Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 4124-V, jueves 2 de octubre de 2014
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Proposiciones de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de sus dependencias, coadyuve con las autoridades del gobierno del estado de Jalisco, para llevar a cabo las investigaciones a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la Laguna de Cajititlán, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña y suscrito por diversos diputados del Grupo Parlamentario del PRI y por el diputado Enrique Aubry De Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del PVEM.
Los suscritos, diputados federales de Jalisco por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a colaborar por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y todas las autoridades competentes de la administración pública federal con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones necesarias a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen las sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La laguna de Cajititlán, en Tlajomulco de Zúñiga, cerca del lago de Chapala, tiene 9 kilómetros de longitud y 2 de ancho. Es pequeña, comparada con el lago de Chapala, pero se le considera la laguna de la zona metropolitana de Guadalajara por su majestuosidad y atractivo turístico.
Formada con el agua de lluvia proveniente de las serranías que la rodean, la laguna de Cajititlán es un lugar único y muy especial para los tapatíos y todos los jaliscienses.
Hoy, desgraciadamente, nuestra bella laguna está sufriendo los embates de los cambios climáticos o, peor aún, de posibles actos de negligencias y violencia ambiental.
Según la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, hasta el domingo 31 de agosto se habían extraído más de 30 toneladas de peces muertos. Para el martes ya se contabilizaban más de 50 toneladas.
Debemos reconocer que las autoridades han puesto su empeño para detectar la causa de la muerte de la gran cantidad de peces en la laguna.
Aparentemente se desconoce si es un fenómeno natural o se trata de un evento provocado por conductas perniciosas de ciertos individuos.
La secretaria de Medio Ambiente en Jalisco, Magdalena Ruiz, informó que ya se han enviado brigadas de trabajadores para apoyar a los pescadores locales en la retirada de los peces muertos, así como técnicos para evaluar la situación de las plantas de tratamiento de aguas de la ribera de la laguna.
De acuerdo con el doctor Manuel Guzmán Arroyo, director del Instituto de Limneología de la Universidad de Guadalajara, se trata de un problema provocado por el nivel de agua de la laguna, “que resulta demasiado bajo para cubrir las necesidades de oxígeno de los peces”.
El especialista explicó que “el lago tiene problemas porque le sacan demasiada agua. Una ventisca fuerte puede remover el fondo se levantan los sedimentos, se mezcla y se agota el oxígeno en el agua”.
Otra explicación que se ha dado es que la ausencia de agua suficiente y de oxígeno obedece al riego del valle adyacente y la existencia de un canal de adiestramiento para deportes acuáticos que también extrae agua de la laguna.
Durante estos días, la secretaria de Medio Ambiente de Jalisco ya dio a conocer que estableció un mando único para la atención de la contingencia ambiental. La Profepa y la Comisión Estatal del Agua han tomado importantes medidas de coordinación para que la contingencia ambiental se estabilice de manera positiva, se recupere el equilibrio ecológico de la zona y, desde luego, se subsane en lo posible el daño ambiental ocasionado.
En resumen:
(i) La recurrente crisis ambiental en la laguna de Cajititlán –cuatro periodos de muertes masivas de peces– puede tener su causa en cuestiones cíclicas u ocasionadas por la acción irresponsable del hombre; y
(ii) Ante estos hechos, hay instancias gubernamentales competentes para investigar el hecho y las formas de resarcir el daño ocasionado, buscando a su vez a los responsables y sancionándolo conforme a las leyes que nos hemos dado.
Nuestra posición como diputados al Congreso de la Unión es coadyuvar con las autoridades locales para resolver, de acuerdo con nuestras atribuciones, los problemas que pudiesen afectar a nuestros representados.
Hoy, las niñas, los niños, las mujeres y los hombres de Jalisco están sufriendo una afectación ambiental que merece toda la atención, tanto de las autoridades locales como federales. Merece que nos dispongamos a revisar las leyes en materia ambiental, tanto por lo que toca al Congreso de Jalisco, como lo que corresponde al Congreso de la Unión. Deben provocar toda nuestra atención y, desde luego, la coordinación de todas las autoridades competentes al efecto de deslindar responsabilidades, encontrar y sancionar a los culpables y, más importante aún, lograr reestablecer el equilibrio ecológico en la zona afectada y prevenir nuevas afectaciones.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de la Cámara de Diputados el presente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a colaborar por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y todas las autoridades competentes de la administración pública federal con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones necesarias a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen las sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2014.
Diputados: Abel Salgado Peña (rúbrica), Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica), Leonardo Alcalá Padilla (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Salvador Barajas del Toro, Marco Antonio Barba Mariscal, Sergio Armando Chávez Dávalos, Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a publicar las bases de datos integradas como resultado del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial; y difundir las razones de que en el Atlas Educativo se incorporara únicamente información parcial, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Los que suscriben, María Sanjuana Cerda Franco, Lucila Garfias Gutiérrez, Sonia Rincón Chanona, Dora María Guadalupe Talamante Lemas y José Angelino Caamal Mena, diputadas y diputado integrantes de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, nos permitimos presentar ante esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución; al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El artículo quinto transitorio de la reforma constitucional en materia educativa establece la obligación de crear el sistema de información y gestión educativa. En el año 2013, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) realizó para este propósito, el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE). El objetivo de este censo es que la autoridad educativa tenga “en una sola plataforma los datos necesarios para la operación del sistema educativo y que, a su vez, permita una comunicación directa entre los directores de escuela y las autoridades educativas”.
De acuerdo con la nota técnica emitida por el Inegi, el levantamiento del CEMABE, se llevó a cabo del 26 de septiembre al 29 de noviembre de 2013 y fue aplicado a:
• Inmuebles de educación básica y especial y los de apoyo a la educación especial;
• Centros de trabajo (escuelas de educación básica y especial, así como los de apoyo a la educación especial);
• Alumnos que asisten a escuelas de educación básica y especial;
• Personal que labora en las escuelas de educación básica y especial, en oficinas de apoyo a la educación especial, así como aquellos que tienen plaza de docente de educación básica y laboran en otro tipo de centro de trabajo u oficina.
Asimismo, se aplicaron diferentes instrumentos para la captación de la información que consistieron en:
• Cédula inmueble-centro de trabajo con 313 preguntas (electrónico).
• Pase de lista de personal y alumnos (electrónico) con 15 variables para el personal y 7 en el caso de alumnos.
• Cuestionario de autollenado del personal del centro de trabajo con 55 preguntas.
• Cuestionario de autollenado (padres o tutor) de alumnos con 36 preguntas.
• Cédula inmueble-centro de trabajo del Conafe con 76 preguntas.
• Cédula personal del Conafe con 46 preguntas.
A pesar de que el día 19 de diciembre de 2013 se dieron a conocer algunos datos preliminares con motivo de la notificación del Cierre del Levantamiento, no fue sino hasta el 31 de marzo de 2014, cuando de manera pública el Presidente de la Junta de Gobierno del Inegi, Eduardo Sojo Garza Aldape y el Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, presentaron los resultados definitivos del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, dando paso inmediato a la publicación electrónica del denominado “Atlas Educativo”: www. http://cemabe.inegi.org.mx/
La información dada a conocer de manera agregada, arrojó datos reveladores, pero lamentablemente limitada e incompleta considerando la riqueza de información captada a través de los instrumentos descritos en líneas anteriores.
De manera general, la información aportada por el CEMABE nos permitió saber que existen 261 mil 631 centros de trabajo en operación, incluyendo escuelas, bibliotecas, centros de maestros, oficinas administrativas y de supervisión, entre otros, de los cuales en el 9.2 por ciento se registraron negativas a responder al Censo, que se concentraron en mayor medida en Chiapas (41%), Oaxaca (27.4%) y Michoacán de Ocampo (27.3%).
De igual forma, que de los 236 mil 973 planteles de los que sí se obtuvo presuntamente información completa, 207 mil 682, son escuelas de educación básica y especial y 12.4% son otro tipo de centros de trabajo.
Respecto de los servicios básicos, según el CEMABE, solo el 51.6% de las escuelas públicas cuenta con drenaje, 69% con disponibilidad de agua potable, 87.2% con sanitarios y 88.8% con energía eléctrica; en tanto que las escuelas privadas casi cumplen en su totalidad con la demanda de estos servicios.
Con relación a la información sobre los alumnos, el total registrado en escuelas censadas fue de 23 millones 562 mil 183. De ellos el 18.3% pertenecen a nivel preescolar, 55.8% a primaria, 25.6% a secundaria y el 0.3% a centros de atención múltiple. Por su parte, el personal que labora en las escuelas, asciende a 1 millón 949 mil 105, de los cuales el 88.1% desempeña funciones en escuelas de educación básica y especial, 2% lo hace en centros de trabajo de apoyo a la educación especial y 9.9% en otros centros de trabajo.
No obstante, a poco más de cuatro meses de la publicación en la página web del “Atlas Educativo”, hemos podido apreciar que la información que en él se integra, son apenas datos básicos que no cumplen con los objetivos de “transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados, ni mucho menos contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del Estado de derecho” cuyos objetivos están claramente expresos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Por el contrario, la información publicada ha sido objeto de innumerables interpretaciones que, con independencia de la rigurosidad técnica y académica con la que han sido elaborados, tienen como origen que la SEP reservara la mayor parte de la información que integró el Inegi.
Los datos públicos incorporados en el “Atlas Educativo”, es solo información agregada que permite conocer parcialmente lo que a la autoridad educativa le parece conveniente que conozca la ciudadanía. Sin embargo, no contiene los elementos necesarios que permitan el cruce de variables para la revisión de los indicadores que se incluyen en la MIR (Matriz de Indicadores de Resultados. Menos aún para clarificar dudas que dan pie a descalificaciones públicas tanto al quehacer de las autoridades educativas como hacia el desempeño de diversos actores del proceso educativo, particularmente de los maestros.
Para dar cuenta de lo anterior, es suficiente con revisar, solo a manera de ejemplo, que en el Tabulado de alumnos que incluye el CEMABE, es posible acceder a la siguiente información:
• Alumnos 1 Alumnos por entidad federativa de administración, nivel educativo y edad según tipo de sostenimiento y sexo.
• Alumnos 2 Alumnos por entidad federativa de administración, nivel educativo y tipo de servicio según tipo de sostenimiento y sexo.
• Alumnos 3 Alumnos por entidad federativa de administración, nivel educativo y turno según tipo de sostenimiento y sexo.
• Alumnos 4 Alumnos por entidad federativa de administración, nivel educativo y tipo de servicio según condición de construcción del inmueble que aloja la escuela y tipo de construcción
Asimismo, a través del mapa interactivo, nos es posible ingresar a la información de cada uno de los planteles educativos. Solo nos ofrece información respecto al número de grupos, alumnos y docentes, pero no es posible identificar, por ejemplo, la edad de los educandos, tipo de discapacidad que atienden en el caso de los Centros de Atención Múltiple y mucho menos en los planteles de educación regular.
A las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, nos preocupa que la información de referencia sí fue captada en los cuestionarios diseñados y aplicados por el Inegi y, según lo expresado por dicho organismo, incluida en la base de datos entregada a la SEP; de manera que el tabulado que nos permitiera conocer las características de la población con discapacidad atendida en los planteles educativos públicos y privados, podría construirse a partir de cruces de información entre las variables: si servicios de educación especial, tipo de discapacidad y tipo de servicio por entidad federativa, si el “Atlas Educativo” la tuviera disponible para la consulta de la sociedad.
Lo expresado en líneas anteriores, se basa solo en la revisión de uno de los tabulados, sin embargo situación similar y quizá con mayor margen a la interpretación, se presenta en el resto de los tabulados, por lo que la irresponsable y sesgada interpretación de la información amenaza con seguirse dirimiendo a través de los espacios públicos de comunicación en tanto la SEP, que es hoy propietaria de la información, no permita que la ciudadanía tenga acceso a ella.
En mérito de lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente resolución, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a publicar las Bases de Datos que se integraron como resultado del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial; y hacer públicas las razones por las que la información incorporada en el “Atlas Educativo”, incluye únicamente información parcial y, en su caso, las explicaciones que motivaron esa decisión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2014.
Diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica)
Con punto de acuerdo por el que se hace una enérgica condena a las ofensivas y misóginas expresiones hechas por el ciudadano Alejandro García Ruiz, por ser gravemente atentatorias de los más altos principios constitucionales de libertad, igualdad y respeto entre mujeres y hombres, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena y las diputadas y los diputados abajo firmantes integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta ante esta Honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 20 de septiembre del año en curso, el ex diputado local por el Partido Revolucionario Institucional en Chiapas, Alejandro García Ruiz, refirió en un programa radiofónico que conduce en Tapachula que “todas las leyes tienen lagunas, y como se dice desgraciadamente, las leyes como las mujeres, se hicieron para violarlas”.
En el Grupo Parlamentario del PAN reprobamos y repudiamos profundamente las ofensivas expresiones hechas por este ex diputado priista, en el programa “La Chorcha” que se transmite de lunes a viernes por el 90.7 de FM del corporativo Radio Núcleo.
Expresiones como la señalada por este individuo, no pueden ni deben dejarse de lado, por indiferencia o por descuido. Por eso, en nuestro grupo parlamentario, las y los diputados, no podíamos dejar de pronunciarnos y de mostrar nuestra severa condena por la grave ofensa que esta persona cometió contra todas las mujeres, y en particular, contra todas las personas que conforman la audiencia de su programa, y de aquellas otras que de alguna manera conocieron de su comentario.
Creemos que es inadmisible para cualquiera, pero más para una persona pública como él, que se ostenta como líder de opinión en una radiodifusora, expresarse de una manera tan misógina y lacerante contra las mujeres, tomándolas evidentemente como un objeto del cual puede hacerse una metáfora en la que se normaliza una de las formas de violencia más lacerantes contra ellas, la violación.
No nos equivoquemos, las expresiones señaladas por este personaje, laceran sin duda la dignidad de todas las personas, y en específico, la dignidad de las mujeres chiapanecas, y de todas las mujeres mexicanas. Porque se trata de las expresiones de un ex servidor público, y de una persona que participa de las transmisiones radiofónicas que llegan principalmente a la sociedad chiapaneca y de un probable formador de opinión pública.
No podemos permitirnos como sociedad, ni mucho menos como representantes de las y los ciudadanos de este país, pasar por alto que los medios de comunicación se permitan estas expresiones misóginas, y se dé cabida en ellos a personas que no conocen el verdadero significado del respeto, de la igualdad y de la libertad, valores todos ellos, que las y los mexicanos debemos exigirnos sin miramientos, para seguir conformando una patria que pueda llegar ser verdaderamente ordenada y generosa.
Por ello es inadmisible e indignante que una persona, a través de un medio de comunicación, refiera de una manera tan naturalizada una metáfora tan burda en la que involucre uno de los bienes jurídicos que deben ser de los más altamente protegidos por el Estado, como lo es la seguridad y la vida de las mujeres, y por supuesto, su derecho a ser tratadas, reconocidas y protegidas por los mismos derechos y garantías que los hombres.
Lo sucedido en Chiapas, es doblemente grave, cuando sucede en un estado, que de acuerdo a la publicación: Feminicidio en México aproximaciones tendencia y cambios 1985-2009, es el estado con menor índice de Desarrollo Humano y menor índice de Desarrollo Relativo el Género. O cuando, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2011, reporta que la violencia que fue infligida por sus parejas al 81.6 por ciento de las mujeres chiapanecas que enfrentaron violencia física o sexual, fue violencia grave y muy grave, alcanzando a más de 148 mil mujeres de 15 años y más, actual o anteriormente unidas.
Lo que sucedió en Chiapas, sólo da muestra de lo mucho que hay que trabajar aún para transformar en nuestro país, esa cultura tan arraigada de discriminación y prejuicios contra las mujeres. De lo mucho que hay por hacer para que las personas reflexionemos sobre nuestros dichos, y más aún, cuando participamos de la vida pública de nuestra sociedad.
Es por ello que el Grupo Parlamentario del PAN a través del presente punto de acuerdo expresa su indignación y repudio a todas las formas de violencia que impidan y atenten contra el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Para nosotros, la violencia en contra de las mujeres, en cualquiera de sus formas, es un hecho que no debe ser tolerado de ninguna manera.
En Acción Nacional nos pronunciamos en contra de expresiones misóginas que minimicen, ofendan y vulneren a las mujeres en el ejercicio de sus derechos. Creemos que todos, como sociedad, debemos cuidar el lenguaje para que no sea ni ofensivo ni atentatorio contra la dignidad de nadie.
Reconozcamos que el lenguaje ofensivo, denigratorio e insultante también es una forma de violencia que habitualmente se ejerce contra las mujeres. Y que tenemos la obligación de pararlo, no aceptarlo, e incluso, de censurarlo.
No sólo no es justo, sino que es totalmente contrario a la ley a los ordenamientos jurídicos internacionales, que en pleno siglo XXI las mujeres debamos de sufrir humillaciones, difamaciones, calumnias y descréditos feroces, por el sólo hecho de ser mujeres.
Por ello, resulta fundamental impulsar firmemente la defensa y garantía del pleno ejercicio de los derechos de las mujeres. Acción Nacional está porque la violencia contra las mujeres deje de estar en el ámbito de la anécdota, el rumor institucional o la prensa sensacionalista, para trascender al plano de las garantías y la legalidad.
Sin duda, este problema afecta profundamente nuestro tránsito hacia ese país democrático que todos y todas deseamos tener.
En Acción Nacional estamos por el respeto irrestricto a los derechos humanos de las mujeres y por su salvaguarda, pero más aún, estamos por el respeto a su dignidad como personas. Por ello de ninguna manera consentimos que quien sea, llámese, grupos, autoridades, empresarios, diputados, ex diputados, actúen sin prudencia, respeto y consciencia con actos violentos hacia las mujeres.
Es por ello y por lo aquí expuesto me permito formular la siguiente proposición de urgente y obvia resolución con
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados hace una enérgica condena a las ofensivas y misóginas expresiones hechas por el ex diputado priista, Alejandro García Ruiz, en donde refirió que “las leyes como las mujeres, se hicieron para violarlas”, por ser gravemente atentatorias de los más altos principios constitucionales de libertad, igualdad y respeto entre mujeres y hombres.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y al gobernador de Chiapas, para que, en el ámbito de sus respectivas facultades, establezcan las medidas necesarias que garanticen a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia.
Tercero. La honorable Cámara de Diputados hace un respetuoso exhorto al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a que actúe de oficio para conocer de las expresiones discriminatorias del ex diputado priista, Alejandro García Ruiz, en donde refirió que “las leyes como las mujeres, se hicieron para violarlas”, y en su caso, imponga las medidas administrativas y reparaciones pertinentes.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2014.
Diputados: Carmen Lucía Pérez Camarena, Elizabeth Vargas Martín del Campo, María Celia Uricel Castañeda, Aurora Aguilar Rodríguez, Beatriz Yamamoto, Raquel Jiménez, Patricia Lugo, Alberto Díaz T, Ana Paola López Birlain, Víctor Fuentes, Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, Juan Carlos Uribe Padilla, Leonor Romero Sevilla, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Luis Alberto Villarreal García, Enrique Alejandro Flores Flores, Felipe Almaguer Torres, David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbricas).
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH a supervisar el cumplimiento de la protección de los derechos humanos de los menores en albergues infantiles o casas hogar, a cargo de la diputada María de Jesús Huerta Rea, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada federal María de Jesús Huerta Rea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; 6, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de Urgente u Obvia resolución, por el cual se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que supervise se cumpla con la protección a los derechos humanos de los menores que se encuentran en albergues infantiles o casas hogar y coadyuve con el Ejecutivo Federal a fin de que se anteponga el interés superior de la infancia en cualquier diligencia realizada en la materia. Asimismo para que se exhorte al Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de Salud para que a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional) realice o actualice el censo de los albergues infantiles y casas de asistencia, tanto públicos como privados que existen en México, para poder saber cuántos son y en qué condiciones trabajan, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
El interés por saber quién cuida a nuestros niños y en qué condiciones se les atiende es comprensible en padres o madres. En el caso de los niños huérfanos o que no tienen una familia que se haga responsable de ellos, menores de edad que por diversos motivos tienen que ser atendidos en un albergue o casa-hogar infantil, la preocupación es de todos y para atenderla tenemos al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y a los sistemas estatales que coadyuvan y supervisan esta importante responsabilidad.
