estéril, produce la destrucción de áreas cultivadas, puede alterar cursos de aguas y formar grandes lagunas para el material descartado.
• Afectación de los suelos: eliminación del suelo en el área de explotación, y produce un resecamiento del suelo en la zona circundante, así como una disminución del rendimiento agrícola y agropecuario. También suele provocar hundimientos y la formación de pantanos en caso de que el nivel de las aguas subterráneas vuelva a subir. Además, provoca la inhabilitación de suelos por apilamiento de material sobrante.
• Afectación de las aguas superficiales: los residuos sólidos finos provenientes del área de explotación pueden dar lugar a una elevación de la capa de sedimentos en los ríos de la zona. Diques y lagunas de oxidación mal construidas o indebidamente mantenidos, o inadecuado manejo, almacenamiento o transporte de insumos (como combustibles, lubricantes, reactivos químicos y residuos líquidos) pueden conducir a la contaminación de las aguas superficiales.
• Toxicidad del cianuro: para las plantas y los animales, el cianuro es extremadamente tóxico. Derrames de cianuro pueden matar la vegetación e impactar la fotosíntesis y las capacidades reproductivas de las plantas. En cuanto a los animales, el cianuro puede ser absorbido a través de la piel, ingerido o aspirado. Concentraciones en el aire de 200 partes por millón (ppm) de cianuro de hidrógeno son letales para los animales, mientras que concentraciones tan bajas como 0.1 miligramos por litro (mg/l) son letales para especies acuáticas sensibles. Concentraciones subletales también afectan los sistemas reproductivos, tanto de los animales como de las plantas.
• Contribución al cambio climático: uno de los efectos es la contribución al cambio climático, porque se trata de una actividad industrial que requiere una gran cantidad de energía para su ejecución, proveniente en general de la quema de combustibles fósiles (carbón, gas o diesel), cuyas emisiones son responsables del cambio climático.
Por lo anterior, considero que al responsable del derrame descrito anteriormente, se le debe aplicar la normatividad vigente, consistente en reparar el daño ambiental generado, así como imponerle una sanción económica que sea suficiente para prevenir e inhibir actos u omisiones, que pudiesen generar nuevamente un daño al ambiente, con el consecuente riesgo a la salud pública.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Esta honorable asamblea exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, de conformidad con el artículo 18 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, por razones de urgencia e importancia, inicie la reparación inmediata de los daños ocasionados por la mina Dos Señores establecida en el estado de Sinaloa, con cargo al Fondo de Responsabilidad Ambiental, procediendo a demandar la restitución de los recursos económicos que se eroguen para su reintegración al fondo ambiental.
Segundo. Esta honorable asamblea exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que aplique el régimen de responsabilidad ambiental previsto en el artículo 3o., fracción I, en su procedimiento administrativo y ejerza la acción de responsabilidad ambiental, solicitando la imposición de la sanción económica prevista en el artículo 19, fracción II, por el derrame descrito en el presente documento, registrado en el estado de Sinaloa.
Tercero. Esta honorable asamblea exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al titular de la Procuraduría General de la Republica, para que aplique el régimen unificado de responsabilidad por daño al ambiente previsto en el artículo 4o. constitucional, y 3o. de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
Cuarto. Esta honorable asamblea exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a solicitar la coadyuvancia del Ministerio Público y requerir aplique el régimen de responsabilidad ambiental, de conformidad con el artículo 3o. de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
Quinto. Esta honorable asamblea exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al titular de la Procuraduría General de la Republica, a imponer como medida de seguridad a la mina Dos Señores, el cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 10, segundo párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, a efecto de que se lleven a cabo las acciones necesarias para evitar que los daños al ambiente se incrementen.
Sexto. Esta honorable asamblea exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al titular de la Procuraduría General de la Republica, inicien investigación inmediata para determinar si en la mina Dos Señores, establecida en el estado de Sinaloa, sus directivos, funcionarios y empleados previeron como posible el no haber generado el daño ambiental en los municipios mencionados en el presente documento.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2014.
Diputada Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo al riesgo de derrumbe de inmuebles en la delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La colonia Juárez en la Ciudad de México es uno de los espacios territoriales con mayor historia en el Distrito Federal, dado el importante patrimonio inmueble que posee, caracterizado por la permanencia de antiguas construcciones afrancesadas que datan de la época del porfiriato, mismas que son admiradas y reconocidas tanto por los habitantes de la zona, como por los visitantes de la misma.
La vulnerabilidad de esta colonia se atribuye a su propia condición histórica de sismicidad, así como a la naturaleza de su suelo arcilloso, aunado al reblandecimiento que provocan las fuertes lluvias que año con año azotan a la capital del país.
Según diversos informes de la Secretaria de Protección Civil del Distrito Federal, han colocado a la delegación en el sitio número tres, de las dieciséis demarcaciones políticas de la entidad con mayor riesgo de derrumbe de inmuebles.
Aunado a lo anterior, el abandono, deterioro y la falta del mantenimiento requerido de estos bienes han ocasionado el derribe de algunas edificaciones, debido primordialmente a las malas condiciones en las que se encuentran, situación que tienen en constante y permanente riesgo a las personas que habitan en los mismos, a quienes transitan por el lugar, así como a un sinnúmero de patrimonios materiales.
A manera de ejemplo, podemos mencionar dos siniestros que hace apenas un par de meses se registraron en esta demarcación, donde ambas constricciones colapsaron, hechos en los que afortunadamente sólo se registraron daños materiales, según lo manifestó la autoridad perito en la materia, así como que las causas de lo acontecido fueron las malas condiciones estructurales en las que se encontraban estas propiedades.
El último Atlas de Riesgo elaborado por la Secretaria de Protección Civil local, demuestra que en todo el Distrito Federal se localizan 500 inmuebles catalogados con riesgo inminente de derrumbe, de los cuales 358 se concentran en cinco colonias de la delegación Cuauhtémoc y concretamente en los perímetros de la colonia Juárez se registran 105 edificios con riesgo alto de abatimiento.
Destaca el ubicado en la Calle Londres, número 181, colonia Juárez, donde vive un total de 24 familias en la incertidumbre total sin saber por cuánto tiempo se mantendrá en pie la edificación en la que por casi tres décadas, en la generalidad de los casos, han habitado.
El presente punto de acuerdo se sustenta primordialmente en la garantía social consagrada en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, como el derecho irrestricto a favor de todos los ciudadanos a gozar de una vivienda digna, decorosa y segura.
Asimismo, en la facultad conferida al jefe de Gobierno del Distrito Federal como la autoridad con amplia potestad para aplicar las modalidades y restricciones al dominio privado y hacer uso de dichos espacios, a fin de salvaguardar la integridad de la colectividad, sin que por esto se lesione el derecho constitucional a la propiedad.
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al jefe delegacional en Cuauhtémoc para que en el ámbito de su competencia realice las acciones necesarias para implementar un plan de trabajo que permitan el mejoramiento de los centros de población localizados en los límites de su jurisdicción.
Segundo. Se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que en el ámbito de su competencia realice las acciones necesarias para evitar que los daños de la propiedad ubicada en la Calle Londres, número 181, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, puedan repercutir en perjuicio de los ocupantes del mismo, haciendo uso de este espacio indemnizando incluso si hay propiedad plenamente comprobada de un particular, para que este sea utilizado bajo un esquema de utilidad pública para la generación de vivienda social.
Tercero. Se exhorta al titular del Instituto de Vivienda en el Distrito Federal para que en el ámbito de su competencia realice las acciones necesarias para promover, coordinar ejecutar y evaluar las políticas y programas de vivienda enfocados a favor de los ocupantes del inmueble ubicado en Calle Londres, Número 181, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc.
Cuarto. Se exhorta al titular del Instituto de Vivienda en el Distrito Federal para que en el ámbito de su competencia realice las acciones necesarias para que en coordinación con las instituciones financieras promuevan y ejecuten los esquemas de otorgamiento de créditos con garantías diversas para la adquisición en propiedad de las viviendas que se construyan de carácter social y popular en el inmueble ubicado en la calle Londres, número 181, colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de octubre de 2014.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Baja California a evitar la destrucción del parque Benito Juárez, de Tijuana, a cargo del diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del PT
El que suscribe, Jaime Bonilla Valdez, diputado federal a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
Generalmente cuando hablamos del ambiente pensamos en espacios prístinos, naturales, en los que no se ha dado la intervención humana, o esta ha sido muy limitada, pero, el ambiente no tan sólo se refiere a estos espacios naturales, sino que, los espacios artificiales creados por el ser humano, en los que vivimos, nos desenvolvemos y pasamos nuestras vidas, son también parte importante del mismo, como acertadamente lo señala el primer numeral de la “Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano”, documento resultante de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, acontecida en Estocolmo, Suiza., en el año de 1972.
Dicha Conferencia, auspiciada por las Naciones Unidas, fue el evento que convirtió al medio ambiente en un tema de relevancia a nivel internacional, en el que participaron gran parte de las naciones que forman la ONU, y surge por la presión ejercida por las sociedades de varios países, sobre la degradación del ambiente natural y lo inhumana que se estaba tornando la vida en las ciudades debido a los problemas relacionados con un ambiente urbano nocivo para la salud física y psicológica.
Al respecto, el ya mencionado numeral 1 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano a la letra dice:
“1. El hombre es a la vez obra y artífice del medio ambiente que lo rodea , el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral social y espiritualmente. En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar, de innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto lo rodea. Los dos aspectos del medio ambiente humano, el natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales , incluso el derecho a la vida misma.”
De tal forma que desde que inicia el movimiento ambientalista a escala mundial, como una obligación que la sociedad impone a sus respectivos gobiernos, el tema del ambiente artificial ha sido parte de este movimiento y el reclamo de que este sea acorde con el bienestar humano ha sido parte significativa del mismo. Además, como podemos observar en el numeral citado, el tema del ambiente pasa a formar parte del catálogo de los derechos humanos.
En el ámbito interno, el derecho a un ambiente sano es un derecho humano reconocido en el Título Primero, Capítulo I, De los Derechos Humanos y sus Garantías, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), nuestra carta magna señala en el sexto párrafo del artículo 4o., que:
“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”
Otro ordenamientos que son parte de nuestro acervo jurídico de normas vigente, referentes al derecho humano y el ambiente, lo podemos encontrar en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (“Protocolo de San Salvador”). Aprobado por el Senado el 12 de diciembre de 1995, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 1 de noviembre de 1998.
Al respecto el artículo 11 de este instrumento mandata a los estados parte a proteger y mejorar el ambiente, tanto el natural como el artificial:
“Artículo 11. Derecho a un Medio Ambiente Sano
1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.
