De la Comisión de Comunicaciones, relativa a la reanudación de la reunión permanente con la de Radio y Televisión, llevada a cabo el lunes 7 de julio de 2014
Presidencia: diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza.
Secretaría: Federico José González Luna Bueno.
Quórum inicial de la Comisión de Comunicaciones: 19 diputados.
Quórum final de la Comisión de Comunicaciones: 26 diputados.
Quórum inicial de la Comisión de Radio y Televisión: Checar acta respectiva.
Quórum final de la Comisión de Radio y Televisión: Checar acta respectiva.
En la Ciudad de México, DF, a las 16:15 horas de lunes 7 de julio de 2014, en el salón de protocolo del edificio C, de la Cámara de Diputados, se reunieron los legisladores integrantes de las Comisiones de Comunicaciones, y de Radio y Televisión, para reanudar la reunión permanente iniciada el 22 de abril de 2014 y desahogar el siguiente:
Orden del Día
1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se establece el procedimiento de análisis y dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones derivadas de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen en sentido positivo de la minuta con proyecto de decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones derivadas de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
4. Asuntos generales.
5. Clausura.
Se encuentran presentes los siguientes legisladores:
La Comisión de Comunicaciones
Diputados: Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, presidente; Andrés de la Rosa Anaya, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, José Noel Pérez de Alba, Víctor Emanuel Díaz Palacios, Eligio Cuitlahuac González Farías, Federico José González Luna Bueno, Marcelo Garza Ruvalcaba, Agustín Miguel Alonso Raya, secretarios; Sue Ellen Bernal Bolnik, Leobardo Alcalá Padilla, Patricia Peña Recio, Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Landy Margarita Berzunza Novelo, José Luis Flores Méndez, Martha Gutiérrez Manrique, Humberto Alonso Morelli, Rafael Alejandro Micalco Méndez, Juan Pablo Adame Alemán, Juan Carlos Uribe Padilla, José Isabel Trejo Reyes, Gloria Bautista Cuevas, María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Amalia Dolores García Medina, María Sanjuana Cerda Franco, Ana Lilia Garza Cadena
Por la Comisión de Radio y Televisión: checar acta respectiva.
Desarrollo
1. El presidente da la bienvenida a los presentes y con fundamento en el numeral 3 del artículo 171 del Reglamento de la Cámara de Diputados, declara que las Comisiones de Comunicaciones y de Radio y Televisión se instalan en reunión de comisiones unidas, con el objetivo de dictaminar la minuta proveniente del Senado, que contiene la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
2. Acto seguido, la presidencia, de conformidad con el numeral 1 del artículo 173 y el numeral 3 del artículo 174 del Reglamento, informa que la Junta Directiva que conducirá esta reunión de comisiones unidas se conforma por los siguientes diputados:
Presidente, Héctor Gutiérrez de la Garza; secretarios, Federico González Luna Bueno, quien como presidente de la Comisión de Radio y Televisión fungiría como secretario, además de la conducción de esta sesión; diputado Miguel Alonso Raya, Andrés de la Rosa Anaya, Fernando Belaunzarán Méndez, Luisa María Alcalde Luján, Roxana Luna Porquillo, Homero Niño de Rivera Vela, Eligio Cuitláhuac González Farías, Víctor Díaz Palacios, José Noel Pérez de Alba, Ana Lilia Garza Cadena, Maximiliano Cortázar Lara, Patricia Lugo Barriga, Jaime Chris López Alvarado y la diputada Martha Gutiérrez Manrique.
3. Acto seguido, la presidencia solicita a la secretaría dar lectura al orden del día y de inmediato consultar a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse. Se aprueba, por unanimidad, el orden del día.
4. El presidente procede al desahogo del punto 2 del orden del día, por lo que le solicita al secretario dé lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se establece el procedimiento de análisis y dictaminación de la minuta con proyecto de decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones derivadas de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
Acto seguido, el secretario procede a dar lectura al acuerdo que dice:
“Primero. El objeto del presente acuerdo es establecer, con fundamento en los artículos 168, 171 y 177 numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados el programa específico para discutir y votar la minuta con proyecto de decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, derivada de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 11 de junio del año 2013.
Segundo. Para el análisis de la minuta y tan pronto como les sea turnada, las Comisiones de Comunicaciones y de Radio y Televisión deberán convocar para reanudar los trabajos de la reuniones permanentes previamente decretadas, en términos de lo dispuesto por los artículos 168 y 171, numeral 3 y 177 numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Tercero. El análisis de la iniciativa materia del presente acuerdo se realizará en dos etapas, atendiendo a lo siguiente:
I. Preparación del proyecto de dictamen en el seno de las comisiones dictaminadoras
Los diputados y diputadas integrantes de las comisiones dictaminadoras deberán hacer llegar a su presidencia, por conducto de la secretaría técnica de la correspondiente comisión:
a) Lista de los artículos contenidos en la minuta en los que no se presenten o formulen propuestas de modificación, de manera que puedan ser considerados para ser aprobados en sus términos.
b) Lista de los artículos reservados para su discusión y para los que se proponga una alternativa distinta de redacción.
En este último caso, por cada artículo señalado, deberá entregarse la nueva propuesta de redacción señalando claramente el texto original y la nueva redacción propuesta, identificando con letras en negrillas el nuevo texto que deba adicionarse o modificarse.
Estas propuestas deberán presentarse en hoja membretada que indique con claridad el nombre del diputado o diputada proponente, sin tachaduras ni enmendaduras, firmadas por su autor o autora.
II. Discusión del proyecto de dictamen
Con base en lo anterior, la presidencia de la comisión responsable de encabezar la dictaminación procederá a formular un dictamen, conforme al numeral 1 del artículo 173 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que deberá hacer llegar a los integrantes de las comisiones a efecto de ser analizado y discutido en reunión de comisiones unidas que deberá programarse para tener lugar antes del 8 de julio de 2014 y que se desarrollará conforme a lo siguiente:
a) Discusión en lo general
1. El presidente de la comisión que encabece la reunión de comisiones unidas podrá exponer los fundamentos del dictamen hasta por cinco minutos.
2. Podrá hacer uso de la palabra para fijar su posición, hasta por cinco minutos, un diputado o diputada por cada grupo parlamentario, en orden creciente.
3. Posteriormente se integrará una lista de hasta tres oradores en pro y hasta tres en contra, iniciando por los que están en contra. Concluidas estas intervenciones el presidente consultará a las comisiones si el asunto está suficientemente discutido. De no ser así podrá hacer uso de la palabra un orador más en cada sentido, tras lo cual se repetirá la consulta al pleno.
4. Concluida la discusión, la presidencia de la reunión informará de los artículos del proyecto de decreto que no hubieren recibido observaciones así como de los que hubieren sido reservados y hayan recibido propuestas alternas de redacción.
5. Hecho lo anterior, se procederá a la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.
6. Si el proyecto de decreto hubiera sido aprobado en lo general por la mayoría de los votos de los diputados presentes, se procederá a la discusión en lo particular de los artículos reservados.
b) Discusión en lo particular
b.1. Al inicio de la discusión en lo particular se procederá conforme a lo siguiente:
Previo al inicio de la discusión en lo particular, los presidentes de ambas comisiones valorarán el número de propuestas de adición o modificación recibidas conforme a lo establecido por el inciso b) de la fracción I del resolutivo tercero del presente acuerdo y determinarán si su pronto y oportuno despacho ameritan que sean conocidas directamente por el pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y votación. De ser este el caso, se consultará al pleno de la reunión de comisiones unidas para acordar lo conducente.
Si las comisiones acuerdan por mayoría absoluta que las propuestas de modificación o adición sean remitidas al pleno de la Cámara de Diputados, se procederá a la votación en lo particular del proyecto de decreto, dejando el desahogo de la discusión y votación de las reservas para el pleno, a efecto de que el dictamen pueda ser remitido a la Mesa Directiva para su inclusión en el orden del día de la sesión que corresponda.
b.2. De no acordarse lo anterior, se procederá conforme a la siguiente forma:
1. Harán uso de la palabra hasta por tres minutos cada uno, los diputados o diputadas que hubieren reservado artículos y propuesto una nueva redacción y que hayan entregado previamente sus propuestas en términos del presente acuerdo.
2. En caso de que un mismo diputado o diputada haya presentado varias propuestas de modificación o adición, estas se presentarán en un solo acto.
3. Luego de la intervención del diputado o diputada que hubiere reservado el artículo y presentada la propuesta de modificación o de adición, se consultará al pleno de la comisión, en votación económica si se admite a discusión la propuesta.
4. Si la respuesta es negativa, la propuesta se tendrá por desechada definitivamente.
5. Si la respuesta es afirmativa y en caso de que lo soliciten, podrán hablar un orador en pro y otro en contra de la propuesta, hasta por tres minutos cada uno.
6. Luego de las intervenciones anteriores, si las hubiere, la presidencia de la reunión de comisiones unidas consultará a los legisladores asistentes en votación económica si se acepta la modificación o la adición propuesta; si la respuesta fuera negativa, se tendrá por desechada, pero si fuera afirmativa, el artículo de referencia se reservará para su votación nominal en conjunto, con la modificación o la adición aceptada, al término de la discusión en lo particular de los artículos reservados.
7. Cuando hubiere duda fundada, a juicio de la presidencia, se procederá a votación nominal.
8. Agotada la discusión en lo particular, el presidente dará lectura a la lista de los artículos reservados que se votarán en conjunto en los términos del dictamen y se recogerá la votación nominal correspondiente; a continuación dará lectura a la lista de los que se votarán en conjunto con la modificación o la adición aceptada, y la secretaría recogerá la votación nominal respectiva. No habrá discusión alguna dado que la misma ya se produjo.
Quinto. Lo no previsto por el presente acuerdo será resuelto por las Juntas Directivas de las Comisiones de Comunicaciones y de Radio y Televisión.
Transitorios
Primero. El presente acuerdo entrará en vigor en el momento de su suscripción por la Junta de Coordinación Política.
Segundo. El presente acuerdo deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria y comunicarse al presidente y secretarios que conformen las Juntas Directivas de la Comisiones de Comunicaciones y de Radio y Televisión quienes lo harán del conocimiento del resto de sus integrantes.
Tercero. Las presidencias de las Comisiones de Comunicaciones y de Radio y Televisión serán responsables de aplicar e instrumentar el presente acuerdo.”
5. Leído el acuerdo, el presidente otorga el uso de la voz a todos los diputados que así lo solicitan, para hablar sobre el acuerdo; se reproducen fielmente todas las intervenciones registradas:
“La diputada Roxana Luna Porquillo: Compañeros y compañeras buenas tardes, el día de ayer el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó un documento a la Mesa Directiva en donde se solicita se tomen las medidas necesarias en el ámbito de sus atribuciones con el propósito de que las diputadas y los diputados que tengan interés directo tanto familiar, económico o de trabajo se excusen de esta mesa.
De acuerdo a lo establecido con el artículo 108 constitucional y el artículo 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades administrativas de los servidores públicos, fracción XI, primer párrafo que todo servidor público tendrá la obligación de excusarse de intervenir por motivo de su encargo, en cualquier forma de atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar un beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, parientes civiles, para terceros o con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios; o para los socios, sociedades de las que el servidor público o de las personas antes referidas formen o hayan sido parte.
En esta situación hicimos del puntual conocimiento en este caso al diputado Federico González Luna Bueno, presidente de la Comisión de Radio y Televisión y secretario de la Comisión de Comunicaciones, previo que su relación con la CIRT, autor de la iniciativa de la Ley de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Radio y Televisión en 2006, conocida como la Ley Televisa.
Además, por haber sido director general del Sistema de Radio y Televisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, asesor jurídico de la CIRT, consejero suplente de la CIRT ante el Consejo General de la Radio y Televisión; accionista de la empresa Redes de Telecomunicaciones de Morelos, SA, accionista de la empresa Sistema de Televisión Restringida, SA, accionista de la empresa Entretenimientos y Telecomunicaciones, SA, accionista de la empresa Pantitlán Telecomunicaciones, SA coordinó el grupo legal que elaboró la Ley Federal de Telecomunicaciones, así como varios reglamentos de dicha ley.
Así también el diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del PRI, de Tamaulipas, integrante de la Comisión de Radio y Televisión, presidente del consejo de administración, director general y accionista de la Organización Radiofónica Tamaulipeca.
Así también el diputado Patricio Flores Sandoval, del PRI, de Jalisco, integrante de la Comisión de Radio y Televisión, secretario general del Sindicato de la Industria de Trabajadores y Artistas de la Televisión y Radio, Similares y Conexos de la República Mexicana, con plazas en Televisa.
Así como el diputado Jorge Mendoza Garza, del PRI, de Nuevo León, Monterrey, integrante de la Comisión de Comunicaciones. De 1994 a 2006, vicepresidente ejecutivo de Información y Asuntos Públicos en TV Azteca. De 2002 a 2004, presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión.
Así también la diputada Ana Lilia Garza Cadena, del Partido Verde, integrante de la Comisión de Comunicaciones, secretaria de la Comisión de Radio y Televisión, presidenta de la Comisión Especial de Tecnologías de la Información y Comunicación. Fue subdirectora jurídica de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión.
Así también el diputado Simón Simón Valanci Buzali, del PRI, secretario de la Comisión de Radio y Televisión, integrante de las Comisiones Especiales de Tecnologías de la Información y Comunicación y de Agenda Digital y Tecnologías de la Información, quien fungió como director de Radio Digital, director de Supercable; Red de Telecomunicaciones del Sureste, 2002-2004, presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión en Chiapas; en 2009 y 2012, vicepresidente del Consejo Consultivo de la Cámara de la Industria del Radio y Televisión.
Así también, el diputado Homero Ricardo Niño de Rivera, secretario de la Comisión de Comunicaciones, quien en el 2008 y 2009 fungió como director de Comunicación Social de Secretaría de Gobernación (Segob); autor del cambio de la palabra comprar por adquirir, en la reforma constitucional en materia electoral publicado en el Diario Oficial de la Federación, del 10 de febrero de 2014; cambio efectuado para beneficiar a los medios de telecomunicación.
Es claro que estos legisladores incurren en un conflicto de interés. Las diputadas Laura Ximena Martel Cantú, Mónica García de la Fuente, Carla Alicia Padilla Ramos, así como los dos diputados Rubén Acosta Montoya, Javier Orozco Gómez y Antonio Cuéllar Serafín.
Es por ello que nosotros como grupo parlamentario, y en apego a lo que establece el artículo 108 constitucional, y el artículo 8o. fracción 11 de la Ley de la Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos solicitamos a los diputados en mención sean congruentes y que permitan desahogar las tareas, en cuanto al interés jurídico y el interés directo que puedan tener por las empresas que representan, y más cuando se está determinando una discusión en cuanto a quiénes van a manejar nuestros medios de comunicación. Es cuánto, señor presidente.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias, diputada. Si les parece, salvo que alguno de los compañeros traiga el mismo tema, antes de entrar a la discusión del dictamen correspondiente haremos las reflexiones conducentes.
Me gustaría continuar con la discusión del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, bajo el entendido que es un tema que se tratará antes de entrar a la discusión y votación del dictamen, para el cual fuimos convocados.
Le cedemos el uso de la palabra a la diputada Luisa María Alcalde. Adelante, diputada.
La diputada Luisa María Alcalde Luján: Muchas gracias. Creo que lo antes planteado es fundamental, que ojalá sí se pueda que nos demos el tiempo de discutirlo y plantearlo aquí. Pero con respecto al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, tres reflexiones; la primera, insistir, porque no es la primera vez que sucede, que los acuerdos de la Junta de Coordinación Política se ponen por encima del reglamento.
Creo que un parlamento es democrático, sí y sólo sí respeta a las minorías y respeta la diversidad de opiniones. El reglamento es muy claro, establece un procedimiento y dentro de este procedimiento establece un derecho para cada uno y una de nosotros, independientemente de qué partido seamos y qué posición tengamos. Este reglamento establece la posibilidad de presentar ante las comisiones y discutir todas las reservas que tengamos respecto a los dictámenes.
Entiendo que la Junta de Coordinación Política se haya reunido y haya finalmente decidido que se someta la mayoría, pero creo que es un derecho que no se puede someter a la mayoría. Los derechos de los legisladores no están sujetos a las mayorías.
¿Qué cosa sí está sujeta? Finalmente las reservas de fondo. Ustedes podrán decidir si están o no de acuerdo. Si lo quieren discutir o no, o en todo caso si lo quieren aprobar o no. Lo que no se puede someter a votación es nuestro derecho de plantear en esta Comisión y de discutir todas las reservas que nosotros consideremos pertinentes.
Le solicito a esta presidencia que por favor se respete, en sus términos, el reglamento y se respete a cada uno y una de nosotros para que podamos presentar y discutir todas las reservas que consideremos pertinentes, porque me parece que no es un tema de poca relevancia, es un tema que ha dejado mucho de qué hablar, hay muchas aristas, hay muchas posiciones y creo que lo mínimo que se merece la ciudadanía es que nosotros nos demos el tiempo de discutir cada uno de estos puntos.
Ojalá alguno sí se pueda llegar a discutir de fondo y que existan posiciones a favor y en contra. Pero por lo pronto y por lo menos respetar lo que dice el reglamento. Ya basta de que la Junta de Coordinación Política se ponga por encima del derecho de todos nosotros. Gracias.
El presidente Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Sonido para el diputado Miguel Alonso Raya. Adelante, diputado. Y posteriormente la diputada Aguilar.
El diputado Agustín Miguel Alonso Raya: Compañeras, compañeros, el espíritu con que se discutió este asunto de la Junta de Coordinación Política fue para ordenar la discusión y ordenar los trabajos de las comisiones, no para limitar el debate.
Si alguno de los textos o alguna redacción del acuerdo de la Junta de Coordinación Política se interpreta como que contravienen o limitan el reglamento, la ley orgánica o los derechos de los diputados y diputadas de esta LXII Legislatura, bueno, hay que precisarlo y hay que puntualizarlo, porque no es la intención del acuerdo en ese sentido.
Una cosa es ordenar los trabajos de dos comisiones que van a dictaminar o van a desarrollar la discusión de un dictamen voluminoso, y otra cosa es pretender limitar la discusión. Yo creo que no es el espíritu y que aquí debemos ponernos de acuerdo, en todo caso, y puntualizar las cosas respecto del mismo acuerdo de la Junta de Coordinación Política para que quede claro que no hay limitantes para poder establecer las reservas de quienes así las tengan. Incluso, antes de, mañana mismo en el pleno, antes de, el proceso mismo de que se someta a votación el dictamen a la hora que se está discutiendo en lo general, precisarlo, como también precisar y puntualizar que estas comisiones y las mesas directivas tienen la voluntad de que se abra la discusión amplia en las comisiones, para efectos de desahogar todo tipo de dudas y de posiciones que cada uno de los grupos parlamentarios tenemos respecto al dictamen que nos tiene aquí reunidos.
Si es en ese sentido que se recoge el espíritu del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, creo que podremos y tendremos la sensatez para, en todo caso, precisar aquellas cosas que pudieran confundir e interpretarlas en función de los reglamentos y las normas que nos rigen en esta Cámara de Diputados como tal.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Sonido con la diputada Aguilar.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Sí, muchas gracias. Si me dan licencia y con la paciencia de los miembros de estas comisiones, yo he pedido que se lean los artículos que se están citando en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, porque precisamente habla de la atribución que tienen las comisiones. Específicamente el artículo 177, numeral 4, habla de la atribución que tienen las comisiones y la mayoría simple de la comisión, así lo dice, para hacer constar en acta correspondiente los motivos y razonamientos para considerar que un tema a discusión es urgente y que se aprobará un programa específico para discutir y votar el dictamen, que entiendo que será esta propuesta de la Junta; sin embargo la Junta no tiene la atribución, la tendrá la comisión.
Pedí que se leyeran estos artículos precisamente, diputado, porque me parece que hay algunas imprecisiones en la propuesta que están presentando, que entiendo será la propuesta que pone a discusión la comisión, con base en el artículo 177, más que una imposición de la Junta, al menos así lo queremos entender y así le tomamos la palabra al diputado Raya.
Yo abordaré los siguientes temas. Primero, el inciso b. 1., dice los presidentes de ambas comisiones valorarán el número de propuestas de adición y modificación que serán conocidas directamente por el pleno de la Cámara de Diputados.
Número uno, me parece que los presidentes de las comisiones no tienen dicha atribución, sino que lo tiene el pleno de esta comisión; número dos, se plantea que se someterá al pleno en caso de que hubiese estas reservas, si se aceptarán o no, pero el subsecuente b.2. del acuerdo dice con mucha claridad el procedimiento en el que serán discutidos, que a mí me da la impresión por lo que ha dicho el presidente de la Comisión de Comunicaciones, que ya no llegaremos a ese punto de la discusión de las reservas, que se harán solamente en una presentación de tres minutos y que esta mesa donde estamos sentados aproximadamente 60 diputados tendrán que conocer sobre la minuta de manera, perdón, sobre la reserva de manera inmediata, determinar, argumentar a favor y en contra y luego poder rechazar la reserva.
Eso es imposible si la minuta ha llegado hace apenas unas cuantas horas a esta Cámara de Diputados, bueno no unas cuantas, ya más de 24, y si los diputados no tienen conocimiento del fundamento de la discusión de las reservas. Es por eso que precisamente en el ánimo no solamente de señalar que hay imprecisiones en este acuerdo, que creo que inclusive el presidente de la Comisión de Comunicaciones ya ha subsanado como el hecho de que se puedan poner seis oradores y seis en contra, que el acuerdo marcaba solamente tres y tres.
Yo tengo una propuesta y tomando la palabra de un integrante de la Junta de Coordinación Política; es que analicemos seriamente, y retomando también las palabras de mi compañera Luisa Alcalde, que analicemos seriamente las reservas. Es decir, no podemos conocer al aire, argumentar a favor y en contra y entiendo que se ha tomado ya un acuerdo por lo que ha dicho el presidente, el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, de la Comisión de Comunicaciones, de que se enviarán estas reservas al pleno.
Yo lo que les digo es precisamente en el derecho que tenemos de opinar sobre este tema, que no es un tema menor.
Segundo. Sobre el derecho que se nos da no solamente en el reglamento y en la ley orgánica, sino en la Constitución, en nuestra obligación también como representantes populares, que podamos tomar este acuerdo y la voluntad de estas comisiones y que podamos analizar las reservas a detalle para saber qué reservas pueden ser procedentes realmente y que se presenten como reservas de comisión. Porque tratar de discutir aquí y que nos manden a la bateadora automática las reservas por desconocimiento, porque desgraciadamente se están presentando en este momento ante la mesa directiva de estas comisiones unidas, no nos va a llevar a ningún lado ni estamos abonando para nada.
Yo lo que les propondría es que si esta comisión se va a sentar en una comisión permanente, entonces esta comisión permanente pueda hacer el análisis de las reservas pero no solamente en las personas de los presidentes, que no tienen las atribuciones para hacerla, sino en el pleno de estas comisiones y que podamos determinar el valor de estas reservas y qué reservas pueden ser discutidas y sí aprobadas en el pleno de esta comisión o del pleno de la Cámara de Diputados.
Con esto haría mi último comentario –por eso yo pedía la fundamentación de este acuerdo–. El acuerdo dice que si no se determinara que las reservas son procedentes y que se enviaran al pleno –estoy hablando de la última parte del acuerdo–, la minuta se votará en lo particular y se pasará al pleno a pesar de que hay reservas presentadas.
Aquí me parece que hay una falta de apreciación o hay una interpretación jurídica distinta a la que podemos tener muchos, porque no se puede votar en lo particular cuando hay reservas presentadas a esta comisión y no se han discutido y no se han desechado. Es decir, el procedimiento trata de empalmarse y quieren votar en lo particular lo que no se ha discutido ni se ha determinado que se hará con él en el pleno de estas comisiones.
Yo por eso, más que solamente presentar una queja ante, hago un llamado a los presidentes de las comisiones, hago un llamado al vicecoordinador del PRD que ha hablado antes que yo, y decir que hagamos una mesa de análisis de estas reservas y veamos cuáles son las que pueden prosperar y discutamos en el pleno los integrantes de estas comisiones, para saber con seriedad qué es lo que se está proponiendo y no entremos al procedimiento de siempre, señores presidentes, donde la izquierda presenta reservas en el pleno de la Cámara y son automáticamente bateadas.
Hay cosas que aportar, hay cosas que mejorar a esta minuta y nosotros creemos que esta sería una buena oportunidad para hacerlo. Muchas gracias.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, diputada Aguilar. Primero...
La diputada Amalia Dolores García Medina: Una pregunta.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Sí, cómo no.
