Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 3990-VIII, jueves 27 de marzo de 2014
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Proposiciones de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incorporar en la cartilla nacional de vacunación un esquema de detección temprana de la insuficiencia renal crónica, a cargo de los diputados Abel Octavio Salgado Peña, Gabriel Gómez Michel, Leobardo Alcalá Padilla e Isaías Cortés Berumen, de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PAN
Los suscritos, Abel Octavio Salgado Peña, Gabriel Gómez Michel y Leobardo Alcalá Padilla, diputados federales de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; así como del diputado Federal Isaías Cortés Berumen, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, Apartado 1, fracción I; así como en el artículo 79, Apartado 1, fracción II, Apartado 2, fracción I, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, nos permitimos presentar ante esta Soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Un estudio del Centro Nacional de Información para Decisiones en Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, señala que la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), se define como una pérdida lenta, progresiva e irreversible del filtrado en el riñón, totalmente asintomática en las etapas iniciales, por lo que el organismo pierde gradualmente la capacidad de filtrar las sustancias tóxicas de la sangre, originada por diversas causas.
Estas alteraciones pueden presentarse en las funciones digestivas, hematológicas, cardiovasculares, neurológicas y metabólicas. Si la función renal no se estabiliza, se produce una enfermedad renal terminal.
Luego de la aparición de los primeros síntomas, que generalmente se detectan cuando ya se encuentran en etapas muy avanzadas, (alrededor del 60%), de la Enfermedad Renal Crónica, le siguen las complicaciones propias del síndrome urémico, y se manifiesta mediante alteraciones.
La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es un grave problema de salud pública, ya que 1 de cada 10 mexicanos sufre de algún nivel de lesión renal, generando un alto costo social y económico, en el que se estima que cada año son alrededor de 35,000 pacientes en todo el sistema de salud. La incidencia mundial promedio es de 300 a 400 nuevos casos por millón de habitantes por año, de estos el 20% son menores de 18 años.
Los principales factores de riesgo que influyen para presentar IRC, son prematurez y bajo peso al nacer (terapia intensiva, alimentación parenteral) infecciones urinarias de repetición, historia familiar de enfermedad renal, hipertensión arterial mal controlada, proteinuria persistente, hiperlipidemia, descontrol metabólico, hiperfosfatemia, sobrepeso y obesidad, procesos obstructivos, anemia, dieta hipocalórica e hipercolesterolemia. Además, la diabetes se constituye como la principal causa de Insuficiencia Renal (IR).
Según datos del Instituto Nacional de Salud Pública, la IRC es actualmente, la quinta causa de muerte general en México, y la tercera a nivel hospitalaria.
Junto con la hipertensión y la diabetes, la IRC es una enfermedad silenciosa, que por sus características, el costo de atención por paciente en unidades del sector salud, se encuentra en los 300 mil pesos al año.
Pero no es todo. Actualmente la IRC no es tratada por medio del seguro popular, situación que merma de manera significativa, la economía de las familias que tienen un paciente de estas características.
En septiembre de 2001 la administración del doctor Julio Frenk Mora, entonces Secretario de Salud, publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Plan de Salud, en el que por primera vez se acepta que la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública que va en ascenso porque no se tiene la cultura de la prevención..
El método sencillo y no invasivo para detectar datos sugerentes de Insuficiencia Renal Crónica consiste en la realización de un examen general de orina, en el que se pueda observar la posible pérdida de proteínas, lesiones en el riñón, infecciones y demás anormalidades como por ejemplo, la presencia de albumina y cristales. El costo de este examen oscila entre los 40 a 50 pesos.
Otro método complementario para detectar IRC es mediante un examen en sangre llamado de química sanguínea, que arroje la predisposición a ésta y otras enfermedades. El costo de un examen de este tipo oscila en los 400 pesos.
Por tanto, por su importancia y costo, la prueba idónea para detectar tempranamente en los niños(as) manifestaciones de la IRC, es el examen general de orina, realizándolo a los 6 y 12 meses de edad en niños con factores de riesgo mencionados y continuar con un examen anual. Aquellos niños (as) sin factores de riesgo practicarlo a partir del año de edad.
Una vez detectado algún dato de alarma, se le otorgará al familiar asesoría médica para consolidar el diagnóstico y seguimiento del paciente e iniciar tempranamente, el tratamiento adecuado de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) para neutralizar el daño, acompañado de una dieta saludable, para evitar factores que puedan aumentar el daño renal.
Además de lo anterior, existen una serie de tratamientos sustitutivos y restitutivos de la función renal, con ventajas e inconvenientes, como por ejemplo, el más utilizado es la diálisis peritoneal intermitente o intrahospitalaria, diálisis peritoneal ambulatoria o diálisis en casa hemodiálisis. El tratamiento sustitutivo de la función renal es mediante el trasplante renal, principalmente. En estos casos el costo es alto, por los implementos a adquirir aunado a que es un gasto de manera permanente para subsistencia del paciente. El costo del trasplante renal definitivamente es muy costoso con el riesgo de que el cuerpo del paciente rechace el órgano donado.
Ahora bien, el examen general de orina que proponemos incorporar al esquema de la cartilla nacional de vacunación o como un tamizaje de detección de lesión renal temprana, ha sido un caso de éxito en otras naciones.
Japón incorporó a su sistema de salud a principios de la década de 1970, el análisis de orina para detectar la enfermedad renal, implementado para todos los trabajadores y niños en edad escolar. Esta política pública trajo consigo la reducción de gastos en tratamiento correctivo de IRC.
Primero, el Ministerio del Trabajo en Japón puso en marcha un programa de examen de salud obligatorio en todo el país que incluía los exámenes de química sanguínea y el general de orina. En 1974 el Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura de Japón inició el programa obligatorio en las escuelas públicas, con los alumnos de 6 a 18 años.
Una de las principales estrategias en la implementación de esta política pública en el ámbito escolar, ha sido establecer un sistema de monitoreo para niños, en el que reciben un análisis de orina gratuito, en el programa de exámenes de salud escolar, o bien, lo podríamos solicitar a través de la institución escolar como un requisito a su ingreso y posteriormente solicitarlo de forma anual.
Si al niño le es detectada alguna alteración que en un futuro pueda transformarse en una IRC, es derivado al médico familiar que le corresponda, a efecto de iniciar un tratamiento oportuno con miras a devolver la funcionalidad en un 100 por ciento de sus riñones.
Para el caso de los trabajadores de Japón el análisis anual de orina es gratuito y de presentar alguna anomalía, son derivados a su médico familiar para iniciar el tratamiento que en la mayoría de los casos, es corregible.
Esta política pública tiene como consecuencia, que para el 2010 Japón sea el país con la menor incidencia de IRC en el mundo, con una tasa de 280 casos por millón de habitantes, Estados Unidos con 300 y México presenta más de 500 casos por millón de habitantes hasta el 2011.
Como consecuencia de esta política pública, en 1979 se redujo el gasto en tratamiento correctivo y para 1983 estaba incorporado a la cultura de salud de la ciudadanía de Japón.
Estimaciones de un estudio realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que en 2010 habría unos 120 mil mexicanos con IRC, pero con la necesidad de recibir un trasplante de riñón.
A falta de datos precisos, en la actualidad se afirma que la IRC y otras enfermedades renales, como la nefritis o nefrosis, están entre las 10 principales causas de muerte en México.
Un comparativo del Sistema de Datos Renales de Estados Unidos señala, que la incidencia en México se había duplicado, al pasar de 200 en 2001, a más de 500 en 2011. Este dato se basa en reportes del estado de Jalisco, que la reporta como causa importante de morbi-mortalidad infantil, se incorporan entre 220 a 250 nuevos casos pediátricos en ERC por año, ocupando el onceavo lugar en el grupo de 1 a 4 años y el segundo en el de 10 a 19 años, que es la única entidad federativa que reporta a dicho Sistema norteamericano.
En el mundo, poco a poco la Insuficiencia Renal Crónica avanza como un problema de salud pública. Apenas en julio de 2013, la Organización Mundial de la Salud, hizo la correspondiente declaratoria de las comunidades agrícolas de El Salvador, y así de manera silenciosa, avanza la IRC sobre el humano.
Luego entonces, el objeto de esta proposición, es exhortar a la Secretaría de Salud, a que incorpore en la cartilla nacional de vacunación que se encuentra regulada en la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2002, Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano, publicada el 28 de septiembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, el esquema correspondiente al examen general de orina, como método de detección temprana de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC).
Además, exhortamos a la Secretaría de Salud, a que incorpore la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), dentro del catálogo de enfermedades susceptibles de ser atendidas bajo el esquema del seguro popular.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, -con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, Apartado 2, Fracción III-, que este asunto sea considerado de urgente y obvia resolución para someterse a la consideración de esta honorable soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero: Se exhorta a la Secretaría de Salud a que incorpore en la cartilla nacional de vacunación que se encuentra regulada en la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2002, Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano, publicada el 28 de septiembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, el esquema correspondiente a la práctica de un examen general de orina, como método de detección temprana de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), a los 6 y 12 meses de edad, y posteriormente, una vez al año.
Segundo: Se exhorta a la Secretaría de Salud, a que incorpore la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), dentro del catálogo de enfermedades susceptibles de ser atendidas bajo el esquema del seguro popular.
Bibliografía :
Médica Efectiva, Práctica. Volumen 2 – Número 6. Junio 2000. Centro Nacional de Información para Decisiones en Salud. Instituto Nacional de Salud Pública. Secretaría de Salud. Consultado el 25 de febrero de 2014 y tomado de internet de http://bvs.insp.mx/articulos/1/13/v2n6.pdf
Diario Oficial de la Federación. Secretaría de Gobernación. Viernes 28 de septiembre de 2012. Consultado el 25 de febrero de 2014 y tomado de internet de http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5270654&fecha=28/09/2012
La enfermedad renal crónica problema de salud pública en México. Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Universidad de Guadalajara. Consultado el 25 de febrero de 2014 y tomado de internet de http://www.cucs.udg.mx/principal/noticias/archivo-de-noticias/la-enferm edad-renal-cr-nica-problema-de-salud-p-blica-en-m-xico
Enfermedad renal crónica en las comunidades agrícolas en Centroamérica es un problema grave de salud pública. Organización Panamericana de la Salud. Consultado el 25 de febrero de 2014 y tomado de internet de http://www.paho.org/hq../index.php?option=com_content&view=article&id=9062%3Akidney-disease-of-unknown-causes-in-agricultural-communit ies-in-central-america-is-declared-a-serious-public-health-problem& catid=740%3Anews-press-releases&Itemid=1926&lang=es
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los seis días del mes de marzo de dos mil catorce.
Diputados: Gabriel Gómez Michel, Abel Octavio Salgado Peña, Leobardo Alcalá Padilla, Isaías Cortés Berumen (rúbricas)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a diseñar e implantar por el gabinete de seguridad nacional, con el gobierno del estado de México, una estrategia integral de seguridad pública para enviar fuerzas federales que contribuyan a restituir la paz, la seguridad y la confianza de las familias en Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Los Reyes-La Paz y Ecatepec, a cargo del diputado Alberto Díaz Trujillo, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Alberto Díaz Trujillo, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y artículo 79, fracción II, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes
Consideraciones
La seguridad pública, es parte esencial del bienestar de una sociedad, un Estado de derecho, genera las condiciones que permitan al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza que su vida, su patrimonio y sus bienes estén exentos de todo peligro, daño o riesgo, es una función del Gobierno que implica que los ciudadanos de una misma región puedan convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro.
Mejorar las condiciones de seguridad pública en el país para que los mexicanos transiten con seguridad, sin temor, ejerciendo sus derechos y garantías en un marco de libertades, es un quehacer que obliga al Estado a llevar a cabo acciones conjuntas con los tres órdenes de gobierno, asimismo requiere de la participación de diversas instancias e instituciones, para la protección de la persona en contra de actos lesivos de otros individuos.
El 19 de octubre de 2011 se promulgó la Ley de Seguridad del estado de México, que establece el concepto de Seguridad Ciudadana, y coloca como eje central de su atención a la persona, asegurando el ejercicio de su ciudadanía, sus libertades y derechos fundamentales. De esta manera, se busca disponer espacios de participación social armónica, propiciando la solución pacífica de los conflictos interpersonales y sociales, fortaleciendo las instituciones y propiciando condiciones que permitan a los ciudadanos desarrollar de forma permanente sus capacidades en un ambiente de certeza. Con este fin, se creó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Cabe mencionar que la Ley de Seguridad del Estado de México otorga a esta Secretaría nuevas y mayores responsabilidades en materia de prevención y combate especializado del delito, de reinserción social, de participación ciudadana, de seguridad privada y pirotecnia, entre otras, lo cual obliga al fortalecimiento de su estructura orgánica para cumplir a cabalidad con los imperativos legales vigentes, preceptos que a la fecha no han dado resultados en la labor de combatir la inseguridad, sino por el contrario, los índices delictivos han incrementado, lo cual pone en evidencia la falta de control territorial por parte de las autoridades municipal y estatal.
Los recientes sucesos, el incremento de la incidencia delictiva y los lamentables acontecimientos que han surgido en el Estado de México, donde se han perdido vidas humanas, son reflejo de los delitos que presentan un aumento en los últimos tres años como son el secuestro, los homicidios, el robo a bancos, el robo de vehículos, el robo a transportistas, el robo con violencia en general y los delitos sexuales; Según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el Estado de México no sólo se ha incrementado el secuestro 46% en un año, sino también otros delitos clasificados de alto impacto como el hurto de automóviles, el robo a transporte e incluso asalto a bancos, además de las lesiones.
Sí comparamos el 2012 con el 2013 en homicidios tenemos un aumento del 15 por ciento, en secuestro del 26 por ciento. Si comparamos enero del 2013 con enero del 2014, tenemos en homicidio un aumento 17 por ciento y en secuestro del 35 por ciento.
Es de condenarse la ola de violencia que en los últimos días se ha manifestado con asesinatos de personas inocentes, en el Estado de México, en los primeros 10 días de este año, 28 personas fueron asesinadas, en su mayoría en ejecuciones múltiples, el pasado viernes, se registraron al menos 14 asesinatos y cinco personas heridas en cuatro municipios de esa entidad: Tlalneplantla, Cuautitlán Izcalli, Los Reyes La Paz y Ecatepec.
Las condiciones actuales que vive el Estado de México, obliga a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fortalecer los esquemas de protección y actuación institucional para salvaguardar la integridad de los Mexiquenses, en Acción Nacional estamos conscientes del peligro que implica la creciente actividad delictiva del crimen organizado en la entidad, por ello hacemos un enérgico llamado al Ejecutivo Federal y al Gobernador, para que implementen operativos, refuercen la seguridad y restablezcan el orden.
Para materializar las aspiraciones de seguridad y justicia de los mexiquenses, se requiere de la concurrencia de los tres Poderes de Gobierno y resulta de particular relevancia la colaboración del Ejecutivo Estatal a través de sus órganos de seguridad y procuración de justicia.
En Acción Nacional, buscamos fomentar la cultura de la legalidad que ha de redundar en una mayor protección de las personas y de las familias, una mejor atención a las víctimas del delito, y a la persecución y captura de los delincuentes. El respeto a la eminente dignidad humana, implica el conocimiento de los derechos y su exigencia, así como de los deberes y su cumplimiento.
Por ello hacemos un enérgico llamado a las autoridades Federales y Estatales para que emprendan acciones inmediatas en materia de seguridad encausadas a proteger la vida y el patrimonio de todos los mexiquenses, velando por su tranquilidad. Reconocemos los problemas y sus consecuencias, por ello pedimos se cumplan con los compromisos de bienestar y se materialicen con acciones que conduzcan a la consolidación de la paz anhelada.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se hace un llamado respetuoso al Ejecutivo federal para que a través del Gabinete de Seguridad Nacional, conjuntamente con el gobierno del estado de México, diseñe e implemente una estrategia integral de seguridad pública, para el envío de fuerzas federales que coadyuven a restituir la paz, la seguridad y la confianza de las familias Mexiquenses, en los municipios de Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Los Reyes la Paz y Ecatepec.
Diputado Alberto Díaz Trujillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los titulares de la SEP, de la STPS y de la SHCP a analizar y resolver el problema que afecta a los jubilados del Colegio de Bachilleres, en reconocimiento del origen de la prestación descrita en la cláusula 68 del contrato colectivo de trabajo, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Roberto López Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Todas las autoridades del país, deben tener como una de sus tareas centrales, la consecución de la legalidad y la justicia, como instrumento indispensable para restablecer el tejido social y, por tanto, a la nación toda.
En 2004, dada la revisión del contrato colectivo de trabajo entre los trabajadores del Colegio de Bachilleres y la institución, los trabajadores decidieron estallar la huelga. Después de 12 días de negociaciones, las partes acordaron modificar la cláusula 68 de dicho Contrato Colectivo, reforma que para los trabajadores representaba la posibilidad de obtener un mayor ingreso en su jubilación, dado que la institución cumplía 30 años de haber sido creada y se preveía el que muchos de los trabajadores fundadores estarían en las posibilidades de concluir su vida laboral, así, la institución presentó la siguiente redacción de la citada cláusula, misma que motivó a los trabajadores levantar la huelga.
Cláusula 68
Terminación de la relación laboral:
En caso de terminación de la relación laboral de un trabajador, por renuncia, incapacidad o jubilación, “El Colegio” se compromete a entregarle el finiquito legal con salario integrado que en su caso le corresponda, incluido lo establecido en el artículo 162 de la ley Federal del Trabajo, cuando proceda, en un plazo no mayor de treinta días contados a partir de la fecha de dicha terminación, como se estipula en los Contratos Colectivos de Trabajo del Colegio de Bachilleres a partir de la firma 2004-2006 hasta el último 2012-2014.