2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.”
De lo escrito en los párrafos precedentes, queda claro que el derecho al ambiente sano es un derecho humano, tutelado por nuestro derecho interno como por el derecho internacional reconocido y vinculante para México.
Si recordamos, nuestra Carta Magna en el tercer párrafo de su artículo 1 mandata a todas las autoridades del país en el ámbito de sus competencias a proteger todos los derechos humanos, bajo el siguiente texto:
“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”
Es de señalarse, como lo hace también el párrafo previamente citado del artículo 1° de la CPEUM, que los derechos humanos son universales, interdependientes, indivisibles y progresivos.
Lo anterior entre otras cosas quiere decir que no se puede establecer una jerarquía entre estos derechos y que están interrelacionados, ya que la violación de uno de ellos conlleva a la violación de otros, por ejemplo, el derecho al agua en cantidad y calidad suficiente está relacionado con el derecho a la vida y a la salud, de tal forma que como consecuencia de no respetarse el primero, los otros dos también serán violentados.
En otro orden de ideas, los parques y áreas verdes de una ciudad, son zonas que contribuyen a respetar el derecho a un ambiente sano y por lo mismo al respeto a otros derechos, como es el derecho a la salud, tanto en su faceta física como psicológica, ya que la cobertura de zonas verdes en la ciudad es de gran importancia para mantener una buena calidad de vida.
Las plazas, jardines, parques o bosques urbanos desempeñan un papel fundamental en el medio ambiente y la biodiversidad de la ciudad, además de ser espacios para el paseo, el relajamiento o el ocio, a nivel de ordenación del territorio forman parte de su estructura, y simbolizan un ambiente de ciudad equilibrada, donde la edificación se amortigua con los espacios naturales.
Es por lo anterior que los espacios verdes, son considerados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como imprescindibles por los beneficios que reportan en nuestro bienestar físico y emocional, contribuyendo a mitigar el deterioro urbanístico de la ciudad, haciéndolas más habitables y saludables. Según recomendaciones de la OMS, las ciudades deben disponer, como mínimo, de entre 10 y 15 metros cuadrados de área verde por habitante, distribuidos equitativamente en relación a la densidad de población.
En el caso de Tijuana, la recomendación de la OMS está muy lejos de observarse, está ciudad fronteriza cuenta con menos del 1 por ciento de áreas verdes que recomienda la norma internacional, y aunque existen planes para revertir esta situación, aún falta mucho para alcanzar un mejor estándar.
Todo lo anteriormente expuesto en el presente Punto de Acuerdo viene a colación porque en la ciudad de Tijuana, Baja California., capital económica del Estado, entre el edificio del Ayuntamiento y el Palacio de Gobierno del Estado, se forma un parque que lleva el nombre de “Benito Juárez”, que es una de las pocas áreas verdes de carácter público con las que cuenta la ciudad. Actualmente, sobre el área de este parque se pretende construir una mega obra con varias zonas concesionadas a la iniciativa privada, con lo cual se perderá uno de los pocos parques con los que se cuentan y un espacio público pasará a ser de acceso restringido para gran parte de la población.
Como hemos mencionado en varias partes de este escrito, el derecho a un ambiente urbano sano, es un derecho humano, de tal forma que al suprimirse el parque Benito Juárez, se violentará entre otros este derecho, con consecuencias para la salud física y psicológica de los habitantes.
Además de la afectación a la calidad de vida que deriva de la destrucción de uno de los pocos parques públicos con los que cuenta la ciudad, el que se pretenda construir y concesionar este espacio que pertenece a todos los habitantes de la ciudad, conlleva a otros problemas que causan mucho malestar a los tijuanenses.
Máxime si tomamos en cuenta que el predio donde se encuentra el parque, el Palacio del Gobierno del Estado y el edificio del ayuntamiento, es parte de los terrenos cedidos por el Gobierno Federal por medio decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 de julio de 1978. Dicho decreto estipula que sobre los mismos se construya el palacio municipal, una plaza cívica (función que actualmente cumple el parque Benito Juárez) y el edificio del gobierno de estado.
De lo anterior resulta que, de prosperar un proyecto como el que al parecer se pretende llevar a cabo, que le dará un uso distinto al terreno, se estaría contraviniendo el Decreto por medio del cual se dio la enajenación “a título gratuito”, en favor de la administración estatal del terreno en cuestión, y este solo hecho, sería motivo para que el estado de Baja California y el Municipio de Tijuana perdieran el predio con todo lo que en él se haya construido.
Lo anterior con base al artículo tercero del multicitado decreto de 1978, mismo que a la letra señala:
“Artículo Tercero. Si el Gobierno del Estado de Baja California le diera a los inmuebles que se le enajenan, un uso distinto al señalado en este Decreto, revertirán con todas sus mejoras y accesión en favor del Gobierno Federal”.
Por otra parte, como también ya se señaló, el parque Benito Juárez viene a cumplir las funciones de plaza cívica, espacio público que todos los tijuanenses sentimos como algo nuestro. Yo le pregunto al lector, o lectora del presente escrito, ¿qué pensaría si existiera un proyecto que pretendiera privatizar la Plaza Cívica de la Ciudad de México, es decir, la Plaza de la Constitución?, muy probablemente le parecería una abominación que atenta contra el patrimonio de todos los mexicanos, pues de igual forma nos sentimos los tijuanenses con respecto a que se pretenda privatizar nuestra plaza cívica, es decir, nuestro parque Benito Juárez.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único . La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, respetuosamente hace un atento llamado a la XXI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, a que de acuerdo a las atribuciones que le fueron conferidas por la normatividad aplicable, evite la destrucción del Parque Benito Juárez, de la ciudad de Tijuana, Baja California y la concesión de este espacio público a la iniciativa privada.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2014.
Diputado Jaime Bonilla Valdez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, de la CNDH y del Conapred a generar acciones tendentes a respetar y preservar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
El suscrito, diputado José Angelino Caamal Mena, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo; con base a las siguientes
Consideraciones
“Como las feministas de los años sesenta y setenta, que ‘descubrieron’ la exclusión de las mujeres de la historia, que pusieron de manifiesto la experiencia de la pobreza, la discriminación de las mujeres, que insistieron en que había que reconocer y detener la violencia contra las mujeres, nosotras estamos motivadas por la sensación de ofensa e injusticia. Nos ofende que se silencien nuestras voces, de manera que no se reconozca la opresión que padecemos, y definimos como injusticia la exclusión de las personas con discapacidad del núcleo de la sociedad” Jenny Morris .
En México, las personas con discapacidad se enfrentan a diversas barreras en nuestra sociedad. En particular, las mujeres con discapacidad no tienen la garantía de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos de manera libre. Esta afirmación tiene como justificación y fundamento la recomendación emitida el 5 de octubre de 2014 por el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad al Estado mexicano, después de realizar una evaluación en la materia, los días 16 y 17 de septiembre pasado. Como parte de las actividades, los expertos del Comité analizaron entre otros documentos y fuentes, los reportes entregados por organizaciones de la sociedad civil, quienes denunciaron que en México aún existe la esterilización forzada. El informe cita de manera particular lo sucedido en la Casa Hogar Esperanza en Querétaro. Según el propio Comité en este centro de asistencia se realizan esterilizaciones sin consulta para lograr el consentimiento libre, previo e informado de las pacientes acerca del procedimiento y sus consecuencias.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, existen un total de 5.1 millones de personas con discapacidad y de ese total el 49% corresponde a hombres con discapacidad y el otro 51% a mujeres. En la gráfica se puede apreciar el porcentaje de mujeres con discapacidad y por grupo de edad; de estos datos podemos afirmar que más de dos millones de mujeres mexicanas con alguna discapacidad están en edad reproductiva.
El concepto de derechos sexuales y reproductivos nace a finales de los ochenta con la finalidad de lograr el reconocimiento de las mujeres a decidir de manera libre su maternidad y el momento para ello. Lo anterior, implica por lo tanto el derecho a la anticoncepción segura, eficaz y sin coacciones. Sin duda, este concepto es un avance importante, ya que es una norma del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y es en consecuencia una herramienta para prevenir y tratar las consecuencias de la coerción y discriminación que muchas mujeres continúan viviendo. En particular México, no debe ser la excepción y debe prestar mayor atención a este problema.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), señala en su artículo 12, numeral 1 lo siguiente: ”Los Estados Parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia”, lo que eminentemente no hace diferencia entre mujeres con discapacidad y aquellas que no tienen ninguna discapacidad, por lo que se debe garantizar este derecho a todas las mujeres de nuestro país.
La preocupación sobre el tema es mayor a lo que se presenta en el informe del Comité, toda vez que si bien las organizaciones civiles han podido denunciar y llevar estos temas a la Organización de las Naciones Unidas, cabe preguntarse: ¿cuántas arbitrariedades se cometen en contra de mujeres con discapacidad, de las cuales no se tiene registro?
La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, establece el concepto de persona con discapacidad en su artículo 2, fracción XXI indicando que es “ toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás”, por lo que se puede observar que cuando la discapacidad sólo es física se podrá tener acceso a la información sobre derechos reproductivos y sexuales pero cuando las limitantes sean por cuestión intelectual es necesario sensibilizar a su familiares y cuidadores de los derechos que tienen.
En la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, se consolidó el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos básicos y además se avanzó en el tema de la salud sexual, a la que definió como “un estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos, puntualizando que no implica la mera ausencia de enfermedades y dolencias”, incluyéndose como violación a estos derechos la violación marital y la esterilización, el aborto o la utilización de anticonceptivos por la fuerza, situaciones que enfrentan las mujeres con discapacidad en nuestro país, como así lo denunció el Comité de la ONU. Por lo que al ser México un Estado parte de la Conferencia y promotor de estos derechos, debe dar cumplimiento a estos compromisos, llevando a cabo políticas públicas eficaces en la materia.
La salud reproductiva entraña las capacidades de tener una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, de procrear y la libertad de hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Lo anterior lleva implícito el derecho de obtener información para planear la familia de su elección, a utilizar métodos para regular la fecundidad de manera segura; y a recibir servicios adecuados de atención a la salud que permitan un embarazo y partos sin riesgos. Por lo anterior, es importante respetar las características particulares de las mujeres con discapacidad para establecer los criterios de atención a la salud sexual y reproductiva.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos de que garantizar los derechos humanos y libertades fundamentales de toda la población es un paso muy importante para la construcción de una sociedad incluyente, sin ningún tipo de discriminación, por lo que debemos prestar mayor atención a este grupo en condición de vulnerabilidad.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Salud Federal para diseñar e implementar una política pública y estrategias de información especializada sobre los derechos sexuales y reproductivos, dirigido a las mujeres con discapacidad dentro de las instituciones del sector que coordina.
