Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4162-VI, martes 25 de noviembre de 2014
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Proposiciones de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a colaborar por sus dependencias con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones conducentes a deslindar responsabilidades, aplicar sanciones y subsanar el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI y por Enrique Aubry de Castro Palomino, del PVEM
Los suscritos, diputados federales de Jalisco por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a colaborar por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y todas las autoridades competentes de la administración pública federal con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones necesarias a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen las sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La laguna de Cajititlán, en Tlajomulco de Zúñiga, cerca del lago de Chapala, tiene 9 kilómetros de longitud y 2 de ancho. Es pequeña, comparada con el lago de Chapala, pero se le considera la laguna de la zona metropolitana de Guadalajara por su majestuosidad y atractivo turístico.
Formada con el agua de lluvia proveniente de las serranías que la rodean, la laguna de Cajititlán es un lugar único y muy especial para los tapatíos y todos los jaliscienses.
Hoy, desgraciadamente, nuestra bella laguna está sufriendo los embates de los cambios climáticos o, peor aún, de posibles actos de negligencias y violencia ambiental.
Según la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, hasta el domingo 31 de agosto se habían extraído más de 30 toneladas de peces muertos. Para el martes ya se contabilizaban más de 50 toneladas.
Debemos reconocer que las autoridades han puesto su empeño para detectar la causa de la muerte de la gran cantidad de peces en la laguna.
Aparentemente se desconoce si es un fenómeno natural o se trata de un evento provocado por conductas perniciosas de ciertos individuos.
La secretaria de Medio Ambiente en Jalisco, Magdalena Ruiz, informó que ya se han enviado brigadas de trabajadores para apoyar a los pescadores locales en la retirada de los peces muertos, así como técnicos para evaluar la situación de las plantas de tratamiento de aguas de la ribera de la laguna.
De acuerdo con el doctor Manuel Guzmán Arroyo, director del Instituto de Limneología de la Universidad de Guadalajara, se trata de un problema provocado por el nivel de agua de la laguna, “que resulta demasiado bajo para cubrir las necesidades de oxígeno de los peces”.
El especialista explicó que “el lago tiene problemas porque le sacan demasiada agua. Una ventisca fuerte puede remover el fondo se levantan los sedimentos, se mezcla y se agota el oxígeno en el agua”.
Otra explicación que se ha dado es que la ausencia de agua suficiente y de oxígeno obedece al riego del valle adyacente y la existencia de un canal de adiestramiento para deportes acuáticos que también extrae agua de la laguna.
Durante estos días, la Secretaría de Medio Ambiente de Jalisco ya dio a conocer que estableció un mando único para la atención de la contingencia ambiental. La Profepa y la Comisión Estatal del Agua han tomado importantes medidas de coordinación para que la contingencia ambiental se estabilice de manera positiva, se recupere el equilibrio ecológico de la zona y, desde luego, se subsane en lo posible el daño ambiental ocasionado.
En resumen:
(i) La recurrente crisis ambiental en la laguna de Cajititlán –cuatro periodos de muertes masivas de peces– puede tener su causa en cuestiones cíclicas u ocasionadas por la acción irresponsable del hombre; y
(ii) Ante estos hechos, hay instancias gubernamentales competentes para investigar el hecho y las formas de resarcir el daño ocasionado, buscando a su vez a los responsables y sancionándolo conforme a las leyes que nos hemos dado.
Nuestra posición como diputados al Congreso de la Unión es coadyuvar con las autoridades locales para resolver, de acuerdo con nuestras atribuciones, los problemas que pudiesen afectar a nuestros representados.
Hoy, las niñas, los niños, las mujeres y los hombres de Jalisco están sufriendo una afectación ambiental que merece toda la atención, tanto de las autoridades locales como federales. Merece que nos dispongamos a revisar las leyes en materia ambiental, tanto por lo que toca al Congreso de Jalisco, como lo que corresponde al Congreso de la Unión. Deben provocar toda nuestra atención y, desde luego, la coordinación de todas las autoridades competentes al efecto de deslindar responsabilidades, encontrar y sancionar a los culpables y, más importante aún, lograr reestablecer el equilibrio ecológico en la zona afectada y prevenir nuevas afectaciones.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de la Cámara de Diputados el presente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a colaborar por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y todas las autoridades competentes de la administración pública federal con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones necesarias a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen las sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2014.
Diputados: Abel Salgado Peña (rúbrica), Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica), Leonardo Alcalá Padilla (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Salvador Barajas del Toro, Marco Antonio Barba Mariscal, Sergio Armando Chávez Dávalos, Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la secretaria de Salud a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y los instrumentos destinados a crear conciencia, prevenir y alertar a la población sobre la prevalencia de factores epidemiológicos que se acentúan en esta temporada en diversas partes del país, a cargo del diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
El que suscribe, Rubén Benjamín Félix Hays, diputado de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, respetuosamente somete a consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
El derecho a la salud, en su máxima expresión y alcance, fue consagrado por primera vez en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS)1 de 1946, al señalarse que “...el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión ideología política o condición económica o social...”.
Desde entonces, este derecho humano se ha expresado en la Declaración Universal (artículo 25) y Americana (artículo 11) de Derechos Humanos en 1948; afianzado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y reiterado en la Declaración de Alma-Ata de 1978 y en la Declaración Mundial de la Salud de 1998.
En tal sentido, el acceso a los bienes, servicios y oportunidades destinados a satisfacer las necesidades de salud es un derecho humano fundamental y es la clave para que las personas puedan disfrutar de otros derechos humanos fundamentales.
Indudablemente, en México se ha avanzado sustantivamente en la construcción de una cultura de derechos humanos, misma que ha comprendido procesos de armonización legislativa con los más altos estándares internacionales, de fortalecimiento institucional e instrumentación de políticas públicas específicas en la materia.
A nivel constitucional y en sus leyes secundarias, la protección y acceso pleno al derecho a la salud de las y los mexicanos está garantizado y existe una muy amplia cobertura de servicios de salud para la población que lo necesita.
No obstante estos avances, es menester que el Estado mexicano redoble esfuerzos en aquellas áreas que puedan, por la naturaleza de sus elementos y factores, generar mayor susceptibilidad y riesgos entre la población del país, de tal manera que se salvaguarde la plena vigencia de derecho humano a la salud, atendiendo prioridades de orden local y nacional.
La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a todos los países ser capaces de detectar, comprobar rápidamente y responder de forma adecuada a las amenazas de enfermedades emergentes y con tendencia a producir epidemias, a fin de reducir al mínimo su impacto en la salud y la economía de la población local y mundial.
Consistente con esta recomendación, la OMS mantiene un sistema de vigilancia epidemiológica que da seguimiento a la evolución de enfermedades infecciosas en el mundo, alertando cuando es necesario, compartiendo conocimientos técnicos, y articulando las respuestas necesarias para proteger a las poblaciones de las consecuencias de las epidemias, cualquiera que sea su origen y dondequiera que se declaren.
De manera correspondiente, en el país contamos con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) el cual ha demostrado su eficacia en la materia, al alertar con prontitud y de manera sumamente responsable una de las mayores contingencias sanitarias que haya ocurrido en el país en los últimos años.
Entre marzo y abril de 2009, cuando el entonces Sistema de Vigilancia Epidemiológica identificó el virus que se denominó como Influenza A (H1N1), se pusieron en marcha diversas acciones en materia de salubridad a fin de controlar la epidemia, prevenir nuevos contagios y combatir el virus existente; asimismo, se pusieron en marcha campañas oportunas de vacunación e información.
Por las acciones realizadas durante dicha contingencia, México recibió amplio reconocimiento a nivel internacional: en la 62ª Asamblea Mundial de la Salud, efectuada del 18 al 22 de mayo de 2009, en Ginebra, Suiza, el país fue calificado como ejemplo de cooperación internacional y durante la 49ª Reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), celebrada del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2009, en Washington, D.C., se otorgó un reconocimiento al trabajo del Gobierno mexicano por su labor frente a la contingencia epidemiológica, destacando la transparencia que se tuvo en el manejo de información.
La situación epidemiológica mundial y regional nos obliga a retomar la pasada experiencia y ser muy responsables en la vigilancia y monitoreo que se realice a los factores epidemiológicos internacionales, además de estar alerta a los del orden nacional.
Basta recordar que la alerta sobre el brote de enfermedad por el virus del ébola del pasado 30 de agosto del año en curso en Senegal transitó a la generación de una alerta regional para África Occidental en menos de una semana (4 de septiembre de 2014), coincidiendo con el reporte de dos casos de infección humana por virus de la gripe aviar A(H7N9) en la República Popular de China, confirmada mediante pruebas de laboratorio.
En el caso de China, su gobierno, atendiendo protocolos sanitarios internacionales, tomó las siguientes medidas de vigilancia y control:
a) fortalecimiento de la vigilancia y el análisis de la situación;
b) fortalecimiento de la atención clínica y el tratamiento médico;
c) comunicación pública del riesgo y difusión de información.
En el caso del ébola, según la OMS en uno de sus últimos comunicados, su brote en el África Occidental es el peor en la historia. El número de muertes por el virus asciende a más de 3 mil y el número de casos de personas infectadas alcanzó ya los 6 mil 553.
Esta enfermedad se caracteriza por la aparición súbita de fiebre, debilidad intensa, mialgias, cefalea y odinofagia, seguido de vómitos, diarrea, conjuntivitis, erupciones cutáneas, disfunción renal, hepática y en algunos casos, sangrado gastrointestinal y coagulación intravascular diseminada.
Dada la cobertura mediática que ha tenido en los últimos días hemos tenido conocimiento de su ingreso al continente americano, específicamente mediante un caso comprobado de un paciente en el estado de Texas, en los Estados Unidos de América.
La primera persona en ser diagnosticada con ébola en territorio estadounidense acudió a una sala de emergencias la última semana del mes de septiembre pasado, pero no fue internado por el personal del hospital a pesar de que indicó que había viajado a Liberia.
Tal razón obedeció a que basados en sus síntomas, los médicos tratantes indicaron que no había razón para internarlo cuando se presentó por primera ocasión en la sala de emergencias, el pasado jueves 25 de septiembre por la noche.
Tres días después, el hombre regresó al centro médico, en donde se determinó que probablemente tenía ébola. Fue en ese momento que se decidió aislarlo.
En una reunión de alto nivel, convocada por el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, el mandatario estadunidense, Barack Obama, urgió al mundo a convertir en una “prioridad” la lucha contra el brote de ébola en África Occidental y advirtió que puede causar una “catástrofe humanitaria” en la región y es una “creciente amenaza a la seguridad global”.
Por su cobertura mediática, como advertíamos líneas arriba, y la falta de información y estrategias de comunicación oficial entre la población, el ébola ya ha caudado confusión y alerta en el país.
La llegada, el pasado 1 de octubre del año en curso, de un paciente africano de origen ghanés, al Hospital General doctora María del Socorro Quiroga Aguilar, en Ciudad del Carmen Campeche, con síntomas similares al virus del ébola, generó pánico entre el personal que ahí labora y familiares de los pacientes que se encontraban en el área de urgencias.
La Secretaría de Salud de Campeche, ese día informó del ingreso al citado hospital de un paciente de origen ghanés con un cuadro clínico que corresponde a un síndrome febril, sin asociación epidemiológica con el virus del ébola.
En el reporte se lee que el paciente masculino, de 52 años de edad, se encuentra aislado, como marca el protocolo ante cualquier cuadro clínico de este tipo. Asimismo, se realizan estudios de laboratorio para descartar enfermedades infecciosas, tales como dengue, chikungunya, paludismo, leptospira, toxoplasma, rubeola y citomegalovirus.
Un día antes, el pasado martes 30 de septiembre, la Secretaria de Salud federal, la Médico Cirujano Mercedes Juan López, afirmó, en el marco de su participación en la 53 reunión de la Organización Panamericana de la Salud en Washington, DC, que el país tiene los recursos necesarios para el diagnóstico y manejo de cualquier sospecha de ébola.
Se ha indicado que México es considerada una nación de muy bajo riesgo dada la localización geográfica y el escaso flujo migratorio del país con la zona de riesgo; no obstante, a las personas que abordan aviones en la zona del brote se les revisa si sufren fiebre, pero los síntomas pueden comenzar hasta 21 días después de la exposición.
El ébola no es contagioso hasta que comienzan los síntomas, y se necesita un estrecho contacto con los fluidos corporales de un enfermo para que se propague.
De ahí la importancia de que se difunda, de manera clara, pertinente y oportuna la información sobre los efectos, síntomas y acciones a seguir en casos infecciosos como el ébola.
Sin embargo, a nivel local, en el país tenemos otros casos altamente epidemiológicos que atender.
Mientras que la posibilidad de que el virus del ébola llegue es extremadamente remota, es un hecho que el chikungunya 2 llegará al país.
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud federal, doctor Pablo Kuri, indicó desde el pasado mes de agosto a un medio de comunicación nacional que “...hay un caso importado, es decir, no se contagió aquí, se contagió en las islas del Caribe, pero como tenemos el vector y hay mucho tránsito entre mexicanos a la zona donde hay casos seguramente va a llegar, la pregunta es ¿cuándo y dónde?, no sabemos, pero hay que estar atentos para cuando llegue”.3
En la misma entrevisto dejó ver que se desconocen los alcances que podría tener el brote una vez que el virus comience a circular, por lo que recomendó tomar las medidas preventivas para evitar la proliferación del mosquito transmisor.
Las personas contagiadas de chikungunya presentan fiebre, dolores articulares, dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas, según la Organización Mundial de la Salud.
La enfermedad puede presentarse entre tres y siete días después de la picadura del mosquito infestado, y las manifestaciones clínicas pueden durar entre dos y 12 días.
Clínicamente es difícil su diferenciación con dengue, sin embargo en la infección por virus chikungunya el dolor es mucho más intenso y localizado en las articulaciones y tendones, y en algunos casos pude ser incapacitante. Se debe distinguir chikungunya del dengue, que puede tener una evolución más tórpida, ocasionando inclusive la muerte.
No existe ningún antivírico específico para tratar la fiebre chikungunya; e l tratamiento consiste principalmente en aliviar los síntomas, entre ellos el dolor articular, con antipiréticos, analgésicos óptimos y líquidos. No hay comercializada ninguna vacuna contra el virus chikungunya.
Aunque la afección llamada chikungunya generalmente no es fatal, la epidemia ha rebasado la capacidad de atención de los hospitales y mermado la productividad económica de varios países de Sudamérica y el Caribe y se ha manifestado con notables efectos en Colombia, Ecuador, Brasil y Venezuela y con mucha proximidad en El Salvador, Nicaragua, Belice y Guatemala.
La República Dominicana es el país más afectado por el virus debido a que tiene la mitad de los casos en el continente americano; según la Organización Panamericana de la Salud, el chikungunya se ha propagado a mínimo 24 países y territorios en el hemisferio occidental desde que se registró el primer caso, a finales del 2013, en la parte francesa de la isla caribeña de San Martín, contabilizándose hasta el pasado mes de mayo de 2014, más de 4 mil 500 infectados en el continente Americano.
Por otro lado, el escenario reportado sobre una enfermedad epidemiológica en los últimos Informes Epidemiológicos semanales por la Dirección de Información Epidemiológica, dependiente de la Secretaría de Salud, llama poderosamente la atención del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Nos referimos en caso concreto con el avance y daños que está generando la fiebre hemorrágica por dengue en el país, hasta el pasado 29 de septiembre de 2014.
Si bien los reportes confirman un descenso de los registros en el 2014, respecto del año precedente, en un 64 por ciento de los casos estimados y del 55 por ciento de los confirmados, es notorio el incremento y tendencia de casos confirmados, por cada 100 mil habitantes, en entidades como Baja California Sur (204.58), Colima (74.17), Sinaloa (53.81), Campeche (41.49) y Oaxaca (36.43).
La estadística anterior nos permite dimensionar el problema; sin embargo, atendiendo la información sobre el número de personas registradas por casos confirmados de dengue, el panorama es sumamente desalentador.
5 entidades del país acumulan el 50 por ciento: Veracruz, con 2 mil 160 personas; Sinaloa, con 1,591; Baja California Sur, con 1 mil 519; Oaxaca, registra 1,452 y Guerrero 1 mil 286 . Conviene recordar que los datos anteriores pueden ser mayores, pues derivan de la confirmación de casos probables, después de practicados diversos análisis de laboratorio
En el país, en lo que va del año, se han registrado 16,092 casos confirmados de personas afectadas por el virus del dengue y se encuentran bajo análisis otros 24,959 más; sin embargo, en cinco entidades, el incremento porcentual en las últimas cinco semanas ha rebasado al 50 por ciento.
Así, estados como Veracruz, con 2,160 casos (78.7 por ciento); Sinaloa, con 1,591 (57.2 por ciento); los 1,519 de Baja California (164.2 por ciento), así como los 1,452 enfermos de Oaxaca (59.2 por ciento) y los 549 registrados en Morelos (61.0 por ciento) nos deben de movilizar a la acción, urgiendo que las autoridades sanitarias actúen con prontitud ante este mal que es sustancialmente prevenible, mediante acciones concretas, probadas y coordinadas entre el nivel Federal, estatal y municipal.
Ya van 22 decesos en este 2014 y aunque la tendencia sea menor que los 40 fallecimientos registrados en el 2013, la letalidad es 28.2 por ciento mayor que la registrada el año pasado; si se previene y se actúa oportunamente, no deberemos lamentar un fallecimiento más.
Es importante recalcar que aunado a una efectiva política pública en materia sanitaria que contribuya con acciones concretas a prevenir y reducir los daños que el virus del dengue llegase a ocasionar en la salud de las y los mexicanos, también debe prevalecer una absoluta transparencia en el manejo de la información, además de que esta debe ser suministrada a la ciudadanía de manera oportuna.
El dengue históricamente en el país, ha presentado una tendencia de mayor incidencia entre los meses de julio a octubre, coincidiendo con la temporada de lluvias y las condicionantes que propician su proliferación.
No obstante la preparación y capacidad probada de las instituciones del sector salud sobre la detección, tratamiento y medidas preventivas, entidades como Baja California Sur, Sonora y Sinaloa presentan un mayor grado de alerta por las condiciones de salubridad en que quedaron después del paso de Odile por esa región, al grado que la incidencia fue la mayor del país en Baja California Sur, alcanzando 327.95 por cada 100 mil habitantes.
En Nueva Alianza coincidimos en que el derecho a la salud debe ser visto como el derecho a un sistema de salud efectivo e integrado , que abarque la asistencia médica y los determinantes subyacentes de salud, que responda a las prioridades locales y nacionales , y que esté al acceso de todos; por ello, las instituciones responsables de la salud de millones de mexicanos debe brindar información más precisa sobre aquellos padecimientos que por su impacto en la salud pública requieren de una vigilancia estrecha y la difusión oportuna de información.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que fortalezca los mecanismos, protocolos e instrumentos implementados para la vigilancia epidemiológica en el país, de tal manera que ante la presencia de un agente epidemiológico relevante, las instituciones del Sector Salud respondan con pertinencia y eficacia a las contingencias sanitarias que se presenten a lo largo del país.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades, dicte las medidas necesarias a efecto de que en los medios masivos de comunicación informe a la ciudadanía sobre la sintomatología más relevante del ébola y con ello, coadyuve a la proliferación de un clima social sano, responsable y ordenado, evitando desinformación y psicosis social.