De igual manera se compromete a entregar a los beneficiarios del trabajador que fallezca el finiquito legal con salario integrado que en su caso corresponda, incluido lo establecido en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, dentro del mismo plazo, siempre y cuando el trabajador haya designado ante el Colegio a su beneficiarios. De no haberlo hecho así, lo entregará dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se determine, por parte de la autoridad jurisdiccional correspondiente, quien resulte ser el o los beneficiarios.
El plazo a cargo de “El Colegio” no regirá cuando, por causas imputables al trabajador, no pueda llevarse a cabo alguna etapa del procedimiento.
Es de considerar, que en ese mismo año, varios trabajadores y trabajadoras iniciaron su trámite de jubilación, observándose que la clausula en su redacción, estaba sujeta a dos interpretaciones, una de ellas fue el que la prima de antigüedad se debía pagar con el cálculo del salario integrado, y otra que la misma debía pagarse conforme a lo que establece la Ley Federal del Trabajo en su artículo 162, esto es, al doble del salario mínimo general. Para la institución, a pesar que en su momento signó la cláusula 68, la interpretación válida ha sido la segunda y para los trabajadores la primera, ocasionando con ello la generación de un conflicto laboral.
Como resultado de ello, en los juicios laborales no ha existido un criterio unificado acerca de quién tiene la razón legal, ya que ambas partes en diferentes colegiados, han obtenido sentencias en los dos sentidos, a favor de los trabajadores a favor de la institución.
Resulta trascendental no perder de vista que este conflicto laboral tiende a crecer, por el hecho de que cada año se incrementa el número de trabajadores jubilados y que el problema esta sobrepasando las facultades de la institución, y que en un momento determinado no es sólo un problema de carácter económico sino de credibilidad en el cumplimiento de los acuerdos bilaterales por parte de “El Colegio” ante sus trabajadores jubilados, es por ello necesario dar una solución adecuada a este conflicto laboral y considerar la participación y coordinación interinstitucional entre la dependencias gubernamentales de la Secretaría de Educación pública, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Todo lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los secretarios de Educación Pública, del Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público a instalar con la mayor brevedad una mesa de acuerdo y resolución que proceda a realizar el pago a los trabajadores jubilados del Colegio de Bachilleres para que reciban la prima de antigüedad, misma que es de 12 días de salario por cada año prestado a la institución con salario integrado, esto en reconocimiento del origen de la prestación que se describe en la cláusula 68 del contrato colectivo de trabajo, pactado entre el Colegio de Bachilleres y sus Trabajadores, asumiendo que dicha cláusula contractual adquirió este sentido y fue el motivo principal para que los trabajadores levantarán la huelga que llevaban a cabo en 2004.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2014.
Diputados: Roberto López Suárez (rúbrica), Socorro Ceseñas Chapa, Flor Pedroza Aguilera, Elena Margarita Tapia Fonllen, Karen Quiroga Anguiano, Luis Manuel Arias Pallares, Javier Salinas Narváez.
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos de Aguascalientes, Baja California Sur, Colima y Guanajuato, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a incluir en su legislación penal el delito de asalto, a cargo del diputado Héctor García García, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Héctor García García, diputado de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La prevención del delito es la ruta más eficiente y eficaz para disminuir la violencia y la delincuencia, pero también es la medida idónea para mejorar las comunidades. Es bien sabido por todos que México, desde hace algunos años está pasando por momentos difíciles, en cuanto al tema de seguridad. Por lo tanto estamos convencidos, que es necesario que esta soberanía, ayude a mantener el orden por medio de estrategias preventivas.
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, ha optado por una política orientada a promover la integridad, estabilidad y permanencia del Estado desde un enfoque multidimensional que identifica a la seguridad como una función esencial del Estado y un derecho fundamental de los ciudadanos, procurando el bienestar general de la población, así como la protección de los intereses estratégicos nacionales, la seguridad interior y la defensa exterior de la federación.
Esto hace que nos sumemos a este tipo de proyectos, que sin duda alguna es un acto más a favor de la sociedad, pues se emplea un mayor margen de actuación tanto para los órganos policiacos, como para los jueces a la hora de imponer sanciones, y que estas sean más estrictas.
Ahora bien, como se expone en el 1er Informe de Gobierno Federal, las familias mexicanas, tienen una latente preocupación ante la inseguridad, esto debido, al incremento de delitos de alto impacto y las constantes manifestaciones de violencia, ocurridas en los últimos años.
Ante esta situación, el Gobierno de la República, encabezado por Licenciado Enrique Peña Nieto, asumió el compromiso de impulsar las acciones para recuperar la paz, garantizar la integridad física de la población y proporcionar una seguridad pública de calidad que abata los costos sociales y humanos que atentan la convivencia y la tranquilidad de los mexicanos.
En el marco de las estrategias definidas para garantizar la paz y mejorar las condiciones de seguridad pública, en este documento damos cuenta del convencimiento, de que debemos de complementar las acciones que priorizan la prevención de conductas delictivas.
Sabemos que para recuperar la paz y garantizar la integridad física de la población, pues se tiene que complementar con otro tipo de políticas, las cuales consigan elevar la confianza de los ciudadanos en las instituciones de gobierno, mediante el combate a la corrupción e impunidad, el desarrollo del marco jurídico que ponga límites verificables a su actuación y a la utilización de herramientas jurídicas efectivas para el cumplimiento de sus funciones, la generación de inteligencia, la operación de acciones de coordinación y cooperación nacional e internacional y el cumplimiento de los correspondientes controles democráticos que exige la materia y el pleno respeto de los derechos humanos.
Por otro lado, en el país hay cinco entidades federativas que no cuentan con el delito de Asalto dentro de sus respectivos Códigos Penales. Este delito a simple vista, puede que no nos diga algo, y lo único que podemos encontrar es que el término de asalto no vaya más allá que un símil del término de Robo. Pero existen diferencias bastantemente perceptibles.
Ahora bien, es posible llegar a distinguirlos claramente, pues no puede haber duplicidad de sus elementos, porque involucran acciones antijurídicas típicas y punibles independientes. Comúnmente se piensa que “el asalto” se comete necesariamente en un lugar despoblado, situación que no necesariamente debe ser así. El asalto consiste en el empleo de la violencia sobre una persona, independientemente de cualquier otro hecho delictuoso resultante, en un lugar en el que la víctima no puede pedir auxilio o socorro, en virtud de encontrarse sola.1
El delito de “asalto” previsto en el artículo 286, del Código Penal Federal prevé que:
Artículo 286.- Al que en despoblado o en paraje solitario haga uso de violencia sobre una persona con el propósito de causar un mal, obtener un lucro o de exigir su asentamiento para cualquier fin; y cualesquiera que sean los medios y el grado de violencia que se emplee, e independientemente de cualquier hecho delictuoso que resulte cometido, se le castigará con prisión de uno a cinco años.
La pena será de diez a treinta años de prisión para el que en caminos o carreteras haga uso de la violencia en contra de los ocupantes de un vehículo, ya sea de transporte público o particular.
Lo significativo es el elemento “en despoblado” o “en paraje solitario”, el cual no solamente tiene que ver con lugares recónditos, que se ubican afuera de ciudades o poblados, sino también al lugar que estando dentro de una ciudad o poblado implique, por sus características, ubicarse en un lugar solitario, retirado, abandonado; teniendo presente también circunstancias de tiempo, lugar y espacio.
En tanto que en el robo, lo caracteriza el apoderamiento, la aprehensión de la cosa sin el consentimiento de la víctima, o el obligar a la víctima a la entregar el bien a través de medios que infieran algún tipo de violencia.
Para poder ejemplificar mejor las diferencias, entre los delitos, tenemos que;
La descripción del delito de asalto es;
1. La conducta está encaminada a hacer:
a) Uso de la violencia (sin importar que esta sea física o moral), cualquiera que sea los medios para cometerla y el grado de ésta, y;
b) Que dicha violencia debe recaer sobre cualquier persona;
2. La conducta debe darse:
a) En despoblado, o en
b) Paraje solitario;
3. Que el fin debe ser:
a) Causar un mal;
b) Obtener un lucro, o
c) Exigir un asentamiento para cualquier fin.
En cambio, la descripción genérica del delito de robo es:
1) Que alguien se apodere de una cosa mueble; y
2) Que dicho apoderamiento sea sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo;
Una distinción que no deja confusión, es el bien jurídico tutelado a proteger, pues el ilícito de robo tutela el patrimonio, mientras que el delito de asalto, protege la seguridad, la paz, la tranquilidad y libertad de las personas. El asalto, lesiona al ser humano más allá de sus bienes materiales. De esta forma, podemos dar cuenta que son dos conductas muy particulares.
Una última de las principales distinciones, la encontramos en la doctrina como en la mayoría de los ordenamientos penales del fuero común que, establecen que el delito de asalto se castigará independientemente de cualquier hecho delictuoso que resulte cometido, entre ellos encontramos al robo y sus equiparables.
Lo anteriormente dicho, da oportunidad para que el Ministerio Público tenga una mayor posibilidad de integrar la averiguación previa, encuadrando mayores conductas, que de ser el caso, incurran en un delito y generen un concurso ideal o real.
Se puede argumentar en contra de este exhorto, que la doctrina y los diferentes ordenamientos penales en nuestro país, ya establecen que se deben de tomar en cuenta las circunstancias de tiempo, lugar, modo u ocasión del hecho realizado para poder sancionar y aplicar las penas adecuadas a cada delito, y que en todo caso, al cometerse el delito de robo en un lugar despoblado, la pena aumentaría.
Ahora bien, podemos afirmar que en el supuesto anteriormente planteado, lo único que generaría, sería que se aplique la pena más alta para esa conducta antijurídica.
Con este exhorto, se busca que se contemplen los dos delitos, como ya se hace en la mayoría de las entidades federativas, y que no les dejemos margen de actuación a los delincuentes, para poder así, ayudar a prevenir los delitos que se puedan acarreara del mismo delito de asalto.
Como conclusión, podemos decir que el delito de asalto tiene cabida en la actualidad en todos los Estados de la República, pues al ser distinto al delito de robo; y al provocar la prevención de actividades delictivas en lugares despoblados, se debe de incluir dentro de los códigos correspondientes a los Estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Guanajuato y del Distrito Federal.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la presente soberanía, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los Congresos locales de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Guanajuato y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que incluyan en su legislación penal, el delito de asalto.
Nota
1 Con información consultada en <http://www.pgr.gob.mx/combate%20a%20la%20delincuencia/delitos%20fed erales/delincuencia%20organizada/Asalto.asp>
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 del mes de Marzo del 2014.
Diputado Héctor García García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral a modificar el Manual para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, a cargo del diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracciones I, II, III, IV y VI; y 106 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
En enero de 2014 entró en vigor el Manual para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, en el cual fundamentan su operatividad los módulos del Instituto Federal Electoral en todo el territorio mexicano, para conformar el Registro Federal de Electores, sin embargo con su aplicación se comenten algunos perjuicios a los derechos fundamentales del ser humano como lo es la no salvaguarda de su identidad y que ocasiona un daño en la dignidad de las personas, ello en virtud de que al momento en el que el ciudadano realiza la solicitud individual de inscripción o actualización al Registro Federal de Electores ante el modulo de atención ciudadana o de cualquier trámite en donde implique la captura del nombre y éste exceda de 32 caracteres se le elimina el último nombre del ciudadano ello con base en las nuevas disposiciones del manual de referencia en el tomo I, numeral 3.2, emitido por el Instituto Federal Electoral, que a la letra cito: “En los campos de apellido paterno, apellido materno y nombre(s), se captura hasta 32 caracteres para cada apartado como máximo.
Se permiten las letras de la “A” a la “Z” incluyendo la “Ñ”.
Se permite la captura de caracteres especiales como apóstrofos (´), punto (.), guión medio (-), diagonal (/), grado (°), números (1 al 9), diéresis (¨).
Toma siempre como base la información registrada en el acta de nacimiento o documento de naturalización.
Los nombres y apellidos compuestos deben tener sólo un espacio entre ellos: No se permite la captura de doble espacio.”
Según esta disposición cuando el nombre o nombres propios exceden el espacio de los 32 caracteres sin ningún criterio se le elimina el último nombre para adecuarlo al espacio de 32 caracteres, lo que deriva en ocasiones a que el nombre que más han utilizado y por el que les es conocido toda su vida les es eliminado, situación que transgrede la dignidad de la persona, porque el derecho a la identidad personal, tiene trascendencia psicológica y jurídica para el individuo.
Esta disposición es violatoria del artículo 1o. constitucional en su párrafo quinto donde señala: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas .
El nombre propio es un derecho político electoral de un ser humano, el cual no puede ser menoscabado a criterio de una computadora. Ésta decisión basada en dicho Manual, produce efectos perniciosos en contra del ciudadano de manera permanente y continua durante lo que resta de su vida, les roba su identidad.
Así como también es violatoria del artículo 36 constitucional que indica que son obligaciones del ciudadano de la república:
I. ... inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes. La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de interés público y, por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley.
El Manual para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, aplicable en todos los módulos del Instituto Federal Electoral no vela por el interés público, ya que cuando los nombres propios exceden de los 32 caracteres impide que se les registren los nombres completos que aparecen en su acta de nacimiento y el criterio para la inscripción es eliminar el último de los nombres, situación totalmente discriminatoria, en virtud de que en muchas de las ocasiones el nombre que les es eliminado, es el nombre con el que se han conducido toda su vida y para cualquier persona es quitarle su identidad, es un acto discriminatorio, por eso conmino al Instituto Federal Electoral a que contemple en el manual de referencia la opción y posibilidad de que la persona pueda decidir cuál de todos sus nombres conserva por razones de espacio, según se haya conducido toda su vida y así no atentar contra la dignidad del ciudadano ni contra su forma de vida.
En conclusión se le solicita al Instituto Federal Electoral para que corrija el Manual para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, y obligue a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, por conducto del vocal respectivo en la junta ejecutiva del distrito electoral federal que corresponda, tome en consideración al ciudadano y éste refiera cuales de sus nombres propios conserva en la corrección de sus datos de su credencial de elector por así haberse conducido a lo largo de su vida.
Por lo expuesto, se propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al Consejo General del Instituto Federal Electoral a reglamentar adecuadamente el Manual para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana y dentro de él señalar acciones inmediatas para que los ciudadanos que tramiten su actualización de datos ante el Registro Nacional de Electores conserven el nombre o nombres que más usan, sin menoscabo de ser eliminado el nombre o los nombres propios con el que se han conducido a lo largo de toda su vida de su credencial de elector; con la finalidad de respetar su dignidad, proteger su identidad y dar certidumbre jurídica a todas sus actividades civiles.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2014.
Diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Morelos a respetar y garantizar el derecho a informar de los reporteros, periodistas y medios de comunicación locales, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado federal Andrés Eloy Martínez Rojas, perteneciente a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de ésta soberanía proposición con punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
El derecho a estar bien informado constituye el elemento primordial para el ejercicio razonable de la libertad, ya que si la información se oculta, manipula o distribuye de manera irregular, se coarta la capacidad de actuar a conciencia. Estar suficientemente informado es el paso inicial hacia la participación política en una democracia y de ello depende la capacidad para involucrarse en el debate público, en el diálogo que construye y reforma a las sociedades.
La libertad de expresión es considerada como la primera de las libertades, porque resulta garantía para que otros derechos puedan existir. Las sociedades que ejercen el pluralismo y la democracia, enaltecen la defensa de la libertad de expresión como uno de sus valores más preciados. Tal es el caso de México, en donde el derecho a la información, un derecho bilateral que les pertenece a los ciudadanos y a los periodistas, actualmente es vulnerado, debido a una serie de frenos que impiden el libre ejercicio del periodismo.
Lamentablemente las actuales condiciones de violencia, que existen en nuestro país, han generado elementos de autocensura en la prensa mexicana; un flagelo que corroe los débiles principios democráticos de nuestro país. Los periodistas mexicanos trabajan en condiciones de indefensión y desprotección que impiden el acceso a la información y, por tanto, limitan la libertad de expresión.
Desgraciadamente, esta es una realidad cotidiana con la que hemos aprendido a convivir, con la amenaza latente, el miedo o las agresiones y la persecución. A los periodistas mexicanos se les asesina no sólo por lo que publican, sino también por lo que se niegan a difundir; por el simple hecho de cuestionar u opinar sobre asuntos prohibidos, por denunciar, por ilustrar con una fotografía un hecho controvertido o por investigar asuntos de Estado.
Las estadísticas comprueban que durante el sexenio de Felipe Calderón, más de 30 periodistas fueron asesinados, 65 durante una década, y existen 12 desaparecidos, de los cuales ningún caso ha sido resuelto, además de que contamos con una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión inoperante. Actualmente, el escenario no es muy alentador ya que ante tales hechos, el gobierno se manifiesta apático y sin voluntad política para combatir la impunidad y permitir a los periodistas el acceso efectivo a la justicia. Bajo este panorama, lamentablemente, México es y seguirá siendo el país con mayor número de periodistas asesinados en América Latina.
El ejercicio del periodismo, en México, se ha vuelto una profesión peligrosa y de alto riesgo. Ante esta situación, diversos órganos de la ONU, como la UNESCO y la Oficina de la alta comisionada para los Derechos Humanos, han expresado en repetidas ocasiones su preocupación por lo que es un atentado a la vida y a la libertad de información. Sin embargo, México no está cumpliendo con dicha obligación, según comentó el relator especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue.
Otro factor ha sido el avance del crimen organizado y el grado de infiltración que ha alcanzado en las instituciones gubernamentales, en conjunción con una impunidad dominante y lastimosa, la cual ha sido factor determinante para que el periodismo se consolide como una de las profesiones más peligrosas en México. Penosamente, los grupos delictivos no son la única amenaza para los trabajadores de la información: en ocasiones los propios gobernantes, funcionarios o representantes populares, constituyen uno de los principales peligros para los periodistas, una extraña situación, si se toma en cuenta que son precisamente las autoridades quienes tienen la obligación de garantizar la seguridad necesaria para el ejercicio profesional de los comunicadores.