Sin embargo, dicha responsabilidad de cuidar, educar y tratar de ubicar en un hogar a estos niños, para que sean atendidos de la mejor manera, es una tarea mayúscula que ha tenido que ser compartida con particulares, también interesados en atender a estos menores. Todo ello en el marco las leyes en la materia y siempre pensando en el interés superior de la infancia.
Para tener una mejor idea de lo que significa tal labor, es importante señalar que de acuerdo a datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), México es el segundo país en América Latina con más niños huérfanos. Ya que en nuestro país se tiene un registro de un millón 600 mil niños en desamparo. Datos que sólo se ven superados por los 3 millones 700 mil menores sin hogar en Brasil.
Tal cifra contrasta con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), organismo que en el año 2010 tenía censados 657 mil huérfanos en 753 casas hogar, orfanatos y casas de cunas que operan en México. Mientras que el último estudio del DIF, fechado en 2007 , señalaba que había 1.6 millones de menores huérfanos en el país , de los cuales 703 mil vivían en albergues y de estos sólo 29 mil lo hacían en albergues públicos.
Aunque hay muchas maneras de nombrarlos, todos son menores en situación vulnerable. Sin embargo, no existen datos recientes y confiables ya que, como declaró la anterior directora del DIF nacional, Cecilia Landerreche Gómez Morín: “no se cuenta con una estadística que arroje datos certeros sobre el número de infantes que han quedado huérfanos debido a actos de la delincuencia organizada”.
Ante tal realidad, la exfuncionaria declaró que implementarían un programa interinstitucional para conformar un banco de información sobre el tema; programa que aparentemente no se concretó, porque no se difundió mayor información al respecto. Justamente en esa época, agosto del 2011, el Congreso de la Unión a través de la Comisión Permanente, aprobó un exhorto al Ejecutivo para que se realizara el censo a través del DIF.
Sin embargo, terminó la administración en noviembre de 2012 y no fue atendida la petición del Legislativo. Por ello, hoy en día que el titular del Poder Ejecutivo, el Presidente Enrique Peña Nieto, ha manifestado y demostrado en varias ocasiones su disposición para atender la situación de la infancia mexicana, consideramos sumamente oportuno retomar el tema e insistir en la necesidad de contar con la información que permita diseñar o adecuar programas en la materia, así como implementar más acciones en pro de la atención y protección de los menores afectados.
Al respecto, se considera de vital importancia contar con el apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través de la Primera Visitaduría (que se encarga de presuntos desaparecidos, asuntos de la mujer, la niñez y la familia, y de la atención a víctimas del delito); esto con el propósito principal de garantizar los derechos humanos de los menores y así cumplir también con el precepto de proteger el interés superior de la infancia.
Porque la realidad que vemos en los medios cotidianamente, niños maltratados o desamparados que aunque estén en familia no son cuidados adecuadamente, nos obliga a reconocer que los albergues infantiles y casas-hogar o de asistencia vienen a ser una oportunidad para esos cientos de miles de menores que han quedado en la orfandad o su familia no cumple con respectar sus derechos humanos fundamentales, haciéndolos víctimas de abandono, vejación y maltrato; sin embargo, debido a la falta de control sobre dichos albergues e incluso al desconocimiento sobre su operación, no siempre se cumple con la tarea de cuidar y proteger a los menores que se encuentran bajo su responsabilidad.
El mejor ejemplo de las consecuencias de no tener control y conocimiento sobre el funcionamiento de muchos albergues privados o no gubernamentales, lo tenemos con el caso de los menores maltratados del Albergue “la Gran Familia”, en Zamora Michoacán. Aunque, es justo reconocer que en un principio dicho albergue ayudó a muchos menores y cumplió con el propósito original de cuidar y proteger sus derechos, con el tiempo y la falta de supervisión se fue deteriorando su funcionamiento; en detrimento de la protección de los derechos humanos de sus habitantes.
Ello se aprecia en el hecho de que los menores estaban desnutridos, sucios, en condiciones insalubres y los “administradores” del lugar no habían sido molestados en años; hasta que fueron denunciados recientemente y se realizó un gran operativo para detenerlos y consignarlos. De ahí la importancia de garantizar la supervisión a los albergues, a fin de que no se pierda el propósito original con el que son creados: dar cuidado y protección a menores en situación vulnerable.
A dicho caso se suman muchos más reportados en los últimos años, como fue todo lo surgido a raíz de la desaparición de niños de Casitas del Sur y tantos otros albergues para menores en varios estados del país.
Todos esos casos, que sólo son algunos que hemos podido conocer a través de los medios de comunicación, expusieron la falta de supervisión de los albergues en el país, el nulo control que se tiene sobre estos establecimientos y, sobre todo, que las autoridades competentes en ningún momento fiscalizaron el actuar de los encargados de los albergues, ni las condiciones en que se encontraban los menores, lo que transgrede los derechos humanos de los menores y no permite garantizar la protección del interés superior de la infancia. Todos los casos son muestra del gran riesgo en que pueden encontrarse muchos menores en diversos albergues del país, lo cual podría revertirse si se cuenta con el censo actualizado y se implementan las medidas o programas públicos necesarios.
Además, dichos casos tienen en común la existencia de menores a quienes se les agrede y priva de los derechos fundamentales , consignados, entre otras disposiciones, en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Declaración de los Derechos de los Niños aprobada por la Asamblea General de la ONU el 20 de noviembre de 1959 , la cual fue refrendada 30 años después (en 1989) , cuando la misma ONU aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño ; sin olvidar la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que se aprobó en nuestro país en el año 2000 .
De igual forma en la Convención de los Derechos del Niño se establece criterios generales para el funcionamiento de las instituciones de cuidado, en su artículo 3, último párrafo, prevé que los Estados parte se aseguren de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.
Mientras que la Ley de Asistencia Social, en los artículos 65 y 66, establece que corresponde a la Secretaría de Salud a través del Sistema Nacional DIF y a las autoridades locales, la supervisión y vigilancia del cumplimiento de la legislación y de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en la materia. Adicionalmente, son coadyuvantes en la supervisión los Sistemas Estatales y del Distrito Federal para el Desarrollo Integral de la Familia y las Juntas de Asistencia Privada u órganos similares.
Al respecto, la NOM-167-SSA1-1997, denominada “Para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores”, señala que toda institución que brinde servicios de asistencia social como las casas hogar, albergues temporales para menores, internados y guarderías infantiles debe incorporarse a un directorio nacional de instituciones públicas y privadas de asistencia social del DIF Nacional. También el artículo 28 de la Ley de Asistencia Social obliga al DIF Nacional a elaborar y actualizar dicho directorio.
Sin embargo, la falta de información confiable respecto a cuántos menores se encuentran en albergues, quiénes son, dónde y cómo están, incrementa el riesgo de maltrato e impunidad en contra de dichos menores. Esto justifica la urgencia de una reglamentación, que todos los albergues deban registrarse a fin de poder operar, exigiendo que cuenten con la infraestructura adecuada, personal suficiente y capacitado, así como registros sobre los menores que ingresan, tanto el motivo de su llegada y la atención específica que se les brinde. Para esto, es indispensable precisar también bajo qué figura jurídica operan, a fin de unificar sus responsabilidades, porque actualmente no se regula igual, por ejemplo, a una Asociación Civil (A.C.) respecto a una Fundación o un albergue oficial del DIF.
Finalmente, es importante señalar que esta preocupación por proteger los derechos humanos de los menores que se encuentran en albergues infantiles o casas hogar no es reciente, ya que este tema ha sido planteado en diversas ocasiones por otros legisladores.
Justamente hace tres años, la Diputada Caritina Sáenz Vargas, del PVEM, presentó un exhorto en el que señalaba la necesidad de tener un censo de los albergues infantiles que existían en México y en qué condiciones operaban; su petición también iba encaminado a que se cumpliera el precepto de ver por el interés superior de la infancia y no permitir que los menores en situación de vulnerabilidad fueran a dar a centros de atención donde se les volviera a maltratar y descuidar. Dicho punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad en sesión de la Comisión Permanente del 2 de agosto de 2011; sin embargo, a la fecha seguimos sin contar con un registro confiable.
Por lo anteriormente expuesto, someto ante esta Soberanía la siguiente proposición con:
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que supervise se cumpla con la protección a los derechos humanos de los menores que se encuentran en albergues infantiles o casas hogar y coadyuve con el Ejecutivo Federal a fin de que se anteponga el interés superior de la infancia en cualquier diligencia realizada en la materia.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de Salud para que a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia realice un censo de los albergues infantiles y casas de asistencia, tanto públicos como privados, que operan en México, a fin de conocer cuántos son y en qué condiciones funcionan.
Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, a 2 de octubre de 2014.
Diputada Federal María de Jesús Huerta Rea (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a coordinarse con académicos para implantar un observatorio de políticas ambientales, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Elizabeth Vargas Martín del Campo, diputada Federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a coordinarse con académicos para implementar un observatorio de políticas ambientales.
Exposición de Motivos
El medio ambiente, en su entorno afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de la sociedad en su conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida del hombre y en las generaciones venideras.1
El cambio climático se asume como un área de trabajo y estudio prioritarios, lo anterior, en virtud de que el fenómeno se manifiesta en un gran reto, con impactos económicos y sociales. Nuestros hábitos y nuestro vasto consumo de energía han hecho peligrar la vida humana en todo el mundo.
El cambio climático puede implicar una seria amenaza para el ser humano y para los ecosistemas. Combatirlo y remediar sus efectos podría representar costos muy altos desde el punto de vista económico, e invaluables desde el punto de vista de salud, pérdida de vidas humanas, de especies, culturas, territorios, etcétera.2
El Banco Interamericano de Desarrollo señaló que los daños causados por el cambio climático podrían costar a los países latinoamericanos y del Caribe 100 mil millones de dólares anuales para el 2050, si las temperaturas promedio suben 2 grados Celsius desde los niveles preindustriales.
Tan sólo la región Latinoamérica y el Caribe produce solo el 11 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, sin embargo, se le considera como especialmente vulnerable a los impactos del cambio climático debido a su ubicación geográfica y su dependencia de los recursos naturales.3
La humanidad ha respondido desarrollando instrumentos jurídicos para la acción conjunta, los cuales si bien pueden ser mejorados, dependiendo de la evolución de las demandas medioambientales, presentan dificultades como la atención a problemáticas presentes en áreas o regiones que abarcan más de una frontera subnacional o un espacio político-administrativo.
Un caso exitoso de aplicación de normas suprafronterizo es el de la Unión Europea, cuyos países miembros han elaborado durante décadas algunas de las disposiciones medioambientales más estrictas del mundo, su objetivo ha sido contribuir a proteger el capital natural europeo, la salud y el bienestar de sus habitantes, estimulando a las empresas a implementar procesos que tornen más ecológica la economía de esa región.
Entre los principales retos para México, en materia ambiental es posicionar el tema del medio ambiente como uno de los ejes para incrementar la competitividad y el desarrollo económico. Sin embargo, lamentablemente los esfuerzos de conservación de los recursos naturales y ecosistemas suelen verse obstaculizados por un círculo vicioso que incluye pobreza, agotamiento de los recursos naturales, deterioro ambiental y más pobreza.4
La regulación ambiental que emprenda México debe guardar el debido respeto a los niveles de gobierno, con la finalidad de evitar esfuerzos aislados entre sus diferentes entidades federativas, para que gradualmente, se armonicen garantizando una regulación inteligente entre ecosistemas y jurisdicciones.
Nuestro país, debe asumir diversos retos y políticas sensibles al campo, industria y sociedad general, los gobiernos de los tres niveles podrían migrar a un óptimo de gestión ambiental. Mejorar las políticas ambientales y compartir experiencias entre las administraciones públicas, puede ser un ejercicio factible para todos, contribuyendo a mejorar las disposiciones de carácter ambiental.
Medir, comparar, analizar, evaluar y difundir la gestión ambiental en nuestro país, resulta de enorme importancia para que el Estado, la sociedad civil y todo actor vinculado a la preservación del medio ambiente, pueda acceder a información actualizada, confiable y oportuna que les permita una mejor acción pública.
Una herramienta eficaz para la difusión y análisis de la información en cuanto a las políticas públicas, son los observatorios que tienen la virtud de dar seguimiento a los actores y acciones en un sector o temática determinada.
Hemos podido constatar que no existe en nuestro país un observatorio oficial en políticas ambientales que reúna información sobre las políticas locales en materia de medio ambiente, al igual que la normatividad y evaluaciones a los programas gubernamentales. Consideramos que se requiere un espacio que permita a las entidades federativas, la federación y a los municipios mejorar la calidad de la regulación ambiental, haciendo públicas las normas más eficientes así como las experiencias exitosas. Por ejemplo, se apreciarían programas de restricción del parque vehicular, incentivos verdes, políticas de movilidad que integren una red de transporte público eficiente, políticas que estimulen las compras públicas verdes, entre otras, a la par que se estudiarían sus resultados o consecuencias.
Aunque existen casos exitosos en observatorios, como el de política social y de derechos humanos, emprendidos a iniciativa de la sociedad civil organizada que dan seguimiento a la evolución y rezago de políticas públicas y legislaciones en sus respectivas materias, se requiere un esfuerzo por parte del Estado para integrar a estos importantes actores a la política ambiental.
Actualmente, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en el artículo 159 Bis establece que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales “desarrollará un Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales que tendrá por objeto registrar, organizar, actualizar y difundir la información ambiental nacional, que estará disponible para su consulta y que se coordinará y complementará con el Sistema de Cuentas Nacionales a cargo del Inegi”.
Actualmente, el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, contiene información esencialmente en cuatro apartados: base de datos estadísticos; el espacio digital geográfico; sistema nacional de indicadores ambientales; e informes y otras publicaciones.
De esta manera, el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales puede ser complementado con un observatorio nacional de políticas ambientales que permita a tomadores de decisiones, investigadores, y a la sociedad en general conocer y comparar las acciones adoptadas por los tres órdenes de gobierno.
Los tres niveles de gobierno, tienen mucho que aportar sobre sus políticas ambientales y bastante que asimilar, lo anterior, para que en un futuro puedan armonizase las políticas a modo de brindar la mejor protección al ambiente y propiciar elementos de un desarrollo sustentable.
Una economía verde es posible mediante un observatorio nacional de políticas ambientales, el cual por convocatoria de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales podría coordinar instituciones, académicos y otros especialistas, para monitorear permanentemente las políticas de diversas regiones o entidades federativas en específico para concentrarlas y estudiarlas en su conjunto en un instrumento.
En virtud de lo aquí expuesto, me permito presentar ante esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a incorporar en el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales un Observatorio Nacional de Políticas Ambientales en el que se expongan las diversas legislaciones y políticas públicas de los tres niveles de gobierno, de forma actualizada, para la consulta de tomadores de decisiones, investigadores y la sociedad civil.
Segundo. Que explore integrar en el Observatorio de Políticas Ambientales evaluaciones, recopilación de información, seguimiento de programas y políticas ambientales, para convertirlo en una destacada herramienta confiable para la investigación y seguimiento a nivel federal, estatal y municipal.
Notas
1 Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012. Eje 4. Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
http://www.haciendachiapas.gob.mx/planeacion/Informacion /Programacion_Sectorial/Plan_Desarrollo/PDF/PDF_7EJE%204_GESTIONAMBIENT AL.PDF
2 Estrada, Manuel, Cambio climático global: causas y consecuencias. Conclusión. Página 17.
3 El Banco Mundial. El Cambio Climático. http://datos.bancomundial.org/tema/cambio-climatico
Se prevé que el cambio climático afectará más gravemente a los países en desarrollo. Sus efectos –altas temperaturas, cambios en el régimen de precipitaciones, aumento del nivel del mar y desastres más frecuentes relacionados con el clima– representan riesgos para la agricultura, los alimentos y el suministro de agua. Están en juego los recientes avances en la lucha contra la pobreza, el hambre y las enfermedades y la vida y el sustento de miles de millones de personas de estas naciones. Abordar el cambio climático requiere una cooperación mundial sin precedentes.
4 Sitio web, Pro México. Medio ambiente y desarrollo sustentable son los objetivos principales de Green Solutions. http://www.promexico.gob.mx/desarrollo-sustentable/medio-ambiente-y-des arrollo-sustentable-son-los-objetivos-principales-de-green-solutions.ht ml (consultado el 25 de febrero de 2014).
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2014.
Diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a rendir un homenaje al profesor del Instituto Politécnico Nacional Raúl Álvarez Garín, a cargo del diputado Víctor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del PRD
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1 fracción I, 79, numerales 1 fracción II, 2 fracciones I, III, IV y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito diputado Víctor Manuel Bautista López, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con proyecto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal a rendir homenaje al profesor del Instituto Politécnico Nacional, Raúl Álvarez Garín, en atención a las siguientes
Consideraciones
El 9 de agosto de 1941, en la Ciudad de México nació Raúl Álvarez Garín, mexicano que desde muy joven militó en la izquierda, siendo integrante de la Juventud Comunista, con la que rompió en 1968, antes de que iniciara el movimiento estudiantil de ese año.
Tenía 27 años y era estudiante de la licenciatura de físico matemática en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional así como profesor de la Escuela de Ciencias Biológicas del mismo Politécnico cuando ocurrieron los hechos del movimiento que cimbró las estructuras políticas de México, en el que destacara como uno de sus más significativos protagonistas por su entusiasmo, sus cualidades como organizador y su sentido de responsabilidad. Fue delegado estudiantil ante el Consejo Nacional de Huelga.
Álvarez Garín fue siempre un hombre coherente. Un político con profundos valores morales, según Monsiváis. Crítico implacable del poder, ha navegado toda su vida contra la corriente, apostado siempre a los movimientos sociales para transformar el país. Sobre él nos dice Luis Hernández que:
“Su formación política inicial estuvo marcada por el activismo estudiantil, la influencia de la revolución cubana y su crítica a los partidos comunistas y las discusiones ideológicas promovidas por las organizaciones revolucionarias que surgieron en el país. Simultáneamente tímido y hosco, formal y responsable, desarrolló grandes dotes como organizador.
Ante asambleas y grupos, Raúl habla pausadamente, con sencillez y autoridad. Así lo ha hecho durante décadas. En sus intervenciones políticas busca explicar el significado de los hechos, los alcances de las acciones. Es simultáneamente estratega y pedagogo. De manera directa da contexto y problematiza el alcance de las posiciones a debate. Su lenguaje es comprensible, ajeno a la jerga marxista aunque profundamente influido por esta teoría.”1
El 2 de octubre del 68, Raúl Álvarez Garín fue detenido y desaparecido, el 17 del mismo mes, 58 estudiantes presos, además de denunciar los hechos ocurridos en la Plaza de Tlatelolco, la participación del Batallón Olimpia y los actos de tortura e incomunicación a los que fueron sometidos al ser detenidos, señalaron que hasta el miércoles 9 de ese mes, Álvarez Garín había permanecido preso en el Campo Militar número 1, pero que hasta ese momento no se le había consignado ante ningún juzgado, por lo cual exigían que se hiciera público su paradero.
Finalmente el 19 de octubre fue declarado formalmente preso junto con Miguel Eduardo Valle Espinosa, miembros del Consejo Nacional de Huelga. Ahí comenzó una nueva fase organizativa y de lucha política. Gracias a su empeño y colaboración fue posible reconstruir una de las más importantes obras que testimoniaron al movimiento y a la respuesta represora del estado: La noche de Tlatelolco , escrita por Elena Poniatowska. Años después el propio Álvarez Garín escribiría “La estela de Tlatelolco. Una reconstrucción histórica del movimiento estudiantil del 68” y participaría en la obra colectiva Tiempo de hablar, alegatos de defensa. México, genocidio y delitos de lesa humanidad .
Encarcelado en la prisión de Lecumberri, fue sentenciado a 17 años de prisión por daño en propiedad ajena, asociación delictuosa, entre otros delitos fabricados e impuestos por consigna, vulnerando las formalidades esenciales del debido proceso. Pasó dos años y siete meses en esa prisión, en la que su inquebrantable espíritu de lucha contribuyó a organizar círculos de estudio.
Retomó su vida profesional conservando su vocación magisterial y fue promotor, junto a un grupo de dirigentes del movimiento de 68, de la revista y organización política Punto Crítico, que apareciera por vez primera en enero de 1972, siendo rasgos editoriales de la publicación una política clara y consecuente, lo que sin duda alguna contribuyó al debate organizado de las fuerzas de izquierda sobre bases objetivas y permanentemente renovadas. Su paso por el periodismo y el activismo permitió la creación y el impacto del semanario Corre la voz .