La diputada Amalia Dolores García Medina: Gracias, muy amable. Ofreciendo una disculpa porque soy de reciente incorporación a la Comisión de Comunicaciones, y lo que quiero preguntar es lo siguiente –además expresando antes una inquietud que estoy segura que compartimos, independientemente del partido político al que pertenezcamos y del grupo parlamentario aquí en la Cámara–, y es que veo una diferencia que me resulta muy marcada entre la forma, los espacios, los tiempos de discusión que se dan en el Senado de la República y los tiempos y los espacios que se han venido dando en la Cámara de Diputados.
Y digo que creo que compartimos todas las diputadas y diputados esta inquietud porque hemos dicho, algunos de manera incluso pública en declaración, otros en conversaciones, que no queremos y que no sería conveniente que a la Cámara de Diputados se le trate como una oficialía de partes.
El Poder Legislativo está constituido por dos Cámaras: la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, de tal manera que lo que observo –y por eso mi pregunta– es que en la Cámara de Senadores pudieron discutir sin la –si me permiten decirlo de esta manera– guillotina de la convocatoria a un periodo extraordinario. Pudieron hacerlo sin esa presión.
Aquí tengo entendido que se convocó a una sesión permanente a que las comisiones sesionaran de manera permanente, se instaló hasta donde tengo entendido, pero no ha sesionado y sin embargo realizamos esta sesión con la guillotina ya encima de la convocatoria al periodo extraordinario el día de mañana.
Reitero mi preocupación y por eso la pregunta es: ¿tendremos posibilidades de que sin esa guillotina de tiempo y sin esa fatalidad realmente podamos discutir y que la interpretación de la ciudadanía y de muchos medios de comunicación no sea que nuevamente –de verdad me pesa decirlo– que las decisiones vienen ya discutidas, aprobadas desde el Senado y aquí no se nos generan las condiciones ni el tiempo para discutir? Esa es la inquietud que quería expresar.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Una puntualización en ese tema. Primero, en el Senado de la República el pasado miércoles tuvieron la sesión de comisión, exactamente en los términos en los que en este momento nosotros estamos llevando a cabo el proceso de comisión.
Segundo. El período extraordinario se aprobó el jueves para iniciar el viernes. Ese fue el tiempo que se dio el Senado de la República. Lo que sí quedó sumamente claro en su periodo extraordinario es que no cierran su proceso de sesión extraordinaria hasta que concluya el ejercicio de Cámara de Diputados.
Así quedó el decreto aprobado en el periodo extraordinario para el Senado de la República que inició el pasado viernes 4, como en esos términos queda el decreto que el día de hoy se aprueba por parte de la comisión permanente para que nosotros iniciemos periodo extraordinario a partir de mañana. Esos fueron los tiempos que el Senado de la República marcó.
Y si me brindan la oportunidad, ya entrando al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, la preocupación de la Junta de Coordinación Política, y que por cierto dos compañeros diputados que hicieron uso de la palabra forman parte de esa Junta de Coordinación Política, el diputado Raya y la diputada Lilia Aguilar, y en ese tenor la preocupación era que dado que estamos en sesión permanente ambas comisiones, y dado que la naturaleza de urgente tiene desde fines del mes de abril en virtud de haberse vencido el plazo para la emisión de la legislación secundaria puedes obviar plazos, y eso, se puede prestar a una situación que genere debate.
Entonces, la Junta de Coordinación Política pensando en ello, y como un ente, un órgano para agilizar el acuerdo, es que presenta este acuerdo que ya se hicieron dos modificaciones y me llama la atención que al parecer no fui lo suficientemente claro y preciso. Una modificación en la posibilidad de que haya seis oradores a favor y seis oradores en contra como lo prevé el reglamento para el desahogo de la discusión en lo general, bajo el entendido de que va a haber una gran disposición de que en la discusión en lo general como fue el caso del Senado de la República se realice un ejercicio amplio.
Segundo. Se realizó la precisión de que estas presidencias no iban a valorar absolutamente nada conforme a las reservas. Que esta presidencia iba a presentar cuál es el número de las reservas, quién las está presentando y en base en eso el pleno de las comisiones determinará si se analizan en este momento o se llevan de manera directa al pleno.
Eso es el ejercicio que esta presidencia en comunión con la Junta de Coordinación Política ha presentado el día de hoy y repito es un ejercicio simulado al llevado a cabo y tan hay disposiciones, tan existe la disposición de que exista un debate sobre el particular que el Senado de la República está en receso, no ha clausurado su periodo extraordinario para el que fue convocado como lo establece sus propio decreto y como se establece en el decreto del extraordinario. Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Belaunzarán. Adelante, diputado.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Este es un tema fundamental, creo que en eso todos estamos de acuerdo, por eso el interés público. Creo que compartimos –quizás no todos lo puedan decir con esta franqueza–, que la Cámara de Diputados juegue su papel constitucional al máximo de sus capacidades.
Esto quiere decir que seamos verdaderamente colegisladora. Es decir, que participemos en la legislación de estado. Creo que es correcto que demos un debate sobre lo que consideramos de la minuta de cómo viene el Senado, pero colegislar significa que participemos también en el enriquecimiento de la ley que se nos presente.
Entonces con independencia de que demos este debate franco, de cara al país, de cómo vemos la minuta del Senado en los términos que salió, la propuesta que daría, la que pueda ser considerada es que en virtud de que fue un buen acuerdo que el Senado no clausurara su periodo extraordinario hasta en tanto no lo termináramos nosotros, que nos creyéramos eso, que somos, efectivamente, colegisladora. Y que mañana –cito al margen– demos el debate, demos la discusión. Que mañana en cuanto se inaugure el periodo extraordinario pueda hacerse un receso para una negociación abierta, una mesa de negociación en donde presentemos puntos de vista, presentemos reservas y busquemos ver si podemos mejorar esta minuta y que no simplemente hagamos un ejercicio de debate público.
Estamos preparados para dar el debate público, pero ¿en eso va a terminar nuestra labor como colegisladora? ¿En simplemente dar nuestro debate público, reiterar lo que hemos dicho aquí? O nos podemos dar un espacio para ver si podemos encontrar acuerdos que mejoren de manera importante la minuta y podamos analizar las distintas preocupaciones que tenemos.
Dieron una buena discusión en Senadores, pero ésta es otra Cámara y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que esta es una república bicameral, que éste es un país bicameral y, por tanto, ¿cómo podemos cumplir nuestra responsabilidad de la mejor manera?
Hago esta propuesta de buena fe. Sé que esto es algo muy significativo, hay muchas cosas en juego, pero hago esta propuesta de buena fe, que mañana hagamos la invitación para que se haga un receso y entremos a un periodo de discusión y negociación, como es la responsabilidad de una cámara colegisladora; para que hagamos nuestro papel. Porque sé que, a pesar de que hicieron un buen trabajo los senadores, no nos leen la mente y hay muchos que pueden tener alguna aportación a estos temas.
Entonces, mi propuesta es: para no hacerlo con esta presión y esta prisa frenética, que podamos darnos ese tiempo para establecer un receso mañana, establecer una negociación, una discusión por temas, etcétera. Y vemos en qué podemos mejorar esta minuta, que creo que sería para bien de todos. Gracias.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted. Han solicitado la palabra para el mismo tema la diputada Luisa María Alcalde y la diputada Aguilar. Una vez que hayan concluido con sus intervenciones, esta presidencia preguntará si el asunto está suficientemente discutido para proceder a su votación. Adelante, diputada Alcalde.
La diputada Luisa María Alcalde Luján: Muchas gracias. Ojalá antes de votar si está suficientemente discutido se puedan someter a discusión las propuestas, o por lo menos la propuesta que me gustaría hacer a continuación.
Una aclaración, no se tocó concretamente el tema que expuse pero quiero ser muy clara al respecto. En el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con lo que respecta a la discusión en lo particular, en el segundo párrafo se establece lo siguiente.
“Si las comisiones acuerdan por mayoría absoluta que las propuestas de modificación o adición sean remitidas al pleno de la Cámara de Diputados, se procederá a la votación en lo particular del proyecto de decreto, dejando el desahogo y la discusión de las reservas para el pleno”.
¿Qué quiere decir esto? Que se va a poner a consideración de la mayoría nuestro derecho a discutir las reservas en estas comisiones; a eso es a lo que me refiero con respecto a que no se puede someter nuestro derecho a la votación de la mayoría.
Yo les propongo lo siguiente, porque entiendo también que muchas veces se ponen por encima estos acuerdos, porque son cientos de reservas las que muchas veces metemos, por lo menos algunos partidos de oposición, la mayoría. Yo haría la siguiente propuesta a las comisiones unidas; que podamos cada uno de los grupos parlamentarios priorizar tres temas.
Son muchos los temas relevantes en esta discusión, pero tres temas que nosotros podamos determinar, y que en esos tres temas, en esta comisión nos tomemos en serio una discusión de fondo y los analicemos, a favor y en contra, y que nos demos la oportunidad de deliberar verdaderamente, y de tomar una decisión.
Pero que sean tres temas por grupos parlamentarios únicamente; todo lo demás lo reservamos para el pleno, pero démonos la oportunidad de en esta comisión tocar algunos temas de fondo. Porque si no, como siempre nos quedamos en lo superficial, en la costra de los temas, y no logramos finalmente llegar a la discusión de fondo, que se supone que para eso están hechas las comisiones, si no, ¿qué sentido tiene que estemos aquí todos reunidos?, si es una cuestión meramente formal.
Yo le solicito que lo ponga a consideración, presidente, y que podamos de manera responsable, respetuosa elegir por grupo parlamentario tres temas, que no sean más de 10 temas –ya se me hace un exceso– pensemos en seis, siete temas, que podamos entrar de fondo y que se puedan inscribir a favor y en contra, y entonces sí poder escuchar argumentos de diferente naturaleza, porque estoy convencida de que nadie tiene la razón absoluta. Gracias.
La diputada Lilia Aguilar Gil: A ver, yo no solamente me uniría a la propuesta de la diputada Alcalde, sino que repetiría la propuesta que he hecho con anterioridad, otra vez, precisamente tomando en cuenta que al menos el PRD ha demostrado voluntad política en esta mesa, y yo se lo solicitaría, así al PAN y al PRI.
Yo he reconocido, señor presidente –estoy muy clara de ello– de que se adecuó en lo que usted comentó, el tema de la discusión en seis oradores a favor y en contra; lo hice en mi intervención. He reconocido también, que usted se dio cuenta que el acuerdo dice que los presidentes valorarán y que usted ha dicho que es una decisión del pleno.
La propuesta, más que en el tema del detalle del acuerdo, que tiene muchas imprecisiones –hay que decirlo– es decir, no está conforme a Reglamento, nosotros estamos tratando de avanzar en la discusión, es decir, que esta comisión, que estas comisiones unidas, no solamente vengan voten en lo general automáticamente y voten en lo particular automáticamente.
Es en el mismo sentido y ánimo de lo que ha dicho el diputado Raya, el diputado Fernando Belaunzarán y la diputada Luisa Alcalde, de que realmente podamos discutir y saber qué es lo que puede proceder y las inquietudes de los grupos parlamentarios, de los diputados en lo particular y qué es lo que se llevará al pleno como reservas de modificación.
No voy a entrar al tema de si somos el traspatio del Senado o no, porque creo que ya ha quedado claro. En efecto, se ha dejado abierto el proceso del Senado, para que no parezca que estamos en una camisa de fuerza en la Cámara de Diputados, pero precisamente en ese ánimo, en decir que no está una camisa de fuerza y que ya no estamos en la lógica de que no vamos a mover ni una coma de este dictamen, no solamente retomo este ánimo, sino decir con seriedad: hagamos mesas de trabajo para analizar las reservas, no solamente lo que está diciendo la diputada Alcalde, que hoy podamos discutir tres temas si así lo decide este pleno, sino la propuesta que estoy haciendo es más amplia.
Pero no esperar hasta mañana que se instale el pleno de la Cámara de Diputados, sino que podamos trabajar en comisión para hacer análisis de las reservas y de las inquietudes de los diputados y saber cómo presentaremos reservas de la comisión. Esa es mi propuesta en concreto. Se la estoy haciendo. Es en el mejor ánimo, en el ánimo de que todas las reservas que están presentando todos los diputados, no solamente los que hemos hecho uso de la voz, puedan subir a pleno con una oportunidad, no solamente de ser discutidas, sino de que podamos corregir las imprecisiones –si las hay– de esta minuta. Y que el hecho de que el Senado haya dejado abiertas sus puertas no sea en vano, sino que también legislemos desde las comisiones, no solamente en el pleno.
Que no se den acuerdos cupulares, donde conozcamos los diputados solamente en el pleno a la hora de la hora las reservas que pasarán y las que no pasarán, sino que podamos activamente, como integrantes de estas comisiones, con dignidad y haciendo ejercicio de nuestras atribuciones como legisladores, discutir los temas, llevar al pleno las reservas acordadas y hacer funcionar estas comisiones.
Se lo solicito. Finalmente el hecho de que las comisiones estén en pleno quiere decir que estarán trabajando y que lo hagamos en absoluta transparencia y de frente a la ciudadanía no le afecta absolutamente a nadie, es la propuesta. También solicito que se someta a valoración del pleno de estas comisiones, pero haciendo un llamado a mis compañeros diputados que se den cuenta de que no es por entorpecer el procedimiento, sino en el ejercicio de nuestras atribuciones para poder llevar adelante una discusión transparente y abierta de esta reforma de telecomunicaciones y que finalmente nuestra atribución como legisladores sea plena. Muchas gracias.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Antes de concederle el uso de la palabra al diputado Dorador, quisiera hacer la mención de que esta presidencia va a someter a consideración del pleno el acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política, con las adecuaciones presentadas por esta presidencia. Después de su votación pasaremos a votar tanto la propuesta de la diputada Alcalde, como la propuesta de la diputada Aguilar. Sonido para el diputado Dorador. Adelante, diputado.
El diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán: Yo le diría a la diputada Aguilar que no pensamos que sea entorpecer la discusión, que para todo es importante y para eso estamos aquí.
Yo creo que en la segunda intervención, en esta última intervención de la diputada ha quedado claro cuál es su interés y su intención, pero también me parece que tenemos ya una posición en torno a un grupo parlamentario al que cada quien pertenecemos. Y me parece que con el aval de la Junta de Coordinación Política lo que consideramos algunos, ojalá sea esta opinión mía soportada por varios de los compañeros aquí presentes, es que pongas a consideración si está o no suficientemente discutido para poder continuar con la discusión y poderle dar celeridad a ese trámite, que como bien has explicado, inclusive en el Senado, se ha hecho ya el trabajo, han hecho su parte, han discutido 17 horas en comisiones y el dictamen que ya tenemos aquí y que el periodo extraordinario fue convocado con este propósito. Muchas gracias.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias, diputado Dorador. No va a ser necesario someterlo en este momento, si se encuentra suficientemente discutido, dado que esta presidencia ya no tiene oradores registrados.
Lo que ahora someteremos a votación, si ustedes me lo autorizan, es la propuesta de la Junta de Coordinación Política con las adecuaciones presentadas por esta presidencia.
En tal virtud se somete a consideración de los presentes, en los términos antes aducidos, esta propuesta. Los que estén a favor, favor de manifestarlo en la forma acostumbrada (votación). Los que estén en contra (votación). Cuatro votos en contra. Cinco votos. Los que se abstengan (votación). Dos abstenciones. Tres abstenciones. Se aprueba por mayoría la propuesta presentada por esta presidencia.
Ahora, como hicimos mención, someto a consideración, primero la propuesta presentada por la diputada Luisa María Alcalde, consistente en eliminar la parte conducente para que las reservas, exista la posibilidad de que se lleven de manera directa al pleno. Y una segunda propuesta en la que señala la posibilidad de un debate pactado, en lo particular, con relación a tres temas que cada grupo parlamentario presentaría.
Someto a consideración de esta asamblea la propuesta de la diputada Luisa María Alcalde. Los que estén a favor (votación). Catorce votos a favor. Los que estén en contra (votación). Veintiséis votos en contra. No se acepta la propuesta.
Ahora someteremos a consideración la propuesta presentada por nuestra compañera, la diputada Lilia Aguilar. La primera parte de su propuesta iba precisamente en el sentido de lo ya votado. Creo que podemos obviar esa parte, y recuérdeme nada más, por favor, la segunda parte de su propuesta para no equivocarme.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Que estas comisiones permanezcan...
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Ah, perdón. La propuesta consiste en declararnos en permanente para continuar con un análisis, aquí mismo, de las reservas conducentes antes de pasar al pleno.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Yo creo que cada...
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: La propuesta consistiría en continuar aquí en permanente para el análisis de las reservas presentadas antes de pasar al pleno. Los que estén a favor de esta propuesta, favor de manifestarlo en la forma acostumbrada; pidiéndole respetuosamente a la secretaria técnica, me ayude con la votación.
Los que estén a favor de esta propuesta (votación); 12 votos a favor. Los que estén en contra (votación); 31 votos en contra. No se acepta la propuesta, por lo tanto queda firme el acuerdo aprobado en Junta de Coordinación Política con las modificaciones señaladas por esta presidencia y que podrán ser observadas en el transcurso del desarrollo de la discusión el día de hoy de la minuta para la que fuimos convocados.”
6. Posteriormente, el presidente solicita a la secretaría dé lectura a las opiniones remitidas por las Comisiones Especiales de tecnologías de la información y comunicación, de agenda digital y tecnologías de la información.
El secretario da lectura a las opiniones de la siguiente manera:
“En primer lugar daré lectura de la opinión de la Comisión Especial de agenda digital y tecnologías de la información, presidida por el diputado Juan Pablo Adame.
Opinión
En estricto cumplimiento de la normatividad vigente y con base en las consideraciones de hecho y de derecho anotadas en el cuerpo del presente documento, consideramos que esta minuta al ser aprobada y unirse los dispositivos normativos que contiene el derecho vigente de México impactará de manera positiva al desarrollo del país.
Lo anterior puesto a que con reglas claras en el sector con despliegue de infraestructura estatal y con los derechos de los usuarios se favorecerá a un número mayor de mexicanos que podrán unirse a la sociedad de la información y del conocimiento y por tanto hacer realidad la relación ya demostrada entre el desarrollo de la banda ancha y de otros rubros como la salud, el conocimiento, el desarrollo cívico y el económico.
Por todo lo anterior se considera viable en los términos expuestos, la minuta con proyecto de decreto por el que se expide en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones derivadas de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, remitida por el Senado a esta Cámara para sus efectos constitucionales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 7 días del mes de julio de 2014.
A continuación doy lectura a la opinión de la Comisión Especial de tecnologías de la información y comunicación, presidida por la diputada Ana Lilia Garza Cadena.
Opinión
Esta Comisión Especial de tecnologías de la información y comunicación se manifiesta en sentido favorable a la minuta con proyecto de decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, y se reforman, adiciona y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión proveniente del Senado de la República y se sugiere respetuosamente a las comisiones dictaminadoras dar su voto aprobatorio a la misma, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas.
Así lo acordaron los integrantes de este órgano legislativo a los 7 días del mes de julio de 2014.”
7. Acto seguido, el presidente se refiere a la solicitud de la diputada Luna Porquillo para que algunos diputados de las comisiones unidas se excusen de participar en el debate y votación de esta minuta, manifestando que ya fue turnada esta solicitud, a la Contraloría Interna de la Cámara y que, al momento, no se ha recibido excusa por parte de ninguno de los 500 diputados, por lo que todos los legisladores que así lo deseen podrán participar en este debate.
Al respecto, el diputado Miguel Alonso Raya manifiesta que la diputada Purificación Carpinteyro Calderón sí presentó su excusa ante la Junta de Coordinación Política y, por esa razón, es que el Grupo Parlamentario del PRD procedió a nombrar nuevos integrantes en las comisiones unidas.
8. Posteriormente, se procede al desahogo de la minuta, conforme al acuerdo previamente aprobado. A continuación se reproducen fielmente todas las intervenciones registradas en este procedimiento:
“El presidente Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Continuando con la reunión, iniciamos la discusión y votación del proyecto de dictamen en sentido positivo de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones derivadas de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
De conformidad con el numeral I, inciso a) de la fracción II del artículo tercero del acuerdo anteriormente leído, procederé a fundamentar el dictamen.
Hago la mención a su vez que esta presidencia tiene registrados para efecto de posicionamiento a la diputada María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza; a la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, a la diputada Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano; a la diputada Ana Lilia Garza Cadena, del Partido Verde Ecologista de México; al diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del Partido de la Revolución Democrática; a la diputada Beatriz Zavala Peniche, del Partido Acción Nacional, y a la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, del Partido Revolucionario Institucional.
Deseo a su vez hacer mención que sería conveniente que aquellos legisladores que deseen hablar a favor o en contra empiecen a registrarse en esta presidencia, para efecto de no tener alguna falla en el procedimiento previamente aprobado.
La participación, por cierto, será de cinco minutos, conforme al propio acuerdo vertido, de cada uno de los que deseen hacer uso de la palabra, tanto en la parte de posicionamientos como aquellos que deseen hablar a favor o en contra. Sí, diputado.
El diputado Agustín Miguel Alonso Raya: El tema no es sencillo y yo plantearía que en caso de los posicionamientos fuésemos más flexibles en el asunto. Los cinco minutos no dan para fijar la postura responsablemente respecto a un tema de la envergadura del que estamos hablando.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Esta presidencia, tengan la certeza que va a tener la tolerancia debida, para que cada uno se exprese. Hacemos la mención porque es lo previsto y que el primero que se tiene que ajustar es su servidor. Eso para poner el ejemplo correspondiente. Gracias a todos ustedes.
Hoy sometemos a consideración el dictamen de la minuta con proyecto de decreto al que hemos hecho mención.
Quiero señalar que la legislación secundaria deriva en nuestra reforma constitucional, aprobada el 11 de junio de 2013. Es el resultado de la necesidad de contar con un marco jurídico acorde a las necesidades actuales de esos dos sectores.
No está corriendo el reloj. Pero también de la demanda de los mexicanos y de los usuarios y no usuarios de las telecomunicaciones y de la radiodifusión.
Esta ley convergente era inminente frente a los cambios tecnológicos que tienen influencia directa en la economía y en la sociedad.
Al respecto, el estudio sobre políticas y regulación de telecomunicaciones de 2012, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), estima que la pérdida de bienestar atribuida a la disfuncionalidad del sector mexicano en las telecomunicaciones de 2005 a 2009 fue de 1.8 del producto interno bruto.
En tanto, el mercado de banda ancha México ocupó el décimo lugar en el total de suscripciones y el 34 en suscriptores por cada cien habitantes al final de 2009.
De tal forma que para tener un aumento en estos indicadores es imprescindible el desarrollo de la infraestructura, la cual no ha sido posible por la falta de competencia. Es decir, la alta concentración en el mercado es, en mayor medida, lo que imposibilita nuevas inversiones en el despliegue de infraestructura para ofrecer mejores servicios de telecomunicaciones, lo cual da lugar a tener deficientes servicios y precios altos.
A continuación quiero enunciar los elementos más sobresalientes de esta iniciativa. Se refrenda la autonomía y las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones conferidas desde la Constitución. Se eliminó todo lo referente a una posible censura de Internet. El agente económico preponderante nace a partir de la necesidad de regular, de manera pronta, el sector de las telecomunicaciones y de la radiodifusión, sin menoscabo de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones pueda declarar agentes económicos con poder sustancial.
Por tal motivo y de acuerdo al texto constitucional que aprobamos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene la facultad de declarar agentes económicos preponderantes en los sectores mencionados.
Se crea la concesión única, con el objetivo de que los concesionarios de manera más rápida y eficaz puedan ofrecer servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión.
Las concesiones de uso social, incluyendo las comunitarias e indígenas, coadyuvarán a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.
Se integraron capítulos de derechos de los usuarios y de las audiencias, los cuales denotan elementos que fomentan la provisión de mejores de mejores servicios y contenidos, ya que además de los derechos que otorgue la Ley de Protección al Consumidor se establecen derechos específicos tales como recibir saldo en servicio de prepago, la protección de sus datos, la portabilidad de número telefónico, a elegir libremente a su proveedor, el no bloque de equipos, solo por mencionar algunos.
En el capítulo de personas con discapacidad, nuevo capítulo, se deberán ofrecer equipos con funcionalidades para personas con debilidad motriz, visual y auditiva, las páginas de Internet de las entidades gubernamentales deberán ofrecer funcionalidades de accesibilidad y recibir asesorías sobre los servicios de telecomunicaciones, entre otros.