Y esto lo referimos a razón de que en días pasados, se suscitara un hecho lamentable en contra de comunicadores del Estado de Morelos, en donde resulto agredida la reportera de La Unión de Morelos, Maciel Calvo, quien realizaba en ese momento su labor periodística, y otros reporteros quienes también fueron atacados mientras trabajaban en la cobertura de dos protestas, que en todo momento fueron violentas.
Los hechos ocurrieron cuando reporteros entrevistaban a un ex-integrante del comisariado ejidal de Amacuzac que denunciaba las acciones ilegales que ha cometido el grupo del diputado amacuzteco, Alfonso Miranda Gallegos, intempestivamente el sobrino y trabajador del diputado del PT, arrebató una manta de protesta que llevaba el entrevistado, desatando allí el inicio de gritos, empujones y golpes entre los dos bandos opositores.
De pronto, tal y como quedó registrado en fotografías y videos, la reportera referida, Maciel Calvo recibió un puñetazo en la barbilla de parte de un hombre, agresión en contra de la comunicadora y ante la que fotógrafos y reporteros respondieron inmediatamente. Sin embargo el atacante fue respaldado por sus compañeros, quienes golpearon a patadas y puñetazos a los representantes de los medios de comunicación.
Cabe señalar que en todo momento, elementos de la Policía Preventiva presenciaron lo que ocurría, incluso varios reporteros pidieron el respaldo de la Policía Estatal para detener a los agresores, cinco sujetos claramente identificados, incluido el atacante de la reportera. Finalmente, después de más de diez minutos llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes dudaron en todo momento en detener a los agresores, lo que permitió que éstos huyeran, y al grado de que uno de ellos, identificado como sobrino del diputado petista, Miranda Gallegos, fue protegido por elementos de la seguridad interna del Poder Legislativo Local, que le permitieron entrar al recinto y cerrar las puertas del edificio. Según declaraciones de los testigos, el atacante fue resguardado en la oficina del legislador referido, presente en el Congreso local cuando se registraron los hechos, que más tarde se confirmó, fue él quien los provocó, por haber llevado al grupo de personas a protestar a su favor.
Al darse cuenta que las autoridades hicieron caso omiso a sus peticiones, los reporteros exigían que se actuara contra las personas que llevaron a cabo el ataque. En este punto Maciel Calvo exigió a Juan Ángel Flores Bustamante presidente de la Mesa Directiva que se diera fin a los actos de agresión que se da hacia los reporteros y se garantizará que pudieran llevar a cabo sus labores; a lo que el legislador se comprometió a que se realizaran las investigaciones correspondientes. Viendo como se llevaba el proceso se solicito la presencia de representante de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Morelos (CNDHEM) y de un ministerio público para levantar la denuncia, esto a consecuencia de que pasada las 12:00 horas no había ningún agresor detenido.
Posteriormente se obtuvo una respuesta respaldada por los legisladores alrededor de la una de la tarde, y los comunicadores que fueron agredidos llevaron a cabo su denuncia. Sin embargo, policías del municipio apresaron a uno de los hombres que intervinieron en la agresión y que más tarde fue reconocido por sus víctimas, quienes lograron declarar que varios de los integrantes del grupo de choque son familiares del legislador Miranda Gallegos, motivo por el cual uno de ellos fue protegido por personal de seguridad del Congreso Estatal.
Es lamentable que se quiera implementar el uso de la violencia para callar la voz de la información con el fin de que se mantengan ocultos ciertos aspectos comprometedores y que no salgan a la luz, donde en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos se establece en el artículo 6°: “que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado”. Debemos erradicar esa ola de violencia hacia la gente que labora en los medios de comunicación, ya que ellos solamente realizan un trabajo honesto el cual contribuye a la difusión de información hacia la población y en donde no es justo que en esta época moderna se tomen represalias de esta índole.
El ambiente de tensión que se vivió fuera del Congreso del Estado de Morelos y las agresiones dirigidas a los representantes de los medios de comunicación del Estado, en todo orden son inamisibles ya que como se manifestó solo se encontraban realizando su trabajo en la cobertura de los hechos.
Por lo anteriormente expuesto, someto al pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero: La honorable Cámara de Diputados, LXII Legislatura, exhorta respetuosamente a los integrantes del Congreso del estado de Morelos, a observar, respetar y garantizar, en todo momento, el derecho a informar que tienen las y los reporteros, periodistas y medios de comunicación del estado de Morelos.
Segundo: La honorable Cámara de Diputados, LXII Legislatura, exhorta respetuosamente al Congreso del estado de Morelos, a respetar y hacer respetar el derecho de libre manifestación y asociación de las y los ciudadanos en el estado.
Tercero: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado de Morelos a considerar si los actos desplegados por personal de seguridad interna del Poder Legislativo local contravienen la norma interna del Congreso y si derivado de ello existiera responsabilidad administrativa, que se sancione conforme a la reglamentación correspondiente.
Cuarto: La honorable Cámara de Diputados, LXII Legislatura, exhorta respetuosamente a la Procuraduría del estado de Morelos, a proceder con celeridad en la integración de la averiguación previa y consignarla al Poder Judicial para que, de ser el caso, se impongan las penas señaladas en la ley a los agresores de los representantes de los medios de comunicación del estado de Morelos afectados en los hechos de violencia suscitados en días pasados.
Palacio Legislativo, a 27 de marzo de 2014.
Diputado Andrés Eloy Martínez Rojas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, sobre las indemnizaciones y la averiguación previa relativas a la explosión ocurrida el 31 de enero de 2013 en Pemex, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Petróleos Mexicanos, Pemex, es una institución llena de corrupción y que rinde al país mucho menos de lo que pudiera; no hay solución para los problemas internos y el dinero que se maneja no es transparente.
El 31 de enero del 2013, en el edificio B del Complejo Administrativo de Petróleos Mexicanos, ocurrió una tragedia que dejó un saldo de 37 muertos y más de 100 heridos.
Las primeras declaraciones oficiales por parte del gabinete de Enrique Peña Nieto, se dieron hasta 5 días después de la explosión, sin embargo ninguno de los funcionarios involucrados en la investigación aclaró lo sucedido en el edificio B.
Además, el 11 de febrero de 2013 el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo en conferencia de prensa que no habían podido determinar el tipo de gas que produjo la explosión, volviendo a modificar la versión de los hechos.
Nos parece sorprendente que el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, y el propio director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, no tengan información correcta del supuesto “accidente” que terminó en una tragedia nacional.
Debido a la frivolidad mostrada por los funcionarios mencionados, consideramos que la explosión en realidad podría ser consecuencia de una falta de mantenimiento deliberada e intencional por parte del gobierno, con el afán de crear en todos los mexicanos la imagen de que Pemex es una empresa que no tiene recursos ni para garantizar una protección mínima a sus empleados.
Las personas fallecidas estaban subcontratadas por Pemex, por ello, el director de la paraestatal Emilio Lozoya, les prometió apoyarlos económicamente, sin embargo, las familias de los afectados a la fecha reciben mil novecientos pesos mensuales, y no por parte de Pemex, sino por la empresa Copicosa, que es la que trabaja en mantenimiento de pilotes de cada uno de los edificios.
Las familias de los afectados aseguran que veintitrés horas después de la explosión, Pemex lanzó un comunicado asegurando que ya realizaba las gestiones pertinentes con las compañías aseguradoras para el pago inmediato de los seguros de vida a los beneficiarios y para informar sobre los módulos que se instalarían para orientar a los familiares sobre el pago de las indemnizaciones.
Y no sólo eso, el 8 de febrero la paraestatal se comprometió mediante su cuenta en twitter, @pemex, que no se escatimaría recurso alguno.
Según datos del abogado de los denunciantes, si la ley se aplicara, a las familias de los difuntos les tocarían 3 millones 800 mil pesos de indemnización.
Al día de hoy, las familias de los afectados en aquella explosión viven al día y de préstamos. No han recibido ni un solo peso por parte de la Paraestatal y tampoco han tenido noticias de las averiguaciones que han realizado las autoridades.
Lo cierto es que las familias de los difuntos tienen razón en pedir una indemnización, pues hasta ahora se les ha negado el apoyo bajo el argumento de que no eran empleados de la empresa paraestatal, sino que estaban subcontratados.
Con ese pretexto se ha evadido el cumplimiento de las obligaciones patronales en detrimento de los derechos de los trabajadores, entre otros, el de la seguridad social.
En contraste con el hecho del 31 de enero de 2013, en diciembre de 2010, en una explosión de ductos de Pemex en San Martin Texmelucan, murieron 30 personas y más de 50 resultaron heridos.
La Secretaría General de Gobierno de la administración estatal que atendió el caso mencionado, informó que Petróleos Mexicanos entregó en el primer año un total de 329 millones 822 mil 256 pesos por concepto de indemnización a lesionados y fallecidos, atención a la emergencia ambiental y apoyo al ayuntamiento.
Lo anterior, es una prueba de que la paraestatal tiene el soporte económico para responder al llamado de 37 familias que lo único que buscan es una estabilidad tanto financiera como emocional.
Igualmente, hacemos el llamado a las autoridades correspondientes, ya que a la fecha, nadie ha podido explicarnos de que tipo y de dónde provino el supuesto gas que provocó la explosión; cuales y cuantos fueron los daños estructurales y las pérdidas de los archivos históricos concentrados en el lugar, etcétera.
Derivado de lo anterior sometemos a la consideración de esta asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, a que se realicen los trámites correspondientes para que se indemnice a las familias de los trabajadores de Pemex fallecidos el pasado 31 de enero de 2013.
Segundo. Se exhorta al procurador general de la Republica, Jesús Murillo Karam, a dar acceso a la averiguación previa y a las investigaciones que se han realizado sobre la explosión en el edificio B del Complejo Administrativo de Petróleos Mexicanos, a los familiares y a las personas afectadas por tal suceso.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Conade y del Ejecutivo en los estados y los municipios, así como a los jefes de gobierno y delegacionales del Distrito Federal, a mejorar las condiciones de seguridad en espectáculos y encuentros deportivos, a cargo del diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
El suscrito, Fernando Bribiesca Sahagún, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo por los que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y del Ejecutivo en los estados y los municipios, así como a los jefes de gobierno y delegacionales en el Distrito Federal, a incrementar las condiciones de seguridad en espectáculos y encuentros deportivos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El nivel de pasión que estimula a los aficionados de algunos deportes como el futbol soccer, llega a provocar altas concentraciones de adrenalina, la cual, acompañada de otros factores multidimensionales, ha derivado en la proliferación de diversos y muy lamentables actos de violencia, particularmente en aquellos espacios públicos destinados a su desarrollo o exhibición multitudinaria, sean estadios deportivos, gimnasios, carpas o domos.
Un análisis noticioso nos permite identificar que en la mayoría de dichos enfrentamientos violentos, estos son provocados y participan de manera deliberada, personas o grupos organizados, cuyo comportamiento puede ser equiparado con los “hooligans” que proliferaron en los encuentros deportivos de la década de los sesentas, debido a la mala fama de los hinchas ingleses cuando viajaban, tanto al extranjero como fuera de sus localidades, para animar a su club o al equipo nacional.
La violencia organizada en los espectáculos y encuentros deportivos no es solo un fenómeno inglés; también se ha extendido a otros países, como los ultras de Italia, las torcidas en Brasil o las barras bravas en Argentina y están presentes en nuestro país, a los que suelen llamárseles “ultras”, “barras” o “porras”.
Derivado del comportamiento fanático de estos grupos de aficionados, el espectáculo y disfrute masivo de este deporte en el país se ha ido degradando paulatinamente, perdiendo ese atractivo que propiciaba la reunión familiar, la sana convivencia social y el enaltecimiento de valores deportivos como el esfuerzo, el trabajo conjunto y el respeto, entre otros.
Ahora es más frecuente encontrar en estos encuentros deportivos múltiples choques entre seguidores y elementos de seguridad, aficiones rivales e incluso entre los propios integrantes de una misma barra.
En los últimos dos años, estas manifestaciones de violencia en los estadios se han incrementado de manera alarmante, siendo el mes de febrero de 2013 su punto más álgido, sin que las autoridades pudieran tomar control de la situación hasta los hechos ocurridos el pasado sábado 22 de marzo del año en curso.
En febrero de 2013, las porras de los equipos Toros Neza y del América se enfrentaron a las afueras del estadio Neza 86; asimismo, en los alrededores del estadio La Corregidora de Querétaro, un grupo de seguidores de los Gallos Blancos tuvo un enfrentamiento con la policía.
En el mismo mes, en las inmediaciones del estadio Omnilife, en Zapopan Jalisco, otra riña entre seguidores de León y Chivas finalizó con 12 personas detenidas y 40 lesionadas; en la ciudad de San Luis Potosí, el cuerpo de seguridad que resguardaba la llegada de la porra del equipo Pumas de la UNAM se lío a golpes con ellos.
Este año, el 14 de enero, durante un juego entre los Tigres de la UANL y el Atlético San Luis, la violencia se desató en las tribunas del estadio Alfonso Lastras, luego de que aficionados del San Luis lanzaran petardos contra la afición rival. Otro hecho se suscitó el pasado 15 de febrero en el estadio Tecnológico de Monterrey, Nuevo León, cuando aficionados del Monterrey invadieron la cancha del estadio, lo que generó la reacción de los elementos de seguridad.
Pero el 22 de marzo de 2014, en el estadio Jalisco, de Guadalajara, la violencia llegó al grado más alto, terminado con saldo rojo, cuando no más de 20 miembros de las fuerzas policiales municipales trataron de detener a unos jóvenes, con las consecuencias que ya diversos medios de comunicación han documentado.
Ante estas manifestaciones de violencia organizada en los espectáculos y encuentros deportivos, es improrrogable que las autoridades futbolísticas, sean los presidentes y directivos de los equipos deportivos, así como las públicas, en los tres órdenes de gobiernos y los propios aficionados, tomen con mayor seriedad las manifestaciones de violencia e instrumenten los mecanismos necesarios para hacerle frente, con rigor y eficacia, a fin de que prevalezca el juego limpio, dentro y fuera de las canchas.
La violencia y sus consecuencias no se arreglan con sanciones económicas y vetos a los estadios deportivos, con la expulsión de las barras, con ruedas de prensa o mantas a favor de la paz.
Como legisladores, es nuestra obligación impulsar la plena vigencia del Estado de Derecho y en este sentido, existe el marco regulatorio pertinente, mediante la aplicación de Ley General de Cultura Física y Deporte, con articulados y un capítulo específicamente destinados a prevenir y erradicar la violencia.
Si bien se requiere la pronta y expedita promulgación de su marco reglamentario, a fin de crear y dotar de la operatividad necesaria a la comisión especial contra la violencia en el deporte, la no existencia de un reglamento no debe impedir que se establezcan las condiciones necesarias para la debida protección a las y los ciudadanos de este país para que disfruten con absoluta seguridad un espectáculo deportivo, no importando el rol que en ese momento desempeñen, sean aficionados, deportistas, comerciantes e incluso, como miembros de las fuerzas de seguridad encargadas del orden.
En mérito de lo expuesto someto a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta de manera respetuosa al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a difundir y hacer públicas en los medios electrónicos de esa comisión las acciones destinadas a crear la comisión especial contra la violencia en el deporte, así como las políticas públicas y directrices destinadas a prevenir y erradicar la violencia en los espectáculos y encuentros deportivos del país.
Segundo. Se exhorta de manera respetuosa al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en coordinación con la representatividad de las asociaciones deportivas nacionales en materia de futbol soccer en sus diferentes niveles y categorías, a establecer medidas que incrementen el grado de seguridad e integridad física de los aficionados que acuden a los espectáculos y encuentros deportivos del país.
Tercero. Se exhorta de manera respetuosa a los titulares del Ejecutivo en las entidades federativas y municipios del país, así como a los jefes del gobierno y delegacionales en el Distrito Federal, a implantar, en el marco del pleno respeto de los derechos humanos, medidas orientadas a hacer prevalecer el orden en encuentros y espectáculos deportivos, considerando en tales efectos el trayecto, el acceso y la permanencia de los aficionados en los inmuebles y áreas donde éstos se desarrollen.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de marzo de 2014.
Diputado Fernando Bribiesca Sahagún (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para celebrar una sesión solemne el 22 de octubre de 2014, con motivo del bicentenario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán, a cargo del diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con apego a los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno de la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La tradición constitucionalista mexicana tiene su origen en los primeros años del movimiento independentista que lideró en sus inicios don Miguel Hidalgo y Costilla y continuó con gran valor y patriotismo el general José María Morelos y Pavón a la ausencia del primero. Ésta surge concretamente en el Congreso de Anáhuac de 1813, de cuyos trabajos legislativos se desprenden los documentos más relevantes de nuestra historia con nación libre e independiente.
Es el caso de los Sentimientos de la Nación, el Acta Solemne de Independencia de la América Septentrional y, desde luego, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana mejor conocido como la “Constitución de Apatzingán”, que fue sancionada el 22 de octubre de 1814 y promulgada dos días más tarde, tras un año intensas actividades por parte de los diputados constituyentes.
De manera que en 2014 esta Constitución cumplirá sus primeros 200 años de existencia y merece ser reconocida como la base de nuestra actual Ley Fundamental.
La Constitución de Apatzingán la integran 242 artículos y consta de dos apartados: uno de carácter dogmático y otro de tipo orgánico. El primero denominado principios o elementos constitucionales , cuenta con seis capítulos en los que se aborda: religión, soberanía, ciudadanía, ley, derechos del hombre y obligaciones de los ciudadanos. El segundo llamado forma de gobierno, se distribuye en veintidós capítulos que, en su conjunto, establecen la organización, funcionamiento y relaciones entre los poderes públicos.
