Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 4148-VI, martes 4 de noviembre de 2014
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Proposiciones de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a colaborar por sus dependencias con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones conducentes a deslindar responsabilidades, aplicar sanciones y subsanar el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI y por Enrique Aubry de Castro Palomino, del PVEM
Los suscritos, diputados federales de Jalisco por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a colaborar por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y todas las autoridades competentes de la administración pública federal con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones necesarias a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen las sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La laguna de Cajititlán, en Tlajomulco de Zúñiga, cerca del lago de Chapala, tiene 9 kilómetros de longitud y 2 de ancho. Es pequeña, comparada con el lago de Chapala, pero se le considera la laguna de la zona metropolitana de Guadalajara por su majestuosidad y atractivo turístico.
Formada con el agua de lluvia proveniente de las serranías que la rodean, la laguna de Cajititlán es un lugar único y muy especial para los tapatíos y todos los jaliscienses.
Hoy, desgraciadamente, nuestra bella laguna está sufriendo los embates de los cambios climáticos o, peor aún, de posibles actos de negligencias y violencia ambiental.
Según la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, hasta el domingo 31 de agosto se habían extraído más de 30 toneladas de peces muertos. Para el martes ya se contabilizaban más de 50 toneladas.
Debemos reconocer que las autoridades han puesto su empeño para detectar la causa de la muerte de la gran cantidad de peces en la laguna.
Aparentemente se desconoce si es un fenómeno natural o se trata de un evento provocado por conductas perniciosas de ciertos individuos.
La secretaria de Medio Ambiente en Jalisco, Magdalena Ruiz, informó que ya se han enviado brigadas de trabajadores para apoyar a los pescadores locales en la retirada de los peces muertos, así como técnicos para evaluar la situación de las plantas de tratamiento de aguas de la ribera de la laguna.
De acuerdo con el doctor Manuel Guzmán Arroyo, director del Instituto de Limneología de la Universidad de Guadalajara, se trata de un problema provocado por el nivel de agua de la laguna, “que resulta demasiado bajo para cubrir las necesidades de oxígeno de los peces”.
El especialista explicó que “el lago tiene problemas porque le sacan demasiada agua. Una ventisca fuerte puede remover el fondo se levantan los sedimentos, se mezcla y se agota el oxígeno en el agua”.
Otra explicación que se ha dado es que la ausencia de agua suficiente y de oxígeno obedece al riego del valle adyacente y la existencia de un canal de adiestramiento para deportes acuáticos que también extrae agua de la laguna.
Durante estos días, la Secretaría de Medio Ambiente de Jalisco ya dio a conocer que estableció un mando único para la atención de la contingencia ambiental. La Profepa y la Comisión Estatal del Agua han tomado importantes medidas de coordinación para que la contingencia ambiental se estabilice de manera positiva, se recupere el equilibrio ecológico de la zona y, desde luego, se subsane en lo posible el daño ambiental ocasionado.
En resumen:
(i) La recurrente crisis ambiental en la laguna de Cajititlán –cuatro periodos de muertes masivas de peces– puede tener su causa en cuestiones cíclicas u ocasionadas por la acción irresponsable del hombre; y
(ii) Ante estos hechos, hay instancias gubernamentales competentes para investigar el hecho y las formas de resarcir el daño ocasionado, buscando a su vez a los responsables y sancionándolo conforme a las leyes que nos hemos dado.
Nuestra posición como diputados al Congreso de la Unión es coadyuvar con las autoridades locales para resolver, de acuerdo con nuestras atribuciones, los problemas que pudiesen afectar a nuestros representados.
Hoy, las niñas, los niños, las mujeres y los hombres de Jalisco están sufriendo una afectación ambiental que merece toda la atención, tanto de las autoridades locales como federales. Merece que nos dispongamos a revisar las leyes en materia ambiental, tanto por lo que toca al Congreso de Jalisco, como lo que corresponde al Congreso de la Unión. Deben provocar toda nuestra atención y, desde luego, la coordinación de todas las autoridades competentes al efecto de deslindar responsabilidades, encontrar y sancionar a los culpables y, más importante aún, lograr reestablecer el equilibrio ecológico en la zona afectada y prevenir nuevas afectaciones.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de la Cámara de Diputados el presente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a colaborar por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y todas las autoridades competentes de la administración pública federal con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones necesarias a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen las sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2014.
Diputados: Abel Salgado Peña (rúbrica), Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica), Leonardo Alcalá Padilla (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Salvador Barajas del Toro, Marco Antonio Barba Mariscal, Sergio Armando Chávez Dávalos, Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la secretaria de Salud a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y los instrumentos destinados a crear conciencia, prevenir y alertar a la población sobre la prevalencia de factores epidemiológicos que se acentúan en esta temporada en diversas partes del país, a cargo del diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
El que suscribe, Rubén Benjamín Félix Hays, diputado de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, respetuosamente somete a consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
El derecho a la salud, en su máxima expresión y alcance, fue consagrado por primera vez en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS)1 de 1946, al señalarse que “...el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión ideología política o condición económica o social...”.
Desde entonces, este derecho humano se ha expresado en la Declaración Universal (artículo 25) y Americana (artículo 11) de Derechos Humanos en 1948; afianzado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y reiterado en la Declaración de Alma-Ata de 1978 y en la Declaración Mundial de la Salud de 1998.
En tal sentido, el acceso a los bienes, servicios y oportunidades destinados a satisfacer las necesidades de salud es un derecho humano fundamental y es la clave para que las personas puedan disfrutar de otros derechos humanos fundamentales.
Indudablemente, en México se ha avanzado sustantivamente en la construcción de una cultura de derechos humanos, misma que ha comprendido procesos de armonización legislativa con los más altos estándares internacionales, de fortalecimiento institucional e instrumentación de políticas públicas específicas en la materia.
A nivel constitucional y en sus leyes secundarias, la protección y acceso pleno al derecho a la salud de las y los mexicanos está garantizado y existe una muy amplia cobertura de servicios de salud para la población que lo necesita.
No obstante estos avances, es menester que el Estado mexicano redoble esfuerzos en aquellas áreas que puedan, por la naturaleza de sus elementos y factores, generar mayor susceptibilidad y riesgos entre la población del país, de tal manera que se salvaguarde la plena vigencia de derecho humano a la salud, atendiendo prioridades de orden local y nacional.
La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a todos los países ser capaces de detectar, comprobar rápidamente y responder de forma adecuada a las amenazas de enfermedades emergentes y con tendencia a producir epidemias, a fin de reducir al mínimo su impacto en la salud y la economía de la población local y mundial.
Consistente con esta recomendación, la OMS mantiene un sistema de vigilancia epidemiológica que da seguimiento a la evolución de enfermedades infecciosas en el mundo, alertando cuando es necesario, compartiendo conocimientos técnicos, y articulando las respuestas necesarias para proteger a las poblaciones de las consecuencias de las epidemias, cualquiera que sea su origen y dondequiera que se declaren.
De manera correspondiente, en el país contamos con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) el cual ha demostrado su eficacia en la materia, al alertar con prontitud y de manera sumamente responsable una de las mayores contingencias sanitarias que haya ocurrido en el país en los últimos años.
Entre marzo y abril de 2009, cuando el entonces Sistema de Vigilancia Epidemiológica identificó el virus que se denominó como Influenza A (H1N1), se pusieron en marcha diversas acciones en materia de salubridad a fin de controlar la epidemia, prevenir nuevos contagios y combatir el virus existente; asimismo, se pusieron en marcha campañas oportunas de vacunación e información.
Por las acciones realizadas durante dicha contingencia, México recibió amplio reconocimiento a nivel internacional: en la 62ª Asamblea Mundial de la Salud, efectuada del 18 al 22 de mayo de 2009, en Ginebra, Suiza, el país fue calificado como ejemplo de cooperación internacional y durante la 49ª Reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), celebrada del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2009, en Washington, D.C., se otorgó un reconocimiento al trabajo del Gobierno mexicano por su labor frente a la contingencia epidemiológica, destacando la transparencia que se tuvo en el manejo de información.
La situación epidemiológica mundial y regional nos obliga a retomar la pasada experiencia y ser muy responsables en la vigilancia y monitoreo que se realice a los factores epidemiológicos internacionales, además de estar alerta a los del orden nacional.
Basta recordar que la alerta sobre el brote de enfermedad por el virus del ébola del pasado 30 de agosto del año en curso en Senegal transitó a la generación de una alerta regional para África Occidental en menos de una semana (4 de septiembre de 2014), coincidiendo con el reporte de dos casos de infección humana por virus de la gripe aviar A(H7N9) en la República Popular de China, confirmada mediante pruebas de laboratorio.
En el caso de China, su gobierno, atendiendo protocolos sanitarios internacionales, tomó las siguientes medidas de vigilancia y control:
a) fortalecimiento de la vigilancia y el análisis de la situación;
b) fortalecimiento de la atención clínica y el tratamiento médico;
c) comunicación pública del riesgo y difusión de información.
En el caso del ébola, según la OMS en uno de sus últimos comunicados, su brote en el África Occidental es el peor en la historia. El número de muertes por el virus asciende a más de 3 mil y el número de casos de personas infectadas alcanzó ya los 6 mil 553.
Esta enfermedad se caracteriza por la aparición súbita de fiebre, debilidad intensa, mialgias, cefalea y odinofagia, seguido de vómitos, diarrea, conjuntivitis, erupciones cutáneas, disfunción renal, hepática y en algunos casos, sangrado gastrointestinal y coagulación intravascular diseminada.
Dada la cobertura mediática que ha tenido en los últimos días hemos tenido conocimiento de su ingreso al continente americano, específicamente mediante un caso comprobado de un paciente en el estado de Texas, en los Estados Unidos de América.
La primera persona en ser diagnosticada con ébola en territorio estadounidense acudió a una sala de emergencias la última semana del mes de septiembre pasado, pero no fue internado por el personal del hospital a pesar de que indicó que había viajado a Liberia.
Tal razón obedeció a que basados en sus síntomas, los médicos tratantes indicaron que no había razón para internarlo cuando se presentó por primera ocasión en la sala de emergencias, el pasado jueves 25 de septiembre por la noche.
Tres días después, el hombre regresó al centro médico, en donde se determinó que probablemente tenía ébola. Fue en ese momento que se decidió aislarlo.
En una reunión de alto nivel, convocada por el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, el mandatario estadunidense, Barack Obama, urgió al mundo a convertir en una “prioridad” la lucha contra el brote de ébola en África Occidental y advirtió que puede causar una “catástrofe humanitaria” en la región y es una “creciente amenaza a la seguridad global”.
Por su cobertura mediática, como advertíamos líneas arriba, y la falta de información y estrategias de comunicación oficial entre la población, el ébola ya ha caudado confusión y alerta en el país.
La llegada, el pasado 1 de octubre del año en curso, de un paciente africano de origen ghanés, al Hospital General doctora María del Socorro Quiroga Aguilar, en Ciudad del Carmen Campeche, con síntomas similares al virus del ébola, generó pánico entre el personal que ahí labora y familiares de los pacientes que se encontraban en el área de urgencias.
La Secretaría de Salud de Campeche, ese día informó del ingreso al citado hospital de un paciente de origen ghanés con un cuadro clínico que corresponde a un síndrome febril, sin asociación epidemiológica con el virus del ébola.
En el reporte se lee que el paciente masculino, de 52 años de edad, se encuentra aislado, como marca el protocolo ante cualquier cuadro clínico de este tipo. Asimismo, se realizan estudios de laboratorio para descartar enfermedades infecciosas, tales como dengue, chikungunya, paludismo, leptospira, toxoplasma, rubeola y citomegalovirus.
Un día antes, el pasado martes 30 de septiembre, la Secretaria de Salud federal, la Médico Cirujano Mercedes Juan López, afirmó, en el marco de su participación en la 53 reunión de la Organización Panamericana de la Salud en Washington, DC, que el país tiene los recursos necesarios para el diagnóstico y manejo de cualquier sospecha de ébola.
Se ha indicado que México es considerada una nación de muy bajo riesgo dada la localización geográfica y el escaso flujo migratorio del país con la zona de riesgo; no obstante, a las personas que abordan aviones en la zona del brote se les revisa si sufren fiebre, pero los síntomas pueden comenzar hasta 21 días después de la exposición.
El ébola no es contagioso hasta que comienzan los síntomas, y se necesita un estrecho contacto con los fluidos corporales de un enfermo para que se propague.
De ahí la importancia de que se difunda, de manera clara, pertinente y oportuna la información sobre los efectos, síntomas y acciones a seguir en casos infecciosos como el ébola.
Sin embargo, a nivel local, en el país tenemos otros casos altamente epidemiológicos que atender.
Mientras que la posibilidad de que el virus del ébola llegue es extremadamente remota, es un hecho que el chikungunya 2 llegará al país.
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud federal, doctor Pablo Kuri, indicó desde el pasado mes de agosto a un medio de comunicación nacional que “...hay un caso importado, es decir, no se contagió aquí, se contagió en las islas del Caribe, pero como tenemos el vector y hay mucho tránsito entre mexicanos a la zona donde hay casos seguramente va a llegar, la pregunta es ¿cuándo y dónde?, no sabemos, pero hay que estar atentos para cuando llegue”.3
En la misma entrevisto dejó ver que se desconocen los alcances que podría tener el brote una vez que el virus comience a circular, por lo que recomendó tomar las medidas preventivas para evitar la proliferación del mosquito transmisor.
Las personas contagiadas de chikungunya presentan fiebre, dolores articulares, dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas, según la Organización Mundial de la Salud.
La enfermedad puede presentarse entre tres y siete días después de la picadura del mosquito infestado, y las manifestaciones clínicas pueden durar entre dos y 12 días.
Clínicamente es difícil su diferenciación con dengue, sin embargo en la infección por virus chikungunya el dolor es mucho más intenso y localizado en las articulaciones y tendones, y en algunos casos pude ser incapacitante. Se debe distinguir chikungunya del dengue, que puede tener una evolución más tórpida, ocasionando inclusive la muerte.
No existe ningún antivírico específico para tratar la fiebre chikungunya; e l tratamiento consiste principalmente en aliviar los síntomas, entre ellos el dolor articular, con antipiréticos, analgésicos óptimos y líquidos. No hay comercializada ninguna vacuna contra el virus chikungunya.
Aunque la afección llamada chikungunya generalmente no es fatal, la epidemia ha rebasado la capacidad de atención de los hospitales y mermado la productividad económica de varios países de Sudamérica y el Caribe y se ha manifestado con notables efectos en Colombia, Ecuador, Brasil y Venezuela y con mucha proximidad en El Salvador, Nicaragua, Belice y Guatemala.
