Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 4155-IV, jueves 13 de noviembre de 2014

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Iniciativas

Que reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, suscrita por los diputados Jorge Terán Juárez y Lourdes Eulalia Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del PRI
Que reforma el artículo 353-C de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del PAN
Que reforma los artículos 29, 34 y 53 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Verónica García Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Que reforma el artículo 4o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Ricardo Medina Fierro, del Grupo Parlamentario del PRI
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del PAN
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Que reforma los artículos 2o. y 26 de la Ley Federal de Seguridad Privada, a cargo del diputado Miguel Sámano Peralta, del Grupo Parlamentario del PRI
Que reforma el artículo 13 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Margarita Saldaña Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
Que adiciona el artículo 8 Bis a la Ley General de Turismo, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
De decreto, para declarar 2015 como Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón, a cargo de la diputada María Carmen López Segura, del Grupo Parlamentario del PRI
Que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Juan Jesús Aquino Calvo, del Grupo Parlamentario del PAN
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a cargo del diputado Érick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del PAN
Que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Érick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del PAN

Iniciativas

Que reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, diputado federal Fernando Bribiesca Sahagún, miembro del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México, la obesidad y el sobrepeso son el principal problema de Salud Pública, nuestro país ha alcanzado en los últimos años el primer lugar mundial en niños con obesidad y sobrepeso, y segundo en adultos; la mala alimentación, el sedentarismo, la falta de acceso a alimentos nutritivos, son factores determinantes para esta problemática.

Respecto a la salud y nutrición en México, la UNICEF1 afirma que la principal causa de estos problemas son “los malos hábitos en la alimentación, que acaban desembocando en una prevalencia del sobrepeso de un 70% en la edad adulta”. Afirma que a largo plazo, la obesidad favorece la aparición de enfermedades tales como diabetes, infartos, altos niveles de colesterol o insuficiencia renal, entre otros. Menciona también que actualmente en nuestro país la diabetes es el mayor problema al que se enfrenta el sistema nacional de salud: es la principal causa de muerte en adultos, la primer causa de demanda de atención médica y la enfermedad que consume el mayor porcentaje de gastos en las instituciones públicas; así mismo enfatiza que la experiencia demuestra que una correcta alimentación previene los problemas de sobrepeso y obesidad.

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS)2 describe lo que se vive en México en torno a esta problemática con los siguientes datos:

• 29.35 % de los adultos mexicanos padecen obesidad.

• 39.95 % de los adultos mexicanos padecen sobrepeso.

• 26% de los niños entre 5 y 11 años padecen sobrepeso u obesidad.

• 31.85% de los adolescentes, entre 11 y 19 años, padecen sobrepeso u obesidad.

• El 25% de las incapacidades laborales son por padecimientos relacionados con la obesidad

• Tres de cada cuatro camas de hospital las ocupan pacientes con enfermedades relacionadas con la obesidad.

• La obesidad está asociada a 300 mil muertes por año.

Dichos números pueden describir la situación en un año en particular pero lo más preocupante es que no es un tema estático. A partir del análisis de las Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2006 y 2012 se puede observar que la tendencia sigue en aumento; de acuerdo con resultados publicados, en los últimos 10 años se ha duplicado el número de casos de obesidad en México y se ha triplicado el número de casos de niños obesos entre los 6 y los 15 años. Algunos datos que muestran lo preocupante de la tendencia son los siguientes:

• El sobrepeso y la obesidad en niños en edad preescolar (menores de cinco años) aumentó de 7.8 a 9.7% ciento de 1988 a 2012.

• Los niños en edad escolar (de cinco a 11 años) presentaron una prevalencia a nivel nacional de 34.4 puntos porcentuales. En ambos casos es más alta la prevalencia de sobrepeso que de obesidad;

• Para los adolescentes (de 12 a 19 años) la situación es similar a los niños en edad escolar, ya que 35% de los mismos presenta sobrepeso u obesidad; al tener uno de cada 10 obesidad y uno de cada cinco sobrepeso.

• En cuanto a los adultos, el 73% de las mujeres adultas se encuentran en sobrepeso u obesidad, mientras que para hombres es de 69.4%; los grupos de 20 a 29, así como 80 años y más se presentan en mayores niveles. Las mujeres con mayor prevalencia de sobrepeso están entre 30 y 39 años, aquellas con mayor obesidad, entre 50 y 59 años; para hombres, los grupos corresponden de 60 a 69 para sobrepeso y de 40 a 49 para obesidad.

Otro dato importante a tomar en cuenta es el costo que esta problemática representa; de acuerdo con el estudio elaborado por el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), denominado “La prevalencia de la obesidad en México: impacto en la salud y la carga económica” ; fueron estimados costos por un monto de 806 millones de dólares para 2010 derivados de 13 enfermedades relacionadas con el índice de masa corporal; además y en vista de que la tendencia en México aumentará en todos los grupos de edad, se proyectó que aumentará a 1.2 mil millones para 2030 y 1.7 mil millones de dólares para 2050. Un dato interesante del mismo estudio es que una reducción de 1% en el índice de masa corporal podría ahorrar 43 millones de dólares en 2030 y 85 millones en 2050.3

Ahora bien, el mismo estudio menciona que la Secretaría de Salud (SSA) coincide en que la epidemia de obesidad constituye un factor de riesgo para desarrollar enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes mellitus, enfermedades cardiacas y de hipertensión; y afirma que el hecho de que siete de cada 10 mexicanos padezcan sobrepeso u obesidad contribuye a cerca de 200 mil muertes al año y genera un gasto que actualmente es de 27 mil millones para tratar complicaciones. La suma de gastos en una década superará los 150 mil millones de pesos.

Es pertinente aclarar que la diabetes es una enfermedad identificada como una de las causas de incapacidad médica entre la población joven económicamente activa, actualmente son muchos los casos de personas de entre 45 y 50 años que sufren amputaciones, deficiencia renal crónica o retinopatía diabética, entre otras complicaciones.

Según la Ensanut 2012,4 7 millones de personas refirieron haber sido diagnosticadas con diabetes; aunque se estima que la cifra podría llegar a 10 millones, ya que muchos ignoran que padecen la enfermedad; además, los resultados muestran que la prevalencia en adultos mayores de 20 años es de 9.2 por ciento, es decir, dos puntos porcentuales por arriba de lo que se encontró en 2006, que era de 7.1, mientras que en 2000 fue de 4.6.

El hecho de que en 12 años se haya duplicado la prevalencia de la diabetes, hace que tal circunstancia se considere una emergencia de salud pública que tiene que enfrentar el Sistema Nacional, ya que de 10 millones, en el corto plazo se puede pasar a 16 millones de enfermos.

Para atacar dicha problemática, dentro del Programa Sectorial de Salud5 del actual Gobierno Federal, se definieron políticas intersectoriales como lo es la denominada “Estrategia Nacional para la Prevención y Control de la Obesidad y Diabetes”,6 la cual está enfocada a prevenir las enfermedades y promover la salud, e incluye reformas en publicidad, etiquetado y fiscales, tanto de alimentos como de bebidas de escaso valor nutricional; la meta establecida con esas acciones para el año 2018 es reducir hasta en 70 por ciento la obesidad en adultos, 30 por ciento en los menores y tener un control de la diabetes en 50 por ciento.

Con esta estrategia se supone que la industria de alimentos tendría que mostrar en etiquetados sencillos, desde la carga calórica de sus productos procesados, como bebidas azucaradas, pastelillos y botanas, hasta el retiro de publicidad engañosa sobre supuestas cualidades nutricionales. Se puede afirmar que tener la información respecto de las porciones es muy importante porque la obesidad y el sobrepeso se explican en gran parte por el consumo excesivo de ciertos productos.

La SSA junto con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) fueron designadas para hacer cumplir la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-20107 que rige las especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre-envasadas. La norma tiene como objetivo primordial establecer la información comercial y sanitaria que debe contener el etiquetado de los alimentos y bebidas no alcohólicas pre-envasados de fabricación nacional o extranjera, y determinar las características de dicha información; cabe aclarar que esta NOM 051 no aplica a los productos a granel y los empacados en punto de venta.

La estrategia por tanto, hizo necesario que se desarrollaran reformas en materia de regulación al consumidor, una de ellas consistió en modificar las condiciones del etiquetado frontal de los productos procesados, tanto alimentos como bebidas, para “expresar de manera clara el contenido calórico del artículo de acuerdo con la ingesta diaria”. Esta reforma en materia de etiquetado inició con la obligación de presentar esta información en el frente de los productos y establecer el contenido calórico por cada ingrediente; en los casos más estrictos y rigurosos, como son los refrescos y las botanas, se hizo obligatorio establecer la fuente primaria; por ejemplo, el azúcar en el caso de los refrescos, de la que se deberá establecer en cada producto cuántas calorías contiene y el porcentaje de la dieta diaria que representan.

Fue así que para hacer más rigurosas las reglas de etiquetado de toda la gama de productos como lo son: declarar los ingredientes contenidos, las calorías por porción, recomendaciones de consumo, beneficios y funcionalidad; la Secretaría de Economía (SE) en conjunto y la Cofepris presentaron una propuesta, de la que se derivó el Acuerdo por el que se emitieron los Lineamientos a los que se refiere el artículo 25 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios8 que deberán observar los productores de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas para efectos de la información que deberán ostentar en el área frontal de exhibición, así como los criterios y las características para la obtención y uso del distintivo nutrimental al que se refiere el artículo 25 Bis del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios; Acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en abril pasado.9

Dentro de los cambios más importantes se pueden mencionar los siguientes:

• Lista de ingredientes. Se incluye una lista de los ingredientes que han demostrado causar hipersensibilidad, intolerancia o alergia (cereales que contienen gluten, crustáceos, pescados, huevo, cacahuate, nueces de árboles, sulfitos).

• Identificación del lote. Se establece que el lote debe permitir la rastreabilidad del producto.

• Fecha de caducidad o consumo preferente. Se unificaron las disposiciones, ya que las que se tenían para fecha de caducidad no aseguraban la correcta declaración de la misma. Con esta nueva norma todos los productos deberán ostentar alguna de forma obligatoria (excepto vinagre, sal, azúcar, goma de mascar y algunos productos de confitería).

• Información nutrimental. Se hace obligatoria la declaración de esta información. Se incluyen varias definiciones sobre declaraciones de propiedades nutrimentales y saludables (claims), de Valores Nutrimentales de Referencia (Ingesta Diaria Recomendada, Ingesta Diaria Sugerida). Se actualizaron los valores nutrimentales de referencia, de acuerdo con lo publicado por el Instituto Nacional de Nutrición. Se incluye como declaración obligatoria a la fibra dietética.

• Declaraciones de propiedades. Se mejora la forma en que se presenta este tema para abordar las declaraciones que son prohibidas y las declaraciones que son potencialmente engañosas. Se incluyen las declaraciones de propiedades condicionales y definiciones sobre las declaraciones nutrimentales y saludables.

La publicación de estas modificaciones provocó que algunas asociaciones civiles se promulgaran en contra del etiquetado, pues a pesar de que se estableció que debería “comunicar información nutrimental clara a los consumidores y fomentar decisiones saludables entre estos”; algunos sondeos realizados revelan que los consumidores mexicanos no lo entienden. Una de estas organizaciones es la denominada “El Poder del Consumidor”, su director Alejandro Calvillo comentó que a pesar de que el etiquetado GDA introducido por la industria desde 2010 es incomprensible para los consumidores mexicanos y que incluso el Instituto Nacional de Salud Pública realizó y publicó un estudio en 2011 en el que se comprobó que de 122 estudiantes de nutrición sólo tres pudieron interpretar correctamente, ahora se ha vuelto obligatorio por Cofepris.10

Por otro lado, especialistas internacionales, entre ellos científicos, investigadores y defensores de la salud pública, expresaron su preocupación por las nuevas normas del etiquetado en alimentos y bebidas no alcohólicas; un grupo de más de 30 destacados especialistas internacionales en nutrición y salud pública de las instituciones más prestigiadas publicaron una carta pública en la que señalaron que este etiquetado más que proteger la salud representa una amenaza, en la carta hacen una crítica sobre que las normas establezcan la referencia al consumo diario de 90 gramos de azúcar, equivalente a 18 cucharadas cafeteras, cuando la recomendación de la OMS es un máximo tolerable de 10 cucharadas cafeteras.

Como consecuencia, organizaciones de la sociedad civil interpusieron un amparo en contra de las nuevas reglas de etiquetado frontal de alimentos y bebidas por considerarlo confuso, incompleto, poco entendible e incluso engañoso, lo que según afirman, podría llevar a que los consumidores no tengan oportunidad de valorar lo que están comiendo o bebiendo. Asimismo mencionan que con estas normas se viola tanto el derecho a la salud, como al derecho a la información de los consumidores; ambos establecidos en nuestra Constitución y en diversos tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. En el amparo, se presentó como la principal inconsistencia los criterios que se utilizan para mostrar el contenido de azúcar de los productos.11 Otra organización denominada “Red por los Derechos de la infancia en México”, señaló que el nuevo etiquetado no comunica claramente los contenidos de cada producto, ni los riesgos del consumo de azúcares, sal y grasas y enfatizó sobre la importancia de contar con un etiquetado plenamente comprensible para niñas, niños y adolescentes.

En vista de la problemática planteada y la importancia que reviste para la salud pública, se llevó a cabo una investigación respecto a los lineamientos en etiquetado de diversos países. Se encontró que como consecuencia del incremento del índice de sobrepeso y obesidad, en el Reino Unido se implementó un sistema de etiquetado de semáforo estandarizado de los alimentos que se muestra en la parte frontal de los envases con la finalidad de brindar al consumidor una herramienta que le informe rápidamente sobre el contenido de grasas, sal, grasas saturadas, azúcares o calorías para que elijan las opciones más saludables.