Esta primera Ley Fundamental —aunque no tuvo vigencia formal en virtud de que la lucha independentista no concluyó sino hasta 1821— es la expresión más clara de la voluntad del pueblo mexicano por contar con un ordenamiento propio en el que se reconociera su independencia y soberanía nacionales frente a cualquier otra Nación, pero también los derechos de sus habitantes a la igualdad, seguridad, propiedad, libertad y respeto. Por ello, las raíces del constitucionalismo mexicano se hallan en el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.
Como sucede con nuestra actual Carta Magna, la redacción final de la Constitución de Apatzingán se nutrió de las aportaciones de textos y proclamas que le precedieron, como fue el caso de los Elementos constitucionales de don Ignacio López Rayón creador de la Junta de Zitácuaro y cuya influencia en los Sentimientos de la Nación de don José María Morelos y Pavón se plasmó claramente en el Proyecto de Constitución definitivo que elaboraron don Andrés Quintana Roo, Carlos María de Bustamante y José Manuel Herrera.
Al calce de la Constitución de 1814 aparecen las firmas de José María Cos, José Sixto Verduzco, José Manuel Herrera, José Sotero Castañeda, Cornelio Ortiz de Zárate, Manuel de Aldrete y Soria, Antonio José Moctezuma, José María Ponce de León y Francisco Argandar como diputados constituyentes. Y debajo se señala: “los excelentísimos señores licenciado Ignacio López Rayón, licenciado don Manuel Bustamante y don Antonio Cesma, aunque contribuyeron con sus luces a la formación de este Decreto, no pudieron firmarlo por estar ausentes al tiempo de la sanción, enfermos unos y otros empleados en diferentes asuntos del servicio de la patria”. Todos ellos, sin duda, son padres del constitucionalismo mexicano, héroes de nuestra Independencia y merecen ser reconocidos por esta Cámara de Diputados.
Al final, la Constitución de Apatzingán es la “culminación jurídica de las aspiraciones de un movimiento social que costó la vida de muchos mexicanos y que alcanzó la cúspide al promulgarse dicho ordenamiento, llevando a la letra la lucha por la emancipación de nuestro país”.
Por ello, conmemorar el bicentenario de tan importante Ley Fundamental representa la oportunidad de evocar no sólo nuestra larga tradición constitucionalista, sino también el momento propicio para refrendar los valores cívicos y morales de quienes nos legaron la Patria, y que ello aliente a las nuevas generaciones a continuar progresando.
Por las razones expuestas, sometemos a la consideración del Pleno el siguiente:
Acuerdo
Artículo Único. Se celebrará una sesión solemne de honorable Congreso General el 22 de octubre de 2014, con motivo del CC aniversario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán.
Transitorios
Artículo Primero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en coordinación con la Cámara de Senadores, citará a sesión solemne de Congreso General.
Artículo Tercero. Se invita a los Poderes Ejecutivo y Judicial de la Unión, a que asistan a la sesión solemne de Congreso General.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, LXII Legislatura, a 27 de marzo de 2014.
Diputados: Manuel Añorve Baños (rúbrica), José Sergio Manzur Quiroga, Fernando Rodríguez Doval, Catalino Duarte Ortuño, Adriana Hernández Íñiguez, Teresa de Jesús Mojica Morga, Juan Pablo Adame Alemán, Luis Antonio González Roldán, Samuel Gurrión Matías, Salvador Romero Valencia, Jorge Salgado Parra.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a privilegiar por el Consejo de Administración a astilleros nacionales en la construcción y reparación de embarcaciones, artefactos navales o ambos, así como aclarar las licitaciones y los contratos correspondientes de su flota naval, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD
La presente, diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática por Oaxaca de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes.
Consideraciones
Bajo la consideración de que Pemex Refinación se encuentra en un punto de obvia necesidad de renovar las embarcaciones de su flota menor, mediante la construcción y suministro de remolcadores, chalanes y embarcaciones multipropósito, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaria de Marina (Semar), firmaron un convenio que culmina el 31 de Diciembre de 2014.
En dicho convenio se estableció que Pemex dotaría de las características técnicas requeridas a la Semar, así como la calendarización de los plazos de ejecución, los programas de trabajo, y mantendría una constante supervisión en la construcción de las mismas.
Se prevé que el contrato entre ambas instituciones ascienda a un monto de 250 millones de dólares, y se generaren mil 800 empleos directos y 7 mil 200 indirectos. Es conveniente citar que para la modernización de embarcaciones y artefactos navales propios, matriculados como mexicanos: rehabilitación, equipamiento y mejora tecnológica en México y en el extranjero y también la compra de embarcaciones y artefactos navales para ser abanderados como mexicanos, se estableció el Fondo para el Desarrollo de la Marina Mercante Mexicana (Fondemar).
Para el Fondo citado se emitieron las reglas de operación el día 24 de Septiembre del año 2012, en el Diario Oficial de la Federación, en el cual, dentro de sus considerandos establecidos en las reglas de operación del Fondemar, se establece:
“(Fondemar) tiene por objeto establecer un mecanismo mediante el cual las empresas navieras y empresas dedicadas a la construcción y reparación de embarcaciones y/o artefactos navales, puedan contar con el apoyo del gobierno federal ante los intermediarios financieros o entes públicos y privados que les otorguen créditos, y puedan obtener mejores condiciones financieras; ello con la finalidad de que la flota mercante mexicana se renueve, actualice, e incremente gradualmente, fomentando su competitividad y el desarrollo de la industria de la construcción y reparación de embarcaciones y artefactos navales, contribuyendo al sostenimiento y generación de fuentes de empleo, en un ambiente de seguridad, con el que se logre que el sector tenga una mayor aportación sostenida al crecimiento de la economía del país”
Que en su sección segunda. En atención al considerando III de las presentes reglas, se establece que el Fondemar tiene como uno de sus objetivos;
I. ...
II. Propiciar que las empresas dedicadas a la construcción y reparación de embarcaciones y/o artefactos navales tengan acceso al crédito bancario para capital de trabajo, modernización de sus instalaciones, adquisición de activos, proyectos de desarrollo tecnológico y de infraestructura en astilleros;
Entendiéndose por astillero, según se cita de las reglas de operación del fondo:
Astillero: Instalación destinada para la construcción y reparación de embarcaciones. Sitio donde éstas son equipadas, preparadas o se les proporciona servicio de mantenimiento.
Al respecto, es necesario tomar en cuenta que lo citado anteriormente cobra mayor relevancia si se considera que la industria naviera de nuestro país, compuesta principalmente por los astilleros en los puertos de Tampico y Veracruz en el Golfo, y Guaymas, Mazatlán y Salina Cruz en el Pacífico, se encuentra en condiciones de difícil permanencia, basada en contratos limitados para mantenimiento de buques pequeños y abastecedores; además que, según declaró el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Naval, en los últimos 30 años no se ha construido en México una embarcación de 44 mil toneladas de peso muerto, como sucedió en los astilleros de Veracruz en años pasados.
Así como ese mismo sindicato enuncia, en 1980 se tenían alrededor de 20 mil trabajadores directos en todos los astilleros a nivel nacional, y hoy se tienen alrededor de 2 mil 500 trabajadores (lo cual representa un decremento del 87.5 por ciento) en la industria naval en México.
En tal sentido, es conveniente que este sector se reactive como consecuencia de que los probables cambios a la reforma energética, convierten el traslado de petróleo en un ramo de oportunidades, mismo que se prevé requerirá de una inversión de más de 3 mil millones de pesos, esto según la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (Cameintram), cifra que se estima necesaria para la compra de buque-tanques, chalanes, barcos de alta especialización y abastecedores.
Por lo antes señalado, es necesario que se vele por las empresas mexicanas que deseen incursionar en las licitaciones y resulten favorecidas, tratando a toda costa de privilegiar a los inversionistas en infraestructura, respecto a los capitales golondrinos.
El apoyo a las empresas de construcción de embarcaciones mexicanas permitiría la generación de empleos directos e indirectos y desarrollo económico para el país, tal cual lo establece el Fondemar y es respaldado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Naval.
En consecuencia, el incremento de la demanda de embarcaciones mexicanas, dispersaría en cascada, empleo para profesionales en mantenimiento con mano de obra nacional con grandes estándares de calidad y certificación.
Sin embargo, lejos a lo anterior, la política de Pemex ha sido la de fomentar esta industria en otros países, como podemos observar de lo publicado en el boletín No. 46 de esa Paraestatal el día 1° de mayo de 2013, cuyo encabezado señala: “Suscribe Pemex carta de intenciones para adquirir la mayoría accionaria del astillero español HJB”; y en el cual se argumenta que Pemex suscribió con el astillero español Hijos de J. Barreras (HJB) y sus tres accionistas una carta de intenciones donde plasmaron los términos y condiciones básicas que permitirían la adquisición, mediante un aporte de capital, de 51 por ciento de las acciones de esta compañía.
Lo anterior, según continúa dicho boletín, debido a que la flota de Pemex es variada y en un alto porcentaje requiere modernizarse; así como que con dicha transacción propuesta, se pretendía también acelerar el proceso de renovación de la flota de barcos en general que sirven a la paraestatal.
Que tras el pago de entre 10 y 12 millones de euros, Pemex pretende promover la industria naviera de España, es decir un denominado rescate de la industria naval gallega.
Que con esta inversión en España, Pemex sentencio la creación de más de 4 mil puestos de trabajo, además de mantener y posiblemente aumentar el número de trabajadores de la plantilla de su nuevo astillero.
A pesar de que hay astilleros en México, Pemex reconoce que no se tiene la capacidad para fabricar de embarcaciones grandes como atuneros, buques tanques, buques de asistencia sísmica o barco abastecedor, pero tampoco existe la intención de invertir en ello, puesto que se privilegian las adquisiciones de astilleros al borde de la quiebra extranjeros.
La promoción encaminada a que los astilleros mexicanos hagan alianzas con homólogos extranjeros para desarrollar la capacidad necesaria para construir barcos para Pemex y otros clientes en México y el extranjero, se opone al pronunciamiento de una política de fomento operativo en la construcción y mantenimiento de embarcaciones netamente mexicanas, la cual ocasionaría que no se fomentará correctamente a los astilleros de nuestro país, dejando de generarse mayor empleo y beneficios locales.
Es innegable que México cuenta con astilleros suficientes para satisfacer la demanda de Pemex, y en caso de que se considere que es conveniente que éstos deban modernizarse, entonces es la oportunidad para que se les dote de mayor tecnología y capacidad para construir embarcaciones de mayor porte.
Con la implementación de programas de inversión bien direccionados que fomenten la transferencia tecnológica con capacidad constructora de embarcaciones especializadas, se estaría en posibilidades de cubrir totalmente las necesidades en la demanda de Pemex por parte de empresas mexicanas; por tal motivo se deben aprovechar los recursos del Fondemar, así como dotarlo de mayores recursos financieros y encausarlos a cubrir las demandas del mercado nacional.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al director de Petróleos Mexicanos (Pemex) para que a través de su Consejo de Administración haga públicos los asuntos de licitaciones y contratos correspondientes a la flota naval de la paraestatal.
Segundo. Se exhorta al director de Petróleos Mexicanos (Pemex) para que a través de su Consejo de Administración se privilegie a astilleros nacionales en la construcción y reparación de embarcaciones y/o artefactos navales.
Tercero. Se exhorta al director de Petróleos Mexicanos (Pemex) para que haga del conocimiento público las razones por las cuales celebró el convenio con astillero español Hijos de J. Barreras (HJB), antes citado, así como los motivos por los cuales no buscó en primer lugar celebrar un convenio similar con astilleros mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de marzo de 2014.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a resarcir los daños ambientales, sociales y económicos causados por el incendio en el pozo Terra 123, de Nacajuca, Tabasco, en los términos de la normativa vigente, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo conforme con la siguiente
Exposición de Motivos
A finales de octubre de 2013, en el pozo petrolero Terra 123 de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicado en la comunidad de Oxiacaque, en el municipio de Nacajuca, Tabasco, comenzó un incendio que duró 55 días y que según cálculos durante ese tiempo se quemaron mil barriles de crudo y 300 mil pies cúbicos de gas por día,1 dicho incendio fue ocasionado “a raíz de las llamas que permanecen desde el domingo 27 (de octubre) por la quema del gas que procede del pozo, se colapsó el equipo de perforación que se encontraba laborado en el lugar”.2
Al respecto, desde los primeros días de haberse presentado el siniestro, hubo acusaciones y demandas por parte de los habitantes de la comunidad indígena de Chontal, perteneciente al municipio de Nacajuca, la cual se encuentra ubicada a tan sólo un kilometro 700 metros del lugar de los hechos, con el objetivo de que las autoridades –tanto de Pemex como las estatales y municipales- actuaran en consecuencia y brindaran los servicios que las familias tabasqueñas necesitaban así como de la reparación de los daños materiales.
En dicho tenor, a mediados del pasado mes de diciembre, dicha comunidad llegó a una serie de acuerdos con representantes de Pemex por lo que se convino el levantamiento de diversos bloqueos ubicados en los caminos conducentes al pozo.
Sin embargo a finales del mismo mes, más de dos mil pobladores de comunidades de los municipios de Nacajuca y Jalpa realizaron una marcha con destino al Centro Administrativo de Pemex, Exploración y Producción para exigir el resarcimiento de daños ocasionados por el incendio en el pozo, a la par de demandar que todas las comunidades afectadas debían ser incluidas en las negociaciones con la paraestatal, como lo es el caso de Oxiacaque, Jalupa, Bosques de Saloya, Ayyapa, entre otras.3
A la par, se contrajo el compromiso de abrir una mesa de diálogo a partir del próximo mes de enero con la participación de delegados municipales de las comunidades, representantes del gobierno del estado, así como de Pemex y de las dependencias federales a fin de impulsar obras de beneficio social y programas emergentes, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la gente,4 toda vez que la paraestatal había advertido que no se pagaría ningún monto en efectivo a los habitantes de 25 comunidades aledañas al pozo Terra 123 y Tizón 222.5
Por otro lado, a finales del pasado mes de febrero, la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) delegación Tabasco, declaró que se entraría a realizar investigaciones en el pozo Terra 123, como parte de los procedimientos para descartar o comprobar afecciones al medio ambiente por incendio de esta infraestructura petrolera.6
En este contexto, a inicios del presente mes, el diálogo que buscaba llegar a los acuerdos pertinentes entre representantes de Pemex y de las comunidades afectadas, fracasó –entre otras cosas- por la falta de cumplimiento de las promesas hechas en un inicio por funcionarios de la paraestatal y, por el otro lado, porque diversos actores políticos desvirtuaron el sentido de las negociaciones, toda vez que buscaron sacar provecho de la situación.
Razón por la cual se tomó la determinación de volver a bloquear los acceso de Pemex (ya que unas semanas atrás, a raíz de acuerdos provisionales entre ambas partes, se habían abierto parcialmente los caminos, permitiendo el acceso de maquinaria pesada) hasta que se instale una nueva mesa de negociaciones, entre otras cosas, los inconformes solicitan el pago por afectaciones, además de que la paraestatal inicie la construcción de obra social en las comunidades afectadas; aseguran que son cerca de 70 mil los habitantes de la zona que recibirían el apoyo.7
Por último, es necesario destacar que el pasado martes luego de que el personal que asistió en representación de Pemex se negó a cumplir con las peticiones hechas durante la última reunión con los afectados de Nacajuca y Jalpa de Méndez, los indígenas se levantaron de la mesa y declararon roto el diálogo con la paraestatal.8
Asimismo, los pobladores chontales señalaron que acordarían las acciones pertinentes ante esta nueva negativa por parte de Pemex para hacer frente a las reparaciones de los daños del incendio; es por ello que, atendiendo la urgencia para que este caso se solucione de manera pronta y beneficiando, en todo momento, a las y los habitantes de todas las comunidades afectadas, presentamos a esta Asamblea, el siguiente resolutivo con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Petróleos Mexicanos a resarcir los daños ambientales, sociales y económicos causados por el incendio en el Pozo Terra 123, ubicado en el municipio de Nacajuca, Tabasco, en los términos establecidos en la normatividad vigente.
Notas
1 Proceso, “Apagan pozo en Tabasco tras 55 días en llamas”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.proceso.com.mx/?p=360996
2 El Universal, “La fuga de gas del pozo Terra 123 sigue fuera de control”, [en línea], México, Dirección URL:http://www.eluniversal.com.mx/estados/2013/fuga-gas-pozo-terra123-s igue-fuera-control-961898.html
3 La Jornada, “Exigen a Pemex con marcha resarcir daños causados por el pozo Terra 123”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/12/27/exigen-a-pemex-con-marcha -resarcir-danos-causados-por-el-pozo-terra-123-3726.html
4 Ídem.
5 Proceso, Op. Cit.
6 El Heraldo de Tabasco, “Verificará Profepa el pozo Terra 123”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.oem.com.mx/elheraldodetabasco/notas/n3304401.htm
7 Tabasco Hoy, “Fracasa diálogo con Pemex; retoman bloqueo a pozos”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.tabascohoy.com/2/notas/index.php?ID=180234
8 Revolución tres punto cero, “Indígenas amenazan con bloqueos ante negativa de Pemex a pagar daños en viviendas”, [en línea], México, Dirección URL: http://revoluciontrespuntocero.com/indigenas-amenazan-con-bloqueos-ante -negativa-de-pemex-de-pagar-danos-a-viviendas/?utm_medium=twitter&u tm_source=twitterfeed
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de marzo de 2014.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Salud que realice modificaciones para garantizar a las personas con discapacidad visual la fácil identificación, compra, manejo y almacenamiento de medicinas, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada federal María del Rocío Corona Nakamura integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para solicitarle respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal a que realice las modificaciones pertinentes en las disposiciones reglamentarias en la materia, para garantizar la facilidad en la identificación, compra, manejo y almacenamiento de los medicamentos a las personas con discapacidad visual mediante el uso del lenguaje braille en el envasado o empaque de las medicinas, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En la actualidad, la universalidad en el acceso a oportunidades de desarrollo personal y profesional, y a bienes y servicios; es fundamental para el adecuado desarrollo de nuestra sociedad.