Segundo.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a profundizar y ahondar en los casos de agravio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad en el país; compilar y hacer pública mayor información sobre los temas de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad, así como instrumentar una campaña informativa de estos derechos humanos.
Tercero. Se exhorta respetuosamente al Titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a realizar las investigaciones necesarias sobre los casos de esterilización forzada realizados en la Casa Hogar Esperanza, ubicada en el estado de Querétaro, como parte de la atención a las recomendaciones hechas al Estado mexicano, por parte del Comité de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de octubre de 2014.
Diputado José Angelino Caamal Mena (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Conafor a fortalecer tanto las acciones de reforestación en las unidades agropecuarias como la creación de viveros de plantas maderables con fruto de valor alimenticio y especies maderables consideradas preciosas, medicinales y ornamentales, a cargo de la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, diputada María del Carmén Ordaz Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se solicita a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal para fortalecer las acciones de reforestación en las unidades agropecuarias, así como, la creación de viveros, de plantas maderables con fruto de valor alimenticio, especies maderables consideradas preciosas, así como medicinales y ornamentales al tenor de los siguientes
Antecedentes
Ya he tratado en otros trabajos que he presentado a esta honorable Cámara, la importancia de diversificar tanto las unidades agrícolas como ganaderas con el fin de hacerlas autosuficientes y productivas incrementando de esa forma su economía y la producción de alimentos, por esa razón me permito tocar este tema muy ligado también a la protección del medio ambiente, ya que aproximadamente 70 por ciento del territorio nacional corresponde a terrenos forestales1 , y que es urgente el revertir el proceso de degradación de estos valiosos recursos y hacer conciencia entre la población de la importancia de los mismos para el país, de esa forma evitaríamos la proliferación de áreas áridas, por lo que es necesario preservar nuestros recursos naturales, aquellos elementos naturales susceptibles de ser aprovechados por el hombre, en estos se encuentra nuestra vegetación integrada por valiosas especies.
Al analizar la situación forestal de nuestro país, y poder reafirmar su potencial en este aspecto, me percato que México ocupa el decimosegundo lugar en cuanto a superficie boscosa después de Rusia, Brasil, Canadá, Estados Unidos de América, China, Australia, Congo, Indonesia, Perú, India y Sudan2 , así como se reafirma lo que nos han dicho las personas mayores sobre el campo, respecto de que tenemos en nuestros montes una gran riqueza en vegetación, esto es congruente cuando leemos que en nuestro territorio han evolucionado unas 15 mil especies de plantas que son endémicas del país, señalándose que la mitad de nuestra flora no se encuentra en ninguna otra parte del mundo3 .
Observo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), nos señala que la superficie reforestada en México alcanzó un total de 2 mil 268.38 kilómetros cuadrados en el 2011, la cual comprende todos los tipos de vegetación terrestre natural. Así también nos dice que en dicho año se obtuvo una producción nacional forestal maderable de 5 millones 897 mil 357 metros cúbicos en rollo y de 202 mil 789 toneladas en producción no maderable, así como que entre 2005-2010, México registró una desforestación de alrededor de 155 mil hectáreas por año, y que en 2012 se registraron un total de 7 mil 170 incendios forestales en el país, afectando 347 mil 225.53 hectáreas, que equivalen a una disminución de 41 por ciento con respecto al año 2011; y que en el periodo de 2000 a 2010 se registró una disminución promedio del área forestal mundial de 5.2 millones de hectáreas por año4 , por lo que considero necesario incrementar las acciones de reforestación para preservar tanto nuestro medio ambiente como las valiosas especies vegetales con las que contamos, muchas de ellas en peligro de extinción, esto se corrobora cuando el Inegi, nos menciona que México es un país megadiverso y que la compleja topografía y la enorme variedad de climas con que cuenta son elementos que favorecen la existencia de una variabilidad genética de muchos grupos de especies que sólo se distribuyen en este territorio5 .
Es preciso referir que el Inegi, señala que la reforestación (aforestación o recuperación natural), es la acción de implantar y atender vegetaciones forestales en áreas donde ya no hay o existe muy poca, con lo que se pretende mermar los daños y/o efectos ocasionados por la deforestación, los incendios forestales y la degradación de suelo6 , así como que la deforestación es un cambio de uso de suelo, el cual consiste en la eliminación de la vegetación natural de algún ecosistema con bosques o selvas, con el objeto de utilizar estas áreas para actividades agrícolas, ganaderas o urbanas o derivada de la tala ilegal, lo que impide su recuperación7 .
También se puede observar que los recursos forestales, constituyen la vegetación de los ecosistemas forestales, sus servicios, productos y residuos, así como los suelos de los terrenos forestales y preferentemente forestales8 , los recursos forestales maderables son aquellos constituidos por vegetación leñosa susceptible de aprovechamiento o uso9 , entre las que se encuentran aquellas consideradas como especies maderables preciosas, también los recursos genéticos forestales, integrados por semillas y órganos de la vegetación forestal que existen en los diferentes ecosistemas y de los cuales dependen los factores hereditarios y la reproducción, mismos que reciben el nombre genérico de germoplasma forestal10 , entre ellos las especies maderables con fruto de alto valor alimenticio; y los recursos forestales no maderables que es la parte no leñosa de la vegetación de un ecosistema forestal, y son susceptibles de aprovechamiento o uso, incluyendo líquenes, musgos, hongos y resinas, así como los suelos de terrenos forestales y preferente forestales11 , entre ellos se tienen las plantas medicinales y las ornamentales.
Nuestro país es muy rico en las especies forestales, entre ellas una variedad amplia de cedros, la caoba, la teca y la melina entre otras maderas preciosas; maderables con fruto alimenticio entre las que están el ciricote, el zapote y el mezquite; al referirme a las ornamentales puedo decir que tenemos una gran variedad, entre ellas, las palmas, las orquídeas y los lirios, también contamos con numerosas plantas medicinales, cuyas propiedades están en espera de ser estudiadas y pudiendo ser cura de numerosos padecimientos y enfermedades.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), nos comenta que se prevé que la población mundial aumente hasta los 9 mil millones de personas en 2050, y que está previsto que algunas de las tasas de crecimiento demográfico más altas se produzcan en zonas que dependen en gran medida del sector agropecuario y presentan niveles elevados de inseguridad alimentaria, afirmando que el crecimiento del sector agrícola es también el medio más eficaz para reducir la pobreza y lograr la seguridad alimentaria12 . Lo anterior reafirma que el Estado mexicano debe fortalecer sus acciones para impulsar la producción de alimentos, entre ellos los provenientes de las unidades agropecuarias, haciendo a dichas unidades autosuficientes promoviendo el desarrollo de actividades productivas diversas y completarías que las consoliden, una forma sería la reforestación de especies maderables con fruto, así como maderables consideradas preciosas, otras forrajeras, así como medicinales y ornamentales, las cuales contribuirían a fortalecer su economía al comercializarlas, independientemente de mejorar el medio ambiente, teniendo en cuenta que la mayoría de estas unidades son de carácter pequeño y mediano por lo que requieren un mayor apoyo técnico y económico del estado, así como diversificar su producción para no depender de una sola actividad.
Debemos tener en cuenta que la siembra de las variadas especies de árboles pudieran ser en potreros, caminos y senderos de las unidades agropecuarias, entre ellas las ganaderas, lo que contribuiría a que haya sombra, y así evitar la aridez y mejorar las temperaturas, los árboles deben ser acordes con las características de clima y suelo mismos que pueden aportar independientemente de mejorar el medio ambiente, una amplia gama de productos de carácter alimenticio, así como medicinal, maderable y forrajero, cuya comercialización, como he dicho, mejoraría la economía de dichas unidades productivas.
También se encuentran entre las especies forrajeras el ramón, el cual es muy apreciado en la actividad ganadera por poseer follaje con altos contenidos nutritivos para el ganado vacuno y caprino, así como brindar una excelente sombra y también se le considera medicinal. Las especies forestales mencionadas, forman parte de una gran variedad que existen en el territorio mexicano y que requieren su continua reforestación, y su explotación deberá ser acorde con la normatividad establecida para su protección, desde luego me permito reiterar lo que he señalado en otros trabajos legislativos, es necesario el trato directo con los productores, visitarlos periódicamente en sus unidades, lo que permitiría conocer de cerca sus numerosas necesidades, orientarlos técnicamente, apoyarlos con el equipo, insumos y recursos económicos necesarios para poder incentivar su actividad, se debe de estrechar la relación productor-estado, haciéndoles ver la importancia de su actividad así como, de la reforestación y que no están solos en su trascendental tarea.
Otra de las acciones que propiciaría el mejoramiento de la economía de las Unidades Agropecuarias, es impulsar entre los productores agropecuarios la creación de viveros tanto de plantas maderables como maderables con fruto de alto valor alimenticio y otras de carácter medicinal, así como ornamentales, lo que permitiría contar con el número suficiente de especies para reforestar, así como para lograr la preservación y mejoramiento del medio ambiente y el fortalecimiento de la economía. Considerando que el gobierno de la República puede establecer mecanismos para que las especies vegetales antes citadas puedan ser adquiridas por los tres niveles de gobierno, así como por el sector privado para la implementación de programas de reforestación y ornato.
Se ha dado un gran paso actualmente con las acciones emprendidas por el gobierno de la República, tanto en materia de protección al ambiente como en producción de alimentos y reforestación, el cual refiere en su Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-201813 , que para hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para el progreso económico y social sostenible, se requiere una sólida vinculación entre escuelas, universidades, centros de investigación y el sector privado, así como reconoce la necesidad de promover la inversión privada en actividades de innovación y desarrollo14 .
Es importante destacar que la ciencia debe ser aliada de la producción en especial de la agroalimentaria, esto para lograr su verdadero impulso, así dicho plan, nos señala que hoy, existe un reconocimiento por parte de la sociedad acerca de que la conservación del capital natural y sus bienes y servicios ambientales, los cuales son un elemento clave para el desarrollo de los países y el nivel de bienestar de la población. En este sentido, México ha demostrado un gran compromiso con la agenda internacional de medio ambiente y desarrollo sustentable, y participa en más de 90 acuerdos y protocolos vigentes, siendo líder en temas como cambio climático y biodiversidad15 . Por lo anterior considero que el Estado mexicano debe redoblar sus acciones para impulsar las actividades agroalimentaria y forestal, mismas que cada día sufren problemas de carácter climático.