Tercero. Finalmente, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal y a las instituciones de salud estatal para que refuercen la vigilancia epidemiológica, la atención médica y las medidas preventivas ante los incrementos focalizados del dengue en el país, principalmente en los estados de Baja California Sur, Colima y Sinaloa que tienen un mayor registro de casos de dengue hemorrágico.
Notas
1 Documentos Básicos, 43ª edición. Organización Mundial de la Salud, Ginebra 2001. La Constitución fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional de 1946.
2 La palabra chikungunya proviene de la lengua makonde de Tanzania, en el este de África, y podría traducirse como “lo que dobla”, en referencia al severo dolor en las articulaciones que hace que los enfermos se contorsionen.
3 Preocupa más chikungunya que el ébola, Laura Toribio. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/08/06/974750
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2014.
Diputado Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita la comparecencia del titular de la SCT para explicar las razones de que se revocara la licitación sobre el proyecto del tren de alta velocidad de pasajeros México-Querétaro, a cargo del diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del PAN
Fundamento legal
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracciones II y III, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se solicita al presidente de la República, que se reconsidere la ubicación de la construcción de la estación del proyecto de tren de alta velocidad de pasajeros, México–Querétaro, en el municipio de Querétaro.
Lo anterior bajo las siguientes
Consideraciones
Quiero destacar que estoy a favor de la modernización y el progreso ordenado de nuestro país; de igual manera deseo señalar que es pública mi defensa del derecho a la movilidad de todos los mexicanos y particularmente de los habitantes de mi estado natal, Querétaro; por esta razón en mi calidad de diputado federal y a petición expresa de vecinos de Hércules, La Estación, Del Bosque, Álamos, San Javier, Jardines de Querétaro, entre otras colonias, en las delegaciones Centro Histórico y Cayetano Rubio del municipio de Querétaro, solicito que sea reconsiderada la ubicación de la estación del Tren de Alta Velocidad de Pasajeros México-Querétaro, al presidente de la República.
La problemática se hizo de mi conocimiento desde el pasado 6 de septiembre de 2013, cuando vecinos de la colonia Hércules solicitaron mi intervención para conocer el proyecto del tren de alta velocidad de pasajeros México-Querétaro, expresándome su preocupación, pues no habían sido escuchados por ninguna autoridad, y tampoco habían podido ser informados oficialmente sobre dicho proyecto, no obstante que el personal que se ostentaba como perteneciente a la empresa Prointec Ipimsa, realizaba actividades en su colonia, tales como estudios de mecánica de suelos y a la vez, solicitaba a los vecinos realizar avalúos respecto de sus inmuebles que, a decir de estas personas, serían afectados por la obra mencionada en más de seis colonias de la Delegación Cayetano Rubio en el municipio de Querétaro; además de lo anterior, solicitaban la preparación de los documentos que les permitieran acreditar la propiedad de los mismos, pues mencionaban que estos serían expropiados.
Todas estas actividades fueron realizadas por el personal de la empresa Prointec Ipimsa, haciendo referencia a que era una encomienda del Gobierno de la República, para lo cual se acreditaron con documentos que así lo señalaban.
Ante esta situación, los vecinos organizados solicitaron información a las autoridades estatal y municipal, con el propósito de conocer de manera oficial, cuál sería el impacto que el proyecto del tren de alta velocidad generaría en su patrimonio y calidad de vida.
Al no obtener respuesta de ninguna autoridad en el estado de Querétaro, los vecinos pidieron que en mi calidad de representante popular, intercediera para que pudieran conocer los alcances de dicha obra, por lo que desde el pasado 25 de septiembre de 2013, solicité a las autoridades municipales; presidente municipal y la Oficina de Acceso a la Información Pública, a las autoridades estatales: gobernador del estado y a la Oficina de Acceso a la Información Pública, así como a las autoridades federal: presidente de la República, secretario de Comunicaciones y Transportes de gobierno federal y al director de la Región Centro Querétaro de la SCT, que se entregara información y documentación relacionada con el proyecto, para que los vecinos la conocieran. En todos los casos se obtuvo resultados negativos, pues se argumentó que en ese momento no se tenía nada sobre el proyecto.
Ante la falta de respuesta, el 14 de abril del año en curso, solicité de nueva cuenta la intervención del presidente de la República y del propio secretario de Comunicaciones y Transportes mediante un oficio en el cual les hacía saber esta situación.
La incertidumbre de los ciudadanos sobre la afectación a su patrimonio y a su calidad de vida con motivo de este proyecto, se incrementó cuando, no obstante haberse comprometido en dos ocasiones ante los medios de comunicación el gobernador del estado de Querétaro José Eduardo Calzada Rovirosa, a que el secretario de Comunicaciones y Transportes, explicaría ante la opinión pública dicho proyecto, sin que ello aconteciera, pero en su lugar el contador público Pablo Suarez Coello, director de Transporte Ferroviario y Multimodal, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realizara el pasado 29 de abril de 2014 declaraciones a los medios de comunicación, durante una visita a la ciudad de Querétaro, en la que anunció que la ubicación de la estación estaría en un predio ubicado entre las colonias Calesa y El Pedregal de Querétaro, a la altura del cruce de las vías del ferrocarril México-Piedras Negras con avenida Bernardo Quintana. Prácticamente en el centro de la ciudad de Querétaro, negándose a proporcionar documentos o información adicional que avalara y justificara la construcción de la estación en ese lugar.
El funcionario simplemente señaló que la ubicación del lugar cuenta con los estudios de impacto ambiental necesarios, las especificaciones técnicas requeridas y que no afectaría la dinámica social de los habitantes de la zona de Hércules, además de que la afectación a la circulación vial sobre Bernardo Quintana y avenida Industrialización, sería de 4 por ciento, y que el proyecto se espera concluya el segundo semestre de 2017.
Sin embargo, hasta el día 11 de junio de 2014, mediante diferentes gestiones el Dr. Carlos F. Almada López, Subsecretario de Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, recibió a un grupo de personas integrados por representantes de colonos, ciudadanos interesados, especialistas en la materia, al presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro, AC, al diputado local Alejandro Cano Alcalá, y a su servidor como representante popular federal, donde se acordó que el Colegio de Ingenieros Civiles emitiría un dictamen técnico sobre la viabilidad de la ubicación propuesta para la estación del proyecto del tren de alta velocidad de pasajeros México-Querétaro. Para tales efectos, el subsecretario se comprometió a la entrega de la información necesaria para ello, la cual, como ya se mencionó tenía más de nueve meses de haberla solicitado.
Con la información proporcionada, el pasado 8 de septiembre de 2014, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro, AC, realizó la entrega del dictamen acordado, haciendo entrega al secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza, al gobernador Querétaro José Eduardo Calzada Rovirosa, y un día después al suscrito.
Dictamen técnico del cual se advierte las siguientes consideraciones técnicas, que citaré de manera textual:
“...
Una vez que se contó con la documentación referida en los antecedentes de este documento, misma que fue la única disponible, una vez que se agotaron las vías de solicitud de información adicional referente a los mecanismos utilizados para la determinación de la ubicación de la estación en territorio de Santiago de Querétaro y habiendo procedido a una exhaustiva revisión y análisis técnicos de dicho acervo, se concluye que la localización propuesta es social, ambiental, vial y urbanísticamente inviable.
El predio propuesto para la estación provisional del TAV, sin menospreciar que el uso pretendido está prohibido, es inadecuado, pues el único acceso a él es por la lateral del boulevard Bernardo Quintana, cuyo sentido de circulación es de los Arcos hacia Plaza del Parque así como por un puente que conecta a la vialidad primaria denominada avenida Industrialización, con el flujo vehicular procedente de la zona de Hércules-La Cañada con la avenida Corregidora Norte que igualmente es una vía primaria saturada y que desemboca al Centro Histórico, con las limitaciones propias de una ciudad fundada cuando sus habitantes difícilmente contaban con caballos y la mayoría cotidianamente caminaba.
Adicionalmente, es de señalarse que en el entorno inmediato a dicho predio no existe infraestructura ni espacio para crear la necesaria requerida para atender los requerimientos del servicio de transporte público de pasajeros y ello habrá de ocasionar severos problemas para los pasajeros que utilicen dicha estación y los servicios de traslado ferroviario.
El boulevard Obsidiana comprende el corto trecho que corresponde al punto en donde situar el acceso y la salida a la futura estación, nodo crítico que al poner en operación la estación, resultara en un nodo con nivel de servicio H, es decir caótico.
El estudio de demanda de usuarios del TAV arroja un volumen de 22 mil 220 pasajeros diarios entre la Terminal Buenavista y la Estación Querétaro, en ambos sentidos. Lo que representa un total de 55 corridas diarias, 28 desde Buenavista y 27 desde Querétaro, a lo largo de 17 horas de operación diaria, de las 6:00 a las 23:00, esto es, 3.24 corridas por hora, es decir tres y un cuarto por hora a lo largo de las 17 horas de servicio programado.
Con las cifras resultantes del estudio de impacto vial y el consecuente impacto urbano, el flujo existente de vehículos que circulan por la lateral oriente del boulevard Bernardo Quintana Arrioja así como en el retorno en el boulevard Obsidiana y la avenida Industrialización, vialidades que forman el nodo para la circulación del tránsito que procedente de la estación del TAV propuesta, habrían de demandar para el acceso, salida y distribución vehicular inmediata, se obtienen las cifras necesarias y suficientes para determinar la inviabilidad de servicio vial de y hacia la estación referida.
De los pasajeros provenientes de Buenavista solo el 33.2 por ciento tienen como destino final el Estado de Querétaro, distribuidos principalmente entre el área Metropolitana de la ciudad de Santiago de Querétaro (27.3 por ciento) y de San Juan del Río-Tequisquiapan (5.9 por ciento). El restante 67% se dirige a otros destinos del Bajío, principalmente al estado de Guanajuato (13 por ciento), en menor medida a los estados de San Luís Potosí (3.5 por ciento), Aguascalientes (1.6 por ciento) y Jalisco, principalmente de Guadalajara (3.1 por ciento).
En tanto los usuarios que parten de Querétaro, sólo el 27 por ciento se originan en la entidad (18.8 del Área Metropolitana de Ciudad Querétaro y 4.1 por ciento se SJR-TX), el 73 por ciento proviene de otras entidades del Bajío.
Una divisa de peso específico es la correspondiente al carácter patrimonial de las políticas y restricciones de zonificación y utilización del territorio aplicables al polígono amparado por el Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Área de Monumentos del Centro Histórico de Santiago de Querétaro, lo cual apuntala la recomendación para que se resuelva la colocación de le estación TAV en una localización diferente a la actualmente propuesta.
De las situaciones planteadas en este Dictamen y de acuerdo a las condiciones actuales de ocupación y uso del suelo, se determina que la ubicación de la estación en el predio propuesto, presentan obstáculos técnicos insalvables y por lo tanto es inviable.
Los resultados obtenidos reducen sensiblemente la factibilidad para establecer la estación terminal del TAV en el predio propuesto por la SCT.
El Colegio de Ingenieros Civiles de Querétaro, AC, ha realizado estos análisis sobre la viabilidad para la ubicación de la estación provisional de este importante proyecto, en el sitio hasta ahora propuesto en el anteproyecto a cargo de la Secretaría, en esta, su necesaria fase de la maduración que habrá de llegar a las óptimas determinaciones, las cuales hasta el alcance de este trabajo dan un resultado negativo.
Consecuentemente con los resultados de los estudios realizados se concluye que la ubicación de la estación TAV en el sitio propuesto es social, ambiental, vial y urbanísticamente, es inviable, para la estación del tren de alta velocidad de pasajeros México-Querétaro.”
Luego entonces, siendo una premisa superior de cualquier gobernante el propiciar decisiones consensadas y legítimas de las acciones que impactan de forma significativa en la calidad de vida de los gobernados, debiendo en todo momento propiciar que las ciudades se encaminen a la humanización de los entornos urbanos y no atienda únicamente a la industrialización y el comercio. Por ello, es indispensable el uso efectivo de una democracia participativa, incluyendo las opiniones de los sectores especializados, así como de la ciudadanía en general.
No pasa inadvertido para el suscrito, que esta Legislatura Federal se ha distinguido por ser la que más reformas a la Constitución en Materia de Transparencia y Participación Ciudadana ha impulsado, con la finalidad de evitar precisamente el uso discrecional de la información y promover una permanente supervisión de la sociedad al quehacer gubernamental.
Asimismo, uno de los estandartes que he enarbolado durante mi trayectoria como servidor público, ha sido precisamente el de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, como un verdadero mecanismo de combate a la corrupción y de real participación en la toma de decisiones del Estado.
Por lo anteriormente expuesto, es que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete ante el pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Solicita la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República, Gerardo Ruiz Esparza, para que de manera pormenorizada explique las razones por las cuales se revocó la licitación para la construcción del proyecto del tren de alta velocidad de pasajeros México-Querétaro.
Segundo. Se solicite al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que en las nuevas bases de la licitación se reconsidere la ubicación de la estación del proyecto del tren de alta velocidad de pasajeros México–Querétaro, en la colonia Calesa, de la delegación Cayetano Rubio, en el municipio de Querétaro, debiendo tomar en consideración el dictamen técnico realizado por el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro, así como las manifestaciones de especialistas y sobre todo, las expresiones sociales de inconformidad y oposición a dicha determinación.
Diputado Marcos Aguilar Vega (rúbrica)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a realizar diversas acciones en materia de fiscalización en San Miguel de Allende, Guanajuato, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Quienes suscriben, diputados de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en la fracción II del numeral 1, y numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
Con fundamento en los artículos 79, fracción I, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 40 y 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, es necesario que se denuncien hechos que pueden ser constitutivos de manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales o de desvío de los mismos, cuya realización se presume de la difusión que diversos medios de comunicación han realizado del audio de una conversación presuntamente sostenida entre el licenciado Mauricio Trejo Pureco, presidente municipal del San Miguel de Allende, Guanajuato, y el contador público Jaime Cirilo Labrada Araiza, titular de la Tesorería de dicho ayuntamiento.
En efecto, las evidencias ampliamente difundida en medios de comunicación y en redes sociales hacen presumir que servidores públicos del ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato, son responsables del desvío de recursos de programas federales por un monto de 1 millón 390 mil pesos, y que, al parecer, fueron utilizados en fines ajenos a los propósitos originales de dichos recursos, ya que debieron haberse utilizado para la construcción de casas en zonas de alta marginación de dicho municipio.
Como representantes de la sociedad es nuestra obligación solicitar desde ésta alta tribuna que se realicen las acciones necesarias tendientes a vigilar estrictamente la aplicación de los recursos que le pertenecen a todos y cada uno de los mexicanos.
Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo.
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Auditoria Superior de la Federación, a que en el marco de sus atribuciones, requiera a la Secretaría de Desarrollo Social; a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y al ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato y a cualquier otra entidad fiscalizadas responsable de los fondos involucrados, para que procedan a la revisión, durante el ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados; a que se requiera a las entidades fiscalizadas señaladas para que le rindan un informe de situación excepcional durante el ejercicio fiscal en curso sobre los conceptos específicos o situaciones denunciados; a que en caso de que los requerimientos señalados no fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la Ley, imponga las sanciones previstas en la misma; a que su oportunidad, rinda un informe específico a la Cámara de Diputados; y a que finque las responsabilidades correspondientes o promueva otras responsabilidades ante las autoridades competentes, derivadas de los hechos denunciados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2014.
Diputados: Ricardo Mejía Berdeja, Fernando Zárate Salgado, Miguel Alonso Raya, Heberto Neblina Vega, Juan Bueno Torio, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Beatriz Zavala Peniche, Juan Pablo Adame, José Isabel Trejo, José Arturo Salinas Garza, Ricardo Villarreal García, Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, Fernando Rodríguez Doval, Jorge Sotomayor Chávez, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Damián Zepeda Vidales, Rafael Micalco Méndez, Genaro Carreño Muro, Marcos Aguilar Vega, Alberto Díaz Trujillo, Mario Alberto Dávila Delgado, José Antonio González Villarreal, Andrés de la Rosa Anaya, Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, Juan Carlos Uribe Padilla, Arturo de la Rosa Escalante, Tania Margarita Morgan Navarrete, Víctor Rafael González Manríquez, Raudel López López, Víctor Oswaldo Fuentes Solís, Carlos Bernardo Guzmán Cervantes, María Celia Uriel Castañeda, Martha Berenice Álvarez Tovar, Leslie Pantoja Hernández, María Guadalupe Modragón González, Raúl Paz Alonzo, Ana Paola López Birlain, José González Morfín, José Jesús Oviedo Herrera, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Martín Heredia Lizarraga, Carmen Lucía Pérez Camarena, Juan Jesús Aquino Calvo, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Humberto Alonso Moreno, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Felipe Almaguer Torres, Julio César Lorenzini Rangel, Rubén Camarillo Ortega, Alejandra López Noriega, Víctor Serralde Martínez, Jorge Rosiñol Abreu, José Alfredo Botello Montes, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Elizabeth Vargas Martín del Campo, Leonor Romero Sevilla, María Teresa Jiménez Ezquivel, Maximiliano Cortazár Lara, Adriana González Carrillo (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SEP, la SHCP y la SFP, así como a los gobiernos locales y al Conalep, a iniciar el proceso de revisión de los convenios para federalizar los servicios de educación profesional técnica, a cargo de la diputada Dulce María Muñiz Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada a la LXII Legislatura, Dulce María Muñiz Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en virtud de las facultades conferidas en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes
Considerandos
En el año de 1978, durante la presidencia del doctor José López Portillo, fue creada la institución educativa destinada a cubrir las necesidades del sector productivo del país con personal altamente calificado para los servicios laborales y técnicos requeridos. Fue así como se formó a distintos jóvenes egresados de secundaria en el organismo público descentralizado denominado Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).
Cabe mencionar que, en un principio, la educación que se impartía estaba enfocada a formar profesionales que asesoraran y asistieran técnicamente a las empresas sin que la institución respaldara el nivel bachillerato que habían cursado, pero más adelante depuraron estas limitantes abocándose también a capacitar laboralmente a los jóvenes validando y certificando la educación media superior para que los egresados pudieran continuar con su educación universitaria en caso de que desearan seguir superándose académicamente.
Es decir, actualmente el Conalep dota a los alumnos del mayor cúmulo de habilidades que paralelamente a aquellas que requiere el sector productivo del país, contribuyendo a incrementar la productividad y sobretodo, la competitividad de los empresarios nacionales en el ámbito interno e internacional, sin que lo anterior implique sesgar los deseos universitarios de cada uno de los alumnos.
A través del tiempo se han ido construyendo más planteles para llegar al mayor número de poblados del país, hasta tomar su actual constitución de una unidad central que norma y coordina al sistema, 30 colegios estatales, una Unidad de Operación Desconcentrada en el DF, y una representación en el estado de Oaxaca. La lista de planteles, hoy día, asciende a 309 y cuenta con una oferta educativa de 47 carreras.
Es menester señalar que esa infraestructura ha contribuido principalmente a la educación de jóvenes cuyas familias enfrentan mayores rezagos económicos. Para 2007 registraba a 260 mil 7 alumnos, cifra que aumentó a 273 mil 602 en 2008, 282 mil 648 en 2009, 287 mil 379 en 2010, 299 mil 807 en 2011 y para 2012 ya eran 303 mil 955, tendencia alcista que decreció durante 2013 a 303 mil 464, derivado de las limitaciones presupuestales que enfrentó a raíz de factores como la prohibición para el cobro obligatorio de cuotas y el atraso en la entrega de recursos estatales.