Por ello, el interés especial que debe de prevalecer en la atención a las necesidades de cada grupo que la integran, es y debe de ser en todo momento el eje rector de cualquier política pública incluyente.
Sin embargo y no obstante de lo anterior, existen particularidades que en la materia hemos dejado de lado debido a que perdemos la capacidad de valorar aquellas actividades imprescindibles para el desarrollo de cualquier persona y que por formar parte del día a día, la cotidianidad las oculta.
Actividades que generalmente consideramos simples, indistintas o carentes de valor; en la vida de otra persona su ausencia puede significar el entorpecimiento de su desarrollo, un limitante o bien, un factor que incluso puede poner en riesgo su salud y su vida. Un ejemplo de ello es; la identificación, compra, manejo y almacenamiento de los medicamentos para las personas con discapacidad visual.
Para quienes no tenemos la ausencia del sentido de la vista, es muy fácil salir en busca de nuestros medicamentos, suministrárnoslos, guardarlos y tomar las debidas medidas para su correcto almacenamiento.
Pero para una persona con discapacidad visual, todo lo anterior implica un reto que representa una limitante y un factor negativo que expone su salud y su derecho de cuidar de ella.
Basta recordar la definición que la Organización Mundial de la Salud (OMS) da sobre la discapacidad cualquiera que sea, para estar en condiciones reales de otorgarle a esta situación, la debida importancia.
“la discapacidad se define como “toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano”.1, 2
Por lo anterior, podemos afirmar que el correcto uso de los medicamentos, su administración y almacenamiento dejó de ser una medida exclusiva de los hospitales y del personal médico.
No podemos desde esta soberanía ni como sociedad omitir o postergar la atención de esa deuda pendiente con las personas con discapacidad visual, si en verdad estamos comprometidos en apoyar y garantizar para todos la integración en igualdad de oportunidades.
Ésta, como cualquier otra discapacidad, no sólo debe representar un reto a superar para quien la padece, sino también un compromiso social que nos involucre a todos en corresponsabilidad.
La situación no es menor, y exige un especial esfuerzo para su atención, iniciando porque no sea evaluado por criterios de costo económico y sus implicaciones presupuestales, sino por el beneficio social y común que traería para todos.
Basta mencionar que en la gran mayoría de los hogares se cuenta con un botiquín de medicamentos, incluso con el riesgo de generar daños permanentes en la salud por administrarse sin la supervisión de un profesional de la salud. Por ello, los problemas de una sobredosis o automedicación son cada vez más recurrentes en las salas de emergencias médicas.
Además, se tiene registrado que en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) hay más de 5 millones de mexicanos con algún tipo de discapacidad; es decir más del 5 por ciento de nuestra población total.3, 4
Gracias a esta información se sabe que el 58 por ciento presenta discapacidad motriz que afecta su caminar o capacidad de moverse, un 27 por ciento visual y más del 12 por ciento entre auditiva y de lenguaje.5 Y que de cada 100 personas discapacitadas:
• 32 la tienen por haber sufrido una enfermedad.
• 23 la desarrollaron por edad avanzada.
• 19 la adquirieron durante el embarazo o al nacer.
• 18 como lesión a consecuencia de un accidente.
• 8 por otras causas.
Lo anterior nos indica que nos estamos refiriendo a un sector importante de la población con la segunda discapacidad más significativa en el número de casos, de factores de incidencia y de prevalencia. Ello porque la pérdida de la vista es cada vez más, consecuencia del deterioro de la salud en el individuo.
Y todo se proyecta para que en un futuro no tan lejano esta discapacidad logre posicionarse como la primera o muy cerca de la primera discapacidad en los mexicanos.
Las cifras sobre la discapacidad visual en la población total son contundentes:6
• El 18% de quienes sufren de discapacidad visual no rebasan los 30 años de edad.
• El 35% está en el rango de edad de entre 31 y 60 años-
• El 47% restante en mayor a los 60 años.
• El 58.4% de la población con discapacidad, carece de acceso a servicios de salud (se automedican).
• El 20% de la población escolar presenta problemas visuales y el 100% de las personas de 45 años y más las presentan.7
• Finalmente 1, 292, 201 mexicanos padecen discapacidad visual.
Esto cobra especial relevancia y signos alarmantes de preocupación si consideramos que desde hace unos años, somos el país con el primer lugar en obesidad desde la infancia y hasta adultos; y una consecuencia de padecerla es la preponderancia a desarrollar la diabetes –a la fecha más de 15 millones de mexicanos la padecen– 8 misma que hoy es la primera causa de pérdida o disminución de la capacidad visual por motivo de enfermedad, llamándose el padecimiento como edema macular diabético.
Por ello el sector de nuestra población que sufre de una vista reducida o completamente ausente, es importante. Y más allá de asumirse como estadísticas, se trata de personas que tienen los mismos derechos y opciones de desarrollo que todos.
¿Qué les estamos ofreciendo para la correcta atención de su salud? Muy poco o más bien casi nada.
El antecedente legislativo mediato que encontramos sobre la atención de este tema, es reciente y corresponde al 28 de octubre del 2010, cuando la entonces Diputada Margarita Liborio Arrazola presento una iniciativa de reforma al artículo 29 de la Ley General de Salud para establecer que “en el empaque o envase del medicamento, mediante marcas en relieve, se deberá incluir el nombre del mismo, la sustancia activa en lenguaje braille, con el objetivo de que la población con discapacidad visual cuente con mayores elementos que le permitan una fácil identificación del medicamento”;9 misma que fue aprobada con fecha 8 de diciembre del mismo año para darle turno correspondiente; sin embargo después de casi cuatro años no se ha llevado a cabo.
Se dejó olvidado el espíritu de tan noble iniciativa, quizás incluso se hizo conscientemente por asumirlo como no importante o necesario.
Estamos exponiendo a éste importante rubro poblacional a una medicación deficiente, incorrecta y peligrosa, un mal manejo y almacenamiento de sus medicamentos. Les limitamos su capacidad de cuidar su salud sin depender necesariamente de alguien más.
Por ello, creo necesario persistir en el tema y exhortar a la autoridad correspondiente a que en las disposiciones reglamentarias en la materia se realicen las adecuaciones pertinentes para garantizar la fácil identificación, compra, manejo y almacenamiento de los medicamentos a las personas con discapacidad visual mediante el uso del lenguaje braille en el envasado o empaque de las medicinas.
Realizar lo anterior y garantizar su efectiva aplicación es una deuda pendiente para los mexicanos que sufren de una discapacidad visual; y una garantía futura para quienes estamos expuestos a padecerla.
Esta soberanía debe de asumir su responsabilidad, dándole el debido seguimiento.
Por lo expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que realice las modificaciones pertinentes en las disposiciones reglamentarias en la materia, para garantizar la facilidad en la identificación, compra, manejo y almacenamiento de los medicamentos a las personas con discapacidad visual.
Notas
1 Definición de discapacidad. Organización Mundial de la Salud 2010.
2 Diputada Rocío Corona Nakamura. Iniciativa Accesibilidad. Gaceta Parlamentaria. 07 noviembre del 2013.
3 Censo de Población y Vivienda, 2010. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
4 Diputada Rocío Corona Nakamura. Iniciativa Accesibilidad. Gaceta Parlamentaria. 07 noviembre del 2013.
5 Diputada Rocío Corona Nakamura. Iniciativa Accesibilidad. Gaceta Parlamentaria. 07 noviembre del 2013.
6 Instituto Nacional de Estadística y Geografía
7 Asociación Mexicana de Facultades, Escuelas, Colegios y Consejos de Optometría, AC.
8 Secretaria de Salud.
9 Gaceta Parlamentaria 28 de octubre del 2010. Cámara de Diputados.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de marzo del 2014.
Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a resolver la problemática que enfrenta el mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, suscrita por los diputados Roberto López Suárez y Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del PRD
Quienes suscriben, integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 6, numeral 1, y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la siguiente proposición de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En la era actual, la expansión de las redes de comunicación, el crecimiento de los medios información y la labor de quienes promueven el ejercicio de los derechos, han empoderado de diversas formas a ciudadanas y ciudadanos a que exhiban y denuncien los delitos comunes y violaciones a los derechos humanos.
No obstante, durante la última década, las actividades de defensa de los derechos humanos y del libre ejercicio del periodismo han sido amenazadas por el incremento generalizado de la violencia, así como en lo particular por el interés de grupos de la delincuencia organizada y de poder político y económico para suprimir por todos los medios la posibilidad de ser señalados por irregularidades y delitos en la opinión pública.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, entre otras instancias del Sistema Interamericano y de la Organización de las Naciones Unidas, han desempeñado un papel fundamental en la articulación de los diagnósticos y los desafíos en estas áreas, con informes, actividades y recomendaciones a los Estados que apuntan hacia la resolución de estas problemáticas.
Ante esta situación, entre 2011 y 2012, en un diálogo constructivo de periodistas, personas defensoras y diversas organizaciones nacionales e internacionales con los poderes Ejecutivo y Legislativo, se concibió la idea de generar una institución especializada, con participación de instancias oficiales y ciudadanas, que representara el alto interés del Estado para proteger los derechos de expresión, información, asociación, entre otros, cuyo ejercicio está en especial riesgo ante la situación de violencia generalizada y focalizada frente a estos sectores.
Por ello cabe destacar que la LXI Legislatura del Congreso de la Unión brindó una herramienta fundamental con la aprobación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, LPPDHP, que entró en vigor el 25 de junio de 2012 y fue recibida con beneplácito casi unánime por parte del gremio periodístico y el espacio de las organizaciones de la sociedad civil.
Desde aquella fecha, se han instalado la Junta de Gobierno, el Consejo Consultivo y la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Se ha integrado las respectivas partidas en los Presupuestos de Egresos de la Federación de 2013 y de 2014, y se ha publicado el Reglamento a la ley. La LPPDHP y su mecanismo significaron un esfuerzo de vanguardia, único en el mundo, según han reconocido organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales.
La integración de las y los representantes al Consejo Consultivo, que cuentan con un amplio reconocimiento en el periodismo y en la defensa de los derechos humanos, cumplió con la demanda de incorporar la perspectiva ciudadana en la planeación y en la toma de decisiones del mecanismo. Con ello, la sociedad civil cuenta con un espacio de participación horizontal, en corresponsabilidad con los agentes del Estado, lo que debería redituar en una mayor confianza de las personas que acuden y se benefician del mecanismo.
Sin embargo, a pesar de este nuevo paradigma, los eventos de secuestro, desaparición, amenazas, asesinatos y agresiones a instalaciones permanecen en su gran mayoría en la impunidad. Las investigaciones penales permanecen estancadas, y hay un déficit de sanciones a los responsables. Como han señalado las organizaciones nacionales e internacionales: la libertad de expresión en México está en peligro, porque en los últimos años nos hemos convertido en uno de los países del mundo con más asesinatos de periodistas.
De acuerdo con artículo 19, en 2013 se presentaron “un total de 330 agresiones de todo tipo contra periodistas, trabajadores de prensa e instalaciones de medios de comunicación en México. Este es el año con más agresiones documentadas desde 2007”.1 En ausencia de medidas de protección o ante la ineficacia de éstas, los ataques redundan en un menoscabo del derecho de expresión, así como en una incuantificable afectación al derecho a recibir y buscar información por parte de la ciudadanía, pues el ejercicio del periodismo se ve limitado, reducido, alterado o incluso abandonado por las víctimas.
Igualmente, el colectivo Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos, AC, considera que la información pública permite concluir que tan sólo entre 2010 y 2012 hubo un aumento de 418 por ciento en las diversas formas de delitos y violaciones contra defensores de derechos humanos.2 El crecimiento exorbitante de dichas conductas se explica por el crecimiento de la violencia y la impunidad asociada a ésta, así como los vínculos de corrupción y connivencia entre ciertos funcionarios públicos y grupos de poder económico y político, que buscan cancelar las exigencias sociales a fin de conservar privilegios y beneficios del actual desequilibrio en el acceso a la justicia y el disfrute de los derechos y garantías, lo que cancela la posibilidad de aspirar a un auténtico estado social y democrático de derecho.
En tales condiciones de riesgo para personas defensoras y periodistas, resalta la necesidad de que la ciudadanía cuente con un mecanismo como el que contempla la Ley en cuestión. La mayor parte de los críticos hacia la atención que brinda el Estado a esta problemática a través del mecanismo se refieren a la efectividad de éste en esta etapa inicial, y no a sus fundamentos legales.
En el Mecanismo del Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de las Organización Naciones Unidas, nuestro país recibió más de una decena de recomendaciones en materia de ataques y amenazas a periodistas, defensores y medios de comunicación, de parte de 28 países: Polonia, Azerbaiyán, Estonia, Canadá, Austria, Colombia, Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos de América, Australia, Noruega, Suiza, República Checa, Alemania, Hungría, Bélgica, Finlandia, Francia, República de Corea, Eslovaquia, Suecia, Túnez, España, Rumania, Japón, Lituania, Eslovenia e Irlanda mencionaron, desde diversas perspectivas, estos temas.3 El Estado mexicano aceptó las recomendaciones recibidas a este respecto en el addendum dado a conocer para la ronda final del Examen en el 25 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.4
La implantación de la ley ha enfrentado múltiples deficiencias, que varían según las personas y organizaciones involucradas en el uso, la operación y la evaluación ciudadana en esta etapa incipiente de la vigencia de la ley. Las que son mencionadas con mayor frecuencia son: la falta de coordinación con autoridades estatales, municipales y dependencias federales;5 la tardanza de la evaluación de riesgo a personas peticionarias y beneficiarias, así como la omisión de consideraciones planteadas por ellas para mantener las medidas con base en la continuación del riesgo; los convenios de cooperación requeridos por la Ley no han sido cumplidos estrictamente, y en algunos casos ni siquiera se han signado; el déficit de recursos humanos y de estructura orgánica, así como capacitación de funcionarios;6 la dificultad para constituir el Fondo y su fideicomiso y para contar con recursos suficientes y rendir cuentas por su ejecución;7 las complicaciones para modificar, efectuar y ejecutar los contratos para instrumentar las medidas; la saturación de la Unidad de Derechos Humanos debido a la conjunción de las funciones propias y las que derivan de su carácter como Coordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo; la carencia de una perspectiva de género para evaluar el riesgo y proyectar y ejecutar las medidas hacia las beneficiarias;8 la presencia de personas sin el perfil adecuado o vinculadas con funcionarios que presuntamente están inmiscuidos con las amenazas o ataques, lo que daña la credibilidad de los responsables ante las personas vulnerables; las vulneraciones a la independencia del mecanismo respecto de las funciones orgánicas de la subsecretaría, entre otros.
En este contexto, cabe destacar que el 15 de marzo presentó su renuncia el titular de la Unidad de Derechos Humanos, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación y quien, de acuerdo al Reglamento de la LPPDDHP, funge como coordinador ejecutivo nacional del mecanismo y, por tanto, es responsable de la operación de éste.
Simultáneamente, tres funcionarias y un funcionario pertenecientes a la citada unidad, adscritos a las unidades auxiliares encargadas de la operación del mecanismo, se separaron de sus cargos en diversas fechas del mismo mes de marzo, con lo que se afectó la capacidad de recepción de casos, reacción rápida, evaluación de riesgos, prevención, seguimiento y análisis de las medidas de protección.
Los cuatro ex servidores públicos manifestaron, en carta dirigida al secretario de Gobernación, su inconformidad con el trato recibido por la titular de la subsecretaría mencionada y con su manejo del mecanismo. Denuncian “abusos de autoridad, discriminación, misoginia, maltrato y humillaciones”, así como acoso laboral, hostigamiento y otras violaciones a los derechos que les corresponden como personas trabajadoras.9
Los señalamientos que recoge la prensa no sólo constituirían, de confirmarse, faltas de carácter administrativo, sino incluso delitos del orden penal, que además sentarían un precedente negativo sobre el desempeño de las áreas encargadas de la protección y el respeto a los derechos humanos.
Las presuntas conductas de la Subsecretaria descritas anteriormente impedirían, bajo coerción, amenaza u otros medios ilícitos, el conocimiento por parte de las autoridades competentes de los delitos contemplados en el Capítulo XIII de la LPPDDHP, además de que impedirían fincar las responsabilidades administrativas que se generen por el incumplimiento de las obligaciones según lo sanciona dicha ley.
De acuerdo con la información pública disponible en las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno del mecanismo, los perfiles de las personas propuestas para integrar las unidades auxiliares no fueron aprobadas previamente a su designación, lo que contraviene la fracción XVI del artículo 8 de la LPPDDHP y vulnera objetivamente la posibilidad de que la subsecretaría cumpla adecuadamente las funciones que se le han asignado en las leyes y reglamentos aplicables.
La inestabilidad de la estructura administrativa del mecanismo afecta la integridad de las peticionarias y los peticionarios, así como beneficiarias y beneficiarios de las medidas que contempla la LPPDDHP, pues la respuesta del Estado ante las posibles amenazas podría verse mermada ante el surgimiento de nuevas conductas amenazantes o violentas en contra de periodistas o personas defensoras.
Las personas que integran el Consejo Consultivo del mecanismo hicieron patente su inconformidad con la situación que prevalece en los órganos de la Secretaría de Gobernación encargados de la operación. En carta pública, señalan que se desperdicia la capacitación y la experiencia adquirida de los funcionarios: “Por tanto se repite el problema de la imposibilidad de contar con un equipo estable y cualificado. En este caso no valdría la excusa de que las personas que se van es porque ‘no tienen la camiseta puesta’ y posiblemente las dificultades están en la falta de dirección estratégica para el mecanismo y de la incapacidad de generar una política laboral acorde con el espíritu del mecanismo de respeto a los derechos humanos”.10
Exigen que se privilegie la experiencia en defensa de derechos humanos de la persona que sea designada como Coordinadora Ejecutiva Nacional del Mecanismo; que se establezca una política laboral consecuente con el mismo, y que se expida un plan de trabajo para resolver los pendientes del mecanismo. “En tanto no se cuente con un plan de trabajo preciso y conocido públicamente, la consejera y los consejeros provenientes de sociedad civil no asistirán a las sesiones de la Junta de Gobierno”, advierten.
