Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4164-IX, jueves 27 de noviembre de 2014
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Proposiciones de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a colaborar por sus dependencias con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones conducentes a deslindar responsabilidades, aplicar sanciones y subsanar el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI y por Enrique Aubry de Castro Palomino, del PVEM
Los suscritos, diputados federales de Jalisco por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a colaborar por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y todas las autoridades competentes de la administración pública federal con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones necesarias a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen las sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La laguna de Cajititlán, en Tlajomulco de Zúñiga, cerca del lago de Chapala, tiene 9 kilómetros de longitud y 2 de ancho. Es pequeña, comparada con el lago de Chapala, pero se le considera la laguna de la zona metropolitana de Guadalajara por su majestuosidad y atractivo turístico.
Formada con el agua de lluvia proveniente de las serranías que la rodean, la laguna de Cajititlán es un lugar único y muy especial para los tapatíos y todos los jaliscienses.
Hoy, desgraciadamente, nuestra bella laguna está sufriendo los embates de los cambios climáticos o, peor aún, de posibles actos de negligencias y violencia ambiental.
Según la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, hasta el domingo 31 de agosto se habían extraído más de 30 toneladas de peces muertos. Para el martes ya se contabilizaban más de 50 toneladas.
Debemos reconocer que las autoridades han puesto su empeño para detectar la causa de la muerte de la gran cantidad de peces en la laguna.
Aparentemente se desconoce si es un fenómeno natural o se trata de un evento provocado por conductas perniciosas de ciertos individuos.
La secretaria de Medio Ambiente en Jalisco, Magdalena Ruiz, informó que ya se han enviado brigadas de trabajadores para apoyar a los pescadores locales en la retirada de los peces muertos, así como técnicos para evaluar la situación de las plantas de tratamiento de aguas de la ribera de la laguna.
De acuerdo con el doctor Manuel Guzmán Arroyo, director del Instituto de Limneología de la Universidad de Guadalajara, se trata de un problema provocado por el nivel de agua de la laguna, “que resulta demasiado bajo para cubrir las necesidades de oxígeno de los peces”.
El especialista explicó que “el lago tiene problemas porque le sacan demasiada agua. Una ventisca fuerte puede remover el fondo se levantan los sedimentos, se mezcla y se agota el oxígeno en el agua”.
Otra explicación que se ha dado es que la ausencia de agua suficiente y de oxígeno obedece al riego del valle adyacente y la existencia de un canal de adiestramiento para deportes acuáticos que también extrae agua de la laguna.
Durante estos días, la Secretaría de Medio Ambiente de Jalisco ya dio a conocer que estableció un mando único para la atención de la contingencia ambiental. La Profepa y la Comisión Estatal del Agua han tomado importantes medidas de coordinación para que la contingencia ambiental se estabilice de manera positiva, se recupere el equilibrio ecológico de la zona y, desde luego, se subsane en lo posible el daño ambiental ocasionado.
En resumen:
(i) La recurrente crisis ambiental en la laguna de Cajititlán –cuatro periodos de muertes masivas de peces– puede tener su causa en cuestiones cíclicas u ocasionadas por la acción irresponsable del hombre; y
(ii) Ante estos hechos, hay instancias gubernamentales competentes para investigar el hecho y las formas de resarcir el daño ocasionado, buscando a su vez a los responsables y sancionándolo conforme a las leyes que nos hemos dado.
Nuestra posición como diputados al Congreso de la Unión es coadyuvar con las autoridades locales para resolver, de acuerdo con nuestras atribuciones, los problemas que pudiesen afectar a nuestros representados.
Hoy, las niñas, los niños, las mujeres y los hombres de Jalisco están sufriendo una afectación ambiental que merece toda la atención, tanto de las autoridades locales como federales. Merece que nos dispongamos a revisar las leyes en materia ambiental, tanto por lo que toca al Congreso de Jalisco, como lo que corresponde al Congreso de la Unión. Deben provocar toda nuestra atención y, desde luego, la coordinación de todas las autoridades competentes al efecto de deslindar responsabilidades, encontrar y sancionar a los culpables y, más importante aún, lograr reestablecer el equilibrio ecológico en la zona afectada y prevenir nuevas afectaciones.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de la Cámara de Diputados el presente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a colaborar por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y todas las autoridades competentes de la administración pública federal con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones necesarias a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen las sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2014.
Diputados: Abel Salgado Peña (rúbrica), Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica), Leonardo Alcalá Padilla (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Salvador Barajas del Toro, Marco Antonio Barba Mariscal, Sergio Armando Chávez Dávalos, Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la secretaria de Salud a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y los instrumentos destinados a crear conciencia, prevenir y alertar a la población sobre la prevalencia de factores epidemiológicos que se acentúan en esta temporada en diversas partes del país, a cargo del diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
El que suscribe, Rubén Benjamín Félix Hays, diputado de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, respetuosamente somete a consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
El derecho a la salud, en su máxima expresión y alcance, fue consagrado por primera vez en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS)1 de 1946, al señalarse que “...el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión ideología política o condición económica o social...”.
Desde entonces, este derecho humano se ha expresado en la Declaración Universal (artículo 25) y Americana (artículo 11) de Derechos Humanos en 1948; afianzado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y reiterado en la Declaración de Alma-Ata de 1978 y en la Declaración Mundial de la Salud de 1998.
En tal sentido, el acceso a los bienes, servicios y oportunidades destinados a satisfacer las necesidades de salud es un derecho humano fundamental y es la clave para que las personas puedan disfrutar de otros derechos humanos fundamentales.
Indudablemente, en México se ha avanzado sustantivamente en la construcción de una cultura de derechos humanos, misma que ha comprendido procesos de armonización legislativa con los más altos estándares internacionales, de fortalecimiento institucional e instrumentación de políticas públicas específicas en la materia.
A nivel constitucional y en sus leyes secundarias, la protección y acceso pleno al derecho a la salud de las y los mexicanos está garantizado y existe una muy amplia cobertura de servicios de salud para la población que lo necesita.
No obstante estos avances, es menester que el Estado mexicano redoble esfuerzos en aquellas áreas que puedan, por la naturaleza de sus elementos y factores, generar mayor susceptibilidad y riesgos entre la población del país, de tal manera que se salvaguarde la plena vigencia de derecho humano a la salud, atendiendo prioridades de orden local y nacional.
La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a todos los países ser capaces de detectar, comprobar rápidamente y responder de forma adecuada a las amenazas de enfermedades emergentes y con tendencia a producir epidemias, a fin de reducir al mínimo su impacto en la salud y la economía de la población local y mundial.
Consistente con esta recomendación, la OMS mantiene un sistema de vigilancia epidemiológica que da seguimiento a la evolución de enfermedades infecciosas en el mundo, alertando cuando es necesario, compartiendo conocimientos técnicos, y articulando las respuestas necesarias para proteger a las poblaciones de las consecuencias de las epidemias, cualquiera que sea su origen y dondequiera que se declaren.
De manera correspondiente, en el país contamos con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) el cual ha demostrado su eficacia en la materia, al alertar con prontitud y de manera sumamente responsable una de las mayores contingencias sanitarias que haya ocurrido en el país en los últimos años.
Entre marzo y abril de 2009, cuando el entonces Sistema de Vigilancia Epidemiológica identificó el virus que se denominó como Influenza A (H1N1), se pusieron en marcha diversas acciones en materia de salubridad a fin de controlar la epidemia, prevenir nuevos contagios y combatir el virus existente; asimismo, se pusieron en marcha campañas oportunas de vacunación e información.
Por las acciones realizadas durante dicha contingencia, México recibió amplio reconocimiento a nivel internacional: en la 62ª Asamblea Mundial de la Salud, efectuada del 18 al 22 de mayo de 2009, en Ginebra, Suiza, el país fue calificado como ejemplo de cooperación internacional y durante la 49ª Reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), celebrada del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2009, en Washington, D.C., se otorgó un reconocimiento al trabajo del Gobierno mexicano por su labor frente a la contingencia epidemiológica, destacando la transparencia que se tuvo en el manejo de información.
La situación epidemiológica mundial y regional nos obliga a retomar la pasada experiencia y ser muy responsables en la vigilancia y monitoreo que se realice a los factores epidemiológicos internacionales, además de estar alerta a los del orden nacional.
Basta recordar que la alerta sobre el brote de enfermedad por el virus del ébola del pasado 30 de agosto del año en curso en Senegal transitó a la generación de una alerta regional para África Occidental en menos de una semana (4 de septiembre de 2014), coincidiendo con el reporte de dos casos de infección humana por virus de la gripe aviar A(H7N9) en la República Popular de China, confirmada mediante pruebas de laboratorio.
En el caso de China, su gobierno, atendiendo protocolos sanitarios internacionales, tomó las siguientes medidas de vigilancia y control:
a) fortalecimiento de la vigilancia y el análisis de la situación;
b) fortalecimiento de la atención clínica y el tratamiento médico;
c) comunicación pública del riesgo y difusión de información.
En el caso del ébola, según la OMS en uno de sus últimos comunicados, su brote en el África Occidental es el peor en la historia. El número de muertes por el virus asciende a más de 3 mil y el número de casos de personas infectadas alcanzó ya los 6 mil 553.
Esta enfermedad se caracteriza por la aparición súbita de fiebre, debilidad intensa, mialgias, cefalea y odinofagia, seguido de vómitos, diarrea, conjuntivitis, erupciones cutáneas, disfunción renal, hepática y en algunos casos, sangrado gastrointestinal y coagulación intravascular diseminada.
Dada la cobertura mediática que ha tenido en los últimos días hemos tenido conocimiento de su ingreso al continente americano, específicamente mediante un caso comprobado de un paciente en el estado de Texas, en los Estados Unidos de América.
La primera persona en ser diagnosticada con ébola en territorio estadounidense acudió a una sala de emergencias la última semana del mes de septiembre pasado, pero no fue internado por el personal del hospital a pesar de que indicó que había viajado a Liberia.
Tal razón obedeció a que basados en sus síntomas, los médicos tratantes indicaron que no había razón para internarlo cuando se presentó por primera ocasión en la sala de emergencias, el pasado jueves 25 de septiembre por la noche.
Tres días después, el hombre regresó al centro médico, en donde se determinó que probablemente tenía ébola. Fue en ese momento que se decidió aislarlo.
En una reunión de alto nivel, convocada por el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, el mandatario estadunidense, Barack Obama, urgió al mundo a convertir en una “prioridad” la lucha contra el brote de ébola en África Occidental y advirtió que puede causar una “catástrofe humanitaria” en la región y es una “creciente amenaza a la seguridad global”.
Por su cobertura mediática, como advertíamos líneas arriba, y la falta de información y estrategias de comunicación oficial entre la población, el ébola ya ha caudado confusión y alerta en el país.
La llegada, el pasado 1 de octubre del año en curso, de un paciente africano de origen ghanés, al Hospital General doctora María del Socorro Quiroga Aguilar, en Ciudad del Carmen Campeche, con síntomas similares al virus del ébola, generó pánico entre el personal que ahí labora y familiares de los pacientes que se encontraban en el área de urgencias.
La Secretaría de Salud de Campeche, ese día informó del ingreso al citado hospital de un paciente de origen ghanés con un cuadro clínico que corresponde a un síndrome febril, sin asociación epidemiológica con el virus del ébola.
En el reporte se lee que el paciente masculino, de 52 años de edad, se encuentra aislado, como marca el protocolo ante cualquier cuadro clínico de este tipo. Asimismo, se realizan estudios de laboratorio para descartar enfermedades infecciosas, tales como dengue, chikungunya, paludismo, leptospira, toxoplasma, rubeola y citomegalovirus.
Un día antes, el pasado martes 30 de septiembre, la Secretaria de Salud federal, la Médico Cirujano Mercedes Juan López, afirmó, en el marco de su participación en la 53 reunión de la Organización Panamericana de la Salud en Washington, DC, que el país tiene los recursos necesarios para el diagnóstico y manejo de cualquier sospecha de ébola.
Se ha indicado que México es considerada una nación de muy bajo riesgo dada la localización geográfica y el escaso flujo migratorio del país con la zona de riesgo; no obstante, a las personas que abordan aviones en la zona del brote se les revisa si sufren fiebre, pero los síntomas pueden comenzar hasta 21 días después de la exposición.
El ébola no es contagioso hasta que comienzan los síntomas, y se necesita un estrecho contacto con los fluidos corporales de un enfermo para que se propague.
De ahí la importancia de que se difunda, de manera clara, pertinente y oportuna la información sobre los efectos, síntomas y acciones a seguir en casos infecciosos como el ébola.
Sin embargo, a nivel local, en el país tenemos otros casos altamente epidemiológicos que atender.
Mientras que la posibilidad de que el virus del ébola llegue es extremadamente remota, es un hecho que el chikungunya 2 llegará al país.
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud federal, doctor Pablo Kuri, indicó desde el pasado mes de agosto a un medio de comunicación nacional que “...hay un caso importado, es decir, no se contagió aquí, se contagió en las islas del Caribe, pero como tenemos el vector y hay mucho tránsito entre mexicanos a la zona donde hay casos seguramente va a llegar, la pregunta es ¿cuándo y dónde?, no sabemos, pero hay que estar atentos para cuando llegue”.3
En la misma entrevisto dejó ver que se desconocen los alcances que podría tener el brote una vez que el virus comience a circular, por lo que recomendó tomar las medidas preventivas para evitar la proliferación del mosquito transmisor.
Las personas contagiadas de chikungunya presentan fiebre, dolores articulares, dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas, según la Organización Mundial de la Salud.
La enfermedad puede presentarse entre tres y siete días después de la picadura del mosquito infestado, y las manifestaciones clínicas pueden durar entre dos y 12 días.
Clínicamente es difícil su diferenciación con dengue, sin embargo en la infección por virus chikungunya el dolor es mucho más intenso y localizado en las articulaciones y tendones, y en algunos casos pude ser incapacitante. Se debe distinguir chikungunya del dengue, que puede tener una evolución más tórpida, ocasionando inclusive la muerte.
No existe ningún antivírico específico para tratar la fiebre chikungunya; e l tratamiento consiste principalmente en aliviar los síntomas, entre ellos el dolor articular, con antipiréticos, analgésicos óptimos y líquidos. No hay comercializada ninguna vacuna contra el virus chikungunya.