Aunque recientemente la dirección general informó que su matrícula actual supera los 304 mil alumnos y que en sus 35 años de existencia ha formado a más de 1 millón 222 mil alumnos, es evidente que las necesidades presupuestarias no sólo persisten, sino que se han agravado derivado del aumento de su matrícula y por consiguiente, del número de docentes, mayor infraestructura y mayor inversión en diversos materiales.
El porcentaje de alumnos que terminan también ha ido aumentando progresivamente: mientras que en 2007 era de 42.7 por ciento, ahora es de 48 por ciento, y con lo que respecta al aumento en el porcentaje de egresados titulados es significativa, pues ha pasado de 64.6 por ciento en 2007 a 88.2 por ciento en 2013.
Respecto a los datos relativos a las entidades federativas se pueden apreciar en la siguiente tabla:
Una vez establecido el impacto favorable que el Conalep ha tenido para hacer posible la movilidad social en el país, es necesario poner especial atención en sus necesidades financieras.
El decreto presidencial del 29 de diciembre de 1978 por el que se creó el Conalep establecía originalmente en su artículo 18 que su patrimonio se constituiría por:
I. Los subsidios que le otorguen el gobierno federal, los gobiernos de los estados y los municipios;
II. Las aportaciones, legados y donaciones que en su favor se otorguen;
III. Los bienes que adquiera o que se le otorguen para su funcionamiento; y
IV. Los demás ingresos que perciba por cualquier otro título legal.
Evidentemente, los tres órdenes de gobierno estaban obligados a contribuir financieramente al sostenimiento de la institución educativa. Sin embargo, en 1998 se expidió un nuevo decreto que transfirió la prestación de los servicios de educación profesional técnica a las entidades federativas, estableciendo que los recursos se entregarían a la institución educativa por medio de convenios de coordinación celebrados entre el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y los gobiernos estatales, siendo el Conalep el órgano coordinador, normativo y rector de las directrices educativas sin menoscabo de que las entidades federativas pudieran participar en tales actividades.
Por ello, el mencionado artículo 18 fue modificado a través del decreto publicado el 4 de agosto de 2011, cambiando la redacción original por la siguiente:
I. Los bienes con los que actualmente cuenta;
II. Los recursos que le sean transferidos anualmente conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, por medio de su coordinadora de sector , y
III. Los demás bienes, derechos y obligaciones que adquiera, se le asignen o adjudiquen por cualquier título jurídico, los ingresos que obtenga por sus operaciones y los que reciba por cualquier otro concepto.
Ahora bien, en cada uno de los “Convenios de coordinación para la federalización de los servicios de educación profesional técnica”, publicados en el año 1999, se establecen en las cláusulas referentes a los recursos financieros aprobados para la educación técnica en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente, que serán transferidos a través de la Secretaría de Educación Pública a los gobiernos estatales para que éstos los transfieran a su vez al Conalep, a fin de prestar debidamente los servicios de educación profesional técnica.
A manera de ejemplo se transcribe la cláusula vigésima tercera del convenio de coordinación celebrado entre las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo Administrativo, con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y el gobierno del estado de México:
Vigésima Tercera. El gobierno federal, a través de “la SEP”, de conformidad con la normatividad vigente, transferirá los recursos financieros necesarios al “gobierno del estado”, en los diferentes capítulos de gasto, para que por conducto del organismo público se responsabilice de la operación de los servicios de educación profesional técnica, autorizados por el “Conalep”.
Las transferencias de los recursos financieros se harán conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el ejercicio fiscal correspondiente y se realizarán de acuerdo con las fechas y calendarios que para tal efecto establezca “la SHCP”.
Ahora bien, los recursos son asignados a los estados a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), que en 2014 contempla un monto de $14,344´243,589 pesos para servicios personales que comparte con los servicios de educación básica en el DF y el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. Monto que en los dos años anteriores fue de $10,990´837,478 pesos.
El mismo fondo, con lo que se refiere específicamente a la educación tecnológica, asciende a $3,601´832,410 pesos, monto que constituía las aportaciones federales para entidades federativas y municipios destinadas a la atención de niños, niñas y adolescentes.
La problemática que ahora se presenta a consideración de esta asamblea consiste en que se han dado casos de denuncia en que las Secretarías de Finanzas estatales han tardado demasiado tiempo en transferir los recursos a los colegios estatales o son preferentemente aplicados a otro rubro, en virtud de que no existe un monto específico que deba destinársele.
En la capital del estado de Guerrero se presentó el caso de que los estudiantes del plantel 1 se negaron a tomar clases, debido a que sus salones carecían de butacas y ni los salones ni los alrededores de las instalaciones contaban con alumbrado. Las autoridades educativas tuvieron que solicitar apoyo al gobierno de Zihuatanejo y Acapulco para solucionar la falta de recursos.
Asimismo, en el plantel de Fresnillo se hizo pública la falta de butacas y las condiciones obsoletas de los talleres que son necesarios para las prácticas complementarias del plan de estudios.
En Michoacán, el director del Conalep, José Arturo Villaseñor Gómez, informó que los recursos que tienen asignados no son suficientes para sostener los 13 planteles existentes en el estado.
Y podríamos seguir refiriendo casos en los que la falta de recursos afecta la calidad educativa y más aún cuando a ello se suma la prohibición del cobro de las cuotas voluntarias y las políticas de gratuidad implementadas en algunos estados, que dispensan el cobro de inscripciones y reinscripciones, factores que tendrán repercusiones en la calidad de la educación e indirectamente provocarán mayor deserción escolar; lo cual no carece de importancia pues según datos del Inegi, hasta el año 2010 del total de la población de 15 a 19 años, sólo 57 por ciento asiste a la escuela y si a ello le sumamos que cuando asisten no cuentan con los implementos necesarios para escuchar una cátedra o practicar lo asimilado en la teoría, las cifras podrían ser más alarmantes.
Por ello son necesarias acciones que fortalezcan a esta institución educativa en los servicios que presta y no sólo se enfoquen en los alumnos mediante la asignación de becas y programas de seguimiento y aprovechamiento académico, parte necesariamente indispensable, sino también en los aspectos administrativos de la institución educativa.
Un principio realmente favorable a este objetivo consistiría en suministrar un monto concreto y continuo a cada plantel, con el cual hicieran frente a las necesidades educativas de la matrícula escolar.
En virtud de lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, así como a los gobiernos de los estados y al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, para que den inicio al proceso de revisión de los convenios para la federalización de los servicios de educación profesional técnica y se establezcan específicamente los montos que los gobiernos estatales destinarán al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2014.
Diputada Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a hacer público en CompraNet el acto administrativo por el cual se canceló la licitación pública internacional sobre la construcción, el suministro, la puesta en marcha, la operación y el mantenimiento del tren México-Querétaro, a cargo de la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 6, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución.
Consideraciones
La licitación pública internacional abierta número LO-009000988-I55-2014 para el otorgamiento de un contrato mixto de obra pública para la construcción, suministro, puesta en marcha, operación y mantenimiento de: (i) una vía férrea; (ii) material rodante; (iii) equipos y sistemas y demás componentes del proyecto del tren de alta velocidad México, DF-Santiago de Querétaro, Querétaro, concluyó el pasado 3 de noviembre, con la emisión del fallo respectivo.
No obstante lo anterior, con fecha 6 de noviembre de 2014, el Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció la decisión del Presidente Enrique Peña Nieto de dejar sin efecto el fallo de la licitación pública internacional sobre la construcción, suministro, puesta en marcha, operación y mantenimiento del tren México-Querétaro, ordenando la reposición del procedimiento de licitación con una nueva convocatoria.
Tres días después, la misma SCT anunció que se indemnizaría a la empresa China Railway Contruction Corporation, tras la cancelación de la licitación pública del tren de alta velocidad que le había sido adjudicada.
Sin embargo, al día de hoy no se ha hecho público el acto administrativo formal de la cancelación que contenga la motivación y fundamentación legal que justifiquen dicha determinación, máxime cuando ya había sido emitido el fallo de la licitación.
Lo anterior cobra gran relevancia, en virtud de que dicha cancelación provocará un grave daño a la Nación, al tener que indemnizar a la empresa que se vio perjudicada.
Para fundamentar lo dicho, resulta de vital importancia señalar que el artículo 40 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, establece las causales de cancelación de una licitación pública: por caso fortuito; fuerza mayor; o porque existan circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad.
Asimismo, el último párrafo del citado ordenamiento, establece que solo por caso fortuito y fuerza mayor no se tiene la obligación de indemnizar a quien se vea afectado.
En el caso de que la causal fuera que existen circunstancias que provocan la extinción de la necesidad de contratar los trabajos, o que se puede ocasionar un daño a la dependencia convocante, se tendrá que indemnizar a los licitantes afectados.
Por su parte, el artículo 70 del Reglamento de la citada Ley de Obras Públicas señala puntualmente que las dependencias o entidades deberán establecer las razones justificadas que funden y motiven su determinación de cancelación.
En este sentido, es imprescindible hacer públicas las causas que motivaron la cancelación y que por consecuencia generarán un daño patrimonial a la Nación, al tener que indemnizar a la empresa perjudicada.
En efecto, al día de hoy, en el portal de CompraNet se puede observar que no existe acto administrativo que ordene y justifique la cancelación, ya que el último acto emitido consistió en el fallo de la licitación, con fecha 3 de noviembre de 2014.
De ninguna manera se puede permitir que meras ocurrencias sin aparente justificación le provoquen un millonario daño a la Nación, por lo que es urgente conocer el fundamento de la cancelación de la licitación pública y las razones que la motivaron, para contar con la información necesaria que deslinde o confirme las responsabilidades correspondientes.
Por lo expuesto se propone a esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes a que haga público en CompraNet el acto administrativo por el cual se canceló la licitación pública internacional abierta número LO-009000988-I55-2014 para el otorgamiento de un contrato mixto de obra pública para la construcción, suministro, puesta en marcha, operación y mantenimiento de: (i) una vía férrea; (ii) material rodante; (iii) equipos y sistemas y demás componentes del proyecto del tren de alta velocidad México D.F. - Santiago de Querétaro, Querétaro.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2014.
Diputada Elizabeth Oswelia Yañez Robles (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a garantizar el cumplimiento de la NOM-028-STPS-2012 en todas las minas del país, a cargo de la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Graciela Saldaña Fraire, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I, del numeral 1, del artículo 6 y numerales 1, fracción II, y 2 del artículo 79, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
Poco menos de 30 por ciento del territorio nacional es ocupado para la actividad minera, es decir, aproximadamente 52 millones de hectáreas.
Las minas en México no cuentan con condiciones de confianza en sus instalaciones, procedimientos y garantías para sus trabajadores, es bien sabido que en muchos de los casos en que han sucedido incidentes, los trabajadores no cuentan con la protección de la seguridad social, cuando todos los días está en riesgo su salud y vida.
La Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2012, regula el Sistema para la administración del trabajo-Seguridad en los procesos y equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas, es decir, está creada para prevenir sucesos tan dolorosos como fue el caso del estallido de una bolsa de gas grisú en Sabinas, Coahuila, en mayo de 2011, donde fallecieron 15 trabajadores. En el mismo estado pero un año después, hubo un accidente en el Hondo de Múzquiz, Coahuila, donde murieron 7 trabajadores en julio de 2012.
Además, quién podría olvidar el último derrame ocurrido en los ríos Sonora y Bacanuchi, donde fueron derramados cuarenta mil metros cúbicos de sustancias toxicas por la compañía Industrial Minera México, quienes fueron también causantes de lo ocurrido en febrero de 2006 en la mina Pasta de Conchos, y que después de 8 años el recuento de los daños sigue siendo desgarrador, como lo precisa la Organización Familia Pasta de Conchos en una “carta abierta” el 9 de septiembre de 2014, señalando:
“Región Carbonífera de Coahuila, 9 de septiembre de 2014
Carta Abierta
A los habitantes de los municipios Aconchi, Ures, Baviácora, Arizpe, Huépac, Banámichi y San Felipe de Jesús; y a sus presidentes municipales: Pedro Armando Lugo López, José Manuel Valenzuela Salcido, Francisco Javier Durán Villa, Vidal Guadalupe Vázquez Chacón, María Delfina López Quijada, Jesús Lauro Escalante Peña, y José Eleazar de la Torre Curiel.
Minera México de Grupo México, de Germán Larrea, y presidida por Francisco Javier García de Quevedo, es corresponsable junto a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del gobierno de Vicente Fox, del mayor desastre humano de la minería contemporánea, el siniestro ocurrido el 19 de febrero de 2006 , en la mina 8 Unidad Pasta de Conchos, donde fueron heridos 11 trabajadores y fallecieron 65 mineros; los restos de 63 de ellos yacen aún en el interior del socavón luego de ocho años, haciéndonos sufrir continuadamente a más de 600 familiares directos, entre ellos a 160 huérfanos.
La misma STPS, tan sólo tres semanas después del siniestro, el 3 de marzo, y ya con los mineros declarados muertos, verificó una inspección extraordinaria sobre las condiciones de seguridad en Pasta de Conchos, a la vez que emplazó a la empresa sobre omisiones asentadas en el acta de inspección del ¡12 de julio de 2014! en la resolución 043/06, la STPS la sancionó por las infracciones cometidas, en inobservancia de los principios de seguridad e higiene con que debe contar todo centro de trabajo; incumplimiento reiterado, cercano a la grave conducta intencional , que colocaba a nuestros seres queridos en estado de indefensión, por ello le impuso una multa de 185 mil 705 pesos. Las omisiones eran escandalosas y se venían repitiendo desde el año 2000. Las mismas inspecciones oficiales dan cuenta de ello: no se ventilaba ni se polveaba suficientemente, no hacían simulacros de evacuación ni había 47 constancias escritas de las medidas y planes de seguridad, había altas concentraciones de gas fuera de la norma, cableado y equipo eléctrico inadecuados, fallaba el ventilador principal, y un funcionamiento deficiente de todos los sistemas, lo que configuró un escenario previo al 19 de febrero, de peligrosa inseguridad y negligencia criminal.
...
...
...
... cercana al río Bacanuchi, ya operaba, sin contar con otro represo de emergencia como lo marca la ley, precisamente para contener un derrame; la inexistencia del depósito impermeabilizado para evitar que fluyan ácidos oxidantes y metales; etcétera, como causas del grave daño ecológico, ya valorado como ecocidio y considerado un “descuido” por Juan José Guerra Abud, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), nos han hecho recordar con indignación las omisiones y negligencias de nuestro caso, tan parecidas aunque diferentes al suyo, y traer de nuevo a la memoria las investigaciones propias, las reflexiones de todos y todas y las conclusiones que ahora les compartimos.
...
...
...
Según la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y otras leyes pertinentes, Grupo México tendrá que resarcir el daño que ocasionó por derramar negligentemente 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado sobre los ríos Bacanuchi y Sonora, pero eso no es nada si no lo obligan a reparar el daño de manera integral, primero, evaluando la pormenorizada afectación a las comunidades y su superación a corto, mediano y largo plazo; enseguida, tomando medidas de no repetición, más caras que las mismas sanciones que se le apliquen, más aún cuando está por conocerse el estudio solicitado a institutos de investigación sonorense sobre el impacto y contaminación del agua, suelo, aire, como consecuencia de las actividades de muchos años atrás de la extracción privada del cobre que han afectado históricamente la flora, la fauna, el agua y han ocasionado distintos daños a las comunidades por lo que nos pronunciamos por el retiro de la concesión al consorcio de parte de la Secretaría de Economía, dado que las propias autoridades federales ya clausuraron 20 minas por incumplimientos menores a la ley que el caso que nos ocupa.
...1 ”
Como vemos en esta carta y en los medios de comunicación nacionales e internacionales, el no garantizar que se cumplan las normas en la materia ha tenido consecuencias lamentables, así como por la falta de prevención de riesgos, por lo que en este punto de acuerdo buscamos que en la medida de lo posible se reduzcan dichos riesgos, una forma sería obligando a las industrias mineras y carboneras a regirse por lo establecido en las leyes mexicanas, cuidando lo más importante que tenemos, a los mexicanos.
Nada puede estar por encima de nuestra Carta Magna, en ella se establece que los derechos humanos se deben garantizar, es decir, nada puede estar por encima de los intereses de la nación, nada puede estar por encima de los mexicanos y sus derechos como lo establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que textualmente dice:
“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal, a garantizar y documentar fehacientemente el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2012 , que regula el Sistema para la administración del trabajo-Seguridad en los procesos y equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas en todas las minas del territorio nacional, a efecto de proteger la seguridad de los trabajadores.
Notas
1. Carta completa se puede consultar en: http://redtdt.org.mx/2014/09/. http://redtdt.org.mx/?s=pasta+de+conchos. por-una-cuerda-vida-para-los-mineros-del-carbon-y-sus-familias/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre 2014.
Diputada Graciela Saldaña Fraire (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SEP y del Inmujeres a establecer diversas acciones con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, suscrita por diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
Las que suscriben, Ana Lilia Garza Cadena, Bárbara Gabriela Romo Fonseca, Carla Alicia Padilla Ramos, Gabriela Medrano Galindo, Laura Ximena Martel Cantú, Lourdes Adriana López Moreno, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, Martha Edith Vital Vera, Mónica García de la Fuente, Rosa Elba Pérez Hernández y Ruth Zavaleta Salgado, diputadas federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La Organización de las Naciones Unidas define la violencia contra la mujer como: “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”.
Asimismo, puntualiza que la violencia contra la mujer es especialmente ejercida dentro de su hogar por su pareja, con una prevalencia del 35 por ciento de las mujeres en el mundo que en algún momento de su vida han sufrido de violencia intrafamiliar, mientras que un 38 por ciento de los asesinatos de mujeres que se producen a nivel mundial son cometidos en igualdad de circunstancias.
Por lo que hace a nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas.
Los estados con mayor tasa de homicidios de mujeres con una incidencia por encima de la media nacional (4.6 por cada cien mil mujeres), son Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas.
Lo anterior sin duda, exalta la necesidad de determinar a la violencia en contra de las mujeres como un problema social de alarmantes dimensiones, a diario millones de mujeres y niñas de todo el mundo son agredidas, golpeadas, violadas, mutiladas e incluso asesinadas producto de la falta de educación y la histórica desigualdad entre mujeres y hombres, que responden a patrones profundamente arraigados en la sociedad y que afectan sin distinción alguna a todos los niveles económicos, culturales y educativos.
Como se ha mencionado, gran parte de los actos de violencia contra las mujeres se presenta desde el hogar, lo anterior justificado por las históricas brechas de desigualdad como resultado de la nula calidad educativa que por años había trascendido en los hogares y escuelas.
Para la erradicación de dichos actos se han impulsado un sin número de campañas que buscan concientizar a la sociedad en general sobre la importancia de no fomentar actos de violencia en contra de las mujeres, las cuales fueron robustecidas con la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, cuyo objeto es establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en nuestra Constitución.
Así también, a nivel mundial la Organización de las Naciones Unidas lanzó la campaña “Únete” para poner fin a la violencia contra las mujeres, proclamando el 25 de cada mes como el “Día Naranja”, invitando a llevar alguna prenda de ese color para resaltar el llamamiento a erradicar la violencia contra la mujer sin reservas, equívocos o demora.
Para este 2014, dicha campaña extiende ese Día Naranja a 16 días de activismo contra la violencia basada en el género, desde el 25 de noviembre en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.