Expresan su preocupación sobre las separaciones mencionadas de los funcionarios, ocurridas justamente después de una reunión de trabajo el 25 de febrero pasado, en que se intercambiaron puntos de vista entre los equipos bajo las órdenes de la subsecretaría y el Consejo Consultivo acerca de las fallas que aquejan al mecanismo y se exploraron vías de solución conjunta.
Ante estas afirmaciones, consideramos que una divergencia entre las propuestas de la Junta de Gobierno y las decisiones de la Subsecretaría, pondría en entredicho la independencia y la autoridad del órgano de toma de decisiones mecanismo, que es la Junta de Gobierno, y podría sentar un amplio margen de discrecionalidad para la parte operativa a cargo de los altos funcionarios de la Secretaría de Gobernación.
El retiro de los consejeros es una señal de advertencia acerca de la ruptura que podría ocurrir después del consenso alcanzado entre el Estado y la sociedad civil desde la proyección de la LPPDDHP y hasta la operación del mecanismo con la participación amplia y plural de representantes de la ciudadanía. Desdeñar estos señalamientos y valerse tan sólo de la regla de mayoría para las decisiones de la Junta de Gobierno significaría ignorar la necesidad de diálogo y construcción de acuerdos en el avance de una protección más efectiva de las personas defensoras y periodistas en situación de riesgo.
Resulta vital que las instituciones y las personas responsables de la conducción que derivan de dicha ley cuenten con legitimidad suficiente y generen la mayor confianza posible en las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que consideren vulnerados sus derechos en virtud de su actividad, a fin de que acudan al mecanismo, soliciten lo que corresponda y, en su caso, resulten beneficiarias de las medidas.
Los recursos asignados por esta Cámara de Diputados a la operación del mecanismo requieren de una vigilancia escrupulosa a fin de que se respete el espíritu de la ley y se concreten eficazmente los instrumentos previstos para la maximización del ejercicio de los derechos fundamentales. Las situaciones de hostigamiento y abuso son intolerables en cualquier esfera administrativa; empero, ameritan una revisión exhaustiva por parte de todos los poderes públicos para asegurar el adecuado funcionamiento de un sector al que se destinó un monto superior a los 134 millones de pesos provenientes del erario público.
Debemos dejar clara nuestra convicción de que la respuesta del Estado ante el grave riesgo que corren las personas defensoras y periodistas debe darse en el marco jurídico e institucional que provee la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en el aspecto de la prevención y la protección, en conjunto con la aplicación eficaz de otros ordenamientos para la investigación y sanción de los ataques y las amenazas contra periodistas y medios de comunicación.
El mecanismo no puede ser objeto de pugnas políticas o personales. El deterioro de la situación de los derechos de personas defensoras y periodistas no le conviene al Estado mexicano, no beneficia a ningún actor político, no ayuda al desarrollo de las labores de organizaciones y personas, no brinda mayor confianza a la ciudadanía. Urge retomar el diálogo plural y constructivo a fin de sortear la grave crisis que atraviesa el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, y restituir los lazos perdidos entre Estado y ciudadanía en esta instancia que responde a las expectativas, a las obligaciones y a los derechos de todas y todos.
Por lo expuesto y fundado, se somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones:
Primero. Proceda al nombramiento inmediato de la persona responsable de la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y considere la experiencia y conocimiento sobre el periodismo y la defensa de los derechos humanos, así como la independencia en el perfil para cubrir tal vacante.
Segundo. Privilegie los perfiles de personas con experiencia y conocimiento sobre el periodismo y la defensa de los derechos humanos, así como independencia, en los nombramientos que efectúe para las Unidades Auxiliares del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en consenso con la Junta de Gobierno del mecanismo, como establece la fracción XVI del artículo 8 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Tercero. Proponga la creación de un grupo de trabajo, con presencia del Consejo Consultivo, donde se establezca por consenso un programa de atención a los problemas y pendientes del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, donde se establezcan plazos, acciones y metas definidas.
Cuarto. Gire instrucciones a las áreas correspondientes a fin de que se investiguen las irregularidades presuntamente cometidas contra diversos servidores públicos que recientemente renunciaron a sus cargos en las Unidades Auxiliares del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y, en su caso, se inicien los procedimientos que correspondan; asimismo, a fin de que se revise exhaustivamente la idoneidad de los perfiles de las personas adscritas a las mencionadas Unidades Auxiliares de acuerdo a lo que estipula la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Notas
1 Artículo 19, “Informe 2013”, disponible en: http://informe2013.articulo19.org, consultado el 24 de marzo de 2014.
2 Acuddeh “Informe. Defender los derechos humanos en México: el precio de la dignidad”, 27 de agosto de 2013, disponible en: http://acuddeh.org/IMG/pdf/defender_los_derechos_humanos_en_me_xico_maq uetacio_n.pdf , consultado el 24 de marzo de 2014.
3 Grupo de trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, “Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal. México”, 11 de diciembre de 2013, A/HRC/25/7, disponible en: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/189/45/PDF/G1318945.pdf, consultado el 24 de marzo de 2014.
4 Secretaría de Relaciones Exteriores, “Respuesta de México a las recomendaciones del Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos”, marzo de 2014, disponible en: http://www.sre.gob.mx/images/stories/docsdh/2014/addendum.pdf [consultado 22 de marzo de 2014]
5 Grupo de trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, “Resumen preparado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos con arreglo al párrafo 15 b) del anexo de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos y al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo. México”, 31de julio de 2013, A/HRC/WG.6/17/MEX/3, disponible en: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/160/17/PDF/G1316017.pdf, consultado el 24 de marzo de 2014, página 9.
6 De acuerdo con la propia información de la Secretaría de Gobernación, siete entidades federativas aún no han firmado los convenios de cooperación sobre el mecanismo. Véase: http://www.derechoshumanos.gob.mx/es/Derechos_Humanos/Convenios_de_coop eracion_que_suscribieron_las_Entidades_Federativas_con_el_mecanismo
7 Coalición OSC “Informe conjunto presentado por organizaciones de la sociedad civil mexicana para la segunda ronda del Examen Periódico Universal a México”, 4 de marzo de 2013, disponible en: http://cmdpdh.org/wp-content/uploads/2013/07/Informe-conjunto-presentad o-por-organizaciones-de-la-sociedad-civil-mexicana-para-la-segunda-rond a-del-EPU-a-México.pdf , consultado el 24 de marzo de 2014.
8 Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos “Abriendo caminos de libertad e igualdad”, enero de 2014, disponible en http://protectionline.org/files/2014/02/IMD-Abriendo-caminos-de-liberta d-e-igualdad-IM-Defensoras.pdf, consultado el 24 de marzo de 2014, página 21.
9 Gloria Leticia Díaz, “La defensora de derechos humanos que los vulnera”, Proceso , número 1951, 23 de marzo de 2014, páginas 12-13.
10 “Integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no asistirán a las sesiones de la Junta de Gobierno hasta no existir condiciones”, Boletín difundido por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, 24 de marzo de 2014, disponible en: http://imdhd.org/boletines_detalle.php?id=10137. Consultado 24 de marzo de 2014.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de marzo de 2014.
Diputados: Roberto López Suárez y Elena Tapia Fonllem (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Salud federal y estatales a emprender una campaña de detección del autismo en fase primaria para lograr mejores resultados en su tratamiento, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
José Francisco Coronato Rodríguez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción II, 77, 78 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución a efecto de emprender una campaña de detección del autismo en fase primaria para lograr mejores resultados en su tratamiento, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Es autista aquella persona a la cual las otras personas resultan opacas e impredictibles, la persona que vive como ausente –mentalmente ausente– a las personas presentes, y que por tanto ellos se sienten incompetentes para regular y controlar su conducta por medio de la comunicación.1
El término autista proviene del griego autos”, que significa “sí mismo”. Este término lo usó por primera vez el psiquiatra suizo Bleuler (1911) cuando, al describir enfermos esquizofrénicos, hablaba de la evasión fuera de la realidad y el ensimismamiento interior.
Hasta 1943, sin embargo, no se tuvo una definición clara (y todavía básicamente vigente) de trastorno autista. Ese año, Leo Kanner, en el artículo Los trastornos autistas del contacto afectivo, describía el caso de 11 niños, y concluyó que todos presentaban unas características comunes:
• “Incapacidad para relacionarse normalmente con las personas y las situaciones”. Habla Kanner (1943, página 20) de “extrema soledad autista, que impide la entrada de todo lo que llega al niño desde fuera”.
• Kanner destaca también los trastornos del lenguaje que se producen en los casos estudiados, presentando inversiones pronominales, repeticiones ecolálicas, comprensión de mensajes de forma limitada, falta de atención a lo que oye, entonación monótona y mutismo total.
• “Insistencia en la invarianza del ambiente”. Necesidad de inmutabilidad. El niño presenta una rígida dependencia de rutinas y una necesidad imperiosa de igualdad.
• Aparición muy temprana del trastorno (durante los tres primeros años de vida).
En México hay cifras contrastantes respecto de la población que padece éste síndrome, por ejemplo existen cifras que refieren que hay alrededor de 46 mil personas que padecen autismo,2 otras refieren que no hay un estudio que determine el número de pacientes con este padecimiento, sin embargo datos generales establecen que uno de cada 10 mil mexicanos lo padecen.
Hasta ahora se desconocen las causas del autismo, ya que mientras algunos investigadores atribuyen este padecimiento a factores genéticos, ambientales, como los virus o químicos, anormalidades en algunas regiones cerebrales en las que las neuronas parecen ser más pequeñas de lo normal y tienen fibras nerviosas subdesarrolladas. Otros estudios refieren a anormalidades en la serotonina y en algunos casos se ha asociado con rubéola congénita, trastornos metabólicos hereditarios, encefalitis o meningitis.
Este padecimiento se manifiesta en los tres primeros años de vida y en ocasiones desde el nacimiento. Suele afectar más a los niños que a las niñas, y puede ocurrir que en niños que parecen normales se presente alguna regresión inexplicable que detone el autismo.
En los últimos años han surgido preocupaciones sobre la atención a personas con autismo. Normalmente se habla de niños autistas, sin embargo se debe recordar que un niño autista, lo será toda su vida, por lo tanto, durante todo su ciclo vital será necesario darle respuestas a sus necesidades, no solo educativas, sino también a sus requerimientos laborales, recreativos, de esparcimiento, etcétera.
Ángel Rivière dividió la evolución de la enfermedad de la siguiente manera:
Nivel 1. Impresión clínica de aislamiento completo. No hay expresiones de apego apersonas específicas. En los casos más graves no diferencian cognitiva y emocionalmente las personas de las cosas. No hay señales de interés por las personas, a las que ignora o evita de forma clara.
Nivel 2. Impresión de soledad e incapacidad de relación, pero establece vínculos con personas (padres y profesores). No establece relación con iguales. Las iniciativas espontáneas de relación, son muy escasas e inexistentes.
Nivel 3. Relaciones infrecuentes, inducidas, externas y unilaterales con iguales. Con frecuencia da la impresión de una “torpeza en las relaciones”, que tienden a establecerse como respuesta y no por iniciativa propia.
Nivel 4. Hay motivación definida de relacionarse con iguales. La persona en este nivel puede ser consciente de su “soledad” y de su dificultad de relación. Se le escapan el dinamismo subyacente de las relaciones, fracasando frecuentemente en el intento de lograr y una relación fluida.
La carencia de lenguaje expresivo y las anomalías y limitaciones de éste cuando aparece, se cuentan entre los trastornos más llamativos de las personas autistas. Las adquisiciones lingüísticas son elementos esenciales en el pronóstico del autismo. El desarrollo del lenguaje expresivo es, por todo ello, uno de los objetivos claves en el tratamiento de estas personas que, sin un esfuerzo explícito de enseñanza y aprendizaje estarían condenadas a un mundo de silencio.
Entre las características principales del autismo, que es una enfermedad discapacitante, se distingue un crecimiento irregular, la dificultad para establecer relaciones sociales, las escasas habilidades para comunicarse, un marcado rechazo al contacto físico con otras personas y un gran apego a realizar actividades rutinarias.
Otra de las características más evidentes de las personas con autismo, es que tienden a realizar movimientos corporales repetitivos; suelen alterarse ante cualquier cambio en el ambiente físico que los rodea o en sus rutinas (lo que puede provocarles cólera o ansiedad extremas), y entre un veinte y treinta por ciento tienden a desarrollar epilepsia en la etapa adulta. Según estudios realizados por el Centro Infantil de Desarrollo Neuroconductual (Ciden), con tratamiento el avance puede ser muy significativo, sobre todo si el diagnóstico se obtiene a temprana edad.
En muchas ocasiones, en la familia resulta difícil detectar si un niño o niña presenta síntomas de autismo, ya que éstos pueden pasar desapercibidos, entre las características que se pueden presentar son las siguientes: el menor no sonríe socialmente, prefiere jugar solo, dificultad para hacer contacto visual, es muy independiente, se desconecta de los demás, no responde a su nombre y no puede explicar lo que quiere, a veces parece sordo, no señala o no sabe decir adiós con la mano, hace fuertes berrinches, muestra apego exagerado a juguetes y objetos raros, además de que tiene movimientos raros y repetitivos, si se presentan éstos síntomas, es necesario que los padres pongan especial atención y, en su caso, acudan para revisión médica.
El Ciden es la única unidad pública en la que se atiende de manera integral y gratuita a todos aquellos niños con este síndrome que cuentan con Seguro Popular, ya que dicha institución tiene lo necesario para atender a los menores desde que llegan en busca de diagnóstico y para su tratamiento, que demanda atención médica especializada, así como terapias de conducta, cognitivas y de lenguaje, entre otras, sin embargo en México, a nivel público, no existen instituciones suficientes para atender el problema, y a nivel privado la atención es muy costosa.
Las personas con autismo no sólo viven el padecimiento a nivel salud, sino que sino que se extiende en todos los aspectos de la vida, pues quedan al margen de un desarrollo integral y afecta la satisfacción de necesidades fundamentales, tales como: educación, alimentación, vivienda, empleo, es decir, la enfermedad conduce a la limitación de los derechos humanos.
La atención temprana sigue siendo hoy una cuestión difícil de abordar, especialmente en el tratamiento de los niños con autismo, ya que en la mayoría de los casos se requieren intervenciones amplias, intensivas y a largo plazo. La intervención temprana más eficaz es la que se basa en un conocimiento en profundidad sobre la naturaleza del autismo en general, combinado con un conocimiento amplio de las diferentes técnicas de intervención que podrían utilizarse en cada caso y con la aplicación de un programa individualizado, basado en una evaluación amplia y detallada del niño.
La intervención temprana permiten concluir que ésta puede marcar la diferencia entre un pronóstico favorable o no, ya que diversos trabajos sugieren que si la intervención se pone en marcha antes de los tres años, se logran efectos mucho más beneficiosos que si se inicia después de los cinco años.
Los especialistas consideran una necesidad de primer orden, detectar los casos tan pronto como sea posible ya que esto incrementaría las oportunidades de los niños para alcanzar mejores niveles adaptativos, no se cuestionan los grandes beneficios de la atención temprana y tampoco de que el logro de esos beneficios pasa por una detección precoz, pero el ser detectado a temprana edad, es clave para poner en marcha medidas tanto terapéuticas como preventivas.
Derivado de lo anterior someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Que por conducto de la Mesa Directiva de esta soberanía se exhorte de manera respetuosa a la Secretaría de Salud federal a adoptar medidas para implantar una campaña de detección del autismo en fase temprana en los centros de salud y hospitales del país, a efecto de iniciar su tratamiento y obtener mejores resultados.
Segundo. Que por conducto de la Mesa Directiva de esta soberanía se exhorte de manera respetuosa a las Secretarías de Salud estatales para que colaboren con la campaña que, en su caso, implante la Secretaría de Salud federal.
Notas
1 Rivière, Ángel. El niño pequeño autista, 2000, página 330.
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de marzo de 2014.
Diputado José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se propone la develación de una placa conmemorativa del bicentenario del constitucionalismo mexicano en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a cargo del diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Manuel Añorve Baños, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y presidente de la Comisión Especial de conmemoración del bicentenario del Congreso de Anáhuac y los Sentimientos de la Nación de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, inciso 2, fracción V, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
No sería posible concebir al México de hoy sin recordar la lucha por la independencia que entablaron nuestros próceres a partir de 1810. Se libraron cruentas batallas no sólo para despojarse del dominio y la opresión de otra raza sino también para implantar un gobierno con una normatividad propia que diera paso a una vida más igualitaria y más justa para sus habitantes. El primer intento formal de fundar un estado desligado de la dependencia, intervención y dominio del reino español fue la promulgación del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana o conocida comúnmente, como Constitución de Apatzingán de 1814.
Es fundamental hacer mención que la Constitución se concibe como la ley suprema de los estados. De ahí su relevancia para condensar en ella características fundamentales que dejen en claro los anhelos de su pueblo así como establecer principios y valores que le permitan a su gobierno desarrollarse de la mejor manera.
Pero más allá de que la Constitución de Apatzingán sea trascendental para los intentos independentistas, debemos considerarla como el documento más influyente a nivel constitucional que hemos tenido como nación, pues los principios y postulados contenidos en él, proveyeron a los posteriores congresos constituyentes para elaborar las constituciones que han regido en nuestro país.