La República Dominicana es el país más afectado por el virus debido a que tiene la mitad de los casos en el continente americano; según la Organización Panamericana de la Salud, el chikungunya se ha propagado a mínimo 24 países y territorios en el hemisferio occidental desde que se registró el primer caso, a finales del 2013, en la parte francesa de la isla caribeña de San Martín, contabilizándose hasta el pasado mes de mayo de 2014, más de 4 mil 500 infectados en el continente Americano.
Por otro lado, el escenario reportado sobre una enfermedad epidemiológica en los últimos Informes Epidemiológicos semanales por la Dirección de Información Epidemiológica, dependiente de la Secretaría de Salud, llama poderosamente la atención del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Nos referimos en caso concreto con el avance y daños que está generando la fiebre hemorrágica por dengue en el país, hasta el pasado 29 de septiembre de 2014.
Si bien los reportes confirman un descenso de los registros en el 2014, respecto del año precedente, en un 64 por ciento de los casos estimados y del 55 por ciento de los confirmados, es notorio el incremento y tendencia de casos confirmados, por cada 100 mil habitantes, en entidades como Baja California Sur (204.58), Colima (74.17), Sinaloa (53.81), Campeche (41.49) y Oaxaca (36.43).
La estadística anterior nos permite dimensionar el problema; sin embargo, atendiendo la información sobre el número de personas registradas por casos confirmados de dengue, el panorama es sumamente desalentador.
5 entidades del país acumulan el 50 por ciento: Veracruz, con 2 mil 160 personas; Sinaloa, con 1,591; Baja California Sur, con 1 mil 519; Oaxaca, registra 1,452 y Guerrero 1 mil 286 . Conviene recordar que los datos anteriores pueden ser mayores, pues derivan de la confirmación de casos probables, después de practicados diversos análisis de laboratorio
En el país, en lo que va del año, se han registrado 16,092 casos confirmados de personas afectadas por el virus del dengue y se encuentran bajo análisis otros 24,959 más; sin embargo, en cinco entidades, el incremento porcentual en las últimas cinco semanas ha rebasado al 50 por ciento.
Así, estados como Veracruz, con 2,160 casos (78.7 por ciento); Sinaloa, con 1,591 (57.2 por ciento); los 1,519 de Baja California (164.2 por ciento), así como los 1,452 enfermos de Oaxaca (59.2 por ciento) y los 549 registrados en Morelos (61.0 por ciento) nos deben de movilizar a la acción, urgiendo que las autoridades sanitarias actúen con prontitud ante este mal que es sustancialmente prevenible, mediante acciones concretas, probadas y coordinadas entre el nivel Federal, estatal y municipal.
Ya van 22 decesos en este 2014 y aunque la tendencia sea menor que los 40 fallecimientos registrados en el 2013, la letalidad es 28.2 por ciento mayor que la registrada el año pasado; si se previene y se actúa oportunamente, no deberemos lamentar un fallecimiento más.
Es importante recalcar que aunado a una efectiva política pública en materia sanitaria que contribuya con acciones concretas a prevenir y reducir los daños que el virus del dengue llegase a ocasionar en la salud de las y los mexicanos, también debe prevalecer una absoluta transparencia en el manejo de la información, además de que esta debe ser suministrada a la ciudadanía de manera oportuna.
El dengue históricamente en el país, ha presentado una tendencia de mayor incidencia entre los meses de julio a octubre, coincidiendo con la temporada de lluvias y las condicionantes que propician su proliferación.
No obstante la preparación y capacidad probada de las instituciones del sector salud sobre la detección, tratamiento y medidas preventivas, entidades como Baja California Sur, Sonora y Sinaloa presentan un mayor grado de alerta por las condiciones de salubridad en que quedaron después del paso de Odile por esa región, al grado que la incidencia fue la mayor del país en Baja California Sur, alcanzando 327.95 por cada 100 mil habitantes.
En Nueva Alianza coincidimos en que el derecho a la salud debe ser visto como el derecho a un sistema de salud efectivo e integrado , que abarque la asistencia médica y los determinantes subyacentes de salud, que responda a las prioridades locales y nacionales , y que esté al acceso de todos; por ello, las instituciones responsables de la salud de millones de mexicanos debe brindar información más precisa sobre aquellos padecimientos que por su impacto en la salud pública requieren de una vigilancia estrecha y la difusión oportuna de información.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que fortalezca los mecanismos, protocolos e instrumentos implementados para la vigilancia epidemiológica en el país, de tal manera que ante la presencia de un agente epidemiológico relevante, las instituciones del Sector Salud respondan con pertinencia y eficacia a las contingencias sanitarias que se presenten a lo largo del país.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades, dicte las medidas necesarias a efecto de que en los medios masivos de comunicación informe a la ciudadanía sobre la sintomatología más relevante del ébola y con ello, coadyuve a la proliferación de un clima social sano, responsable y ordenado, evitando desinformación y psicosis social.
Tercero. Finalmente, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal y a las instituciones de salud estatal para que refuercen la vigilancia epidemiológica, la atención médica y las medidas preventivas ante los incrementos focalizados del dengue en el país, principalmente en los estados de Baja California Sur, Colima y Sinaloa que tienen un mayor registro de casos de dengue hemorrágico.
Notas
1 Documentos Básicos, 43ª edición. Organización Mundial de la Salud, Ginebra 2001. La Constitución fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional de 1946.
2 La palabra chikungunya proviene de la lengua makonde de Tanzania, en el este de África, y podría traducirse como “lo que dobla”, en referencia al severo dolor en las articulaciones que hace que los enfermos se contorsionen.
3 Preocupa más chikungunya que el ébola, Laura Toribio. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/08/06/974750
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2014.
Diputado Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Profeco a proteger y asesorar a usuarios de Telcel perjudicados por el cambio de la política de datos e investigar prácticas abusivas para que, en su caso, se sancione a la empresa, suscrita por los diputados Juan Pablo Adame Alemán, Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Juan Bueno Torio y Arturo de la Rosa Escalante, del Grupo Parlamentario del PAN
Los suscritos, diputados federales Juan Pablo Adame Alemán, Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Juan Bueno Torio y Arturo de la Rosa Escalante, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
A través de diversos medios de comunicación y redes sociales, se ha hecho del conocimiento público que a una cantidad importante de usuarios de planes tarifarios de pospago del concesionario de telecomunicaciones Radiomóvil Dipsa, SA de CV –que opera bajo la marca comercial “Telcel”–, han manifestado su molestia debido al cambio sobre las políticas que dicha empresa aplica en el caso de llegar a la totalidad de los datos transferidos dentro del límite del periodo mensual del plan contratado.
Consigna el diario Reforma en la sección “Negocios” del viernes 17 de octubre del presente año que a una buena cantidad de usuarios la compañía telefónica les cargó más del doble del importe de su renta mensual por “uso extra de datos de internet”.
La práctica ordinaria con aquellos clientes era el ponerles como límite de uso de datos el de aquellos megabytes de transferencia incluidos en el importe del pago mensual, requiriendo la contratación por única ocasión de paquetes extras de datos para poder continuar accediendo a internet desde el dispositivo móvil.
A partir del 15 de septiembre, el operador de telecomunicaciones citado cambió su política, y permitió a los clientes continuar consumiendo el servicio de transferencia de datos con un costo a granel mayor a $1.00 por MB consumido hasta por 1GB –1,024 MB–, sorprendiendo de ese modo a los usuarios con cobros excesivos al recibir su último recibo.
A consulta por parte de los usuarios, la compañía argumenta que la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada por este honorable Poder Legislativo hace unos pocos meses, prohíbe a los concesionarios y autorizados de telecomunicaciones “bloquear, interferir, discriminar, entorpecer o restringir arbitrariamente el derecho de cualquier usuario del servicio de acceso a internet”, interpretación por demás ventajosa ya que en el espíritu de esta Cámara y de nuestra colegisladora estaba precisamente el proteger a los usuarios contra prácticas abusivas de los operadores.
El caso del artículo 298, inciso B, fracción I, el cual cita la empresa defendiendo el cambio de prácticas, busca proteger a los usuarios ante amenazas a la neutralidad de lo transferido en las redes públicas de telecomunicaciones (cuyas obligaciones están descritas en los artículos 145 y 146 de la LFTR), mediante la imposición de una multa por el equivalente de 1 hasta 3 por ciento de los ingresos del concesionario o autorizado por “bloquear, interferir, discriminar, entorpecer o restringir arbitrariamente el derecho de cualquier usuario del servicio de acceso a internet”, artículo que no es aplicable a los límites en el consumo sino a la discriminación de los datos transferidos cuando el servicio se encuentra activo.
En todos los casos, consideramos que la interpretación de los preceptos jurídicos de esta Reforma debe ser acorde al espíritu del mayor beneficio al usuario final, a quien pusimos como el destinatario y sujeto tutelado por buena parte de esta legislación.
En contraparte a lo argumentado por la empresa concesionaria, el Artículo 191 describe con claridad el catálogo de los derechos que los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y sus mecanismos de protección. En ese sentido, la fracción VIII enumera como derecho de los usuarios el “...ser notificado por cualquier medio, incluido el electrónico, de cualquier cambio en las condiciones originalmente contratadas...”, texto aplicable a la situación que se describe puesto que el concesionario ha modificado sus políticas de facturación de datos sin previo aviso, dejando sin posibilidad al usuario final de poder ejercitar ante el operador su derecho dispuesto en la fracción IX del artículo citado: “...a exigir el cumplimiento forzoso del contrato cuando el proveedor del servicio modifique las condiciones originalmente contratadas y en caso de que no las cumpla a rescindir del mismo...”.
En ese sentido, en la reforma en materia de telecomunicaciones, dejamos a la Profeco la defensa de los consumidores ante violaciones a sus derechos como usuarios de servicios de telecomunicaciones. Dispone así el párrafo sexto del artículo 191 de la LFTR que “...corresponde a la Profeco promover, proteger, asesorar, defender, conciliar y representar a los usuarios y consumidores, frente a los concesionarios o autorizados de servicios de telecomunicaciones...”. También en el artículo 297 de dicha ley, respecto al régimen de sanciones, establece el párrafo tercero que “...las infracciones a los derechos de los usuarios establecidos en esta ley, cometidas por los concesionarios o autorizados, serán sancionadas por la Profeco en términos de lo establecido en los artículos 128 y, en su caso, del artículo 128 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor...”.
A su vez es aplicable lo dispuesto en el transitorio vigésimo primero del decreto de reforma a la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 14 de julio de 2014 que dice a la letra “Vigésimo Primero: Para la atención, promoción y supervisión de los derechos de los usuarios previstos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y en la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Profeco deberá crear un área especializada con nivel no inferior a Subprocuraduría, así como la estructura necesaria para ello...”.
Visto lo anterior, es que sometemos a consideración de esta honorable soberanía, en calidad de asunto de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para que a través de su área especializada en la atención de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, y en el marco de sus atribuciones, proteja y asesore a los usuarios de Telcel que se han visto perjudicados por el cambio de políticas de dicha compañía sobre la transferencia de datos excedentes a los contratado en el plan, así como investigue posibles prácticas abusivas para, en su caso, sancionar de manera ejemplar a dicha empresa por su comisión.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 28 de octubre del 2013.
Diputados: Juan Pablo Adame Alemán, Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Juan Bueno Torio, Arturo de la Rosa Escalante, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Humberto Armando Prieto Herrera, Alfredo Rivadeneyra Hernández, Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbricas).
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía que el Palacio Legislativo de San Lázaro sea sitio de libre acceso a Internet, a cargo del diputado Salvador Romero Valencia, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado Salvador Romero Valencia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política para que el recinto legislativo de San Lázaro sea un sitio de libre acceso a internet con base a las siguientes
Consideraciones
Los objetivos y el espíritu que motivaron y que lograron el más amplio conceso sobre las reformas estructurales que impulsó el Ejecutivo federal y que el Congreso de la Unión de manera responsable estudió, enriqueció y voto, y en contribuyeron a perfeccionar el marco jurídico que permitirá que en un tiempo razonable nuestro país crezca y sea más competitivo.
Dentro del paquete destaca la reforma en materia de telecomunicaciones, la cual contribuirá sustancialmente a reducir la brecha digital, posibilitando que las herramientas tecnológicas de acceso a la información, tengan una mayor cobertura, lo cual implica que los espacio públicos, las escuelas, los hospitales, etc., cuenten con acceso libre a internet. Mandato que sin duda tiene su mejor fundamento en los principios de la democracia. Resulta evidente que existen sobrados mecanismos e instrumentos para evitar los diferentes abusos que se puedan suscitar en la utilización de las redes públicas, como por ejemplo, la posibilidad de limitar la visita a sitios cuyo contenido no sea apto ni apropiado para cumplimentar los fines educativos, de investigación y de consulta propios del trabajo legislativo o de quienes nos visitan. En otras palabras, existe la tecnología para evitar que el acceso al internet sea utilizado de manera discrecional y para fines distintos a los señalados. Es de señalar que este palacio legislativo, cuenta con un sistema muy complejo de redes dentro de su espacio, en donde encontramos por lo menos siete que están disponibles, pero con acceso restringido y con seguridad habilitada. Lo cual, va en perjuicio de las y los legisladores, del personal que aquí labora y de nuestros visitantes, quienes tienen grandes dificultades para conectarse. Lo cual, va en demerito del trabajo, toda vez que la escasa accesibilidad y la lentitud de las redes, van en demerito de la eficiencia y eficacia, vuelven complejo el trabajo y se desperdicia la oportunidad que deberían representa estas herramientas.
En suma, los avances tecnológicos y las ventajas que ofrecen como la oportunidad y puntualidad para comunicarnos, así como la facilidad de acceder a información de primera mano, no se han podido traducir en ventajas para esta Cámara, por el contrario las más de las veces han representado un problema.
La deficiencia de las redes, se ha convertido en ocasiones no en una herramienta sino en un obstáculo, para la agilidad que el trabajo legislativo exige. Además, de que conlleva a otros problemas colaterales como los de tipo ecológico, toda vez que al no poder consultar la información a través de dispositivos electrónicos, es necesario imprimirla, lo cual impide el ahorro de recursos económicos, deteriora el medio ambiente, el número de horas hombre se incrementa para el tratamiento de un asunto, entre otros.
Agenda digital y acceso a banda ancha en edificios públicos
Sin duda, con el acceso libre a las herramientas de la telecomunicación, como se planteó en la reforma en materia de telecomunicaciones, reconoce derechos fundamentales de tercera generación, también conocidos como Derechos de Solidaridad o de los Pueblos, que contemplan cuestiones de carácter supranacional como el derecho a la paz, a un medio ambiente sano y a el uso de los avances de las ciencias y la tecnología, que reconoce que se amplían las libertades de expresión y de acceso a la información, así como los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.