Actos que sin duda reflejan la preocupación y el compromiso por lograr por completo la erradicación de la violencia en contra de las mujeres a nivel mundial, sin embargo, no se puede dar por cumplida la labor, pues hoy en día siguen existiendo casos de violencia, principalmente provocados por la falta de educación.
Estamos conscientes de que aún hay mucho por hacer, la finalidad es contribuir con firmeza a la consolidación de una cultura de igualdad de género, lo que nos permitirá avanzar en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria para todos.
En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados respetuosamente exhorta a la Secretaría de Educación Pública a efecto de que se fortalezcan los medios de información impartidos en las escuelas en materia de igualdad y respeto a las mujeres.
Segundo. La Cámara de Diputados respetuosamente exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres a fin de que establezca en coordinación con las autoridades de los tres niveles de Gobierno las acciones necesarias para dar a conocer de manera eficaz los medios de defensa y denuncia con los que cuentan las mujeres víctimas de violencia, incentivando de esta manera la oportuna denuncia de hechos que pongan en peligro la integridad física y emocional de este sector poblacional.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de noviembre de 2014.
Diputadas: Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, Bárbara Gabriela Romo Fonseca, Carla Alicia Padilla Ramos, Gabriela Medrano Galindo, Laura Ximena Martel Cantú, Lourdes Adriana López Moreno, Martha Edith Vital Vera, Mónica García de la Fuente, Rosa Elba Pérez Hernández, Ruth Zavaleta Salgado.
Con punto de acuerdo, relativo al proceso de licitación y asignación de la obra Proyecto Hidráulico Monterrey VI, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
México vive hoy una crisis nacional, que se manifiesta en una crisis económica, política, social, de seguridad pública, en una crisis humanitaria de afectaciones gravísimas a los derechos humanos y, también, en una crisis de moral pública, con niveles mayúsculos de corrupción.
Nos gobierna la cleptocracia, el gobierno de los corruptos, la institucionalización de la corrupción como política pública. Esa grave situación es la que padece nuestro país en estos momentos difíciles con un Ejecutivo federal al que se le cuestiona de enriquecimiento ilícito por la adquisición de una propiedad de siete millones de dólares, la llamada Casa Blanca de EPN, cuya versión de que fue adquirida por su esposa con sus ingresos nadie cree, mucho menos cuando aparece en esta operación uno de los grupos empresariales consentidos del régimen priísta- peñista.
El país se desangra en una grave catástrofe humanitaria, en violaciones graves a los derechos humanos y el presidente Enrique Peña Nieto y su camarilla sólo se enfocan en los negocios corruptos y beneficiar a un puñado de empresas que ya hacían negocios con el peñanietismo desde el gobierno del Estado de México.
Tal es el caso del Grupo Higa, empresa asentada en Toluca, estado de México, y que desde que Peña Nieto llego a la gubernatura gano contratos por miles de millones de pesos y que ahora en dos años de gobierno peñanietista había ganado el doble en miles de millones en tan sólo dos años, algunas de estas son el tren rápido México–Querétaro misma que fue revocada por lo oscuros nexos del presidente con esta empresa, la remodelación del hangar presidencial para albergar al suntuoso nuevo avión del Presidente de la República y el proyecto hidráulico de ingeniería objeto del presente punto de acuerdo denominado Monterrey VI, el cual consiste en un acueducto 355 kilómetros de tubería de 84 pulgadas desde el Rio Panuco en Veracruz hasta el municipio de Linares en Nuevo León, supuestamente con el fin de abastecer por 50 años al área metropolitana de Monterrey.
Lo que se conoce como el proyecto hidráulico más largo de América Latina, con una inversión de 17 mil millones de pesos, esconde un desastre ecológico, la afectación a miles de habitantes y, particularmente, daño directo a más de 7 mil trabajadores de caña de azúcar del ingenio de Pánuco, con sus 17 mil hectáreas en ambas márgenes.
Agrupaciones civiles, ganaderas, agrícolas e industriales que conforman la Asociación de Usuarios de la Cuenca Hidrológica del Río Pánuco consideran que técnicamente la extracción de agua no es viable y que el plan no es factible: El proyecto Monterrey VI está condenado al fracaso de acuerdo a Estudios del Colegio Mexicano de Ingenieros y Arquitectos, como el titulado Evaluación de la sustentabilidad hidrológica, demuestran la inviabilidad del proyecto Monterrey VI: Estiman que se viene un desastre ecológico para la zona, porque el cambio de las condiciones del agua afectaría a la flora y fauna. De por sí la zona ya está muy dañada, con ese proyecto habría sequía y mortandad de especies: cocodrilos, iguanas, garzas, águilas, patos, y toda la fauna y flora alrededor de las aguas.
El proyecto en sí oculta un lado oscuro ya que a decir de especialistas hidrología la calidad del líquido del río Pánuco es mala, señalan que tiene un alto índice de contaminación: “No existe una estructura bien definida aguas arriba y en toda la cuenca para tener limpia el agua es líquido que viene contaminado y no apto para consumo humano”, tratando de buscar algo favorable a Monterrey VI, pero no lo hay. Si en cien años de desarrollo el consumo de agua de Monterrey llega a 12.5 del agua que pretenden extraer porque ahora pretenden tener 130 por ciento, ¿toda esa agua para qué la quieren? para la explotación del fracking, en la cuenca de burgos.
El ocho de septiembre del año en curso Emilio Rangel Woodyard, director de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM), anuncio que el grupo ganador del proyecto Monterrey VI, está conformado por Concretos y Obras Civil del Pacífico (37.75%) filial de Grupo Higa, Controladora de Operaciones de Infraestructura (ICA) (37.75%), Desarrollos Rogar (15%), Recsa Concesiones (Sapi) (6.5%) Productos y Estructuras de Concreto (Pyecsa) (3%)
Una vez entregada la obra, la paraestatal pagará mensualmente 124 millones 99 mil 167 pesos, sin IVA, por un periodo de 27 años a una tasa fija de 6.25 por ciento.
Este negocio redondo, rentable y millonario será para el dueño real de la casa que tienen en usufructo Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera, en Sierra Gorda 160, en las Lomas de Chapultepec Ciudad de México, el empresario Juan Armando Hinojosa quien es propietario de Grupo Higa, todo ello de acuerdo a lo ventilado en los medios de comunicación causando la cancelación del proceso de licitación y asignación del proyecto del Tren México – Querétaro ya que este consorcio también había sido beneficiado en este proyecto.
Por lo anterior expuesto y fundado solicito a esta Honorable asamblea:
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua Doctor David Korenfeld Federman, al gobernador del estado de Nuevo León Lic. Rodrigo Medina de la Cruz, y al director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, ingeniero Emilio Rangel Woodyard, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, emprendan acciones para esclarecer y transparentar el proceso de licitación y asignación de la obra del proyecto hidráulico Monterrey VI.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta al encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública, licenciado Juan Alfonso Ugalde Olivas realice una investigación ante un posible conflicto de interés entre una de las empresas a las que se les asigno el proyecto y el titular del Poder Ejecutivo Lic. Enrique Peña Nieto, y se hagan públicos el resultado de la misma.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de noviembre de 2014.
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del GDF a publicar las medidas de protección civil adoptadas durante el desarrollo y la conclusión de la manifestación ciudadana del 20 de noviembre en el zócalo de la Ciudad de México, a cargo del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del PT
El que suscribe, diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones II, III y IV; 100; y 113, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que respetuosamente se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal a publicar las medidas de protección civil adoptadas durante el desarrollo y conclusión de la manifestación ciudadana del día veinte de noviembre del año en curso, en el Zócalo de la Ciudad de México; explique las razones por las que se suspendió el alumbrado del Zócalo y las calles que desembocan al mismo durante la conclusión de la manifestación; y publique las videograbaciones del C4 en la zona centro. Con las siguientes
Consideraciones
1. El día veinte de noviembre de dos mil catorce se llevó a cabo una marcha multitudinaria convocada por los padres y compañeros de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, con tres puntos de partida en la Ciudad de México: Avenida Reforma, en el monumento del Ángel de la Independencia, el monumento a la Revolución y la Plaza de las Tres Culturas, en la Unidad Habitacional de Tlatelolco. La manifestación fue pacífica en todo su recorrido.
2. Al finalizar el mitin de los padres y familiares de los desparecidos en el Zócalo de la Ciudad de México, se apagaron las lámparas de iluminación que se encuentran en los edificios periféricos de la plancha de Zócalo y la iluminación pública de las calles de 16 de septiembre, 5 de mayo, Francisco I. Madero, Monte de Piedad, Seminario, Corregidora, Pino Suárez y 20 de Noviembre, poniendo en riesgo a las personas concentradas en dichos lugares, puesto que la oscuridad existente en estos lugares impedía identificar a las personas. Situación que contribuyó en la confusión de los manifestantes en el momento en que se realizó el despliegue de elementos de Seguridad Pública y Policía Federal para desalojar la plancha del Zócalo.
3. El 20 de noviembre del año en curso, en Twitter @GobiernoDF se publicó lo siguiente:
El #JefeDeGob, @ManceraMiguelMX, acudió al C4 para supervisar las manifestaciones y girar instrucciones a su Gabinete. 20:35 - 20 nov 2014
El C4 es el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo, Inteligencia, Investigación, Información e Integración de la Ciudad de México (C4I4), opera como centro de mando del Gobierno de la ciudad. De acuerdo a su sistema de operación, en máximo 15 minutos, el C4 cuenta con un diagnóstico detallado de la Ciudad de México, tras la revisión total de las cámaras instaladas en la Ciudad de México. El Gobierno de la Ciudad de México informo que el ciudadano Miguel Ángel Mancera, desde el Centro de Mando del C4 coordinó con el Secretario de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida, de Protección Civil, Fausto Lugo García, las acciones de seguridad durante la manifestación.
Que durante los incidentes sucedidos frente a Palacio Nacional, desde el C4, el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera instruyó al titular de la Secretaría de Seguridad Pública hacer avanzar al grupo de granaderos en apoyo a personal federal para controlar, encapsular y detener a los agresores, sin mayores incidentes, para presentarlos a 16 anarquistas ante el Ministerio Público local.
4. Alrededor de las 21:20 horas, algunos de estos elementos policiales comenzaron a ingresar a la plaza central y fueron avanzando poco a poco; y, en punto de las 21:45 horas, continuaron su avance para replegar a los manifestantes. Media hora más tarde, la Plaza de la Constitución y las calles aledañas estaban totalmente en control de la policía del DF y la Policía Federal.
Atendiendo a la descalificación que se pretende hacer de una protesta social y pacífica de los ciudadanos en apoyo a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos y de una apología de la violencia anunciada por el titular del Poder Ejecutivo, servidores públicos federales, dirigentes de partidos políticos, empresarios, entre otros, es necesario que la información obtenida a través de la operación de seguridad y protección civil implementadas durante la manifestación del 20 de noviembre del año en curso, en las inmediaciones del Aeropuerto y en el Zócalo de la Ciudad de México, se hagan públicas para la identificación de provocadores, así como la defensa de los jóvenes detenidos injustificadamente.
Por lo que se propone a esta soberanía, la siguiente proposición, de urgente y obvia resolución, con
Puntos de Acuerdo
En los términos siguientes:
Primero. Se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, a publicar las medidas de protección civil adoptadas durante el desarrollo y conclusión de la manifestación ciudadana del día veinte de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México.
Segundo. Se difunda para el conocimiento público las razones por las que se suspendió el alumbrado del Zócalo y las calles que desembocan al mismo durante la conclusión de la manifestación.
Tercero. Ponga a disposición del público las videograbaciones obtenidas en la noche del 20 de noviembre de 2014, a través de las cámaras del C4 instaladas en el Zócalo de la Ciudad de México y en las boca calles de 16 de septiembre, 5 de mayo, Francisco I. Madero, Monte de Piedad, Seminario, Corregidora, Pino Suárez y 20 de Noviembre, para conocer la operación y acciones del Grupo de Granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal y de la Policía Federal en el desalojo y recuperación de la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2014.
Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sedena y de la Comisión Nacional de Seguridad Pública a capacitar sistemáticamente en materia de derechos humanos de las mujeres al Ejército, la Fuerza Aérea y funcionarios de esas dependencias, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
La suscrita, Sonia Rincón Chanona, diputada federal del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, fracción XVIII; 6o., fracción I; 62, numerales 2 y 3, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
Desde diciembre de 2006 el Gobierno Federal puso en marcha un proyecto para combatir el narcotráfico y la inseguridad en México; que incluyó el despliegue de fuerzas policíacas y militares en varios estados del país.
Desde ese entonces la violencia no ha disminuido por el contrario, ha aumentado afectando particularmente a las mujeres. Prueba de ello es que en nuestro país diariamente asesina a 6.4 mujeres1 y que de 2006 a 2012, los feminicidios aumentaron en un 40%. 2
Las mujeres son utilizadas para castigar y amedrentar a compañeros y enemigos de los carteles, por lo que su vulnerabilidad ha aumentado generando actos de extrema violencia contra ellas; como violencia sexual, desapariciones forzadas, torturas y feminicidios, efectuados por agentes estatales, militares y grupos de crimen organizado.
Las fuerzas armadas en el marco de sus actividades de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico han cometido graves violaciones de derechos humanos. Entre enero de 2007 y noviembre de 2012 la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 7350 denuncias por abusos militares y emitió informes sobre 109 casos en los cuales determinó que miembros del Ejército habían cometido graves violaciones de derechos humanos.3
Recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en el caso de una mujer menor de edad indígena que fue torturada y violada por agentes del Ejército en el marco de una operación de lucha contra el crimen organizado.4
En la sentencia del caso de Rosendo Cantú y otra versus México; “se expresa que el retardo y la obstaculización de la justicia pone en entredicho el deber de los Estados de garantizar a sus ciudadanos y ciudadanas el goce de los derechos humanos fundamentales; entre ellos, el derecho a la vida, a la libertad, a una vida libre de violencia, a la integridad personal y el de acceso a la justicia. La ausencia de actividad procesal y punitiva en casos de violencia contra las mujeres estimula la repetición de los hechos y la consiguiente pérdida de confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.”5
Estos ejemplos nos llevan a concluir que en este contexto de militarización se ha favorecido la reproducción de la violencia estructural contra las mujeres, aumentándose la impunidad.
La estrategia de seguridad pública para luchar contra la delincuencia organizada, combinada con la impunidad y corrupción persistentes, ha contribuido a la intensificación de patrones ya existentes de discriminación y violencia contra las mujeres basadas en actitudes patriarcales, contribuyendo a minimizar este fenómeno y hacerlo invisible.6
Nuestro sistema de justicia se caracteriza por su burocratización y lentitud en la resolución de los conflictos, ausencia de transparencia y por consecuencia en altos índices de corrupción e impunidad.
La debilidad histórica del sistema de justicia ha facilitado que las estructuras criminales y los poderes fácticos se infiltren dentro de dicho sistema, particularmente los cabecillas criminales que tienen su sustento en estructuras estatales o paramilitares y que continúan actuando como parte del crimen organizado.7
Y si a eso le sumamos problemas como la migración, la pobreza, el patriarcado, la corrupción y la ineficacia de los operadores de justicia, el desconocimiento del delito y del protocolo de cómo atenderlo, las fuerzas de seguridad no sólo se vuelven incapaces de proteger a las mujeres, sino se convierten en una amenaza a la seguridad e integridad física de las mismas.
Si bien reconocemos que hemos adecuado la legislación nacional a los convenios y tratados internacionales sobre la protección de los derechos humanos de las mujeres, así como la institucionalidad penal que los protege, ya que en el ámbito penal se ha ido construyendo una política criminal dirigida a la persecución y represión de los delitos contra las mujeres, no podemos ocultar que a pesar de las leyes que castigan la violencia contra la mujer, cada vez hay más violencia contra las mujeres, por lo que podemos deducir que la solución no está solo en las penas sino en la prevención.
Resulta imposible ejercer la igualdad en contextos de alta violencia contra las mujeres, ya que la violencia es una violación de los derechos básicos de las mujeres y además es una forma intimidatoria para imponer el sistema patriarcal.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es atribución de la Secretaría de la Defensa Nacional dirigir la educación profesional de los miembros del ejército y de la fuerza aérea.
Por su parte, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Nacional dispone en su artículo 17, que el Secretario de la Defensa Nacional es el responsable de organizar, equipar, educar, adiestrar, capacitar, administrar y desarrollar a las Fuerzas Armadas de tierra y aire.
Asimismo, el artículo 122 de dicha ley dispone que los establecimientos de Educación militar tienen por objeto la educación profesional de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea, para inculcarles la conciencia de servicio, amor a la Patria, la superación profesional y la responsabilidad social de difundir a las nuevas generaciones, los conocimientos que se les hubieren transmitido. Asimismo, prevé en la fracción II que dichos establecimientos están constituidos, entre otros, por escuelas, centros o cursos de capacitación.
Por cuanto hace al Comisionado Nacional de Seguridad, el artículo 36 del Reglamento Interior de Secretaría de Gobernación le impone la atribución de dictar medidas tendientes a preservar las libertades, el orden y la paz así como salvaguardar la integridad y derechos de las personas (fracción XI) y la de implementar mecanismos para la protección de los derechos humanos en el ejercicio de las funciones de seguridad pública, para lo cual se coordinará con la Subsecretaría de Derechos Humanos. (Fracción XVI).
Finalmente, el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación dispone que la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos adscrita a la Subsecretaría de Derechos Humanos tiene entre otras atribuciones la de Participar en el diseño e implementación de programas de capacitación en materia de atención a víctimas (artículo 26, fracción VI) y la de participar en la elaboración e implementación de programas con el fin de incorporar la perspectiva de respeto y difusión de derechos humanos enfocados a niñas, niños, jóvenes, mujeres y personas adultas mayores, así como otros grupos en situación de riesgo; (fracción X).
Por lo anterior, este punto de acuerdo plantea exhortar a los titulares de la Secretaria de la Defensa Nacional y de la Comisión Nacional de Seguridad Pública; para que se construya una nueva estrategia para el respeto de los derechos humanos donde el punto medular para el combate de la violencia sea la prevención.
Cuando se capacite y sensibilice a los funcionarios, miembros del ejército y fuerzas federales sobre la importancia de estos derechos, se podrá favorecer una cultura de prevención de la violencia contra las mujeres, que permita que todos los actores que se encargan de luchar contra el crimen organizado, tengan el pleno conocimiento de que los derechos humanos de las mujeres son facultades, atribuciones e intereses de carácter civil, político, económico, social, cultural, psicológico, personal e íntimo, que se poseen por el simple hecho de ser seres humanos, y se reconocen en instrumentos jurídicos tanto nacionales como internacionales.
La finalidad de los derechos humanos es proteger la vida, la libertad, la justicia, la igualdad y la integridad de cada persona, bajo la premisa de que la dignidad es un atributo común a todos los seres humanos.
De esta manera en vez de castigar actos de violencia hacia las mujeres por parte de militares y fuerzas federales, se contribuirá a tener un ejército y elementos de la policía informados que no violen los derechos humanos de las mujeres; al contrario, los protejan y salvaguarden, para que las mujeres puedan vivir libres de violencia. Solo así se reducirá el peligro para ellas en la lucha contra el crimen organizado y se aumentará la capacidad de crear un nuevo camino donde el respeto a los derechos humanos sea lo principal.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Comisión Nacional de Seguridad Pública a capacitar sistemáticamente en materia de derechos humanos de las mujeres, al ejército, fuerza aérea y funcionarios públicos de su secretaría y comisión, respectivamente, en especial a los que llevan a cabo operaciones contra el crimen organizado.