Fue miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática, trabajador electricista afiliado al Sindicato Mexicano de Electricistas.
En su lucha por conservar la memoria histórica del movimiento y para encontrar castigo a los responsables de la represión, fue un precursor de la reivindicación del derecho de acceso a la información pública, de esta forma y como diputado federal en la LV Legislatura del Congreso de la Unión, a finales de 1993 presentó una iniciativa para adicionar al artículo 8 de la Constitución un párrafo que señalaba: Los ciudadanos tienen derecho al libre acceso a todos los archivos y registros oficiales, salvo aquellos relacionados con la seguridad y defensa del estado, que estarán reservados hasta por un periodo máximo de 25 años, contados a partir de la fecha original de expedición del documento. Su propuesta fue congelada.2
Álvarez Garín encabezó el Comité 68 Pro Libertades Democráticas desde el año 2000, para exigir castigo a los responsables por la masacre del 2 de octubre, fue uno de los testigos ante la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp). Durante todos estos años mantuvo viva la exigencia de verdad, justicia y castigo para los responsables de la matanza.
Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la historia del México moderno no podría explicarse sin los acontecimientos de 1968 y entre ellos, la influencia y participación de Raúl Álvarez Garín fue significativa, en su momento y en los hechos posteriores que han marcado a varias generaciones de mexicanos.
Su inquebrantable fe por un México justo, solidario, su amor por la verdad y la justicia, por la igualdad y la libertad, su esperanza en la juventud y su determinación para conservar sus principios y realizar una práctica política coherente son valores que exaltan lo mejor de este mexicano ejemplar quien perdiera la vida el pasado 27 de septiembre de 2014, tras un largo padecimiento de cáncer.
La mejor forma de hacer justicia a la incansable lucha en la que nunca cedió a pesar de todas las adversidades que desde la represión y la cárcel enfrentó, es la construcción de un México de libertades, de pluralidad y de tolerancia, en la que se mantenga viva la memoria de esa generación de jóvenes que con sueños e ideales transformaron a nuestro país. Reconocer públicamente su vida, su legado y su aporte en la construcción de un régimen de libertades, es condición esencial para asumir en nuestro país un pluralismo ético que, en términos de Emilio Martínez Navarro puede ser entendido como “un ideal a realizar en el mundo real mediante un compromiso serio y continuado, porque se trata de una situación social de difícil y frágil equilibrio entre esos dos extremos inhumanos: es la apuesta decidida por mantener una sociedad abierta a una amplia diversidad de opciones ideológicas, cada una de las cuales tiene sus propias convicciones morales, políticas, religiosas, culturales y filosóficas. Al optar por una sociedad plural y abierta se está renunciando a la uniformidad carcelaria que supone el totalitarismo, y al mismo tiempo se pretende imponer unos límites a las opciones permisibles para evitar la caída en el caos de la violencia”.3
Es en mérito de lo antes señalado que se somete a la elevada consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con proyecto de acuerdo para que, de estimarla oportuna, se apruebe en sus términos.
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal a rendir homenaje al profesor del Instituto Politécnico Nacional, Raúl Álvarez Garín, adoptando las medidas que sean necesarias para que las explanadas de las escuelas públicas lleven su nombre.
Notas
1. http://www.jornada.unam.mx/2013/08/06/opinion/019a1pol consultado el 29 de septiembre de 2014.
2. Ídem.
3. Martínez Navarro, Emilio. “La verdad y los valores en la sociedad plural” http://www.emiliomartinez.net/pdf/Verdad_valores_sociedad_plural.pdf consultado el 29 de septiembre de 2014.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2014.
Diputado Víctor Manuel Bautista López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la falta de escrituras de propiedades en Chihuahua, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Nelly del Carmen Vargas Pérez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente.
Exposición de Motivos
La falta de certeza jurídica al patrimonio de miles de personas se ha convertido en un inconveniente a nivel nacional debido a las dificultades y trabas por las cuales en repetidas veces tienen que pasar los ciudadanos, en relación con las escrituras de sus viviendas.
Cada vez con mayor frecuencia, estamos observando que se suplantan personas, se adulteran escrituras públicas o simplemente se fraguan instrumentos haciéndolos parecer copias autorizadas de escrituras públicas inexistentes, con el objeto de sacar dolosamente del dominio de las víctimas, bienes raíces que muchas veces constituyen, si no todo, una gran parte de su patrimonio.
En el estado de Chihuahua, existen docentes que han sido transgredidos derivado de una formula fraudulenta que lleva más de una década dejándolos sin posibilidades de realizar la escrituración de sus propiedades.
Las irregularidades que se presentan en Chihuahua, en este tenor, van desde falta de escrituración, la no inscripción en el registro público de las propiedades, hasta una mala escrituración que no corresponde a la propiedad que se ha inscrito.
La escritura pública es un documento original asentado en el protocolo por medio del cual se hace constar un acto jurídico y que lleva la firma y sello del notario.
Mediante una rueda de prensa las personas afectadas expusieron su problemática que fue atendida con una gran cobertura mediática.
Además presentan todos los casos documentados para que se realice la búsqueda y se de resolución a cada caso.
La escritura pública es un instrumento jurídico de enorme importancia que ha favorecido de gran manera al desarrollo económico, social y político de nuestro país. Debemos protegerla, por una parte, cerrando puertas y ventanas a la irrupción del fraude usando todos los mecanismos que nos ofrece la tecnología y, por la otra, sancionando penalmente y de manera severa a quienes logran traspasar las barreras.
Los afectados también presentarán una denuncia penal para quien resulte responsable del ilícito.
Para recuperar la confianza de instituciones del Estado que son percibidas como las más corruptas, todo gobierno o entidad estatal debe implementar una transparencia efectiva.
La descomposición en este tipo de delitos es un fenómeno estructural. Hay gente corrupta, además de sistemas corruptos. Cuando hay una combinación de monopolios, de poder, más discrecionalidad y menos transparencia existen las condiciones de una estructura vulnerable a la corrupción. Es por ello que los Castigos deben ser efectivos, la suspensión de funcionarios son un espejismo ante los esfuerzo para enfrentar esos delitos.
Por lo expuesto presentamos ante el pleno de esta asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a al gobernador de Chihuahua para que instruya a la secretaría conducente a su cargo a que se realice una investigación a fondo para conocer al o los responsables de realizar formulas fraudulentas para realizar la escrituración de ciertas propiedades.
Segundo. Se exhorta al gobernador de Chihuahua para que apoye a los afectados en las demandas civiles para la prescripción positiva a fin de que se realicen las escrituraciones correspondientes.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2014.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a SFP a implantar acciones para que la administración pública federal centralizada y la paraestatal respeten los derechos fundamentales de los servidores del Estado, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del PT
La suscrita, diputada federal Magdalena Núñez Monreal, secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo a través del cual se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a implementar las acciones necesarias para el efecto de que tanto la administración pública federal centralizada y paraestatal respeten los derechos fundamentales de los servidores públicos al servicio del Estado, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Por función pública se entiende la relación que existe entre el Estado y sus servidores, constituida por el conjunto de derechos, obligaciones y situaciones que les vincula.
Está determinada por el régimen jurídico aplicable al personal administrativo que presta sus servicios en las dependencias de los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que “por función pública ha de entenderse el ejercicio de las atribuciones del Estado, realizadas como actividades de gobierno, de poder público que implica soberanía e imperio, y si tal ejercicio en definitiva lo realiza el Estado a través de personas físicas, el empleado se identifica con el órgano de la función pública y su voluntad o acción trascienden como voluntad o acción del Estado, lo que justifica la creación de normas especiales para su responsabilidad”.
En las últimas décadas, se ha formado un derecho burocrático que regula los vínculos entre el Estado y sus trabajadores, y que da especificidad y contenido a una relación que es regulada por el derecho administrativo.
El Estado –como empleador– genera actos cuyos efectos difícilmente pueden asimilarse al marco general de las relaciones laborales, porque el Estado no es un patrón en su acepción generalizada, ya que la actividad del Estado no puede ser reducida a la calificación de proceso productivo, aunque produzca bienes y servicios.
Los trabajadores al servicio del Estado, asumen, en virtud de la naturaleza de la gestión, una responsabilidad concreta por el manejo de los asuntos públicos, de ahí que encontremos diferencias sustanciales entre la función pública y el derecho laboral aplicable a todos los trabajadores, puesto que no existe contratación colectiva, derecho a la participación en las utilidades y hay limitaciones en materia de sindicación y de huelga burocráticas, además de que existe una regulación entre el Estado y sus trabajadores ligada a un movimiento burocrático institucional que establece los derechos y deberes de ambas partes.
La Constitución de 1917 no contempló, en lo prescrito por el artículo 123, a los trabajadores del Estado, inclusive nuestro más alto tribunal estableció que la función pública carecía de las características de un contrato de trabajo, porque el Estado no perseguía un fin económico.
Sin embargo la Constitución General de la República en su artículo 89, fracciones II, III, IV y V, facultó al presidente de la República para nombrar y remover libremente a determinados empleados y funcionarios públicos.
En 1920 se elaboró un proyecto de ley de servicio civil del Poder Legislativo que no prosperó. En 1931, la Ley Federal del Trabajo excluyó expresamente de su articulado a los trabajadores del estado y fue en 1934, cuando se satisfizo la necesidad de reglamentar el trabajo burocrático mediante un acuerdo del presidente Abelardo L. Rodríguez, sobre la organización y funcionamiento de la Ley del Servicio Civil en el que se reconocieron derechos básicos de los burócratas al sueldo, vacaciones, entre otros, y se abandonaba la interpretación del artículo 89 constitucional según la cual el presidente de la República estaba facultado para nombrar y remover libremente a todos los empleados civiles.
En 1938, el presidente Lázaro Cárdenas expidió el Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, que se sustituiría por otra en 1941. Dichos ordenamientos tenían la característica de ser considerados inconstitucionales, ya que la Ley Suprema no facultaba al presidente a emitirlos, por lo que no fue sino hasta 1960, cuando se adicionó el apartado B al artículo 123 para regular las relaciones entre los poderes de la unión y el entonces Departamento del Distrito Federal y sus trabajadores.
El ordenamiento constitucional en cita, estableció garantías constitucionales a favor de los burócratas entre las que se pueden mencionar la jornada laboral máxima de ocho y siete horas para el trabajo diurno y nocturno; el descanso de fines de semana; las vacaciones anuales por un mínimo de veinte días; la igualdad de salarios para igualdad de trabajos, la prohibición de descuentos no derivados de un mandato jurisdiccional, entre otros.
Ahora bien, de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos fundamentales nuestro orden jurídico tiene dos fuentes primigenias: los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución; y, todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
Las normas provenientes de ambas fuentes gozan de rango constitucional y, por tanto, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación.
De ahí la preocupación de la impetrante de la proposición en el sentido de que sea a través de la Secretaría de la Función Pública, la que establezca las acciones necesarias para que en la administración pública federal centralizada y paraestatal se garantice el respeto a los derechos humanos de los trabajadores al servicio del Estado, por lo que se somete a consideración de éste órgano colegiado, el siguiente punto de acuerdo:
Único. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a implementar las acciones necesarias para el efecto de que tanto la administración pública federal centralizada y paraestatal respeten los derechos fundamentales de los servidores públicos al servicio del Estado .
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2014.
Diputada Magdalena Núñez Monreal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol, la SEP, la SE y la STPS a implantar mejores estrategias y políticas públicas para brindar mayores oportunidades a los jóvenes, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
René Ricardo Fujiwara Montelongo, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6o., fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
Las y los jóvenes de México enfrentan una realidad con procesos de cambios económicos y tecnológicos constantes. Esta situación dinámica aunada a un mercado laboral que se transforma permanentemente, requiere de un conjunto de capacidades desarrolladas, habilidades y competencias que permitan su inserción al mercado del trabajo.
Tal como lo señala el censo de población y vivienda 2010 México es un país de jóvenes, la mitad de la población tiene 26 años o menos.
Los jóvenes, que tienen entre 15 y 29 años, desempeñan un papel muy importante en el desarrollo social y económico de un país. Si la sociedad y gobierno les garantizan una adecuada y apropiada orientación, además de oportunidades de desarrollo en áreas como educación, salud, empleo y recreación, los jóvenes podrán transitar a la edad adulta y contribuir significativamente en el desarrollo de las sociedades.
La población entre las edades mencionadas es de 29 706 560, cifra superior al año 2000, en el que el censo contabilizó en el territorio nacional un total de 27 221 012 jóvenes. El número de mujeres es mayor que el de los hombres, 15 167 260 y 14 539 300 respectivamente; lo cual significa que por cada 100 mujeres hay 96 hombres entre los 15 y 29 años.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas ha sostenido que: “Los jóvenes son un factor determinante en el cambio social, el desarrollo económico y el progreso técnico. Su imaginación, sus ideales, sus perspectivas y su energía resultan imprescindibles para el desarrollo de las sociedades en las que viven”.1 Sin embargo, en nuestro país la existencia de una complementariedad entre la formación académica desde nivel básico hasta la educación superior que éste proceso de formación dote a las y los jóvenes en México de las competencias que exige el mercado laboral, aún son imperceptibles.
Al respecto, es importante considerar que la encuesta de Competencias Profesionales 2014 publicada por el Centro de Investigación para el Desarrollo, AC (CIDAC), indica que en México la adopción de la educación por competencias no se ha dado con la misma rapidez debido a que su implementación ha sido gradual e incompleta. Encontrando que en México un importante número de empresas reporta que los jóvenes egresados de las Instituciones de Educación Superior (IES) al momento de ser contratados no poseen un nivel mínimo necesario en competencias básicas como “comunicación por escrito”, “comprensión de textos”, o “hablar en público”.
Condiciones que dan muestra clara de la necesidad de crear programas y políticas públicas que vinculen a las Instituciones de Educación Superior, empresas, sectores económicos y educativos para el desarrollo de competencias que preparen a las y los jóvenes para el mundo laboral. De la misma manera lo señala el CIDAC en donde afirma que: “La brecha entre oferta y demanda de competencias: la tecnología y los procesos de producción se ajustan a una velocidad mayor que a la que se revisan, rediseñan y ejecutan los planes de estudio de los programas ofrecidos por las instituciones de educación superior (IES).”2
Un indicador que sostiene esta desvinculación, se manifiesta en las tasas de desocupación en los jóvenes en el país donde residían 31.4 millones en edades de 15 a 29 años,3 monto que representa 26.3% de la población total y que durante el primer trimestre de 2014 es de 8.4%, es decir, casi el doble a la tasa estimada a nivel nacional para la población de 15 años y más (4.8 por ciento). Un análisis por edad, muestra que los adolescentes de 15 a 19 años (9.8%) y los jóvenes de 20 a 24 (9.2%) tienen el mayor nivel de desocupación.4
Aunado al desempleo de jóvenes se suma lo señalado por la Organización Internacional del trabajo (OIT) en el documento Tendencias Mundiales del Empleo juvenil 2013 en donde hace referencia a la baja calidad de los empleos a los que tienen acceso un mayor número de jóvenes aceptando trabajos temporales o de tiempo parcial.
En virtud de lo anterior, la OIT encontró que existen desajustes “entre las competencias con que cuentan los jóvenes y las competencias exigidas para los puestos que ocupan” y llama a los representantes de los gobiernos de los 185 Estados miembros a sumar esfuerzos para adoptar la resolución “La crisis del empleo juvenil: Un llamado a la acción”.5 En donde se establecieron las áreas de política que incluyen:
i. Políticas económicas y de empleo que refuercen la demanda agregada y mejoren el acceso a la financiación.
ii. Educación y formación que faciliten la transición de la escuela al trabajo y supongan un freno contra el desajuste de las competencias;
iii. Políticas de mercado de trabajo orientadas a promover el empleo de los jóvenes más desfavorecidos;
iv. Iniciativa empresarial y empleo por cuenta propia para ayudar a los jóvenes aspirantes a empresarios,
v. Derechos laborales basados en las normas internacionales del trabajo para velar por que los jóvenes disfruten de igualdad de trato.
De esta manera, México como país miembro de la OIT está comprometido a caminar hacia la creación de políticas que permitan hacer frente al desempleo que azota a la juventud mexicana. Particularmente resulta fundamental emprender políticas educativas que les permitan incorporarse a la vida laboral y romper las barreras que representan los desajustes de competencias que ocasionados por un fenómeno, no reciente, de desvinculación de la formación académica y el sector productivo de nuestro país.
Sumado a la problemática mencionada, en los últimos días hemos sido testigos de hechos lamentables donde se ha visto involucrado este sector, mismos que sin duda reflejan el estado constante de violencia que vive nuestro país.
Tenemos vigentes los casos del asesinato de 22 jóvenes en Tlatlaya, Estado de México, de los cuales se mencionó eran secuestradores pero que diversos peritajes civiles han manifestado que los hechos no fueron como lo han narrado las fuerzas militares; hoy en día se encuentran bajo proceso por este caso 8 militares que serán procesados por la justicia militar.
Qué decir de la confrontación que se presenció en el Estado de Guerrero el pasado viernes 26 de septiembre; donde estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa Isidro Burgos, llegaron en varios autobuses a la ciudad de Iguala para hacer una colecta entre los habitantes. Minutos más tarde algunos de ellos se enfrentaron con los policías locales que les acusaron de robar los vehículos en que se transportaban; en pocos minutos las agresiones y enfrentamientos se agravaron, ya que los policías comenzaron a disparan contra los estudiantes, dejando un saldo de cuatro personas muertas: tres jóvenes de la Escuela Normal, y una mujer que viajaba en un taxi. Otras 25 personas están lesionadas y al menos 44 estudiantes que han sido reportados como desaparecidos por sus compañeros de Ayotzinapa.
En la misma entidad, el autobús baleado por parte de las autoridades, que confundieron a un equipo de football de tercera división profesional (Avispones de Chilpancingo) con otro grupo de estudiantes normalistas. Este trágico evento tuvo un saldo de tres decesos, dos jugadores del equipo y un fanático del mismo que viajaba en el autobús.
A lo anterior, debemos agregar el conflicto estudiantil que hoy vive el Instituto Politécnico Nacional. Movimiento que refleja otra forma de violencia hacia los jóvenes, la desatención a este sector.
La situación de los jóvenes frente al futuro, la desinformación y diversos factores han generado que hoy miles de estudiantes se encuentren sin poder acceder a la educación, derecho humano fundamentado en el artículo 3º Constitucional.
En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, estamos convencidos que en todos los hechos antes mencionados el común denominador son los Jóvenes, sector de la población que ha sido afectado directamente por la omisión gubernamental para generar políticas públicas de inclusión y en las que se garanticen los derechos y obligaciones de las y los jóvenes.
Generar más y mejores oportunidades para las y los jóvenes mexicanos sin duda traerá resultados a corto y mediano plazo, ya que tendremos ciudadanos alejados del crimen organizado, lejos de adicciones y mejor preparados para la adultez que los espera.
En México contamos con el Instituto Mexicano de la Juventud que tal como lo señala la Ley del mismo en su artículo 3º fracción I y II:
“I. Promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamientos legales y Tratados Internacionales suscritos por el Estado mexicano;
II. Definir e instrumentar una política nacional de juventud, que permita incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país;”
Este Instituto promueve, genera y articula políticas públicas integrales de juventud que surjan del reconocimiento de las y los jóvenes en toda su diversidad, como sujetos y actores de su propio destino que respondan a sus necesidades, propiciando el mejoramiento de su calidad de vida y su participación plena y desarrollo nacional.
Las diputadas y los diputados de Nueva Alianza condenamos tajantemente la violencia contra las y los jóvenes mexicanos, y exigimos que el Gobierno Federal a través del citado Instituto modifique o cree las políticas públicas necesarias para que este sector poblacional tenga mejores oportunidades y así pueda alejarse de la violencia a la que han sido sometidos durante los últimos años.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que a través del Instituto Mexicano de la Juventud reestructure o diseñe las políticas públicas necesarias para garantizar mayores oportunidades a las y los jóvenes de nuestro país.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a generar una estrategia de vinculación entre los planes de estudio de las Instituciones de Educación Superior con las exigencias del mercado laboral, para la generación de competencias en los jóvenes que facilite su transición de la etapa de formación académica hacia el ámbito laboral.
Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a diseñar estrategias que vinculen el sector productivo del país con las Instituciones de Educación Superior para brindar oportunidades laborales de calidad asociadas a la preparación de las y los jóvenes de México.