Así, se reconoce el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, incluidos la banda ancha y el internet. La reforma enfatiza que las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado debe garantizar que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad.
En tal virtud, la presente propuesta tiene por objeto alinear a esta Cámara a las mejores prácticas en materia de acceso a la información y con la política gubernamental en materia digital.
En abono a lo anterior y para finalizar, es de resaltar que la Cámara de Diputados es el órgano representativo por antonomasia, de ahí que se le ha calificado, no sin razón, como la “casa del pueblo”. Por lo tanto, debemos ser ejemplo nacional de lo que aquí legislamos. En la casa del pueblo la restricción y deficiencia de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, así como la escasa o nula conectividad a internet, no puede ser una de nuestras características.
Por lo expuesto anteriormente, se somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita respetuosamente a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que en el ámbito de sus facultades instruyan a las áreas competentes, a fin de que se realicen las acciones y esfuerzos conducentes, a efecto de que el Palacio Legislativo de San Lázaro, se convierta en un edificio público de acceso libre a internet, y cuente con una plataforma digital adecuada y suficiente, que está a la altura del trabajo que aquí realizamos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2014.
Diputado Salvador Romero Valencia (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno de Campeche a realizar acciones para que el hospital comunitario de Hopelchén empiece a prestar servicios a la población del municipio, a cargo del diputado Jorge Rosiñol Abreu, del Grupo Parlamentario del PAN
Diputado Jorge Rosiñol Abreu, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables y relativos, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El artículo 4o. de la Constitución establece como uno de los derechos fundamentales de los mexicanos el derecho a la salud, derecho que también se encuentra consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales firmado y ratificado por nuestro país.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el derecho a la salud incluye el acceso a una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria, donde el Estado debe crear las condiciones que permitan que todas las personas puedan vivir lo más saludablemente posible, estas condiciones incluyen la disponibilidad garantizada de servicios de salud.
Hopelchén es uno de los municipios de Campeche que forma parte de la cruzada contra el hambre encabezada por la actual administración federal, cuenta con 37 mil 777 habitantes, de los cuales 14 mil 690 se encuentran en pobreza extrema lo que representa el 31.24 por ciento de su población de acuerdo a datos de la Sedesol; de acuerdo a datos del INEGI, para el 2010 un total de 29 mil 994 habitantes eran derechohabientes de servicios de salud, lo cual refleja una aceptable cobertura ante una deficiente infraestructura, ya que para el 2011 sólo se contada con 11 unidades médicas para atender esta demanda.
Ante este panorama, durante una gira de trabajo de la administración estatal anterior por la cabecera municipal de Hopelchén, el gobernador del estado con apoyo del gobierno federal, dio inicio a la obra para la construcción del hospital comunitario con una inversión de 38 millones de pesos; en julio de 2010 el actual gobierno inauguró simbólicamente este Centro de Salud, puntualizando que “en fecha próxima, el Gobierno del Estado terminará de construir el hospital de Hopelchén, que será el principal centro de atención a la salud, con 12 camas para atender a la población”, de acuerdo a declaraciones de la administración anterior, este hospital debe contar con un tomógrafo helicoidal, resonancia magnética, rayos X, cinco quirófanos y helipuerto, además de área de quemados y personal médico adecuado, sin embargo año con año se ha pospuesto el inicio de funcionamiento de este centro de salud.
Durante el V Informe de Gobierno, realizado el pasado 7 de agosto, el Gobernador de Campeche dijo “destaca la próxima entrada en funcionamiento de los Hospitales Comunitarios de Hopelchén y Palizada”, sin que hasta la fecha esto sea una realidad, incumpliendo una de las obligaciones básicas del Estado, garantizar a los pobladores el acceso a servicios de salud oportunos y de calidad, que coadyuven a mejorar su calidad de vida.
A pesar de que las obras fueron concluidas hace más de tres años con una inversión de 38 millones de pesos, el propio Secretario de Salud del Estado, doctor Alfonso Cobos Toledo, ha aceptado durante su comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Social y Bienestar del Congreso del Estado con motivo del V Informe de Gobierno que aunque la Secretaría de Salud ha visto incrementado su presupuesto en 57 millones para el presente año, esto “fue insuficiente para poner en funcionamiento los hospitales de Hopelchén y Palizada” y agregó que “se sentaron las bases para ofrecer mejores servicios de salud, pero no se concretaron los recursos para poner en marcha los centros hospitalarios de Hopelchén y Palizada, cuyas instalaciones fueron concluidas desde el inicio del actual Gobierno, y ahora son ‘elefantes blancos’ deteriorados”.
Ante este panorama es indispensable atender las demandas que la población me ha hecho durante los recorridos por este Municipio y dotar a este centro de salud con el equipamiento adecuado de acuerdo a lo contemplado en la NOM-197-SSA1-2000, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.
Al contar con una infraestructura no funcional, la población se ve obligada a trasladarse a otros centros hospitalarios en la Capital del Estado, lo que implica un recorrido de 86 km, arriesgando su vida y en ocasiones la salud de terceros, siendo que es obligación del Estado dotar de los servicios médicos necesarios a sus habitantes.
Ante lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaria de Salud y al gobierno de Campeche a realizar las acciones necesarias para que el hospital comunitario de Hopelchén sea equipado y dotado de los insumos básicos así como del personal indispensable para que empiece a prestar los servicios de salud que requiere la población de este municipio.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 4 de noviembre de 2014.
Diputado Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar –por la SHCP, en coordinación con la SE, la Sagarpa y la SCT– a los ciclistas y las empresas promotoras de la movilidad sustentable no motorizada sujetos beneficiarios del sistema de subsidios que promueva las mayores ventajas del uso de combustibles no fósiles, la eficiencia energética y el transporte público sustentable, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con base en lo siguiente:
Consideraciones
En el contexto del siglo XXI, el tema del cambio climático tiene una complejidad transversal que abarca no solo los contenidos relacionados con las fluctuaciones en el clima o la deforestación de los bosques, sino con la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero.
El presente punto de acuerdo tiene su origen en el área de oportunidad que la Ley General de Cambio Climático (DOF 06/06/2012), junto con la Estrategia Nacional de Cambio Climático (DOF03/06/2013) ofrecen para generar incentivos que den prioridad al transporte no motorizado y al ciclista. En virtud de lo anterior, la Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados ofrece la correspondencia más idónea para su dictamen.
La Ley General de Cambio Climático (LGCC) ha definido la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero que deberán ser implementadas a lo largo de los próximos años, para cumplir con la meta aspiracional de reducir al año 2020 un treinta por ciento de emisiones con respecto a la línea base, y un cincuenta por ciento de reducción de emisiones al 2050 en relación con las emitidas en el año 2000. La trayectoria identificada que permitiría lograr estos objetivos implica que al 2020 se deben reducir las emisiones anuales en alrededor de 288 MtCO2e, y al 2050 las emisiones totales deberán alcanzar un nivel máximo de 320 MtCO2e.1
La LGCC también establece que se considerarán como instrumentos económicos de carácter fiscal a los estímulos fiscales que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política nacional sobre el cambio climático y que en ningún caso, estos instrumentos se establecerán con fines exclusivamente recaudatarios, y considera prioritarios para el otorgamiento de estos estímulos fiscales, a las actividades relacionadas con la utilización de equipos y tecnologías que tengan por objeto reducir o controlar las emisiones, así como promover prácticas de eficiencia energética.2
Como fundamento de nuestra propuesta, el artículo transitorio tercero de la LGCC, instituye que para el año 2020 las dependencias y entidades de la administración pública federal, centralizada y paraestatal, las Entidades Federativas y los municipios deberán implementar acciones de mitigación para alcanzar la meta-país en materia de reducción de emisiones. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, deberán haber generado de forma gradual un sistema de subsidios que promueva las mayores ventajas del uso de combustibles no fósiles, la eficiencia energética y el transporte público sustentable con relación al uso de los combustibles fósiles.
En ese orden de ideas, es del interés de este punto de acuerdo, apoyar aquellas líneas de acción previstas en la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) para acelerar la transición energética hacia fuentes de energía limpia, y principalmente dar viabilidad a la meta M3.7 que a la letra dice:
M3.7 Generar incentivos , infraestructura y programas para favorecer el transporte no motorizado, articulado dentro de sistemas integrados de transporte, en el que se dé prioridad al peatón y al ciclista para generar beneficios ambientales y de salud inmediatos.
Además del respaldo de instrumentos económicos para el efectivo cumplimiento de las acciones previstas en la LGCC, este punto de acuerdo pretende poner el acento en la necesidad de la participación de la población como entes activos y corresponsables. De allí que, presentamos una reflexión sobre aquellos esquemas desarrollados en otros países, que aprovechan las mejores prácticas para una mejor calidad de vida para la población. En ese sentido, nos planteamos explorar las alternativas para la aplicación de estímulos fiscales que favorecen no solo la gestión responsable de los recursos, sino la participación de todos los interesados en el nivel que corresponda.
Argumentación
Algunos países están reduciendo la congestión del tráfico y la contaminación atmosférica mediante diversos incentivos que los gobiernos han promovido para estimular el uso de bicicletas, como forma de transporte personal. La bicicleta tiene muchas ventajas: alivia las congestiones viales, disminuye la contaminación atmosférica, reduce la obesidad, eleva la condición física y principalmente no emite gases de efecto invernadero y su precio es accesible a millones de personas que no pueden pagar los costos de un automóvil. Las bicicletas aumentan la movilidad mientras que reducen la congestión del área pavimentada; seis bicicletas caben en un carril para automóvil y las ventajas para estacionarlas es aún mayor: 20 bicicletas ocupan el espacio de estacionamiento de un auto.
Según datos del Earth Policy Institute3 el mundo produjo alrededor de 130 millones de bicicletas en 2007 –que representa más del doble de la cantidad de vehículos que se produjeron en ese año; desde 2001 la producción de bicicletas ha mantenido su ritmo ascendente y esto se debe en gran parte al aumento en la producción de bicicletas eléctricas, que duplicó su producción a 21 millones de unidades en 2007.
La bicicleta no es solamente un medio flexible de transporte; es sin duda un medio eficaz para substituir al automóvil en viajes cortos y de esa forma reducir las emisiones GEI. La capacidad de proveer movilidad a comunidades de bajos ingresos ha sido conmovedoramente demostrada en China con la escalada de la producción de bicicletas que comenzó en 1976 con 6 millones de unidades y alcanzó en 2007 los 90 millones. Las bicicletas tomaron los caminos rurales y las calles y son el medio que ofrece movilidad personal para cientos de millones de chinos. Según datos de estudios realizados en Franciala utilización de una bicicleta en un trayecto de 10 kilómetros diario, evita la emisión de 700 kilogramos de CO2 al año.4
Como dijimos, varios países han promovido diversos incentivos para estimular el uso de las bicicletas y facilitar la movilidad de los trabajadores: desde 1997 Bélgica reformó su marco legal para promover que las empresas aporten un pago voluntario adicional, libre de impuestos de alrededor de 0.20 euros por kilómetro recorrido, a los empleados que se transportan en bicicleta. De acuerdo con estudios realizados por el Departamento Belga de Movilidad se ha logrado demostrar que si la compañía paga la cuota, los empleados llegan en bici: el número de ciclistas se incrementó de 6.3% a 9.5%, eso representa un aumento de más del 50%.5
Otro ejemplo es el que introdujo Holanda hace varios años: se reformó la ley para que las empresas dieran a sus empleados una bicicleta, libre de impuestos, cuyo precio no excediera los 749 euros. En la actualidad, Holanda tiene un parque de 18 millones de bicicletas para 16 millones de personas y el 26% de los viajes se realizan en bicicleta. Como dato adicional, las ventas anuales de bicicletas a estas las empresas que apoyan este modo de movilidad, se estiman en un cuarto de millón de euros lo que se traduce en que de cada 5 bicicletas nuevas, una va algún empleado.6
En el Reino Unido el gobierno lanzó el esquema de incentivos denominado “Cycle to Work”, en el que las empresas pueden prestar bicicletas a sus colaboradores, como un beneficio libre de impuestos, bajo la condición que las bicicletas sean utilizadas para transportarse al trabajo y para otras actividades relacionadas con el cargo. El empleado termina “comprando” la bici al final del plazo de préstamo, por una suma nominal.
En 2009, el Ministerio del Medio Ambiente Italiano estableció un esquema de subsidio para adquirir bicicletas o biciclos eléctricos, destinando un presupuesto total de 19 millones de euros, que resultó en la venta de 127,000 bicicletas/biciclos eléctricos adicionales.7 Asimismo, el Congreso Italiano aprobó un incentivo económico a través de un descuento de aproximadamente 5% para personas mayores y residentes, sobre la cuota por uso de bicicletas normales o motorizadas, en el marco del sistema público de movilidad sustentable no motorizada.8
“México se encuentra a tiempo de cambiar para alcanzar la sustentabilidad y la equidad social. Si el día de hoy comenzamos a planear una mejor movilidad basada en alternativas de transporte público y no motorizado y en la reducción de la intensidad del uso del automóvil, es posible lograrlo”.9
En virtud de lo anterior, y con la intención de que la movilidad sustentable no motorizada cuente con estímulos fiscales que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política nacional sobre el cambio climático que coadyuven a la reducción de emisiones anuales establecidas para el año 2020, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Artículo Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, la Secretaría de Comunicaciones y la Secretaria de Transportes, consideren al ciclista y a las empresas promotoras de la movilidad sustentable no motorizada, como sujetos beneficiarios del sistema de subsidios que promueva las mayores ventajas del uso de combustibles no fósiles, la eficiencia energética y el transporte público sustentable con relación al uso de combustibles fósiles.
Notas
1 Acuerdo por el que se expide la Estrategia Nacional de Cambio Climático DOF 03/06/2013.
2 Ley General de Cambio Climático. Artículos 92 y 93.
3 http://www.earth-policy.org/search?q=bicycles al 24 de febrero 2014.
4 http://ecocitoyens.ademe.fr/mes-deplacements/se-deplacer-responsable/tr ansports-doux al 24 de febrero de 2014.
5 http://www.bike-eu.com/Laws-Regulations/Regulations/2013/3/Fiscal-Incen tives-for-Cycling-1258441W/
6 http://www.bike-eu.com/. Op. Cit.