Este sistema de etiquetado ha sido fuertemente apoyado por la British Medical Association y otras asociaciones como Consumers International, así como otras organizaciones de consumidores en todo el mundo por su gran eficiencia y sentido común. La Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido (Food Standards Agency, FSA) afirma que el etiquetado se basa en los porcentajes del valor diario recomendado de ingesta de azúcares, grasas y sal, y que los consumidores prefieren este tipo de etiquetas informativas, ya que con un simple vistazo pueden obtener más información que con los sistemas convencionales; asimismo, enfatiza que al contar con un sistema informativo sólido de los alimentos, la probabilidad de que mejore la alimentación de la población se incrementa, lo cual redundará en la reducción del costo en materia de salud que se invierte pública y particularmente.12

Las etiquetas utilizan el sistema de colores rojo, amarillo y verde, (lo cual le da el nombre de semáforo) e informan sobre el contenido de los valores antes mencionados; incluyen además las palabras ‘alta’, ‘media’ o ‘baja’ y el comparativo en porcentaje de acuerdo con la guía de las cantidades diarias recomendadas de cada sustancia. En paralelo se incluyen leyendas para que los consumidores conozcan las cantidades diarias recomendadas de cada uno de los valores destacados. La siguiente figura muestra un ejemplo del etiquetado.

Ejemplo de etiquetado de semáforo estandarizado implementado en Reino Unido.

En América Latina, el año pasado en Ecuador se expidió el reglamento que obligaba a poner un semáforo nutricional en los alimentos procesados y envasados y que además, prohíbe atribuir a los productos virtudes nutricionales o efectos terapéuticos; la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria de Ecuador publicó los modelos para el nuevo etiquetado.13

La Tribuna Ecuatoriana del Consumidor14 considera que “el semáforo es parte de la lucha contra la obesidad y promueve una alimentación saludable”, y afirma a su vez que las Guías Diarias de Alimentación que traen los etiquetados nutricionales no son fáciles de entender para la mayoría de las personas; menciona que con el etiquetado que usa semáforos, la población puede saber rápidamente si un alimento tiene excesiva cantidad de grasas, azúcar y sal, incluidos los niños y niñas y la población de adultos mayores: “es una alerta sobre los contenidos de grasas, azúcar y sal en los alimentos y ayuda a los consumidores a decidir qué comer: el rojo es la alerta máxima sobre el exceso de sal, azúcar o grasas en un alimento; el amarillo es una advertencia; el verde es cero riesgo”. Otros países como Uruguay15 y Brasil han propuesto ya este tipo de modificaciones en su etiquetado.

Es así que, en vista de que en México la información nutrimental que contienen las etiquetas de alimentos y bebidas no alcohólicas resultan difíciles de entender para la mayoría de las personas, se sugiere incluir, además de la tabla nutrimental, semáforos con los que la población, incluidos los niños, niñas y la población de adultos mayores, pueda identificar rápidamente si un alimento tiene excesiva cantidad calorías, azúcar, grasas y sal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone modificar el artículo 212 de la Ley General de Salud y por ello se somete a consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 212 de la Ley General De Salud

Artículo Único. Se reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud.

Artículo 212. ...

Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas, deberán incluir datos de valor nutricional y mostrar un semáforo que incluya las palabras “alta”, “media” y “baja”, para indicar a los consumidores información porcentual que alerte sobre el contenido de carbohidratos, azúcares, grasas y sal, además de tener elementos comparativos con los recomendados por las autoridades sanitarias, a manera de que contribuyan a la educación nutricional de la población.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A partir de la publicación de esta modificación se contarán 60 días naturales para publicar las modificaciones necesarias a la normatividad vigente para dar cumplimiento a la disposición aprobada.

Notas

1 Salud y nutrición. http://www.unicef.org/mexico/spanish/17047.htm

2 http://www.omcsalud.com/acercade/estadisticas.html

3 El pe$o de la obesidad en México. http://alianzasalud.org.mx/2014/03/el-peo-de-la-obesidad-en-mexico/

4 http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf

5 http://www.salud.gob.mx/indicadores1318/pdf/programa.pdf

6 http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/estrategia/Estrategia_con _portada.pdf

7 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5137518&fecha=05/04/2 010

8 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5340693&fecha=15/04/2 014

9 DOF del 15 de abril de 2014.

10 10 Claves | El nuevo etiquetado para alimentos y bebidas y los motivos de la sociedad para rechazarlo. Consultado en septiembre de 2014 en: http://www.sinembargo.mx/26-04-2014/973171

11 El Universal. Julián Sánchez. Presentan amparo contra etiquetado de alimentos. Consultado en septiembre de 2014 en: http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/presentan-amparo-contr a-etiquetado-de-alimentos-y-bebidas-1005254.html

12 Nuevo etiquetado semáforo estandarizado de los alimentos en el Reino Unido. Consultado en septiembre de 2014 en: http://www.gastronomiaycia.com/2012/11/14/nuevo-etiquetado-semaforo-est andarizado-de-los-alimentos-en-el-reino-unido/

13 http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/06 /ejemplos.pdf

14 ¡Ecuador aprueba el semáforo en el etiquetado de alimentos! Consultado en septiembre de 2014 en: http://consumersinternational-es.blogspot.mx/2014/06/ecuador-aprueba-el -semaforo-en-el.html

15 Nueva norma “‘Semáforo’ en el etiquetado de alimentos” http://eldiario.com.uy/2014/09/17/nueva-norma-semaforo-en-el-etiquetado -de-alimentos/

Dado en el Palacio Legislativo San Lázaro, a 13 de noviembre de dos mil catorce.

Diputado Fernando Bribiesca Sahagún (rúbrica)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, suscrita por los diputados Jorge Terán Juárez y Lourdes Eulalia Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados Jorge Terán Juárez y Lourdes Eulalia Quiñones Canales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los derechos humanos se fundamentan en la Carta Internacional de los Derechos Humanos, conformada por la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, éstos documentos se han ido ampliando para abarcar una cobertura internacional.

Como es sabido, desde marzo de 1977 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, en Mar del Plata, se reconoció por vez primera el agua como un derecho humano al que todos los pueblos, independientemente de su nivel de desarrollo o las condiciones económicas y sociales por las que atraviesen, tienen derecho al acceso a agua potable, cuya cantidad y calidad debe corresponder a sus necesidades básicas.

En junio de 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en la llamada Cumbre de Río, en su capítulo 18 del Programa 21, se refrendó la Resolución de la Conferencia de Mar del Plata sobre el Agua por la que se reconocía que todas las personas tienen derecho al acceso al agua potable, y se le denominó “la premisa convenida”.1

La Asamblea General de las Naciones Unidas en su 108 sesión plenaria del 28 de junio de 2010, adoptó la resolución A/RES/64/292 (Naciones Unidas, A/RES/64/292) mediante la cual; se reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos;...”2

En la Convención de diciembre 1979 sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), se estableció una agenda para terminar con la discriminación contra la mujer y se hizo expresamente referencia tanto al agua como al saneamiento.

En la convención de la CEDAW se estableció en el artículo 14 (2) (h) que: “Los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular, le asegurarán el derecho a: ... (h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios de saneamiento, la electricidad y el abastecimiento de agua, los transportes y las comunicaciones”.3

En México tras varios esfuerzos reflejados en iniciativas legislativas desde 2008, 2009 y 2011, para que se reconociera a nivel constitucional ese derecho, el 8 de febrero del 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 4o. constitucional, por la que se adicionó un párrafo a dicho artículo quedando de la siguiente manera: Decreto por el que se Declara reformado el párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 8 de febrero de 2012:

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

En consecuencia de los antecedentes expuestos, es menester realizar las reformas y adecuaciones conducentes en la ley secundaria, a efecto de cumplimentar lo mandatado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En razón de lo anterior, es que se propone la presente iniciativa, a efecto de que el Estado mexicano garantice el citado derecho humano, de ahí que es menester adecuar los principios en los que debe sustentarse la política hídrica nacional, señalados en la ley vigente, a efecto de hacerlos congruentes con la nueva realidad.

La iniciativa plantea, en primer lugar, incorporar a la legislación, nuevos enfoques y criterios para sustentar la política hídrica nacional, entre los que destacan, el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, social, económica y medioambiental, la consideración de políticas públicas transversales para el fortalecimiento de una cultura hídrica; el fomento de las responsabilidades de los gobiernos estatales y municipales en materia de agua y saneamiento; la especialización y certificación permanente del personal directivo y técnico de los organismos operadores de agua en todo el territorio; así como implementar un enfoque multidimensional de la gestión del agua de manera coordinada y responsable para garantizar el beneficio del recurso hídrico para la población vulnerable.

Un segundo elemento de esta propuesta, es la incorporación de la perspectiva de género en el cuerpo normativo, previendo como parte de la política hídrica la equidad de género en el acceso, uso y aprovechamiento del agua, al ser un tema pendiente en la materia.

Sabemos de sobra que, ante la crisis del líquido vital, las más afectadas son las mujeres ya que, juegan un papel central en su obtención, manejo y distribución, de tal suerte que la no objetivación del derecho al agua, provoca un círculo vicioso de discriminación e inclusión que tiene como resultado la conculcación de otros.

Como bien señala Adriana Apud, directora de Comunicación de UNICEF España, las mujeres pobres como usuarias “son las que se enfrentan día a día a la carencia y los obstáculos para acceder al agua potable. Además, son ellas quienes resuelven esta necesidad familiar, porque el agua que está estrechamente vinculada con el trabajo cotidiano que se les asigna en el interior de los hogares. El agua es vital para preparar alimentos, lavar la ropa, asear la vivienda, la higiene familiar y la producción de alimentos. Los obstáculos para acceder al agua potable para personas más pobres pueden deberse a diferentes razones, como que la fuente quede muy alejada de la vivienda, o que el terreno de acceso sea muy accidentado (cuestas pronunciadas, terrenos pedregosos o arenosos) y al suministro insuficiente para la cantidad de personas que habitan la vivienda.

Por otra parte, la discriminación de género y su relación con el agua también afecta a millones de niñas, sobre todo cuando su papel se reduce a quedarse en casa para limpiar, preparar la comida, cuidar de los hermanos más pequeños, además de tener que ir todos los días a recolectar agua.

El agua potable y un saneamiento adecuado son tan importantes para la enseñanza como lo pueden ser los lápices, los libros y los maestros. Estos servicios, que en los países desarrollados parecen tan normales, tienen una vital importancia para que las niñas de los países en desarrollo vayan a la escuela. En muchos países hay escuelas que no tienen condiciones higiénicas adecuadas, con un suministro de agua inseguro y unas instalaciones averiadas, sucias, con lavabos y letrinas que no son adecuados para los niños, en particular para las niñas.

Si bien esta situación afecta a los niños de todas las edades, un saneamiento inadecuado perjudica especialmente a las niñas, a muchas de las cuales empuja a abandonar la escuela por falta de privacidad y de respeto a su dignidad.

Por otra parte, la dura tarea de ir a buscar agua a pozos distantes para uso familiar a menudo recae en las niñas, por razones de discriminación y de los papeles asignados en razón del género. Esto trae como consecuencia que en lugar de asistir a la escuela, las niñas pasen horas dedicadas a esa tarea de conseguir agua, y cuando tienen la buena suerte de poder asistir a la escuela, están a menudo demasiado cansadas para realizar cualquier tipo de aprendizaje.

La falta de educación de las niñas conlleva la marginación aún mayor de las mujeres: las incapacita para poder mejorar su situación y para tomar decisiones importantes sobre su vida, pero sobre todo, les niega un derecho fundamental para todo ser humano: el derecho a la educación”4

Por lo antes señalado, se plantea dar un enfoque de género a la ley, asumiendo plenamente la problemática que viven las mujeres para posibilitar su derecho al agua, por lo que se propone agregar que la eficacia y eficiencia de los programas hídricos del país considerarán a las mujeres como un grupo con necesidades específicas con respecto al uso y la gestión del líquido.

En este sentido, se contempla la necesidad de contar con un mayor número de análisis sociales y económicos acerca de las diferencias y las desigualdades de género, es decir análisis desagregados por sexo y edad, con la finalidad obtener datos precisos del uso de los recursos naturales en las comunidades, los hogares y los tipos de usuarios o usuarias del agua. Lo que sin duda permitirá comprender de mejor manera las diferencias entre las mujeres y los hombres, en torno a la gestión y obtención del agua.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Primero. Se reforma la fracción I del artículo 14 Bis 5, y se agregan tres nuevas fracciones, II, III y IV recorriendo en el mismo orden las actuales II, III y IV, así como las subsecuentes, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 14 Bis 5. Los principios que sustentan la política hídrica nacional son:

I. El agua es un derecho humano, así como un bien de dominio público, vital, vulnerable y finito, con valor social, económico y ambiental, cuya preservación en cantidad calidad y sustentabilidad es tarea fundamental de la federación, las entidades federativas y los municipios. Constituye una prioridad para el estado mexicano y un asunto de seguridad nacional y alimentaria para la Nación;

II. La política hídrica implementada por el Estado en términos de lo que ésta ley dispone, contendrá al menos los siguientes criterios:

a) Sostenibilidad en la planeación, diseño e implantación de la política pública hídrica nacional, atenderá al desarrollo sostenible, a través de un enfoque estratégico, para el uso y la conservación del agua, desde una perspectiva dinámica y positiva que atienda la conciliación de los factores económico, social y ecológico.

b) Transversalidad para la instrumentación de políticas públicas con enfoque interdisciplinario para el fortalecimiento y desarrollo de una cultura hídrica nacional, la cual implementará la Conagua de manera concurrente con los estados y municipios.

c) Responsabilidad en el Impulso y cumplimento de las facultades y atribuciones señaladas en el marco normativo vigente nacional e internacional, en los tres niveles de gobierno en materia de agua potable y saneamiento;

d) Profesionalización para promover la especialización, y certificación permanente del personal directivo y técnico de los organismos operadores de agua y saneamiento, en todo el territorio;

e) Evaluación permanente con el objeto de revisar y adecuar los criterios técnicos, sustentables, económicos y sociales, para el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas hídricas de corto, mediano y largo plazo;

f) Servicio de calidad que fortalezca las capacidades y las atribuciones de la Conagua y de las comisiones estatales para fomentar, supervisar y regular los servicios de agua y saneamiento.