Notas
1 Disponible en: http://www.un.org/es/globalissues/youth/
2 Disponible en: http://cidac.org/esp/uploads/1/encuesta_competencias_profesionales_2702 14.pdf
3 Disponible en: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/esta disticas/2014/juventud0.pdf
4 Disponible en: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/esta disticas/2014/juventud0.pdf
5 Disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-dgreports/—-dcomm/documents/publication/wcms_212725.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2014.
Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SRE a autorizar la apertura de una oficina de enlace en Nezahualcóyotl, México, a cargo de la diputada Érika Yolanda Funes Velázquez, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, Érika Yolanda Funes Velázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en el artículo 79, fracción segunda, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
El estado de México es la entidad federativa más poblada del país: registra 15 millones 175 mil 862 habitantes. También es una de las cinco con mayor número de movimientos migratorios internacionales, como demuestran las cifras obtenidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el censo nacional de población de 2010:1
La mayoría de la población migrante parte de los municipios mexiquenses más poblados: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Toluca, Tlalnepantla y Chimalhuacán.1
Los motivos de dicha migración son diversos, pero se destacan, los laborales, empresariales, académicos, deportivos y artísticos. Para realizar esta movilidad internacional, es requisito indispensable contar con un pasaporte ordinario vigente, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El pasaporte es el documento de viaje que la SRE expide a los mexicanos para acreditar su nacionalidad e identidad, así como solicitar a las autoridades extranjeras permitan el libre paso o proporcionen ayuda y protección.
El trámite y expedición del respectivo pasaporte puede realizarse a través de las Delegaciones y subdelegaciones de la SRE, unidades móviles y oficinas de enlace estatales o municipales autorizadas.
Con la creación de las delegaciones y oficinas de enlace estatales o municipales, la SRE se encuentra en la posibilidad de hacer llegar los servicios que presta, que en el tema que nos ocupa es la expedición de pasaportes ordinarios, a las localidades en todo el territorio nacional.
En el caso de la zona metropolitana, el Distrito Federal cuenta con nueve delegaciones y el estado de México con ocho oficinas de enlace, que permiten realizar el trámite respectivo.
Para el asunto que nos ocupa, las de enlace estatales o municipales son oficinas administrativas que dependen económica y administrativamente del estado o municipio, cuya operación autoriza la SRE para apoyar a sus delegaciones en la recepción de documentos y entrega de pasaportes ordinarios, además de la realización de otros servicios.
Las oficinas de enlace del estado de México se encuentran en Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Tecámac, Texcoco, Tlalnepantla y Tultitlán.
Como se observa, Nezahualcóyotl no cuenta con una oficina de enlace municipal, por lo cual los habitantes del municipio que requieren tramitar su pasaporte deben desplazarse a las delegaciones situadas en el Distrito Federal o a las oficinas de enlace en los municipios aledaños porque son las relativamente más cercanas.
Por lo anterior, en el presente punto de acuerdo se argumentan las razones por las cuales se considera que Nezahualcóyotl posee las condiciones adecuadas para tener su propia oficina de enlace municipal y así atender con diligencia la necesidad que aqueja a los habitantes.
Ahora bien, las condiciones que deben analizarse para la apertura y cierre de las oficinas de enlace municipal son las geográficas, demográficas y migratorias de cada municipio.3 Se entienden por las geográficas, el ámbito espacial en el que está organizada la sociedad; por demográficas, las referentes al estudio de la dimensión de la población humana; y por migratorias, las relativas a la salida de personas, del territorio nacional, a otros países.
Si analizamos las condiciones de Nezahualcóyotl, es viable y más que oportuno abrir una oficina de enlace en el municipio.
En primer lugar, Nezahualcóyotl es el segundo municipio mexiquense con mayor población: cuenta con 1 millón 110 mil 565 habitantes, quienes al querer tramitar su pasaporte se ven en la necesidad de hacer traslados de larga distancia para contar con dicho documento oficial, pues el municipio carece de oficina de enlace.
Comparando Nezahualcóyotl con localidades que cuentan con oficinas de enlace municipal, por ejemplo, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla, que registran una población de 140 mil 59 y 666 mil 225 habitantes, respectivamente, se resalta la necesidad de abrir ahí una oficina de enlace, al resultar viable tener al menos una oficina de enlace por el nivel de población que maneja Nezahualcóyotl en relación con Tlalnepantla, que con una población mucho menor, posee no sólo una sino tres oficinas de enlace municipal para el trámite de pasaportes ordinarios.
En segundo lugar, 11. 51 por ciento4 de la población de Nezahualcóyotl salió del territorio mexicano a otro país; es decir, cerca de 111 mil 56 habitantes tuvieron que realizar el trámite para la expedición de sus pasaportes en localidades retiradas de su lugar de residencia.
Si Nezahualcóyotl registra el porcentaje de migración mencionado, se cumple otro requisito para considerar a este municipio apto para la apertura de una oficina de enlace municipal.
Por último, el referido municipio cuenta con un territorio extenso, con lugares de fácil acceso al público donde puede abrirse de la oficina de enlace, con espacio suficiente para el trabajo de oficina y adecuado para la atención al público y demás requisitos que establezcan los lineamientos que dicte la SRE.
Por todos los razonamientos incluidos en el presente, notamos la exigencia de la población de Nezahualcóyotl para tener una oficina de enlace municipal, y que con ello se tenga la posibilidad de acercar el servicio de recepción de documentos y expedición de pasaportes ordinarios, atendiendo una situación que aqueja a los habitantes del municipio.
Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al secretario de Relaciones Exteriores a autorizar la apertura de una oficina de enlace en Nezahualcóyotl, México, a fin de que ésta reciba documentos y expida pasaportes ordinarios para los habitantes del municipio.
Notas
1 Puede consultarse el cuadro con la información de todas las entidades federativas en http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo139&s= est&c=27504
2 Los 20 municipios más poblados del Edomex, http://www.eluniversaledomex.mx/otros/nota10321.html
3 Manual de Organización de la Dirección General de Delegaciones de la SRE, http://www.sre.gob.mx/images/stories/docnormateca/historico/om/modelega ciones.pdf
4 Antecedentes de la emigración internacional del estado de México , http://www.uaemex.mx/cieap/libros/12_migracion/05.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2014.
Diputada Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a emprender acciones para que la opinión pública adquiera conciencia sobre los efectos de la depresión clínica, y a promover la atención oportuna, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Elizabeth Vargas Martín del Campo, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a emprender acciones para concientizar a la opinión pública los efectos de la depresión clínica y promover la atención oportuna.
Exposición de Motivos
La Organización Mundial de la Salud, plantea que la depresión es un trastorno mental frecuente, caracterizado por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración.1
Ese organismo internacional, agrega que la depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente, y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma más grave, puede conducir al suicidio, cuando los casos no son de gravedad, pueden ser tratados sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave se pueden necesitar tratamientos médicos y psicoterapia profesional.
La depresión es un trastorno que se puede diagnosticar de forma fiable, y que puede ser tratado por no especialistas en el ámbito de la atención primaria.
El caso mexicano, es un frente que obliga a no bajar la guardia, tan sólo en el 2008, 17% de las personas con depresión en el mundo son mexicanos (representando 20 millones, 660 mil personas).
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señaló que en 2011 se registraron 5 mil 718 suicidios, de los cuales 80.8% fueron consumados por hombres y 19.2% por mujeres; cuyo principal método fue el ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación (78.1% y 72.4%, respectivamente); donde 3 de cada 10 mujeres que se suicidaron tenían un nivel académico medio superior o superior, mientras que en los hombres 2 de cada 10 tenían nivel.2
El Inegi añade que el suicidio es un fenómeno complejo, debido a que influyen diversos factores de riesgo, como biológicos, psicológicos, sociales, entre otros, pero pueden identificarse síntomas de la conducta suicida, tal ha sido la gravedad y dimensión de esta situación que la Organización Mundial de la Salud fomenta en todo el mundo compromisos y medidas prácticas para su prevención.3
Los datos del Banco Mundial (citado por Ministerio de Salud, 1998), señalan que la depresión mayor representa un importante problema de salud mental, ya que se estima que para el año 2020 será la segunda causa de carga de enfermedad en el mundo, representando el 3.4 % de la carga total de enfermedad, medida en años de vida ajustados por discapacidad, después de la enfermedad isquémica cardíaca.4
La Organización Voz Pro Salud Mental, señala que tanto hombres como mujeres, somos vulnerables a padecer depresión en alguna etapa de nuestras vidas, ya sea por algún evento que lo genere o no tener motivo aparente y ser por algún desbalance totalmente químico de nuestro cuerpo. Añade que hay ciclos de la vida donde existe mayor predisposición a vivir una depresión, como la adolescencia, menopausia o andropausia.
La mencionada organización civil, plantea que otros eventos pueden causar la depresión como la pérdida de un ser querido, un evento traumático como un robo, choque, ser testigo de un evento violento, un cambio en nuestras vidas ya establecidas como es una ruptura sentimental, perder el trabajo, problemas económicos, tener otras enfermedades crónicas o de difícil tratamiento, dolores físicos inespecíficos que no tengan otro motivo, gastritis o dolores de cabeza.
Los avances tecnológicos más recientes han ocurrido en los pasados cinco años, encontrándose la tractografía, que es un estudio mediante el cual se diagnostican las demencias al visualizar las vías del cerebro atrofiadas, que son causa de olvidos, cambios de conducta y de personalidad.
De acuerdo al estudio ‘Costo Social de los Trastornos Mentales’ de Pro Voz Salud Mental, -un grupo de asociaciones no gubernamentales- realizado a 4,048 trabaja-dores del sector salud durante dos años, arroja que las mujeres sufren casi el doble de depresión (14.4%), en comparación con los hombres (8.9%). También, las personas que han sufrido depresión mayor alguna vez en su vida, la presentan por periodos mayores a dos semanas, en una edad aproximada de 24 años, con síntomas como estado de ánimo triste o irritable, sin interés alguno, aumento o disminución de apetito, insomnio o hipersomnio (cuando se duerme de más), sensación de debilidad física, sentirse inútil o culpable y pensamientos de suicidio, entre otros.5
La depresión en sus casos más graves puede inducir al suicidio, y esa es la única muerte que puede ser prevenida.
La depresión constituye un problema importante de salud pública. En el mundo, representa la cuarta causa de discapacidad en cuanto a la pérdida de años de vida saludables. En México ocupa el primer lugar de discapacidad para las mujeres y el noveno para los hombres. La depresión tiene una alta co-ocurrencia con otros trastornos como la ansiedad, el consumo de sustancias, la diabetes y las enfermedades cardiacas. Pese al impacto que tiene este trastorno, una gran proporción de personas no acude a tratamiento, retrasa mucho la búsqueda de ayuda, o bien no recibe la asistencia adecuada .6
Es necesario reconocer que la salud mental está hoy en día incluida en la agenda de la salud pública y que se han logrado avances importantes como la integración del tratamiento farmacológico y psicoterapéutico de los principales trastornos mentales en el Catalogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) del Seguro Popular.7
Sin embargo, el desafío está lejos de haberse vencido; sigue siendo ancha la brecha entre lo que se necesita y lo que está disponible para reducir la carga de los desórdenes mentales en general, y de la depresión en particular. Ante este panorama, los retos para mejorar la atención son:
a) Continuar con el proceso de gestión para que los trastornos mentales sean consideradas como enfermedades crónicas con derecho a tratamiento y lograr así un acceso universal para la atención de estos padecimientos;
b) Las políticas públicas deben incorporar de manera equilibrada acciones de prevención, promoción, tratamiento y rehabilitación.
Todo lo anterior, para señalar que no podrá ser posible advertir en la sociedad las causas y los efectos de la depresión para la mejor calidad de vida.
En concreto, el presente exhorto pretende que la Secretaría de Salud, emprenda campañas de difusión sobre los riesgos de la depresión en la salud y su impacto en el bienestar de las personas.
En virtud de lo aquí expuesto, me permito presentar ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a realizar, en el ámbito de sus facultades, las acciones necesarias, entre la población nacional, de educación para la salud, promoción, prevención de la depresión y sus afectos, así como de la importancia de su detección y tratamiento. Asimismo, para que se garantice el acceso universal a la atención médica, para aquellas personas que la padecen.
Notas
1 Sitio web de la Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/topics/depression/es/
2 Sitio del Inegi, “Estadísticas a propósito del día mundial para la prevención del suicidio” http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/esta disticas/2013/suicidio0.pdf
3 Ibídem. Inegi.
4 Pardo, Graciela, “Adolescencia y depresión”. Revista Colombiana de Psicología. http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/docs/articulos/012 1-5469/1/26.pdf
5 Sitio de la Secretaría de Salud. Depresión y suicidio en México. http://www.spps.gob.mx/avisos/869-depresion-y-suicidio-mexico.html
6 Berenzon, Shoshana, Depresión: estado del conocimiento y la necesidad de políticas públicas y planes de acción en México. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz México. DF. México.
7 Ibídem. Berenzon.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de septiembre de 2014.
Diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente del Inegi a difundir los criterios, motivos y parámetros internacionales con que se determinó el viraje metodológico que representó un cambio de 1.4 por ciento en la variación negativa del PIB de 2009, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XIX; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y III; y, 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo con base en los siguientes
Antecedentes
1. De conformidad con el artículo 26 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el estado contará con un organismo encargado del sistema de información estadística y geográfica:
“Artículo 26
B. El estado contará con un sistema nacional de información estadística y geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos contenidos en el sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.
La responsabilidad de normar y coordinar dicho sistema estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia.
...”
2. Este organismo, denominado Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), es el encargado de coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que genera la información de interés nacional, la cual pone a disposición de la sociedad en forma gratuita a través del Servicio Público de Información, salvo que el usuario la requiera de manera distinta a la que se encuentra publicada. El sistema se forma por cuatro subsistemas, cada uno coordinado por un vicepresidente de la Junta de Gobierno, con el objetivo de producir e integrar información de interés nacional de los siguientes temas:
• Subsistema Nacional de Información Económica. Cuentas nacionales, ciencia y tecnología, información financiera, precios y trabajo.
• Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social. Población y dinámica demográfica, salud, educación, empleo, vivienda, distribución del ingreso y pobreza.
• Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia. Genera indicadores sobre estos mismos temas.
• Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente. En el tema geográfico: límites costeros, internacionales, estatales y municipales; datos de relieve continental, insular y submarino; datos catastrales, topográficos, de recursos naturales y clima, así como nombres geográficos. Sobre medio ambiente: agua, suelo, flora, fauna, atmósfera, además de residuos sólidos y peligrosos.
3. El principal indicador económico que otorga el sistema a cargo del Inegi, es sin duda el producto interno bruto (PIB), el cual representa el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado.
El PIB es un indicador sumamente representativo que ayuda a medir el crecimiento o decremento de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio.
Consideraciones
A) Fue realizada una modificación al proceso metodológico del Inegi, al pasar de una base 2003 a una 2008, que impactó directamente en las cifras relacionadas con la tasa de crecimiento del PIB de la economía mexicana; la cual no se sujetó al principio de transparencia correspondiente.
B) La modificación tuvo variaciones favorables y desfavorables mínimas en todos los años, sin embargo, fue en el año 2009 (año de la segunda mayor recesión económica que ha sufrido nuestro país, sólo superada por la de 1995) en el que se presentó el cambio más drástico, ya que con anterioridad al cambio de metodología, el PIB nacional reportaba una variación negativa de -6.1 por ciento, la cual se redujo en 1.4 puntos porcentuales, al pasar a -4.7 por ciento con el nuevo método aplicado por el Inegi.
C) La nueva cifra, arrojada a través de la metodología empleada por el actual presidente del Inegi, Eduardo Sojo Garza, suaviza uno de los peores años del sexenio del expresidente Felipe Calderón.
Es importante recordar que el actual titular del Inegi renunció en 2006 al cargo de coordinador de asesores de políticas públicas del expresidente Vicente Fox, para incorporarse al equipo de campaña del entonces candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón. Posteriormente en 2009, fue propuesto para su actual cargo para 2010-2015, y fue ratificado por el Senado.
D) Además de mejorar (relativamente) la imagen del sexenio calderonista respecto al comportamiento del PIB, el cambio metodológico del Inegi proveerá de mejores números a los gobiernos posteriores, al contar con una escala de medición distinta a la de años anteriores.
Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al presidente del Inegi, Eduardo Sojo Garza, haga del conocimiento público los criterios y parámetros internacionales con los cuales se tomó la determinación del cambio metodológico que representó una variación de 1.4 puntos porcentuales en la variación negativa del PIB de 2009.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2014.
Diputados:Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente municipal de Silao, Guanajuato, a cooperar en la investigación, el esclarecimiento y la sanción de los responsables del ataque contra la reportera Karla Janeth Silva Guerrero, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, conforme a las siguientes
Consideraciones
El pasado 4 de septiembre, la reportera Karla Janeth Silva Guerrero, corresponsal de El Heraldo de León, en Guanajuato, fue agredida por tres individuos, quienes ingresaron en las oficinas de la periodista en Silao. Se dirigieron directamente hacia ella y la golpearon hasta hacerla sangrar. “Ya bájale de huevos a tus notas”, fue la frase amenazante que emplearon a fin de amedrentarla.
Silva Guerrero ha sido muy crítica con el gobierno del presidente municipal de Silao. Ha denunciado la carencia de servicios municipales, la inseguridad, la falta de transparencia y el derroche de recursos del municipio. Sus textos le han valido numerosos reclamos de funcionarios locales, quienes varias veces han intentado obstaculizar su trabajo. La periodista afirma que no cabe duda de que los agresores habían sido enviados por uno de ellos.
El juez de oralidad penal en Silao, José de Jesús Delgado Ojeda, encontró elementos de prueba suficientes para llevar a juicio a Luis Gerardo Hernández y Joaquín Samuel Valero, involucrados en la agresión y golpiza contra la reportera de El Heraldo Karla Janeth Silva Guerrero.
El mismo juez desestimó el argumento del equipo de defensores de los dos inculpados, en el sentido de que ambos fueron detenidos de forma arbitraria, y ordenó que permanezcan en prisión preventiva durante el proceso.
Al presentar los elementos para acusar a ambos, la fiscal Yolanda Ramírez destacó parte de la declaración de Karla cuando presentó su denuncia tras la golpiza, al señalar que no tenía problemas con nadie, salvo con el presidente municipal, Benjamín Solís Arzola, quien había reclamado a la reportera por su trabajo, e incluso en una ocasión, el 25 de junio, el alcalde gritó a la comunicadora.
La fiscal también presentó un paquete de 25 notas de la periodista, cuyos temas versan sobre problemas de baches, inseguridad en varias colonias, protestas de vecinos por obras y declaraciones del edil en las que rechaza las quejas de los ciudadanos por ineficiencia de su administración.
Un elemento contundente de la argumentación de la fiscal fue una declaración del hermano de Luis Gerardo Hernández, Eusebio, vertida el martes 9 quien, según citó la MP, se dijo al tanto de que Luis Gerardo se reunió el 3 (día previo a la golpiza) con el director de la Policía Municipal, Nicasio Aguirre Guerrero, y después aquél le comentó que el jefe de policía le había “encargado un jale” contra una reportera.
Luis Gerardo “invitó” a Joaquín Valero y al otro implicado, José Samuel Ornelas Martínez, a cometer el ataque la tarde del jueves 4, para lo cual fueron trasladados a la oficina de El Heraldo en una camioneta pick up blanca por un hombre apodado El Pelón, quien resultó ser el propio director operativo de la Policía Municipal, Jorge Alejandro Fonseca Durán, todo por instrucciones del director de Policía, Nicasio Aguirre.
En la audiencia, que se prolongó por casi 10 horas, se expuso por declaraciones de las dos víctimas –Karla Silva y su compañera Adriana Palacios– que Luis Gerardo Hernández, Joaquín Samuel Valero y Samuel Ornelas Martínez, El Buda, ingresaron la tarde del jueves 4 en las oficinas del periódico, y mientras Luis Gerardo daba las órdenes, El Buda golpeó salvajemente a Karla, ocasionándole 14 lesiones; entre ellas, traumatismo craneoencefálico, que puso en riesgo su vida, y una en cervicales, mientras que ambos le repetían: “¡Ya bájale a tus notas!”
Antes de salir, se llevaron la laptop de Karla, una cámara propiedad del rotativo, dos celulares, un radio y varias memorias con información del periódico.
En la investigación de la PGJE se localizó a las personas a quienes Luis Gerardo habría empeñado la laptop .