7 Ibídem.
8 http://www.comune.catania.it/il_comune/organizzazione/uffici_comunali/d irezioni/mobility-manager/campagna-incentivi-acquisto-bici-e-scooter-el ettrici/
ITDP. Planes Integrales de Movilidad. Lineamientos para una movilidad urbana sustentable. México 2012, p. 5
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2014.
Diputado Javier Orihuela García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a los gobernadores y al jefe de gobierno del Distrito Federal a emprender acciones que garanticen el derecho a la protección integral de la vida y el sano desarrollo de niños y de adolescentes, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En México, hablar de la infancia y juventudes es sacudir historias de dolor, sufrimiento, pobreza, abandono, injusticia, miseria, humillación y desprecio.
Es hablar de miles de niñas, niños y adolescentes que viven en las calles luchando por sobrevivir siendo acusados, señalados, estigmatizados, reprimidos, marginados, torturados y encerrados injustamente; a quienes se les ha negado el derecho a la dignidad, al juego, a la justicia, a la libertad, y que abandonan la escuela porque tienen que trabajar.
También es hablar de una sociedad que olvida y margina a las niñas, niños y adolescentes que ella misma produce, y con cuyo silencio y contemplación se vuelve cómplice de la injusticia en la que los menores viven.
En nuestro país, este sector poblacional se ve afectado por cuatro espectros principales de inequidad: el ingreso económico de los hogares en los que habitan, su origen étnico, su lugar de residencia y el género.
Si estos cuatro factores se combinan de manera general, tendremos graves problemas para el buen desarrollo de cualquier persona, pero uno o varios de ellos pone en mayor desventaja a la población menor de 18 años, pues cada una de ellas influye en distintas áreas relacionadas con el cumplimiento de sus derechos.
De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), en 2012 la población total de México fue de 117 millones 53 mil 750 personas. De éstas, 40.4 millones tenían entre 0 y 17 años de edad, de las cuales el 49.1 por ciento eran mujeres y 50.9 por ciento, hombres.
Si a estas consideraciones sumamos que México tiene una de las mayores proporciones de población indígena en el mundo, con más de 62 grupos etnolingüísticos, y que dicho grupo poblacional vive mayoritariamente en zonas rurales, la situación de las niñas, niños y adolescentes que pertenecen a dichas comunidades se agrava.
Según cifras del informe Alcanzar los Objetivos del Desarrollo del Milenio con equidad. Una mirada desde la infancia y la adolescencia en México, de la Unicef, el número de hombres menores de edad víctimas de homicidio se duplicó en una década en México, siendo Chihuahua y Guerrero los estados que registran la mayor proporción de casos.
De acuerdo con este reporte, “la mayor proporción de defunciones por homicidio correspondió a los hombres entre 0 y 17 años, al pasar de 693 homicidios en 2000 a mil 223 en 2011, mientras que en el caso de las mujeres pasó de 228 a 337; es decir, los homicidios de varones menores de 18 años representaron el 78 por ciento del total de homicidios en ese grupo de edad.”1
Además, la tasa de homicidios para los menores de 18 en 2011 presenta fuertes diferencias a nivel estatal. Mientras que el promedio nacional fue de 3.9 homicidios por cada 10 mil habitantes menores de 18 años, estados como Chihuahua y Guerrero presentaron una tasa de 17.3 y 12.2 respectivamente.
Asimismo, los datos de homicidio cometidos contra adolescentes y niños pueden asociarse con el contexto de creciente violencia que ha experimentado el país en los últimos años, vinculado a la lucha “contra y entre” el crimen organizado, la cual ha dejado también decenas de miles de huérfanos y un aumento en el número de menores detenidos por su participación en actividades delictivas.
El informe cita textualmente que no existen cifras oficiales sobre el número de niñas, niños y adolescentes que han fallecido en el contexto del combate contra y entre el crimen organizado; sin embargo, se estima que entre mil 200 y mil 600 menores murieron, y alrededor de 40 mil niños se quedaron huérfanos. Por otro lado, entre 2009 y 2010 se incrementó 34 por ciento el número de adolescentes detenidos por su actividad en la delincuencia organizada, por portación de armas y delitos contra la salud.
Los datos aparecen consignados en el apartado titulado “Violencia contra las niñas, niños y adolescentes”, el cual también establece que la muerte por homicidio entre adolescentes representa un 19.4 por ciento del total de fallecimientos entre este segmento de la población.
Con base en las estadísticas nacionales, el documento indica que los niños y niñas de las zonas rurales parecen ser los más desfavorecidos en lo tocante a los indicadores relativos a los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015 establecidos por 189 jefes de Estado y de Gobierno en el año 2000.
De acuerdo con la Unicef, los niños y adolescentes indígenas también constituyen una proporción muy elevada de quienes enfrentan mayores obstáculos para el ejercicio de sus derechos económicos y sociales.
Estas cifras son en extremo preocupantes, pues nos hablan del abandono en el que se encuentran las niñas, niños y adolescentes por parte de los gobiernos de los tres niveles, mismos que han fallado en su labor de protección a la vida y los derechos de quienes hoy mueren a manos del crimen organizado, víctimas integrantes de un grupo tan vulnerable y que, por definición y características particulares, carece de facultades para defenderse a sí mismo, y de los medios para sobrevivir en un ambiente tan hostil y violento como el que enfrentamos actualmente.
Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a su consideración el siguiente
Puntos de Acuerdo
La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión:
Primero. Exhorta al Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, a que en el marco de sus responsabilidades instruya a las autoridades federales y locales competentes a elaborar de manera inmediata un registro actualizado y puntual sobre la cantidad de menores que han sido asesinados así como de aquellos que se encuentran en estado de orfandad a consecuencia de la comisión de actos de violencia relacionados con la lucha contra y entre el crimen organizado.
Asimismo, se le exhorta a emprender políticas públicas de alto impacto, en pro de lograr prácticas más amplias de prevención, protección y garantía de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes; encaminadas a la disminución de la tasa de mortalidad infantil y juvenil a nivel nacional, para garantizar la salvaguarda de la vida y el buen desarrollo de dichos sectores poblacionales.
Segundo. Exhorta a los gobernadores de las 31 entidades federativas y al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus facultades, instruya a las Secretarías competentes a establecer políticas públicas encaminadas a mejorar las prácticas de prevención, protección y garantía de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes; encaminadas a la disminución de la tasa de mortalidad infantil y juvenil en cada una de sus entidades, para garantizar la salvaguarda de la vida y el buen desarrollo de dichos sectores poblacionales.
Nota
1 Alcanzar los Objetivos del Desarrollo del Milenio con equidad. Una mirada desde la infancia y la adolescencia en México; disponible en formato electrónico en http://www.unicef.org/mexico/spanish/UN_ODM_web.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2014.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Baja California a mediar en el conflicto entre ejidatarios y locatarios derivado de la posesión de los terrenos aledaños a La Bufadora, a cargo del diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del PT
El que suscribe, Jaime Bonilla Valdez, diputado federal a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
En la península de Punta Banda, 35 kilómetros al sur de la ciudad de Ensenada, Baja California., se localiza uno de los atractivos naturales más imponentes de la región: La Bufadora, un bufón de los más grandes del mundo. A menudo es considerado un géiser marino, sin embargo, no se trata de ninguna fuente termal como son los géiseres, ya que el fenómeno es provocado por el rompimiento de las olas contra una cueva que se encuentra en la parte baja del acantilado, alcanzando una altura de hasta 20 metros. Otra característica que hace interesante este fenómeno natural es el que al momento de que es lanzado el chorro de agua se produce un sonido peculiar, similar al bufido de un animal, de ahí su nombre.
Por ser Ensenada una ciudad con gran actividad turística y al estar La Bufadora cerca de la misma, el espectáculo que forma el mar y el acantilado atrae a una gran cantidad de visitantes extranjeros y mexicanos, incluso las familias de Ensenada y Tijuana van a pasar un día de campo al lugar, y por lo mismo, La Bufadora se ha convertido en parte de la identidad bajacaliforniana, en algo que sentimos nuestro y que nos da cohesión como sociedad.
En torno de La Bufadora se ha creado una serie de servicios para los visitantes, que desarrollan actividades deportivo recreativas, como el ciclismo, la pesca, surfear, campismo, montar a caballo, etcétera, y de las cuales encuentran el sustento un importante número de familias.
También en las inmediaciones existe un modesto centro comercial, que es atendido por locatarios que de esta forma mantienen a sus familias y si bien no se tienen las grandes edificaciones, para los locatarios el centro es de gran importancia y constituye su patrimonio. De igual forma, al venderse en dicho centro artesanías y productos propios de la región, el centro indirectamente también es de importancia para otro importante número de familias bajacalifornianas.
El proyecto de dignificación de La Bufadora comenzó el 27 de octubre de 1994, constituyéndose al año siguiente el Fideicomiso “La Bufadora”, mismo que obtuvo en concesión el derecho de vía por medio de acuerdo del 11 de julio de 1995, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 15 de septiembre de ese mismo año, acuerdo que es firmado por el gobernador del estado. Parte de los objetivos del Fideicomiso era el de la construcción y administración de un centro comercial, en donde se vendieran productos artesanales, entre otros.
En este proceso el Estado y el Ayuntamiento se convirtieron en Fideicomitentes y el Banco Internacional, SA de CV, en fiduciario y las Secretarías de Turismo, y de Desarrollo Social en Fideicomisarios.
Con base en lo anterior, gentes honestas y trabajadoras comprometieron su futuro con el Fideicomiso y el proyecto abalado por los tres órdenes de gobierno y de buena fe levantaron el centro comercial, siendo ellos o sus descendientes los actuales locatarios.
Pero, el día 17 de agosto de 2010, el Ejido Coronel Esteban Cantú, por conducto de sus representantes legales (Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal), presentó demanda de amparo, radicándose ante el Juzgado Décimo de Distrito, bajo expediente número 666/2010, señalándose los siguientes actos reclamados:
a) Del Gobernador del Estado, como autoridad ordenadora, el acuerdo de 11 de julio de 1995, publicado en el periódico oficial del Estado el 15 de septiembre de ese mismo año, en el que se otorgó la concesión de los derechos de vía de la carretera estatal que conduce de la población de Maneadero hacia la zona conocida como La Bufadora, a favor del Fideicomiso;
b) Los actos tendientes a privar de la posesión y disfrute de los derechos agrarios al ejido;
c) La promulgación, publicación, ejecución y cumplimiento del acuerdo de concesión señalado en el inciso a).
Como resultado de lo anterior, el 16 de agosto del 2011, se dictó sentencia definitiva, a través de la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a favor del Ejido, dejando insubsistente el acuerdo del día 11 de Julio de 1995, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 15 de septiembre de ese mismo año, en el que se otorga la concesión de los derechos de vía de la carretera estatal que conecta a la población de Maneadero con La Bufadora, a favor del Fideicomiso. Además de restituirle al ejido los derechos de posesión y disfrute de una amplia superficie, dentro de la que se encuentra el varias veces mencionado centro comercial de La Bufadora.
El gobernador del estado, en cumplimiento de la sentencia tuvo que dejar sin efecto el acuerdo del 11 de julio de 1995, acto que se vio materializado por medio de acuerdo publicado el 28 de septiembre de 2012.
Por su parte y como consecuencia del amparo antes mencionado, cuyo fallo como ya se mencionó fue a favor de los quejosos, es decir, los ejidatarios, el ayuntamiento de Ensenada se ve obligado a entregar las tierras objeto de la litis, entre las que se encuentran el centro comercial de La Bufadora y el mirador desde el cual los visitantes contemplan el fenómeno natural ya varias veces mencionado en este escrito.
Lo anterior ha causado un conflicto social en la región, primero entre los locatarios que perderán su patrimonio y fuente de ingresos, después entre todos los habitantes de Baja California, ya que se tiene el fundado temor de que este fenómeno natural de facto sea privatizado.
Si bien La Bufadora y cuando menos parte del mirador se encuentran en la zona marítima terrestre, el hecho de darle propiedad de los terrenos aledaños a un particular o ente social como lo es el ejido, sería de facto similar a privatizarlo.
En cuanto al ayuntamiento, ha tratado de mediar en el conflicto entre ejidatarios y locatarios sin que hayan dado frutos sus esfuerzos. En cumplimiento de la orden del juez también ha tratado de llevar a cabo el desalojo de los locatarios, pero ante la falta de elementos policiacos en número suficiente y sobre todo, en vías de evitar un enfrentamiento de consecuencias violento, no han podido concretarlo.
Incluso el Presidente municipal de Ensenada a fin de evitar una afectación a locatarios y terceros afectados, presentaron un escrito, el 19 de agosto del año en curso, planteando un “Incidente Innominado”, proponiendo el cumplimiento sustituto, mediante el pago de una suma de dinero a favor de ejido en sustitución de la entrega de la superficie de terreno que se ordena entregar. Recurso interpuesto ante el Juzgado Séptimo de Distrito y mismo que no prosperó.
De tal manera que para los juzgados el asunto de La Bufadora es caso juzgado y solo falta cumplimentar el desalojo de los locatarios.
Entonces por una parte, La Bufadora de facto corre el riesgo de ser privatizada, pero es el sentir de los bajacalifornianos que La Bufadora y las áreas aledañas a ella deben de ser de acceso público, de todos los baja californianos y de todos los mexicanos, de tal forma que el gobierno estatal no pueden permitir su privatización, a fin que en ningún momento se restrinja la entrada a este monumento natural.
Por otra parte, es de verse que el asunto de La Bufadora es un ejemplo típico de que lo justo no siempre es lo legal, lo justo sería que los locatarios que obraron de buena fe al construir en los terrenos aledaños a La Bufadora, es más, bajo el auspicio de los gobiernos federal, estatal y municipal, conservaran su patrimonio, y que los bajacalifornianos tengamos la certeza jurídica de poder acceder siempre y sin problemas a esta maravilla natural, pero en cambio, lo legal es que a los locatarios se les arrebate su patrimonio y todos los mexicanos estemos a expensas de perder el derecho de acceso a La Bufadora.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente hace un atento llamado al Gobernador del Estado de Baja California, para que sin violentar el marco jurídico aplicable, con base a las atribuciones y facultades a él conferidas, medie en el conflicto entre ejidatarios y locatarios derivado de la posesión de los terrenos aledaños a La Bufadora sobre los que actualmente está el centro comercial. A su vez, busque la solución jurídica que garantice que los terrenos aledaños a La Bufadora no sean privatizados, en beneficio de todos los mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2014.
Diputado Jaime Bonilla Valdez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Ssa a emprender acciones encaminadas a la atención de la insuficiencia renal crónica, suscrita por los diputados Leobardo Alcalá Padilla y María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados María del Carmen García de la Cadena Romero y Leobardo Alcalá Padilla, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Enfermedades como la obesidad, desnutrición, hipertensión, diabetes, padecimientos cardiovasculares y pulmonares, son algunos de los males más comunes en nuestro país y que desafortunadamente cobran la vida de miles de personas al año.