III. La política hídrica nacional debe enfocarse a la gestión del agua de manera multidimensional, por lo que los ámbitos federal, estatal y municipal deberán colaborar de manera integral, responsable y coordinada en la elaboración e implementación de políticas públicas hídricas que, propicien el desarrollo sostenible del agua con el fin garantizar el beneficio de este recurso a todos los sectores y grupos poblacionales, sin que medie ningún tipo de discriminación;

IV. La gestión integrada de los recursos hídricos en los tres niveles de gobierno, deberá considerar que el impacto de la disponibilidad, cantidad y calidad de agua, depende de distintos factores como el género y la edad, por lo que se aplicarán políticas públicas focalizadas para atender de manera eficiente y oportuna a los distintos grupos y sectores poblacionales;

V. La gestión integrada de los recursos hídricos por cuenca hidrológica es la base de la política hídrica nacional;

VI. La gestión de los recursos hídricos se llevará a cabo en forma descentralizada e integrada privilegiando la acción directa y las decisiones por parte de los actores locales y por cuenca hidrológica;

VII. Los estados, Distrito Federal, municipios, consejos de cuenca, organizaciones de usuarios y de la sociedad, organismos de cuenca y “la Comisión”, son elementos básicos en la descentralización de la gestión de los recursos hídricos;

VIII. La atención de las necesidades de agua provenientes de la sociedad para su bienestar, de la economía para su desarrollo y del ambiente para su equilibrio y conservación; particularmente, la atención especial de dichas necesidades para la población marginada y menos favorecida económicamente;

IX. Los usos del agua en las cuencas hidrológicas, incluyendo los acuíferos y los trasvases entre cuencas, deben ser regulados por el Estado;

X. El Ejecutivo federal se asegurará que las concesiones y asignaciones de agua estén fundamentadas en la disponibilidad efectiva del recurso en las regiones hidrológicas y cuencas hidrológicas que correspondan, e instrumentará mecanismos para mantener o reestablecer el equilibrio hidrológico en las cuencas hidrológicas del país y el de los ecosistemas vitales para el agua;

XI. El Ejecutivo federal fomentará la solidaridad en materia de agua entre los estados, Distrito Federal, municipios, entre usuarios y entre organizaciones de la sociedad, en las distintas porciones de las cuencas, subcuencas y microcuencas, con el concurso de consejos y organismos de cuenca;

XII. La conservación, preservación, protección y restauración del agua en cantidad y calidad es asunto de seguridad nacional, por tanto, debe evitarse el aprovechamiento no sustentable y los efectos ecológicos adversos;

XIII. La gestión integrada de los recursos hídricos por cuenca hidrológica, se sustenta en el uso múltiple y sustentable de las aguas y la interrelación que existe entre los recursos hídricos con el aire, el suelo, flora, fauna, otros recursos naturales, la biodiversidad y los ecosistemas que son vitales para el agua;

XIV. El agua proporciona servicios ambientales que deben reconocerse, cuantificarse y pagarse, en términos de ley;

XV. El aprovechamiento del agua debe realizarse con eficiencia y debe promoverse su reúso y recirculación;

XVI. El Ejecutivo federal promoverá que los estados, el Distrito Federal y los municipios a través de sus órganos competentes y arreglos institucionales que éstos determinen, se hagan responsables de la gestión de las aguas nacionales en cantidad y calidad que tengan asignadas, concesionadas o bajo su administración y custodia y de la prestación de los servicios hidráulicos; el Ejecutivo federal brindará facilidades y apoyo para la creación o mejoramiento de órganos estatales competentes que posibiliten la instrumentación de lo dispuesto en la presente fracción;

XVII. En particular, el Ejecutivo federal establecerá las medidas necesarias para mantener una adecuada calidad del agua para consumo humano y con ello incidir en la salud pública; para el mejor cumplimiento esta política, se coordinará y solicitará los apoyos necesarios a los estados, Distrito Federal y municipios;

XVIII. La gestión del agua debe generar recursos económicos y financieros necesarios para realizar sus tareas inherentes, bajo el principio de que “el agua paga el agua”, conforme a las leyes en la materia;

XIX. Los usuarios del agua deben pagar por su explotación, uso o aprovechamiento bajo el principio de “usuario-pagador” de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Federal de Derechos;

XX. Las personas físicas o morales que contaminen los recursos hídricos son responsables de restaurar su calidad, y se aplicará el principio de que “quien contamina, paga”, conforme a las Leyes en la materia;

XXI. Las personas físicas o morales que hagan un uso eficiente y limpio del agua se harán acreedores a incentivos económicos, incluyendo los de carácter fiscal, que establezcan las Leyes en la materia;

XXII. El derecho de la sociedad y sus instituciones, en los tres órdenes de gobierno, a la información oportuna, plena y fidedigna acerca de la ocurrencia, disponibilidad y necesidades de agua, superficial y subterránea, en cantidad y calidad, en el espacio geográfico y en el tiempo, así como a la relacionada con fenómenos del ciclo hidrológico, los inventarios de usos y usuarios, cuerpos de agua, infraestructura hidráulica y equipamiento diverso necesario para realizar dicha gestión;

XXIII. La participación informada y responsable de la sociedad, es la base para la mejor gestión de los recursos hídricos y particularmente para su conservación; por tanto, es esencial la educación ambiental, especialmente en materia de agua;

XXIV. La cultura del agua construida a partir de los anteriores principios de política hídrica, así como con las tesis derivadas de los procesos de desarrollo social y económico, y

XXV. El uso doméstico y el uso público urbano tendrán preferencia en relación con cualesquier otro uso.

...

Segundo. Se agrega un nuevo artículo 14 Bis 6 y el actual se recorre en el mismo orden para ser el 14 Bis 7, quedando de la siguiente manera:

Artículo 14 Bis 6. Las mujeres ocupan un papel trascendental en el abastecimiento, gestión y cuidado del agua, por lo que sus necesidades serán tomadas en cuenta de manera prioritaria durante todo el proceso hídrico.

El Estado garantizará que no exista disparidad de género en el acceso equitativo sobre el recurso hídrico, sus beneficios y costos, así como en las decisiones acerca de las políticas públicas relacionadas con el agua que afecten específicamente a las mujeres.

La federación, los estados y municipios dentro de sus competencias, se asegurarán de que el recurso hídrico sea considerado como un factor determinante en el combate a la pobreza y actuarán en consecuencia, implementando programas permanentes que incluya el enfoque de género y equidad social para la gestión integral de los recursos hídricos.

Artículo 14 Bis 7. Son instrumentos básicos de la política hídrica nacional:

I. La planificación hídrica; incluye los ámbitos local, estatal, cuenca hidrológica, región hidrológica-administrativa y nacional;

II. El régimen de concesiones y asignaciones referentes a los derechos por explotación, uso o aprovechamiento del agua, por el uso de los bienes nacionales conforme a lo dispuesto en el Artículo 113 de la presente Ley, así como los permisos de descarga y construcción;

III. La gestión de aguas nacionales, para racionalizar las necesidades de agua, y contribuir al mejoramiento de la economía y finanzas del agua y su gestión;

IV. El cobro de derechos causados por la explotación, uso o aprovechamiento, descarga y protección del agua;

V. La participación de las organizaciones de la sociedad y de los usuarios, y su corresponsabilidad en el desarrollo de actividades específicas;

VI. La prevención, conciliación, arbitraje, mitigación y solución de conflictos en materia del agua y su gestión;

VII. Los apoyos sociales para que las comunidades rurales y urbanas marginadas accedan al agua y al saneamiento, y

VIII. El Sistema Nacional de Información sobre cantidad, calidad, usos y conservación del agua.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/res_agenda21_18.shtml

2 http://www.water-tariff-for-vulnerable.org/documents/resolution64292_SP .pdf

3 www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw.htm

4 http://www.sabiduriaaplicada.com/articulo_mujeres-y-agua.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2014.

Diputados:

Que reforma el artículo 353-C de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, integrante del Grupo Parlamentario del PAN de la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 6, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por virtud del cual se modifica el párrafo primero, y se adiciona las fracciones II, III y IV del artículo 353-C de la Ley Federal del Trabajo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Como sabemos la Constitución se redactó en en marco de profundos debates en voz de ilustres luchadores sociales, guiados por el anhelo autentico de justicia social, y en donde quedaran plasmados los anhelos y esperanzas de justicia que el pueblo reclamaba en ese entonces, y de acuerdo con los diversos ideales sociales que en esa época posrevolucionaria eran demandados.

Por lo que, el constituyente de 1917 en su propuesta expuso que se le confiere al poder legislativo federal, la facultad para expedir leyes sobre el trabajo, en las que se establecieran todas las instituciones para el progreso social en favor de la clase obrera y de todos los trabajadores mexicanos, obteniéndose como uno de sus principales logros una jornada de trabajo justa y se prohibieron las jornadas de trabajo extensas e inhumanas, limitando el número de horas de trabajo.

En su discurso de fecha 1 de diciembre de 1916, el Presidente Venustiano Carranza al presentar el proyecto de Constitución, que resulta una fuente imprescindible a la que hay que recurrir para conocer el verdadero espíritu del constituyente, y que muestra su pensamiento constitucionalista, sus ideales políticos, sociales, democráticos y jurídicos a la que debemos recurrir, por lo que me permito extraer el siguiente texto de aquel entonces, en donde nos muestra su visión de Estado eminentemente constitucionalista y garantista:

“...lo primero que debe hacer la Constitución política de un pueblo es garantizar, de la manera más amplia y completa posible, la libertad humana, para evitar que el gobierno a pretexto de orden o de la paz, motivos que siempre alegan los tiranos para justificar sus atentados, tenga alguna vez que limitar el derecho y no respetar su uso integro...”

Por lo que, los derechos laborales que quedaron plasmados en nuestra Carta Magna hasta el día de hoy, aparte del reconocimiento de contemplarse este derecho social en nuestra ley suprema, es uno de los más elogiados por haber creado y protegido los derechos de todos los trabajadores mexicanos.

Sin embargo, en México en nuestro sistema de salud, respecto a los residentes médicos, se están vulnerando constantemente sus derechos fundamentales, debido al sistema de guardias utilizado en las instituciones públicas o privadas de salud, que consiste en extensas y consecutivas horas de servicio.

Estas guardias, como se menciona consisten en la programación de extensas y continuas horas de trabajo en los Hospitales, en las que los residentes médicos tienen que trabajar hasta tres días consecutivos, o como se establece actualmente de acuerdo con los lineamientos y normas internas de los hospitales para los residentes en periodo de adiestramiento de una especialidad; se llevan a cabo cada tercer día, con un horario de entrada de las 16:00 a las 07:00 horas, de lunes a viernes, siendo los días festivos y fines de semana estas guardias de 24 horas continuas, de 8:00 am a 8:00 am, por lo que estas guardias médicas pueden tener jornadas de entre 40 hasta 80 horas a la semana, infringiendo de manera excesiva las jornadas de trabajo ordinaria y semanal, establecidas en la ley federal del trabajo.

Además esto tiene como una de sus principales consecuencias, que con estas amplias horas de servicio continuo, es importante mencionar se ve disminuida la calidad de aprendizaje del médico residente sino que también se pone en riesgo su salud y la de los pacientes que sean atendidos por los residentes, y como resultado la calidad de la atención médica recibida, ya que los médicos residentes presentan una acumulación de sueño, fatiga, depresión, ansiedad, síndrome de Burnout, así como un deterioro en su capacidad psicomotriz, física y psicológica, entre otros riesgos para su salud y la de sus pacientes.

Es entonces, que se hace necesario que este tipo de prácticas médicas utilizadas en la actualidad al interior de los hospitales dejen de subsistir, ya que como se menciona genera múltiples riesgos en la salud de los residentes médicos y en la de sus pacientes, provocando mayores errores en la interpretación de los resultados clínicos, generados por los efectos naturales que tiene la privación de sueño y que en muchas ocasiones esta práctica sigue subsistiendo debido al faltante de médicos, especialistas, internistas, cardiólogos, gastroenterólogos y anestesiólogos, entre otros.

Sin embargo, por extraordinaria que parezca esta situación, estas malas e inhumanas practicas han prevalecido durante años, debido a que difícilmente los residentes médicos pueden manifestarse para exigir sus derechos y exponer las condiciones laborales y de salud en que actualmente se encuentran, y quienes por su alto sentido de responsabilidad y deber ser, que va en detrimento incluso de propia vida, ya que si bien ellos si ellos se manifestaran para hacer valer sus derechos, se provocaría por obvias razones un grave impacto en la salud de la población.

Es entonces que permanecen ocultos en los hospitales viviendo bajo estas condiciones, en las que además tienen que soportar humillaciones, amenazas, insultos y malos tratos como lo han manifestado estudiantes de medicina, médicos residentes y la propia Comisión Nacional de Arbitraje Médico, ¿es esta la recompensa a su loable servicio que dan en favor de la sociedad?, recordemos que es hasta ahora una de las pocas profesiones que continua siendo reconocida por la gran mayoría de la población, como las más noble por su alto sentido humano y por el nivel de contribución que da en servicio y bienestar a la población.

Por ende, deben de existir jornadas de trabajo justas, y con los periodos de descanso adecuados, máxime por la importante tarea que ellos realizan y por el grado de responsabilidad que recae en sus manos, que es la salud y lo más importante la vida de cualquier ser humano, por ello, es que en todo momento de su formación se debe buscar favorecer las condiciones laborales en la que presten sus servicios los médicos residentes para mejorar su calidad de vida y de salud.

Los argumentos se confirman con los estudios que a continuación se exponen;

De acuerdo a un trabajo de investigación realizado en 1994, por Lingenfelser T., Kaschel R, Weber A, Zaiser-Kaschel H, en la Universidad de Tuebingen, Alemania, en el que se evaluó el rendimiento de 40 residentes, en tareas psicomotoras durante el día de descanso posterior a haber realizado una guardia. Comparado con un grupo sin la guardia previa a las pruebas, mostraron que tenían un deterioro en el rendimiento evaluando electrocardiogramas, memoria a corto plazo de una lista de cosas para hacer y en tiempos de reacción, y no había diferencias entre residentes con más experiencias y los novatos, sugiriendo que no existe adaptación con el tiempo y la experiencia a la privación de sueño. El estado de la función cognitiva y el estado de ánimo de los médicos del hospital, jóvenes después de una noche de guardia evidenciaba considerablemente una disminución en sus capacidades. Por lo que en vista de la especial vulnerabilidad de los residentes para el estrés laboral, se realizaron en este país todos los esfuerzos para garantizar la reducción de la falta de sueño en la profesión médica.