En materia de neutralidad de la red se esclareció que los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet deberán sujetarse a los lineamientos de carácter general que expide el instituto conforme a las siguientes características: libre elección, no discriminación, transparencia de información, calidad y desarrollo sostenido de la infraestructura; se elimina la larga distancia a partir del primero de enero de 2015, lo cual sin duda traerá beneficios inmediatos y directos en los bolsillos de los ciudadanos; así mismo que esto se traduce en agilizar la competencia en el sector de telecomunicaciones, habrá dos cadenas adicionales de televisión abierta digital con cobertura nacional, con el uso de tecnología digital se podrán ofrecer más canales de televisión abierta en la multiprogramación; se impulsará la producción nacional de contenidos; se establecen medidas para combatir la discriminación, principalmente de género; se respetan principios de interés superior de la niñez, no violencia contra las mujeres y el desarrollo integral de los niños y jóvenes, en fin.
El dictamen que el día de hoy presentamos a consideración de todos ustedes, integrantes de la Comisión de Comunicaciones y de Radio y Televisión, refleja directamente la reforma constitucional en la que todos de manera directa nos vimos involucrados; por tal motivo les solicito respetuosamente su apoyo al dictamen que presentamos el día de hoy ambas Juntas Directivas. Por su atención, muchísimas gracias.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Le concedemos el uso de la palabra, a la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Gracias, señor presidente, con su permiso; señoras, señores legisladores. Desde el inicio de esta Legislatura, Nueva Alianza planteó la necesidad de regular el sector de las telecomunicaciones, sobre todo el transformar su marco jurídico, para ese fin presentamos una iniciativa de reforma constitucional en febrero de 2013 a efecto de que el Estado garantice el acceso universal a la banda ancha y al Internet como un derecho humano fundamental que hace posible el ejercicio de otros derechos humanos.
La reforma de telecomunicaciones y radiodifusión debe tener como objetivo el beneficio de usuarios, audiencia y población en general, en un marco de inclusión que vaya cerrando la brecha digital que al día de hoy margina a millones de mexicanas y mexicanos del acceso a las tecnologías de la información.
En el proceso de reforma constitucional fijamos nuestra postura, resaltando que se debe garantizar la competencia efectiva en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, porque de esa manera se generar condiciones para mejorar la calidad de los servicios y bajar sus precios, así como para generar alternativas de información y entretenimiento con una diversidad de canales y programas que reflejen verdaderamente la pluralidad de la sociedad mexicana.
La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano tienen que garantizar que se cumplan los objetivos de la reforma constitucional como es el acceso universal a las tecnologías de la información, el fortalecimiento de los derechos de la libertad de expresión y de acceso a la información, así como la creación de un órgano regulador fuerte, suficiente para que sus resoluciones sean acatadas plenamente por los concesionarios.
En cuanto a materia de contenidos, las leyes secundarias tienen que asegurar que se incremente el número, la calidad y la diversidad de los programas de televisión, radio e Internet. Por lo tanto es positivo que se abra el camino para dos nuevas cadenas nacionales de televisión y que a través de la multiprogramación, aumenten las ofertas de las televisoras, pero todo ello se debe lograr con apego a la legalidad y en condición de respeto a las audiencias.
Los contenidos, por lo tanto, deben basarse en principios de tolerancia, no discriminación, inclusión social, respeto a las diferencias, fortalecimiento de las familias, fortalecimiento de las instituciones y, sobre todo, apego a los valores democráticos.
Para Nueva Alianza esta reforma tiene como referente fundamental que el espectro radioeléctrico es un bien público del dominio de la nación y de ese modo los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, la regulación de los mismos, las redes públicas de telecomunicaciones y la administración del propio espectro radioeléctrico debe realizarse a partir de objetivos de beneficio social.
Lo anterior, en un esquema donde los grandes concesionarios asuman que se les está concediendo el uso y aprovechamiento de un bien que es propiedad de todos los mexicanos y que las rentas particulares tienen como límite la necesidad de garantizar beneficios generales.
No podemos olvidar que esta legislación secundaria tiene un atraso de nueve meses, situación que obligó al Instituto Federal de Telecomunicaciones a tomar decisiones muy importantes y tener como marco de referencia la legislación derivada de la reforma constitucional.
La declaración de agentes preponderantes y las bases para licitar las dos cadenas nacionales de televisión la resolvió el instituto sin el marco legal adecuado, debido a que ni en el Legislativo ni en el Ejecutivo cumplimos en tiempo y forma su obligación constitucional.
Esta iniciativa ha sido objeto de un intenso debate. Se trata de un ordenamiento extenso y complejo que requiere del análisis responsable de todos nosotros, diputadas y diputados federales. En Nueva Alianza consideramos que se cumple el objetivo de expedir una ley que regule de manera convergente las telecomunicaciones y la radiodifusión, además de que se establecen las bases normativas para que se constituya y funcione el sistema público de radiodifusión.
En este debate presentaremos reservas y observaciones encaminadas a lograr que se cumplan los objetivos de la reforma, ya que la Constitución establece que las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general, razón por la cual el Estado debe garantizar que se presten en condiciones de competencia, calidad, cobertura y acceso universal, inclusión y libre de cualquier otro tipo de injerencias.
Es importante también señalar que la legislación secundaria debe hacer posible todo lo anterior, que bajen las tarifas de los servicios y que se eleve la calidad y la diversidad de éstos para que en realidad tengan un impacto social deseable.
Pero también que se establezca la figura de la defensoría de la audiencia y se fortalezca y permita la participación de la ciudadanía en la configuración de contenidos de radio, televisión e internet. Estos aspectos para nosotros son los que dan sustento a la idea de democratizar las telecomunicaciones y la radiodifusión.
Es indispensable, por lo tanto, que el órgano regulador tenga todas las atribuciones que prevé la Constitución para que sus resoluciones ordenen y corrijan los sectores de la comunicación y de radiodifusión. Y el nuevo sistema público de radiodifusión tiene que desarrollar una televisión pública de Estado, no una televisión de gobierno.
Ya es un avance que en la minuta se establezca que el sistema será un organismo descentralizado, mas no sectorizado y debemos de estar atentos a que se cumpla con el objetivo de que la nueva cadena de televisión pública tenga una línea editorial independiente y que ofrezca contenidos que reflejen la diversidad.
En lo general en nuestro grupo nos parece que el dictamen a discusión constituye un avance en la ruta de reformar el estado de cosas en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, pero en lo particular estamos convencidos de que se deben modificar algunos aspectos que en su momento y oportunidad haremos patente. Es cuanto, señor presidente, y compañeras y compañeros legisladores.
El diputado Federico José González Luna Bueno: Muchas gracias, diputada Sanjuana. Tiene ahora el uso de la palabra, por parte del Partido del Trabajo, para fijar postura, la diputada Lilia Aguilar Gil.
La diputada Lilia Aguilar Gil : Muchas gracias. Iniciaré no sin antes lamentar la decisión de no discutir reservas. Creo que además hubo un planteamiento equivocado en la propuesta porque el planteamiento es que nos quedáramos a trabajar sobre las coincidencias, aunque pareciera que asustaba a algunos quedarse instalados en esta comisión, que además va a estar instalada en permanente.
Cuando se aprobó la reforma constitucional en telecomunicaciones hubo algunos ingenuos, entre ellos yo, que considerábamos que esta reforma constitucional venía a traer no solamente un aire de confianza sino que realmente acabaría con la concentración económica en el mercado de telecomunicaciones, específicamente en el área de telefonía y en el área de televisión.
La gran bandera con la que corrió esta reforma es que acabaría con los monopolios y con la concentración monopólico de estos servicios.
Esta reforma decidió limitar las atribuciones del Ejecutivo federal, la Constitución, crear el IFT, estableció el derecho de las audiencias, el reconocimiento de los medios indígenas y muchas cosas. Se llegó a pensar que finalmente el titular del Ejecutivo, el presidente, estaba rompiendo con este mito o dicho de que él era el producto de una de estas empresas que hoy resulta beneficiada por esta reforma de telecomunicaciones.
Sin embargo, esta reforma, el suponer que dos cadenas nacionales de televisión iban a dar precisamente autonomía editorial e iban a desconcentrar quién iba a marcar la línea de opinión en este país... fuimos ingenuos, fuimos incautos.
Dos nuevas cadenas de televisión, una que se rumora se atribuirá al señor Vázquez Raña y otra a un grupo de empresarios del estado de México no habla de la desconcentración del mercado, sino que simplemente esta reforma secundaria no solamente viene a romper con los principios constitucionales en los que muchos creímos, sino que simplemente viene a redistribuir entre los actores económicos de este país, entre los ricos de este país, entre los que tienen recursos de este país, cómo va a distribuirse este mercado, cómo van ellos entonces a marcar no solamente la opinión de los mexicanos, sino cómo utilizando los bienes de la nación, los bienes que son de todos nosotros van ahora a determinar la línea de opinión de los mexicanos.
Hoy sabemos pues, y lo dije en la reforma constitucional, que los agitadores económicos, aquellos que le dieron una patada a la estructura política que ha decidido no discutir reservas y que ha decidido no hacerlo transparentemente puede más que el poder político, puede más que el poder público que se supone que debería de representar a los mexicanos.
Porque seamos honestos, ni los legisladores ni el Ejecutivo federal completamente han hecho la iniciativa que llegó al Senado y que finalmente viene acá a discutirse como una minuta. La mano de los actores económicos está claramente metida en la estructuración de estas leyes secundarias.
Ésta, pues, viene a hacer una nueva distribución de los intereses económicos que manipularán el estado, los medios de comunicación, las telecomunicaciones, la telefonía y evidentemente la radio y televisión.
Se decía que los objetivos de la reforma constitucional eran generar más competencia y calidad, obligaba al estado a generar condiciones de competencia y a fortalecer a los medios públicos y otorgarles derechos a las audiencias y a los usuarios, sin embargo, no podemos decir que se cumple a cabalidad con estos hechos.
Enumeraré lo que considero más importante a discutir en estas leyes secundarias que hoy estamos aprobando:
Primero. La determinación de la preponderancia por sector o por servicio. Ha habido una gran diferencia y pareciera que éste es el único tema a discusión de la reforma de telecomunicación, no lo es. Creo que aquí hay que ser honesto y hablarle a la gente que nos escucha y que nos verá por el Canal del Congreso.
¿Cuál es la verdadera discusión en el tema de la preponderancia? Tratamos de inventar el hilo negro, la inclusión del concepto de preponderancia que no existe, no solamente en ningún país, sino que no tiene ningún referente internacional nos tiene metidos en este brete de determinar si la preponderancia se da por sector o se da por servicio.
Entonces, se acusa a que si se votará por la preponderancia, por servicios o por sector; estar de un lado o del otro. El problema que tenemos es que hay una falta de certeza jurídica en la determinación de la preponderancia.
La reforma constitucional no podía ni debía venir a inventar el agua hervida, entonces nos topamos con esta falta de certidumbre porque, aunque las leyes secundarias hoy hacen una interpretación constitucional y transcriben a la letra el artículo 28, sigue prevaleciendo al confusión y sigue prevaleciendo el debate. ¿A quién va a beneficiar la preponderancia por sector? ¿A quién beneficiaría, en el último de los casos, la preponderancia por servicios? ¿Será a las televisoras o será a Telmex?
Hay quienes dicen que aquí el nombre del juego precisamente es el triple play o ahora el cuádruple play, porque el mercado a discusión y el mercado sobre el que estamos decidiendo, y deberíamos hacerlo con responsabilidad, es precisamente el de cable o el de televisión por paga, porque permitiría a un actor o a otro dominar de nuevo el mercado de telecomunicación.
Entonces, ¿estamos realmente discutiendo a fondo? ¿Tenemos la conciencia de qué es lo que estamos aprobando al determinar la preponderancia por sector? Me parece que no es así. Lo digo con mucha responsabilidad, no se trata de ponerle el pie a ningún agente económico o actor económico que está en el mercado de telecomunicaciones.
No se vale legislar a favor o en contra de alguno. Ya mucho se ha señalado aquí quién beneficia a quién. No es el papel del Partido del Partido del Trabajo. Nosotros decimos: creemos reglas claras, justas, que verdaderamente impulsen la competencia y la libre concurrencia; pero no para los grandes titanes económicos de este país.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos engañando a los que representamos; porque si no hay libre competencia, no habrá impacto en los precios en el mercado, ni en televisión de paga ni el cable y entonces estamos entrando a una nueva época de monopolios.
Hay un gran mercado en potencia en disputa y ése es el fondo del asunto. Éste no es un tema de ideologías, éste es un tema de cumplirle a la gente que representamos y verdaderamente crear un sistema de competencia.
Finalmente, las condiciones actuales en que el Internet específicamente está cobrando gran relevancia para la gente, no se le da certeza en estas leyes secundarias. Porque no se trata solamente de decir en lo general que estamos facilitando el acceso a la red mediante la banda ancha, sino que se trata de prever y de proveer el ser servicio de manera efectiva. Un acceso democrático al Internet es lo que piden los jóvenes de este país. Eso es lo que pide la ciudadanía de este país.
Abordaré, finalmente, porque me he excedido en mi tiempo, el tema de geolocalización y el tema de derechos humanos. El tema de geolocalización viene a romper primero con el derecho de las personas a su privacidad y después viene a crear una figura extraordinaria, un poder extraordinario, para dárselo al procurador de la República para que pueda determinar a quién va a intervenir, a quién va a seguir; dónde va a seguir el procurador a quien esté utilizando la telefonía móvil o mucha de la tecnología que hoy utilizamos, porque la geolocalización que se está incluyendo hoy en las reformas secundarias, finalmente queda a la libre determinación del procurador general de la República, de utilizar.
No solamente estamos violando el derecho a la privacidad de las personas, sino que además estamos poniendo en manos de una sola persona, para que determine si es una cuestión de crimen organizado o no, y estamos fortaleciendo un estado autoritario.
El tema del close caption conocido de esta manera en sus siglas en inglés viene a romper también con un principio de igualdad para las personas con discapacidad que no pueden escuchar, y esta reforma, a pesar de que dice que garantiza ni siquiera puede dar y garantizar, para crearle a las televisoras la carga de que puedan generar un close caption, y un lenguaje de señas cien por ciento en su programación, sino que se deja al libre albedrío de las televisoras.
Esto no garantiza de ninguna manera que las personas con esta discapacidad puedan hacer ejercicio libre de qué ver, de decidir qué ver, qué no ver, qué noticiero escuchar o que noticiero no escuchar. Yo terminaría diciendo: no podemos ser rehenes de los agentes económicos de este país tenemos una responsabilidad y habrá que cumplir con esta responsabilidad, y yo llamo a legislar con dignidad y a tener valor, para poder hacerlo también sin miedo y sin miedo a estos agitadores económicos. Muchas gracias.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias, diputada Aguilar. Como pudieron constatar, esta presidencia fue total y absolutamente tolerante, como fue propuesto desde un principio, con relación al tiempo. Diputada Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano para el posicionamiento correspondiente.
La diputada Luisa María Alcalde Luján: Muchas gracias. Quisiera comenzar lamentando esta discusión que se da de manera prácticamente formal, porque el resultado ya está anunciado. Ya todas y todos conocemos qué se va a aprobar el día de mañana, y en qué términos va a venir esta reforma.
Y estamos acostumbrados ya a esto, pero no por eso podemos aceptarlo. Es verdaderamente lamentable, como también es sumamente lamentable que una empresa, que una televisora, como es el caso de Televisa, se haya impuesto por encima del derecho de más de 120 millones de mexicanos.
En esta reforma, se derrota lo social sobre lo privado. Gana lo privado, gana Televisa, y lo podemos ver en cada uno de los temas, y en realidad esto se da porque ya estamos encerrados en un cinismo, donde ahora resulta que tenemos que aplaudir lo poquito, las pequeñeces que estos intereses nos permitieron modificar, cuando en nuestras manos estaba pensar en reivindicar los medios como lo que son, de la ciudadanía, del pueblo mexicano, ¿qué no pudimos haber pensado e imaginado medios donde pudieran tener participación los ciudadanos a través de los medios comunitarios, donde hubiera radio en las colonias, donde se pudieran haber organizado los médicos, los científicos, para hacer un programa de radio y utilizar algo que es de ellos, que son los medios de comunicación?
¿No pudimos haber pensado en crear un instrumento realmente autónomo y con las herramientas, como un instituto, con la fuerza para ponerle límites a aquellos que abusan, no sólo respecto a los precios que nos imponen, sino también con los contenidos que nos imponen?
¿No hubiéramos podido imaginar un medio público, como la BBC, con esos recursos y con esa calidad? ¿No podíamos haber puesto eso sobre la mesa? ¿Por qué los intereses? ¿Cómo es posible que en este país los intereses de Televisa se hayan puesto por encima de todo esto?
Me parece increíble y sinceramente lo lamento, de corazón, porque lo vemos en cada uno de los temas. El primero, preponderancia, porque en todo esto se ha hablado de tecnicismos y se ha hecho referencia a muchas cuestiones que muchos desconocemos por no ser especialistas, pero en realidad todos los temas te llevan a una cuestión de lógica, de sentido común.
En el tema de preponderancia. Que si es por sector o es por servicio. A ver, les digo a manera de ejemplo, si vamos a pensar en cuál es, si es monopólica o no una refresquera, ¿lo vamos a hacer con respecto al mercado de refrescos, o lo vamos a hacer con respecto a bebidas y alimentos? Así de sencillo.
Si vamos a ver si una cablera es o no preponderante o monopólica, ¿lo vamos a verificar en la televisión por cable, o lo vamos a verificar en todo el sector, como es sumando el Internet, sumando la telefonía fija, telefonía móvil? ¿Qué?
¿Qué sentido tiene esto? Han pataleado y tratado de justificar estas votaciones, pero lo único que está de fondo y es así de elemental es que monopolios, como Televisa, que concentran 62 por ciento de televisión por cable y 70 por ciento de televisión por satélite, no serán declarados como monopolios. Y en este país nadie puede dudar que Televisa es un monopolio.
Entonces, si una definición no genera que Televisa sea declarado monopolio y, por tanto, sea tratado como tal, pues entonces esto es una tomada de pelo, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué sentido tiene una reforma de telecomunicaciones?
Ahora bien, número dos, con respecto a las medidas asimétricas. Ya olvídense, pensando que pudiésemos considerar que una de estas grandes empresas sí es monopolio, bueno, se supone que tendría que estar obligado a seguir unas ciertas reglas específicas para los monopolios, de manera tal que permita emparejar el piso y que entren nuevos competidores, para que realmente se genere una competencia.
Bueno, pues estas medidas asimétricas que se establecen para el caso de radiodifusión; es decir, de televisión y radio, son nuevamente una vacilada, porque ya olvídense de, si en dado caso que fuera declarado Televisa como monopolio, con esas medidas asimétricas qué piso se va a emparejar si son puras cuestiones superficiales que obligan a todas las empresas.
No estamos, ni siquiera obligándolos, por ejemplo, como sí en el caso de telecomunicaciones, de que presten toda su infraestructura, eso por lo menos me parece lógico, para qué, para empezar a emparejar el piso. Pero no.
Y ya ni pensar en desincorporación de activos. Yo antes, les comparto cuando se discutía la reforma constitucional, y se decía, no, es que vamos a prohibir los monopolios, ya no podrá haber más de 50 por ciento de concentración en telecomunicaciones y radiodifusión.
Bueno, lo mínimo que me esperaría es que si no se cumple con las medidas asimétricas haya una desincorporación. Qué es esto. Que se obligue a estas empresas monopólicas a vender el excedente que tienen, es decir, lo que exceda de 50 por ciento. Sería lo lógico, lo de sentido común. Pero no, la desincorporación de activos no está para efectos de eso, está como una mera posibilidad de las empresas, si así lo deciden, para no ser sujetos de las medidas asimétricas.
¿Qué es esto? Entonces, ¿qué sentido tiene esto? ¿Cuándo va a haber competencia y cuándo va a haber nuevos competidores y pluralidad de contenidos y otros programas en la televisión? Jamás.
Digo, respecto al tema de los medios sociales. O sea, no tenemos que inventar absolutamente nada, basta voltear alrededor del mundo y ver ejercicios que han hecho una cuestión muy, muy chingona con respecto a comunidad.
Y disculpen la palabra, ya me estoy emocionando, pero lo que les quiero decir es lo siguiente: Uruguay, Argentina, donde tienen ejercicios de esta naturaleza, que es que quien tenga un proyecto concreto pueda abrir una radio y pueda establecer comunidad, eso es impensable en este país.
Los medios comunitarios no solo se les va a dar únicamente el 10 por ciento de radio FM, sino que se dice, en las frecuencias altas, o sea, los mandan allá a donde no se escucha absolutamente nada, olvídense de financiamiento. Porque a ver, una cosa es que sea sin fines de lucro y otra cosa es que sea sin dinero. O sea, los estamos destinando al fracaso. Los estamos destinando a desaparecer. Qué radio comunitaria puede subsistir si no tiene ni siquiera los medios técnicos para poner la radio.
Estamos metiendo al bote de la basura la posibilidad de generar comunidad. Y no tenemos que verlo como un peligro. Esto tenemos que verlo como progreso. Necesitamos en este país organización ciudadana, no solo por cuestiones políticas, por todas las aristas que lo vean, esto nos conviene a todas y a todos.
Con respecto al tema de la publicidad, que a esto, por lo menos muchos les parece una cuestión muy importante. A ver, se permite 20 por ciento de publicidad, pero en realidad ésta se establece para el tema de comerciales. O sea, nosotros, si vemos una hora de televisión se permite que 20 por ciento de esa hora sea utilizado para comerciales.
Pero no se contemplan estos programas que todos nosotros conocemos cuando está la persona, no sé, hablando de futbol y atrás tenemos una costeña y quién sabe qué cantidad de publicidad. ¿Y esto qué es? ¿Esto no es publicidad? A ver, díganme si ustedes no conocen estos programas como los matutinos de Televisa; todo el tiempo lo único que están haciendo es publicidad a productos.
¿Cómo es posible? A ver, ¿la sociedad en qué se beneficia respecto a esto? ¿Por qué estamos permitiendo este abuso constante de las televisoras? ¿No podríamos nosotros regular que todo eso también esté contemplado desde ese 20 por ciento y que queremos 80 por ciento de verdaderos contenidos que sean libres de cualquier tipo de publicidad? ¿No podemos eso ponerlo en el centro del debate?
Y por último y ya como broche de oro, que me parece esto sí una barbaridad porque es no hablar con la verdad, no hablar de frente y tiene que ver con los temas, con el título de colaboración con la justicia. Se establece y subsiste en el dictamen aquello por lo que hubo tantas inconformidades y por lo que no se sacó la reforma hace algunos meses: subsiste bloqueo de señales, subsiste geolocalización, subsiste almacenamiento de datos y subsiste censura previa, y están en el articulado. Esto no puede ser posible, compañeros. No puede decir que por un lado se establezca el compromiso de quitarlos del dictamen y por otro lado sigan estando en estas leyes.
Lo único que les digo es: tenemos la oportunidad de pensar los medios de otra manera, no es una cuestión de tecnicismos, planteémoslo realmente porque estoy convencida de que cada uno de ustedes, si no fueran legisladores y no tuvieran que proteger esos intereses, también se lo exigirían a sus legisladores. Muchas gracias.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, diputada. Le concedemos el uso de la palabra, al diputado Federico José González Luna Bueno, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Hasta por cinco minutos, con una tolerancia de 12.
El diputado Federico José González Luna Bueno: Muchas gracias, presidente. Creo que estamos ante un momento histórico en nuestro país, no solo en la industria de las telecomunicaciones, sino en general en lo que es la historia del desarrollo económico y del aspecto tecnológico. Estamos ante una ley que definitivamente va a marcar un antes y un después. Se trata de una ley que contiene un cúmulo enorme de disposiciones en favor de los usuarios, en favor de la competencia, en favor del acceso a los millones de mexicanos que hoy carecen de estos servicios.
Esta minuta está centrada en tres aspectos básicos; en primer lugar en la promoción de la competencia; en segundo lugar en la persona o el individuo como protagonista de las telecomunicaciones y la radiodifusión; y en tercer lugar el papel promotor y subsidiario del estado para que exista más infraestructura y acceso a las tecnologías de la información, en salud, educación, en gobierno y en comercio.
Se trata de una minuta centrada en la persona cualquiera que sea su denominación, usuarios, suscriptor, consumidor o audiencia. Esto no lo podemos dejar de mencionar, ése es un aspecto clave de la minuta, rompe una inercia en el desarrollo de las telecomunicaciones y la radiodifusión que había venido dándose desde hace lustros.