Uno de los órganos en los cuales se han detectado diversas enfermedades y daños en muchas personas son los riñones, los cuales se encuentran localizados cerca de la línea media de la espalda, justo debajo de la caja que conforman las costillas. Su principal función es la filtración de la sangre, a través de estructuras diminutas denominadas nefronas, eliminando así los productos de desecho y el exceso de agua, que se transforma en orina, la cual fluye a través de unos tubos llamados uréteres hacia la vejiga1 .
La causa principal de los padecimientos renales son los problemas genéticos, lesiones o medicamentos, los cuales atacan principalmente las nefronas, haciendo que la filtración sanguínea se complique, derivando en enfermedades como infecciones, quistes, piedras, cáncer e insuficiencia renal crónica (IRC); siendo ésta última la que ha presentado un aumento en los mexicanos en los últimos años y según expertos, se espera que en un futuro incremente el número de casos.
La IRC es definida por la National Kidney Foundation de Estados Unidos como la presencia de daño renal con una duración igual o mayor a tres meses, caracterizado por anormalidades estructurales o funcionales con o sin descenso de la tasa de filtración glomerular2 .
El doctor César Torres Zamudio, profesor principal emérito de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, señala que entre las principales causas de la IRC se encuentra la nefropatía diabética (daño en los nervios del cuerpo debido a los niveles altos de azúcar en la sangre), nefroesclerosis hipertensiva (persistencia en el aumento de presión arterial) y la glomerulonefritis (daño de las nefronas)3 .
Por otra parte, un estudio realizado por diversos especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que entre los síntomas de la enfermedad renal a análisis se encuentra: acidosis, hiperglucemia, malnutrición, aumento de la osmolaridad sérica, disfunción del sistema nervioso central causados por la uremia como dificultad para concentrarse, somnolencia e insomnio, se presentan cambios de comportamiento, pérdida de la memoria y errores de juicio, que pueden asociarse con irritabilidad neuromuscular como hipo, calambres y fasciculaciones, las personas con IRC tienen un mayor riesgo de morir y padecer enfermedades cardiovasculares que la población general, siendo de precisarse que entre las mujeres con IRC es común la amenorrea y la incapacidad de llevar un embarazo a término4 .
Si bien la IRC es una enfermedad que puede considerarse sumamente grave y hasta mortal (si no se siguen las indicaciones médicas correspondientes), existen diversos tratamientos para combatir a la misma, como son5 :
• Hemodiálisis: Consiste en utilizar un circuito extracorpóreo para eliminar sustancias tóxicas y exceso de líquido. La sangre se pone en contacto con el líquido de diálisis a través de una membrana semipermeable. El movimiento de sustancias y agua ocurre por procesos de difusión, convección y ultrafiltración.
• Diálisis peritoneal: Consta de una bolsa que contiene el líquido de diálisis, conectada a un catéter a través del cual se introduce el líquido a la cavidad abdominal. Dentro del abdomen se lleva a cabo la diálisis en la membrana peritoneal y posteriormente el líquido con los desechos drena a una bolsa de salida, y
Trasplante renal: Consiste en colocar el riñón de otra persona en el cuerpo de un paciente mediante cirugía. La sangre del paciente fluye a través del riñón trasplantado y el riñón donado comienza a producir orina y a realizar sus funciones. El trasplante renal es el único tratamiento que realmente previene el desarrollo de uremia, pero no todos son candidatos a trasplante renal.
Como lo señalamos anteriormente, la IRC es una enfermedad que ha tenido un aumento exponencial en el número de personas que la padecen, tal como lo señala un estudio realizado por el experto Malaquías López de la UNAM, en el que se demuestra que en el año 2005 existían 129 mil 306 casos, aumentando en 2010 a 142 mil 37 pacientes. En este estudio también se menciona que para 2015 existirán 163 mil 460 personas con esta enfermedad, siguiendo su crecimiento en 2020 con 187 mil 738 personas con IRC y para 2025 serán 214 mil 502 enfermos6 .
A pesar de no existir números oficiales de las personas que padecen el IRC, el estado de Jalisco, como única entidad que recopila datos sobre la enfermedad, también demuestra un aumento en las personas con IRC, ya que en 2006 fueron 346 casos por cada millón de personas; en 2007, 372 casos; en 2008, 400 casos; en 2009, 419 casos; en 2010, 404; y en 2011 un total de 5277 .
Los datos recopilados por el estado de Jalisco forman parte del Sistema de Datos Renales de los Estados Unidos, a través del cual podemos comparar los casos de México con otros países, concluyendo que México se encuentra muy por encima de muchas naciones, como son los Estados Unidos de América con 350 casos de IRC por cada millón, y Japón con menos de 300 que son los otros que registran elevados datos, tan solo Taiwán se acerca más al caso de México, aunque lo bajó de 418 a 361 en el periodo reportado de 5 años8 .
Los costos tan altos de los tratamientos para combatir la IRC se suman a la seria problemática que refleja la enfermedad, los cuales constituyen un reto económico para el sistema de salud del país. De tal suerte que muchos especialistas consideran que los tratamientos como la hemodiálisis o diálisis producen mejores resultados cuando son realizados en casa otorgando mejor calidad de vida y satisfacción, con respecto a la sobrevivencia.
No podemos permitir que la IRC se siga presentando en tantas personas, que siga cobrando la vida de miles de mexicanos o que muchos de ellos padezcan por años los síntomas que resultan tan serios.
Es necesario que se establezcan acciones encaminadas a prevenir y erradicar la enfermedad, con políticas públicas en materia de salud responsables, que coadyuven al combate de la enfermedad y que representen una fuerza importante en el tratamiento de la IRC que afecta a miles de mexicanos anualmente y que por desgracia sigue en aumento.
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud para que configure un registro nacional de pacientes con insuficiencia renal crónica.
Segundo: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud para que con base en los resultados del Registro Nacional de Insuficiencia Renal Crónica, establezca un programa de atención a las personas que padecen esta enfermedad renal, fortaleciendo su investigación y prevención.
Notas
1. Consultado en <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/kidneydiseases.html> 22 de octubre de 2014 14:38 horas.
2. Insuficiencia Renal Crónica. Dra. Aida Venado Estrada (et.al.) Unidad de Proyectos Especiales. Universidad Nacional Autónoma de México, p. 3.
3. Consultado en <http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1018-130X2003000100001script=sci_arttext&tlng=en> 22 de octubre de 2014 17:51 horas.
4. Insuficiencia Renal Crónica. Dra. Aida Venado Estrada (et.al.) Unidad de Proyectos Especiales. Universidad Nacional Autónoma de México, p. 5 – 10.
5. Ídem.
6. Consultado en <http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/el-rin-que -no-llega-46763.html> 22 de octubre de 2014 18:20 horas.
7. Consultado en <http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-empresas/2014/ 02/02/urge-registro-insuficiencia-renal-cronica-mexico> 22 de octubre de 2014 18:54 horas.
8. Ídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2014.
Diputados: María del Carmen García de la Cadena Romero, Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno de Campeche a realizar acciones para que el hospital comunitario de Palizada empiece a prestar servicios a la población del municipio, a cargo del diputado Jorge Rosiñol Abreu, del Grupo Parlamentario del PAN
El diputado Jorge Rosiñol Abreu, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables y relativos, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados al siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El artículo 4o. de la Constitución establece como uno de los derechos fundamentales de los mexicanos el derecho a la salud, derecho que también se encuentra consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado y ratificado por nuestro país.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el derecho a la salud incluye el acceso a una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria, donde el estado debe crear las condiciones que permitan que todas las personas puedan vivir lo más saludablemente posible, estas condiciones incluyen la disponibilidad garantizada de servicios de salud.
Un hospital comunitario es el lugar donde se apoyan los centros de salud para dar atención a la población que habita en las cercanías geográficas o poblaciones, se localizan en zonas rurales alejadas, en estos lugares se cuenta con servicio de consulta externa, vacunación, pláticas de prevención de enfermedades, área de internamiento, atención de urgencias, atención de partos, hospitalización, atención médica especializada, toma de laboratorios básicos y, en caso de requerirlo, referencia a hospitales de mayor grado de especialidad. También se brindan los servicios de cirugía y hospitalización. La atención en estas unidades es dada por médicos generales, especialistas, estomatólogos, enfermeras, químicos y técnicos radiólogos.
Palizada, Campeche, cuenta con 8 mil 352 habitantes, de los cuales mil 683 se encuentran en pobreza extrema, lo que representa 17.77 por ciento de su población de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); en la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), encontramos que para 2010 un total de 7 mil 292 habitantes eran derechohabientes a servicios de salud, lo cual refleja una buena cobertura ante una deficiente infraestructura, ya que para 2011 sólo se contaba con 11 unidades médicas para atender esta demanda.
Durante la comparecencia del entonces secretario de Salud, doctor Enrique Iván González López, ante el Congreso del Estado con motivo del segundo Informe de Gobierno del entonces gobernador, licenciado Fernando Ortega Bernés, dijo “Estamos finalizando la construcción del hospital comunitario de Hopelchén y del hospital comunitario de Palizada...”, dicho nosocomio al día de hoy es una realidad, pero una realidad aparente que se ha convertido en una inversión desperdiciada por la imposibilidad de iniciar su funcionamiento.
Para 2013 el actual secretario de Salud del estado, doctor Alfonso Cobos Toledo, indicó que se requeriría cerca de un millón 200 mil pesos al mes para hacer 30 contrataciones y mantener este hospital, aunque para ese momento aún se requería equipamiento y algunos detalles de funcionamiento.
Un año después las familias paliceñas seguían sin conocer el avance de una obra que implicó una inversión de más de 40 millones de pesos, un nuevo hospital abandonado por las autoridades en un “terreno que se ha convertido en una montaña de maleza y vegetación que ha sido aprovechable para el refugio de malvivientes”, de acuerdo a declaraciones de los propios pobladores.
El pasado 7 de agosto durante su quinto Informe de Gobierno, el actual gobernador de Campeche dijo “destaca la próxima entrada en funcionamiento de los hospitales comunitarios de Hopelchén y Palizada”, sin embargo, al día de hoy este “elefante blanco” no ha iniciado su funcionamiento, por el contrario, ha sufrido los estragos del abandono, es un hospital no funcional donde las filtraciones de agua de lluvia han generado el deterioro y derrumbe del techo de plafón en diversas áreas de servicio, así como puertas y ventanas rotas, paredes agrietadas y un piso cubierto de lama, esto pone en evidencia la omisión de las autoridades tanto federales como estatales, que no han podido garantizar a los pobladores el acceso a servicios de salud oportunos y de calidad.
El secretario de Salud del estado, doctor Alfonso Cobos Toledo, ha aceptado durante su comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Social y Bienestar del Congreso del estado con motivo del quinto Informe de Gobierno que aunque la Secretaría de Salud ha visto incrementado su presupuesto en 57 millones para el presente año, esto “fue insuficiente para poner en funcionamiento los hospitales de Hopelchén y Palizada, ...se sentaron las bases para ofrecer mejores servicios de salud, pero no se concretaron los recursos para poner en marcha los centros hospitalarios de Hopelchén y Palizada, cuyas instalaciones fueron concluidas desde el inicio del actual gobierno, y ahora son elefantes blancos deteriorados”, agregó.
Esta situación es causante de una fuerte demanda social que exige a las autoridades que doten a este nosocomio con el equipamiento adecuado de acuerdo a lo contemplado en la Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.
Contar con infraestructura en materia de salud no es suficiente si dicha infraestructura no es capaz de atender las necesidades básicas de la población, cuando una obra nueva cuyo objetivo era garantizar el derecho a la salud de los pobladores se encuentra en abandono sin iniciar su vida útil, el estado ha fallado en la consecución de sus objetivos.
Ante lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Salud y al gobierno de Campeche a realizar las acciones necesarias para que el hospital comunitario de Palizada, Campeche sea equipado y dotado de los insumos básicos así como del personal indispensable para que empiece a prestar los servicios de salud que requiere la población de este municipio.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2014.
Diputado Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a concretar la entrega puntual de las ministraciones aprobadas en el PEF de 2015 para estados y municipios, a cargo del diputado Carlos Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados; 59 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. Que a principios de septiembre del año en curso, alcaldes de diversos municipios del país acusaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de retener los fondos federales aprobados en el Presupuesto 2014. Ya que de acuerdo a los datos de transparencia presupuestaria, los recursos totales aprobados son de 55,697.8 millones de pesos para realizar seis mil 15 proyectos hasta el 10 de septiembre de 2014 y sólo se han pagado recursos hasta esa fecha por 33,439.3 millones de pesos.1
Se trata de una problemática generalizada que afecta prácticamente a todos los municipios del país, ya que al no existir dicho recurso se crea incertidumbre y provoca que se retrasen las obras o programas proyectados.
Segunda. A septiembre, en sus informes trimestrales sobre finanzas públicas, la SHCP reportó la falta de entrega de recursos de distintos fondos aprobados para municipios y estados. Por ejemplo, de enero a junio estaban programados 4 mil 971 millones de pesos para el Fondo Metropolitano, de los cuales sólo se habían repartido 302 millones de pesos. El Fondo para Fronteras tenía estimados mil 500 millones de pesos y, hasta junio, no se había entregado un solo peso.2
El retraso complica la aplicación de recursos y, de acuerdo a la ley, se tiene que regresar lo que no se ejerce, por lo tanto la demora sólo ocasiona que se destinen los recursos a rubros que no se tenían contemplados o, en ocasiones, que resultan innecesarios.
Tercera. Según datos de Hacienda, al 29 de agosto de una muestra de 12 estados con un total de 552 municipios, sólo a 33.82 por ciento le habían transferido los recursos asignados del Ramo 23; es decir, una tercera parte, quedando pendiente los apoyos a 66.19 por ciento de los ayuntamientos. La Federación Nacional de Municipios de México reconoció que, de acuerdo con la propia Secretaría de Hacienda, en el primer semestre del año se había ejercido apenas 30 por ciento de los recursos del Ramo 23.
El director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), José Luis de la Cruz, destaca que el retraso en el gasto afecta directamente la ejecución de obras públicas locales, debido a que una cantidad importante de éstas se trabaja de manera conjunta entre Federación y ayuntamientos.3 El retraso es en ocasiones una responsabilidad compartida, ya que si los gobiernos locales no aceleran la licitación y adjudicación y el Gobierno Federal aprueba, pero si una de las dos partes se retrasa detiene a la otra.