Un segundo estudio en el mismo sentido, de acuerdo con el Dr. Kenneth R. Fernández Taylor, Miembro del American College of Clinical Thermology, en San Salvador, demuestran que las horas de trabajo excesivas de los médicos residentes pone a los pacientes en situación de riesgo, y se ha demostrado que las horas de trabajo excesivas están asociados con un aumento en la frecuencia de los errores médicos y eventos adversos, ya que los estudios de los residentes de cirugía encontraron que hicieron hasta dos veces el número de errores técnicos en el desempeño de simulación de habilidades quirúrgicas laparoscópicas después de trabajar durante la noche después de una noche de sueño, y se encuentran fallas atencionales asociados con la falta de sueño que pueden ocurrir mientras se trabaja directamente con los pacientes. Estos fallos están relacionados con la inhibición de los procesos cognitivos tales como la memoria y la formación de visión, que se asocian con un mayor riesgo de accidentes.

Derivado de los estudios en comento, es vergonzoso las condiciones en que por años ha permanecido y sigue permaneciendo este sector, y que a la fecha no se haya volteado la mirada hacia ellos, continuando este sector oculto y desprotegido, es por estos motivos que sé hace imperiosa la necesidad de que nosotros como legisladores establezcamos sus derechos y tomemos las acciones legislativas necesarias para cambiar esta vulnerabilidad de sus derechos laborales.

Es nuestra obligación el fortalecer en nuestro marco jurídico y armonizarlo con los derechos humanos que se encuentran plenamente reconocidos y garantizados en nuestra Constitución, y en los Tratados Internacionales de los que México forma parte, es necesario exponer de manera más clara por primera vez las condiciones que imperan hoy en día en el campo de la medicina, y que adoptemos las medidas necesarias para legislar sobre el número de horas máximo de servicio prestado por este sector.

Aunado a lo anterior, es importante destacar que en el derecho a la protección de la salud también se encuentra recogido en diversos Pactos Internacionales de Derechos Humanos, entre los cuales de acuerdo al tema en comento conviene citar el “concepto de salud” que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que es; “un Estado de bienestar físico, psíquico y social, tanto del individuo, como de la colectividad.”

Asimismo en el artículo 24 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 dispone que

“Artículo 24

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Artículo 25

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar , y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 establece en su artículo 12 que

“Artículo 12

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental .

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.”

Por su parte, el Protocolo en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 (Protocolo de San Salvador), dispone en su artículo 10 lo siguiente:

“Artículo 10

Derecho a la Salud

1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.

2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:

a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad;

b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado;

c. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas;

d. La prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole;

e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y

f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.”

Como podemos observar, de acuerdo a los Tratados Internaciones antes citados, se resalta la progresión de derechos de protección a la salud, y promueven las condiciones en las cuales las personas puedan llevar una vida más sana, y hace ese derecho extensivo a los factores determinantes básicos de la salud, como son las condiciones de trabajo seguras y sanas. El derecho a la salud no debe entenderse sólo como un derecho a estar sano, sino que el derecho a la salud entraña otras libertades y derechos, entre estos derechos figura el relativo a un sistema de protección de la salud, que limite de forma razonable la duración del trabajo y a contar con vacaciones periódicas, para que brinde la oportunidad de disfrutar del más alto nivel de salud posible.

Por lo que el sistema de guardias médicas utilizado en el campo de la medicina en nuestro país, no solo viola nuestro marco jurídico mexicano, sino que además vulnera también las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado Mexicano, por la no adopción o aplicación de una política nacional de salud con miras a garantizar el derecho a la salud de todos (incluyendo la de los residentes médicos)

Aunado a lo anterior, en materia laboral; es importante mencionar que la jornada laboral debe tener un límite máximo, el que se debe determinar por la capacidad física del trabajador y por el hecho de que el trabajador necesita una parte del tiempo para satisfacer sus necesidades espirituales, personales y sociales, es por ello que a nivel nacional como ya se hizo referencia en nuestro país en materia laboral, se establece el número legal de horas laborales que como máximo se debe trabajar a la semana, que depende del tipo de jornada que se labore, sin embargo debe de ser conforme a lo dispuesto por los preceptos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, que estipula lo siguiente:

“Artículo 5o. Las disposiciones de esta Ley son de orden público por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca:

III. Una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo, a juicio de la Junta de Conciliación y Arbitraje;

Artículo 58. Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo.

Artículo 59. El trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo, sin que pueda exceder los máximos legales.

Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo, a fin de permitir a los primeros el reposo del sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente.

Artículo 60. Jornada diurna es la comprendida entre las seis y las veinte horas.

Jornada nocturna es la comprendida entre las veinte y las seis horas.

Jornada mixta es la que comprende períodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el período nocturno sea menor de tres horas y media, pues si comprende tres y media o más, se reputará jornada nocturna.

Artículo 61. La duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete horas y media la mixta.

Artículo 62. Para fijar la jornada de trabajo se observará lo dispuesto en el artículo 5o., fracción III.

Artículo 63. Durante la jornada continua de trabajo se concederá al trabajador un descanso de media hora, por lo menos.

Artículo 64. Cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de reposo o de comidas, el tiempo correspondiente le será computado como tiempo efectivo de la jornada de trabajo.

Artículo 69. Por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro.”

De lo anterior podemos observar que depende de la situación particular del trabajador, y si el horario excede los máximos permitidos por la ley, se debe exigir el ajuste de horarios de labores, para que no excedan los límites legales y aunado pueda exigirse el pago de horas extras. Es entonces que en materia laboral la protección de los derechos laborales tiene como fundamento y propósito, asegurar a las personas una vida digna, pues el derecho del trabajo contempla las condiciones de la prestación de los servicios a fin de que no se dañe la salud del trabajador o se ponga en peligro su vida, y de que se respete su dignidad y libertad de la persona.

Por lo que respecta a nivel internacional, en materia de protección de derechos laborales, se establece lo siguiente;

El principal organismo creado para proteger los derechos laborales a nivel global, es la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que su importancia radica en su objetivo que son: los derechos mínimos de todo trabajador, que deben reflejarse en el marco jurídico de cada Estado integrante de dicho organismo.

En consecuencia México al ser integrante de dicho organismo, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que fueron firmados y ratificados por nuestro país, forman parte de nuestro marco jurídico mexicano, que respecto al número de horas de trabajo establece lo siguiente;

Convenio del Trabajo relativo a las Vacaciones Anuales Pagadas, en su artículo 2 establece lo siguiente:

“Artículo 2

1. Toda persona a la que se aplique el presente Convenio tendrá derecho, después de un año de servicio continuo, a unas vacaciones anuales pagadas de seis días laborables , por lo menos.

2. Las personas menores de dieciséis años, incluidos los aprendices , tendrán derecho, después de un año de servicio continuo, a vacaciones anuales pagadas de doce días laborables , por lo menos.

3. No se computan a los efectos de las vacaciones anuales pagadas:

(a) los días feriados oficiales o establecidos por la costumbre;

(b) las interrupciones en la asistencia al trabajo debidas a enfermedad.

4. La legislación nacional podrá autorizar, a título excepcional, el fraccionamiento de la parte de las vacaciones anuales que exceda de la duración mínima prevista por el presente artículo.

5. La duración de las vacaciones anuales pagadas deberá aumentar progresivamente con la duración del servicio, en la forma que determine la legislación nacional.”

Convenio del Trabajo relativo a la Reglamentación de las Horas de Trabajo en el Comercio y las Oficinas, que en sus artículos 3, 4 y 5 establece lo siguiente;

“Artículo 3

Las horas de trabajo del personal al que se aplique el presente Convenio no podrán exceder de cuarenta y ocho por semana y ocho por día , reserva de las disposiciones de los artículos siguientes.

Artículo 4

Las horas de trabajo por semana previstas en el artículo 3 podrán ser distribuidas de suerte que el trabajo de cada día no exceda de diez horas .

Artículo 5

1. En caso de interrupción general del trabajo motivada por: a) fiestas locales, o b) causas accidentales o de fuerza mayor (averías en las instalaciones, interrupción de la fuerza motriz, del alumbrado, de la calefacción o del agua, siniestros), podrá prolongarse la jornada de trabajo para recuperar las horas de trabajo perdidas, en las condiciones siguientes:

(a) las recuperaciones no podrán ser autorizadas más que durante treinta días al año y deberán efectuarse dentro de un plazo razonable;

(b) la jornada de trabajo no podrá ser aumentada más de una hora;

2. Deberá notificarse a la autoridad competente la naturaleza, causa y fecha de la interrupción general del trabajo, el número de horas de trabajo perdidas y las modificaciones temporales previstas en el horario.”

En México, en el Estado de Aguascalientes, es el primer caso en el que ya se estableció una reforma en la reducción del número de horas en la jornada médica para residentes, misma que es además apoyada por el Secretario de Salud del Estado al igual que por su Gobernador, con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios prestados en la atención médica.

Los residentes médicos necesitan estar atentos, tener un juicio flexible y rápidos tiempos de reacción, especialmente frete a situaciones de emergencia, y las condiciones en que prestan su servicio son fundamentales para su desempeño.

Es por ello, que la presente iniciativa propone reformar el artículo 353-C de la Ley Federal del Trabajo, de acuerdo a los derechos humanos que se encuentran plenamente reconocidos en nuestra Constitución y Tratados Internacionales, que garanticen la seguridad, la salud de los residentes médicos, la mejoría de las condiciones de trabajo, y la disminución de los riesgos en la salud.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, propongo la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se modifica el párrafo primero y se adiciona la fracción II y la actual se recorre a V, se adiciona la fracción III, IV del artículo 353-C, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 353-C. Son derechos especiales de los Médicos Residentes, que deberán consignarse en los contratos que se otorguen, además de los previstos en esta Ley, los siguientes:

I....

II. Recibir la debida consideración, sin ningún tipo de mal trato, de palabra o de obra.

III. Las horas de trabajo de los médicos residentes, no deberán de exceder de cuarenta y ocho por semana y ocho por día, se tendrán que incluir las horas de formación del residente.

IV. Los médicos residentes tendrán derecho, después de un año de servicio continuo, a vacaciones anuales de seis días laborables, por lo menos.

V. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y se aplicará lo dispuesto en los artículos transitorios siguientes.

Segundo. Las disposiciones jurídicas que contravengan o se opongan a la presente reforma quedan derogadas.

Tercero. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y demás autoridades sanitarias y educativas competentes, deberán actualizar y, en su caso, publicar la normatividad que conforme a sus atribuciones deba expedir en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la publicación del presente Decreto.

Cuarto. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y demás autoridades sanitarias y educativas competentes, deberán actualizar y adecuar sus reglamentos interiores conforme a lo previsto en esta Ley en un plazo no mayor a 90 días contados a partir de la publicación del presente Decreto.

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Palacio Legislativo, en la Ciudad de México, DF, a 13 de noviembre del 2014.

Diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar (rúbrica).

Que reforma los artículos 29, 34 y 53 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Verónica García Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

Con el objeto de fiscalizar de manera más eficiente, eficaz y transparente las subvenciones que les son entregadas a los grupos parlamentarios.

En todos los estudios y análisis acerca de las evaluaciones del trabajo del Poder Legislativo, se transita de mala a pésima la imagen de la Cámara de Diputados por la opacidad existente en la comprobación de las subvenciones que se les otorgan a los grupos parlamentarios para el desarrollo de las funciones administrativas y legislativas de los miembros de dichos grupos.

Desafortunadamente, estas apreciaciones tienen sustento concreto en los análisis que la Auditoría Superior de la Federación ha realizado a la Cuenta Pública en particular al presupuesto ejercido por la Cámara de Diputados durante los últimos años. De esos análisis han surgido recomendaciones puntuales en torno a la opacidad en el ejercicio de las subvenciones, a su vez respondidas por la Cámara en términos que pudieran justificar ese ejercicio pero que no satisfacen los criterios de transparencia exigidas al resto de los órganos del Estado.

Estas reformas a la Ley Orgánica al ajustar los elementos técnicos de las revisiones a las subvenciones pretenden aportar avances a la transparencia y a una correcta rendición de cuentas.

Argumentos

Se dice que rendir cuentas es una obligación genérica pero que no aborda el asunto de la oportunidad y calidad de la respuesta de las instituciones. En opinión de Luis Fernando Aguilar Villanueva, puede haber “rendición de cuentas no- responsiva” cuando se rinde cuentas sin oportunidad, prontitud, cortesía y confiabilidad de los datos; mientras que la “rendición de cuentas responsiva” se da cuando se informa y responde con calidad, respeto y oportunidad.

“Control” y “fiscalización” son términos que también se usan como sinónimos de rendición de cuentas, a pesar de no serlo. Control y fiscalización son mecanismos para supervisar los actos de gobierno, pero no siempre implican la obligación de los gobernantes para informar de manera periódica sobre sus decisiones y acciones. En ocasiones, el Poder Legislativo inicia motu propio el proceso fiscalizador y la única obligación del Poder Ejecutivo es responder a la información solicitada. En este caso se trata de un proceso unidireccional en el cual el Congreso cuenta con las atribuciones para solicitar información y sancionar en caso de que no se proporcione. Pero esa vigilancia iniciada desde el legislativo debe abarcar también a dicho Poder. Eso le daría legitimidad plena al ejercicio de mecanismo de control del Poder Legislativo. Como uno de los Poderes del Estado no puede sustraerse a la dinámica de un ejercicio financiero correcto y transparente, avalado por los órganos fiscalizadores que el propio legislativo tiene en su seno. Por ello, el control y la fiscalización deben ser vislumbrados como unos de los mecanismos de un sistema de rendición de cuentas, que abarca, además, otros instrumentos y obligaciones que nacen de los propios gobernantes.

Aunque el concepto de “transparencia” también se usa en ocasiones como sinónimo de rendición de cuentas sólo es una característica que abre la información de las organizaciones políticas y burocráticas al escrutinio público, mediante sistemas de clasificación y difusión que reducen los costos de acceso a la información del gobierno. La transparencia implica la práctica de colocar la información en la “vitrina pública” para que se pueda revisar, analizar y, en su caso, usar como mecanismo para sancionar en caso de que se detecten anomalías.