Una inercia en la que nuestro país se muestra comparativamente como un país sumamente atrasado, un país en el que le estamos dando malos servicios a la gente, en que le estamos dando servicios muy caros y le estamos dando además pocos servicios. Prácticamente no hay un rubro en las estadísticas de la OCDE en que México no salga en último penúltimo lugar.
Realmente las cosas no podían seguir como estaban y era necesario un verdadero golpe de timón como lo es esta nueva legislación impulsada por el presidente de la República y que ha sido aprobada en su mayoría por el Senado de la República y que hoy es objeto de votación por parte de esta Cámara. Se rompe entonces una inercia negativa, una mala inercia y se crean mecanismos que detonarán seguramente una serie de nuevos servicios, más servicios, más inversión, más competencia.
La iniciativa o la minuta es amplísima en su contenido porque regula dos materias que por sí solas comprenden no una ley, sino un código como son las telecomunicaciones y la radiodifusión. Esto obligó a la conjunción en un solo ordenamiento legal de disposiciones de elevada complejidad técnica, como son las disposiciones en materia de telecomunicaciones, con otras de una enorme carga ideológica y subjetiva como son las disposiciones relativas a la radiodifusión.
Yo creo que esta minuta en ambos aspectos es una minuta sumamente equilibrada. Es, en mi opinión, absolutamente falso que sea una minuta que favorezca o privilegie al sector de las telecomunicaciones sobre el de la radiodifusión o viceversa. Es absurdo además este planteamiento porque son dos sectores diferentes. Son dos sectores y dos mercados aparte. Estos dos servicios están plenamente, cabalmente diferenciados y en aquéllos puntos en que hay una intersección de temas, no hay duda en que la minuta resuelve en favor de la competencia.
Básicamente me referiría al tema de la retransmisión de contenidos en los que la minuta sin lugar a dudas, retomando lo que dice la Constitución, establece la obligación para los concesionarios de radiodifusión de hacer disponible su programación de manera gratuita para los concesionarios de la televisión de paga. Se trata de una disposición única en el mundo que de hecho no tiene precedentes, que termina con un principio que es el consentimiento de retransmisión, que es al amparo del cual se desarrolla este modelo a nivel mundial.
En México hemos roto con eso, lo cual tiene un impacto violento –y hay que decirlo– sobre los derechos de autor, pero es una decisión que tomó en su momento el constituyente permanente y que ha sido respetada a cabalidad en la iniciativa.
Otro de los temas que más se ha mencionado es el tema de la preponderancia por sector y la preponderancia por servicio. En este caso se ha hecho de este tema un tema con una carga no sé si ideológica, pero sí claramente politizada en cuanto a si se favorece o no a una empresa o a un sector sobre el otro. Básicamente se menciona que esto tiene un impacto en beneficio de la televisión sobre las telecomunicaciones. Esto por supuesto que también es falso, porque estamos hablando de mercados aparte, de mercados diferenciados. Una cosa es el mercado de la televisión abierta y otra cosa muy distinta es el mercado de las telecomunicaciones que viene siendo un mercado mucho más complejo, que comprende mucho más servicios y cuya importancia, incluso para el bolsillo de los consumidores mexicanos, es muy diferente.
Un simple dato. Las telecomunicaciones en nuestro país alcanzan un valor por encima de los 420 mil millones de pesos al año y la radio difusión difícilmente llega a los 50 mil. Estamos hablando de cuestiones sumamente diferentes y claramente diferenciadas desde el punto de vista técnico y legal.
Quisiera decir en este tema de si la preponderancia es por sector o es por servicio tres o cuatro aspectos que me parecen fundamentales. Es sumamente claro, desde el punto de vista de la Constitución, que la preponderancia es por sector y no por servicio. Lo dicen claramente diversas partes de la exposición de motivos de la iniciativa, de los considerandos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Incluso cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones emite sus resoluciones en materia de preponderancia, tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión, no tuvo ninguna duda en que fuera por sector y no por servicio.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un instituto autónomo y no tenemos por qué presumir, porque no existen elementos para ello, que se esté actuando en contra de la Constitución o en contra de derecho. Es muy claro el contexto de que la preponderancia es por sector y no por servicio.
Quisiera decir que también es un falso debate y es un engaño el que se le ha pretendido hacer a la gente una y otra vez al señalar que si la preponderancia es por sector y no por servicio existe un servicio, particularmente el de la televisión restringida, que estará liberado. Es falso. Cuando hablamos de la preponderancia por sector que da vida, como figura principal para regular mercados, la figura del poder sustancial de mercado, que es la figura que establece la Ley Federal de Competencia como figura genérica para todos los mercados y todos los servicios.
Esta figura por supuesto que será aplicable no sólo a la televisión restringida, sino a cualquier servicio que exista en materia de telecomunicaciones o de radiodifusión en nuestro país.
Me parece que incluso en este falso debate, en este engaño que se le ha venido haciendo a la población una y otra vez no se ha dicho que el artículo 42 transitorio expresamente prevé que en 30 días naturales el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá iniciar las investigaciones para determinar si existe o no poder sustancial de mercado en materia de televisión de paga.
No se trata de darle la vuelta, no se trata de beneficiar a nadie, simplemente se trata de respetar la Constitución, lo cual en ocasiones parece que incomoda y duele mucho, pero realmente no estamos ante una cuestión ideológica; es una cuestión claramente de técnica jurídica que impone la resolución de preponderancia por sector y no por servicio.
Podríamos abundar mucho más en este tema y en otras particularidades, pero en respeto del tiempo de los demás no lo haremos.
Quisiera solamente señalar algunos aspectos que es fundamental que tengamos presentes al momento de emitir nuestro voto y que en mi opinión nos debe llevar a la convicción de que estamos realmente procediendo en beneficio de la gente y que de calle son innumerables las disposiciones de esta minuta que van a beneficiar a la gente.
No quiero decir que es una minuta perfecta, por supuesto existen aspectos que se podrían revisar, pero definitivamente son muchísimo más los aspectos que le van a llegar directamente a la gente, directamente al consumidor que va a hacer que nuestro país progrese, que atraiga inversiones, que genere empleos y que haga que las telecomunicaciones sean una verdadera herramienta de apoyo al desarrollo económico, social, educativo, cultura de la gente.
Señalaría varias cuestiones fundamentales. Por primera vez en nuestro país se establecen los derechos del consumidor en telecomunicaciones. Por primera vez en nuestro país se regulan los derechos de las audiencias. Por primera vez se establecen con gran claridad los derechos, la existencia misma de las estaciones comunitarias e indígenas.
Por primera vez se crea un sistema nacional público de radio y televisión a nivel nacional en el que queda garantizada a cabalidad su independencia y autonomía editorial para convertirlo en un verdadero órgano del estado y no del gobierno.
Será sin duda también por primera vez un gran impulso a la equidad de género, a la no discriminación y a los derechos de los indígenas en diversos rubros de la ley. También por primera vez se trata de manera amplia los derechos de los discapacitados y tanto en materia de radio y difusión como telecomunicaciones. Por primera vez se establece la figura del defensor de la audiencia.
Esta es una iniciativa y también hay que decirlo que refleja el trabajo que han venido realizando todas las fuerzas políticas presentes en la Cámara de Senadores, incluyendo los partidos de izquierda. Los partidos de izquierda según se ha podido apreciar, incluso en voz de su propio coordinador Barbosa, han actuado, han propuesto más de 70 modificaciones que han sido incorporadas.
Creo que debemos celebrar en realidad esta gran concurrencia de acuerdos y creo que se trata de una legislación que a raíz, precisamente, de estos acuerdos es una legislación mejorada, es una legislación mucho más completa.
Creo que también el Partido Acción Nacional y el propio Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde han tenido una participación continua, clara, transparente y muy franca en estas discusiones.
Quisiera concluir señalando con gran satisfacción al menos por lo que yo veo que se trata en esta reforma del primer aterrizaje de la primera concreción de las grandes reformas estructurales sobre las cuales han venido trabajando en nuestro país desde el inicio de este gobierno.
Creo que se trata de un aterrizaje muy bien hecho, de una concreción muy positiva, muy amplia de temas muy complejos, pero es claro que el compromiso del Poder Legislativo a partir de la propuesta de Poder Ejecutivo es definitivamente con las personas en cualquiera de sus aspectos, en cualquiera de sus características o perfiles. También como decíamos de la competencia y de acceso de las clases más desfavorecidas, muchas gracias.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias, diputado. Le concedemos el uso de la palabra al diputado Agustín Miguel Alonso Raya, adelante diputado para fijar la posición en lo general del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Agustín Miguel Alonso Raya: Gracias, buenas tardes a todos, a todas. La reforma constitucional estableció con toda claridad objetivos: garantizar el derecho a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones de todos los mexicanos, y defender el derecho a la información y a la libre expresión de todos los ciudadanos.
Busca una competencia efectiva en todos los sectores de telecomunicación y radiodifusión para beneficiar a los consumidores, reduciendo precios y aumentando cobertura y calidad de los servicios. Fortalecer al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que sea un órgano regulador autónomo robusto que pueda regular a las empresas en ambos sectores en beneficio de los consumidores.
La reforma constitucional establece que la radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia, calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población.
La reforma constitucional establece que el Congreso emitirá una legislación convergente, que propiciará la competencia en todos los sectores y mercados de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Reconocemos que en el dictamen establece medidas que beneficien a los usuarios en referente a, por ejemplo, la eliminación de la tarifa de larga distancia a partir de 2015 y el desbloqueo de los teléfonos celulares.
Yo incluso me preguntaría: ¿por qué hasta 2015 si podemos ponernos de acuerdo y plantear que en cuanto se publique el decreto se acabe el cobro de las llamadas de larga distancia? No veo ningún problema técnico para lograr una ecuación de esta naturaleza.
El dictamen establece un catálogo de derechos de los usuarios de las telecomunicaciones y la obligación de que el instituto y la Profeco colaboren compartiendo información sobre violaciones sistemáticas y recurrentes de los operadores contra los usuarios, y realicen acciones para la protección de los derechos de los mismos.
Con respecto a los derechos de las audiencias, el dictamen establece que el instituto dictará los contenidos básicos de los códigos de ética de las empresas de televisión y de radio, y que la violación a los mismos estará sancionada.
En el dictamen también se establecen explícitamente los derechos de las personas con discapacidad, los cuales buscan asegurar que dichas personas tengan acceso a los servicios de telecomunicaciones en igualdad de condiciones que los demás usuarios.
Las contradicciones del dictamen con la Constitución son las siguientes, y por esto nuestra postura. Con respecto a las facultades en materia de regulación y supervisión de contenido, que en el escrito de reforma constitucional le correspondían al instituto, el dictamen se las asigna en su mayoría a la Secretaría de Gobernación, llegando al extremo de sectorizar al naciente sistema público de radiodifusión del Estado mexicano a dicha secretaría; lo que no ocurre en Estados Unidos, Canadá o en cualquier otro país de la OCDE.
En materia de concesiones de uso social e indígena, el dictamen impide introducir un régimen simplificado para obtener sus concesiones y les prohíbe tener patrocinios o ingreso por publicidad; más allá de que las concesiones comunitarias o indígenas puedan recibir hasta 1 por ciento del presupuesto para publicidad de los gobiernos federales, estatal o locales para las comunidades indígenas, manteniéndolas en la pobreza permanente de recursos y prácticamente haciendo o impidiendo que tengan una posibilidad real de ser una alternativa y de sobrevivir en el marco de las condiciones en que las pone el dictamen.
Y yo no veo, yo no concibo y no veo la posibilidad real, sin ser ingenuos, de que cualquier estado, de cualquier país pueda regular monopolios sin fortalecer lo público y sin fortalecer lo social. Eso es ingenuidad aquí, en China, en Francia y en cualquier parte del mundo.
La Constitución señala que se debe buscar competencia efectiva en todos los mercados y servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en beneficio de los consumidores. No proteger a un monopolio sobre otro, el dictamen permite que un grupo televisivo aumente su control del mercado de televisión de paga, sin informar siquiera al instituto; la famosa cláusula CableCom, el 9o. transitorio en la ley.
En contra de lo establecido en la Constitución, el dictamen establece fuertes barreras para entrar al mercado de televisión de paga protegiendo las altas tarifas y la alta rentabilidad de un grupo televisivo que ya controla 67 por ciento de este mercado, en contra de los intereses de los consumidores. Se queda con varias de las frecuencias y del espectro radioeléctrico, y no las entrega, y repite los mismos contenidos, como tales.
La Constitución señala que los agentes económicos preponderantes deben determinarse con base en su participación en la prestación de los diferentes servicios de radiodifusión y telecomunicaciones; la redefinición de preponderancia del dictamen con base en la participación de los agentes de un sector sólo busca que un grupo televisivo pueda deshacerse de su condición de agente preponderante en radiodifusión, al no tener 50 por ciento de la audiencia, al agregarse la televisión abierta, con la de la radio.
En relación al instituto, el dictamen debilita su carácter autónomo, restringe sus facultades en materia de contenidos, deja opaco el mecanismo para la selección de comisionados; debilita el carácter colegiado de dicho órgano y es omiso respecto a sus mecanismos de evaluación y rendición de cuentas al obligar a que las tarifas del agente predominante de telecomunicaciones permitan que cualquier concesionario sea ésta una empresa eficiente o incompetente, tenga una ganancia al menos igual a dicho agente, el dictamen va a aumentar arbitrariamente los precios de los servicios de telecomunicaciones impidiendo que estos se reduzcan en beneficio de los consumidores.
El dictamen no le da facultades al instituto para resolver controversias sobre tarifas y condiciones de servicio entre los operadores y las dependencias públicas que le arrenden infraestructura, y no busca establecer puntos de intercambio de tráfico de Internet en el país haciendo que nuestro tráfico de datos-país siga pasando por la ciudad de Dallas.
Para que el instituto cumpla su obligación constitucional de establecer criterios para identificar concentraciones en la propiedad de frecuencias y medios de comunicación, como televisoras, periódicos, revistas y someterlas a una regulación, el dictamen señala que sólo debe actuar en casos en que no exista pluralidad en la información noticiosa de radio o televisión, lo cual es un criterio totalmente subjetivo que podría ocasionar que el instituto nunca actúe o que en sus medidas sean endebles jurídicamente.
Ante la alta concentración de la producción de contenidos, se observa en México el dictamen no establece mecanismos financieros obligatorios que fomenten la producción de contenidos audiovisuales independientes ni mayores incentivos para que al incrementar los tiempos para publicidad, cuando tengan más del 20 por ciento de su programación a producción nacional independiente.
Por lo tanto, compañeras y compañeros, lo que establecimos y lo que acordamos en la Constitución en el dictamen no es respetado. Se aplica en algunos de los servicios de telecomunicaciones, particularmente en el caso de la telefonía fija y de la telefonía móvil. Y reconocemos ahí los avances para los usuarios. No así en el caso de la televisión restringida y no así tampoco en el caso, o pone en riesgo cuando menos, todos muy débiles, las medidas que toma en todo el espectro de radio difusión.
Por eso la postura del Partido de la Revolución Democrática, como no hay una competencia efectiva como se establece, como no se contribuye a fortalecer el ejercicio democrático por parte del Estado mexicano, como no se fortalece la capacidad del estado a través de entes públicos que permitan regular de mejor manera y en favor de la población la radiodifusión y las telecomunicaciones, en función de ello el Partido de la Revolución Democrática, su fracción, votará en contra de este dictamen, sin dejar de reconocer los esfuerzos que se hicieron por mejorar la redacción, pero también sin dejar de reconocer al final de cuentas la claudicación de los actores y de los acuerdos que se tomaron para poder enfrentar a los monopolios, como debiera ser a partir de la reforma constitucional. Gracias, compañeras y compañeros.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, diputado Raya. Le concedemos el uso de la palabra a la diputada Beatriz Zavala Peniche, para que fije el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, compañera diputada.
La diputada María Beatriz Zavala Peniche: Sí, muchas gracias, compañeros legisladores. Con claridad, el sector de las telecomunicaciones en nuestro país, dista mucho de ser un referente de calidad a nivel internacional y los costos por los servicios que pagan los mexicanos están muy por encima de lo que pagan otros consumidores en el mundo.
De hecho, un estudio de la OCDE en 2012, sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México señalaba que la pérdida de bienestar atribuida a la disfuncionalidad del sector mexicano de las telecomunicaciones, se estimaba en 129 mil millones de dólares para el periodo comprendido entre 2005 y 2009. Es decir, 1.8 por ciento del producto interno bruto anual.
En ese escenario, la reforma en materia de telecomunicaciones es un hecho relevante. Los legisladores del Partido Acción Nacional hemos respondido a las demandas de las familias mexicanas que pagan altos costos por el servicio de Internet.
Escuchamos a los usuarios de telefonía celular que pagan cobros excesivos y reciben malos servicios. Asumimos el compromiso de insertar a México en la modernidad en telecomunicaciones. Con ese ánimo el trabajo legislativo debe traducirse en beneficios para los ciudadanos, no para los monopolios ni para las grandes empresas.
Por ello, la reforma en materia de telecomunicaciones que discutimos, traza una ruta para constituir un sector de telecomunicaciones que sea más competitivo, con mejores servicios, mejores contenidos, muy enfáticamente lo digo, mejores tarifas para los usuarios.
También la autonomía constitucional del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y las facultades que le han sido conferidas, son un atributo imprescindible para insertar a nuestro país en el escenario global de la competitividad y la vanguardia tecnológica.
Es a través del fortalecimiento de este Instituto que podrá éste emitir resoluciones que actúen en contra de los actores monopólicos y fomentar condiciones más equitativas de mercado, que se traduzcan en beneficios para los ciudadanos.
La reforma que estamos discutiendo concreta una serie de logros para el consumidor. Sin duda, hemos alcanzado acuerdos que se traducen en beneficios sociales directos. Por ejemplo, en la eliminación de las tarifas de larga distancia, en telefonía fija y móvil que resultaban excesivas y para muchos mexicanos, muy costosas.
Se recuperará en automático el saldo de prepago vencido al momento de una nueva recarga en teléfonos móviles y se establecen mecanismos para que los usuarios presenten quejas contra los proveedores que no cumplan con los estándares de calidad en las llamadas.
Asimismo, destaca modificaciones realizadas para que los usuarios de telefonía celular puedan consultar de manera gratuita el saldo de sus móviles cuando utilicen tarjetas de prepago. Y para que la portabilidad del número telefónico, es decir, el cambio de compañía se realice en un plazo no mayor de 24 horas.
Por esas razones estamos convencidos de que votar a favor de la reforma es de beneficio para los consumidores en telecomunicaciones. Y que votar en contra de eliminar tarifas de larga distancia o cobros excesivos en telefonía celular no es en beneficio de los ciudadanos que hoy necesitan estar más comunicados y que ya es un servicio básico estos medios de comunicación.
Los avances también en materia de derechos de audiencia son otro elemento fundamental del proyecto que discutimos, que entre otras cosas permitirán que personas con discapacidad accedan a los contenidos con mayor facilidad a través del subtitulaje, el doblaje al español o la lengua de señas en mexicano o a la mexicana, queremos decir.
Estamos dando pasos importantes para que los servicios de comunicaciones sean universales, ya que dentro de las metas de la reforma se establece que se llevará el acceso a Internet de banda ancha a escuelas, hospitales y edificios públicos. Esto lo apoyamos muchísimo en la reforma constitucional y se esbozó en la reforma constitucional en la materia.
Es a través de una red pública del estado para conectar 250 mil sitios públicos que acercarán a la población en general a estos servicios.
También por esta razón votamos a favor en lo general y coincidimos en que los avances logrados, que fortalecen las mejores prácticas de mercado en el sector, dan certeza a los usuarios para el ejercicio de sus derechos, y en consecuencia, reiteramos que en lo general votaremos a favor de la minuta que llegó del Senado.
Sin embargo, hay que señalarlo, la minuta, esta minuta del Senado que nos llegó, mantiene una serie de disposiciones que son regresivas y atentan contra los derechos de los mexicanos. Entre otras importantes y porque no todo es preponderancia está el bloqueo de señales de telecomunicaciones, la retención de datos de los usuarios y también la geolocalización discrecional con dispositivos.
También se omiten propuestas como el de incluir instrumentos para informar sobre eventos que signifiquen un riesgo para la población, relativos a la búsqueda de localización de personas, como es la Alerta Amber y la Alerta Sísmica. Queremos precisar que en relación al bloqueo de señales persiste la posibilidad de que autoridades ordenen la interrupción de las señales de telecomunicaciones de manera arbitraria. El artículo 190, fracción VII, señala que los concesionarios podrán realizar la suspensión inmediata del servicio de telefonía cuando así lo instruya la autoridad competente, no específica qué autoridad, para hacer cesar –nos dicen– la comisión de delitos.
Esta disposición constituye una medida desproporcionada que atenta contra la libertad de expresión y que en ciertos contextos como el de la protesta social podría atentar de manera grave contra la integridad y seguridad de la ciudadanía y podría impedir la documentación de violaciones a derechos humanos e incluso la labor periodística.
Al respecto de la retención de datos, en el artículo 190, fracción II, se insiste en mantener una obligación de que los concesionarios retengan de manera indiscriminada vastas cantidades de datos sobre las comunicaciones de los usuarios de telecomunicaciones y se amplían las obligaciones de retención a 24 meses. Este tipo de disposiciones ya han sido declaradas inválidas, por ejemplo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y denunciadas como incompatibles con el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión por parte del relator especial sobre libertad de expresión de la ONU.
Respecto de la geolocalización, en el dictamen se autoriza la localización geográfica en tiempo real y el acceso a datos de comunicaciones sin controles mínimos necesarios para inhibir su abuso; es decir, se permite la localización en tiempo real sin establecer los supuestos respecto de los cuales puede autorizarse dicha geolocalización. Tampoco se establece una autorización judicial ni ningún otro control a lo que pueda ser abuso; es decir, se amplían las facultades de vigilancia, como la geolocalización, el acceso a datos para instancias de seguridad, pero ésas no están definidas en la ley.
En cualquier caso no se establecen en ésta o en otras leyes un límite para la utilización de este tipo de facultades de vigilancia, que pueden resultar importantes cuando hablamos, por ejemplo de delitos que en ese momento se estén cometiendo, pero se necesita una precisión de la autoridad competente y las órdenes judiciales de vida.
Tampoco se contemplan medidas contra el abuso de estas medidas como la supervisión independiente o el derecho a notificación al afectado. Esto nos parece importante en materia de justicia.
Realmente advertimos que ésta es una reforma muy importante en el sector de telecomunicaciones. Creemos que se dan muchos beneficios a los usuarios, que ayuda a agilizar y a dar facilidades a la comunicación a la población de México que no la tiene, pero sí en estos temas creemos que se está yendo más allá y que entonces no queda garantizada la libertad de expresión, no queda garantizada la privacidad.
Nosotros en el Partido Acción Nacional estaremos votando a favor –como lo hemos expresado en esta comisión, así lo haremos– porque coincidimos en los beneficios. Pero sí, en su momento, haremos las reservas necesarias a lo que aquí hemos planteado y que creemos constituye limitantes a la libertad de expresión y a la privacidad de los ciudadanos. Muchas gracias.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, diputada. Le concedemos el uso de la palabra a la diputada Sue Ellen Bernal, para que fije el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputada.
La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik: Gracias, presidente, y con su venia. Compañeras y compañeros legisladores. Hoy nos encontramos en un entorno sumamente favorable para el debate, en una coyuntura que nos permite definir de cara a la población el sentido de nuestro voto en un tema tan importante para el país como es el de las telecomunicaciones.
Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor del presente dictamen toda vez que el mismo conlleva importantes beneficios para la población tales como la eliminación del cobro de larga distancia en telefonía fija y móvil a partir del primero de enero de 2015, apegándonos para ello no sólo a las mejores prácticas internacionales y a la lógica que impone el desarrollo tecnológico, sino también a una demanda sentida de la población que ha sido tratada en múltiples ocasiones en esta Comisión de Comunicaciones y que consolida la lucha que muchos de nosotros hemos realizado para poder eliminar esa larga distancia.
Además, los usuarios de telefonía celular tendrán conectividad en todo el territorio nacional y con tarifas justas, ya que la nueva ley les permite a los operadores no preponderantes celebrar acuerdos de roaming para complementar su cobertura y obliga al operador preponderante a dar el servicio independientemente de la compañía.
Se establece un amplio catálogo de derechos como son la posibilidad de cancelar el contrato celebrado por los operadores en caso de que cambien las condiciones que originalmente contrató el usuario. Realizar el cambio de una compañía a otra conservando el número telefónico en 24 horas de manera gratuita. Recibir equipos terminales desbloqueados, bonificaciones y descuentos por las fallas en los servicios. Además, se crea la figura del defensor de las audiencias, quien será el responsable de dar seguimiento a las quejas, sugerencias y peticiones de los usuarios.