Por otro lado también reconoce dicho plan nacional, que el campo es un sector estratégico a causa de su potencial para reducir la pobreza e incidir sobre el desarrollo nacional y destaca que de cara al siglo XXI, el sector agrícola presenta muchas oportunidades para fortalecerse, menciona que se requiere impulsar una estrategia para construir el nuevo rostro del campo y del sector agroalimentario, con un enfoque de productividad, rentabilidad y competitividad, señalando que también sea incluyente e incorpore el manejo sustentable de los recursos naturales. Así, afirma que anualmente se cultiva alrededor de 85 por ciento de las hectáreas disponibles contando de estas que 28 por ciento cuenta con riego y 72 por ciento se cultiva en temporal. Nos habla también de la ganadería y de su alto potencial que no se ha aprovechado a cabalidad debido a la descapitalización de sus unidades productivas16 . Con relación a esto último considero importante la diversificación de dichas unidades para mejorar su economía proponiendo, como he dicho, desarrollar entre otras acciones de carácter forestal como los viveros y las plantaciones de especies maderables preciosas, así como con fruto de alto valor alimenticio.
También el Plan Nacional de Desarrollo (PND), afirma que los retos en el sector agroalimentarios son considerables, reconociendo que la capitalización del sector debe ser fortalecida, así como que la falta de inversión en equipamiento e infraestructura limita la incorporación de nuevas tecnologías, imponiendo un freno en la productividad17 . Por otra parte dicho plan nos dice que para impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio cultural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo de manera eficaz, se necesita hacer del cuidado del medio ambiente una fuente de beneficios palpable, es decir, los incentivos económicos de las empresas y de la sociedad deben contribuir a alcanzar un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el desarrollo de actividades productivas, así como, retribuir a los propietarios o poseedores de los recursos naturales por los beneficios de los servicios ambientales que proporcionan18 .
El propio PND señala la necesidad de construir un sector agropecuario productivo que garantice la seguridad alimentaria del país, señalando la necesidad de impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico19 .
Por su parte el Programa Nacional Forestal 2014-2018 20, en su capítulo III. Objetivos, estrategias, y líneas de acción. Señala que tiene como objetivo general promover el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales del país, reactivar la economía del sector forestal y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas forestales21 .
También considero destacar como ejemplo, demostrando el éxito en los aspectos forestales, que el gobierno federal realiza acciones muy importantes, mismas que benefician a numerosos productores, así nos hemos informado que se establecen cadenas productivas en comunidades madereras, siendo exitosa su producción mueblera y comercialización, también cuando se devuelve a la tierra su vocación forestal o como se impulsan actividades artesanales en madera de mezquite en Coahuila; la producción de carbón vegetal de encino en Colima; la preservación de cactáceas en peligro de extinción en Irapuato; la plantación de palma camedor en Hidalgo; las plantaciones de parota y rosa morada en Jalisco. También las acciones de restauración de marismas nacionales de manglares en Nayarit; así como plantaciones forestales en los ranchos, siendo éstas de cedro rosado, melina, cedro rojo y teca, en San Luis Potosí; otra de las acciones importantes del gobierno federal ha sido el impulso de viveros de silvicultura como los existentes en Tlaxcala, cuya producción es utilizada en acciones de reforestación. Estas acciones deben ser incrementadas para que puedan extenderse a todo el país, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada lugar.
Por lo anterior se fortalece mi compromiso como legisladora federal de exponer la necesidad de robustecer las políticas públicas para incrementar las acciones de reforestación, así como el impulso a la creación de viveros que contribuyan también a la preservación de valiosas especies vegetales, todas estas acciones, de llevarse a cabo en las unidades agropecuarias, contribuirían a mejorar su economía, la producción de alimentos, y desde luego el medio ambiente, evitando desforestación y la proliferación de zonas áridas, entre otros aspectos negativos que afectan actualmente al mundo. También considero que estas acciones no se contraponen de ninguna manera a la actividad agroalimentaria, si no que al contrario la complementan.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su elevada consideración el presente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal, a fortalecer sus acciones para impulsar la reforestación de unidades agropecuarias, así como la creación de viveros, de plantas maderables con fruto de valor alimenticio, especies maderables consideradas preciosas, así como medicinales y ornamentales.
Notas
1. Decreto por el que se crea la Comisión Nacional Forestal. Pág. 37 http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/4/302Decreto%20de%20crea ci%C3%B3n%20de%20la%20CONAFOR.pdf
2. Inventario Nacional forestal y de Suelos México 2004-2009 Comisión Nacional Forestal. Pág. 6 http://www.conafor.gob.mx/biblioteca/Inventario-Nacional-Forestal-y-de- Suelos.pdf
3. Ibid Pág. 19
4. Inegi. Estadísticas a propósito del día mundial forestal. Pág. 1 http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/esta disticas/2013/forestal0.pdf
5. Idem
6. Ibid Pág. 2
7. Ibid Pág. 5
8. Ley general de Desarrollo Forestal Sustentable DOF 7-06-2013. Artículo 7 fracción XXVII.
9. Ibid fracción XXVIII
10. Ibid fracción XXX
11. Ibid fracción XXIX
12. FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. http://www.fao.org/about/what-we-do/so2/es/
13. Plan Nacional de Desarrollo 2013-218 http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf
14. Ibid Pág. 68
15. Ibid Pág. 77
16. Ibid Pág. 82
17. Idem
18. Ibid Págs. 85 y 86
19. Ibid Pág. 141
20. Programa Nacional Forestal 2014- 2018, Página 66 http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/4/5382Programa%20Naciona l%20Forestal%202014-2018.pdf
21. Idem
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2014.
Diputada María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la Segob a garantizar que la capacitación de la policía sea primordial en la agenda nacional, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del PAN
El que se suscribe diputado federal, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo y al titular de la Secretaría de Gobernación para que para que tomen las medidas necesarias para que la capacitación de la Policía sea punto primordial en la agenda nacional y, para que de la misma forma la Secretaría de Gobernación tome las acciones necesarias, para capacitar a las policías de todo el país, con base en las siguientes
Consideraciones
• Es imperativa la capacitación policial ante la aplicación del nuevo Sistema de Justicia Penal y que los juicios orales puedan funcionar, advirtió la fiscal General del Estado, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, tras consignar una debilidad imperante: los policías son los primeros que llegan al lugar de los hechos delictivos; “muchas veces los abogados litigantes lo primero que están atacando es el levantamiento de la evidencia, de la preservación del lugar de los hechos, y si no se hizo debidamente, no se va a llegar a una sentencia condenatoria”, anticipó.
• El nuevo Sistema de Justicia Penal ya no tiene reversa para el país: se tiene que dar cumplimiento en el 2016 al decreto constitucional por lo que es imperativa la capacitación de los policías, ya que “si hay alguna deficiencia desde que inicia el procedimiento hasta que se llega a la sentencia, ahí va a estar reflejada y todos los operadores somos parte de ello”, señaló la Fiscal tras consignar que hoy por las necesidades que se han venido dando en el tema de seguridad y de la reforma constitucional ha sido necesario y ya es indispensable para profesionalizar el trabajo de los policías.
• Es una preocupación nacional que en todo México los juicios orales funcionen, y que uno de los temas más importantes del nuevo sistema de justicia penal, es el trabajo de la policía”.
• Que el levantamiento de la evidencia, de la preservación del lugar de los hechos es vital para cualquier caso, y si no se hacen debidamente, es imposible llegar a una sentencia condenatoria.
• Que los principios de la actuación policial, como son la legalidad, la objetividad, la eficiencia policial, el profesionalismo, la honradez, el respeto a las garantías individuales, y el tema el tema de la presunción de inocencia son temas que todos los elementos policiales deberán tener claros y por tanto deben ser objeto de la profesionalización de los elementos.
• Que la capacitación de las policías municipales y la policías estatales preventivas, en la función de investigación y la coordinación del ministerio público con la policía y los peritos es vital para poder dar resultados y funcionalidad a la figura de los juicios orales en el nuevo sistema penal, pues la recolección de información sobre el material probatorio que hubo es lo que da valor probatorio a las actuaciones.
• Que la función de levantamiento de pruebas la hace la primera autoridad que llega al lugar de los hechos, anteriormente era esperar hasta que llegara el ministerio público. Hoy la policía está apuntada para hacer la recolección, primero la preservación del lugar de los hechos que podría ser a través de la policía preventiva, quien debe saber cómo asegurar a un culpado debidamente y a la vez hacer la preservación, esperar la llegada de la policía investigadora quien ya tiene la facultad de recolectar la evidencia y los indicios, y preservar los mismos, por ello es necesario capacitar a todos los cuerpos policiales.
• Es para destacar la importancia de que se tenga una verdadera cadena de custodia y llevándola a los hechos así como las declaraciones, las entrevistas que realizan a los testigos de los hechos o al propio inculpado. En este eslabón de escenarios que debe realizar la policía investigadora va de la mano con la debida preservación que haya hecho la primera autoridad que llegue, eso solo puede lograrse con adecuada capacitación.
• El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La aprobación de estas reformas tiene como finalidad el mejorar el funcionamiento de las diferentes instituciones que integran el sistema de justicia penal en México, encargadas de la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, así como de la reinserción social, y la policía es una pieza fundamental para su adecuado funcionamiento, por tanto es necesario invertir en su adecuada capacitación.
• Es necesario brindarle oportunidades a todos los elementos de la policía que quieran superarse, por ello en este trabajo legislativo solicito también que se aumenten los apoyos para aquellos oficiales que deseen continuar con su preparación.
En virtud de lo anteriormente expuesto, solicito a esta soberanía se apruebe el siguiente
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo y al titular de la Secretaría de Gobernación para que para que tomen las medidas necesarias para que la capacitación de la Policía sea punto primordial en la agenda nacional.
Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para tome todas las acciones necesarias, para capacitar a las policías de todo el país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México DF, a 21 de octubre de 2014.
Diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profepa y al delegado en Chiapas a verificar que la obra carretera Villahermosa-Escárcega cumpla las medidas de prevención y mitigación para proteger la fauna silvestre de la zona, a cargo de la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del PVEM
Lourdes Adriana López Moreno, diputada por el primer distrito electoral federal de Chiapas a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados al tenor de las siguientes
Consideraciones
En poco más de dos años ha muerto al menos la mitad de la población de monos saraguatos mayas (Alouatta pigra) localizada en la zona colindante al tramo del kilómetro 145 de la carretera federal 186 Villahermosa-Escárcega (Tabasco-Campeche), cuyo proyecto de ampliación corre a cargo de la Dirección General del Centro SCT Tabasco, debido a que la empresa Geoelemento, SA de CV, que realizó la manifestación de impacto ambiental (MIA-R), omitió señalar que en la zona había especies catalogadas en alguna categoría de riesgo en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, no obstante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA)-Semarnat emitió el resolutivo, pero sin solicitar que se llevaran a cabo las medidas de mitigación apropiadas. Por tanto, no solicitó la translocación de fauna, no se colocó oportunamente la señalética que indicara la presencia de fauna silvestre en riesgo, no se dispusieron en la ruta puntos de desaceleración para permitir su paso, ni tampoco existen pasos de fauna.