La libertad, la igualdad, la seguridad y la propiedad, como derechos humanos de primera generación que tan presentes tenemos en la actualidad fueron incluidos en este decreto inspirado en los postulados de los Sentimientos de la Nación y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 .
El rechazo que nuestro pueblo tenía hacía los gobiernos monárquicos, después de la opresión y el dominio despótico que por más de trescientos años habían soportado, fue plasmada en este documento mediante la asunción de la forma republicana de gobierno y la asunción de la teoría de Montesquieu sobre la división de poderes.
No es difícil percatarnos de que nuestra forma de gobierno sigue siendo la misma y el poder sigue dividido en tres poderes originarios, aunque el Legislativo tuvo una transición de unicameral a bicameral con la creación de un Senado y las denominaciones de los poderes públicos han cambiado: el Supremo Congreso Mexicano, el Supremo Gobierno y el Supremo Tribunal de Justicia son ahora el Congreso de la Unión, el presidente de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente.
Además, la Constitución de Apatzingán consagraba el principio de soberanía popular mediante el cual manifestaba expresamente que el poder residía originalmente en el pueblo mismo y, consecuentemente, únicamente él tenía la potestad de transmitirlo y depositarlo en determinados miembros que representarían a toda la sociedad orientando sus actividades para cubrir las necesidades de la sociedad y mejorar su calidad de vida; por ello, tenían la facultad de removerlos parcial o totalmente cuando no cumplieran enteramente su encargo.
Básicamente todos los principios comentados en los párrafos anteriores, se han mantenido presentes en cada una de nuestras Constituciones políticas de 1824, 1857 y 1917, y desde luego tienen una vigencia actual.
Es por ello que se somete a consideración del pleno camaral la develación de una placa conmemorativa al bicentenario del constitucionalismo mexicano en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, pues con ello quedará un testimonio permanente de la honra que rinden los diputados federales a quienes inspiran su labor cotidiana y cuyos ideales siguen vigentes.
Así, las futuras generaciones recordarán la labor patriótica de quienes nos heredaron la patria y nuestros actuales principios constitucionales, y con ello se rendirá un merecido reconocimiento a la Constitución de Apatzingán en su bicentenario.
Por ello, es claro que la mencionada placa, además de contener la referencia obligada al Congreso de Anáhuac y a la Constitución de Apatzingán, plasme los nombres de don José María Morelos y Pavón, además de los diputados José María Liceaga, Ignacio López Rayón y José Sixto Verduzco, Andrés Quintana Roo, Carlos María Bustamante, José María de Cos, José Murguía y José Manuel de Herrera como integrantes del Congreso y precursores del nuevo Estado Mexicano.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones jurídicas aplicables, someto a la atenta consideración de esta honorable Cámara la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Artículo Único . Devélese una placa conmemorativa al bicentenario del constitucionalismo mexicano en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Transitorios
Primero . Este acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo . La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias definirá la fecha y el protocolo de la sesión que debe llevarse a cabo para cumplir con lo señalado en el artículo único de este acuerdo.
Tercero. La Secretaría General llevará a cabo las previsiones necesarias para el ceremonial respectivo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de marzo de 2014.
Diputados: Manuel Añorve Baños (rúbrica), José Sergio Manzur Quiroga, Fernando Rodríguez Doval, Catalino Duarte Ortuño, Adriana Hernández Íñiguez, Teresa de Jesús Mojica Morga, Juan Pablo Adame Alemán, Luis Antonio González Roldán, Samuel Gurrión Matías, Salvador Romero Valencia, Jorge Salgado Parra.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, al Sistema Nacional de Protección Civil, al Cenapred, a la Conagua y al Sistema Meteorológico Nacional a implantar un programa de concienciación y prevención ante posibles tsunamis en los estados costeros, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Andrés Eloy Martínez Rojas, diputado a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
A lo largo de los últimos años, el aumento en frecuencia e intensidad de los desastres naturales se ha hecho muy notorio, basta hacer referencia a los fenómenos meteorológicos, recientes, que afectaron al país y dejaron un saldo de cientos de muertos, miles de damnificados y severos daños a la infraestructura carretera y de comunicaciones, sobre todo en el estado de Guerrero.
Cabe señalar que estos fenómenos no son casualidad y corresponden a una serie de cambios climáticos, atmosféricos y meteorológicos, que sufre nuestro planeta a consecuencia de la actividad humana, que nos exigen pensar en que nuevos riesgos amenazan la estabilidad de la vida en la tierra; y es que el clima de nuestro planeta está sufriendo importantes alteraciones desde hace varias décadas.
Con base en el devastador terremoto de 8.9 grados en escala Richter el cual provocó un tsunami en Japón en el año 2011,el cual causó grandes daños entre ellos la pérdida de aproximadamente mil víctimas, entre fallecidos y afectados, además de que en este país se han presentado frecuentemente este tipo de fenómenos y con el caso de Sudamérica en Chile el cual provocó grandes pérdidas en el año de 1960 y 2010, en este último se tiene información de que el tsunami generó más muertos que el terremoto, registrando 541 muertos entre otros daños de mayor gravedad.
En el caso de México, la Secretaría de Marina tiene registrado el arribo de 60 tsunamis en los últimos 250 años, sin embargo en la historia reciente no se tiene conocimiento de que en México hayan sucedido tsunamis de tales magnitudes como los mencionados anteriormente, mas no podemos descartar la posibilidad de que tsunamis como estos puedan ocurrir en la costa del Pacífico mexicano.
Los tsunamis se encuentran clasificados de la siguiente manera:
• Locales: la inundación queda confinada a lo largo de la costa en el área del terremoto y a distancias de 100 kilómetros aledañas al área del terremoto.
• Regionales: son capaces de causar destrucción a distancias de mil kilómetros de la región de generación en un lapso de 2 a 3 horas desde su origen.
• Lejanos: o transoceánicos son los que se originan en la margen occidental del océano Pacífico y tardan entre 8 y 12 horas para llegar a las costas (Figura 2). Los tsunamis de origen lejano para México pueden causar daños considerables cuando el terremoto que los origina es de gran magnitud (M 9 a 9.5).
Dichas clasificaciones se dan para tomar medidas de prevención ante una alerta de tsunami.
En su mayoría los tsunamis se originan por terremotos que ocurren en el Cinturón de Fuego del Océano Pacífico, donde se encuentran situadas la zona de hundimiento o subducción de los bordes de las placas tectónicas que forman la corteza del fondo marino. En el caso de México lo presentan los tsunamis de tipo local que son generados por terremotos en la Fosa Mesoamericana, la cual es la zona de hundimiento de las placas de Cocos y de Rivera bajo la placa de Norteamérica, adyacente a la costa occidental de México, que abarca de Jalisco hasta Chiapas.
Como lo mencionábamos al principio en nuestro país se documentan el arribo de 60 tsunamis a la costa occidental de México, de los cuales se han registrado tsunamis de origen lejano que han tenido olas de 2.5 metros de altura y de origen local teniendo olas de 5 metros en promedio, y excepcionalmente hasta 10 metros de altura, ocasionando pérdida de vidas y destrucción, estando expuestos a tsunamis de origen local y lejanos los estados de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mientras que los estados de Baja California, Sonora y Sinaloa, son más propensos a tsunamis lejanos y regionales.
Mapa de peligro por tsunamis para la República Mexicana (CENAPRED, 2001)
En los países donde se han presenciado tsunamis cuentan con medidas preventivas para que la población se encuentre informada y tenga el conocimiento debido de cómo actuar en caso de presentarse dicho fenómeno y cómo reaccionar antes y después de que suceda siguiendo estas indicaciones:
¿Qué hacer antes?
1. Informarse si se encuentra en zonas de alto riesgo, ubicar rutas posibles de evacuación y cuáles serían los sitios seguros.
2. Conocer las señales de alerta.
3. Reunir a familiares o gente cercana para poder definir un plan de emergencia en caso de tsunami.
4. Capacitarse en cómo actuar en caso de emergencia y en la preparación de brigadas de emergencia en los siguientes temas: primeros auxilios, evacuación, extinción de incendios y como actuar frente a emergencias.
5. Asegurarse de conocer la localización y forma de cerrar los registros de agua, gas y electricidad.
6. Tener listo un paquete de emergencia con los siguientes elementos: botiquín de primeros auxilios, radio y pilas de repuesto, linterna con pilas y bombilla de repuesto, reserva de comida y agua revisando con frecuencia las fechas de caducidad y el estado en que se encuentren y un plástico o impermeable para la intemperie.
7. Identificar la señalización preventiva que se puede identificar de la siguiente manera:
Señalización preventiva en caso de Tsunami Semar.
Teniendo esta información deben efectuarse las siguientes medidas de seguridad:
1. Alejarse de las zonas costeras bajas y de mayor peligro como lo son las playas.
No todos los terremotos generan tsunamis, si se recibe una alerta de tsunami o se presenta un terremoto, el terremoto mismo será la alerta. En ese caso se debe alejar de las playas y de las zonas costeras bajas.
2. Alejarse de áreas peligrosas mientras dura la alerta.
Alejarse de ríos o arroyos. Si se encuentra en áreas bajas como deltas de ríos o barras de arena y el tiempo no es suficiente para alcanzar un lugar seguro en una colina, buscar un edificio y subir al piso más alto, en donde se debe asegurar que puertas y ventanas no afecten la circulación del agua y no dañe la estructura.
3. Tener cuidado con los cambios en el nivel del mar.
Si aumenta o disminuye repentinamente el nivel del mar quedando al descubierto el lecho marino, es señal natural del arribo de un tsunami. No se debe explorar el lecho marino alejándose inmediatamente de la playa.
4. No ir a la zona de playa a observar un tsunami.
No es recomendable realizar esta acción, debido a que el tsunami comienza a inundar con gran velocidad, desplazándose tierra adentro más rápido de lo que una persona puede correr. Se recomienda no hacer uso del automóvil, debido a que se puede presentar congestionamiento en los caminos, se invita a que el desalojo del lugar sea a pie.
5. En mar abierto, lejos de la costa, las olas del tsunami no son destructivas para embarcaciones.
Si se está navegando en una embarcación y se siente un sismo fuerte o se recibe alerta de tsunami, se recomienda no regresar a puerto, esto debido a que las olas del tsunami generan corrientes muy fuertes en la entrada de los puertos y las embarcaciones dentro del puerto pueden colisionar unas con otras.
6. Estar atentos a las noticias que se emiten por radio y televisión durante la alerta de tsunami.
7. Evitar el pánico en caso de evacuación y cooperar con las autoridades en lo que respecta a las indicaciones que se proporcionan para escapar a lugares seguros.
¿Qué hacer después?
1. Verificar que se encuentre en un sitio seguro, se recomienda que la población no regrese a la zonas afectadas hasta que las autoridades permitan hacerlo.
2. Estar atento a las recomendaciones que se proporcionen para las medidas de prevención.
3. Tomar las precauciones adecuadas en las zonas inundadas, tener los mismos cuidados, también ante basuras y animales peligrosos que tratarán de refugiarse en zonas altas.
Por lo anteriormente expuesto, someto al pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación, al Sistema Nacional de Protección Civil, al Centro Nacional de Prevención de Desastres, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional del Agua y al Servicio Meteorológico Nacional, a implementar un programa inmediato de concientización y prevención ante posibles desastres marítimos (tsunamis) en los estados que cuenten con costas.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Sistema Meteorológico Nacional para que realice, en conjunto con las dependencias correspondientes, programas de capacitación a la población habitante de estados y municipios que cuenten con zonas costeras para elaborar protocolos de actuación y resguardo de la población ante dichos fenómenos naturales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de marzo 2014.
Diputado Andrés Eloy Martínez Rojas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Fonart y de la Profeco a fomentar la producción y venta de cajas de Olinalá y vigilar respecto a la piratería de ese producto, a cargo del diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Manuel Añorve Baños, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
La Procuraduría Federal del Consumidor define pirata como una mercancía ilegal que no cumple ninguna norma de calidad ni paga impuestos y que, pese a ser muy barata, no ofrece ninguna garantía.1 Es este tipo de mercancía es la que ha afectado a miles de pequeñas y grandes empresas de todo tipo, desde las que se dedican a la informática hasta las procesadoras de alimentos.
Las artesanías no han estado inmunes a dicho fenómeno, dado que se ha venido afectando a pequeños productores e indígenas, es decir, personas mayoritariamente integrantes de grupos vulnerables, quienes ven un menoscabo en su producción y ganancias.
Éste es un problema que se ha venido presentando en Guerrero, estado en donde se producen algunas de las artesanías más representativas del país, es decir, las cajas de Olinalá.
Olinalá pertenece a La Montaña. Su nombre deriva del vocablo náhuatl olin, de tlain, “terremoto”, y lan, variante de “tlanjunto” o “cerca”, lo que significa “conjunto de terremotos” o “cerca de los terremotos”.2
El territorio de esta localidad ha sido habitado desde los tiempos prehispánicos, siendo muestra de ello las gradas que semejan la formación de una pirámide, las piedras labradas por signos no descifrados, localizadas en Temalacalcingo; cimientos, montículos, figurillas y cerámicas localizadas en Amatlicha, Tenatepe, Tepetitlán, Xoxhimilxo, Xixila y Tzoltecomatla.3
Asimismo, se le menciona en el códice mendocino como región tributaria de los Aztecas, y como proveedor de tierras y pinturas y productor de lacas muy reconocidas.4
Entre los elementos que caracterizan a este municipio se encuentran las artesanías,5 las cuales son sumamente relevantes para la economía de la localidad, pues el árbol de lináloe propio de la región es utilizado para la fabricación de múltiples figuras y objetos como bandejas, paneras, fruteros, alhajeros, polveras, porta plumas, biombos, cabeceras, baúles, marcos para espejos, atriles, figuras de ornato y artículos de uso doméstico, aunque ninguno tan importante como las cajitas de Olinalá , las cuales se distinguen por su aroma y colorido, lo que les ha ganado fama tanto a nivel nacional como internacional.
Los detalles, las características y la realización de esta artesanía la hacen única en su tipo, siendo un símbolo para el municipio y parte esencial en la economía de este y del estado de Guerrero. Como afirma el licenciado José Manuel Nacar Vázquez, el artesano utiliza la naturaleza para el diseño y la formación de sus piezas, así encontramos que la artesanía vincula la cultura con la ecología, es decir, la sociedad con la naturaleza.6
Para su elaboración se pintan piezas de madera como cajas, baúles, guajes, tecomates y jícaras.7 Se utiliza una técnica muy antigua denominada rayado o recortado, que consiste en aplicar sobre las piezas una pequeña capa de maque preparado a base de chamate (aceite de chía), la mezcla de dos tierras (tlapezole) y pigmentos. Una vez aplicado el tlapozole al que agregan el color y se pule. Una vez seca, a la pintura se agrega otra capa de color. Posteriormente, se dibujan con la punta de una espina o aguja de acero, insertada en una pluma de guajolote, los motivos animales, flores o plantas, y hecho esto, se empieza a levantar la placa de maque que no tiene diseño con la punta dura de una pluma de gallina y aparece el color que estaba cubierto.8 El principal elemento para la elaboración de esta artesanía es la madera aromática llamada lináloe de color blanco.
La técnica descrita ha venido pasándose a lo largo de los años entre los integrante de una familia, siendo las mujeres parte importante en el proceso de elaboración de esta artesanía, ya que son ellas quienes se encargan de darlo color a la tierra, así como aplicarlas y pulirlas.9
La denominación de origen es la consecuencia de los productos de calidad que gozan de buena reputación, basados principalmente en las características del producto, así como los elementos que en ella se ocupan, dando una conexión importante entre el producto o artesanía y el lugar donde es elaborado o donde es su origen.
La caja de Olinalá obtuvo denominación de origen en 1994, a través de la Unión de Artesanos de Olinca, con lo cual se apoya a los artesanos que elaboran este producto a seguir adelante. Por ello, la artesanía es reconocida en todo el país y también a escala internacional, teniendo la oportunidad de elevar su nivel económico de los artesanos.
Lamentablemente, y como refiere Carlos Maytorena Martínez Negrete, presidente de la Asociación Latinoamericana para el Fomento del Folklore y la Artesanía, la mercancía china está relegando a las artesanías mexicanas, principalmente en los destinos turísticos, lo que ha significado el desplazamiento de los artesanos mexicanos.10
Desgraciadamente, la piratería es una realidad que poco a poco se ha ido filtrando en nuestra economía, lo que ha venido a afectar a pequeñas y medianas empresas, que por sus características son muy baratos pero de una menor calidad.
No debemos permitir que se siga afectando a los artesanos y productores, quienes durante muchos años se han dedicado a tan noble labor y quienes día a día trabajan arduamente para elaborar piezas de gran colorido y belleza, propias de la cultura guerrerense.
Debemos reconocer y apoyar a los artesanos de todo el país, buscando en todo momento apoyarlos y protegerlos para así preservar nuestra cultura y valores.
En virtud de lo expuesto proponemos a través del presente que la Cámara de Diputados exhorte de manera respetuosa a la Secretaría de Economía a prevenir, vigilar y sancionar los actos de piratería que afectan los productos artesanales de Guerrero, en especial las cajas de Olinalá, así como al Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías a promover la producción y venta de las cajas de Olinalá a escalas nacional e internacional.
Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Economía a prevenir, vigilar y sancionar los actos de piratería que afectan los productos artesanales de Guerrero, en especial las cajas de Olinalá.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías a promover la producción y venta de las cajas de Olinalá, Guerrero, a escalas nacional e internacional.