Atentos a lo previsto en el catálogo de derechos humanos previsto en la Constitución, los concesionarios deberán contar con equipos con funciones para personas con discapacidad motriz, visual y auditiva. Las páginas de Internet de los concesionarios deberán ser accesibles y permitir conocer las condiciones contractuales.
Se establece la obligación para los concesionarios de implementar el servicio de closed caption, de tal forma que los canales de televisión con penetración de señal en más de 50 por ciento del país deban contar con subtitulaje, doblaje al español o el lenguaje de señas en un máximo de 36 meses, equivalente a tres años.
A efecto de promover la accesibilidad a los usuarios demandantes de servicios de telecomunicaciones, los concesionarios podrán prestar a través de una concesión única todos los servicios de telecomunicaciones, servicios de televisión restringida, voz, datos e Internet de banda ancha en un solo paquete y por medio de una sola tarifa.
La Profeco y el Ifetel sancionarán al concesionario que no cumpla con el estándar de calidad y tendrán un mecanismo para restituir a los usuarios afectados. Además, la Profeco tendrá un órgano especializado encargado de recibir y atender quejas. Asimismo, el Ifetel permitirá la multiprogramación en los canales concesionados, con lo que existirá una mayor oferta de contenidos para la población, al hacer un uso más eficiente del espectro radioeléctrico con el uso de tecnologías modernas.
No debe quedar duda de que la legislación le da amplias facultades al instituto para que regule sus servicios tanto a los sectores como a los mercados e imponga las medidas para asegurar una competencia efectiva.
En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de que esta es una legislación a favor de los consumidores y en contra de los monopolios.
Compañeras y compañeros legisladores: los beneficios de la reforma en telecomunicaciones no son retóricos, sino tangibles y verificables. Respetamos a quienes hagan de la negación de los avances en esta materia una bandera discursiva, pero los hechos ahí están y demuestran el compromiso de nuestra fracción parlamentaria por fomentar la competencia, defender la libre expresión y la circulación de información, así como combatir los monopolios, tal y como lo ordena el artículo 28 constitucional. Por su atención muchas gracias.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias, diputada. Conforme a lo previsto en el propio acuerdo previamente aprobado, esta presidencia abre el debate a la discusión con oradores a favor y en contra.
Tenemos registrados en contra a la diputada Lilia Aguilar Gil, la diputada Roxana Luna Porquillo, la diputada Gloria Bautista Cuevas, la diputada Luisa María Alcalde Luján, el diputado Fernando Belaunzarán Méndez y la diputada Alfa Eliana González Magallanes. Para hablar a favor tenemos registrada a la diputada Cristina Olvera Barrios, la diputada Ana Lilia Garza Cadena y al diputado Homero Niño de Rivera Vela.
Deseo señalar que en el transcurso de la discusión podrán inscribirse más oradores a favor, en el evento que así se ha solicitado a esta mesa, bajo el entendido de que si hay más oradores que deseen hacer uso de la palabra se va a someter a consideración de la asamblea, con la mejor apertura posible, tal como fue comentado, no necesariamente acordado pero sí comentado, entre las juntas directivas de ambas comisiones.
En tal virtud, le concedemos el uso de la palabra a la diputada Lilia Aguilar Gil para hablar en contra del dictamen que se presenta el día de hoy y en esta ocasión ahora sí rogándole que nos ajustemos al tiempo concedido que es hasta por cinco minutos. Adelante, diputada.
La diputada Lilia Aguilar Gil : Muchas gracias y trataré de hacerlo así, señor presidente; sin embargo, el debate desgraciadamente tiene tantas aristas económicas como técnicas que no podríamos solamente restringirnos a ese tiempo.
Empezaría por –y lo hago siempre con mucho respeto– poner en controversia lo que se ha dicho en los planteamientos de aquéllos que se han pronunciado a favor de esta reforma. Se ha dicho que hay grandes logros, y lo pongo entre comillas porque estos logros evidentemente se habían alcanzado ya con la reforma constitucional, pero también con la determinación de preponderancia que efectivamente ya había hecho el martes pasado el IFT.
Entonces, los logros –y esto lo hago para quienes nos escuchan, para los ciudadanos–, los grandes logros son:
Acabar con la larga distancia y los reconocemos y esa ha sido una batalla de los ciudadanos pero hasta 2015. Los acuerdos de roaming para aquellos competidores que quieren entrar al mercado, pero solamente en un acuerdo con el actor preponderante.
Mantener nuestro número telefónico de celular y hacer el cambio en 24 horas. Toda una ley para eso. Que se nos desbloqueen nuestros equipos como sería nuestro derecho, pero siempre y cuando terminemos el contrato de servicio. Una oferta aparente de contenidos porque ahora habrá dos nuevos canales de televisión que estarán en manos de dos nuevos grandes poderes económicos de este país, pero se limita también la creación de contenidos independientes. Estos son los grandes logros de esta reforma de telecomunicaciones.
Por otro lado, las objeciones que nosotros hemos presentado, pero que además se han reconocido por aquellos que han dado estos recursos a favor, son grandes violaciones de los derechos humanos, específicamente en el tema de geolocalización, de bloqueo de señales y de la –les pediría si no les molesta a los presidentes, muchas gracias–, en el tema de contenidos... No, señor presidente, no es que no me haya gustado, nada más que estaba yo hablando y se escuchaba demasiado ruido. Disculpe usted, el tema de retención de datos y evidentemente lo que ya comenté en el tema de geolocalización.
Específicamente, ¿Qué es lo que se atribuye en el bloqueo de señales? Finalmente, que se nos bloqueen las señales de teléfono celular cuando la autoridad –no sabemos qué autoridad–, así lo determine de manera autoritaria.
Como se hizo, y para poner un ejemplo muy claro, en el movimiento árabe, para que los egipcios no se pudieran organizar se les bloqueaban las señales porque su manera de comunicación era a través, precisamente, de Facebook y de Twitter, ahora el Estado mexicano se arroga esta atribución, la geolocalización que se puede hacer por parte de las procuradurías de los estados, de la Procuraduría General de la Nación sin autorización judicial y de manera muy grave la retención de los datos, por parte de los concesionarios, ni siquiera la autoridad.
Es decir, los concesionarios podrán retener los datos no saben para qué ni con qué objeto ni qué fines tendrá esta retención de datos.
Yo simplemente les diría a quienes se han definido para votar a favor de esta reforma si lo que se ha señalado como pro, en comparación con los contras es suficiente para que no nos sentemos a debatir. Yo termino en una controversia sobre la verdadera competencia que facilita esta reforma.
Se dice que se abre a la competencia porque se hacen dos cadenas de televisión –que ya lo hacía la reforma constitucional– pero se limita, como ya se ha dicho, la creación de contenidos independientes.
Por otro lado, se crea así la facilidad supuestamente de la creación o de la legalización de las radios comunitarias e indígenas, pero se les margina para que no puedan tener ni un centavo de patrocinio y para que estén en las frecuencias más altas, como determinará aparentemente la autoridad.
Se dice que habrá más competencia pero yo les pregunto —y se los pregunto con honestidad para aquél que me lo pueda contestar—: ¿cómo se abrirá la competencia para aquellos pequeños empresarios que quieran entrar al mercado de telecomunicaciones y que no tengan la gran acumulación de dinero, cómo pueden ser los que ya están en el mercado de la prensa escrita, probablemente, o los que ya están jugando en el mercado de telecomunicaciones?
Y cerraría haciendo una petición a aquél que ha dicho que el tema de la preponderancia es un falso debate. En efecto, el tema de haber creado una figura no especificada como es el tema de la preponderancia no es un falso debate. Evidentemente afectará al mercado y no genera competencia, sino simplemente parece que lleva la balanza de un lado o de otro. Si la preponderancia se declara por sector, aparentemente beneficia a una televisora o a las televisoras. Si la preponderancia se determina por servicio, entonces aparentemente beneficiará a Telmex.
¿Es esto un falso debate? Me parece que es el centro del debate que debemos conocer los legisladores y no lo estamos haciendo porque estemos protegiendo a un actor económico u a otro. Yo lo pregunto con bastante honestidad: ¿dónde está el falso debate? Que nos expliquen cómo funcionará y cómo afecta realmente el mercado la determinación de preponderancia por sector.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Diputada, respetuosamente le pido que concluya.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias, qué amable. Ahora tiene el uso de la palabra la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Adelante, diputada.
La diputada Cristina Olvera Barrios: Con su permiso, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el análisis y discusión de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es una oportunidad para regular un sector que es vital para el desarrollo y democratización de nuestro país.
La reforma constitucional aprobada por el constituyente en telecomunicaciones y radiodifusión planteó un cambio de fondo en el sector. Ahí tenemos la obligación de legislar por el interés general y ese interés tiene que ver con que recibamos mejores servicios de telecomunicaciones a tarifas competitivas; pero sobre todo a que del mercado de radiodifusión las mexicanas y los mexicanos reciban información plural y contenidos de calidad.
En congruencia con el compromiso político del Grupo de Nueva Alianza, asumido desde la reforma constitucional consideramos que la minuta del Senado rescata aspectos que son necesarios para impulsar la competencia en el mercado de las telecomunicaciones, y la radiodifusión.
Se fortalecen los derechos de los usuarios y las audiencias; se norman los contenidos dirigidos a nuestras niñas y niños, establecen mecanismos de accesibilidad para las personas con discapacidad, y se amplían las alternativas de contenidos de calidad al promover la producción independiente y la entrada a nuevos competidores en la televisión abierta.
Con la aprobación de esta legislación se concreta primero, el fortalecimiento de los derechos vinculados con la libertad de expresión e información y establecimiento del derecho al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Y a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones incluyendo la banda ancha.
La aprobación de las medidas de fomento a la competencia en televisión abierta restringida, radio, telefonía fija y móvil, servicio de datos y telecomunicaciones en general, para asegurar la competencia efectiva de todos los segmentos.
La generación de condiciones para incrementar sustantivamente la infraestructura y la obligación de hacer más eficiente su uso, la cual tiene un impacto directo en la caída de los precios, y en el aumento de la calidad de los servicios.
Para Nueva Alianza, en política no existen los absolutos es todo o nada. Estamos convencidos de que en procesos altamente complejos se presentan cambios de manera gradual que deben servir para llegar al punto de perfecto equilibrio. Hoy tenemos frente a nosotros una minuta de ley que transforma radicalmente la forma en que se opera en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.
Es claro que existen insuficiencias que como legisladoras y legisladores debemos atender, pero tampoco podemos soslayar, que a diferencia de la ley anterior, el marco jurídico que estamos por discutir permitirá tener un sector lo suficientemente consolidado para incluir el desarrollo económico y político de nuestro país.
En consecuencia, Nueva Alianza, en lo general está de acuerdo con la minuta enviada por la colegisladora, pero nos reservamos nuestro derecho a presentar las reservas en lo particular, porque consideramos que aún podemos mejorar esta ley que ha despertado altas expectativas entre todos los ciudadanos.
Nueva Alianza se compromete una vez más con las demandas de la población y reconoce la necesidad de seguir trabajando para lograr mayores beneficios para ella. Enalteceremos el compromiso de la inclusión y respaldamos acciones concretas que permitan hacer efectivo cada uno de los derechos fundamentales que han sido consagrados en la Constitución Política. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, compañeros legisladores.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias, diputada Olvera. Ahora le concedemos el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, a la diputada Roxana Luna Porquillo, para hablar en contra por parte del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputada.
La diputada Roxana Luna Porquillo: Compañeros y compañeras diputados, el derecho a la comunicación pertenece a las personas y a las comunidades, es un bien público fundamental para poder lograr una democracia real.
Sin embargo, este dictamen que consta de 315 artículos y 44 transitorios de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se encuentra totalmente en contradicción con lo que ya estaba establecido y además constituye la legislación confeccionada a intereses millonarios de la cadena de televisión que impera en nuestro país, privilegiando a los concesionarios y no a las audiencias, debilitando a los medios públicos, indígenas y comunitarios, lo mismo que a los productores independientes, aumentando las facultades de la Secretaría de Gobernación sobre el sector de radiodifusión a costa de este instituto, como un órgano autónomo, sentando las bases para la violación de los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, la libertad de información, el derecho a la privacidad a través de la legalización de la censura y el control de las ideas.
Los retrocesos planteados en esta iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión presentan preocupantes omisiones, pérdidas y retrocesos frente a la reforma constitucional. Lo anterior me permite fijar mi posición, lo cual es en contra de este dictamen.
Pugno por el respeto absoluto al mandato de la reforma constitucional de telecomunicaciones y su desarrollo en la legislación secundaria, en estricto apego a los principios propersona y progresividad de contenidos en el artículo 1o. constitucional.
Hago un llamado a los diputados por velar por los intereses de la ciudadanía en el ámbito de telecomunicaciones y no al servicio de poderes fácticos, por lo que es de suma importancia de llegar a un consenso para sembrar de manera responsable las bases mínimas que inciden en el desarrollo de las telecomunicaciones en México.
Entre las directrices fundamentales que sí deben impulsarse y no dejarse de lado son las siguientes:
1. El fortalecimiento de la libertad de expresión y de información, rechazando en cualquier momento el intento de menoscabar el ejercicio de estos derechos fundamentales;
2. Hacer posible una competencia real, tanto en las telecomunicaciones como en la radio y la televisión, así como en las disposiciones para eliminar las prácticas monopólicas discriminatorias y fenómenos de concentración contrario al interés público;
3. La eliminación del control gubernamental en el manejo de la información en los medios de comunicación electrónica y la vigilancia de la transmisión de contenidos;
4. El desarrollo de lineamientos que impulsen la pluralidad y la diversidad de medios, fortaleciendo a los de uso público, social, comunitarios e indígenas, en los que se encuentra en verdadero equilibrio y el contrapeso al modelo mercantilista de la radiodifusión;
5. Garantizar la subsistencia y la no discriminación para los medios comunitarios indígenas, libres y sociales;
6. El acceso universal a las tecnologías de información, incluyendo la neutralidad a la red, así como la garantía de privacidad y resguardo a los datos personales;
7. El reconocimiento de las personas con derechos específicos, en relación con la comunicación personas de discapacidad, mujeres, niños y niñas.
Como bien podemos entender, el tema de las telecomunicaciones constituye una gran parte importante de la columna vertebral de nuestro país. Basta decir que este sector crece dos o tres veces más rápido que el resto de la economía y que nuestro país ocupa el segundo lugar de mercado a nivel Latinoamérica en materia de telecomunicaciones, con un valor de mercado de más de 28 mil millones de dólares. Por eso se entiende lo rentable que le resulta este negocio a las grandes televisoras y empresas de telecomunicaciones.
Es bien sabido que de no tomarse las medidas, los monopolios seguirán manteniendo el control sobre las telecomunicaciones. A su vez tendrán el control sobre las decisiones políticas de la nación, incluso, descaradamente, como es el caso. Y hoy se podrá negociar, en épocas electorales, para seguir adquiriendo mayor poder.
Este dictamen pretende seguir patrocinando al monopolio televisivo mediante especificaciones técnicas y porcentajes desproporcionados y descarados de publicidad a favor de los concesionarios comerciales, a través del cambio de palabras con magnitudes millonarias, como es el sector por servicio.
Que el noveno transitorio pretende hacer efectivo, a expensas de seguir consolidando lo que se supone que se llevó en la reforma de telecomunicaciones.
Señoras y señores diputados, no podemos dejarnos sorprender por definiciones técnicas, que lo único que pretenden es jugar con nuestra inteligencia para tratar de ocultar el panorama de retroceso a que invita el dictamen de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en este retroceso.
Hoy nos enfrentamos al reto más grande e importante, que es el sobreponer los intereses generales a los intereses de un grupo.
Los ciudadanos y los usuarios de telecomunicaciones merecen un servicio de calidad, y principalmente, salvaguardar sus derechos ante los contratos desmedidos que muchas ocasiones son prácticamente impuestos por los preponderantes.
Es momento de dejar claro el mensaje de que entendemos perfectamente que esta ley simboliza un regalo para pago de favores electorales del pasado, o bien, los favores que están por venir.
Y además, entendemos perfectamente que no se trata de un avance a la democracia para este país. Los problemas de inconstitucionalidad, las omisiones a mandatos constitucionales, las influencias y los sesgos producen una legislación desequilibrada entre los agentes económicos de las telecomunicaciones y la radiodifusión, así como la marcada desigualdad entre los medios comerciales frente a los públicos y sociales. Entre ellos, las importantes, cómo son las comunidades y pueblos indígenas a quienes se les termina discriminando.
Por todo lo expuesto es que invito a mis compañeros diputados y diputadas a tomar una decisión seriamente valorada en pro del beneficio nacional y de un grupo político-económico. Es cuanto, señor presidente.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias, diputada. Le concedemos el uso de la palabra a la diputada Ana Lilia Garza Cadena, para hablar a favor del dictamen en lo general, rogándole esta presidencia que nos atengamos al tiempo.
La diputada Ana Lilia Garza Cadena: Y así será. Con el permiso de la presidencia. Compañeros diputados y diputadas, es para mí un honor tomar parte en esta discusión, en este debate, que sin lugar a dudas es un debate que genera diferentes puntos de vista encontrados; sin embargo no debemos perder la vista de un antes y un después en la regulación de las telecomunicaciones, basta recordar la ley que rige actualmente a la radio y televisión es de 1960, del año de 1960, y si bien ha habido algunas reformas posteriores, nunca ha habido unas reformas tan trascendentales como las que se están llevando el día de hoy.
Pero, ¿por qué? La tecnología es una ciencia dinámica, el acceso a la información y a las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día hace tan corto como cinco, o 10, o un año, no existían. Hoy tenemos la oportunidad de regularla. Hoy tenemos la oportunidad de que esa regulación sea dinámica, que la ley es perfectible, que la ley no es algo estático es cierto y mucho menos una ley como algo que trate de regir el mercado de las telecomunicaciones.
No podemos dejar de ver todos los objetos positivos que por primera vez se están regulando en esta legislación, por primera vez se están reconociendo a las radios comunitarias, y yo agregaría radios comunitarias indígenas, todo es perfectible, pero por primera vez se les está reconociendo; por primera vez se les está dando un espacio y un esquema de financiamiento; por primera vez también se están ofreciendo beneficios directos, tangibles a la comunidad.
¿Cómo cuáles? No pagos de pagos que hoy en día gracias a la tecnología no son necesarios. ¿Cómo cuáles? Las grandes distancias. Ha sido manejado por los medios –y esto es cierto– que a partir de enero del año 2015 se dejará de pagar un cobro que no tiene motivo ya de cobrarse y esto generará 19 mil millones en ahorro, ahorro directo a los usuarios.
Otro de los beneficios directos que anteriormente no se conocían, es el respeto a los derechos de los usuarios y a las audiencias, va a haber una regulación asimétrica, una regulación asimétrica y también vamos a reconocer a las empresas dominantes. Los equipos de telefonía que anteriormente no existían hoy van a estar regulados y regulados al detalle de decir, los equipos de telefonía se tendrán que entregar desbloqueados. ¿Qué significa eso? Que será el usuario, el usuario, estos son beneficios para los usuarios; que será el usuario el que podrá escoger con qué prestador de servicios escoge que sea su proveedor, ni que éste le pueda negar el que el aparato pase a manos de un proveedor diferente, es un beneficio tangible.
Cómo no pensar en una ley que es incluyente, que por vez primera toca el tema de la discapacidad. Y toca el tema de la discapacidad más allá del acceso al discapacitado a espacios físicos, es abrirles al mundo a las personas con discapacidad a través de los subtítulos. Cómo no agradecer que esos temas humanos sean incluyentes. Cómo no agradecer el que una televisora o un medio de televisión tenga la obligación de hacer subtítulos o bien de lenguaje por signos. Estos eran temas que anteriormente nunca habían sido tocados y creo que lo que sí tocan es el bolsillo y las necesidades de la comunidad directa.
Hablando en materia económica, viene un mercado que con diferentes leyes va a ser fortalecido. Vienen dos nuevas cadenas de televisión. Podrán ser muy discutibles los beneficios de estas dos nuevas cadenas y cuál va a ser la forma en la que se van a concesionar, pero va a haber un procedimiento. Ya hay un instituto que está facultado para que este procedimiento sea el adecuado. ¿Cómo no festejar el que va a haber diversidad en cadena nacional? En fin.
Creo que por vez primera también se establecen sanciones para quien infrinja la Ley de Radio y Televisión -y sanciones muy onerosas-. Estamos hablando de sanciones que llegan hasta el 10 por ciento de los ingresos de los concesionarios. Creo que este tema también es un tema muy delicado del que no hemos hablado, pero es un tema muy delicado también para el concesionario y para la industria. Sin embargo se están estableciendo sanciones que no son sanciones fáciles. No son multas insignificantes.
Podríamos seguir hablando muchísimo de los beneficios que tiene esta ley, sin embargo solamente con esto es que el Partido Verde Ecologista que hoy yo represento y, en mi nombre propio, no puedo hacer más que invitarlos a no perder la oportunidad que tenemos hoy de marcar un antes y un después en la regulación de las telecomunicaciones. Recordemos que ninguna ley es estática y la de Telecomunicaciones, por su propia naturaleza, es imposible que lo sea. El tema es que hoy empezamos. Muchas gracias, presidente.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, diputada, y un reconocimiento por haberse ajustado al tiempo. Le concedemos el uso de la palabra para hablar en contra a la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Gloria Bautista Cuevas: Gracias. No se ajustó al tiempo, disculpe, presidente, porque se pasaron 48 segundos. Perdón. Hoy me quiero pronunciar por el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas a adquirir, operar y administrar sus medios de comunicación. Han transcurrido más de 20 años desde que se reconoció oficialmente en México nuestra pluriculturalidad, el plurilingüismo y la diversidad étnica.
Sin embargo, estamos aún lejos de asimilar este hecho a cabalidad y de actuar en consecuencia, asumiendo con dignidad nuestra rica diversidad. Por el contrario, persiste un abierto rechazo al pensamiento, a las personas y comunidades indígenas y un agudo desprecio a sus opiniones.
La voz y la cultura de por lo menos 15 millones de mexicanos y mexicanas están silenciadas y desconocidas por los grandes monopolios de la comunicación. Este vacío legislativo en el espectro radioeléctrico no permite ejercer el derecho humano de la comunicación indígena en nuestro país. El cerco del monopolio informativo y de producción audiovisual es uno de los principales obstáculos, al mismo tiempo que se criminalizan las iniciativas comunitarias y se desvirtúa la cultura indígena.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Unesco, ha puntualizado que la comunicación y los medios son clave para la sensibilización, el intercambio de conocimientos y el apoyo a un debate más amplio sobre los saberes, la cultura y los valores indígenas. Señala con profunda claridad que las radios comunitarias son un mecanismo de divulgación que permite aumentar el acceso a la educación, la expresión personal y de la comunidad, especialmente en el ámbito rural y en el caso de poblaciones que se encuentran en lugares de difícil acceso.
Estamos convencidos de que la comunicación indígena e intercultural se convierte en una herramienta insoslayable para la supervivencia y desarrollo de las comunidades indígenas. Es una actividad clave para fortalecer a los pueblos y comunidades que les permite compartir información útil para tomar mejores decisiones, facilita el diálogo con la sociedad no indígena y puede contribuir favorablemente a propiciar políticas públicas incluyentes y democráticas, tal y como lo ha reconocido la Organización de las Naciones Unidas.
Se trata del derecho para establecer sus propios medios de información en sus idiomas y para acceder a los demás medios de información no indígenas, sin discriminación ni prejuicios.
La cultura de los pueblos indígenas es un potencial económico que debemos aprovechar para resolver grandes problemas nacionales como el medio ambiente, conocimientos tradicionales, aprovechamiento de recursos y respeto a la naturaleza y a la vida.
Estamos seguros, como lo han manifestado diversos analistas, de que la comunicación es un derecho humano y no un mero negocio. La comunicación es un instrumento para la formación educativa, cultural y ciudadana de la audiencia, un mecanismo, además, para infundir valores y sentidos de pertenencia para fortalecer las identidades nacionales y regionales. Espero el debate el día de hoy y no el mero silencio.
Hemos observado que en la iniciativa de ley secundaria que presentó el Ejecutivo en el Senado no existe una propuesta específica para hacer efectivos los derechos constitucionales en materia de radiocomunicación que establece en la fracción VI del artículo 2, que señala la obligación del Estado mexicano para la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación, establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación en los términos que las leyes de la materia determinen, y 28 constitucional, párrafo decimosexto, que establece el derecho a las concesiones de radiodifusión y las telecomunicaciones indígenas y comunitarias sujetas a los artículos 2o, 3o, 6o y 7o de la Constitución.