La gravedad de las omisiones y daños ocasionados por este proyecto carretero, radican en que la región se encuentra en la Región Prioritaria número 144 “Pantanos de Centla”, de gran importancia biológica por los humedales que posee. Y que entre las principales especies de fauna afectada se encuentra una población de saraguatos mayas, en riesgo de exterminio, de acuerdo a informe de especialistas que trabajan en la región.
Esta situación fue denunciada ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), desde el mes de marzo de 2012 por biólogos especialistas en primates. Sin embargo, la denuncia fue atendida hasta un año después.
También existe un riesgo similar el tramo carretero que comunica a Calakmul y Escarcega, cerca de los límites con Quintana Roo, donde la ampliación de la carretera fue realizada sin consideraciones ecológicas, en una zona de anidamiento de colonias de millones de murciélagos, localizada a menos de 200 metros de la misma, además la ruta es cruzada habitualmente por primates, jaguares, ocelotes y diversas especies de herbívoros.
Desde marzo de 2012, biólogos especialistas en la conservación de primates, en Tabasco, presentaron una denuncia ante Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), en la cual señalaron que la empresa consultora Geoelemento, SA de CV, omitió informar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que en la zona de ampliación de la carretera Villahermosa-Escárcega hay presencia de especies protegidas por la Norma Oficial Mexicana [NOM-059-SEMARNAT-2010], por tanto la Semarnat no condicionó efectuar el rescate de especies.
Para un amplio sector de la opinión pública esta omisión podría parecer banal, de no ser porque a través del trabajo de investigación de los biólogos especialistas en primates, se determinó que en esta zona habitaban al menos 54 saraguatos, población que decreció drásticamente porque entre marzo del año 2012 y junio de 2014 se reportó la muerte de 25 saraguatos atropellados en esta carretera; cantidad que representa casi la mitad del total de los monos censados. Además, también han muerto por las mismas causas docenas de osos hormigueros, tlacuaches, cocodrilos, mapaches, iguanas y aves acuáticas; como lo ha señalado la organización conservacionista Conservación Sin Fronteras (CSF).
Lamentablemente desde julio de 2013 a la fecha se siguen registrando incorrectos incidentes derivado del atropellamiento de saraguatos, irrumpiendo en sus hábitats.
Ante esta contingencia, la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Chiapas ha evidenciado dilación en la ejecución de los procesos de las denuncias presentadas, actuando en algunas ocasiones de manera lenta.
La consecuencia ocasionada por la muerte de numerosos saraguatos, quizá podría señalarse solo como un indicador estadístico, de no ser porque los casos registrados se aproximan a una veintena de monos muertos, cifra que impacta severamente a la población de saraguatos silvestres que ha sido registrada en esa zona.
Por lo anterior, considero que se deben establecer pasos superiores de fauna silvestre, en la zona que atraviesa el tramo de la carretera Villahermosa-Escárcega (Tabasco-Campeche) anteriormente descrita, para que los monos aulladores puedan seguir desplazándose con seguridad en dicha zona; no basta justificar que con las obras de drenaje será suficiente, como se establece en la MIA citada en el presente documento, ya que al tratarse de una zona inundable, dichas obras no son funcionales, como pasos de mamíferos, en la temporada de inundaciones.
Aunado a lo anterior, la presencia de especies contempladas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, justifica que se realicen medidas integrales de prevención y mitigación para la protección de la fauna silvestre, esto es: 1) Pasos aéreos entre árboles para favorecer el desplazamiento de los monos; 2) Pasos de biodiversidad; 3) Instalación de reductores de velocidad en las zonas de mayor avistamiento; 4) Instalación de señalización alusiva; y 5) Translocaciones.
Derivado de lo anterior, es importante destacar que en México la conservación de la riqueza biológica es una tarea que se encuentra ligada a las posibilidades de aprovechar de manera sustentable el capital natural con el que cuenta el país, la diversidad biológica que alberga se caracteriza por una elevada riqueza de especies, endemismos, acuíferos, aunada a la heterogeneidad del mosaico de paisajes en las que se distribuye, y está presenta retos de gran envergadura para su conservación, además, prácticamente todos los ecosistemas del país han sido ampliamente afectados por las actividades humanas, con lo cual se han deteriorado considerablemente, con consecuencias negativas en la calidad y en la cantidad de los bienes y servicios ambientales que ellos nos proporcionan, lo que ha causado impactos desde el punto de vista económico y social que afecta negativamente a la población.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Exhortamos de manera respetuosa al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como al delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Chiapas, a efecto de que verifique que el responsable de la obra carretera –la empresa Geoelemento, SA de CV– cumpla con las medidas de prevención y mitigación para la protección de la fauna silvestre en la zona que atraviesa el tramo de la carretera Villahermosa-Escárcega: 1) Pasos aéreos entre árboles para favorecer el desplazamiento de los monos; 2) Pasos de biodiversidad; 3) Instalación de reductores de velocidad en las zonas de mayor avistamiento; 4) Instalación de señalización alusiva; y 5) Translocaciones.
Segundo. Esta honorable asamblea exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que aplique el régimen de responsabilidad ambiental previsto en el artículo 3o. fracción I de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en su procedimiento administrativo, y ejerza la acción de responsabilidad ambiental en contra de la empresa responsable, solicitando, como medida compensatoria, el financiar un proyecto de restauración del hábitat del mono aullador, así como la imposición de la sanción económica, prevista en el artículo 19, fracción II de la citada Ley, al incurrir en dolo al omitir mencionarle a la autoridad, en este caso la Semarnat, de la presencia de especies en riesgo en el tramo de la carretera Villahermosa-Escárcega descrito en el presente documento.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2014.
Diputada Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJE de Guanajuato a investigar y castigar a los responsables del asesinato del joven Ricardo de Jesús Esparza Villegas, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
Según las primeras versiones que circulan, el pasado sábado 18, Ricardo de Jesús Esparza Villegas, estudiante de la carrera de ingeniería en mecatrónica del Centro Universitario de los Lagos, perteneciente de la Universidad de Guadalajara, “fue detenido por la policía municipal de Guanajuato y, después de unas horas, fue localizado muerto”.1
El joven de 23 años se encontraba en el estado de Guanajuato debido a que acudió, junto a otros estudiantes, a la edición número 42 del Festival Internacional Cervantino el fin de semana.
En el parte policiaco enviado por la Dirección de Seguridad Ciudadana, hace referencia que el domingo 19 de octubre alrededor de las 10 de la mañana se pidió el apoyo de unidades porque en el callejón Peña Grande se encontraba un hombre tirado en un patio con sangre.2
Al respecto, Luis Gutiérrez Márquez, presidente municipal de Guanajuato, negó las versiones que circulan en redes sociales sobre la detención de Esparza Villegas por parte de agentes municipales; sin embargo existen testimonios como del joven Salvador García, quien dijo: (Ricardo Esparza Villegas) fue detenido sin ninguna razón, a él y a varios los esculcaron sin ningún motivo y él fue el único detenido. En sus pertenencias no llevaba nada que ameritara el arresto, si es que así se le puede llamar. Los policías se lo llevaron y no se supo nada de él hasta el día siguiente. Entraría en detalles sobre lo sucedido, pero parece que no hay interés en la situación que estamos viviendo. Y aun cual haya sido el motivo por el que se lo llevaron, no tuvieron por qué haberle arrebatado la vida.3
Razón que provoca cuestionamientos sobre lo declarado por el alcalde de Guanajuato, aún más en un contexto en donde hechos recientes como Tlatlaya, en el estado de México, o la escuela normal de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, denotan la colusión del crimen organizado y ciertas instituciones de gobierno.
Sería la segunda vez que los universitarios de Lagos marchan por el asesinato de un compañero. La primera ocasión fue hace poco más de dos años, el 21 de marzo de 2012, por el crimen de Magaly, una chica de 21 años, quien fuera estudiante de enfermería del Conalep, la cual fue “levantada” el 25 de febrero a las afueras de la fábrica Nestlé, donde trabajaba. El 6 de marzo la encontraron sin vida, tirada a la orilla de la carretera.4
Resulta por demás grave la situación de descontrol que estamos viviendo en el país, en donde los jóvenes se han vuelto el blanco de la violencia e inseguridad que azota en diversas regiones y que, aunado a la crisis institucional, cobra día con día la vida de cientos de jóvenes inocentes que, ante la falta de un Estado garante de sus derechos, los vuelve víctimas directos de un Estado fallido.
Por ello y, comprendiendo la necesidad de aclarar dichos sucesos, presentamos a esta asamblea el siguiente resolutivo con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato a realizar la investigación correspondiente y castigar a los responsables del asesinato del joven Ricardo de Jesús Esparza Villegas.
Notas
1 Sin Embargo, “Estudiante de la U de G es detenido por policías de Guanajuato y aparece muerto”, [en línea], México, Dirección http://www.sinembargo.mx/21-10-2014/1148580
2 Ídem.
3 Notialtos, “Muere estudiante del CULagos en el Cervantino”, [en línea], México, Dirección URL: http://notialtos.com.mx/estudiante-del-culagos-muerto-en-el-cervantino- policia-lo-arresta-y-aparece-muerto/
4 Ídem.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2014.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Capufe a intensificar las acciones para reparar la autopista Tijuana-Ensenada, a cargo del diputado Jaime Bonilla Valdez, del PT, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios
Los suscritos, diputadas y diputados federales a la LXII Legislatura, integrantes de distintos Grupos Parlamentarios, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
Como parte importante de la red carretera del estado de Baja California tenemos la autopista que conecta a la ciudad de Tijuana con la ciudad portuaria de Ensenada, esta última es una ciudad pequeña en tamaño, pero de gran importancia por sus actividades turísticas, pesqueras y portuarias. De tal forma que para la economía de la región y para la nacional, la capacidad de Ensenada para recibir turistas y el flujo de mercancías de y hacia el puerto es de suma importancia.