La Cámara de Diputados invierte cantidades extraordinarias de tiempo en comparecencias, investigaciones, auditorías y discusiones para vigilar al Ejecutivo. El presupuesto de la Auditoría Superior de la Federación es el reflejo más fiel de los costos de información que asume el Congreso para llamar a cuentas al Ejecutivo. ¿Y hacia el interior? El diseño de las herramientas internas para supervisar el correcto ejercicio presupuestal debe abarcar también las áreas oscuras de la aplicación financiera de recursos en los grupos parlamentarios.

Así se tendrá la autoridad moral, legal e institucional para exigir a los demás poderes constitucionales una adecuada rendición de cuentas, controlar el abuso del poder y llamar a cuentas a los gobernantes.

Antecedentes

La democracia no existe para cualquier propósito; su fin último es la persona humana y todo el andamiaje institucional que la soporta, incluyendo la elección periódica de los gobernantes, el cual ha sido construido para su servicio.

En esta elemental relación se funda el derecho ciudadano para pedir cuentas, evaluar y exigir responsabilidades a quienes gobiernan, y paralelamente, se origina la obligación de los servidores públicos, en general, de explicar en qué y cómo se ha invertido el presupuesto; justificar las diferentes políticas públicas; y comprobar la eficiencia, eficacia y honestidad con que se desarrollan éstas.

La teoría constitucional ha elevado a máxima categoría los temas de la fiscalización, la supervisión y el control del ejercicio del poder. Tan es así, que un sistema constitucional concebido bajo ese marco teórico se construye a partir de un amplio mecanismo de limitaciones, controles y contrapesos al ejercicio del poder político y administrativo.

Igualmente en este sistema político todos los aspectos de la administración pública deben ser transparentes y ser susceptibles de someterse al escrutinio público.

Si el poder proviene del pueblo, no basta que las y los representantes populares o funcionarios públicos cumplan la ley. Se requiere además que trabajen en función del compromiso ético-político del bienestar, la libertad, la igualdad, la justicia y la solidaridad social. Para hablar seriamente sobre democracia, es imprescindible que las y los gobernantes actúen con eficiencia, austeridad, eficacia y honestidad, que rindan cuentas a los ciudadanos, la fuente original del poder delegado a los gobernantes.

Es un atentado contra el sistema democrático la ineficiencia, ineficacia, corrupción pública, irresponsabilidad y falta de transparencia en el ejercicio del poder político.

De la relación: gobierno surgido del pueblo y sistema político comprometido con ciertos ideales y objetivos ético-políticos, se origina y fundamenta la obligación, de rendir cuentas y someter a evaluación los resultados de sus actos. El gobierno democrático debe ejercerse con responsabilidad, es decir, quienes gobiernan deben responder desde el ámbito penal, civil, disciplinario y político por su conducta en la gestión de los negocios públicos.

Dentro de la teoría democrática se otorga a la visibilidad del poder un sitio preponderante para medir el nivel de la cultura democrática de una sociedad.

El filósofo italiano Norberto Bobbio solía decir que entre las muchas definiciones de democracia él prefería aquella que la presenta como “poder en público”, expresión con la que se refería a todos aquellos mecanismos institucionales que obligan a los gobernantes a tomar sus decisiones a la luz del día, y permiten a los gobernados “ver” cómo y dónde se toman esas decisiones.

El acceso a la información pública y la transparencia como parte del proceso de rendición de cuentas por parte de las autoridades son pilares sobre los que se sostienen las modernas democracias de nuestro tiempo.

A nuestro entender estos tres aspectos se encuentran íntimamente relacionados.

Las elecciones permiten castigar echando del poder a los gobernantes que no han cumplido con las expectativas de los electores, o que no han trabajado en la consecución de los programas por los que fueron votados. Pero en todo caso las elecciones no son un mecanismo totalmente suficiente para asegurar que los gobiernos harán cuanto puedan a fin de maximizar el bienestar de los ciudadanos.

El control de los políticos, en este caso, de los políticos gobernantes, requiere de instituciones que hagan posible que los ciudadanos observen y vigilen las decisiones que se toman en su nombre.

La necesidad de contar con mecanismos que protejan de la desviación y del mal uso del poder público es particularmente acentuada en países con instituciones representativas poco desarrolladas y cuyos mecanismos de rendición de cuentas en el entorno legislativo están pobremente configurados y operan de manera deficitaria.

La reconceptualización del Estado como una entidad creada por y al servicio de la ciudadanía ha contribuido de manera notable a reconocer la importancia de exigir cuentas a los funcionarios públicos, y garantizar la transparencia en el manejo de los fondos. La redefinición de la esfera pública como un ámbito de responsabilidad y pertenencia ciudadana va de la mano con el auge del concepto “participativo” de la democracia en la teoría democrática. Desde esta perspectiva, la rendición de cuentas y la transparencia en la función pública son elementos insustituibles de la buena gobernabilidad y de políticas acertadas.

El concepto de rendición de cuentas puede expresarse con el término responsabilidad, es decir, la obligación de responder por los actos, pues implica la capacidad de garantizar que las autoridades del gobierno respondan por sus acciones.

Y en ese sentido de la responsabilidad es que se recuerda que permanentemente la Auditoría Superior de la Federación, al hacer la revisión de la cuenta pública anual, de manera reiterada ha hecho observaciones sobre el manejo de las subvenciones en la Cámara de Diputados, calificándolo por lo menos de oscuro y poco transparente.

2. Fundamentación

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 24 menciona como facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

II. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las funciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación, en los términos que disponga la ley;

VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la entidad de fiscalización superior de la federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha entidad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de éstos, en términos de la ley.

Asimismo, establece en el artículo 79. La entidad de fiscalización superior de la federación, de la Cámara de Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

Esta entidad de fiscalización superior de la Federación tendrá a su cargo:

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley.

Asimismo, sin perjuicio del principio de posterioridad, en las situaciones excepcionales que determine la ley, derivado de denuncias, podrá requerir a las entidades fiscalizadas que procedan a la revisión, durante el ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados y le rindan un informe. Si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la Ley, se impondrán las sanciones previstas en la misma. La entidad de fiscalización superior de la Federación rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados y, en su caso, fincará las responsabilidades correspondientes o promoverá otras responsabilidades ante las autoridades competentes;

Los Poderes de la Unión, las entidades federativas y las demás entidades fiscalizadas facilitarán los auxilios que requiera la entidad de fiscalización superior de la Federación para el ejercicio de sus funciones y, en caso de no hacerlo, se harán acreedores a las sanciones que establezca la Ley. Asimismo, los servidores públicos federales y locales, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos federales, deberán proporcionar la información y documentación que solicite la entidad de fiscalización superior de la Federación, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. En caso de no proporcionar la información, los responsables serán sancionados en los términos que establezca la ley.

A su vez, la Ley Orgánica del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 29 las prerrogativas a las que tienen derecho los grupos parlamentarios en términos de recursos humanos, físicos y financieros para desempeñar adecuadamente su función.

En el artículo 34 establece como facultad de la Junta de Coordinación Política las facultades para el otorgamiento de dichos recursos incluyendo los espacios para oficinas.

El artículo 53 determina que la Cámara de Diputados: ...“cuenta con su propia Contraloría Interna, cuyo titular tiene a su cargo practicar auditorías, revisiones, investigaciones y verificaciones; recibir quejas y denuncias y aplicar los procedimientos y sanciones inherentes a las responsabilidades administrativas; así como conocer de los recursos de revocación, de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y llevar a cabo los procedimientos derivados de las inconformidades presentadas por contratistas y proveedores conforme a la normatividad aplicable. La Contraloría se ubica en el ámbito de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y debe presentar a ésta un informe trimestral sobre el cumplimiento de sus funciones. Su titular es nombrado a propuesta de dicha Conferencia, por las dos terceras partes de los individuos presentes en el pleno”.

Tiene como atribuciones centrales:

Establecer las directrices para la elaboración del Programa Anual de Control y Auditoría.

Coordinar los mecanismos de control y evaluación de las unidades administrativas de la Cámara con la participación de las Secretarías, la general y las de servicios.

Definir y establecer las normas, políticas y procedimientos para la realización de auditorías, inspecciones, fiscalizaciones y evaluaciones a las unidades administrativas de la Cámara. Verificar que cumplan con las disposiciones legales aplicables en materia de administración de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos.

Emitir opinión previa a su expedición, sobre proyectos de normatividad que en materia administrativa formulen las unidades administrativas y parlamentarias de la Cámara, y registrarlas una vez aprobadas.

Atender y dar seguimiento a las quejas y denuncias que conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos se presenten por probable responsabilidad administrativa de servidores públicos de la Cámara.

Ordenar la investigación de los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos de la Cámara, que puedan constituir responsabilidades administrativas y, en su caso, ordenar se hagan las denuncias ante las autoridades correspondientes.

Atender las inconformidades que presenten proveedores o contratistas respecto de los procedimientos de adjudicación de adquisiciones, arrendamientos, servicios, enajenaciones y obra pública que realice la Cámara.

Participar, opinar y asesorar, en los procedimientos de adquisiciones, prestación de servicios y obra pública, así como en los de enajenación de bienes de la Cámara.

Colaborar con la entidad de Fiscalización Superior de la Federación en los procedimientos que se establezcan para la revisión de la Cuenta Pública.

Que queda claro que como parte del ejercicio de control que ejerce la Cámara de Diputados sobre el Poder Ejecutivo cuenta con su órgano técnico que es la Auditoría Superior de la Federación, ASF. Igualmente la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación cuenta con su propio órgano técnico para supervisar y auditar los trabajos de la ASF.

De la misma manera y de manera específica el artículo 53 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establece que entre otros órganos técnicos la Cámara de Diputados cuenta con la Contraloría Interna:

Contando con esos elementos técnicos y derivado de las consideraciones teóricas que justifican la presente iniciativa, Verónica García Reyes, en mi carácter de diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 1o. y 3o., párrafo 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que modifica los artículos 29, 34 y 35 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman y adicionan los artículos 29, 34 y 53 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 29

1. De conformidad con la representación de cada grupo parlamentario la Junta de Coordinación Política acordará la asignación de recursos y locales adecuados a cada uno de ellos. Adicionalmente a esas asignaciones, la Junta de Coordinación Política dispondrá una subvención mensual para cada grupo parlamentario, integrada por una suma fija de carácter general y otra variable, en función del número de diputados que los conformen. Dichas subvenciones serán auditadas por la Contraloría Interna y en dicha revisión serán aplicados los mismos criterios técnicos utilizados en las auditorías para la revisión de cualquier área administrativa y parlamentaria en atención a los criterios contables generalmente aceptados y atendiendo en todo momento las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación.

2. ...

3. ...

Artículo 34

...

a) a g) ...

h) Asignar, en los términos de esta ley, los recursos humanos, materiales y financieros, así como los locales que correspondan a los grupos parlamentarios; los recursos asignados serán sujetos de revisión y auditorías tanto por la Contraloría Interna de la Cámara como por la Auditoría Superior de la Federación al hacer la revisión de la Cuenta Pública respectiva y en todo momento se atenderán de manera estricta los criterios de transparencia y adecuada rendición de cuentas.

i) ...

Artículo 53

...

a) A la Dirección General de Auditoría le corresponde elaborar, aplicar y verificar el cumplimiento del programa anual de control y auditoría, realizar auditorías y aclaración de las observaciones hasta la resolución y/o elaboración de los dictámenes de responsabilidades; vigilar que el manejo y la aplicación de los recursos financieros, humanos y materiales se lleven a cabo de acuerdo con las disposiciones aplicables. Al realizar las auditorías mencionadas a las áreas parlamentarias de la Cámara de Diputados será obligatorio armonizar criterios, elementos técnicos y normativos con la Auditoría Superior de la Federación.

b) y c) ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2014.

Diputada Verónica García Reyes (rúbrica)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Diputado José Francisco Coronato Rodríguez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una Sección Cuarta, al capítulo tercero, del Título Primero, del Reglamento de la Cámara de Diputados, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la complejidad que vive actualmente nuestra sociedad, inundada por la globalización, el crecimiento galopante de las telecomunicaciones, los constantes cambios políticos y sociales, así como las intensas crisis económicas, la cuestión ética resulta ser un tema imprescindible y universal, más aún si se trata de aquella que debe regir las acciones de la clase política y de las personas que desde diferentes espacios son pieza fundamental en el aparato gubernamental del Estado.

Uno de los factores fundamentales para entender el rubro de la ética es el hecho de que los seres humanos nos distinguimos de los demás seres vivos animales y vegetales, por el raciocinio y la autodeterminación de su libertad.

La ética implica una constante coherencia y empatía entre el querer, el sentir y el hacer, que son los elementos necesarios para el pleno desarrollo del individuo en sociedad.

La complejidad del momento actual ha sido determinado en gran medida por dos factores: globalización e interdependencia, lo que ha devenido en una ciudadanía con mayor presencia y participación en el sistema político.

Estos acontecimientos han obligado a las estructuras gubernamentales a mejorar su desempeño y niveles de eficacia, debiendo comenzar por generar empatía y ganar credibilidad frente a la sociedad.

Con las nuevas tecnologías los ciudadanos están cada vez mejor informados y en constante comunicación, fenómeno que ha convertido a la sociedad actual en un ente más demandante, en comparación con generaciones anteriores. Los mexicanos exigen, para el otorgamiento de su confianza, que la gestión de gobierno genere beneficios tangibles en su vida cotidiana, al mismo tiempo que la conducta de los gobernantes se dé bajo los principios de honestidad, respeto, honradez, responsabilidad, transparencia, justicia y tolerancia.

Lamentablemente, en nuestros días los antivalores y prácticas corruptas han invadido todos los ámbitos de la vida pública, el político, el social, el económico y el cultural. Es así que las sociedades contemporáneas viven sumergidas en una crisis de valores, lo que genera una enorme confusión y desorientación en los ciudadanos que la integran, tocando las fibras tanto de gobernantes como de gobernados. Esta situación genera mentes permisivas, que se reproducen en conductas nocivas y afectan el funcionamiento de las sociedades, al mismo tiempo que agravian los conflictos globales.