Cuarta. Que en el caso del Distrito Federal existe un retraso en la entrega de recursos del Fondo Metropolitano, por un monto de mil 822 millones 495 mil pesos para el financiamiento de nueve proyectos en dicha entidad.
Al cierre del segundo trimestre del ejercicio fiscal, la SHCP no había hecho entrega de dichos fondos federales, ni tampoco había publicado las nuevas reglas de operación del Fondo Metropolitano, lo que imposibilitó el inicio de los procesos licitatorios de las obras y ello repercute en el tiempo de su ejecución. Para el ejercicio fiscal 2014, el Fondo Metropolitano del Valle de México obtuvo 3 mil 919 millones 35 mil 473 pesos de financiamiento para proyectos distribuidos entre los estados de México, Hidalgo y el Distrito Federal.
Quinta. Que los nueve proyectos que el Gobierno local programó corresponden a centros de transferencia y sitios de disposición final, 900 millones de pesos; mejoramiento de infraestructura vial, 302 millones 651 mil 495; estrategia de movilidad en bicicleta (Ecobici), 29 millones 905 mil 373.39; proyecto de planeación Gran Maqueta de la Ciudad de México, 62 millones, así como 210 millones 919 mil 365 pesos al Proyecto Centauro, para implementar un sistema avanzado de gestión en tránsito, así como la rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas vialidades, 147 millones 700 mil pesos; rehabilitación y equipamiento de parques y jardines, 50 millones; mantenimiento a puentes peatonales en vías primarias, 20 millones y 99 millones 175 mil 261.61 pesos para la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.
La demora en la entrega de las ministraciones puede provocar en las entidades federativas que se retrasen en las amortizaciones de sus deudas y en el pago a proveedores, lo que ocasiona que contraten pasivos a corto plazo que terminan siendo más costosos y menos transparentes, por lo anterior, dicha situación daña más las arcas locales, especialmente las que se refieren a tasas y plazos de pagos.4
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero: Que en el ámbito de sus facultades se exhorte respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a su titular, doctor Luis Videgaray Caso, para que concreten la entregar de los recursos asignados a los estados y municipios por concepto de diferentes fondos y aportaciones federales, con el objetivo de no retrasar el correcto ejercicio de los mismos y permitir que su aplicación se traduzca, lo más pronto posible, en beneficios para la ciudadanía.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a su titular, doctor Luis Videgaray Caso, a que establezca de manera conjunta con las entidades federativas, municipios y delegaciones mecanismos de control, seguimiento y agilización del presupuesto que sea aprobado para el próximo año (PEF 2015), para que sea recibido en tiempo y forma, con el objetivo de que su ejecución cumpla con los objetivos y criterios para los que se destinaron.
Tercero. Por el retraso en la entrega de recursos federales a las entidades federativas se solicita que el presupuesto asignado al Fondo Metropolitano se pueda ejercer hasta el primer trimestre del 2015, ya que actualmente la Ley establece que los recursos deberán estar comprometidos y devengados el 31 de diciembre.
Cuarto. Contemplar que por la importancia de las obras, la necesidad de establecer programas multianuales, para impedir que estos se frenen por el cambio de administración o falta de adjudicación de los proyectos.
Notas
1 http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Entidades_Federati vas
2 Periódico Reforma, lunes 1 de septiembre 2014.
3 Alcaldes de México. “Subejercicios castigan obra pública”. 1 de agosto 2013.
4 Ídem
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2014.
Diputado Carlos Augusto Morales López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJE de Tabasco a investigar los presuntos casos de violencia y abuso sexual contra alumnas del plantel 22 del Colegio de Bachilleres de Villa Benito Juárez, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México “63 de cada cien mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas,”1 esto demuestra la grave situación que enfrentan las mexicanas respecto a las expresiones de violencia ejercidas en su contra.
Según la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Tabasco, la violencia física
• Es cualquier acto que infringe daño no accidental a la víctima, usando la fuerza física o algún tipo de arma, objeto o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a su integridad física, que pueda provocar o no lesiones ya sea internas, externas o ambas.
Mientras la violencia sexual
• Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima, y que por tanto atenta contra su libertad, seguridad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía de un sexo sobre otro al denigrarlo y concebirlo como objeto.
Al respecto, es necesario destacar el caso de varias alumnas del plantel 22 del Colegio de Bachilleres de Villa Benito Juárez, Tabasco, ya que tras la denuncia de un padre de familia se evidenció que:
Su hija menor de edad [...] fue drogada por un compañero y estuvo a punto de morir. El incidente puso al descubierto que en total se han registrado 21 casos similares, en los cuales jovencitas de esa misma escuela han sido drogadas y abusadas sexualmente2 .
Presuntamente un compañero de la escuela, ofreció una “chamoyada” a la joven, la cual contenía algún tipo de enervante, mismo que puso en riesgo la vida de la alumna.
El padre de la joven acusó que las autoridades de la escuela tenían conocimiento de los hechos, por lo que denunció lo ocurrido y posteriormente Emilio Reyes Salazar, presidente de la sociedad de padres de familia del plantel, confirmó los presuntos 21 casos de abuso sexual de los que fueron víctimas las alumnas.
De esta manera, resulta urgente la intervención de las autoridades para investigar el caso y sancionar al o a los responsables de los delitos que pudieran acreditarse; a la par de dar la atención correspondiente a las víctimas, siempre bajo una perspectiva de género y de derechos humanos; es por ello que presentamos a esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco, a investigar los presuntos casos de violencia y abuso sexual contra las alumnas del plantel 22 del Colegio de Bachilleres de Villa Benito Juárez.
Notas
1. Inegi, Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, [en línea], México, Dirección URL: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/esta disticas/2013/violencia0.pdf
2. Proceso, “Tabasco: denuncian que 21 alumnas de Bachilleres fueron drogadas y sufrieron abuso sexual”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.proceso.com.mx/?p=386481
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2014.
Diputados: Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a generar un programa especial para atender las posibles externalidades negativas generadas tras agotarse las reservas petroleras de Campeche, a cargo del diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
A partir de 1938 México tuvo una producción petrolera bastante modesta con el solo propósito de sustentar el consumo nacional. Durante ese año se produjeron en promedio 106 mil barriles al día, alcanzando diez años más tarde solamente 163 mil barriles por día y durante la década de los sesenta, la producción llegó a los 332 mil barriles diarios en promedio.
Conforme el país continuó creciendo, se aceleró su proceso de urbanización, y la demanda por petróleo creció con más velocidad que la oferta, por lo que México se vio en la necesidad de devenir en un importador neto de crudo a inicio de la década de 1970.
Sin embargo, en 1972, el pescador Rudesindo Cantarell Jiménez reportó la observación de una mancha de aceite que surgía de las profundidades del mar en el Golfo de México, en la sonda de Campeche, localizada aproximadamente a 70 kilómetros de la costa del estado. Estudios de exploración determinaron al poco tiempo la localización de un campo petrolero gigante, al que se nombró como el pescador que diera los primeros indicios de su existencia: el complejo Cantarell.
A partir de la explotación del yacimiento campechano, México se colocó realmente como un productor y exportador de petróleo relevante en el mercado global. Los primeros barriles de petróleo de Cantarell se extrajeron en el mes de junio de 1979, alcanzando un promedio de 4 mil 289 barriles diarios. Para el mes de diciembre del mismo año la producción alcanzó los 240 mil barriles diarios.
El denominado “efecto Cantarell” repercutió inmediatamente en las finanzas del país. La producción creció de 749 mil barriles diarios durante la década de 1970 a 2.5 millones en la de 1980, 2.8 millones en la de 1990 y 3.1 millones entre 2000 y 2010, representando 36.8 por ciento de la producción total de crudo nacional en los ochenta, 40.8 en los años noventa y más de la mitad, 50.4, en el periodo 2000-2010.
En diciembre de 2003, Cantarell alcanzó su producción cúspide al generar en promedio 2.21 millones de barriles diarios, mes en que la producción de petróleo mexicano alcanzó su nivel histórico más alto: 3.44 millones de barriles diarios.
En 2004, México alcanzó su cifra récord de producción nacional, con 3 millones 383 mil barriles diarios en promedio, al tiempo que la dependencia del país en Cantarell alcanzaba simultáneamente niveles históricos, con 63.2 por ciento de la producción.
Según datos de Petróleos Mexicanos hasta 2013, sumados los barriles de petróleo producidos por la empresa productiva desde 1979, año del nacimiento de Cantarell, a la fecha, se cuentan 32 mil millones de barriles de petróleo producidos, de los cuales 13 mil 711 millones se le atribuyen al complejo, es decir, 42.8 por ciento de la producción histórica nacional en 35 años.
Cantarell ha entrado en un proceso natural de declinación a partir de 2004, como todo campo petrolero eventualmente lo hará pues las reservas de hidrocarburos son finitas. Sin embargo, dada a su importancia en la producción global del país, el inicio de la declinación ha impactado la estrategia de producción de Petróleos Mexicanos, ejecutando nuevos proyectos como Ku-Maloob-Zaap, Ixtal-Manik y Delta del Grijalva como salidas compensatorias a la referida reducción en la producción de crudo, la cual ha decrecido a niveles cercanos a los 389 mil barriles de crudo diarios desde el inicio de la declinación de Cantarell para 2013, alcanzándose así una producción nacional a finales de diciembre de 2012 de 2 millones 548 mil barriles diarios. El declive de la producción no fue tan sensible económicamente para el país, pues el crudo ha incrementado su precio internacional en una relación más o menos proporcional al declive en la producción.
El desafío para la industria nacional ha sido sustituir la producción de Cantarell, ya que el valor económico generado por el complejo es el máximo logrado por algún proyecto mexicano de extracción y producción de petróleo. Se estima que durante el periodo 2000-2013 Cantarell ha generado un valor presente neto, de casi 8 billones de pesos gracias a un bajo costo de producción por barril, pues el promedio de la última década se ubica entre los 4 y 5 dólares; sin embargo, en el primer semestre de 2014 se registra una producción promedio de 351 mil barriles al día a un costo superior a los 10 dólares.
Como activo integral, Cantarell contaba, al primero de enero de 2010 con reservas remanentes totales por 5 mil 116 millones de barriles de crudo, de las cuales 2 mil 542 millones eran probadas, 1 mil 172 millones catalogadas como probables y 1 mil 402 millones referidas como posibles, dándole un horizonte productivo de 10.6 años a los niveles de producción actuales, es decir con un horizonte 2020 o 2021.
La reforma energética llevará a Campeche un efecto económico beneficioso que derivará en la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en Ciudad del Carmen, la capital petrolera del país, e incentivará la aparición de nuevos asentamientos en el estado en el corto plazo.
La reforma y la nueva política energética nacional deben dar a Campeche una nueva oportunidad para redistribuir la riqueza petrolera generada en la entidad y permitir que el petróleo de sus aguas realmente beneficie en toda su proporción a lo aportado por el estado y los campechanos.
Después de cuatro décadas de ser el principal productor petrolero del país Campeche ha sido beneficiado, pero no en la medida que le correspondería pues el estado le ha aportado mucho al producto interno bruto de México, pero contar con petróleo no ha sido la panacea para la entidad, a cuarenta años del descubrimiento de los megayacimientos costeros y con la reforma energética abriendo la puerta a la detonación de un potencial renacimiento económico y desarrollo regional campechano con la exploración de aguas ultraprofundas, se está ante una nueva oportunidad de resolver la paradoja de que frente a las costas de Campeche se encuentre Cantarell, uno de los campos petroleros más generosos de la historia, una fuente de riqueza que en su momento parecía inagotable y también encontremos el campo de Ku-Maloob-Zaap, que actualmente genera valor agregado a Petróleos Mexicanos en buena medida, y que pese a esta abundancia y riqueza, más de la mitad de la población del estado viva por debajo de la línea de pobreza y que las actividades económicas distintas al petróleo como la pesca se encuentren paralizadas.
Ciudad del Carmen, a la que gusta compararse como una Houston mexicana, dista mucho de su correlato estadounidense en temas de infraestructura, desarrollo y servicios, pues tiene colonias enteras sin acceso a agua potable, e incluso municipios como Calakmul están cerca de los ayuntamientos centroamericanos en los indicadores sociales. El petróleo, lejos de poner a Campeche en las vías del desarrollo y la bonanza, no ha remediado la satisfacción de los mínimos indispensables para los habitantes de la entidad.
Haciendo un ejercicio fantasioso pero ilustrativo, si pretendemos que Campeche fuera un país independiente con su propia industria petrolera, la población campechana sería de las más ricas del mundo: si se dividieran por persona los 13 mil millones de barriles de petróleo extraídos a la fecha de Cantarell al precio actual, de 105 dólares por barril a cada uno de sus 822 mil habitantes, representaría un millón 785 mil dólares de regalías para cada campechano, pero las condiciones sociales más que acercarse a Texas parecen las de sus vecinos caribeños, la renta petrolera se ha repartido por todo el país, sin considerar la región donde surge, por lo que la economía no ha despegado y ha tenido dificultades al momento de la diversificación, situación que se agrava con el declive de Cantarell.
Campeche ha sido beneficiado, pero no proporcionalmente a lo que han contribuido en materia de generación y aporte petrolero a México. Hace una década el campo Cantarell producía casi tres millones cuatrocientos mil barriles diarios. A lo largo de tres décadas Campeche ha aportado a la economía mexicana una proporción considerable de recursos. Ocupando el quinto o sexto puesto, dependiendo del año, de las entidades que más aporta al PIB nacional, lo que hace más inconcebible que Ciudad del Carmen, la capital petrolera de este país, no tenga resuelto el abastecimiento de agua, o contar con más de la mitad de la población en estado de pobreza. Las enormes reservas de petróleo sólo son equiparables a sus elevadas carencias.
Paradójica y desgraciadamente, aunque el auge de Cantarell no repercutió en la bonanza de la entidad, el desplome en la producción petrolera sí se ha reflejado en el PIB del estado, y hoy por hoy, Campeche es la entidad federativa que ha registrado la caída más abrupta en su PIB por su componente petrolero. Si estimáramos el PIB de Campeche sustrayendo la producción petrolera, el estado crece, en las demás actividades económicas, por encima del promedio nacional por lo menos en el último lustro, pero en términos reales, Campeche tiene una economía con tasas de crecimiento peores que las de Haití, pues hace tres décadas se producían dos millones de barriles, hace diez años casi tres millones y medio y hoy hay una toma de una tercera parte, trescientos mil barriles diarios, en el campo Cantarell. El desplome ha sido brutal y la caída asociada representa un ochenta por ciento del PIB de Campeche, una cifra tan desastrosa como escandalosa.