El pasado 26 de diciembre a consecuencia de un sismo de 4.6 grados en la escala de Richter que tuvo su epicentro en la zona de Camalú, a 70 kilómetros de Ensenada, Baja California, en esta importante vía se presentó un desnivel de apenas 30 centímetros, pero, para el día 28 del mismo mes, lo que originalmente era un pequeño desnivel en el kilómetro 93+500 se convirtió en un hundimiento de más de 40 metros de profundidad y 300 metros de largo, que dejó inutilizable la carretera.
Las reparaciones a la mencionada carretera ya comenzaron, estas han sido lentas y su finalización se ha ido retrasando. Al comienzo de las obras la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que sería reabierta el próximo 15 de septiembre, pero, días antes de llegar a esta fecha, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), organismo público descentralizado del Gobierno Federal, encargado de los caminos y puentes de cuota, anunció que la apertura se dará hasta mayo de 2015.
Si bien, la ciudad de Ensenada no está incomunicada, ya que existen alternativas para trasladarse desde Tijuana a esta ciudad portuaria, estas rutas alternas presentan serios inconvenientes, el tráfico ligero puede optar por la carretera libre Tijuana-Ensenada, que es de menor calidad que la autopista afectada, al tráfico pesado, es decir, a los camiones con cargas superiores a las tres toneladas se les hace ir por la carretera federal (Tecate-Ensenada). Pero esta solución plantea problemas, pues como se mencionó, la carretera libre es de calidad inferior, lo que repercute en el tiempo y seguridad de los viajeros. Por otra parte, el desviar el tráfico pesado hacia la ciudad de Tecate, BC., crea problemas serios en esta población, además de hacer el viaje de las mercancías más largo y por lo mismo más costoso.
Las vialidades de la ciudad de Tecate, Baja California, adolecen de la infraestructura adecuada para que por ellas pasen grandes cantidades de camiones pesados, por los que en dicha ciudad se crearán serias complicaciones viales y posibles afectaciones serias en la carpeta asfáltica.
De tal forma que el cierre de la autopista Tijuana – Ensenada, repercute desfavorablemente en lo social y en lo económico. En lo social merma la calidad de vida de los habitantes que de Tijuana y Ensenada, ya sea para los que por distintos motivos se trasladan de una ciudad a otra, o los que tienen que adquirir productos a un precio más alto por el aumento en los costos de traslado de las mercancías, sin olvidar que los turistas tienen mayor dificultad en acceder desde el norte a Ensenada y esto repercute seriamente en la economía de un importante número de habitantes.
En lo económico, el cierre de la carretera se traduce en mermas millonarias, en el sector turístico, los hoteleros han reportado una baja en su ocupación del 20%, y se estima que sus pérdidas rondan alrededor de los 100 millones de dólares, con la consecuente caída en las divisas que entran a nuestro país y que no sólo afectan a Baja California, sino a todo México.
Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Ensenada estimó que las mermas económicas ascienden a 750,000 pesos diarios, tan sólo en el traslado de mercancías y los transportistas calculan que sus pérdidas económicas van del 20 al 25% con respecto al año pasado.
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente hace un atento llamado al Director General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, licenciado Benito Neme Sastré, a que se intensifiquen las acciones en la reparación de la autopista escénica Tijuana-Ensenada, y a la mayor brevedad posible se restablezca de forma segura por esta ruta la comunicación vía terrestre entre ambas ciudades del estado de Baja California.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2014.
Diputados: Jaime Bonilla Valdez (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Carmen López Segura (rúbrica), Luis Alfredo Murguía Lardizábal (rúbrica), Juan Manuel Gastelum Buenrostro (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), María Eugenia de León Pérez (rúbrica), Fernando Donato de las Fuentes Hernández (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), David Cuautémoc Galindo Delgado (rúbrica), Pedro Pablo Treviño Villarreal, Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica), María de Lourdes Flores Treviño (rúbrica), David Pérez Tejada Padilla (rúbrica), Abraham Correa Acevedo (rúbrica), Trinidad Morales Vargas (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la directora general de la Lotería Nacional a emitir un billete conmemorativo del Día Nacional de la Gastronomía; y a la Sectur, a promover el turismo gastronómico, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Elizabeth Vargas Martín del Campo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta respetuosamente a la directora general de la Lotería Nacional a emitir un billete conmemorativo referente al Día Nacional de la Gastronomía; y a la Secretaría de Turismo, a promover el turismo gastronómico.
Exposición de Motivos
La gastronomía mexicana pertenece a ese patrimonio cultural que se ofrece al mundo, que ha venido estimulando a la industria restaurantera y turística como parte de la experiencia al paladar que sólo el país posee.
En lo que va de 2014, por concepto de divisas se han captado 11 mil 130.7 millones de dólares, lo cual representa un incremento de 18.1 por ciento, con un arribo de 33 millones 424 mil 507 pasajeros, y de 57.2 en ocupación hotelera a octubre.
La industria restaurantera, paralelamente a las tradiciones gastronómicas, se ha consolidado como un importante generador de empleo, con una venta total anual de 182 mil 992 millones de pesos, equivalente a 1.4 por ciento del producto interno bruto y 13 por ciento del turístico.
De tal modo, el turismo gastronómico es una industria de buen sabor; asegura un complemento a casi cualquier otra modalidad de turismo.
En el desarrollo nacional ofrece un importante porcentaje de empleo a mujeres. Tan sólo en 2012, el gobierno de Guanajuato reportó que la derrama económica generada por las empresas restauranteras fue de 11 mil 124 millones de pesos.
Sumado a esa gran tradición de cultura mexicana, vale destacar a la Lotería Nacional, cuyos modestos orígenes la remontan desde la Nueva España, celebrando sorteos periódicos con premios en efectivo, promueven montos para la asistencia pública.
Entre los datos de la Lotería Nacional, cabe mencionar que durante el gobierno de Porfirio Díaz, la institución colaboró con recursos para edificar el Hospital General, el manicomio de La Castañeda y el Quiosco Morisco, que representó a México en las Ferias Mundiales de San Luis Missouri, en 1904.
La Lotería Nacional ha emitido a lo largo de su historia diversos billetes conmemorativos, como lo fue el del sorteo especial número 160, en coordinación con la Federación Mexicana de Futbol Asociación, en un ejercicio para que la población apoyase a la Selección Nacional en el mundial de Brasil.
En ese sentido, vinculado a los sabores mexicanos, a la palanca de desarrollo que significa el turismo, se pretende exhortar respetuosamente a la directora general de la Lotería Nacional a emitir un billete conmemorativo del Día Nacional de la Gastronomía, el cual fue declarado el 16 de noviembre de 2010 por el comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas, a través de la agencia para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (Ello sucedió en la quinta reunión ordinaria, celebrada en Nairobi, Kenia, donde se inscribió la cocina tradicional mexicana en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.)
Desde la perspectiva cultural, la cocina tradicional mexicana es una manifestación cultural viva, representativa con su antigüedad incorporada con conocimientos transmitidos de generación en generación.
Un billete conmemorativo de la gastronomía mexicana servirá también como un canal de difusión que la Secretaría de Turismo puede aprovechar para promover los sabores y destinos nacionales, mediante campañas dirigidas y especializadas.
Lo anterior, en virtud de que la gastronomía en México constituye un factor en la decisión de destino de viaje de los paseantes. La Secretaría de Turismo señaló 30 por ciento de viajeros que deciden su destino en función de las opciones gastronómicas.
Un billete conmemorativo del Día Nacional de la Gastronomía representa una plataforma de difusión para que más mexicanos se sumen a esa celebración y conservar nuestras tradiciones culinarias.
En virtud de lo expuesto, me permito presentar ante la Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a realizar por la directora general de la Lotería Nacional las gestiones necesarias para que se emita un billete conmemorativo del Día Nacional de la Gastronomía Mexicana.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a impulsar por la Secretaría de Turismo campañas de difusión nacionales e internacionales que permitan consolidar el turismo gastronómico de cada entidad federativa de México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2014.
Diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a homologar y flexibilizar las reglas de operación correspondientes a los fondos y programas que atiendan presupuestos de las universidades interculturales, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Nelly del Carmen Vargas Pérez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
No existe mejor manera de enfrentar los rezagos y dificultades en el desarrollo integral de las diferentes regiones que a través de una educación sistémica de todos sus elementos. La sociedad tiene que entender que las instituciones interculturales, no sólo son promotoras de la conservación y difusión de su patrimonio cultural diverso sino que además, son la manifestación tangible de un legado trascendental histórico y cultural.
A lo que respecta a una educación de calidad integradora en sus diferentes disciplinas científicas como lo son las universidades interculturales, quienes concentran esfuerzos más allá de los necesarios para que el país, se convierta en una nación de vanguardia en la plena garantía del derecho a la educación de calidad.
El problema que presentan diversas Universidades Interculturales, reside en que la Federación pareciera darles la espalda al contradecir las oportunidades que se muestran dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF, los fondos correspondientes asignados y sus reglas de operación.
El año pasado existió un incremento dentro del recurso del PEF en el apartado 28 C con dineros etiquetados para estas instituciones, sin embargo, el Fondo de Consolidación, y el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, Profocie, no coinciden con las Reglas de Operación, mermando instrumentalmente la inviabilidad para la obtención de los recursos. Esto representa una inconsistencia y una contradicción del propio PEF como instrumento legal para la implementación de los recursos federales.
Nosotros como representantes de la población, debemos atender esta inconsistencia ya que se trata de lo más preciado que forja el presente y futuro de nuestra nación, la educación. No se puede dar una educación de segunda a nuestros jóvenes, estos deben de tener las mismas condiciones para que no deserten y que puedan terminar sus carreras universitarias. Estas instituciones representan oportunidades para que nuevas y primeras generaciones vean completados sus sueños de avanzar en la vida y de jugar papeles importantes dentro de nuestra sociedad.
Para que esto ocurra, habrá que superar años de atraso, de descomposición social, de inseguridad, de falta de oportunidades económicas y de agudos problemas que han trabado el desenvolvimiento de nuestro sistema educativo.
La sociedad tiene que saber, que es a través de una educación que se lleve a cabo con un modelo educativo que otorgue el espacio para que el legado cultural y la forma de construcción de un conocimiento de donde un individuo tiene sus raíces, pueda vivir y coexistir con la cultura.
La visión intercultural también entiende y atiende el tema de la equidad en el acceso a educación superior. No solamente se trata de abrir más espacios para que más estudiantes obtengan una educación superior, sino que se trata de hacerlo bajo estándares de calidad exigente.
Las universidades interculturales, son una propuesta de un modelo educativo que opta por ofrecer a los estudiantes oportunidades semejantes de formación con los estándares de construcción de conocimiento local y esto es una herramienta para concientizar las problemáticas sociales de su entorno.