El juez Delgado sumó a los delitos de lesiones y robo calificados el de amenazas contra los inculpados e incluyó al propio El Heraldo como agraviado por el robo de la cámara, aparte de que dio dos meses para efectuar la investigación complementaria.
Pese a que la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato ha llamado al presidente municipal de Silao, Enrique Benjamín Solís Arzola, a rendir testimonio respecto a la investigación seguida por el citado ataque, el 22 de septiembre, fecha planteada para la rendición de éste, el edil se negó a hacerlo.
Respondiendo por escrito al citatorio –o entrevista– formulado por la Subprocuraduría de Investigación Especializada para recabar su testimonio, rechazó los términos en que fue convocado.
El citatorio indicaba que, debido a su investidura como presidente municipal, se solicitaba a Solís indicar el lugar y la hora en que el Ministerio Público podría recabar su testimonio.
El procurador afirmó que hay distintos procedimientos para que el Ministerio Público pueda contar con la declaración del alcalde: “Desde la invitación hasta otro de diferente índole, y agotaremos las medidas”.
La rendición del testimonio del edil, como titular del gobierno de Silao, es vital para el esclarecimiento absoluto del ataque, que ha sido condenado a nivel internacional y, según las indagatorias hasta el momento, fue ordenado desde el gobierno, hecho que no puede ser tolerado en un país que aspira a una democracia plena.
Fundado y motivado en las consideraciones expuestas, sometemos a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al presidente municipal de Silao, Guanajuato, Enrique Benjamín Solís Arzola, a cooperar de manera absoluta y expedita en las investigaciones relacionadas con el ataque perpetrado contra la periodista Karla Janeth Silva Guerrero, a través de la rendición de su testimonio, así como otras acciones que pudiera requerirle la autoridad investigadora correspondiente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2014.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos a considerar la pronta adquisición de una planta coquizadora para la refinería Ingeniero Antonio M. Amor y el traslado del área de llenado de autotanques fuera de la zona urbana de Salamanca, Guanajuato, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del PAN, y suscrita por integrantes de la Comisión Especial de prevención, conservación y, en su caso, restauración del ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex
Los suscritos integrantes de la Comisión Especial de prevención, conservación y en su caso restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
La importancia del sector energético, como pieza fundamental y estratégica de la economía de nuestro país, es un tema que se ha venido discutiendo en los últimos meses, y que ha permitido reformar la Constitución en aras de hacer el sector energético más productivo, competitivo y eficiente para el desarrollo del país.
Para el desarrollo de sus actividades y entre la pluralidad de instalaciones, Pemex cuenta con seis Refinerías, operadas por Pemex Refinación, las cuales están ubicadas en Tula, Hidalgo; Salamanca, Guanajuato; Cadereyta, Nuevo León; Ciudad Madero, Tamaulipas; Salina Cruz, Oaxaca, así como en Minatitlán, Veracruz.
La presente proposición con punto de acuerdo, es referente a la refinería “Ing. Antonio M. Amor” localizada en el municipio de Salamanca, Guanajuato.
Las inquietudes manifestadas en la presente, son resultado de los trabajos in situ que la Comisión Especial de prevención, conservación y en su caso restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex; ha llevado a cabo en refinerías y plataformas petroleras de la empresa, convocados por la diputada Rocío Abreu Artiñano, presidenta de esta comisión.
El pasado 4 de noviembre de 2013, se realizó una visita de trabajo por parte de los legisladores integrantes de esta comisión especial, a las instalaciones de la refinería que lleva el nombre del ilustre zacatecano ingeniero Antonio Manuel Amor, en la cual pudieron ser testigos de sus particularidades y de sus principales problemáticas, referentes a la necesidad de adquisición de una planta coquizadora para procesar residuos de la refinería; y el problema de seguridad que consiste en la reubicación del área de llenado de autotanques, fuera de la refinería y de la zona urbana del municipio.
Dicha refinería, se encuentra en operación desde 1950, y es considerada estratégica para Pemex Refinación, pues actualmente recibe diariamente 197 mil barriles de petróleos, de los cuales el 30 por ciento se traduce en gasolina; el 19 por ciento en gas; el 26 por ciento en diesel y el resto en lubricantes.
La refinería “Ing. Antonio M. Amor” por sus iniciales conocida como “RIAMA” es la única productora de lubricantes, parafinas y alcohol isopropílico, que se distribuyen en todo el país, además de ser importante por el abastecimiento de hidrocarburos a los estados de Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes.
La Comisión Especial de Pemex, considera prioritario dar puntual seguimiento a la adquisición de la planta coquizadora para esta refinería, que se ha venido postergando en los últimos años, y que está programada en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2014-2018 publicado por Pemex en noviembre de 2013, el cual podrá sufrir modificaciones ante la prontitud de la discusión de las leyes secundarias de la reforma energética en el honorable Congreso de la Unión.
El objetivo número 5 de dicho plan, se enfoca a la reconfiguración de la refinería de Salamanca, con el propósito de modernizarla e incrementar su capacidad de procesamiento de crudo y aprovechar las corrientes de residuales en la generación de productos de mayor valor.
Para la refinería, los alcances proyectados para el periodo 2014-2018 consideran la construcción y adecuación, entre otras unidades, de una planta de coquización retardada.
La importancia de la adquisición de una planta coquizadora para la RIAMA, radica en que será de utilidad para el reciclaje de residuos, mediante el proceso de coquización, y su conversión al llamado “coque de petróleo” que puede ser aprovechado mediante procesos posteriores, para la producción de combustibles.
Si bien las plantas de coquización retardada, realizan un proceso muy similar al de la planta U-10 de la refinería de Salamanca, en la cual a todos los subproductos de desecho se les somete a presión y alta temperatura para convertirlos en petróleo, su adquisición, aumentaría significativamente el procesamiento de los residuos a la par de las refinerías de Madero y Cadereyta, de manera más eficiente y moderna. Con la adquisición de la planta coquizadora, se podrá procesar cada 24 horas otros 40 mil barriles de petróleo, es decir cerca de 240 mil barriles en total.
En cuanto a seguridad en la refinería, el problema radica en la terminal de almacenamiento y reparto (TAR) específicamente donde se ubican las denominadas “llenaderas” de autotanques; pues se considera que este procedimiento genera un importante riesgo para la población aledaña, ya que el ingreso a la TAR se realiza a través de la zona urbana del municipio, específicamente en la calle Héroes de Cananea.
En las reuniones de trabajo de la comisión especial, los legisladores han puesto de manifiesto el tema de la seguridad en las instalaciones de la RIAMA, así como para el municipio de Salamanca, en especial el diputado Genaro Carreño Muro, quien es testigo de las condiciones de seguridad, y de las afectaciones que los trabajos de la paraestatal generan al municipio.
Por lo que se considera urgente que Pemex considere la reubicación del área de las llenaderas de autotanques fuera de la refinería y de la zona urbana del municipio, para con ello evitar accidentes que pudieran suscitarse en las instalaciones; y librar el ingreso de pipas que representan un riesgo latente para los habitantes de la ciudad.
Actualmente las pipas ingresan a las instalaciones de la refinería, en particular a la estación de llenaderas por la puerta 5, para cargar combustóleo, aceite, asfalto, gasóleo, azufre, parafinas, etcétera. El tránsito de las pipas en la puerta 5, siempre será de riesgo porque se encuentra cerca del sector del separador de aceites, lo que representa un riesgo latente para la población ante una situación de emergencia.
Si bien Pemex cuenta con normas, códigos y especificaciones que regulan sus organismos subsidiarios, así como con planes de seguridad para los procesos de la industria petrolera en sus instalaciones, es necesario considerar una efectiva reconfiguración de las instalaciones de la RIAMA, que permita adecuarlas a los nuevos procesos y a las nuevas consideraciones en seguridad y medio ambiente, sin poner en riesgo a los habitantes de las zonas cercanas al centro de trabajo.
Es por ello, que resulta de suma importancia, que en el marco del plan de negocios 2014-2018 de Pemex y considerando sus posibles modificaciones con motivo de la reforma energética, se considere la pronta adquisición de la planta de coquización retardada para la refinería de Salamanca; y dar un mejor uso y mayor aprovechamiento de desechos. De igual forma, resulta primordial el tema de la seguridad de sus instalaciones, en particular, la reubicación de las llenaderas fuera de la TAR, por constituir un riesgo para los trabajadores de las instalaciones locales, así como para los habitantes del municipio.
Por lo expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de Petróleos Mexicanos, a que se concrete, a la mayor brevedad posible, la adquisición de una planta de coquización retardada, para la refinería “Ing. Antonio M. Amor” con la finalidad de dar un mejor uso y mayor aprovechamiento a los residuos de la industria en estas instalaciones.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular de Petróleos Mexicanos, a considerar la reubicación del área de llenado de autotanques fuera de la zona urbana del municipio de Salamanca; lo anterior, en beneficio de los trabajadores y habitantes de la región y para preservar la seguridad durante la carga de materiales de la refinería.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2014.
Los abajo firmantes integran la Comisión Especial de prevención, conservación y en su caso restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex.
Diputados: Rocío Adriana Abreu Artiñano, Mirna Esmeralda Hernández Morales, Adriana González Carrillo, María Guadalupe Moctezuma Oviedo, José Angelino Caamal Mena, Nelly del Carmen Vargas Pérez, Carol Antonio Altamirano, Delvim Fabiola Bárcenas Nieves, Genaro Carreño Muro, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, María de Jesús Huerta Rea, María Concepción Navarrete Vital, María Isabel Ortiz Mantilla (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SRE a atender de inmediato las recomendaciones vertidas en la auditoría financiera sobre la falta de control y seguridad en la emisión de pasaportes, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD
Los que suscriben diputados federales José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3º, fracción XVIII; 6º, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición punto de acuerdo, con base en los siguientes
Antecedentes
1. El pasaporte, al igual que otros documentos migratorios de viaje se expide a los mexicanos para acreditar su nacionalidad e identidad y solicitar a las autoridades extranjeras permitan el libre paso, proporcionen ayuda y protección. Dicho servicio es otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de Delegaciones en el territorio mexicano y en oficinas consulares para el exterior. Por tanto la SRE tiene bajo su responsabilidad el manejo de información clasificada como de Seguridad Nacional.
Su otorgamiento, son administrados a través del Sistema de emisión de pasaportes, en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información (TIC). Para tales efectos la SRE contrata los servicios a instancias externas mediante procedimientos apegados a las licitaciones y al marco jurídico aplicable, así como al “Reglamento de pasaportes y del documento de identidad y viaje”. En el caso de la emisión de los pasaportes se estableció un contrato plurianual número SRE-DRM-LP-66-12, por el que se pagaron 60.3 millones de pesos en 2012, su objeto fue proporcionar los servicios para la emisión del pasaporte mexicano que a continuación se indican:
Servicios
Operación de Pasaportes en la Delegación Cuauhtémoc
Mejora Continua y Soporte del Sistema de Expedición de Pasaportes en México
Aprovisionamiento de Cómputo a Delegaciones y/u Oficinas
Solución de Personalización
Suministro de Láminas de Seguridad
Infraestructura Centro de Datos
Infraestructura-Almacenamiento
Mesa de Servicios
2. Mediante la Auditoría financiera y de cumplimiento 12-0-05100-02-1176, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante la revisión de los servicios relacionados con los procesos del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información (MAAGTIC-SI), se detectó que la estructura orgánica y la estructura funcional vigentes para 2012 son diferentes, por otro lado las funciones, niveles de autoridad y responsabilidades de la Dirección General de Tecnologías de la Información e Innovación, no corresponden con la normatividad interna, por lo que tanto las funciones como las actividades propias no están ni formalizadas, ni autorizadas, lo que conlleva a que el proceso administrativo de la información de seguridad nacional carece de controles que garanticen la máxima seguridad, confidencialidad, transparencia y resguardo informático.
3. Por lo que hace a la “Gestión de la Infraestructura Tecnológica y Seguridad de la Información relacionados con el contrato “SRE-DRM-LP-66-12” se detectaron las siguientes debilidades:
• No se han ejecutado las pruebas de vulnerabilidad a los equipos ubicados en el centro de datos del proveedor contratado, que soporta el SEPM.
• Del análisis a las bitácoras de rotación se detectó que las cintas de respaldo de la información en poder del proveedor no son resguardadas en otras localidades distintas al centro de cómputo lo que potencializa el riesgo de pérdida de datos.
• No existe un Plan de recuperación de contingencias técnicas.
4. Otro factor que incide para éste exhorto, es que la SRE, ha observado sobreejercicio recurrente en el ejercicio de los presupuestos asignados desde el 2008, aunado que tan solo para el primer trimestre del 2014 el total del presupuesto asignado ya ha sido ejercido, de acuerdo a los gráficos aquí señalados:
Consideraciones
1. Para el periodo 2012-2014 la SRE ha ejercido 1, 546 millones de pesos, observando un sobreejercicio por arriba del 250%, señalando de manera puntual que en 2013 se multiplico a un 860% con respecto al recurso asignado, desconociendo el origen de los recursos sobrejercidos, toda vez que no está a la vista información relativa a los reintegros que deben hacerse a la Tesorería de la Federación. Entre 2007 y 2012 la SRE ejerció recursos por 1,081.7 millones de pesos en la inversión y operación del “Sistema de emisión de pasaportes” sin embargo éste no cuenta con una estrategia que garantice su máxima seguridad, existiendo un riesgo inminente en la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información de seguridad nacional contenida en las bases de datos.
2. La SRE por medio de la Dirección General de Tecnologías de Información e Innovación (DGTII) proporciona diferentes servicios sustantivos como la expedición de pasaportes, visas, cartillas, documentos relativos al registro civil, entre otros, en México y en el extranjero; por lo que requiere de la automatización de sus procesos así como de una sólida infraestructura tecnológica que permita soportar los sistemas informáticos que apoyan estas funciones sustantivas, en virtud de que se han destinado recursos para tales efectos en demasía, y que por el contrario dichas inversiones no garantizan la máxima seguridad para el resguardo de la infraestructura operativa y estratégica, poniendo en riesgo información de seguridad nacional.
3. La SRE, a la fecha no ha concluido las acciones derivadas de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 12-0-05100-02-IL1176, las cuales están dirigidas al Órgano Interno de Control de la SRE, a razón de los siguientes contenidos:
4.- El marco legal que asiste a la Secretaría de Relaciones Exteriores se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Art. 134, Ley Federal de responsabilidades administrativas, Reglamento Interior de la SRE; Acuerdo por el que se reforma y adiciona el diverso por el que se establecen las disposiciones administrativas en materia de tecnologías de la información y comunicaciones y de seguridad de la información, y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en esas materias (MAAGTIC-SI), artículos tercero, cuarto, quinto y noveno; Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal artículo vigésimo primero; Lineamientos Específicos para la Aplicación y Seguimiento de las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal numeral 23.
5. El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.
6. Lo anteriormente expuesto en observancia a lo señalado en los Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores, doctor José Antonio Meade Kuribeña, haga del conocimiento público las acciones en torno a las recomendaciones vertidas en la Auditoria financiera y de cumplimiento 12-0-05100-02-1176 en torno a la falta de control y seguridad en la emisión de pasaportes, toda vez que el actual sistema pone en riesgo información de seguridad nacional,
Segundo. Se exhorta al Titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Dr. José Antonio Meade Kuribeña, haga del conocimiento público las acciones en torno al origen de los recursos sobrejercidos para el periodo 2008-2013, toda vez que tan solo para ese último año el monto es de 972.7 millones de pesos, representando con ello un 860% con respecto a los 127.8 millones de pesos asignados para el mismo año.
Diputados:Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a las secretarías de movilidad o dependencias afines de las entidades federativas a emprender en el marco de los compromisos firmados por México en el Decenio de Acción para la Seguridad Vial acciones que garanticen ésta, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados punto de acuerdo conforme a la siguiente
Exposición De Motivos
En el mundo, cada tres segundos, siete personas fallecen a causa de un incidente vial; dando como resultado que 1.24 millones de personas mueran en las calles y 20 millones más sufran algún tipo de secuela física y/o psicológica tras un incidente de este tipo; colocando así los accidentes viales como la octava causa de muerte a nivel global.
En México, [...] representan la primera causa de muerte para personas jóvenes de entre cinco y 35 años de edad, y la segunda causa de discapacidad motora permanente. En números globales, el informe mundial sobre la situación de la seguridad vial de la Organización Mundial de la Salud 2013 señala que México ocupa la octava posición a nivel mundial, con casi medio millón de incidentes viales, que derivaron en cerca de 17 mil fatalidades y más de 172 mil lesiones, en el año 2011.1
Es así que los accidentes viales y sus consecuencias le cuestan al Estado mexicano más de diez mil millones de dólares, cifra equivalente al presupuesto de la Secretaría de Salud para este año.
Para algunos especialistas, las causas de este tipo de accidentes se pueden dividir en tres grupos; el primero de ellos está relacionado con los usuarios, el segundo con la infraestructura y el tercero con las derivadas del estado de los propios vehículos.
Sin embargo, cabe destacar que en el grupo de causas concerniente al comportamiento de los usuarios; estas “se agrava(n) por la falta de regulación de los conductores al expedirse licencias de manejo sin realizar exámenes de conocimiento de reglamentos y habilidades para conducir adecuadamente y, al no contarse con procesos de puntuación que establezcan el número máximo de infracciones permitidas para conservar la licencia”;2 tal y como ocurre en entidades como el Distrito Federal.
Dentro de las causas comunes de los accidentes se encuentran el abuso del alcohol al volante, rebasar los límites de velocidad así como el uso de distractores. Estudios indican que el 60 por ciento de los accidentes viales ocurren por conducir y consumir alcohol por arriba de los límites legales. De igual forma, el 28 por ciento de los incidentes ocurren por rebasar los límites de velocidad establecidos y el 12 por ciento por distractores como el uso del celular.3
Asimismo, en lo que respecta a la infraestructura, se puede concluir que -de manera general- las calles se encuentran en mal estado y no cuentan con los señalamientos y características necesarias, que permitan que tanto automovilistas, ciclistas y peatones tengan mayor seguridad al momento de transitar.
México no cuenta con leyes nacionales o estatales para el combate a las muertes por incidentes viales de manera integral ni una articulación real de estrategias que generen acciones puntuales. En nuestro país el problema parte desde la carencia de una ley a nivel federal que articule las necesidades de trabajar sobre la seguridad vial. México se ha adscrito al decenio de acción de la ONU (principalmente firmado por la SCT, que tiene carácter de carretero); sin embargo carece de una estrategia real para la disminución de accidentes.4
Al respecto, es necesario mencionar que la Organización Mundial de la Salud declaro como “Decenio de Acción para la Seguridad Vial”, al período comprendido entre 2011 y 2020; a raíz de un exhorto realizado por la Organización de Naciones Unidas; el cual México firmó y por ende, se comprometió con las estrategias que han surgido con el fin de “estabilizar, en primera instancia, y después reducir, los incidentes viales en un 50% a nivel global, lo cual representa 5 millones de vidas humanas salvadas”.5
Dicho decenio de acción está basado en cinco ejes, los cuales se resumen en:
1. Gestión de la seguridad vial.
2. Vías de tránsito y movilidad más seguras.
3. Vehículos más seguros.
4. Usuarios de las vías tránsito más seguros.
5. Respuesta tras los accidentes.
Como resultado, para Adriana Lobo, directora del CTS Embarq México, un sistema de gestión de la seguridad vial debe incluir, al menos, datos confiables, metas y medición de resultados, tecnologías para control y regulación de velocidad, movilidad sustentable, segura y orientada a sistemas de transporte público, cumplimiento de la ley a cambio cultural; entre otros.
Es necesario articular con el contexto legal, institucional y económico, los procesos de gestión integral de la seguridad vial, para promover el conocimiento real del problema mediante la recolección de información que permita procesos de investigación, planeación y diseño de estrategias, así como la correspondiente ejecución de medidas que deriven en círculos de medición efectiva de resultados.6
Es por ello que, comprendiendo la importancia para erradicar este tipo de accidentes que afectan, cada año, a miles de personas en nuestro país; presentamos a esta asamblea el siguiente resolutivo:
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a las Secretarías de Movilidad –o dependencias afines– de las entidades federativas a que, en el marco de los compromisos firmados por México en el Decenio de Acción para la Seguridad Vial, emprendan acciones que garanticen seguridad vial y estén enfocadas a disminuir el número de accidentes viales en nuestro país.
Notas
1 Animal Político, “16,500 muertos al año: el alto costo de los incidentes viales para México”, [en línea], México, dirección URL: http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2014/09/30/16500- muertos-al-ano-el-alto-costo-de-los-incidentes-viales-para-mexico/
2 Ídem.