Aunque la afección llamada chikungunya generalmente no es fatal, la epidemia ha rebasado la capacidad de atención de los hospitales y mermado la productividad económica de varios países de Sudamérica y el Caribe y se ha manifestado con notables efectos en Colombia, Ecuador, Brasil y Venezuela y con mucha proximidad en El Salvador, Nicaragua, Belice y Guatemala.
La República Dominicana es el país más afectado por el virus debido a que tiene la mitad de los casos en el continente americano; según la Organización Panamericana de la Salud, el chikungunya se ha propagado a mínimo 24 países y territorios en el hemisferio occidental desde que se registró el primer caso, a finales del 2013, en la parte francesa de la isla caribeña de San Martín, contabilizándose hasta el pasado mes de mayo de 2014, más de 4 mil 500 infectados en el continente Americano.
Por otro lado, el escenario reportado sobre una enfermedad epidemiológica en los últimos Informes Epidemiológicos semanales por la Dirección de Información Epidemiológica, dependiente de la Secretaría de Salud, llama poderosamente la atención del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Nos referimos en caso concreto con el avance y daños que está generando la fiebre hemorrágica por dengue en el país, hasta el pasado 29 de septiembre de 2014.
Si bien los reportes confirman un descenso de los registros en el 2014, respecto del año precedente, en un 64 por ciento de los casos estimados y del 55 por ciento de los confirmados, es notorio el incremento y tendencia de casos confirmados, por cada 100 mil habitantes, en entidades como Baja California Sur (204.58), Colima (74.17), Sinaloa (53.81), Campeche (41.49) y Oaxaca (36.43).
La estadística anterior nos permite dimensionar el problema; sin embargo, atendiendo la información sobre el número de personas registradas por casos confirmados de dengue, el panorama es sumamente desalentador.
5 entidades del país acumulan el 50 por ciento: Veracruz, con 2 mil 160 personas; Sinaloa, con 1,591; Baja California Sur, con 1 mil 519; Oaxaca, registra 1,452 y Guerrero 1 mil 286 . Conviene recordar que los datos anteriores pueden ser mayores, pues derivan de la confirmación de casos probables, después de practicados diversos análisis de laboratorio
En el país, en lo que va del año, se han registrado 16,092 casos confirmados de personas afectadas por el virus del dengue y se encuentran bajo análisis otros 24,959 más; sin embargo, en cinco entidades, el incremento porcentual en las últimas cinco semanas ha rebasado al 50 por ciento.
Así, estados como Veracruz, con 2,160 casos (78.7 por ciento); Sinaloa, con 1,591 (57.2 por ciento); los 1,519 de Baja California (164.2 por ciento), así como los 1,452 enfermos de Oaxaca (59.2 por ciento) y los 549 registrados en Morelos (61.0 por ciento) nos deben de movilizar a la acción, urgiendo que las autoridades sanitarias actúen con prontitud ante este mal que es sustancialmente prevenible, mediante acciones concretas, probadas y coordinadas entre el nivel Federal, estatal y municipal.
Ya van 22 decesos en este 2014 y aunque la tendencia sea menor que los 40 fallecimientos registrados en el 2013, la letalidad es 28.2 por ciento mayor que la registrada el año pasado; si se previene y se actúa oportunamente, no deberemos lamentar un fallecimiento más.
Es importante recalcar que aunado a una efectiva política pública en materia sanitaria que contribuya con acciones concretas a prevenir y reducir los daños que el virus del dengue llegase a ocasionar en la salud de las y los mexicanos, también debe prevalecer una absoluta transparencia en el manejo de la información, además de que esta debe ser suministrada a la ciudadanía de manera oportuna.
El dengue históricamente en el país, ha presentado una tendencia de mayor incidencia entre los meses de julio a octubre, coincidiendo con la temporada de lluvias y las condicionantes que propician su proliferación.
No obstante la preparación y capacidad probada de las instituciones del sector salud sobre la detección, tratamiento y medidas preventivas, entidades como Baja California Sur, Sonora y Sinaloa presentan un mayor grado de alerta por las condiciones de salubridad en que quedaron después del paso de Odile por esa región, al grado que la incidencia fue la mayor del país en Baja California Sur, alcanzando 327.95 por cada 100 mil habitantes.
En Nueva Alianza coincidimos en que el derecho a la salud debe ser visto como el derecho a un sistema de salud efectivo e integrado , que abarque la asistencia médica y los determinantes subyacentes de salud, que responda a las prioridades locales y nacionales , y que esté al acceso de todos; por ello, las instituciones responsables de la salud de millones de mexicanos debe brindar información más precisa sobre aquellos padecimientos que por su impacto en la salud pública requieren de una vigilancia estrecha y la difusión oportuna de información.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que fortalezca los mecanismos, protocolos e instrumentos implementados para la vigilancia epidemiológica en el país, de tal manera que ante la presencia de un agente epidemiológico relevante, las instituciones del Sector Salud respondan con pertinencia y eficacia a las contingencias sanitarias que se presenten a lo largo del país.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades, dicte las medidas necesarias a efecto de que en los medios masivos de comunicación informe a la ciudadanía sobre la sintomatología más relevante del ébola y con ello, coadyuve a la proliferación de un clima social sano, responsable y ordenado, evitando desinformación y psicosis social.
Tercero. Finalmente, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal y a las instituciones de salud estatal para que refuercen la vigilancia epidemiológica, la atención médica y las medidas preventivas ante los incrementos focalizados del dengue en el país, principalmente en los estados de Baja California Sur, Colima y Sinaloa que tienen un mayor registro de casos de dengue hemorrágico.
Notas
1 Documentos Básicos, 43ª edición. Organización Mundial de la Salud, Ginebra 2001. La Constitución fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional de 1946.
2 La palabra chikungunya proviene de la lengua makonde de Tanzania, en el este de África, y podría traducirse como “lo que dobla”, en referencia al severo dolor en las articulaciones que hace que los enfermos se contorsionen.
3 Preocupa más chikungunya que el ébola, Laura Toribio. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/08/06/974750
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2014.
Diputado Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita la comparecencia del titular de la SCT para explicar las razones de que se revocara la licitación sobre el proyecto del tren de alta velocidad de pasajeros México-Querétaro, a cargo del diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del PAN
Fundamento legal
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracciones II y III, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se solicita al presidente de la República, que se reconsidere la ubicación de la construcción de la estación del proyecto de tren de alta velocidad de pasajeros, México–Querétaro, en el municipio de Querétaro.
Lo anterior bajo las siguientes
Consideraciones
Quiero destacar que estoy a favor de la modernización y el progreso ordenado de nuestro país; de igual manera deseo señalar que es pública mi defensa del derecho a la movilidad de todos los mexicanos y particularmente de los habitantes de mi estado natal, Querétaro; por esta razón en mi calidad de diputado federal y a petición expresa de vecinos de Hércules, La Estación, Del Bosque, Álamos, San Javier, Jardines de Querétaro, entre otras colonias, en las delegaciones Centro Histórico y Cayetano Rubio del municipio de Querétaro, solicito que sea reconsiderada la ubicación de la estación del Tren de Alta Velocidad de Pasajeros México-Querétaro, al presidente de la República.
La problemática se hizo de mi conocimiento desde el pasado 6 de septiembre de 2013, cuando vecinos de la colonia Hércules solicitaron mi intervención para conocer el proyecto del tren de alta velocidad de pasajeros México-Querétaro, expresándome su preocupación, pues no habían sido escuchados por ninguna autoridad, y tampoco habían podido ser informados oficialmente sobre dicho proyecto, no obstante que el personal que se ostentaba como perteneciente a la empresa Prointec Ipimsa, realizaba actividades en su colonia, tales como estudios de mecánica de suelos y a la vez, solicitaba a los vecinos realizar avalúos respecto de sus inmuebles que, a decir de estas personas, serían afectados por la obra mencionada en más de seis colonias de la Delegación Cayetano Rubio en el municipio de Querétaro; además de lo anterior, solicitaban la preparación de los documentos que les permitieran acreditar la propiedad de los mismos, pues mencionaban que estos serían expropiados.
Todas estas actividades fueron realizadas por el personal de la empresa Prointec Ipimsa, haciendo referencia a que era una encomienda del Gobierno de la República, para lo cual se acreditaron con documentos que así lo señalaban.
Ante esta situación, los vecinos organizados solicitaron información a las autoridades estatal y municipal, con el propósito de conocer de manera oficial, cuál sería el impacto que el proyecto del tren de alta velocidad generaría en su patrimonio y calidad de vida.
Al no obtener respuesta de ninguna autoridad en el estado de Querétaro, los vecinos pidieron que en mi calidad de representante popular, intercediera para que pudieran conocer los alcances de dicha obra, por lo que desde el pasado 25 de septiembre de 2013, solicité a las autoridades municipales; presidente municipal y la Oficina de Acceso a la Información Pública, a las autoridades estatales: gobernador del estado y a la Oficina de Acceso a la Información Pública, así como a las autoridades federal: presidente de la República, secretario de Comunicaciones y Transportes de gobierno federal y al director de la Región Centro Querétaro de la SCT, que se entregara información y documentación relacionada con el proyecto, para que los vecinos la conocieran. En todos los casos se obtuvo resultados negativos, pues se argumentó que en ese momento no se tenía nada sobre el proyecto.
Ante la falta de respuesta, el 14 de abril del año en curso, solicité de nueva cuenta la intervención del presidente de la República y del propio secretario de Comunicaciones y Transportes mediante un oficio en el cual les hacía saber esta situación.
La incertidumbre de los ciudadanos sobre la afectación a su patrimonio y a su calidad de vida con motivo de este proyecto, se incrementó cuando, no obstante haberse comprometido en dos ocasiones ante los medios de comunicación el gobernador del estado de Querétaro José Eduardo Calzada Rovirosa, a que el secretario de Comunicaciones y Transportes, explicaría ante la opinión pública dicho proyecto, sin que ello aconteciera, pero en su lugar el contador público Pablo Suarez Coello, director de Transporte Ferroviario y Multimodal, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realizara el pasado 29 de abril de 2014 declaraciones a los medios de comunicación, durante una visita a la ciudad de Querétaro, en la que anunció que la ubicación de la estación estaría en un predio ubicado entre las colonias Calesa y El Pedregal de Querétaro, a la altura del cruce de las vías del ferrocarril México-Piedras Negras con avenida Bernardo Quintana. Prácticamente en el centro de la ciudad de Querétaro, negándose a proporcionar documentos o información adicional que avalara y justificara la construcción de la estación en ese lugar.
El funcionario simplemente señaló que la ubicación del lugar cuenta con los estudios de impacto ambiental necesarios, las especificaciones técnicas requeridas y que no afectaría la dinámica social de los habitantes de la zona de Hércules, además de que la afectación a la circulación vial sobre Bernardo Quintana y avenida Industrialización, sería de 4 por ciento, y que el proyecto se espera concluya el segundo semestre de 2017.
Sin embargo, hasta el día 11 de junio de 2014, mediante diferentes gestiones el Dr. Carlos F. Almada López, Subsecretario de Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, recibió a un grupo de personas integrados por representantes de colonos, ciudadanos interesados, especialistas en la materia, al presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro, AC, al diputado local Alejandro Cano Alcalá, y a su servidor como representante popular federal, donde se acordó que el Colegio de Ingenieros Civiles emitiría un dictamen técnico sobre la viabilidad de la ubicación propuesta para la estación del proyecto del tren de alta velocidad de pasajeros México-Querétaro. Para tales efectos, el subsecretario se comprometió a la entrega de la información necesaria para ello, la cual, como ya se mencionó tenía más de nueve meses de haberla solicitado.
Con la información proporcionada, el pasado 8 de septiembre de 2014, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro, AC, realizó la entrega del dictamen acordado, haciendo entrega al secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza, al gobernador Querétaro José Eduardo Calzada Rovirosa, y un día después al suscrito.
Dictamen técnico del cual se advierte las siguientes consideraciones técnicas, que citaré de manera textual:
“...
Una vez que se contó con la documentación referida en los antecedentes de este documento, misma que fue la única disponible, una vez que se agotaron las vías de solicitud de información adicional referente a los mecanismos utilizados para la determinación de la ubicación de la estación en territorio de Santiago de Querétaro y habiendo procedido a una exhaustiva revisión y análisis técnicos de dicho acervo, se concluye que la localización propuesta es social, ambiental, vial y urbanísticamente inviable.
El predio propuesto para la estación provisional del TAV, sin menospreciar que el uso pretendido está prohibido, es inadecuado, pues el único acceso a él es por la lateral del boulevard Bernardo Quintana, cuyo sentido de circulación es de los Arcos hacia Plaza del Parque así como por un puente que conecta a la vialidad primaria denominada avenida Industrialización, con el flujo vehicular procedente de la zona de Hércules-La Cañada con la avenida Corregidora Norte que igualmente es una vía primaria saturada y que desemboca al Centro Histórico, con las limitaciones propias de una ciudad fundada cuando sus habitantes difícilmente contaban con caballos y la mayoría cotidianamente caminaba.
Adicionalmente, es de señalarse que en el entorno inmediato a dicho predio no existe infraestructura ni espacio para crear la necesaria requerida para atender los requerimientos del servicio de transporte público de pasajeros y ello habrá de ocasionar severos problemas para los pasajeros que utilicen dicha estación y los servicios de traslado ferroviario.
El boulevard Obsidiana comprende el corto trecho que corresponde al punto en donde situar el acceso y la salida a la futura estación, nodo crítico que al poner en operación la estación, resultara en un nodo con nivel de servicio H, es decir caótico.
El estudio de demanda de usuarios del TAV arroja un volumen de 22 mil 220 pasajeros diarios entre la Terminal Buenavista y la Estación Querétaro, en ambos sentidos. Lo que representa un total de 55 corridas diarias, 28 desde Buenavista y 27 desde Querétaro, a lo largo de 17 horas de operación diaria, de las 6:00 a las 23:00, esto es, 3.24 corridas por hora, es decir tres y un cuarto por hora a lo largo de las 17 horas de servicio programado.
Con las cifras resultantes del estudio de impacto vial y el consecuente impacto urbano, el flujo existente de vehículos que circulan por la lateral oriente del boulevard Bernardo Quintana Arrioja así como en el retorno en el boulevard Obsidiana y la avenida Industrialización, vialidades que forman el nodo para la circulación del tránsito que procedente de la estación del TAV propuesta, habrían de demandar para el acceso, salida y distribución vehicular inmediata, se obtienen las cifras necesarias y suficientes para determinar la inviabilidad de servicio vial de y hacia la estación referida.