Notas
1 http://www.profeco.gob.mx/revista/publicaciones/adelantos_05/dia_cons_m zo05.pdf 11 de marzo de 2014, 13:01 horas
2 http://guerrero.gob.mx/municipios/montana/olinala/ 10 de marzo de 2014 20:44 horas
3 http://www.yosoyixtapazihuatanejo.com/turismo-guerrero/88-guerrero/441-olinala-guerrero-famoso-por-sus-cajitas-de-olinala.html 19 de marzo de 2014, 13:36 horas
4 http://www.lugaresdemexico.com/olinala.html 19 de marzo de 2014, 13:39 horas
5 http://guerrero.gob.mx/municipios/montana/olinala/ 10 de marzo de 2014, 20:54 horas
6 http://www.biblio.colpos.mx:8080/jspui/bitstream/handle/10521/2071/Nacar_Vazquez_JM_MC_Economia_2013.pdf?sequence=1 19 de marzo de 2014, 13:53 horas
7 http://mexico.bligoo.com/content/view/284062/Cajas-de-Olinala-Guerrero- Mexico.html#.UyncKfl5NyW 19 de marzo de 2014, 13:56 horas
8 http://www.biblio.colpos.mx:8080/jspui/bitstream/handle/10521/2071/Nacar_Vazquez_JM_MC_Economia_2013.pdf?sequence=1 19 de marzo de 2014, 14:03 horas
9 Ibídem.
10 http://latercera.mx/?p=13581 19 de marzo de 2014, 14:46 horas
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de marzo de 2014.
Diputado Manuel Añorve Baños (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Chiapas a realizar acciones tendentes a vigilar y salvaguardar los derechos humanos de las indígenas considerados en la Constitución y a deslindar responsabilidades sobre la situación de Roxana Hernández Santiz, indígena tzotzil de 14 años de edad encarcelada el 9 de marzo de 2014, acusada de negarse a pagar una multa, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, Karen Quiroga Anguiano, diputada federal de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, 100 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al gobierno de Chiapas para que en el ámbito de su competencia realice acciones tendentes a vigilar y salvaguardar los derechos humanos de las mujeres indígenas contemplados en la Constitución y a deslindar responsabilidades sobre la situación de Roxana Hernández Santiz, indígena tzotzil de catorce años de edad, encarcelada el pasado 9 de marzo de 2014, acusada de negarse a pagar una multa.
Consideraciones
El municipio de Mitontic de Chiapas se encuentra entre los cinco ayuntamientos más pobres de la entidad y es también considerado entre los diez más marginados de todo el país. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en este ayuntamiento radican indígenas tzotziles con una población de 13 mil 364 habitantes. También en este municipio viven alrededor de 12 mil 817 personas en situación de pobreza (el 95.9 por ciento); 9 mil 549 personas en pobreza extrema (71.8 por ciento) y 7 mil 416 tienen problemas de acceso a la alimentación (55.5 por ciento).
El 1 de marzo del presente año, Roxana Hernández Santiz fue citada por las autoridades municipales para notificarle que debía pagar veinticuatro mil setecientos pesos como multa por haber abandonado a su esposo, según los usos y costumbres de esa comunidad indígena1 .
El juez de Paz, Ricardo López Hernández, ordenó detener a la menor porque su esposo, el indígena Napoleón Hernández, afirmó que gastó quince mil pesos en la boda y exigía que la niña se los pagase en su totalidad con los intereses que se derivaron. Violando de manera flagrante el artículo 17 de la Constitución el cual establece que “...nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil”.
Y aún pese a no haber documento con certeza dicha “deuda”, la menor fue encarcelada el pasado domingo 9 de marzo en la prisión municipal de San Juan Chamula, ya que su familia no pudo pagar la cantidad que se exigía. Sin embargo, luego de estar detenida tres días, quedó en libertad cuando su madre se comprometió a pagar veinte mil pesos a la familia de la pareja en un lapso de quince días.
Bajo esta premisa y debido a la desproporción en la imposición de la sanción a la menor, sin que se hayan valorado sus derechos fundamentales, es que se pudo observar una clara violación a las garantías de la menor, dejándola en total estado de indefensión.
En este sentido, las autoridades chiapanecas no fueron capaces de juzgar de forma correcta y bajo criterios adecuados al sujeto supuestamente activo del delito; valoraron causales de forma desequilibrada e impusieron una sanción excesiva, contraviniendo no sólo la Constitución si no también los diversos convenios internacionales que existen como el que establece la Convención para los Derechos del Niño en el artículo 40, a la letra dice: “Los Estados parte reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad.”
La flagrante violación a la menor indígena deja en manifiesto la irresponsabilidad de la autoridad para cumplir de manera correcta y eficaz el mandato constitucional y tratados internacionales. El abuso de autoridad y la falta de imponer una sanción bajo los principios de proporcionalidad y circunstancias de modo, tiempo y lugar, demuestra la ineficacia de una impartición de justicia oportuna e imparcial.
No pasa tampoco de inadvertido lo que establece el artículo 2o. de la Carta Magna, en su Apartado A, que habla del reconocimiento y garantía del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y en consecuencia, a la libre autonomía, establece claramente en su fracción II lo siguiente: “Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres.” Pese a tener un propio sistema de justicia, éste deberá sujetarse a las reglas básicas de nuestra máxima Ley, siempre salvaguardando los derechos humanos, con especial atención a las mujeres de nuestro país.
Cabe señalar que históricamente los estados del sur de nuestro país y en especial las comunidades indígenas, han resistido el racismo, discriminación, la violencia y el centralismo político. México vive actualmente uno de los peores momentos de violencia, perpetrado por la guerra contra el narcotráfico y por la impunidad. En este marco, las comunidades indígenas no están ajenas y viven y entienden la violencia como “el maltrato, causante de dolor y tristeza que influye en el corazón y en la mente de las personas y el pueblo, es generadora de injusticia a nivel familiar, comunitario y por parte del Estado”. Lo grave de la situación es que todos los mecanismos se complejizan cuando se entrecruza la pobreza, la migración, la falta de accesos a la información sobre los derechos humanos de las mujeres, la violencia, el dinero y el género2 . No es admisible seguir conociendo casos como el de Roxana, matrimonios arreglados, donde las menores de edad son entregadas como si se trataran de objetos y no como lo que realmente son, personas, y autoridades gubernamentales que no escuchan las demandas de las mujeres indígenas y dejan entrever una relación racista y excluyente.
De acuerdo con las “Estadísticas a propósito del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer”, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el veinticinco de noviembre de 2013, estas son cifras que denotan la precariedad y deterioro del entorno en el que viven las mujeres chiapanecas:
• 44 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas.
• 32 de cada 100 mujeres de 15 años y más que han tenido al menos una relación de pareja, matrimonio o noviazgo, han sido agredidas por su actual o última pareja a lo largo de su relación.
• Entre las mujeres en unión libre está más extendida la violencia de pareja de cualquier tipo (30.2 por ciento), que entre las casadas (26.4 por ciento).
• 81.6 por ciento de las mujeres que enfrentaron violencia física y sexual infligida por su pareja, fue violencia grave y muy grave, alcanzando a más de 148 mil mujeres de 15 años y más, actual o anteriormente unidas.
Asimismo, la unión conyugal a edades tempranas condiciona las oportunidades que pueden tener en la vida las adolescentes porque limita y/o dificulta la continuidad escolar y porque las obliga a asumir responsabilidades y obligaciones domésticas3 . Además, uniones tempranas pueden asociarse con una maternidad temprana, por ejemplo, en 2010 el 19 por ciento de las adolescentes indígenas de 15 a 19 años ya eran madres. La Encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas 2008, llevada a cabo en ocho regiones indígenas del país, destacó que 68.51 por ciento de todas las mujeres encuestadas, tenían entre 9 y 19 años cuando obtuvieron matrimonio y 26 por ciento de éstas tenía 15 o menos al momento de su matrimonio.
Por lo anterior, es necesario que se revaloren las acciones de la autoridad competente, que su actuación no quede impune y se urge el pronto esclarecimiento de este caso en el que se anteponen los usos y costumbres por encima de los derechos humanos de una menor en un claro delito de privación de la libertad excesivo e injusto y totalmente en contra de nuestra Constitución.
Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente propuesta, solicitando además se considere como de urgente y obvia resolución.
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al gobierno de Chiapas para que en el ámbito de su competencia, realice acciones tendentes a vigilar y salvaguardar los derechos humanos de las mujeres indígenas contemplados en nuestra Constitución.
Segundo. Se exhorta al gobierno de Chiapas para que en el ámbito de su competencia, inicie las averiguaciones y los procedimientos pertinentes a fin de deslindar responsabilidades sobre la situación de Roxana Hernández Santiz, indígena tzotzil de catorce años de edad, encarcelada el pasado día 9 de marzo de 2014, acusada de negarse a pagar una multa.
Notas
1 http://www.proceso.com.mx/?p=367013
2 Diagnostico participativo sobre la violencia contra las mujeres indígenas en Centroamérica”. ONU-Mujeres.
3 Comunicado de prensa, En el 24 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño UNICEF llama a poner fin a la violencia contra las niñas y los niños-UNICEF
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de marzo de 2014.
Diputada Karen Quiroga Anguiano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del Sepomex a sumarse al reconocimiento del bicentenario de la Constitución de Apatzingán mediante la cancelación especial de una estampilla postal conmemorativa, a cargo del diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Manuel Añorve Baños, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y presidente de la Comisión Especial de conmemoración del bicentenario del Congreso de Anáhuac y los Sentimientos de la Nación de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64 de la Ley del Servicio Postal Mexicano y 79, inciso 2, fracción V, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El próximo 22 de octubre se cumplirán doscientos años de que el Congreso de Anáhuac expidiera la denominada Constitución de Apatzingán. Ley fundamental que para los mexicanos tiene enorme importancia no sólo por el contexto en que fue conformado, pues sucedió en plena Guerra de Independencia y cuando los diputados del Congreso eran asediados por el Ejército realista, sino por los principios políticos que desde entonces consagró.
El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 1814, además de que materializaba el deseo del pueblo mexicano de organizarse por sí mismo mediante la implantación de una normatividad y un gobierno propios, alejados del dominio y la opresión del reino español y de cualquier otro que quisiera subyugarlo, implantaba un estado de derecho que rompía con la tradición de rendir obediencia incondicional a un solo monarca.
Si bien es cierto que debemos preciarnos de que nos rija una Constitución como la de 1917, que en su momento fue tan vanguardista por ser la primera en el mundo con un corte eminentemente social, incluyendo entre sus líneas los primeros derechos protectores de las clases vulnerables constituidas por los trabajadores y los núcleos agrarios; no debemos olvidar a la Constitución de Apatzingán, que fue ampliamente progresista en su momento, incluyendo las nuevas teorías que tendían a la consolidación de un estado más justo y al reconocimiento de los derechos que todos los pueblos de la época exigían, incluso por las armas.
En la actualidad, no debemos dejar de expresar nuestro reconocimiento a la Constitución de Apatzingán, pues tuvo tanta influencia en el constitucionalismo nacional que marcó los principios que las posteriores Constituciones de 1824, 1857 y 1917 recogieron.
Esta Carta Magna plasmó en sus líneas los derechos del hombre y del ciudadano que fueron la bandera de la Revolución Francesa y que hoy conocemos como los derechos humanos de primera generación (libertad, igualdad, seguridad y propiedad); la soberanía popular, que otorgaba la potestad suprema al pueblo y sólo él tenía la facultad de transmitirla a sus representantes con el único y exclusivo fin de que satisficieran las necesidades comunes; la igualdad ante la ley y la justicia económica y social; la división de poderes, que constituye el remedio para la concentración y abuso del poder en una sola persona o grupo de ellas; el principio de legalidad para limitar el poder de los gobernantes impidiéndoles desempeñar atribuciones que no les están otorgadas; el rechazo del gobierno monárquico y la adopción de un modelo republicano; y principalmente, el respeto y obediencia a una norma superior que rija la totalidad de los actos de autoridad.
Esta honorable Cámara de Diputados debe tener siempre presente el artículo segundo de la Constitución de Apatzingán, inspirado en las ideas del ilustre Ignacio López Rayón, pues constituye el fundamento de su actuación y eleva a un plano sumamente trascendental su función. El mencionado precepto define a la soberanía como “la facultad de dictar leyes y establecer la forma de gobierno que más convenga a los intereses de la sociedad”, por lo que debemos inferir que la actividad legislativa es de primer orden pues constituye los actos por los que hacemos patente nuestra independencia, nuestra autodeterminación y nuestra fuerza al mundo.
También debemos recordar que el 150 aniversario del decreto constitucional de 1814, fue celebrado, durante el gobierno del presidente Adolfo López Mateos, con eventos conmemorativos de toda clase: inauguración de complejos escolares, militares, deportivos y de asistencia social, develaciones de placas en calles y avenidas, la acuñación de una moneda de plata y, por supuesto, la venta de una estampilla postal conmemorativa donde aparece José María Morelos y Pavón con un sable en la mano.
Ha sido una costumbre reiterada que se emitan estampillas postales especiales celebrando a héroes nacionales y personajes ilustres, acontecimientos trascendentales para la vida del país, obras arquitectónicas, artísticas y científicas relevantes, la flora y la fauna, así como eventos que han elevado a México en el panorama mundial; qué mejor que celebrar el bicentenario del decreto constitucional que la cancelación de una estampilla especial, que más allá de acreditar el pago previo de correspondencia, retrate y perpetúe el homenaje que nuestra generación rinde a una de las páginas más importantes de nuestra historia política.
En vista de los hechos y consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, se somete a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Servicio Postal Mexicano para que decrete la cancelación de una estampilla postal conmemorativa del Bicentenario del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 1814.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2014.
Diputado Manuel Añorve Baños (rúbrica)
Efemérides
Con motivo del cuadragésimo aniversario del Consejo Nacional de Población, a cargo del diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del PRI
Hace 40 años, el presidente de la República, a través de la Secretaría de Gobernación, marcaría los principios y metas generales que definieron la nueva política demográfica del país, que en su momento fue calificada de eminentemente cualitativa.
En esos entonces, el presidente de la República, licenciado Luis Echeverría Álvarez, señaló que esos principios constituían los pasos fundamentales para la revolución demográfica de México, e integraban la política poblacional a la de desarrollo económico y social del país. Esos principios están contenidos en los siguientes catorce puntos, que retomo del acta de instalación del Consejo Nacional de Población:
1. Es parte integrante de la política de desarrollo económico y social y no sustituto de ésta;
2. Tiene como fin principal elevar el nivel y la calidad de la vida de todos los mexicanos, del campo y de la ciudad;
3. Es producto de una decisión soberana y autónoma y por tanto rechaza las actitudes neocolonialistas o aquellas otras que propenden la pasividad del estado ante el problema demográfico;
4. Se basa en el respeto absoluto a los derechos humanos reconocidos nacional e internacionalmente y a nuestros valores culturales;
5. Tiene carácter nacional porque parte de la realidad demográfica del país y de su estructura socioeconómica, y porque en su ejecución deben intervenir todos los sectores sociales, públicos y privados;
6. Busca la aceleración del proceso de desarrollo mediante su integración a planes generales y una estrecha coordinación con las políticas de inversión, empleo, reforma agraria, educación, salud, vivienda y seguridad social;
7. Persigue corregir las diferencias regionales y las desigualdades existentes entre las zonas rurales y urbanas, fomentando el desarrollo regional equilibrado;
8. Apoya a la intensificación del esfuerzo público y privado para mejorar la preservación del medio ambiente, las condiciones de vida e higiene y reducir aún más la mortalidad y la morbilidad;
9. Propugna la realización de programas de planeación familiar, a través de los sistemas educativos, de salud pública y de seguridad social, que proporcionen a las mujeres y a las parejas información, servicios y seguridad para que puedan ejercer de manera libre y responsable el derecho a regular el tamaño de su familia, con el propósito de reducir la natalidad y estabilizar en lo futuro el crecimiento de la población;
10. Procura la plena integración de la mujer a la actividad económica y al proceso educativo social y cultural, a fin de convertir en realidad su igualdad jurídica; por eso se pronuncia a favor de una actitud responsable de los individuos hacia su función reproductiva y rechaza toda forma de machismo o de discriminación;
11. Reconoce que los problemas poblacionales y las posibilidades de su solución deben contemplarse en una perspectiva a corto, mediano y largo plazo, dentro de un proceso dinámico en el que deben participar las futuras generaciones y adaptarse a los requerimientos de la sociedad y a los adelantos de la ciencia y la tecnología del porvenir;
12. Busca promover una conciencia pública motivada y participante para lo cual asigna alta prioridad a la difusión y comunicación de los problemas demográficos; a la obtención de estadísticas fidedignas y especializadas sobre la población y sus tendencias; a las actividades de investigación en los asuntos demográficos y a la capacitación profesional;
13. Se suma al proceso de cooperación internacional que tiene en 1974 su mejor expresión como el Año Mundial de la Población, y en la Conferencia Mundial de Población, promovidos por la Organización de las Naciones Unidas;
14. Se propone la constante evolución de sus principios y estrategias para irlos ajustando, dentro de un marco de seguridad jurídica y política, a las necesidades que plantee la cambiante realidad nacional.
Como podemos darnos cuenta, muchos de estos puntos que en su momento delinearon las políticas poblacionales en el país, siguen vigentes para los tiempos que vivimos, otros es necesario redireccionarlos, y es en ese sentido que se vuelve necesaria una profunda revisión de nuestro marco normativo.
Fortalecer al Consejo Nacional de Población, a los consejos estatales de población y generar instancias equivalentes a nivel municipal.
Debemos dar un rumbo a nuestro país, desde una perspectiva poblacional, donde las políticas públicas se sustenten en proyecciones de densidad poblacional, crecimiento ordenado, migración, emigración, respeto a los derechos humanos, salud sexual y reproductiva, por citar ejemplos.
Agradezco pues que esta soberanía dé relevancia a esta fecha tan importante para el país, y aprovecho para referir que estamos atentos a la presentación de la iniciativa de Ley General de Población, que en próximas fechas el Ejecutivo federal presentará al Congreso de la Unión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de marzo de 2014.
Diputado Javier López Zavala (rúbrica)
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