3 México Previene “Accidentes en número”, [en línea], México, Dirección URL: http://mexicoprevieneac.org/pages/accidentes-en-numeros
4 Ídem.
5 Ídem.
6 Ídem.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 2 días del mes de octubre de 2014.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Inegi y a la SEP a difundir toda la información recabada en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, a cargo de la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, Tania Margarita Morgan Navarrete, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 6, numeral 1, fracción I, artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
Uno de los grandes logros del Pacto por México ha sido la reforma educativa; que pudo ser una realidad para los Mexicanos, gracias al consenso realizado por los distintos partidos políticos, incluyendo la participación y gran colaboración Acción Nacional que derivó en una reestructuración en la calidad de nuestro sistema educativo nacional. Como uno de los muchos productos de dicha reforma, es como nace el Censo de Escuelas, Maestros, y Alumnos de Educación Básica y Especial (En adelante, Cemabe), insumo considerado como fundamental para llevar a cabo las transformaciones necesarias para dotar de excelencia al ámbito educativo de México y, en especial, al de la enseñanza. Dicho censo ha tenido por objetivo principal el de atajar los problemas existentes de los recursos humanos y materiales dentro del sistema educativo mexicano.
El Cemabe es realizado a partir de la suma de los esfuerzos tanto del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) como de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para una efectiva transparencia y rendición de cuentas de los recursos asignados para la educación del país. Este primer Censo tuvo su periodo de realización del 26 de septiembre al 29 de noviembre del 2013, donde participaron 17 mil 281 personas realizando el levantamiento de información, supervisión, y seguimiento. Durante el Censo se visitaron los 270 mil 609 centros de trabajo que se tenían en la base de planeación proporcionada por la SEP, en la cual se contaba con la información de cada uno de los centros objeto de análisis, así como los datos disponibles sobre el personal y alumnos asociados a los centros de trabajo.
Fue hasta marzo del presente año que se dieron a conocer los datos desagregados y los resultados obtenidos a través de los cuales se realizaron distintos análisis por parte de diversos medios de comunicación, líderes de opinión, asociaciones civiles, etc. Tal es caso de “Mexicanos Primero”, que nace como iniciativa ciudadana, independiente y plural que pretendiendo impulsar el derecho a la educación de calidad en el país a través de instrumentos para la exigencia y participación ciudadana. Dicha asociación civil realizó un pequeño análisis crítico titulado “El Censo es un parteaguas para la educación”, en el que se revelaron y evidenciaron las fallas e ineficiencias que el Sistema Educativo Mexicano ha tenido durante varios años. Es decir, a la luz de los resultados del Censo, los datos que durante mucho tiempo estuvieron disponibles para la sociedad fueron posiblemente una simulación.
Tras cuatro largos meses de espera para que las autoridades tomaran el papel que les corresponde dentro de este gravísimo asunto, el Centro de Análisis de Políticas Públicas “México Evalúa” publica un estudio llamado “Censo Educativo: Radiografía del dispendio presupuestal” más detallado sobre el Cemabe. Desgraciadamente, dentro del amplio compendio de los datos arrojados por este análisis, la mayoría de estos son negativos.
Este estudio se estructura en cuatro dimensiones. En la primera se evidencian todas las anomalías que se encontraban en la nómina magisterial. Esto es, el registro de las personas que cobran un sueldo sin prestar un servicio ni como docentes ni como administrativos en el sistema educativo mexicano. La segunda parte cuantifica monetariamente estas irregularidades para hacer un comparativo de los usos alternativos del gasto si los recursos se asignaran correctamente. La tercera parte del documento presenta las inconsistencias entre lo que las entidades han reportado en su nómina educativa y los datos que el Censo recogió en su realización. Por último, la cuarta parte del estudio ofrece distintas posibilidades de trabajo con la información del Censo que ya se ha expuesto al público y la que está pendiente por publicarse.
A través de las conclusiones generadas por el estudio de México Evalúa, se puede evidenciar el desorden en la nómina de educación básica. Por ejemplo, los “comisionados”; personas que tienen una plaza de maestro pero que no trabajan brindando enseñanza frente a un grupo. Estas comisiones, cuando se ejercen con goce de sueldo, son ilegales. Y el Censo deja ver que existen 30 mil 695 comisionados o personas con licencia.
Otro problema dentro de este ámbito es el de los llamados “aviadores”; individuos que, según los registros, están asignados a un centro de trabajo pero en el que nadie los conoce. El Censo, deja ver que existen 39 mil 222 plazas para estas personas.
Por otro lado, se encuentra el caso en el que la corrupción del sistema educativo mexicano ha permitido que los empleados jubilados, renunciados y fallecidos reciban un sueldo en los sistemas educativos estatales. Se trata de 114 mil 998 individuos que reciben un sueldo indebidamente. En total, entre “comisionados, aviadores, jubilados, renunciados o fallecidos” existen 184 mil 915 plazas. Reflejo inequívoco de un total desorden de la nómina docente-administrativa.
Cuando parece que esas cifras ya son motivo suficiente para el escrutinio y la transparencia en el ejercicio del gasto público por parte de la SEP, nos encontramos con más datos. Por ejemplo, existe personal que opuso resistencia y rechazó el Censo. Hubo planteles que no pudieron ser incluidos en el estudio porque sus trabajadores se rehusaron a recibir a los encuestadores del INEGI. En total, se hizo un cálculo estimando que cerca de 158 mil 565 profesores y administrativos no fueron censados, quienes laboran en 24 mil 164 centros de trabajo. Desgraciadamente, este último problema pone en evidencia y refleja la embarazosa realidad de una democracia que no participa ni aporta lo mínimo indispensable para el beneficio de la calidad educativa del país.
Pero hay más. En el México de la Reforma Educativa, existen casos donde el personal acumula plazas abusando de los recursos públicos. La suma de ellos es de 23 mil 540 maestros. De otro modo, la cifra de ausentes es del 4.39% del total de las plazas en educación básica, es decir, 98 mil 576 plazas de las cuales no se pudo obtener información porque quienes las poseen estuvieron ausentes al levantarse el Censo.
Por otro lado, las autoridades no han dado a conocer cuántas plazas e individuos supuestamente debían estar laborando en los 426 centros de trabajo que no fueron localizados por el personal del INEGI; es decir, existe una enorme cantidad de recursos y de financiamiento que, además de ser una cifra inestimable por la falta de información, se destina a los dichos “planteles fantasma”.
Independientemente de que las autoridades estatales hagan caso omiso o no de la grave situación, y asuman o no la responsabilidad que les compete, es necesario recordar que año con año esta honorable Cámara de Diputados se preocupa por destinar mayores recursos a la educación de nuestros niños y jóvenes mexicanos, pero, al parecer, algo no está funcionando como debiera. Pues tenemos altos resultados de ineficiencia y deserción escolar. Por lo que la inversión en educación no está siendo coincidente con la calidad de la misma. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tienen que hacer la revisión de los reportes que los estados entregan respecto el uso de los recursos federales en materia educativa y corroborar que la información recibida sea verdadera. De no ser así, se tendrán que establecer las sanciones correspondientes.
El tamaño del problema se hace evidente cuando la información recabada señala que en 27 de 32 entidades federativas, más del 10% de la nómina educativa recae en alguna irregularidad.
A pesar de que con la información publicada hasta el momento sólo se puede hacer un cálculo del costo de estas irregularidades, en el escenario más bondadoso y conservador, donde tan sólo se toman en cuenta los casos de los comisionados, los aviadores, los jubilados, renunciados y fallecidos, se estima que el gasto del erario se encuentra alrededor de los 16 mil millones de pesos por el personal con estas anomalías. Cifra que, según el estudio de “México Evalúa”, equivale a un 4.24% del presupuesto público total que se asigna a la educación básica del país y que, de por sí, ya es bastante alta.
En el peor escenario se hace una estimación más incluyente en la que se consideran todas las irregularidades en la nómina docente-administrativa, como son los casos de aquellos que laboran fuera de su centro de trabajo asignado; del personal que se negó a ser censado o a proporcionar información y los que estuvieron ausentes durante el levantamiento del Cemabe. Bajo este panorama se puede calcular que todas las anomalías de la nómina docente-administrativa equivalen a 51 mil 486 millones 700 mil pesos de gasto desperdiciado y mal ejercido del erario y de las entidades estatales. Esta cantidad sería el equivalente a casi el 10% de los recursos que el Estado mexicano destina a las pre-primarias, primarias y secundarias públicas en el país. Y a pesar de ello, la autoridad federal y las estatales, no han tomado acciones concretas que mitiguen esta fuerte crisis que se vive y que está destruyendo al sistema educativo mexicano.
Sin hacer grandes esfuerzos podemos encontrar algunos ejemplos de lo que se podría hacer en el ámbito educativo con este despilfarro de recursos; siempre y cuando fueran asignados por medio de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Tal es el caso en el que se podría hacer una considerable inversión en la infraestructura de las instituciones educativas, ya que, del total de 151 mil 741 escuelas públicas, que incluyen a pre-primarias, primarias y secundarias, 2 mil 623 cuentan con una infraestructura no óptima para cumplir con los fines educativos de los planteles. Esto se traduce en una ineficiencia que atropella las características cualitativas que una construcción debe de tener como por mínimo para destinar su uso para la enseñanza.
Según datos del mismo análisis, las condiciones precarias de la infraestructura de las escuelas públicas se reflejan en 81 mil 718 que no cuentan con drenaje, representando un 46% de las escuelas públicas a nivel nacional. También, 55 mil 101 no cuentan con agua corriente, 3 mil 469 tienen piso de tierra o materiales removibles, 34 mil 120 están construidas con materiales inadecuados, 2 mil 117 escuelas con paredes de material frágil o inadecuado, 20 mil 152 sin sanitarios y 18 mil 564 sin energía eléctrica.
Por hacer un ligero comparativo en términos monetarios, los 16 mil millones de pesos que se estiman en el mejor escenario, son equivalentes a prácticamente 6.7 veces los recursos que el Gobierno Federal destinará este año para los proyectos de infraestructura social del sector educativo. De otro modo, el presupuesto que se gasta en las irregularidades en la nómina es superior en 7.6 veces al presupuesto conjunto de los programas de desarrollo profesional docente, el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa y las Evaluaciones confiables de la calidad educativa y la difusión de sus resultados.
Si el comparativo se hiciera bajo un escenario más pesimista, es decir, tomando en cuenta los 51 mil 486 millones de pesos mal ejercidos, existe una variedad de alternativas en las que se podría hacer un buen uso de estos recursos. El uso de este presupuesto se podría destinar para el financiamiento de programas educativos y de la política social, para una gran amplitud en cuanto a oferta de becas, para dotar a las construcciones del inmobiliario y la infraestructura adecuada para una digna institución de aprendizaje, para aportar con material didáctico al alumnado y, en general, para contribuir enormemente al perfeccionamiento de nuestro sistema educativo y a la condición actual de la educación mexicana.
Por mencionar otro ejemplo concreto de aplicación de estas alternativas, esta cantidad podría servir para triplicar el presupuesto autorizado por el Congreso al Gobierno Federal en este año para becas en el sector educativo o duplicar el presupuesto para las escuelas de tiempo completo.
Toda la información aquí expuesta puede resultar como instrumento para mejorar la política pública para una correcta y responsable administración del presupuesto designado para la nómina docente-administrativa. Ahora que se tienen a disposición los datos arrojados por este Censo, estos se tienen que convertir y utilizar como insumos informativos empleados de forma inteligente y transparente para la formulación de acciones concretas que aminoren la pobre e ineficiente situación educativa de México. Sin embargo, si su análisis y estudio no se traduce en políticas públicas que mejoren la calidad educativa del país, de nada sirven los esfuerzos tanto del Poder Ejecutivo y del Legislativo.
Es decir, sólo se estarían desperdiciando las aportaciones económicas de las familias mexicanas para que la calidad educativa del país siga en detrimento y ocasione, cada vez más, un enorme rezago que afectaría a toda la esfera tanto pública como privada, pues es del dominio público que la educación de una nación es uno de los principales ejes rectores y columnas que sostienen a toda sociedad.
El Cemabe pone en evidencia los serios y gravísimos problemas que tiene nuestro sistema educativo, en específico, la administración de la nómina docente-administrativa de educación básica. Este estudio ha demostrado el mal uso de los recursos públicos en el sector educativo mexicano. Además, se ha puesto al descubierto la incapacidad de las autoridades educativas del país y la tolerancia que estas están teniendo a la corrupción en un ámbito tan importante como es el de la educación.
A pesar de que se cuenta con una gran cantidad de datos, el universo arrojado por este Censo sigue sin publicarse en su totalidad. Por lo que también es urgente que la SEP dé a conocer la base completa de los datos recopilados por el Censo y permitir identificar los beneficiarios de las plazas que están bajo una de las irregularidades documentadas. Sin embargo, es necesario atender la información incompleta de este instrumento, pues no se sabe con certeza qué otros problemas existen detrás de lo ya evidenciado, además de que la situación amerita fuertes y urgentes medidas de mitigación y corrección de todas las fallas que tiene el sistema educativo mexicano. Estas omisiones informativas en el sector educación no pueden ni deben seguir siendo tolerables por la sociedad mexicana, pues eso significaría contribuir a la opacidad que el sistema ha cubierto durante años por medio de prácticas inadmisibles de corrupción. Se ha hecho un desastre en el ejercicio de los presupuestos públicos que lo único que ha logrado es sumergir a este país en un pozo de ignorancia que aleja cada vez más a nuestra nación de la calidad de la enseñanza educativa.
La información recabada en el Cemabe es un parteaguas imprescindible para que las autoridades tomen frente en las medidas correspondientes para socavar estas deficiencias educativas en la nómina docente-administrativa, pues esta ruega por una mejor planeación del uso de los presupuestos públicos educativos. Esta información debe ser utilizada tanto por las autoridades para realizar e impulsar las medidas correctivas necesarias, como por la ciudadanía para exigir un responsable y adecuado uso de los recursos públicos. Para que México logre ser una democracia responsable también debe de hacer uso de la participación responsable de sus propios ciudadanos; el problema no se reduce a un solo sector o esfera, sino le corresponde a todos los mexicanos, por lo tanto, estamos en nuestro derecho, y a la vez obligados, de provocar el cambio que nuestro país necesita para seguir el curso del progreso.
En 2009 la Cámara de Diputados incorporó una serie de disposiciones al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) con el fin de fortalecer la rendición de cuentas, transparencia y evaluación del uso de los recursos educativos. Estas disposiciones establecieron obligaciones para la SEP, las autoridades estatales y la ASF, con el fin de fortalecer el control sobre el pago de la nómina docente. Entre las medidas tomadas, destacan la obligación de conciliar el número y el tipo de plazas de nivel básico y normal con las entidades federativas, determinando aquellas que cuentan con registro en dicha Secretaría y las que sólo lo tienen en las entidades federativas; de limitar los pagos a los individuos que cuenten con RFC completo y presentar informes trimestrales a los diputados sobre el número total, nombres y funciones específicas del personal comisionado, así como el periodo de duración de la comisión junto con la publicación de las listas correspondientes en internet.
Por último, en el artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se prevé que se debe hacer pública la información docente y se den a conocer las irregularidades detectadas por la autoridad educativa. Por otro lado, en el quinto transitorio del decreto por el que se reforman los artículos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se prevé también la creación de un Sistema de Información y Gestión Educativa , que permita a la autoridad tener en una sola plataforma los datos necesarios para la operación del sistema educativo y que, a su vez, permita una comunicación directa entre los directores de escuela y las autoridades educativas; es por ello que aquí se debe hacer énfasis en las sustantivas diferencias entre lo que las autoridades educativas de los estados reportaron, y la información recabada por el Censo, ya que estas deben de tener una explicación aceptable alguna.
En el artículo 6 de la Ley del Inegi se prevé que la información de interés nacional será oficial y de uso obligatorio para la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios. El sector educativo mexicano es considerado como de interés nacional, por lo que esta información debe de estar a disposición y accesibilidad del público, sobre todo cuando se trata del uso recursos públicos. Por otro lado, pese a las observaciones que realizo la ASF, los estados han hecho caso omiso y no han corregido los problemas administrativos de su nómina docente.
Es por lo expuesto en líneas anteriores, y dada la enorme urgencia de que la autoridades competentes hagan pública la base completa del Cemabe para que su análisis se pueda traducir en política pública, que genere una considerable mejora en el sistema educativo mexicano, la que suscribe somete a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y a la Secretaría de Educación Pública a que, en el ámbito de sus competencias, hagan pública la totalidad de la información recabada en el Censo de Escuelas, maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (Cemabe); y que, a su vez, expliquen los motivos por los cuales dicha información no se ha publicado completamente.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que, a través de la Secretará de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, expliquen, aclaren, y en su caso, resuelvan, las diferencias que se han hecho públicas entre los datos de la nómina educativa dados a conocer a través del Censo de Escuelas, maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, y los que al respecto reportan las entidades federativas.
Referencias
• Inegi, S. (31 de marzo de 2014). Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, Presentación de Resultados Definitivos. Obtenido de http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/bolet in/Comunicados/Especiales/2014/Marzo/comunica12.pdf
• México Evalúa. Centro de análisis de políticas públicas, A. (2014). Censo educativo. Radiografía del dispendio presuspuestal.
• Poder Ejecutivo, S. d. (2013). Decreto por el que se reforman los artículos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la CPEUM. D.O.F.
• Primero, M. (1 de Abril de 2014). El Censo es un parteaguas para la educación. Obtenido de http://www.mexicanosprimero.org/index.php/central-de-prensa/boletines/5 9-el-censo-es-un-parteaguas-para-la-educacion
• República, P. d. (19 de Diciembre de 2013). Cierre del Levantamiento del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial. Obtenido de http://www.presidencia.gob.mx/cierre-del-levantamiento-del-censo-de-esc uelas-maestros-y-alumnos-de-educacion-basica-y-especial/
• República, P. d. (01 de Septiembre de 2014). S.E.P. Sistema Nacional de Información Estadística Educativa. Obtenido de http://www.snie.sep.gob.mx/mision_y_vision.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2014.
Diputada Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía manifiesta su interés en que la STPS y las unidades promotoras del empleo en las entidades federativas promuevan la creación de fuentes laborales para mayores de 16 años y menores de 30, a cargo de la diputada Joaquina Navarrete Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, la diputada Joaquina Navarrete Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete la presente proposición, en virtud de las siguientes
Consideraciones
En la actualidad el desempleo juvenil se ha vuelto un gran reto para la mayoría de los gobiernos, ya que según un estudio rebelado por la Organización Internacional del Trabajo OIT en 2012 había en el mundo casi 75 millones de jóvenes desempleados, 4 millones más que en 2007.1
Existe una necesidad urgente de revertir la tendencia actual. Si no se adoptan medidas inmediatas y enérgicas, la comunidad mundial se enfrentará al triste legado de una generación perdida sin oportunidades de crecimiento.
Invertir en los jóvenes, es invertir en el presente y en el futuro de nuestras sociedades.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas hay más de mil 200 millones de jóvenes en el mundo, de edades comprendidas entre los 15 y 24 años, al rededor del 90 por ciento de esos jóvenes viven en países en desarrollo y representan la población juvenil más numerosa que jamás haya existido en el mundo, a esto anterior se le conoce como bono demográfico.
La mayoría de los países en desarrollo están registrando un aumento en el número de jóvenes, que representan más del 30 por ciento de la población en edad de trabajar. En cambio, las economías desarrolladas están experimentando un envejecimiento de su población. Estas dos situaciones plantean retos y hacen necesarios algunos ajustes.
La mayoría de la población Juvenil se centra de acuerdo con la ONU, en Asia meridional con 27 por ciento, Asia oriental con 19 por ciento; y por su parte México se encuentra en el área de América Latina y el Caribe aportando el 9 por ciento de la población juvenil del mundo.
Se ha adquirido mucha experiencia sobre la forma de hacer frente a los distintos obstáculos con que tropiezan los jóvenes para entrar en el mercado laboral, pero en muchos países, las políticas ineficaces macroeconómicas y de otro tipo, no han logrado generar suficientes empleos, ni en general, ni para los jóvenes en particular.