De los pasajeros provenientes de Buenavista solo el 33.2 por ciento tienen como destino final el Estado de Querétaro, distribuidos principalmente entre el área Metropolitana de la ciudad de Santiago de Querétaro (27.3 por ciento) y de San Juan del Río-Tequisquiapan (5.9 por ciento). El restante 67% se dirige a otros destinos del Bajío, principalmente al estado de Guanajuato (13 por ciento), en menor medida a los estados de San Luís Potosí (3.5 por ciento), Aguascalientes (1.6 por ciento) y Jalisco, principalmente de Guadalajara (3.1 por ciento).
En tanto los usuarios que parten de Querétaro, sólo el 27 por ciento se originan en la entidad (18.8 del Área Metropolitana de Ciudad Querétaro y 4.1 por ciento se SJR-TX), el 73 por ciento proviene de otras entidades del Bajío.
Una divisa de peso específico es la correspondiente al carácter patrimonial de las políticas y restricciones de zonificación y utilización del territorio aplicables al polígono amparado por el Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Área de Monumentos del Centro Histórico de Santiago de Querétaro, lo cual apuntala la recomendación para que se resuelva la colocación de le estación TAV en una localización diferente a la actualmente propuesta.
De las situaciones planteadas en este Dictamen y de acuerdo a las condiciones actuales de ocupación y uso del suelo, se determina que la ubicación de la estación en el predio propuesto, presentan obstáculos técnicos insalvables y por lo tanto es inviable.
Los resultados obtenidos reducen sensiblemente la factibilidad para establecer la estación terminal del TAV en el predio propuesto por la SCT.
El Colegio de Ingenieros Civiles de Querétaro, AC, ha realizado estos análisis sobre la viabilidad para la ubicación de la estación provisional de este importante proyecto, en el sitio hasta ahora propuesto en el anteproyecto a cargo de la Secretaría, en esta, su necesaria fase de la maduración que habrá de llegar a las óptimas determinaciones, las cuales hasta el alcance de este trabajo dan un resultado negativo.
Consecuentemente con los resultados de los estudios realizados se concluye que la ubicación de la estación TAV en el sitio propuesto es social, ambiental, vial y urbanísticamente, es inviable, para la estación del tren de alta velocidad de pasajeros México-Querétaro.”
Luego entonces, siendo una premisa superior de cualquier gobernante el propiciar decisiones consensadas y legítimas de las acciones que impactan de forma significativa en la calidad de vida de los gobernados, debiendo en todo momento propiciar que las ciudades se encaminen a la humanización de los entornos urbanos y no atienda únicamente a la industrialización y el comercio. Por ello, es indispensable el uso efectivo de una democracia participativa, incluyendo las opiniones de los sectores especializados, así como de la ciudadanía en general.
No pasa inadvertido para el suscrito, que esta Legislatura Federal se ha distinguido por ser la que más reformas a la Constitución en Materia de Transparencia y Participación Ciudadana ha impulsado, con la finalidad de evitar precisamente el uso discrecional de la información y promover una permanente supervisión de la sociedad al quehacer gubernamental.
Asimismo, uno de los estandartes que he enarbolado durante mi trayectoria como servidor público, ha sido precisamente el de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, como un verdadero mecanismo de combate a la corrupción y de real participación en la toma de decisiones del Estado.
Por lo anteriormente expuesto, es que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete ante el pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Solicita la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República, Gerardo Ruiz Esparza, para que de manera pormenorizada explique las razones por las cuales se revocó la licitación para la construcción del proyecto del tren de alta velocidad de pasajeros México-Querétaro.
Segundo. Se solicite al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que en las nuevas bases de la licitación se reconsidere la ubicación de la estación del proyecto del tren de alta velocidad de pasajeros México–Querétaro, en la colonia Calesa, de la delegación Cayetano Rubio, en el municipio de Querétaro, debiendo tomar en consideración el dictamen técnico realizado por el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro, así como las manifestaciones de especialistas y sobre todo, las expresiones sociales de inconformidad y oposición a dicha determinación.
Diputado Marcos Aguilar Vega (rúbrica)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Ssa a fortalecer las acciones preventivas y de atención del cáncer de próstata, a cargo de la diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo la siguiente
Exposición de Motivos
Diversas enfermedades pueden atacar nuestro cuerpo, las cuales dependiendo de las mismas y del tiempo en el que se detecten, tienen cierto tratamiento y curación, pero existen otras que deben ser detectadas tempranamente con el fin de ser erradicadas del organismo, ya que de lo contrario provocan la muerte del paciente; en este sentido, existen padecimientos que necesitan mayores estudios en virtud de que son consideradas mortales.
Actualmente uno de los padecimientos más graves y que ha cobrado la vida de millones de personas en México y el mundo es el cáncer, el cual es definido como la proliferación celular o multiplicación desordenada de células de tejido u órgano, que se propagan por el organismo y tienden a reproducirse sin control, invadiendo otros órganos y alterando las funciones normales del cuerpo.1
Las causas del cáncer pueden ser químicas, virales, genéticas o inmunológicas, los cuales aterrizan en la clasificación siguiente: testicular, pulmonar, de mama, de riñón, linfoma, de estómago, de piel, cervico-uterino, colorrectal, leucemia, de cerebro y de próstata,2 este último ha sido la causa del deceso de miles de hombres en el país y por desgracia va en aumento.
La próstata es parte del sistema reproductor del hombre, ubicada frente al recto y debajo de la vejiga, rodea la uretra y se encarga de producir parte del fluido seminal.3
El cáncer de próstata comienza en las células, ya que se producen nuevas células cuando las viejas o deñadas no mueren y se mantienen en el cuerpo a pesar de que este no las necesite, este exceso y acumulación de células forma con frecuencia una masa de tejido denominada tumor. Los tumores en la próstata pueden ser benignos o malignos,4 los primeros se caracterizan porque rara vez ponen en riesgo la vida de la persona, no invaden los tejidos de su alrededor, no se diseminan a otras partes del cuerpo y pueden extirparse (y generalmente no vuelven a crecer). Por lo que hace a los tumores malignos, estos algunas veces pueden poner la vida en peligro, logran invadir órganos y tejidos cercanos (como la vejiga o el recto), pueden diseminarse a otras partes del cuerpo y llegan a extirparse en general (pero algunas veces vuelven a crecer).
En caso de que el tumor de la próstata sea maligno este puede crecer de tres formas: Local (crecimiento tumoral e invasión de la cápsula prostática, que con el tiempo puede romper la misma y crecer invadiendo los tejidos y órganos periprostáticos), diseminación linfática (cuando existe una clara relación entre el tamaño del tumor primitivo y la probabilidad de afectación ganglionar) y diseminación hematógena (se realiza a través de los vasos sanguíneos, preferentemente hacia el hueso).5
Entre los síntomas principales del cáncer de próstata se encuentra la necesidad de orinar frecuentemente (especialmente por la noche), dificultad para comenzar a orinar o retener la orina, flujo de orina débil o interrumpido, micción dolorosa o con ardor, dificultad para tener una erección, eyaculación dolorosa, sangre en la orina o el semen y dolor o rigidez frecuente en la región lumbar, las caderas o la parte superior de los muslos.6
El cáncer de próstata es un serio problema en México desde hace muchos años, ya que según lo señala la Secretaría de Salud (SS), en 1999 el tumor maligno en la próstata ocupó el segundo lugar de mortalidad general, siendo el más frecuente en edad pos-productiva con 3,766 defunciones y tasa del 71.7 por cada 100 mil en el grupo de 65 años y más.7
Actualmente el número de pacientes con esta enfermedad ha aumentado de forma alarmante, tal como lo señala la SS en 2010, la cifra de hombres fallecidos por cáncer de próstata fue de 5,404, con lo que se refleja un aumento exponencial en poco más de 10 años.8
Cabe reconocer que los número expuestos por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, (Ensalut 2012), el porcentaje de hombres adultos de 60 años o más que se realizó la prueba de detección de cáncer de próstata por medio de antígeno prostático se ha mantenido constante entre 2006 y 2012, al ser 10.4% y 9.5%,9 respectivamente.
Derivado de lo anterior se puede concluir que diariamente mueren 15 hombres a causa del cáncer prostático, siendo así uno de los tumores malignos más frecuentes en la población masculina y la principal causa de muerte en varones mayores de 65 años, este problema de salud se agrava aún más debido a que como lo señala el urólogo Pedro Martínez del Instituto Nacional de Cancerología, menos de una tercera parte de los casos se identifica a tiempo.10
Es preciso mencionar que son los carcinógenos industriales, el tabaquismo, el uso de alcohol, la circuncisión, el sobre peso, el grupo sanguíneo, historial de cáncer prostático y la edad (siendo los hombres mayores de 45 años los más propensos a la enfermedad), los principales factores de riesgo que provoca el cáncer de próstata.11
No podemos dejar de mencionar que diversas Diputadas y Diputados de la actual legislatura han presentado documentos a través de los cuales se busca disminuir radicalmente esta enfermedad que cobra la vida de miles de hombres anualmente.
El cáncer de próstata es un problema del sector salud que debe de solucionarse de forma urgente y en donde las autoridades en la materia tienen la responsabilidad de buscar todas las medidas adecuadas con el fin de que el género masculino se quite cualquier estereotipo y se realice los exámenes correspondientes que prevengan y en su caso detecten la enfermedad en el momento en que esta pueda ser combatida.
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud para que fortalezca los programas y acciones encaminados al combate y prevención de cáncer de próstata.
Segundo: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud para que emprenda una campaña que incentive a los hombres mayores de 45 años a realizarse los estudios médicos correspondientes, con el fin de prevenir y/o detectar el cáncer de próstata en forma temprana.
Notas
1 http://www.amlcc.org/index.php/cancer/que-es 13 de noviembre de 2014 14:44 horas.
2 http://www.amlcc.org/index.php/cancer/tipos-de-cancer 13 de noviembre de 2014 14:53 horas.
3 http://www.cancer.gov/espanol/tipos/necesita-saber/prostata/WYNTK_Prost ata.pdf 18 de noviembre de 2014 14:17 horas.
4 Ídem.
5 https://www.aecc.es/SobreElCancer/CancerPorLocalizacion/cancerdeprostat a/Paginas/quees.aspx 18 de noviembre de 2014 14:29 horas.
6 http://www.pcf.org/site/c.leJRIROrEpH/b.8586057/k.390C/S237ntomas_del_C 225ncer_de_Pr243stata.htm 18 de noviembre de 2014 14:36 horas.
7 http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/cancer_prostata.pdf 18 de noviembre de 2014 18:06 horas
8 file:///C:/Users/Usuario/Downloads/MEXICO-PERFIL-CANCER-2013.pdf 18 de noviembre de 2014 18:39 horas.
9 http://udr.com.mx/2013/08/cancer-de-prostata/ 18 de noviembre de 2014 18:41 horas.
10 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/11/06/mueren-a-diario-15-hombre s-por-cancer-de-prostata-en-el-pais-863.html 18 de noviembre de 2014 18:50 horas
11 http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/cancer_prostata.pdf 18 de noviembre de 2014 18:50 horas.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 27 de noviembre de 2014.
Diputada María del Carmen García de la Cadena Romero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para que revise los contratos celebrados por el consorcio empresarial Grupo Higa, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Los suscritos, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del artículo 42, 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes
Consideraciones
Primera . Que el artículo 42 de la Ley Orgánica otorga al pleno la facultad de acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico y que, en términos del artículo 34, numeral 1, inciso c), de ese ordenamiento, a la Junta de Coordinación Política corresponde proponer al pleno la integración de las comisiones.
Segunda. Que no obstante que el artículo 205 del Reglamento de la Cámara de Diputados señala que las comisiones especiales no podrán exceder en número a la mitad de las comisiones ordinarias, la Junta de Coordinación Política propuso un acuerdo aprobado por el pleno de esta Cámara, que estableció que durante la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados funcionaran hasta 40 comisiones especiales, en virtud del cúmulo de asuntos específicos.
Tercera. Que se debe explicar el procedimiento de adquisición de la llamada “Casa Blanca” propiedad de la señora Angélica Rivera Hurtado, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, porque persisten dudas sobre la existencia de un conflicto de intereses con el Grupo Higa.
Cuarta. Que el Partido Acción Nacional considera que se requieren acciones contundentes que disipen cualquier duda sobre posibles violaciones a las leyes mexicanas, en especial la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos; y la Ley de Obras Públicas.
Quinta. Resulta de especial relevancia aclarar el motivo y, en su caso, la consecuencia legal de que el presidente no haya incluido en su declaración patrimonial los bienes de su cónyuge, conforme lo establece el artículo 43 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; así como que se tramite y sustancie el procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades administrativas en que las que se han incurrido por la licitación, adjudicación y cancelación de la adjudicación, respecto del tren de alta velocidad Ciudad de México–Querétaro; y el monto de la indemnización que el gobierno de la República deberá cubrir a los ganadores de la licitación
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único . La Cámara de Diputados crea la Comisión Especial para que revise los contratos celebrados por el consorcio de empresas conocido como Grupo Higa; así como a la vinculación de éste con la propiedad ubicada en Sierra Gorda número 150.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2014.