Notas
1 El reporte es resultado de la visita de una delegación de mujeres integrada por defensoras de Derechos Humanos, periodistas y expertas en política, encabezada por las Nobel de la Paz Jody Williams (1997) y Rigoberta Menchú Tum (1992), realizada del 21 al 31 de enero de 2012 en México, Honduras y Guatemala.
2 Comunicación Social Cámara de Diputados, Boletín 2534: “Alarma por feminicidios en México: en seis años, aumentaron más de 40 por ciento” http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/a_boletines/2013_2 013/noviembre_noviembre/12_12/2534_alarma_por_feminicidios_en_mexico_en _seis_anos_aumentaron_mas_de_40_por_ciento
3 Informe anual, Human Rights Watch (HRW) 2013
4 “Nuevas Expresiones de Criminalidad” Ana Isabel Garita Vílchez, 2013 En el marco de la Consultoría de la Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres.
5 Ídem.
6 “México ante la CEDAW” 2012 http://www.unfpa.org.mx/publicaciones/CEDAW.pdf
7 “Nuevas Expresiones de Criminalidad” Ana Isabel Garita Vílchez, 2013 En el marco de la Consultoría de la Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 25 de noviembre de 2014
Diputada Sonia Rincón Chanona (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador y al delegado de Capufe en Baja California a atender los reclamos de la comunidad y las graves afectaciones de los sectores productivos ocasionadas por las reparaciones de la carretera de cuota Tijuana-Ensenada, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, Adán David Ruiz Gutiérrez, María Elia Cabañas Aparicio, Benjamín Castillo Valdez, Ricardo Medina Fierro, Jaime Chris López Alvarado, Mayra Karina Robles Aguirre, María Carmen López Segura y María Fernanda Schroeder Verdugo, diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, y 79, numerales 1 y 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos al pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 28 de diciembre de 2013, la carretera escénica Tijuana-Ensenada sufrió un grave hundimiento a la altura del kilómetro 93 que ocasiono su clausura parcial en un importante tramo y hasta la Caseta de cobro; generando con esto graves perjuicios económicos para los sectores productivos de todo el Estado y en especial los de Ensenada; tras el percance, se anunció su reapertura para el mes de Septiembre de 2014, pero a la fecha esto no ha ocurrido, programándose su apertura por segunda vez, ahora para diciembre de 2014.
Los perjuicios económicos han impactado gravemente a la población y a sectores como pesca, agricultura, turismo, comercio, transporte y manufactura; los cuales, al no contar con un medio de traslado seguro, confiable y rápido para sus operaciones han visto seriamente afectada su economía, competitividad y finanzas; tan sólo en el tema de transporte se estima que los costos por flete han aumentado un 20 por ciento, y el tiempo de traslado un 5 a 10 porciento, poniendo en riesgo la integridad de los alimentos perecederos como pescados o productos agrícolas y ganaderos.
Hasta el día de hoy las afectaciones se han recrudecido, al grado de que según cifras dadas a conocer por del Consejo Coordinador Empresarial, el cierre parcial de esta autopista representa una pérdida diaria de más de 750 mil pesos tan sólo en el traslado de mercancías, y a la fecha un total de más de 1,300 millones de pesos para los sectores productivos, principalmente para el hotelero, que ha visto sus tasas de ocupación disminuidas en más de 20 porciento.
La reprogramación en la apertura de la Autopista genera aun una mayor preocupación, pues ha propiciado en la población, y en los sectores afectados, un sentimiento de desconfianza y rechazo ante las labores de reparación que ha contratado la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a través de Capufe Baja California; diversas autoridades locales, como diputados del Congreso estatal, funcionarios estatales y el Alcalde de Ensenada han hecho declaraciones en torno a la necesidad de contar con certeza para la reapertura, pero la prensa local y la manifestación pública de organismos ciudadanos hacen evidente la falta de información y comunicación por parte de las autoridades carreteras.
La opacidad en torno a la información proporcionada, ha impactado incluso aún más en el desarrollo de las actividades productivas como el Turismo, pues genera un clima de incertidumbre para los visitantes, lesiona la imagen turística del estado, y aletarga la recuperación económica de la entidad, hundiendo aún más a los ya afectados sectores productivos.
Por lo ya mencionado, es fundamental llamar la atención de las autoridades relacionadas, para que en conjunto, y atendiendo a la responsabilidad democrática que acompaña al ejercicio público, coadyuven con el flujo de información, y de manera coordinada y transparente con los organismos ciudadanos permitan que la población se informe con claridad de los avances, estado y condición que guardan las reparaciones, rehabilitación y reapertura de la carretera escénica Tijuana-Ensenada.
Es importante señalar que la autoridad responsable para supervisar las obras y lograr la correcta reapertura de la Autopista es la Secretaria de Comunicaciones y Transporte, a través de su Delegación de Capufe en el estado, sin embargo, resulta evidente que dadas las graves afectaciones económicas, la incertidumbre que la opacidad ha generado en la población, y la evidente afectación para la imagen de la entidad, se requiere un esfuerzo coordinado, que no sólo atienda a la brevedad la falta de difusión de las acciones públicas, sino que instrumente a su vez mecanismos de apoyo a los sectores productivos y dinámicas que permitan la mitigación del impacto económico.
En concordancia con lo anterior, las acciones que se tomen de manera coordinada coadyuvaran no solo a mejorar la transparencia y percepción de los sectores productivos y de la población; si no que permitirá que las autoridades de los tres niveles de gobierno se constituyan como garantes permanentes del proceso de restablecimiento de la autopista, y que en el ámbito de sus atribuciones y facultades, garanticen a la sociedad que el proceso de reapertura y rehabilitación de la autopista se está llevando a cabo de manera eficiente, responsable y adecuada.
En concordancia con lo establecido, es de sumo interés para los suscritos coadyuvar con la atención pronta e inmediata de la problemática, y pugnar porque en el Estado de Baja California, brinde y garantice transparencia y certeza a la población , hasta que el restablecimiento de la carretera escénica Tijuana-Ensenada sea cabalmente realizado por las autoridades correspondientes.
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Baja California, para que en uso de sus atribuciones y en coordinación con las Autoridades Federales y el Ayuntamiento de Ensenada, coadyuve de manera puntual e inmediata la difusión y transparencia del estado que guardan las reparaciones y rehabilitación de la carretera escénica Tijuana- Ensenada, y en un acto de responsabilidad pública esta información sea transmitida de manera permanente y eficaz a los ciudadanos.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para que conforme a las atribuciones de la Delegación de Capufe en Baja California, informe a la población de las indagatorias que se han formulado en torno a los cálculos o decisiones inadecuadas que motivaron el aplazamiento de reapertura de la carretera escénica Tijuana – Ensenada; las responsabilidades que se han señalado; y, cuales son las medidas o procedimientos que se han tomado para apoyar a los sectores productivos gravemente afectados con motivo del aplazamiento.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Baja California, para que a través de la Secretaria de Desarrollo Económico, y en coordinación con las Autoridades Federales y del Ayuntamiento de Ensenada, estructure, proponga y opere un programa de apoyo urgente que permita la recuperación y mantenimiento de los sectores productivos que se han visto gravemente afectados con motivo del aplazamiento en la reapertura de la carretera escénica Tijuana-Ensenada.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados a 25 de noviembre de 2014.
Diputado: Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio, Benjamín Castillo Valdez, Ricardo Medina Fierro, Jaime Chris López Alvarado, María Carmen López Segura, María Fernanda Schroeder Verdugo, Mayra Karina Robles Aguirre.
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la integración de un grupo de trabajo de diputados de todos los grupos parlamentarios representados para dar seguimiento a las detenciones arbitrarias del 20 de noviembre pasado en las inmediaciones del AICM y en el zócalo capitalino, durante las manifestaciones de apoyo a los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD
Los que suscriben, diputada Aleida Alavez Ruiz, Socorro Ceseñas Chapa y Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura con fundamento en los artículos 79, numeral 2, y 153 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
Proponer a la Junta de Coordinación Política, la integración de un grupo trabajo para abordar y dar seguimiento al tema de las detenciones y consignaciones de jóvenes por los sucesos ocurridos el pasado 20 de noviembre, en el aeropuerto internacional y Zócalo de la Ciudad de México.
Esto, en virtud de que el desarrollo de la marcha efectivamente fue pacífica, además de que manifestarse es un derecho de todas las personas que participaron; sin embargo, quedaron al descubierto actos de provocación y terrorismo, cuya pretensión es inhibir el derecho a la libre manifestación y causar pánico en la sociedad para participar en este tipo de actos legítimos.
En estas condiciones, también es importante señalar la velocidad con la que fueron consignados a los Penales Federales y la lejanía en su traslado, lo que impide una adecuada defensa y, además una restricción a sus derechos de ser juzgados en el lugar donde supuestamente se cometió el ilícito.
En efecto, esto complica más la defensa para determinar la situación jurídica de los detenidos, ya que para trasladar a testigos, solicitar videos y aportar documentos que permitan conocer la verdad histórica, por su lejanía, hacen imposible una justicia real.
De acuerdo con lo anterior, solicitamos a la Junta de Coordinación Política la integración de este grupo de trabajo para que no se viole el debido proceso de los detenidos y se les juzgue en el lugar de los hechos, para que puedan aportar todos los elementos de prueba en su favor, y no se les impida el acceso a la justicia.
Por lo expuesto se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Junta de Coordinación Política integre un grupo de trabajo plural de diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara para que dé seguimiento a las detenciones arbitrarias el 20 de noviembre pasado en las inmediaciones del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y en el Zócalo capitalino durante las manifestaciones de apoyo a los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Salón de sesiones del Palacio Legislativo, a 25 de noviembre de 2014.
Diputados: Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica) y Alejandro Sánchez Camacho.
Con punto de acuerdo, relativo al establecimiento de programas que permitan identificar y erradicar el trabajo infantil en las instalaciones del Metro de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Martha Edith Vital Vera, del Grupo Parlamentario del PVEM
La que suscribe, Martha Edith Vital Vera, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario Verde Ecologista de México, perteneciente a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, conforme a lo siguiente:
Consideraciones
El trabajo infantil en México y en el mundo es un problema serio el cual constituye una violación a los derechos de los niños ya que los priva de acceder a la educación, a la salud, al esparcimiento, al juego y al ejercicio de libertades fundamentales teniendo consecuencias graves para su desarrollo integral; de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), “El trabajo infantil constituye una violación de los derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente del derecho a estar protegidos contra la explotación, al sano crecimiento, a la educación, al juego, la cultura y el deporte; en síntesis, a desarrollarse plenamente. En cualquier país el trabajo infantil es un obstáculo para el desarrollo social y económico, ya que socava las competencias de su futura fuerza laboral y favorece la transmisión intergeneracional de la pobreza, al tiempo que perpetúa las desigualdades existentes.”1
La Convención sobre los Derechos del Niño en el artículo 32°, reconoce el derecho de niñas y niños a estar protegidos contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social; no obstante, la explotación infantil laboral es contraria a los derechos reconocidos por la citada Convención y en la actualidad miles de niños en el mundo siguen siendo víctimas del trabajo infantil; las nuevas estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revelan que 168 millones de niños en el mundo se encuentran en situación de trabajo infantil, lo cual corresponde aproximadamente al 11 % del conjunto de la población infantil. Los niños en trabajo peligroso que directamente ponen en peligro su salud, seguridad o moralidad representan casi la mitad de todos los niños en situación de trabajo infantil, que en términos absolutos ascienden a 85 millones.2 A nivel regional, Asia y el Pacífico tienen el mayor número absoluto de niños en esta situación, sin embargo, el África Subsahariana sigue siendo la región que registra la más alta tasa de incidencia de trabajo infantil. En todo el grupo de edad de 5 a 17 años, el número de niños en situación de trabajo infantil se eleva a casi 77. 7 millones en Asia y el Pacífico. En el mismo grupo de edad, se registran 59 millones de niños en el África Subsahariana; 12.5 millones en América Latina y el Caribe y 9.2 millones en Oriente Medio y África del Norte.3
En nuestro país, según datos del “Módulo de Trabajo Infantil 2011” de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay 28 878 851 niñas y niños que tienen entre 5 y 17 años de edad.
La protección de la población infantil contra las formas de trabajo, se encuentra expresada en la constitución y se materializa en la Ley Federal del Trabajo la cual en el artículo 22 señala que “Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años y de los mayores de esta edad y menores de dieciséis que no hayan terminado su educación obligatoria, salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo.”4 Sin embargo, de acuerdo a cifras del citado módulo en México 3 millones 35 mil 466 niños y niñas realizan alguna actividad laboral, de los cuales 2 millones 62 mil 610 son hombres y 972 mil 856 son mujeres y el grupo que realizan mayor actividad laboral es el de 14 a 17 años.
En lo que se refiere a la educación, garantizar la asistencia escolar de todos los niños y niñas es un derecho fundamental y además es un factor que contribuye a prevenir y erradicar el trabajo infantil; no obstante, hay niños trabajadores que son privados del derecho a la educación y del total de la población ocupada 1 millón 185 mil 361 no asiste a la escuela.
Las actividades en las que se encuentran ocupados son diversas; sin embargo, el sector agropecuario es el que registra el mayor número de niños trabajando con 894 mil 649, seguido del de servicios con 809 mil 347 y el de comercio con 771 mil 671.
Por otra parte, respecto a las jornadas de trabajo, la Ley Federal del Trabajo, establece como condición una jornada máxima diaria de seis horas; no obstante, los datos muestran que esta condición no se cumple , ya que del total de niños y niñas ocupados de 5 a 17 años, 955 mil 215 trabajan más de 35 horas, y solamente 857 mil 161 trabajan menos de 15 horas, lo cual limita la oportunidad de realizar actividades recreativas y de esparcimiento tales como el juego, la cultura y el deporte, y es un factor que contribuye a la deserción escolar ya que la mayor parte del tiempo se dedican a realizar actividades laborales. En cuanto a la remuneración por su trabajo, 1 millón 337 mil 345 no recibe ingresos, 859, 666 recibe hasta un salario mínimo y 541 mil 033 recibe más de 1 y hasta 2 salarios mínimos.
En relación a los motivos que impulsan a los niños al trabajo son de diversa índole, la situación económica de su hogar es uno de los factores de mayor importancia, ya que de acuerdo a los datos del “Módulo de Trabajo Infantil 2011”, 27.9% declaró que trabaja porque su hogar necesita de su trabajo, 25.5% lo hace para poder estudiar y cubrir sus propios gastos, 15.5% para aprender un oficio, en tanto que 13% buscan contribuir con el ingreso de sus hogares. En cuanto a las consecuencias personales que tiene para los niños y niñas dejar de trabajar, 29.8% de las niñas, niños y adolescentes declaró que no tendría dinero para sus estudios, vestido y/o diversión; 18.6% no aprendería un oficio, lo que le haría irresponsable, mientras que 2.8% reportó que en caso de no trabajar podría volver a la escuela o a los quehaceres del hogar. En lo que se refiere a las repercusiones que habría a nivel del hogar, poco más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes (56.2%) consideraron que no habría repercusiones y 17% declaró que el ingreso económico de su hogar se vería afectado si dejara de trabajar.
Como podemos notar, a nivel nacional hay miles de niños y niñas que trabajan largas jornadas y la mayoría no percibe un salario y como consecuencia de ello no asisten a la escuela y el tiempo para realizar actividades recreativas y de esparcimiento necesarias para su desarrollo son nulas; además de que son diversos los factores que los orillan a trabajar, así como múltiples las consecuencias que les traería el no hacerlo.
En el caso preciso del Distrito Federal, miles de niños realizan actividades económicas de diversa índole todos los días en diversos lugares: calles, avenidas principales, mercados, y en el Sistema de Transporte Colectivo. Si bien es cierto que no hay información específica relativa a la infancia trabajadora desagregada por edad, sexo, etnia, condición jurídica (migrante), presencia y distribución por cada una de las delegaciones, tipos de trabajo infantil remunerado y no remunerado, horas trabajadas por la infancia, situación y condiciones del trabajo económico infantil, trabajo infantil doméstico, trabajo infantil excluyente y seguridad social; cifras del “Módulo de Trabajo Infantil 2011” señalan que en el Distrito Federal hay 1´823, 032 niños y niñas que tienen entre 5 y 17 años, de los cuales 113, 796 realiza alguna actividad económica; el rango de edad que más ocupados tiene es el de 14 a 17 años con 85, 032, seguidos del grupo de 5 a 13 años con 28, 764. El sector económico en el que están ocupados la mayor parte de niños y niñas es el terciario con 99, 625, seguido del secundario con 9, 525, por último el sector primario es el que tiene menos ocupados con 780.
A su vez, poco más de la cuarta parte de la población infantil que trabaja (31%) no recibe ingreso o su pago se da en especie; de los que perciben ingresos, 35.3% recibe hasta un salario mínimo y más de la tercera parte (30.2%) recibe más de un salario mínimo. Según la OIT, el trabajo infantil y sus peores formas dañan la salud de los niños, ponen en peligro su educación y conducen a una mayor explotación y abusos. En la entidad un poco más de la tercera parte (36.5%) de los que trabajan no asisten a la escuela, es decir 41, 546 niños; 28.4% tienen jornadas de más de 34 horas a la semana y 31.3% realizan quehaceres domésticos y no estudian, mientras que el 52.8% hace quehaceres domésticos y estudian.5
Uno de los principales lugares en donde todos los días se ven niños y niñas trabajando es en el Sistema de Transporte Colectivo, el cual cuenta con una red que está integrada por 12 Líneas que suman una longitud total de 226 km de vías, 195 estaciones, siendo éstas: 44 de correspondencia, 115 subterráneas, 54 superficiales y 26 elevadas. Su cobertura geográfica incluye 11 Delegaciones del Distrito Federal y los Municipios de Naucalpan, La Paz, Nezahualcóyotl y Ecatepec del Estado de México. Como podemos apreciar su amplia infraestructura e instalaciones fijas, así como las miles de personas que se trasladan todos los días ha dado lugar al comercio informal, el cual si bien es cierto de acuerdo a cifras del Gobierno del Distrito Federal hasta el mes pasado hubo una disminución de al menos 60 por ciento de vendedores que ofrecen diversos productos (dulces, discos compactos, pilas, plumas, etc.) conocidos como “vagoneros”, todavía hay niños y niñas trabajando en el metro, ya sea vendiendo diversos productos o incluso “limpiando” los zapatos de los usuarios a cambio de obtener alguna moneda, cuando en realidad deberían estar realizando otras actividades, principalmente educativas.
Si bien es cierto que no se cuenta con datos precisos de cuantos niños trabajan todos los días en el metro de la ciudad de México, todos los días podemos percibir que es una situación de extrema gravedad principalmente en la línea 1 que va de Pantitlán a Observatorio, la línea 2 de Cuatro Caminos a Taxqueña y la línea 3 de Indios Verdes a Universidad.
Diariamente podemos observar que niños y niñas entre 5 y 17 años, laboran vendiendo diversos productos en toda la red, también pidiendo dinero, algunos acompañados de sus padres y otros solos. Asimismo, es común que muchos niños indígenas hagan entrega de “volantes” para que los usuarios los apoyen con dinero y la mayoría son menores de 14 años.