Tenemos todos los fundamentos jurídicos y humanos para reclamar este derecho postergado: Convenios, pactos, declaraciones e informes internacionales son nuestras armas jurídicas, nos cobija el Convenio 169 de la OIT, la declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, la declaración de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información de Ginebra 2003 y Túnez 2005 y el informe de misión de la relatorías de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en este sentido nos pronunciamos para que este Congreso adopte una legislación que responda a las exigencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y organismos internacionales para desconcentrar los monopolios de radiotelecomunicación y contribuya a generar un espacio mediático, plural y accesible a todos los sectores de la población.
Uno. Nos pronunciamos porque se reconozcan las reservas del espectro para los medios de radio telecomunicación indígena.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Diputada, respetuosamente se le solicita tratar de ajustarse al tiempo.
La diputada Gloria Bautista Cuevas: Concluyo, concluyo presidente.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Bajo el entendido que si desea tener otra participación con muchísimo gusto lo haremos.
La diputada Gloria Bautista Cuevas: Yo les conmino a que por el bien de todos respetemos los derechos de los que nada tienen. Muchas gracias.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, diputada. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Homero Niño de Rivera para hablar a favor por parte del Partido Acción Nacional en pro del dictamen.
El diputado Homero Ricardo Niño de Rivera Vela: Gracias presidente. Compañeras y compañeros. Esta reforma que por supuesto es histórica y ya se ha dicho aquí mucho, me atrevo a asegurar que es la reforma estructural a la que más tiempo en debate y en discusión le hemos dedicado en esta legislatura.
Me llama mucho la atención que alguien venga a decir aquí, al final del debate, porque esto no es más que el penúltimo día después de casi dos años de estar debatiendo esto, que alguien venga a decir aquí que nos ha faltado tiempo.
Hace más de un año discutimos largamente y finalmente votamos la reforma constitucional en marzo. Nosotros nos pusimos un término que no cumplimos, estamos ya en falta y todavía hay quien dice hoy que falta que debatamos más.
No hemos dejado de tener reuniones, eventos, foros, discusiones, en el pleno, en comisiones, reformas a la Constitución, etcétera, ya estamos terminando, mañana se acaba. Hemos estado toda la legislatura en esto.
El espíritu de la reforma -ya se ha dicho aquí-, fue la apertura de un mercado relevante, de mercados relevantes y por supuesto eliminar la concentración, ¿para qué? Pues para que tuviéramos mejores servicios y mejores precios.
Ese es el objetivo y estoy convencido que lo hemos cumplido con creces. No solo mi compañera Beatriz Zavala ya enumeró algunos, también el compañero Miguel Alonso Raya, del PRD, enlistó todos los beneficios sociales que impactan positivamente en el bolsillo de los mexicanos, lo reconoció y dijo cuáles.
Esta reforma en verdad es importante e histórica porque sí impacta directa e inmediatamente en el bolsillo de los mexicanos. Tenemos años peleando lo de las tarifas telefónicas, años peleando la apertura para que hubiera más cadenas de televisión, años peleando la larga distancia en comunidades cercanas. Son logros históricos por los que deberíamos estar orgullosos de estar cumpliendo entre hoy y mañana.
Por supuesto, como cualquier norma, como cualquier reforma puede que tenga muchas áreas de oportunidad. Pues ni modo, el tema legislativo nunca termina y hay una gran oportunidad de mejoras en éste y en cualquier otro tema.
Toco en estos últimos dos minutos el tema de la preponderancia. Es mentira que sea el único, el más exclusivo y el más importante término para regular este mercado sustancial. Incluso la preponderancia ni siquiera está en el constituyente permanente, no la pusimos en la Constitución. No está en una norma sustantiva, está en un artículo transitorio.
Lo que sí está en una norma sustantiva, y esto no es casual ni fue equivocación ni fue ingenuidad, lo hicimos así, deliberadamente, lo pusimos en un transitorio y pusimos en norma sustantiva la regulación permanente en esta materia.
La regulación permanente es el que podemos determinar a un agente económico con poder sustancial del mercado, por eso a una la pusimos en la norma sustantiva y la otra en los artículos transitorios. Una no excluye a la otra, una acompaña a la otra.
La regla que pusimos en los transitorios lo que buscaba era de arranque, emparejar el terreno, para luego ya empezar con competencia abierta y regulada. No es cierto que vamos a dejar regular a nadie. Ahora, el mandato específico de nosotros que votamos a favor era el siguiente: tú, órgano regulador que acabo de crear, determina la regulación de los agentes económicos a partir de la preponderancia.
Nunca, nunca el constituyente permanente previó que entráramos a esta discusión. Nosotros fuimos muy claros y le dimos ese mandato al regulador, el regulador, en tiempo y forma, cumplió con ese mandato y en marzo pasado determinó las preponderancias.
Concluyo con esto. Yo temo que este juego de al cuarto para las 12 cambiar lo que hicimos hace más de un año y que nadie se quejó, y lo que hizo el regulador en marzo por mandato nuestro y nadie se quejó, hoy al cuarto para las 12 hay alguien que lo quiera hacer así. Y me temo que la razón es porque con esto se cae la reforma completa.
Si mandatamos hace un año en la Constitución a que fuera por sector y luego el órgano regulador así lo hizo, y meses después se nos ocurre a nosotros, el constituyente permanente, decir que siempre no, eso sí haría que se ganaran amparos y se cayera la reforma completita. Esa es mi interpretación jurídica y es por eso, presidente, que yo estoy a favor del dictamen. Muchas gracias.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, diputado. Le concedemos el uso de la palabra, para hablar en contra del dictamen en lo general a la diputada Luisa María Alcalde Luján. Adelante, diputada.
La diputada Luisa María Alcalde Luján: Muchas gracias, gracias. Me gustaría hacer varias aclaraciones con respecto a aquí lo expresado por el diputado Niño de Rivera dos cuestiones. La primera dice: uno lo pusimos en la norma sustantiva, y lo otro sólo dejamos en los transitorios; yo le recuerdo que la misma suprema corte ya estableció que esos transitorios de los que usted habla forman parte justamente de la norma sustancial, es decir, son obligatorios; es decir, forman parte de la Constitución.
Entonces, no es uno de primera y uno de segunda son exactamente el mismo nivel. Y dicho esto, me gustaría leerles, porque los siguientes argumentos no sólo establecidos aquí por el diputado Niño de Rivera, sino también por el diputado Federico Luna, con respecto a la preponderancia y con respecto al tema que ya se estableció en la Constitución –dicen ellos– ahora no podemos echarnos para atrás.
Les voy a leer el segundo párrafo del artículo 8o. transitorio, dice “...Para efectos de lo dispuesto en este decreto se considerará como agente económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios –servicios– en radiodifusión y telecomunicación...”
A mí me queda clarísimo que aquí en el 8o. transitorio, ya habiendo dicho que se trata de una norma de igual nivel que la sustancial está hablando de servicios, entonces, no es verdad que la Constitución habla de sectores. La Constitución en el segundo párrafo del artículo 8o. transitorio habla de servicios, entonces, justamente no nos echemos para atrás, y establezcamos la preponderancia por servicios.
Ahora bien, con respecto a lo que la diputada Ana Lilia establecía aquí de celebrar que se han reconocido ya los medios sociales, yo le diría que no basta con que se reconozcan hay que darles una forma para que puedan subsistir. Muy bonito se pueden ver en la ley cuando no les damos mecanismos para realmente poder ejercer sus funciones y realmente poder tener estos medios; no basta con reconocerlos.
Lo que ellos están exigiendo y lo que yo creo que nosotros estamos obligados a darles, dado que ellos también son dueños de estos medios son mecanismos efectivos para que realmente puedan subsistir, y puedan llevar a cabo una función que a mí me parece primordial, que es la comunicación en sus diferentes comunidades y ámbitos.
Yo coincido. Yo creo que lo único que se puede celebrar y por eso así lo han hecho la gran mayoría de quienes han hablado a favor es el tema del no pago en la Lada. Pues sí, eso es absolutamente lo único que se puede celebrar de esta reforma, pero eso, ¿a cambio de qué?
El tema es a cambio de qué estamos obteniendo el no pagar largas distancias, ¿a cambio de seguir teniendo los monopolios que actualmente existen en la televisión? A cambio, ya lo decían y celebro que vayamos a coincidir en esto con el Partido Acción Nacional respecto a todo lo que tiene que ver con los riesgos de este llamado colaboración con la justicia, que tiene que ver con geo localización, con intervención de llamadas, con retención de datos, ¿a cambio de eso vamos a obtener la larga distancia?
Por último, me gustaría señalar –ya no me dio tiempo en el posicionamiento pasado– pero otro riesgo que veo y que lamento, y tiene que ver con algunas facultades que se le habían dado al IFT y que ahora se le quitan y se le devuelven a la Secretaría de Gobernación. Por ejemplo, respecto a la libertad de expresión y de información, ahora la vigilancia y sanción en la transmisión de contenidos estará a cargo de la Secretaría de Gobernación. Olvídense de la independencia, olvídense de alejar los poderes políticos de estos contenidos.
También queda en manos de la Secretaría de Gobernación la supervisión, el monitoreo, la reserva gratuita de canales, verificación y sanción de las transmisiones. Todo ello quedará nuevamente en manos de la Secretaría de Gobernación.
Y una opinión técnica en el tema de prórroga de concesiones en la Secretaría de Transporte. Si todos los que aquí han establecido cuando hablaron a favor de que es perfectible, de que todavía es posible hacer modificaciones que mejoren el dictamen, les tomaría la palabra, vamos haciéndolo, compañeros, no hay necesidad de esperar otros periodos legislativos, ahora es cuando. Si como bien dijeron que tenemos tantos años de no establecer otra ley, hagámonos cargo.
Les pido que nos hagamos cargo de sacar un verdadero producto de discusión en estas comisiones, porque eso también lo exigimos. No que las discusiones se den en mesas alternas, que se den justamente en estos espacios, que para eso están creados. Gracias.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, diputada. Le concedemos el uso de la palabra al diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Posteriormente al diputado Miguel Alonso Raya, para hacer una aclaración correspondiente, antes de pasarle el uso de la palabra a la diputada González Magallanes.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Gracias, presidente. No hubiera querido usar parte de mi tiempo en hacer aclaraciones elementales, una fundamental en contra del maniqueísmo absurdo.
Decía George Bush cuando declaró la guerra de Irak: quien no está conmigo está con los terroristas. Aquí en esta nueva versión nos dicen: quien no está con Televisa está con Carlos Slim. Quiero rechazar tajantemente eso. Hicimos una reforma constitucional donde nos poníamos por encima, no sólo de esos dos grandes colosos, sino de todos para generar competencia.
Entonces, rechazo eso que algunos están usando para descalificar a los otros y que evita que entremos a los temas de fondo.
Segundo, algo que no debiera aclarar y menos a legisladores, porque lo conocemos, esto para los que están fuera. Nos dicen: cómo es posible que voten en contra de que no haya costo adicional por larga distancia, o para que los usuarios ahorren recursos y conserven el dinero de prepago y no se les vaya, etcétera. Bueno, somos legisladores y conocemos el proceso parlamentario. Si pudiéramos partir en tres y decir, votemos por telefonía, votaríamos a favor. Pero aquí estamos discutiendo algo que engloba mucho más otras cosas.
Estamos de acuerdo en lo de la larga distancia. Qué bueno en telefonía, aplaudimos eso. Pero vamos a votar en contra por lo que le falta, porque no solo es telefonía, también es televisión. Ése era nuestro gran compromiso. Por eso lo estamos haciendo.
Ojalá se pudiera y ojalá el Reglamento nos dijera que vota a favor, en lo general, de una parte de la ley y en contra, y lo hubiéramos hecho. Pero no desvirtuemos el debate entre nosotros, dándole carne, por cierto, a un linchamiento mediático, que es de un México que ya no debiera ser. Porque este México que queremos construir no es para manipular los argumentos contrarios ni para linchar. ¿Por qué? En muchas coberturas noticiosas, lo menos que está es explicar por qué de nuestra posición.
Diré, en términos generales es, hicimos en la reforma constitucional hicimos los planos de un gran rascacielos. Y aquí en esta ley, que tiene ventajas, tenemos tres, cuatro pisos. Faltan. Pero además nos cambiaron el diseño, porque nosotros estábamos pensando en un país en donde hubiera pluralidad, diversidad, competencia. En todos los puntos lo dice con toda claridad el segundo transitorio de la reforma constitucional, las medidas de fomento a la competencia en televisión, radio, telefonía y servicio de datos deberán aplicarse en todos los segmentos, de forma que garantice en su conjunto la competencia efectiva en la radiodifusión y en las telecomunicaciones, es decir, en todos los segmentos, en todas las ramas. Ésa era nuestra intención, pero lo que vemos es una obra incompleta.
Que cambie el esquema, porque en un momento pareciera como que la apuesta conceptual es, tenemos un fuertísimo competidor, al hombre más rico del mundo, entonces, a ése hay que desinflarlo. De acuerdo. A eso estábamos, pero no solo a él, a todos. Y entonces qué hacemos. Pues entonces fortalezcamos al otro y que entonces la competencia sea entre dos titanes. Hagamos, para aquellos nostálgicos de la Guerra Fría, hagamos un mundo bipolar entre estos dos. Y entonces, hagamos dos luchadores de sumo y pongámoslos en el mismo peso y nos vemos a la salida.
Perdón, ¿ése era el esquema que teníamos? ¿Ésa es la concepción de país que tenemos? ¿Con dos grandes? No. Creo que estábamos apostando a la diversidad, a la pluralidad, a que no hubiera un poder tan grande.
Porque miren, yo no tengo nada personal contra ninguna de estas empresas. Finalmente han contribuido al crecimiento de México, dan empleos, etcétera. Pero nadie debe concentrar tal poder. Cuando veíamos la concentración del poder en el presidente decíamos, eso es pernicioso. También la concentración de poder en cualquier consorcio, sea cual sea, es perniciosa. No porque sean buenos o malos, no es que el monopolio bueno y el monopolio malo sino que la concentración de poder, en sí misma, es perniciosa, no ayuda a la democracia, no ayuda a la institución. Vean, insisto, las notas periodísticas y digan si no tuvieron un deja vu a 1988.
Pero bueno, a lo que voy es esto, celebro todas las ventajas para los usuarios en telefonía, claro. Pero ahora veamos cuáles son las ventajas para los usuarios de televisión. Uno ve y dice, a ver, ¿y para los televidentes? Ah, el must carry, must offer. Muy bien, pero perdón. Ahora resulta que los artículos 27 y 144 de la Ley de Derechos de Autor impone que se le paguen derechos de autor por la retransmisión, entonces, ya no va a haber must carry, must offer gratuito. Es una simulación. Entonces, la única ventaja que tenías tampoco existe. Lástima Margarito.
Y cuáles son las otras. Perdón, la televisión va a poder concentrar más. Ahí está el noveno transitorio que permite a por lo menos al que tiene 60 por ciento de la audiencia poder comprar más cadenas de cable sin ni siquiera la autorización del instituto, lo estamos fortaleciendo. Pero en ventajas para la audiencia, ¿cuál? Ah sí, van a tener más comerciales. Ahora van a ver más comerciales; mientras vemos puras ventajas para los usuarios de telefonía –y qué bueno para eso es la reforma–, vemos la televisión y no encontramos estas ventajas.
Esto me parece que es un problema y además algunas otras cosas que nos pusieron que no estaban en la reforma constitucional. Por ejemplo, la Segob se nos volvió a colar, no estaba. Ahora la Segob no sólo para a supervisar, puede sancionar a cualquier medio de comunicación y díganme si eso no es un instrumento de control político que queríamos evitar al dejarle todas esas facultades al IFT.
Entonces por todos lados vemos que hay cosas que no se cumplieron; ojalá pudiéramos votar solamente eso y ojalá pudiéramos ser colegisladora. Y aquí mi discrepancia con mi amigo Homero Niño de Rivera. Él dice: llevamos mucho tiempo discutiéndolo; cierto está discutiéndose. Lo que no hemos hecho es discutir como Cámara de Diputados, como institución colegisladora, cómo mejoramos esta minuta, discutirla y superarla, y para esto 24 horas no son suficientes, ni esta reunión es suficiente. Por eso pido que haya una mesa de trabajo para que podamos sentarnos y ver cómo mejoramos, si podemos encontrar estos.
Termino con el asunto de preponderancia que es el punto. A mí me queda claro que...
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Le suplico comprensión, orador.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Sí. Termino. Y aquí incluso voy a hacer una propuesta para ver si podemos encontrar una salida. A mí me queda claro que el equipo es la primera competencia en todos lados, pero entonces la figura que se crea que es una invención mexicana que no existe en ningún lado es la preponderancia, que es expedita, es inmediata. El otro, lo que existe en la Ley de Competencia Económica, que se llama agente con poder sustancial de mercado relevante, eso existe por supuesto, pero esto no es expedito, es litigioso, esto es incierto, no sabemos cuáles datos, es como darnos, jugarnos el dedo en la boca y decir, pero está el agente con poder sustancial y ahí lo van a agarrar.
Entonces yo les hago una propuesta, a ver si con esto podemos pensar avanzar, para que haya medidas asimétricas, si lo que nos interesa es la competencia. Tiene razón el presidente de Radio y Televisión, Federico, tiene razón cuando nos dice que en el artículo 39 transitorio...
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Le vuelvo a solicitar respetuosamente al orador...
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Es la propuesta, presidente. Estoy haciendo una propuesta, ya que no va a haber reservas, porque aquí no las podemos discutir, quiero poner una propuesta sobre la mesa.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Pero tiene oportunidad de volver a hablar.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Quiero poner una propuesta sobre la mesa. En el 39 se pone un plazo para que inicien las investigaciones por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones de quién es el agente con poder sustancial de mercado relevante y se pone un plazo de inicio, 30 días. Bueno si no queremos que esto se vaya a las calendas y simplemente jugar y decir bueno ahí por este procedimiento litigioso, yo les hago una propuesta y a lo mejor puede transitar; pongámosle plazo de término, pongámosle un plazo de termino para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones determine quién es agente con peso y con peso sustancial en mercado dominante. Pongámosle el plazo de fin, aquí está el plazo de inicio, porque igual y puede ser un año, dos años, tres años, y a lo mejor cuando resuelva ya ni siquiera es pertinente.
Si le ponemos un plazo de fin alto, entonces podremos decir que estamos hablando en serio, si no nos estamos jugando con el dedo en la boca, lo digo con mucho respeto, hay muchas otras cosas que hubiera querido decir.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Esta presidencia les vuelve a solicitar que nos apeguemos al tiempo. Si desean hacer uso de la palabra en otra ocasión así será concedido.
Se le concede el uso de la palabra para hechos al diputado Miguel Alonso Raya. Posteriormente a la diputada Alfa González Magallanes, para hablar en contra. Deseo señalar que esta presidencia a su vez tiene registrados tres oradores más para hablar en contra, la diputada Amalia García Medina, la diputada Verónica Juárez Piña y de nueva cuenta la diputada Gloria Bautista Cuevas. Son los que tiene esta presidencia registrados. ¿Hay alguien más que desee registrarse? Su nombre, diputada.
La diputada Patricia Lugo Barriga: Patricia Lugo.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Patricia Lugo. Con muchísimo gusto la diputada Aleida Alavez y la diputada Aguilar. ¿Es para ese efecto, diputada? Diputada Aguilar. ¿Usted también otra vez? Con muchísimo gusto la diputada Luisa María Alcalde. Una vez que concluya la diputada Alfa, conforme al reglamento, someteré a consideración de la asamblea si se aprueba continuar con el debate, bajo el entendido que hay un acuerdo previo para continuar en ese sentido. Pero vamos a seguir la normatividad y el acuerdo que tuvimos las juntas directivas. En ese tenor, diputado Raya, adelante.
El diputado Agustín Miguel Alonso Raya: Nada más para algunas precisiones. Primera. En el PRD nunca nos hemos negado ni nos hemos cerrado a dialogar con los diferentes actores involucrados en los temas que están a debate.
Segunda. Tampoco negamos ni hemos negado las negociaciones en las que tanto la dirección del partido como el grupo parlamentario en el Senado, estuvieron participando y la construcción de la adenda que se presentó en el caso del Senado -antes de discutir el dictamen-, ni podemos negar los esfuerzos y los avances que ese diálogo y esas negociaciones hayan tenido en la materia. No estamos negando nada de eso.
Lo que nosotros estamos convencidos es que si bien hay que reconocer avances en algunos aspectos que tienen que ver particularmente –insisto– con telecomunicaciones y en específico telefonía fija y móvil, y algunas cosas que tienen que ver con derechos de usuarios, audiencias, etcétera, lo cierto es que se deja sin tocar prácticamente la parte que tiene que ver con radiodifusión y se renuncia al asunto de que o le quitan facultades al Ifetel para que vigile y sea el que determine o sancione en todo caso los contenidos, y se los trasladan a la Secretaría de Gobernación.
Se subraya la opinión para efecto de concesiones en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, limitan la acción prácticamente, insisto, aunque la reconozcan, pero no les dan perspectiva de vida y de consolidación a las radios comunitarias sociales independientes. Incluso se prohíbe estrictamente que en el caso de las radios universitarias o televisión universitaria se les pueda otorgar mayor presupuesto del que tienen.
No se ve la disposición. En dónde está la disposición real del Estado mexicano para impulsar y hacer uso de la propia televisora pública que se plantea en el marco de la reforma constitucional. Mientras que esto no suceda, no hay manera, desde nuestro punto de vista cuando menos, de combatir en serio las prácticas monopólicas y en específico en el caso de lo que tiene que ver con el asunto de la preponderancia, que aquí se ha reiterado e insistido; se distorsiona lo que se planteó en la Constitución para favorecer, con dedicatoria, compañeras y compañeros, a una empresa concentradora monopólica, como es el caso de Televisa y se le plantean, por lo tanto, las bases y los elementos para evitar quitarle el carácter de preponderante en televisión abierta por esa vía y se le deja abierta totalmente la puerta con el noveno transitorio de la cláusula Cablecom para que pueda comprar todo lo que se ocurra y antoje en el caso de la televisión de paga o restringida, sin observar, sin mediar, que es donde está la mayor parte de contenidos.
No se le obliga ni siquiera a diversificar contenidos en las frecuencias que tiene. Ustedes pueden ver en el cable el uno y el 1.1 que a final de cuentas es la repetición de los mismos contenidos, sin que se diversifiquen. Tienen frecuencias que utilizan para repetir lo mismo.
Por eso, compañeras y compañeros, la importancia de la precisión y la importancia de nuestra aclaración. No es que no valoremos los avances. Si me dicen: esto es mejor que lo que había sí, de acuerdo, pero es insuficiente a todas luces para poder combatir poderes fácticos que pongan de rodillas a candidatos y a gobiernos y por eso nuestra posición en contra de esta reforma.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza : Le concedemos el uso de la palabra, para hablar en contra, a la diputada Alfa Iliana González Magallanes. Adelante, diputada.
La diputada Alfa Iliana González Magallanes : Gracias, presidente. Desde aquí no se ve el reloj; entonces por favor me indica cuando el tiempo concluya.
He escuchado con atención sus intervenciones y lo primero que quiero es aclararles por qué nosotros decimos que hace falta más tiempo para discutir esta iniciativa o esta ley que se propone. Aquí una de las presidentas todavía confunde el tipo de concesión y se refiere a concesión comunitaria indígena. O sea, no somos capaces de distinguir que una concesión es comunitaria y otro tipo de concesión es indígena. Si no sabemos distinguir eso, que son los primeros artículos de la ley, yo pondría en tela de juicio que hayan leído el resto de la iniciativa.
Se habló de que los mercados son diferentes en cuanto a telefonía y televisión. Efectivamente, son mercados distintos y su regulación es distinta; en eso no tenemos divergencia.
Tan es así, tan son distintos que en el caso de la televisión ¿Cuál es la penetración en la sociedad?, piensen ustedes nada más qué influencia tiene la televisión en la sociedad. Bueno, pues es influyente al grado de que Enrique Peña Nieto pudo ganar con Televisa y ahora hay una telebancada, que no quieren cumplir con su obligación, establecida en el reglamento de esta Cámara, de excusarse.
Entonces, ya vemos qué diferencia hay ¿verdad? No es lo mismo una llamada o que te llegue un mensajito al impacto que tiene la televisión entre las personas. Hablando de esa misma injerencia que tiene Televisa, ¿Qué hemos visto desde que se votan los dictámenes? Que empiezan una campaña adversa en contra del PRD, porque nuestros senadores, el grupo parlamentario del Senado vota en contra del dictamen y ¿Qué pasa?, pues que se cierran los micrófonos y que solamente se escuchan las voces de quienes votaron a favor, entonces hay una visión facciosa y tendenciosa de Televisa.