Diputados: José Isabel Trejo Reyes, Marcelo Torres Cofiño, Heberto Neblina Vega, Beatriz Zavala Peniche, Juan Bueno Torio, Humberto Alonso Morelli, Víctor Rafael González Manríquez, Damián Zepeda Vidales, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, Xavier Azuara Zúñiga, Julio Cesar Lorenzini Rangel, Leticia Sosa Govea Martha, Néstor Octavio Gordillo Castillo, José González Morfín, J. Jesús Oviedo Herrera, Fernando Rodríguez Doval, Mario Alberto Dávila Delgado, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, José Arturo Salinas Garza, Glafiro Salinas Mendiola, José Alfredo Botello Montes, Carlos Bernardo Guzmán Cervantes, Sergio Augusto Chan Lugo, Consuelo Argüelles Loya, Eufrosina Cruz Mendoza, Alberto Díaz Trujillo, Margarita Saldaña Hernández, José Enrique Reina Lizárraga, Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Raquel Jiménez Cerrillo, Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, Martín Alonso Heredia Lizárraga, Juan Pablo Adame Alemán, Juan Carlos Uribe Padilla, Juan Jesús Aquino Calvo, Erick Marte Rivera Villanueva, Andrés de la Rosa Anaya, Carlos Fernando Angulo Parra, Raudel López López, Gerardo Peña Avilés, Patricia Lugo Barriga, Verónica Sada Pérez, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Ma. Guadalupe Mondragón González, Karina Labastida Sotelo, Esther Quintana Salinas, José Martín López Cisneros, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Alfredo Rivadeneyra Hernández, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Jorge Rosiñol Abreu, Leslie Pantoja Hernández, Leticia López Landero, María Isabel Ortiz Mantilla, Raúl Paz Alonzo, Martha Berenice Álvarez Tovar, María Celia Urciel Castañeda, Alejandra López Noriega, Felipe de Jesús Almaguer Torres, Alberto Coronado Quintanilla, Ana Paola López Birlain, José Ángel González Serna (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a atender las acciones emitidas por la ASF en la auditoría de desempeño practicada al programa presupuestario S234, “Sustentabilidad de los recursos naturales en acuacultura y pesca”, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez, Guillermo Sánchez Torres y Ángel Cedillo Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XIX; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo con base en los siguientes:
Antecedentes
1. En el año 2000, con la adición y modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el fomento, la administración y regulación de la actividad pesquera, se transfirió a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Posteriormente y congruente con la nueva disposición legal, se creó por Decreto la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), como un Órgano Administrativo Desconcentrado de esa Secretaría, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 2001. En el decreto se estableció la necesidad de impulsar el desarrollo acuícola y pesquero del país, orientando sus actividades y procesos en términos de eficiencia, calidad, rentabilidad y sustentabilidad, en un marco de corresponsabilidad que propicien la actuación coordinada del Gobierno Federal y la vinculación e inserción de las autoridades de los estados y municipios en la administración y conservación de los recursos pesqueros y el desarrollo acuícola, y que es indispensable que la administración, regulación y fomento de la pesca y la acuacultura se concentren en un órgano administrativo, que además tenga a su cargo las actividades de inspección y vigilancia en la materia.
2. En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se señaló que el sector agropecuario y pesquero es estratégico y prioritario para el desarrollo del país. En ese documento, se estableció que el potencial pesquero de México no ha sido explotado de manera sustentable con responsabilidad y visión. Se cuenta con más de tres millones de km2 de zona económica exclusiva, la extensión de sus costas colocan a México en el noveno lugar a nivel mundial, esto le permite al país contar con un significativo potencial pesquero, tanto por su diversidad como por los volúmenes de pesca presentes en sus zonas marítimas.
3. La Auditoría de Desempeño 12-0-08I00-07-0391 tuvo como objetivo evaluar los componentes del programa: la disminución del esfuerzo pesquero, la inspección y vigilancia, y el ordenamiento pesquero y acuícola, a cargo de la Conapesca; la revisión comprendió el análisis del Sistema de Evaluación del Desempeño, la eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas, la eficiencia en la gestión operativa y la economía en la aplicación de los recursos presupuestarios. En cuanto al Sistema de Evaluación del Desempeño, se revisó la lógica vertical y horizontal de los indicadores relacionados con los componentes disminución del esfuerzo pesquero, inspección y vigilancia, y ordenamiento pesquero y acuícola del Programa Presupuestario S234 “Sustentabilidad de los Recursos Naturales”, encontrando los siguientes hallazgos:
• En eficacia, se verificó el cumplimiento de objetivos de los proyectos de ordenamiento pesquero y acuícola, y la población objetivo del componente ordenamiento pesquero y acuícola.
• En eficiencia, se examinaron: el cumplimiento de metas de los indicadores de los componentes ordenamiento pesquero y acuícola, disminución del esfuerzo pesquero e inspección y vigilancia; la atención de solicitudes de proyectos de ordenamiento pesquero y acuícola; la elaboración de los proyectos de ordenamiento pesquero y acuícola; los requisitos para el otorgamiento de apoyos a proyectos de ordenamiento; el cumplimiento de los plazos para el otorgamiento de permisos y concesiones pesqueras y acuícolas; el establecimiento de zonas de refugio y acuerdos de veda; la inspección y vigilancia de las zonas de refugio y áreas de veda; el retiro de embarcaciones; el comportamiento programático presupuestal; y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento del objetivo de la política pública en materia de ordenamiento y regulación de las actividades pesqueras y acuícolas.
• En economía, se revisó el cumplimiento de los montos otorgados por proyecto y los gastos de operación de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación de la Sagarpa.
Consideraciones
1. La Conapesca carece de un sistema de información que concentre datos del presupuesto programado y de su ejercicio, toda vez que no existe en el Portal de transparencia el rubro relativo al Programa S234 “Sustentabilidad de los recursos naturales en acuacultura y pesca”, asimismo no está a la vista la información relativa a la Matriz de Resultados (MIR ).
2. La Auditoría Superior de la Federación considera que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca no acreditó el cumplimiento del objetivo de generar instrumentos de política pública que apoyen la regulación y administración de las actividades pesqueras y acuícolas, induciendo el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde se destaca lo siguiente:
3. En 2012, la Conapesca no realizó 12 proyectos es decir el 7.2% de la meta establecida de elaborar 39 proyectos programados; debido a que no realizó ninguno de los 12 proyectos por recursos estratégicos previstos; y no elaboró un proyecto de ordenamiento acuícola.
4. En los 19 proyectos realizados por la Conapesca no se acreditó su contribución al objetivo de aprovechar sustentablemente los recursos pesqueros y acuícolas, para asegurar la recuperación y disponibilidad presente y futura de las especies.
5. La Conapesca determinó no acreditó la cuantificación numérica de su población objetivo de las comunidades pesqueras y acuícolas, tanto por grupo específico como por región del país, entidad federativa y municipio de las comunidades en donde es necesario establecer y/o fortalecer los esquemas de regulación y administración.
6. En 2012, se constató que en 26 solicitudes de permisos y 2 de concesiones, se rebasó el plazo establecido. Asimismo, se identificó que 289 permisos de pesca lo que equivale al 81.2% y 11 permisos de concesiones lo que equivale al 39.3%, no contaron con el registro de la fecha de ingreso de la solicitud, por lo que no fue posible verificar si cumplió con el plazo establecido para su autorización.
7. En 2012, la Conapesca participó en acciones de inspección y vigilancia en coordinación con la Secretaría de Marina y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, orientadas a combatir la pesca ilegal, en la que se realizaron 21,333 recorridos terrestres y 19,823 acuáticos, se retuvieron 8,684,976.7 kilogramos de productos pesqueros, se enviaron 111 personas al Ministerio Público, se detuvieron 438 vehículos, 13 embarcaciones mayores y 412 menores. Se constató que en ese año la comisión no determinó las metas y los resultados de inspección y vigilancia para las zonas de refugio y las áreas de veda de especies pesqueras y acuícolas.
8. En 2012, la Conapesca cumplió en 30.0% la meta de retirar 40 embarcaciones camaroneras, y atendió el 54.5% de las solicitudes recibidas. En el periodo 2005-2012, se retiraron 800 embarcaciones con igual número de permisos y concesiones; sin embargo, la comisión no dispuso de las metas de mediano plazo relacionadas con el retiro de embarcaciones pesqueras, y no se acreditó la contribución de las acciones en el uso sustentable de los recursos pesqueros mediante el retiro voluntario de embarcaciones.
9. Como resultado de la Auditoría en comento, la ASF emitió las siguientes recomendaciones al desempeño, sin que a la fecha se hayan atendido de acuerdo al informe de observaciones y solventaciones remitido a la Cámara de Diputados, de conformidad con los siguientes contenidos;
10. El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.
11. Lo anteriormente expuesto en observancia a lo señalado en los Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Lic. Enrique Martínez y Martínez, para que atienda con carácter de urgente las 15 acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación en la Auditoria de Desempeño 12-0-08I00-07-0391 por la ASF , practicada al Programa Presupuestario S234 “Sustentabilidad de los Recursos en Acuacultura y Pesca” a cargo de Conapesca sobre recomendaciones relativas a inejecución de proyectos estratégicos, cobertura, falta de soporte documental en las solicitudes y acciones que se encuentran sin atender.
Diputados: José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Roberto López Suárez, Guillermo Sánchez Torres, Ángel Cedillo Hernández.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SSPDF y de la CDHDF a investigar y sancionar los hechos ocurridos contra la ciudadana Ross Aguinaga, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado lunes 23, la joven Ross Aguinaga de 23 años de edad denunció, a través de la red social Facebook, que fue víctima de abuso por parte de elementos de la policía capitalina ya que, cuando iba caminando hacia su casa ubicada en la colonia Juárez, una patrulla la comenzó a seguir y sus ocupantes le dijeron palabras obscenas. En su relato, el cual se volvió viral, denunció:
Me pusieron contra la pared, me metieron mano al brassiere y me manosearon los senos, lo mismo debajo de la falda y en los calzones, el que me estaba revisando me decía cosas mientras lo hacía. ‘Qué bonitas piernas’. ‘Qué rica estás’. Me paralicé, estaba asustada y llorando y pidiendo auxilio. Unas personas que iban pasando se acercaron y les dijeron que no tenían por qué hacerme eso, los empezaron a grabar y a decir que me soltaran. Los puercos se asustaron y se fueron.
Asimismo, en entrevista con el periódico Sin Embargo , expresó que dos de sus amigos habían sufrido abusos por parte de la policía, en las colonias Roma, Juárez y Condesa, todas ellas ubicadas en la delegación Cuauhtémoc.
Si bien estos hechos podrían parecer aislados, la realidad es que lo ocurrido se suma a varios casos documentados de abuso y violación a los derechos humanos por parte de elementos del Gobierno del Distrito Federal, sobre todo al término de las diversas manifestaciones que se han llevado a cabo a raíz de lo ocurrido el pasado mes de septiembre en Iguala, Guerrero y la falta de respuestas por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
El Distrito Federal se ha perfilado como una ciudad progresista y de vanguardia, por lo que este tipo de actos limitan y representan graves retrocesos para los capitalinos y las personas que visitan la entidad.
Es por ello que, en el entendido de garantizar los mecanismos que permitan la protección y defensa de los derechos humanos, presentamos a esta honorable asamblea el siguiente resolutivo con
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Jesús Rodríguez Almeida, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal a investigar y sancionar los hechos ocurridos en contra de la ciudadana Ross Aguinaga.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a investigar el caso.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de noviembre de 2014.
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los titulares de la SHCP, la SE y el SAT a prorrogar un año la vigencia del decreto que modifica el diverso por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, a cargo del diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del PT
El que suscribe, Jaime Bonilla Valdez, diputado federal a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
Una de las características de la franja fronteriza del norte de México, es el que la mayoría de los hogares cuentan cuando menos con un medio de transporte motorizado, de tal forma que alrededor del 70% de las viviendas poseen algún vehículo, mientras que en las zonas metropolitanas no fronterizas esta cifra se acerca al 55%.
La relativa ventaja de un mejor ingreso, junto con la posibilidad de adquirir automóviles del mercado estadunidense (en muchas ocasiones, en deterioradas condiciones), orienta a las familias fronterizas a poseer un vehículo y a asumir los costos de su uso y mantenimiento, gastos que no son menores.
Situación que no es bien vista en el interior del país, ya que se piensa que es injusto el que los habitantes de la frontera norte puedan adquirir estas unidades con mayor facilidad y a mejor precio que a las que tienen acceso el resto de los mexicanos, pero, en este razonamiento no se toma en cuenta que el costo de la vida en la frontera norte suele ser más alto, que la calidad de vida es menor a la que se tiene en otras partes del país y que el transporte público en estas ciudades es de pésima calidad, por lo cual, la alternativa del transporte individual resulta estimulada, no obstante su peso sobre el ingreso familiar.1
En razón de su colindancia con la frontera sur de los Estados Unidos de América, la región fronteriza norte de nuestro país, viene a ser una zona de intenso intercambio comercial y amplia competencia de mercado, donde el consumidor fronterizo dispone de un mercado binacional para satisfacer sus necesidades de consumo, acorde a sus necesidades y sus posibilidades económicas.
Como en toda economía de mercado, corresponde a la rama del comercio formal y organizado, cubrir y atender la oferta y del mercado local, dentro del respeto al marco legal y contando con condiciones empresariales propicias y de competitividad comercial, tal como ha venido sucediendo con el ramo de los automóviles de segunda mano en la región frontera norte.
En esta actividad, por más de 60 años, el gobierno de la república ha otorgado a las zonas fronterizas las facilidades legales y técnicas para la importación de diversas mercancías, para el consumo y uso dentro de una franja perfectamente delimitada y adyacente a los países vecinos, como es el caso del sector de importación y venta de automóviles de segunda mano que se ha creado en la frontera norte.
A diferencia de otras mercancías de importación, la importación de automóviles para uso exclusivo dentro de la franja fronteriza, que llevan a cabo los comerciantes legalmente establecidos para este ramo, ha sido benéfico para todo el país, debido a que es una fuente importante de recaudación hacendaria, crea miles de empleos directos e indirectos, ya que en torno a esta actividad se ha formado una fuerte cadena de valor, conformada por talleres mecánicos, carroceros, pintores, tapiceros, refaccionarias, yonkeras, llanteras, vidrieros, mofleros, agencias aduanales, gestores, u otros agentes que de este mercado han encontrado la forma de sacar adelante a sus familias, si bien, no existe un dato exacto sobre los empleos generados a raíz de la existencia de estas empresas de compra venta de vehículos, no es exagerado afirmar que se generan arriba del millón de empleos.
Al día de hoy, los comerciantes que en la frontera norte importan automóviles para que dichos vehículos sean vendidos y utilizados en esta zona, se encuentran desarrollando sus actividades bajo los términos de los siguientes decretos:
• “Decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del país, en los estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial del Estado de Sonora y en los municipios de Cananea y Caborca, Estado de Sonora.”, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 26 de abril de 2006. (En referencia al segundo transitorio de este instrumento).
• “Decreto que modifica el diverso por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados.”, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de enero de 2014.
Pero, estos empresarios enfrentan una situación de incertidumbre, ya que, por una parte, el decreto del 30 de enero de 2014, señala que el mismo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2014. Lo que en la práctica, a su vez, deja inoperante el Decreto del 26 de abril de 2006.
Por la otra, a raíz de estos decretos, los mismos empresarios trabajan por medio de sus “Registros como Empresa Comercial de Autos Usados”, mismos que marcan una vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año.