El párrafo noveno del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, señala la obligación del Estado para velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos; por otro lado, la Ley Federal del Trabajo en los artículos 177 a 180 establece que los menores de dieciséis deben tener una jornada de trabajo que no podrá exceder las seis horas diarias; que queda prohibido su trabajo en horas extraordinarias y en los días domingos y de descanso obligatorio; que deben disfrutar de un periodo anual de vacaciones pagadas de dieciocho días laborables por lo menos y distribuir el trabajo a fin de que dispongan del tiempo necesario para cumplir sus programas escolares. Con ello se constata que se violan los derechos humanos de los niños y niñas, principalmente en lo que refiere a la educación, a su sano esparcimiento y desarrollo integral, además de que realizan jornadas de trabajo que no están estipuladas en la legislación.
Por lo anterior, se considera fundamental frenar el trabajo infantil en las instalaciones del metro, así como urgente y necesario realizar acciones para atender y reintegrar a la vida social y educativa a niñas y niños que realizan actividades laborales en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, ya que la explotación laboral infantil acarrea daños irreversibles como pueden ser daños físicos, psicológicos, abuso sexual, falta de productividad al llegar a la edad adulta y aumento de conductas de riesgo, lo que deriva a su vez en una sociedad poco productiva y poco competitiva.
Derivado de estos motivos, se considera oportuna y necesaria la participación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que en coordinación con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal, así como con las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro, puedan desarrollar programas que permitan identificar y erradicar el trabajo infantil en las instalaciones del metro de la Ciudad de México.
Además, se estima pertinente la participación de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus respectivas competencias coadyuve mediante políticas y programas para la atención y desarrollo de los niños que laboran en el metro, principalmente en lo relativo a desarrollo social, alimentación y recreación.
Es por todo lo anterior, que me permito someter a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en coordinación con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal, y las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro, desarrollen e implementen acciones y programas que permitan identificar y erradicar el trabajo infantil en las instalaciones del Metro de la Ciudad de México.
Segundo. La Cámara de Diputados respetuosamente exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal para que formule, fomente, coordine y ejecute, en el ámbito de su respectiva competencia, políticas y programas de atención para niños que trabajan en el metro de la Ciudad de México con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida y garantizar su desarrollo integral.
Notas
1 UNICEF. (2010). “Los derechos de la infancia y la adolescencia en México. Una agenda para el presente. México. pp. 74-75.
2 Organización Internacional del Trabajo (OIT), Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC). (2013). “Medir los progresos en la lucha contra el trabajo infantil. Estimaciones y tendencias mundiales entre 2000 y 2012.”Ginebra: OIT. p.3
3 Ibídem. p. 4.
4 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Ley Federal del Trabajo. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf, agosto de 2014.
5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (Inegi). (2013). “Estadísticas a propósito del día del niño”: Datos del Distrito Federal. México: Inegi. p.8
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de noviembre del 2014.
Diputada Martha Edith Vital Vera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la problemática de maltrato animal presentada en el mercado de San Bernabé, en Almoloya de Juárez, México, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta soberanía el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
Una de las luchas de la Asociaciones Protectoras de Animales de México (Apasdem) está relacionada con el mercado de San Bernabé, situado en Almoloya de Juárez, en el estado de México, ya que –desde hace sesenta años– en este lugar, “se comercializan entre otros animales, caballos, mulas, burros, en condiciones inconcebibles de crueldad e insalubridad, violando de manera constante e impune las normas oficiales mexicanas aplicables, así como leyes de protección animal y de sanidad.”1
De esta forma, cada lunes, decenas de animales sufren de brutales actos de maltrato sin que ninguna autoridad tome cartas en el asunto y se haga cumplir con la legislación en la materia.
Los animales que ahí se comercian están en su mayoría visiblemente enfermos, se les exhibe y se les transporta en condiciones de hacinamiento, arrastrándolos sádicamente, sin importar que tengan fracturas expuestas, estén sangrando, tengan llagas o simplemente se hayan mutilado alguna extremidad al momento de hacerlos descender de los vehículos en que son trasladados2 .
De tal forma que los 98 grupos protectores de animales que conforman la organización han denunciado durante varios años y en reiteradas ocasiones las violaciones constantes a las leyes y normas que buscan frenar y sancionar el maltrato animal, sin embargo no han obtenido respuesta favorable por parte de las dependencias encargadas, “las autoridades, a pesar de que tienen plenas facultades y las pruebas suficientes para clausurar el sitio, pues conocen las imágenes y denuncias transmitidas a través de múltiples medios, han hecho caso omiso de este reclamo de la ciudadanía.”3
Las pruebas de estos hechos han sido documentadas y están disponibles en diversas plataformas de internet, por lo que están a la vista de la ciudadanía y de las autoridades, razón por la cual no existe razón alguna que niegue la gravedad de la situación; por lo que nos sumamos a esta exigencia y presentamos a esta asamblea el siguiente resolutivo con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado de México; a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que en la medida de sus atribuciones atiendan y solucionen la problemática de maltrato animal presentada en el mercado de San Bernabé, situado en Almoloya de Juárez, estado de México; a la par de ordenar su clausura inmediata.
Notas
1. Apasdem, “Comisión Apasdem para el Mercado de San Bernabé”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.apasdem.org.mx/comisionessanbernabe.html
2. Ídem.
3. Change.org, “¡Alto a la impunidad en el mercado de San Bernabé!”, [en línea], México, Dirección URL: https://www.change.org/p/alto-a-la-impunidad-en-el-mercado-de-san-berna b%C3%A9
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2014.
Diputados: Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SEP, el Conaculta, el INAH y la Semar a fortalecer las acciones encaminadas a la exploración, el rescate, la preservación y el resguardo de las exploraciones subacuáticas en los mares del país, así como a la creación de museos de carácter marítimo en las costas, a cargo de la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, diputada María del Carmen Ordaz Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Educación Pública, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Secretaría de Marina, para que fortalezcan las acciones encaminadas a la exploración, rescate, preservación y resguardo de las exploraciones subacuáticas en nuestro mares, así como la creación de museos de carácter marítimo en nuestras costas, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Uno de los temas que ha llamado mi atención es el relativo a la belleza y a la magia histórica de nuestros mares y costas, las cuales posee nuestro país tanto en el Golfo de México como en el océano Pacifico y el Caribe que impresionan tanto a nacionales como a extranjeros. No olvidemos que nuestros mares fueron navegados primeramente por los naturales de estas tierras que se distinguieron como intrépidos y experimentados navegantes que utilizaban las vías marítimas por motivos comerciales y ceremoniales, entre otros, se ha dicho también que nuestras costas mucho antes de la colonia fueron visitadas por gentes de otras culturas, al igual que nuestros mares fueron navegados por los españoles que conquistaron y colonizaron estas tierras, así como por embarcaciones europeas, también se sabe que en la colonia, nuestras costas fueron asediadas por piratas que en muchas ocasiones asolaban las poblaciones costeras, refugiándose en algunas de ellas.
En todas la etapas de la historia, nuestros mares fueron navegados también por embarcaciones de otros países, siendo su paso o porque nuestras costas fueron su destino o punto de partida, a lo largo de los tiempos naufragaron muchas embarcaciones tanto nacionales como extranjeras, por diversos motivos entre ellos los climáticos o por accidentes en el mar, tal es el caso que el lecho de nuestros mares fue su última morada.
A través de los vestigios históricos que guardan los mares del mundo se puede conocer mucho más, sobre la historia, todo ello por medio de las investigaciones subacuáticas que se desarrollan para conocer el patrimonio cultural subacuático, entendiéndose por este todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua parcial, o totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante cien años (Convención Sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, UNESCO 2001).1
Para regular la investigación subacuática en el mundo fue aprobada la Convención Sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, en la UNESCO, la cual propone a la atención de sus Estados Partes “Principios Generales” semejantes a lo que se ha hecho a favor del patrimonio en tierra, dicha Convención entro en vigor el 2 de enero del 2009, ocho años después de su aprobación, se nos comenta que este plazo refleja la importancia y la variedad de los desafíos, en especial políticos y económicos, que se han tejido en torno a la convención.2 A los vestigios de las embarcaciones que se encuentran en el lecho marino se les conoce como pecios.
Al leer sobre los descubrimientos subacuáticos más connotados internacionalmente se tienen entre otros, el del barco de la era Tudor Mary Rose, hundido en mil quinientos cuarenta y cinco en Porstmouth, Reino Unido, y rescatado en mil novecientos ochenta y dos; el Vasa, navío almirante sueco hundido en las cercanías de Estocolmo, en mil seiscientos veinte ocho y expuesto actualmente en un museo;3 el pecio de Nanhai 1, en China, expuesto en el museo del mismo nombre;4 el de la fragata española “Nuestra Señora de las Mercedes,” a cargo de la empresa Odyssey, nave hundida en 1804 por un buque inglés frente las costas del Algarve (Portugal), cuya carga de contenido valioso fue motivo de una controversia legal entre dicha empresa y el gobierno español.5 El de más de treinta embarcaciones de diferentes siglos a pocos metros de la Torre Inclinada de Pisa, en donde se encontraron trece mil ánforas.6
Otro de los descubrimientos importantes se da en 1985, cuando el cazador de tesoros Mel Fisher descubrió los restos del pecio Nuestra Señora de Atocha el cual se dice había naufragado en 1622 a la altura de los Cayos de Florida cuando llevaba metales preciosos a España.7
El descubrimiento del pecio del barco HMS Victory, el cual fue hecho público el 2 de febrero del 2009 por la empresa de exploración que lo localizó, se hundió en 1744 frente a las costas de las islas anglonormandas durante una tempestad.8
También se habla de exploraciones subacuáticas en el Canal de la Mancha para identificar pecios.9 En fin son numerosos los descubrimientos en los mares del mundo, mismos que encierran grandes enigmas históricos.
En México, en nuestros mares se han dado igualmente importantes descubrimientos y trabajos de investigación subacuática como los del Arrecife Alacranes, en la Península de Yucatán, donde se han encontrado numerosos pecios de embarcaciones de diferentes épocas, en ese lugar un equipo de especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) identifico los restos del buque británico HMS Forth que se hundió frente al mar de Yucatán, en el año de 1849, degradados y corroídos, se encontraron vestigios de calderas, máquinas, ejes, propelas y anclas, entre otros objetos, se calcula que el Forth debió tener un tonelaje aproximado de 1900 toneladas y las características de las piezas metálicas corresponden a una embarcación destinada a transportar correo. Otros de los naufragios recién ubicados podrían corresponder a otra embarcación de la “Royal Mail Steam Packet Company” hundida en 1847, el HMS Tweed; así como el navío belga Charlote que encalló en 1953. La arqueóloga subacuática Helena Barba Meinecke, responsable del área de Arqueología Subacuática de la Península de Yucatán, comenta que en una búsqueda documental que se emprendió entre los años 2010 y 2012, se hallaron referencias históricas de 25 naufragios, entre ellos los restos de las embarcaciones Renata, Anclas de Castro, Herrajes de Esteban y Carabbean Sea, los cuales son navíos de los siglos XIX y XX, que el equipo de expertos del INAH, ha podido identificar en el marco del Proyecto Integral para la Protección, Conservación, Investigación y Difusión del Patrimonio Cultural Sumergido de la Península de Yucatán.10 Así en una publicación del periódico Oro Negro.mx, de fecha 13 de Octubre del 2014, se menciona que la misma arqueóloga señala entre otros aspectos que en once años se han registrado 408 sitios arqueológicos en toda el área de la costa de la Península, mencionando que la última expedición correspondiente al Arrecife Alacranes tan solo en quince días se encontraron diecisiete naufragios del siglo XVI y uno del siglo XVII, en donde habían cañones, anclas, monedas y candelabros.11
En el Banco Chinchorro, en Quintana Roo, se localiza el sitio cuarenta cañones, estos pertenecientes a un navío de la época de la colonia, así como otros sesenta y ocho sitios registrados.12
Otros sitios se encuentran en Campeche, donde todavía se trata de localizar el sitio del hundimiento del barco El Juncal, de la armada española.13
En Veracruz, en el Arrecife Bajo Horno, arqueólogos subacuáticos han detectado vestigios de embarcaciones de los siglos XVI al XX, así como numerosos restos de objetos, el INAH nos comenta que entre estos objetos se encuentra cerámica y vidrio, incluyendo fragmentos de procedencia mexicana, española, inglesa, francesa y estadounidense, y que en otros sitios como Orejas Jiníguaro y Reina, se han detectado vestigios de embarcaciones que zozobraron en los mismos siglos.14
En Baja California se han hecho exploraciones y se han descubierto objetos en la playa correspondientes al Galeón de Manila.15
Como he mencionado nuestro país posee una gran riqueza natural e histórica, tanto en tierra como bajo el agua, esto último en nuestros mares, lagos, lagunas y cenotes, todos ellos han sido considerados como lugares sagrados en la antigüedad y no hay que olvidar que tenemos más de diez mil kilómetros de litoral, que también contienen vestigios prehispánicos y coloniales. Así es importante señalar que en México se utiliza el término Arqueología Subacuática, para abarcar tanto a los restos que se encuentran en aguas marinas como aquellos que yacen en aguas continentales,16 así como que la Arqueología Subacuática en México, se ha desarrollado mucho desde que se creó el Departamento de Arqueología Subacuática, promovido en 1995 a Subdirección, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y se nos comenta que desde entonces se han llevado a cabo proyectos de investigación en aguas marinas y continentales, atendido denuncias de sitios y entrenado arqueólogos, además de que se han llevado acciones concretas para detener el saqueo, así también se nos dice que la arqueología subacuática mexicana ha ido ganando un lugar de reconocimiento y respeto tanto a nivel nacional como internacional,17 lo que nos debe enorgullecer a los mexicanos.
También observamos que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, (PND), nos señala que de acuerdo con datos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), se cuenta con 187 zonas arqueológicas abiertas al público, 1,184 museos, 7,363 bibliotecas públicas, 594 teatros, 1,852 centros culturales y 869 auditorios, entre otros espacios , mencionándonos que en ellos se desarrolla una actividad cultural permanente, nos menciona dicho Plan que para que la cultura llegue a más mexicanos es necesario implementar programas culturales con un alcance más amplio.18 Este Plan Nacional se enmarca en la realidad, por lo que coincido con lo dicho y reitero que es necesario implementar programas culturales con un alcance mayor, ya que tenemos todo para ello y es necesario hacer del conocimiento de los mexicanos lo referente a la investigación subacuática que realiza el Gobierno de la República en nuestros mares, misma que considero debe fortalecerse toda vez que contamos con destacados profesionales dentro del INAH que realizan una importante labor, no olvidemos que nuestros mares guardan en su interior grandes misterios de nuestra historia.
Como se ha podido observar los mares del mundo y en especial los nuestros encierran importantes aspectos históricos, entre ellos los vestigios de antiguas embarcaciones que descansan en el fondo marino, muchos sin descubrir y otros que ya fueron descubiertos, poseedoras de numerosos objetos que deben ser exhibidos y estudiados para conocer mucho más de nuestro pasado, así hemos visto que en otros países se han implementado museos para exhibir los objetos de sus investigaciones subacuáticas, tal como debemos tener los mexicanos en nuestras costas, los museos con temas marítimos, contribuirían a acrecentar nuestra cultura, y atractivos, generando un motivo más de interés para nuestra población y visitantes extranjeros, siendo también necesario fortalecer el resguardo de los sitios para evitar los saqueos que tanto daño hacen a la humanidad, porque nos privan del patrimonio cultural, el cual debe ser preservado. Como ha dicho Martijn Manders, especialista en técnicas de excavación y protección de pecios de Holanda “Un museo es un lugar importante que informa y sensibiliza al público. No solo da información sobre la riqueza y el estado excepcional de nuestro patrimonio cultural subacuático, sino que sobre todo narra historias, tanto la del objeto como muchas otras”.19
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su elevada consideración el presente:
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Educación Pública, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Secretaría de Marina, para que fortalezcan las acciones encaminadas a la exploración, rescate, preservación y resguardo de los sitios subacuáticos integrados por los vestigios de las embarcaciones (pecios), y su contenido, con el fin de proteger el patrimonio cultural e histórico que guardan nuestros mares, así como la creación de museos de carácter marítimo en las poblaciones costeras, para la conservación, exhibición y estudio de los objetos históricos encontrados durante las exploraciones subacuáticas.
Notas
1 UNESCO 2009. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y Blackwell Publishing Lid. Revista El Patrimonio Cultural Subacuático. Dic. 2008. Editorial. Pág. 4 http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001812/181217S.pdf
2 Ídem
3 Ibídem, “Preservar In Situ “la opción prioritaria” Pág. 38
4 Ibídem. Pág. 41
5 Arqua (Museo Nacional de Arqueología Subacuática) “Odyssey halla en el Atlántico el mayor tesoro submarino de metales preciosos” Pág. 5 http://www.forocartagena.com/t185p440-arqua-museo-nacional-de-arqueolog ia-subacuatica
6 Ibídem Pág.15
7 UNESCO 2009. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y Blackwell Publishing Lid. Revista El Patrimonio Cultural Subacuático. Dic. 2008. “Los Peligros de la Explotación Comercial del Patrimonio subacuático”. Pág. 27 http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001812/181217S.pdf
8 Ciencia Marina y otros asuntos Pág. 1 http://www.madrimasd.org/blogs/ciencia_marina/2009/02/26/113495
9 Ibídem Pág. 2
10 Instituto Nacional de Antropología e Historia. INAH Comunicado No.200 “Identifican Restos de Buque Naufragado en Yucatán en 1849” http://www.inah.gob.mx//images/stories/Boletines/BoletinesPDF/article/6 601/naufragio_hms_yucatan.pdf
11 Oro Negro. mx Mi diario Petrolero. http://oronegro.mx/2014/10/13/descansan-infinidad-de-tesoros-en-costas- de-la-peninsula-de-yucatan/
12 Conaculta http://www.inah.gob.mx/boletines/17-arqueologia/3381-cataloga-el-inah-6 8-naufragios
13 Instituto Nacional de Antropología e Historia. INAH Comunicado No.234 “Exploraciones de Arqueología Subacuática, en Museo de Antropología”. http://www.inah.gob.mx//images/stories/Boletines/BoletinesPDF/article/6 639/ciclo_arqueologia_subacuatica.pdf
14 Instituto Nacional de Antropología e Historia. INAH Comunicado No. 224” Investigan Objetos de Naufragios Ocurridos en Veracruz”. http://www.inah.gob.mx//images/stories/Boletines/BoletinesPDF/article/6 629/objetos_naufragios_veracruz.pdf
15 Conaculta Búsqueda e Investigación de naufragios. Baja California. “Arqueología Subacuática en Baja California” http://www.subacuatica.inah.gob.mx/index.php
16 Ibídem Arqueología Subacuática en México. Sus Inicios.
17 Ídem
18 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Pág. 63 http://pnd.gob.mx/
19 UNESCO 2009. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y Blackwell Publishing Lid. Revista El Patrimonio Cultural Subacuático. Diciembre 2008. Preservar in situ “la opción prioritaria”. Pág. 37
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre del año 2014.