Campeche vive una triste realidad que ha afectado a nuestro país por muchos años: por un lado la abundancia y riqueza de recursos abundantes, pero por el otro una economía que no crece ni despega. Sin embargo, hay una variante nueva en el horizonte: las reformas estructurales planteadas por el presidente Enrique Peña Nieto, particularmente la nueva reforma energética dota de un horizonte a los campechanos, mismo que permite avizorar un esquema de compensación con el que antes no se contaba.
La reforma energética trae implícita la generación de grandes y muy importantes oportunidades de desarrollo para Campeche, pues la entidad cuenta con treinta y cinco años de experiencia en el sector, cuenta con capital humano que conoce la industria y está calificado, características que en una nueva vinculación con Petróleos Mexicanos y las empresas trasnacionales que lleguen a Campeche a invertir bajo esquema constitucional y de las leyes contempladas en la reforma energética, permitirán aprovechar de mejor manera la experiencia acumulada. Por delante hay un futuro muy promisorio, sin embargo en Campeche debe tenerse algo muy en claro: el petróleo eventualmente se agotará y que por muchos beneficios que pueda tener la industria, la economía local debe diversificarse.
La monodependencia económica del petróleo en Campeche es una dolorosa realidad, la diversificación económica, aprovechando el potencial y el desarrollo que la reforma energética trae implícitos es la nueva oportunidad, es necesario potenciar y realizar las enormes expectativas que se tienen en materia turística, pesquera, agropecuaria, manufacturera e industrial. Hoy por hoy, la infraestructura hotelera del estado está siendo ocupada por petroleros en su mayoría, debe aprovecharse al máximo su cercanía con el santuario natural del delfín, esa enorme riqueza natural que significa la Laguna del Carmen, que una de la más grandes en el país, más los propios atractivos de la región, garantizando que la infraestructura que se genere el día de hoy no se convierta en un fantasma el día de mañana, es momento de detonar los demás recursos naturales de Campeche, de reactivar la pesca para superar el derrame de Ixtoc, en la actualidad, en Campeche, sólo operan poco más de cien barcos de altura de las más de 800 embarcaciones que llegaron a existir en los años setenta, las restricciones de grandes áreas de pesca de altura por Petróleos Mexicanos, los altos precios de los insumos y la inadecuada instrumentación de las vedas, han afectado severamente esta actividad económica.
Ante la apabullante realidad es necesario blindar a la economía campechana de las externalidades negativas que generarían la eventual salida de las petroleras nacionales e internacionales una vez agotadas las reservas petroleras si no se diversifica la economía, no podemos darnos el lujo de repetir lo vivido en Ecuador a manos de Texaco, donde la mala regulación y una peor política pública generó que las operaciones de la petrolera significaran la destrucción y contaminación de grandes extensiones de selva en la región amazónica, el exterminio de pueblos indígenas y el empobrecimiento no sólo de la región de Orellana y Sucumbios, sino también del país.
No podemos generar nuevas ciudades en el corto plazo para después dejarlas a su suerte, condenándolas al abandono y a la virtual desaparición como el caso de Desdémona, en Texas, donde en tres años se redujo la producción del campo a un tercio, volviendo la ciudad inviable, quedando su gobierno disuelto una década después. No podemos repetir el esquema de Sonora, donde la falta de escrúpulos de Grupo México en Cananea puso en riesgo la viabilidad de toda la región del río Sonora con el vertimiento de 40 mil metros cúbicos de contaminantes en su cauce.
Por tanto y en mérito de lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a generar por conducto las Secretarías de Economía; de Desarrollo Social; de Hacienda y Crédito Público; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de Energía; de Salud; y de Educación Pública un programa especial para atender preventivamente las posibles externalidades negativas en materia económica, social y ambiental que pudieran generarse una vez agotadas las reservas petroleras de Campeche que incida favorablemente en la diversificación de la economía local y abata la excesiva dependencia petrolera de las finanzas de la entidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a 4 de noviembre de 2014.
Diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a difundir los proyectos de reglamentos que expedirá para instaurar las leyes y reformas aprobadas por esta legislatura, a cargo del diputado Carlos Alberto García González y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, como de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que haga públicos los proyectos de reglamentos que expedirá para instrumentar las nuevas leyes y reformas aprobadas por esta Legislatura, a fin de que todos los interesados y las Cámaras del Congreso del Unión puedan presentar sus comentarios, aportaciones y recomendaciones, bajo las siguientes:
Consideraciones
La LXII Legislatura de este Congreso de la Unión ha sido una de las más productivas en la historia reciente de nuestro país.
Los diputados del Partido Acción Nacional somos una oposición responsable, hemos acompañado diversas reformas a la Constitución, en artículos que antes eran intocables y que se revestían de dogmas y principios inamovibles:
• La reforma educativa garantiza la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional, para que los menores y jóvenes cuenten con una educación integral e incluyente;
• La reforma de telecomunicaciones fomenta la competencia y la ampliación de los servicios de telefonía, televisión, radio e internet, para que más ciudadanos tengan acceso a estos servicios con una mayor calidad y a menores precios;
• La reforma de competencia económica fortalece y actualiza la regulación para evitar y sancionar las prácticas anticompetitivas, para que las empresas compitan en igualdad de condiciones, en beneficio de los consumidores;
• La reforma electoral brinda mayor certidumbre, equidad y transparencia en los procesos electorales, para que haya una mayor participación ciudadana;
• La reforma política crea nuevas instituciones del Estado en México y mecanismos de corresponsabilidad entre el Ejecutivo y Legislativo, que fortalecen la vida democrática del país; y
• La reforma energética hace una profunda transformación de la industria petrolera y del sistema eléctrico para elevar su productividad e incrementar la calidad de sus servicios, para asegurar el abasto energético del país.
Derivado de lo anterior, y con el objetivo de plasmar estos nuevos principios Constitucionales, hemos aprobado más de una veintena de Decretos que expiden nuevas leyes y reformas a otras para su correcta implementación y aplicación.
De igual manera, este Congreso ha avalado otras reformas, sin necesidad de modificar la Constitución, que también son trascendentales para el país, ya que sientan las bases para transformar los fundamentos económicos y de la impartición de la justicia:
• La reforma laboral incentiva la creación de empleos con nuevas modalidades de contratación y establece mejores condiciones de trabajo para los mexicanos;
• La reforma financiera genera un nuevo ambiente de competencia y supervisión en el sistema financiero; facilitando la movilidad de los usuarios entre los bancos, para que se otorguen más créditos y con menores tasas de interés;
• La nueva Ley de Amparo es una herramienta más eficaz para que los ciudadanos puedan defender sus derechos fundamentales ante los abusos y excesos de los Poderes públicos;
• El nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales homologa las reglas para la procuración y la administración de la justicia en todo el país; y
• La reforma hacendaria modificó diversas leyes fiscales con la finalidad de incrementar los ingresos del Estado, para atender de forma eficiente las necesidades básicas de la población.
Ahora, corresponde al Ejecutivo federal la reglamentación administrativa de todas estas nuevas leyes y reformas, de conformidad con el artículo 89 Constitucional, fracción I, para su correcta observancia en el país.
La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en su artículo 69-H, establece que todas las dependencias y entidades del Gobierno Federal que emitan cualquier acto administrativo de carácter general, tales como reglamentos, decretos, acuerdos, lineamientos, reglas, entre otros, tienen la obligación de enviarlo a la Comisión de Mejora Regulatoria (Cofemer), para que sea evaluado su impacto regulatorio y, con ello, asegurar que éste genere más beneficios que costos.
Durante este período de revisión y evaluación, los particulares, los Organismos Autónomos y las instituciones del mismo Gobierno Federal tienen la oportunidad de emitir sus comentarios, aportaciones y sugerencias, de conformidad con los artículos 69-E, 69-F y 69-J de la Ley, a fin de que el acto administrativo no contravenga otros preceptos, sus disposiciones sean claras y precisas, y su impacto regulatorio sea el menor posible, para alcanzar la máxima ganancia a la sociedad en su conjunto.
Esto es importante, ya que con motivo de las diversas reformas que se aprobaron, se hace necesario que el Ejecutivo realice un proceso transparente, incluyente y equitativo en la elaboración de los múltiples reglamentos que se tendrán que expedir en los próximos meses, no sólo para que los ciudadanos los evalúen y emitan sus opiniones, sino también para este Congreso haga una revisión, ya que en ocasiones el Ejecutivo tiene la tentación de legislar mediante estos reglamentos, al contravenir la ley o ir más allá de lo que establece, que evidentemente generará controversias innecesarias entre ambos Poderes y la norma será impugnada en cuanto entre en vigor.
Por lo anterior, los diputados de Acción Nacional proponemos que esta Cámara de Diputados solicite al Ejecutivo Federal a que haga del conocimiento de todos los ciudadanos los proyectos de reglamentos que expedirá para instrumentar las nuevas leyes y reformas recientemente aprobadas, a fin de que todos los interesados y las Cámaras del Congreso, en su caso, puedan presentar sus comentarios, aportaciones y recomendaciones.
De igual manera, aún y cuando las disposiciones de carácter fiscal y tributario están exentas del procedimiento de la Cofemer, consideramos oportuno que el Ejecutivo federal también haga del conocimiento de los ciudadanos y de esta Cámara de Diputados los proyectos de reglamentos de las leyes fiscales y aduaneras, y más porque se tratan de preceptos de aplicación estricta para todos los mexicanos.
Entendemos que la facultad reglamentaria es exclusiva del Ejecutivo, sin embargo, estimamos necesario que durante la creación de estos reglamentos el Congreso conozca y opine sobre sus contenidos, con el objetivo de evitar interpretaciones erróneas en estas normas y se vaya invadir la esfera competencial de este Congreso.
Es menester señalar que, esta petición no tiene la intención de debatir o detener la construcción y expedición de estos nuevos reglamentos, al contrario, deseamos que la instrumentación de las Reformas constitucionales y legales se haga de una manera correcta, rápida y eficiente, a fin de que en el corto y mediano plazo comiencen a rendir resultados que brinden nuevas oportunidades y bienestar a los ciudadanos, y esto sólo se logrará con el intercambio de información, opiniones y recomendaciones entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Por lo expuesto, los diputados del Partido Acción Nacional nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que haga públicos los proyectos de reglamentos que expedirá para instrumentar las nuevas leyes y reformas aprobadas por esta Legislatura, a fin de que todos los interesados y las Cámaras del Congreso del Unión, en su caso, puedan presentar sus comentarios, aportaciones y recomendaciones.
Palacio Legislativo, a 4 de noviembre de 2014.
Diputado Carlos Alberto García González (rubrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a agilizar las investigaciones del caso Ayotzinapa y poner fin a la mal llamada “guerra contra el narcotráfico”, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, en los siguientes términos:
Consideraciones
Los sucesos ocurridos en Iguala se constituyen en arquetipo del abuso del poder, la impunidad y la masacre de los derechos humanos, que jamás será olvidado.
El país y el mundo entero, ven con estupefacción que después de 40 días y 40 noches desgarradoras, nada pasa en concreto para el esclarecimiento del caso de la muerte de 3 normalistas, al menos 20 heridos, dos de ellos en grave estado de salud y 43 desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa. No aparecen pistas sobre los normalistas, ni tampoco hay en la cárcel ningún responsable de relevancia, salvo los policías narcos y los narcos policías de Iguala, Guerrero.
Se oculta información para evitar un mayor desastre político; la otra opción, es que la reducción y debilitamiento del Estado neoliberal mexicano ha llegado a tal extremo, que el país vive una verdadera balcanización, de manera que cada pedazo de nuestro territorio, está bajo el poder de un grupo de narcos y algunos funcionarios de diversos niveles, en una correa de transmisión, en que de pronto los narcos se hacen funcionarios y los funcionarios se hacen narcos; sin menoscabo de que algunos al mismo tiempo son narcos y funcionarios. Esto, partiendo de que el llamado narco, no es sino un sector fundamental de la economía nacional e internacional para expoliar recursos, reprimir y dominar a los pueblos. Por lo que ante tal balcanización, el gobierno federal se muestra absolutamente impotente.
Total, que después de 40 días y 40 noches desgarradoras, no hay claridad sobre el terrible crimen de Iguala; el poder como siempre le apuesta al desgaste, al fastidio, al cansancio, al desánimo de la gente; tal y como ha actuado en casos anteriores; en su terror frente a un pueblo que se une a nivel nacional e internacional ya sin miedo para exigir justicia, no se da cuenta que el pueblo ha dado un salto de calidad, que ya no es el mismo, que ha perdido el miedo y busca un verdadero cambio; que está tomando en sus manos la soberanía que sólo a él pertenece. El Estado mexicano, ha hecho comprender a la gente que ya no tiene nada que perder, que ya ni la vida tiene asegurada y, la gente se ha decidido a hacer lo necesario por salir de la trampa de muerte en que se le ha encadenado.
A los padres de los 43 jóvenes, se les ofreció 100 mil pesos por familia, para que dejaran morir a los jóvenes en la tumba del silencio, cosa que no aceptaron. Así los más humildes han comenzado a romper con el asco de la regla neoliberal, dizque de derechos humanos, que tasa cada vida por unos billetes más o unos billetes menos. Debemos aprender de nuevo que la vida no es mercancía, no se vende ni se compra, y que es indigno para el asesinado y sus familiares recibir un solo centavo. La justicia, es la única medida niveladora frente a la injusticia.
Y de pronto, gente de todas las clases sociales, en masa, en olas, sobre todo los jóvenes, han hecho sus hermanos a las víctimas de Iguala, han recogido como propios el dolor de las madres y los padres de los mártires de Ayotzinapa, y han comenzado a romper la cotidianidad, inundando calles y plazas, llenando el viento del país con sus reclamos. Y se deja ver un camino, para revertir y hacer justicia contra la llamada “guerra contra el narco” que no es otra cosa que guerra contra el pueblo para despojarlo de sus derechos, de sus bienes personales y nacionales y dignidad (sin esta barbarie de guerra jamás hubiera pasado la reforma energética). Nueva versión de la “guerra del opio”, para robar y dominar. Por lo que el peso de los imperios, sobre todo de USA, ha sido fundamental para armar y extender esta guerra cobarde y desigual (apenas el sábado 1º. de noviembre fue noticia que el gobierno de USA permitió el contrabando de granadas contra los cárteles). Pero que ya no podrá seguir matando y despojando, con un pueblo unido, que haga a un lado a los cómplices y beneficiarios de esta masacre ¡que algún día deberán ser enjuiciados como traidores a la Patria.