La ausencia de los más elementales valores de la ética y la moral, al afectar a las sociedades, inexorablemente afecta también a los estados en sus diversos Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Cuando políticos, jueces, legisladores y demás funcionarios públicos pervierten los valores y principios éticos, se olvidan de cumplir con el objetivo más trascendente de todo gobierno, que es el de impartir justicia garantizando el bien común y preservando la fe y esperanza de la comunidad en un mejor porvenir.

Uno de los principios más valiosos y legítimos de una democracia, es precisamente el inalienable derecho que tiene la sociedad de exigir resultados tangibles a los servidores públicos, por ello, estos últimos no deben anteponer sus intereses particulares o familiares a los de la nación.

Por lo anterior, es menester contribuir al desarrollo de una nueva relación entre el gobierno y la sociedad, sustentada en los valores de la ética, la transparencia y rendición de cuentas, que inspire confianza y seguridad, para que los ciudadanos se sientan tranquilos del actuar de los funcionarios públicos.

En México, uno de los cuerpos colegiados de mayor importancia en la vida democrática de la nación, es esta Cámara de Diputados, en la que convergemos 500 hombres y mujeres en representación de los intereses y anhelos de más de 114 millones de mexicanos, lo que representa una colosal responsabilidad ante la historia y rumbo de nuestra patria, y nos exige conducirnos bajo los más altos estándares de honorabilidad.

De acuerdo con una encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica realizada en 2012, la mayor parte de los mexicanos desconoce a sus legisladores, al partido político que pertenecen, desconfía de ellos como sus representantes populares, y aunque consideran que trabajan poco y ganan mucho, gran parte de ellos no quisiera llegar a ser legislador.

Esta encuesta reveló que cuatro de cada diez ciudadanos preferiría recurrir a los medios de comunicación antes que a un legislador para impulsar una ley. Además, ocho de cada diez desconoce el nombre de su diputado o senador, seis de cada diez desconoce a qué fuerza política pertenece legislador que lo representa, y cinco de cada diez ignora el partido en que milita su diputado.

De acuerdo con esta misma encuesta, las opiniones sobre el trabajo de los legisladores varían, 40 por ciento opina que diputados y senadores sólo buscan su beneficio personal, 30 por ciento, cree que no son trabajadores, pues hacen poco y cobran mucho, y apenas 13 por ciento por ciento los considera representantes del pueblo o servidores públicos. (La muestra para la aplicación de dicha encuesta fue de 800 personas y se realizó vía telefónica.)

Por lo anterior, resulta imprescindible que este órgano legislativo cuente con un instrumento jurídico encaminado a regular la disciplina y ética parlamentaria, con el propósito de que las sesiones del pleno y de comisiones transiten de manera pacífica y ordenada, transparentando los recursos y rindiendo cuentas claras, para lograr los acuerdos que la sociedad demanda, de tal forma que la ciudadanía perciba, en el corto plazo, un cambio positivo en su vida, y vuelva a respetar la figura y trabajo de los legisladores.

Si bien es cierto que en los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo por crear un instrumento jurídico que valore y regula la conducta y desempeño de los legisladores, también lo es que ha hecho falta dar el último paso, aquel que permitirá incluir en el Reglamento de la Cámara de Diputados, una serie de preceptos que obliguen a las diputadas y diputados que integramos está Cámara, a comportarnos de manera respetuosa y digna dentro y fuera de este recinto.

La presente iniciativa pretende adicionar una Sección Cuarta, al Capítulo Tercero, del Título Primero, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Esta propuesta se plantea ante la inminente necesidad de devolverle a esta Cámara el sentido ético que perdió hace muchos tiempo, la realidad es que la gente ha dejado de creer en la seriedad y capacidad de este órgano legislativo, y es nuestra obligación recuperar la credibilidad que en los últimos años ha sido puesto en duda.

Con ello, se busca hacer más eficiente el proceso legislativo, transparentar el uso de los recursos, mejorar la imagen que la sociedad tiene de los legisladores y ubicando a la ética como un valor central de nuestra tarea parlamentaria.

Tenemos ante nosotros la histórica posibilidad de sentar un precedente en materia de valores y ética parlamentaria, que enarbole los valores más puros y significativos de la dignidad humana, para cumplir y afrontar con responsabilidad la tarea que los ciudadanos nos han encomendado, y así, recordarnos a nosotros mismos el valioso arte de servir a través del buen gobernar, que es el fin último de la política.

De materializarse este iniciativa, habremos cumplido con una parte esencial de nuestra tarea como legisladores federales, que es la de crear los mejores escenarios para elaborar y reformas leyes de manera óptima y tomar decisiones de manera sensata, buscando siempre el bien común y el mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos.

La sociedad mexicana, en su legítimo derecho, nos exige desempeñar con mesura y responsabilidad el cargo que nos confirieron, ahí radica la urgencia de realizar esta adición a nuestro Reglamento, con el propósito de mejorar nuestra calidad como legisladores y lograr la reivindicación y dignificación del Poder Legislativo.

En virtud de lo anteriormente expuesto, propongo a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que se adiciona una Sección Cuarta al capítulo Tercero del Título Primero del Reglamento de la Cámara de Diputados

Se adiciona una Sección Cuarta al capítulo tercero del Título Primero del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Título Primero
Disposiciones Generales

Capítulo I. y II. ...

...

Capítulo III
De los diputados y las diputadas

Sección Primera a Tercera. ...

...

Sección Cuarta
De la Disciplina y Ética Parlamentaria

Artículo 8 Bis. Las diputadas y diputados guardarán el debido respeto y compostura en el interior del Recinto, en las sesiones del pleno, de comisiones y comités, así como en cualquier acto oficial.

Artículo 8 Bis 1. Las diputadas y diputados, tanto en el Recinto como fuera de él, observarán una conducta y comportamiento en congruencia con la dignidad que corresponde a su investidura.

Artículo 8 Bis 2. Las diputadas y diputados que hagan uso de la palabra en tribuna o desde su curul, no podrán hacerlo con palabras altisonantes o ademanes que infieran insultos o agravios a cualquier miembro del Congreso, funcionario o ciudadano.

Artículo 8 Bis 3. Las diputadas y diputados, durante sus intervenciones en tribuna, en cualquier acto oficial dentro y fuera del recinto, por sus propios medios o a través de terceros, se abstendrán de afectar o lesionar moral o físicamente a cualquier miembro del Congreso, funcionario o ciudadano.

Artículo 8 Bis 4. Las sanciones disciplinarias que podrán aplicarse a las diputadas y diputados, son:

I. Apercibimiento;

II. Amonestación, sin constancia en acta, ni en el Diario de los Debates;

III. Amonestación con constancia en el acta;

IV. Disminución de la dieta; y

V. Remoción de las comisiones de las que formen parte.

Artículo 8 Bis 5. Las diputadas y diputados serán apercibidos por el presidente de la Mesa Directiva o de la Comisión respectiva, por sí mismo o a moción de cualquiera de los diputados, cuando no se conduzcan con respeto o compostura en la sesión o reunión.

Artículo 8 Bis 6. Las diputadas y diputados serán amonestados sin constancia en el acta ni en el Diario de los Debates, por el presidente de la Mesa Directiva cuando:

I. Sin justificación, interrumpan el desarrollo u orden de la sesión o reunión;

II. Agotado el tiempo y el número de sus intervenciones, pretendieren indebidamente y sin fundamento hacer uso de la tribuna.

Lo previsto en el presente artículo será aplicable a las comisiones, en lo conducente.

Artículo 8 Bis 7. Las diputadas y diputados serán amonestados con constancia en el acta, por el Presidente de la Mesa Directiva o de la Comisión respectiva cuando:

I. En la misma sesión o reunión en la que se les aplicó una amonestación, reincidan en alguna de las faltas previstas en el artículo anterior;

II. Provoquen un disturbio en la sesión o reunión;

III. No respeten la confidencialidad de las pláticas, documentos electrónicos, fílmicos, de audio y escritos, correspondientes a los asuntos tratados en las sesiones secretas; y

IV. Intervengan en los asuntos referidos en la fracción III, inciso 1, del artículo 8 de la presente Ley.

V. No cumplan con lo dispuesto en la fracción IX, inciso 1, del artículo 8 de la presente Ley.

Artículo 8 Bis 8. La dieta de las diputadas y diputados será disminuida cuando se actualice alguno de los siguientes supuestos:

I. En un mismo periodo de sesiones, acumulen dos o más amonestaciones, con constancia en el acta;

II. Se hayan conducido con violencia en el desarrollo de una sesión;

III. Falten injustificadamente a cualquier sesión o reunión.

Artículo 8 Bis 9. La disminución de la dieta en el supuesto de la fracción I del artículo anterior, será de un día.

La disminución de dieta en el supuesto de la fracción II del artículo anterior será de cinco días y para la fracción III, de un día.

Para los efectos conducentes, por día de dieta se entenderá un día de la dieta total integrada mensual del diputado.

Las sanciones contempladas en las fracciones I a III del artículo anterior serán aplicadas por la Mesa Directiva y ejecutadas por el Presidente, el que dará cuenta al Pleno.

Artículo 8 Bis 10. La sanción prevista en la fracción V del artículo 8 Bis 4 de la presente Ley, será decretada por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión que corresponda, a propuesta de la Mesa Directiva.

Artículo 8 Bis 11. La diputada o diputado contra quien se inicie un procedimiento disciplinario tendrá derecho de audiencia.

Para tal efecto, tratándose de las sanciones contempladas en las fracciones IV y V del artículo 8 Bis 4 de la presente Ley, la Mesa Directiva o la Comisión, según sea el caso, observarán el siguiente procedimiento:

I. El presidente de la Mesa Directiva o de la Comisión, según sea el caso, notificará por escrito a la diputada o diputado el inicio del procedimiento, informándole de la falta que se le imputa;

II. La diputada o diputado, dentro de los cinco días hábiles siguientes al momento en que fue informado, podrá manifestar por escrito lo que a su interés convenga y aportar las pruebas que le correspondan;

III. Agotado el término establecido en la fracción anterior, la Mesa Directiva o la Comisión, resolverán en definitiva sobre la aplicación de la sanción.

Tratándose de la disminución de la dieta deberá instruir al área competente la ejecución de la misma. Tratándose de la remoción de comisiones, la Mesa Directiva propondrá la resolución y reemplazo correspondientes al Pleno.

Para el efecto de las sanciones contempladas en las fracciones I a III del artículo 8 Bis 4 de la presente ley, el derecho de audiencia se sustanciará de plano por la Mesa Directiva o la presidencia de la Comisión, según corresponda, en la misma sesión o reunión en que se solicita la sanción, concediéndose a la diputada o diputado en contra de quien se solicita, manifieste por sí o a través de otro diputado lo que a su interés convenga.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones, a 13 de noviembre de 2014.

Diputado José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica)

Que reforma el artículo 4o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Ricardo Medina Fierro, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Ricardo Medina Fierro, con el carácter de diputado federal a la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto al tenor de lo siguiente:

Exposición de Motivos

En el Programa Nacional para el Desarrollo de la Pesca Deportiva 2013-2018 de la Conapesca se incluye un concepto de pesca deportiva turística a los que hace referencia como aquella que se relaciona directamente con la prestación de servicios turísticos de pesca deportiva, también llamada pesca deportiva comercial.

De ellas, el 77 por ciento son privadas, o pertenecientes a personas físicas, 12 por ciento a personas morales (marinas, hoteles) y el 11 por ciento se ubica en cooperativas prestadoras de servicios turísticos.

Según la Asociación Mexicana de Marinas Turísticas, en el país existen 52 marinas turísticas (38 adscritas en la asociación y 14 en proceso de hacerlo). Las mismas aglutinan un total aproximado de 5 mil 200 muelles, los cuales en promedio tienen una ocupación constante en el año de un 75 por ciento (3 mil 900 embarcaciones).

Del total de embarcaciones que ocupan estos muelles, el 70 por ciento corresponde a embarcaciones dedicada a la pesca deportiva como actividad primaria (2 mil 730). Las mismas se dividen en particulares y prestadoras de servicios turísticos. El costo promedio de cada muelle es de 700 dólares mensuales, por lo que el alojamiento de este tipo de embarcaciones promedio anual es de 22 millones 932 mil dólares. De ellas, las embarcaciones pertenecientes a empresas prestadoras de servicio aglutinan el 40 por ciento (mil 117 embarcaciones).

Las prestación de servicios de pesca deportiva es el que realizan las embarcaciones del sector social que no están adscritas a marinas (cooperativas pesqueras y de servicio turístico); la mayoría de las mismas se encuentran en muelles públicos o enclavadas en las administraciones portuarias integrales. Ellas representan un gran porcentaje de esta actividad. Son aproximadamente 3 mil 500 embarcaciones.

Se calcula que las embarcaciones prestadoras de servicios turísticos realizan 120 viajes anuales en promedio cada una.

Ahora en concepto de ley, el artículo 4 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable fracción XXIX, establece que la pesca deportiva recreativa es la practica con fines de esparcimiento y recreación con las artes de pesca precisamente autorizadas por la ley, reglamentos y normas oficiales vigentes, esto ha provocado dejar a la pesca deportiva sin los apoyos y subsidios que Sagarpa y Conapesca otorgan.

Estas circunstancias han desalentado esta actividad de pesca deportiva en la región del pacifico norte, como una real inversión de productividad ante la falta de disponibilidad de recursos y la consolidación de un área de oportunidad turística, esto ocurre porque en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable no hace distinción entre lo que ocurre en la práctica y en la actividad diaria ya que se considera que por una parte se encuentra la pesca deportiva recreativa y por otra parte la pesca deportiva, en donde se asemejan pero que tienen sus distinciones.

En la práctica de la pesca deportiva recreativa solo se cuenta con un permiso otorgado por la Conapesca para realizar la pesca por día, mes o año, en donde las embarcaciones no están en constantemente pagando derechos por muelle, embarque, desembarque y atraco, cuentan con herramienta propias y artes de pesca propios los usuarios, esto demuestra que solo son de recreación y gusto por la pesca.