Existen muy pocas excepciones, ya que países como Alemania y Austria cuentan con los niveles más bajos de desempleo juvenil siendo 7.7 por ciento y 8.6 por ciento respectiva mete en comparación con España que tiene 56 por ciento de desempleo en el sector juvenil.2
El caso alemán que tras la crisis financiera global adoptó un conjunto de estrategias para hacer frente al desempleo en los jóvenes a través de un sistema dual de empleo que consta de asistir de 8 a 12 horas a la semana a clases teóricas adaptadas a la profesión y acudiendo tres días a la semana a realizar prácticas cobrando de 700 a 800 euros al mes. La formación también incluye clases de otro idioma, estudios sociales y deportes. La formación profesional dual dura entre dos y tres años y medio.
Lo cierto es que hoy en día se demuestra una gran incapacidad de la mayoría de los gobiernos para crear suficientes fuentes de trabajo que cambien la calidad de vida de la población joven, ya que la informalidad sigue ganando terreno en este grupo social.
Un estudio rebelado por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, muestra que a pesar de que el desempleo es una problemática mundial, ésta se da de manera muy diferente en economías que se encuentran en desarrollo que en las ya desarrolladas; y es que los jóvenes que se encuentran en las economías en desarrollo tienden abandonar sus estudios a edades más tempranas, aunado a la falta de acceso a la protección social, así mismo, el estudio rebela que ocho de cada diez jóvenes de economías en desarrollo estan empleados en el sector informal y seis de cada diez no cuentan con un contrato de empleo estable; en resumen en los países en desarrollo, el sesenta por ciento de los jóvenes no estudia ni trabaja o bien, trabaja en empleos ocacionales.
México no escapa de esta situación ya que datos de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Cámara de Diputados señala que nuestro país ocupa el cuarto lugar a nivel internacional en materia de desempleo juvenil además, resalta que cuatro de cada diez jóvenes de entre 15 y 29 años están desempleados3 .
Aunado a lo anterior, una de las problemáticas a las que se enfrentan los jóvenes de este país, es la informalidad, la cual se ha convertido en una opción para percibir algún ingreso.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2013 muestran que el 32.3 por ciento de la población de jóvenes tiene un empleo informal y ganan de uno a dos salarios mínimos, asimismo, el 30.7 por ciento de los jóvenes que cuentan un empleo formal gana más de dos y hasta tres salarios mínimos y sólo el 1.5 por ciento de los jóvenes que tienen un empleo informal ganan más de seis salarios mínimos, y por último 17.5 por ciento de los jóvenes en edad de trabajar no percibe ingreso alguno.
Siguiendo con el tema, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía año 2010 reveló que en México el 1.7 por ciento del sector juvenil no cuenta con escolaridad alguna, el 36.5 por ciento tienen estudios de secundaria, en el otro extremo y de mayor gravedad es que sólo el 0.5% de nuestros jóvenes cuentan con un posgrado.
Asimismo, de acuerdo con el estudio realizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el cual se menciona que en México la población joven en edad de trabajar es de 22.1 millones de personas, lo cual representa el 21 por ciento de la población total del país. De estos 22.1 millones de personas el 42.1 por ciento es población económicamente activa –PEA– y el 57.9 por ciento es población no económicamente activa –PNEA. Esto anterior refleja que más de la mitad de la población mexicana en edad de trabajar se encuentra desempleada. Sin lugar a dudas Mexico es un país de jóvenes ya que la mayor parte de la población se ubica entre los 15 y 29 años.
Ahora bien, de los 106 programas federales con los que se atiende a las necesidades de la juventud, solo 17 son considerados con buenas practicas por la Evaluación Transversal de Políticas y Programas para el Desarrollo de la Juventud -únicamente 3 son destinados al empleo: Fundación Idea, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Instituto Mexicano de la Juventud, Imjuve.4
Ante las cifras de la desocupación laboral en los jóvenes podemos vislumbrar que las instituciones de nuestro país carecen de capacidad para brindar a dicho sector de la sociedad oportunidades para su desarrollo y de esta manera fortalecer el capital humano. Por lo que el Estado tiene la obligación de promover acciones en beneficio de los sectores que requieren de su apoyo y en este caso de los jóvenes quienes significan en la base de desarrollo para nuestro país en un futuro próximo.
Y es que los artículos 5 y 123 de la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos que refieren que: “toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley” y “de la libertad de profesión” en este caso la población joven a partir de los 16 años que es la edad estipulada para la contratación, tiene derecho al acceso de un empleo digno.
El Centro de Estudios Sociodemográficos menciona que en México, a pesar de que los jóvenes se encuentran en mejores condiciones educativas y de salud que generaciones anteriores, los obstáculos que enfrentan en el mercado laboral los sitúa en un grupo vulnerable con respecto a otros grupos.
Las dificultades a las que se enfrentan los jóvenes son principalmente la falta oportunidades por carecer de experiencia (para los que tienen algún grado de escolaridad) y los que abandonan sus estudios son excluidos por no tener formación.
Si no se toman medidas que ofrezcan mejores oportunidades de desarrollo para los jóvenes a largo plazo este sector de la sociedad significarán grandes retos para el gobierno mexicano en todos los ámbitos de la vida social.
Lo cierto es que nuestro país está desaprovechando este potencial productivo lanzando a estos jóvenes a la informalidad, a la migración o las filas del crimen organizado. Por lo anterior, es necesario el diseño y rediseño de políticas públicas encaminadas a favorecer tanto la permanencia como las oportunidades en el mercado laboral formal de los jóvenes de este país.
Por lo expuesto, quien suscribe somete a la consideración del Congreso la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único: La Cámara de Diputados manifiesta su interés por que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social así como las unidades promotoras del empleo en las entidades federativas promuevan la creación de fuentes de empleo hacia las personas mayores de 16 años y menores de 30; asimismo se exhorta a que realice un análisis de los resultados, la eficiencia y la eficacia de los programas que atienden el desempleo juvenil.
Dado en la sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 1 de octubre de 2014.
Diputada Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CDH de Colima a presentar ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres la solicitud de declaratoria de alerta de violencia de género en la entidad, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN
De la diputada Martha Leticia Sosa Govea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que la honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión de Derechos Humanos del Estado Colima a presentar solicitud de declaratoria de alerta de violencia de género en el estado de Colima, ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El feminicidio está catalogado como el asesinato de mujeres por parte de hombres que las matan por el hecho de ser mujeres. Los feminicidios son asesinatos motivados por la misoginia, porque implican el desprecio y el odio hacia las mujeres, y por el sexismo, porque los varones que las asesinan sienten que son superiores a las mujeres y que tienen derecho de terminar con su vida o por la suposición de propiedad sobre las mismas.
Los feminicidios expresan situaciones extremas de violencia contra las mujeres y niñas. Son el extremo de un continuo de terror contra ellas, que incluye diversas formas de humillación, de desprecio, de maltrato físico y emocional, de hostigamiento, de abuso sexual, de incesto, de abandono, de terror y la aceptación de que las mujeres y niñas mueran como resultado de actitudes misóginas y de prácticas sociales.
El feminicidio indica el carácter social y generalizado de la violencia contra las mujeres, que proviene de las relaciones de inequidad de género. En este contexto, el estado de Colima desde hace casi más de 9 años ha presentado diversos casos que vulneran a este sector de la población.
En este sentido, he de mencionar un histórico sobre este fenómeno pues ya desde el año 2005 se reportaron 10 casos de homicidios a mujeres; en el año 2006 se reportaron 6 casos; sin embargo, en este mismo año, fue publicada la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006 (ENDIREH), indicando que Colima ocupaba el tercer lugar nacional de violencia de pareja. Este porcentaje se refuerza pues también ocupó el tercer lugar en egresos hospitalarios a mujeres relacionados con violencia. En el año 2007 se reportaron 6 homicidios; en el año de 2008 se reportaron 7 casos; y en 2009 se reportaron 10 defunciones y el medio más utilizado para llevar a cabo estos delitos fue el arma de fuego.
Al analizar los datos de defunciones femeninas con presunción de homicidio en el Estado, se observa que el municipio de Manzanillo concentra la mayoría de los casos antes mencionado durante este periodo.
Es importante hacer un breve paréntesis para señalar que en menores de 18 años entre las defunciones femeninas con presunción de homicidio, marca altos niveles en 2005 y 2009, oscilando entre 20% y 45%, mientras que los niveles registrados por las masculinas no alcanza el 10% en el mismo periodo. De tal forma, las niñas y adolescentes están en general en mayor riesgo de morir asesinadas que los niños.
Continuando con esta cronología es de mencionar que en el año 2010 se reportaron 4 muertes; no obstante, en ese mismo año, Colima ocupó el quinto lugar en atención a lesiones relacionadas con violencia familiar en menores de 18 años, en ambos sexos, aun y cuando en varones la proporción fue de tres por ciento y en mujeres de 22 por ciento. Las lesiones en mujeres, relacionadas con violencia familiar, muy pocas veces se reportan al Ministerio Público: en dos de cada 10 casos en mujeres mayores de 18 años y en uno de cada 10 casos para las menores de edad. Al analizar con más detalle las características del contexto de las lesiones asociadas a la violencia familiar, se encontró que en nueve de cada 10 casos tanto de mujeres como de varones fue un hombre el agresor y en tres cuartas partes de los casos femeninos éste fue el cónyuge, novio o pareja. Otro elemento a resaltar es que en más de seis por ciento de ellas la víctima estaba embarazada, lo que disminuye en un 60 por ciento los casos, cuando se considera el conjunto de lesiones autoinfligidas, por accidentes o violencia no familiar.
En el año 2010, la Secretaría de Salud ofreció principalmente apoyo psicológico a las víctimas de lesiones por causa de violencia familiar (73 por ciento en el caso de las mujeres). Colima fue, el sexto de los 10 estados donde a más del 50 por ciento de estas víctimas se les dio tratamiento, en una unidad especializada en atención a la violencia.
Para el año 2011 se reportaron 18 muertes, por tanto la cifra se incrementó a un 400 por ciento con respecto al año anterior; asimismo, la edad de las víctimas fue desde los 9 hasta los 81 años de edad, pero la edad promedio fue de 28 a 34 años. Dos de las víctimas tenían nueve años de edad y antes de ser asesinadas fueron violadas. Dos más eran jóvenes y también fueron violadas antes de ser asesinadas y sus cuerpos abandonados en lugares públicos. Del total de estas mujeres, siete fueron asesinadas en sus casas y de las once restantes se encontraron sus cuerpos en la vía pública.
Por lo que respecta al año 2012, se reportaron 20 homicidios de acuerdo al informe por parte del Observatorio Estatal de feminicidios y para el año de 2013 se reportaron 13 muertes. De igual, forma el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informó que la entidad tuvo 32 asesinatos por cada 100 habitantes durante ese año, lo que colocó a la entidad en ese año en el quinto lugar a nivel nacional. Asimismo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a inicios de 2013, consideró al estado de Colima como una de las entidades donde la violencia hacia el sector femenino es letal.
Lo que corresponde, al presente año y en lo que va corriendo del mismo, se tienen registrados nueve asesinatos de mujeres, además de aquellos que no son denunciados, por ellos es que diferentes sectores de la sociedad están reclamando seguridad por parte de las autoridades.
Es de señalar que los datos estadísticos que ofreció la ONU México de 1985 a 2010, en Colima, de 1985 al mes de marzo de este año, han sido asesinadas 233 mujeres y sólo 180 muertes fueron relacionadas con la violencia de género; es decir, que las agresiones fueron cometidas por su pareja o personas del entorno familiar. El reporte que da la ONU México, sobre las agresiones a las mujeres, también señala que Colima, desde hace una década, se encuentra entre los 10 estados del país que son considerados como de mayor violencia hacia la mujer y que sí continúa esta situación por la dimensión poblacional que tiene podría volverse una situación de seguridad nacional y en el que todas la mujeres correrían un gran peligro.
Las cifras anteriores nos dan un panorama evidente de que se requiere de la intervención del Gobierno, pues en Colima no sólo se discrimina por ser mujer sino también se le violenta y en el peor de los casos, acaban con su vida.
En este sentido, desde que en el año 2007 presenté en el Senado de la República un punto de acuerdo, he presentado propuestas de exhortos como el que fue aprobado ese mismo año para solicitar que la Cámara Baja asignará un mayor presupuesto al Instituto Nacional de las Mujeres, y que este Instituto asignara dichos recursos al Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, otorgando la prioridad de atención que corresponde a los estados de México, Jalisco, y Colima como las entidades que ya desde entonces, registraban los mayores índices de violencia en contra de las mujeres; también en el año 2011, presenté en la Cámara Alta un Punto de Acuerdo que fue aprobado exhortando respetuosamente al Gobernador Constitucional de Colima, a promover y fortalecer las medidas de seguridad pública para la protección de las mujeres y la erradicación de la violencia de género en el territorio estatal.
Y de igual forma en el pasado Periodo de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presenté un Punto de Acuerdo para que se emitiera la alerta de género, pues las cifras de casi 10 años son un claro reflejo de que las mujeres que vivimos en ese Estado, estamos inseguras.
No obstante los esfuerzos legislativos planteados en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 21, que define al feminicidio como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”, y de que cuando una entidad presenta altos índices de muertes feminicidios existe la posibilidad establecer una alerta de violencia de género que “es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicidio en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”, en Colima no se han emitido acciones claras encaminadas a atender este problema social.
Así bien, el mismo Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia, en el Título Tercero, Capítulo I de la Alerta de Violencia de Género y Violencia feminicidio, especifica el mecanismo, de la declaratoria de alerta de violencia género, solamente podrá ser presentada por los organismos de derechos humanos internacionales, nacional o de las entidades federativas, así como las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas, la solicitud se presentará por escrito directamente o bien, a través de correo, ante la Secretaría Ejecutiva, quien revisará que dicha solicitud contenga los requisitos previstos y lo hará del conocimiento de la Comisión Nacional. Admitida la solicitud, la Secretaría Ejecutiva lo hará del conocimiento del Sistema, y coordinará y realizará las acciones necesarias para la conformación de un grupo de trabajo a efecto de estudiar y analizar la situación que guarda el territorio sobre el que se señala que existe violación a los Derechos Humanos de las Mujeres, ya sea por violencia feminicida o agravio comparado, En caso de que el Titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente considere aceptar las conclusiones contenidas en el informe del grupo de trabajo, tendrá un plazo de quince días hábiles contados a partir del día en que las recibió para informar a la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional, su aceptación.
En este sentido, y dada la incidencia de los últimos homicidios contra nuestro género, las titulares del Centro de Apoyo a la Mujer Griselda Álvarez, AC; Fundación Ius Género, AC; y Mujeres y Periodismo, AC; María del Carmen Nava, Evangelina Flores Ceceña, Verónica González Cárdenas, diputada Gina Rocha, presidenta de la Comisión de Equidad del Congreso estatal, entre otras, se han pronunciado en contra de esta ola de violencia en el Estado, por tanto han exhortado al gobierno instrumente todas las acciones que se encuentran contempladas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Colima, a fin de frenar estos asesinatos, pues es evidente que las implementadas hasta ahora no han logrado detener estos crímenes y por tanto no han sido ni eficaces ni eficientes, características de una buena política pública.
De igual forma, estas asociaciones de la sociedad civil, han exhortaron a las autoridades municipales, estatales y federales para que, en el ámbito de su competencia, accionen los mecanismos de intervención para la atención de la violencia de género y especialmente la prevención del feminicidio, y que de manera urgente lleven a cabo acciones con perspectiva de género en materia de sensibilización y atención de la violencia contra las mujeres.
Ante esta muestra de indiferencia a las estadísticas y peticiones de las organizaciones civiles encargadas de la atención y protección a las mujeres, éstas trabajan en un expediente que les permita sostener la declaratoria de Alerta por Violencia de Género. En noviembre, estarán en posibilidades de documentar el problema de grave violencia que afecta a las mujeres en Colima.
Sin embargo, las funciones del gobierno en el estado de Colima, descartaron que en ese estado de Colima se emita una alerta pues1 “No hay elementos como para poder emitirla en este momento y quienes deben solicitarla es la sociedad o la Comisión de Derechos humanos”, asimismo ha declarado en diarios de circulación local, que actualmente se trabaja específicamente en la parte de inteligencia para el combate a la inseguridad en general.
Es evidente, que en este gobierno la inseguridad no se ha frenado pues paulatinamente el número de asesinatos ha ido en aumento, así que la incidencia de asaltos, asesinatos, secuestros, violaciones y feminicidios demuestran que los mecanismos para mayor seguridad no han sido los mejores. Aun más, basta recordar que actualmente existe un “protocolo de investigación del delito de feminicidio”, publicado desde mayo de 2013, en el Periódico del estado de Colima y que tiene como objetivo principal es establecer las bases mínimas para el procedimiento de investigación e integración del delito de feminicidio, que deberá desarrollarse con la debida diligencia por parte del personal del Ministerio Público, de la Policía de Procuración de Justicia y del personal de Servicios Periciales y Sociales, en cumplimiento de la obligación de proteger los derechos humanos de las mujeres del estado de Colima. Otro objeto es que sea una herramienta que les permita a las y los operadores jurídicos, desarrollar un plan de investigación concreto que incluya, por lo menos, el contexto social y los patrones que originan y reproducen la violencia contra las mujeres, determinando su origen como consecuencia de una situación estructurada, tolerada y arraigada en una comunidad que permite la violación de los derechos humanos derivada de conductas misóginas que pueden ocasionar la privación de la vida de las mujeres o la afectación de la libertad e integridad personales; con lo que se respetarán los derechos humanos de las mujeres y el estado de Colima, cumplirá con su obligación hacia las ellas, de acceso a la justicia por la comisión del delito de feminicidio y de prevención de mayor incidencia de casos.
A pesar de tener esta herramienta con perspectiva de género, es lamentable que en la entidad se siga viviendo con un ambiente de inseguridad e incertidumbre, “el libre tránsito que antes se ejercía ahora ya no es posible; no solo por la exposición a un feminicidio infraganti, sino porque se nos sigue percibiendo como un sector vulnerable y como presa fácil de cualquier agresión, física o sexual”, pues es de precisar que de acuerdo a que Colima ocupa ya el primer lugar en el país en violencia sexual contra las mujeres, registrando el 10.1 por ciento de incidencia, cuando la media nacional es de 7.3 por ciento en el año 2013.2
Resumiendo, Colima en los últimos casi 10 años, ha presentado de manera creciente un alto índice de intolerancia, violencia y discriminación hacia la mujer, el que hoy en día ha tenido un desenlace fatal, y a pesar de las cifras el gobierno no ha implementado políticas realmente eficaces ni campañas para proteger a las 327, 765 mujeres que vivimos en la entidad, al parecer no hay empatía para este tema, por lo que corresponde al trabajo de las organizaciones sociales ha sido continua su lucha que no ha tenido respuesta. Por lo que corresponde a la Comisión Estatal de Derechos Humanos tampoco ha dado el resultado esperado, por esa razón hoy hago uso de esta tribuna con la finalidad de alzar la voz por aquellas mujeres colimenses que reclamamos seguridad y por aquellas que están solicitando justicia pues no queremos “ni un minuto más de silencio en Colima”.
Por todo lo anterior, presento los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión de Derechos Humanos del Estado Colima, a presentar solicitud de declaratoria de alerta de violencia de género en el estado de Colima, ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Colima para que informe a la ciudadanía sobre los resultados obtenidos de la aplicación del Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio, mismo que fue publicado 11 de mayo del 2013.
Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Colima a que fortalezca las políticas públicas de atención a las mujeres y las acciones necesarias a fin de salvaguardar la seguridad, la integridad y la vida de las mujeres.
Notas
1 http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/16/ard/ard7.htm
2 http://colimatrespuntocero.com/anguiano-le-ha-fallado-a-los-colimenses- particularmente-a-las-mujeres-morena/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 2 de octubre de 2014.
Diputada Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a emitir por la Semarnat y la Profepa un dictamen sobre las causas de la muerte de la tortuga golfina e implantar estrategias para protegerla, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración el presente punto de acuerdo conforme al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que los ecosistemas marinos de México, son un importante hábitat para las tortugas, a las playas nacionales llegan 10 de las 11 diferentes variedades, entre especies y subespecies que existen en la actualidad.
Dentro de esa variedad se encuentra la tortuga golfina u olivácea (Lepidochelys olivacea) es robusta, mide alrededor de 75 cm y pesa 45 kg, con caparazón casi circular o acorazonado, con cinco a siete escudos dorsales, y cinco a siete los laterales, para un total de 15 con bordes ligeramente levantados.1
La Tortuga Golfina es una especie en peligro de extinción, por ello están protegidas por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-Semarnat-2010, según lo dispone el Anexo Normativo III, en su lista de especies en riesgo.