Ante el inminente término de los registros como empresa comercial de autos usados, los poseedores de los mismos se han acercado a la Secretaría de Economía con la intención de renovarlos, con resultados desfavorables para estos empresarios, a la vez de que han buscado el coadyuvar con las autoridades federales a fin de que la importación de autos usados para la franja fronteriza norte continúe como una actividad que beneficie a esta región y al país en general.
Tomando en cuenta el peso que la importación y venta de automóviles usados tiene para la economía de la frontera norte, las deficiencias en el transporte público ya descritas en las ciudades de esta frontera y el menoscabo en la calidad de vida que para los habitantes de la misma tendrá, el que estos comerciantes se vean imposibilitados para continuar con sus actividades, aunado a las mermas en la recaudación fiscal. Los integrantes de la Comisión Asuntos Frontera Norte, en reunión plenaria acordamos que la presidencia de la esta Comisión, presentara un Punto de Acuerdo, en el sentido de pedirle a las dependencias del Ejecutivo Federal, involucradas en el tema, el que se prorrogue por un año y solo para la zona que señala el Decreto del 26 de abril de 2006, el mencionado decreto del 30 de enero de 2014.
Además de que se renueven por un año más los “registros como empresa comercial de autos usados”, para los comerciantes en el ramo que operan en la franja de la frontera norte.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente hace un atento llamado a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, al titular de la Secretaría de Economía, y al jefe del Servicio de Administración Tributaria, para con base a las atribuciones y facultades a ellos conferidas, se prorrogue por un año la vigencia del “decreto que modifica el diverso por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados”, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de enero de 2014, solo para los comerciantes establecidos en la franja de la frontera norte que importan y venden automóviles conforme al “decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del país, en los estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial del estado de Sonora y en los municipios de Cananea y Caborca, Estado de Sonora.”, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 26 de abril de 2006. De igual forma se renueven también por un año los “registros como empresa comercial de autos usados”, para estos mismos comerciantes.
Nota
1 Con respecto a la menor calidad de vida que tienen los habitantes de las ciudades de la frontera norte, comparada con ciudades de similar densidad demográfica del interior del país, se puede consultar: Guillén López, Tonatiuh. “Frontera norte: los contrastes de la calidad de vida”, Revista Política Exterior, Secretaría de Relaciones Exteriores, número 81, octubre 2007.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2014.
Diputado Jaime Bonilla Valdez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los secretarios de Educación Pública federal y locales a incorporar en los planes y programas respectivos el estudio del genocidio, y los crímenes de odio y de lesa humanidad, a cargo de la diputada Miriam Cárdenas Cantú, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada Miriam Cárdenas Cantú, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6o. numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La educación es un factor fundamental en la formación de las mujeres y los hombres para la vida en sociedad, ya que además de proveer conocimientos, enriquecer la cultura y los valores; es una herramienta necesaria e indispensable para alcanzar mejores niveles de bienestar social, para romper las brechas de desigualdad y propiciar el pleno desarrollo de las personas.
La formación de valores aparece como una clara exigencia de la sociedad al sistema educativo, hoy en día la sociedad a nivel mundial se ubica dentro de un fenómeno de cambio de valores, cuyas trasformaciones éticas han surgido a lo largo de la historia debido al desarrollo de la ciencia y la tecnología y el intercambio multicultural; esta creciente diversidad puede generar conflicto y desacuerdo, motivo por el cual se debe fomentar el respeto universal a los demás, incorporándose esta enseñanza a la actividad educativa de cada grupo poblacional.
Una eficaz herramienta para luchar contra actitudes de intolerancia en donde se violen los derechos de los miembros de la sociedad es la educación ética basada en valores comunes que propicien el respeto y la tolerancia. Así, la Declaración Universal de los Derechos Humanos Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, junto con los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y sus Protocolos son el claro ejemplo del desarrollo de esta ética universal.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura establece que la educación es un derecho humano fundamental, esencial para poder ejercitar todos los demás derechos; que se materializa a través del derecho a la educación que implica la necesidad de garantizar educación gratuita y obligatoria de buena calidad para todas y todos, en escuelas seguras con una infraestructura adecuada, instalaciones y recursos, especialmente docentes capacitados; que ésta posea contenidos relevantes y métodos, respetando los derechos de todos, con especial atención a las necesidades de las minorías y comunidades indígenas, transmitiendo a la ciudadanía valores compartidos, paz y reconciliación.
En nuestro país, uno de los mayores logros éticos se encuentra en el aseguramiento Constitucional del derecho a la educación; como un derecho humano fundamental que propicia el desarrollo igualitario social al permitir la adquisición de diversos conocimientos y la transmisión de principios y valores comunes a la sociedad; así, la educación es un medio para elevar la calidad de vida de las personas al ofrecer una oportunidad de romper los círculos de pobreza y marginación al fomentar el desarrollo de la personalidad e identidad y las capacidades físicas e intelectuales individuales; en este sentido, la educación no sólo es la base del desarrollo del individuo, sino también de una sociedad democrática, tolerante y no discriminatoria.
En nuestra Carta Magna el artículo 3o. establece que el estado tenderá a desarrollar todas las facultades del ser humano, fomentando el respeto a los derechos humanos, en la independencia y en la justicia; además, el artículo 2o. de la Ley General de Educación establece que “La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social”; con dichas bases, la educación juega un papel vital para el desarrollo económico, social y cultural de nuestro país pues constituye un medio para realizar todos los demás derechos humanos.
El Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018 establece que “la educación debe impulsar las competencias y las habilidades de cada persona, al tiempo que inculque los valores por los cuales se defiende la dignidad personal y la de los otros”, para lo cual resulta indispensable la impartición de una educación de calidad que potencie el desarrollo de las capacidades en los ámbitos intelectual, afectivo, artístico y deportivo de cada uno de las y los individuos, transitando hacia el máximo aprovechamiento de la capacidad intelectual.
Una de las mejores herramientas educativas para fomentar la ética, los valores y el respeto a los derechos humanos es la creación de programas de estudio didácticos en donde se transmita el recuerdo de sucesos históricos nacionales e internacionales en donde fueron agraviadas la integridad y los derechos de la sociedad; en la historia de la humanidad el “holocausto” es el claro ejemplo de la más grande violación a los derechos humanos a un grupo de personas, Adolfo Hitler y su pensamiento antisemita mediante su estricta política nazi encabezo esta histórica persecución y exterminio de más de seis millones de judíos y otras razas; en el cual fueron cometidos una serie de delitos y agravios contra la vida, la integridad, la dignidad y la salud entre muchas otras atrocidades; en las cuales los principales delitos internacionales cometidos en este suceso fueron: el genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión; así como la violación de todos los derechos humanos hasta el momento reconocidos.
Así como el “holocausto”, existen otros sucesos modernos en la historia de los países en donde podemos presenciar la constante violación a los derechos humanos; por lo tanto si queremos evitar estos actos de violación en el futuro debemos educar a nuestros estudiantes acerca de los diferentes conflictos y sucesos internacionales, así como los delitos y consecuencias que éstos acarrean. Este es el sentir que recientemente recogió la Organización de la Sociedad Civil, denominada “Embajada Mundial de Activistas por la Paz”, quien ha venido llevando a cabo el proyecto: Foros Universitarios “Educando para no Olvidar”, en las principales ciudades de la República Mexicana, en donde muchas escuelas y universidades del país ya han participado, y se sumaron a la propuesta de la propia Embajada, para que “El Holocausto, paradigma del Genocidio”, sea tema de estudio en las escuelas.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) reconoce que la enseñanza de la historia del Holocausto es esencial para fomentar las libertades fundamentales, la tolerancia, los valores, el respeto mutuo y la observación de los derechos humanos. La UNESCO considera que las situaciones en donde se desvaloran los derechos humanos suceden debido a la falta de educación, ya que en esta se gesta en las mentes de las personas, es por eso que en las mentes deben erigirse baluartes de paz, es importante tener abierto el nexo con el pasado no solo nacional sino internacional, para que en el presente les permita prepararse a las futuras generaciones y evitar que estas acciones de violación a los derechos humanos como el “Holocausto” no se vuelvan a repetir.
La misma Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció, en su cuadragésima segunda sesión plenaria y con el consenso de todos sus miembros, que el 27 de enero de cada año se recuerde el “Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto” mediante la resolución 60/7 del 1º de noviembre de 2005. Pero la parte medular que aún no se ha cumplido de dicha resolución, es lograr que los Estados miembros elaboren programas educativos para mostrar a las futuras generaciones la realidad histórica de los hechos lamentables y repudiables como los acontecidos durante el Holocausto, con el fin de evitar actos de genocidio en el futuro y rechaza toda negación, ya sea parcial o total, de ese hecho histórico”. Asimismo condena todas las manifestaciones de intolerancia religiosa, incitación, acoso o violencia contra personas o comunidades basadas en el origen étnico o las creencias religiosas, dondequiera que tengan lugar”. Incluyendo además un programa de difusión sobre el tema “El Holocausto y las Naciones Unidas”, junto con medidas tendientes a movilizar a la sociedad civil en cuanto al recuerdo y la educación sobre este tema, con el fin de evitar que ocurran actos genocidas en el futuro.
El programa tiene como misión combatir la negación del Holocausto, según lo establecido en la Resolución 61/255 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En todas sus actividades (y, en particular, aquellas dirigidas a estudiantes de todo el mundo), el Programa establece conexiones esenciales entre las causas subyacentes del genocidio, las lecciones que podemos aprender del Holocausto y el fomento de los derechos humanos y los valores democráticos.
Es en este contexto que México ha estado trabajando intensamente por el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, y ha venido adaptando su legislación en ese campo, en cumplimiento con los compromisos emanados de los tratados y convenciones internacionales a los cuales se ha adherido; así como las demás recomendaciones que ha emitido la Organización de las Naciones Unidas, especialmente en el ámbito de la educación.
Ante ese panorama y con base en lo expuesto, haciendo propia la propuesta de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, presento al pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaria de Educación Pública implemente dentro de los planes y programas de estudio de educación básica y media superior, en las materias donde se fomenta el respeto a los derechos humanos, según lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el tema de la enseñanza del “Holocausto, paradigma del Genocidio” como herramienta para evitar que presentes y futuras generaciones repitan crímenes y acciones de violación a los derechos fundamentales de la humanidad.
Segundo. Se exhorta a las Secretarias de Educación Pública Estatales y del Distrito Federal, a incluir el tema de la enseñanza del “Holocausto, paradigma del Genocidio”, en los planes y programas de estudio de educación básica y media superior, dentro de la asignatura encargada de fomentar el respeto a los derechos humanos como herramienta de prevención para evitar que presentes y futuras generaciones repitan acciones de violación a los derechos humanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2014.
Diputada Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Profeco a difundir los efectos positivos del programa Promoción de la Cultura de Consumo Inteligente, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD
Los que suscriben, diputados federales José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez, Guillermo Sánchez Torres y Ángel Cedillo Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XIX; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo, con base en los siguientes:
Antecedentes
1. El Programa Promoción de una Cultura de Consumo Inteligente (PCCI) a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), contribuye a impulsar la equidad en las relaciones de consumo mediante la promoción de una cultura de consumo inteligente y responsable manteniendo formados a los consumidores a través de medios impresos como la Revista del Consumidor, Programas de Tv y Radio, así como por los nuevos canales de comunicación vía internet, como lo son las redes sociales y herramientas interactivas, por medio de los cuales los consumidores se informan sobre los precios de productos y servicios para el cuidado de la economía familiar.
2. Se encuentra alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. En la Meta Nacional IV denominada “México Próspero”, apartado “IV.1: Diagnóstico”, se señala que “la creación de una cultura de consumo responsable, la modernización de las instituciones encargadas de la protección del consumidor, la incorporación de nuevos métodos de atención y servicio a los ciudadanos, y el fortalecimiento de la presencia de las instituciones y la certidumbre en los procesos, constituyen desafíos para un Estado que busca incentivar la competencia y a la vez fortalecer la equidad respecto a las relaciones entre los consumidores”. Igualmente, se alinea con la “Estrategia 4.7.5. Proteger los derechos del consumidor, mejorar la información de mercados y garantizar el derecho a la realización de operaciones comerciales claras y seguras”.
3. La naturaleza del PCCI B002, nace con base en la Ley Federal de Protección al Consumidor, la cual define el ámbito de competencia y funciones del programa; en concatenación con lo anterior, dicho programa no cuenta con Reglas de Operación, Padrones de Beneficiarios ni Población Potencial y Objetivo, tampoco se entregan apoyos por medio de este programa ya que su carácter no es social.
4. La Profeco refiere un crecimiento en el índice de protección de los derechos del consumidor; El Coneval por su parte, indica en la Evaluación de Desempeño para el periodo 2012-2013 que el Programa no mide su impacto, solo informa las actividades y hace 2 encuestas al año a los consumidores sobre hábitos de consumo y comparativo de precios, el número de páginas vistas de los productos de Estudios sobre Consumo, la edición de la Revista del Consumidor en Línea, productos informativos y atención mensual a grupos de consumidores.
5. La Universidad Autónoma del Estado de México , realizó la evaluación de consistencia y resultados 2012-2013 al PCCI , detectando que no cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo que incluya la definición de ésta; especifique metas de cobertura anual ni tampoco que abarque un horizonte de mediano y largo plazos y sea congruente con el diseño del programa. En ese sentido, es conveniente establecer una estrategia de cobertura, considerando una definición adecuada de la población objetivo, especificando metas anuales, abarcando un horizonte de mediano y largo plazo, y que sea congruente con el diseño del Programa, abarcando todos sus componentes.
6. Por otro lado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que durante el mes de mayo último la cartera vencida de la banca repuntó a 78.1 millones de pesos , su mayor monto, en pesos constantes, en 11 años.
Su crecimiento se aceleró 27.5% anual en términos reales, desde 15.4% en abril, y además es la cifra más elevada desde diciembre de 2011.
7. La evolución del presupuesto para el Programa Promoción de una Cultura de Consumo Inteligente, ha sido de la siguiente manera:
Millones de pesos
Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal
Como se observa en el recuadro anterior, los montos ejercidos durante los últimos tres años han presentado sobreejercicio.