Pero si hablamos de la pesca deportiva nos referimos a que se lleva a cabo mediante la contratación y pago de los servicios de personas donde es un modo de vida y un sustento económico familiar, esta pesca deportiva provee de embarcaciones y artes de pesca a los usuarios, además del permiso de pesca para otorgar dicho servicio, contar con un permiso de turismo náutico, pagar por derechos de uso de muelle, embarque, desembarque y atraque, así como estar inscritos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como prestadores de servicios, también contar con seguros por embarcación, pasajeros y tripulantes, por lo anterior no pueden ser iguales la pesca deportiva recreativa y la pesca deportiva en las leyes que rigen esta actividad.

La pesca deportiva de Baja California derrama económica en cada uno de los estados que se lleva a cabo esta actividad, pero sobre todo una firma de vida de miles de mexicanos que ven de la peca como el mejor sustento para sus familias.

El Estado mexicano requiere dar la atención y el desarrollo de los temas que generan empleos directos e indirectos, de los que se encuentran de un negocio formal y que también deben de ser apoyados por el gobierno federal para que puedan subsistir y sobre todo seguir impulsando a la economía del país.

Por otro lado la pesca deportiva se entiende como una actividad de comercio dentro del Código de Comercio como se muestra a continuación:

Artículo 1. Los actos comerciales solo se regirán por lo dispuesto en este código y las demás leyes mercantiles aplicables.

Artículo 2. A falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás leyes mercantiles, serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común contenido en el código civil aplicable en materia federal.

Así mismo, el artículo 75 del Código de Comercio dispone de manera enunciativa una seria de actos, contratos, empresas, operaciones y actividades que se consideran como actos de comercio, entre as cuales se destacan para el caso que nos ocupa, las citadas en las fracciones VII y XV del dispositivo invocado, en las cuales se comprenden, en primera de ellas, a las empresas de trasportes de personas o cosas, por tierra o por agua; y las empresas de turismo; y en la segunda todos los contratos relativos al comercio marítimo a la navegación interior exterior.

Dicho numeral, en la parte que interesa:

Artículo 75. La ley reputa acto de comercio:

I. Todas las adquisiciones, anegaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial, de mantenimiento, artículos, muebles o mercaderías, sea en estado natural, sea después de trabajo o labrados;

VIII. Las empresas de transporte de personas o cosas, por tierras o por agua; y las empresas de turismo;

XIV. Todos los contratos relativos al comercio marítimo y a la navegación interior y exterior;

Por otra parte es de suma importancia que los prestadores de servicios de pesca deportiva puedan acceder a los beneficios de los programas de apoyo federales para que puedan incrementar sus márgenes de ganancias ya que en algunas ocasiones llegan a ser el motor económico de las comunidades alejadas como el caso de Bahía de los Ángeles en el Municipio de Ensenada, en donde el 80 por ciento de las actividades se deben a la pesca deportiva.

Algunos de los propósitos de esta adhesión de concepto de pesca deportiva a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable son los siguientes:

I. Incrementar el desarrollo económico de las entidades por medio de los apoyos del gobierno federal a los prestadores de servicios de la pesca deportiva.

II. Mejorar la calidad de los servicios relacionados con la práctica de la pesca.

III. Incrementar el número de empleos en cada una de las embarcaciones mexicanas para realizar la pesca deportiva.

V. Realizar los mecanismos de la actividad dentro un negocio formal y establecido en lo que marcan las Leyes Mexicanas.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una nueva fracción XXIX, recorriéndose el orden de las demás fracciones, al artículo 4 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable

Único. Se adiciona una nueva fracción XXIX, recorriéndose el orden de las demás fracciones, al artículo 4 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.

Artículo 4. Para los efectos de esta ley, se entiende por:

I. a XXVIII. ...

XXIX. Pesca Deportiva. Actividades comerciales de los prestadores de servicios turísticos de pesca, cumpliendo con las artes de pesca autorizadas por esta Ley, reglamentos y las normas oficiales vigentes.

XXX. Pesca Deportivo Recreativa. La que se practica con fines de esparcimiento o recreación con las artes de pesca previamente autorizadas por esta ley, reglamentos y las normas oficiales vigentes.

XXXI. a LII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2014.

Diputado Ricardo Medina Fierro (rubrica)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, integrante del Grupo Parlamentario del PAN de la LXII Legislatura en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 6, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por virtud del cual se adiciona los artículos 49 Bis 1, 95 Bis 1 y 95 Bis 2 de la Ley General de Salud, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Los estudiantes de medicina deben de gozar de los mismos derechos a la salud que los pacientes, es preocupante ver cuando nos referimos a los derechos humanos en la salud, por lo regular los académicos, y estudiosos del tema, hacen énfasis en los derechos humanos del paciente, y casi nula la referencia a los derechos humanos con los que los médicos y estudiantes de medicina deben contar como toda persona a la salud.

Lo que nos deja ver la poca importancia que nuestro país le da a este sector tan importante de la población, cuyos derechos al igual que el de todos los mexicanos se encuentran establecidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que en el artículo 1 se establece lo siguiente;

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte , así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

Por consiguiente, queda claro que todas las personas gozamos y tenemos los derechos humanos que se encuentran plenamente reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, en el artículo 4 de la Constitución se consagra entre otros derechos, el derecho a la salud, disponiendo lo siguiente ; “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.” . Es entonces que una vez que se reconoce el derecho a la salud para todas las personas, el gobierno tiene la obligación de llevar ese derecho a la práctica a través de leyes, políticas y programas.

Sin embargo, en México en nuestro sistema de salud, respecto a los internos de pregrado, y de servicio social, que prestan sus servicios de salud, se están vulnerando constantemente sus derechos fundamentales, debido al sistema de guardias utilizado en las instituciones públicas o privadas de salud, que consiste en extensas y consecutivas horas de servicio.

Estas guardias médicas, en los hospitales como se menciona consisten en la programación de periodos extensos y extenuantes en la duración del servicio en los Hospitales, en la que los internos de pregrado y de servicio social, tienen que prestar su servicio hasta por tres días consecutivos, estas guardias médicas a las que son sometidos pueden ser de entre 40 hasta 80 horas a la semana.

Cabe destacar que en México, estas prácticas profesionales y de servicio social en el sector salud, se desarrollan precisamente durante sus últimos años de formación a nivel universitario, los jóvenes que están estudiando en instituciones de educación superior en la carrera de medicina se encuentran con un requisito obligatorio para obtener el título universitario o grado académico: que es el realizar el internado de pregrado y prestar un “servicio social”, en hospitales públicos o privados, mientras que las pasantías son realizadas por los jóvenes que finalizaron sus estudios pero aun no obtienen la certificación correspondiente para la obtención del título o grado en comento, sin embargo estas mencionadas prácticas profesionales y de servicio social en la medicina no pueden emplearse para cubrir necesidades de tipo laboral o institucional, es decir, no tienen la categoría de trabajador, toda vez que se realiza durante el periodo escolar como complemento a su educación.

Este servicio social que tienen que realizar los estudiantes de medicina, como sabemos se encuentra regulado por la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, así como en el Reglamento para la Prestación del Servicio Social de los Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior en la República Mexicana, no obstante en ninguna de estas dos normatividades se encuentra una definición precisa respecto a ¿qué es el servicio social o las prácticas profesionales?, mucho menos en lo referente al sector salud, que en la práctica se realiza de manera muy distinta a las demás profesiones, por el sistema de guardias utilizado.

Es entonces, que al no contar también con una regulación adecuada y especifica en la Ley General de Salud respecto a los internos de pregrado y de servicio social, en la que se establezca claramente, ¿cuál es su duración y las condiciones en que deberán de realizar su servicio médico prestado?, provoca que estos se encuentren frente a un peligro latente y real durante la duración de sus servicios médicos, porque se enfrentan ante la terrible situación en la que son explotados de manera inhumana, ya que, en la práctica, lejos de ser un medio de aprendizaje, se convierte en una herramienta utilizada de forma “inhumana” en los hospitales, y en la que este sector termina realizando tareas que fueron contempladas para los trabajadores, sin ningún contenido educativo, y por lo tanto terminan siendo mano de obra gratuita y sobreexplotada, como lo advierte la misma Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que más adelante se expone en la presente iniciativa.

Además esto tiene como una de sus principales consecuencias, que con estos periodos tan amplios en la prestación de sus servicios, se ve disminuida significativamente la calidad de su aprendizaje de los internos de pregrado y de servicio social, sino que también se pone en riesgo su salud y la de los pacientes que sean atendidos por estos, dando como resultado la calidad de la atención médica recibida, ya que en consecuencia presentan acumulación de sueño, fatiga, depresión, ansiedad, síndrome de Burnout que se caracteriza por presentar (agotamiento emocional, fatiga, depresión, relación de los síntomas con la actividad laboral, predominancia de estos síntomas en los ámbitos mentales y conductuales sobre el cansancio físico, aparición de los síntomas en personas normales sin antecedentes “psicopatológicos”, e ineficiencia y pobre desempeño en el trabajo), así como un deterioro en su capacidad psicomotriz, física y psicológica, entre otros riesgos para su salud y la de sus pacientes.

Es entonces, que se hace necesario que este tipo de prácticas profesionales y de servicio social en el campo de la medicina utilizada en la actualidad al interior de los hospitales dejen de subsistir, ya que como se ha mencionado de manera reiterativa genera múltiples riesgos en la salud de los internos de pregrado y de servicio social y en la de los mismos pacientes, provocando mayores errores en la prestación de sus servicios, generados por los efectos naturales que tiene la privación de sueño y que en muchas ocasiones esta práctica subsiste debido al faltante de médicos, especialistas, internistas, cardiólogos, gastroenterólogos y anestesiólogos, entre otros.

Sin embargo, por increíble que parezca esta situación, estas malas e inhumanas prácticas han prevalecido durante años, debido a que difícilmente los internos de pregrado y de servicio social, se manifestarían para exigir sus derechos y exponer las condiciones en las que hasta la fecha prestan sus servicios, por su alto sentido de responsabilidad y deber ser, que va en detrimento incluso de propia salud, es entonces que permanecen ocultos en los hospitales viviendo bajo estas condiciones, en las que además tienen que soportar humillaciones, amenazas, insultos y malos tratos como ya lo ha manifestado la propia Comisión Nacional de Arbitraje Médico, ¿es esta la recompensa a su loable servicio que dan en favor de la sociedad?, recordemos que es hasta ahora una de las pocas profesiones que continua siendo reconocida por la gran mayoría de la población, como las más noble por su alto sentido humano y por el nivel de contribución que dan en servicio y bienestar a la población.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), respecto al tema, también refiere que con frecuencia son un problema latente, ya que se han presentado numerosas denuncias de abusos, pues estas prácticas profesionales son consideradas como fuente de trabajo a bajo costo o, incluso, gratuito.

En México los internos de pregrado y de servicio social, ocupan un lugar muy importante en el mecanismo asistencial del sistema de salud mexicano, aspecto que es transcendental y que las universidades, así como las instituciones de salud deben de considerar, y por ende, deben de existir limitantes en los periodos de la duración de los servicios de salud prestados, de manera más justa y con los periodos de descanso, trato y respeto adecuados, por el importante servicio que ellos prestan y la responsabilidad que también recae en ellos, y por el simple hecho de ser persona, por ello, es que en todo momento de su formación se debe buscar favorecer las condiciones en que ellos prestan su servicio y mejorar su calidad de vida y de salud.

Es cierto que existen numerosos casos de negligencia médica en nuestro país, sin embargo, no se menciona que muchos de ellos, son consecuencia por las condiciones bajo las que los internos de pregrado y de servicio social, se ven obligados a prestar sus servicios, ya que debido a los periodos tan extensos de servicio, su periodo de descanso no es el adecuado, y su capacidad de atención y habilidades psicomotoras queda limitada, ocasionando errores en el servicio que ellos prestan. Sin embargo, lo que propone la presente iniciativa es cambiar las condiciones y prácticas bajo las cuales hasta el día de hoy los internos de pregrado y de servicio social prestan sus servicios en nuestro país.

Los anteriores argumentos se confirman con los estudios que a continuación se exponen;

En Australia, se realizó un estudio por Dawson y Kathryn Reid del Centro de Investigación del Sueño, y del Hospital Queen Elizabeth Woodville de Australia del Sur, en julio-agosto del año de 1997, y encontraron que los niveles de fatiga relativamente moderados (luego de 17 horas de estado de vigilia) impiden el desempeño a un grado equivalente o mayor que el aceptado en los países occidentales industrializados para la intoxicación por alcohol”. Por lo que concluyeron que ciertamente las fallas en la atención medica son evidentemente asociadas con la falta de sueño y pueden ocurrir durante el trabajo directo con los pacientes, dichas fallas se relacionan con la inhibición de los procesos cognitivos tales como la memoria y la intuición, de igual forma los turnos de trabajo extensos realizados por los internos y de servicio social, también se relacionan con un alto riesgo de accidentes automovilísticos.

Asimismo en Boston, Massachusetts, Landrigan CP, Rothschild JM, JW Cronin, Kaushal R, de la División 1 de Medicina del Sueño, del Hospital Brigham y de Mujeres de Boston y Harvard Med Sch, así como de la Sociedad Médica de Massachusetts, realizaron un estudio prospectivo, comparando las tasas de errores médicos graves hechos por los internos mientras estaban trabajando de acuerdo a un horario tradicional prolongado de (24 horas o más), con otros que trabajaban cada dos turnos, es decir (un turno “cada tercer noche” horario de llamada), las conclusiones a las que se llego en dicho estudio fue que: los pasantes cometieron errores médicos mucho más graves cuando trabajaban turnos frecuentes de 24 horas o más que cuando trabajaban turnos más cortos, por lo que la eliminación de los turnos de trabajo prolongados y la disminución del número de horas de trabajo de los practicantes a la semana puede reducir los errores médicos graves en la unidad de cuidados intensivos.

Derivado de los numerosos estudios que existen referentes a este tema y que demuestran los efectos nocivos en la salud de los internos de pregrado y de servicio social en la prestación de sus servicios de manera tan prolongada, es nuestra obligación el fortalecer nuestro marco jurídico mexicano en esta materia armonizándolo con los derechos humanos que se encuentran plenamente reconocidos y garantizados por nuestra Constitución, así como en los Tratados Internacionales de los que México forma parte, es necesario exponer de manera más clara por primera vez las condiciones que imperan hoy en día en el campo de la medicina en este sector, y que adoptemos las medidas necesarias para legislar sobre la duración máxima del servicio prestado por los internos de pregrado y de servicio social.