Que la citada norma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el día 30 de Diciembre de 2010, reza;
Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio –Lista de especies en riesgo.2
Que el caso de la muerte de la especie Golfina no es aislado, pues existen datos como el del año 2012, cuando una monoboya de Pemex se hundió frente a la Terminal Marítima, ocasionando el derrame de miles de litros de combustóleo pesado (COPE), y días después aparecieron un número importante de tortugas muertas en la franja costera.
Que después de esos sucesos el día 19 de septiembre de 2012, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), determinó que sí se encontraron residuos de hidrocarburo en las tortugas muertas halladas en las playas de Salina Cruz y Tehuantepec.3
Asimismo el periodo comprendido de 2010 al 2014, la Secretaría de Marina (Semar), ha encontrado 800 tortugas muertas en los litorales del puerto, gran parte de ellas sacrificadas para extraerles la carne y los huevos que se comercializan de manera ilegal.
Que en últimas fechas en las costas Oaxaqueñas, se continúan encontrando más de estas especies muertas, desde San Mateo del Mar hasta Morro Ayuta, sin embargo las investigaciones permanecen frágiles.
Que de todos los procesos de investigación y sucesos ya citados, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), no ha emitido un dictamen de las causas de la muerte de los quelonios, solamente ocurrió con el evento del 2012, mismo que posteriormente corrigió la misma dependencia.
Que derivado de los anterior, presentó ante esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, así como el hecho de que la Delegación Federal de la Profepa en Oaxaca informó que el 23 de septiembre a las 16:00 horas inició la sexta arribazón de la tortuga marina Golfina, indicando que en las primeras horas se había registrado la presencia de más de 35 mil ejemplares.4
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), lleven a cabo una estrategia para el manejo y protección de las tortugas marinas conocidas como golfinas.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, para que a través de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), realicen un Dictamen Técnico para identificar las causas de la muerte de estas especies desde 2010 a la fecha en el Estado de Oaxaca.
Notas
1 www.biodiversidad.gob.mx
2 www.profepa.gob.mx/
3 www.oaxaca.quadratin.com.mx
4 www.profepa.gob.mx/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2014.
Diputada Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar acciones para expedir y publicar el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Blanca Jiménez Castillo, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada Blanca Jiménez Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que lleve a cabo las acciones necesarias a fin de expedir y publicar el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, bajo las siguientes
Consideraciones
Durante la segunda mitad del siglo pasado, la mayoría de los países disminuyeron en menor o mayor grado su nivel de la fecundidad y aumentaron su sobrevivencia; estas tendencias han incidido en un proceso de envejecimiento que caracteriza la dinámica poblacional de gran parte del planeta, siendo en los países desarrollados donde se da con mayor intensidad. El envejecimiento demográfico involucra un cambio en la estructura por edad y generalmente se expresa en un aumento en el porcentaje de las personas en edad avanzada.
En 2012 de acuerdo con el Fondo de Población de Naciones Unidas, 11.5 por ciento de la población mundial tiene una edad de 60 años y más, mientras que en las regiones más desarrolladas llega a ser de 22.6 por ciento. En México, el proceso de envejecimiento se hizo evidente a partir de la última década del siglo pasado, mostrando una inercia que cada vez se hace más notoria.
De acuerdo a cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2012 el monto de personas de 60 años y más es de 10.9 millones, lo que representa 9.3 por ciento de la población total. En 2012, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 43.2 por ciento de los adultos mayores se encuentra en situación de pobreza multidimensional. Durante el segundo trimestre de 2013, la tasa de participación económica de la población de 60 años y más es de 33.8 por ciento.
Las personas adultas mayores transitan por diversas etapas de desarrollo que marcan estilos de vida diferenciados, toda vez que se hace evidente la pérdida gradual de capacidades motrices y cognoscitivas conforme avanza la edad.
Esta situación también evidencia que la discriminación por edad en contra de las personas adultas mayores es cada vez mayor, esto aumenta definitivamente las presiones sobre los gobiernos y la sociedad en su conjunto para dar una respuesta.
En nuestro país se ha buscado garantizar el ejercicio de sus derechos a través de las disposiciones previstas en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Este ordenamiento fue publicado el 25 de junio de 2002. Con esta ley se crea el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.
El artículo 25 de la ley que le da origen prevé que este organismo es rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores, teniendo por objeto general coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, estrategias y programas que se deriven de ella, de conformidad con los principios, objetivos y disposiciones contenidas en la misma.
Sin embargo, a doce años de la publicación y entrada en vigor de esta ley no ha sido expedido el reglamento correspondiente. Es por ello que a través de la presente proposición con punto de acuerdo, apelo a la estricta observancia de lo que prevé el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política en el que se advierte que la función de reglamentar las leyes que expide el Congreso de la Unión corresponde al presidente de la República.
La colaboración entre poderes en temas tan sensibles como son los derechos humanos de los sectores más vulnerables de la sociedad es imprescindible. Es en materias de esta naturaleza en las que se requiere de mayor voluntad política para permitir una mejor aplicación de los preceptos incluidos en la ley.
La lucha contra la discriminación por motivos de edad y la promoción de la dignidad de las personas adultas mayores es fundamental para asegurar el respeto que estas personas merecen.
La promoción y protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales es importante para lograr una sociedad para todas las edades. Pero un elemento relevante para alcanzar una sociedad con esas características es un marco legal completo y eficiente, que pueda ser aplicado para que sus beneficiarios vean reflejadas en su vida cotidiana las acciones a su favor previstas en la legislación.
Por lo anterior expuesto, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que promueva, en el ámbito de sus atribuciones, las acciones necesarias para que sea expedido y publicado en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2014.
Diputada Blanca Jiménez Castillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Transparencia y Anticorrupción, y de Justicia de esta soberanía a dictaminar la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, suscrita por los diputados Guillermo Sánchez Torres y Fernando Cuéllar Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, conforme a lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I y artículo 79, numeral 1, fracción II, y el artículo 95 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a dictaminar a la brevedad la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Consideraciones
En la campaña electoral de 2006, en especial la dedicada a la renovación del Poder Ejecutivo federal, destacó la propuesta de crear topes constitucionales a las remuneraciones de los servidores públicos. Concluido el proceso electoral, la propuesta fue retomada por la fracción de la izquierda en el Senado y por el presidente de la República, a través de iniciativas de reformas y adiciones a la Constitución, en especial a su artículo 127.
Diversos medios de comunicación han dado cuenta de los escandalosos pagos de remuneraciones excesivas para ciertos servidores públicos o el otorgamiento de jubilaciones tempranas, sobre todo en las entidades paraestatales o del sector financiero, los que han generado inconformidad en la sociedad mexicana.
El 24 de agosto de 2009 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual ordena la reglamentación de las percepciones salariales de los servidores públicos en México.
Con las reformas se establecieron las siguientes reglas generales:
1. Definición amplia de los servidores públicos a quienes aplica la regulación y el derecho de los mismos a la remuneración adecuada por la prestación de sus servicios.
2. Reglas para la determinación de la remuneración de los servidores públicos en los presupuestos de egresos correspondientes de la federación, las entidades federativas y los municipios:
a) Integración de la remuneración: para el cálculo de la remuneración correspondiente, deberá considerarse toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra.
b) Salario máximo: ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República.
c) Equidad salarial: ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, con las siguientes excepciones:
i) Que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos,
ii) Que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función.
Por su parte, la fracción VI del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación del Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para hacer efectivo el contenido de la reforma constitucional, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento en materia de percepciones salariales de los servidores públicos.
El artículo tiene una doble dimensión. Por un lado, busca proteger las remuneraciones de los servidores públicos y brindarles un nivel de vida adecuado, y por otro, reducir la discrecionalidad en su determinación. Con la reforma citada, se establecen principios que deben observarse en la determinación de los salarios de los servidores públicos.
Así, ningún servidor público podrá recibir una remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el presidente de la República ni tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente.
Se prohibieron constitucionalmente jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos, que no se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, con excepción de servicios de seguridad en razón del cargo desempeñado.
Se determinó que las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie.
Finalmente, se mandató al Congreso, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, para expedir las leyes que hagan efectivos estos principios y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo.
Mientras que el 13 de abril de 2010, el senador Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La propuesta pretende regular las remuneraciones que perciben todos los servidores públicos federales así como las percepciones por retiro, sea que éstas resulten de jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, desarrolla los mecanismos para el control administrativo y la fiscalización, además de fijar las sanciones que corresponderán a quienes infrinjan las disposiciones de este orden normativo.
El 8 de noviembre de 2011 el Senado de la República aprobó el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, misma que fue turnada como minuta a la Cámara de Diputados el 10 de noviembre de 2011. Sin embargo a la fecha no ha sido dictaminada por la Cámara de Diputados.
Paradójicamente, por un lado nuestro país es un claro ejemplo de la contención salarial y del abaratamiento de la fuerza laboral pero también un paradigma del dispendio en el pago a altos funcionarios. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los salarios de los mandos medios y superiores al servicio del gobierno mexicano ganan casi cuatro veces más que el promedio de la región y dos veces más que los funcionarios colombianos, segundo lugar en esta estratificación.
Recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco Interamericano de Desarrollo, dieron a conocer que la alta burocracia mexicana se convirtió en una de las mejor pagadas de América Latina y el Caribe, con un salario que supera 13 veces el ingreso por habitante y 25 veces la remuneración promedio de los trabajadores del sector formal.
Según la OCDE, el ingreso promedio anual de la alta burocracia en México, equivale a 13 veces el producto interno bruto (PIB), por habitante del país, relación superior a la media latinoamericana que es de once veces el PIB por persona y más del doble del promedio de todos los países de la OCDE que es de seis veces el PIB por persona.
El informe pone de manifiesto el nivel de desigualdad en los pagos del sector público de la región, al señalar que el sueldo de los altos funcionarios en México, particularmente de los que están debajo de los secretarios de estado, ronda los 2 millones 800 mil pesos anuales. En contraste en México, dominan los empleos con salarios bajos ya que la mayoría de los trabajadores están por debajo de los 6 mil 56 pesos mensuales.
Las remuneraciones y haberes de retiro de algunos servidores públicos muestran la escandalosa y ofensiva realidad frente a los salarios del grueso de los mexicanos en un país con graves carencias económicas. En México, en los últimos años el número y costo de los burócratas se ha incrementado de manera significativa no sólo en el Poder Ejecutivo federal, sino también en los Poderes Legislativo, Judicial, en los estados y municipios.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Transparencia y Anticorrupción y de Justicia, para que dictaminen a la brevedad la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que fue turnada por la Mesa Directiva el 24 de noviembre de 2011.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre del 2014
Diputados:
Efemérides
Con motivo del 2 de octubre, aniversario de los caídos en la lucha por la democracia en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del PRD
En memoria de Raúl Álvarez GarínDirigente Politécnico del Movimiento Estudiantil de 1968
Hoy debemos tener claro que los avances democráticos de nuestro país son un legado de la lucha del 2 de octubre de 1968 contra el autoritarismo y a favor de las libertades públicas y la democracia, es un día simbólico de la mayor relevancia para la historia de nuestro país, un funesto día para todos aquéllos que, desde diferentes trincheras, hemos venido luchando por la constitución del régimen democrático y por las reivindicaciones sociales más sentidas de nuestro México.
La represión de los movimientos de los ferrocarrileros en 1958 y de los médicos en 1966, antes de la masacre de jóvenes estudiantes mexicanos, perpetrada desde el gobierno de Díaz Ordaz, en la Plaza de las Tres Culturas en 1968, la matanza del 10 de junio de 1971, así como los movimientos estudiantiles de mayo del llamado “mayo francés” y la “primavera de Praga” representan los más sentidos antecedentes de la lucha contra la embestida autoritaria que no permitía disidencia alguna, que impulsó el terror de Estado como política pública y la guerra sucia de los siguientes años, que profundizaron aún más las heridas de quienes enfrentamos legítimamente con nuestras ideas y sueños de cambio al régimen del partido de Estado y al presidencialismo absolutista.
Hoy debemos romper con la conspiración del silencio e impunidad de quiénes fueron los artífices de la matanza de Tlatelolco que por décadas, y pese a las innumerables marchas, protestas, y a la catarsis de las víctimas que sobrevivieron al horror, han evitado que se haga justicia plena y que se conozca toda la verdad.
En la LXI Legislatura, el Congreso aprobó por consenso una propuesta del PRD, para reformar la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales que estableció esta fecha como día de luto nacional en el calendario cívico que representa un triunfo de la verdad histórica que debe emerger con toda fuerza sobre los poderosos del ayer, que extinguieron la vida de incontables mexicanos.
Apostemos a que este momento sirva como el punto de inflexión en la ruta por la construcción de una verdadera democracia, y rechacemos cualquier simulación que esconda la verdad de estos hechos y protegiendo a los impunes.
En su momento, Díaz Ordaz acusó al movimiento estudiantil de estar dirigido desde el exterior como ahora Yoloxochitl Bustamante lo hace también para descalificar a los estudiantes que sólo exigen un diálogo público. Hoy como en aquél entonces, los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional han tomado las calles con la legítima exigencia de que se respeten los principios fundacionales de su institución, la legítima aspiración de sus estudiantes de acceder a una educación de calidad y a la imposición en la toma de decisiones que solamente le compete a su comunidad.
El Instituto Politécnico Nacional fue fundado por el presidente Lázaro Cárdenas con el firme propósito de darle un papel central al fomento de la educación y del conocimiento científico y tecnológico para potenciar el desarrollo de nuestro país.
Un proyecto que ha sido vulnerado por las actuales autoridades del Politécnico que busca a través de modificaciones sustantivas a sus planes de estudio y a su currícula académica y por imposición unilateral, cambiar de rostro al Politécnico para convertirlo en una Institución que imparte educación técnica al servicio del mercado y no como una institución nacional de educación superior. Esta imposición nos recuerda cómo hace 46 años la lucha de los estudiantes se hizo presente frente a un Estado autoritario y represivo que acabó en una masacre.
Hoy en su pliego petitorio los estudiantes claramente exigen que se le reconozca la mayoría de edad al Instituto Politécnico Nacional y su democratización, y nosotros tenemos claro que esta democratización pasa por el reconocimiento pleno de su autonomía, por el fortalecimiento académico y por la estabilidad de la institución.
Por ello, el Congreso de la Unión está llamado a dar soluciones institucionales.
En el artículo 3o. de la Constitución se establecen disposiciones que pueden darle una salida con altura de miras y con visión de futuro al conflicto, ya que establece que:
“Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas...”.
De acuerdo con lo anterior, el Congreso de la Unión tiene la facultad y las condiciones para expedir una nueva ley que otorgue plena autonomía al Instituto Politécnico Nacional.
La autonomía es un instrumento para fortalecer a las instituciones educativas. Las universidades como los politécnicos deben ser plurales, críticas, libres y esta aspiración se garantiza mejor con un régimen autónomo. De la misma manera, si la propia universidad define su gobierno interno, se construye de manera más sólida y profunda la eficiencia académica y la estabilidad de la propia institución.
Con el reconocimiento de su autonomía, se estaría en condiciones de contribuir al instituir un Politécnico fuerte, innovador, incluyente y democrático que ponga al conocimiento y a la ciencia, al servicio de México, porque los mexicanos lo necesitan.
Conmemoremos, con el reconocimiento a las legítimas demandas del estudiantado politécnico y con el impulso definitivo a la conquista de su autonomía, el sacrificio del número hasta hoy indeterminado de víctimas inocentes que murieron masacrados por la fuerza del Estado en aquel funesto 2 de octubre de 1968 por el solo hecho de atreverse a elevar su voz con sus demandas.
Diputado Fernando Belaunzarán Méndez
Con motivo del Día Internacional de la no Violencia, a cargo del diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del PVEM
La violencia siempre ha formado parte de la experiencia humana y sus efectos se pueden ver, en diversas formas, en todos los puntos del globo terráqueo.
Cada año, más de 1.6 millones de personas pierden la vida y muchas más sufren lesiones no mortales como resultado de la violencia autoinflingida, interpersonal o colectiva.
En conjunto, la violencia es una de las principales causas de muerte en todo el mundo para la población de 15 a 44 años de edad.
Además de la pérdida de vidas, los costos de la violencia se traducen en los miles de millones de dólares que cada año se gastan en asistencia sanitaria en todo el mundo, de los miles de millones de días laborables perdidos, las medidas para hacer cumplir las leyes y las inversiones malogradas que por esta causa restan competitividad a la economía de cada país.
Nos resulta imposible desde luego calcular el costo humano en aflicción y dolor, los cuales son casi invisibles en gran parte.
Sin embargo, la tecnología satelital permite en la actualidad que ciertos tipos de violencia –terrorismo, guerras, motines y disturbios callejeros– aparezcan a los ojos de millones de televidentes todos los días, pero no cabe duda que es mucha más la violencia que ocurre fuera de la vista de las personas; por ejemplo, en los hogares, los lugares de trabajo e incluso instituciones médicas y sociales encargados de atender a las personas.
Pese a que la violencia siempre ha estado presente, nosotros no tenemos que aceptarla como una parte inevitable de la condición humana. Por eso han surgido sistemas –religiosos, filosóficos, jurídicos y comunales– a fin de prevenir y limitar su aparición, claro que ninguno ha sido completamente exitoso, pero sin duda han aportado a la disminución de este rasgo distintivo de la civilización.
Hay muchas maneras de definir la violencia. La Organización Mundial de la Salud la explica como
El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud hay diferentes tipos de violencia, según las características de quienes cometen el acto:
• La violencia autoinfligida;
• La violencia interpersonal; y
• La violencia colectiva.
Esta categorización nos ilustra entre la violencia que una persona se inflige a sí misma, la violencia impuesta por otro individuo o un número pequeño de individuos y la violencia infligida por grupos más grandes, como el Estado, contingentes políticos organizados, tropas irregulares y organizaciones terroristas.
La categoría de violencia autoinfligida comprende el comportamiento suicida y las autolesiones; en la categoría de violencia interpersonal se encuentra la violencia familiar o de pareja y la violencia comunitaria la cual se produce entre personas que no guardan parentesco y ocurre fuera del hogar y finalmente la categoría de violencia colectiva, incluye los actos delictivos de odio cometidos por grupos organizados, las acciones terroristas y la violencia de masas, la guerra, la violencia del Estado.
Cada 2 de octubre se celebra el Día Internacional de la no Violencia, debido a que esta fecha coincide con el nacimiento de Mahatma Gandhi, precursor de la filosofía y la estrategia de la no violencia.
Pero Mahatma Gandhi no es la única persona que ha practicado la filosofía de la no violencia como modo de vida, encontramos a Nelson Mandela, el Dalai Lama o Martin Luther King, figuras cuyo ejemplo ha trascendido generaciones gracias a la defensa de la tolerancia, el amor y la no violencia.
En estos tiempos de agitación y turbulencia global, hacemos un llamado a repensar y recapacitar por un momento sobre el mensaje de paz y comprensión que pregonaba Gandhi para enfrentarnos a los desafíos de la vida diaria.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, menciona que en estos días se está poniendo a prueba la tolerancia en todo el mundo. Los combates se cobran un elevado número de vidas en Afganistán, Siria o Irak, la crisis económica alimenta la xenofobia, el terrorismo, la trata de seres humanos, las violaciones contra los seres humanos y la violencia contra las mujeres, por lo cual tenemos que seguir trabajando para que haya un entendimiento entre religiones, entre comunidades y entre países.
Según el secretario general, en lo tocante a inculcar los fundamentos de la no violencia los gobiernos deben de ir a la vanguardia pero, en última instancia, son las personas: profesores y líderes religiosos, padres y representantes comunitarios, empresarios y grupos sociales los que construirán en la práctica dichos valores.
Centrémonos en el caso de México: según el Índice de Paz Global 2014, el cual mide la paz en 162 países según 22 indicadores que computan la ausencia de violencia o el miedo a ella, el país está en el sitio 138, con un nivel bajo de paz.
Dejando de lado las cifras, no cabe duda de que en México, igual que en varios países de la región, ocurre un deterioro en la vida social, la convivencia armónica y pacífica.
En el Partido Verde no podemos soslayar la utilización de ninguna forma de violencia, ya que si aspiramos a ser una sociedad civilizada y moderna es preciso eliminarla de nuestra sociedad, para que las generaciones futuras tengan una vida de calidad y un Índice de Desarrollo Humano satisfactorio.
Termino con una cita de Mahatma Gandhi: “La no violencia es la mayor fuerza a la disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre”.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2014.
Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica)
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