Consideraciones
1. El Programa Promoción de una Cultura de Consumo Inteligente no cuenta con un plan estratégico con las características señaladas para los programas federales. Si bien existen programas o planes de trabajo para las tres Direcciones Generales que participan en el PCCI; no existe uno que los integre de forma consistente, ni son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados; igualmente, no contemplan el mediano o largo plazo, no establecen los resultados a alcanzar en los niveles de Fin y Propósito, y no cuentan con indicadores para medir el avance en el logro de sus resultados. Sería conveniente integrar un Plan Estratégico adecuado y consistente, con una visión que examine escenarios futuros de mediano y largo plazo, que trascienda su enfoque de operación anual y plantee metas a 6 años. El esfuerzo individualizado de las tres Direcciones Generales que participan en el PCCI debe integrarse y formalizarse en un documento estratégico general, con metas específicas para los niveles de Fin y Propósito, así como con indicadores adecuados que faciliten el monitoreo de los avances y logros.
2. El Programa no cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo que incluya la definición de ésta; especifique metas de cobertura anual; abarque un horizonte de mediano y largo plazo y sea congruente con el diseño del programa. En ese sentido, es conveniente establecer una estrategia de cobertura, considerando una definición adecuada de la población objetivo, especificando metas anuales, abarcando un horizonte de mediano y largo plazo, y que sea congruente con el diseño del Programa, abarcando todos sus componentes.
3. El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.
4. Lo anteriormente expuesto en observancia a lo señalado en los Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, licenciada Lorena Martínez Rodríguez, para que haga del conocimiento público los efectos positivos atribuibles al programa Promoción de la Cultura de Consumo Inteligente en congruencia con el repunte de la cartera vencida de 78,112 miles de tarjetas de crédito, de acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
Diputados: José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Roberto López Suárez, Guillermo Sánchez Torres, Ángel Cedillo Hernández.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Ssa y de la Conadic a emitir un programa nacional contra la adicción y el abuso del alcohol, a cargo del diputado Víctor Hugo Velasco Orozco, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado federal Víctor Hugo Velasco Orozco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La transformacion de la sociedad implica grandes beneficios en términos de derechos, libertades y beneficios para la población, pero al mismo tiempo, conlleva a transofrmaciones profundas en la conformación de las relaciones en el seno mismo de las familias y de la comunidad.
De manera paradójica a la vez que existe una comunicación practicamente universal, un flujo constante y permanente de información en tiempo real y la econompia, la educación, la tecnología, se han globalizado, eliminandose las barreras de las distancias y acortandose las brechas sociales; también existen impactos negativos en el desarrollo fisico y mental de las nuevas generaciones, ya que existen fenomenos de aislamiento, de descomposición social, con multiplicidad de familias monoparentales, aumento de fenomenos como las adcciones al alcohol, cigarro y drogas, violencia escolar y padecimientos en aumento como la obesidad infantil o el suicidio juvenil.
Muchas de estas circunstancias alcanzan una importancia cunatitativa o cualitativa tan importante que se convierten en temas de salud pública o en materia de la agenda de gobierno.
Tal ha sido el caso de el llamado bullying y la obesidad infantil, que debido al aumento de casos, así como las consecuencias cada vez más graves que están teniendo.
Por ejemplo, ante los hechos ocurridos este año en Estado como Tamaulipas o el Estado de México, en donde jovenes estudiantes perdieran la vida por agresiones de sus propios cumpañeros y una actitud omisa de las autoridades educativas, se dejo ver la magnitud del problema en el país.
Diversos estudios de universidades y organizaciones, entre ellos, el realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE, entre los países miembros reporta que en México, 40.24 por ciento de los estudiantes declara haber sido víctima de acoso; 25.35 por ciento haber recibido insultos y amenazas; 17 por ciento ha sido golpeado y 44.47 por ciento dice haber atravesado por algún episodio de violencia verbal, psicológica, física y ahora a través de las redes sociales.
Según estos datos, México ocuparía el primer lugar internacional de casos de bullying en educación básica ya que afecta a 18 millones 781 mil 875 alumnos de primaria y secundaria tanto públicas como privadas.
Se generó entonces, todo un movimiento antibullyng en todo el país, con el impulso de organizaciones de la sociedad civil, amplia participación de los medios masivos de comunicación, e incluso con un auge relavante en redes sociales, lográndose no solo el repudio social a estas actitudes, sino la generación de campáñas formales e informales contra el fenómeno y desenbocó en una acción institucionjal contundente a través de tres acciones formales:
1. El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Consejo Nacional de Seguridad Pública arrancó en junio de 2014, una campaña en seis entidades del país con mayor incidencia de bullying, violencia y acoso escolar: Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán, Estado de México, Campeche y Baja California. La campaña cuenta con participación de padres de familia, maestros, alumnos y artistas.
2. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) dieron inicio, tambien en junio de 2014, a una campaña en contra el acoso escolar o “bullying”, con la firma de diez compromisos para capacitar, en una primera etapa, a 1.6 millones de maestros agremiados al SNTE, contra el problema de la violencia escolar, que en los últimos cuatro años ha tenido un “crecimiento exponencial”, de acuerdo con el titular de la CNDH.
3. El Congreso de la Unión y el gobierno de la república pusieron en marcha la campaña #Yoloborro, en redes sociales, mediante la firma en septiembre de 2014, de un acuerdo para difundir mensajes y tomar acciones contra el ciberbullying. En consecuencia, se emitió en medios un spot elaborado por la Cámara de Diputados para llamar a los usuraios de internet a ser cuidadosos con la información o las fotos que publican para prevenir posibles agresiones, así como a que no ataquen a otros cibernautas.
4. El 1 de septiembre de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado una iniciativa preferente para crear una Ley General para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, cuyos ejes son: obligar a las autoridades federales, estatales y municipales a garantizar el respeto a los derechos de los menores; establecer procuradurías que apoyen a aquellos que estén sujetos a procesos penales o administrativos, y fijar medidas para combatir el bullying en las escuelas.
Con moficiaciones de ambas Cámaras al proyecto original se crea la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se reformaron los artículos 25 y 26 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, además de abrogarse la Ley para la Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Así las cosas, se trata de acciones contundentes para tratar de aminorar o erradicar el problema del bullying.
En el caso de la obesidad, según la Organización Mundial de la Salud OMS, y la OCDE, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad en niños y adultos, desplazando a Estados Unidos, que ocupaba el primer lugar.
Siete de cada diez mexicanos padecen odesidad. Las razones son el alto consumo de alimentos procesados ricos en calorías, sumados a un estilo de vida cada vez más sedentario. La consecuencia es el incremento de las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, enfermedades de las articulaciones y algunos tipos de cáncer.
Ante la seriedad del problema, el gobierno de la república tomó acciones contundentes para tratar de revertir el creciente fenómeno:
1. México gasta 7 por ciento del presupuesto destinado a salud para atender la obesidad, solo debajo de Estados Unidos que invierte el 9 por ciento.
2. La Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014, reformas al Reglamento de la Ley Generasl de Salud en materia de Publicidad y al Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, dentro de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.
Con las reformas México establece reglas de etiquetado y publicidad de alimentos y bebidas no alcoholicas, incorporando prácticas internacionales para el diseño y suministro de información transparente a los consumidores.
Ahora es obligatorio calcular el contenido calórico de un producto y reportar el contenido energético total del producto para el caso de bebidas saborizadas, chocolates, botanas y productos de confitería.
Por otra parte, se establecen horarios en televisión y cine para restringir la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas que no cumplan con los estándares de calidad nutrimental.
3. Se restringió la venta en escuelas, de alimentos y bebidas poco nutritivos y con alto contenido de grasas, sales y azúcares, conocidos como alimentos chatarra y se hizo obligatoria la disponibilidad de bebderos en sus instalaciones, mediante modificaciones legales y reglamentarias.
Pero el presente documento tiene por objeto llamar la atención sobre otro problema de salud pública que se ha mantenido presente en la sociedad a lo largo del tiempo, y que por su aceptación social ha permanecido en un bajo perfil en los medios de comunicación, pero que no debe dejar de tener importancia para las autoridades en materia de salud y de prevención de adicciones, me refiero al alcoholismo.
De acuerdo con la OMS, México se encuentra en el lugar diez en consumo de alcohol en América Latina, con 7.2 litros de consumo per cápita por año.
Según datos de un encuesta de la forma Consulta Mitofsk, la edad promedio de inicio en el consumo de bebidas alcohólicas es de 17.4 años en promedio; 16.8 años para los hombres y 18.3 para las mujeres. Y el 22 por ciento de los mexicanos declaran consumir bebidas alcohólicas por lo menos una vez por semana, mientras que el 18 por ciento declara hacerlo una vez por mes y 35 por ciento aún con menor frecuencia; una cuarta parte de la población declara no ingerir bebidas alcohólicas “nunca”.
Algunos estudios como el denominado “Investigación social y cultural sobre el consumo del alcohol y el alcoholismo en México” del doctor Luis Alfonso Berruecos Villalobos, arrojan estos datos:
• El alcoholismo el principal causante de accidentes con un 70 por ciento, 60 por ciento de los traumatismos.
• El 80 por ciento de los divorcios están asociados del alcoholismo.
• El 60 por ciento de los suicidios vinculados con el alcoholismo.
• El alcoholismo representa el 11.3 por ciento de la carga total de enfermedades.
• El 38 por ciento de los homicidios en el país son cometidos por estar bajo los efectos del alcohol.
• El 38 por ciento en casos sobre lesiones, particularmente entre jóvenes de 15 y 25 años de edad están relacionados con el consumo del alcohol y los accidentes ocupan la primera causa de mortalidad.
En el caso de las mujeres, según estudios de la División de Investigaciones Epidemiológicas y Sociales, del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” de la Secretaría de Salud:
• El 9 por ciento de las mujeres entre los 18 y los 65 años de zonas urbanas beben 5 copas o más en cada consumo.
• El 10 por ciento de las bebidas alcohólicas que se venden en México es consumido por mujeres.
• Las mujeres mayores de 60 años de edad son el grupo más afectado, usualmente es población que empezó a beber en la juventud y continúa haciéndolo.
• Actualmente beben a la par que los hombres lo que las pone en desventaja en cuanto a los riesgos a su salud, dado que cuentan con más grasa corporal impide que el alcohol se pueda diluir y por lo mismo son más vulnerables con la intoxicación con menores dosis de alcohol.
• El 16.8 por ciento consumió bebidas alcohólicas durante su embarazo.
• El 7.4 por ciento la cerveza era la bebida de preferencia de mujeres que amamantaban a su hijo.
Por su parte, la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, señala:
• El 32.8 por ciento de los mexicanos tiene un consumo alto de alcohol, es decir, más de 30 millones de personas.
• El 6 por ciento de la población tiene dependencia.
• Aqueja al 10.8 por ciento de los hombres entre 12 y 17 años y al 1.8 por ciento de las mujeres.
• Afecta a 4.1 por ciento de los adolescentes y 6.6 por ciento de los adultos, este índice aumentó significativamente entre los hombres de 2008 a 2011.
• El 55 por ciento de los consumidores se inició antes de los 17 años, previo a la edad legal para poder comprar alcohol, el 39 por ciento entre los 18 ys 25 años y solamente 5.9 por ciento después de los 25 años.
• Solamente 6.8 por ciento de los enfermos con dependencia reciben tratamiento. El rezago es mayor en las mujeres, hay 2.2 hombres con dependencia en tratamiento, por cada mujer con esta misma condición.
• Hay más bebedores en las regiones centro, que incluye a los estados de Guanajuato, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.
De tal suerte es un tema de salud pública que merece atención permanente de los distintos órdenes de Gobierno, de organizaciones de la sociedad civil y de la sociedad en general.
En este sentido es importante destacar que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y de forma concordante el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 establece como meta establcer una política pública exitosa de prevención, protección y promoción, que deba incorporar no sólo acciones propias de salud pública, sino también intervenciones que cambien el actuar de las personas, en términos de su responsabilidad respecto a comportamientos sexuales, actividad física, alimentación, así como de consumo de alcohol.
Pero es necesario ampliar las acciones de prevención y atención de este enfermedad más allá de la sola acción del gobierno de la república, para incorporar un esfuerzo de los estados y los municpios, que sea permanente y de alto impacto.
Por lo que el presente documento propone a esta soberanía exhortar a la Secretaría de Salud del gobierno de la república y a la Comisión Nacional contra las Adicciones para que emitan un Programa Nacional contra la Adicción y el Abuso del Alcohol, que coordine acciones permanentes en los tres órdenes de gobierno, en rubros como:
• La prevención del consumo temprano de alchohol.
• La disminución del alto consumo en población de 12 a 65 años.
• La inclusión de atención de enfermos dependientes del alcohol en instancias del sector público.
• La puesta en marcha de una compaña especifica para disminuir el consumo de alcohol en mujeres, espcialmente en embarazadas y lactantes.
• La puesta en macha de una campaña específica de prevención y atención del alcoholismo en la zona centro del país, que incluya a los gobierno estatales y municipales.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a a la Secretaría de Salud del gobierno de la república y a la Comisión Nacional Contra las Adicciones para que emitan un Programa Nacional contra la Adicción y el Abuso del Alcohol que coordine acciones permanentes en los tres órdenes de gobierno.
Segundo. Que dicho Programa Nacional contra la Adicción y el Abuso del Alcohol, contenga entre otras, acciones específicas para:
1. La prevención del consumo de alchohol a temprana edad.
2. La disminución del alto consumo en población de 12 a 65 años.
3. La inclusión de atención de enfermos dependientes del alcohol en instancias del sector público.
4. La puesta en marcha de una compaña especifica para disminuir el consumo de alcohol en mujeres, especialmente en embarazadas y lactantes.
5. La puesta en marcha de una campaña específica de prevención y atención del alcoholismo en la zona centro del país, que incluya a los gobierno estatales y municipales.
Referencias y sitios consultados
Programa Sectorial de Salud 2013-2018.
Encuesta Nacional Contra las Adicciones 2011.
www.presidencia.gob.mx
www.senado.gob.mx
www.diputados.gob.mx
http://www.oecd.org/centrodemexico/
http://www.who.int/countries/mex/es/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2014.
Diputado Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del INM a difundir las acciones realizadas para recuperar los pagos indebidos a la nómina del personal, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD
Los que suscriben, diputados federales José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez, Guillermo Sánchez Torres y Ángel Cedillo Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XIX; 6º, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y III; y, 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente punto de acuerdo, con base en los siguientes
Antecedentes
1. El Instituto Nacional de Migración (INM ) es un órgano técnico desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob ) que tiene por objeto la planeación, ejecución, control, supervisión y evaluación de los servicios migratorios, así como el ejercicio de la coordinación con las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia migratoria.