Por lo expuesto, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo para la homologación y flexibilización de las Reglas de Operación correspondientes a los fondos y programas que atiendan presupuesto de las Universidades Interculturales.
Palacio Legislativo, a 23 de octubre de 2014.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SHCP a agilizar el paso por las aduanas de las donaciones en especie provenientes del extranjero destinadas a instituciones y personas morales sin fines de lucro autorizadas por el SAT como donatarios, a cargo del diputado Jaime Bonilla Valdez, del PT, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios
Los suscritos, diputados a la LXII Legislatura, integrantes de distintos grupos parlamentarios, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
Desde hace décadas desde el extranjero y en particular desde los Estados Unidos de América, la solidaridad hacia los connacionales en situación económica desfavorable ha sido patente por medio de donativos en especie, dirigidos a organizaciones no gubernamentales o instituciones de los diferentes órdenes de gobierno, entre las que se encuentran las de asistencia social.
De tal forma que por las fronteras de México y, por lo mismo, por las aduanas de nuestro país transitan varios artículos, entre los que se incluyen alimentos, medicamentos, ropa y varios bienes de otros géneros, destinados a la ayuda de nuestros connacionales.
Es claro que las normas que regulan la entrada de bienes de procedencia extranjera deben de ser respetadas, el obrar de buena fe por parte de los donantes y los donatarios no los exime de respetarlas, ya que en la mayoría de los casos éstas tienen su razón de ser, por ejemplo, la prohibición de que entre ropa de segunda mano para ser utilizada como vestimenta tiene como finalidad el evitar la propagación de enfermedades contagiosas, algunas de ellas de gravedad tal que ponen en peligro la vida del destinatario, es decir, esta medida tiene una función sanitaria que debe ser acatada y la autoridad aduanal hace bien en impedir su entrada a nuestro país y como este ejemplo podemos encontrar muchos más.
A la par, es de considerarse que el marco jurídico que rige la entrada de las donaciones en especie provenientes del extranjero ha mejorado con respecto al que tuvimos hace unos cuantos años, anteriormente, para poder introducir una donación al país, era necesario solicitar una autorización ante la administración local jurídica que correspondiera, luego buscar un agente aduanal que nos indicara cuáles permisos y de qué secretarías hacían falta, posteriormente habría que solicitar esos permisos, en fin, el trámite podía tardar un año o más. Actualmente, con la posibilidad de efectuar el trámite vía Internet el proceso es por mucho más ágil y breve.
En materia hacendaria, las organizaciones acreditadas como donatarias autorizadas tienen derecho a expedir recibos deducibles de impuestos. Estos recibos también sirven para deducir impuestos en los Estados Unidos de América, esto de acuerdo con el tratado aplicable celebrado entre este país vecino y México.
De tal forma que pueden solicitar la exención en el pago de los impuestos al comercio exterior los organismos públicos, así como personas morales no contribuyentes autorizadas para recibir donativos deducibles en el impuesto sobre la renta respecto a mercancías donadas por residentes en el extranjero, para ser destinadas a fines culturales, de enseñanza, de investigación, de salud pública o de servicio social.
Pese a lo anterior, desafortunadamente, por una parte, la falta de comprensión del proceso legal ha creado problemas para que los donatarios reciban las donaciones y por otra parte, la falta de sensibilidad de algunos funcionarios de las aduanas se convierte en barrera infranqueable para que estas donaciones lleguen a su destino, en el caso de donaciones en alimentos perecederos, la demora en su paso por la aduana puede ocasionar que éstos lleguen al donatario en condiciones inservibles.
Incluso se ha llegado al extremo de evitar el paso de ayuda humanitaria que se requiere en casos de desastres naturales, como sucedió durante las inundaciones sufridas en Ciudad Acuña, cuando por las aduanas se detuvo el agua embotellada que miles de coahuilenses necesitaban desesperadamente.
Si bien las aduanas son la puerta de entrada del país y parte importante de sus atribuciones son las relativas a la lucha contra las actividades ilícitas, la seguridad fitosanitarias y prevención sanitaria, también es cierto que las funciones de las aduanas y del personal que está a cargo de las mismas no necesariamente deben de limitarse a las vigilancia, sino que, como parte de las mismas el vista aduanero y los demás funcionarios de estos sitios pueden ser orientadores y dentro del marco jurídico facilitadores para el comercio, el turismo y el tránsito de las donaciones altruistas en especie.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respetuosamente hace un atento llamado al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, doctor Luis Videgaray Caso, a que instruya a los funcionarios de las aduanas mexicanas, pertenecientes al Sistema de Administración Tributaria (SAT), para que sin quebrantar la normatividad vigente, agilicen el paso por las aduanas de las donaciones en especie provenientes del extranjero, destinadas a las instituciones y las personas morales sin fines de lucro, que se encuentren autorizadas por el SAT como donatarios, en especial, cuando estas donaciones sean alimentos perecederos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2014.
Diputados: Jaime Bonilla Valdez (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Carmen López Segura (rúbrica), Luis Alfredo Murguía Lardizábal (rúbrica), Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), María Eugenia de León Pérez (rúbrica), Fernando Donato de las Fuentes Hernández (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Pedro Pablo Treviño Villarreal, Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica), María de Lourdes Flores Treviño (rúbrica), David Pérez Tejada Padilla (rúbrica), Abraham Correa Acevedo (rúbrica), Trinidad Morales Vargas (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la directora general del Servicio Postal Mexicano a emitir una estampilla conmemorativa del Día Nacional de la Gastronomía Mexicana, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Elizabeth Vargas Martín del Campo, diputada Federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Servicio Postal Mexicano a emitir una estampilla postal conmemorativa del Día Nacional de la Gastronomía Mexicana como mecanismo de la promoción del turismo gastronómico.
Exposición de Motivos
La cocina mexicana es patrimonio rico en tradición que se ha posicionado en el mundo entero. Muestra de este gran esfuerzo, es un reconocimiento que nos llena de orgullo, y restaurantes mexicanos han sido reconocidos a nivel internacional.
La industria restaurantera, paralelamente a las tradiciones gastronómicas se ha consolidado como un importante generador de empleo, con una venta total anual de 182,992 millones de pesos, equivalente al 1.4 del Producto Interno Nacional (PIB) y 13% del PIB turístico.
México tiene más de 400 mil empresas de este rubro, los cuales dan empleo a millón 300 mil personas, en forma directa, y a otras 3 millones, de manera indirecta, por lo que genera 3.6 por ciento del crecimiento económico nacional.
Además de su importante participación en la economía nacional, la cocina mexicana, es un preservador por excelencia del patrimonio cultural mundial vinculado a un valor agregado al turista.
La comida mexicana fue declarada el 16 de noviembre de 2010, como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Por lo tanto, estamos obligados a continuar ofreciendo un respaldo institucional mediante las herramientas institucionales al alcance de la Administración Pública, como la referencia que constituye la estampilla postal mexicana.
La cocina tradicional mexicana es un paquete completo que comprende actividades agrarias, prácticas rituales, conocimientos prácticos antiguos, técnicas culinarias y costumbres y modos de comportamiento comunitarios ancestrales.
Uno de los principales beneficios que tiene la gastronomía mexicana, es su impacto en el turismo, ya que complementa la experiencia del visitante. El turismo gastronómico es uno de los activos de la oferta turística nacional, ya que ningún otro país podría ofrecer el sabor de nuestras tradiciones.
Otro beneficio de contar con una estampilla conmemorativa del Día Nacional de la Gastronomía Mexicana, es vincularla con la importante función que realizan los Correos de México, comunicando a toda la sociedad, en el ámbito de la mensajería y paquetería, con una cobertura que abarca el 98% de la República Mexicana, con sus 27,000 puntos de servicio, a más de 2,800 rutas terrestres.
Lo anterior implica también el uso de una imagen de la gastronomía mexicana como canal de difusión a esta festividad, haciendo que los mexicanos que envíen una carta al extranjero manden también el sabor de nuestras fiestas y les provoque visitar nuestro país.
Enviar o recibir correspondencia con una estampilla postal referente a la gastronomía mexicana, es hacer difusión al turismo gastronómico, con el sabor que sólo México puede ofrecer al mundo. Es un canal de promoción al alcance de la Administración eficiente y austero, pero con mucho impacto a los potenciales turistas.
Por lo tanto, la presente propuesta está orientada a que el Servicio Postal Mexicano, emita una estampilla conmemorativa del Día Nacional de la Gastronomía Mexicana, ya que si la UNESCO distinguió a nuestros sabores, con mayor razón en México debemos apoyar esta tradición, con la finalidad que los 19 mil 302 personas que visitaron nuestro país en lo que va de este 2014, y se llevan el sabor de México.
Igualmente, es una herramienta para la Secretaría de Turismo, la use como plataforma adicional en la promoción del Turismo Gastronómico.
En virtud de lo aquí expuesto, me permito presentar ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a través del titular Servicio Postal Mexicano, para que realice los trámites que permitan emitir una estampilla postal conmemorativa del Día Nacional de la Gastronomía Mexicana.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Turismo, para que se realicen campañas de difusión así como los estudios y acciones necesarias para que se creen nuevas rutas gastronómicas, que permitan ampliar la oferta turística para los viajeros.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de octubre de 2014.
Diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar el desempeño del presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, Lilia Aguilar Gil, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a las víctimas u ofendidos de delitos y de violaciones a derechos humanos, entre otros, los derechos a recibir protección, así como otras medidas de atención para garantizar su integridad física y psicológica, y a la reparación integral del daño, que se reafirma en los instrumentos internacionales celebrados por nuestro país en materia de derechos humanos.
La atención a las víctimas no es un tema menor, se requiere apoyo integral, porque la relación es directa con seres humanos que sufrieron algún tipo de afectación física o psicológica, lo que demanda un seguimiento especializado. Un trato deficiente va en detrimento de los afectados.
Por lo que la Ley General de Víctimas se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013, establece en su artículo 79 la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas el cual para su operación y el cumplimiento de sus atribuciones, contará con una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Comisión Ejecutiva), la cual quedo debidamente constituida por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación del 8 de enero del 2014.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas centra sus esfuerzos en tres ejes rectores:
• Primero: Construir el Registro Nacional de Víctimas. Este registro, que será alimentado por las comisiones ejecutivas estatales, facilitará el acceso de las víctimas a la ayuda prevista en la ley.
• Segundo: Definir las reglas de operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
• Tercero: Determinar las medidas de asesoría jurídica que los tres órdenes de gobierno brindarán a las víctimas.