Diputada María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob, la PGR, la Sedena y la CNDH, así como al jefe del GDF y a la CDHDF, a emprender diversas acciones en el ámbito de sus respectivas atribuciones acerca de los hechos de violencia y las detenciones durante la protesta del 20 de noviembre de 2014 y los procesos penales en lo sucesivo, suscrita por los diputados Margarita Elena Tapia Fonllem, Loretta Ortiz Ahlf y Ricardo Mejía Berdeja, de los Grupos Parlamentarios del PRD y de Movimiento Ciudadano
Quienes suscriben, integrantes de diversos grupos parlamentarios en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes:
Consideraciones
El asesinato de 6 personas y la desaparición de 43 normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, durante la noche y madrugada del viernes 26 y sábado 27 de septiembre de 2014, desataron una movilización social sin precedentes en México y en otras naciones, que demandan la presentación con vida de los estudiantes, la aplicación de la ley a los responsables y revertir la situación de inseguridad, impunidad y autoritarismo que priva en el país.
Una amplia variedad de sectores sociales han sacudido a los poderes públicos en nutridas manifestaciones públicas a lo largo y ancho del país exigiendo justicia para Ayotzinapa y que el Estado asuma la responsabilidad por los hechos, lo que concierne a todos los poderes, a todos los órdenes de gobierno y a todos los partidos políticos. El pasado 20 de noviembre de 2014, con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana, se convocó a un conjunto de marchas pacíficas que convergerían en el Zócalo, la Plaza de la Constitución, el corazón social, político e histórico de la Ciudad de México.
La jornada de manifestaciones comenzó con la movilización al mediodía en las colonias contiguas al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, donde además de la protesta pacífica, algunas personas lanzaron piedras y bombas molotov contra policías federales y locales. Sin embargo, según las versiones de la prensa, las personas, detenidas tras los hechos violentos, se encontraban en otros puntos y no se surtió la hipótesis de flagrancia.
Cabe decir que los medios de comunicación y diversas personas a través de las redes sociales difundieron desde la tarde del jueves imágenes en que vehículos oficiales, presumiblemente de las Fuerzas Armadas, transportaban a personas encapuchadas cuyas características coinciden con personas que fueron fotografiadas mientras arrojaban bombas molotov a la policía en la calzada Ignacio Zaragoza.
Por la tarde, cientos de contingentes de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos partieron de la columna de la Independencia, del Monumento a la Revolución y de la Plaza de las Tres Culturas de Tlaltelolco para reunirse en el Zócalo. La cantidad de personas que acudió a la protesta, superior a la expectativa, causó que durante más de tres horas llegara la ciudadanía gradualmente a la explanada, sin que se presentaran hechos de violencia, pues los propios contingentes aislaron a las personas que perturbaban el clima pacífico.
Sin embargo, después de las 20:00 horas algunas personas se apostaron frente al Palacio Nacional para golpear las vallas y lanzar piedras, petardos y bombas molotov. Algunos elementos de seguridad federales se enfrentaron con estos reducidos grupos durante un tiempo, causando el repliegue hacia el centro de la plaza.
Hacia las 21:00 horas, con la llegada de un gran número de elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, los ataques entre ciudadanos violentos y la policías se expandieron por todo el Zócalo, involucrando a la ciudadanía en general. Muchas personas que gritaban consignas contra la violencia fueron agredidas, otras sufrieron lesiones en la estampida y en la persecución de los agentes.
Según manifestaron múltiples testigos presenciales a los medios de comunicación, los policías federales y locales arremetieron, desordenadamente, contra todas las personas, incluidas personas de la tercera edad, niñas y niños. Gritaban consignas ofensivas e intimidantes dirigidas a inhibir su participación en la protestas. Utilizaban toletes, palos y piedras, golpeaban con el canto de los escudos, lanzaban gases lacrimógenos y rociaban con líquido de extintor a las personas.
Lo anterior de acuerdo con los testimonios publicados en medios de comunicación por parte de los activistas Juan Martín Pérez García y Jesús González Alcántara, de la académica Layda Negrete, del escritor Tryno Maldonado, de la periodista María Idalia Gómez, entre otros, quienes sufrieron directamente las agresiones físicas y verbales. La persecución se extendió por las calles aledañas, en las que según las declaraciones ocurrieron la mayor parte de las detenciones.
Sobre las agresiones de la policía, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC, IMDHD, y la Red por los Derechos de la Infancia, Redim, condenaron los golpes que recibieron Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de Redim y su familia, así como de Jesús González Alcántara, coordinador de comunicación del IMDHD y su familia, y expresaron que presentarían denuncias penales ante la fiscalía de servidores públicos federal y quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH.
Cabe mencionar que las detenciones hechas por policía capitalina tuvieron por consecuencia la puesta a disposición de las autoridades federales, en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, SEIDO, de la Procuraduría General de la República.
A las personas detenidas se les asignaron defensores de oficio, y a pesar de diversos intentos hechos por familiares, defensores y visitadores de la CNDH para revocarlos, fue imposible que permitieran el trabajo de los abogados externos, y dificultaron incluso la comunicación con los familiares. En el caso de Tania Damián, tampoco se permitió que su padre, quien es abogado, la representara legalmente.
A las 7 de la mañana del sábado 22, las 11 personas detenidas fueron trasladadas a penales federales ubicados en Veracruz y Nayarit, dificultando aún más su defensa. El traslado no se hizo del conocimiento de abogados o familiares, sino hasta las 15:00 horas, momento en el que permitieron el acceso de los defensores a la SEIDO.
Los defensores de derechos humanos notificaron que la PGR reclasificó los delitos que se les imputan: se eliminaron terrorismo y delincuencia organizada, aunque persisten motín y tentativa de homicidio, sumando asociación delictuosa a los cargos.
A continuación, se detallan los nombres de las personas detenidas y algunos elementos sobre su aprehensión y su proceso recabadas en medios de comunicación, en particular por Animal Político1 y por las organizaciones que ofrecieron una rueda de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social, AC.
Las mujeres que fueron trasladadas al penal federal de Tepic, Nayarit son:
• Tania Ivonne Damián Rojas, 21 años, estudiante de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, FCPS de la Universidad Autónoma de México, UNAM, cuyo padre aseguró que al tener acceso para entrar a la SEIDO, notó que Tanía había sido agredida. “Me percaté que fue golpeada al momento de su detención. Nos hemos dado cuenta que el gobierno federal busca criminalizar un derecho que tiene cada ciudadano”.
• Hillary Analí González Olguín, 22 años, estudiante de Ciencia Política de la FCPS-UNAM, su madre la pensó desaparecida antes de saber que estaba detenida en la SEIDO: “Ella me alcanzó a llamar, me alcanzó a decir: mamá me están golpeando. La busqué toda la noche, toda la mañana. Mi hija sí está dañada, está lastimada de un ojo, le patearon las costillas, cuando a mí me dijeron que estaba bien”.
• Liliana Garduño Ortega, 30 años, estudiante de preparatoria abierta, quien de acuerdo a un familiar cayó por los empujones de la multitud, posteriormente fue golpeada por granaderos. “Hasta ayer que yo la vi, tiene muchas lesiones en pierna, en cara, en cabeza, estuvo a punto de perder las cuatro piezas dentales de la parte superior”, expresó.
Los hombres trasladados al penal federal de Villa Aldama, Veracruz:
• Atzin Andrade González, 29 años, estudiante de La Esmeralda del Instituto Nacional de Bellas Artes, fue detenido justo en el asta bandera de la plancha del Zócalo, y aseguró que “a lo único que pertenece es a un salón de clases donde estudia, donde pinta, donde ejerce su actividad”.
• Hugo Bautista Hernández, 22 años, estudiante de Sociología de la FCPS-UNAM, quien marchaba con el contingente de su facultad cuando cerca de las 22:00 horas fue agredido por granaderos, junto con su compañera Tania Damián; ambos privados de su libertad más de 25 horas sin permitirles hablar con alguno de sus familiares, obligados a declarar sin la presencia de un abogado.
• Laurence Maxwell Ilabaca, 47 años, estudiante del Posgrado en Letras-UNAM, de nacionalidad chilena, cuya detención ocurrió entre la calle 5 de mayo y Madero, quien se resguardó con su bicicleta ante la huida de un grupo de manifestantes que se alejaban del cuerpo de granaderos. De acuerdo con los testimonios directos, el derecho a la asistencia consular de Maxwell no fue atendido con prontitud, aunque tuvo oportunidad de rendir declaración con el cónsul presente la noche del viernes 21.
• Juan Daniel López Ávila, estudiante de preparatoria e integrante del Frente Popular Francisco Villa Independiente, de 18 años, quien se encontraba con la organización en la marcha del 20 antes de ser detenido por el cuerpo de granaderos.
• Luis Carlos Pichardo Moreno, 55 años. Inició su participación en la marcha desde la glorieta de la Palma con dirección al Zócalo capitalino y llegó frente a Catedral de donde no se movió, según afirman testigos que marchaban con él. Al iniciar los enfrentamientos y la persecución corrieron en desbandada. Sus compañeros conocieron sobre su detención hasta el domingo 23 de noviembre, cuando ya había sido trasladado.
• Roberto César Jasso del Ángel.
• Francisco García Martínez.
• Ramón Domínguez Patlán.
Las causas de los varones fueron radicadas en el juzgado 17 de distito de Xalapa, Veracruz.
Sobre la anterior narración, quienes suscriben plantean las siguientes consideraciones.
De acuerdo a la anterior, los actos de un número considerable de policías violentaron no sólo las disposiciones constitucionales y convencionales que protegen el ejercicio de los derechos humanos relacionados con la manifestación, sino también los principios establecidos en la Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal:
Artículo 8. Cuando estén en riesgo los derechos y garantías de personas e instituciones, la paz pública y la seguridad ciudadana, la Policía podrá utilizar la fuerza, siempre que se rija y observe los siguientes principios:
I. Legal: que su acción se encuentre estrictamente apegada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley General que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, a la presente Ley y a los demás ordenamientos aplicables;
II. Racional: que el uso de la fuerza esté justificado por las circunstancias específicas y acordes a la situación que se enfrenta:
a. Cuando es producto de una decisión que valora el objetivo que se persigue, las circunstancias del caso y las capacidades tanto del sujeto a controlar, como de la Policía;
b. Cuando sea estrictamente necesario en la medida en que lo requiera el desempeño de las tareas de la Policía;
c. Cuando se haga uso diferenciado de la fuerza;
d. Cuando se usen en la medida de lo posible los medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de las armas;
e. Cuando se utilice la fuerza y las armas solamente después de que otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.
III. Congruente: que exista relación y equilibrio entre el nivel de uso de fuerza utilizada y el detrimento que se cause a la persona;
IV. Oportuno: que se aplique el uso de la fuerza de manera inmediata para evitar o neutralizar un daño o peligro inminente o actual, que vulnere o lesione la integridad, derechos o bienes de las personas, las libertades, la seguridad ciudadana o la paz pública; y
V. Proporcional: que el uso de la fuerza sea adecuado y corresponda a la acción que se enfrenta o intenta repeler.
Tampoco se respetó la prohibición de la venganza o intimidación en el uso de la fuerza, ni ésta atendió al objetivo de someter a personas que ejercieran resistencia violenta, como contempla la citada ley:
Artículo 10. Los distintos niveles en el uso de la fuerza son:
I. Persuasión o disuasión verbal: a través de la utilización de palabras o gesticulaciones, que sean catalogadas como órdenes, y que con razones permitan a la persona facilitar a la Policía cumplir con sus funciones;
II. Reducción física de movimientos: mediante acciones cuerpo a cuerpo a efecto de que se someta a la persona que se ha resistido y ha obstaculizado que la Policía cumpla con sus funciones;
III. Utilización de armas incapacitantes no letales, a fin de someter la resistencia violenta de una persona; y
IV. Utilización de armas de fuego o de fuerza letal, a efecto de someter la resistencia violenta agravada de una persona.
Artículo 11. El policía en el ejercicio del uso de la fuerza deberá aplicar lo siguiente:
I. No debe usar la fuerza con fines de venganza o con propósito de intimidación; y
II. Si por el uso de la fuerza alguna persona sufre lesiones o muerte, inmediatamente se dará aviso a las autoridades competentes.
Es de lamentar que, de acuerdo a los testimonios recabados por la prensa, la policía agredió verbalmente a los manifestantes. Con respecto a los testimonios de las personas detenidas, no se observaron los niveles de uso de la fuerza que contempla la citada Ley:
Artículo 15. La policía cuando en la detención de una persona necesariamente ejercite el uso de la fuerza, deberá atender lo siguiente:
I. Procurar ocasionar el mínimo daño posible a la persona susceptible de detención y velar por el respeto a la vida e integridad física y emocional;
II. Utilizar de forma racional, subsidiaria y proporcional, los distintos niveles del uso de la fuerza, conforme al siguiente orden:
a. Persuasión o disuasión verbal;
b. Reducción física de movimientos;
c. Utilización de armas incapacitantes no letales; y
d. Utilización de armas de fuego.
III. No exponer a la persona sometida a tratos denigrantes, constitutivos de tortura o de abuso de autoridad.
El domingo 23 de noviembre, en un pronunciamiento suscrito por un centenar de las organizaciones más prestigiadas en la defensa de derechos humanos, se informó sobre la situación de las personas detenidas en las instalaciones de la Procuraduría General de la República:
Ese jueves 20 de noviembre, “fueron detenidos y remitidos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada 11 jóvenes dentro de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEITA/194/2014 ante el Ministerio Público de la federación licenciado Sinué Domínguez Campos, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas. Se les impusieron abogados de oficio impidiendo tener la opción de ser representados legalmente por quienes ellos decidieran. El sábado 22 de noviembre se acusó a: Ramón Domínguez Patlán, Atzin Andrade González, Juan Daniel López Avila, Laurence Maxwell Ilabarca, Luis Carlos Pichardo Moreno, Francisco García Martínez, Hillary Analí González Olguín, Liliana Garduño Ortega, Hugo Bautista Hernández, Tania Ivón Damián Rojas y Roberto César Jasso del Ángel de los delitos de terrorismo, motín, tentativa de homicidio y delincuencia organizada, actualmente se reclasificaron los delitos y quedaron de la siguiente forma: Asociación delictuosa, tentativa de homicidio y motín”.
No omitimos mencionar que nos parece de suma preocupación que sean las organizaciones de la sociedad civil, y no las autoridades federales, quienes informen públicamente sobre la situación jurídica de las personas detenidas, y quienes promuevan la transparencia acerca de las acciones emprendidas contra estas personas que han sido víctimas de diversas violaciones a sus derechos humanos.
Si bien el delito de terrorismo se reclasificó, es alarmante que la PGR impute este tipo penal con tanta facilidad a personas que no ha investigado previamente y para las cuales es imposible acreditar conductas de tal gravedad.
Esta honorable Cámara de Diputados, en el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; del Código Fiscal de la Federación, y de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableció lo siguiente:
El terrorismo es un acto premeditado, no espontáneo, montado en estrategias planeadas que requieren de la participación de diversos actores que se apoyan tanto de mentes brillantes como de medios inimaginables que puedan causar el mayor daño posible, y se procuran de recursos muchas que les permitan causar el mayor daño.
La libertad de expresión y sus diversas manifestaciones no deben relacionarse con el terrorismo bajo ninguna de sus vertientes, pues esta forma de expresión constituye un ejercicio de los derechos humanos previstos en nuestra ley fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.2
Por sí mismo, consideramos que la acumulación de estos tipos penales federales atenta contra la presunción de inocencia y contra el derecho a la honra y a la buena reputación de las personas, y consideramos que el Procurador General debe desistirse de tales cargos, pues carece de todo argumento y de pruebas fehacientes.
No son los manifestantes ni los defensores ni la ciudadanía crítica quienes atentan contra la gobernabilidad del país. Son las autoridades negligentes, omisas y arbitrarias quienes ponen en riesgo el pacto social, en cuya cima se encuentra el régimen de los derechos humanos. Como hemos insistido desde los espacios legislativos, la reciente campaña por la criminalización de la protesta social a nivel nacional debe detenerse para garantizar el adecuado ejercicio de los derechos de expresión, manifestación, petición, reunión y asociación.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
La honorable Cámara de Diputados:
Primero. Exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación a girar instrucciones para investigar y sancionar, en el ámbito de sus atribuciones, los presuntos actos ilegales contra la ciudadanía por parte de los elementos de la Policía Federal durante la jornada de manifestaciones del 20 de noviembre de 2014; a coadyuvar en la investigación sobre dichos actos con las autoridades de procuración de justicia, así como a hacer pública la información sobre la cadena de mando, el operativo y los protocolos de actuación adoptados en dichos sucesos.
Segundo. Exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República a fin de que investigue los delitos del ámbito penal federal en que hayan incurrido servidores públicos federales contra la ciudadanía durante la jornada de manifestaciones del 20 de noviembre de 2014.
Tercero. Exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República a que se desista de los cargos penales contra las personas detenidas el 20 de noviembre de 2014 sobre las que no cuenta con indicios contundentes de que hayan incurrido en conductas delictivas; asimismo, para que garantice a las personas detenidas en los hechos, a sus familiares, a sus defensores y al personal de los organismos públicos de protección de los derechos humanos, las facilidades para el ejercicio de los derechos humanos y para asegurar que se cuente con las máximas garantías procesales.
Cuarto. Se exhorta respetuosamente al secretario de Gobernación y al secretario de la Defensa Nacional a que hagan pública la información que deslinde las responsabilidades sobre el presunto transporte en vehículos oficiales de personas que cometieron actos violentos el 20 de noviembre de 2014, de acuerdo a las versiones difundidas por diversos medios de comunicación.
Quinto. Exhorta respetuosamente al jefe del gobierno del Distrito Federal a girar instrucciones a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, se investiguen y sancionen los presuntos actos ilegales contra la ciudadanía por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de justicia del Distrito Federal durante la jornada de manifestaciones del 20 de noviembre de 2014 y los procesos sucesivos; así como hacer pública la información sobre: la cadena de mando, el operativo, los protocolos de actuación adoptados y los informes sobre el uso de la fuerza en cumplimiento de lo dispuesto en el Título Cuarto de la Ley que regula el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad pública del Distrito Federal en dichos sucesos, y los elementos probatorios, averiguaciones y/o requerimientos de la autoridad ministerial federal que motivaron la presentación de las personas detenidas ante la jurisdicción federal.
Sexto. Exhorta respetuosamente al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a investigar, en el ámbito de sus atribuciones, los presuntos actos de uso ilegal de la fuerza pública, detención arbitraria, contra el derecho a una defensa adecuada, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como cualquier otro acto violatorio de los derechos humanos por parte de autoridades federales y del Distrito Federal en la jornada de manifestaciones del 20 de noviembre de 2014 y en los procesos subsecuentes.
Notas
1 Gonzalo Ortuño, “Los rostros detrás de las detenciones del #20NovMx”, en Animal Político, consultado el 23 de noviembre de 2014, disponible en http://www.animalpolitico.com/2014/11/los-rostros-detras-de-las-detenci ones-del-20novmx/
2 Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 3919-III, martes 3 de diciembre de 2013 Disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/dic/20131203-III.html#Dec Dictamen2
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2014
Diputados: Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf.
Con punto de acuerdo, relativo a las investigaciones y el deslinde de responsabilidades respecto a la marcha del pasado 20 de noviembre, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, en los siguientes términos:
Consideraciones
La marcha del 20 de noviembre fue multitudinaria y pacífica, de tres diversos puntos de la Ciudad de México marcharon por lo menos 500 mil personas, llenaron las calles para reclamar la presentación con vida de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, justicia en el caso, la salida de Peña de la Presidencia de la República, para que se anulen las contrarreformas estructurales y se ponga fin a lo que la gente llama “narcoestado”. Marcha pacífica y ejemplar. Sin embargo, al concluir el mitin, y tomando como pretexto una neoversión de los Halcones, los participantes (sobre todo los grupos que seguían llegando a la plancha del zócalo) fueron víctimas de una represión indiscriminada, incluidos niños, mujeres y adultos mayores. También reporteros y fotógrafos fueron objeto de la violencia.