2. Para el cumplimiento de los objetivos el instituto tiene el programa presupuestario E008 “Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos” alineado al Eje 5 de política pública del Plan Nacional de Desarrollo (2007-2012) “Democracia Efectiva y Política Exterior”, y al Programa Sectorial de Gobernación (2007-2012), el cual tiene como objetivo mejorar la calidad de los servicios migratorios modernizando los trámites en desarrollo tecnológico.
3. En cuanto a su política para la administración de los recursos humanos, el INM , conjuntamente con la Segob, establece mecanismos de control y supervisión para garantizar que la plantilla ocupacional se ajuste al número de plazas autorizadas por zona económica y de conformidad con el análisis de plazas y remuneraciones, y en su caso, efectuar las gestiones correspondientes para modificar su plantilla autorizada.
Derivado de dicha revisión, se comprobó que los pagos de las percepciones correspondientes a las zonas 1, 2 y 3 por 873.1 millones de pesos se realizaron con base en las nóminas elaboradas por la Dirección General de Recursos Humanos de la Segob , por las cantidades liquidadas que le correspondían a cada trabajador, considerando las cantidades devengadas en el periodo correspondiente y de acuerdo con los tabuladores mensuales brutos de sueldo base y compensación autorizados por la SHCP . Sin embargo, el sueldo base pagado en 7 niveles de la zona 2, por 34.2 millones de pesos, y la compensación garantizada de 3 niveles de la zona 2, por 68.7 millones de pesos, rebasaron los tabuladores autorizados, como se muestra en el cuadro anterior.
5. Para justificar dichos movimientos a la nómina, la Directora General de Recursos Humanos del INM , señaló que el pago de las percepciones en cada una de las quincenas del personal observado se realizó con estricto apego a las Compensaciones Garantizadas y Sueldos Tabulares; para tal efecto envió las pantallas del Sistema de Nómina las cuales indican que el personal observado corresponde a la zona 3.
6. En 2012, el Instituto Nacional de Migración contó con 6,014 plazas autorizadas (1,480 corresponden a
Cabe señalar que lo anterior se originó debido a que entre 35 y 69 plazas autorizadas de la zona 3 se pagaron en la zona 2 y entre 16 y 32 autorizadas en la zona 2 se pagaron en la zona 3, sin que esos movimientos de reubicación de personal se registraran en la estructura ocupacional autorizada; no obstante, ello no implicó rebasar el total de plazas autorizadas en el Analítico de Plazas y Remuneraciones ni los montos mensuales autorizados en los tabuladores para esas plazas.
Al respecto, la Directora General de Recursos Humanos de la Segob señaló que el INM , con la finalidad de regularizar las plazas autorizadas en las zonas que correspondan, giró el oficio núm. INM/DGA/504/2013 de fecha 30 de enero de 2013, y fue en la segunda quincena de febrero de ese año que se aplicaron los cambios solicitados quedando las plazas y zonas económicas de acuerdo a lo autorizado en el Analítico de Plazas.
7. En las partidas 11301 “Sueldo Base” y 15402 “Compensación Garantizada”, se ejercieron 398.0 y 477.1 millones de pesos, respectivamente. Se comprobó que los pagos de las percepciones correspondientes a las zonas 1, 2 y 3 por 873.1 millones de pesos se realizaron con base en las nóminas elaboradas por la Dirección General de Recursos Humanos de la Segob , por las cantidades liquidadas que le correspondían a cada trabajador, considerando las cantidades devengadas en el periodo correspondiente y de acuerdo con los tabuladores mensuales brutos de sueldo base y compensación autorizados por la SHCP . Sin embargo, el sueldo base pagado en 7 niveles de la zona 2, por 34.2 millones de pesos, y la compensación garantizada de 3 niveles de la zona 2, por 68.7 millones de pesos, rebasaron los tabuladores autorizados.
8. La evolución del presupuesto para la Política Migratoria, Programa Presupuestario E008 “Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos” , ha sido de la siguiente manera:
Consideraciones
1. No obstante que la Dirección General de Recursos Humanos emitió diversos documentos para regularizar el número de plazas de acuerdo al analítico de plazas autorizadas, no se proporcionó evidencia de la ejecución de la corrección; asimismo, de la cantidad de códigos y plazas observados (8 claves de puesto y 101 plazas), únicamente se señalan como códigos y plazas a regularizar 5 claves de puesto y 25 plazas.
Lo mismo ocurrió con los movimientos a la nómina en cuanto a los pagos en demasía, sin embargo, de acuerdo con la entidad federativa de adscripción indicado en la nómina y el Catálogo de Zonas Económicas del Gobierno Federal emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigente a partir del 1 de enero de 2011, dichos trabajadores corresponden a la zona económica 2.
El número de plazas de las zonas 2 y 3 no son acordes con las autorizadas en cada una de ellas; se rebasaron los tabuladores autorizados en sueldo base por 34.2 millones de pesos, y en la compensación garantizada por 68.7 millones de pesos; se pagaron 10.3 millones de pesos después de la baja de los servidores públicos.
2. El Programa Presupuestario E008, de manera recurrente ha observado sobreejercicio en el orden de un 160 por ciento para los años 2012 y 2013. En el estado del ejercicio del presupuesto para 2012, de acuerdo con las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012; el presupuesto original autorizado ascendió a 1,830.9 millones de pesos y se modificó con ampliaciones por 3,365.0 millones de pesos y reducciones por 2,115.0 millones de pesos, lo que dio como resultado un presupuesto neto modificado de 3,080.9 millones de pesos, del cual se ejercieron 3,079.7 millones de pesos. La diferencia por 1.14 millones de pesos, se reportó como una economía según el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012.
3. El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que los recursos económicos se administrarán con eficiencia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
4. Lo anteriormente expuesto en observancia a lo señalado en los artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Instituto Nacional de Migración, licenciado Ardelio Vargas Fosado, a realizar las acciones para recuperar 102.9 millones de pesos por los pagos de nómina indebidos al personal e implemente los mecanismos que aseguren el control presupuestal de la nómina, a fin de que erradiquen el desvío de recursos y pagos en exceso o indebidos al personal.
Palacio Legislativo, a 27 de noviembre de 2014.
Diputados: José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Roberto López Suárez, Guillermo Sánchez Torres, Ángel Cedillo Hernández.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del Conaculta a cumplir la normativa sobre la publicación en el DOF de las reglas de operación del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD
Los que suscriben, diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez, Guillermo Sánchez Torres y Ángel Cedillo Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XIX; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y III; y, 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo con base en los siguientes
Antecedentes
1. Desde 1989 a través del mandato irrevocable 10886-1, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y el Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext), constituyeron la operación y funcionamiento para la creación del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), instancia que administra y controla los recursos etiquetados que el gobierno federal y la sociedad civil destinan para la operación de los programas de estímulo, creación y difusión de los bienes artísticos y culturales, así como a la conservación de nuestro patrimonio cultural que en el marco de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) de 1972, han inscrito 10 ciudades mexicanas como patrimonio mundial de la humanidad: Campeche, Ciudad de México y Xochimilco, Guanajuato, Morelia, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Miguel de Allende, Tlacotalpan y Zacatecas.
Al respecto se ha instrumentado el programa Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, para la conservación y preservación de las características que le permitieron a cada ciudad obtener la declaratoria como patrimonio cultural mundial, resguardando y preservando su valor histórico, así como restaurando las características arquitectónicas y urbanísticas, con prácticas de conservación, rehabilitación, recuperación y restauración de cada una de las diez ciudades mexicanas consideradas patrimonio mundial, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes a través de acciones e implementación de proyectos enfocados al uso adecuado de espacios públicos ubicados en los centros históricos de éstas, su rescate con buenas prácticas urbanas, enalteciendo la importancia de sus corredores turísticos.
2. El Fonca se rige por su propia normatividad interna, misma que sólo ha sido aprobada por su órgano rector: la “comisión de supervisión”, quien para efectos de operación y administración de recursos, autoriza tanto las reglas de operación, como los “lineamientos para aplicar recursos del mandato ”. Cabe mencionar que dicha comisión forma parte junto con otras representaciones del órgano colegiado para la toma de decisiones en el Fonca.
Su consejo directivo, mediante la primera sesión ordinaria del 31 de marzo de 2014, aprobó para las modificaciones a las reglas de operación del programa Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, siendo publicadas en su portal de transparencia. No obstante ello, dicho ordenamiento normativo no observa los “criterios generales” señalados en el Diario Oficial de la Federación del 16 de enero de 2002.
Tales reglas de operación, no están alineadas a las disposiciones legales en materia de mejora regulatoria, señaladas en el título tercero A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como en las disposiciones generales que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria emitió mediante oficio del 14 de enero de 2004, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en sus artículos 4o. y 77 Inciso I y del PEF de 2014.
3. Mediante “acuerdo por el que se expiden los criterios generales para modificaciones a las reglas de operación de los programas gubernamentales ya existentes y para la elaboración de las reglas de operación” publicado en el DOF 16/01/02, establece en su artículo segundo que los criterios generales son los siguientes:
I. En la elaboración de las reglas de operación de nuevos programas y en las modificaciones a las reglas que se encuentren vigentes, las dependencias deberán apegarse a lo conducente a la estructura que a continuación se indica:
1. Presentación
2. Antecedentes
3. Objetivos
3.1 Generales
3.2 Específicos
4. Lineamientos generales
4.1 Cobertura
4.2 Población objetivo
4.3 Características de los apoyos
4.3.1 Tipo de apoyo
4.3.2 Monto del apoyo
4.4 Beneficiarios
4.4.1 Criterios de selección
4.4.1.1 Elegibilidad (Requisitos y restricciones)
4.4.1.2 Transparencia (Métodos y procesos)
4.4.2 Derechos y obligaciones
4.4.3 Causas de incumplimiento, retención, suspensión de recursos y, en su caso, reducción en la ministración de recursos
5. Lineamientos específicos
5.1 Coordinación institucional
5.1.1 Instancia(s) ejecutora(s)
5.1.2 Instancia(s) normativa(s)
5.1.3 Instancia(s) de control y vigilancia
6. Mecánica de operación
6.1 Difusión
6.2 Promoción
6.3 Ejecución
6.3.1 Contraloría social (participación social)
6.3.2 Acta de entrega recepción
6.3.3 Operación y mantenimiento
7. Informes programático-presupuestarios
7.1 Avances físicos-financieros
7.2 Cierre de ejercicio
8. Evaluación
8.1 Interna
8.2 Externa
9. Indicadores de resultados
10. Seguimiento, control y auditoría
10.1 Atribuciones
10.2 Objetivo
10.3 Resultados y seguimiento
11. Quejas y denuncias
11.1 Mecanismo, instancias y canales
II. En el caso de programas de subsidios, las reglas de operación que emitan las dependencias, por sí o en su carácter de coordinadoras de sector, deberán sujetarse a criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad en los términos de lo dispuesto por el artículo 59 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002.
En los demás casos, las dependencias deberán prever criterios que aseguren transparencia en su distribución, aplicación y comprobación.
III. Las dependencias deberán prever en las reglas de operación que emitan, la coordinación de acciones que, en su caso, se requiera con otras dependencias, entidades y organismos no gubernamentales, a fin de evitar duplicar el ejercicio de recursos y reducir gastos administrativos, y que los mecanismos de operación y administración faciliten la obtención de información para la evaluación de los beneficios económicos y sociales netos y para el control y seguimiento en su asignación y aplicación.
IV. Los programas que lleven a cabo las dependencias y entidades, sujetos a reglas de operación, deberán cumplir con el principio de anualidad del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que los recursos previstos para los mismos se ejercerán durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2002, así como para el caso de los programas que inician su operación en el presente ejercicio fiscal, en los cuales sólo podrán ejercer sus recursos a partir de que se publiquen sus reglas de operación, y
V. Los recursos asignados a los programas sujetos a reglas de operación no pierden su carácter federal, por lo que en dichas reglas se deberán establecer mecanismos para el control y fiscalización de los recursos públicos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Considerandos
1. Los procesos administrativos del Fonca no cumplen con lo establecido en la mejora regulatoria y sus reglas de operación, a pesar de que se han sido aprobadas por la “comisión de supervisión”, que de acuerdo al mandato , es la máxima figura de autoridad, no cumplen con los ordenamientos que regulan la materia.
En concatenación con lo anterior, las reglas de operación del fondo, no cuentan con la opinión de Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) y tampoco se han publicado en el Diario Oficial de la Federación, de tal manera que puedan producir efectos jurídicos. Como consecuencia de ello, no existe en el programa Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial:
• Informes programático-presupuestarios;
• Avances físicos-financieros.
• Resultados de evaluación.
• Indicadores de resultados.
2. Lo anteriormente expuesto fomenta opacidad en la transparencia y rendición de cuentas, información que no existe en el Portal de Transparencia, dado que sólo publican información de tipo normativo, incumpliendo con ello lo que establecen el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados” y lo expuesto en los artículos 6, 12 fracción IV; 13 fracciones I y II; 15 fracciones XIV, XV y XVI; 32; 39; 49 fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88 fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sean aprobados los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, licenciado Rafael Tovar y de Teresa, a cumplir la normatividad para la emisión en el Diario Oficial de la Federación, de las Reglas de Operación del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, para que produzcan efectos jurídicos, dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 4o. y 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y considerar los “criterios generales para la emisión de las reglas de operación” por la Función Pública.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a registrar el proceso ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, de conformidad con los criterios publicados en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 2002.
Tercero Se exhorta respetuosamente al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a cumplir con las obligaciones derivadas de las reglas de operación, tales como informes programáticos, presupuestales e indicadores, y las demás disposiciones que marca la ley.
Diputados: José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Roberto López Suárez (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres, Ángel Cedillo Hernández.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la STPS y tanto al presidente como al consejo de representantes de la Conasami a fijar los salarios mínimos profesionales correspondientes a trabajadores domésticos, a cargo de la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I, 62, 76, fracción IV; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
I. En la actualidad es una obligación de las instituciones del Estado mexicano proteger los derechos laborales de las y los trabajadores, en especial de este grupo de empleados del hogar, quienes se encuentran vulnerados en sus derechos laborales, es decir gozan de protección parcial por ser considerado un trabajo especial, además de que no se ha fijado para dichos trabajadores la percepción diaria que han de obtener como producto de su trabajo.