Asimismo la Comisión Ejecutiva, tiene como objetivo:
I. Fungir como órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas;
II. Garantizar la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil en el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, propiciando su intervención en la construcción de políticas públicas en dicha materia;
III. Realizar labores de vigilancia, supervisión y evaluación de las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, con el objetivo de garantizar un ejercicio transparente de sus atribuciones, y
IV. Ejercer las funciones y facultades que le encomienda la Ley General de Víctimas y demás disposiciones aplicables.
La Comisión Ejecutiva está integrada por siete comisionados, quienes fueron designados por el Senado de la República, previo cumplimiento y desahogo de los requisitos que establecen los artículos 85 y 86 de la Ley General de Víctimas, y que rindieron protesta el 10 de octubre de 2013.
Esta Comisión Ejecutiva tiene un presupuesto anual de $470 millones de pesos, asimismo, tiene asignado el 0.014 por ciento del presupuesto federal para el Fondo de Ayuda y Reparación para Víctimas del Delito.
Las treinta y seis atribuciones de la Comisión Ejecutiva se establecen en el artículo 88 de la Ley General de Víctimas algunas de ellas son:
a. Garantizar el acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados que el Estado proporcionará a las víctimas de delitos o por violación a sus derechos humanos, para lograr su reincorporación a la vida social;
b. Proponer al Sistema una política nacional integral y políticas públicas de prevención de delitos y violaciones a derechos humanos, así como de atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a las víctimas u ofendidos de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley;
c. Proponer al sistema las medidas previstas en esta ley para la protección inmediata de las víctimas cuando su vida o su integridad se encuentre en riesgo;
d. Asegurar la participación de las víctimas tanto en las acciones tendentes a garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de sentencias internacionales en materia de derechos humanos dictadas en contra del Estado Mexicano, como en aquellas acciones que permitan garantizar el cumplimiento de recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos no jurisdiccionales;
e. Realizar las acciones necesarias para la adecuada operación del Registro Nacional de Víctimas, que incluye el registro federal, y de la Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas;
f. Solicitar al órgano competente se apliquen las medidas disciplinarias y sanciones correspondientes;
g. En casos de graves violaciones a derechos humanos o delitos graves cometidos contra un grupo de víctimas, proponer al Sistema los programas integrales emergentes de ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a justicia, a la verdad y reparación integral;
h. Crear y coordinar los comités especiales de atención a víctimas de delitos o violaciones de derechos humanos que requieran prevención, atención e investigación con una perspectiva integral tales como en los casos de desaparición de personas, extravío, ausencia o no localización de personas, trata de personas, tráfico de personas y secuestro, a fin de que además de las acciones, propuestas, planes o programas que se deriven para un grupo de víctimas específicas, se guarde una integralidad respecto al tratamiento de las víctimas y reparación integral, con cargo a su presupuesto autorizado;
i. Generar diagnósticos específicos sobre las necesidades de las entidades federativas y municipios en materia de capacitación, recursos humanos y materiales que se requieran para garantizar un estándar mínimo de atención digna a las víctimas cuando requieran acciones de ayuda, apoyo, asistencia o acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de tal manera que sea disponible y efectiva. Estos diagnósticos servirán de base para la canalización o distribución de recursos y servicios que corresponda al Sistema Nacional de Atención a Víctimas;
j. Brindar apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la ayuda, atención y asistencia a favor de las víctimas, priorizando aquéllas que se encuentran en lugares donde las condiciones de acceso a la ayuda, asistencia, atención y reparación integral es difícil debido a las condiciones precarias de desarrollo y marginación.
Es claro que la Comisión Ejecutiva, no está desempeñando adecuadamente sus atribuciones en atención de las víctimas en México, como se desprende de los siguientes hechos:
El 26 de septiembre de 2014 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos” realizaban una jornada de colecta, al finalizar dicha jornada se dio un primer ataque alrededor de las 20:00 horas, en contra de los jóvenes. Para protegerse, los normalistas abordaron tres autobuses en los que llegaron a Iguala y cuando todos lograron agruparse, emprendieron el camino de vuelta a Ayotzinapa.
Aproximadamente una hora después de que se escucharan los primeros disparos, a la altura de la avenida Álvarez, policías municipales abrieron fuego contra los vehículos de los normalistas, así como contra un vehículo en donde viajaban los jugadores del equipo de futbol “Los avispones”, y un taxi, dejando tres normalistas fallecidos, un futbolista y los tripulantes del taxi.
El tercer ataque, vino aproximadamente entre las 22:00 y 23:00 horas, cuando los normalistas sobrevivientes, aún en Iguala, intentaron dar una conferencia de prensa para denunciar la agresión sufrida. En este momento, un grupo de hombres armados disparó nuevamente en su contra, y fue este el momento en que los estudiantes desaparecieron.
El 7 de octubre de 2014 dada la relevancia del tema a nivel nacional la Cámara de Diputados aprobó la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. “Raúl Isidro Burgos” con la finalidad de allegarse de información que le permita conocer la verdad histórica (comisión especial).
Por lo anterior el 13 de octubre del presente, la comisión especial realizó su primera reunión con el licenciado Sergio Jaime Rochín del Rincón, presidente comisionado de la Comisión Ejecutiva, para solicitarle mayor información respecto a las víctimas directas e indirectas así como las acciones que ha realizado la Comisión Ejecutiva en Iguala, Guerrero.
Sin embargo en dicha reunión, el presidente comisionado entregó un informe general que cuenta con tres apartados, el primero de antecedentes, el segundo de acciones y el tercero sobre una reunión de trabajo.
En el apartado de antecedentes se establece que:
a. Que agentes de la policía municipal, presuntamente en colusión con sicarios vinculados al crimen organizado, habrían atacado en el curso de las horas siguientes a los estudiantes de manera indiscriminada con armas de fuego de grueso calibre.
En las acciones del informe comprende principalmente lo siguiente:
a. La Comisión Ejecutiva, designó al comisionado Julio Hernández Barros, como responsable de la coordinación y colaboración interinstitucional.
b. El 29 de septiembre, el comisionado Hernández Barros conminó al procurador de Justicia del Estado de Guerrero, a realizar una investigación eficaz así como a informar puntualmente a los familiares sobre los avances obtenidos.
El personal de la delegación de Guerrero ha estado presentando a las víctimas directas e indirectas los servicios necesarios a fin de garantizar su derecho a la verdad histórica, a la justicia y a la reparación integral.
La Comisión Ejecutiva de Guerrero, entablo comunicación con los familiares de los desaparecidos, a quienes se le proporciono asesoría jurídica y se les ofrecieron los servicios integrales que proporciona la Comisión, manifestando que por el momento solo querían encontrar a sus familias.
Los integrantes de la comisión especial cuestionaron el informe que presentó el presidente comisionado, ya que no arroja información suficiente para lo cual fue convocado.
Por lo que se comprometió a remitir a la comisión especial un informe detallado de la atención a cada caso en próximas fechas, en virtud de que el presentado en este encuentro fue de carácter general.
De igual forma, ofreció a los integrantes de la comisión una nueva reunión en la que estuviera presente el comisionado Julio Hernández Barros, ya que fue el comisionado encargado de encabezar las acciones de la Comisión Ejecutiva en la entidad.
Asimismo se pronunció por informar semanalmente de las acciones de la Comisión Ejecutiva, establecer canales de comunicación frecuentes y proporcionar el informe de la visita por parte del comisionado de Guerrero. Sin que hasta la fecha se cuente con algún tipo de informe por parte de la Comisión Ejecutiva.
De ahí que, los integrantes de la Comisión Especial, cuestionaron al funcionario sobre el número de víctimas, la atención a las mismas y sus familiares, los programas emergentes, de igual forma se le pregunto si habían otorgado atención médica, psicológica, jurídica, medidas de protección así como el registro para el fondo de apoyo y la reparación del daño.
Por lo que, los diputados integrantes de la comisión especial manifestaron su preocupación y alarma porque el presidente comisionado, no respondió fehacientemente las preguntas y por la forma inadecuada que atiende el caso de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa.
La suscrita expuso en dicha reunión que las víctimas deben contar inmediatamente con protección personal, porque su vida se encuentra en peligro, así como la de sus familias luego de que en el informe que proporciono la Comisión Ejecutiva señala que los policías actuaron en colusión con miembros del crimen organizado.
En virtud de los hechos, se desprende que el presidente comisionado no solo no vino preparado, con información suficiente a la reunión con los integrantes de la comisión especial, lo que demuestra que no le da la suficiente importancia a la reunión de trabajo, a los legisladores y peor aún a los hechos de violencia registrados en Iguala.
Sin embargo, no es el único caso en donde la Comisión Ejecutiva es omisa y no actúa conforme a sus facultades, en opinión de los familiares de desaparecidos (participes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y ahora organizados en el grupo Acciones para la Paz y la Convivencia) “la Comisión Ejecutiva no está haciendo su trabajo” especialmente a nivel operativo.
También informaron que hasta el momento no se conocen datos de alguna localización de personas desaparecidas, como producto del trabajo de la Comisión Ejecutiva.
Al respecto, la organización “Acciones para la Paz y la Convivencia” afirma que es necesario pasar de los discursos y enfocarse en la aplicación de políticas públicas efectivas para la atención a víctimas del delito.
Otro caso relevante, donde se demuestra nuevamente la omisión de la Comisión Ejecutiva es que a un año de la muerte de nueve espectadores y donde hubo serias lesiones para decenas más, ocasionadas por una “troca monstruo”, durante el Aero Show 2013 en Chihuahua, la Comisión Ejecutiva, únicamente instó al gobernador, César Duarte Jáquez, para “revisar” el estado de la “reparación integral” de los afectados.
Por lo que existe responsabilidad directa contemplada en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que en su artículo 47 establece lo siguiente: “todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas”:
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión.
Además es de conocimiento público que entre los comisionados existen diferencias personales, lo que afecta la eficacia y objetivos fundamentales de la Ley General de Víctimas y de la multicitada Comisión Ejecutiva.
Como se mencionó ante la nula actuación de la Comisión Ejecutiva, así como de su presidente comisionado es preciso que el licenciado Sergio Jaime Rochín del Rincón, sea destituido por la ineficiencia en la operación de la atención a las víctimas e indirectas en nuestro país y particularmente sobre el caso de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa.
Por lo que se solicita al Ejecutivo federal, derivado del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en donde establece en su fracción segunda la facultad de:
II. Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes;
Ante lo expuesto se presenta a esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes:
Resolutivos
Único. La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que revise el desempeño del presidente comisionado Sergio Jaime Rochín del Rincón, y proceda su remoción por ineficacia y omisión en el servicio que le fue encomendado como presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas al trasgredir e incumplir en forma grave y reiterada las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Victimas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2014.
Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica)
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