¿Por qué entonces es malo esto?, o ¿por qué no estamos de acuerdo? Porque eso es precisamente lo que buscamos combatir, esto es contrario a lo que establece la Constitución, claro que en la Constitución se establece el tema de la competencia, pero antes de la competencia está que no debe haber monopolios. Sin embargo en este dictamen lo que se busca es fortalecer al agente preponderante o al monopolio que claro que tiene un nombre, en el caso de la televisión se llama Televisa, ése es el agente monopólico.
Entonces, ¿Qué pasa con ese dictamen? Que se le abre la puerta a Televisa para controlar el mercado de telecomunicaciones en el servicio de paga. Esto aunado al debilitamiento del organismo regulador y al fortalecimiento del control que ahora va a ejercer la Secretaría de Gobernación.
Fíjense que para los años setenta yo no había nacido y entonces dicen: “Vamos a volver a los años setenta”, que no se supone que nosotros legislamos para mejorar el futuro de las próximas legislaciones, bueno, entonces ¿por qué estamos retrocediendo?
De verdad gracias, yo no quiero vivir lo que algunos de ustedes ya pasaron, no quiero que las juventudes vivan lo que ustedes sufrieron, o lo que muchas de las personas ya sufrieron. Piensen un poquito en ello.
Es importante o me parece importante señalar que se está transitando a una televisión de gobierno, aunque aquí se decía que no es así, que es una televisión de Estado y que es diferente a una televisión de gobierno. Efectivamente es una televisión de gobierno. Se establecen obligaciones específicas para los concesionarios para trasmitir la publicidad de instituciones públicas y esto no sucede en los mismos términos que con las concesiones comerciales, no se les exige lo mismo, en cuanto a la transmisión de la publicidad.
¿Qué significa esto? Propaganda gubernamental, que por cierto no han querido regular. Hay un compromiso que a partir que se iniciara la reforma electoral se iniciaría el tema de propaganda gubernamental y no se hace y aquí se intenta meter como en lo obscurito y por debajo de la mesa el tema de propaganda gubernamental exigiendo a los concesionarios que incluyan la transmisión de la propaganda de los poderes o de las instituciones que son distintas de la concesión pública.
Esta minuta defiende desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, esta minuta defiende la perspectiva de la competencia desde la visión de las empresas y no así del consumidor. Me parece que afecta a los medios públicos y a los medios sociales al restringirles el financiamiento y al establecer reglas discrecionales para esos concesionarios que no lucran con el espectro radioeléctrico.
Ahorita decían ustedes: “Esto ya se considera, a las radios comunitarias y a las radios sociales, a la concesión pública, a los indígenas”. Gracias por darles el beneficio de tener 1 por ciento del presupuesto. ¿Quién les va a dar eso? Ya ellos mismos han manifestado que ni siquiera lo van a utilizar.
Y dicen: “Bueno, habrá altas sanciones para aquellos concesionarios que no cumplan”. ¿Altas sanciones? Por favor lean. Las sanciones van desde el 0.01 por ciento del total de sus ingresos. ¿Qué es eso? Ésa es una burla, 0.01. Con una sanción de 0.01 y el financiamiento del 1 por ciento, ¿ven la diferencia abismal que hay entre 1 por ciento y el 0.01? Es un insulto para este tipo de concesiones.
Me parece que el tiempo está por agotarse. Finalmente diré que hay muchos otros temas, como el caso de usuarios con discapacidad, que igual es una burla. No creo que se lleve a cabo, no creo que sea posible de ejecutar. Lo mismo se ha mencionado que lo referente al estado de policía ha quedado corregido, no veo en dónde se hace.
Entiendo que el tiempo se me ha agotado. Le agradezco su tolerancia, presidente. Gracias.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, diputada. Esta presidencia tiene registrados oradores para hablar en contra del dictamen en lo general a la diputada Amalia García Medina, la diputada Verónica Juárez Piña, la diputada Gloria Bautista Cuevas, la diputada Aleida Alavez Ruiz, la diputada Lilia Aguilar Gil, la diputada Luisa María Alcalde Luján –mira, puras diputadas– y el diputado Fernando Belaunzarán Méndez. Todos para hablar en contra.
Una reflexión, porque así me la hicieron llegar por parte de la diputada Patricia Lugo Barriga. En consideración de lo anterior, esta presidencia somete a consideración para que continúe el debate en estos términos, bajo el entendido de que dada la propia naturaleza haya un orador en contra y un orador a favor. Si hay algún registro durante el transcurso del debate para oradores a favor respecto de esta parte, que permitan que la presidencia realice lo conducente.
En tal virtud, someto a consideración de la asamblea que se continúe el debate en lo general con los oradores antes mencionados. Los que estén a favor, por favor manifestarlo en la forma acostumbrada (votación). Los que estén en contra. Los que se abstengan. Una extraordinaria unanimidad.
En tal virtud, le concedemos el uso de la palabra para hablar en contra del dictamen en lo general a la diputada Amalia García Medina, del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputada.
La diputada Amalia Dolores García Medina: Muchas gracias. Compañeras, compañeros, cuando se habló de la posibilidad de una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, se generó una expectativa que trascendió incluso al país. Hubo internacionalmente reconocimientos porque por fin México se ponía al día en un asunto que no tiene que ver solamente con cuestiones de intereses económicos.
Tiene que ver con la concepción de un estado democrático, esencialmente, porque enfrentar a los monopolios en un ámbito tan importante como es el del derecho a la información, no sólo el de la libertad de expresión, no solamente, sino el derecho a la información. Una información imparcial, verídica; una información a la que tienen derecho los hombres y las mujeres en una nación democrática y libre resultaba sustancial.
Y la reforma constitucional fue una reforma verdaderamente importante. Sabemos que hubo polémica, debate sobre los temas que eran trascendentes, sobre lo que se han llamado las reformas estructurales, pero en el caso de las telecomunicaciones se logró un enorme respaldo de la ciudadanía. Insisto, incluso con reconocimientos desde el resto de las naciones del planeta.
Pero eso que fue una reforma formidable constitucional, yo diría que tal vez la más importante por su sentido avanzado, democrático para los ciudadanos, resulta que con la ley secundaria, con las leyes secundarias, se ha caído y se ha achicado, y de verdad, es penoso, es lamentable que así sea.
En el caso del debate que se da sobre preponderancia, que no es un asunto menor, aquí ha habido un litigio sobre qué contiene la Constitución en la reforma que se realizó, cómo interpretar el concepto de preponderancia. Y hay quienes señalan que debe de ser definido porque la Constitución lo dice hablando de los sectores.
Del sector de telecomunicaciones y del de radiodifusión, pero hay quienes decimos que la Constitución señala que debe interpretarse, en función de los servicios, y si uno lee el artículo 28 constitucional habla de los servicios, los define claramente, y si vamos a los transitorios, el 8o. transitorio, su fracción III habla claramente y sin ninguna duda, absolutamente sin ninguna duda, de cómo se consideran los agentes económicos preponderantes.
Lo dice, yo no quiero aquí pedir que le dé lectura la secretaría de las comisiones, pero ahí está, lo podemos leer y se puede entresacar perfectamente qué dice el 8o. transitorio en su fracción III: “...Se considerará agente económico preponderante en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios...”.
De los servicios, lo dice claramente, negro sobre blanco. De radiodifusión o telecomunicaciones al que cuente directa o indirectamente con participación mayor a 50 por ciento. Servicios, ¿cuáles servicios? ¿A qué se refiere la Constitución, tanto en el 28, pero definido además, de manera precisa en el 8o. transitorio?
Habla como servicios, de telefonía fija, de telefonía móvil, de banda ancha móvil, de banda ancha fija; de televisión abierta, de cable, satelital. Los define claramente y aquí hay un litigio que se ha instalado, ¿cómo debería resolverse este litigio, puesto que en la reforma constitucional –desde mi interpretación– efectivamente se menciona a los dos, aunque yo destaco que la definición que tiene que ver con los servicios es clarísima?
En un litigio de esta naturaleza, ¿quién estaría encargado de hacer la interpretación constitucional? La Suprema Corte, señoras y señores, es la Suprema Corte a la que le correspondería, no es un asunto de cómo el Instituto Federal de Telecomunicaciones lo haya interpretado antes de que existiera la ley secundaria, porque no se trata de eso y de que si lo descalificamos qué va a suceder.
En litigios de esta naturaleza, que son muy relevantes, es la Corte quien tiene que definir. Pero desde el punto de vista del PRD y lo subrayo aquí, nos queda claro, que cuando se habla de preponderancia se está refiriendo de manera clarísima a los servicios. De otra manera, lo que sucede cuando no se hace esa interpretación es que se deja la base para que el poder, yo no diría de un monopolio, del duopolio se mantenga.
Pero además hay otro asunto que me preocupa enormemente, esto que se ha dado en llamar poder de mando, porque el poder de mando significa que incluso sin tener 51 por ciento, más del 50 por ciento de las acciones de una empresa, con que una de las grandísimas empresas en telecomunicaciones ceda algunas de sus acciones y se quede con 49 por ciento, en varias empresas, en múltiples empresas, va a tener el control en un ámbito fundamental.
Si vamos al detalle, lo que vamos a encontrar entonces es que el fin de los monopolios para generar competencia, diversidad, para generar la posibilidad de múltiples medios de comunicación, no se está garantizando. Y por eso nos parece tan preocupante, porque aquella gran reforma constitucional en la que nos pusimos de acuerdo no se está dando, lo lamento, lo lamentamos enormemente, porque nos comprometimos de manera muy decidida.
Luego yo solamente, para no abundar, porque tenemos un tiempo límite, aunque efectivamente agradeciendo el señalamiento de que nos podemos volver a inscribir, señalaría la preocupación por el artículo 190, que como se ha dicho ya aquí puede y violenta –si se aplica– no solamente el derecho a la privacidad, sino también significa una violación de las comunicaciones privadas.
Resulta muy preocupante, ¿y por qué resulta preocupante? Dicen que el que con leche se quema, hasta al jocoque le sopla. Pues estamos viendo el planeta, el gran debate, lo que ha generado distancia entre gobiernos que son aliados, como el de Estados Unidos y el de Alemania, por hablar sólo de ellos, ha habido protestas del gobierno de Brasil y del gobierno de Inglaterra...
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Respetuosamente le pediría que concluya la oradora.
La diputada Amalia Dolores García Medina: Concluyo con unas cuantas palabras sobre este tema. Es la intervención y el enorme poder que se da para intervenir las comunicaciones privadas, de telefonía celular, de Internet, que esto da enorme poder, un enorme poder. Es el gran hermano, Big Brother, instalado entre nosotros.
Pero lo más preocupante es que aquí a quienes se les da la posibilidad de esta intervención de localización georreferenciada y de mantener datos durante 12 meses y luego otros 12 meses es a los concesionarios. Y mantener esa información en forma magnética. Esto es insoportable, no puede ser, porque quiero decir que hasta en el Capitolio, en Estados Unidos, se han quejado por el espionaje y la cooptación de sus datos privados por la Agencia Nacional de Seguridad, aquí todas y todos con esto que se está aprobando estaríamos, y todos los ciudadanos y ciudadanas, sujetos a poder estar en esos datos electrónicos que tuvieran los concesionarios. Es una violación que no podemos, no debemos permitir. Muchas gracias.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, diputada. Le concedemos el uso de la palabra a la diputada Patricia Lugo Barriga para hacer una reflexión. No corra, se va a caer, para hacer una reflexión sobre el tema.
La diputada Patricia Lugo Barriga: El que sacrifica la libertad por la seguridad no merece ni la una ni la otra.
Hay coincidencias de que el bloqueo de señales va en contra de los derechos humanos. Que la geolocalización y la retención de datos por parte del concesionario también pueden ser un claro atentado. ¿No es acaso un pago demasiado alto a los beneficios?
Oigo muchas expresiones de regocijo acerca de los ahorros que se van a alcanzar en cuestión telefónica. Me pregunto cuánto más podríamos celebrar si hacemos la tarea completa.
Pues aquí, más de un partido hemos expresado nuestro rechazo a los puntos con los que abrí mi participación. Concluyo pues que no estamos satisfechos.
Tal como se expresó antes aquí, yo también voté en anhelo de que este trabajo daría frutos y que igual que muchos he preparado propuestas para abonar el enriquecimiento. Lograr que nuestra televisión sea vehículo de educación. Que la radio y TV pública nos reflejen en las culturas populares. Además, por supuesto, de la competitividad, etcétera.
Éste es el momento de la verdad, dejar los discursos y ver si realmente queremos abonar a una legislación de avanzada.
Entonces, poner nuestros argumentos, nuestra voluntad, y sobre todo, nuestros votos. De lo contrario son solo palabras. Muchas gracias.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, diputada, por la reflexión, pero sobre todo por la brevedad, ésa se aplaude de manera importante. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Verónica Juárez Piña para hablar en contra, de parte del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática. Adelante.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Gracias. Compañeras y compañeros diputados, para hacer también algunas precisiones. Por supuesto que todos hemos estado en la mejor disposición para discutir, al menos en la Comisión de Radio y Televisión, en donde siempre exteriorizamos nuestra preocupación, que ya aquí algún diputado que me antecedió en el uso de la palabra manifestaba cuando feneció el tiempo en el que teníamos que estar legislado.
Y precisamente, en esta comisión, en la de Radio y Televisión, de manera permanente hacíamos las observaciones pertinentes.
Nos hubiera gustado, en nuestra comisión, como así había sido una promesa, el haber discutido. Porque hay muchas cosas que ahora se mencionan en esta ley, cuando se dice que por primera vez se tendrá un sistema, que por primera vez tendremos un programa, que por primera vez se establecerá un capítulo para las personas con discapacidad, que por primera vez se establece una serie de derechos, para la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Perdónenme, está establecido ya en nuestra Constitución y nosotros éramos los que estábamos en falta. Y si bien es cierto que como se ha mencionado aquí, este dictamen presenta avances, en los que por cierto también todos los que estamos aquí los hemos impulsado.
Lo que hemos estado manifestando es que estamos en contra de que se haga una reforma mocha. Que se haga una reforma que no alcance el espíritu con el que estuvimos participando en la reforma constitucional. Ésa es nuestra principal preocupación.
Y por eso es que les lanzamos el reto de que vayamos ya a bajar la tarifa de larga distancia, no al 2015, hagámoslo ya. En eso estamos totalmente de acuerdo. En eso el PRD va adelante. Y ojalá las otras fracciones lo podamos debatir y podamos llegar a ese acuerdo en estas sesiones.
Por otra parte, todos sabemos que esta reforma constitucional pues buscó fortalecer derechos y libertades de expresión al incorporar el acceso a las nuevas tecnologías, a las de información, del conocimiento, que buscó reducir los precios y también incrementar la calidad de los servicios y garantizar los derechos de libertad de expresión, la libre circulación de las ideas y de documentos y la privacidad en la comunicación de las personas, así como el establecimiento del derecho de las audiencias, cosas que si ustedes ven de manera detenida, pues no se cumple con esos objetivos que nos planteamos desde que estuvimos participando en esta reforma constitucional.
Sin embargo, a diferencia de la presente minuta no se refuerzan los derechos humanos, ni las garantías para su protección. Esta minuta no contribuye al desarrollo de las telecomunicaciones del país, ya que las ciudadanas y los ciudadanos no tendrán productos y servicios de mayor calidad, mucho menos van a generar una competencia económica, que también era otro de los objetivos que nos habríamos planteado en el sector de las telecomunicaciones, porque se trata de un proyecto que está diseñado como ya aquí se han dado algunas argumentaciones a favor abiertamente de las televisoras y en particular de Televisa.
Se sigue manteniendo el monopolio televisivo y se legaliza la concentración de la televisión de paga y mantiene disposiciones autoritarias para el control de los contenidos por parte de la Secretaría de Gobernación consolidándose así el imperio de los poderes fácticos de nuestro país, de quien gobierna manipulando información, los contenidos y el pensamiento de los mexicanos. Eso tampoco fue el espíritu de la reforma constitucional en la que todos estábamos pensando.
No se trata de quitarle a una empresa para dársela a otra, pues en ese caso el monopolio pasaría de un lado a otro y no se daría realmente a la apertura del mercado, por lo contrario. Se trata de generar competencia efectiva en todos los sectores y mercados de telecomunicaciones y radiodifusión en beneficio de todas las mexicanas y los mexicanos.
Por otro lado, debemos evitar a toda costa la vulneración de los derechos de privacidad en telefonía e Internet; lo que se debe de basar realmente es que el espectro al ser considerado como bien de la nación, debe ser explotado en beneficio de las y los mexicanos, en beneficio de las y los gobernados para la garantía de los derechos humanos establecidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los que el estado es parte y no garantizar la concentración de lucro por la explotación de un bien público a una empresa o persona.
Por lo anterior es importante tener en cuenta que con la aprobación de este dictamen tenemos una legislación que regulará los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones en los próximos 20 años, por lo que debemos corregir las deficiencias que en ello observamos y con ello asumiremos la responsabilidad que tenemos como Poder Legislativo de generar leyes que beneficien a la ciudadanía en su conjunto, dejando al lado el interés personal y empresarial sobre todo. De no ser así, la minuta no será más que la imposición de la censura al pretender que todo contenido pase por la revisión del gobierno, limitando la libertad de expresión de los mexicanos.
Por otra parte debemos particularmente rescatar el respeto a la dignidad de las niñas, niños y jóvenes, en parte el lenguaje que presenta este dictamen no es acorde y también tenemos que tener y desarrollar una programación respetuosa y orientadora de la población de niñas, niños y adolescentes, a fin de que no atenten contra la integridad moral, psíquica o física de ellos ni que inciten a la violencia ni hagan apología de los hechos delictivos o contravencionales, o contengan descripciones morbosas o pornográficas.
Hemos considerado que a pesar de los grandes esfuerzos que se hicieron cuando estuvimos impulsando la reforma constitucional el año pasado, nosotros vemos que en este dictamen no se desmonta el monopolio televisivo al limitar las declaraciones de prepotencia a sectores y o a servicios. No establece límites para evitar que un grupo concentre diversos medios de comunicación. Carece de normas para hacer exigible el derecho constitucional de acceso a las tecnologías de la información en la comunicación y reducir la brecha digital, que ésa era parte sustancial de esta reforma y legaliza la concentración de televisión de paga en manos de un monopolio televisivo sin autorización del instituto.
Algo más –como veo que se me está acabando mi tiempo–. Este dictamen dispone condiciones que resultan violatorias de los derechos humanos en el tema de colaboración de justicia, de protección de datos –como ya bien decía- y el quitarle la autonomía e independencia al Instituto Federal de Telecomunicaciones también es un error que se establece en este dictamen y ese no fue el espíritu en el que todos estuvimos impulsando el año pasado en la reforma constitucional. Gracias.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, diputada. Le concedemos el uso de la palabra a la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra. Adelante, diputada.
La diputada Gloria Bautista Cuevas: Las concesiones de uso social para telecomunicaciones y radiodifusión son un importante logro de la izquierda. La reforma constitucional del 11 de junio de 2013 introdujo la utilización del espectro radioeléctrico para uso social con el fin de fortalecer el derecho a comunicar de las organizaciones comunitarias e indígenas. A partir de esta disposición las comunidades de todo tipo, tanto rurales como urbanas e indígenas, tienen derecho a constituir sus propios medios de comunicación como la radio y la televisión, así como a utilizar el espectro para administrar redes de comunicación propias que les permitan disfrutar los servicios de telefonía y acceso a Internet sin depender de los grandes concesionarios, cuyos servicios han demostrado ser malos y caros.
En mi participación anterior quedó pendiente mi propuesta. En el PRD, uno, nos pronunciamos porque se reconozcan las reservas del espectro para los medios de radiotelecomunicación indígena, así como favorecer condiciones equitativas de acceso a las concesiones que diferencien las realidades distintas de los medios privados no comerciales.
Dos. Vamos por un marco legal claro, preestablecido, preciso y razonable que reconozca la especificidad de los medios de comunicación indígena con procedimientos sencillos y accesibles para la obtención de las frecuencias sin requisitos tecnológicos severos. La ausencia de procedimientos genera obstáculos prácticos para su reconocimiento.
Tres. La radiotelecomunicación indígena tiene derecho a utilizar publicidad como medio para financiarse y no se le deben imponer límites discriminatorios en su financiamiento y alcance, como lo recomienda la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Proponemos crear un rubro en el presupuesto de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para dar atención y apoyo a las demandas indígenas en esta materia.
Cuatro. Por medios públicos independientes del gobierno que fomenten el respeto de la diversidad cultural y lingüística, la cosmovisión, conocimientos, saberes y los valores de los pueblos indígenas que contribuyan a garantizar a la sociedad los servicios educativos y culturales, se favorezca la construcción de una sociedad fundada en el diálogo de culturas en todos los niveles de gobierno.
Cinco. Proveer contenidos culturales acordes al contexto sociolingüístico y cultural de los usuarios de los medios de comunicación indígena.
Seis. Impulsar acciones encaminadas a desarrollar y utilizar tecnologías para la conservación del acervo natural y cultural. Crear archivos y registros digitales y proteger el patrimonio cultural e inmaterial de las culturas nacionales del país.
Siete. Facilitar la creación, traducción y adaptación del patrimonio cultural nacional y la elaboración de archivos digitales y tradicionales.
Ocho. Apoyar a las mujeres, niños y niñas para la utilización y la elaboración de los contenidos de igualdad de género en los medios de comunicación.
Nueve. Favorecer la creación y comercialización de los programas informáticos en los idiomas indígenas y equiparables, así como generar contenidos que favorezcan a los grupos vulnerables analfabetos y personas con discapacidad.
Diez. Respaldar proyectos que combinen el uso de medios de comunicación tradicionales y nuevas tecnologías para facilitar los idiomas indígenas para elaborar, documentar, preservar y utilizar eficazmente legados como la diversidad biológica, conocimientos tradicionales y medicina, cultura, lenguas y cosmovisiones de las comunidades indígenas y equiparables.
Once. Promover tecnologías y programas de investigación y desarrollo en ámbitos de traducción, iconografía, servicios asistidos de voz, desarrollo de equipos necesarios y diversos tipos de programas informáticos patentados y de fuente abierta o gratuitos, tales como juegos de caracteres normalizados, códigos lingüísticos, diccionarios electrónicos, terminología, motores de búsquedas plurilingües, herramientas de traducción automática, nombres de dominios internacionalizados, referencias de contenido y programas informáticos generales y de aplicaciones con la cooperación de los diversos niveles de gobierno mediante asociaciones entre el sector público y privado.
Por ello resulta indispensable remover una ley secundaria que recoja los principios constitucionales de respeto y restricto a la libertad de expresión, derecho a la información y derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.
Al respecto, la iniciativa presidencial enviada a la Cámara de Senadores restringe estas posibilidades al pretender que el uso social se limite a la existencia de estaciones de radios impedidas para vender publicidad lo que restringe sus posibilidades de desarrollo además de que se exigen requisitos excesivos como el tener que demostrar su capacidad económica y la fuente de sus ingresos.
Por otra parte, nada dice la iniciativa presidencial de la posibilidad de obtener...
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Respetuosamente le solicito a la oradora sea breve. Gracias.
La diputada Gloria Bautista Cuevas: Termino presidente, gracias. Por otra parte nada dice la iniciativa presidencia de la posibilidad de obtener concesiones para televisión, telefonía y acceso a Internet. Por ello es necesario exigir en la ley una regulación que introduzca la obligación de un trato equitativo por parte del Estado para que la obtención de concesiones de uso social se haga a través de un procedimiento ágil y eficiente a efecto que de ninguna manera se favorezca la autorización de comercializaciones en detrimento de las comunidades y los pueblos indígenas. Gracias.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias usted diputada. Le concedemos ahora el uso de la palabra a la diputada Aleida Alavez Ruiz del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para hablar en contra.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, diputado. Me sumo a las voces que demandan una discusión más pormenorizada de este tema que es del todo relevante siendo que en la reforma constitucional de junio de 2013 constituyó en su momento un paso transcendente para regular los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, aun quienes no estábamos en acuerdo, o mejor dicho seguimos sin estar de acuerdo con los procedimiento del Pacto por México y que ahí en los acuerdos 39 y 40 establecen todos estos alcances que tendríamos en esta reforma, pues ahora lo hacen nugatorio.
Así, como para generar las bases, en este caso de la reforma constitucional de un marco regulatorio que además de fomentar la competencia en estos mercados, promoviera el respeto de los derechos fundamentales de la libertad de expresión y el derecho a la información.