En la Constitución federal, se establece en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo tercero, que “Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones”, situación que en la actualidad se han abstenido de cumplir tanto el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami),el consejo de representantes y el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al no fijar y hacer público cuál es el salario mínimo diario que han de percibir las personas trabajadoras domésticas.
En la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 335, se señala que “La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos profesionales que deberán pagarse a estos trabajadores”, es decir, al trabajador doméstico.
II. Ante la situación anterior y con el objeto de no dejar desprotegido al sector laboral del empleado o trabajador doméstico, la suscrita solicitó al titular de la Conasami, para que informara cuál es el salario mínimo diario que ha de percibir dicho trabajador, ya que en la actual tabla por la que se fijan dichos salarios no aparece el salario diario que ha de percibir el trabajador doméstico.
Con fecha dos de junio del año en curso, se recibió respuesta del Conasami, en que se concretó a responder “...no es atribución de esta comisión nacional el determinar el número de salarios mínimos que percibe una trabajadora...”, refiriéndose al trabajador doméstico, situación que no atiende la petición formulada, ya que no solamente se abstuvo de proporcionar la información solicitada, sino que además la respuesta careció de fundamentación y motivación.
En la página web de la Conasami se establece, entre otras cosas, que su misión es la de establecer las bases y elementos para la fijación de los salarios mínimos generales y profesionales que han de percibir los trabajadores, entre éstos el empleado doméstico, situación que no está cumpliendo el titular de dicha dependencia, ni el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ya que en el artículo 335 de la Ley Federal del Trabajo se establece que el salario del trabajador doméstico será fijado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
III. Es de vital importancia y por ser un derecho constitucional y un derecho laboral, para que los titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión y el de la Conasami, fijen el salario mínimo diario que ha de percibir el trabajador doméstico, y con ello cumplan con lo establecido en la Constitución federal, en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo tercero, así como lo ordenado en la Ley Federal del Trabajo en su artículo 335, ya que hasta la fecha no se encuentra establecido en la tabla de salarios de este año 2014 el monto en salario diario que ha de percibir el trabajador doméstico.
IV. Es claro que esta propuesta no pretende apegarse a la concepción limitada de la Conasami de continuar sin incrementar el salario mínimo de los trabajadores mientras el incremento de los bienes y servicios aumenta desmesuradamente, pretende incorporar la propuesta de fortalecimiento del salario mínimo que considera su incremento paulatino, la indexación de otras medidas económicas y administrativas; a fin de que las y los trabajadores en un futuro logren recibir un salario digno que les permita cubrir de manera suficiente sus necesidades.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se pone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) y al Consejo de Representantes de la Conasami, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones fijen los salarios mínimos profesionales correspondientes a las personas trabajadoras domésticas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2014.
Diputada Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la PGR, la Segob y el GDF a desistirse de las acusaciones contra los detenidos el 20 de noviembre de 2014, suscrita por los diputados María del Socorro Ceseñas Chapa y Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del PRD
Los que suscriben, Socorro Ceseñas Chapa, Agustín Miguel Alonso Raya, Aleida Alavéz Ruiz, Claudia Elizabeth Bojórquez Javier y Alejandro Sánchez Camacho, diputados de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, bajo las siguientes consideraciones:
A través de diversos medios de comunicación, por declaraciones de los familiares y abogados de los detenidos y de informes de diversas organizaciones civiles de protección y defensa de los derechos humanos, entre otras el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC. y de la Organización para los Derechos de la Infancia, hemos sido enterados de las ilegalidades y abusos cometidos contra ciudadanos, jóvenes en su mayoría, con el pretexto de castigar la violencia que se registró en el centro de esta ciudad el pasado 20 de noviembre; sobre todo porque quienes fueron detenidos no fueron quienes cometieron los desmanes y en su mayoría recibieron maltrato de la policía y fueron remitidos al Ministerio Público y luego a las autoridades federales sin que mediara una explicación del motivo de su detención y supuesta culpabilidad.
Como es de dominio público y como se ha hecho habitual desde el 1 de diciembre de 2012, el pasado 20 de noviembre un grupo, no identificado aún, de provocadores, cometió destrozos a todas luces condenables y que deben ser castigados como a derecho corresponde; pero no fue sino hasta después de consumados estos hechos que los elementos de Seguridad Pública del DF, en coordinación con policías federales, iniciaron las aprehensiones, indiscriminadamente, dándose el caso de ciudadanos remitidos sólo por el hecho de defender a jóvenes que eran salvajemente golpeados, y de jóvenes, a su vez, que fueron detenidos en las calles aledañas al Zócalo de la Ciudad de México, muy lejos del escenario de los hechos y además con lujo de violencia.
Organismos defensores de los derechos humanos han enumerado las violaciones a los derechos humanos cometidas al concluir la marcha pacífica del 20 de noviembre, y en primer lugar se ha mencionado que se violentó el derecho a la protesta, ya que el operativo policiaco fue diseñado para generar miedo al cometer actos de represión indiscriminada. Además de las detenciones arbitrarias mediante la generación del caos en medio del desalojo de una plaza pública y, de acuerdo con testimonio, con la intención de que la gente no vuelva a manifestarse.
Existen irregularidades comprobadas también en las averiguaciones previas. Sabemos de casos de detenidos que fueron torturados y amenazados, hubo a quienes se les sembraron armas blancas sólo para inculparlos. Hay casos de detenidos muy lejos del escenario de los desmanes, a quienes los policías que los remitieron ubican haciendo destrozos en las inmediaciones de Palacio Nacional. Incluso, hay casos de ciudadanos que estaban pidiendo “no violencia” que recibieron como respuesta golpes e insultos por parte de la policía. Es inadmisible que jóvenes estudiosos, ejemplares, en algunos casos único sostén de sus familias, y adultos productivos y responsables, reciban la cárcel como castigo por su espíritu solidario y se les mantenga en penales de alta seguridad y además fuera de su lugar de residencia bajo cargos tan insostenibles como la asociación delictuosa, motín y tentativa de homicidio, considerados delitos graves que no alcanzan fianza.
En el caso de los detenidos con motivo de los sucesos violentos del aeropuerto de la Ciudad de México, en la mañana del jueves 20 de noviembre, también hay irregularidades y violaciones muy parecidas. A todos los detenidos se les acusó de los delitos de ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad, portación y fabricación de objetos aptos para agredir y portación de arma prohibida, que si bien son considerados como no graves por lo que alcanzan el beneficio de la libertad bajo caución, los mantendrán bajo proceso con los inconvenientes que esto implica y corriendo el riesgo de ser sentenciados, como ya ha pasado, sin pruebas firmes y certeras.
Como antecedente de todo esto, cabe señalar que el 14 de noviembre por la noche fueron detenidos por agentes federales vestidos de civil, dos jóvenes activistas Julián Luna y Alejandro Fidel Ramírez. Los “levantaron” en la colonia Del Valle, y después de horas desaparecidos los llevaron al Ministerio Público de la delegación Benito Juárez, y ahí los acusaron de haberles robado –a los mismos policías– 500 pesos, armados con dos cuchillos. Ambos fueron trasladados al reclusorio Norte sin que hubieran pasado las 48 horas que la ley establece.
El 15 de noviembre, Jacqueline Santana (estudiante de la carrera de economía en la FES Aragón) y Bryan Reyes Rodríguez (guitarrista de flamenco y maestro de música) fueron detenidos a las afueras de la unidad donde viven, cerca de la delegación Venustiano Carranza. Bryan es uno de los liberados de las detenciones arbitrarias del 1 de diciembre de 2012, y había denunciado por redes sociales la detención de Luna y Ramírez, así como el hostigamiento y persecución que ellos mismos sufrían por parte de sujetos armados y con radiocomunicadores.
Bryan y Jacqueline fueron detenidos por 14 sujetos vestidos de civil pero trataron de defenderse, gritaron pidiendo ayuda. En medio de la confusión y los gritos fue que llegó un policía preventivo del Distrito Federal y le apuntó a uno de los civiles armados, por lo que estos se tuvieron que identificar como policías federales. Fue hasta entonces que se supo que era la propia policía la que los estaba vigilando y finalmente levantando, sin una denuncia formal contra ellos. Y fue entonces cuando los agentes tuvieron que decir que los jóvenes los habían asaltado, que por eso los estaban deteniendo y que los llevarían al Ministerio Público. Esto es delicado porque hace pensar en un intento de desaparición forzada.
Se les acusa de robo agravado con violencia contra el ejercicio legítimo de la autoridad. Concretamente los agentes dicen que los intentaron asaltar con dos cuchillos y que se llevaron 500 pesos. El delito es considerado grave, así que no hay libertad bajo fianza. Cabe señalar que la defensa de los jóvenes pidió que se hicieran pruebas para mostrar que ellos nunca habían tocado los cuchillos que los federales presentaron como pruebas, ni el dichoso billete de 500 pesos y que se revisaran las cámaras en donde se supone que sucedió el robo. Pero antes del término que establece la ley para el desahogo de pruebas fueron consignados, Bryan al reclusorio Norte y Jaqueline al reclusorio femenil de Santa Martha. Ambos reportan tortura y amenazas dentro de los penales.
Si a eso le sumamos las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto del 19 de noviembre en favor del uso de la fuerza estatal, y las declaraciones del jefe de Seguridad Pública del DF, jactándose de los excesos de la policía antimotines de la ciudad como si fueran heroicidades, estamos ante un signo ominoso que amenaza el desarrollo pacífico de la protesta ciudadana, y más aún, de la tranquilidad de los habitantes de una ciudad que debiera ser ejemplo de libertades y ejercicio pleno de derechos.
Ante estas anomalías solicitamos muy atentamente al procurador general de la República, licenciado Jesús Murillo Karam, y al jefe del gobierno del DF, ponderación de los casos de los imputados, una investigación seria y a fondo que permita ubicar a los verdaderos responsables de los actos violentos para que se les castigue conforme a la ley, que regresen al DF los 11 detenidos del 20 de noviembre que se mantiene en penales de máxima seguridad en Veracruz y Nayarit, y el desistimiento de la acción penal contra los detenidos cuya responsabilidad no se ha acreditado ni se pueda acreditar, para que cese el clima de hostigamiento y amenaza que tiende a inhibir deliberadamente la protesta y las actitudes de oposición que se encuadran en el marco del derecho y que hoy se pretende responsabilizar como culpables de la violencia, sometiendo a los detenidos, la mayoría estudiantes, y a sus familias, a una dinámica injusta e inédita desde hace muchos años que debe tener punto final.
Considero que éste no sería un gesto de debilidad, mucho menos pretender que no pasó nada el pasado 20 de noviembre y alentar la impunidad, sino antes bien una necesaria muestra de respeto a los derechos humanos que hoy más que nunca se necesita en el país, y especialmente en la Ciudad de México. Pero además iniciar el esclarecimiento de la verdad mediante acciones que eviten distracciones sospechosas y lleven a lo verdaderamente importante: el esclarecimiento del destino de los 43 desaparecidos de Iguala.
En razón de lo anterior, propongo los siguientes
Puntos de Acuerdo
De urgente y obvia resolución, en los siguientes términos:
Primero. Emitir un exhorto por parte de esta Cámara Diputados al procurador general de la República, licenciado Jesús Murillo Karam, al secretario de gobernación, licenciado Miguel Osorio Chong y al jefe del gobierno del Distrito Federal, licenciado Miguel Ángel Mancera, para que se desistan de las acusaciones sin fundamentos contra los 11 detenidos por los lamentables sucesos del 20 de noviembre de 2014.
Segundo. El inicio de un proceso serio de investigación que permita conocer y detener a los verdaderos responsables de los desmanes y la violencia registrados en el centro de la Ciudad de México y en otros municipios y ciudades del país, así como deslindar las responsabilidades en la represión y las detenciones registradas ese día
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2014
Diputada Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a dictaminar la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de violencia escolar, a cargo del diputado Julio César Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta al Senado de la República a dictaminar la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de violencia escolar, en atención a las siguientes
Consideraciones
Primera. El 29 de abril de 2013, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de violencia escolar, turnándolo en la misma fecha a la Cámara de Senadores para su discusión y votación.
Segunda. El 30 de abril de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores recibió la minuta del dictamen con proyecto de decreto señalado en el punto anterior, turnándolo a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.
Tercera. La Minuta enviada por la Cámara de Diputados propone introducir a la Ley General de Educación, diversas disposiciones con la finalidad de:
• Que las autoridades educativas del país, federales y locales, se coordinen para garantizar la seguridad y convivencia escolar, así como para prevenir y controlar la violencia y el acoso escolar.
• Incluir como obligación de los padres de familia, promover desde el hogar la cultura de convivencia, respeto y tolerancia escolar.
• Que en cada escuela pública de educación básica se establezcan medidas para la divulgación de la cultura de convivencia, respeto y tolerancia escolar.
• Prevenir y controlar la violencia y el acoso escolar como condición para una formación escolar equitativa.
Cuarta. No obstante lo anterior, hasta la fecha, las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos del Senado de la República, han sido omisos en emitir el dictamen correspondiente.
Quinta. Los legisladores que suscribimos el presente punto de acuerdo, estamos conscientes de la necesidad de avanzar en el combate a la violencia escolar, mejor conocida por la expresión “bullying”, que constituye un grave problema educativo sobre el que poco se ha regulado en nuestro ordenamiento jurídico nacional.
Sexta. Con la aprobación de la minuta enviada a la colegisladora, se establecerá un marco de legalidad que imponga límites a todas aquellas conductas que lastiman y vulneran la dignidad de las personas y, que les impiden desarrollarse y crecer de acuerdo a las finalidades que persigue el sistema educativo nacional.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución.
Único. Se exhorta al Senado de la República como cámara revisora, y en específico a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, para que dictaminen a la brevedad posible la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de violencia escolar, recibida para su estudio y dictaminación el 30 de abril de 2013.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2014.
Diputados: Israel Moreno Rivera, Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila, Amalia Dolores García Medina, Antonio García Conejo, Claudia Elena Águila Torres, Jessica Salazar Trejo, Joaquina Navarrete Contreras, Graciela Saldaña Fraire, Roberto Carlos Reyes Gámiz, Saraí Larisa León Montero, Trinidad Morales Vargas, Francisco Tomás Rodríguez Montero, Martha Lucía Mícher Camarena, Mario Rafael Méndez Martínez, Teresita de Jesús Borges Pasos, José Luis Esquivel Zalpa, Verónica García Reyes, Verónica Beatriz Juárez Piña, Elena Tapia Fonllem (rúbricas).
Loading