Deben reconocerse, los derechos contemplados en nuestra Constitución, que garantizan para “todas las personas” el derecho a la protección de la salud, (incluyendo los internos de pregrado y de servicio social) en la legislación secundaria la Ley General de Salud, derecho social por antonomasia el “derecho a la salud”, y como sucede con todos los derechos sociales, crea la obligación del Estado de proteger y llevar ese derecho a la práctica a través de leyes, políticas y programas, y de la misma forma, hace nacer la obligación positiva de evitar que particulares, grupos o empresas la dañen, sin embargo es necesario reformar la ley secundaria, puesto que dicha ley tiene más un carácter orgánico, referido más a las entidades públicas que deben prestar los servicios de salud, que a los derechos con los que cuentan no solo los pacientes sino también los médicos y los estudiantes de medicina durante el tiempo en que prestan su servicio y que también son sujetos de derechos.

Es importante destacar también que a nivel internacional en el derecho a la protección de la salud también se encuentra recogido en diversos Pactos Internacionales de Derechos Humanos, entre los cuales de acuerdo al tema en comento conviene citar el “concepto de salud” que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que es; “un Estado de bienestar físico, psíquico y social, tanto del individuo, como de la colectividad.”

Asimismo en el artículo 24 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 dispone que:

“Artículo 24

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Artículo 25

En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 establece en su artículo 12 que: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental ; y menciona en su inciso d) la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.”

“Artículo 10

Derecho a la Salud

1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.

a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad;

b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado;

c. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas;

d. La prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole;

e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y

f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.”

Como podemos observar, de acuerdo a los Tratados Internaciones antes citados, se resalta la progresión de derechos de protección a la salud, y promueven las condiciones en las cuales las personas puedan llevar una vida más sana, el derecho a la salud no debe entenderse sólo como un derecho a estar sano, sino que el derecho a la salud entraña otras libertades y derechos, entre estos derechos figura el relativo a un sistema de protección de la salud, que limite de forma razonable los periodos tan extensos en que presten su servicio, y a contar con vacaciones periódicas, y brindar la oportunidad de disfrutar del más alto nivel de salud posible.

Por lo que el sistema de guardias médicas utilizado para los internos de pregrado y de servicio social, no solo viola nuestro marco jurídico mexicano, sino que además vulnera también las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado Mexicano, por la no adopción o aplicación de una política nacional de salud con miras a garantizar el derecho a la salud de todos (incluyendo la de los internos de pregrado y de servicio social), para hacer realidad sus derechos, así como permitir que el Estado en sus diferentes niveles de autoridad logre un funcionamiento armónico y coordinado a fin de proteger de mejor manera sus derechos.

A nivel nacional en materia laboral, en nuestra legislación también se manifiesta la preocupación sobre los efectos que causan las horas excesivas de trabajo a la seguridad de los trabajadores y que ha llevado a restringir las horas de servicio bajo un marco legal adecuado, sin embargo, como se mencionaba los internos de pregrado y de servicio social no están contemplados en la ley federal del trabajo, por no encontrarse dentro de una relación laboral, y que tanto las instituciones de salud públicas y privadas, como las universidades, en el entendido de que el internado y el servicio que estos prestan es un requisito obligatorio, que tiene como finalidad obtener como recompensa “experiencia y conocimiento”, el servicio que prestan es gratuito, lo cual se entiende por la naturaleza de las profesiones, sin embargo, no el hecho de los periodos tan amplios y extendidos de la duración del servicio a la que son sometidos, y que al no estar debidamente regulados, los deja en un estado de indefensión, porque su situación no está debidamente contemplada en la legislación mexicana, situación que las universidades e instituciones de salud aprovechan para utilizarlos como mano de obra gratuita y poder explotarlos tanto física como mentalmente.

Por lo que respecta a nivel internacional, el principal organismo creado para proteger los derechos laborales a nivel global, es la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que su importancia radica en su objetivo que son: los derechos mínimos de todo trabajador, que deben reflejarse en el marco jurídico de cada Estado integrante de dicho organismo . En consecuencia México al ser integrante de dicho organismo, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que fueron firmados y ratificados por nuestro país, forman parte de nuestro marco jurídico mexicano, que respecto al número de horas de trabajo establece lo siguiente;

Convenio del Trabajo relativo a las Vacaciones Anuales Pagadas, en su artículo 2 establece lo siguiente:

“Artículo 2

1. Toda persona a la que se aplique el presente Convenio tendrá derecho, después de un año de servicio continuo, a unas vacaciones anuales pagadas de seis días laborables , por lo menos.

3. No se computan a los efectos de las vacaciones anuales pagadas:

(a) los días feriados oficiales o establecidos por la costumbre;

(b) las interrupciones en la asistencia al trabajo debidas a enfermedad.

4. La legislación nacional podrá autorizar, a título excepcional, el fraccionamiento de la parte de las vacaciones anuales que exceda de la duración mínima prevista por el presente artículo.

5. La duración de las vacaciones anuales pagadas deberá aumentar progresivamente con la duración del servicio, en la forma que determine la legislación nacional.”

Convenio del Trabajo relativo a la Reglamentación de las Horas de Trabajo en el Comercio y las Oficinas, que en sus artículos 3, 4 y 5 establece lo siguiente;

“Artículo 3

Las horas de trabajo del personal al que se aplique el presente Convenio no podrán exceder de cuarenta y ocho por semana y ocho por día , reserva de las disposiciones de los artículos siguientes.

Artículo 4

Las horas de trabajo por semana previstas en el artículo 3 podrán ser distribuidas de suerte que el trabajo de cada día no exceda de diez horas .

Artículo 5

(a) las recuperaciones no podrán ser autorizadas más que durante treinta días al año y deberán efectuarse dentro de un plazo razonable;

(b) la jornada de trabajo no podrá ser aumentada más de una hora;

Asimismo la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su 89º Reunión Internacional al expedirse sobre las conclusiones, consideró básico que: “se reconociera la naturaleza nociva del trabajo nocturno para todos los trabajadores, sin distinción de sexo, ocupación o país en el que trabajaban” . En la que además se propuso que en la legislación nacional e internacional “debía establecer disposiciones estrictas que regulasen el trabajo nocturno” , y ratificó los siguientes síntomas para el trabajo rotativo que incluye turnos nocturnos: fatiga anormal; múltiples riesgos para la salud; disminución de la atención; aumento del riesgo de accidentes; problemas digestivos, y desórdenes nerviosos.”

Partiendo de estas consideraciones sólo como ejemplo de la importancia que se le da a la limitación razonable del tiempo laborable, es que se hace necesario el garantizar y velar por el cumplimiento de estos derechos sociales de los que México forma parte, mismos que ha reconocido y suscrito en diversos Tratados Internacionales, por lo que se hace necesaria su debida reglamentación en las leyes mexicanas, siendo entre los principales temas pendientes que se deben normar para los internos de pregrado y de servicio social, las condiciones en que prestan su servicio tales como; el derecho al descanso y a una duración razonable del tiempo de servicio prestado en las instituciones de salud, y a vacaciones.

Por ultimo, para un mayor abundamiento y poder contar con un panorama más amplio respecto al tema en que versa la presente iniciativa sobre la protección de los derechos humanos a nivel nacional e internacional con los que cuenta este sector, es que me permito mencionar a continuación el trato que se la ha dado a esta problemática en otros países;

En los Estados Unidos, realizaron un estudio nacional prospectivo de internos y encontraron que en los turnos de trabajo de larga duración (definidos como trabajo de 24 horas continuas como mínimo) se asocian con un alto riesgo de errores médicos graves, y eventos adversos así como fallas en la atención. Sin embargo, a pesar de que no se sabe con exactitud qué cantidad de estos errores médicos fueron debido a la fatiga, el tema del exceso de horas de servicio de internos se está convirtiendo en una prioridad de salud pública para este país como en muchos otros países alrededor del mundo.

En esta tesitura tanto en los Estados Unidos como en Europa, la preocupación sobre los efectos que causan las horas excesivas de trabajo a la seguridad de los pacientes los ha llevado a restringir las horas de servicio bajo un marco legal adecuado, por ejemplo, la Directiva del Tiempo de Trabajo de Europa limita las horas de trabajo de médicos en formación a 48 horas por semana, y se encarga de su debida vigilancia y cumplimiento.

Asimismo en Europa, la Comisión Europea, tiene conocimiento cuando un país no está cumpliendo con la legislación europea, y puede iniciar un procedimiento de infracción, como ocurrió, por citar un antecedente; en fecha 16 de octubre del 2008 cuando se inició un procedimiento de infracción en contra de Grecia debido a que se recibió numerosas quejas por no aplicar la legislación sobre el tiempo de trabajo en el sector sanitario público. Debido a que los internos que trabajaban en hospitales se les estaban exigiendo un número excesivo de horas, y no se les respetaban los periodos mínimos de descanso y se les requería permanecer hasta 32 horas continuas en el centro de trabajo. Situación que va en contra de la Directiva Europea sobre el tiempo de trabajo, que protege a los estudiantes y médicos frente a las jornadas de duración excesiva que puedan perjudicar su salud y provocar también el aumento de riesgo para los demás, ya que la Directiva Europea establece que el trabajador tiene derecho a 11 horas de descanso al día y a un día libre a la semana.

Estas medidas han sido adoptadas derivado a los considerables estudios e investigaciones médicas que se han realizado sobre las consecuencias lesivas vinculadas a las horas excesivas de trabajo de los médicos en formación, las cuales muestran que pueden ser divididas en consecuencias a corto y largo plazo.

En México se llevan a cabo extenuantes periodos se servicio por parte de los internos de pregrado y de servicio social, práctica que ha prevalecido durante años en nuestro país, es por ello que la presente iniciativa lo que busca es reducir el tiempo de servicio, en las instituciones de salud ya sean públicas o privadas, para promover y garantizar la salud de estos como la de los pacientes, así como otorgarles mayor calidad en su enseñanza y práctica de la medicina, más digna y libre, es decir, sin humillaciones, abusos de poder, no debe existir temor o miedo, ni mucho menos angustia en su aprendizaje, puesto que su fin último es el beneficio de la humanidad.

Los internos y estudiantes de servicio social, necesitan estar atentos, tener un juicio flexible y rápidos tiempos de reacción, especialmente frete a situaciones de emergencia, y las condiciones en que prestan su servicio son fundamentales para su desempeño.

Es por ello, que la presente iniciativa propone reformar la Ley General de Salud, de acuerdo con los derechos humanos que se encuentran plenamente reconocidos en nuestra Constitución y Tratados Internacionales, que garantizan la seguridad, el respeto, la salud, y en general una mejoría de las condiciones en las que los internos de pregrado y de servicio social prestan su servicio.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, propongo la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se adicionan los artículos 49 Bis 1, 95 Bis 1, y 95 Bis 2, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 49 Bis 1. La Secretaría de Salud, en coordinación con las autoridades sanitarias y educativas, y con la participación de las instituciones de educación superior, las instituciones públicas de seguridad social, en sus respectivos ámbitos de competencia, reconocerán y garantizaran el bienestar físico, mental y social, de los internos de pregrado y de servicio social, quienes deberán tener derecho al descanso y a una limitación razonable de la duración del servicio, así como a vacaciones periódicas, conforme lo dispuesto en el artículo 95 Bis 1 de esta Ley.

De la misma manera en las instituciones de salud, bajo la responsabilidad de los directores o titulares respectivos y de conformidad con las disposiciones aplicables, se reconocerán, respetaran y garantizarán, que la colaboración entre los servicios de salud, públicos y privados en la prestación de servicios de salud para los internos de pregrado y de servicio social, estén orientados a la prevención y el fomento del autocuidado de la salud.

Artículo 95 Bis 1. Las autoridades educativas, en coordinación con las autoridades sanitarias y con la participación de las instituciones de educación superior, reconocerán y garantizaran el bienestar físico, mental y social; de los internos de pregrado y de servicio social, que presten sus servicios, tendrán además de los derechos previstos en esta Ley, los siguientes:

a) Contar con las condiciones idóneas, que les permitan, el pleno desarrollo de la aptitud para integrar y aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes asociados con las buenas prácticas de su profesión para resolver los problemas que se le planteen.

b) Recibir un trato digno y respetuoso, sin ningún tipo de mal trato, de palabra o de obra.

c) Garantizar que la duración del servicio, no deberá de exceder de cuarenta y ocho horas por semana y de ocho por día.

d) Tendrán derecho a recibir después de seis meses de servicio continuo, un periodo de descanso de seis días, por lo menos, otorgado por las instituciones de salud en la que presten su servicio.

e) Recibir asistencia social y servicios de salud en caso de enfermedad.

Quien infrinja los preceptos de este artículo, se hará acreedor a las sanciones que establezca esta Ley.

Artículo 95 Bis 2. El desarrollo profesional de los internos de pregrado y de servicio social, se basara en el derecho a progresar de forma individualizada, en conocimientos, experiencia y en la realización de tareas simples de atención médica y asistencia social, y en la participación en determinadas actividades de operación de los servicios de salud, bajo la dirección y control de las autoridades correspondientes y de la organización del Sistema de Protección Social de Salud en la cual presten sus servicios, constituirá un aspecto básico en la modernización del Sistema Nacional de Salud, el cual deberá responder a criterios comunes acordados por las autoridades correspondientes en materia de salud y educación.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y se aplicará lo dispuesto en los artículos transitorios siguientes.

Segundo. Las disposiciones jurídicas que contravengan o se opongan a la presente reforma quedan derogadas.

Tercero. La Secretaria de Salud, y demás autoridades sanitarias y educativas competentes, deberán actualizar y, en su caso, publicar la normatividad que conforme a sus atribuciones deba expedir en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la publicación del presente Decreto.

Cuarto. La Secretaria de Salud, y demás autoridades sanitarias y educativas competentes, deberán actualizar y adecuar sus reglamentos interiores conforme a lo previsto en esta Ley en un plazo no mayor a 90 días contados a partir de la publicación del presente Decreto.

Fuentes

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