Baste ver, que entre tanto dolor y rabia por Ayotzinapa, el sistema no perdió el rumbo en la entronización de sus intereses: la Suprema Corte negó la consulta contra la reforma energética (no sólo porque se refiere a “ingresos y gastos”, sino porque supuestamente no privatiza esta riqueza de la Nación), y el viernes 31 de octubre se publicaron ya los reglamentos de la reforma energética.
Por otra parte, se ha denunciado que algunos elementos del ejército, omitieron auxiliar a los normalistas cuando estaban siendo masacrados, y otros militares intervinieron para que, por lo menos uno de los heridos, no recibiera con oportunidad la atención médica que requería.
La muerte sin reglas, la impunidad cruel y masiva, nos dice que podemos ser cualquiera, en cualquier momento, y que tal muerte ni siquiera merecerá una pobre investigación, que llenará la fosa masiva y anónima de la muerte que está asfixiando al país. A lo cual las calles y los carteles responden un ¡nunca más! ¡Justicia verdadera!
La Procuraduría General, la Secretaría de Gobernación y el titular del ejecutivo deben de asumir su incapacidad para resolver esta tragedia. La torpeza de las diligencias y equívocos resultados, son evidencia de la incapacidad y colusión entre aquellos encargados de procurar justicia y quienes violan derechos humanos.
En suma, ¡el pueblo ya no está dispuesto a esperar, exige justicia y pronto! ¡El pueblo de México, no debe tolerar lo que ningún otro pueblo del mundo toleraría! ¡El derecho internacional lo respalda en su lucha!
Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a que se agilicen las investigaciones para la aparición con vida de los 43 normalistas, en general para alcanzar una plena justicia en el caso Ayotzinapa.
Segundo. Se exhorta al Legislativo federal a poner fin a la mal llamada “guerra contra el narcotráfico” y los militares regresen a la brevedad a sus cuarteles, deslindándose las responsabilidades, pasadas y presentes, que procedan en el caso.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a condenar la reciente decisión del Estado israelí de construir unidades habitacionales y asentamientos en Jerusalén Oriental y en los territorios palestinos ocupados por Cisjordania, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Luisa María Alcalde Luján, diputada federal por el Partido Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que condene la reciente decisión del estado de Israel de apresurar los planes para la construcción de unidades habitacionales y asentamientos en Jerusalén Oriental y en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El lunes 27 de octubre, en la sesión de apertura de invierno del Parlamento de Israel (Knesset), el primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó que su gobierno redoblaría los esfuerzos para concretar la construcción de barrios israelíes en los territorios palestinos ocupados de Jerusalén Oriental:
“Hay un amplio acuerdo entre el público de que Israel tiene pleno derecho de construir los barrios judíos en Jerusalén... Todos los gobiernos de Israel de los últimos 50 años lo han hecho, y también los palestinos tienen claro que esos lugares quedarán bajo el control de Israel en caso de un acuerdo mutuo... Desde el nacimiento del sionismo, la construcción (de barrios y asentamientos israelíes) ha sido la respuesta natural y decisiva para los que traman contra nuestra existencia y nos quieren desarraigar de nuestra tierra”.
El discurso de Netanyahu tuvo lugar poco después de que el diario “Times of Israel” revelara que el primer ministro había ordenado apresurar los planes para la construcción de 1,060 unidades habitacionales en Jerusalén Oriental (400 en el barrio de Har Homa y 660 en el barrio de Ramat Shlomo), ubicada tras la Línea Verde del Armisticio de 1949, en el corazón del territorio que los palestinos reivindican como la capital de su futuro Estado.
Netanyahu afirmó, además, que su gobierno impulsaría nuevos asentamientos fuera de Jerusalén en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania, incluyendo zonas donde actualmente existen caminos y carreteras que comunican poblados y aldeas palestinas. Este anuncio confirmó el anuncio del Canal 2 de Israel, del domingo 26 de octubre, de que Netanyahu estaba negociando con legisladores del partido ultranacionalista “Casa Judía” (socios en el gobierno) para autorizar un proyecto masivo de asentamientos israelíes en Cisjordania, el cual comprenderá la construcción de 2 mil nuevas unidades habitacionales, 12 carreteras, parques, aldeas estudiantiles y kibutz.
La decisión del gobierno de Israel resulta desatinada, arrogante y profundamente insensible ya que ignora la reciente cascada de críticas y condenas internacionales (incluyendo de México, Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas, entre muchos otros) tras las últimas ampliaciones de colonias en Givat Hamatos, al sur de Jerusalén Oriental, y la apropiación ilegal de 400 hectáreas de terreno en la zona sur de Belén, mismas que será destinadas para la construcción de nuevos asentamientos. Ignora, además, la sensibilidad a flor de piel que existe en Jerusalén Oriental, incendiada desde julio pasado por el asesinato de un adolescente palestino a manos de jóvenes israelíes en Shuafat, así como la brutal ofensiva militar israelí en contra de la Franja de Gaza y la reciente clausura del acceso de fieles musulmanes a la Explanada de las Mezquitas.
Más aún, esta decisión unilateral mina las negociaciones de paz y seguridad en la región, amenaza el endeble cese al fuego alcanzado entre las partes en agosto pasado tras la agresión a la Franja de Gaza, atiza los enfrentamientos entre la población palestina de Jerusalén y los colonos judíos, y pone en serio entredicho el objetivo declarado de Israel de alcanzar una solución negociada de dos Estados.
Es importante señalar que la ocupación de Jerusalén Oriental, la construcción de asentamientos y barrios israelíes en los territorios palestinos ocupados, la transferencia de población a dichos asentamientos y la alteración deliberada de la composición demográfica de estos territorios es a todas luces ilegal bajo el derecho internacional general y humanitario, y viola diversas resoluciones de la Asamblea General1 y del Consejo de Seguridad2 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las cuáles han condenado a Israel por la expropiación sistemática de tierras y propiedades palestinas y la aprobación de leyes para anexar los territorios palestinos ocupados; asimismo han exigido a Israel desmantelar todo asentamiento y barrio en los territorios ocupados, incluyendo Jerusalén Oriental, así como detener urgentemente todo proyecto de construcción y establecimiento de los mismos.
No obstante, el comportamiento de Israel se ha mantenido en claro desafío a la ley internacional y a las justas exigencias de la comunidad internacional. Desde mayo de 2013, su gobierno intensificó en más de 123% la construcción de asentamientos y colonias judías en el territorio palestino ocupado, valiéndose de diversos procedimientos de requisa por necesidades militares, por declaración de la tierra como propiedad abandonada o como expropiación de tierras para necesidades públicas, lo cual resulta ilegal no sólo en virtud de las señaladas resoluciones de la ONU sino también por el artículo 49 de la IV Convención de Ginebra de 1949 relativa a la protección debida a las personas civiles en tiempos de guerra; tratado internacional que fue ratificado por Israel desde 1951.
México ha mantenido siempre una posición neutral frente al conflicto entre Palestina e Israel, apegada al derecho internacional y a los principios de política exterior delineados en la fracción X del artículo 89 constitucional, entre los que se encuentra la autodeterminación de los pueblos. En este sentido, nuestro país ha reiterado históricamente el derecho de Palestina a tener un Estado libre, soberano e independiente, con base en las fronteras internacionalmente reconocidas, y ha rechazado las pretensiones de Israel sobre los territorios palestinos ocupados y la política expansionista que ha mantenido su gobierno a través de colonias, asentamientos y barrios judíos en dichos territorios.
El proceso de paz en Medio Oriente depende del cumplimiento irrestricto de las partes de sus obligaciones internacionales y del derecho internacional humanitario, de las resoluciones de los órganos de las Naciones Unidas y de los compromisos asumidos en pro de una solución pacífica basada en la coexistencia de dos Estados. Es por ello que la pretensión del gobierno de Israel de apresurar la construcción de barrios judíos en Jerusalén Oriental y de nuevos asentamientos en Cisjordania representa una seria amenaza para la paz y la seguridad internacionales ya que viola de manera flagrante las leyes internacionales y las resoluciones de Naciones Unidas en la materia y vulnera los esfuerzos diplomáticos para lograr una solución definitiva y permanente a uno de los conflictos más antiguos y sangrientos en la historia de la humanidad.
Esta nueva afrenta de Israel en contra del pueblo palestino ya ha sido condenada por varios gobiernos, entre los que se encuentran Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, Irlanda, España, Dinamarca, Rusia, China, Japón y Turquía, entre otros. El gobierno de México, en congruencia con su política exterior y con el derecho internacional público, no puede pasar por alto la desafortunada decisión del gobierno israelí; en consecuencia, es preciso que el Estado Mexicano se pronuncie y condene de manera enérgica y categórica estos hechos, y exija la reversión inmediata de las políticas expansionistas del Estado de Israel.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condena la reciente decisión del Estado de Israel de apresurar los planes para la construcción de 1,060 unidades habitacionales en los barrios de Har Homa y Ramat Shlomo, en Jerusalén Oriental, así como la planificación de nuevos asentamientos en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania, ya que socava los esfuerzos para la creación de una paz permanente basada en la coexistencia de dos Estados.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que condene de manera enérgica las pretensiones del Estado de Israel de continuar con su política expansionista en Jerusalén Oriental, y exija la reversión urgente e inmediata de los proyectos de construcción de nuevas unidades habitacionales y asentamientos en Jerusalén y Cisjordania.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2014.
Diputada Luisa María Alcalde Luján (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a ejercer sanciones contra quienes emitan y difundan programación y publicidad que pretenda evadir lo dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, suscrita por los diputados María del Rocío Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, diputados María del Rocío Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación para que ejerza sus facultades de sanción en contra de la quienes emitan y difundan programación y publicidad que de manera indirecta o engañosa pretenda evadir los lineamientos dispuestos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como las disposiciones reglamentarias emitidas por las autoridades competentes en materia de defensa de las audiencias y la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Nuestro país, gracias al esfuerzo y la lucha constante de varias generaciones, tanto en el ámbito público como desde la sociedad civil, ha avanzado paulatinamente en el cumplimiento de las metas para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como en la instauración en los diversos ámbitos de una cultura que considere la equidad entre los géneros, que permita el acceso y disfrute de las oportunidades, así como el ejercicio de sus derechos. Si bien en este terreno aún hay mucho por hacer, también es cierto que la realidad actual no es la de otrora.
Lamentablemente, estos avances para algunos sectores minoritarios o vulnerables, esta lucha ha sido mucho más difícil, por lo que los logros ahí alcanzados aún se encuentran lejanos, en relación a los obtenidos en otros sectores de la sociedad.
La niñez, las mujeres, las personas con discapacidad, los adultos mayores y los indígenas, han sido quienes históricamente han padecido de manera sistemática y con mayor agudeza, la desigualdad y la discriminación. No obstante, podemos afirmar cada vez más su importancia y participación en el desarrollo pleno de este país queda explícita, gozando así de un mayor reconocimiento.
A pesar de los avances, -existen todavía diversos factores que impiden el desarrollo pleno de los individuos. No ha bastado el mandato de ley ni las acciones gubernamentales para garantizar a toda la población por igual y sin distingo alguno, el pleno goce y ejercicio de sus derechos. De ahí que resulta fundamental que la sociedad en su conjunto transite hacia una cultura de inclusión y respeto, es decir, hacia el reconocimiento de todos los miembros de la sociedad como pares.
En nuestros días, aun se tolera y solapa la simulación, se hacen oídos sordos y ojos ciegos ante la marginación sistemática y la falta de oportunidades de la población más vulnerable.
En este sentido, es menester poner especial atención en lo que ocurre en los principales agentes socializadores como son la familia, la escuela y desde luego, los medios de comunicación.
En este sentido, es de señalarse que la programación de la radio y la televisión –principalmente ésta última– resulta de particular interés, toda vez que llega a la mayoría de los hogares mexicanos.
En la actualidad, estos medios de comunicación ofrecen una programación que no coincide con los esfuerzos de una sociedad por buscar mejores formas de relacionarse y preservar no sólo sus maneras civilizadas de conducta, sino también sus valores que como sociedad nos identifican. Reproducen casi en la totalidad de sus programas, conductas negativas que derivan, incluso, en problemas sociales y de salud pública muy importantes.
En el 2013, de acuerdo al Inegi, en México:1
• El 94.4 por ciento de los hogares tienen al menos una televisión.
• En promedio le dedicamos ya sea a la televisión preponderantemente, al radio o al internet al menos 4 y media horas diarias.
• Los menores de edad se sientan a ver televisión en promedio 3 horas diarias.
• Cerca de 45 millones de familias disponen además, del servicio de televisión de paga que suma en promedio y al menos 40 canales más de televisión.
• Somos una sociedad donde nuestra niñez pasa 2 mil horas al año viendo televisión en contra de las 800 horas en promedio que pasa en la escuela en un ciclo escolar.
La problemática no es menor. Estudios recientes indican que los seres humanos podemos sufrir serias afectaciones a la salud como depresión, obesidad y déficit de atención causados por sobreexposición a la televisión.2
En pocos años la televisión ha tenido un avance y penetración vertiginosa en los hogares. Resulta innegable su incidencia en la formación de la cultura de la sociedad, una situación de suma importancia.
No obstante, debemos de incidir mayormente –aunque se considera ya en las leyes promulgadas– en fortalecer en la radio y la televisión su vocación de servicio público y social, de enseñanza y generadora de opinión autónoma, independiente y progresista. Así como la necesidad y el resultante esfuerzo de que asuman activamente la conciencia y responsabilidad de lo que trasmiten.
Es fundamental privilegiar y garantizar el correcto mensaje en materia de respeto a los derechos humanos, la no discriminación, la igualdad, la tolerancia, los valores y la equidad de género en la programación de radio y televisión; de ahí el presente punto de acuerdo
Lo anterior cobra mayor relevancia si consideramos que en nuestro país quienes ven más televisión o escuchan la radio, es la población de entre 6 y 22 años; es decir toda nuestra niñez y adolescentes.3
Garanticemos que estos medios de comunicación sean aliados y punto de referencia de nuestros deseos de avance cultural, educativo, ético, cívico, histórico y social que como nación requerimos, queremos y anhelamos.
Por lo expuesto anteriormente, se somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a ejercer puntualmente, y sin excepción alguna, sus facultades de sanción en contra de la programación y publicidad que de manera indirecta o engañosa pretenda evadir los lineamientos dispuestos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como las disposiciones reglamentarias emitidas por las autoridades competentes, en materia de defensa de las audiencias y la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil.
Notas
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Inegi 2013.
2 Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, Estudio sobre la Televisión 2009.
3 Conaculta. Encuesta Nacional de Prácticas y Consumo.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2014.
Diputados: María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Rafael González Reséndiz.
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