Con la reforma nuestro texto constitucional, el Estado mexicano recuperó la capacidad de rectoría económica en los sectores de telecomunicaciones y de radiodifusión bajo el control de dos conglomerados que por décadas hay explotado un bien de la nación: El espectro radioeléctrico, sin beneficios tangibles para los usuarios y las audiencias dado su comportamiento monopólico tras al menos tres décadas de un texto constitucional que se negaba a hacer renovado.
En eso estábamos, la añeja frase que se introdujo el 6 de diciembre de 1977 que reza: “El derecho a la información será garantizado por el estado” no bastaba ya para limitar los abusos y excesos de los concesionarios. De ahí que fuera indispensable un cambio de fondo que fortaleciera a las instituciones del Estado mexicano en la regulación de dichos mercados, pues como se sabe, es criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la concentración violenta de manera indirecta, la libertad de expresión y con ello se vulnera igualmente el derecho a la información.
Aquí quiero hacer una petición formal, abierta, a que pidamos que se quiete esa reserva que hizo el gobierno federal a una opinión que externó en este caso la relatora de libertad de expresión ante la OEA, a la representación ante la OEA del Estado mexicano.
Tenemos conocimiento de que esta opinión la aceptó el gobierno mexicano a través de su representación en la OEA, en este caso formulada la opinión por Catalina Botero y el relator para México, James Callavaro, y que lo aceptaron con la condición de que ésta fuera reservada.
Estamos ante esta discusión en donde se hace alarde de los avances que se tienen o no en materia de estos dos derechos, el de la información y el de la liberta de expresión y no se hace transparente y pública una opinión ante la OEA de los relatores de esta iniciativa precisamente del gobierno mexicano.
Entonces, creo que para una discusión más transparente, más acorde a la realidad deberíamos aquí en la Cámara hacer valer esa opinión de los relatores para corroborar que, efectivamente, estemos haciendo tanto alarde de estos logros que se dice haber en esta reforma a ley secundaria.
De ahí que esto se puede sumar a que también hagamos explícita la solicitud de la intervención de los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Hemos tenido conocimiento por la opinión pública, pero no así de que vengan y hagan suya la opinión ante este cuerpo legislativo sobre esta reforma en materia secundaria.
Es muy importante, ha dicho el presidente su opinión pero hay comisionados que se han quedado sin poder externarla y creo que estamos en el momento oportuno para invitarlos y hacer valer esa opinión y así, entonces, entrar en una discusión más a fondo de todos estos conceptos que aquí se están vertiendo y si realmente hay avances en la materia.
La minuta enviada por el Senado de la Republica para su discusión en las comisiones dictaminadoras de Comunicaciones y de Radio y Televisión da cuenta no sólo de la pobreza de ideas sino de la manera en que se pretenden violentar los derechos fundamentales de los mexicanos, de los que tanto nos vanagloriamos por constituir el eje de la reforma a nuestra carta fundamental.
Por eso expongo que aquí se abran estos dos documentos, estas dos participaciones, tanto a la opinión en la OEA como el caso de los comisionados, para poner a prueba esos grandes avances que aquí se enuncian.
En la minuta se deja intocado el poder de los consorcios mediáticos y de telecomunicaciones, pues aun cuando en la ley secundaria se recupera, como se dijo en la colegisladora, letra por letra la definición de preponderancia, quedan en la omisión absoluta las reglas que permitirían que el órgano regulador estableciera límites a la concentración de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión, y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica.
Son estos tres aspectos los que estaban llamados a ser los instrumentos idóneos para una regulación eficiente de los mercados. No se quiso entender que la preponderancia es una figura que se introdujo en el texto constitucional para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones pudiera, en lo inmediato, meter en cintura a los consorcios en ambos sectores mediante la imposición de medidas asimétricas.
Al introducir en la ley el concepto de preponderancia se ratifica el inadecuado criterio del órgano regulador de medir la preponderancia por sectores y no por servicios y se fortalece la presunción jurídica que ha sostenido el agente económico preponderante en radiodifusión ante los tribunales federales cuyo riesgo es que se declare la inconstitucionalidad de la medida impuesta por el instituto.
Yo creo que ésta es la parte más controversial de la reforma, y a la que tendríamos que entrar a una discusión más a fondo, y que estamos en el momento oportuno para hacerlo y yo lamento el que no haya más argumentos en cuanto a esta determinación; si es transitoria o si tiene que venir en el cuerpo de la ley.
Además, con la propuesta que se nos manda desde el Senado de la República quedará al garete la regulación...
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Respetuosamente, le solicito a la oradora y además que conoce perfectamente el reglamento, nos apeguemos al tiempo. Gracias.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, presidente, concluyo. Además, con la propuesta que nos envían desde el Senado quedará al garete la regulación del servicio de televisión de paga, por más que aquí se externen argumentos en contra, que nos expliquen cómo dicen que esto entrará en una regulación, si no hay tal en la ley que estamos discutiendo.
Tampoco se resuelve, como se dijo, el imponerle al instituto la obligación de iniciar en el corto plazo, una investigación sobre el poder sustancial del mercado. En ese servicio, las declaratorias de la llamada dominancia se formulan a largo plazo dadas las características del procedimiento establecido en la Ley Federal de Competencia Económica.
Por eso yo creo que ésta es una trampa, un engaño. No hemos conocido esta determinación se haga tan rápido, como aquí se está diciendo se haría, y a pesar de ponerle límites en días, en tiempos estamos llamados a analizar con más detenimiento estos conceptos en la ley secundaria.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias, diputada Alavez. Tiene ahora el uso de la palabra, la diputada Luisa María Alcalde Luján para hablar en contra. Esta presidencia tiene registrado para hablar a favor, al diputado Federico González Luna Buena, y al de la voz. Gracias.
La diputada Luisa María Alcalde Luján: Sólo rápidamente una última reflexión. Los expertos en el tema, y la sociedad civil no pueden todos estar equivocados. Son muchas decenas de organizaciones y de expertos que han hecho observaciones, nuevas propuestas, y se han manifestado con respecto a varios temas en esta iniciativa.
La Medi, artículo 19; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Fundar, Freedom House, El Grito Más Fuerte, Colectivo Libre de Internet para Todos. Y otras 143 organizaciones han planteado diferentes propuestas. Expertas de la talla de Irene Levy, Agustín Ramírez, Aleida Calleja, Alberto Assis, incluso Daniel Jiménez Cacho y Miguel Concha también lo han hecho, entre otros.
Les pido que no hagamos oídos sordos, que no es un tema de partidos, que es la sociedad civil expresándose y que no se peque de soberbia, que debemos escuchar también diferentes puntos de vista y tomarlos en cuenta para las modificaciones conducentes. Gracias.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias, diputada Alcalde Luján. Le concedemos el uso de la palabra al diputado Federico González Luna Bueno. Adelante, diputado, para hablar a favor.
El diputado Federico José González Luna Bueno: Muchas gracias, presidente. Rápidamente, mencionar que la preponderancia por sectores –y con esto quisiera por mi parte ya dar por concluido este tema– me parece que es muy claro, a la letra de la Constitución.
Textualmente la fracción III del artículo 8o. habla de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones.
También en la fracción IV señala que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en un plazo no mayor a 180 días naturales, contados a partir de su integración, establecerá las medidas que permitan la desintegración efectiva de la red local del agente preponderante en telecomunicaciones.
Y señala aquí mismo, fracción IV, que estas medidas también serán aplicables al agente económico con poder sustancial en el mercado relevante de servicio.
Creo, e incluso el Instituto Federal de Telecomunicaciones en la opinión expresa que dio al Senado de la República señaló que la preponderancia, en su opinión, era por sector, que es tal como ellos emitieron sus regulaciones.
Creo que hay dos o tres preguntas clave que hacen todavía más claro este planteamiento. En primer lugar y debemos insistir en ello, ¿cuál es el sentido de esta discusión? Por qué el plantear que la legislación o plantear a su vez que la preponderancia es por sector, se está claudicando en la regulación de algún agente económico preponderante, sí existe la figura del poder sustancial de mercado relevante.
No tiene sentido, en mi opinión, este falso debate, en la medida en que la legislación está previendo esta figura clave, como bien lo apuntaba el diputado Belaunzarán.
Y la segunda pregunta que podemos hacernos es, ¿en qué se distribuiría, en cuanto al objeto de regulación, la preponderancia del poder sustancial de mercado, en caso de que la preponderancia sea por servicio y no por sector?
Creo que, me parece importantísimo también mencionar el tema de la colaboración con la justicia. Se ha mencionado mucho que este tema, o en este tema se está actuando en contra de la seguridad, en contra de la privacidad de los usuarios.
La verdad de las cosas es que la iniciativa, en su versión primaria, o primera, sí tenía, en mi opinión, aspectos que podían cuestionar estos aspectos de privacidad.
Sin embargo, creo que se ha corregido de manera suficiente, amplia, este capítulo de colaboración con la justicia. Incluso con la participación de los diversos partidos políticos en el Senado y creo que el resultado es bastante positivo.
En primer lugar, hay que decir que estas discusiones en materia de colaboración con la justicia, no se tratan ni persiguen una intromisión del Estado en la vida de los particulares. Claramente, de lo que se trata es de darle elementos al Estado para combatir delitos como secuestro, delitos contra la salud, extorsión, pornografía infantil, pederastia y fraudes cibernéticos, que cada día están más extendidos.
En días pasados la Comisión Nacional Bancaria informó que los fraudes cibernéticos a los usuarios de los servicios financieros se extendían casi a 4 mil millones de pesos en lo que va del primer trimestre del año.
La idea es, entonces, darle instrumentos al estado para combatir estos delitos. No es la intromisión en la vida de los particulares.
Es una cuestión que es importantísimo también destacar. La Suprema Corte de Justicia, a principios de este año, precisamente en el mes de enero declaró que sí es constitucional la geolocalización de los teléfonos celulares como, precisamente un mecanismo o una herramienta muy importante en favor del estado para promover el combate a los delitos de esta naturaleza.
Creo que no se trata, entonces, de una intromisión del estado sino de darle al gobierno, a las distintas instancias de gobierno, mecanismos para el combate de estos delitos.
Y una cuestión que me parece importantísima destacar, es que conforme al artículo 187 de la minuta, la actuación del estado en esta materia deberá hacerse bajo dos premisas: la primera, tienen que ser actos debidamente fundados y motivados. Es decir, con todo lo que ello implica en términos del artículo 16 de la Constitución.
El hecho de exigir la debida fundamentación y motivación le da un aspecto completamente diferente al acto, y no estamos ante un acto de autoridad sino por definición, ante un acto apegado a derecho.
Y la segunda consideración en cuanto a este artículo 187, es que exige que esta actuación de la autoridad se haga en términos de las disposiciones legales aplicables. Es decir, que las disposiciones de este capítulo de colaboración con la justicia, tenemos que entenderlas complementadas o en armonía con leyes especiales que prevean, precisamente la actuación del estado en esta materia.
Es decir, sería muy parcial la lectura que hiciéramos de este capítulo de colaboración con la justicia, si la abstraemos del conjunto del marco legal en materia de combate a estos delitos que son tan sensibles para la gente, como los mencionaba. Secuestro, extorsión, pornografía infantil, amenazas y otra serie de conductas que dañan o laceran profundamente a la sociedad. Muchas gracias.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, diputado. Le concedemos el uso de la palabra a la diputada Luna Porquillo, para hablar en contra en lo general.
La diputada Roxana Luna Porquillo: Nada más quisiera hacer mención de una de las tantas consecuencias que va a traer esta reforma. Y bueno, Televisa termina de comprar todos los cableros y entonces sería dueño de la televisión abierta y de la televisión restringida, cable y satelital; Televisa es la única empresa que puede ofrecer triple play; Telmex no puede ofrecer televisión de paga, la red de comunicaciones del país se pone en serio riesgo; la red de Telmex es por mucho la red troncal más grande y por mucho la que comunica a este país, la red troncal de Telmex tiene una extensión de 110 mil kilómetros, en tanto que la segunda mayor es la de Comisión Federal de Electricidad que tiene 21 mil kilómetros.
La bajísima inversión en la red de Telmex va a empeorar de manera que pone en riesgo a la comunicabilidad de este país y para quién va a invertir Slim en mantener en buenas condiciones su red, si tiene que ofrecer sus servicios gratis, para qué van a invertir los competidores en Telmex si se puede utilizar gratis la red de Telmex. Es cuanto, señor presidente.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias, diputada. Le concedemos el uso de la palabra para hablar en contra, al diputado Belaunzarán.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Gracias, presidente. Si nuestro objetivo, como ha sido explícito por todos, es generar competencia en todos lados tenemos que ver también en aquellos elementos que son fundamentales o que habíamos apostado mucho en la reforma constitucional que serían parte del mercado o de la prestación de estos servicios y que resultaron –perdón que lo diga– tiritititos.
Por ejemplo, la televisión pública. Habíamos apostado una televisión pública de estado, con fuerza, dinámica, incluso la comparábamos con la BBC de Londres, con la RAI Italiana, con la televisión española y la verdad es que uno lee la iniciativa y no se ve. Al contrario, lo que vamos a ver es medios públicos que se las van a ver negras para poder mantenerse, incluso para sacar los costos de operación.
Y ya lo decía Miguel Alonso Raya, que incluso las universidades, hay un transitorio para decir que las universidades no van a poder pedir presupuesto para mantener canales de televisión, a pesar de que el cambio digital necesita de hacer cambios en equipo, se necesita de una inversión y, ¿quién la va a hacer? Entonces si se estaba pensando en que medios públicos también podrían generar competencia se quedó corto. Ojalá podamos darnos un espacio para fortalecer a la televisión pública; me parece que sería importante y por supuesto en eso también está darle condiciones mínimas a las radios comunitarias, indígenas, etcétera, porque las vamos a dejar morir por inanición, si no puede ni siquiera comercializar para sacar para sus gastos de operación, pues están en una tremenda desventaja; ojalá también podamos ver que al menos para sus gastos de operación pudieran tener recursos.
Porque la salida es que sean los gobernadores o los presidentes municipales los que con el uno por ciento puedan mantenerlos a la diversidad, pues no parece una gran solución, sobre todo porque eso podría también conllevar cierto control político, que va en contra de lo que se estaba viendo.
Me parece que en esto de los medios públicos también está la parte que me había faltado. Quiero, de verdad, hacer la petición de que establezcamos la mesa de negociación en donde podamos ver algunos temas en lo particular y encontrar salida. Ya dije que el treinta y nueve transitorio le pusiéramos un inicio, ya está el inicio de la investigación sobre agentes con poder sustancial de mercado relevante, pues pongámosle un plazo final y ahí veríamos.
También dije que hagamos que el must carry y el must offer sea efectivo, porque la reforma en la Ley de Derechos de Autor evita que sea gratuito porque se lo van a tener que cobrar en la retransmisión, haciendo –me parece– algo que sería una simulación que me parece que no debiera ser.
Si hay esa voluntad y podemos establecer una mesa de negociación veremos la posibilidad de impulsar algo. Aquí lo que me parece más lamentable es que había un pacto original que había generado un gran consenso para hacer la reforma constitucional y ahora no tenemos ese consenso. Se rompió el consenso, señal de que ya lo que era la gran reforma de Estado, lamento que lo que era una reforma de Estado ahora parezca una ley facciosa, hecha con dedicatoria y en lugar de una visión a futuro en un país donde hubiera competencia y diversidad en todos los ámbitos, en Internet, en radio, en televisión, en todo y que el equilibrio fuera una certeza democrática para todos, haya de alguna manera naufragado. Ojalá todavía lo podamos rescatar.
Reitero la posición de que mañana se abra, en el inicio del periodo extraordinario, se abra un receso, se instale una mesa y podamos ver, tema por tema, cómo podemos mejorar esta minuta y cumplir con nuestra obligación constitucional de ser colegislador. Gracias.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, diputado. Le solicito al diputado Federico González Luna Bueno, siga con la conducción de esta sesión de comisión para que un servidor haga uso de la palabra para hablar a favor del dictamen en lo general.
El diputado Federico José González Luna Bueno: Con mucho gusto. Solicitamos al diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, haga uso de la palabra para hablar en favor de la minuta. Muchas gracias.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Lo primero que tengo que hacer es ajustarme al tiempo; tengan la certeza que así va a ser. Yo quisiera hacer más que todo algunas reflexiones que creo importantes en este momento.
Quisiera que nos remontáramos a junio del año pasado cuando aprobamos una reforma constitucional, una reforma constitucional que concluye con todo el procedimiento del constituyente permanente. Es decir, es apoyada también por las legislaturas de los estados y que fijaba determinados plazos de cumplimiento: el 9 de diciembre del año próximo pasado para haber tenido la ley secundaria que en este momento estamos analizando.
Pero recordemos qué nos motiva a esa reforma constitucional. Nos motiva la necesidad de generar una competencia efectiva en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y se crea una figura que sólo se aplica en telecomunicaciones y radiodifusión: agente económico preponderante. Éste no tiene aplicación para cualquier otra rama de la economía. Para las demás ramas de la economía ya aprobamos aquí la Ley de Competencia Económica que prevé un esquema sobre mercado, mercado relevante, que es precisamente el poder sustancial.
Señalamos a su vez que para el Instituto Federal de Telecomunicaciones en materia de competencia tendrá aplicación la propia Ley Federal de Competencia que aprobamos. Es decir, la determinación de poder sustancial tendrá que hacerlo el Ifetel.
Por qué se crea el agente económico preponderante. Porque era obvio que en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión teníamos dos figuras a las que era necesario fijarles reglas asimétricas y le fijamos un plazo al Instituto Federal de Telecomunicaciones para su resolución. El Instituto Federal de Telecomunicaciones –y hay que decirlo con todas sus letras– resuelve como agente económico preponderante en telecomunicaciones al grupo económico América Móvil, Telmex y, para el caso de radiodifusión, al agente económico o grupo económico Televisa.
En ese momento el Instituto Federal de Telecomunicaciones toma como base sectores. En ningún momento se habla de servicios y, como ustedes tienen conocimiento, ninguno de los dos agentes económicos tiene posibilidad de tener la suspensión de amparo, porque así está previsto en la propia Constitución.
Pero como todos sabemos, los dos agentes económicos impugnaron la resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones que va en este sentido.
Coincido en que la corte va a tomar consideración sobre el particular, claro que lo va a hacer, porque en este momento está en litigio ante el Poder Judicial de la federación.
Si nosotros en este momento cambiamos la jugada y lo establecemos por servicio, distinto a lo que estableció el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el juez de amparo va a resolver de manera muy simple: va a anular la resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones y nos vamos a quedar sin agente económico preponderante, es decir, ni Televisa ni Telmex. Hay que decirlo con todas sus letras. En consecuencia, esas reglas asimétricas que se fijaron para que realmente todos pudieran participar se vienen abajo.
En ese momento, el Instituto Federal de Telecomunicaciones tendrá que iniciar un nuevo procedimiento, sin agente económico preponderante y con justa razón van a decir: no se aplican esas reglas asimétricas y puedo participar en todos los sectores. Eso es caer en una trampa procedimental.
Los invito a la reflexión. Votar por servicios implica generar que nos quedemos sin agentes económicos preponderantes y echar abajo esa figura que se estableció precisamente ante la consideración de dos entes muy poderosos que tenían que jugar en un nuevo escenario.
Por otro lado, y de manera muy rápida, qué se pensó al mismo tiempo: Se pensó que esa competencia no va a generar un beneficio directo al ciudadano de manera rápida y había que utilizar otro tipo de instrumentos para generar beneficios de manera directa. Por eso enhorabuena porque se elimine el cobro de las largas distancias, por eso enhorabuena que esa problemática y que aquí hemos comentado muchas veces de los problemas de los usuarios exista realmente una defensa en los usuarios.
Me llama poderosamente la atención que no se haya comentado, o al menos no escucho un servidor, no escucho algo sobre la protección de los derechos de la niñez, hay que recordar lo que está previsto en la Constitución, pero a su vez creo que se nos olvidó que facultamos al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que pueda suspender de manera precautoria las trasmisiones que violen la normatividad de las defensas de las audiencias y de la programación y publicidad dirigida al público infantil y de las normas en materia de salud.
Es decir, estamos dándole una atribución al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que efectivamente proteja lo que nosotros establecimos en la Constitución, no pasemos esto de lado, no abra que hacer procedimientos más que la propia determinación de un ente más en el que nosotros le tenemos total y absoluta confianza. Por ese motivo es que reflexionamos y los invitamos a que voten a favor de este dictamen.
Una vez concluidas las intervenciones, se da por concluida la discusión en lo general del dictamen.
9. Acto seguido, el presidente solicita a la secretaría dar lectura a los artículos reservados por los integrantes de las comisiones unidas. El secretario da lectura a las 193 reservas registradas.
Posteriormente, se procede a tomar la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no reservados del dictamen, iniciando con la Comisión de Comunicaciones.
La diputada Landy Margarita Berzunza Novelo: A favor.
El diputado José Luis Cruz Flores Gómez: A favor.
La diputada Patricia Guadalupe Peña Recio: A favor.
La diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo: En contra.
El diputado Andrés de la Rosa Anaya: A favor.
La diputada Amalia Dolores García Medina: En contra.
El diputado Agustín Miguel Alonso Raya: En contra.
El diputado Juan Carlos Uribe Padilla: A favor.
El diputado Marcelo Garza Ruvalcaba: En contra.
La diputada Gloria Bautista Cuevas: En contra.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: A favor.
La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik: A favor.
El diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones: A favor.
El diputado Eligio Cuitláhuac González Farías: A favor.
El diputado Federico José González Luna Bueno: A favor.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: A favor.
El diputado Homero Ricardo Niño de Rivera Vela: A favor.
La diputada Martha Gutiérrez Manrique: A favor.
El diputado José Noel Pérez de Alba: A favor.
El diputado Leobardo Alcalá Padilla: A favor.
La diputada Ana Lilia Garza Cadena: A favor.
El diputado Víctor Manuel Díaz Palacios: A favor.
Se procede a tomar la votación nominal de la Comisión de Radio y Televisión
El diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán : A favor.
La diputada Alfa Eliana González Magallanes : En contra.
La diputada Verónica Juárez Piña : En contra.
La diputada Cristina Olvera Barrios : A favor.
La diputada Roxana Luna Porquillo: En contra.
La diputada Luisa María Alcalde Luján : En contra.
El diputado Agustín Barrios Gómez : En contra.
La diputada Lilia Aguilar Gil : En contra.
La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik : A favor.
El diputado Adolfo Bonilla Gómez : A favor.
El diputado Federico González Luna: A favor.
La diputada Martha Gutiérrez Manrique: A favor.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: En contra
La diputada Ana Lilia Garza Cadena: A favor.
El diputado Alfredo Padilla Fierro: A favor.
La diputada Blanca María Villaseñor Gudiño: A favor.
El diputado Gerardo Francisco Liceaga Arteaga: A favor.
La diputada Silvia Márquez Velazco: A favor.
El diputado Felipe de Jesús Muñoz Kapamas: A favor.
El diputado Patricio Flores Sandoval : A favor.
El diputado Simón Valanci Buzali: A favor.
La diputada María Beatriz Zavala Peniche: A favor.
La diputada Adriana González Carrillo: A favor.
El diputado Jaime Cris López Alvarado: A favor.
La diputada Patricia Lugo Barriga: En abstención.
Finalizada la votación, la secretaría da cuenta de ella:
Por la Comisión de Comunicaciones: 17 votos a favor, cinco votos en contra.
Por la Comisión de Radio y Televisión: 17 votos a favor, 7 votos en contra y 1 abstención.
10. Continuando con el acuerdo para el desahogo del dictamen, el presidente pregunta a la asamblea si las reservas presentadas por los diputados integrantes de las comisiones unidas son llevadas directamente al pleno de la Cámara de Diputados. En votación económica, se acepta la propuesta.
Acto seguido, la presidencia consulta a la asamblea si se autoriza enviar el dictamen a la Mesa Directiva de la Cámara para su inscripción en el orden del día del periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados. En votación económica se autoriza.
11. Posteriormente, una vez agotados los asuntos del orden del día, el presidente levantó la reunión de trabajo a las 21:45 horas.
La Junta Directiva de la Comisión de Comunicaciones
Diputados: Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), presidente; Andrés de la Rosa Anaya, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela (rúbrica), José Noel Pérez de Alba, Víctor Emanuel Díaz Palacios (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Marcelo Garza Ruvalcaba (rúbrica), Federico José González Luna Bueno (rúbrica), Purificación Carpinteyro Calderón.