Todo fue preparado, planeado, con objeto de acallar la protesta en crecimiento de un pueblo cansado de tanta hambre, abuso, corrupción, violencia e impunidad: algunas calles estaban bloqueadas por la policía para que los manifestante cayeran en una trampa que facilitara la agresión, aproximadamente a las 7 de la noche, se prendieron en edificios aledaños luces gigantes para ubicar de mejor forma a quienes iban a ser víctimas de la violencia, en la marcha iban gentes vestidas de civiles con corte militar, la agresión comenzó cuando estallaron unos petardos (desalojo del zócalo y persecución de los manifestantes por las calles aledañas; gritaban los policías represores entre otras cosas: “A ver si se vuelven a manifestar”. En esta represión actuaron coordinadamente la policía federal y la policía del Distrito Federal, pues además de las fotografías y testimonios de la gente, así lo expresó el gobierno del Distrito Federal. Es evidente que esta represión es sólo echar fuego al fuego, y si los gobiernos no reflexionan y ceden en las justas demandas de un pueblo cada vez más consciente, unido, sin miedo y con el respaldo internacional, van a llevar a una escalada de la violencia, en perjuicio de la nación.
Es más, en las redes sociales se ha difundido el dicho de un granadero que renunció, pues se habría negado a la orden de sobre todo golpear a niños, mujeres y adultos mayores para aterrorizar más a las personas.
Por otro lado, una de las causas directas y concretas de los reclamos en ascenso del pueblo, es la pésima actuación del procurador general de la República, que no ha dado resultados concretos. Comenzando por la conferencia de prensa de todos conocida que dio este funcionario el 7 de noviembre de los corrientes.
De la guerra de balazos, ahora se sigue la guerra de las palabras, la guerra psicológica, sobre los padres y la sociedad mexicana. Los 43 jóvenes de Ayotzinapa fueron asesinados y calcinados, dijo el procurador Jesús Murillo Karam, ¡Aun cuando no hay pruebas científicas y definitivas! Entonces, ¿para qué “afirmar” lo que aún no se puede afirmar de manera clara y contundente? En suma, lo dicho por el procurador se puede reducir en “están y no están muertos y calcinados”.
Es evidente que frente a este grave e importante caso no se pueden tomar las cosas con tan poco tacto y seriedad. Lo más horripilante es que al parecer a futuro las cosas seguirán igual, pues ante la casi total destrucción de los restos mortales, será prácticamente imposible saber si los muertos en el basurero de Cocula son o no los 43 normalistas. “A decir de los peritos, el alto nivel de degradación causada por el fuego a los restos humanos hace muy difícil la extracción de ADN que permita la identificación”, agregó Murillo Karam. Es decir, hay una condena oficial de que los normalistas estarán en desaparición forzada eternamente.
O como respondieron los padres de los 43 normalistas, “ya los han matado en varios lugares y de varias maneras”.
Peor aún, esta declaración prematura de muerte, puede presionar al asesinato de los jóvenes normalistas (en el supuesto caso de que aún estuvieran con vida), pues de lo contrario la vida de los jóvenes, sería casi una condena de muerte para el actual gobierno.
¿A qué tanta prisa? ¿A qué tanta contradicción? La finalidad fue la ya cercana salida de Peña hacia China y Australia, para regresar al Ejecutivo federal un poco de credibilidad y fuerza, las que están por los suelos, ante la comunidad internacional y el pueblo de México, que veían atónitas cómo supuestos grupos de narcos en colusión con meros políticos locales, lo traen en un humillante e interminable juego del gato y el ratón, sin dar con indicio alguno sobre el paradero de los 43 jóvenes. Buscó también el procurador coadyuvar a reducir la condena de “irresponsable” que le han indilgado al titular del Ejecutivo federal, al abandonar el país en el actual estado de emergencia que se vive. Y simplistamente, con esto, trataron el procurador y el Ejecutivo de frenar la imparable respuesta social, que exige un cambios profundo a esta insostenible realidad, que algunos consideran debe partir de la inmediata renuncia de Peña. ¿Buscan también justificar una posible represión al movimiento social aún más generalizada que la del 20 de noviembre pasado? ¿La represión es el inicio de la amenaza peñista de hacer uso de la fuerza?
Los tres supuestos testigos cuyo dicho presentó en video el procurador ante los medios de difusión coincidentemente se decidieron a hablar cuando así convenía a los tiempos e intereses políticos de Peña; siendo por otra parte que tales supuestos testigos parecen aleccionados, baste ver que uno de estos supuestos testigos pone en la boca de los estudiantes, segundos antes de morir, que “venían por la esposa de Abarca”, precisamente la versión mentirosa de los que tratan de descalificar a los normalistas, y pretenden en esto encontrar el motivo de la agresión masacradora y bestial. Cuando en realidad los estudiantes iban a botear y a tomar unos autobuses, para acudir a la conmemoración del 2 de octubre y ayudar a satisfacerse las necesidades de la normal rural de Ayotzinapa, a quienes los gobiernos han pretendido ahorcar económicamente. Ninguna necesidad habrían tenido los normalistas, segundos antes de ser asesinados, de autoculparse o mentir.
En un primer momento, la Procuraduría se atrevió a expresar la sospecha de vínculos de los normalistas con el narco, como ya es costumbre de parte de los gobiernos. El narco, como si fuera algo separado del poder, lo usan como lavadero para descalificar a cualquiera, vivo o muerto y, luego dar carpetazo al asunto. Mas nunca se esperaron un rechazo tan absoluto del pueblo de México, a tan cobarde e inadmisible sospecha, que sólo vino a caldear aún más los ánimos entre la gente. Ahora después de 47 días de la desaparición forzada, por fin dice el procurador que no hay vínculos de los estudiantes con el crimen organizado.
La actitud del procurador ante los medios fue de soberbia y prepotencia, para no decir majadera, cuando los periodistas sólo eran el conducto de las comunidades nacional e internacional para conocer la verdad sobre algo que ha conmovido e indignado a la generalidad, por no decir casi la totalidad. Periodistas que a veces representan con más autenticidad el ser y el sentir del pueblo.
El procurador evadía las respuestas, y acabó alegando su cansancio para dejar las preguntas que aún querían realizar los medios de comunicación.
A esto hay que agregar que el pueblo apenas puede entender que la esposa de Abarca sólo esté arraigada, cuando todos los testigos han señalado que ésta mandaba al ex presidente municipal de Iguala, que era la máxima operadora de los Guerreros Unidos en la zona, y que fue ella la que dio la orden para la masacre contra los estudiantes. ¿Acaso se hizo una negociación para que los esposos Abarca se entregaran a cambio de liberar a la esposa, y sólo proceder contra el esposo? A estas alturas ya se sabe que fueron aprehendidos en Veracruz y sembrados días después en Iztapalapa, en esta ciudad.
El dicho de los tres supuestos testigos busca también convencer de que los asesinatos y desapariciones fue obra de los narcos, y no de policías y funcionarios, es decir, que no fue un “crimen de Estado”.
A pregunta de una periodista, el procurador negó saber del romance entre el ex gobernador Ángel Aguirre y la esposa de Abarca. De ser cierto esto, una periodista, supuestamente, sabría más que el procurador y las instancias de inteligencia del Estado. Dato esencial, pues de esto se desprendería que Aguirre estaría enterado del actuar de su amante, en todos los sentidos. ¿Aguirre intercedió para que se le abra el camino de la impunidad a María de los Ángeles Pineda Villa?
Algunos hechos comienzan a mostrar que se busca fabricar la impunidad en el caso de Ayotzinapa, que los piensen dos veces los gobiernos federal y locales, pues el pueblo no lo permitirá. Y pueden causar una mayor catástrofe política y social en el país.
Como si lo dicho fuera poco, a pregunta expresa, el procurador desestimó la necesidad de llamar a declarar a los militares que omitieron el auxilio a los normalistas en el marco de la agresión terrible recibida, y que inclusive obstaculizaron la atención médica a los heridos. Con el falso argumento de que si los militares se hubieran involucrado en los hechos de Iguala, se hubieran puesto de parte de las autoridades (entiéndase agresores) y los resultados hubieran sido aún más terribles.
En suma, el procurador general de la República ha puesto de manifiesto una total incapacidad para representar el interés de la sociedad en los actuales momentos. Incumpliendo de forma íntegra, lo previsto en el párrafo segundo del artículo 1o. de la Ley Orgánica de la PGR, que a la letra señala:
La Procuraduría General de la República, ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo federal, ejercerá sus atribuciones respondiendo a la satisfacción del interés social y del bien común. La actuación de sus servidores se regirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos.
La situación llegó al punto de que los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, han señalado que van a iniciar su propia investigación. Haciendo a un lado a la Procuraduría de cita.
Volviendo a la marcha del 20 de noviembre, señalo que a estas fechas tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como la del Distrito Federal, ya comenzaron de oficio una investigación por la represión de la marcha del 20 de noviembre. Pues además de los golpes, se aprehendió no a los neohalcones sino a estudiantes que se manifestaban pacíficamente o personas inocentes que por accidente pasaban por el lugar. Habiéndose ya la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR, consignado a 11 jóvenes, por los cargos de tentativa de homicidio, delincuencia organizada y motín, lo que les impide salir bajo fianza.
Por todo lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a cumplir de manera más acuciosa su obligación de atender la grave crisis que se vive en el país derivada del caso Ayotzinapa; en este sentido, proceda a destituir de inmediato al procurador general de la República, licenciado Jesús Murillo Karam, a efecto de que se privilegie la línea de investigación que lleve a encontrar con vida a los normalistas, y en todo caso no se difundan hipótesis que no estén basadas en pruebas plenas de carácter legal y científico.
Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a efecto de que en coordinación con el gobierno del Distrito Federal y en el marco de sus respectivas atribuciones, se investigue y se deslinden responsabilidades respecto a la represión indiscriminada contra los integrantes de la marcha del pasado 20 de noviembre, incluidos niños, mujeres y personas de la tercera edad, y sobre todo actúen para evitar posteriores agresiones al reclamo pacífico de los mexicanos, para evitar una mayor escalada en el conflicto.
Tercero. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada a desistirse del ejercicio de la acción penal, para que recobren su libertad las personas inocentes, mayoritariamente estudiantes que se manifestaban pacíficamente, y que ilegalmente fueron detenidas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2014.
Diputada Gloria Bautista Cuevas (rúbrica)
Efemérides
Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, a cargo de la diputada Blanca Jiménez Castillo, del Grupo Parlamentario del PAN
Hoy que conmemoramos, como cada 25 de noviembre, el Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, no es menor señalar que, durante los últimos años, se ha desarrollado un robusto marco normativo para la protección de las mujeres, del cual hemos participado las y los legisladores de esta Cámara.
Así, hoy contamos con contenidos normativos como el del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Y el del artículo 4o. constitucional, que señala que el varón y la mujer son iguales ante la ley.
Asimismo, tenemos dos leyes generales de gran vocación transformadora en la tutela de los derechos de las mujeres: la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la cual sienta las bases para garantizar la igualdad formal y sustantiva entre mujeres y hombres, y desarrolla mecanismos institucionales para el cumplimiento de dicho objetivo y, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ordenamiento que busca erradicar todas las formas de violencia en contra de las mujeres.
Además, nuestro país se ha adherido a instrumentos internacionales que se han convertido en una guía para el Estado mexicano en materia de igualdad y erradicación de la violencia contra las mujeres y obligan a plantear políticas públicas en los tres Poderes de la Unión y en los tres órdenes de gobierno.
Sin embargo, en todo ello, sin duda el avance más importante ha sido sacar del ámbito privado la violencia contra las mujeres, donde era visto como un asunto privado y ajeno a la intervención del estado. Gracias al impulso del movimiento amplio de mujeres, se ha llevado a la esfera pública y se empieza a situar como un problema social, reconociéndose que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos.
No obstante lo anterior, hoy, iniciado el siglo XXI, lamentablemente el fenómeno de la violencia contra las mujeres en nuestro país, pareciera cada vez más vigente.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011, en México, seis de cada diez mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia.
Según la misma encuesta, la violencia contra las mujeres más extendida es aquella que ocurre en el ámbito de las relaciones más cercanas, como la pareja. Así, por cada 100 mujeres casadas, unidas, separadas, divorciadas o viudas, 49 ha vivido situaciones de violencia emocional, económica, física o sexual durante su actual o última relación marital o de cohabitación.
Por otra parte, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ha indicado que en el país cada día son asesinadas 6 mujeres, y que de esos casos, al menos la mitad son feminicidios. Es decir, son asesinatos motivados por el sexismo o la misoginia.
Por su parte, el Informe sobre Feminicidio en México, elaborado y publicado en 2011 por ONU Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Colegio de México, indica que el país ocupa el lugar 16 en la incidencia de homicidios contra mujeres a escala global, pues se registra un aumento sostenido del delito desde 2007.
Esta lacerante realidad, nos hace ver que a las mujeres de poco nos sirve que se proclaman nuestras libertades civiles y políticas, nuestro derecho a la educación o a la salud, si no nos garantiza con anterioridad, nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia.
Y lo digo así porque pareciera que en esta administración, a pesar de la evidente realidad violenta que viven millones de mujeres, es poco el compromiso que se tiene con su derecho a una vida libre de violencia. Pues si bien es cierto que tiene el tema de mujeres en su agenda, no observamos acciones concretas para prevenir, atender, sancionar y erradicar esta violencia.
Por ejemplo, en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia publicada en febrero de 2007, se establece la creación de un banco nacional de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres, que hasta la fecha no existe. Por tanto, sigue siendo un enorme desafío tener registros sobre violencia contra las mujeres, y conocer cuántas mujeres violadas hay en el país o cuántos feminicidios hay en México.
Asimismo, aun cuando en la ley se instituyen mecanismos para la protección de las mujeres, las autoridades hasta hoy no aceptan que haya una alerta de género en ningún sitio, lo que parece dar lugar a que en México sigan aumentando los feminicidios.
Compañeras y compañeros: ya es hora de hacer conciencia para acabar de una vez por todas con este lacerante problema.
No soslayemos que las causas de la violencia contra las mujeres se encuentran en la discriminación de las mujeres por el solo hecho de serio, en las normas sociales, y en los estereotipos de lo que socialmente es ser hombre o ser mujer, que la perpetúan.
Recordemos que, como lo menciona el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, “No hay mejor instrumento que la educación para afirmar la dignidad humana, promover una cultura de no violencia y construir una paz duradera. A través de la educación podemos desarrollar nuevas formas de vivir unos con otros y con el planeta. La educación también puede sentar las bases para desarrollar nuevas formas de ciudadanía mundial y solidaridad humana, que tan esenciales son en el mundo de hoy.”
Por ello, en nuestro grupo parlamentario estamos convencidos de que la mejor manera de contrarrestar la violencia contra las mujeres, es prevenirla tratando sus orígenes y causas estructurales.
En Acción Nacional creemos que la prevención debe comenzar en las primeras etapas de la vida, mediante la educación de los niños y niñas que promueva las relaciones de respeto y la igualdad de género.
Asimismo, hemos sostenido que el trabajo con jóvenes es la mejor opción para lograr un progreso rápido y sostenido en materia de prevención y erradicación de la violencia de género. Pues la juventud es una época crucial durante la cual se forman los valores y normas relativas a la igualdad de género.
Hoy más que nunca los hechos nos obligan a trabajar por conseguir que el hogar y los espacios públicos sean más seguros para las mujeres y las niñas, procurar la autonomía económica y la seguridad de las mujeres, y aumentar la participación de las mujeres y su poder de decisión en el hogar y las relaciones, así como en la vida pública y la política.
En nuestros tiempos, hombres y mujeres debemos hacer frente, sin miedos y sin reservas, a todo el conglomerado de factores que puedan generar esta violencia tan lacerante. Es tiempo de reconocer que necesitamos concientizarnos sobre este doloroso problema para acabar con la violencia hacia las mujeres en nuestro país.
Es cuánto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2014.
Diputada Blanca Jiménez Castillo (rúbrica)
Con motivo del Día de la Armada de México, a cargo del diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del PVEM
El país cuenta en términos marítimos con una posición geográfica envidiable, ya que está rodeado por dos de los océanos más importantes de nuestro planeta, el Pacífico y el Atlántico, además de contar con una superficie marítima de aproximadamente 3 millones de kilómetro cuadrados en su zona económica exclusiva.
México, por ser un país ribereño, necesita tener presencia real en el mar con el objeto de mantener abiertas sus líneas de comunicación marítima; garantizar la libre circulación de mercaderías y personas; proteger y explotar las riquezas del mar, su lecho y subsuelo; así como emplear el mar en el orden político internacional.
La Armada de México es la institución que tiene la difícil y compleja tarea de la vigilancia, protección y salvaguarda de las costas, mar territorial, zona económica exclusiva y el espacio aéreo marítimo del país.
Cada 23 de noviembre se celebra el Día de la Armada de México, como la fecha memorable en el que la recién creada Marina de Guerra mexicana logró la expulsión del último reducto español que resistían en el fuerte San Juan de Ulúa, con esta gesta se culmina la Independencia del país.
Pero ésta no es la única ocasión en la que la Armada de México participó en la defensa del territorio: el 21 y 22 de abril de 1914, el puerto sufrió una nueva invasión estadounidense, donde cadetes y voluntarios hicieron frente a los invasores.
En la actualidad, la Armada de México tiene la misma misión pero se enfrenta a diferentes amenazas, entre estas amenazas están: el narcotráfico y la piratería.
Los narcotraficantes, quienes en los últimos se han dedicado a trasladar por nuestras aguas territoriales grandes cantidades de droga, con la finalidad de hacerles frente de la mejor manera la Armada de México cuenta con experimentado personal naval, los cuales cuentan con aparatos de última tecnología, como patrullas oceánicas, interceptoras y de vigilancia costera.
Los piratas modernos constituyen otra amenaza importante. Estas bandas delictivas utilizan embarcaciones rápidas y armas de grueso calibre, que imitando la práctica de los legendarios piratas, buscan obtener ganancias atracando las embarcaciones, cometiendo violaciones o incluso homicidios.
La Armada de México también tiene la tarea de perseguir a las personas que realizan pesca indiscriminada en época de veda o por razones de extinción de especies.
De igual manera, la Armada de México, a fin de brindar apoyo a la población civil ante alguna contingencia a consecuencia del impacto de fenómenos meteorológicos o desastres naturales, establece el Plan Marina, siempre en coordinación con otras autoridades.
Otra tarea encomendada por el pueblo de México es la protección y salvaguarda de las instalaciones vitales, como son las plataformas petroleras y demás complejos energéticos costeros.
Dada la complejidad e importancia de las tareas encomendadas a la Armada de México, esta institución merece contar con todos los medios militares disponibles, ya sean estos: Barcos, armamento, aeronaves, vehículos anfibios y demás pertrechos, que le permitan convertirse en una de las mejores armadas del continente.
Por todo lo anterior, en el Partido Verde brindamos todo nuestro respeto y reconocimiento a una de las instituciones de mayor prestigio y mejor ponderadas por la población.
Hacemos votos para que la Armada de México siga defendiendo con valor, honor y lealtad la patria.
Dado en la Cámara de Diputados, a 25 de noviembre de 2014.
Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica)
Loading